SUMARIO

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ASISTENCIA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.

La Secretaria diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente.

Hay una asistencia de 25 legisladores; hay quórum, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (a las 11:34 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del orden del día. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

« Comisión Permanente.--- Primer Receso.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Miércoles 23 de enero de 2008.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los Congresos de Coahuila, de Jalisco, y de San Luis Potosí.

De la Procuraduría Federal del Consumidor.

De la Secretaría de Educación Pública.

De la Primera Comisión.

Oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Con el que remite informe de resultados sobre la gira de trabajo que el presidente de la república, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, realizó por la región Asia-Pacífico del 7 al 11 de septiembre de 2007.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por el que informa que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de comercio exterior en diciembre de 2007 y que únicamente dio destino a mercancía perecedera.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Por el que comunica que el presidente de la república nombró procurador fiscal de la Federación al ciudadano Javier Laynez Potisek. (Turno a Comisión)

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración de la ``Orden del Elefante'', en grado de Caballero, que le confiere el Reino de Dinamarca. (Turno a Comisión)

Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la licenciada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo pueda aceptar y usar la condecoración de la ``Orden de Dannebrog'', en grado de Gran Cruz, que le confiere el Reino de Dinamarca. (Turno a Comisión)

Nueve, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Seis, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores.

Presentación, por el doctor José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del informe de actividades de ésta correspondiente al periodo 1 de enero-31 de diciembre de 2007.

Iniciativas de legisladores

Que adiciona cuatro párrafos al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Pilar Ortega Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona la fracción VI Bis al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del senador Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que crea la Ley de Precios Competitivos, a cargo del diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador Héctor Pérez Plazola, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Adolfo Mota Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 68 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ector Jaime Ramírez Barba , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un párrafo al artículo 97 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Lizbeth Evelia Medina Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Lucas Sánchez Pérez para prestar servicios en la Embajada de Canadá en México.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Israel Eduardo Gil Meza, Mirna Beatriz Márquez Cárdenas, Mónica Maciel López y Salvador Guerra Hernández para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México; y en sus Consulados en Guadalajara, Jalisco, y Monterrey, Nuevo León, respectivamente.

Dictámenes a discusión

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Juan Arturo Brennan Hanson para aceptar y usar la condecoración de la ``Orden del León de Finlandia'', en grado de Caballero de Primera Clase, que le concede el gobierno de la República de Finlandia.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido en favor del ciudadano Arturo Hernández Basave como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Islámica de Pakistán y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante las Repúblicas de Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la ratificación que el presidente de la república hace en favor del ciudadano Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De la Segunda Comisión, diez relativos a la ratificación de grados militares.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo en favor de los migrantes mexicanos en Estados Unidos de América.

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su más enérgico rechazo a la utilización de gases lacrimógenos como arma de disuasión por las autoridades fronterizas de Estados Unidos en los límites entre San Diego y Tijuana.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar recursos a la modernización de los puestos de revisión carreteros estratégicos.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la contaminación y las irregularidades cometidas por Asia Automotores, SA de CV, en la operación de la concesión de un confinamiento de residuos sólidos urbanos en Ecatepec de Morelos, México.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos al derrame de hidrocarburos en la sonda de Campeche y en Río Blanco, Veracruz.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a exigir a la banca privada y a las entidades financieras de la república la aceptación de la matrícula consular como identificación oficial.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a informar sobre la situación del tramo ferroviario Oaxaca-Tehuacán.

De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la situación que guarda el sistema hídrico en México.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos al Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

De la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la protección de los humedales mexicanos, principalmente los ecosistemas de manglar.

De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo para solicitar al gobierno federal que solucione por la vía pacífica el conflicto laboral en la mina de cobre de Cananea, Sonora.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar a la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a garantizar el fuero constitucional del diputado Francisco Sánchez Ramos .

De la Primera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la solicitud de información sobre el traslado de los sentenciados Héctor Galindo Gochicoa, Felipe Álvarez Hernández e Ignacio del Valle Medina a un centro penitenciario del estado de México.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo para solicitar información de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra Periodistas.

De la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar a las legislaturas locales a armonizar sus códigos y leyes de instituciones y procedimientos electorales.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados, a las legislaturas estatales, al jefe del Gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa a realizar las adecuaciones legales necesarias a fin de aumentar la edad mínima para contraer matrimonio, a cargo del senador Guillermo Tamborrel Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a elaborar un programa integral destinado a mejorar las condiciones de vida de los integrantes del Ejército Mexicano, a cargo del senador Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión a impulsar la creación de una comisión bicamaral para la atención y protección de los derechos humanos y laborales de los mexicanos radicados en el exterior, suscrita por los senadores Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Gobierno del Distrito Federal que, a través de la Dirección General del Sistema de Transporte Colectivo, informe sobre las medidas para resolver la problemática en la operación del Metro, suscrita por el senador Jorge Legorreta Ordorica y el diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cumplir lo establecido en el artículo quinto transitorio de la Ley Federal de Seguridad Privada y a expedir con la mayor brevedad su reglamento, a cargo del senador Luis Walton Aburto, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente condena la represión policial y militar contra mineros de Cananea y plantea la creación de una comisión de investigación plural integrada por los grupos parlamentario representados en la LX Legislatura, a cargo del diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a remitir un informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas que visitó el país del 27 de octubre al 10 de noviembre de 2002, a cargo de integrantes de la Primera Comisión. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes a convocar a una mesa de concertación de acciones con la industria del sector de autotransporte de carga público y privado para promover la competitividad y la seguridad respecto a la PROY-NOM-012-SCT-2003, a cargo del diputado Gregorio Barradas Miravete , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a revisar y modificar el Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe supremo de las Fuerzas Armadas, a los titulares de la SCJN y de la CNDH, y a los gobernadores de Tamaulipas y de Baja California que tomen las medidas pertinentes a fin de restablecer el orden constitucional en dichas entidades, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a continuar la estrategia de seguridad pública aplicada hasta el momento en el país, específicamente en Baja California, y a destinar recursos humanos y materiales extraordinarios para garantizar la seguridad de todos los bajacalifornianos, a cargo del diputado Joel Arellano Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a diseñar un plan de contingencia integral para contrarrestar los efectos adversos que podría causar a la economía mexicana una recesión en Estados Unidos de América, a cargo del diputado Salvador Barajas del Toro , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los funcionarios del Gobierno del Distrito Federal a conducirse con arreglo a la ley y a respetar el fuero legislativo, a cargo del diputado Salvador Ruiz Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a ampliar el plazo de beneficios fiscales y administrativos a los patrones del campo con relación a sus obligaciones de seguridad social, a cargo del senador Humberto Andrade Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente manifiesta su solidaridad con el pueblo de Ucrania y se adhiere al pronunciamiento del presidente de esa nación para reconocer el holodomor de los años 1932-1933 como un acto de genocidio contra el pueblo ucraniano, a cargo de la senadora Adriana González Carrillo, en nombre de la diputada Omeheira López Reyna , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte un informe detallado sobre los resultados obtenidos durante su gestión, así como los planes y líneas de acción que se tienen para la promoción del deporte nacional, a cargo del senador Alfonso Díaz Serrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a las Secretarías de la Función Pública, y de Relaciones Exteriores, y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal que informen sobre el cumplimiento de los artículos 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad respecto al nombramiento del secretario de Gobernación, suscrita por la diputada Aleida Alavez Ruiz y el senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que el Senado de la República integre un grupo interdisciplinario plural que revise el cumplimiento del Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América, firmado en 1944, suscrita por el senador Jorge Legorreta Ordorica y el diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en la ejecución del presupuesto destinado a infraestructura de las distintas áreas del gobierno federal se adopten medidas adicionales a las establecidas a fin de garantizar un manejo transparente de los recursos y de los procesos de licitación de los proyectos, obras, bienes y servicios, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer a la secretaria de Educación Pública para que explique la situación de los maestros comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a cargo del senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Permanente a guardar un minuto de silencio en honor de los agentes federales que han muerto en la lucha contra el narcotráfico, especialmente en Reynosa, Tamaulipas, y en Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar mediante la Secretaría de Economía y la Sagarpa un programa emergente de apoyos a los productores nacionales de papa, a cargo del diputado Adolfo Mota Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del secretario de Seguridad Pública y del procurador general de la República a fin de que informen sobre el programa y las estrategias para combatir la violencia organizada, a cargo del diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a elaborar estudios cuantitativos y cualitativos, así como a llevar a cabo campañas de difusión cuyo tema central sea el delito de trata de personas, a cargo del diputado Joel Arellano Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Pemex a informar sobre la periodicidad y el tipo de mantenimiento aplicado a las instalaciones de transportación de combustible y gas, así como la aplicación de recursos en este rubro, a fin de garantizar la seguridad de los habitantes del estado de Veracruz, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Gobernación a emitir declaratoria de alerta de violencia de género para la comunidad triqui en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, del Comité Olímpico Mexicano y de la Confederación Deportiva Mexicana a establecer un plan de trabajo conjunto para que los representantes nacionales realicen un excelente papel en los próximos Juegos Olímpicos, a cargo del diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Nuevo León a cancelar todo tipo de viajes a fin de que dirija e implante medidas para incrementar la seguridad en la entidad, a cargo del diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener y a la SHCP a intervenir ante la CFE para que se apliquen tarifas eléctricas emergentes en los municipios chiapanecos declarados como zonas de emergencia, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a las denuncias realizadas por la velocista Ana Gabriela Guevara por irregularidades en la Federación Mexicana de Atletismo y la Comisión Nacional del Deporte, suscrita por los senadores Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa a verificar el cumplimiento de condicionantes en materia de impacto ambiental para la construcción y operación del libramiento poniente en Tampico, Tamaulipas; y a la Secretaría de la Función Pública, a realizar una auditoría a la delegación de la Profepa en dicha entidad, a cargo del diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a revocar la determinación de cambiar el régimen laboral de diversos trabajadores, a cargo del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promover el diálogo y la negociación para buscar la pacificación del pueblo colombiano, a cargo del senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la PGR y del INAH a ejercer las acciones necesarias para preservar el centro histórico de la Ciudad de México, a cargo del senador José Eduardo Calzada Rovirosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a considerar la eliminación de las casetas de cobro de San Cristóbal Ecatepec, en la autopista México-Pachuca, y de Chalco, en la México-Puebla, a cargo del diputado Salvador Ruiz Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, respecto a la modificación de las Reglas de Operación del programa Pro-Árbol, ejercicio 2008, a cargo del senador Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a crear la comisión para el seguimiento, la supervisión y la fiscalización de los recursos donados para reconstruir Tabasco, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la creación del área natural protegida Santuario de la Rana de Madriguera (Smilisca dentata), en el ejido Buenavista de Peñuelas, municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, a cargo del diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a integrar el Consejo General del Instituto Federal Electoral, a cargo del senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al desalojo en la comunidad de San Juan de Guadalupe, en San Luis Potosí, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a solicitar una explicación a su similar de Estados Unidos de América sobre el lanzamiento de gases lacrimógenos en la frontera, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al ayuntamiento de Uruapan y a la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente de Michoacán a investigar el procedimiento de autorización y a estudiar el impacto ambiental de los desarrollos habitacionales del área de El Zapién, a cargo del diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente exhorta a los gobiernos federal, estatales y municipales, así como a las empresas paraestatales relacionadas con el tema ambiental, a participar en Pollutec 2008, a cargo del senador Jorge Legorreta Ordorica, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de México a analizar la enajenación y desaparición del conjunto de investigación agrícola Sedagro, situado en Metepec, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de la Función Pública a solicitar a las autoridades correspondientes que realicen los embargos precautorios a los ex funcionarios sancionados y a que den vista al Ministerio Público por la probable participación en conductas delictivas; y a inhabilitar de manera indefinida la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a informar a esta soberanía sobre el inicio del procedimiento del fincamiento de responsabilidades resarcitorias contra la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV, respecto a las obras asignadas mediante licitaciones públicas de la terminal dos y el distribuidor vial dos del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar al gobierno de Nayarit y a la Comisión Federal de Electricidad un informe detallado y la aplicación adecuada de 33 millones de pesos por el concepto de subsidio de tarifas de energía eléctrica para la costa norte de dicho estado, a cargo del senador Francisco Javier Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para solicitar la comparecencia del secretario del Trabajo y Previsión Social en torno al violento desalojo de los mineros de Cananea, Sonora, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Agenda política

Comentarios sobre la controversia comercial en la Organización Mundial de Comercio, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Efeméride

En relación con el Día Mundial contra la Lepra, a cargo del diputado Ector Jaime Ramírez Barba , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la del Congreso de la Unión, celebrada el 16 de enero de 2008, correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio de la LX Legislatura.

Presidencia de la Diputada Ruth Zavaleta Salgado

En el salón Legisladores de la República del Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la del Congreso de la Unión, con la asistencia de 30 legisladores, a las 11 horas con 35 minutos del miércoles 16 de enero de 2008, la Presidenta declara abierta la sesión.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura al orden del día.

La asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

Se recibe del Congreso de Coahuila:

Se reciben contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados de:

La Comisión Nacional del Agua, remite el Informe de los ingresos excedentes recaudados al 31 de diciembre de 2007. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de diciembre de 2007 desagregada por tipo de fondo. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados; y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

Se reciben oficios de la Secretaría de Gobernación:

a) Por el que comunica que el presidente de la república, nombró al ciudadano Dionisio Pérez Jácome Friscione, como subsecretario de Egresos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.

b) Por los que solicitan el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos:

c) Diez, con los que se remiten hojas de servicios de los miembros del Ejército Mexicano: Ramiro Ramírez López, Juvenal Mariano García, Miguel Ángel Segura Zavaleta, Álvaro Miranda Martel, Juan José Juárez Ramos, Gabriel Martínez García, Jesús García García, Élfego José Luján Ruiz, Guadalupe Maza de la Torre y Rubén Zamudio Matías, para los efectos de la fracción VII, del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión de Trabajo.

d) Veintisiete, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se remiten a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados para su conocimiento.

e) Veintidós, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores. Se remiten a la Cámara de Senadores.

Se recibe de la diputada Sara Latife Ruiz Chávez , del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 98 del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Se les otorga el uso de la tribuna para presentar iniciativas con proyecto de decreto a los legisladores:

Presidencia del Senador Rubén Camarillo Ortega

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de la Cámara de Senadores.

Presidencia de la Diputada Ruth Zavaleta Salgado

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

La Presidenta hace una semblanza biográfica del maestro Andrés Henestrosa Murales y solicita a la asamblea guardar un minuto de silencio en su memoria, posteriormente concede el uso de la palabra para hablar con motivo de su fallecimiento a los legisladores: senador Adolfo Toledo Infanzón, del Partido Revolucionario Institucional; diputados: Pablo Leopoldo Arreola Ortega , del Partido del Trabajo; Cuauhtémoc Velasco Oliva , de Convergencia y Manuel Portilla Diéguez, del Partido Verde Ecologista de México; senadores: Yeidckol Polevnsky Gurwitz, del Partido de la Revolución Democrática y Héctor Pérez Plazola, del Partido Acción Nacional.

La asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del dictamen con proyecto de decreto de la Primera Comisión de Trabajo, que concede permiso al ciudadano Juan Arturo Brennan Hanson, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del León de Finlandia, en grado de Caballero de Primera Clase, que le concede el Gobierno de la República de Finlandia. Queda de Primera Lectura.

La asamblea, en votación económica, dispensa la lectura de los dictámenes con proyecto de decreto de la Primera Comisión de Trabajo, que conceden permiso a los ciudadanos:

Se aprueban los proyectos de decretos en conjunto por 33 votos. Pasan al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

La Secretaría da lectura al dictamen de la Tercera Comisión de Trabajo, con puntos de acuerdo por los que se aprueba la propuesta de ratificación del ciudadano contador público Jorge Eduardo Familiar Haro, para que ejerza el cargo de vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para un periodo adicional de cuatro años, comprendido del 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2011. Interviene en pro el senador Francisco Javier Castellón, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica, la asamblea considera el asunto suficientemente discutido. Se aprueba por mayoría calificada de 34 votos.

La Presidenta informa a la asamblea que a las puertas de su sede, se encuentra el ciudadano Jorge Eduardo Familiar Haro, electo como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, se designa una comisión de cortesía y rinde la protesta de ley.

En votación económica, la asamblea autoriza la lectura sólo de los puntos de acuerdo de 10 dictámenes de la Segunda Comisión de Trabajo, relativos a la ratificación de grados militares de los ciudadanos: Samuel Hernández Hernández, Everardo Rolando Díaz Chávez, Miguel Torres Padilla, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, Porfirio Fuentes Vélez, Víctor Manuel Murguía Randay, Antonio Melchor Ruiz, Enrique Rivera Gutiérrez, Carlos Jesús Maza Lara y Jesús Rosario Almada Jaime. Se aprueban en votación económica en conjunto. Comuníquense al Ejecutivo federal.

En votación económica, la asamblea autoriza la lectura sólo de los puntos de acuerdo de los dictámenes de:

a) La Segunda Comisión de Trabajo, por los que la Comisión Permanente manifiesta su más enérgico repudio a las acciones de xenofobia perpetradas contra la inmigración indocumentada en los Estados Unidos de América y su respaldo a una cruzada para la defensa de los migrantes. Interviene en pro el senador Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone modificaciones, que la asamblea desecha en votación económica.

b) La Tercera Comisión de Trabajo por los que:

En votación económica se aprueban los puntos de acuerdo en conjunto, en su caso con la adición aceptada por la asamblea. Comuníquense.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los legisladores:

En votación económica, la asamblea acepta modificar el orden del día, para incluir y turnar inmediatamente a comisiones, proposición con punto de acuerdo, suscrita por el diputado Salvador Ruiz Sánchez , del Partido de la Revolución Democrática, para que la Procuraduría General de la República, inicie una investigación a fondo en torno al asesinato de un colaborador del diputado Francisco Sánchez Ramos . Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.

Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los legisladores:

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

La Presidenta clausura la sesión a las 15 horas con 25 minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 23 de enero de 2008 a las 11 horas.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En consecuencia, proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada el acta.

ESTADO DE COAHUILA

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: «Escudo.--- Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

Senador Santiago Creel Miranda, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.--- México, DF.

En sesión celebrada el 8 de enero de 2008, la Diputación Permanente del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza trató lo relativo a una proposición con punto de acuerdo sobre ``la iniciativa de decreto que reforma la Ley General de Vida Silvestre que Protege los Manglares'', planteada por el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México, en los términos que consigna el documento que se acompaña a la presente comunicación.

Al tratarse este asunto, la Diputación Permanente de este Congreso resolvió sobre la aprobación de un acuerdo, mediante el cual se determinó lo siguiente:

Primero. Que el Congreso del estado de Coahuila haga un atento y respetuoso exhorto al Congreso de la Unión para que, antes de aprobar la reforma de la Ley General de Vida Silvestre que Protege los Manglares, se lleven a cabo foros con especialistas que ilustren sobre los beneficios y los perjuicios que conlleva esta reforma.Segundo. Que la presente proposición con punto de acuerdo sea turnada a las legislaturas de las demás entidades federativas, solicitándoles que se le sumen, manifestando su apoyo para la conservación de los manglares.

En virtud de lo señalado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley Orgánica de este Congreso, se comunica a usted el acuerdo, para su debido conocimiento y la consideración de lo consignado en su apartado primero.

Sin otro particular, protestamos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de la Cámara de Senadores.

ESTADO DE COAHUILA

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: «Escudo.--- Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

Senador Santiago Creel Miranda, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

En sesión celebrada el 8 de enero de 2008, la Diputación Permanente del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza trató lo relativo a una proposición con punto de acuerdo sobre el ``exhorto al Congreso de la Unión, a fin de impedir la privatización de Petróleos Mexicanos ( Pemex)'', planteada por el diputado Genaro Eduardo Fuantos Sánchez, del Grupo Parlamentario General Felipe Ángeles del Partido de la Revolución Democrática, en los términos que consigna el documento que se acompaña a la presente comunicación.

Al tratarse este asunto, la Diputación Permanente de este Congreso resolvió sobre la aprobación de un acuerdo, mediante el cual se determinó lo siguiente:

Único. Que este honorable Congreso del estado, a través de la Diputación Permanente envíe un atento exhorto al Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados y el Senado de la República, con el propósito de que al seno del mismo se impida la privatización de Pemex, ya que el petróleo, como recurso natural, representa un patrimonio para los mexicanos y sigue siendo el eje fundamental para el desarrollo económico del país.

En virtud de lo señalado, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley Orgánica este Congreso, se comunica a usted este acuerdo, para su debido conocimiento y la consideración de lo consignado en el mismo.

Sin otro particular, protestamos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

«Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que presenta el diputado Genaro Eduardo Fuantos Sánchez, del Grupo Parlamentario General Felipe Ángeles del Partido de la Revolución Democrática, en relación con que este honorable Congreso del estado de Coahuila, a través de la Diputación Permanente, exhorte al Congreso de la Unión a fin de impedir la privatización de Pemex

El diputado Genaro Eduardo Fuantos Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario General Felipe Ángeles del Partido de la Revolución Democrática, con fundamentos en los artículos 49, fracción IV, 198, 249, 250 y 252, párrafo II, de la Ley Orgánica del Congreso del estado, presenta a consideración de la Diputación Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, en relación con que este Congreso del estado de Coahuila solicite al Congreso de la Unión que se impida la privatización de la paraestatal Pemex.

En el último mes del año pasado se conoció, a través de diferentes medios de comunicación, que Pemex acordó un contrato con una compañía petrolera internacional. Shell International Exploración y Producción (SIEP) está tratando de reingresar a México. Pemex, la compañía petrolera nacional, está esperando que la Constitución mexicana sea cambiada en un futuro próximo para permitir la participación extranjera en los negocios petroleros de México.

En preparación para ese evento, Pemex ha acordado con SIEP proporcionarle información sobre Chicontepec, Veracruz, para que pueda desarrollar y proponer un plan de re-desarrollo si le fuera adjudicada alguna posición, aún desconocida, a fin de realizar actividades de explotación en el campo petrolero mencionado. Este trabajo ha sido denominado proyecto Margarita.

Una división de la multinacional anglo-holandesa Royal Dutch Shell logró un convenio con Pemex para realizar actividades de exploración en el campo petrolero Chicontepec, como parte de una estrategia de mayor alcance para tomar posiciones en el país ante una posible eliminación de la prohibición que establece la Constitución para que el capital extranjero participe en la industria energética nacional.

Pemex rechazó que exista el proyecto Margarita, aunque confirmó a un diario nacional que hay un acuerdo entre la petrolera mexicana y Shell, con varias cláusulas de carácter confidencial.

La paraestatal mencionó que el único acuerdo que tiene con Shell fue firmado en septiembre de 2007, cuando ya había empezado la actual administración federal, con vigencia de seis meses y que tiene entre sus objetivos estudiar un conjunto de opciones para mejorar la producción de hidrocarburos y, más específicamente, pretende caracterizar yacimientos, lograr incrementos en el factor de recuperación y aumentar la productividad en pozos.

Desde la posición de Shell, este proyecto consiste en tratar de poner ``un pie en la puerta'' para regresar a México, y el plan de desarrollo es para demostrar cómo la trasnacional podría ser socio elegido apalancando la experiencia de su grupo.

Shell reconoce que los temas políticos a discusión se deben a la sensibilidad mexicana sobre la propiedad de sus recursos de hidrocarburos. Por esto, a la retroalimentación a Pemex tendrá que referírsele como opciones preferibles para ser implementados por la paraestatal, en vez de planes más concretos, por ejemplo, para una adquisición. La venta sutil es muy importante.

La posibilidad de que se realice una reforma que elimine la barrera que establece el artículo 27 de la Constitución al capital privado en Pemex es manejada en medios financieros como algo que va a ocurrir y que sólo falta conocer detalles o su alcance.

En un reporte divulgado por Banamex, en su área de análisis económico, se mencionó que la aprobación de la reforma energética es probable antes del término del primer periodo de sesiones del Congreso en el 2008, estos es, antes del 30 de abril próximo.

``...Los tiempos parecen estar a punto para un acuerdo sobre la reforma energética. Hemos conversado con varios legisladores en días recientes y nuestra impresión es que el Congreso y Felipe Calderón están listos para avanzar en las discusiones y eventual acuerdo sobre una reforma energética'', indica el reporte elaborado por economistas de Banamex.

Continúa diciendo el mismo reporte: ``...percibimos que los legisladores están conscientes que dejar las cosas como están ya no es una opción. Pensamos que los legisladores darán prioridad a lo que es políticamente factible''.

Según Banamex, la postura de los partidos políticos grandes parece definida: el desacuerdo clave tiene que ver con el tema de si una reforma constitucional es necesaria o no. Un tema nodal que abunda es cómo incrementar las tasas de inversión de Pemex. Mientras el PAN y el PRI están a favor de permitir capital privado, el PRD se opone.

Los expertos de Banamex plantean que una forma de incorporar inversión a Pemex podría ser a través de permitir a compañías privadas operar como contratistas o competidores en actividades que a la fecha efectúa de forma exclusiva la paraestatal, como refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento.

Otra opción, consideran los especialistas, es mediante contratos de asociación entre Pemex y otras compañías petroleras en áreas bien definidas, tales como la exploración y producción en aguas profundas.

Diputados de los Partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Convergencia exhortaron a Felipe Calderón hacer transparentes los acuerdos con las empresas petroleras multinacionales, porque si continúa la omisión gubernamental, advirtieron, se pondría en riesgo la soberanía del país.

El Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República anunció que impedirá a toda costa la privatización de Pemex, a fin de que no se modifique la Constitución ni se acuda a maniobras encaminadas a entregar a extranjeros la principal riqueza del país, en tanto que la dirigencia nacional de nuestro partido condenó cualquier intento del gobierno de Felipe Calderón de privatizar el sector energético del país y calificó de grave error abrir las puertas del sector a la iniciativa privada.

La política desnacionalizadora del régimen priísta se ahondó a partir de la toma de posesión de Vicente Fox Quezada, quien dedicó sus esfuerzos en entregar bienes nacionales al sector privado como pago de los favores recibidos durante el proceso electoral del año 2000.

Es gravísimo que esto se descubra ahora porque hay un celo evidente de la sociedad a proteger los recursos naturales que son de la nación y representan el bien común. Si tal como se fundamenta en la información, se pretende privatizar, el asunto es de la mayor gravedad.

Abrir las puertas del sector energético a la iniciativa privada sería un grave error, además de que no tendría ningún sentido que las trasnacionales que dominan el rubro del petróleo manifiesten su interés de invertir en México si, como lo indican las cifras oficiales, el petróleo se está agotando, como lo dieron a conocer el año pasado, tal vez para justificar la privatización de Pemex como un engaño más para los mexicanos.

Lo mismo sucedió en el caso de la venta de Telmex, empresa que fue paraestatal y en la actualidad es tan rentable que su propietario se ha convertido en el hombre que ocupa el segundo lugar entre los más ricos del mundo.

Pensamos que la privatización de Pemex no es la solución a los problemas de la paraestatal; es necesario atacar otros problemas que imperan en dicha empresa, como es el caso de la corrupción. En los últimos años nos hemos dado cuenta de dos Pemexgate: el primero, orquestado por un ex gobernador de Coahuila, en un régimen priísta, cuyos recursos económicos producto de tal ilícito fueron a parar a su partido, y el segundo, realizado por funcionarios de un gobierno panista en contubernio con líderes sindicales corruptos, del cual todavía no nos queda claro, a la mayoría de los mexicanos, a dónde fue a parar ese dinero realmente.

Nuestro país necesita los recursos naturales que poseemos, sobre todo del petróleo, que representa un pilar para el desarrollo económico de la nación, no permitamos que sólo un puñado de individuos voraces se enriquezcan con un patrimonio que es propiedad de todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, respetuosamente someto a consideración de esta Diputación Permanente del Congreso del estado de Coahuila la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que este honorable Congreso del estado, a través de la diputación permanente, envíe un atento exhorto al Congreso de la Unión, integrado por las Cámaras de Diputados y de Senadores, con el propósito de que al seno del mismo se impida la privatización de Pemex, ya que el petróleo, como recurso natural, representa un patrimonio para los mexicanos y sigue siendo el eje fundamental para el desarrollo económico del país.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores.

ESTADO DE JALISCO

La Secretaria diputada Laura Angélica Rojas Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Sirva el presente para enviarle un afectuoso saludo y al mismo tiempo informar a usted que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en atención al oficio D.G.P.L. 60-II-2-1103 EXP. número 2523, dirigido al honorable Pleno del Congreso de Jalisco, mediante el cual informan del punto de acuerdo que exhorta a los Congresos estatales a conformar una comisión legislativa dedicada a impulsar y apoyar los festejos del bicentenario del inicio del movimiento de Independencia nacional y del centenario del inicio de la Revolución Mexicana; al respecto, le comunico que este órgano colegiado ha decidido que dichas tareas las realizarán los coordinadores de los grupos parlamentarios, siendo los siguientes diputados:

Sin otro particular por el momento, me despido reiterándole mi consideración y respeto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

ESTADO DE JALISCO

La Secretaria diputada Laura Angélica Rojas Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

Senador Santiago Creel Miranda, Presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

Enviándole un atento saludo, hago de su conocimiento que esta Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, en sesión verificada en esta fecha, aprobó el acuerdo legislativo número 391-LVIII-08, del cual adjunto copia, en el que esta soberanía se pronuncia en contra de que se efectúe cualquier tipo de reforma al artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, que atente o ponga en riesgo la conservación y preservación de los manglares del estado de Jalisco. En su caso, que se deseche cualquier reforma que pretenda atentar contra la conservación y preservación de los manglares del país.

Por instrucciones de la directiva de esta soberanía, hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales procedentes.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi consideración y respeto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno de Jalisco.--- Poder Legislativo.--- Secretaría del Congreso.

El suscrito, diputado Luis Manuel Vélez Fregoso, integrante de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del estado de Jalisco, en uso de la facultad que me confieren los artículos 28, fracción I, de la Constitución Política, así como 22, fracción I, 147, fracción 1, 150 y 152 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos del estado de Jalisco, me permito proponer la siguiente iniciativa de acuerdo legislativo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El manglar es el equivalente costero del bosque selvático en tierra. Constituye un ecosistema irremplazable y único, que alberga una increíble biodiversidad, y que se cuenta entre uno de los más productivos del mundo. Entre sus árboles, ramas y follaje se encuentran innumerables especies de aves, reptiles, mamíferos, insectos, plantas epífitas, líquenes, hongos, etcétera. Las raíces aéreas de sus árboles surgen de las aguas saladas y salobres en costas, estuarios y deltas, formando un entramado que aloja a multitud de especies animales (peces, moluscos, crustáceos), muchas de ellas importantes para la alimentación humana. Los manglares son zonas de apareamiento y cría de gran cantidad de estas especies, son refugio para alevines y pececillos en desarrollo, y otras formas de vida marina en etapa larvaria. Además, protegen a las costas de la erosión, y han proporcionado durante siglos multitud de recursos a las poblaciones locales.

De acuerdo con el Inventario Nacional de Manglares, elaborado por la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, México cuenta con 650 mil hectáreas de manglares.

Esta riqueza natural constituye a su vez un recurso del cual dependen diversos sectores del país lo que genera una explotación creciente de los ecosistemas de manglar. De ahí la necesidad de que esa explotación se funde en medidas apropiadas que conserven esa riqueza armonizando la conservación con la satisfacción de necesidades y el desarrollo económico de los sectores productivos que interactúan en esos ecosistemas.

Se calcula que actualmente de la extensión de manglares en México ``se ha perdido un 70 por ciento, lo grave es por la deforestación, a un ritmo de cinco por ciento anual''. De las 650 mil hectáreas en el país, la costa de Jalisco cuenta con alrededor de mil 700 hectáreas, lo que representa el 0.3 por ciento de los cuerpos de mangle existentes en México. El manglar es una zona de vegetación en la que sus principales especies son mangle rojo, negro, blanco y botoncillo.

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad dividió el país en cinco zonas geográficas: Pacífico norte, Pacífico sur, Pacífico centro, Golfo y península de Yucatán. La región Pacífico centro está compuesta por Jalisco, Calima y Michoacán, y entre las tres entidades tienen el uno por ciento del manglar en México.

En la zona costera de Jalisco hay cuatro regiones de mangle: ``el Estero del Ermitaño, en la laguna de agua dulce en Tomatlán; la laguna de Chalacatepec, también en el municipio de Tomatlán, que tiene la mayor extensión de manglar de toda la costa de Jalisco, con 570 hectáreas; la laguna de Barra de Navidad, y el otro manglar, de prioridad nacional, es el que está dentro de la reserva de la biosfera de Chamela-Cuixmala''.

Debido a lo anterior, y con la finalidad de proteger de manera real a estos importantes ecosistemas costeros, se adicionó, el 1 de febrero de 2007, a la Ley General de Vida Silvestre el artículo 60 Ter, que a la letra establece:

Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior las obras o actividades que tengan por objeto proteger, restaurar, investigar o conservar las áreas de manglar.

Como era de esperarse, poderosos intereses económico-políticos de los estados que cuentan con áreas costeras se inconformaron por la entrada en vigor del decreto que prohíbe ``la remoción, relleno, trasplante, poda o cualquier obra o actividad que afecte la integridad del flujo hidrológico del manglar'', así como del ecosistema y su zona de influencia; se han vertido comentarios insensatos tales como el que ``esa vegetación está ocupando espacio que debieran ocupar millones de dólares''.

A lo que vale la pena comentar lo siguiente:

Los manglares han sido deforestados por las maderas preciosas y resistentes de algunas de sus especies. Los afecta irreversiblemente el cultivo de camarón; las hidroeléctricas y el cambio de uso del suelo; en mayor medida los desarrollos turísticos e inmobiliarios que deforestan, cortan los corredores naturales de la fauna, fatigan la tierra con toneladas de concreto, arrojan aguas negras sin tratar y derrochan gran cantidad de energía eléctrica yagua dulce.

La Comisión Intersecretarial de Cambio Climático destaca que México es uno de los países con más zonas costeras expuestas a los fenómenos meteorológicos extremos y que una condición fundamental para garantizar la sustentabilidad de las poblaciones consiste en salvaguardar la integridad de los ecosistemas y de los servicios ambientales, que hacen viable el desarrollo económico y social. Conservar los manglares es prioritario ante el cambio climático.

Por ello fue aplaudida La Ley de la Vida Silvestre, que incluye un nuevo artículo que prohíbe cualquier tipo de obra que afecte los manglares, el ecosistema y su zona de influencia, esteras, lagunas costeras y sus cuencas hidrológicas.

Lamentablemente, en el Senado de la República, y teniendo como principal promotora a una representante del estado de Jalisco, están promoviendo una reforma al artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales si pueda autorizar la construcción de desarrollos turísticos afectando a esta imprescindible vegetación, el texto de la reforma propuesta es el siguiente:

Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior las obras o actividades que tengan por objeto proteger, restaurar, investigar o conservar las áreas de manglar.

Para determinar si algún proyecto de obra o actividad afecta la integralidad o provoca cambios significativos en las características del manglar o en los servicios ecológicos que éste presta, dicho proyecto se sujetará al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en su modalidad regional, previsto en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La secretaría establecerá en la autorización en materia de impacto ambiental las acciones y medidas necesarias para evitar, prevenir, minimizar, compensar, restaurar o reparar cualquier afectación al ecosistema de manglar y la vida silvestre que en él se desarrolla.

En el caso del establecimiento de acciones o medidas de compensación, la autorización quedará condicionada a que el interesado las realice de manera previa al inicio del proyecto, a satisfacción de la secretaría.

Los niveles de equivalencia para las medidas de compensación serán de cuando menos seis hectáreas por cada hectárea o fracción que se vea afectada.

Si la secretaria advierte que las obras o actividades se han iniciado o realizado sin haberse llevado a cabo las acciones y medidas a que se refieren los párrafos tercero y cuarto del presente artículo, podrá ordenar la aplicación de alguna de las medidas de seguridad a que se refiere el artículo 170 de esta ley.

Las acciones o medidas de compensación, restauración o reparación de los ecosistemas de manglar deberán realizarse en el sitio en donde se lleve a cabo la obra o actividad o, en su defecto, en la misma zona o cuenca.

Lo anterior significa que se esta retrocediendo en la protección de estos importantes ecosistemas, y se le está apostando única y exclusivamente a la evaluación del impacto ambiental, instrumento de política ambiental que en el papel y en su concepción fue muy bien visto, pero que en la práctica ha demostrado entre otros los siguientes inconvenientes:

Compañeros diputados, la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) no atenta contra el turismo, como lo asegura el Consejo Nacional Empresarial Turístico, la actual redacción del artículo 60 Ter no impide los proyectos de desarrol1os turísticos, simplemente los limita para evitar la destrucción de los manglares.

Cualquier proyecto turístico o de otra índole se puede realizar en tanto se cumplan las condiciones que establece la LGVS. Por ejemplo, se pueden hacer caminos, autopistas, casas e incluso edificios de forma piloteada en tanto no se afecte la integralidad del flujo hidrológico y del ecosistema, aclaró Yolanda Alaniz, vicepresidenta de Comarino.

En voz de Juan Carlos Cantú, director de programas de Defenders of Wildlife de México, no se compara la cifra de mil millones de dólares en supuestas pérdidas de proyectos turísticos contra la posible pérdida de los servicios ambientales que presta el manglar. El manglar representa anualmente para México más de 16 mil millones de dólares por concepto de servicios ambientales a las pesquerías, control de erosión de costas, protección contra huracanes y marejadas, entre muchos otros, dijo. A los desarrolladores turísticos se les olvida muy fácilmente el daño económico que causan los huracanes ya que tanto las aseguradoras como el gobierno les reponen las pérdidas.

Por último, cabe señalar que el efecto de la urbanización y los desarrollos turísticos sobre los manglares es definitivo, ya que se realizan obras de relleno que afectan localmente las comunidades de manglar, pero que también pueden entorpecer el patrón de circulación superficial. La amenaza potencial más grande es la del establecimiento de megaproyectos turísticos, que pueden afectar hasta 4 mil hectáreas. Ejemplos de este tipo de proyectos se pueden documentar en la Riviera Maya (o corredor Cancún-Tulum) y en algunos destinos turísticos de la península de Baja California.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo artículos 150, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el suscrito diputado somete a consideración de esta asamblea legislativa, para que sea agendada en el punto correspondiente, la siguiente iniciativa de

Acuerdo Legislativo

Primero. El Congreso del estado de Jalisco se pronuncia en contra de que se efectúe cualquier tipo de reforma al artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre que atente o ponga en riesgo la conservación y preservación de los manglares del estado.

Segundo. Remítase atenta exhortativa a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para que desechen cualquier reforma de ley que pretenda atentar contra la conservación y preservación de los manglares del país.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de la Cámara de Senadores.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

La Secretaria diputada Laura Angélica Rojas Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Honorable Congreso del estado Libre y Soberano.--- San Luis Potosí.

Diputados Integrantes de la Mesa Directiva de la LX Legislatura.--- Presentes.

En sesión ordinaria celebrada el ocho de noviembre del presente año, a la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género fue turnado el oficio por el cual se exhorta a las legislaturas del país a reforzar las acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

En tal virtud y atendiendo al compromiso que se tiene por parte de esta LVIII Legislatura respecto al tema de la erradicación de la violencia contra las mujeres, hacemos de su conocimiento que el pasado 30 de junio de 2007 el Pleno de esta asamblea local aprobó por unanimidad la Ley de Prevención y Atención y Atención de la Violencia Familiar, así como reformas del Código Penal relacionadas con la trata de personas, y del Código Civil, para actualización de conceptos relativos a la violencia familiar.

De igual forma, he de comunicarles que, atendiendo a las disposiciones establecidas en los artículos 49 y octavo transitorio de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, este Poder Legislativo aprobó el 17 de julio del año en curso la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado, que dio lugar a reformar los siguientes ordenamientos: Código Civil y Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado de San Luis Potosí, y Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

Por ello, en atención a su exhortativa, este honorable Congreso del estado ha dado seguimiento a los objetivos que puntualiza la exhortativa en comento; sin embargo, es compromiso de esta comisión analizar cada uno de los ordenamientos con el objetivo de verificar que en éstos no haya enunciados o mandatos jurídicos en perjuicio que vayan en contra de la dignidad de la mujer.

Anexa al presente me permito enviar copia de los ordenamientos citados, para su conocimiento.

Sin otro particular por el momento, les reitero mis más altas y finas consideraciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

La Secretaria diputada Laura Angélica Rojas Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Honorable Congreso del estado Libre y Soberano.--- San Luis Potosí.

Diputados de la Mesa Directiva de la LX Legislatura.--- Presentes.

En sesión ordinaria celebrada el 8 de noviembre del presente año, a la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género le fue turnado el oficio por el cual se exhorta a diversas legislaturas del país para que constituyan una comisión dedicada a la atención de los grupos vulnerables, con el fin de lograr una atención adecuada para este sector de la población.

En tal virtud, el pasado 12 de noviembre del año en curso, en reunión de comisión que me horno en presidir, se acordó hacer de su conocimiento, que con fecha del 17 de mayo del 2006 se aprobó por unanimidad la actual Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, misma que fue publicada el 13 de junio de ese año.

Ahora bien, con este nuevo ordenamiento, la Comisión Especial para Grupos Vulnerables fue subsumida por la actual Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género de dictamen legislativo y misma que está facultada para conocer de los siguientes temas:

Por lo que, en atención a su exhortativa para la creación de una Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, creemos que nuestra entidad cumple con la misma, en los términos antes señalados; no obstante, seguiremos fortaleciendo las acciones que permitan brindar la atención idónea a este sector de la población.

Sin otro particular por el momento, le reitero mis más altas y finas consideraciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Secretaria diputada Laura Angélica Rojas Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Procuraduría Federal del Consumidor.

Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

En relación a su amable oficio número D.G.P.L 60-II-2-1135 de fecha 12 de diciembre de 2007, donde me comunica la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de los puntos de acuerdo presentados por los señores diputados Jesús Ramírez Stabros y Jorge Toledo Luis ambos del grupo parlamentario del PRI, le notifico que me doy por enterado de los mismos y le informo que en la Profeco ya estamos implantando los operativos y acciones necesarios en defensa del consumidor, como lo venimos haciendo desde hace un año e intensificándolo ahora.

Agradeciendo a los diputados y diputadas y a usted por su preocupación a favor de los consumidores, misma que es nuestra responsabilidad que asumimos con gusto, profesionalismo e interés de servicio, quedo de usted, no sin antes desearle un feliz 2008.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

CAMBIO CLIMATICO

La Secretaria diputada Laura Angélica Rojas Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Educación Pública.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidente de la LX Legislatura.--- Presente.

En respuesta al exhorto de incluir en los libros de texto el tema ``cambio climático'' emanado del acuerdo aprobado por la honorable Cámara de Diputados, le expresamos que en la Secretaría de Educación Pública compartimos la inquietud por mejorar de manera permanente la educación y por proporcionar a los alumnos las situaciones de aprendizaje que les permitan desarrollar hábitos y actitudes encaminadas al cuidado del ambiente.

En este sentido, es conveniente mencionar que la conservación del ambiente es una temática prioritaria en la educación básica por lo que ésta se promueve entre las niñas y niños del país. Su propósito central es que los alumnos adquieran conocimiento, capacidades, actitudes y valores que se manifiesten en una relación responsable con el medio natural.

En este marco y como parte de sus responsabilidades, la SEP asume la promoción de la educación ambiental para la sustentabilidad como una de las metas prioritarias de la educación básica. Es tal la importancia de esta temática que se refleja en una política educativa, no sólo en una asignatura.

Asimismo, dicha política educativa implica fortalecer los procesos de formación inicial y formación continua de los docentes, enriquecer los acervos de materiales educativos de las escuelas y de los centros de maestros, así como ampliar los vínculos con las madres y los padres de familia para favorecer la relación de la escuela con la comunidad a favor del ambiente.

Con relación a la inclusión del tema del cambio climático, es conveniente mencionar que en los libros de texto gratuito existen contenidos relacionados con esta temática en especial en sexto grado de educación primaria, en la asignatura Ciencias Naturales se aborda en la lección número 15. Es importante señalar que en el desarrollo de los temas se enfatiza la organización social y la participación como la suma de esfuerzos para contribuir a la solución y disminución de esta problemática ambiental a nivel local, nacional y mundial.

Asimismo, le informo que la actualización de los materiales de apoyo para el aprendizaje de las niñas y niños del país es una tarea permanente de la SEP que se realiza año con año, considerando para la inclusión y el fortalecimiento de los temas que éstos sean pertinentes y adecuados al nivel de comprensión de los niños.

Coincidimos con los ciudadanos diputados en la necesidad de fortalecer una cultura de prevención ante los accidentes y desastres entre los que se incluyen los efectos del cambio climático, también consideramos que esta labor requiere de la participación de varias instancias y, por lo tanto, compete no sólo al sector educativo, sino también al ambiental y legislativo, entre otros. Por lo que su éxito dependerá de la información, la difusión, así como de la participación de los diversos sectores de la sociedad y del gobierno. Asimismo le manifiesto que en octubre del año 2007 se constituyó el grupo de trabajo entre la SEP y la Semarnat para fortalecer la dimensión ambiental en la educación básica.

Además, cabe mencionar que con miras a la actualización de la educación primaria en el marco de la articulación de la educación básica y como parte de la transformación educativa señalada en el Programa Nacional de Desarrollo 2007-2012, que considera como una de sus prioridades la promoción del mejoramiento educativo para dotar a niños y jóvenes de una formación sólida en todos los ámbitos de la vida, incluidos el buen desempeño en el trabajo, la plena participación social y política y el valor de la realización personal, será oportuno abrir espacios para fortalecer el tratamiento de la dimensión ambiental en el currículo de ciencias naturales.

En este contexto le comento que se considerará el exhorto de la honorable Cámara de Diputados con el fin de actualizar los libros de texto gratuito y fortalecer la educación ambiental para la sustentabilidad que actualmente se promueve en los planes y programas de estudio de la educación básica.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

VIH-SIDA

La Secretaria diputada Laura Angélica Rojas Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Educación Pública.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

En atención al punto de acuerdo con el que la Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Educación Pública que se extienda a todos los niveles de educación los programas y acciones para prevenir y erradicar la discriminación por el VIH-sida, en los planteles educativos, le comento lo siguiente:

La Secretaría de Educación Pública busca ofrecer una educación de la sexualidad que fortalezca el desarrollo armónico de los niños, niñas y adolescentes incluyendo --durante la educación básica--, además de información, una formación que considera la promoción de la autoestima, la equidad y el respeto entre hombres y mujeres, el rechazo a la agresión y la violencia como forma de solución a conflictos, la prevención de infecciones de transmisión sexual y el VIH-sida y de embarazos no planificados, entre otros temas.

A partir de 1998, en la educación primaria se estudia la sexualidad en la perspectiva del desarrollo humano; por esa razón, desde entonces se ha venido ampliando la consideración de sus componentes éticos, afectivos, familiares e intelectuales. Aunado a ello, y como una respuesta a la necesidad de favorecer la consolidación de los cambios planteados, en el marco de la reforma a la educación secundaria iniciada en 2006, se retoman en la asignatura Ciencias I, de primer año, los contenidos asociados con la sexualidad, dándoles continuidad en los cursos de formación cívica y ética que se imparten en segundo y tercer años, respectivamente. Además, en el espacio curricular de orientación y tutoría, se brinda la oportunidad de que los alumnos puedan abordar, cuando así sea necesario, temáticas que son de su interés y que les inquietan, como prevención de adicciones, sexualidad y perspectiva de género, así como formación en valores, entre otras.

En primer año de secundaria el estudio de la sexualidad humana se aborda desde una perspectiva amplia que integra aspectos de equidad de género, vínculos afectivos, erotismo y reproductividad, los cuales recuperan en gran medida lo que han venido trabajando los alumnos acerca del tema en el ciclo previo. En ese sentido, en Ciencias I los contenidos se abordan en el marco de la salud sexual y reproductiva, a fin de fortalecer conocimientos, actitudes y valores que permitan a los alumnos fundamentar la toma de decisiones respecto al ejercicio de la sexualidad. Con base en lo anterior, se enfatiza la importancia de la prevención, al estudiar las causas y consecuencias de las infecciones de transmisión sexual, y el funcionamiento de los métodos anticonceptivos.

La asignatura Formación Cívica y Ética, que se imparte en los dos últimos grados de la educación básica, complementa la educación integral con mayores componentes éticos, al favorecer la toma de decisiones responsables. En ella se revisan las dimensiones filosóficas, éticas, sociales, cívicas y ambientales de la acción del adolescente, en la búsqueda de su identidad para convertirse en un adulto responsable y útil para la sociedad. En este contexto, una de las finalidades de Formación Cívica y Etica, I y II, es favorecer en los adolescentes el desarrollo de capacidades que permitan el manejo de situaciones a las que pueden verse expuestos y ante las cuales deben anticipar consecuencias y riesgos en su vida personal y social.

Se pretende que, a partir de la reflexión informada y la valoración de sí mismo, el estudiante pueda enfrentar, conforme a principios éticos, los problemas de la vida cotidiana; optar por un pleno desarrollo de su persona; distinguir de qué manera integrarse a la sociedad; a qué puede aspirar y qué se espera de él. Lo anterior, para consolidar el fortalecimiento de la autoestima, la responsabilidad, la solidaridad, la moderación, el respeto a sí mismo, a los demás y a la sociedad. Todo ello a partir de los derechos humanos, de lo establecido en la legislación mexicana y de los valores que dignifican al ser humano, de valorar y exigir el respeto a los derechos que garantizan a las mujeres tener las mismas oportunidades de desarrollo que el hombre.

En síntesis, coincidimos en que la educación de la sexualidad ocupe un espacio importante en los planes y programas de estudio, con base en el conocimiento y respeto personal y hacia los demás como regla de convivencia (evitando la discriminación de cualquier tipo y promoviendo la resolución de conflictos y la no violencia) y la libertad como autodeterminación; con el compromiso con la salud individual y social, con la superación de los estereotipos femenino y masculino, con la capacidad de expresar sentimientos y emociones, y con la posibilidad de tomar decisiones responsables e informadas. Todo lo anterior en el marco del respeto a los derechos humanos.

Finalmente, comentamos que recientemente se han iniciado acciones para la articulación curricular de la educación básica, que implican una amplia revisión de los contenidos en los tres niveles que la conforman, en la perspectiva de actualizarlos y fortalecerlos. La actualización se hará considerando las propuestas de ajuste derivadas de la aplicación del programa en todas las escuelas del país, además de las investigaciones realizadas por diversas instituciones educativas y organizaciones sociales del país, representadas en los consejos consultivos interinstitucionales, en particular los de las asignaturas Ciencias y Formación Cívica y Etica. En este marco es en el que se retomará su solicitud para enriquecer la propuesta educativa vigente a nivel nacional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

SEGURIDAD PUBLICA

La Secretaria diputada Laura Angélica Rojas Hernández: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LX Legislatura.--- Presente.

Con fecha 16 de enero de 2008 se turnó a esta Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente --Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia-- proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal, a los gobernadores de Jalisco y de Colima, y a los ayuntamientos de la zona limítrofe entre ambos estados a ejercer todas las acciones que contribuyan al mantenimiento de la paz y del orden público en esa región, privilegiando la adecuación al punto de acuerdo aprobado por el Senado de la República el 22 de noviembre de 2007, a cargo del senador Rogelio Rueda Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI.

Por acuerdo de la Mesa Directiva de esta comisión de trabajo, formulamos a usted solicitud formal, de no existir inconveniente, para que se modifique el trámite de referencia, en virtud de las siguientes consideraciones:

Consecuentemente, la del Congreso de la Unión carece de competencia para conocer de este asunto y respetuosamente se sugiere que sea remitido a la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en la fracción XI del artículo 76 Constitucional y en relación al acuerdo adoptado por dicho órgano legislativo en sesión de 22 de noviembre de 2007.

Agradezco sus atenciones y le reitero la seguridad de mi consideración y amistad.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a la Cámara de Senadores.

ASIA-PACIFICO

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente

Como es de su conocimiento, al solicitar la autorización del honorable Congreso de la Unión para que el presidente Felipe Calderón Hinojosa realizara una gira de trabajo por la región de Asia-Pacífico, del 7 al 11 de septiembre de 2007, esta secretaría asumió el compromiso de remitir a dicho órgano legislativo un informe sobre los principales resultados del viaje.

En tal virtud, anexo me permito enviar a usted el mencionado informe, quedando a sus órdenes para solventar las dudas que de este pudieran derivar.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi más alta estima y distinguida consideración.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a las Comisiones de Relaciones Exteriores, y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

ADUANAS

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.--- Servicio de Administración Tributaria.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva y de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que el Servicio de Administración Tributaria, por conducto de las autoridades aduaneras locales competentes en el mes de diciembre de 2007, únicamente dieron destino a mercancia perecedera, de fácil descomposición odeterioro y aquella que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE.

Los bienes reportados como destinados por dichas autoridades aduaneras se informan en relación anexa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACION

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 89, fracción IV, y 78, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que confieren al presidente de la república la facultad para nombrar a los empleados superiores de Hacienda, con la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el presidente de la república, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, ha tenido a bien nombrar al ciudadano Javier Laynez Potisek como procurador fiscal de la Federación.

Por lo anterior, con el presente me permito remitir a ustedes la propuesta original signada por el titular del Ejecutivo federal, así como los datos curriculares del interesado.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Presidencia de la República.

Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

El Estado mexicano enfrenta retos importantes en materia de seguridad, combate a la pobreza, generación de empleos y condiciones de competitividad para el desarrollo, construcción de infraestructura y respeto al estado de derecho.

Estos retos requieren, por un lado, de un gobierno decidido a impulsar y poner en marcha las medidas, acciones y políticas públicas necesarias para lograr un México equitativo, próspero y seguro y, por el otro, de una sociedad organizada, responsable, crítica y participativa que concurra al desarrollo del país.

La relación entre sociedad y gobierno cobra especial relevancia tratándose del manejo de las contribuciones de los ciudadanos. El Ejecutivo federal a mi cargo ha asumido el compromiso de administrar los recursos públicos de manera transparente y disciplinada, en aras de lograr mayores niveles de desarrollo para nuestra población.

Por estas razones, una defensa firme y eficaz del interés fiscal de la federación es una parte medular de la gestión de las finanzas públicas del país. La representación del gobierno federal en materia tributaria conlleva no sólo la protección y procuración de los recursos públicos, sino una enorme responsabilidad de aplicar la ley de manera justa, objetiva e imparcial.

En este contexto y con fundamento en los artículos 89, fracciones IV y XVI, y 78, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esa asamblea el nombramiento de Javier Laynez Potisek como procurador fiscal de la Federación.

El doctor Laynez Potisek ha servido al país con lealtad y honradez a lo largo de más de cuatro sexenios como abogado de distintas dependencias federales, tales como la propia Procuraduría Fiscal de la Federación, las secretarías de Programación y Presupuesto, y de Educación Pública y, en las últimas tres administraciones, ha ocupado los cargos de subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República y consejero jurídico adjunto del Ejecutivo federal. Destacan también sus labores académicas en las materias propias del cargo que asumirá, en prestigiadas casas de estudio del país.

Su experiencia profesional, capacidad técnica, preparación académica y reputación incuestionable demuestran no sólo su gran pasión por el servicio público, sino también su aptitud para desempeñar el puesto que con gran responsabilidad ha aceptado.

Adjunto al presente acompaño la documentación curricular del doctor Laynez Potisek, para la evaluación que realice esa soberanía en ejercicio de sus facultades constitucionales.

Señoras y señores legisladores: nuevamente los poderes Legislativo y Ejecutivo tienen la oportunidad de colaborar, en ejercicio de sus facultades constitucionales, para nombrar a los empleados superiores de Hacienda. Estoy cierto que, como en ocasiones anteriores, el resultado de esta colaboración vigorizará la relación entre poderes y fortalecerá las instituciones nacionales.

Reitero a usted la seguridad de mi consideración distinguida.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.

CONDECORACIONES

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a la Secretaría de Gobernación, tramitar ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C), del artículo 37, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración de la ``Orden del Elefante'', en grado de ``Caballero'', que le confiere el Reino de Dinamarca.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, copia de la comunicación oficial en la que se expresa el interés de conferir la condecoración de referencia, en el marco de la visita que la pareja real de Dinamarca efectuará a nuestro país, del 17 al 24 de febrero de 2008.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

CONDECORACIONES

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría de Gobernación, tramitar ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, Apartado C), del artículo 37, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la licenciada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, pueda aceptar y usar la condecoración de la ``Orden de Dannebrog'', en grado de ``Gran Cruz'', que le confiere el Reino de Dinamarca.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, copia certificada del acta de nacimiento, así como copia simple de su identificación oficial y de la comunicación oficial en la que se expresa el interés de conferir la condecoración de referencia, en el marco de la visita que la pareja real de Dinamarca efectuará a nuestro país, del 17 al 24 de febrero de 2008.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

ESTADO DE QUINTANA ROO

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número DGPL 60-II-4-966 signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y María Mercedes Maciel Ortiz , Presidenta y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número 233 suscrito por el licenciado Basilio González Núñez, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio del citado órgano legislativo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En atención al oficio número SEL/300/5153/07 que se sirvió remitir al licenciado Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual comunica que con oficio número DGPL 60-II-4-966 le dieron a conocer al titular de la Secretaría de Gobernación, el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de Unión, el pasado 6 de diciembre del año en curso, el cual a la letra dice: ``Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, para que pondere la posibilidad de trasladar del área geográfica, los municipios pertenecientes al estado de Quintana Roo que actualmente se encuentran ubicados en el área C, para que formen parte del área geográfica A, a fin de cuidar el poder adquisitivo de los trabajadores que prestan sus servicios dentro de los mismos''. Me permito informarle lo siguiente, esta Comisión Nacional, así como su consejo de representantes, conscientes de las obligaciones que por ley tienen conferidas, más aún ante el proceso de fijación salarial que dio inicio en este mes de diciembre, asumirá dicha tarea tomando en consideración las opiniones y recomendaciones recibidas de todas las instancias de representación y de los factores de la producción; las condiciones socioeconómicas imperantes y el impacto que sobre los niveles de empleo pueda generar una decisión en ese sentido, para lo cual se ajustará estrictamente al procedimiento establecido para dichos efectos en los artículos 570 a 574 de la Ley Federal del Trabajo.

De igual forma, en cumplimiento a lo ordenado por las fracciones I y II del artículo 561 de la Ley Federal del Trabajo, la Dirección Técnica de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tiene el deber de realizar los estudios técnicos necesarios y apropiados para determinar la división de la república en áreas geográficas, formular un dictamen y proponerlo al consejo de representantes de este organismo. También se establece la obligación de que dicha dirección realice estudios e investigaciones sobre la evolución de las estructuras salariales y las condiciones prevalecientes en el mercado de trabajo, con especial relevancia en las variables sociodemográficas y económicas de las regiones, entidades y municipios del país, los cuales sirven de base para normar el criterio de ese consejo ante eventuales modificaciones a la división de la república en áreas geográficas y a la integración municipal de las mismas, siempre que existan circunstancias que lo justifiquen.

Asimismo, la fracción III del artículo 557 de dicho ordenamiento legal otorga al consejo de representantes la facultad para dictar la resolución a las propuestas que formule la Dirección Técnica en cuanto a la determinación o modificación de las áreas geográficas en las que regirán los salarios mínimos.

Los resultados de los estudios efectuados por la Dirección Técnica muestran la necesidad de avanzar en la actualización de la integración de las áreas geográficas, en función, principalmente, de la erosión de los diferenciales en los costos de vida entre los municipios integrantes de dichas áreas.

Uno de los principales factores que se que se ha considerado en la toma de decisiones en materia de actualización de las áreas geográficas es la no afectación de los niveles de empleo en los micro y pequeños establecimientos ubicados en los municipios de menor desarrollo económico relativo. Una propuesta que rebase la capacidad económica de los micro y pequeños establecimientos traería como consecuencia, en el corto plazo, el cierre de los mismos y el aumento del desempleo en las áreas donde más necesidad se tiene de retener a la población con empleos remunerados.

El impacto principal que provoca la reclasificación de un municipio de un área geográfica a otra de mayor nivel salarial, es el de la acumulación de dos aumentos simultáneos: la diferencia salarial que antes tenía con respecto al área que se reclasifica y el incremento de la fijación que se esté llevando a cabo, lo cual provoca diferentes tipos de presiones, sobre las expectativas de inflación, sobre las estructuras salariales regionales y al interior de cada una de ellas, sobre los costos de producción y de operación de los establecimientos industriales y empresas comerciales y de servicios ubicados en esos municipios o áreas geográficas, sobre los precios relativos que influyen en las decisiones de inversión productiva, sobre los presupuestos municipales y estatales y, sobre todo, sobre los costos de vida.

Un efecto inmediato de la reclasificación municipal de las áreas geográficas, como ya se señaló, podría generar ajustes significativos no deseados en la estructura productiva regional, debido al riesgo del cierre de un importante número de fuentes de empleo, principalmente de los micronegocios (hasta 10 trabajadores), que en el estado de Quintana Roo representan el 79.7 por ciento del total de establecimientos del sector formal registrados en octubre de 2007.

Para evitar los impactos referidos, y con el propósito de reconocer y ser congruentes con la dinámica socioeconómica de las áreas geográficas en que está dividido el país para efectos salariales, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ha aplicado la estrategia de ir reduciendo de manera gradual las diferencias salariales entre las áreas geográficas hasta converger a un solo salario mínimo general a nivel nacional. Esto se ha logrado a través del otorgamiento de aumentos salariales diferenciados por área geográfica. Con ello se ha buscado que los trabajadores perceptores de un salario mínimo en las áreas geográficas B y C, las de menor nivel salarial, avancen hacia ingresos similares a los del área geográfica A, la de mayor nivel salarial, para cubrir costos de vida cada vez más similares.

En este sentido, los avances han sido significativos. En el 2000 existía una diferencia salarial de 15.90 puntos porcentuales entre las áreas geográficas A y C. Para el 2005 esta diferencia se redujo a 6.24 puntos porcentuales, cifra que significó una reducción de 60.75 por ciento. Entre las áreas geográficas A y B la disminución de la brecha salarial fue de 7.98 a 3.20 puntos porcentuales en este período, es decir, una reducción de 59.90 por ciento, según se muestra en el cuadro siguiente, lo que ha permitido suavizar los posibles impactos negativos que una reclasificación directa hubiera generado.

Como se puede apreciar por lo expuesto, el honorable Consejo de Representantes decidió en 2006 y 2007 no aplicar la estrategia de cerrar las diferencias salariales entre las áreas geográficas, sin embargo no la ha descartado como posibilidad para alcanzar en un horizonte de corto plazo un solo salario mínimo general para todo el país.

Cabe señalar que la Dirección Técnica someterá a la consideración del Consejo de Representantes --integrado por un representante del gobierno federal, que funge como presidente de la comisión, y por 11 representantes titulares y 11 representantes suplentes de cada uno de los sectores de trabajadores y de patrones--, el punto de acuerdo mencionado en el primer párrafo, con motivo de la fijación de los salarios mínimos que deberán regir a partir del 1o. de enero del año siguiente.

Con estos antecedentes, el punto de acuerdo que tuvo a bien enviar a esta comisión nacional será tomada en consideración por el Consejo de Representantes, autoridad competente para dictar la resolución que modifique o mantenga el área geográfica de los municipios del estado de Quintana Roo.

Sin otro particular, reciban ustedes las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

FENOMENOS METEOROLOGICOS

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-2-1104 signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Jacinto Gómez Pasillas , Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número DGF/ 0718 /2007 suscrito por el licenciado Ernesto A. Visconti Chacón, director de Normatividad del Fondo de Desastres Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio del citado órgano legislativo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero su oficio número SEL/300/5027/07, recibido en esta Dirección General el 12 de diciembre del 2007, mediante el cual participa que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de su Presidenta, la diputada Ruth Zavaleta Salgado , y el Secretario, diputado Jacinto Gómez Pasillas , comunican mediante oficio D.G.P.L. 60-II-2-1104 al licenciado Francisco. Javier Ramírez Acuña, secretario de Gobernación, el punto de acuerdo tomado por el Pleno de ese órgano legislativo el 29 de noviembre del año en curso, mismo que a la letra dice:

En atención a su atenta misiva le comparta algunas razonamientos, mayoritariamente de orden jurídico., que sen indispensables para responder puntualmente a su petición.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

ESTADO DE VERACRUZ

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 60-II-3-1036, signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y María Eugenia Jiménez Valenzuela , Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número PFPA /SRN/0313/07, suscrito por el ingeniero Alfonso Isaac Ramos Rocha, subprocurador de Recursos Naturales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio del citado órgano legislativo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Comunico a usted que se recibió en esta Subprocuraduría el oficio número SEL/300/4797/07, de fecha 22 de noviembre de 2007, dirigido al ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual hace del conocimiento el punto de acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados en sesión celebrada el día 20 de noviembre del presente año, que a continuación se transcribe:

Al respecto, comunico a usted las acciones que se han llevado a cabo para atender lo establecido en el numeral primero del punto de acuerdo antes citado, siendo el único que corresponde a la Profepa, de acuerdo con las atribuciones conferidas a esta.

El 29 de junio se realizó operativo en el parque nacional Pico de Orizaba, Veracruz, con la participación de 18 elementos de la Profepa, 1 del Ministerio Público Federal, 2 de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), 1 del Centro de investigación y Seguridad Nacional (CISEN), 30 de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y 10 de Seguridad estatal, asegurándose 5.131 metros cúbicos de madera motoaserrada de pino de corte reciente en la ranchería de Potrero Nuevo, municipio de La Perla, Veracruz, quedando a disposición del Ministerio Publico de Orizaba.

En fecha 23 de octubre del presente año, se realizó operativo especial en el que participaron 60 elementos de la 25 zona militar de la Sedena, 2 elementos de la Procuraduría General de la República, 6 de la AFI, 112 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, 17 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estatal, 4 del CISEN, 2 de la Semarnat y 4 de la Profepa.

En el paraje Tilostoc se observaron, cuantificaron y cubicaron materias primas forestales maderables de manera dispersa, con un volumen de 51.461 metros cúbicos de pino; en el paraje Amoltepec se observaron, cuantificaron y cubicaron materias primas forestales maderables de manera dispersa, con un volumen de 11.118 metros cúbicos de pino. Se realizó el traslado de 27.203 metros cúbicos de pino a las instalaciones del centro de almacenamiento y transformación de materias primas forestales maderables denominado González Ortega, que quedaron para su resguardo y custodia y a disposición del Ministerio Público.

Asimismo, en la zona de Zongolica se han realizado diversas actividades, como el Plan de Acción para el Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Forestales en la Sierra de Zongólica, en el que participan 12 municipios, dentro de los destacan Texhuacan, Tlaquilpa, Tehuipango, Tequila y Atlahuilco, Veracruz, cabe comentar que dicho plan incluye cuatro etapas.

Adicional a lo anterior, en la zona se han iniciado 6 procedimientos administrativos, 4 por realizar derribo de arbolado sin la autorización correspondiente, 1 acta de inspección en tránsito, asegurándose 3.012 metros cúbicos rollo de pino patula, un vehículo y una motosierra; y 1 contra quien resulte responsable, poniéndose a disposición del Ministerio Público de la Federación 24 tablones de pino (1.03 m³) y 264 tablas de pino (2.181 m³).

Por último, comunico a usted que esta Procuraduría continuará realizando las acciones correspondientes por medio de su Delegación Federal en Veracruz, para dar cumplimiento a lo establecido en el numeral correspondiente del punto de acuerdo referido.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

AEROMEXICO

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L.60-II-6-1224, signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Antonio Xavier López Adame , Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número UBVA / DGAARF / 003 / 2008, suscrito por el ciudadano Germán Saldívar Osorio, director general adjunto de Ahorro y Regulación Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio del citado órgano legislativo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Hago referencia a su oficio número SEL/300/3996/07, mediante el cual remite al titular de esta secretaría el punto de acuerdo, aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en sesión celebrada el 9 de octubre pasado, que a continuación se transcribe:

Respecto al procedimiento de compraventa de las acciones del Consorcio Aeroméxico, SA de CV (CAM), le informo lo siguiente:

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el ámbito de su competencia, ha vigilado desde un inicio la venta de las acciones de CAM, toda vez que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) es un organismo descentralizado de la SHCP.

El gobierno y la administración del IPAB están a cargo de una junta de gobierno y un secretario ejecutivo. Dicha junta está integrada, de conformidad con los artículos 75 y 80 de la Ley para la Protección al Ahorro Bancario, por siete vocales: el secretario de Hacienda y Crédito Público (quien la preside), el gobernador del Banco de México, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y cuatro vocales designados por el Ejecutivo federal.

En ese sentido, la SHCP, al ejercer las facultades como coordinadora de sector del IPAB, ha mantenido un estrecho contacto con los actos que se someten a la junta de gobierno, por lo que en todo momento estuvo informada respecto a la referida venta de acciones de CAM.

La referida compraventa se realizó a través de una oferta pública de adquisición, la cual es una forma de adquisición que se encuentra regulada en la Ley del Mercado de Valores y consiste en una declaración unilateral de voluntad de quién la realiza. El oferente establece el precio y el plazo de la oferta, así como --en general-- sus términos y condiciones.

Esta secretaría, como parte integrante de la junta de gobierno, ha estado al tanto de la referida compraventa de CAM, así como de las comparecencias del secretario ejecutivo del IPAB ante el Congreso, y ha vigilado en todo momento que la citada compraventa se realice con estricto arreglo a derecho y con transparencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

CAMBIO CLIMATICO

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número DGPL 60-II-5-1250, signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Antonio Xavier López Adame , Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 00020, suscrito por el ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como los anexos que en el mismo se mencionan, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio del citado órgano legislativo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En contestación a su atento oficio SEL/300/5106/07, me permito anexar documento que señala las acciones principales de mitigación y adaptación al cambio climático que ha realizado esta secretaría, así como las de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático.

Particularmente con referencia al numeral primero del punto de acuerdo de la Cámara de Diputados con fecha 4 de diciembre, el inciso I del documento anexo señala que el Instituto Nacional de Ecología (INE, órgano desconcentrado de la Semarnat) así como el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (Cecadesu) han preparado materiales de divulgación sobre el cambio climático.

Cecadesu tiene un convenio con la SEP con el objetivo de difundir el conocimiento sobre el tema y para que a la brevedad se incluya en los libros de texto gratuito y en la currícula de los planes de estudio a todos los niveles educativos.

En referencia al numeral segundo del citado acuerdo legislativo, los apartados B y G del documento anexo dan cuenta de los esfuerzos nacionales por elaborar la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el Programa Especial de Cambio Climático, así como de la estructura y presupuesto disponibles para su instrumentación y seguimiento. En relación a la formulación de programas estatales de cambio climático, durante el segundo semestre del 2007, el INE elaboró manuales para la preparación de inventarios estatales de emisiones de gases efecto invernadero y para la elaboración de los mencionados planes de las entidades federativas al respecto.

En diciembre pasado se realizó un primer taller para la elaboración de inventarios estatales con la participación de representantes de 12 estados.

A finales del año pasado la Semarnat elaboró una propuesta de convenio de colaboración con entidades federativas para la formulación de planes estatales de cambio climático.

Independientemente de los estados que se sumen a esta iniciativa, el INE ya se encuentra coordinando, con fondos internacionales y con la participación de universidades locales y de los gobiernos estatales, los programas de cambio climático de los estados de Veracruz y de Nuevo León.

Aprovechamos la presente para invitar al Legislativo a la realización de un seminario sobre cambio climático y a su participación activa en la consulta pública que se realizará durante el proceso de la elaboración del Programa Especial de Cambio Climático.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

TALA CLANDESTINA

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-4-915, signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y Patricia Villanueva Abraján , Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número PFPA / SRN / 0314 / 07, suscrito por el ingeniero Alfonso Isaac Ramos Rocha, subprocurador de Recursos Naturales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio del citado órgano legislativo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Comunico a usted que se recibió en esta subprocuraduría el oficio número SEL/300/4777/07, de fecha 21 de noviembre de 2007, dirigido al ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual hace del conocimiento el punto de acuerdo, aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados en sesión celebrada el 20 de noviembre del presente año, que a continuación se transcribe:

Al respecto, informo a usted lo siguiente:

El pasado 24 de febrero, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, anunció en la reserva de la biosfera Mariposa Monarca la estrategia de conservación para el desarrollo, donde mencionó la necesidad de trabajar intensamente para establecer una política de cero tolerancia a la tala clandestina, principalmente para esa reserva.

El programa contra la tala clandestina Cero Tolerancia se desarrollaba primordialmente en la zona crítica forestal de la reserva de la biosfera Mariposa Monarca (estados de México, y de Michoacán).

A partir de junio de 2007, por instrucciones del secretario del ramo, se incluyeron Morelos y el Distrito Federal como prioritarios y se sumó todo el país en este esfuerzo institucional, realizándose diversas acciones para la aplicación del programa Cero Tolerancia a escala nacional (anexo con resultados obtenidos a diciembre).

Con base en lo anterior, se han conseguido

Esta procuraduría continuará realizando las acciones correspondientes por medio de sus delegaciones para cumplir lo establecido en el punto de acuerdo referido.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

CARNE DE CERDO

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L.60-II-6-1606 signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y María Mercedes Maciel Ortiz , Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número 112.2.-010 suscrito por la licenciada Elisa Podesta Rivas, directora general adjunta de Estudios Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio del citado órgano legislativo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En atención a sus oficios números SEL/300/5115/07, SEL/300/4819/07 del 23 de noviembre y 5 de diciembre de 2007, a través del cual remite punto de acuerdo aprobado por el honorable Congreso de Jalisco, así como del Congreso de la Unión, por lo que exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Economía, Sagarpa y Ssa; implante acciones adicionales para la verificación de productos cárnicos de cerdo, en los puntos de ingreso al país.

Al respecto, anexo fotocopia del oficio número BOO.03010302.-5354 del 18 de diciembre de 2007, elaborado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, para los fines que estime procedentes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciada Elisa Podesta Rivas, directora general adjunta de Estudios Interinstitucionales de la Sagarpa.--- Presente.

En atención a los oficios números 112.2.-425, 112.2.-426 y 112.2.-430 mediante los cuales remite los documentos de los honorables Congresos de Jalisco, Michoacán de Ocampo; así como, del Congreso de la Unión respectivamente, sobre la problemática que se está presentando en la porcicultura nacional, por lo que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Economía, Sagarpa y Ssa; implanten acciones adicionales para la verificación de productos cárnicos de cerdo, en los puntos de ingreso al país, con la estricta aplicación de las normas NOM-030-ZOO-1995 y la NOM-004-ZOO-1994.

Al respecto le informo que adicionalmente a las medidas indicadas en mi similar número BOO.03.01.03.02.-4008 de fecha 17 de octubre del presente año (copia anexa), se determinó que únicamente se permitirá la importación de carne, canales, vísceras y despojos de cerdo por 6 aduanas de la frontera norte y dos puertos del pacífico (Oficio-circular número 00348 anexo) con el fin de tener un mayor control en las importaciones; además se ha reiterado al personal oficial que realice una inspección minuciosa en apego a la normatividad.

Por otra parte, le informo que en coordinación con la Ssa en los próximos días se implantarán una serie de medidas de coadyuvancia para garantizar la inocuidad de estas mercancías y evitar problemas de salud pública.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Mediante Nota número 116 de diciembre 10 del presente año, la Dirección General de Salud Animal, comunica que a efecto de establecer una mejor verificación e inspección de las importaciones de carne, canales, vísceras y despojos de origen porcino que ingresan por la frontera norte, a partir de esta fecha, únicamente podrán ingresar por las siguientes aduanas:

Asimismo, se autorizan los siguientes puertos:

Por lo que hace a las hojas de requisitos zoosanitarias vigentes o expedidas con anterioridad a la emisión de la nota referida, y con la finalidad de atender los embarques en punto de ingreso o en tránsito, se les informa que las aduanas indicadas aplicarán hasta el 17 de diciembre.

Lo anterior para su conocimiento y atención procedente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciada Elisa Modesta Rivas, directora general adjunta de Estudios Interinstitucionales de la Sagarpa.--- Presente.

En atención al oficio número 112.2.-254 mediante el cual remite el oficio número, OF-DPL-253-LVIII-07 firmado por el licenciado Alfredo Argüelles Basave, secretario general del Congreso de Jalisco, remitiendo el Acuerdo Legislativo número 278-LVIII-07, mediante el cual exhorta a que se de cumplimiento a las disposiciones oficiales que regulan la importación de mercancías de productos y subproductos cárnicos del subsector porcícola.

Al respecto, y con el fin de elaborar una respuesta coordinada, le comento que en apoyo a los porcicultores, y con la finalidad de establecer un mejor control en la inspección del cerdo de importación para abasto, se determinó como única aduana de ingreso para este tipo de animales, la de Piedras Negras, Coahuila, en la cual se otorgaba el servicio de lunes a viernes a partir de las 9 horas, mismo que finalizaba hasta que se inspeccionara el 100 por ciento de los animales a importar, actualmente sólo se importan cerdos 1os lunes, miércoles y viernes, en el mismo horario, inspeccionando únicamente aquellos embarques que entreguen documentación hasta las 14 horas.

Con relación a todos los cárnicos de importación, conforme a las especificaciones de la NOM-030-Z00-1995, cumplen al 100 por ciento con lo establecido en la hoja de requisitos zoosanitarios (HRZ), y la mercancía se descarga del contenedor para que el personal de la Secretaría seleccione las cajas a verificar, se toma la muestra del producto y se envía a los laboratorios oficiales o aprobados por esta dependencia, para que lleven a cabo los análisis toxicológicos correspondientes establecidos en la NOM-004-Z00-1994, en caso de que el dictamen de laboratorio indique que las muestras están por arriba de los límites permitidos, el laboratorio que realizó el diagnóstico lo hace del conocimiento a la Dirección General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, quien notificará a la Secretaría de Salud para que proceda de acuerdo a sus atribuciones.

Adicionalmente, se ha invitado en reiteradas ocasiones para que representantes del sector porcícola funjan como observadores del proceso de inspección y certificación que realiza el personal oficial de esta dependencia, con la finalidad de transparentar las actividades.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

CORREDOR BIOLOGICO MESOAMERICANO-MEXICO

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número DGPL 60-II-5-1212 signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y Patricia Villanueva Abraján , Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número O.M./500/0035 suscrito por el licenciado Jorge López Vergara, oficial mayor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio del citado órgano legislativo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En relación al oficio número SEL/300/4774/07, de fecha 21 de noviembre del presente año, me permito comentarle que es para mí grato saber que existe una gran coincidencia en la Cámara de Diputados con el Poder Ejecutivo respecto a la importancia que reviste el fortalecer las políticas ambientales mexicanas.

Por lo anterior, mucho le agradecería ser el conducto para responder al exhorto que hace la Cámara de Diputados a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la presidenta de su mesa directiva la diputada Ruth Zavaleta Salgado , para que por conducto de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), se incorpore a los estados de Tabasco, Oaxaca y Veracruz de Ignacio de la Llave en el proyecto Corredor Biológico Mesoamericano-México (CBM-M), y se asignen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008.

Como es de su conocimiento en el Plan Nacional de Desarrollo en su Eje 4, Sustentabilidad Ambiental, establece la responsabilidad pública por conservar los ecosistemas y la biodiversidad, así como la integración del capital natural con el desarrollo social y económico y frenar el deterioro de las selvas y bosques de México. El Programa Sectorial Ambiental incluye una política pública de integración de los corredores biológicos como parte de la estrategia de transversalidad de políticas ambientales y conservación de la biodiversidad y por otro lado la Estrategia Nacional de Acción Climática, reconoce al trópico húmedo mexicano, área de incidencia del corredor, como la que requerirá de atención prioritaria en las acciones públicas de adaptación al cambio climático global.

Recientemente, el secretario ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, propuso a sus homólogos de Centroamérica la creación del Grupo Mesoamericano con la ``Declaración Mesoamericana sobre la Sustentabilidad Ambiental'', donde se reconoce la creciente integración económica, social y ambiental de la región mesoamericana y la necesidad de asegurar la sostenibilidad ambiental como uno de los puntales del desarrollo sostenible de la región.

Asimismo, me permito informar que recientemente se logró la ampliación del periodo de ejecución de la donación del Fondo Mundial de Medio Ambiente (GEF) del CBM-M a junio de 2009. Es importante resaltar el apoyo decidido del gobierno de la república, para la consolidación de una política de ``corredores biológicos'', como parte de la política ambiental de las áreas naturales protegidas de México. De ser aprobados, por el Congreso de la Unión a través la Ley de Egresos de 2009, se obtendrán los recursos complementarios necesarios para facilitar una segunda donación de aproximadamente 8 millones de dólares, del Fondo Mundial de Medio Ambiente (GEF) en un periodo comprendido entre 2009-2014.

Derivado de lo anterior, el secretario ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, ha instruido a ésta Oficialía Mayor, así como a la Secretaría Ejecutiva de la Conabio, se destinen los recursos necesarios para preparar los estudios técnicos y gastos de operación para incorporar plenamente a los estados de Tabasco, Oaxaca y Veracruz, al CBM-M. Asimismo se ha solicitado al director general del CBM-M, establezca comunicación con los gobiernos respectivos para instrumentar las acciones a realizar en 2008.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

Ciudad de México, a 9 de enero de 2008.--- Licenciado Jorge López Vergara (rúbrica), oficial mayor.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

PESCADORES

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-3-1012 signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Santiago Gustavo Pedro Cortés , Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número 1533 suscrito por el doctor Álvaro Castro Estrada, subsecretario del Trabajo, Seguridad y Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio del citado órgano legislativo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su atento oficio número SEL/300/4470/07, del 9 de noviembre de 2007, dirigido al licenciado Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 8 de noviembre del presente año, por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a que constate el cumplimiento de las disposiciones legales en cuanto a la atención a la salud de los pescadores mientras se encuentren en altamar.

Al respecto, es de señalarse lo siguiente:

Conforme a lo previsto por el Convenio número 55 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a las obligaciones del armador (patrón) en caso de enfermedad, accidente o muerte de la gente del mar, ratificado por México el 15 de septiembre de 1939 y que entró en vigor el 15 de septiembre de 1940, son obligaciones del patrón cubrir los riesgos por enfermedad o por accidente ocurridos durante el período que transcurra entre el enrolamiento del trabajador y la terminación de su contrato o, en su caso, la muerte que resulte de cualquier enfermedad o accidente.

Dicho convenio precisa que la legislación nacional podrá eximir al patrón de toda responsabilidad respecto a la enfermedad o muerte causada, cuando el trabajador se hubiere negado a someterse a un reconocimiento médico antes de su enrolamiento. (artículo 2o.)

Por su parte, la Ley Federal del Trabajo en su Título Sexto, denominado ``de Trabajos Especiales'', capítulo III, establece las obligaciones que el patrón tiene para con los trabajadores de los buques, entendiéndose por trabajadores a los capitanes, oficiales de cubierta y máquinas, los sobrecargos y contadores, los radiotelegrafistas, contramaestres, dragadores, marineros y personal de cámara y cocina de nacionalidad mexicana, y definiendo como buque, a cualquier clase de barco o embarcación que ostente bandera mexicana.

El artículo 204, fracción VII, de la Ley Federal del Trabajo, señala como obligación especial de los patrones, llevar a bordo del, buque el personal médico y materiales de curación, así como proporcionar a los trabajadores el tratamiento médico, medicamentos y otros medios terapéuticos, en los casos de enfermedades, cualquiera que sea su naturaleza.

En el caso del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo (RFSHMAT), este ordenamiento requiere a los patrones contar con servicios preventivos de medicina del trabajo atendiendo a la naturaleza, características de la actividad laboral y número de trabajadores expuestos, bajo la supervisión de profesionistas calificados, mismos que pueden ser proporcionados en forma externa o brindados por la propia empresa. Dicha vigilancia a la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en altamar, se debe dar a través de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, conforme a la norma oficial mexicana NOM-030-STPS-2006, ``Servicios preventivos de seguridad y salud en el Trabajo-Organización y Funciones''.

Ahora bien, por lo que toca a la vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral en materia de condiciones generales de trabajo, seguridad e higiene y capacitación y adiestramiento, respecto de los trabajadores de los buques, dicha atribución la realiza la inspección federal el trabajo a aquellas embarcaciones que ostenten bandera mexicana y que se encuentren en puerto, conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley Federal del Trabajo.

Finalmente, es de señalarse que esta Secretaría toma debida nota y dará cabal cumplimiento a la atenta exhortación de la Cámara de Diputados, haciendo de su conocimiento que se tiene considerado la realización de visitas de inspección a estos centros de trabajo, como parte del programa anual de inspección para el próximo año 2008. Lo anterior, en el marco de las atribuciones y competencia que tiene la STPS y de acuerdo a los recursos humanos y materiales de los que dispone.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.

ESTADO DE CHIAPAS

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número DGPL/2.- 2261, signado por el senador José González Morfín, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 312.A.DSTEC.-1233, suscrito por la licenciada Lilia Pozos Vázquez, directora general adjunta de Desarrollo Social, Trabajo, Economía y Comunicaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio del citado órgano legislativo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/300/5137/07, mediante el cual hace referencia al oficio signado por el senador José González Morfin, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, en el que remite el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo en sesión celebrada el 4 del actual, y que a la letra dice:

Sobre el particular, de conformidad con lo establecido en los artículos 8-A del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 65-A del Reglamento Interior de esta SHCP, y considerando lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le informo que la honorable Cámara de Diputados autorizó un Presupuesto para 2008 para el tramo carretero en comento de 9.0 millones de pesos. Asimismo, es importante señalar que dicho planteamiento fue remitido a la SCT mediante oficio número 312-A-DSTEC.I-431 (anexo), a fin de que en el ámbito de su competencia determine lo conducente.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Alberto Castillo Adame, director general de Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.--- Presente.

Me refiero al oficio número SEL/300/5137/07, mediante el cual el Subsecretario de Enlace Legislativo, licenciado Armando Salinas Torre hace referencia al oficio signado por el Senador José González Morfín, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, en el que remite el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo en sesión celebrada el 4 del actual, y que a la letra dice:

Al respecto, de conformidad con lo señalado en los artículos 8-A del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 65-A del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y considerando lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en anexo me permito remitir copia del documento de referencia a fin de que, en el ámbito de su competencia sea analizado y, en su caso, atendido dicho planteamiento.

Asimismo, de la diligencia que realice esa dependencia se solicita atentamente nos mantenga informados.

Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a la Cámara de Senadores.

ESTADO DE CAMPECHE

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número DGPL/2.- 1853, signado por el senador José González Morfín, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 112.2.- 009, suscrito por la licenciada Elisa Podesta Rivas, directora general adjunta de Estudios Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio del citado órgano legislativo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/300/4761/07, del 16 de noviembre de 2007, a través del cual nos remite el punto de acuerdo, aprobado por el Congreso de la Unión, mediante el cual se exhorta a realizar los estudios que permitan evaluar los impactos presentes y probables a los ecosistemas marinos y costeros derivados del derrame de hidrocarburos ocurridos en la sonda de Campeche y a establecer, con base en el citado estudio, las medidas que permitan compensar el impacto económico del sector pesquero.

Al respecto, anexo fotocopia del oficio número HOO / INPESCA / DJ / 995, del 19 de diciembre de 2007, elaborado por el Instituto Nacional de Pesca, para los fines que estime procedentes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciada Elisa Podesta Rivas, directora general adjunta de Estudios Interinstitucionales de la Coordinación General de Política Sectorial.--- Sagarpa.

Hago referencia a su atento similar número 112.2-460, recibido en el Instituto Nacional de Pesca el 19 de diciembre de 2007, relativo al exhorto de la Cámara de Senadores, promovido por el senador José González Morfín, en que se solicita la evaluación de posibles impactos presentes y futuros en pesquerías y ecosistemas marinos y costeros, derivados del derrame de hidrocarburos en la sonda de Campeche en otoño de 2007.

Al respecto, comunico a usted las acciones realizadas por esta dependencia:

Conclusión. No se ha detectado impacto inmediato del derrame por hidrocarburos en la producción pesquera de Tabasco y Campeche. La información y los datos oficiales no revelan un descenso de las capturas pesqueras comerciales hasta finales de noviembre de 2007 en comparación con 2006. A la fecha no se cuenta con información que indique contaminación por hidrocarburos de pescados o mariscos de esa región; los precios se mantienen en los niveles de años anteriores. En el tramo de playa recorrido el 28 de noviembre no se detectó la presencia masiva de grumos de hidrocarburos desde el aire ni sobre la playa.

En previsión de posibles impactos futuros del derrame de hidrocarburos en la sonda de Campeche acaecido en el presente otoño, esta dependencia ha elaborado un anteproyecto ad hoc de evaluación y monitoreo, cuya instauración iniciará tan pronto como sean liberados los recursos, y tendría una duración de nueve meses. El proyecto podría ser financiado parcialmente con fondos de esta dependencia, además de otras fuentes que serán exploradas. Los términos del proyecto se describen a continuación:

Objetivos

Actividades

Costos aproximados:

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarla y manifestar a usted mi consideración más distinguida.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a la Cámara de Senadores.

ESTADO DE CAMPECHE

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número DGPL/2.- 1853, signado por el senador José González Morfín, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número PFPA/SII/196.3/ 0414 -07, suscrito por el ingeniero Gustavo Mario González González, subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio del citado órgano legislativo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su atento oficio número SEL/300/4758/07, de fecha 16 de noviembre de 2007, recibido en esta Subprocuraduría de Inspección Industrial el día 5 de diciembre del mismo año, por el que tuvo a bien informar al ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, secretario del ramo, que mediante oficio número DGPL/2.- 1853, el senador José González Morfín, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, comunicó al titular de la Secretaría de Gobernación sobre el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo en la sesión celebrada el 15 de noviembre del año en curso, que en su punto primero a la letra dice:

Sobre el particular, por instrucciones superiores, aprovecho este conducto para acusar recibo de su referido escrito, y hacer de su conocimiento que, de conformidad con lo establecido por los artículos 130 y 131 del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, y por requerimiento de la Dirección General de Inspección de Fuentes de Contaminación de esta Procuraduría, Pemex-Exploración y Producción, a través de la Subdirección de Seguridad Industrial, Protección Ambiental y Calidad de la Gerencia de Desarrollo Sustentable y Calidad, proporcionó a este órgano desconcentrado información generada con motivo del accidente ocurrido en la plataforma petrolera Usumacinta, situada en la sonda de Campeche, en la que se incluyen las medidas que de forma inmediata implantó la paraestatal para contener y recoger los materiales o residuos liberados, para minimizar o limitar su dispersión y para realizar los trabajos de limpieza del sitio; así como la localización y características del sitio donde ocurrió el accidente y las zonas que han sido o pueden llegar a ser contaminadas; las causas que motivaron el derrame y/o fuga; la descripción precisa de las características fisicoquímicas, así como la cantidad de los materiales y/o residuos peligrosos derramados; y los trabajos de caracterización que ha realizado y que pretende realizar.

Cabe señalar que dicha información está siendo revisada por esta Subprocuraduría de Inspección Industrial, y servirá de base para que, en razón de las atribuciones conferidas a la citada Dirección General de Inspección de Fuentes de Contaminación, se realicen todas las acciones que legalmente procedan para la substanciación y procedimiento administrativo que, en su caso, se inicie, a fin de corroborar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en materia de prevención y control de la contaminación ambiental por parte de Pemex, o quien o quienes resulten responsables, y con ello estar en condiciones, en el ámbito de nuestra competencia, de informar sobre los impactos presentes y probables derivados del derrame de hidrocarburos a que se ha hecho referencia.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo y ponerme a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a la Cámara de Senadores.

COMISION DE COOPERACION AMBIENTAL DE AMERICA DEL NORTE

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número DGPL/2.-1051 signado por el senador José González Morfín, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número 112/00006317/-07 suscrito por el licenciado Wilehaldo Cruz Bressant, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio del citado órgano legislativo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Por instrucciones del titular del ramo, en atención a su oficio SEL/300/4075/07 del 15 de octubre del año en curso, en el que informa que el Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo federal a que considere la posibilidad de promover la intervención de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, al respecto le comento:

Es de sumo interés y de gran preocupación para el Ejecutivo federal y en particular para esta Secretaría, el cuidado y la protección que sobre el medio ambiente se realice, no sólo en el plano nacional sino internacional, dado que la protección del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales es un asunto que incumbe a todos los seres humanos y resulta de vital importancia para preservar una mejor calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. En este sentido, refrendamos nuestro compromiso de fomentar la protección, restauración y, conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable.

Respecto del exhorto de la honorable Cámara de Senadores, me permito informar le que con fecha 26 de junio del presente, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC, y Conservación de Mamíferos, AC, presentaron ante el secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) una petición ciudadana de conformidad con el artículo 14 del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), aseverando que Canadá está incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva de su legislación ambiental respecto de la cacería anual de focas arpa fuera de la costa este de Canadá.

Es el caso que con fecha 23 de agosto de 2007, el secretariado de la CCA determinó que dicha petición no cumplió con los criterios de admisibilidad establecidos en el artículo 14 (1) del ACAAN, por lo que decidió dar término a dicho proceso.

Por otra parte, es de precisar que conforme a lo dispuesto en el mismo artículo 14 (1) el secretariado de la CCA únicamente podrá examinar peticiones de cualquier persona u organización sin vinculación gubernamental, por lo que el Ejecutivo federal carece de facultad para solicitar la publicación de un expediente de hechos en términos de los artículos 14 y 15 del ACAAN.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a la Cámara de Senadores.

ESTADO DE TABASCO

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número DGPL/2.-2335 signado por el senador José González Morfín, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número DGF/ 0724 /2007 suscrito por el licenciado Ernesto A. Visconti Chacón, director de Normatividad del Fondo de Desastres Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio del citado órgano legislativo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/300/5277/07, recibido en esta Dirección General el 21 de diciembre del 2007, mediante el cual participa que la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, a través de su Vicepresidente, el senador José González Morfín, ha comunicado al licenciado Francisco Javier Ramírez Acuña, secretario de Gobernación, el punto de acuerdo tomado por el Pleno de ese órgano legislativo el 11 de diciembre del año en curso, mismo del que trascribimos a continuación el numeral Segundo, por considerar que su contenido atañe directamente a esta unidad administrativa.

En atención a ese exhorto se señala que:

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a la Cámara de Senadores.

PUERTO LOS CABOS, SA DE CV

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número CP2R1A.-1563 signado por el C. Seno Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente de la Mesa Directiva de ese cuerpo colegiado, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número SGPA/CASI 456 107 suscrito por Miguel Ángel Cancino, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio de ese órgano legislativo.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a, su oficio número SEL/300/3tEJ9/07 por medio del cual hace del conocimiento de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del punto de acuerdo aprobado par el Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión que a la letra señala:

Sobre el particular, sírvase encontrar anexo al presente el informe solicitado, para los fines procedentes.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental

Informe del proyecto Puerto Los Cabos

El proyecto Puerto Los Cabos tiene dos autorizaciones vigentes una en materia de impacto ambiental y otra en materia de zona federal marítima terrestre, por lo que ambas se tratarán por separado en el presente informe:

I. Autorización en materia de impacto ambiental

De los autos que obran en el expediente, la tramitación de la autorización en materia ambiental fue de la siguiente manera y se encuentra en este estado:

Conforme a lo manifestado por la promoverte en la MIA-I, el proyecto consistía en un desarrollo turístico residencial, compuesto por los siguientes conceptos:

a) Acreditar la legal posesión del predio a desarrollar.

Asimismo, quedó establecido que en caso de que la promovente continuara con la intención de llevar a cabo las obras referidas, debería acatar lo señalado en la condicionante uno del oficio resolutivo en comento, que a la letra dice: ``Presentar a esta dirección general, en un plazo de 15 días posteriores de haberla obtenido, copia de la autorización del cambio de uso del suelo, misma que otorga el ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, de acuerdo con lo establecido en el plan de desarrollo urbano de San José del Cabo-Cabo San Lucas vigente. La anterior deberá considerar claramente la delimitación de usos y densidades para cada una de las áreas involucradas, con especial énfasis en las zonas donde se llevará a cabo la construcción de la marina (zona de protección Estero San José), de la zona residencial y de golf (señalada como de riesgo), así como la de condominios, residencial y de golf (indicada como rural), de acuerdo con el referido instrumento regulatorio''. En adición, la promovente debería cumplir la evaluación y la dictaminación en materia de impacto ambiental para las obras en cuestión.

Respecto al oficio resolutivo D:O.O.DGOEIA.- 05085 del 13 de octubre de 1998

Respecto al oficio resolutivo D.O.O.DGOEIA.-006820 del 17 de noviembre del 2000

II. Autorización en materia de zona federal marítimo-terrestre

De los autos que obran el expediente, la tramitación de la concesión de zona federal marítimo-terrestre y la autorización para realizar obras que afectan la morfología costera fue de la siguiente manera y se encuentra en este estado:

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a la Cámara de Senadores.

GUILLERMINA AVILA CAMACHO

El senador Humberto Andrade Quezada (desde la curul): Presidenta, pido la palabra.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, senador.

El senador Humberto Andrade Quezada (desde la curul): Presidenta, quisiera que guardáramos un minuto de silencio por el fallecimiento de la madre de nuestra compañera Yeidckol Polevnsky, y que por este conducto manifestemos, como Congreso de la Unión, nuestras condolencias y nuestro más sentido pésame, y que estamos con ella en estos momentos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Así es, como lo han solicitado los compañeros del PRD, los compañeros de la fracción del PAN y todos los demás se han sumado, solicitamos a todos los presentes ponerse de pie para guardar un minuto de silencio por la muerte de la señora Guillermina Ávila Camacho, madre de nuestra compañera Yeidckol Polevnsky.

(Puestos los presentes de pie se guarda un minuto de silencio).

Gracias a todos y le mandamos nuestras condolencias más sentidas a nuestra querida compañera senadora.

COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El siguiente punto del orden del día es el informe del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández. Y se designa en comisión para recibir al doctor José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a los siguientes compañeros legisladores: a la diputada Lizbeth Evelia Medina Rodríguez, al diputado Adolfo Mota Hernández, al diputado Salvador Ruiz Sánchez, al senador Jorge Legorreta Ordorica, al diputado Cuauhtémoc Velasco Olivay al diputado Pablo Arreola Ortega. Se pide a la comisión cumplir su cometido.

(La comisión cumple su cometido)

Se encuentra entre nosotros el doctor José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para presentar el informe de actividades correspondientes al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2007.

Tiene la palabra el doctor José Luis Soberanes Fernández, hasta por 30 minutos. Podemos dar oportunidad si se toma unos minutos más, no hay problema. Gracias.

El ciudadano José Luis Soberanes Fernández: José Alejandro Ortiz Castillo, Ramiro Gámez Acosta, Francisco Javier Domínguez Rivera, Guillermo Martínez, Martín García Martínez, Darío Miranda Valenzuela, Víctor Mandujano Navarro.

Los nombres que acabo de mencionar corresponden a migrantes mexicanos que murieron el año pasado, como consecuencia de las heridas de las balas que les dispararon agentes de la Patrulla Fronteriza cuando intentaban pasar al vecino país del norte.

Ellos ya no tienen voz para protestar. Yo, como defensor del pueblo, asumo su representación y quiero, aquí y ahora, desde la máxima tribuna de nuestro país, denunciar esos crímenes execrables que, hasta ahora, han quedado en la total impunidad. Los homicidas siguen gozando de libertad sin que nadie los llame a cuentas.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados y de la del Congreso de la Unión; señoras y señores:

Hoy, la defensa y la promoción de los derechos humanos representan una fuerza social, una bandera política común a todos los mexicanos, un espacio en el que confluyen creencias, causas y movimientos sociales para unirnos como país. Es aquí donde todos estamos de acuerdo.

En 2007 los derechos humanos se consolidaron como parte integral de la cultura cívica mexicana y ocuparon el centro del debate nacional, de la tribuna legislativa y de las conversaciones del ciudadano común.

La sociedad civil organizada y la clase política, la opinión pública y la población en general han hecho intensamente suya la defensa de las prerrogativas fundamentales.

Han quedado atrás los debates estériles, propios de una sociedad políticamente inmadura: ya nadie considera innecesario que el Estado defienda los derechos humanos o que les deban ser cancelados a quienes delinquen. Millones de mexicanos tienen plena conciencia del alcance y la fuerza de sus garantías. Además, saben que en las comisiones públicas de derechos humanos trabajamos para defenderlos.

Gran parte de ese avance lo debemos al debate de varios casos que tuvieron un enorme impacto no sólo entre analistas, académicos y políticos, sino también entre el grueso de la población.

El caso Zongolica, la situación de las cárceles y los indígenas, los conflictos en Oaxaca, los inmigrantes y los emigrantes, la despenalización del aborto en el Distrito Federal y los atentados contra periodistas generaron discusiones que sirvieron para que los mexicanos apreciaran el genuino valor de los derechos humanos. El beneficio educativo que tales debates aportaron a la cultura política nacional es tan positivo como evidente.

Esa conciencia ciudadana se reflejó en las 5 mil 244 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos que recibimos durante el 2007, así como los más de 39 mil servicios de atención al público que dimos en el Distrito Federal y a las más de 6 mil personas que atendimos en nuestras oficinas ubicadas en diversos puntos de la república, particularmente en las fronteras.

Las autoridades que generaron más quejas fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social con 15 mil 15 y la Procuraduría General de la República con 671; le siguieron la Secretaría de la Defensa Nacional con 368, la Secretaría de Educación Pública con 310 y el Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con 307.

Otras 270 quejas fueron generadas contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 221 correspondieron al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Contra el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, de la Secretaría de Seguridad Pública, se presentaron 220 quejas.

Recibimos 198 quejas sobre los servicios de la Comisión Federal de Electricidad y 136 contra la Policía Federal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública. Contra la Secretaría de Relaciones Exteriores y contra Luz y Fuerza del Centro se presentaron 115 y 110 quejas, respectivamente.

En el mismo periodo en el que recibimos esas quejas, emitimos recomendaciones. Las autoridades que recibieron más recomendaciones fueron el Instituto Nacional de Migración, con ocho, le siguieron el gobierno de Guerrero, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de la Defensa Nacional, con seis cada uno; el gobierno del estado de Veracruz y la Secretaría de Seguridad Pública Federal recibieron cuatro recomendaciones.

Los gobiernos de Jalisco y de Oaxaca, el Congreso de Veracruz y el ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, se hicieron acreedores a tres. Tanto los gobiernos de Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo, Sinaloa y el Distrito Federal, así como el ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, recibieron dos recomendaciones cada uno.

Emitimos también una recomendación general sobre los derechos de las víctimas del delito, en la que enumeramos una serie de medidas que consideramos deben tomarse para asegurar que quienes sufren la acción de la delincuencia sean tratados debidamente por la autoridad y no sufran una segunda victimización a manos de la burocracia.

El sistema penal en México debe evolucionar y ser más equitativo. Es hora de que los delincuentes no sean más importantes que las víctimas, de que la reparación del daño sea tan relevante como el correctivo y la indemnización tan trascendente como la rehabilitación social.

Es hora de que el Estado vea las dos facetas del drama penal con humanismo y con justicia.

Señalo la falta de disposición de algunas autoridades para atender las violaciones de derechos humanos: el gobernador de Guerrero se negó a aceptar dos de nuestras recomendaciones, al igual que el ayuntamiento de Apizaco, Tlaxcala. El gobernador de Baja California rechazó una recomendación; lo mismo hizo el gobernador de Colima, así como cada uno de los siguientes ayuntamientos oaxaqueños: Ánimas Trujano, San Agustín de las Juntas, San Agustín Yatareni, San Antonio de la Cal, San Jacinto Amilpas, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa María Atzompa y Villa de Zaachila.

Los ayuntamientos de Huitzilac, en Morelos, y Xoxocotla, en Veracruz, se negaron a aceptar sendas recomendaciones.

A esta Comisión Nacional le preocupa especialmente que sea en los ayuntamientos donde haya mayor rechazo a la defensa de los derechos humanos, porque en el palacio municipal está la primera puerta que el ciudadano toca cuando enfrenta un problema, la primera cara que el Estado presenta al pueblo.

El alcalde y el cabildo encarnan la democracia participativa por su cercanía con la comunidad. Justamente por ello, cuando un ayuntamiento atenta contra los derechos humanos, la gravedad de la falta se magnifica; es ahí donde comienza a debilitarse la confianza en la autoridad y donde se cancela la posibilidad de la justicia.

Hago un llamado a los Congresos locales para que, desde sus atribuciones soberanas, vigilen muy de cerca la actuación de los ayuntamientos en materia de derechos humanos.

No debemos permitir que la falta de atención a los gobiernos de las más pequeñas comunidades propicie una balcanización. No podemos permitir que se pervierta la laudable lucha histórica por el municipio libre, creando o promoviendo cotos de poder, deudos o cacicazgos.

Al rechazar nuestras recomendaciones, las autoridades se alejan de la causa de los derechos humanos. Espero que la opinión pública de las comunidades a las que esos gobernantes pertenecen señale y condene sus faltas.

Es necesario, señoras legisladoras y señores legisladores, reflexionar sobre el deterioro que ha sufrido la relación de las Fuerzas Armadas con la sociedad desde que encabezan la lucha contra la delincuencia organizada.

Históricamente, los mexicanos nos hemos enorgullecido de tener un Ejército que nace del pueblo y al pueblo se debe; que se distingue entre todas las Fuerzas Armadas de la región por su vocación constitucionalista, su obediencia a la autoridad civil y su respeto a la democracia.

Desgraciadamente, ahora que el soldado interactúa de manera permanente con la población civil en tareas para las cuales no está debidamente capacitado, han ocurrido gravísimos atropellos a los derechos humanos.

Durante 2007, documentamos sobradamente casos de tortura, violación y homicidio. Reconocemos que las autoridades militares se aprestaron a enfrentar esas situaciones aceptando nuestras recomendaciones. Es evidente que individuos pertenecientes a las Fuerzas Armadas cometieron abusos de la máxima gravedad; pero también lo es, que el alto mando aceptó investigar y castigar los hechos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ve con beneplácito que la Secretaría de la Defensa Nacional haya creado una dirección general para tratar los asuntos relacionados con la vigencia de los derechos fundamentales.

Insisto en el tema, para no dejar lugar a dudas. La CNDH no considera conveniente que el Ejército abandone de inmediato la lucha contra el narcotráfico, porque la ausencia de las Fuerzas Armadas condenaría a millones de mexicanos a la indefensión, sobre todo en zonas rurales. Sin la potencia del Ejército el crimen organizado vería el Estado como un tigre de papel.

Sin embargo, es indispensable que se anuncie, a la brevedad posible, una hoja de ruta con un calendario claro, detallando qué acciones concatenadas se harán para regresar al Ejército a los cuarteles. Esa retirada necesariamente debe ser paulatina, prudente y cautelosa, pero es indispensable para evitar nuevas violaciones a los derechos humanos de la población civil y preservar el orgullo que los mexicanos sentimos por nuestros soldados.

Otro tema que trabajamos con gran intensidad fue el conflicto en Oaxaca. Con una presencia permanente in situ, nos aseguramos de contar con información de primera mano y procuramos que la presencia de nuestros visitadores inhibiera violaciones a los derechos humanos. Presentamos un informe especial y recomendación sobre el caso.

El saldo de dicho conflicto, que para muchos sigue latente, ha sido lamentable. Persisten las diferencias entre los oaxaqueños y se ve distante la reconciliación social. La confianza que el Estado mexicano perdió con su injustificable ausencia, difícilmente podrá ser recuperada. El daño que sufrió la educación de millones de niños es irreparable, jamás podrán reponer esas clases que perdieron por un conflicto que les era por demás ajeno.

Un tema que ha definido la evolución de nuestra sociedad es la desigualdad entre hombres y mujeres. Participamos en ese debate mediante un intenso trabajo que generó un informe especial. Señalamos caminos por los cuales las diversas autoridades pueden ejercer una acción de gobierno más justa, más respetuosa y con una visión de género equilibrada.

La democracia que hemos alcanzado en diversos ámbitos de nuestra vida social debe reflejarse en el trato que la autoridad brinde a la mujer. No es posible que la discriminación y la desigualdad persistan en el trabajo que el gobernante da a los gobernados. Es necesario que la autoridad brinde ya el primer ejemplo de trata equitativa hacia las mujeres y los hombres.

La tortura, por otro lado, sigue siendo una preocupación vigente para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque no es aceptable que la ilegalidad se combata con más ilegalidad.

Afortunadamente recibimos más atribuciones para prevenirla y denunciarla, gracias a que a nuestra institución se le otorgó la operación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Ello de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, al cual el Estado mexicano se adhirió el 22 de junio de 2006.

Con las nuevas herramientas que nos proporcionó el Estado, podemos inspeccionar los espacios públicos para vigilar las condiciones en las cuales se refiera a las personas privadas de la libertad, manteniendo al mismo tiempo una estrecha comunicación con los organismos internacionales.

Con gran preocupación hemos visto que la delincuencia organizada ha hecho crecer la trata de personas con fines de explotación. Por ello, en la Quinta Visitaduría General, abocada a vigilar la situación de los migrantes, establecimos el Programa contra la Trata de Personas. Estamos decididos a combatir esa moderna forma de esclavitud y a hacer de nuestro país un espacio de plena libertad para los migrantes. Para ello contamos con la colaboración de actores sociales comprometidos.

Queremos llamar la atención sobre un asunto de la mayor importancia: la violación contra la libertad de expresión. En la Comisión Nacional estamos convencidos que un ataque a la prensa es un ataque a la democracia. Por eso durante 2007 abrimos 84 expedientes de queja por agravios a periodistas. También documentamos 88 casos en los que podía haber violación a derechos humanos de los comunicadores.

Es especialmente preocupante que durante 2007 fueran asesinados 4 periodistas y otros 3 desaparecieran. Del 2000 a la fecha ya han muerto 35 periodistas y han desaparecido 6. Sin embargo, las investigaciones de las autoridades han arrojado pobres resultados. La escasa atención gubernamental ha creado un ambiente de impunidad. Hoy, en México el periodismo se ejerce bajo amenaza.

Por conducir una magistratura de opinión, el ombudsman nacional trata de incidir sobre el desarrollo cívico y político de la sociedad mexicana. Por ello, en 2007 la CNDH alcanzó una producción editorial de un millón 540 mil ejemplares. Además con nuestro programa de capacitación llegábamos a 72 mil personas de los ámbitos de educación formal, media superior, diplomados y capacitación a grupos vulnerables, organizaciones sociales y servidores públicos.

Nuestras acciones se dieron en el marco de un estrecho contacto con la sociedad. Jamás de manera aislada. En 2007 ejecutamos 751 acciones de vinculación por medio de las cuales abrimos camino para trabajar conjuntamente con organizaciones sociales en la defensa plural y participativa de los derechos humanos.

Señora diputada Presidenta, señoras legisladoras y señores legisladores, la pluralidad y la multiculturalidad de nuestra extensa nación se ven plenamente reflejados en la integración del Poder Legislativo. En esta soberanía respira y late el poder del pueblo. No es casualidad que el ombudsman nacional sea elegido por legisladores como garantía de un respaldo políticamente diverso a los derechos humanos.

Me es grato informar que el respaldo del Poder Legislativo a nuestro trabajo fue tomado muy en cuenta por los gobernantes: la mayoría de nuestras recomendaciones fueron aceptadas por las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Así como el año pasado hice público ante esta honorable audiencia que habíamos sido objeto de demandas judiciales y presiones diversas por funcionarios federales, hoy informo que esas acciones de intimidación ya cesaron.

Muy por el contrario, hemos visto que la nueva administración federal ha abierto canales de interlocución y nuevos espacios de defensa de los derechos humanos. Aunque ha habido graves errores, justo es reconocer también la voluntad política para enmendarlos. Además, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hemos advertido, con gran satisfacción, que la defensa de los derechos humanos ha tenido un lugar preponderante en la agenda del Poder Legislativo, sobre todo a partir de un intenso trabajo de las comisiones respectivas.

Las discusiones, opiniones y declaraciones generadas por legisladores han servido de guía a nuestra labor. En todo ello hemos visto que la fuerza social detrás de la defensa de los derechos humanos ha sido respetada por el Estado. Hay más conciencia, más preocupación y, en la mayoría de los casos, más políticos y gobernantes dispuestos a escuchar y a corregir el rumbo Desgraciadamente también seguimos sufriendo, como sociedad, serias trabas de diversas autoridades.

No podemos decir a las familias de los periodistas asesinados y desaparecidos que en México hay pleno respeto a los derechos humanos. Tampoco podemos esperar que los oaxaqueños confíen en un Estado que los dejó indefensos durante tantos meses. De cada cárcel, de cada comunidad indígena, de cada hospital público, de cada estación migratoria ha salido más de una persona cuyos derechos han sido atropellados.

Hay situaciones humanas desgarradoras, trágicas, provocadas por una deficiente y a veces inexistente acción gubernamental; sin embargo, tenemos una clara ventaja que permitirá a la nación mexicana seguir creciendo. Ya se reconoce a los derechos humanos como el cimiento de nuestra democracia. Hay plena conciencia de que ejercerlos es la libertad que hace posibles todas las libertades.

Por ello, al rendir mi informe ante esta soberanía estoy obligado a señalar la grave situación de los derechos humanos en México; sin embargo, también tengo que resaltar que la pluralidad en la capacidad política de los mexicanos, en la muticulturalidad de nuestra nación y en la solidez de nuestro tejido social existen herramientas para crear una república con respeto a los derechos fundamentales y con justicia para todos. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En nombre de los integrantes de esta Comisión Permanenteagradezco su presencia para dar cuenta sobre el reciente año de gestión al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Su asistencia cumple con uno de los artículos plasmados en nuestra Carta Magna y fortalece la comunicación entre poderes y entre las instituciones que tenemos, a fin de representar los intereses de los ciudadanos.

La creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue una demanda ciudadana, en su momento, para evitar abusos de poder de la política interior, hoy indispensable ---como lo hemos escuchado--- también para evitar el abuso del ejercicio del poder en un mundo globalizado.

Nosotros, en el respeto a la cultura de la ley y la cultura de la legalidad requerimos un cabal respeto a los derechos humanos. Por ello, este tema es fundamental y prioritario para la discusión y búsqueda de acuerdos de la reforma del Estado.

Nuestra pretensión es reconocer los derechos humanos que se contemplan en nuestra Constitución y garantizar que éstos sean garantes de justicia en el actuar de los cuerpos policíacos y de procuración de justicia; pero también preservar y garantizar los derechos humanos de aquellos que son víctimas de algún delito en el ámbito nacional o internacional. Sabemos que seguiremos contando con el apoyo que indiscutiblemente usted le ha otorgado con sus informes y propuestas a este Poder Legislativo.

Finalizo con una cita de Fernando Savater: ``Los derechos humanos pueden ser considerados el adelanto de la futura constitución del Estado mundial o del centro de control al que pueda recurrirse con la eficacia por encima de los estados nacionales''.

Enhorabuena, señor José Luis Soberanes Fernández. Muchas gracias por el informe. Estamos aquí con la comisión designada, a la hora que usted guste retirarse, está en disposición de hacerlo.

Se turna el informe del doctor José Luis Soberanes Fernández a las Comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Vamos a dar inicio, a continuación, con los dictámenes de primera lectura.

En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 7 de enero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicitó el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Lucas Sánchez Pérez pueda prestar servicios como chofer en la Embajada de Canadá en México.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 16 de enero del año en curso se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Articulo Único. Se concede permiso al ciudadano Lucas Sánchez Pérez para prestar servicios como chofer en la Embajada de Canadá en México.

Es de primera lectura.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

En oficio fechado el 7 de enero de 2008, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicitó el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Israel Eduardo Gil Meza, Mirna Beatriz Márquez Cárdenas, Mónica Maciel López y Salvador Guerra Hernández puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada y Consulados de Estados Unidos de América en México; en Guadalajara, Jalisco, y en Monterrey, Nuevo León, respectivamente.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 16 de enero, se turnó a la suscrita comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Israel Eduardo Gil Meza, para prestar servicios como ayudante general (electricista) en la Sección de Mantenimiento en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso a la ciudadana Mirna Beatriz Márquez Cárdenas para prestar servicios como asistente administrativa en el Área de Servicios Generales en el Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Tercero. Se concede permiso a la ciudadana Mónica Maciel López para prestar servicios como auxiliar en la Sección Consular en el Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Salvador Guerra Hernández para prestar servicios como empleado en el Departamento de Servicios Generales en el Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Es de primera lectura.

*PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes de la Primera Comisión de Trabajo relativos a la solicitud de permiso. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se dispensa la segunda lectura de los dictámenes y se ponen a discusión y votación de inmediato. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensa la lectura.

En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes de la Primera Comisión de Trabajo con proyectos de decreto que conceden permiso a diversos ciudadanos para prestar servicios a gobiernos extranjeros, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se dispensa la segunda lectura a de los dictámenes y se ponen a discusión y votación de inmediato. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta. Se dispensa la lectura.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Lucas Sánchez Pérez para prestar servicios en la Embajada de Canadá en México.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

CONDECORACIONES

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Juan Arturo Brennan Hanson, pueda aceptar y usar la condecoración de la ``Orden del León de Finlandia'', en grado de Caballero de Primera Clase, que le concede el gobierno de la República de Finlandia.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del Apartado C), del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Juan Arturo Brennan Hanson para aceptar y usar la condecoración de la ``Orden del León de Finlandia'', en grado de Caballero de Primera Clase, que le concede el gobierno de la República de Finlandia.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal al final.

*PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Israel Eduardo Gil Meza, Mirna Beatriz Márquez Cárdenas, Mónica Maciel López y Salvador Guerra Hernández para prestar servicios en la Embajada y Consulados de Estados Unidos de América en México, Guadalajara, Jalisco, y Monterrey, Nuevo León, respectivamente.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados en un solo acto.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los proyectos de decreto. Se pide que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Por la afirmativa, el diputado Manuel Portilla Diéguez; por la negativa, el senador Rogelio Rueda.

La senadora Adriana González Carrillo (desde la curul): González Carrillo, a favor.

El diputado Gregorio Barradas Miravete (desde la curul): Gregorio Barradas, a favor.

El diputado Ector Jaime Ramírez Barba (desde la curul): Ector Jaime Ramírez Barba , en pro.

El senador Adolfo Toledo Infanzón (desde la curul): Toledo Infanzón, en pro.

El senador Jorge Legorreta Ordorica (desde la curul): Legorreta Ordorica, a favor.

La senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui (desde la curul): María de Lourdes Rojo e Incháustegui, a favor.

El senador Guadalupe Francisco Javier Castellón Fonseca (desde la curul): Francisco Javier Castellón, a favor.

El senador Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): Silvano Aureoles, a favor.

El diputado Salvador Ruiz Sánchez (desde la curul): Salvador Ruiz, a favor.

El senador Héctor Pérez Plazola (desde la curul): Pérez Plazola, sí.

El diputado Joel Arellano Arellano (desde la curul): Arellano Arellano, a favor.

La diputada Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (desde la curul): Liz Evelia Rodríguez, a favor.

El senador Humberto Andrade Quezada (desde la curul): Andrade Quezada, a favor.

El senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (desde la curul): Ocejo Moreno, a favor.

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (desde la curul): Tamborrel, a favor.

El diputado Carlos Alberto García González (desde la curul): Carlos García González, a favor.

El diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (desde la curul): Marco Heriberto Orozco Ruiz Velasco, a favor.

El diputado Samuel Aguilar Solís (desde la curul): Samuel Aguilar, a favor.

El senador José Eduardo Calzada Rovirosa (desde la curul): José Calzada, a favor.

El senador Alfonso Elías Serrano (desde la curul): Alfonso Elías, a favor.

El senador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (desde la curul): Alejandro Moreno, a favor.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): Arreola Pablo, a favor.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Alavez Ruiz, a favor.

El diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado (desde la curul): Fausto Mendoza, a favor.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: ¿Falta algún legislador por emitir su voto?

La diputada María del Pilar Ortega Martínez (desde la curul): Pilar Ortega Martínez, a favor.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Se va a proceder a recoger la votación de la Mesa Directiva. Portilla Diéguez, a favor.

El senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: Rueda, a favor.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Se emitieron 29 votos en pro y 0 en contra.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobados los proyectos de decreto por 29 votos. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

REPUBLICA ISLAMICA DE PAKISTAN

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictamen con punto de acuerdo. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se autoriza que sólo se dé lectura al punto de acuerdo.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura al punto de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se autoriza, por tanto, que proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido en favor del ciudadano Arturo Hernández Basave como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Islámica de Pakistán y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante las Repúblicas de Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la del Congreso de la Unión, correspondiente al primer receso del segundo año de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen, el expediente relativo al nombramiento que el presidente de la república hace en favor del ciudadano Arturo Hernández Basave embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Islámica de Pakistán y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante las Repúblicas de Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán, enviado a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la fracción XVI del artículo 89.

Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta comisión desea señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano Arturo Hernández Basave, consta que nació en la ciudad de México, Distrito Federal, el 7 de abril de 1957. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima que se requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

En su currículum vitae, que la Secretaría de Gobernación envió a esta soberanía, se establece que el ciudadano Arturo Hernández Basave realizó la licenciatura en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es diplomático de carrera, habiendo ingresado al servicio exterior mexicano en 1981 mediante concurso nacional. Mediante sucesivos concursos de ascenso obtuvo el rango de ministro en 1993.

El ciudadano Arturo Hernández Basave tiene una amplia experiencia en el servicio exterior mexicano, así lo demuestran sus antecedentes laborales. A lo largo de su carrera se ha desempeñado indistintamente en el área bilateral y multilateral, en ocasiones atendiendo ambas funciones de manera simultánea. También ha ocupado cargos consulares.

Desde el 24 de julio de 2006, ocupa el cargo de director general adjunto en la Dirección General para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en México. En el pasado se desempeñó como jefe del Departamento para Asuntos Económicos y Sociales y jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de Estados Americanos, en la Dirección General para Organismos Regionales Americanos, de 1981 y 1985 y como director para Asuntos Jurídicos y Políticos de la Dirección General para Naciones Unidas, entre 1988 y 1989.

En el exterior ha estado adscrito a la Embajada de México en Grecia, de 1985 a 1988; la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, de 1989 a 1993; la Embajada de México en Países Bajos, de 1993 a 1996, habiendo estado acreditado simultáneamente como representante permanente de México ante la comisión preparatoria encargada de crear la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ). De 1996 a 2004 fungió en la Misión Permanente de México ante la Oficina de Naciones Unidas y los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Suiza y de 2004 a 2006 en la Embajada de México en Chile.

Es importante resaltar que el ciudadano Arturo Hernández Basave ha ocupado diversos cargos de elección en las Naciones Unidas y en diversos organismos internacionales. En la comisión preparatoria de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), de 1993 a 1994 actuó como coordinador regional del Grupo de Países de América Latina y el Caribe; en 1994 fue presidente del pleno de la comisión; y de 1995 a 1996 fue presidente del Comité del Programa y Presupuesto. Dentro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en 2000 fue el presidente del Comité de Asuntos Jurídicos de la Conferencia Diplomática para la Adopción del Tratado sobre Patentes, y de 1999 a 2001 fue presidente del Comité del Programa y Presupuesto.

Asimismo, de 2000 a 2001 el embajador designado participó en la Coordinación Regional del Grupo de Países de América Latina y del Caribe (Grulac), a cargo de México, en la Comisión de Derechos Humanos y en la Conferencia Mundial de Durban contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. En 2001 participó en la Vicepresidencia de México, en representación de América Latina y del Caribe, de la Conferencia Mundial de Durban contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Y en 2000 y 2001 fue electo vicepresidente-relator del Comité Preparatorio de la Conferencia Mundial de Durban contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, de igual manera.

En el ámbito académico y de investigación, el ciudadano Arturo Hernández Basave ha tenido una actividad relevante. Fue investigador en el tema de derechos humanos en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ha publicado dos obras; el ensayo sobre el funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en ocasión del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y su tesis profesional bajo el título de El sistema internacional de protección de los derechos humanos . Asimismo, a lo largo de su carrera ha dictado conferencias sobre diversos temas de política exterior de México, en universidades e instituciones de enseñanza superior nacionales e internacionales.

Además del español, el ciudadano Arturo Hernández Basave habla inglés, francés, griego, italiano y portugués.

La comisión que suscribe citó al ciudadano Arturo Hernández Basave, a una reunión en donde se conversó sobre la política exterior de nuestro país, y en forma especial, sobre la relación bilateral con la República Islámica de Pakistán, en particular, y de las Repúblicas de Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán.

Dicha reunión, que tuvo verificativo el día de hoy y en la misma, los legisladores que integramos esta comisión que dictamina, conversamos sobre los citados temas con el embajador designado, pudiendo comprobar por este medio el grado de experiencia y preparación que ha obtenido a lo largo de su carrera profesional.

En el programa de trabajo, presentado por el embajador designado ante esta comisión, se señala que en el ámbito político diplomático tendrá como objetivo poner en marcha un amplio programa de trabajo para fortalecer la presencia de México en esa zona del mundo, promover los intereses de nuestro país y acrecentar nuestros vínculos con esos países, de forma prioritaria con Pakistán, en todos los ámbitos. Para ello, dará especial atención al diálogo político, el intercambio comercial y de inversión y la cooperación.

El ciudadano Arturo Hernández Basave expuso sus principales líneas de trabajo como embajador designado de México en Pakistán:

A) Diálogo y concertación política

Desde la Embajada de México en Pakistán se propuso establecer un diálogo respetuoso con los principales líderes políticos del país, en un marco de pleno respeto a los asuntos internos de Pakistán, para tener un conocimiento a cabalidad de la realidad del país y poder comprender mejor su realidad y evolución política, lo que es fundamental al momento de realizar labores de promoción comercial y de inversión, en beneficio de México. Además, establecerá contacto regular con los principales líderes y actores políticos y económicos del país, con el objeto de explorar vías de profundización de la relación bilateral en todos sus ámbitos. En todos los encuentros que sostenga mencionó que difundirá las oportunidades de inversión en México.

B) Relaciones comerciales

La dinámica de la globalización, dice el embajador designado, que obliga a nuestro país ha estar atento a los cambios en el mundo, para aprovechar de la manera más óptima posible las oportunidades de diversificación de nuestras relaciones económicas y comerciales, en beneficio de nuestros esfuerzos de desarrollo nacional. Bajo este contexto, dice que impulsará la presencia de nuestro país en esa zona, mediante la promoción de visitas oficiales recíprocas de alto nivel, así como de empresarios y otros sectores que coadyuven no sólo al mejor conocimiento mutuo, sino a la identificación de posibles oportunidades de negocios y de cooperación, con el fin de crear las condiciones necesarias para que las empresas mexicanas accedan al mercado pakistaní y, a través de éste, a los países de Asia central ante los cuales quedaría acreditado de manera concurrente. Y afirma que promoverá la participación de México en ferias comerciales y turísticas y en todo evento en el que se puedan dar a conocer las oportunidades de comercio e inversión entre los dos países.

C) Asuntos culturales

Sobre estos tópicos, el ciudadano Arturo Hernández Basave mencionó que la difusión de la cultura es un vehículo eficaz para acrecentar el conocimiento mutuo entre las sociedades de México y Pakistán. Dice estar consciente de que por la lejanía geográfica quizás resulte complicado mantener un programa sustantivo en la materia y que por ello se mantendrá alerta al desarrollo de actividades de difusión cultural de México en la región de Asia-pacífico, para que se incluya a Pakistán en las diversas manifestaciones artísticas itinerantes que suele llevar a cabo nuestro gobierno. Asimismo, buscará el financiamiento de empresarios pakistaníes y mexicanos para la realización de actividades conjuntas, con el fin de difundir la rica herencia cultural de ambos países.

D) Cooperación técnica y científica

Sobre este tema, dijo que en estrecha consulta con las autoridades de ambos países explorará las posibilidades de realizar programas en áreas prioritarias para los dos países, buscando aprovechar las ventajas comparativas de cada país.

E) Asuntos consulares y de protección a mexicanos

El ciudadano Arturo Hernández Basave manifestó que dará prioridad fundamental a la promoción de los intereses de los mexicanos residentes en Pakistán y, siempre que sea necesario, brindará asistencia y protección consular a nuestros connacionales que se encuentren en territorio pakistaní y en los países ante los cuales la Embajada será concurrente. Asimismo, atenderá con diligencia los requerimientos consulares que sean solicitados por mexicanos y pakistaníes. Como tarea permanente, dijo que se reunirá periódicamente con la comunidad mexicana en Pakistán y en los países de las concurrencias y diseñará un mecanismo de información electrónica para que la comunidad mexicana esté bien informada del acontecer nacional.

F) Imagen de México

Comentó que la Embajada de México en aquel país y sus concurrencias velará de manera permanente por la buena imagen de México y que promoverá la difusión objetiva de nuestra realidad nacional, mediante el contacto permanente con los representantes de los medios y los actores sociales de mayor influencia en el país.

Estrategia para las concurrencias: Tayikistán, Kirguistán y Uzbekistán

El ciudadano Arturo Hernández Basave mencionó, sobre los países concurrentes, que a pesar de que la relación bilateral es simbólica con aquellos, y que ha estado limitada a escasos contactos en foros multilaterales, buscará promover el diálogo político, por lo que se propone explorar las posibilidades reales y objetivas de crear un mínimo marco jurídico e institucional que permita profundizar la relación bilateral. De igual manera procurará sostener un diálogo permanente con las embajadas de esos países en Islamabad y realizar visitas periódicas a las capitales de los tres países para sostener conversaciones con sus más altas autoridades.

El embajador designado señaló que, en el marco de estos encuentros, siempre estará atento a las oportunidades de comercio e inversión, así como de cooperación en todos los ámbitos, especialmente en lo que se refiere a educación y cultura, así como en materia de ciencia y tecnología, y que para apoyar la presencia de México en esos tres países, promoverá la designación de cónsules honorarios, preferentemente del sector empresarial, para dar un mayor impulso a las relaciones económicas y comerciales bilaterales.

Para concluir, el ciudadano Arturo Hernández Basave dijo que, en el caso que esta soberanía lo ratifique, se propone a dar continuidad a los proyectos en curso y trabajar con entusiasmo y entrega en el fortalecimiento de la relación bilateral y de la presencia de México en la región del mundo a la que ha sido asignado, buscando siempre crear un ambiente propicio para la colaboración bilateral, en función de la promoción y defensa de los intereses de México y de los mexicanos, de tal forma que su gestión contribuya, así sea de manera modesta, a nuestros esfuerzos nacionales de desarrollo económico y social.

Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de la comisión que suscribe consideramos que el ciudadano Arturo Hernández Basave reúne en su persona amplias cualidades y méritos suficientes para el buen ejercicio del cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Islámica de Pakistán y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante las Repúblicas de Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán.

En tal virtud, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente

Acuerdo

Único. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió en favor del ciudadano Arturo Hernández Basave, embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Islámica de Pakistán y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente, ante las Repúblicas de Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo.

No habiendo oradores inscritos, se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.

Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Arturo Hernández Basave, cuyo nombramiento como embajador extraordinario y plenipotenciario de México acaba de ser aprobado por esta asamblea. Para que lo introduzcan al salón y lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley se designa a la comisión siguiente: al diputado Carlos Alberto García González , al senador Eduardo Calzada Rovirosa, al senador Silvano Aureoles Conejo, al senador Jorge Legorreta Ordorica y al diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva .

Se pide a la comisión cumplir este encargo, por favor.

(La comisión cumple su cometido)

El Secretario senador Rogelio Rueda Sánchez: Se invita a los presentes a ponerse de pie.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Si por favor nos permiten los señores que están en los pasillos hablando; si nos permiten, vamos a tomar la protesta, por favor.

Ciudadano Arturo Hernández Basave, ¿protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Islámica de Pakistán y, en forma concurrente, sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante las Repúblicas de Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán, que se le ha conferido, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión?

El ciudadano Arturo Hernández Basave: Sí, protesto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.

Se pide a la comisión designada a acompañar al embajador cuando desee retirarse.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con punto de acuerdo relativo a la ratificación que el presidente de la república hace a favor del ciudadano Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione como secretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se autoriza que sólo se le dé lectura al punto de acuerdo.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se autoriza. Por tanto, proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo, por favor.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la ratificación que el presidente de la república hace en favor del ciudadano Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la del Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen respectivo, el oficio suscrito por el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, por el que a su vez remite el diverso suscrito por el presidente de la república, mediante el cual somete a la aprobación de la Comisión Permanente, la propuesta de ratificación del ciudadano Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione, como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Con fundamento en los artículos 78, fracciones III y VII, 89, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

1. En sesión de la del Congreso de la Unión, de fecha 16 de enero de 2008, se recibió oficio de la Secretaría de Gobernación por el que comunica que el presidente de la república designó al ciudadano Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione, como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

2. Dicho oficio fue turnado por la Mesa Directiva a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la del Congreso de la Unión.

3. Con fecha 22 de enero del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo, procedimos a la discusión del presente dictamen con base en los siguientes

Considerandos

1. Recibida la designación del Ejecutivo federal, en uso de las atribuciones que le confieren las fracciones IV y XVI del artículo 89 constitucional, la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, en su caso, deberán resolver sobre el particular en los términos de lo dispuesto por los preceptos legales aplicables.

2. La comisión dictaminadora realizó un exhaustivo análisis del expediente personal del interesado, y del cual se desprende que el licenciado en Economía con maestría en Dirección Internacional, Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione, propuesto para ocupar el cargo de subsecretario de Egresos, cumple con los requisitos.

3.- Lo anterior es así, toda vez que tal como se desprende del expediente del ciudadano Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione, remitido a esta soberanía el día 16 de enero de 2008, se evidencia que cuenta con la experiencia y el perfil requeridos para desempeñar el puesto de subsecretario de Egresos, en virtud de que a lo largo de su carrera en diversas áreas como coordinador de asesores de la Oficina de la Presidencia de la República, responsable del área de Política Económica dentro de la Coordinación de Políticas Públicas del equipo de transición del presidente; presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Su destacada trayectoria en el sector público incluye también diversos cargos de alta responsabilidad en las Secretarías de Energía y Agricultura.

4. En este orden de ideas, es claro que el ciudadano Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione cuenta con la formación académica y el perfil adecuados para realizar las funciones que tiene a su cargo el funcionario propuesto por el titular del Ejecutivo federal, toda vez que tal como se desprende del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el subsecretario de Egresos es el encargado de planear, organizar, dirigir, instrumentar y evaluar las actividades correspondientes a la responsable aplicación de recursos públicos, la formulación y evaluación de políticas públicas en programas instrumentados por la administración Pública Federal.

5. Esta comisión dictaminadora acordó citar a una reunión al ciudadano referido, el 22 de enero del año en curso. Reunión que tuvo como propósito realizar un examen valorativo de la conducta personal y profesional, de su antigüedad y experiencia profesional, de su vocación, probidad, honorabilidad y, desde luego, de su conocimiento en la materia.

6. De los considerandos 3, 4 y 5, y los resultados del examen valorativo de la conducta personal y profesional, de su antigüedad y experiencia profesional, de su vocación, probidad, honorabilidad y, desde luego, de su conocimiento en la materia, se desprende que el ciudadano Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione se le considera apto para desempeñarse como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicos.

7. Como puede apreciarse, el ciudadano Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione cuenta con los elementos suficientes, para aportar a la Subsecretaría de Egresos los conocimientos en la evaluación, el diseño y ejecución de la política pública, conjuntando experiencia en diversos sectores de dicha actividad, por lo que su designación al frente de la Subsecretaría de Egresos permitirá consolidar un ejercicio del gasto público eficiente y apegado a los mejores parámetros en materia de transparencia y rendición de cuentas.

8. En esa virtud, los integrantes de la comisión resolvieron que el ciudadano Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione reúne y satisface el perfil adecuado para ser ratificado como Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Esta Tercera Comisión de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracciones III y VII, 89, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, resulta competente para dictaminar las ratificaciones de los empleados superiores de Hacienda.

Segundo. Se ratifica el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, del ciudadano Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione, como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Tercero. Tómese la protesta de ley al ciudadano citado en el resolutivo segundo anterior para estar en aptitud de desempeñar el cargo de subsecretario de Egresos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. Se abre el registro de oradores. Van a pasar, ¿verdad? ¿Nadie más está registrado? Entonces tiene el uso de la palabra el senador Castellón Fonseca.

El senador Guadalupe Francisco Javier Castellón Fonseca: Muchas gracias, Presidenta.

El nombramiento del subsecretario de Egresos, que es el punto que nos trae aquí, nos lleva también a una reflexión que tiene que ver con la política de gasto del gobierno. Seguramente esta Comisión Permanente aprobará el nombramiento del maestro Dionisio Pérez Jácome como subsecretario de Egresos. Pero es importante señalar algunos aspectos de la política de gasto de gobierno porque es fundamental esta área en el funcionamiento del mismo.

Hemos escuchado, en los últimos días, declaraciones del titular del Ejecutivo que hablan de que la política del gasto de gobierno se basará en cuatro grandes motores. Incluso habla de que esos motores enfrentarán la crisis financiera que está a punto de convertirse ---primero, hipotecaria, luego financiera--- en una crisis de mayores proporciones en Estados Unidos y que blindará a nuestra economía.

El titular del Ejecutivo habló de cuatro grandes motores generados a partir del gasto público en infraestructura, en vivienda, en campo y en servicios. Hay que recordar al titular del Ejecutivo y a quienes sostienen la tesis de que detrás de esos grandes motores hay un gran tanque de gasolina que se llama Pemex y que ese tanque de gasolina no debemos ni de venderlo ni de regalarlo.

Pero también hay otro tanque de gasolina, que son las exportaciones industriales que, si se cae la economía de Estados Unidos, de la cual dependemos en nuestro comercio en más de 90 por ciento, entonces sufriremos en mucho los efectos de esta crisis.

Sin embargo, es loable que se recupere la tesis ya dejada de lado por populista de que el gasto público se convierta en el motor de la economía, y eso hay que observarlo.

Por otro lado, quiero comentar al nuevo subsecretario de Egresos, de quien su currículum habla que se ha desempeñado con eficiencia y honestidad en sus anteriores cargos, que en este cargo de la Subsecretaría de Egresos no solamente se requiere probidad, honestidad y eficiencia.

Ayer, en la reunión de comisiones, le comentamos que también se requiere sensibilidad económica, sensibilidad social y sensibilidad política, porque el mejor gasto ejercido no es el ahorro que se realice en las dependencias públicas, como muchos funcionarios lo quieren ver, sino el gasto que tiene el mayor impacto en el nivel de vida y de bienestar de la gente, sobre todo de la gente de menores recursos en el país.

Le pedimos, entonces, esa sensibilidad que a veces los funcionarios de Hacienda no parecen tener. Y en esa sensibilidad es importante ---y lo repetimos una y otra vez--- la revisión de las reglas de operación que en muchos programas gubernamentales se tornan inaccesibles ante la forma en que se plantean las reglas para ejercer dicho gasto.

Ha habido muchas protestas; incluso muchas organizaciones del sector agropecuario siguen planteando la revisión de las reglas de operación ---ante lo que hemos llamado reglas draconianas--- para poder ejercer el gasto social en nuestro país.

Ayer, el subsecretario de Egresos, que está por ratificarse hoy, se comprometió a revisar las reglas para hacerlas mucho más fáciles, sencillas y accesibles, sobre todo a las organizaciones sociales. Esperemos que cumpla ese compromiso.

Por otro lado, también le comentamos que ha quedado la impresión de que con estas reglas de operación y con las políticas del gasto del gobierno federal, muchas veces se enmienda la plana al Legislativo. Hay programas aceptados y adoptados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto, que a la hora de ejercerlos en el cambio de las reglas de operación hay entonces una enmienda de la plana al Legislativo.

Ayer les prestamos la preocupación por dos casos: el caso de las universidades públicas mexicanas, que en los últimos días se ha comentado acerca de una reducción de mil 800 millones de pesos. Que es necesario observarla de una manera detenida y abordarla ya de inmediato.

Y de gastos, como rubros aprobados por la Cámara de Diputados: un subsidio de energía eléctrica en Nayarit, por ejemplo, que no ha sido ejercido solamente por la dificultad en las reglas de operación, que hace que ese gasto se vaya de la Secretaría de Hacienda al gobierno del estado, del gobierno del estado a la Comisión Federal, y la Comisión Federal no lo quiera aprobar para lo que es, que es un subsidio a las tarifas eléctricas, sino para pagar supuestos adeudos que tienen los usuarios allá.

No es posible ---y así se lo dijimos ayer al subsecretario--- que el Ejecutivo no pueda enmendarle la plana al Legislativo en lo que se refiere a la direccionalidad y a la intencionalidad del gasto.

Y por último, también le planteamos el asunto del gasto corriente en el gobierno federal. Siempre ha quedado la impresión de que el gasto corriente en el gobierno federal es muy alto, que el gasto que se realiza para conseguir el funcionamiento del gobierno federal implica muchos privilegios y muchos dispendios que de repente aparecen en la prensa mexicana.

Le pedimos transparencia en este asunto del gasto programable, porque se habla de millones y millones que supuestamente se han ahorrado del gasto público, cuando necesitamos saber dónde y de qué manera se han ahorrado los millones, porque también ahí implica otro asunto de gasto y que hay que revisarlo de determinada manera.

Le pedimos que la política de gasto del gobierno no sea solamente eficaz, eficiente, honesta, transparente, sino que también sea sensible política y socialmente. Gracias, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, senador Francisco Javier Castellón Fonseca.

Damos el uso de la palabra al diputado Adolfo Mota Hernández . Solicito a los compañeros legisladores que si en los otros puntos van a hacer uso de la palabra, pasen a decirnos, por favor.

El diputado Adolfo Mota Hernández: Gracias, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante.

El diputado Adolfo Mota Hernández: Sólo deseo reconocer la facultad que tiene la Comisión Política Permanente para ratificar un nombramiento tan importante como la Subsecretaría de Egresos.

Y decir, no solamente a nombre del grupo parlamentario, sino a título personal, el reconocimiento al perfil académico que reúne la persona que habrá de ser depositaria de este nombramiento y estoy seguro de la ratificación que esta Comisión Política Permanente habrá de realizar. De tal suerte que esperamos que esta nueva interlocución con la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en tema del Presupuesto, dé el seguimiento del mismo. En la plenaria de mi grupo parlamentario, ayer, nos hemos pronunciado por continuar con un grupo de trabajo que le dé seguimiento al gasto, a la aprobación del Presupuesto que hiciera esta Cámara de Diputados y de Senadores en el año pasado y, por supuesto, al tema de la Cuenta Pública.

De tal suerte que nosotros pensamos que el nombramiento de Dionisio Pérez Jácome reúne las características fundamentales y académicas para desempeñar muy bien este cargo de subsecretario de Egresos. Como su paisano, también me declaro contento por este reconocimiento a un veracruzano que se ha venido destacando, que tiene una trayectoria pulcra dentro de la administración pública y, desde luego, Presidenta, manifestar que mi voto y el de mi bancada será a favor de la ratificación de este buen nombramiento. Es cuanto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Adolfo Mota Hernández. Tiene el uso de la palabra el diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado.

El diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado: Gracias, Presidenta.

Ayer en la Tercera Comisión de la Comisión Permanente se analizó, se discutió, se atendió y se escuchó al ciudadano Dionisio Pérez Jácome. No dudamos en la comisión que reúne el perfil técnico-profesional para ese cargo. Pero también se le hicieron una serie de comentarios y de propuestas adicionales a las que ya expuso el senador Francisco Castellón.

Una de esas adicionales es que se le hizo ver que la desaceleración económica de Estados Unidos de Norteamérica provoca menor demanda de bienes y servicios interna en Estados Unidos, consecuentemente provoca disminución en las fuentes de trabajo.

También, consecuentemente va a originar la expulsión de muchos paisanos mexicanos que están allá. Al disminuir los paisanos mexicanos en el país del norte, obviamente van a bajar los envíos de las remesas de dinero a México, y eso impacta a la economía nacional, y también va a demandar, internamente en México, mayor fuente de trabajo.

¿Cómo está preparándose el Ejecutivo federal para sortear esta inminente posibilidad? Eso fue lo que se le cuestionó ayer. La elasticidad de ingreso de la demanda de las exportaciones se va a ver afectada. Eso provoca un desequilibrio en la balanza de pagos, aunado a otros factores como son la tasa de interés, el tipo de cambio y la sustitución de importaciones, que en un tiempo en México dio muy buen resultado.

Por eso, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática le hizo una propuesta concreta ayer al ciudadano Dionisio Pérez Jácome, en donde le pedimos que a corto plazo establezca un compromiso para desarrollar y aplicar un nuevo modelo de política económica, diferente, en donde no nos conformemos con un superávit positivo en las relaciones comerciales con Estados Unidos.

Una política económica en donde exista un programa de sustitución de importaciones y que la balanza comercial nacional sea positiva, y bajo esas condiciones se posicione el tipo de cambio de la moneda nacional a un nivel que dé certeza y seguridad económica a nuestros exportadores.

Una política económica en donde permita la participación de inversionistas con capital fresco y sin condiciones, en donde el crecimiento económico del país asegure una redistribución de ingreso, cuando menos a 7 por ciento sostenido, que sea más equitativo para que el ingreso sea más, la redistribución del ingreso sea más equitativa e incluyente para abatir 40 millones de mexicanos en extrema pobreza y pobres. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Ya no habiendo ningún otro orador inscrito, se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo; por tanto, pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo, por favor.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.

Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Dionisio Antonio Pérez Jácome Friscione, cuyo nombramiento como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acaba de ser aprobado por esta asamblea. Para que lo introduzcan a este salón, y lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores:

El senador Jorge Andrés Ocejo Moreno, el diputado Samuel Aguilar Solís , el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, el senador Jorge Legorreta Ordorica y el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , por favor. Se pide a la comisión cumplir su cometido, por favor.

(La comisión cumple su cometido)

Ciudadano Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione, ¿protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se le ha conferido, y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

El ciudadano Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione: Sí, protesto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.

Se pide a la comisión designada acompañar al subsecretario cuando éste desee retirarse, por favor.

Voy a continuar, en lo que se despide el subsecretario, con la sesión para no retrasarnos mucho. No lo estamos corriendo. Puede seguir despidiéndose de quien quiera.

ORDEN DEL DIA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se acaba de recibir el dictamen de la Tercera Comisión de Trabajo relativo al nombramiento del ciudadano Javier Laynez Potisek como procurador fiscal de la Federación. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que se modifique el orden del día para incorporarlo a discusión y votación, previa lectura del oficio correspondiente.

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.--- Tercera Comisión.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.--- Presente.

Con fundamento en el artículo quinto del acuerdo que establece los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de la Comisión Permanente durante el primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, solicito a usted la inclusión en el orden del día del siguiente asunto.

• Dictamen aprobado por la Tercera Comisión de Trabajo relativo a la ratificación del ciudadano Javier Laynez Potisek como procurador fiscal de la Federación. Lo anterior, en razón de que el asunto de referencia sea puesto a consideración del pleno de la Comisión Permanente y, en caso de ser aprobado, se agende la toma de protesta del ciudadano Javier Laynez Potisek.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

En votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que se modifique el orden del día para incorporar el dictamen de la Tercera Comisión para discusión y votación. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se autoriza. En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo.

Consulte la Secretaría a la asamblea ---no hay ningún orador, ¿verdad? ¿Se va a inscribir alguien?--- si se encuentra suficientemente discutido el punto... Discúlpenme, no puse atención y pregunté si se había leído; pero no... no puse atención. Proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo, por favor.

PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACION

El Secretario senador Rogelio Humberto Ruda Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

«Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la ratificación del ciudadano Javier Laynez Potisek como procurador fiscal de la federación.

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión -Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas- de la del Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen respectivo el oficio suscrito por el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación por el que, a su vez, remite el diverso suscrito por el presidente de la república, mediante el cual somete a la aprobación de la Comisión Permanente la propuesta de ratificación del ciudadano Javier Laynez Potisek, como procurador fiscal de la federación.

Con fundamento en los artículos 78, fracciones III y VII, 89, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben someten a la consideración del pleno de la del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

1. La del Congreso de la Unión, con fecha 21 de enero de 2008, recibió oficio de la Secretaría de Gobernación por el que comunica que el presidente de la república designó al ciudadano Javier Laynez Potisek como procurador fiscal de la federación.

2. Dicho oficio fue turnado por la Mesa Directiva a la Tercera Comisión -Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas- de la del Congreso de la Unión.

3. Con fecha 22 de enero del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo, procedimos a la discusión del presente dictamen con base en los siguientes

Considerandos

1. Recibida la designación del Ejecutivo federal, en uso de las atribuciones que le confieren las fracciones IV y XVI del artículo 89 constitucional, la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, en su caso, deberán resolver sobre el particular en los términos de lo dispuesto por los preceptos legales aplicables.

2. La comisión dictaminadora realizó un exhaustivo análisis del expediente personal del interesado, y del cual se desprende que el doctor en derecho Javier Laynez Potisek, propuesto para ocupar el cargo de procurador fiscal de la federación, cumple con los requisitos.

3. Lo anterior es así, toda vez que, tal como se desprende del expediente del ciudadano Javier Laynez Potisek remitido a esta soberanía el día 21 de enero de 2008, se evidencia que cuenta con la experiencia y el perfil requeridos para desempeñar el puesto de procurador fiscal de la federación, en virtud de su trayectoria, en áreas como consejero jurídico adjunto del Ejecutivo federal; subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República; como abogado de distintas dependencias federales, tales como la propia Procuraduría Fiscal de la Federación, las Secretarías de Programación y Presupuesto y de Educación Pública. Destacan también sus labores académicas en las materias propias del cargo que asumirá, en prestigiadas casas de estudios del país.

4. En este orden de ideas, es claro que el ciudadano Javier Laynez Potisek cuenta con la formación académica y el perfil adecuados para realizar las funciones que tiene a su cargo el funcionario propuesto por el titular del Ejecutivo federal, toda vez que, tal como se desprende del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el procurador fiscal de la federación es el consejero jurídico de la Secretaría, apoya al secretario en la verificación de proyectos para que haya congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas; representa, con excepción del juicio de amparo cuando se actúe como autoridad responsable, el interés de la federación en controversias fiscales; a la secretaría y a las autoridades dependientes de la misma en toda clase de juicios, investigaciones o procedimientos ante los tribunales de la república, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y ante otras autoridades competentes.

5. Esta comisión dictaminadora acordó citar a una reunión al ciudadano referido el 22 de enero del año en curso, que tuvo como propósito realizar un examen valorativo de la conducta personal y profesional, de su antigüedad y experiencia profesional, de su vocación, probidad, honorabilidad y, desde luego, de su conocimiento en la materia; cargo que es parte medular de la gestión de las finanzas públicas del país. La representación del Gobierno Federal en ateria tributaria conlleva no sólo la protección y procuración de los recursos públicos, sino una enorme responsabilidad de aplicar la ley de manera justa, objetiva e imparcial.

6. De los considerandos 3, 4 y 5 y los resultados del examen valorativo de la conducta personal y profesional, de su antigüedad y experiencia profesional, de su vocación, probidad, honorabilidad y, desde luego, de su conocimiento en la materia, se desprende que al doctor Javier Laynez Potisek se le considera apto y con los elementos suficientes para desempeñarse como procurador fiscal de la federación.

7. En esa virtud, los integrantes de la Comisión resolvieron que el ciudadano Javier Laynez Potisek reúne y satisface el perfil adecuado para ser ratificado como procurador fiscal de la federación.

Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión -Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas- de la Comisión Permanente se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Esta Tercera Comisión de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracciones III y VII, 89, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, resulta competente para dictaminar las ratificaciones de los empleados superiores de Hacienda.

Segundo. Se ratifica el nombramiento propuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, del ciudadano Javier Laynez Potisek como procurador fiscal de la federación.

Tercero. Tómese la protesta de ley al ciudadano citado en el resolutivo segundo anterior para estar en aptitud de desempeñar el cargo de procurador fiscal de la federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo ningún orador inscrito, se considera suficientemente discutido. Consulte, por favor, la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse este punto de acuerdo.

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.

Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Javier Laynez Potisek, cuyo nombramiento como procurador fiscal de la Federación acaba de ser aprobado por esta asamblea. Para que lo introduzcan a este salón y lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores: senador Alfonso Elías Serrano, diputado Ector Jaime Ramírez Barba , diputado Salvador Ruiz Sánchez , senador Jorge Legorreta Ordorica y diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva .

Se pide a la comisión cumplir su cometido.

(La comisión cumple su cometido)

El Secretario senador Rogelio Rueda Sánchez: Se invita a los presentes a ponerse de pie.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Ciudadano Javier Laynez Potisek,¿protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de procurador fiscal de la Federación que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?

El ciudadano Javier Laynez Potisek: Sí, protesto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.

Se pide a la comisión designada acompañar al procurador cuando quiera retirarse.

GRADOS MILITARES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El siguiente punto del orden del día es el de dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario senador Rogelio Rueda Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si reautoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se autoriza. Se solicita a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo, por favor.

El Secretario senador Rogelio Rueda Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la hoja de servicios, que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2007 por el presidente de la república a favor del teniente coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Ramiro Ramírez López como coronel de infantería diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envío a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de infantería diplomado de Estado Mayor, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel de infantería diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de coronel de infantería diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Ramiro Ramírez López.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2007 por el presidente de la república a favor del teniente coronel de caballería diplomado de Estado Mayor Juvenal Mariano García como coronel de caballería diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de caballería diplomado de Estado Mayor se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel de caballería diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de coronel de caballería diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Juvenal Mariano García.

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2007 por el presidente de la república a favor del teniente coronel de artillería Miguel Ángel Segura Zavaleta como coronel de artillería, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de artillería se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel de artillería, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de coronel de artillería que el titular del Poder Ejecutivo federal expidió a favor del ciudadano Miguel Ángel Segura Zavaleta.

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2007 por el presidente de la república a favor del teniente coronel de Fuerza Aérea piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, Álvaro Miranda Martel, como coronel de Fuerza Aérea piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII, del artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de Fuerza Aérea piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel de Fuerza Aérea piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de coronel de Fuerza Aérea piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Álvaro Miranda Martel.

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2007, por el presidente de la república, a favor del teniente coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor, Juan José Juárez Ramos, como coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII, del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Juan José Juárez Ramos.

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2007 por el presidente de la república a favor del teniente coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Gabriel Martínez García como coronel de infantería diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envío a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de infantería diplomado de Estado Mayor se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel de infantería diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de coronel de infantería diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Gabriel Martínez García.

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la Comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre del año 2007, por el presidente de la república, a favor del teniente coronel del arma blindada diplomado de Estado Mayor, Jesús García García, como coronel del arma blindada diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envío a la Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII, del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel del arma blindada diplomado de Estado Mayor, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel del arma blindada diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de coronel del arma blindada diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Jesús García García.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2007, por el presidente de la república, a favor del ciudadano teniente coronel de infantería Elfego José Luján Ruiz como coronel de infantería, que el Ejecutivo de la Unión, envió a la Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII, del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta Comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de infantería, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel de infantería, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de coronel de infantería, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Elfego José Luján Ruiz.

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el día 20 de noviembre del año 2007, por el presidente de la república, a favor del teniente coronel médico cirujano, Guadalupe Maza de la Torre, como coronel médico cirujano, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII, dela artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel médico cirujano, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel médico cirujano, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Comisión Permanente.

Honorable Asamblea:

A la comisión que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 2007, por el presidente de la república, a favor del teniente coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor, Rubén Zamudio Matías, como coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII, del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:

De la revisión de la hoja de servicios del nombrado teniente coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor, se deduce que el interesado reunió los requisitos legales que merecieron la obtención del grado de coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor, sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se ratifica el grado de coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor, que el titular del Poder Ejecutivo federal, expidió a favor del ciudadano Rubén Zamudio Matías.

Está a discusión el punto de acuerdo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: No hay quien haga uso de la palabra a ningún punto hasta este momento. Por tanto, pido a la Secretaría que consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse este punto de acuerdo último y todos los que se han mencionado anteriormente.

El Secretario senador Rogelio Rueda Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba este punto de acuerdo y los anteriormente reservados. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense al Ejecutivo.

MIGRANTES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El siguiente punto del orden del día es el de dictámenes a discusión con punto de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a estos puntos.

El Secretario senador Rogelio Rueda Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta. Se autoriza.

«Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo en favor de los migrantes mexicanos en Estados Unidos de América

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la del Congreso de la Unión fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen respectivo el punto de acuerdo presentado por el diputado Salvador Barajas del Toro , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en favor de los migrantes mexicanos en Estados Unidos de América.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo primero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Segunda Comisión, que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

1. En sesión de la del Congreso de la Unión de fecha 16 de enero de 2008, el diputado Salvador Barajas del Toro presentó un punto de acuerdo en favor de los migrantes mexicanos en Estados Unidos de América.

2. Dicho punto de acuerdo fue turnado a la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la del Congreso de la Unión.

3. Con fecha 22 de enero del año en curso, los integrantes de la Segunda Comisión, en reunión de trabajo, procedimos a la discusión del presente dictamen.

4. Los suscritos, integrantes de la Segunda Comisión, estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señala:

Considerandos

1. La migración internacional ha sido históricamente una opción presente en el afán de mejorar las condiciones de vida de las personas. Esta opción se torna más atractiva en la medida en que promete posibilidades de cambio y esperanza de que ésta puede concretarse efectivamente.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que hay más de 86 millones de migrantes económicamente activos en el mundo, unos 52 millones de ellos en regiones en desarrollo. Es posible incluso que esta cifra sea una subestimación, dada la dificultad de compilar datos sobre la población migrante en casi todos los países.

2. Resulta grave que en la actualidad no se hayan superado temas como discriminación, racismo y xenofobia; más grave aún es que la discriminación, el racismo y la xenofobia sean parte de la vivencia cotidiana de millones de seres humanos en el mundo actual.

Las historias de esta realidad están escritas en cuerpos de mujeres y hombres, ya sean refugiados, desplazados o migrantes generalmente irregulares, que huyen de situaciones de violencia, discriminación y exclusión y muchas veces se encuentran con la discriminación, la xenofobia, el racismo y la exclusión en el ejercicio de sus derechos en los países en que buscaban cambiar sus historias.

3. En el Foro Económico Mundial celebrado en Davós en enero de 2001, la señora Mary Robinson, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y secretaria general de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, ya había advertido a los dirigentes empresariales que la discriminación racial en el lugar de trabajo seguía siendo un problema mundial muy preocupante, y dijo que hay estudios que demuestran que la discriminación en el lugar de trabajo puede tener graves consecuencias para los trabajadores migratorios y los grupos minoritarios, y para las carreras y el futuro de los hijos.

Los empleados que reciben un trato vejatorio por motivos de raza, color, nacionalidad, linaje o etnia sufren estrés, ira y fatiga, lo que a la larga repercute en la calidad del trabajo.

Se expresó también la preocupación por los malos tratos que se infligen a los hijos y familiares de migrantes, el temor y desagrado generalizado los extranjeros que se manifiesta en las esferas pública y privada y el trato de delincuentes que se da a las personas objeto de tráfico, debido a que carecen de residencia legal, hecho sobre el que no ejercen control alguno.

3. Gobiernos de distintos países han convenido en instituir programas educativos al comienzo y al final del proceso inmigratorio, con objeto de valorar la diversidad y fomentar la tolerancia. De igual forma, se ha destacado con preocupación la vulnerabilidad de un nuevo subgrupo de niños migrantes en constante crecimiento: los hijos de mujeres migrantes que fueron violadas, los niños de uniones interraciales y los hijos de migrantes nacidos en el país de destino o acogida, todos ellos víctimas de discriminación racial no sólo en los países de adopción sino también sufren el estigma de su situación en sus comunidades y países de origen.

En razón de ello, la Asamblea General de Naciones Unidas celebró por primera vez en 2000 el Día Internacional del Migrante (18 de diciembre), con la esperanza de que contribuiría a que se reconocieran los aportes de los migrantes a las economías de los países natales y los de acogida.

4. Por lo que respecta a los migrantes mexicanos, el Ejecutivo federal ha impulsado acciones tendentes a la defensa de los connacionales. Ejemplo de ello es la reunión sostenida con diplomáticos en Estados Unidos y de Canadá el pasado mes de diciembre, con objeto de instarlos a cumplir una lista de compromisos que consistían en participar en los debates públicos, acudir a los medios de comunicación, hablar con organizaciones gubernamentales, y utilizar los propios estudios y evaluaciones del gobierno estadounidense para defender el papel que desempeñan los migrantes mexicanos, entre otros.

5. Ahora bien, resulta evidente que los estadounidenses se benefician en promedio del trabajo de los inmigrantes, que tiende a complementar sin sustituir el de los nativos.

Mediante un reporte elaborado por el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca se ha reconocido: ``Los inmigrantes no sólo ayudan a alimentar el crecimiento económico de la nación, sino también tienen un efecto positivo general sobre el ingreso de los trabajadores nacidos aquí''.

El reporte consideró que en el largo plazo los inmigrantes tienen una influencia positiva y los inmigrantes capacitados pueden ser especialmente beneficiosos para los nacidos en Estados Unidos. En ese marco, subrayó que evaluar el impacto económico de la inmigración es muy complicado, pero precisó que los inmigrantes, sin distinguir entre legales o indocumentados, forman 15 por ciento de la fuerza laboral estadounidense y aun mayores porcentajes en ocupaciones como construcción, servicios de alimentación y cuidado de salud.

El texto apuntó además que 40 por ciento de los científicos que trabajan en este país nació en el exterior.

6. Esta dictaminadora considera fundamental resaltar el papel de los centros educativos y los medios de comunicación en la construcción de una cultura de los derechos humanos que valore la diversidad en toda su riqueza y propicie espacios de convivencia con la diferencia y construcción de equidad.

Es una tarea urgente promover el mayor número de ratificaciones de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos Humanos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias, particularmente de los países receptores de migrantes.

7. En estas condiciones, se reconoce que restan muchos desafíos pendientes en el intento de romper el círculo perverso migración-racismo-xenofobia. Ciertamente, el respeto de la diversidad y la promoción de relaciones interculturales aparecen como una alternativa a la xenofobia y el racismo y a las diversas manifestaciones de discriminación.

Finalmente, y dado que la discriminación en sus diversas manifestaciones es lo contrario al reconocimiento, respeto y valoración del otro u otra, se torna indispensable que desarrollen estrategias inmediatas y eficaces de acercamiento con las más altas autoridades gubernamentales a nivel federal y estatal y con los principales actores políticos y económicos de aquel país, a fin de adoptar soluciones que contrarresten.

Con base en lo expuesto, la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Con objeto de tratar de cambiar el sentimiento xenófobo que actualmente existe en Estados Unidos de América contra los migrantes mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace llegar un urgente exhorto al titular del Ejecutivo federal a fin de que instruya a nuestra embajada y a los consulados en Estados Unidos para que desarrollen estrategias inmediatas y eficaces de acercamiento y cabildeo con las más altas autoridades gubernamentales a nivel federal y estatal y con los principales actores políticos y económicos de ese país que resalten las enormes aportaciones que los migrantes mexicanos, señaladamente los indocumentados, hacen y han hecho históricamente a la economía, la fuerza laboral y la cultura de Estados Unidos de América, entre otras muchas más.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. No se ha registrado ningún orador, por lo que se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.

FRONTERA MEXICO-ESTADOS UNIDOS

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su más enérgico rechazo a la utilización de gases lacrimógenos como arma de disuasión por las autoridades fronterizas de Estados Unidos en los límites entre San Diego y Tijuana

Honorable Asamblea:

A la Segunda Comisión --Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública-- de la del Congreso de la Unión fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen respectivo, el punto de acuerdo presentado por la Diputada Ruth Zavaleta Salgado , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se refiere a la utilización de gases lacrimógenos en la frontera México-Estados Unidos.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Segunda Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

1. En sesión de la del Congreso de la Unión de fecha 16 de enero de 2008, la diputada Ruth Zavaleta Salgado presentó un punto de acuerdo por el que se refiere a la utilización de gases lacrimógenos en la frontera México-Estados Unidos.

2. Dicho punto de acuerdo fue turnado a la Segunda Comisión --Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública-- de la del Congreso de la Unión.

3. Con fecha 22 de enero del año en curso, los integrantes de la Segunda Comisión en reunión de trabajo, procedimos a la discusión del presente dictamen.

4. Los suscritos integrantes de esta Segunda Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señala:

Considerandos

El pasado 11 de enero, vecinos de la colonia Libertad, del municipio de Tijuana, denunciaron a la policía de esa localidad que oficiales de la Patrulla Fronteriza lanzaron, alrededor de las 5:00 horas, cuatro granadas de gas lacrimógeno hacia el lado del territorio mexicano.

Ante los acontecimientos, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifestó que ``el gobierno de México emprenderá una investigación exhaustiva sobre estos hechos, que han afectado las viviendas de residentes mexicanos en la frontera, con el objeto de, sobre esa base, tomar las medidas que sean pertinentes''. Esta comisión que dictamina considera que no es necesaria la inclusión del segundo resolutivo del punto de acuerdo propuesto, en virtud de que ya ha sido atendida.

A juicio de la Segunda Comisión, estos hechos no favorecen las relaciones diplomáticas y de amistad que tiene nuestro país con Estados Unidos, por lo que es necesario que se aclare el incidente para no sentar un mal precedente y, en todo caso, tomar las medidas cautelares para que no se vuelva a presentar una situación similar.

Es imperante que la Comisión Permanente se pronuncie rechazando el uso de este tipo de armas o de cualquier otro tipo que utilice la Patrulla Fronteriza en contra de los conacionales, pero sobre todo que sean empleadas en los límites con nuestro territorio nacional.

Con base en lo antes expuesto, la Segunda Comisión --Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública-- se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su más energético rechazo a la utilización de gases lacrimógenos como armas de disuasión por parte de las autoridades fronterizas de Estados Unidos en la frontera entre San Diego--Tijuana.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Solamente vamos a hacer una aclaración en esta exposición. En el dictamen dice energético, y debe decir enérgico. Entonces lo vamos a corregir en el texto del dictamen que nos enviaron. Sabemos que el tema está en boga, pero no es ésa la palabra.

Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

CARRETERAS

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar recursos a la modernización de los puestos de revisión carreteros estratégicos

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión --Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas-- de la del Congreso de la Unión fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen respectivo, el punto de acuerdo presentado por el diputado Jorge Justiniano González Betancourt , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar recursos a la modernización de los puestos de revisión carreteros prioritarios.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

1. En sesión de la del Congreso de la Unión de fecha 9 de enero de 2008, el diputado Jorge Justiniano González Betancourt presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar recursos a la modernización de los puestos de revisión carreteros estratégicos.

2. Dicho punto de acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión --Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas-- de la del Congreso de la Unión.

3. Con fecha 22 de enero del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la discusión del presente dictamen.

4. Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señala:

Considerandos

1. La Secretaría de la Defensa Nacional en seguimiento a la estrategia de combate a la delincuencia organizada dirigida por el gobierno federal instaló puestos de revisión carreteros en distintos puntos del país.

2. Los puestos de revisión carreteros han dado resultados; sin embargo, para optimizarlos es necesario modernizarlos con tecnología que permita que su operación sea más ágil.

3. Para comprobar la factibilidad de los puestos de revisión la Subcomisión de Legislación Militar en gira de trabajo por Sonora visitó el puesto de revisión militar Benjamín Hill, la visita se derivó de una proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado David Figueroa Ortega del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la inversión requerida para la construcción de ese puesto de revisión supera los 100 millones de pesos.

4. La Secretaría de la Defensa utiliza para la operación de estos puestos de revisión, la pistola de detección molecular que tiene capacidad para detectar drogas, armas, dinero, psicotrópicos, explosivos y sustancias químicas, además de otros elementos prohibidos por la ley. La Secretaría adquirió 66 de estos equipos y serán adquiridos 60 más.

5. Esta comisión considera pertinente referir que el pasado 27 de febrero del 2007 el Senado de la República aprobó punto de acuerdo, presentado por el senador por Sonora Alfonso Elías Serrano, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las dependencias competentes se coordine con el gobierno estatal y los productores afectados para modernizar los puntos de revisión y se de una solución a la problemática planteada, en virtud de las pérdidas millonarias que generan a los exportadores y al sector turismo los señalados puntos, debido a la falta de tecnología e infraestructura adecuada para agilizar las revisiones.

6. Asimismo, el pasado 16 de mayo se aprobó por la Comisión Permanente un punto de acuerdo por el que se exhortó a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como a las autoridades correspondientes, a fin de que implanten una logística que permita agilizar los procesos de inspección en los puntos de revisión carreteros situados a lo largo del estado de Sonora y que realicen un análisis sobre la posibilidad de implementar filtros de revisión inteligentes en los puntos de revisión carreteros del referido estado a fin de agilizar la instrumentación de éste tipo de medidas de seguridad.

Por ello, coincidimos con el sentido del punto de acuerdo, ya que será una medida que complementará lo ya aprobado por el Congreso de la Unión, y que en su momento facilitará las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional en contra del crimen organizado.

Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión --Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas--se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, de acuerdo con sus facultades y responsabilidades destine los recursos necesarios para la modernización de los puestos de revisión carreteros estratégicos, manteniéndolos en mejores condiciones de operación en la lucha en contra de la delincuencia organizada, e informe en su oportunidad de los resultados a ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. No se ha inscrito ningún orador, por lo que se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.

ESTADO DE MEXICO

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la contaminación y las irregularidades cometidas por Asia Automotores, SA de CV, en la operación de la concesión de un confinamiento de residuos sólidos urbanos en Ecatepec de Morelos, México

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la del Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen respectivo, el punto de acuerdo presentado por las diputadas Aleida Alavez Ruiz y Maribel Alva Olvera del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la contaminación y las irregularidades cometidas por Asia Automotores, SA de CV, en la operación de la concesión de un confinamiento de residuos sólidos urbanos en Ecatepec de Morelos, México.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente dictamen:

Antecedentes

1. En sesión de la del Congreso de la Unión de fecha 16 de enero de 2008, las diputadas Aleida Alavez Ruiz y Maribel Alva Olvera, presentaron un punto de acuerdo relativo a la contaminación y las irregularidades cometidas por Asia Automotores, SA de CV, en la operación de la concesión de un confinamiento de residuos sólidos urbanos en Ecatepec de Morelos, México.

2. Dicho punto de acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la del Congreso de la Unión.

3. Con fecha 22 de enero del año en curso, los integrantes de la Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la discusión del presente dictamen.

4. Los suscritos integrantes de la Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señala:

Considerandos

1. El crecimiento demográfico, la modificación de las actividades productivas y el incremento en la demanda de los servicios, han rebasado la capacidad del ambiente para asimilar la cantidad de residuos que se genera; por lo que es necesario contar con sistemas de manejo integral de residuos adecuados con la realidad de cada localidad. Por tal motivo y como parte de la política ambiental que promueve el gobierno federal, se pretende a través de la NOM-083 SEMARNAT-2003, regular la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

2. La NOM-083 SEMARNAT-2003, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de octubre de 2004, tiene como objetivo establecer las especificaciones de selección del sitio, el diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

Establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente.

3. Que derivado de la aprobación, en el municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México de concesionar el servicio público de tratamiento y disposición final de residuos sólidos no peligrosos a favor de terceros, Asia Automotores de México, SA de CV, ganó la licitación para la prestación de dicho servicio. Por lo anterior, a partir de octubre de 2005 la empresa en comento ha proporcionado el servicio público.

4. Sin embargo, los habitantes de Santa María Chiconautla, han presentado un sinnúmero de quejas ante al ayuntamiento de Ecatepec, por el grave problema de contaminación ambiental y salud pública que ha generado la operación inadecuada de tratamiento y disposición final de residuos.

5. Ante la denuncia del escurrimiento de lixiviados (líquidos altamente contaminantes), del basurero municipal y la solicitud del gobierno municipal, la Procuraduría de Protección al Ambiente del estado de México multo a Asia Automotores de México, SA de CV, por 45 mil 810 pesos y medidas correctivas, así como la presentación del programa correspondiente para la gestión integral del manejo de los residuos sólidos urbanos; no obstante de que fue emplazada por dicho organismo a cumplirlas, se presume que sigue operando de forma irregular, sin un control adecuado de los desechos sólidos y violando flagrantemente las leyes ambientales.

Por ello, se solicitó la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que realice una nueva verificación al basurero municipal y constante las irregularidades.

6. Esta comisión coincide con el contenido del punto de acuerdo, ya que se presume, según los hechos, que la empresa Asiamex viola gravemente la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos y, de forma particular, la NOM-083-SEMARNAT-2003, al no cumplir con las especificaciones para el manejo y operación del relleno sanitario.

7. Por lo anterior, los integrantes de esta comisión dictaminadora coinciden con la propuesta y preocupación del promovente, en razón de que toda norma ambiental debe acatarse, y así cumplir con la finalidad de garantizar la protección del ambiente, la preservación del equilibrio ecológico y de los recursos naturales, la minimización de los efectos contaminantes provocados por la inadecuada disposición de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial y sobre todo la protección de la salud pública en general.

Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta al ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, estado de México a emprender las medidas necesarias, en el ámbito de su competencia, a fin de garantizar la adecuada operación del confinamiento de residuos sólidos urbanos establecido en la localidad de Santa María Chiconautla, e informen de los resultados a ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Salud del estado de México para que en el ámbito de su competencia, emprenda un estudio epidemiológico en la zona de Santa María Chiconautla, e informen de los resultados a ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. No se ha inscrito ningún orador. Se considera, por tanto, suficientemente discutido el punto. Se reserva para su votación económica en conjunto.

PEMEX

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos al derrame de hidrocarburos en la sonda de Campeche y en Río Blanco, Veracruz

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la del Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y elaboración del respectivo dictamen:

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

1. En sesión de la del Congreso de la Unión de fecha 16 de enero de 2008, el diputado Adolfo Mota Hernández , presentó un punto de acuerdo para atender los daños provocados por derrame de Pemex en Río Blanco, Veracruz, y revisar la situación de seguridad de los ductos de la empresa.

2. En sesión de la del Congreso de la Unión de fecha 16 de enero de 2008, el diputado Manuel Portilla Diéguez y el senador Jorge Legorreta Ordorica, presentaron punto de acuerdo sobre el derrame de hidrocarburos en la Sonda de Campeche.

3. Ambos puntos de acuerdo fueron turnados a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la del Congreso de la Unión.

4. Con fecha 22 de enero del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo, procedimos a la discusión del presente dictamen.

5. Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar las propuestas contenidas en los puntos de acuerdo de mérito:

a) Punto de acuerdo presentado por el diputado Adolfo Mota Hernández , a la letra señala:

b) Punto de acuerdo presentado por el diputado Manuel Portilla Diéguez y el senador Jorge Legorreta Ordorica, a la letra señala:

Considerandos

Esta Comisión Dictaminadora consideró procedente analizar de manera individual las propuestas señaladas en el apartado de antecedentes:

I. Punto de acuerdo, para atender los daños provocados por derrame de Pemex en Río Blanco, Veracruz, y revisar la situación de seguridad de los ductos de la empresa:

1. En días pasados, fueron evacuados habitantes del municipio de Río Blanco, Veracruz, por el registro de un derrame de petróleo en unas instalaciones de la paraestatal Petróleos Mexicanos.

En comunicado, Pemex informó que el derrame se registró a las 3:25 hora local, en el oleoducto de 24 pulgadas de diámetro Nuevo Teapa-Venta de Carpio, a la altura de la colonia Azteca de esa localidad, ``a causa de la colocación de una toma clandestina''.

2. Ante tal situación, Petróleos Mexicanos informó que la representación jurídica de Pemex Refinación, en el estado de Veracruz, presentó ante el Ministerio Público Federal la denuncia de hechos, para que se inicien las averiguaciones correspondientes y se castigue a los responsables de la colocación de la toma clandestina en el oleoducto de 24 pulgadas de diámetro Nuevo Teapa-Venta de Carpio, que provocó una fuga de petróleo crudo en el municipio de Río Blanco, ubicado en el centro de dicha entidad.

Informando, asimismo, que se está trabajando en la recuperación del petróleo derramado así como en la limpieza del área afectada.

3. Esta comisión considera que tales hechos ponen en riesgo la vida de las comunidades cercanas y dañan seriamente el medio ambiente, además de que atentan contra el patrimonio nacional ya que destruyen instalaciones, cuya reparación representa altos costos económicos e interrumpen las operaciones de producción y suministro de combustibles.

4. Por ello compartimos la preocupación del promovente, en el sentido de que el derrame ocurrido en las instalaciones de Pemex, en Veracruz, ocurrió en una zona conurbada, lo cual es evidente que la población de esa comunidad corre un gran riesgo, así como los mantos freáticos de la zona, lo cual puede contaminar el agua potable que se distribuye entre la población. Adicionalmente las hectáreas de pastizales.

Gracias a la intervención oportuna para el desalojo de las personas, el daño no fue tan grave, si se toma en cuenta que es una zona poblada, no obstante, debemos hacer un llamado a las autoridades competentes, para que lleven a cabo las acciones pertinentes, con la finalidad de evitar nuevos derrames de petróleo en cualquier instalación de Pemex, sobre todo en zonas conurbadas, y no dañar más el medio ambiente que rodee dichas instalaciones.

II. Punto de acuerdo, sobre el derrame de hidrocarburos en la Sonda de Campeche:

1. Como consecuencia del derrame de hidrocarburos, ocurrido el pasado 23 de octubre en una plataforma petrolera con el pozo KAB101, Campeche, los daños fueron irreparables, pues hubo pérdidas humanas, daño a la vida marina, así como a la economía local y regional.

2. Ante el inminente daño, el Congreso de la Unión, ha manifestado su preocupación, a través de las siguientes acciones:

También a la Semarnat y la Profepa, para que determinen e informen sobre los impactos presentes y probables a los ecosistemas marinos y costeros, derivados del derrame de hidrocarburos ocurrido en la Sonda de Campeche el pasado 23 de octubre.

3. Sin embargo, el promovente considera que no ha sido suficiente, ya que el daño al medio ambiente ha sido grave, afirma, que se ha demostrado científicamente que los derrames de hidrocarburos, como el que ocurrió en Campeche, provocan daño a la vida marina, éstos absorben el petróleo llegando a obstruir sus sistemas respiratorios y matarlos, por ello el sentido del punto de acuerdo, para que las autoridades correspondientes informen a esta soberanía acerca de todas las acciones tomadas para limitar el daño a los ecosistemas marinos y costeros.

4. Asimismo, y en virtud de que los daños se llevaron a cabo en la zona de Laguna de Términos, área natural protegida desde 1995, ya con un plan de manejo elaborado. La comisión coincide con el promovente para que el Consejo Consultivo dependiente de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas retome las actividades para una buena conducción ambiental en dicha zona.

5. La Tercera Comisión comparte la preocupación del autor, en el sentido de que las autoridades involucradas, rindan un informe relacionado con las acciones tomadas para limitar el daño a los ecosistemas marinos y costeros, así como el impacto en dichos ecosistemas y actividades pesqueras, además de proceder a llevar una buena conducción ambiental en dicha zona.

Lo anterior en cumplimiento a la fracción XI del artículo 11 de la Ley Orgánica de Pemex establece la obligación de cuidar de la observancia de las disposiciones relativas al equilibrio ecológico y preservación del medio ambiente que garanticen el uso adecuado de los recursos petroleros. Así como de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) establece en su artículo 15, fracción IV que quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique, por lo que en términos de la legislación ambiental, quien sea responsable por la contaminación del medio ambiente, está obligado a repararlo.

Toda vez que ambas proposiciones con puntos de acuerdo, presentadas ante el pleno de la Comisión Permanente, el 16 de enero de 2008, tienen el propósito fundamental de exhortar a las autoridades competentes a que realicen las acciones necesarias con la finalidad de preservar el medio ambiente en la zonas en que han ocurrido derrames de hidrocarburos, se ha procedido a formular un solo dictamen y, con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente solicita a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Nacional del Agua y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que rindan un informen a las Cámaras del Congreso de la Unión, sobre las acciones emprendidas a reparar las afectaciones por el derrame de petróleo en Río Blanco, Veracruz. Asimismo, a que Pemex analice su situación operativa, administrativa y financiera que deriven en medidas eficaces que permitan mejor infraestructura, seguridad en las instalaciones y vigilancia de los ductos petroleros.

Segundo. La Comisión Permanente solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura y a Petróleos Mexicanos, para que rindan un informe a las Cámaras del Congreso de la Unión, acerca de todas las acciones tomadas para limitar el daño a los ecosistemas marinos y costeros, así como el impacto en dichos ecosistemas y actividades pesqueras en la Sonda de Campeche. Asimismo, exhortar a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para que a través del Consejo Consultivo de la zona Laguna de Términos, Campeche, retome las actividades para una buena conducción ambiental.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. No se ha registrado ningún orador, por lo que se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final.

MATRICULA CONSULAR

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a exigir a la banca privada y a las entidades financieras de la república la aceptación de la matrícula consular como identificación oficial

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión --Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas-- de la del Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen respectivo el punto de acuerdo presentado por la senadora Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a exigir a la banca privada y a las entidades financieras de la república la aceptación de la matrícula consular como identificación oficial.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

1. En sesión de la del Congreso de la Unión de fecha 16 de enero de 2008, la senadora Adriana González Carrillo presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a exigir a la banca privada y a las entidades financieras de la república la aceptación de la matrícula consular como identificación oficial.

2. Dicho punto de acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión --Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas-- de la del Congreso de la Unión.

3. Con fecha 22 de enero del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo, procedimos a la discusión del presente dictamen.

4. Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señala:

Considerandos

1. La matrícula consular mexicana es un documento oficial emitido por el Gobierno de México para registrar a sus ciudadanos en el exterior.

La matrícula consular mexicana se utiliza como documento de identificación para los mexicanos en el exterior, por ejemplo, ante oficinas de gobiernos estatales y departamentos de policía; para abrir cuentas bancarias e inscribirse en bibliotecas públicas; y en algunos estados, para tramitar la licencia de manejo.

2. La emisión de estos documentos es reconocida en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Pero, a partir de las reformas legales en 2004 y 2005, a la Ley de Nacionalidad y a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, hicieron de la matrícula consular un documento probatorio de la nacionalidad mexicana y un documento válido para hacer transacciones financieras en nuestro país.

Derivado de las reformas antes citadas, la Ley de Nacionalidad, en su artículo 3, establece que será documento probatorio de la nacionalidad mexicana la matricula consular.

En cuanto a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, se realizaron reformas al artículo 95, es como las instituciones financieras mexicanas están obligadas a reconocer la matrícula consultar como identificación oficial.

3. A pesar de lo anterior, la promovente afirma que no todas las instituciones financieras y bancarias en México reconocen la matrícula consular como identificación válida lo cual contraviene lo establecido en los ordenamientos mencionados.

4. Esta comisión coincide con la proposición con punto de acuerdo, ya que considera grave el incumplimiento de la ley por parte de las instituciones que se han negado a reconocer como identificación oficial a la matrícula consular.

En razón de lo anterior, conminamos a las autoridades competentes a que estén atentas a que la banca privada y las entidades financieras reconozcan a la matrícula consular como documento oficial de identificación, así como emprender acciones a fin de asesorar y defender a quién se le niegue algún servicio financiero o bancario por presentar la matrícula como identificación.

5. Por lo anterior, esta comisión dictaminadora coincide en exhortar tanto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para que dentro de sus atribuciones y competencia se reconozca la matrícula consular como identificación oficial para efectuar trámites bancarios y financieros.

Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión --Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas-- e permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a exigir a la banca privada y a las entidades financieras de la república el reconocimiento de la matrícula consular como documento oficial de identificación, en cumplimiento de la ley.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a emprender las medidas necesarias a fin de asesorar y defender debidamente a quienes se les niegue el servicio por presentar una matrícula consular como identificación para efectuar trámites bancarios y financieros.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. No se ha registrado ningún orador, por lo cual se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

ESTADO DE OAXACA

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que informe sobre la situación del tramo ferroviario Oaxaca-Tehuacán

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión --Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas-- de la del Congreso de la Unión fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen respectivo, el punto de acuerdo presentado por el senador Adolfo Toledo Infanzón del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que informe sobre la situación del tramo ferroviario Oaxaca-Tehuacán.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

1. En sesión de la del Congreso de la Unión de fecha 16 de enero de 2008, el senador Adolfo Toledo Infanzón presentó un punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que informe sobre la situación del tramo ferroviario Oaxaca-Tehuacán.

2. Dicho punto de acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión --Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas-- de la del Congreso de la Unión.

3. Con fecha 22 de enero del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo, procedimos a la discusión del presente dictamen.

4. Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señala:

Considerandos

1. El 2 de marzo de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para sustituir el régimen de participación exclusiva del Estado en la prestación del servicio ferroviario por otro que permita la participación de los particulares y, como consecuencia de ello, se promulgó el 12 de mayo del mismo año la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario con objeto de establecer el marco regulatorio fundamental para esta actividad.

2. Por consecuencia, las concesiones han sido otorgadas a quién cumple los requisitos y trámites que establece la legislación respectiva, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En este contexto, y con la finalidad de lograr una mejor calidad de vida, así como fortalecer el desarrollo productivo, se ha impulsado el avance y operación de infraestructura carretera, portuaria, aeroportuaria y ferroviaria.

3. Por ello la infraestructura física, específicamente en comunicaciones, es fundamental, sobre todo la ferroviaria, necesaria para el transporte eficiente de producción para cualquier población.

En Oaxaca una de las vías de comunicación más importante es la ferroviaria Oaxaca-Tehuacán, tramo que se otorgó en concesión a Ferrosur, SA de CV. Sin embargo, esta ruta tiene un funcionamiento parcial, en razón de que el tramo Sánchez-Oaxaca dejó de operar hace tres años, ocasionando que el acceso de carga comercial del centro del país a Oaxaca se vea restringido.

4. Esta Comisión coincide con el contenido del punto de acuerdo, en el sentido de que el cierre de dicho tramo es un factor más que incide en la problemática del rezago de la actividad económica de Oaxaca, su baja productividad, así como un desarrollo en la competitividad necesaria.

Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión --Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas--se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte informe a las Cámaras del Congreso de la Unión, de manera puntual, sobre las acciones que se han tomado para la reactivación del tramo ferroviario Sánchez-Oaxaca, y que se dé cumplimiento cabal a lo establecido en el título de concesión otorgado a Ferrosur, SA de CV, para la vía ferroviaria Oaxaca-Tehuacán.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. No se ha registrado ningún orador, por lo cual se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

CAMBIO CLIMATICO

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la situación que guarda el sistema hídrico en México

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión --Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas-- de la del Congreso de la Unión fue turnado, para su estudio y elaboración del dictamen respectivo, el punto de acuerdo presentado por el diputado Adolfo Mota Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, relativo a la situación que guarda el sistema hídrico en México.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Tercera Comisión que suscriben someten a la consideración del P1eno de la del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

1. En sesión de la del Congreso de la Unión de fecha 16 de enero de 2008, el diputado Adolfo Mota Hernández presentó un punto de acuerdo relativo a la situación que guarda el sistema hídrico en México.

2. Dicho punto de acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión --Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas-- de la del Congreso de la Unión.

3. Con fecha 22 de enero del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión, en reunión de trabajo, procedimos a la discusión del presente dictamen.

4. Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señala:

Considerandos

1. El año pasado se presentó una serie de fenómenos naturales que afectaron el país, específicamente las lluvias atípicas que azotaron fuertemente Tabasco, Chiapas y Veracruz. Por ello, ha aumentado la preocupación sobre el tema del agua.

2. Al respecto, y ante los problemas asociados con el suministro, drenaje y tratamiento de las aguas, así como el impacto que éstos tienen en la vida nacional, hacen necesaria una gestión que tome en cuenta los intereses de todos los involucrados y favorezca su organización, por ello en el Plan Nacional de Desarrollo se establecen una serie de objetivos y estrategias, como promover el desarrollo de la infraestructura necesaria para atender las necesidades existentes de servicios de agua potable y saneamiento en el país; incentivar una cultura del agua que privilegie el ahorro y uso racional de la misma en el ámbito doméstico, industrial y agrícola; promover el desarrollo y difusión de tecnologías más efectivas y eficientes para la potabilización, uso y tratamiento del agua; fortalecer la autosuficiencia técnica y financiera de los organismos operadores de agua; expandir la capacidad de tratamiento de aguas residuales en el país y el uso de aguas tratadas; promover el manejo integral y sustentable del agua desde una perspectiva de cuencas; y propiciar un uso eficiente del agua en las actividades agrícolas que reduzca el consumo de líquido al tiempo que proteja a los suelos de la salinización.

3. Asimismo, en el Programa Nacional Hídrico 2007-2012 se establecen objetivos como mejorar la productividad del agua en el sector agrícola; incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; promover el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos; mejorar el desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector hidráulico; prevenir los riesgos derivados de fenómenos hidrometeorológicos y atender sus efectos; evaluar los efectos del cambio climático en el ciclo hidrológico; entre otros.

4. Acciones que ha implementado el Ejecutivo federal, a través de las áreas competentes. Sin embargo, la comisión dictaminadora reconoce que es evidente que el abatimiento del rezago existente en materia de infraestructura para el suministro de agua potable, el establecimiento de los servicios de drenaje y alcantarillado, y el tratamiento de aguas residuales, constituyen uno de los grandes retos que enfrentará México en los próximos años. Por ello es imprescindible invertir en tecnologías que permitan hacer un mejor uso de este recurso, incluyendo el uso de plantas desaladoras, tecnologías avanzadas para riego y reciclaje de aguas residuales

5. Esta comisión coincide con el contenido del punto de acuerdo, no obstante, considera pertinente exhortar al Ejecutivo federal para que a través del área competente se haga una revisión exhaustiva del plan hídrico nacional, con la finalidad de satisfacer las necesidades del país, el fenómeno del cambio climático y que privilegie la cultura de la prevención de desastres naturales.

Con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión --Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas--se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las dependencias competentes revise el Plan Hídrico Nacional para este sexenio, a fin de que cubra las necesidades del país, atienda el fenómeno del cambio climático y privilegie la cultura de la prevención de desastres naturales.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. No se ha inscrito ningún orador, por lo cual se considera suficientemente discutido el punto y se reserva para su votación económica en conjunto.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos al Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte

Honorable asamblea:

A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la del Congreso de la Unión, fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen respectivo:

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo 1, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de l Tercera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente dictamen:

Antecedentes

1. En sesión de la del Congreso de la Unión de fecha 16 de enero de 2008, el dputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega , presentó punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente formula un llamado urgente al gobierno federal, para que instaure diversas acciones relativas al Capítulo Agropecuario del TLCAN.

2. En sesión de la del Congreso de la Unión de fecha 16 de enero de 2008, el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , presentó un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a documentar el posible daño a los productores nacionales del campo y determinar con un diagnóstico serio, los signos de una amenaza al campo mexicano e impulsar todas las acciones en el marco del Capítulo VIII, ``Medidas de Emergencia'', del TLCAN.

3. Ambos puntos de acuerdo fueron turnados a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la del Congreso de la Unión.

4. Con fecha 22 de enero del año en curso, los integrantes de esta Tercera Comisión en reunión de trabajo procedimos a la discusión del presente dictamen.

5. Los suscritos integrantes de esta Tercera Comisión estiman procedente puntualizar las propuestas contenidas en los puntos de acuerdo de mérito:

a) Punto de acuerdo presentado por el diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega , a la letra señala:

b) Punto de acuerdo presentado por el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , a la letra señala:

Considerandos

Esta comisión dictaminadora consideró procedente analizar de manera individual las propuestas señaladas en el apartado de antecedentes:

I. Punto de Acuerdo, por el que la Comisión Permanente formula un llamado urgente al gobierno federal, para que instaure diversas acciones relativas al Capítulo Agropecuario del TLCAN:

1. El objetivo general del TLCAN es formar una zona de libre comercio, estableciendo reglas claras y permanentes para el intercambio comercial, que permita el incremento de flujo comercial e inversión, así como nuevas oportunidades de empleo y mejores niveles de vida.

2. Que tiene como objetivos específicos: eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios; promover condiciones de competencia leal; proteger y hacer valer, adecuada y efectivamente, los derechos de propiedad intelectual; crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado, para su administración conjunta y solución de controversias; establecer lineamientos para una ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios; reducir la vulnerabilidad de las exportaciones ante medidas unilaterales y discrecionales; fortalecer la industria nacional mediante un sector exportador sólido y competitivo; y coadyuvar a la creación de empleos.

3. Sin embargo, afirma el autor de la propuesta, que a 13 años que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, no se han reflejado las supuestas ventajas que traería al pueblo mexicano la firma de dicho acuerdo comercial. Por el contrario, se han sufrido fuertes efectos de la desgravación arancelaria total, sobre todo para los productores de caña de azúcar, maíz, frijol, trigo, carne de cerdo y leche.

4. Esta comisión dictaminadora comparte la preocupación del promovente, en el sentido de que el campo mexicano, siendo un sector vulnerable, se verá en serios apuros para hacer que sus mercancías compitan con equidad en el mercado nacional, derivado de la apertura de la eliminación de impuestos para la importación de maíz, frijol, leche en polvo, azúcar y otros alimentos básicos, cuya producción es subsidiada en Estados Unidos, lo que pone en desventaja a los agricultores mexicanos.

5. Por ello, consideramos conveniente que el gobierno federal instaure diversas acciones relativas al Capítulo Agropecuario del TLCAN.

II. Punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a documentar el posible daño a los productores nacionales del campo y determinar con un diagnóstico serio, los signos de una amenaza al campo mexicano e impulsar todas las acciones en el marco del Capítulo VIII, ``Medidas de Emergencia'', del TLCAN:

1. El espíritu de la propuesta en estudio coincide con la anterior, en el sentido de que ambos promoventes reflejan preocupación frente a la apertura de la liberalización arancelaria del frijol, maíz, caña de azúcar, leche en polvo, entre otros productos, planteando un escenario que requiere de forma urgente atención y acción.

2. Ante el inminente daño que provocará la apertura de la liberalización arancelaria al sector agrícola, el autor propone hacer efectivas todas las previsiones consideradas en el TLCAN, no sólo las relativas a la eliminación arancelaria sino, también las que ayuden a proteger la economía.

3. No sólo puede insistirse en la renegociación del TLCAN, también se puede recurrir a las medidas de emergencia bilaterales, a las que los gobiernos suscriptores pueden acudir para evitar que se cause daño a la producción nacional de productos o mercancías idénticas o similares a las que están importando; determinar que las importaciones de algunos productos o mercancías se han incrementado en tal medida que han causado o amenazan causar un serio daño a la producción nacional, y con base en dicha determinación establecer medidas arancelarias que impidan que la importación de los productos en cuestión se continúe realizando.

4. Las medidas de emergencia son recursos a los que acuden los gobiernos para defender a sus productos, y así a su economía y la del sector que corresponda.

Toda vez que ambas proposiciones con puntos de acuerdo, presentadas ante el Pleno de la Comisión Permanente, el 16 de enero de 2008, tienen el propósito fundamental de exhortar al Ejecutivo federal a impulsar acciones necesarias que protejan al campo mexicano, se ha procedido a formular un solo dictamen y, con base en lo antes expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta de manera urgente al gobierno federal para que en el ámbito de su competencia, impulse todas las acciones que en el marco del Capítulo VIII ``Medidas de Emergencia'' del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se prevean para proteger al campo mexicano.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta de manera urgente al gobierno federal para que en el ámbito de su competencia analice la conveniencia de una revisión al Capítulo Agropecuario de referencia en el sentido de poder activar algún recurso establecido en el mismo en beneficio de dicho sector, manteniendo los espacios de diálogo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. Aquí sí hay un orador, el senador Silvano Aureoles tiene el uso de la palabra, por favor. ¿Alguien más se va a inscribir en este punto? El diputado Pablo Arreola también. ¿Alguien más? Para que no sea al calor de las palabras de los que pasen, si nos dicen, por favor, quien se va a anotar.

El senador Silvano Aureoles Conejo: Gracias, Presidenta.

El punto del dictamen que se presenta a discusión, que ha sido ya leído por la Presidencia, quisiera yo referirlo también a un punto que están presentando los compañeros de la fracción parlamentaria del PRI, de tal manera que quiero proponerles que se agregue a lo que ya ha sido leído aquí, porque el punto que ustedes están presentando, que está en la lista de las proposiciones, tiene elementos muy importantes y muy concretos que pudieran ser agregados al dictamen que está a discusión, compañeros de la fracción del PRI.

Los dos componentes del dictamen ya han sido leídos y yo agrego un tercero. Por todas las razones, los argumentos que ya se han dado aquí, en un tema que ha sido ampliamente discutido, se han aportado una cantidad muy importante de datos y antecedentes, de cifras muy concretas del comportamiento de nuestro sector agropecuario con Estados Unidos, particularmente, porque nos han presentado ---o por lo menos las cifras que maneja Economía y que maneja Hacienda--- cifras que están maquilladas.

En realidad, lo que ha tenido un repunte, un crecimiento en las exportaciones ha sido la parte agroindustrial, fundamentalmente lo que tiene que ver con la exportación de cerveza.

Si ustedes revisan las cifras, gráficamente se puede ilustrar muy bien que en otros conceptos, en otros rubros del sector agropecuario somos deficitarios. Se incrementó, y eso infla la balanza comercial, la parte de las exportaciones de cerveza, que no es precisamente la generalidad de los problemas en el sector rural.

También vale la pena volver a plantear, hacer énfasis nuevamente, en que nosotros creemos que no hay problema si nos sentamos a revisar el tema con los expertos, con los compañeros de la fracción del PAN ---que ha mantenido una postura diferente a la nuestra--- para que se pueda revisar, particularmente el concepto del maíz. Porque lo hemos tomado de manera general el tema del maíz y lo que tenemos que hacer aquí, compañeras y compañeros, es separar lo que tiene que ver con maíz amarillo y lo que tiene que ver con el maíz blanco.

Cuando ponemos el tema sobre la mesa nos dicen: no. Porque, entonces, Estados Unidos puede tomar medidas en contra nuestra y vamos a tener problemas con los aguacates. Nos pueden bloquear las exportaciones de aguacate.

Con mucho respeto les digo, porque además conozco bien el tema: no va a pasar nada. Si quisieran bloquear las exportaciones de aguacate... primero, porque son de ellos las empresas, 60 por ciento de los exportadores de aguacate son de California; no creo que ellos mismos se quieran poner la soga al cuello.

Pero el otro punto más importante es que nosotros podemos quedarnos sin aguacate, pero difícilmente el país soportaría quedarse sin maíz blanco para las tortillas, porque es el consumo básico de la mayoría de las familias mexicanas. Ése es un elemento fundamental. Entonces, órale, vamos a revisar el tema, saquemos maíz amarillo. Que ahí hay que reconocerlo, además, tenemos un déficit de más o menos 15, 18 millones de toneladas de maíz amarillo. Ése tendrá un tratamiento distinto, pero el maíz blanco... es necesario, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, que saquemos el tema del maíz blanco del acuerdo comercial con Estados Unidos por un asunto elemental de soberanía, de seguridad y la alimentación de los mexicanos.

Miren, las familias del medio rural ---por experiencia se los digo--- pueden no tener ni frijoles, pero no se puede quedar la gente sin tortillas de maíz. Por eso la insistencia nuestra en este tema del maíz blanco, y yo creo que ahí vamos a tener la comprensión de nuestras compañeras y compañeros de Acción Nacional y del PRI.

Yo agrego entonces, Presidenta, para concluir, porque hoy estoy muy respetuoso del tiempo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Pues ya se le acabó desde hace un rato.

El senador Silvano Aureoles Conejo: Por eso ya voy a concluir. Agregamos el apartado tercero a lo que ya se ha leído aquí.

Tercero. Se solicita al titular del Ejecutivo federal que remita a ambas Cámaras del Congreso de la Unión, a más tardar durante la primera semana del próximo periodo ordinario de sesiones, un informe amplio y detallado sobre las medidas bilaterales de emergencia y demás recursos que resulten aplicables para dar cumplimiento al presente punto de acuerdo que ya ha sido dictaminado en la comisión.

Leo... dice: la Comisión Permanente exhorta de manera urgente al gobierno federal, para que en el ámbito de su competencia impulse todas las acciones que en el marco del Capítulo Agropecuario, Capítulo VIII, ``Medidas de emergencia'', del Tratado de Libre Comercio, se prevean para proteger al campo mexicano.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta de manera urgente al gobierno federal a que, en el ámbito de su competencia, analice la conveniencia, que ya habíamos además firmado un punto similar; y el agregado tercero.

Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, senador, entiendo que está proponiendo un cambio en esta redacción del punto o lo vamos a...

El senador Silvano Aureoles Conejo: Es una adición, el apartado tercero.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Está proponiendo un cambio?

El senador Silvano Aureoles Conejo: Se lo doy por escrito, para que usted pueda...

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Por favor, muy amable, senador. Y le ofrezco disculpas por mi exceso de broma, discúlpeme.

Por favor, le damos la palabra al diputado Pablo Arreola. ¿Alguien más se va a anotar en este punto? Terminando el diputado Arreola vamos a someter a votación si se acepta el cambio que ha propuesto el senador.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Con su permiso, Presidenta.

En principio creo que la adición que nos presenta el senador Silvano enriquece el punto de acuerdo que aprobamos ayer en la comisión.

Yo creo que lo más importante que se está dando en este punto es la coincidencia de todos los grupos parlamentarios, sin excepción, a pesar de una discusión rica, profunda, respecto al tema de la necesidad de que se tomen medidas por parte del Ejecutivo federal junto con legisladores y junto también con organizaciones campesinas respecto a cómo afrontar el problema que ya lo tenemos desde años atrás.

Hay que reconocer que el asunto del Tratado de Libre Comercio en el Capítulo Agropecuario no es un problema de este 1 de enero de 2008. Es un problema que se viene arrastrando desde que se firmó dicho tratado, en 1994.

Por eso, yo creo que de lo que avanzamos ayer, lo fundamental son las medidas necesarias, urgentes, que permitan paliar dicha situación. Y dos, mantener los espacios de diálogo para ver la conveniencia de que se revise el Capítulo Agropecuario.

Para nosotros, Partido del Trabajo, vemos necesario que sí se haga la revisión correspondiente, pero hay oposición de parte de Acción Nacional respecto a esto. Discutámoslo, lo importante de ayer es que se abra ese espacio y que demos nuestros puntos de vista, demos nuestros argumento, el porqué sí es necesario que se haga la revisión y que además está contemplado dentro del cuerpo del mismo Tratado de Libre Comercio y que a partir de esto, de una decisión colectiva, podamos tomar las medidas más oportunas.

Por eso vamos a votar a favor, el Grupo Parlamentario del PT, a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Pablo Arreola.

Voy a permitirme leer la adición que hizo el senador Silvano Aureoles para consultarles.

Él propone una modificación que dice así:

Tercero. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo federal que remita a ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Unión, a más tardar durante la primera semana del próximo periodo ordinario de sesiones, un informe amplio y detallado sobre las medidas bilaterales de emergencia y demás recursos que resulten aplicables para dar cumplimiento al presente punto de acuerdo.

Ésa sería la adición por lo cual pido a la Secretaría, en votación económica, que consulte a esta asamblea si es de aprobarse esta modificación que está presentando el senador Silvano Aureoles, por favor.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición y la modificación del legislador, la propuesta del senador Aureoles. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la negativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: No se acepta la propuesta de modificación. Se reserva el punto para su votación en conjunto tal y como había estado suscrito por la Comisión. Continúe la Secretaría, por favor, con los puntos.

MANGLARES

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Dictamen de la Tercera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la protección de los humedales mexicanos, principalmente los ecosistemas de manglar

Honorable Asamblea:

A la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la del Congreso de la Unión fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen respectivo el punto de acuerdo presentado por la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, relativo a la protección de los humedales mexicanos, principalmente los ecosistemas de manglar.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127, párrafo primero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Tercera Comisión, que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

1. En sesión de la del Congreso de la Unión de fecha 16 de enero de 2008, la diputada Aleida Alavez Ruiz presentó un punto de acuerdo relativo a la protección de los humedales mexicanos, principalmente los ecosistemas de manglar.

2. Dicho punto de acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la del Congreso de la Unión.

3. Con fecha 22 de enero del año en curso, los integrantes de la Tercera Comisión, en reunión de trabajo, procedimos a la discusión del presente dictamen.

4. Los suscritos, integrantes de la Tercera Comisión, estiman procedente puntualizar la propuesta contenida en el punto de acuerdo de mérito, que a la letra señala:

Considerandos

1. Los manglares son uno de los ecosistemas más ricos sobre la Tierra; crecen sobre los estuarios fluviales y los litorales protegidos de las zonas costeras ecuatoriales, tropicales y subtropicales, adaptadas al flujo de las mareas. Les permite sobrevivir en un suelo sin oxígeno y con altas concentraciones salinas; sus hojas se adaptan también a la escasez de agua dulce y son capaces de eliminar el exceso de sal.

2. El manglar es un ecosistema irremplazable y único que alberga una increíble biodiversidad y que se cuenta entre uno de los más productivos del mundo. Es el hogar de gran variedad de vida, aves migratorias, criaturas marinas y reptiles, además de las especies vegetales asociadas.

3. Los manglares representan un recurso natural trascendental ya que, entre otras cosas, son los ecosistemas naturales de mayor productividad, debido a la alta producción de materia orgánica que se desarrolla en ellos; actúan como criaderos para muchas especies de peces y otros mariscos; protegen la costa contra la erosión, tormentas y huracanes; y sirven de hábitat para una enorme diversidad de aves y otras especies marinas.

4. Sin embargo, a pesar de la importancia de estos ecosistemas, el impacto de los desarrollos portuarios, la infraestructura turística, la canalización, los rellenos y el incremento de sedimentos, entre otras actividades humanas, continúan provocando el deterioro y la pérdida de grandes extensiones de humedal costero y manglares.

5. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 10 de abril de 2003, publicó la NOM-022-SEMARNAT-2003, que tiene por objeto establecer las especificaciones que regulen el aprovechamiento sustentable en humedales costeros para prevenir su deterioro, fomentando su conservación y, en su caso, su restauración.

Esta comisión coincide con la promovente, debido a la importancia de los manglares, por los servicios ambientales que aportan, fundamentales para la actividad pesquera, protección y crianza de una diversidad de especies de peces crustáceos y moluscos. Por ello consideramos pertinente que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales nos informe sobre el estado actual de los manglares, así como un reporte sobre las autorizaciones de impacto ambiental que ha otorgado.

6. Respecto a los hechos que, afirma el promovente, han afectado numerosas hectáreas de manglar en toda la república, así como violaciones contra la legislación ambiental, esta comisión se pronuncia por el cumplimiento cabal de la ley, y fincar la responsabilidad administrativa o penal contra quien resulte culpable.

Con base en lo expuesto, la Tercera Comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal que presente ante la Comisión Permanente un informe sobre el estado que guardan los humedales mexicanos, particularmente los manglares.

Segundo. Se solicita a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas iniciar de manera urgente la elaboración de los estudios técnicos que permitan decretar, en su caso, los ecosistemas de manglar de las costas mexicanas que pudieran llegarse a considerar áreas naturales protegidas, en la categoría de santuarios.

Tercero. Se exhorta a la Semarnat y a la Procuraduría General de la República a informar a las Cámaras del Congreso de la Unión sobre la presunta comisión de delitos con relación a la decisión del cabildo del ayuntamiento de Veracruz de modificar el uso de suelo que afecta los humedales de la laguna Vergara-Tarimoya.

Cuarto. Se solicita a la Secretaría de la Función Pública que informe sobre la resolución de las más de 19 quejas presentadas contra el entonces director general de Impacto y Riesgo Ambiental, Ricardo Juárez Palacios.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión este punto de acuerdo. No se ha inscrito ningún orador, por lo cual se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto. Continúe, por favor, la Secretaría.

ESTADO DE SONORA

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo para solicitar al gobierno federal que solucione por la vía pacífica el conflicto laboral en la mina de cobre de Cananea, Sonora

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a solucionar por la vía pacífica el conflicto laboral en la mina de cobre de Cananea, Sonora; y al gobierno de ese estado, a respetar el derecho de manifestación de los integrantes de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, suscrita por los diputados Aleida Alavez Ruiz y Carlos Navarro López , del Grupo Parlamentario del PRD.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos del punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58,60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Primera Comisión, que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente dictamen.

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 16 de enero de 2008 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

1. En el capítulo de consideraciones, los proponentes expresan sustancialmente lo siguiente:

Citan los proponentes diversa proposición con punto de acuerdo que presentó el diputado Carlos Ernesto Navarro López el 16 de octubre de 2007, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, para exhortar al secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS) a atender el conflicto laboral en la mina de cobre de Cananea, Sonora; y al gobernador de ese estado, a respetar el derecho de manifestación de los integrantes de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), que señalan se encuentra pendiente de dictamen por la Comisión de Trabajo y Previsión Social de dicha Cámara, situación que fue confirmada por esta comisión dictaminadora. Señalan que de haber sido oportunamente atendida dicha proposición, los hechos que ocurrieron el viernes 11 de enero se pudieron haber evitado. A continuación, se presenta un resumen de los hechos mencionados por los proponentes:

El 30 de julio de 2007, los trabajadores de la mina de cobre Mexicana de Cananea, Sonora, pertenecientes a la sección 65 del SNTMMSRM emplazaron a huelga a la empresa Industrial Minera México, SA de CV (IMM), subsidiaria de Grupo México. Su principal demanda fue relativa a mejores condiciones de seguridad e higiene.

El 7 de agosto de 2007, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró inexistentes las huelgas de Cananea, Taxco y Sombrerete, mencionando la circunstancia de que el titular de la STPS anunció tal declaratoria horas antes que lo hiciera la junta competente.

La misma Junta Federal de Conciliación y Arbitraje volvió a declarar inexistente la huelga el pasado viernes ( 11 de enero de 2008), pese a que el 16 de agosto de 2007 los trabajadores habían logrado un amparo emitido por el Juzgado Quinto de Distrito en materia Laboral y una determinación de legalidad de la huelga el 17 de diciembre del mismo año, por parte del Primer Tribunal Colegiado en materia de Trabajo. La inexistencia se sustentó en que la huelga ``no inició en el minuto exacto que fue señalado para su emplazamiento''.

En la misma resolución, la junta federal reconoce que hay condiciones de inseguridad laboral, y la STPS declaró en un boletín de prensa del 11 de enero de 2007 que ``se mantendrá atenta a los esfuerzos que se lleven a cabo para reforzar las condiciones de seguridad e higiene en las instalaciones de la mina de Cananea y, una vez que sean normalizadas las actividades en este centro de trabajo, se dispondrá el desahogo de una inspección extraordinaria en la materia para verificar que Mexicana de Cananea, SA de CV, cumpla las normas aplicables''.

Además, los proponentes señalan los siguientes hechos particulares: que la fuerza pública federal se envió horas antes que fuera notificado el sindicato; que con la utilización de dicha fuerza pública se están utilizando recursos públicos por montos millonarios para defender los intereses económicos de una empresa privada; que se está ejerciendo represión contra el pueblo de Cananea durante el desalojo de las instalaciones de la mina, utilizando gases lacrimógenos, y varios mineros resultaron gravemente golpeados; que los trabajadores mineros han sido víctimas de amenazas, actos de intimidación y hostigamiento por parte de las fuerzas policiacas; que el gobierno de Sonora prestó auxilio a las fuerzas federales, con fundamento en ``un oficio sin validez, toda vez que carecía de firma, emitida supuestamente por el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, licenciado Miguel Ángel Gutiérrez Cantú, solicitándole su colaboración para continuar el desalojo''.

Y que de 2005 a 2006 la empresa obtuvo ganancias por más de 148 por ciento y en el primer trimestre de 2007 reportó ganancias por más de 11 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 48 por ciento respecto al mismo lapso del año anterior.

II. Los integrantes de la comisión dictaminadora analizaron los hechos reseñados y argumentos esgrimidos por los proponentes, y a efecto de contar con mayores elementos de convicción solicitaron un estudio especial al grupo de asistencia técnica de la propia comisión sobre los comentarios y las opiniones que han aparecido sobre el tema en los medios nacionales de comunicación impresa.

Complementando y verificando la información recibida, se puede afirmar con certeza lo siguiente:

Con sustento en lo anterior, tenemos básicamente la evidencia de la existencia de un conflicto colectivo de trabajo con suspensión de labores (huelga), que fue declarada inexistente por la autoridad competente y que se encuentra sub judice ante dicha autoridad. Al efecto, se cita lo previsto en el Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su parte conducente establece:

1. a 5. ...6. Minera;

Debe recordarse que ambas Cámaras del Congreso de la Unión y esta Comisión Permanente se han pronunciado reiteradamente en el sentido de que serán respetuosas del principio de división de poderes, de manera especial en lo relacionado con las atribuciones del Poder Judicial y de otros órganos jurisdiccionales, como la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, cuya función esencial es precisamente resolver conflictos particulares, incluyendo aquellos de que sean parte sindicatos y empresas mineras.

Por otra parte, la comisión dictaminadora manifiesta su preocupación por la situación de tensión social prevaleciente, hechos de violencia con lesionados, detenciones, intervención de elementos de la Policía Federal Preventiva y del gobierno del estado, que evidentemente requieren atención especial y urgente por parte de las autoridades federales y de las locales involucradas.

En mérito de lo expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, solicita al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que instruya al titular de Seguridad Pública federal para que informe a esta soberanía sobre la participación de elementos de la Policía Federal Preventiva en el conflicto laboral entre el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y la empresa minera Mexicana de Cananea, SA de CV, en el municipio de Cananea, Sonora, así como las causas y el fundamento que justificaron su intervención.

Segundo. La del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya al secretario del Trabajo y Previsión Social a coadyuvar en la solución del conflicto laboral existente en el municipio de Cananea, Sonora, con motivo del conflicto colectivo de trabajo entre el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, y Mexicana de Cananea, SA de CV, privilegiando la negociación y la solución pacífica de los conflictos.

Tercero. La del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a efecto de que instruya al secretario del Trabajo y Previsión Social a fin de que verifique el cumplimiento de las obligaciones patronales en materia de seguridad e higiene de la empresa minera Mexicana de Cananea, SA de CV.

Cuarto. La del Congreso de la Unión exhorta, con estricto respeto de su jurisdicción y de la competencia de las entidades federativas, al gobernador constitucional de Sonora a respetar y garantizar las manifestaciones que en ejercicio de las garantías individuales, consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realicen los trabajadores la empresa minera Mexicana de Cananea, SA de CV.

Quinto. La del Congreso de la Unión exhorta a las partes involucradas en este conflicto, incluyendo autoridades federales y estatales, a redoblar sus esfuerzos a fin de encontrar, por la vía del diálogo, una solución a este conflicto, en un marco de respeto de los derechos y de las garantías individuales y sociales, consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo, y se han inscrito para este punto la diputada Aleida Alavez Ruizy la diputada Pilar Ortega. Por favor, le damos el uso de la palabra a la diputada Aleida Alavez Ruiz.

La diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputada Presidenta.

Es para señalar que ayer, en la discusión en la Primera Comisión de este punto, una de las cosas que nos llevó un poco más de tiempo fue un primer párrafo, el primer resolutivo de este punto de acuerdo que tenía que ver con un exhorto a retirar la fuerza federal preventiva, a la Policía Federal Preventiva del municipio de Cananea, ya que para nosotros, después de haber hecho un estudio y una revisión periodística de cómo se dieron los hechos, tenemos claro que la Policía Federal llegó 16 horas antes de que la Junta de Conciliación y Arbitraje fallara la no existencia de la huelga.

Entonces no creemos que sea la vía de la resolución de conflictos enviar inmediatamente a la Policía Federal Preventiva sin primero agotar las vías de diálogo.

Además de señalar que en el punto de acuerdo, que además signan mis compañeros del PRD, el diputado Carlos Navarro señaló desde octubre de 2007, que este conflicto se veía venir, se avecinaba, había las observaciones a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social sobre las condiciones de los mineros en esta empresa, y aún así no hubo la atención de este Legislativo para que el punto de acuerdo se deliberara y se aprobara.

Por eso es que creo que no es la forma como se puedan atender los conflictos en el país enviando a la fuerza pública cuando hay avisos, cuando hay antecedentes de que estos conflictos se vienen dando.

Por eso queríamos, por eso defendimos ayer que sí se hiciera el exhorto al Ejecutivo Federal con respecto al retiro de la fuerza pública, privilegiar la vía de diálogo, pero también señalar que es muy lamentable que ante este conflicto, en lugar de tener respuestas de diálogo, apertura, en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se les reciba con una manta en la que señalan que no se resuelven conflictos judiciales.

Yo creo que ahí también estamos encontrando como una provocación de parte de la autoridad para que este conflicto, en lugar de encontrar cauces, se ponga más en una condición de fuerza pública, de enfrentamiento, que no ayuda ni habla de ese estado de derecho que se pregona en el Ejecutivo federal.

De ahí que en el Grupo Parlamentario del PRD vamos a votar a favor de este punto, claro que sí. Pero lamentamos mucho que no se quiera ni siquiera exhortar al Ejecutivo federal ante señalamientos tan tajantes y contundentes como lo es la utilización de la fuerza pública en conflictos de este tipo. Gracias, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Aleida Alavez Ruiz. Tiene el uso de la palabra la diputada Pilar Ortega Martínez, por favor.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, Presidenta.

Una de las preocupaciones de toda sociedad democrática es la de que prevalezca siempre el estado de derecho. Es decir que la ley se cumpla, que la autoridad competente resuelva conforme a sus facultades y que las resoluciones sean acatadas. Estamos ante una situación en donde se hace uso de uno de los derechos más importantes para los trabajadores. Es decir, el derecho de huelga. Un derecho irrenunciable para todos los sindicatos.

Los trabajadores pertenecientes a este sindicato, con base en la Ley Federal del Trabajo, estallaron la huelga. Pero como todo procedimiento jurídico que se rige por principios constitucionales, la parte afectada también hizo uso de los recursos previstos en la misma ley.

Estamos ante un procedimiento inconcluso ---que aún no ha terminado---, por lo que no debe ser la discusión política la que deba prevalecer, sino esperar las resoluciones que dicten las instituciones judiciales correspondientes.

Por ello, Acción Nacional punga por que prevalezca en este y en todos los casos la legalidad y que sean respetados los derechos de los trabajadores. Que la Ley Federal del Trabajo se cumpla, pero que sean las autoridades competentes las que, con base en sus atribuciones, resuelvan al margen de las simpatías que nosotros pudiéramos tener por los actores involucrados.

Por ello, ayer en el debate que se dio al interior de la Primera Comisión, pugnamos porque en este punto de acuerdo, el primero de los puntos fuera sí ---en virtud de la preocupación manifestada por algunos compañeros legisladores---, que se pidiera una información detallada al Ejecutivo federal sobre la forma y términos en que ha prevalecido la intervención de la Policía Federal Preventiva.

Pero en esos términos, respetando, en todo caso, las decisiones que ha tomado en su momento la Junta de Conciliación y Arbitraje como órgano que dirime controversias y que tiene una naturaleza jurisdiccional. Por ello, en esos términos manifestamos nuestra postura ayer. Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Pilar Ortega Martínez. Tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Arreola.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Con el permiso, señora Presidenta. Tomé el uso de la palabra por lo siguiente:

También estoy presentando un punto de acuerdo en este tema y veo que lo que concluyeron ayer en la Primera Comisión de Trabajo, aunque no cumple las expectativas ---desde mi punto de vista---, da salida a buscar una solución desde el punto de vista legal y de justicia a este conflicto.

Yo espero que con este punto de acuerdo logremos incidir para que las autoridades, y principalmente las autoridades que tienen que ver en el asunto, lo traten de manera legal; que lo traten con profundidad, pero apegados estrictamente a la ley.

Que las corporaciones policíacas no se apresuren, no se apresten a servir al patrón en contra de los trabajadores. Los hechos son contundentes. Antes de que existiera una resolución ya se encontraba la fuerza policíaca reprendiendo y, además, forzando a todos los trabajadores que no estaban de acuerdo con esa resolución a que se salieran de la mina. Eso no puede suceder en nuestro país.

Y los cuerpos policiacos se tienen que apegar estrictamente a lo que les mandata la ley. Por eso creemos nosotros, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que a partir de la discusión que se dio y del punto de acuerdo, podemos encaminar este asunto por el camino de la ley. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Pablo Arreola. Tiene la palabra el senador Alfonso Elías.

El senador Alfonso Elías Serrano: Muchas gracias, Presidenta.

Ustedes saben que el pasado 30 de julio de 2007 el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana emplazó a huelga al Grupo México en su centro de trabajo de Cananea, Sonora; Taxco, Guerrero, y Sombrerete, Zacatecas, señalando violaciones a las condiciones de seguridad en el empleo.

La mina de Cananea genera más de mil 300 plazas sindicalizadas y produce más de 60 por ciento del cobre en México, por lo que el conflicto laboral en esta mina representa gran impacto en la economía regional del estado y en la economía nacional.

Para darnos una idea de la afectación de este conflicto, cada trabajador de la mina, a la fecha, ha dejado de percibir alrededor de 350 mil pesos por concepto de su sueldo, bonos y otras prestaciones que otorga la empresa y se han dejado de producir más de 100 mil toneladas de cobre.

Mientras tanto que el procedimiento jurídico-laboral relativo a la mina de Cananea... el juzgado federal que conoce del amparo promovido por el sindicato minero concedió recientemente la suspensión provisional, protegiendo a los trabajadores contra despidos, en tanto se resuelve de fondo el amparo, pero autorizando a los trabajadores que lo deseen a regresar libremente al centro de labores. El conflicto en Cananea ha generado un ambiente de crisis en dicha localidad y sus alrededores, caracterizado no sólo por el enfrentamiento entre trabajadores de la mina o los conatos de violencia que hubo con las policías federales y trabajadores, sino por la incertidumbre de la comunidad que dependiendo casi por completo de la actividad de la mina, desconoce el futuro inmediato de su principal fuente de trabajo.

Por tal motivo, el gobierno de Sonora, bajo la premisa de mantener y fortalecer una fuente de empleo con tanta tradición y de una enorme importancia económica para la entidad y proteger los derechos de los trabajadores y el estado de derecho en general, ha reiterado su disposición para ser mediador entre las partes y actuando de manera decidida en lo que corresponda a sus atribuciones, no obstante que esta situación laboral es de estricta competencia federal.

Es por todo lo anterior que resulta pertinente que como Congreso nos pronunciemos por la solución pacífica integral del conflicto en Cananea y expresemos nuestra solidaridad con los ciudadanos de esa comunidad, reafirmando nuestro compromiso por participar en lo que corresponde a la competencia de este Poder en la construcción de las condiciones necesarias para resolver la problemática existente.

Por eso estamos de acuerdo, en el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de este punto de acuerdo que ha propuesto la Primera Comisión de esta Permanente. Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, senador Alfonso Elías Serrano. Tiene el uso de la palabra el senador Francisco Javier Castellón Fonseca. ¿Alguien más se va a anotar en este punto? Diputado Cuauhtémoc Velasco.

El senador Guadalupe Francisco Javier Castellón Fonseca: Gracias, Presidenta.

El asunto de Cananea es un asunto más de fondo. No es solamente el cumplimiento de un laudo laboral y de declaración de ilegalidad de una huelga. Realmente es sólo el punto que implica discutir también la política laboral del gobierno.

El llevar la policía a Cananea es un gesto similar, como el que ayer, para ver cómo es el fondo de la política laboral del gobierno, realizó y confesó el secretario del Trabajo, haber hecho frente a una manifestación de mineros que llegaban a manifestarse frente a la Secretaría del Trabajo y les sacó una manta monumental que decía: Aquí no se tramitan asuntos penales. Eso muestra el grado de sensibilidad que han alcanzado las autoridades laborales en este país.

Cómo creen que uno puede tragarse el cuento de que la policía solamente está ahí para cumplir el laudo laboral. Creo que aquí lo que hay que hacer es profundizar el análisis de cómo en un primer momento se están judicializando los movimientos sociales; cómo se enfrenta primero con la fuerza un movimiento de esta naturaleza; un movimiento laboral; cuando cualquier conflicto social o cualquier conflicto que surge en ese contexto debe tratarse, de entrada, de manera política.

Es evidente que hay asuntos laborales qué tratar en la relación de los mineros con la empresa. Bueno, pero el rebasar el ámbito laboral y colocarse ya en el ámbito social y en el ámbito político y el que no rebase esto es también tarea del gobierno. No pueden desligarse de la responsabilidad de no ocasionar problemas de este tipo y solucionarlo todo con la policía y con la mano fuerte. No creo que conduzca a la solución pacífica de ningún conflicto.

Por esa razón, nosotros hacemos el llamado, al igual que el senador que antecedió en la palabra, a que se camine por la solución negociada y pacífica del conflicto. Porque se está apelando a la palabra estricta de la ley para poder tener a la policía, intimidar a los actores y prácticamente avasallar cualquier movimiento social.

Ayer lo dijimos en la Primera Comisión, no queremos que Cananea sea otro Atenco, otro Lázaro Cárdenas, otro Oaxaca. Que no fueron precisamente asuntos que cumplieron estrictamente el marco legal y nos consta, sobre todo a quienes recibimos a los familiares allá en el penal de alta seguridad de El Rincón, en Nayarit, porque había hasta menores de edad, en los presos de Oaxaca, que iban golpeados y torturados. Así no es cumplir la ley.

Por eso nosotros solicitamos la solución pacífica al conflicto; la priorización de la política como un arma para resolverlos y, por supuesto, la utilización de la policía, como lo decía nuestro compañero del PT, exclusivamente en el marco legal para lo que están hechos. Muchas gracias, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, senador Francisco Javier Castellón Fonseca. Tiene el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco, por favor.

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a nuestro juicio el enfrentamiento entre trabajadores de la sección 65 del Sindicato de Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, con agentes de la policía estatal y federal en Cananea, Sonora, que tuvo un cargo de 5 detenidos y cerca de 40 lesionados, es un evento que muestra una vez más la falta de prudencia y de manejo inteligente de parte de la autoridad laboral.

Estos hechos ocurrieron después de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje notificó la declaración de inexistencia de la huelga estallada el 30 de julio de 2007. Sobre el asunto sorprende la celeridad con que la autoridad laboral procedió a ejecutar la resolución con la que declare inexistente la huelga.

Debemos tener presente que el emplazamiento y posterior estallido de la huelga derivan del ejercicio legítimo de los trabajadores de la empresa Grupo México, de revisar sus condiciones laborales.

Por ello, nos preocupa profundamente que la Secretaría del Trabajo haya procedido de manera irresponsable al solicitar de inmediato el apoyo de la fuerza pública para recuperar las instalaciones de la empresa.

Con esta medida del uso de la fuerza, el secretario del Trabajo demuestra una vez más que ha renunciado a ejercer su calidad de árbitro para resolver asuntos de esta naturaleza y evidencia una actitud parcial para conducir este conflicto, cuando debiera serlo por medio del diálogo.

Este asunto se suma al lamentable y recurrente comportamiento de la autoridad laboral, similar al adoptado por el entonces titular de la Secretaría del Trabajo, Francisco Javier Salazar, de proteger a Grupo México después de omitir cumplir con su obligación de verificar las condiciones de inseguridad con que laboran los mineros en Pasta de Conchos y que dejó como saldo 65 mineros muertos.

Ahora, Javier Lozano Alarcón, con la misma posición de defender los intereses de Grupo México, actuó de tal forma que nos hace pensar en un posible contubernio con la empresa para defender sus intereses con la Secretaría del Trabajo a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ni siquiera esperó a que feneciera el término legal para la promoción del juicio de amparo ante la declaratoria de inexistencia.

Prueba de ello es que el juzgado VI de distrito en materia del trabajo otorgó suspensión provisional derivada y el juicio de amparo que el sindicado minero promovió.

Insistimos, el gobierno federal ha sido incapaz de llegar a un acuerdo en el caso de la mina de Cananea y con sus acciones ha generado un clima de confrontación y de posibles futuros enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y trabajadores de la minera.

Por eso nos parece que es fundamental que es indispensable que esta actitud y esta política que ha seguido la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y su titular, en especial, se modifique.

Como aquí ha sido reiterado en esta tribuna, es indispensable que este conflicto se supere por la vía del diálogo, y de la concertación, y no a través de la fuerza y de tratar de imponer condiciones que lastiman a los trabajadores y lastiman la conciencia social de nuestro país. Por eso es que Convergencia votará a favor de este punto de acuerdo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En virtud de que no se ha registrado ningún otro orador, se considera suficientemente discutido este punto, por lo cual se va a reservar para su votación económica en conjunto.

FUERO CONSTITUCIONAL

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar a la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a garantizar el fuero constitucional del diputado Francisco Sánchez Ramos

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco inicie una investigación a fondo en torno al asesinato de un colaborador del diputado Francisco Sánchez Ramos , presentada por el diputado Salvador Ruiz Sánchez y suscrita además por la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del PRD.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos del punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables de1 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente:

Dictamen

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 16 de enero de 2008 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. En el capítulo de Consideraciones, los proponentes relatan una serie de hechos que dan sustento a su propuesta, en los siguientes términos literales:

``El día 11 de enero, aproximadamente a las diecinueve treinta horas, se presentó al domicilio del diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática, Francisco Sánchez Ramos , un individuo portando un arma de fuego y amedrentando a varias personas que se encontraban presentes. Esa persona, de nombre Juan Antonio Contreras Pérez, elemento de la policía estatal y chofer del subsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, profirió además amenazas directas contra el diputado Sánchez Ramos, señalando que le ``daría un tiro'' pues esas eran sus instrucciones ``porque andan hablando mal de Granier y de Mayans Canabal''. Al lugar llegaron elementos de seguridad municipal de Huimanguillo y sometieron Juan Antonio Contreras que, textualmente dijo, ``que esa humillación la iban a pagar con su vida''. Justo después arribó el señor Irving de Jesús Jiménez Sánchez, oficial de seguridad pública del estado, comisionado a la seguridad personal del secretario de Gobierno, Humberto Mayans Canabal. Este oficial llegó para reclamar su arma, misma que fue con la que Contreras Pérez había amenazado al diputado y a su colaborador, David Isidro Madrigal.

El día 12 de enero, alrededor de las ocho y treinta horas, esa amenaza se cumplió. Un individuo disparó en tres ocasiones a David Isidro Madrigal, privándolo de la vida en su propio domicilio.''

Los proponentes hacen una serie de imputaciones respecto a quienes considera responsables de los hechos denunciados y concluyen en solicitar lo siguiente:

II. La comisión dictaminadora considera que no es procedente solicitar de la Procuraduría General de la República que inicie averiguación previa, en virtud de que corresponde a la víctima denunciar los hechos presumiblemente constitutivos de un delito tal y como lo señala el artículo 113 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual a la letra señala:

Si el que inicia una investigación no tiene a su cargo la función de proseguirla, dará inmediata cuenta al que corresponda legalmente practicarla.

Cuando para la persecución de un delito se requiera querella u otro acto equivalente, a título de requisito de procedibilidad, el Ministerio Público federal actuará según lo previsto en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para conocer si la autoridad formula querella o satisface el requisito de procedibilidad equivalente.

En el caso que nos ocupa tal y como lo refieren los proponentes estamos en presencia de una conducta típica de amenazas, la cual de conformidad con el artículo 282 del Código Penal Federal es un delito que se perseguirá por querella, por lo que es necesario que el diputado Francisco Sánchez Ramos presente ante el Ministerio Público Federal la denuncia correspondiente.

III. Por otra parte, la comisión dictaminadora también aprecia que en las consideraciones de punto de acuerdo que se dictamina no se proporcionan elementos que justifiquen la solicitud a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a realizar las medidas conducentes a fin de garantizar la seguridad personal y garantías constitucionales del diputado Francisco Sánchez Ramos , pues de los hechos relatados no aparece que se estén afectando o violentando dichas garantías.

No obstante la dictaminadora, considera importante exhortar a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que en uso de las facultades que le confieren los artículos 61 constitucional y22 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos instruya a las áreas administrativas de dicho órgano colegiado para que otorguen asesoría y atención en la materia legal al diputado Francisco Sánchez Ramos , en su carácter de legislador integrante de la Cámara de Diputados, así como que se ejerciten las acciones correspondientes para garantizar el respeto al fuero constitucional del mismo, de conformidad con las hipótesis previstas en el artículo 61 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que con fundamento en los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 22 numeral 1, de la Ley General del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, realice e instruya las acciones necesarias a fin de velar por el respeto al fuero constitucional del diputado Francisco Sánchez Ramos .

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. No se ha inscrito ningún orador, por lo cual consideramos suficientemente discutido el punto y vamos a reservarlo para su votación económica en conjunto.

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VOLUMEN II

ESTADO DE MEXICO

El secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Dictamen de la Primera Comisión, con puntos de acuerdo relativos a la solicitud de información sobre el traslado de los sentenciados Héctor Galindo Gochicoa, Felipe Álvarez Hernández e Ignacio del Valle Medina a un centro penitenciario del estado de México

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo relativo al traslado de los detenidos Héctor Galindo Gochicoa, Felipe Álvarez Hernández e Ignacio del Valle Medina al centro penitenciario correspondiente en el estado de México, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del PRD.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos del punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del pleno de la del Congreso de la Unión el presente

Dictamen

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo, que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del pleno de la Comisión Permanente de fecha 16 de enero de 2008 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. La proponente relata una serie de hechos que sirven de antecedente a su proposición y que la comisión dictaminadora considera conveniente reproducir en sus términos:

Concluye al afirmar que los delitos que se imputan a los presos de Atenco corresponden a la competencia del fuero común, por lo que resulta un exceso de la autoridad estatal mantenerlos recluidos en penales federales de alta seguridad, además de que no reúnen los requisitos que establece el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, en las fracciones I y II del artículo 26, puesto que no se les han practicado los estudios clínico-criminológicos o de personalidad.

En la proposición con punto de acuerdo se solicita al comisionado de Prevención y Readaptación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y al gobernador y Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, instruyan en términos del último párrafo del artículo 18 constitucional, el traslado de los detenidos antes mencionados al centro correspondiente en el estado de México, y se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que dicte las medidas cautelares correspondientes.

II. .

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes y con pleno respeto a su autonomía, exhorta a las autoridades judiciales y administrativas correspondientes a efecto de que en el ámbito de sus propias facultades ordenen el traslado de los procesados Héctor Galindo Gochicoa, Felipe Álvarez Hernández e Ignacio del Valle Medina, al centro penitenciario del estado de México al cual corresponda su reclusión en prisión preventiva.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que dado el caso, dicte las medidas cautelares correspondientes para garantizar la seguridad e integridad de los detenidos mencionados en el párrafo que antecede para su traslado y permanencia en dicho centro penitenciario.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final.

PERIODISTAS

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para solicitar información de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra Periodistas

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura fue turnada la proposición con punto de acuerdo para recibir información de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra Periodistas, a cargo del senador Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PRI.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos del punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127, párrafo primero, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente

Dictamen

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 16 de enero de 2008 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo --Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. En el capítulo ``Consideraciones'', el proponente expresa sustancialmente lo siguiente:

Se refiere al proceso de desarrollo de nuestra democracia, señalando que subsisten graves deficiencias en tres temas fundamentales: la participación ciudadana, los derechos humanos y el ejercicio irrestricto de la libertad de prensa.

Que el periodismo se ha convertido en una de las profesiones más riesgosas, pues según recuento formulado por diversos organismos no gubernamentales son cientos de agresiones contra periodistas y medios de comunicación en todo el país.

Dicha actividad requiere del más firme compromiso del gobierno para que se ejerza cabalmente y se combata toda amenaza al ejercicio profesional de los comunicadores, a su integridad física y a su patrimonio.

Que durante 2007, al menos 134 trabajadores de la prensa resultaron muertos en la realización de su trabajo, como informó la Federación Internacional de Periodistas. En el plano internacional, México figuró entre los lugares más peligrosos para los periodistas.

Que el índice de incidentes es muy alto, a pesar de que este Congreso aprobó la despenalización de la difamación y la calumnia, que eran dos reminiscencias verdaderamente inquisitoriales y, también, a pesar del compromiso público asumido en esta Cámara por el secretario de Gobernación, quien en nombre del presidente, del gobierno y del suyo, se comprometió a dar garantía plena a la libertad de expresión.

Que el Ejecutivo emitió el acuerdo A/031/06, por el que se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República. La función de esta fiscalía es dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, la persecución de los delitos cometidos contra periodistas nacionales y extranjeros en México, perpetrados con motivo de su ejercicio profesional.

Que no obstante la creación de dicha dependencia, la opinión pública y los legisladores ``no percibimos que mejore realmente la situación en que se efectúa el desempeño periodístico, y, al contrario, continúan las amenazas de todo género contra la prensa''.

Concluye en que es prioritario que el Ejecutivo por conducto del titular de la fiscalía anteriormente mencionada, rinda a esta Soberanía un informe detallado de su actuación.

II. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, considerando conveniente y procedente que el Congreso de la Unión se encuentre mejor informado sobre la actuación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas.

Por otra parte, se toma en cuenta que la actuación de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio de la LX Legislatura, terminará a más tardar el próximo 31 de enero de 2008, por lo que no se tendrá el tiempo necesario para recibir, procesar y dar seguimiento a la información que, en su caso, produzca la fiscalía mencionada; además, en la Cámara de Diputados está funcionando la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, por lo que se propone que la información relativa la remita la PGR a dicha comisión especial de la Cámara de Diputados.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión --Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia--se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión solicita al titular de la Procuraduría General de la República, con la intervención que corresponda al titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra Periodistas, que informe de las gestiones realizadas desde su creación hasta la fecha, en el ejercicio de sus atribuciones, los objetivos planteados para el presente año, las denuncias atendidas y el número de investigaciones resueltas y en proceso.

Se solicita que la información a que se refiere el párrafo anterior, se remita a la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, dentro de los 30 días naturales siguientes.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. No se ha inscrito ningún orador, por lo cual se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.

CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo para exhortar a las legislaturas locales a armonizar sus códigos y leyes de instituciones y procedimientos electorales

Honorable Asamblea:

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la proposición con punto de acuerdo para exhortar a las legislaturas locales a armonizar sus códigos y leyes de instituciones y procedimientos electorales en materia de paridad entre hombres y mujeres, a cargo de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández , del Grupo Parlamentario del PAN.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos del punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente:

Dictamen

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 16 de enero de 2008 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

I. En el capítulo de Consideraciones, la proponente expresa sustancialmente lo siguiente:

Se refiere en términos generales al proceso de globalización y desarrollo propio de las sociedades contemporáneas que involucra demandas relacionadas con la identidad, el género, el origen étnico, la raza o las capacidades; destaca que uno de los elementos centrales de esos procesos han sido los derechos de la ciudadanía, con la exclusión de diversos grupos que ha tenido como efecto que personas afro-descendientes, mujeres, grupos indígenas o con discapacidad fueron marginados de estos derechos o no gozaron de las oportunidades para hacerlos efectivos, dando como resultado la subrepresentación de estos grupos y de sus intereses en la discusión de los asuntos públicos; se refiere a la idea de la democracia paritaria que en materia de género, promueve la participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones, señalando que el propósito de la paridad es subsanar la exclusión que durante años han enfrentado las mujeres en los espacios públicos, del ejercicio del poder, de la definición de interés común, de los espacios de representación social y política, e incluso en la toma de decisiones en las relaciones familiares y de pareja.

Continúa señalando la proponente que en nuestro país se han dado pasos fundamentales para la plena incorporación de las mujeres en la toma de decisiones. Cita al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 2008, que establece diversas disposiciones para garantizar la equidad y paridad de género.

II. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y pudo precisar lo siguiente:

En el cuadro anterior se pueden apreciar los avances significativos que se materializaron en el Cofipe, ahora vigente, en materia de equidad y paridad de género en la vida política del país.

Por lo anterior, los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden con la autora de la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, en la conveniencia de impulsar las reformas necesarias a efecto de que las legislaturas de los Estados tomen en cuenta los avances de la legislación electoral federal, en materia de equidad y paridad de género, en forma equivalente o similar a la adoptada por la legislación federal.

Se toma en cuenta que la Comisión Permanente se ha manifestado siempre respetuosa de los principios que inspiran nuestro federalismo consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

También se toma en consideración que conforme al artículo 116, fracción IV y 122, Base Primera, numeral 1 de la propia Constitución, las constituciones y leyes de los Estados y del Distrito Federal, establecerán las garantías y las reglas para la preparación y desarrollo de las elecciones locales.

En este sentido, corresponde a la jurisdicción y competencia exclusivas de las leyes y autoridades locales, la organización de las elecciones estatales y del Distrito Federal.

Sin embargo, también se toma en consideración que la materia sustantiva que se pretende impulsar con la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, es la relativa a la garantía de igualdad entre el varón y la mujer, consagrada en el primer párrafo del artículo 4° de nuestra Constitución, y esta garantía fundamental debe ser respetada por las constituciones y leyes de las Entidades Federativas.

Por ello, la Comisión Dictaminadora considera procedente exhortar a las legislaturas de los Estados para promover la modificación a la legislación local en materia electoral, en ejercicio de las facultades que les corresponden, tomando en cuenta, analizando y ponderando las disposiciones del COFIPE, ahora vigentes, en sus artículos 38, numeral 1, inciso s), 218, numeral 3, 219, numeral 1, 220, numeral 1 y 221, numeral 1, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 14 de enero de 2008.

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La del Congreso de la Unión exhorta, con estricto respeto a su jurisdicción y competencia, a las legislaturas de los estados de la república y del Distrito Federal para que, en ejercicio de sus facultades soberanas, determinen la conveniencia de armonizar su legislación en materia electoral con el propósito de seguir desarrollando y fortaleciendo la equidad y paridad de género en materia política, tomando en cuenta, analizando y ponderando lo que dispone el Cofipe, ahora vigente, en sus artículos 38, numeral 1, inciso s), 218, numeral 3, 219, numeral 1, 220, numeral 1 y 221, numeral 1, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 14 de enero de 2008.

Segundo. Notifíquese.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. No se ha inscrito ningún orador, por lo cual se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación nominal en conjunto.

PROGRAMAS SECTORIALES

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: «Dictamen de la Primera Comisiónde Trabajo, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales en el Diario Oficial de la Federación, a cargo del diputado Ector Jaime Ramírez Barba , de la diputada María del Pilar Ortega Martínez y del senador Humberto Andrade Quezada, del Grupo Parlamentario del PAN

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos del punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 párrafo primero y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58,60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el presente:

Dictamen

Antecedentes

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 16 de enero de 2008 y turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.

Consideraciones

1. En el capítulo de Consideraciones, los proponentes expresan sustancial mente lo siguiente:

Invocan el Sistema Nacional de Planeación del Desarrollo y destacan su importancia para fomentar el desarrollo y la sustentabilidad en el país.

Mencionan que en el plan citado, se establecen los programas ``sectoriales'' a través de los cuales las distintas dependencias de la administración pública federal participan en la planeación democrática; y que junto a aquéllos también se generan los planes institucionales, regionales y especiales elaborados por las distintas entidades de la administración pública federal.

Señalan que ya fue publicado el Plan Nacional de Desarrollo, en la presente administración, que contiene: Las estrategias, objetivos y líneas de acción de la acción de gobierno.

Mencionan el Programa Nacional de Salud 2007-2012, como ejemplo para destacar que los planes y programas sirven no sólo para esquematizar la acción de gobierno sino para someter dicha acción a indicadores del desempeño y a la evaluación de la ciudadanía, además de ligar dichas acciones a recursos públicos que permitan el cumplimiento de metas y objetivos.

Mencionan los proponentes que en dicho esquema de planeación democrática es fundamental la publicidad de los planes y programas, conforme está establecido en la Ley de Planeación en sus artículos 30 y 31.

Sin embargo, señalan los mismos proponentes, que por alguna razón no se han publicado en el Diario Oficial de la Federación los programas sectoriales ni algunos de los programas institucionales o especiales, como es el caso del Programa Nacional de Salud 2007-2012.

II. La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina y pudo precisar lo siguiente:

De lo anterior, se sustenta la obligación de que se publiquen el Plan Nacional de Desarrollo y los Programas Sectoriales. Ahora bien, la Comisión Dictaminadora estima que aún cuando no hay una disposición expresa y categórica que' establezca la obligación de publicar los programas institucionales, especiales y regionales, éstos están insertos en el mismo esquema regulatorio que el Plan Nacional de Desarrollo y los Programas Sectoriales, complementan y detallan éstos, y proveen a su desarrollo en la práctica, por lo que es a todas luces conveniente que merezcan también la publicidad adecuada.

El grupo de asistencia técnica de esta comisión de trabajo realizó la investigación pertinente y pudo verificar que se han publicado los siguientes programas:

En mérito de lo antes expuesto, la Primera Comisión, --Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia--, de la Comisión Permanente, se permite someter a la consideración del Pleno de la del Congreso de la Unión el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, con la participación que corresponda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que publique en el Diario Oficial de la Federación los programas sectoriales, institucionales, especiales y regionales aprobados por las distintas dependencias de la administración pública federal, y que no hayan sido publicados en dicho órgano de difusión.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión este punto de acuerdo y aquí se inscribió el diputado Ector Jaime Ramírez Barba. Si alguien más se va a anotar, por favor nos lo hace saber. Por tanto, tiene el uso de la palabra el diputado Ector Jaime Ramírez Barba.

El diputado Ector Jaime Ramírez Barba: Muchas gracias, Presidenta. Hace unos días mencionábamos aquí la importancia que, como legisladores, debíamos darle a lo que el Ejecutivo marca dentro del Plan Nacional de Desarrolloy que, con base en él, debe esquematizar sus acciones.

Mencionamos en la comisión, como un ejemplo del Programa Nacional de Salud 2007-2012, para destacar que los planes y programas sirven no sólo para esquematizar la acción de gobierno, sino para someter dicha acción a indicadores del desempeño y a la evaluación de la ciudadanía, además de ligar dichas acciones a recursos públicos que permitan el cumplimiento de metas y objetivos.

Con mucho agrado he visto de hace ocho días a ahora que ya se encuentran publicados en el Diario Oficial de la Federación el Programa Sectorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; el Programa Sectorial de la Secretaría de Educación Pública, el de la Secretaría de Salud, el de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el de la Secretaría de Turismo, el de la Secretaría de la Reforma Agraria, el de la Secretaría de Marina, el de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Para los que tenemos esta función de servidores públicos, debe ser un instrumento básico para que cuando analicemos el segundo año de gobierno del Ejecutivo federal podamos tener el parámetro de referencia y podamos hacer verdaderamente una política basada en evidencias.

Quiero felicitar al Ejecutivo, porque es la primera ocasión que los programas sectoriales son publicados en el Diario Oficial de la Federación y exhortamos como un mecanismo de poder saber con más precisión, programas, objetivos y estrategias. Invitamos también al Ejecutivo, en este punto de acuerdo, para que los programas institucionales, los regionales y los especiales también sean publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Compañeros, la felicitación al Ejecutivo porque lo está haciendo y nuestra gran responsabilidad para que con base en esos programas, metas y retos podamos estar evaluando el actuar del Ejecutivo y los recursos que como mexicanos hemos asignado al programa y al Plan Nacional de Desarrollo.

Es cuanto, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Ector Jaime Ramírez Barba.

No se ha registrado ningún otro orador, por lo cual se considera suficientemente discutido el punto y se reserva para su votación en conjunto. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse todos los puntos de acuerdo que se han mencionado.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a las señoras legisladoras y a los señores legisladores si son de aprobarse los puntos de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias.Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.

CONDECORACIONES

La diputada María del Pilar Ortega Martínez (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputada Pilar Ortega Martínez, por favor. Le dan el micrófono, por favor.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez (desde la curul): Gracias, Presidenta. Para solicitar lo siguiente:

En la primera parte de esta sesión se dieron a conocer algunos oficios remitidos por la Secretaría de Gobernación, entre ellos están dos: que se solicita permiso constitucional para que el ciudadano licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Elefante, en grado de Caballero, que le confiere el Reino de Dinamarca.

Igualmente, también el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Margarita Ester Zavala Gómez del Campo pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Reino de Dinamarca, en virtud de que conocemos y sabemos que la visita de los reyes de Dinamarca se llevará a cabo a partir del próximo 18 de febrero a nuestro país.

Consideramos, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que estaríamos con los tiempos muy apresurados si continuamos con la decisión de esta comisión, de turnarlo a la comisión ordinaria de la Cámara de Diputados. Por lo que estaríamos solicitando que esta comisión pudiera dejar nulo ese acuerdo y, en su lugar, con fundamento en el artículo 60 del Reglamento Interior del Congreso poder considerarlo como de urgente u obvia resolución y dispensarle los trámites correspondientes, a fin de que sea aprobado por esta comisión.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Voy a someter a votación de este pleno, con fundamento en el 59 y el 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el punto que ha planteado la diputada Ortega Martínez.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensan todos los trámites y se ponen a discusión y votación en lo inmediato los dos comunicados, en este caso los puntos que deberíamos votar.

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensan todos los trámites y se ponen a discusión y votación de inmediato. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se dispensan todos los trámites a las solicitudes de permiso. Proceda la Secretaría a dar lectura a los proyectos de decreto, por favor.

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Elefante, en grado de Caballero, que le confiere el Reino de Dinamarca.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el proyecto de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra... ¿o hay algún orador que quiera hacer uso? No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

Continúe la Secretaría, por favor.

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana licenciada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Dannebrog, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Reino de Dinamarca.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión este proyecto de decreto y, no habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para la votación de estos dos en conjunto.

Por favor, si la Secretaría recoge la votación nominal de estos dos proyectos, para saber cuál es el resultado final.

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: Claro que sí. Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los proyectos de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Recogeremos la votación. Por la afirmativa, un servidor; por la negativa, el diputado Manuel Portilla Diéguez.

El diputado Gregorio Barradas Miravete (desde la curul): Gregorio Barradas, a favor.

El diputado Ector Jaime Ramírez Barba (desde la curul): Ector Jaime Ramírez Barba , a favor.

La senadora Adriana González Carrillo (desde la curul): González Carrillo, a favor.

El senador Humberto Andrade Quezada (desde la curul): Andrade Quezada, a favor.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez (desde la curul): Ortega Martínez Pilar, a favor.

El senador Adolfo Toledo Infanzón (desde la curul): Toledo Infanzón, a favor.

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva (desde la curul): Velasco, a favor.

El senador Jorge Legorreta Ordorica (desde la curul): Legorreta Ordorica, a favor.

El diputado Adolfo Mota Hernández (desde la curul): Adolfo Mota, a favor.

La senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui (desde la curul): María de Lourdes Rojo e Incháustegui, abstención.

El senador Guadalupe Francisco Javier Castellón Fonseca (desde la curul): Javier Castellón, abstención.

El diputado Salvador Ruiz Sánchez (desde la curul): Salvador Ruiz, abstención.

El senador Alejandro González Yáñez (desde la curul): González Yáñez, abstención.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): Arreola Pablo, abstención.

El senador Alfonso Elías Serrano (desde la curul): Alfonso Elías, a favor.

El senador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas (desde la curul): Alejandro Moreno, a favor.

El senador Carlos Lozano de la Torre (desde la curul): Lozano, a favor.

El diputado Samuel Aguilar Solís (desde la curul): Samuel Aguilar, a favor.

El diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco (desde la curul): Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco , a favor.

El diputado Carlos Alberto García González (desde la curul): Carlos García González, a favor.

La diputada Laura Angélica Rojas Hernández (desde la curul): Laura Rojas, a favor.

El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez (desde la curul): Tamborrel, a favor.

El senador Jorge Andrés Ocejo Moreno (desde la curul): Ocejo Moreno, a favor.

El diputado Delber Medina Rodríguez (desde la curul): Medina Rodríguez, a favor.

El diputado Joel Arellano Arellano (desde la curul): Arellano Arellano, a favor.

El senador Héctor Pérez Plazola (desde su curul): Pérez Plazola, sí.

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: ¿Falta algún legislador de emitir su voto? Se procede a recoger la votación de la Mesa Directiva. Rueda, a favor.

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez (desde su curul): Portilla, a favor.

El Secretario diputado Salvador Ruiz Chávez (desde su curul): Ruiz Chávez, a favor.

El Secretario senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez: Se emitieron 24 votos en pro y 6 abstenciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobados los proyectos de decreto por 24 votos. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

ARTICULO 113 CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Vamos a continuar la sesión, y vamos a continuar con las iniciativas de los legisladores. Tiene la palabra la diputada María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que adiciona cuatro párrafos al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, Presidenta.

Señoras legisladoras y señores legisladores, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 contempla como eje uno del capítulo ``Del estado de derecho y seguridad'', la actuación íntegra y transparente de la autoridad que brinde a los ciudadanos la certidumbre de que cuentan en todo momento con las instituciones que garantizarán el respeto de sus derechos mediante la aplicación de la ley.

Dentro de este objetivo se establece como estrategia difundir las sanciones que se aplican a los servidores públicos que incurren en comportamientos ilícitos para activar los mecanismos de sanción social.

Uno de los beneficios de la transparencia gubernamental es la difusión de los casos en que las autoridades responsables de la sanción de las malas prácticas, de la conducta ilícita o delictiva de los funcionarios, sean conocidas, de tal manera que la ciudadanía conozca las acciones de la administración pública para inhibir la corrupción.

De conformidad con la costumbre que está imperando en relación con la imposición de sanciones administrativas a los servidores públicos, encontramos que por una parte, el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, cuenta con una Dirección de Registro de Servidores Públicos Sancionados. Por otra parte, el Poder Legislativo cuenta con centros de registro de los servidores públicos en las respectivas Cámaras. De igual forma, en el Poder Judicial se cuenta con su respectivo archivo de servidores públicos sancionados.

Por lo que corresponde a los servidores públicos en los gobiernos de los distintos estados de la federación, se cuenta con un centro de registro de servidores públicos sancionados y en materia municipal, también hay archivos sobre la materia.

Al día de hoy, sin embargo, hay un incipiente intento de integrar dicha información por parte de la Secretaría de la Función Pública sobre la materia mediante convenios de colaboración, pero esto está aún en proyecto y dicha indagación se considera también proyecto para considerar una integración a nivel nacional.

Por ello esta situación motiva a que hoy presentemos a consideración de esta asamblea la propuesta de iniciativa que reformaría la Constitución, a efecto de constituir el Registro Nacional de Sanciones por parte de los Servidores Públicos.

El registro de servidores públicos que se plantea tendría como objetivo principal, dentro del marco de transparencia gubernamental, que la sociedad mexicana tenga acceso a la información sobre aquellos servidores públicos que hayan efectuado alguna conducta administrativa irregular y hayan sido sancionados.

También tiene como objeto que los tres niveles de gobierno cuenten con servidores públicos de conducta proba y que no puedan ser sujetos de cuestionamientos para la realización del servicio público.

Dicho organismo se coordinaría con las contralorías internas de la federación, de los estados y de los municipios, de manera que pueda interactuar y retroalimentar a cada una de ellas para recibir y proporcionar información mediante sistemas de tecnología avanzada sobre la materia.

La organización descentralizada y la personalidad jurídica propia implicarían la libertad de actuación, organización y gestión dentro de los límites del ordenamiento que crearía a dicha institución.

No significa inmunidad ni irresponsabilidad jurídica o situación de excepción análoga y se expresaría en diversos planos, tanto en el técnico como en el jurídico, como en el orgánico y como en el financiero.

En el ámbito jurídico esto permitiría el ejercicio de una potestad reglamentaria, al ser ejercida por los órganos internos que facilitarían la adecuada y expedita información de la normatividad al desarrollo de la información.

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita, diputada del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, somete a la consideración de esta asamblea el proyecto de decreto por el que se adicionan cuatro párrafos del artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que pretenden crear el Registro Nacional de Servidores Públicos. Por su atención, gracias.

«Iniciativa que adiciona cuatro párrafos al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María del Pilar Ortega Martínez , del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal María del Pilar Ortega Martínez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan cuatro párrafos al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el Registro Nacional de Servidores Públicos, con fundamento en la siguiente

Exposición de Motivos

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 considera como eje 1 del capítulo ``Estado de Derecho y Seguridad'' la actuación íntegra y transparente de la autoridad que brinde a los ciudadanos la certidumbre de que cuentan en todo momento con las instituciones que garantizarán el respeto de sus derechos mediante la aplicación de la Ley. Dentro del subtítulo ``Objetivo'', denominado ``Confianza en las instituciones públicas'', establece como ``estrategia 10.2 difundir las sanciones que se aplican a los servidores públicos que incurren en comportamientos ilícitos, para activar los mecanismos de sanción social. Uno de los beneficios de la transparencia gubernamental es la difusión de los casos en que las autoridades responsables de la sanción de las malas prácticas de los servidores públicos efectivamente castigaron alguna conducta ilícita o delictiva, de manera que la ciudadanía conozca las acciones de la administración pública para inhibir la corrupción. Por disposición de la ley, no todas las sanciones incluyen la destitución del servidor público, por lo cual los empleados sancionados pueden seguir laborando en ocasiones protegidos por el propio marco jurídico o sus organismos gremiales. Se ampliará la difusión de las sanciones administrativas y penales que las autoridades competentes impongan a los malos servidores públicos, como ejercicio de rendición de cuentas y estrategia disuasoria de nuevas conductas ilícitas''.

De conformidad con la costumbre imperante con relación a la imposición de sanciones administrativas a servidores públicos, encontramos que por una parte el Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de la Función Pública cuenta con la Dirección de Registro de Servidores Públicos Sancionados; por otra parte, en el Poder Legislativo se cuenta con centros de registro de los servidores públicos en las respectivas Cámaras; de igual forma, en el Poder Judicial se cuenta con su archivo de servidores públicos sancionados.

Por lo que corresponde a los servidores públicos en los gobiernos de los distintos estados de la federación, se cuenta con su respectivo centro de registro de servidores públicos sancionados. En materia municipal, de igual forma, hay sus archivos sobre la materia.

Al día de hoy hay un incipiente intento de integrar dicha información por parte de la Secretaría de la Función Pública sobre la materia, mediante convenios de colaboración. Pero es aún muy elemental dicha integración para considerar una integración nacional.

Antaño existía la errónea creencia de que el fincamiento de una sanción administrativa por el órgano de control interno del Ejecutivo federal no afectaba al servidor público si éste acudía a laborar en un gobierno estatal o municipal. La Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de subsanar ese criterio, empezó a celebrar convenios de colaboración con entidades federativas para que dicha sanción surtiera efectos en la respectiva entidad; sin embargo, éstos no son obligatorios.

Cuando se aplica como sanción la inhabilitación temporal es para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, sin precisar en qué ámbito surtirá efectos dicha sanción, pues la inhabilitación constituye una sanción acorde con el sistema de responsabilidades administrativas previsto constitucional y legalmente, que genera certidumbre sobre las consecuencias jurídicas de esa sanción en todos los órdenes de gobierno. Esto último se corrobora con los artículos 109, 110 y 113 constitucionales, los cuales prevén un sistema que regula la actuación de los servidores públicos conforme a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar las personas en el desempeño de sus funciones, y los procedimientos para la aplicación de sanciones, en caso de inobservancia, entre otras, las de carácter administrativo.

Esto es, la sanción impuesta a servidores públicos de cualquier nivel de gobierno no se restringe o limita en función del ámbito donde la persona prestaba sus servicios, ni por la competencia de la autoridad que la sancionó, en virtud de que la inhabilitación guarda relación directa e inseparable con la esfera personal del servidor público, independientemente del lugar donde desempeñe los servicios, pues la sanción de que se trata consiste en la incapacidad absoluta para obtener o ejercer cargos públicos, con la finalidad de proteger el servicio público prestado por la persona a la sociedad, considerando aquél como un concepto unitario autónomo del nivel de gobierno en que se preste, pues los principios que se busca tutelar no se encuentran restringidos o limitados en función del ámbito de gobierno; por tanto, la sanción administrativa consistente en la ``inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público'' rige para todos los puestos públicos y en todos los niveles de gobierno.

Ahora bien, el Registro de Servidores Públicos tiene como objetivo principal, dentro del marco de transparencia gubernamental, que la sociedad mexicana tenga acceso a la información sobre los servidores públicos que hayan efectuado alguna conducta administrativa irregular y hayan sido sancionados. También tiene como objeto que los tres niveles de gobierno cuenten con servidores públicos de conducta proba y que no puedan ser sujeto de cuestionamientos para la realización de su servicio público.

Dicho organismo se coordinará además con las contralorías internas de la federación, de los estados y los municipios, de manera que podrá interactuar y retroalimentar a cada una de ellas para recibir y proporcionar información mediante sistemas de tecnología avanzada sobre la materia.

Asimismo, se estima que dicho registro tenga naturaleza de un organismo descentralizado porque adquiere un estatus administrativo que permite, sin desligarse de la orientación política, gubernamental o financiera de algún Poder la Unión, entidad federativa o municipio, amplia libertad en la definición de sus políticas internas en el desarrollo y reglamentación de sus funciones, en la constitución de sus órganos de gobierno, en la administración de sus recursos y en sus relaciones con los sectores privado y social.

Implica, pues, dotarla de personalidad jurídica propia; por tanto, diferente de la del sector central, con el cual se vinculará incorporando las políticas gubernamentales a su desarrollo institucional y rindiendo informe de su gestión financiera.

Tener personalidad jurídica propia permitirá al organismo libertad de acción directa, posibilidad de ejercer sus funciones sin necesidad de autorizaciones del centro que las tornen burocráticas o dificulten el cumplimiento expedito de sus propósitos. Significa facultad de ejercer derechos y cumplir obligaciones, e involucra también tener un patrimonio propio y un régimen jurídico propio, significa profesionalizar el servicio público que se le encomienda.

El patrimonio del registro estará formado por los bienes muebles e inmuebles que se le asignen al momento de su constitución, así como el pago de derechos por los trámites relativos a la expedición de constancias de no inhabilitación, los recursos financieros que proporcionen el sector público (federación), organismos públicos autónomos, entidades federativas y municipios con motivo del pago de derechos por la administración de su información, y los derechos que genere por la prestación de servicios, y los derechos patrimoniales y fideicomisos que se constituyen en su beneficio.

La organización descentralizada y la personalidad jurídica propia implican libertad de actuación, organización y gestión dentro de los límites del ordenamiento que crea la institución. No significa inmunidad ni irresponsabilidad jurídica o situación de excepción análoga, y se expresa en diversos planos: técnico, jurídico, orgánico y financiero. Desde el punto de vista técnico, se halla referida a la forma de prestación del servicio, es decir, a la libertad para señalar orientaciones, definir objetivos, metas, formas de ejecución, elección de medios; para controlar, corregir y evaluar acciones y desde el punto de vista laboral formará parte de la regulación del Apartado B del artículo 123 de la Constitución General de la República.

En el ámbito de lo jurídico permite el ejercicio de una potestad reglamentaria, que al ser ejercida por los órganos internos facilita la adecuación expedita de la normatividad al desarrollo de la institución.

A nivel orgánico se manifiesta en la facultad de organización interna, es decir, la definición específica de las funciones de cada órgano, su forma de integración, sus relaciones internas, funcionamiento y renovación.

En el ámbito financiero significa capacidad para administrar los recursos económicos, definir las formas de financiamiento interno y gestionar el externo, elaborar y aprobar presupuestos, aplicar recursos y controlar el ejercicio financiero. Toda vez que el registro manejará recursos públicos, aportaciones de la federación, se hace necesario que informe anualmente sobre el estado que guarden sus finanzas a su principal fuente de financiamiento.

Por lo expuesto, la suscrita, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan cuatro párrafos al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el Registro Nacional de Servidores Públicos

Único. Se adicionan cuatro párrafos al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 113. ...

El Registro Nacional de Servidores Públicos es la institución que tiene a su cargo el registro y seguimiento del patrimonio y de las sanciones impuestas a los servidores públicos. También se integrará con la información de los servidores públicos sancionados en materia de responsabilidad administrativa en la federación, así como en las entidades federativas y en los municipios, en los términos que hacen referencia los artículos 108, 109 y 110 de la Constitución federal.

Previamente a la toma del encargo, se requerirá la constancia que al efecto emita el Registro de Nacional Servidores Públicos, en la cual se asentará si hay o no registro de sanción del servidor público correspondiente.

El Registro se regirá de conformidad con el reglamento interior que al efecto se expida y determinará los sistemas que se requerirán para dicho propósito.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de un plazo no mayor de noventa días, contados a partir de la publicación del presente decreto, se expedirá la ley reglamentaria que regule las funciones y actividades del Registro Nacional de Servidores Públicos Sancionados, así como las medidas necesarias para la coordinación de la información que obre en los diversos órganos de control de la federación, de los estados y de los municipios. En tanto esto suceda, continuarán dichos registros trabajando con las facultades que tienen.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada María del Pilar Ortega Martínez . Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el senador Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que adiciona la fracción VI Bis del artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

El senador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas: Con su permiso, Presidenta.

Compañeros legisladores, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que añade la fracción VI Bis al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para que las primas por robos sean deducibles hasta por 10 por ciento de los ingresos acumulables al contribuyente, con el siguiente arreglo a esta exposición de motivos:

De acuerdo con datos del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, las tasas de delito en México no mejoran desde hace 10 años; aunque hay que reconocer que las denuncias por robo, si bien han tenido una ligera reducción: 15 por cada mil habitantes en 1998, 13 por ciento en 2005, y 13.6 por ciento entre 2006 y 2007 en los delitos contra la integridad física.

Aquellos que incluyen violencia física no han registrado ninguna variación importante, ya que en 1998 ocurrieron un promedio de 4.8 delitos de este tipo por cada mil habitantes del país; mientras que durante los años de 2006 y 2007 la cifra se ubicó en alrededor de 4.7 delitos por cada mil habitantes.

No obstante, existen regiones, como la Ciudad de México, en donde el balance revela que hay un incremento de más de 6 por ciento en el índice delictivo, sobre todo en robo a transeúnte y extorsión. Lo que significa que en 2007 se cometieron en promedio 445 delitos por día, en comparación con los 410 registrados en el año pasado, principalmente el robo a transeúnte por robo de teléfonos celulares.

Además hay que tener muy presente que, en los hechos, se ha demostrado que un alto porcentaje de mexicanos, que han sido víctimas de algún delito, no lo denuncian por desconfianza en las autoridades o en las leyes. Además de que temen a las represalias de los acusados ante la ausencia de las protecciones legales suficientes para cada uno de ellos.

El robo con violencia a transeúntes es el más cometido en el país. También en la ciudad de México ocupa el primer lugar: 6 de cada 10 delitos. El segundo sitio lo ocupan aquí otras modalidades varias de robo. El tercero las lesiones, y el cuarto el robo a casa habitación.

Hoy, las compañías aseguradores ofrecen primas que cubren el riesgo de perder bienes materiales por el delito de robo, como ocurre en el caso de los celulares o por robo a casa habitación, pero son pocos los que ofrecen un seguro para la atención de las víctimas. Por lo que es prioritario, compañeros legisladores, estimular a las aseguradoras para que brinden este servicio, a través de la deducibilidad de la prima por este concepto del pago de impuesto sobre la renta.

Por ello he venido a esta tribuna, y por obvio de tiempo y respeto a su paciencia, le pido que se inserte íntegramente en el Diario de los Debates la presente iniciativa.

Hago un llamado a nuestros compañeros legisladores para que trabajemos en esta propuesta importante de iniciativa de ley para garantizar la seguridad, pero sobre todo la seguridad de que sea devuelto cuando los transeúntes sean asaltados. Y obviamente seguir trabajando y legislando todos los legisladores para proteger en la prevención del delito.

No se trata de hacer más leyes, sino de hacer menos leyes pero más eficaces. Y por ello, lo que pretende esta iniciativa es darles más fortaleza a nuestros ciudadanos. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona la fracción VI Bis al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del senador Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la elevada consideración de esta asamblea legislativa iniciativa con proyecto de decreto que añade la fracción VI Bis al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para que las primas por robo sean deducibles hasta por 10 por ciento de los ingresos acumulables del contribuyente, con arreglo a la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con datos del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, las tasas de delito en México no mejoran desde hace 10 años, aunque hay que reconocer que las denuncias por robo si bien han tenido una ligera reducción: 15 por cada mil habitantes en 1998, 13 en 2005 y 13.6 entre 2006 y 2007, ¹ en los delitos contra la integridad física, los que incluyen violencia física, no han registrado ninguna variación importante, ya que en 1998 ocurrieron un promedio de 4.8 delitos de este tipo por cada mil habitantes del país, mientras que durante 2006 y 2007 la cifra se ubicó en alrededor de 4.7 delitos.

No obstante, en regiones como la Ciudad de México el balance revela que hay un incremento de más de 6 por ciento en el índice delictivo, sobre todo en robo a transeúnte y extorsión, ² lo que significa que en 2007 se cometieron en promedio 445 delitos al día, en comparación con los 410 registrados el año pasado, principalmente el robo a transeúnte por robo de celulares.

En los hechos se ha demostrado que un alto porcentaje de mexicanos que han sido víctimas de algún delito no los denuncian, ³ por desconfianza en las autoridades y en las leyes, además de que temen a las represalias de los acusados, ante la ausencia de protecciones legales suficientes para la víctima.

Es por tanto indispensable profundizar sobre los derechos del ofendido, de la víctima, con un espíritu protector que incluya no sólo la participación de entidades gubernamentales sino de organizaciones sociales y de la iniciativa privada, para evitar que subsista la idea en la población de que la víctima sigue abandonada, relegada a la angustia e indignación de haber sido víctima de la delincuencia, sin que nadie atienda las secuelas físicas y psicológicas que la han dejado marcada para siempre.

La víctima no tuvo reconocimiento constitucional hasta 1993, mediante una reforma del artículo 20. En septiembre de 2000, con la modificación constitucional, se tomaron en cuenta las garantías de las víctimas, adicionando las seis fracciones del Apartado B del artículo 20 citado. ⁴

Sin embargo, estos derechos acordados en favor del ofendido no han tenido los resultados esperados: por una parte, debido a que muchas de estas disposiciones nunca se reglamentaron; y por otra, a la falta de recursos para atender a las víctimas, que ha disminuido la capacidad del propio Estado para cubrir dichas garantías.

Si tomamos en cuenta los delitos que no se denuncian, los derechos de las víctimas no sólo se han vuelto ineficaces e insuficientes sino que, de plano, casi desaparecen.

De hecho, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (Icesi) ha llevado a cabo 4 encuestas nacionales de esa índole, alternadamente sobre las 32 entidades federativas del país y sobre algunas de las áreas metropolitanas más importantes, de las cuales la Ciudad de México tiene el mayor porcentaje de viviendas en las que se encontraron una o más víctimas durante 2005: ⁵ en 3 de cada 10 hubo al menos una persona que sufrió uno o más delitos. Asimismo, de cada 10 capitalinos, 3 han sido agraviados por la delincuencia por lo menos una vez en su vida, en donde casi 80 por ciento de los delitos se cometieron con violencia.

El robo con violencia a transeúnte es el más cometido en el país. También en la Ciudad de México ocupa el primer lugar: 6 de cada 10 delitos. El segundo sitio lo ocupan aquí otras modalidades varias de robo, el tercero las lesiones y el cuarto el robo a casa habitación.

Sin embargo, más allá de las cifras, el rubro que más preocupa a la población es de los robos porque muchos se cometen a mano armada, en cuyo caso no sólo se da la pérdida material sino que además pueden sumarse las lesiones y el daño psicológico, con secuelas de distinta índole, y que afectan gravemente la vida de las personas, personal, familiar y social.

Ante la escalada de asaltos, que no solamente han crecido en número, sino que se han venido agravando por el grado de violencia, es urgente ampliar la capacidad de respuesta del Estado y sumar a otros actores a la atención de las víctimas, fundamentalmente a la iniciativa privada en la asistencia jurídica, médica y psicológica, después de haber sufrido un robo con violencia.

Hoy, las compañías aseguradoras ofrecen primas que cubren el riesgo de perder bienes materiales por el delito de robo, como ocurre en el caso de los celulares o por robo en casa habitación, pero pocas ofrecen seguro para atención a las víctimas, por lo que es prioritario estimular que las aseguradoras brinden este servicio, a través de la deducibilidad de la prima por este concepto del pago del impuesto sobre la renta.

Por ello, y en mérito de lo expuesto, tengo a bien proponer el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se añade la fracción VI Bis al artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 176. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada capítulo de esta ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:

Transitorios

Primero. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto.

Notas: 1 ``Tasas de delito en México no mejoran ni empeoran desde hace 10 años'', en http://www.terra.com/noticias/articulo/html/act969643.htm2 ``Termina SSPDF con aumento en la delincuencia''; en El Financiero, nacional, jueves 27 de diciembre; http://www.elfinanciero.com.mx/ ElFinanciero/Portal/cfpages/contentmgr.cfm?docId=96590 & docTipo=1 & orderby=docid & sortby=ASC3 Según la Cuarta Encuesta Nacional sobre Inseguridad Urbana 2006, realizada por el Icesi, sólo 2 de cada 10 mexicanos ofendidos por un ilícito de orden penal, han acudido ante las autoridades correspondientes a denunciar el delito. Y del total de los delitos denunciados, sólo en 14 por ciento se inició averiguación previa.4 Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido tendrán las siguientes garantías:A. (...) B. De la víctima o del ofendido:I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;II. Coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes.Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;V. Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En estos casos, se llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley; yVI. Solicitar las medidas y providencias que prevea la ley para su seguridad y auxilio.5 De la Barreda Solórzano, Luis. Miedo en la ciudad , en http://www.icesi.org.mx/publicaciones/articulos/2007/miedo_en_la_ciudad.asp, publicado en Letras Libres de enero de 2007.

Presidencia de la diputada Sara Latife Ruiz Chávez

La Presidenta diputada Sara Latife Ruiz Chávez: Gracias, senador.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

LEY DE PRECIOS COMPETITIVOS

La Presidenta diputada Sara Latife Ruiz Chávez: Tiene la palabra el diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que crea la Ley de Precios Competitivos.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Con su permiso, Presidenta.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, con fecha 5 de diciembre de 2006 fue presentada al pleno de la Cámara de Senadores la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de Precios Competitivos, por los legisladores de los Grupos Parlamentarios de la Revolución Democrática, de Convergencia, y del Partido del Trabajo, que fue turnada a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, y Segunda de Estudios Legislativos.

Sin embargo, hasta la fecha dicha iniciativa está congelada en las comisiones mencionadas.

Por tal razón, en esta nueva ocasión, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo somete al pleno de esta Comisión Permanente la iniciativa de ley que nos ocupa debidamente actualizada en su exposición de motivos y en su articulado.

Esta iniciativa se basa en el proyecto del presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, así como de los candidatos a senadores y diputados de la coalición Por el Bien de Todos, quienes se comprometieron con la sociedad mexicana en el proceso electoral de 2006 a crear las condiciones materiales y legales para la construcción de un México más equitativo, más justo y democrático.

El propósito de esta iniciativa de ley es poner un freno a la voracidad de los monopolios y oligopolios que se apropian de la riqueza de los consumidores mediante la fijación de precios exageradamente altos, en comparación con los costos de producción de los bienes y servicios que producen.

Los legisladores del Partido del Trabajo estamos convencidos de que esto no puede seguir así porque la mayoría de los mexicanos vive en la pobreza y no deben seguir siendo esquilmados por los grandes empresarios de este país.

Los monopolios y oligopolios tienen enormes ventajas que derivan en su poder económico, financiero, productivo y de mercado. Además, cuenta con el apoyo del Estado mexicano que les garantiza el control del mercado interior mediante el establecimiento de una política cambiaria sobrevaluatoria.

Aunado a ello, se encuentran los regímenes especiales de tributación que les permite cotizar muy por debajo de su verdadera capacidad económica, además de ser una puerta franca a la elusión fiscal.

El poder de los monopolios se expresa en la prohibición, en septiembre de 2004, de la entrada de cemento ruso que se pretendía introducir al mercado nacional a precios más bajos que los que se ofrecen en México. Pero el poder de Cemex, con el aval del entonces presidente Vicente Fox, se impuso, y no entró el cemento del exterior.

Otro tanto acontece con la banca privada que aplica un total de 64 comisiones a las tarjetas de crédito y débito, al grado de que la propia Comisión Federal de Competencia reconoce que en los servicios financieros de esta clase existe control oligopólico.

Incluso el propio Banco Mundial reconoce que es tal el poder de esos monopolios y oligopolios en nuestro país, que se ha convertido en verdadero obstáculo para que nuestra economía crezca, a diferencia de otras naciones que sí lo han logrado. La iniciativa en comento pretende resolver la situación antes descrita.

Proponemos la creación de la Comisión Federal de Precios Competitivos, que analizará la estructura del mercado, la fijación de precios que realizan los grandes grupos económicos financieros de nuestra nación, para regularlos y proteger a los consumidores.

También propone dotar a la comisión de un Instituto de Investigación de las Prácticas Monopólicas y Oligopólicas. Dicho instituto será un órgano técnico auxiliar de la citada comisión, que podrá actuar sin que medie ninguna denuncia o limitación de la competencia.

Asimismo, la comisión definirá el alcance de las cláusulas de confiabilidad de la información que las empresas deben entregarle para que pueda llevar a cabo sus tareas de investigación sobre prácticas monopólicas.

Por otro lado, se propone crear el Consejo Consultivo Ciudadano, que auxilie en la implementación de sus atribuciones y facultades a la Comisión de Precios Competitivos y realice la función de fiscalización.

Se propone crear un registro de las empresas que realizan prácticas restrictivas y delimitación de la competencia, con objeto de informar a los consumidores y puedan ejercer su poder de veto no adquiriendo esos productos.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la iniciativa que sometemos a su consideración busca fortalecer las condiciones de competencia en el mercado interno que beneficien a los consumidores. De ninguna manera buscamos un control de precios; lo que buscamos es que haya una regulación sobre las bases para poder determinar estos precios y que es un abuso por parte de las empresas oligopólicas y monopólicas en nuestro país.

Solicito a la Presidencia que inserte en el Diario de los Debates la versión íntegra de la iniciativa en comento. Es cuanto, señora Presidenta.

«Iniciativa que crea la Ley de Precios Competitivos, a cargo del diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega , del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Pablo Leopoldo Arreola Ortega , integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la honorable Comisión Permanente la presente iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley Federal de Precios Competitivos bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

Con fecha 5 de diciembre de 2006 fue presentada al Pleno de la Cámara de Senadores la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de Precios Competitivos por los legisladores de los Grupos Parlamentarios de la Revolución Democrática, de Convergencia y del Partido del Trabajo, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos Segunda.

Sin embargo, hasta la fecha dicha iniciativa está congelada en las comisiones mencionadas. Por tal razón, en esta ocasión, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, somete al Pleno de la Comisión Permanente la iniciativa de ley que nos ocupa, debidamente actualizada en su exposición de motivos y en su articulado.

Como se sabe, esta iniciativa se basa en el proyecto del presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, así como de los candidatos a senadores y diputados de la Coalición Por el Bien de Todos, quienes se comprometieron con la sociedad mexicana en la campaña electoral de 2006 a crear las condiciones materiales y legales para la construcción de un México más equitativo, más justo y democrático.

El sentido de esta iniciativa de ley es poner un freno a la voracidad de los monopolios y oligopolios que se apropian de la riqueza de los consumidores, mediante la fijación de precios exageradamente altos en comparación con los costos de producción de los bienes y servicios que producen,

Estamos convencidos que esto no puede seguir así, porque la mayoría de los mexicanos vive en la pobreza y no deben continuar siendo esquilmados por los grandes empresarios de este país.

Tenemos claro que las grandes empresas cuentan con la protección, la promoción y la complicidad del Estado mexicano en esta rapiña generalizada contra la población.

Los monopolios y oligopolios tienen enormes ventajas que derivan de su poder económico, financiero, productivo y de mercado y cuentan con el apoyo del Estado mexicano, que les garantiza el control del mercado interior mediante el establecimiento de una política cambiaria sobrevaluatoria, que les abarata los dólares en el mercado nacional y les permite comprar activos empresariales en el extranjero. Además, de regímenes especiales de tributación, que les cobra pocos impuestos y les permite evadirlos y eludirlos.

Aquí no termina el entramado de corrupción e impunidad de estos grandes conglomerados, porque también cuentan con el apoyo del poder político del Estado a través del poder informal del dinero, que les permite fortalecer las relaciones de control del mercado interno mediante el sistema de sobornos y compra de funcionarios públicos.

Este es el factor institucional que hace posible que los monopolios y oligopolios impongan la fijación de precios muy por encima de sus costos de producción y los dictados de la política interior y exterior de México.

Es decir, han creado un verdadero sistema de corrupción que relaciona las esferas del poder político-burocrático con los propietarios de los grandes monopolios y oligopolios.

Ahora mismo estamos viendo como el poderío del duopolio televisivo impone a la sociedad mexicana un modelo de comunicación y entretenimiento que representa la opinión y la cultura de un sector de la población, que margina al resto de los habitantes y no permite la pluralidad ni el derecho de réplica en los contenidos de los programas que son vitales en la formación de opinión.

Otro ejemplo irrefutable de esa corrupción y control del mercado interno por parte de los monopolios y oligopolios, lo representa la prohibición en septiembre de 2004 de la entrada de cemento ruso, que se pretendía introducir al mercado nacional a precios más bajos que los que ofrecen en México, pero el poder de Cemex, con el aval del entonces presidente Vicente Fox y su esposa Martha Sahagún, se impuso y no entró.

Otro tanto acontece con la banca privada que aplica un total de 64 comisiones a las tarjetas de crédito y débito, al grado de que la propia Comisión Federal de Competencia reconoce que en los servicios financieros de esta clase, existe control oligopólico.

Ahora, hasta el propio Banco Mundial reconoce que es tal el poder que esos monopolios y oligopolios han acumulado en el país, que se han convertido en un verdadero obstáculo para que la economía crezca, como sí lo están logrando otras naciones.

Entonces preguntamos, ¿tenemos que seguir esperando sin hacer nada, hasta que estos grandes conglomerados nos aplasten y devoren y continúen succionando enormes recursos a los consumidores?

Pensamos que no. Para ello, se busca impulsar la creación de una Comisión Federal de Precios Competitivos que deberá realizar investigaciones a fondo, sobre la estructura de mercado y de fijación de precios que realizan los grandes grupos económico-financieros de nuestra nación, para ponerles un freno y proteger a los consumidores.

Asimismo, se considera de orden público la obligación de las personas físicas o morales de entregar la información o documentos que la comisión estime pertinentes para realizar su labor de investigación y poder emitir un dictamen fundado respecto de las posibles prácticas que limitan la competencia económica y conducen a la fijación de precios muy por arriba de los costos de producción.

También propone dotar a la comisión de un instituto de investigación de las prácticas monopólicas y oligopólicas, con el fin de conocer a fondo el nivel o grado de concentración económica por parte de las empresas privadas.

Este instituto será un órgano técnico auxiliar de la citada comisión que deberá actuar de manera propia sin necesidad de que medie denuncia alguna sobre alguna práctica monopólica o limitación de la competencia.

En aras de que los integrantes de dicho instituto, sean los idóneos, deberán ser seleccionados previo concurso abierto y público y contar con diez años de experiencia en el ejercicio de la profesión de licenciatura en economía, o una licenciatura afín, así como poseer, como mínimo, el grado de maestro o su equivalente académico.

La Comisión de Precios Competitivos establecerá lineamientos que permitan determinar si una concentración económica limita o no la competencia y crea la posibilidad de fijación de precios muy por encima de los costos de producción.

Esta comisión definirá el alcance de las cláusulas de confidencialidad de la información que las empresas deben entregarle, para que pueda llevar a cabo sus tareas de investigación que realice sobre prácticas monopólicas o limitación de la competencia.

Esta medida se toma como parámetro de investigación, porque las grandes empresas abusan de las cláusulas de confidencialidad de la información y es necesario que para lograr una investigación a fondo, la comisión que se propone, debe disponer de toda la información necesaria para cumplir con su cometido.

Además, esta prevención se hace, en atención a que las prácticas monopólicas no se reducen a la concentración económica, sino que abarcan en lo fundamental, los acuerdos de ``cártel'' que los monopolios y oligopolios establecen para fijar condiciones de mercado e influir en la determinación de enormes ganancias a través de los precios de los bienes y servicios que ofrecen.

Por ejemplo, existen empresas mexicanas que exportan bienes y servicios desde los países donde tienen filiales y luego consolidan la información de su grupo económico, sin incluir los ingresos por exportaciones y beneficios obtenidos desde estas filiales. Lo mismo ocurre con las empresas maquiladoras que no incorporan la información necesaria de sus exportaciones y beneficios obtenidos y tampoco pagan impuestos.

En este sentido, desde nuestro punto de vista, México debe definir conforme las mejores prácticas internacionales de transparencia, qué información sí puede ser objeto de confidencialidad y cuál no. Por ejemplo, los costos de las empresas sí pueden entrar en este rango de confidencialidad, pero sus beneficios, acuerdos de transacciones o de fusión con otras empresas, no.

Se propone crear un consejo consultivo ciudadano que auxilie en la implantación de sus atribuciones y facultades a la Comisión de Precios Competitivos y haga también la función de fiscalización.

Este consejo debe tener la representación de académicos con experiencia en la materia, así como de representantes sindicales, de la sociedad civil, del Congreso de la Unión, de empresarios y funcionarios públicos, prevaleciendo en su composición un porcentaje de 60 por ciento de académicos de las distintas universidades públicas y privadas.

Se propone crear también un registro de las empresas que realizan prácticas restrictivas y de limitación de la competencia con objeto de que la opinión pública tenga conocimiento sobre ellas.

A los criterios de fijación de control de mercado, también se deben añadir, el conocimiento de los acuerdos entre las empresas para la producción y venta de los bienes o servicios y demás relativos a su desempeño económico.

Compañeras y compañeros legisladores: la propuesta que sometemos a la consideración de este Pleno, no propone establecer un control de precios, lo que busca es fomentar una competencia que sitúe los precios a la realidad social del país.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que crea la Ley Federal de Precios Competitivos

Iniciativa de Ley Ley de Precios Competitivos

Artículo 1o. La presente ley es reglamentaria del artículo 28 constitucional en materia de regulación de mercados para evitar las sobre ganancias de las empresas a través de la exageración de precios; es de observancia general en toda la república y aplicable a todas las áreas de la actividad económica.

Será aplicable supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 2o. La presente ley tiene por objeto:

Artículo 3o. Para efectos de esta ley, se entenderá por:

Artículo 4o. El presidente de la comisión será designado por la Cámara de Diputados, previa selección que deberá surgir de una propuesta que envíe el órgano de gobierno de la misma, que saldrá de un proceso selectivo mediante una convocatoria pública que incluya a empresarios, académicos y funcionarios públicos. Además, el período de este cargo, será de 5 años y podrá ser ratificado hasta por un período igual si su desempeño acredita esta opción. Tendrá las siguientes facultades:

Artículo 5o. Están sujetas a lo dispuesto por esta ley todas las personas físicas o morales, con fines de lucro, dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, asociaciones, cámaras empresariales, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos, o cualquier otro que por su actividad produzca o contribuya a la producción de bienes o servicios en la actividad económica del país, y que constituyan directa o indirectamente un poder sustancial en el mercado relevante que corresponda.

Los productores del Estado señalados en el artículo 28 Constitucional no estarán sujetos a las disposiciones de esta ley, ni a las medidas y sanciones establecidas en la misma, excepto por lo señalado en el artículo 12 de esta ley.

Artículo 6o. Para la determinación del mercado relevante, la comisión contará con un Instituto de investigación de las prácticas monopólicas y oligopólicas para dictaminar: El instituto deberá actuar de manera propia sin necesidad de que medie denuncia alguna sobre alguna sobre mercados relevantes o concentración económica que limite la competencia e incida en la existencia de sobre ganancias.

Los integrantes de dicho instituto deberán ser seleccionados previo concurso abierto y público y contar con diez años de experiencia en el ejercicio profesional de la licenciatura en economía o licenciatura afín, así como poseer como mínimo el grado de maestro o su equivalente académico. Las investigaciones o documentos que se elaboren en dicho instituto, deberán ser públicos y podrán ser editados para su conocimiento. Entre sus funciones se encuentran las siguientes:

Artículo 7o. Crear un Consejo Consultivo Ciudadano que auxilie en la implantación de sus atribuciones y facultades a la Comisión de Precios Competitivos. Dicho consejo deberá estar integrado por 10 miembros, que serán propuestos por el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. En dicho consejo podrán participar académicos con experiencia en la materia, así como representantes sindicales, empresariales, de la sociedad civil y funcionarios públicos, prevaleciendo en su composición un 60 por ciento de académicos de las distintas universidades públicas y privadas.

Artículo 8o. Se considera de orden público la obligación de las personas físicas o morales a entregar la información o documentos que la comisión estime pertinentes para realizar su labor de investigación y poder emitir un dictamen fundado respecto de la posible práctica que limita la competencia económica. La comisión podrá solicitar las visitas de verificación sólo respecto de datos y documentos que haya requerido anteriormente en el curso de la investigación.

Artículo 9o. Crear un registro de las empresas que hayan sido sancionadas por llevar a cabo prácticas económicas que limiten la competencia y de fijación de precios, con objeto de que la opinión pública tenga conocimiento sobre ellas.

Artículo 10. Para determinar si una persona tiene poder sustancial en el mercado relevante, la comisión deberá considerar:

Artículo 11. Serán bienes o servicios sujetos a precios con orientación competitiva:

Para la determinación de los bienes o servicios a que alude el presente artículo se tomará en cuenta el propósito principal de éstos, aunque en un determinado mercado puedan ofrecerse muchas de sus modalidades, con variaciones de color, dimensión, forma, modelo, características técnicas o cualquier otra distinción.

Artículo 12. La comisión establecerá de forma anual o cuando lo estime necesario, los precios con orientación competitiva tomando en cuenta los siguientes factores:

Los parámetros serán tomados por la comisión de las listas que emita el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las instituciones de servicios financieros, los estados financieros de las empresas involucradas, la Secretaría de Economía o de cualquier otra fuente que les refleje.

La comisión deberá tomar en cuenta los precios netos, es decir, libres de todo impuesto de ventas, impuestos especiales, aranceles o tasas.

Artículo 13. Se considera que existe exageración de precios cuando cualquiera de las personas contempladas en el artículo 4o. de esta ley, ofrezca bienes o servicios a un precio que sea superior al 10 por ciento del precio competitivo, según el artículo 3o., párrafo e), arriba citado o bien a los precios con orientación competitiva que fije la comisión de acuerdo con el artículo anterior.

Artículo 14. La comisión revisará anualmente o en cualquier momento que los precios de mercado y los precios con orientación competitiva se ajusten a las disposiciones de la presente ley. Esta revisión se hará de oficio o a petición de cualquiera agrupación de productores o consumidores ya constituida o que se constituya legalmente con el propósito de hacer cumplir esta Ley, o bien, a petición de cualquier entidad de la administración pública federal, estatal o municipal.

La comisión analizará oportunamente aquellos casos en los que el porcentaje de la tarifa a la importación de algún conjunto de bienes o insumos necesarios para la producción, sea estadísticamente superior en grado significativo al porcentaje promedio ponderado de la tarifa de importación, de tal manera que impida al productor nacional ofrecer precios competitivos, para ajustar su criterio en lo que corresponde a ese bien.

Igualmente, la comisión analizará si la producción del bien o servicio afectado por exageración de precios proviene de un mercado en el cual hay una concentración de las ventas o de la oferta del 50 por ciento o más en los principales cuatro oferentes.

Artículo 15. Cuando exista exageración de precios, la comisión determinará la aplicación de una o más de las siguientes medidas:

Artículo 16. Tratándose de productos del sector energético como petróleo, electricidad, gas natural y cualesquiera otros en que los costos de producción nacional sean significativamente inferiores a los precios internacionales competitivos, los productores mexicanos deberán fijar el precio para la venta en el territorio nacional tomando en consideración el costo de producción, más un margen de beneficio razonable, sin consideración de los precios que de dichos bienes prevalezcan en el mercado internacional.

Cuando los bienes o servicios respecto de los cuales se determine exageración de precios sean ofrecidos en el extranjero, la Comisión podrá recomendar al Ejecutivo federal la imposición de aranceles a la exportación, con el fin de eliminar desequilibrios en los mercados internacionales. Esta disposición será aplicable a los productos señalados en el párrafo anterior.

Artículo 17. La comisión hará llegar su opinión a todas las entidades regulatorias que intervienen en las autorizaciones a oferentes de bienes o prestadores de servicios, y procederá a formular los proyectos de enmienda a las leyes y los reglamentos con ellos relacionados.

Cualquier autoridad o entidad regulatoria que retrase la consideración y el eventual otorgamiento de nuevas concesiones, permisos, licencias a prestadores de servicios en los casos de exageración en los precios, será considerada como infractora de esta ley y coadyuvante en la exageración de precios, pudiéndosele sancionar en los términos de las leyes aplicables.

En el caso de violaciones por servidores públicos, la comisión deberá enviar oficio debidamente fundado y motivado a la autoridad competente para que, de ser procedente, se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa a que hubiere lugar. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o de otra índole que pudiere existir.

Artículo 18. En los casos de reincidencia o contumacia, la comisión ordenará a las autoridades competentes que se proceda en contra de las personas que incurran en exageración de precios, a efecto de que:

Existe reincidencia cuando los sujetos infractores, dentro de los 10 años siguientes a la notificación de las resoluciones que determinen que ellos incurrieron en exageración de precios, sean de nuevo acusados con base en esta ley, con independencia de que se trate de otro mercado relevante y con un distinto poder sustancial.

Artículo 19. Para efectos de lo previsto en los artículos 11 y 14, la comisión deberá considerar la gravedad de la infracción, el daño causado, los indicios de intencionalidad, el poder sustancial del infractor en los mercados relevantes, el tamaño y la importancia de estos mercados, la duración de la exageración de precios, la reincidencia o antecedentes del infractor, así como su capacidad económica.

Artículo 20. Con independencia de lo establecido en los artículos 11 y 14, la comisión demandará por la vía judicial el resarcimiento de daños o perjuicios que directa o indirectamente hayan sido ocasionados a la economía nacional, a aquellos a las personas que mediante resolución firme y definitiva hayan sido acusadas de haber incurrido en exageración de precios.

Artículo 21. Los sujetos que mediante resolución firme y definitiva hayan sido acusados de haber incurrido en exageración de precios, serán responsables del pago de daños y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a terceros por ese motivo. Estas acciones se deducirán antes lo tribunales de la federación que correspondan.

Artículo 22. Para la determinación de los precios con orientación competitiva y los demás artículos de esta ley, se crea la Comisión Federal de Precios Competitivos como organismo público descentralizado del gobierno federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, mismo que será determinado anualmente por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor a los 60 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El presidente de la república estará obligado a expedir y publicar el Reglamento de esta ley, precisamente en la fecha en que la misma entre en vigor.

Tercero. La Comisión Federal de Precios Competitivos deberá estar constituida a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de esta ley

La Presidenta diputada Sara Latife Ruiz Chávez: Así será, señor diputado Arreola. Túrnese a la Comisión de Economía, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, e insértese íntegra en el Diario de los Debates.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Sara Latife Ruiz Chávez: Tiene la palabra el senador Héctor Pérez Plazola, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica, y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El senador Héctor Pérez Plazola: Gracias, señorita Presidenta. Compañeras senadoras y compañeros senadores, diputadas y diputados:

Con el apoyo en el trabajo de esta iniciativa del diputado federal jalisciense don Joel Arellano, presento a ustedes esta propuesta, de la cual se ha hecho referencia, para reformar tanto la Constitución como diversos artículos de la Ley Reglamentaria del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 87 del Reglamento también del Gobierno Interior. Aun cuando ya está publicada en la Gaceta, solamente haré algunos comentarios al respecto.

En el ámbito parlamentario mexicano se entiende como acto legislativo la facultad de dictar las leyes, cuya actividad y ejercicio corresponden al Congreso y en cuyo proceso de formación participan diversos órganos, teniendo relevancia el Poder Ejecutivo.

Para que dicho acto legislativo, llegue a tener existencia como ley o decreto, debe cumplirse el procedimiento previsto en la Constitución, en su artículo 72, que implica una serie de ordenanzas de pasos o fases que son realizados por los órganos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo facultados para ello.

El derecho de iniciar leyes o decretos compete por naturaleza a los diputados, senadores, pero además, todos sabemos, el presidente de la república, a las legislaturas de los estados, así como en algunos casos, a ciudadanos que pueden sugerir los temas a proponer.

En ese orden de ideas, el pleno del órgano legislativo deriva las iniciativas recibidas a la comisión o comisiones correspondientes, consideradas como órganos regulares y permanentes en que intervienen los legisladores para participar en las resoluciones o dictámenes.

En términos parlamentarios, el dictamen es conceptualizado por el jurista Manuel González Oropeza como una resolución acordada por la mayoría de los integrantes de algún comité o comisión de un Parlamento o Congreso respecto a una iniciativa, asunto o petición sometida a su consideración por acuerdo de la asamblea, la cual está sujeta a lecturas previas y a una posterior discusión y aprobación del pleno de la Cámara respectiva, la cual debe contener una parte expositiva de razones en que se funda la resolución, dentro de las que resulten relevantes las expresadas por el autor de dicha iniciativa.

No obstante, los tratadistas y estudiosos de derecho parlamentario y de la técnica legislativa han dejado de lado el tema relativo a la frontera existente entre la iniciativa y el dictamen, descansando en una lógica que ha derivado de una laguna en la ley, generando con ello que sea una constante el ver dictámenes que van más allá de la pretensión de subsanar la iniciativa o incluso, en el sentido o intención del autor de la misma iniciativa.

Esto es, nos llevan a dimensiones de un dictamen con resultados distintos al propuesto por la iniciativa que la originó, lo que debería ser resuelto con una nueva iniciativa, como nos aconteció justamente en la primera reunión de la Comisión Primera, cuando se resolvía en un sentido diferente a como se había presentado la iniciativa. Eso es lo que originó nuestra intención de presentar de una vez esta propuesta.

De igual manera, al realizar un análisis al marco jurídico del Congreso encontramos que existe incongruencia en lo relativo al término para la dictaminación de las iniciativas por parte de las comisiones, toda vez que la Constitución, en su artículo 72, establece el término de un mes, mientras que la Ley Orgánica del Congreso General, en el inciso g) del artículo 67, establece un plazo de 20 días, y su reglamento, en el artículo 87, prevé 5 días para dictaminación.

Esto es, se prevén plazos diferentes para el mismo efecto. Además de que la práctica difícilmente se puede cumplir si atendemos a que el legislador, en su momento, no previó la complejidad del estudio y atención de los diferentes asuntos que se tratan dentro de las comisiones y, como consecuencia, en la práctica encontramos por costumbre la existencia de una prórroga consentida, por lo que es necesario actualizar el supuesto normativo a los tiempos y procedimientos reales.

Por todo esto, me permito afirmar que estamos frente a una situación no prevista por el legislador, para que pueda ser resuelta al vincular todos los plazos correspondientes.

Por tanto, me permito presentar esta iniciativa con objeto de que se reformen los artículos ya mencionados y, a final de cuentas, equiparar el mismo tema a los mismos tiempos.

Por tanto, pido a la Presidencia que instruya a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que se integre en el Diario de los Debates el texto de la iniciativa y la exposición que he presentado ante ustedes. Gracias por su atención, señores diputados y señoras diputadas, senadores y senadoras.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley Orgánica y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador Héctor Pérez Plazola, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, senador de la república por el estado de Jalisco de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, Héctor Pérez Plazola, en mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y miembro de esta Comisión Permanente, comparezco ante esta soberanía en ejercicio de la facultad que me concede el artículo 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55 fracción II, 56, 62 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el inciso l) del artículo 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma el inciso g) del artículo 67, así como se adiciona un segundo párrafo al artículo 103, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y reforma el artículo 87, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A. En el ámbito parlamentario mexicano, se entiende como acto legislativo ``la facultad de dictar las leyes, cuya actividad y ejercicio corresponde al Congreso y en cuyo proceso de formación participan diversos órganos, teniendo relevancia el Poder Ejecutivo''.

Para que dicho acto legislativo llegue a tener existencia como ley o decreto, debe cumplirse el procedimiento previsto en la Constitución en su artículo 72, que implica una serie ordenada de pasos o fases que son realizados por los órganos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, facultados para ello.

Las etapas dentro del procedimiento ordinario son: iniciativa, dictaminación, discusión, aprobación o rechazo, sanción u observación, promulgación, publicación e iniciación de vigencia. Pero con el objeto de centrar la atención en lo que pretendo proponer con la presente iniciativa, me referiré solamente a la fase de la iniciativa y su dictaminación.

El derecho de iniciar leyes o decretos compete, por naturaleza, a los diputados y senadores, pero además al presidente de la república, a las legislaturas de los estados, así como a los ciudadanos que pueden sugerir que se expidan leyes o decretos sobre asuntos de su interés.

En países como el nuestro en donde la legislación es la fuente formal por excelencia del orden jurídico, la iniciativa es definida por juristas como Eduardo García Máynez como ``el acto por el cual determinados órganos del estado, someten a la consideración del Congreso un proyecto de ley''. Es decir, que una iniciativa de ley o decreto, es la propuesta por medio de la cual se hace llegar al órgano depositario del Poder Legislativo correspondiente, un proyecto de ley que puede ser nueva en su totalidad o ya existente pero que, por circunstancias sobrevinientes, necesita ser reformada o modificada por adición, corrección o supresión de algunas de sus normas o un proyecto de decreto.

En ese orden de ideas, el Pleno del órgano legislativo deriva las iniciativas recibidas a la comisión o comisiones correspondientes, consideradas como ``órganos regulares y permanentes en que intervienen los legisladores para participar en la resolución y/o dictamen de los asuntos que se encomiendan a dicho cuerpo colegiado''.

Las comisiones tienen una competencia limitada para conocer de los asuntos a que refiere su propia denominación y supuesto normativo. Esto como una forma de organización y trabajo al interior del órgano parlamentario.

El trabajo al interior de las mismas se inicia con el documento (iniciativa) que le es turnado por orden de la asamblea o por instrucción de la mesa directiva para que proceda a estudiarla y, en su caso, ponerla en estado de resolución o dictaminación.

En términos parlamentarios, el dictamen es conceptualizado por el jurista Manuel González Oropeza como ``una resolución acordada por la mayoría de los integrantes de algún comité o comisión de un parlamento o congreso, con respecto a una iniciativa, asunto o petición sometida a su consideración por acuerdo de la asamblea, la cual está sujeta a lecturas previas y a una posterior discusión y aprobación del pleno de la cámara respectiva''. La cual debe contener una parte expositiva de las razones en que se funde la resolución, de entre las que resultan relevantes, las expresadas por el autor de la iniciativa que originó el dinamismo del proceso.

Tradicionalmente un dictamen cuenta con cinco puntos básicos:

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señala dentro del inciso a), segundo párrafo, del artículo 85; así como 86 que:

Artículo 85.

1. ....

2. Las comisiones serán:

Articulo 86.

1. Las comisiones ordinarias tendrán a su cargo las cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación y, conjuntamente con la de Estudios Legislativos, el análisis y dictamen de las iniciativas de leyes y decretos de su competencia.

Y de igual forma, el artículo 103 del ordenamiento orgánico, antes referido, señala que:

Artículo 103.

1. El Reglamento establecerá los procedimientos y trámites para el despacho de los trabajos de las comisiones y los asuntos que por su naturaleza y trascendencia puedan ser resueltos por ellas mismas.

Lo que nos deriva a que el aún vigente Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos señale en su artículo 87 que:

Artículo 87.

1. Toda comisión deberá presentar dictamen en los negocios de su competencia, dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los haya recibido. Todo dictamen deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.

Analizado el contenido de las disposiciones transcritas con anterioridad, encontramos que en todo momento existe una relación estrecha entre la iniciativa y el dictamen que deriva de la misma.

No obstante lo anterior, los tratadistas y estudiosos del derecho parlamentario y de la técnica legislativa han dejado de lado el tema relativo a la frontera existente entre la iniciativa y el dictamen, descansando en una lógica que ha derivado de una laguna en la ley, generando con ello que sea una constante el ver dictámenes que van más allá de la pretensión de subsanar la iniciativa, o incluso del sentido o intención del autor de la iniciativa. Esto es, nos llevan a dimensiones de un dictamen con resultados distintos al propuesto por la iniciativa que lo originó, lo que debería de ser resultado de una nueva iniciativa.

B. Por otro lado, visto como un punto particular y diverso a lo señalado dentro del punto anterior de esta iniciativa, encuentro que dentro del artículo 87 del referido reglamento, se concede un término de cinco días a las comisiones para presentar ante el Pleno, el dictamen correspondiente, contados a partir del día en que reciban la iniciativa.

De igual forma, al realizar un análisis al marco jurídico del Congreso, encontramos que existe incongruencia en lo relativo a un término para la dictaminación de las iniciativas por parte de las comisiones, toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el inciso l) del artículo 72, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en el inciso g) del artículo 67, y su Reglamento en el artículo 87, antes señalado, prevén plazos diferentes para el mismo efecto, como a continuación se observa:

Artículo 72. .....

...

Artículo 67. ...

Articulo 87. Toda comisión deberá presentar dictamen en los negocios de su competencia, dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los haya recibido. Todo dictamen deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.

Supuestos anteriores que en la práctica difícilmente se pueden cumplir, si atendemos a que el legislador en su momento no previo la complejidad del estudio y atención de los diferentes asuntos que se tratan dentro de las comisiones y, como consecuencia, en la práctica encontramos como costumbre la existencia de una prorroga consentida. Por lo que es necesario actualizar el supuesto normativo a los tiempos y procedimientos reales.

Es por esto, que me permito afirmar que estamos frente a una situación no prevista por el legislador, pero que puede ser resuelta al vincular, dentro del supuesto normativo legal y reglamentario correspondiente, el que los dictámenes que elaboren las comisiones deberán referirse a la iniciativa, proposición o solicitud que le dio origen, así como presentarse ante el Pleno dentro de un término medio más real y posible, de acuerdo al trabajo que actualmente presentan la mayoría de las comisiones, homologando de tal manera, el marco jurídico del Congreso.

Atendiendo a que en los términos de la fracción II, del artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a la fracción II, artículo 55, del Reglamento Interior del Congreso General, los senadores del Congreso general tienen derecho a iniciar leyes o decretos. Así como que a efecto de que la Constitución federal pueda ser reformada, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden dichas reformas, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados; y previo cómputo correspondiente de los votos de las legislaturas, hacer la declaración de haber sido aprobadas, someto a consideración de esta asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto por el que reforma el inciso l) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; reforma el inciso g) del artículo 67; así como se adiciona un segundo párrafo al artículo 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y reforma el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Primero. Se reforma el inciso l) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 72. ....

A. al H. ....

Artículo Segundo. Se reforma el inciso g) del artículo 67; así como se adiciona un segundo párrafo al artículo 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 67. ...

Artículo 103.

l. ........

2. Los dictámenes que elaboren las comisiones deberán contener una parte expositiva de las razones en que se funden y referirse a la iniciativa, proposición o solicitud que dio su origen.

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 87.

1. Toda comisión deberá presentar dictamen en los negocios de su competencia dentro de los 45 días hábiles siguientes al de la fecha en que los haya recibido. Todo dictamen deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde, referirse a la iniciativa, proposición o solicitud que dio su origen y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación. Los que deben guardar, en todo momento, relación con el objeto y sentido.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Quedan sin efectos las disposiciones legales que se opongan a lo establecido por el presente decreto.

Tercero. Envíese copia del presente decreto a las legislaturas de los estados, a fin de que den cumplimiento a lo establecido en el artículo 135 de la Constitución Política.

La Presidenta diputada Sara Latife Ruiz Chávez: Gracias, senador Pérez Plazola. Túrnese a las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Senadores. Se instruye a la Secretaría insertar el texto en el Diario de los Debates.

LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

La Presidenta diputada Sara Latife Ruiz Chávez: Tiene la palabra el diputado Adolfo Mota Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

El diputado Adolfo Mota Hernández: Gracias, diputada.

Vengo en coincidencia con el punto de acuerdo que fue aprobado en la sesión pasada de esta Comisión Permanente, que tiene que ver con el reiterado tema de las tarifas eléctricas.

La semana pasada fue aprobado un punto de acuerdo que presentó un senador de mi grupo parlamentario en el sentido de llamar la atención al Ejecutivo para revisar las tarifas eléctricas en todo el país.

En coincidencia con eso, y con la intención de dar seguimiento, vengo a presentar esta iniciativa que pretende reformar el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y que tiene como consecuencia la revisión que hemos estado haciendo en una comisión formada y conformada desde la comisión política permanente del año pasado, en la cual se solicitaba entonces que integrantes de la Comisión Permanente trabajaran, junto con los integrantes de la Comisión de Hacienda, para revisar el tema.

Y es que no es menor. Tan sólo en Veracruz, estado del cual soy originario y que es líder productor en energía eléctrica, pagamos hasta 35 por ciento más en tarifas eléctricas que en estados del norte del país, y esto nos parece injusto, por ser un estado que ha venido aportando.

Tenemos prácticamente generación de todas las energías, tenemos las generadoras López Mateos, Dos Bocas, Poza Rica, Tuxpan II, y somos el único estado que produce energía nucleoeléctrica.

Esto genera condiciones que debieran ser favorables para los veracruzanos, y es una lucha que se ha venido dando, en la cual hemos venido interpretando cuáles son las mediciones y las cualidades por las cuales no hemos sido beneficiados en este tema.

Por eso, pensamos que no es conveniente la contestación que el gobierno federal ha venido otorgando respecto de este tema de considerar factores como la humedad, el calor, que pueden determinar mejores tarifas para el estado de Veracruz y para otros estados generadores.

Veracruz, con esta iniciativa, con los puntos de acuerdo y con los consensos que se generen, sea en la Conferencia de Gobernadores, ya sea en la propia Cámara de Diputados, no quiere pagar menos, quiere pagar igual que los demás estados de la república.

Por eso, esta iniciativa pretende reformar el artículo 31 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal, y de Economía, a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público y el racional consumo de energía.

Para su determinación tomará en consideración los costos de su producción y distribución, las condiciones de temperatura, calor y humedad de las diversas regiones del país. Además de sustentarse en métodos de evaluación de su impacto social identificados por el impulso al crecimiento económico regional, así como por su equidad en términos del ingreso promedio de la población.

Los estudios correspondientes deberán publicarse en medios electrónicos y en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, y a través del procedimiento señalado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá fijar tarifas especiales en hora de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas.

Es pues la humedad relativa un tema polémico, sin duda, pero que viene a generar en todas las zonas tarifarias un mejor posicionamiento en términos de esto a los estados que generan energía eléctrica. Veracruz es uno de ellos.

El punto de acuerdo fue aprobado por el consenso de todos los grupos parlamentarios en la sesión pasada y ésta viene a ser la consecuencia lógica que reforma el artículo 31 y que le viene a dar mayor celeridad y certeza a las tarifas eléctricas en Veracruz y en los estados que están demandando mayor inversión, mejores condiciones para los inversionistas y, en consecuencia lógica, la generación de empleos. Es cuanto, Presidenta.

«Iniciativa que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Adolfo Mota Hernández , del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el país la situación del consumo eléctrico se ha tornado crítica. Para la población de un amplio número de estados de la república tanto en el sur como en el norte la situación se coloca en la disyuntiva de sobrevivir o pagar los recibos de luz, que muchas veces exceden la capacidad económica de las familias. La situación es, además, paradójica en estados como Chiapas, Tabasco o Veracruz, en virtud de que es en estos en donde se generan los mayores volúmenes de suministro eléctrico para todo el país y la gente no puede gozar de tarifas accesibles. Abunda la luz, pero no para los más pobres que viven con altas temperaturas sin poder adquirir sistemas de enfriamiento, lo que impacta la calidad de vida, el rendimiento escolar de los niños y los jóvenes, crea tensión en el seno de las familias.

En el caso de Veracruz, al que los suscritos representamos como un alto honor, a pesar de que las centrales generadoras de electricidad López Mateos, Laguna Verde, Dos Bocas, Poza Rica y Tuxpan II son en su conjunto la principal fuente de generación de energía en el país, Veracruz paga tarifas eléctricas más elevadas que la mayoría de los estados no productores.

A la situación del cobro desmedido de las tarifas eléctricas domesticas, que golpea el ingreso de las familias, se suma otro igualmente grave cuya falta de atención esta generando el crecimiento del desempleo y la falta de competitividad de las empresas nacionales y extranjeras que se sitúan en Veracruz.

Es el caso de los altos precios industriales que se pagan en insumos como el gas natural y principalmente la electricidad, los cuales han propiciado la elevación en los costos de producción, causando pérdidas económicas que han derivado en el cierre de importantes empresas.

Como ya lo ha denunciado el gobierno del estado de Veracruz, en donde el gobernador desde que era senador ha mantenido una lucha permanente para que se revise el procedimiento para establecer las tarifas eléctricas, ha quedado muy claro que se requiere un auténtico federalismo fiscal, que permita crear las condiciones para denotar el crecimiento, entre las que destaca el ajuste a las tarifas eléctricas de uso industrial que se cobran en el estado de Veracruz y en todo el país.

Resulta inadmisible que las tarifas de electricidad, sean más altas en el estado líder productor que en el norte del país. Lo anterior nos lleva al extremo de que una empresa asentada en Veracruz pague hasta 35 por ciento más por el insumo eléctrico que si ésta radicara en las mismas condiciones en el norte del país.

En ese sentido, el 7 de febrero del año 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que al retirar el subsidio a los consumos domiciliarios, incrementó de manera desproporcionado las tarifas eléctricas a lo largo y ancho del país, duplicándose las tarifas básicas y de altos consumos e incrementándose, hasta en seis veces más por encima de la inflación, las tarifas intermedias, afectando al 45 por ciento de las familias del país.

La manipulación de los rangos de consumo provocó en las zonas del norte y de las costas de la república, incrementos en los recibos eléctricos de un 200 y hasta un 300 por ciento, mermando la economía de muchas familias que habitan en esas regiones, y haciendo más evidente el trato desigual que ya existía en las regiones del país. Para segmentos sociales muy importantes, las tarifas fueron incrementadas en cerca del doble respecto del índice inflacionario y, en el caso de las tarifas intermedias, este incremento alcanza a representar hasta seis veces más ese índice inflacionario.

En respuesta a la situación que se ha tornado insostenible para las regiones con climas extremosos y húmedos del país, el Poder Legislativo ha aprobado decenas de puntos de acuerdo orientados a considerar la reclasificación de las tarifas eléctricas, refiriéndose de manera repetida a considerar las condiciones climáticas adversas que exigen considerar a estos factores como variables decisivas para determinar las tarifas en estas regiones del país.

Todo ello, apenas resume el sentido demandante de las múltiples propuestas que se han presentado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República por todos los grupos parlamentarios y representantes de las entidades de la republica más afectadas por las políticas tarifarías imperantes.

Mantenemos la exigencia de que se aplique con sentido social una reclasificación y simplificación de las tarifas de consumo doméstico, se conserven los rangos de medición anteriores al incremento y se elimine la discrecionalidad del Ejecutivo federal en este ámbito.

Los legisladores hemos manifestado que deben considerarse para la fijación de las tarifas eléctricas los indicadores económicos de cada entidad y sus zonas salariales correspondientes, a fin de evitar en la medida de lo posible se perjudique a las familias de menos recursos.

El común denominador de los esfuerzos y de la lucha que los legisladores de todos los partidos hemos llevado a cabo es exigir al Ejecutivo federal que considere, además de la temperatura, los siguientes factores como parámetros para fijar las tarifas eléctricas residenciales: la humedad relativa, las necesidades de consumo y de producción de electricidad, los daños ambientales producidos por la industria eléctrica, las zonas salariales y las condiciones socioeconómicas correspondientes a cada uno de los estados de la república.

A la situación del cobro desmedido de las tarifas eléctricas domesticas, que golpea el ingreso de las familias, se suma otro igualmente grave cuya falta de atención esta generando el crecimiento del desempleo y la falta de competitividad de las empresas nacionales y extranjeras en todo el país.

El fomento del empleo así como los programas de desarrollo regional no tendrán sentido integral si no atendemos la demanda de los sectores productivos que requieren de precios competitivos para su desarrollo.

Ante un entorno internacional de enorme competencia, México requiere incorporar a su política industrial la revisión de los insumos energéticos del sector. Sin esta medida los discursos quedaran sólo en buenas intenciones, y las políticas de desarrollo regional, carecerán de aliento de largo plazo.

No es posible favorecer a unas cuentas regiones y dejar a las otras en orfandad. Las secuelas de esta política aún persisten en el desigual desarrollo del norte y el sur.

Acompañemos el desarrollo regional, los programas de empleo en todos sus niveles, y los criterios generales de crecimiento con una revisión justa y equitativa de los insumos que nuestro sector industrial consume.

La situación que enfrenta Veracruz como estado productor de energía, y la política tarifaría que su sector productivo debe pagar, no se corresponden con mínimos criterios de equidad, que imperan en nuestros principales socios comerciales.

En la actual coyuntura en la cual los estados de la republica, y los poderes Ejecutivo y Legislativo se encuentran definiendo una probable reforma fiscal, sus líneas fundamentales deberían ser las de un autentico federalismo, que respete las potestades tributarias de los estados y de los municipios. Necesitamos dar un paso adelante y proponer la revisión de los criterios tarifarios para el servicios de energía eléctrica de uso domestico y comercial para que estas se conviertan en motor del progreso.

Estados como Veracruz, Sinaloa, Baja California, Sonora, Tabasco, Yucatán, entre otros, necesitan el impulso de políticas públicas que reconozcan su papel como generador de energéticos y de riqueza nacional.

En ese sentido, esta iniciativa propone modificar el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para acotar la ambigüedad de su redacción, que propicia un sistema relativamente discrecional y que desmantela el argumento técnico esgrimido reiteradamente por el gobierno federal de que no es posible considerar los factores de humedad y de calor conjuntos para determinar las tarifas, en virtud de que no hay una obligación legal ni existen metodologías para su complementación.

Al establecer en la ley que se tomen en cuenta ambos factores obligaríamos a que su reglamentación los considere y a que los técnicos de dichas secretarías y de la Comisión Federal de Electricidad utilicen los recursos públicos que se les han encomendado para servir realmente al interés general, toda vez que no se trata de descubrir algo nuevo sino de sumar lo que ya existe bajo una orientación técnica justificada a la luz del mandato legal y social.

De igual manera, se introduce el precepto de que las tarifas incluyan la evaluación de su impacto social, que es un método que se emplea hace más de medio siglo para formular políticas públicas, a partir de las recomendaciones de la CEPAL y que rescatan la función original del Estado y de sus empresas, que no es el lucro ni la utilidad mercantil, sino la compensación y disminución de las desigualdades sociales, toda vez que sus recursos no son propiedad de los burócratas ni de los políticos, sino de los contribuyentes y de la sociedad en su conjunto.

Se aprovecha también esta oportunidad para actualizar el nombre de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial por el de Secretaría de Economía, que es la que realiza las funciones en la materia.

Finalmente, deseamos puntualizar que este proyecto es acorde a la amplia demanda social de que la función pública y el servicio de energía eléctrica respondan a las necesidades del desarrollo social y económico, con sentido de equidad, justicia y proporcionalidad, que son los mandatos claros del pacto constitucional.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

Artículo Único. Se reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal, y de Economía y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público, y el racional consumo de energía. Para su determinación tomará en consideración los costos de su producción y distribución, las condiciones de temperatura, calor y humedad de las diversas regiones del país, además de sustentarse en métodos de evaluación de su impacto social, identificados por el impulso al crecimiento económico regional, así como por su equidad en términos del ingreso promedio de la población. Los estudios correspondientes deberán publicarse en medios electrónicos y en el Diario Oficial de la Federación.

Asimismo, y a través del procedimiento señalado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas.

La Presidenta diputada Sara Latife Ruiz Chávez: Diputado Mota Hernández, le solicito que me permita adherirme a su iniciativa.

El diputado Adolfo Mota Hernández: Es un honor.

La Presidenta diputada Sara Latife Ruiz Chávez: Túrnese a la Comisión de Energíade la Cámara de Diputados.

La iniciativa del senador Alejandro González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo, se retira del orden del día.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

La Presidenta diputada Sara Latife Ruiz Chávez: Tiene la palabra el diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 68 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

El diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco: Gracias, diputada Presidenta, con su venia.

La Presidenta diputada Sara Latife Ruiz Chávez: Adelante.

El diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco: El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congresode los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 68 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

Compañeros legisladores, hoy día nos encontramos con diversos problemas relacionados con la tecnología de la comunicación, y para los cuales nosotros, como legisladores, no hemos puesto las herramientas para combatirlos y erradicarlos.

Uno de estos problemas que considero como prioridad es contar con un registro actualizado de los números celulares que existen y operan en la República Mexicana.

En México cada día es más común que una persona tenga un celular debido a que vivimos en un mundo globalizado, y a que los celulares cada día están más accesibles al público en cuanto precio y en cuanto a trámites para conseguirlos.

Según cifras difundidas por la Cofetel, en julio de 2007 cerca de 58.6 por ciento de los mexicanos contaban con al menos un equipo de telefonía móvil; es decir, más de la mitad de los mexicanos.

Las ventajas de los equipos celulares son muchas, pues gracias a ellos podemos acortar distancias entre nuestros conocidos y familiares, además de que también son de gran utilidad para hacer frente a algunas emergencias. Pero, por desgracia, algunas personas le han dado mal uso a los celulares, pues los han utilizado para estafar a las personas y ejecutar secuestros virtuales, todo ello debido a que no está regulada la venta de chips que contienen los números para comunicarse.

Hemos constatado con nuestra experiencia que hoy día no existe un control sobre los chips o números de celulares que circulan o se venden en el mercado mexicano. Incluso cuando uno compra un nuevo equipo ya le viene integrado un chip con un nuevo número, y en muchas ocasiones los chips son regalados en la compra de algún accesorio o, en el último de los casos, uno puede comprar un chip por menos de 150 pesos, lo cual es muy benéfico para que el crimen organizado trabaje en el anonimato, pues en la mayoría de las ocasiones no es necesario presentar una identificación oficial para corroborar que los datos sean verídicos y reales.

Como ya lo mencioné anteriormente, conseguir tan fácilmente números de celulares para comunicarnos puede ayudar a la delincuencia organizada a vivir en la impunidad, pues mediante estos números extorsionan y se aprovechan de gente inocente sacándole recursos económicos.

No podemos olvidar el hecho que ocurrió el pasado noviembre, en donde aproximadamente nueve diputados fueron víctimas de estas mafias dedicadas al secuestro exprés y virtual.

Por lo anterior, considero una necesidad el que nosotros, los representantes de los ciudadanos, establezcamos un mayor control sobre los números celulares que son utilizados en la República Mexicana, a fin de ponerle más obstáculos a la delincuencia organizada y a las mafias que operan muchas veces desde los centros de rehabilitación social para estafar a las personas. Ya que actualmente dichos delincuentes no tienen ningún temor de ser capturados pues, al no tener ningún registro, no se puede fincar responsabilidad a persona alguna.

Por ello, al implantar más controles en la compra de un teléfono celular o de un chip, la gente se hará responsable con el uso que se le dé a dicho número, por lo que se verá obligada a denunciar ante las diversas compañías telefónicas que su teléfono fue robado o perdido, a fin de dar de baja dicho número y evitar que se le dé un mal uso.

De conformidad con lo anterior, me permito someter a la consideración de este honorable pleno el siguiente proyecto de decreto

Artículo 68. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicación deberán proporcionar información contable por servicio, región, función y componentes de sus redes, de acuerdo con metodología y periodicidad que, para tal efecto, establezca la secretaría, así como aquella que permita conocer la operación y explotación de los servicios de telecomunicación.

Aquí viene la adición:

Asimismo, las diversas compañías telefónicas estarán obligadas a verificar la identidad del comprador de algún aparato telefónico o chip que contenga un número de telefonía móvil mediante copia de algún documento oficial.

Dichos documentos serán remitidos mensualmente a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la cual estará obligada a llevar una base de datos que permita identificar a los usuarios de la telefonía celular en caso necesario. Los datos serán confidenciales y sólo podrán ser usados cuando la autoridad competente lo solicite, derivado de alguna investigación criminal.

La secretaría vigilará que los concesionarios y permisionarios proporcionen al público información completa y veraz sobre los servicios de telecomunicaciones que presten.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Quiero hacer un comentario antes de terminar, Presidenta. La violencia ha estado escalando tremendamente a nuestro país, en muchos estados, en mi estado, Nuevo León, este caso de los secuestros exprés se está incrementando tremendamente. No solamente eso, la escala de violencia va a robos bancarios, casi uno por día, cosa que en mi estado no ocurría.

El lunes acaban de matar a un juez penal, un juez tercero de lo penal, también por revanchas con el crimen organizado, por haber dictado una orden de aprehensión. Y yo quisiera también, desde esta alta tribuna, hacer un llamado a mi gobernador para que cancele sus viajes que tiene programados al extranjero ---de hecho ahora está en un viaje---, para que sea tan amable de coordinar y dirigir los esfuerzos para combatir a la delincuencia organizada en mi estado. Es cuanto, Presidenta. Gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 68 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco , e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 68 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Hoy día, nos encontramos con diversos problemas relacionados con la tecnología de la comunicación, y para los cuales, nosotros como legisladores, no hemos puesto las herramientas para erradicarlos y combatirlos. Uno de estos problemas, que considero como prioridad, es la de contar con un registro actualizado de los números celulares que existen y operan en la República Mexicana.

En México, cada día es más común que una persona tenga un celular debido a que vivimos en un mundo globalizado y a que los celulares cada día están más accesibles al público en cuanto precio y en cuanto trámites para conseguirlos. Según cifras difundidas por la Cofetel, en julio del 2007, cerca del 58.6 por ciento de mexicanos contaban con al menos un equipo de telefonía móvil, es decir, más de la mitad de los mexicanos.

Las ventajas de los equipos celulares son muchas, pues gracias a ellos podemos acortar distancias entre nuestros conocidos y familiares, además de que también son de gran utilidad para hacer frente a alguna emergencia. Pero, por desgracia, algunas personas le han dado mal uso a los celulares, pues los han utilizado para estafar a las personas y simular secuestros virtuales, todo ello debido a que no está regulada la venta de chips que contienen los números para comunicarse.

Hemos constatado con nuestra experiencia, que hoy día no existe un control sobre los chips o números de celular que circulan o se venden en el mercado mexicano, incluso cuando uno compra un nuevo equipo ya le viene integrado un chip con un nuevo número y en muchas ocasiones los chips son regalados en la compra de algún accesorio o, en el último de los casos, uno puede comprar un chip por menos de 150 pesos, lo cual es muy benéfico para que el crimen organizado trabaje en el anonimato, pues en la mayoría de las ocasiones no es necesario presentar una identificación oficial para corroborar que los datos sean verídicos y reales.

Como ya lo mencioné anteriormente, el conseguir tan fácilmente números de celulares para comunicarnos puede ayudar a la delincuencia organizada a vivir en la impunidad, pues mediante estos números extorsionan y se aprovechan de gente inocente sacándoles recursos económicos.

No podemos olvidar el hecho que ocurrió el pasado mes de noviembre, en donde aproximadamente 9 diputados fueron víctimas de estas mafias dedicadas al secuestro express y virtual.

Por lo anteriormente expuesto, considero como una necesidad el que nosotros, los representantes de los ciudadanos, establezcamos un mayor control sobre los números celulares que son utilizados en la República Mexicana, con el fin de ponerle más obstáculos a la delincuencia organizada y a las mafias que operan, muchas veces desde los centros de rehabilitación social, para estafar a las personas.

Pues actualmente dichos delincuentes no tienen ningún temor de ser capturados pues, al no tener ningún registro, no se le pueden fincar responsabilidades a persona alguna.

Es por ello que al implementar más controles al comprar un teléfono celular o un chip, la gente se hará responsable con el uso que se le dé a dicho número, por lo que se verá obligado a denunciar ante las diversas compañías telefónicas, que su teléfono fue robado o perdido, con el fin de dar de baja dicho número y evitar que se le dé un mal uso.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este honorable pleno el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo 68. Los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones deberán proporcionar información contable por servicio, región, función y componentes de sus redes, de acuerdo a la metodología y periodicidad que, para tal efecto, establezca la secretaría, así como aquella que permita conocer la operación y explotación de los servicios de telecomunicaciones.

Así mismo, las diversas compañías telefónicas estarán obligadas a verificar la identidad del comprador de algún aparato telefónico o chip que contenga un número de telefonía móvil mediante copia de algún documento oficial.

Dichos documentos serán remitidos mensualmente a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la cual estará obligada a llevar una base de datos que permita identificar a los usuarios de la telefonía celular en caso necesario.

Los datos serán confidenciales y sólo podrán ser usados cuando la autoridad competente lo solicite, derivado de alguna investigación criminal.

La secretaría vigilará que los concesionarios y permisionarios proporcionen al público información completa y veraz sobre los servicios de telecomunicaciones que presten.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Sara Latife Ruiz Chávez: Gracias, diputado Orozco.Túrnese a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

LEY GENERAL DE SALUD

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el diputado Ector Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

El diputado Ector Jaime Ramírez Barba: Muchas gracias, Presidenta, con su permiso.

Honorable asamblea, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre propio y de mis compañeros legisladores, la senadora María Teresa Ortuño Gurza, la senadora Blanca Judith Díaz Delgado, el senador Lázaro Mazón Alonso, el diputado Jorge Quintero Bello , el senador Federico Döring Casar, el diputado Samuel Aguilar Solís , el senador Ernesto Saro Boardman y el senador Guillermo Enrique Tamborrel Suárez, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos a la Ley General de Salud, en materia de cuidados paliativos.

¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de miles de pacientes que hoy día, gracias al incremento de la esperanza de vida, llegan a 73 años las mujeres y 78 los varones.

Las principales causas de muerte que hoy tenemos en México son padecimientos verdaderamente lesivos para el mexicano. El cáncer, el VIH-sida, la insuficiencia renal, problemas cerebrales, traumatismos, hipertensión, diabetes mellitus, hacen que muchos mexicanos hoy sufran verdaderamente al término de sus días. De hecho, en muchos casos el médico le dice: ``usted no tiene más de seis meses de vida''.

Estamos solicitando la incorporación primero en la Ley General de Salud, en su artículo 3o., el que se incorpore el tema del tratamiento integral del dolor como materia de salubridad general. ¿Qué estamos esperando con esto? Sería imperdonable que hoy un mexicano, teniendo toda la tecnología y los recursos, tenga dolor al término de sus días. No puede haber un acto más inhumano que el que un médico no sea capaz de paliar el dolor de un enfermo en estas condiciones.

Lo segundo que estamos haciendo es incorporar todo un título a la Ley General de Salud, ``De los cuidados paliativos''. ¿Y qué son éstos? Son los tratamientos que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente a través de la prevención, el tratamiento y el control del dolor, pero además otros signos y síntomas físicos y emocionales, por parte de un equipo profesional multidisciplinario de los cuidados paliativos en situación terminal. Los objetivos que tiene esta iniciativa, que ha recibido la sensibilidad de todos los compañeros legisladores, son en primer término salvaguardar la dignidad de los enfermos en situación terminal, para garantizar una vida de calidad a través de los cuidados y atenciones médicas necesarios para ello.

Garantizarle al mexicano una muerte natural en condiciones dignas a los enfermos en situación terminal.

Establecer y garantizar los derechos del enfermo en situación terminal en relación con su tratamiento.

Dar a conocer los límites entre el tratamiento curativo y el tratamiento paliativo.

Determinar con claridad cuáles son los medios proporcionados y cuáles los medios desproporcionados, con los cuales no estamos de acuerdo en los tratamientos.

Y por último, establecer los límites de la defensa de la vida del enfermo en situación terminal y evitar el ensañamiento terapéutico.

Le pido de favor, Presidenta, que pueda incorporar, dado que apareció en la Gaceta, toda la iniciativa en el Diario de los Debates, y sea turnado al Senado como Cámara de origen, para esta iniciativa.

Estamos hoy, por último, compañeros legisladores, con la gran oportunidad de poder atender a miles de mexicanos que hoy sufren de dolor y sufren de abandono por parte del Estado mexicano en sus casas, y que es imperdonable que no podamos atenderlos como ellos se merecen. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ector Jaime Ramírez Barba , del Grupo Parlamentario del PAN

Exposición de Motivos

A lo largo de estos últimos años, significativos avances en el campo de la medicina han contribuido a incrementar el promedio de vida de las personas. Este es un evidente beneficio del avance de la ciencia, que así permite que la expectativa de vida en nuestras sociedades sea sensiblemente superior a la que podría tenerse hace apenas algunas décadas. Al mismo tiempo, este logro ha modificado el mapa de la morbilidad, pues ha significado el incremento de enfermedades crónicas, del mismo modo que la posibilidad de curación de muchas enfermedades antes mortales ha obligado a dar particular atención a estos padecimientos terminales y al remedio que amerita el dolor evitable.

En este contexto, debe considerarse con mucho cuidado el lugar que ocupan las enfermedades terminales en el conjunto de causas de muerte en nuestro país. Según estadísticas de la Secretaría de Salud, la tercera parte de las muertes que se registran al año en México se debe a ese tipo de enfermedades.

Los pacientes con enfermedades en situación terminal enfrentan como pocos la realidad del sufrimiento. Y no nos referimos sólo al dolor físico, ya de por sí severo en muchos casos, pues éste es solamente una parte del problema de estos pacientes, sino también a las alteraciones psicológicas, emocionales e incluso espirituales que padecen por esa causa. El enfermo en situación terminal pasa por etapas de negación, depresión, ansiedad, ira y miedo.

La suma de todos estos problemas causa un profundo sufrimiento a los pacientes, pero adicionalmente a sus seres queridos.

Preservar y elevar la calidad de vida de los pacientes que padecen una enfermedad incurable o en etapa terminal, ha sido preocupación que a nivel internacional ha motivado un importante trabajo. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud define a los cuidados paliativos como el cuidado activo y total de las enfermedades que no tienen respuesta al tratamiento curativo, siendo el objeto principal conseguir la mejor calidad de vida posible para los pacientes y sus familias.

Para la OMS esta asistencia denominada paliativa busca mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias al afrontar los problemas asociados con padecimientos en situación terminal, con esto se pretende decir que son los cuidados apropiados para el paciente con una enfermedad avanzada y progresiva donde el control del dolor y otros síntomas, así como los aspectos psicosociales y espirituales cobran la mayor importancia. El objeto de los cuidados paliativos es lograr la mejor calida de vida posible para el paciente. La medicina paliativa afirma la vida y considera el morir como un proceso normal. Los cuidados paliativos no adelantan ni retrasan la muerte sino que constituyen un verdadero sistema de apoyo y soporte para el paciente.

De conformidad con estos planteamientos de la OMS, es necesario valorar los cuidados paliativos como intervenciones que afirman la vida, pero que al mismo tiempo consideran como normal el proceso que desemboca en la muerte; no pretenden acelerarla, pero tampoco la resisten obsesivamente tratando infructuosamente de posponerla a costa de todo lo demás; valoran el alivio del dolor y de otros síntomas angustiantes que lesionan seriamente la calidad de vida de los enfermos.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa emitió en 1999 un documento denominado La protección de los derechos humanos y la dignidad de los enfermos terminales y moribundos, en él se señala que prolongar la vida no debe ser el fin exclusivo de la práctica médica, sino que debe preocuparse igualmente por el alivio del sufrimiento durante el período de sobrevida que la ciencia médica pueda hacer posible.

El término ``medicina paliativa'' se refiere fundamentalmente al quehacer de médicos y enfermeras dedicados a esta disciplina, mientras que el de ``cuidados paliativos'' es más amplio y considera la intervención de un equipo interdisciplinario, incorporando en la definición el trabajo integrado de médicos y enfermeras además de otros profesionales como psicólogos, asistentes sociales, terapeutas ocupacionales y representantes religiosos o apoyo espiritual. En las últimas décadas los cuidados paliativos han evolucionado enormemente a lo largo de los cinco continentes.

En Gran Bretaña, tras la creación del St. Christopher Hospice, la filosofía de trabajo se fue expandiendo progresivamente, lo que permitió lograr mayor cobertura económica y asistencial paulatinamente. En la década de los años setentas predominaba una modalidad de trabajo centrada en la atención de tipo hospicio institucional. En los años ochentas se expandió la atención al trabajo domiciliario, lo que fue seguido recientemente por la puesta en marcha de equipos móviles de atención intrahospitalaria y ambulatoria.

Gran Bretaña fue el primer país en el mundo en crear la subespecialidad médica de medicina paliativa, países como Australia, Bélgica, Nueva Zelanda, Hong Kong, Polonia, Singapur, Taiwán y Rumania se incorporaron a la visión de Gran Bretaña en este tema. En septiembre de 2006 el American Board of Medical Subspecialties otorga a la Medicina Paliativa el estatus de subespecialidad.

La Organización Mundial de la Salud y su oficina regional para las Américas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ha establecido el cuidado paliativo como programa prioritario, principalmente en el tratamiento del cáncer y se han adoptado medidas para desarrollar programas en la región.

De la misma manera, otras organizaciones internacionales como la Internacional Association for Hospice and Palliative Care han destinado esfuerzos y recursos para promover el desarrollo de los cuidados paliativos en el mundo, especialmente en África, América Latina, Asia y Europa del este.

La OPS diseñó un programa regional de cuidados paliativos para los países de América Latina y el Caribe, teniendo en cuenta los problemas y diferencias que existen en la región. Dichos programas, incluyen brechas entre los niveles de ingreso, estadios de transición epidemiológica, experiencia técnica, recursos destinados a salud y organización de los servicios de salud de los países.

Los programas referidos atienden a personas con una enfermedad terminal y sus familias, en las que predominan las necesidades relacionadas con la calidad de vida (síntomas físicos, emocionales, impacto social, espiritual), con pronóstico de vida limitado a causa de enfermedades como las siguientes: cáncer, síndrome de inmuno deficiencia adquirida, enfermedades crónicas y que ocasionan gastos catastróficos, síndromes geriátricos de deterioro progresivo e incurable y otras patologías de carácter terminal.

Por citar un ejemplo, es común que se presten estos servicios en pacientes oncológicos para atender problemas como el control sintomático, disnea, hemoptisis, estado confusional, dolor en sus diversos tipos, náuseas, obstrucción intestinal, entre otros; para lo cual es preciso realizar algunas acciones como:

En México la atención de cuidados paliativos surge con las clínicas del dolor, éstos son servicios donde se atiende ambulatoriamente a personas con diferentes problemas, incluyendo al dolor crónico y de origen oncológico.

La experiencia al trabajar en estas clínicas originó la necesidad de una atención continua del paciente oncológico terminal, el tratamiento de síntomas diferentes al dolor y la consideración de los aspectos psicológicos y sociales.

Con el liderazgo del Instituto Nacional de Cancerología y el apoyo político de la Organización Mundial de la Salud a finales de los ochenta, se desarrollaron cursos de cuidados paliativos que interesaron a personas e instituciones en el tema.

En julio de 1990 se firmó la declaración mexicana de alivio del dolor en cáncer, con lo cual se adopta como política oficial y se reconoce su importancia como tema de salud pública. Se desarrollaron iniciativas aisladas en diferentes regiones del país, quedando establecida en 1992 la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Civil de Guadalajara, y en 1995, el Instituto Nacional de Cancerología designa la Unidad de Cuidados Paliativos y Clínica del Dolor como área orgánicamente dependiente de la división de cirugía.

Posteriormente se desarrollaron más programas y el internes en el tema se incrementó. La Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor, realiza trabajo de consenso para contar con indicadores epidemiológicos que permiten conocer la realidad del país y realizar una adecuada planeación y concertación ante las autoridades sanitarias.

Los médicos conocedores y dedicados a la medicina paliativa en nuestro país son pocos y la enseñanza profesional de la medicina no ha integrado este tema como es debido.

El control integral del dolor y la promoción de la mejora en la calidad de vida del enfermo en situación terminal, debe ser considerado como un derecho fundamental de las personas y una prioridad para nuestro Gobierno, quien deberá adaptar gradualmente su estructura, organización y recursos al desarrollo de programas y servicios de cuidados paliativos.

Tenemos iniciativas interesantes en algunas regiones del país, destacando el programa universitario de la Universidad Autónoma de Guadalajara que aporta un modelo donde desde pregrado se concientiza a los alumnos sobre el cuidado paliativo y que organiza años con año un exitoso congreso ínter universitario.

La Secretaría de Salud, emitió una norma técnica para la organización, funcionamiento e ingeniería sanitaria de los servicios de terapéutica del dolor por cáncer, donde se establecen las normas para una atención que no incluye todas las permisas de los cuidados paliativos. Dicha norma se encuentra actualmente en una nueva revisión.

Donde se propone garantizar los derechos de los enfermos en situación terminal privilegiando, en la medida de lo posible, los cuidados paliativos, para ello es necesario determinar con claridad la diferencia entre establecer los procedimientos para garantizar una muerte natural en condiciones dignas de un enfermo en situación terminal y la aplicación de métodos que acorten la vida del mismo.

En este sentido establecer un indicador de cobertura de enfermos terminales en México es complicado, dado que no se cuenta con un sistema de salud único. La atención médica de los mexicanos es proveída por diferentes instituciones de salud, dependiendo del empleo del jefe de familia.

El gobierno de cada Estado miembro de la OMS tiene la responsabilidad de establecer una política y un programa, a nivel nacional, para el alivio del dolor y cuidados paliativos. Esta política debe incorporar medidas como:

Con esta iniciativa en nuestro país, se establecen las formas y las normas de las cuales es lícito evitar los tratamientos que usen medios desproporcionados, con el fin de evitar el dolor y sufrimientos evitables en los últimos momentos de vida del paciente enfermo; y de esta manera, impedir que el suicidio y la eutanasia sean vistos como una alternativa o solución.

En el que se pretende expresar que se tiene un compromiso con la vida, donde estamos convencidos que siempre debe prevalecer el derecho a la vida ante cualquier otro derecho y ante cualquier circunstancia, frente a la realidad del sufrimiento y el dolor de muchas personas víctimas de una enfermedad en situación terminal, con un final natural de vida digna.

Para que todo esto pueda suceder se necesita modificar el sistema de salud en nuestro país, ya que carece de áreas de tanatología, es decir, de especialistas que ayuden a las personas para que sepan orientar y mitigar el dolor, tanto de los pacientes terminales, como de sus familiares, para que los ayuden a prepararse para morir en paz y tranquilidad.

Lo que se pretende con estas modificaciones, es que quede debidamente establecido que las instituciones de salud públicas y privadas tendrán la obligación de ofrecer servicios de calidad y centros especializados en cuidados paliativos, para que se evite el dolor evitable y se dignifique el fin natural de vida y así se haga menos difícil la agonía, donde los enfermos tendrán el derecho a que se les brinden los cuidados paliativos en su domicilio particular con orientación, asesoría y una atención especifica de su padecimiento, procurando con ello que se logre controlar el dolor y afrontar el sufrimiento no sólo del enfermo en situación terminal.

En el tenor de la iniciativa encontramos a los cuidados paliativos como las acciones de:

La cobertura en la atención a la salud de la población general debe incluir a los enfermos en situación terminal y las medidas correspondientes para lograr esto consisten, fundamentalmente en adecuar dichos servicios para su atención.

Loa resultados más satisfactorios, pueden obtenerse de la combinación de diversas medidas, como se haría con los recursos específicos y las de adaptación a los recursos convencionales o bien, asociar la formación de los profesionales (médicos, enfermeras, psicólogos y trabajadores sociales) con la ayuda de equipo de soporte domiciliario.

En la iniciativa que crea un Titulo Octavo Bis (``De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal''), se destaca la creación de un régimen simétrico de derechos y obligaciones entre prestadores y usuarios de los servicios de salud de cuidados paliativos y manejo del dolor. Entre los que destacan; el derecho del paciente a pedir la suspensión voluntaria del tratamiento curativo y dar inicio al tratamiento o cuidados paliativos adecuados a su enfermedad, necesidades y calidad de vida.

La anterior figura, es decir, la suspensión voluntaria del tratamiento curativo, implica cancelar todo tratamiento que pretenda prolongar inútilmente la vida del enfermo y que se conoce como ensañamiento terapéutico. De éste modo, el enfermo opta por recibir un tratamiento para disminuir el dolor y dar lugar al bienestar del enfermo, dejando que el padecimiento evolucione naturalmente.

Es de suma importancia, aclarar que la decisión del enfermo constará en un documento con características predeterminadas por disposiciones oficiales que hagan expresa la voluntad del paciente, mismo que puede ser elaborado en cualquier momento. Atendiendo a la autonomía de la voluntad del paciente, El paciente, éste puede revocar el citado documento en cualquier momento.

Lo anterior implica que el paciente puede decidir libremente el tipo de tratamiento a que desee someterse.

En conclusión esta iniciativa pretende resaltar el derecho a los cuidados paliativos y manejo del dolor por ser éstas las intervenciones que procuran un trato digno a los pacientes en situación Terminal. Del mismo modo toda acción médica y sanitaria deberá contar con el consentimiento del paciente o de su representante, esto implica derechos y obligaciones para prestadores y usuarios en apego a lo que señala la propia ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el presente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud, en materia de cuidados paliativos.

Primero. Se reforma la fracción I del inciso B del artículo 13, la fracción III del artículo 27; la fracción I del artículo 58; el artículo 59, la fracción III del artículo 112, y el artículo 421 Bis; se adiciona la fracción XXX al artículo 3o., y la fracción IV al artículo 33, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

Artículo 13. La competencia entre la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A.

B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales:

Artículo 27. ...

Artículo 33. Las actividades de atención médica son:

Artículo 58. La comunidad podrá participar en los servicios de salud de los sectores público, social y privado a través de las siguientes acciones:

l. Promoción de hábitos de conducta que contribuyan a proteger la salud o a solucionar problemas de salud, e intervención en programas de promoción y mejoramiento de la salud y de prevención de enfermedades y accidentes, así como acciones de respeto a la dignidad de la persona;

Articulo 59. Las dependencias y entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas, promoverán y apoyarán la constitución de grupos, asociaciones y demás instituciones que tengan por objeto participar organizadamente en los programas de promoción y mejoramiento de la salud individual o colectiva, así como en los de prevención de enfermedades y accidentes, y de prevención de invalidez y de rehabilitación de inválidos, así como en los cuidados paliativos.

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

Artículo 421 Bis. Se sancionará con multa equivalente de doce mil hasta dieciséis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos, 100, 122, 126, 146, 166 Bis 20, 166 Bis 21, 205, 235, 254, 264, 281, 289, 293, 298, 325, 327 y 333 de esta ley.

Segundo. Se crea un Título Octavo Bis, denominado ``De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en situación Terminal''.

Título Octavo Bis De los cuidados paliativos a los enfermos en situación terminal Capítulo I Disposiciones Comunes

Artículo 166 Bis. El presente título tiene por objeto:

Artículo 166 Bis 1. Para los efectos de este Título, se entenderá por:

Artículo 166 Bis 2. Corresponde al Sistema Nacional de Salud garantizar el pleno, libre e informado ejercicio de los derechos que señalan esta ley y demás ordenamientos aplicables, a los enfermos en situación terminal.

Capítulo II De los Derechos de los Enfermos en Situación Terminal

Artículo 166 Bis 3. Los pacientes enfermos en situación terminal tienen los siguientes derechos:

Artículo 166 Bis 4. Toda persona mayor de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, puede, en cualquier momento e independientemente de su estado de salud, expresar su voluntad por escrito, de recibir o no cualquier tratamiento, en caso de que llegase a padecer una enfermedad y estar en situación terminal y no le sea posible manifestar dicha voluntad. Dicho documento podrá ser revocado en cualquier momento.

Para que sea válida la disposición de voluntad referida en el párrafo anterior, deberá apegarse a lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 166 Bis 5. El paciente en situación terminal, mayor de edad y en pleno uso de sus facultades mentales, tiene derecho a la suspensión voluntaria del tratamiento curativo y como consecuencia al inicio de tratamiento estrictamente paliativo en la forma y términos previstos en esta ley.

Artículo 166 Bis 6. La suspensión voluntaria del tratamiento curativo supone la cancelación de todo medicamento que busque contrarrestar la enfermedad terminal del paciente y el inicio de tratamientos enfocados de manera exclusiva a la disminución del dolor o malestar del paciente.

En este caso, el médico tratante interrumpe, suspende o no inicia el tratamiento, la administración de medicamentos, el uso de instrumentos o cualquier procedimiento que contribuya a la prolongación de la vida del paciente en situación terminal dejando que su padecimiento evolucione naturalmente.

Artículo 166 Bis 7. El paciente en situación terminal que esté recibiendo los cuidados paliativos, podrá solicitar recibir nuevamente el tratamiento curativo, ratificando su decisión por escrito ante el personal médico correspondiente.

Artículo 166 Bis 8. Si el enfermo en situación terminal es menor de edad, o se encuentra incapacitado para expresar su voluntad, las decisiones derivadas de los derechos señalados en este titulo, serán asumidos por los padres o el tutor y a falta de estos por su representante legal, persona de su confianza mayor de edad o juez de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 166 Bis 9. Los cuidados paliativos se proporcionarán desde el momento en que se diagnostica el estado terminal de la enfermedad.

Artículo 166 Bis 10. Los familiares del enfermo en situación terminal tienen la obligación de respetar la decisión que de manera voluntaria tome el enfermo en los términos de este titulo.

Artículo 166 Bis 11. En casos de urgencia médica, y que exista incapacidad del enfermo en situación terminal para expresar su consentimiento, y en ausencia de familiares, representante legal, tutor o persona de confianza, la decisión de aplicar un procedimiento médico quirúrgico o tratamiento necesario, será tomada por el médico tratante.

Artículo 166 Bis 12. Todos los documentos a que se refiere este titulo se regirán de acuerdo a lo que se establezca en el reglamento y demás disposiciones aplicables.

Capítulo III De las Facultades y Obligaciones de las Instituciones de Salud

Artículo 166 Bis 13. Las Instituciones del Sistema Nacional de Salud:

Capítulo IV De los Derechos, Facultades y Obligaciones de los Médicos y Personal Sanitario

Artículo 166 Bis 14. Los médicos tratantes y el equipo sanitario que preste los cuidados paliativos, para el mejor desempeño de sus servicios, deberán estar debidamente capacitados humana y técnicamente, por instituciones autorizadas para ello.

Artículo 166 Bis 15. Los médicos tratantes y personal sanitario tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia.

En este caso la institución de salud presentará, al enfermo o a su familia o persona de su confianza, otras opciones de médicos que no presenten objeción de conciencia al caso.

Artículo 166 Bis 16. Los médicos tratantes, tendrán las siguientes obligaciones:

Artículo 166 Bis 17. Los médicos tratantes podrán suministrar fármacos paliativos a un enfermo en situación terminal, aún cuando con ello se pierda estado de alerta o se acorte la vida del paciente, siempre y cuando se suministren dichos fármacos paliativos con el objeto de aliviar el dolor del paciente.

Podrán hacer uso, de ser necesario de acuerdo con lo estipulado en la presente Ley de analgésicos del grupo de los opioides. En estos casos será necesario el consentimiento del enfermo.

En ningún caso se suministrarán tales fármacos con la finalidad de acortar o terminar la vida del paciente, en tal caso se estará sujeto a las disposiciones penales aplicables.

Articulo 166 Bis 18. Los médicos tratantes, en ningún caso y por ningún motivo implementaran medios desproporcionados al enfermo en situación terminal, sin su consentimiento.

Artículo 166 Bis 19. Para garantizar una vida de calidad y el respeto a la dignidad del enfermo en situación terminal, el personal médico no deberá aplicar tratamientos o medidas consideradas ensañamiento terapéutico ni medios desproporcionados.

Artículo 166 Bis 20. El personal médico que deje de proporcionar los cuidados básicos a los enfermos en situación terminal, serán sancionados conforme lo establecido por las leyes aplicables.

Artículo 166 Bis 21. El personal médico que, por decisión propia, deje de proporcionar cualquier tratamiento o cuidado sin el consentimiento del enfermo en situación terminal, o en caso que esté impedido para expresar su voluntad, el de su familia o persona de confianza, serán sancionados conforme lo establecido por las leyes aplicables.

Artículo 166 Bis 22. Queda prohibida, la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad así como el suicidio asistido conforme lo señala el Código Penal Federal, bajo el amparo de esta ley. En tal caso se estará a lo que señalan las disposiciones penales aplicables.

Artículos Transitorios

Primero. La Secretaría de Salud deberá emitir los reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas que sean necesarios para garantizar el ejercicio de los derechos que concede este título.

Segundo. La Secretaría de Salud tendrá 180 días naturales para expedir el reglamento respectivo de este título.

Tercero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Jaime Ramírez Barba. Insértese íntegro en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria, ytúrnese a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores.

LEY AGRARIA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra la diputada Lizbeth Evelia Medina Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 97 de la Ley Agraria.

La diputada Lizbeth Evelia Medina Rodríguez: Muchas gracias, ciudadana Presidenta.

Compañeros legisladores, el campo mexicano debería ser aprovechado tanto en sus recursos económicos, como humanos e institucionales, para poder impulsar la producción ya sea de autoconsumo o de excedentes. Por ello resulta necesario que el Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) se erija en una institución que apuntale al desarrollo agrario.

Actualmente, conforme lo disponen los artículos 94 y 97 de la Ley Agraria, el Fifonafe solamente tiene encomendadas dos funciones, a saber: servir de conducto preferente para el pago de indemnizaciones derivadas de las expropiaciones de tierras ejidales y comunales, y como titular de la acción de reversión de tierras expropiadas. Calidad ésta última acotada por diversas disposiciones reglamentarias y criterios jurisprudenciales.

El desarrollo de la primera función mencionada ha traído un nivel creciente de certidumbre en el pago de las indemnizaciones, pues ha garantizado que éstas sean entregadas a los legítimos titulares del derecho evitando problemas institucionales severos. Asimismo, coadyuva en la formulación de requerimientos de pago indemnizatorio.

Por otra parte, la acción de reversión de tierras, que se promueve ante los tribunales agrarios, ha servido parcialmente como acicate para que las promoventes de expropiaciones no dejen ociosas las tierras y las destinen precisamente a la causa de utilidad pública para la cual fueron dispuestas.

En respeto del tiempo que tenemos, quisiera solicitarle, ciudadana Presidenta, que se inserte en el Diario de los Debates íntegra la iniciativa, ya que está publicada en la Gaceta Parlamentaria, y solamente me referiré a algunos puntos muy importantes.

El Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal recibió una doble calidad, erigiéndose, por disposición expresa de la Ley Federal de Reforma Agraria, también en organismo público descentralizado como entidad con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Durante casi 20 años con este carácter dual, dicha institución tuvo una participación importante como instrumento de desarrollo. Sin embargo, esta función no estuvo exenta de malos manejos. Así, tras su liquidación como organismo con personalidad y patrimonio propios, organismo público descentralizado, siguió funcionando como un fideicomiso público administrando los fondos comunes ejidales.

También durante varios años este fideicomiso operó exitosamente en el Programa Mundial de Alimentos en México, desarrollando un papel muy importante en la atención de necesidades básicas de gran número de mexicanos.

Con relación a la reforma de la legislación agraria de 1992, podemos señalar que la Ley Agraria ignoró la existencia de los fondos comunes como parte fundamental del patrimonio de ejidos y comunidades, pues dicho ordenamiento solamente se limitó a señalar como opcional su depósito ante el Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal en aquellos casos en que correspondieran pagos indemnizatorios.

Cabe señalar que en muchos casos en que se ha optado por el depósito de indemnizaciones derivadas de expropiaciones en instituciones bancarias se han generado controversias por la titularidad de derechos, siendo que la naturaleza, conocimiento e invocación de esa institución del sector agrario en aquellos casos en los que interviene han generado muy bajos niveles de controversia entre ejidatarios y comuneros, y han llegado a los tribunales agrarios en aquellos casos que han sido necesarios elementos para hacer prevalecer los derechos de legítimos ejidatarios y comuneros.

Es de suma importancia señalar que el Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal ha logrado subsistir y operar durante varios sexenios sin la aplicación de recursos fiscales, sino solamente con recursos generados con la administración de su patrimonio propio, brindando certidumbre al campo mexicano. Sin embargo, no se ha sabido aprovechar su potencial como instrumento para hacer llegar a ejidos y comunidades apoyos directos e implementar mecanismos de desarrollo.

Por lo expuesto, a fin de propiciar el cabal aprovechamiento de esa institución y su estructura, generando el establecimiento de vías para allegar recursos al campo como parte de una estrategia integral derivada de una política de Estado que reconoce la necesidad de atender al campo como ámbito de la soberanía alimentaria de nuestra nación, se propone establecer en la Ley Agraria la calidad del Fifonafe como instrumento de la aplicación de políticas públicas de fomento y canalización de recursos de inversión y crediticios, a favor de ejidos y comunidades del país.

Esa disposición podría ser complementada con el señalamiento de que el Fifonafe podría ser el conducto para el establecimiento de acciones y programas públicos encaminados a la atención de las problemáticas generadas por los fenómenos de minifundio, envejecimiento de la población rural y feminización de la fuerza productiva en el campo. Asimismo, es necesario establecer que el Fifonafe podrá operar los programas de fomento que al efecto establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Como podrá apreciarse, no se trata de crear nuevas estructuras para atender viejos problemas, sino de aprovechar las instituciones ya existentes al máximo en beneficio de nuestro pueblo, mediante su actualización y fortalecimiento.

La iniciativa que propongo, con proyecto de decreto, sería adicionar al artículo 97 de la Ley Agraria un párrafo, quedando de la siguiente manera:

Artículo único. Se adiciona un párrafo al artículo 97 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 97: El Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal también servirá de instrumento para la aplicación de políticas públicas de fomento y canalización de recursos de inversión y crediticios a favor de ejidos y comunidades del país, tanto en apoyo de las actividades productivas como del bienestar de su población, conforme a las directrices establecidas en los artículos 4o., 5o., y 6o. de la presente ley, ejecutando los programas de fomento que al efecto establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación, que establecerá recursos para garantizar su funcionamiento en apoyo a dichas funciones.

El citado fideicomiso cuidará que en el manejo y aplicación de recursos destinados a estos fines se cumpla con los principios de publicidad y transparencia previstos por la ley.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señora Presidenta, muchas gracias.

«Iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 97 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Lizbeth Evelia Medina Rodríguez , del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Lizbeth Evelia Medina Rodríguez , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme lo establecen los artículos 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adiciona un párrafo al artículo 97 de la Ley Agraria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El campo mexicano debería ser aprovechado en sus recursos económicos, humanos e institucionales para poder impulsar la producción, ya sea de autoconsumo o de excedentes. Por ello resulta necesario que el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe) se erija en una institución que apuntale al desarrollo agrario.

Actualmente, conforme lo disponen los artículos 94 y 97 de la Ley Agraria, el Fifonafe solamente tiene encomendadas dos funciones: servir de conducto preferente para el pago de indemnizaciones derivadas de las expropiaciones de tierras ejidales y comunales, y como titular de la acción de reversión de tierras expropiadas, calidad esta última acotada por diversas disposiciones reglamentarias y criterios jurisprudenciales.

El desarrollo de la primera función mencionada ha traído un nivel creciente de certidumbre en el pago de las indemnizaciones, pues ha garantizado que éstas sean entregadas a los legítimos titulares del derecho evitando problemas institucionales severos. Asimismo, coadyuva en la formulación de requerimientos de pago indemnizatorio.

Por otra parte, la acción de reversión de tierras, que se promueve ante los tribunales agrarios, ha servido parcialmente como acicate para que las promoventes de expropiaciones no dejen ociosas las tierras y las destinen precisamente a la causa de utilidad pública para la cual fueron dispuestas.

El Fifoanfe nació en 1959, mediante su señalamiento en el Reglamento para la Planeación, Control y Vigilancia de las Inversiones de los Fondos Comunes Ejidales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de abril de 1959 (con su fe de erratas publicada en dicho diario el 22 de agosto del mismo año).

Lo anterior propició que dicha institución surgiera a la vida jurídica mediante la celebración de un contrato constitutivo de fideicomiso en Nacional Financiera, el cual se rige por las disposiciones legales aplicables y por su contrato constitutivo de fideicomiso y sus correspondientes convenios modificatorios.

Posteriormente, dicha institución recibió una doble calidad, erigiéndose por disposición expresa de la Ley Federal de Reforma Agraria también en organismo público descentralizado, como entidad con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Durante casi 20 años, con este carácter dual, dicha institución tuvo una participación importante como instrumento de desarrollo. Sin embargo, esta función no estuvo exenta de malos manejos. Así, tras su liquidación como organismo con personalidad y patrimonio propios (organismo público descentralizado), siguió funcionando como un fideicomiso público, administrando los fondos comunes ejidales. También durante varios años, este fideicomiso operó exitosamente, por cierto, el Programa Mundial de Alimentos en México, desarrollando un papel muy importante en la atención de necesidades básicas de gran número de mexicanos.

Con relación a la reforma de la legislación agraria de 1992, podemos señalar que la Ley Agraria ignoró la existencia de los fondos comunes como parte fundamental del patrimonio de ejidos y comunidades, pues dicho ordenamiento se limitó a señalar como opcional su depósito ante el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal en los casos en que correspondieran a pagos indemnizatorios.

En muchos casos en que se ha optado por el depósito de indemnizaciones derivadas de expropiaciones en instituciones bancarias se han generado controversias por la titularidad de derechos, siendo que la naturaleza, conocimiento y vocación de esta institución del sector agrario, en los casos en que interviene ha generado muy bajos niveles de controversia entre ejidatarios y comuneros y ha allegado a los tribunales agrarios, cuando ha sido necesario, de elementos para hacer prevalecer los derechos de legítimos ejidatarios y comuneros.

Actualmente, como parte de la administración pública paraestatal, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal tiene una estructura a escala nacional con un amplio conocimiento de la problemática y de la legislación agraria, con excelente penetración en ejidos y comunidades, así como un archivo confiable, pero este potencial se mantiene subaprovechado y en el abandono.

El Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal ha logrado subsistir y operar durante varios sexenios sin la aplicación de recursos fiscales, sino solamente con recursos generados con la administración de patrimonio propio, brindando certidumbre al campo mexicano. Sin embargo, no se ha sabido aprovechar su potencial como instrumento para hacer llegar a ejidos y comunidades apoyos directos e implantar mecanismos de desarrollo.

Por lo expuesto, con el fin de propiciar el cabal aprovechamiento de esta institución y su estructura, generando el establecimiento de vías para allegar recursos al campo como parte de una estrategia integral, derivada de una política de Estado que reconoce la necesidad de atender el campo como ámbito de la soberanía alimentaria de la nación se propone establecer en la Ley Agraria la calidad del Fifonafe como instrumento de la aplicación de políticas públicas de fomento y canalización de recursos de inversión y crediticios en favor de ejidos y comunidades del país.

Esa disposición podría ser complementada con el señalamiento de que el Fifonafe podrá ser el conducto para el establecimiento de acciones y programas públicos encaminados a la atención de las problemáticas generadas por los fenómenos de minifundio, envejecimiento de la población rural y feminización de la fuerza productiva en el campo.

El Fifonafe podrá operar los programas de fomento que al efecto establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación.

La persistencia de dicha institución, pero adicionalmente su fortalecimiento para poder afrontar los retos inherentes al desarrollo de acciones de fomento, podrá agilizar sustancialmente el flujo de recursos al campo y su correcta aplicación, evitando los cuellos de botella en que se han convertido algunas instancias en la aplicación de recursos.

Evidentemente, esta sola medida no es suficiente, pues debe ser complementada con reglas de operación de programas claras y sencillas, y procedimientos ágiles.

Indiscutiblemente, que el sector agrario cuente con un nuevo conducto para la aplicación de recursos y apoyos directos al campo ampliará las capacidades de la administración pública para afrontar este reto.

Como podrá apreciarse, no se trata de crear estructuras para atender viejos problemas sino de aprovechar al máximo las instituciones existentes en beneficio de nuestro pueblo, mediante su actualización y fortalecimiento.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 97 de la Ley Agraria

Artículo Único. Se adiciona un párrafo al artículo 97 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 97. ...

El Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal también servirá de instrumento para la aplicación de políticas públicas de fomento y canalización de recursos de inversión y crediticios a favor de ejidos y comunidades del país, tanto en apoyo de las actividades productivas como de bienestar de su población, conforme a las directrices establecidas en los artículos 4o., 5o. y 6o. de la presente ley, ejecutando los programas de fomento que al efecto establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación, que establecerá recursos para garantizar su funcionamiento en apoyo de dichas funciones. El citado fideicomiso cuidará que en el manejo y la aplicación de recursos destinados a estos fines se cumplan los principios de publicidad y transparencia previstos en la ley.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Lizbeth Evelia Medina Rodríguez. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados.

PROPOSICIONES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Compañeros legisladores, la Mesa Directiva, en vista de que tenemos una gran cantidad de peticiones de puntos de proposición, tomó la determinación de turnar todos a comisiones. Daríamos el turno, ya no pasaría nadie a la tribuna a exponer ningún punto. Ése fue el acuerdo que tomó la Mesa en la mañana. Si hubiera algo diferente, en todo caso sí pediríamos que se sometiera al pleno, toda vez que ése fue un acuerdo que la Mesa hizo para poder ya dar turno a todas las cosas que teníamos pendientes. No hay acuerdo.

En lo que se ponen de acuerdo voy a retirar dos proposiciones, las voy a mencionar porque ésas sí se retiran del orden del día y no van a aparecer turnadas tampoco.

Es el número seis, con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a la secretaria de Educación Pública, para que explique la situación de los maestros comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ése se retira.

También se retira: con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a que implante los mecanismos eficaces de control que eviten que sus funcionarios realicen actividades proselitistas y se abstengan de desviar recursos materiales y humanos con fines electorales; a que través de su Secretaría de Seguridad Pública garantice el respeto del orden constitucional en relación con el fuero legislativo. También se retira.

Entonces estos dos se retiran del orden del día; no van a aparecer turnados y no sé si... ¿No hay acuerdo, verdad?

El senador Humberto Andrade Quezada (desde la curul): No, no hay acuerdo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Es que estamos esperando que los grupos parlamentarios acordaran que pasara uno, uno y uno, pero si no hay acuerdo vamos a turnar todo.

El senador Silvano Aureoles Conejo (desde la curul): Sí, sí hubo, pero ya no...

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Es que no hay acuerdo. La Mesa Directiva el acuerdo que tiene es que se turnaba todo. El acuerdo no se pudo concretar porque se quería cambiar el orden en que iban presentados los puntos, por eso se necesitaba acuerdo. Como no se puede concertar ese acuerdo vamos a tramitar todo para que no haya ningún conflicto. Sí, diputada.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Lo que pasa es que se está rectificando el PRD, a pesar de que enunciamos y además exigimos el respeto a la deliberación que tengamos de los puntos que vamos a priorizar en el orden del día, estamos con los diputados y senadores comentando que si tenían priorizado el punto de la Comisión Bicameral, sea el que se exponga ante la tribuna, porque creemos que es necesario no agotar este orden del día hasta que también estos puntos sean manifestados en tribuna.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputada. Nada más que la Mesa Directiva, vuelvo a insistir, tomó el acuerdo con todos los compañeros que estuvimos presentes, de que se iban a turnar todos los asuntos. Después de las iniciativas ya no íbamos a pasar a ningún diputado, toda vez que son muchísimos los puntos y no nos va a dar tiempo ni siquiera a hacer la siguiente ronda.

En esos términos se había planteado, toda vez que teníamos la comparecencia de Derechos Humanos, teníamos los nombramientos. Así se planteó. Pidieron ustedes un acuerdo de que uno y uno iban a priorizar un tema. No hubo acuerdo en su momento.

Vamos a continuar. Los asuntos registrados en el orden del día y que no han sido abordados en esta sesión túrnense a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Continúe la Secretaría, por favor.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Manuel Portilla Diéguez: « Comisión Permanente.--- Primer Receso.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Viernes 1o. de febrero de 2008.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Informe sobre las actividades realizadas por la Comisión Permanente.

Intervención de los presidentes de las Comisiones de Trabajo de la Comisión Permanente.

Mensaje de la Presidenta de la Comisión Permanente.

Declaratoria de la terminación formal de los trabajos de la Comisión Permanente.»

CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (a las 14:50 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el 1 de febrero a las 10 de la mañana. Les recuerdo que ese mismo día se instala el periodo ordinario y sí requerimos puntualidad en esta comisión, por favor.

Muchas gracias a todos, ha sido un placer estar con ustedes, muchas gracias.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 3 horas 16 minutos.
• Quórum a la apertura de sesión: 25 legisladores.
Legisladores por grupo parlamentario que participaron durante la sesión: 14PAN-6, PRD-4, PRI-2, Convergencia-1, PT-1
• Se recibió:
• 1 punto de acuerdo.
• 2 oficios del estado de Coahuila.
• 2 oficios del estado de Jalisco.
• 2 oficios del estado de San Luis Potosí.
• 1 oficio de la Procuraduría General del Consumidor.
• 2 oficios de la Secretaría de Educación.
• 1 oficio de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
• 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
• 18 oficios de la Secretaría de Gobernación.
• 5 iniciativas el PAN.
• 2 iniciativas del PRI.
• 1 iniciativa del PT.
• Dictámenes de primera lectura:
• De la Primera Comisión de Trabajo, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Lucas Sánchez Pérez, para prestar servicios en la Embajada de Canadá en México.
• De la Primera Comisión de Trabajo, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Israel Eduardo Gil Meza, Mirna Beatriz Márquez Cárdenas, Mónica Maciel López y Salvador Guerra Hernández, para prestar servicios en la Embajada y consulados de los Estados Unidos de América en México; Guadalajara, Jalisco, y Monterrey, Nuevo León, respectivamente.
• Dictámenes a discusión:
• De la Primera Comisión de Trabajo, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Lucas Sánchez Pérez, para prestar servicios en la Embajada de Canadá en México.
• De la Primera Comisión de Trabajo, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Juan Arturo Brennan Hanson, para prestar y usar la condecoración de la ``Orden de León de Finlandia'', en grado de Caballero de Primera Clase, que le concede el gobierno de la República de Finlandia.
• De la Primera Comisión de Trabajo, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Israel Eduardo Gil Meza, Mirna Beatriz Márquez Cárdenas, Mónica Maciel López y Salvador Guerra Hernández para prestar servicios en la Embajada y Consulados de Estados Unidos de América en México, Guadalajara, Jalisco, y Monterrey, Nuevo León, respectivamente.
• De la Segunda Comisión de Trabajo, relativo al dictamen con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del ciudadano Arturo Hernández Basave, embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Islámica de Pakistán y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de beneplácito correspondiente ante las Repúblicas de Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán.
• De la Tercera Comisión de Trabajo, relativo al dictamen con punto de acuerdo relativo a la ratificación que el presidente de la República hace a favor del ciudadano Dionisio Arturo Pérez Jácome Friscione como secretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
• De la Tercera Comisión de Trabajo, relativo al nombramiento del ciudadano Javier Laynez Potisek, como procurador fiscal de la Federación.
• De la Segunda Comisión de Trabajo, relativos a la ratificación de grados militares de los ciudadanos: Ramiro Ramírez López; Juvenal Mariano García; Miguel Ángel Segura Zavaleta; Álvaro Miranda Martel; Juan José Juárez Ramos; Gabriel Martínez García; Jesús García García; Elfego José Luján Ruiz; Guadalupe Maza de la Torre; Rubén Zamudio Matías.
• De la Segunda Comisión de Trabajo, con punto de acuerdo con objeto de tratar de cambiar el sentimiento xenofóbico que actualmente existe en los Estados Unidos de América en contra de los migrantes mexicanos.
• De la Segunda Comisión de Trabajo, con punto de acuerdo que expresa su más enérgico rechazo a la utilización de gases lacrimógenos como armas de disuasión por parte de las autoridades fronterizas de Estados Unidos, en la frontera entre San Diego y Tijuana.
• De la Tercera Comisión de Trabajo, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicoa destinar recursos a la modernización de los puestos de revisión carreteros estratégicos.
• De la Tercera Comisión de Trabajo, con puntos de acuerdo relativos a la contaminación y las irregularidades cometidas por Asia Automotores, SA de CV, en la operación de la concesión de un confinamiento de residuos sólidos urbanos en Ecatepec de Morelos, México.
• De la Tercera Comisión de Trabajo, con puntos de acuerdo relativos al derrame de hidrocarburos en la sonda de Campeche y en Río Blanco, Veracruz.
• De la Tercera Comisión de Trabajo, con puntos de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valoresa exigir a la banca privada y a las entidades financieras de la República la aceptación de la matrícula consular como identificación oficial.
• De la Tercera Comisión de Trabajo, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportesque informe sobre la situación del tramo ferroviario Oaxaca-Tehuacán.
• De la Tercera Comisión de Trabajo, con punto de acuerdo relativo a la situación que guarda el sistema hídrico en México.
• De la Tercera Comisión de Trabajo, con puntos de acuerdo relativos al capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
• De la Tercera Comisión de Trabajo, con puntos de acuerdo relativos a la protección de los humedales mexicanos, principalmente los ecosistemas de manglar.
• De la Primera Comisión de Trabajo, con puntos de acuerdo para solicitar al gobierno federal que solucione por la vía pacífica el conflicto laboral en la mina de cobre de Cananea, Sonora.
• De la Primera Comisión de Trabajo, con punto de acuerdo para exhortar a la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a garantizar el fuero constitucional del diputado Francisco Sánchez Ramos .
• De la Primera Comisión de Trabajo, con puntos de acuerdo relativos a la solicitud de información sobre el traslado de los sentenciados Héctor Galindo Gochicoa, Felipe Álvarez Hernández e Ignacio del Valle Medina a un centro penitenciario del estado de México.
• De la Primera Comisión de Trabajo, con punto de acuerdo para solicitar información de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra Periodistas.
• De la Primera Comisión de Trabajo, con punto de acuerdo para exhortar a las legislaturas locales a armonizar sus códigos y leyes de instituciones y procedimientos electorales.
• De la Primera Comisión de Trabajo, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales en el Diario Oficial de la Federación.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Alavez Ruiz Aleida(PRD) Estado de Sonora: 134
• Andrade Quezada Humberto (PAN) Guillermina Ávila Camacho: 81
• Arreola Ortega Pablo Leopoldo(PT) Tratado de Libre Comercio de América del Norte: 129
• Arreola Ortega Pablo Leopoldo(PT) Estado de Sonora: 136
• Arreola Ortega Pablo Leopoldo(PT) Ley de Precios Competitivos: 160
• Aureoles Conejo Silvano (PRD) Tratado de Libre Comercio de América del Norte: 127
• Castellón Fonseca Guadalupe Francisco Javier (PRD) Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 96
• Castellón Fonseca Guadalupe Francisco Javier (PRD) Estado de Sonora: 137
• Elías Serrano Alfonso (PRI) Estado de Sonora: 136
• Medina Rodríguez Lizbeth Evelia(PAN) Ley Agraria: 190
• Mendoza Maldonado Fausto Fluvio(PRD) Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 98
• Moreno Cárdenas Alejandro (PRI) Ley del Impuesto Sobre la Renta: 157
• Mota Hernández Adolfo(PRI) Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica: 174
• Mota Hernández Adolfo(PRI) Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 97
• Orozco Ruiz Velasco Marco Heriberto (PAN) Ley Federal de Telecomunicaciones: 178
• Ortega Martínez María del Pilar(PAN) Estado de Sonora: 135
• Ortega Martínez María del Pilar(PAN) Condecoraciones: 152
• Ortega Martínez María del Pilar(PAN) Artículo 113 constitucional: 154
• Pérez Plazola Héctor (PAN) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos - Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos - Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: 169
• Ramírez Barba Ector Jaime(PAN) Programas sectoriales: 151
• Ramírez Barba Ector Jaime(PAN) Ley General de Salud: 181
• Soberanes Fernández José Luis Comisión Nacional de los Derechos Humanos: 82
• Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc(Convergencia) Estado de Sonora: 137