SUMARIO

ASISTENCIA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del registro de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 300 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (a las 13:19 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Miércoles 12 de diciembre de 2007.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De las Secretarías de Economía; y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

De la Secretaría de Desarrollo Social.

De la Secretaría de la Defensa Nacional.

De la Secretaría de Seguridad Pública.

De la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

De la Comisión Nacional del Agua.

De la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Del gobierno del estado de San Luis Potosí.

De la Junta de Coordinación Política.

De la diputada Aída Marina Arvizu Rivas .

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política:

Por el que exhorta a los diputados locales del Congreso de Nuevo León a realizar un análisis minucioso de la iniciativa de Ley de Familia para el estado de Nuevo León. (Votación)

Por el que se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a informar sobre la entrega y aplicación de las aportaciones recabadas en los diversos bancos del sistema financiero nacional para apoyar a los damnificados de Tabasco. (Votación)

De la Secretaría de Gobernación

Diecinueve oficios con los que remite contestaciones a diversos puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Iniciativas

Que adiciona un Capítulo VII Bis al Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Zataráin González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 40, fracción XII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por los diputados Verónica Velasco Rodríguez y José Antonio Arévalo González , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María del Carmen Salvatori Bronca , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 46, 76 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un Capítulo XXI al Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 85 Bis a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo del diputado Delber Medina Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Espejel Lazcano , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 74 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 146 y 147 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mauricio Duck Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un párrafo al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expide la Ley General de los Órganos Constitucionales Autónomos, a cargo del diputado Jorge Mario Lescieur Talavera , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Militar Nacional, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Jorge Toledo Luis , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mario Eduardo Moreno Álvarez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Leyes de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros; y sobre el Contrato de Seguro, a cargo del diputado Mariano González Zarur , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Carlos Alberto García González y Juan Manuel Sandoval Munguía , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el primer párrafo del artículo 3o. y adiciona la fracción V al artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Adolfo Mota Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 329 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 113 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Martín López Cisneros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 71 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alfredo Ríos Camarena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona la fracción VII Bis al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por los diputados Guadalupe García Noriega y Jorge Emilio González Martínez , del Grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 76 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Patricia Romero Castillo, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Penal Federal, suscrita por los diputados Manuel Salvador Salgado Amador y Alan Notholt Guerrero , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Patricia Romero Castillo, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María de los Ángeles Jiménez del Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones de la Ley de Expropiación, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 213 Ter al Código Penal Federal y un Título Quinto a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley General de Salud; y expide la Ley Federal de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 21 B a la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo de la diputada Irma Piñeyro Arias , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 65, 74, 83 y 131 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado Joel Guerrero Juárez , suscrita por integrantes de la Comisión Especial de atención a pueblos que viven en el bosque. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 115 Bis al Código Penal Federal, a cargo de la diputada María de los Ángeles Jiménez del Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Leticia Díaz de León Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción X del artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3 y 5 de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada Martha Margarita García Müller , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Servicio Público de Energía Eléctrica, y Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 62 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Juan de Dios Castro Muñoz y Omeheira López Reyna , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado René Lezama Aradillas , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Madrazo Limón , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Sergio Hernández Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo décimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Sergio Hernández Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Ramón Landeros González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marcos Matías Alonso , suscrita por integrantes de la Comisión de Asuntos Indígenas. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Felipe Díaz Garibay , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Édgar Mauricio Duck Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona el artículo 2 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Horacio Emigdio Garza Garza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, a cargo del diputado Marco Antonio Peyrot Solís , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de las Leyes de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado Gustavo Macías Zambrano , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ruth Zavaleta Salgado , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ruth Zavaleta Salgado , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ruth Zavaleta Salgado , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 210 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Ruth Zavaleta Salgado , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ruth Zavaleta Salgado , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ruth Zavaleta Salgado , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el artículo 54 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

De la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el artículo 86 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Dictámenes a discusión

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 20 Bis de la Ley Federal de Defensoría Pública.

De la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, con proyecto de decreto que expide la Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía.

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que adiciona un párrafo al artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo.

De las Comisiones Unidas de Gobernación, y de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma los artículos 81, 83 y 105 de la Ley General de Bienes Nacionales.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma el numeral 5 del artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Economía, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor a implantar acciones que eviten el incremento injustificado de precios de los bienes y servicios.

De las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía, con punto de acuerdo por los que se exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía a expedir como norma oficial mexicana la NMX-AA-120-SCFI-2006 para que sea vinculante y obligatoria.

De la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo por los que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Turismo, considerar la ribera de Chapala, Jalisco, en el programa Pueblos Mágicos.

De la Comisión de Gobernación, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar por escrito a la Cámara de Diputados sobre los avances y resultados de la rezonificación salarial de los trabajadores de la educación del estado de Oaxaca.

De la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a informar sobre el resultado de las investigaciones respecto a la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV, y de la inhabilitación de ésta.

Dictámenes negativos de iniciativas

De la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 212 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal.

De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo.

De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

De la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

De las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, con puntos de acuerdo por los que no es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 38 de la Ley Orgánica y 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre ``Benemérita Escuela Nacional de Maestros''.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía realice ceremonias solemnes del Congreso de la Unión para conmemorar el 15 de septiembre y el 20 de noviembre, a partir de noviembre del año en curso y hasta 2010, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de apoyo de los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al cambio de uso de suelo de terrenos forestales en La Paz, Baja California Sur, a cargo del diputado Manuel Salgado Amador, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a la SFP y al INAH provean lo necesario para que se ordene la apertura de la Catedral Metropolitana, a cargo de la diputada Layda Elena Sansores San Román , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al director del IMPI, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP investigue a las empresas relacionadas con el fraccionamiento de Juriquilla, en el municipio de Querétaro; y a la Semarnat y a la Profepa, investiguen dicho fraccionamiento por posibles daños ecológicos, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Semarnat y a la Profepa que investiguen las empresas Kimberly-Clark de México y Kaltex por posibles daños ecológicos del río San Juan, en San Juan del Río, Querétaro, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Ciencia y Tecnología de esta soberanía integre un grupo de trabajo encargado de revisar las actividades del IMPI, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al servicio de taxis en las terminales 1 y 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Ana María Ramírez Cerda , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al relleno sanitario Bordo Poniente, suscrita por los diputados Verónica Velasco Rodríguez y Francisco Elizondo Garrido , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal verifique la observancia de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, suscrita por integrantes de la Comisión de Economía. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a los residuos sólidos en Tabasco, a cargo del diputado Francisco Elizondo Garrido , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al proceso de selección de candidatos a consejeros presidente y Electorales del Consejo General del IFE, a cargo del diputado Jacinto Gómez Pasillas , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a operaciones contra la delincuencia organizada en Baja California Sur, a cargo del diputado Manuel Salvador Salgado Amador , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat ejecute lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Diego Cobo Terrazas , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al incidente de Pemex en la sonda de Campeche, a cargo del diputado Diego Cobo Terrazas , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob informe a esta soberanía sobre los trabajos realizados en 2005, 2006 y 2007 por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas ilustradas en materia de publicaciones de contenido marcadamente sexual, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat establezca sistemas de depósito-reembolso para envases de polientereftalato, a fin de disminuir la generación de este tipo de materiales, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a no poner en riesgo la seguridad sanitaria del país y mantener vigente el requisito de planta o de establecimiento sanitario, a cargo del diputado Roberto Badillo Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Presidenta de la Mesa Directiva de esta soberanía formule nuevamente un exhorto al Ejecutivo federal para que el titular de la PGR investigue respecto del homicidio del reportero Amado Ramírez Dillanes, a cargo del diputado Humberto López Lena Cruz , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat establezca políticas públicas coordinadas entre federación y entidades en materia de gestión de residuos sólidos urbanos, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer a los titulares de la CFE y de la Conagua, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se hace un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, a la CFE y a la Conagua por su pronta respuesta y apoyo a los habitantes de Tabasco y Chiapas ante las recientes inundaciones en esos estados, a cargo del diputado Juan José Rodríguez Prats , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Tabasco investigue y aclare las actuaciones de su secretario de Administración y Finanzas, y su relación con el empresario Martín Alberto Medina Sonda, quienes están involucrados en la venta de terrenos a través de la sociedad Solidaridad para el Trabajo, a cargo del diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Puebla promuevan entre los municipios de Cuautlancingo y Puebla los mecanismos para solucionar el problema relacionado con sus límites y competencia territorial, a cargo de la diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión de investigación del proceso de venta de Aeroméxico, suscrita por los diputados Alejandro Sánchez Camacho y Cuauhtémoc Velasco Oliva , de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, y de Convergencia, respectivamente. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Sener y al gobierno de Coahuila realicen un estudio sobre la situación que generaría en el ambiente el proyecto industrial Tajo Zacatoza, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz destine recursos para la mejora de las carreteras estatales que conducen a la zona arqueológica de El Tajín, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal informe a través de la Semarnat del grado de avance que presentan los estudios para decretar área natural protegida la laguna de Tecocomulco, Hidalgo, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal el cumplimiento de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, respecto al pago de la caña de azúcar que regirá para la zafra 2007-2008, a cargo del diputado Daniel Pérez Valdés , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de seguimiento integral al proyecto de construcción de la presa hidroeléctrica La Yesca, en Nayarit, a cargo del diputado Jaime Cervantes Rivera , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la SHCP, a la Sener y a la Comisión Reguladora de Energía replanteen la fórmula del precio del gas natural en México, a cargo del diputado Gustavo Caballero Camargo, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gremio transportista nacional a ajustarse a la NOM-012-SCT-2-2003, relativa al peso y dimensiones máximas con que pueden circular los autotransportes en la jurisdicción federal, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México, a la Sener, al Cenapred y al municipio de Tlalnepantla cancelen la apertura de la gasolinera en San Juan Ixhuatepec, en ese municipio, por ubicarse en el polígono de seguridad de la zona, a cargo del diputado Raciel Pérez Cruz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, con relación al confinamiento de desechos tóxicos en Zimapán, Hidalgo, a cargo del diputado Jaime Cervantes Rivera , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal decrete como zona estratégica económica sustentable la región Cuenca de Burgos, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero , suscrita por integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT publique el Reglamento de Paquetería y Mensajería que refiere el artículo 58 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Estados Unidos de América retome la discusión sobre una reforma migratoria integral, a cargo del diputado José Jacques y Medina , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat aplique la normatividad ambiental en diversas instalaciones petroleras y a Pemex a invertir mayores recursos en sus sistemas de operación, seguridad y vigilancia, a cargo del diputado Pedro Landero López , suscrita por integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a revisar por el SAT la regla 2.3.5. de las Reglas de Carácter General en materia de Comercio Exterior, a cargo del diputado Carlos Alberto Torres Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y CNBV su intervención ante los bancos nacionales para que se distribuyan con la mayor brevedad los recursos económicos captados para los afectados por las inundaciones en Tabasco y Chiapas, a cargo del diputado Andrés Carballo Bustamante , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SRE informe al Congreso de la Unión sobre el contenido y el avance de los compromisos asumidos en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y de la STPS a otorgar un aumento de emergencia a los salarios mínimos generales, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal declare el 23 de septiembre como Día Nacional en contra de la Explotación Sexual y la Trata de Personas, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales correspondientes a tomar medidas para garantizar la potabilidad del agua que se distribuye para consumo humano y evitar la transmisión de enfermedades gastrointestinales, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que esta soberanía se pronuncie contra la impunidad y la violencia en México, a cargo del diputado Emilio Ulloa Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los titulares de la SHCP, de la SCT y de Capufe para que destinen un porcentaje de peaje de las autopistas a los estados y municipios donde se ubican, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INEGI emita las estadísticas que permitan conocer de manera oficial el número y las características socioeconómicas de la población afrodescendiente, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y a la Secretaría de Desarrollo Rural de Puebla a verificar la integración del padrón de damnificados por el huracán Dean en la entidad para la entrega correcta de la ayuda, a cargo del diputado Antonio Vasconcelos Rueda , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno del Distrito Federal para que través de su Secretaría de Medio Ambiente realice acciones para declarar y administrar como área verde el bosque de Nativitas, en Xochimilco, a cargo del diputado Miguel Ángel Solares Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Subcomisión de Examen Previo resuelva el expediente de juicio político contra el gobernador de Oaxaca, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS vigile que se cumpla la ley en cuanto a las prohibiciones para la contratación de menores de edad, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhorta a los tres niveles de gobierno para que sus órganos judiciales y administrativos omitan en cualquier trámite administrativo o judicial cuestionar a los comparecientes respecto a la religión que profesan, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, y Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP revise y promueva que el presupuesto para la ejecución del calendario de obra de construcción de espacios educativos como resultado del proceso de programación detallada, microplaneación y sustituciones se ajuste al calendario escolar, a cargo del diputado Francisco Javier Murillo Flores , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a las desapariciones forzadas, a cargo del diputado Javier Hernández Manzanares , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los DIF estatales utilicen leche fluida en los programas alimenticios, suscrita por los diputados Armando Jesús Félix Holguín y Gerardo Antonio Escaroz Soler , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Justicia, y de Gobernación para que, al cumplirse un año de la demanda de juicio político contra el gobierno del estado de Oaxaca, agilicen sus trabajos y elaboren el dictamen correspondiente, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las universidades e institutos tecnológicos del país evalúen la creación de la carrera de Ingeniero en artes gráficas y la incorporen dentro de su oferta educativa, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat publique la norma oficial mexicana de emergencia de avistamiento de tiburón ballena y publique manuales de la observación correcta de éste, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la necesidad de abatir el rezago educativo y el analfabetismo en México, en ocasión de los actos conmemorativos de la Independencia y la Revolución Mexicana, a cargo del diputado Emilio Ulloa Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat realice estudios que permitan conocer científicamente el estado de conservación que presenta en vida silvestre el cocodrilo de pantano, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, a la SSP y a la Administración General de Aduanas informen a esta soberanía de los programas implantados para evitar el tráfico de armas desde Estados Unidos de América, a cargo del diputado Ángel Rafael Deschamps Falcón , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat libere recursos adicionales para reforzar los programas para la protección y conservación de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca, a cargo del diputado Mario Vallejo Estévez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la labor que realizan los defensores de los derechos humanos, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal defina la política migratoria por la que habrá de conducirse el gobierno mexicano, a cargo del diputado José Murat, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a solucionar el conflicto de los mineros de Mexicana de Cananea, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a Pemex un informe sobre la factibilidad de reubicar los ductos de gas natural y gasolina cercanos a los centros poblacionales en el territorio nacional, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la cancillería otorguen un nombramiento diplomático a la ciudadana Elvira Arellano, a cargo del diputado José Jacques y Medina , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal implante una estrategia para otorgar apoyos y convertir en lugar turístico la Ciénega del Golfo de Santa Clara, en San Luis Río Colorado, Sonora, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT informe sobre el estado que guarda el proyecto reactivación del puerto Frontera, Tabasco, a cargo del diputado Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat para que a través de las instancias correspondientes coordine y realice estudios sobre la situación de las poblaciones de conejos y liebres en categoría de riesgo, y remita un informe a esta soberanía, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y a la Profeco adopten medidas para detener el incremento de precios de los productos básicos y de consumo popular, a cargo del diputado Fernando Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobierno de Morelos realice la biorremediación del suelo que era ocupado por el tiradero en Temixco, y a la Conagua practique un análisis de los mantos acuíferos que se encuentran a su alrededor, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Puebla a abstenerse de manipular las elecciones por celebrase el 11 de noviembre del año en curso en la entidad, a cargo del diputado Guillermo Velázquez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a las desapariciones forzadas en México, a cargo del diputado Salvador Ruiz Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores de los estados y al jefe del Gobierno del Distrito Federal instruyan a sus comisiones del agua la utilización de tuberías de acero de fabricación nacional en las licitaciones referentes a líneas de conducción de agua, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Secretarios de la Reforma Agraria, de Seguridad Pública, y de la Defensa Nacional y al gobernador de Chiapas cesen los despojos y ataques a comunidades zapatistas de Montes Azules, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal implante acciones públicas respecto a las obras e irregularidades de los aeropuertos concesionados del país, e investigar a los funcionarios y posibles prestanombres involucrados, a cargo del diputado José Murat, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal realice las investigaciones necesarias para determinar el paradero del defensor de los derechos humanos Francisco Paredes Ruiz, y garantizar su seguridad e integridad personal, a cargo del diputado Adrián Pedrozo Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Salud expida una NOM que obligue a los fabricantes de botanas y refrescos incluir en sus productos una etiqueta con la leyenda ``el consumo en exceso de este producto puede causar obesidad y, por consiguiente, daños a la salud'', a cargo del diputado Tomás Gloria Requena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y al gobernador de Sinaloa instruyan al responsable de Cesavesin de dicha entidad para que no fumiguen camiones de carga con mercancías que no deben ser fumigadas, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía declara persona no grata al embajador de Colombia en México, a cargo del diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a anteponer la Ley General de Protección Civil a las Reglas de Operación del Fonden para fundamentar sus respuestas, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobernador del estado de Querétaro que cesen los actos de represión contra los dirigentes del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Querétaro, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que implante acciones que garanticen el acceso equitativo y oportuno de los fármacos o medicamentos relacionados con la prevención del virus del papiloma humano, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al titular de la Segob a actualizar las reglas de operación del Fonden, a cargo de la diputada Sara Latife Ruiz Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la conciliación de la vida laboral y familiar en México, a cargo de la diputada Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJDF para que los órganos que conforman dicha institución se abstengan de tomar fotografías e impresiones de huellas dactilares de probables responsables que estén sujetos a investigación por su presunta participación en un hecho ilícito, a cargo del diputado Jesús Arredondo Velázquez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía reconoce al ciudadano Benito Ricardo Ramírez Espíndola como iniciador de la conmemoración del Día de la Bandera, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de los estados de Veracruz y de Oaxaca para que, en coordinación con el gobierno federal, desarrollen mecanismos que permitan la existencia de un canal seco en el istmo de Tehuantepec, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe de Gobierno del Distrito Federal a aceptar y cumplimentar la recomendación 17/2006 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco y a la Cofetel a solucionar el problema de cobros indebidos por servicios de números 01900, a cargo del diputado Omar Antonio Borboa Becerra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a informar a esta soberanía sobre la situación que guardan los braceros migrantes del estado de Aguascalientes, a cargo de la diputada Alma Hilda Medina Macías , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Juventud y Deporte a integre una subcomisión para la vigilancia y seguimiento de la construcción de instalaciones que se utilizarán en los XVI Juegos Panamericanos 2011, suscrito por los diputados Omar Antonio Borboa Becerra , Gustavo Macías Zambrano y Miguel Ángel Monraz Ibarra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex y sus organismos subsidiarios a ampliar los donativos a estados donde no existe infraestructura petrolera, así como a mejorar los esquemas de rendición de cuentas de los mismos, a cargo del diputado Juan Victoria Alva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas de los estados y a la ALDF a emitir un marco jurídico que regule el establecimiento y funcionamiento de las llamadas ``casas de empeño'', a la SHCP para que controle, supervise y vigile dichos establecimientos, así como al Ejecutivo federal para que publique con la mayor brevedad la NOM-179-SCFI-2006, a cargo del diputado Ricardo Franco Cazarez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a acordar la creación de la agencia del ministerio público federal especializada para la atención de personas con discapacidad, en dicha institución, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a las medidas que pretende imponer el Instituto Nacional de Migración en contra de los trabajadores migrantes que son detenidos, a cargo del diputado José Jacques y Medina , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, al Banco de México, a la CNBV, a la CNSF y a la Condusef a promover la cultura financiera, a cargo del diputado Jaime Verdín Saldaña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a las autoridades de la SEP para que realicen el trámite respectivo con objeto de reconocer los derechos laborales y otorgamiento de la pensión correspondiente al profesor Othón Salazar Ramírez, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE a elaborar un estudio técnico sobre la metodología con que se establecen las tarifas eléctricas, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Puebla a abstenerse de intervenir en el proceso electoral que se realiza en dicha entidad federativa, a cargo del diputado Juan Hugo de la Rosa García , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades correspondientes a detener el atropello que están sufriendo ejidatarios de San Lucas Xoloc, municipio de Tecamac, estado de México, a cargo del diputado Ricardo Franco Cazarez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a emitir la declaratoria de desastre natural para diversas comunidades en el estado de Chiapas, por los daños ocasionados por las intensas lluvias, y conforme a las reglas de operación del Fonden se autoricen los recursos necesarios para atender las contingencias originadas, a cargo del diputado Anuario Luis Herrera Solís , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la Segob para que a través de los sistemas de protección civil locales implanten cursos de capacitación relativos a desastres naturales en las escuelas localizadas en las zonas más vulnerables, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob para que a través del Instituto Nacional de Migración refuerce e intensifique la supervisión del programa Paisano, suscrito por los diputados Armando Jesús Félix Holguín y David Figueroa Ortega , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos estatales a dar prioridad, en el destino de los recursos excedentes por concepto de gasolina, a los municipios más rezagados de sus estados, suscrito por los diputados César Duarte Jáquez e Ismael Ordaz Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las instancias correspondientes otorgue apoyos para la construcción de carriles reductores de velocidad en la carretera internacional que accede a la población de Benjamín Hill, Sonora, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la SCT y a la SE a implantar políticas públicas urgentes que permitan modernizar y hacer competitiva la industria aeronáutica nacional, a cargo del diputado Jesús Ramírez Stabros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Morelos y al del municipio de Jiutepec a continuar con la construcción y reparación del muro del Texcal en dicha entidad, a cargo del diputado Demetrio Román Isidoro , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la agroindustria de la caña de azúcar y al TLCAN, a cargo del diputado Daniel Pérez Valdés , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a revisar el estado que guarda el contrato de dicha dependencia con la constructora Codiocsa de Xalapa, SA de CV, respecto a la conservación periódica de la carretera Atzálan-Tlapacoyan, en el estado de Veracruz, a cargo de la diputada María de Jesús Martínez Díaz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la SCT, y a la SFP a informar sobre la situación jurídica, administrativa, financiera y técnica del proceso de venta de Aeroméxico, a cargo del diputado Jesús Ramírez Stabros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, para que a través de la Dirección General de Capufe a otorgar la condonación del 100 por ciento al cobro de peaje en la caseta del puente de Nautla a los habitantes de es municipio, en el estado de Veracruz, a cargo de la diputada María de Jesús Martínez Díaz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la preservación del patrimonio arquitectónico y cultural del municipio de Mazapil, estado de Zacatecas, a cargo de la diputada Aurora Cervantes Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sagarpa implante las acciones que lleven a detener el uso de las artes de pesca no selectivas, dentro del polígono del área de refugio para la protección de la vaquita, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las dependencias gubernamentales, promuevan la paridad de género en la administración pública federal, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SRE solicite al gobierno estadounidense que detenga la construcción del muro fronterizo y atienda la resolución del juez federal que dicta el paro en la construcción del muro en Arizona por posibles daños ambientales, a cargo del diputado Javier Bolaños Aguilar , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sedesol ponga en práctica el Programa de Atención a los Adultos Mayores de Setenta Años y Más, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conago a revisar la situación del sector pesquero nacional, a cargo del diputado Gilberto Ojeda Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, para que a través del SAT y la Agencia General de Aduanas verifiquen los inodoros importados a territorio mexicano y certifiquen que cumplen la NOM-009-CNA-2001; y a la Conagua para que, en coordinación con la SHCP, revisen dicha norma oficial, a cargo del diputado José Luis Espinosa Piña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita el voto a favor de México contra el bloqueo de Estados Unidos a la República de Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas, a cargo del diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la SRE a suspender el programa denominado Proyecto Demostrativo de Autotransporte Transfronterizo de Carga entre México y Estados Unidos, para establecer condiciones para una competencia equitativa, cargo del diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Tlaxcala, se conduzca con imparcialidad, legalidad y transparencia en las próximas elecciones locales, a cargo del diputado Alejandro Martínez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Diputados la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad el próximo 3 de diciembre, a cargo de la diputada Silvia Emilia Degante Romero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz a construir una pista de canotaje en la ciudad de Tuxpan, a cargo del diputado Íñigo Antonio Laviada Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres poderes del estado de Baja California a expedir los reglamentos y ordenamientos legales para la observancia de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al IFE y al Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas garanticen la seguridad con motivo de las próximas elecciones en el estado de Tamaulipas, suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a apoyar a las autoridades sanitarias en el estado de Nuevo León, a fin de llevar a cabo programas para reforzar la lucha contra el dengue clásico y hemorrágico que afecta a la entidad, suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCJN que ejerza su facultad de atracción respecto del amparo en revisión 132/2007, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la STPS para que a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos implante como tabla única los montos que rigen en la zona ``A'', a cargo del diputado Alfredo Barba Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión)

Con punto de acuerdo, para que esta soberanía emita un extrañamiento al Tribunal Electoral del Poder Judicial del estado de Chiapas, respecto a la conducta de los magistrados de la Sala B, al resolver un juicio de nulidad, a cargo del diputado Abundio Peregrino García , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que la SHCP informe sobre el destino de enteros de Pemex durante el segundo trimestre de 2007, a cargo del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SER a reforzar la seguridad e investigar los atentados ocurridos en el Consulado de México en Nueva York, en Estados Unidos de América, a cargo del diputado Francisco Javier Gudiño Ortiz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Sagarpa a informar sobre la situación actual y apoyar la creación del área de protección de flora y fauna sistema arrecifal Lobos Tuxpan, frente a este municipio y el de Tamiahua, en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Íñigo Antonio Laviada Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT respecto al cobro de peaje a los usuarios de la autopista que comunica a las ciudades de Guadalajara y Tepic, suscrito por los diputados Délber Medina Rodríguez y Adrián Fernández Cabrera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través del titular de la Sedena, retire a los elementos del Ejército que custodian material electoral en las cabeceras distritales del IFE, a cargo del diputado Emilio Flores Domínguez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF y al Consejo de la Judicatura Federal que realicen una investigación sobre el uso de recursos humanos y financieros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las dependencias y entidades correspondientes modifique el programa Hábitat, para que los municipios con más de diez mil habitantes puedan ser beneficiados por dicho plan, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al accidente en la plataforma Usumacinta, en la sonda de Campeche, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las dependencias y entidades correspondientes amplíe la cobertura del programa de atención a adultos mayores en zonas rurales, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la integración de un grupo de trabajo encargado de investigar la legalidad en la venta de Aeroméxico a Banamex, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob para que a través del Fonden atienda las zonas afectadas por las lluvias en el estado de Tabasco, a cargo del diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la problemática en la homologación de los maestros en diversos municipios del estado de Sonora, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a destinar recursos para ampliar el personal de seguridad en las representaciones consulares, a cargo del diputado Javier Gudiño Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo del estado de Veracruz para que dentro del presupuesto del año 2008 considere una mejora en las tarifas eléctricas en beneficio de sus ciudadanos, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP, al órgano de Transparencia y Combate a la Corrupción en Pemex, así como a la ASF a realizar los procedimientos de revisión y en su caso sancione las irregularidades que se detecten dentro del PEP zona norte, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud implanten programas y apoyos dirigidos a las y los niños con autismo, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua, a la Secretaría de Salud y a la Profeco a verificar y regular la calidad y procedencia del agua que se vende en las plantas purificadoras del país, a cargo de la diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a las titulares de la SEP y de la Sedesol a implantar un programa de educación integral para que en las escuelas rurales y colonias populares del país de preescolar, primaria y secundaria se construyan comedores y cocinas con el equipo apropiado para facilitar la adecuada alimentación a los estudiantes, a cargo del diputado Ernesto Oviedo Oviedo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al Presidente de la Cámara de Senadores, a los gobernadores de los estados y a los congresos locales a realizar actos solemnes cada treinta de septiembre en memoria de don José María Morelos y Pavón, a cargo del diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a implantar de manera urgente los apoyos comprometidos para los damnificados por el huracán Dean del municipio de Tulancingo, Hidalgo, a cargo de la diputada Oralia Vega Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que el Ejecutivo federal, a través de sus dependencias correspondientes, otorgue apoyo a las poblaciones de San Luis Río Colorado y General Plutarco Elías Calles, estado de Sonora, para la construcción de una carretera de cuatro carriles en el tramo Sonoyta-San Luis, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Subsecretaría de Educación Básica a respetar los derechos laborales del personal de la Dirección General de Educación Indígena, a cargo de la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al funcionamiento de las delegaciones federales, a cargo de la diputada María del Carmen Pinete Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco a analizar las quejas y denuncias llevadas a cabo en contra de hospitales particulares y a realizar las acciones pertinentes para prevenir y, en su caso, sancionar cobros indebidos por concepto de medicamentos suministrados a los pacientes durante su estancia en dichas instituciones, suscrito por los diputados Omar Borboa Becerra, Jorge Quintero Bello y Francisco Javier Plascencia Alonso , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob que investigue e informe sobre la operación de un centro de apuestas en el municipio de Monterrey, Nuevo León, a cargo del diputado Juan Manuel Parás González , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para que se pronuncie respecto de la suspensión definitiva derivada del incidente promovido por Telmex en contra de la resolución del pleno de la Cofetel, a cargo del diputado José Martín López Cisneros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se incrementen los recursos asignados al Fondo de apoyo a la Competitividad de las Ramas Productivas para Ixtle, Palma Zamandoca y Lechuguilla, suscrito por diversos diputados de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sener, a la CFE y demás dependencias competentes la reclasificación tarifaria de energía eléctrica del municipio Villaldama, estado de Nuevo León, a cargo del diputado Juan Manuel Parás González , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Sinaloa para que su Secretaría de Salud se haga cargo del mantenimiento, tanto de personal como de los insumos, de los Centros de Salud Rural Dispersos, ubicados en diversas comunidades del municipio de Sinaloa, a cargo de la diputada María Gloria Guadalupe Valenzuela García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sedesol y del Programa Nacional Oportunidades a incorporar a distintas familias del municipio de Comalcalco a ese plan, a cargo del diputado Moisés Dagdug Lützow , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la labor que realizan las fuerzas armadas de México en los estados de Tabasco y Chiapas, suscrito por los diputados Emilio Gamboa Patrón y Juan Manuel Parás González , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instancias competentes a informar sobre la venta de la empresa Altos Hornos de México, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJ del estado de Puebla, a la delegación de la Profepa y a la Dirección de la Conagua de dicha entidad a garantizar el respeto de la zona forestal del bosque Lomas de San Alfonso, a cargo de la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a incrementar las medidas para regularizar escuelas particulares que imparten el nivel preescolar que no cuenten con autorización oficial, a cargo del diputado Carlos Augusto Bracho González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a promover una investigación exhaustiva de las diferentes causas del desastre que está afectando al estado de Tabasco, a cargo del diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a realizar, a través de la CNBV, las gestiones pertinentes ante las instituciones del sector financiero mexicano, para que consideren la matricula consular como documento oficial de identificación, suscrito por los diputados Alejandro Landero Gutiérrez y Moisés Alcalde Virgen , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los diputados de la LX Legislatura a destinar una parte de su dieta para becar al alumno electo ganador en su respectivo distrito, en caso de aprobación del programa de actividades para celebrar el Parlamento de las Niñas y los Niños de México para el año 2008, a cargo del diputado José Luis Murillo Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Instituto de Ingeniería de la UNAM una evaluación técnica de la infraestructura hidráulica y el manejo del sistema de presas en los estados de Tabasco y Chiapas, a cargo del diputado Antonio Ortega Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la prevención de las adicciones en el sector público, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México, al INAH, a los municipios de Otumba, San Martín de las Pirámides y San Juan Teotihuacan a destinar recursos para el saneamiento del Río San Juan, a cargo del diputado Ramón Valdés Chávez , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Profepa a aplicar las medidas pertinentes para la restauración, conservación y manejo sustentable de los manglares, con base en la legislación vigente en la materia, a cargo de la diputada Silvia Luna Rodríguez , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SSP y de la PGR, así como del gobierno del estado de Baja California y los ayuntamientos de dicha entidad realicen coordinadamente operativos para la identificación y recuperación de automóviles robados, a cargo del diputado Carlos Alberto Torres Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al proceso de autorización para la importación de medicamentos, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Fondo Monetario Internacional a condonar la deuda pública en lo equivalente a la reconstrucción de los estados de Tabasco y Chiapas, a cargo del diputado Elmar Darinel Díaz Solórzano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob para que a través de su Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía haga respetar el acuerdo por el que se emiten los criterios generales de clasificación, suscrito por los diputados Alejandro Landero Gutiérrez , María Gabriela González Martínez y Luis Gustavo Parra Noriega , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a concluir el procedimiento para la emisión de la norma oficial relativa a la ``Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención'', a cargo de la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión de investigación del daño patrimonial a Pemex por la entrega irregular de mil 724 millones de pesos al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y para transparentar la asignación de los ingresos excedentes por el incremento en el precio del petróleo, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar, a través de la SHCP, los estudios para valorar los mecanismos de devolución del IVA a los turistas que visitan nuestro país, a cargo del diputado Carlos Alberto Torres Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al impuesto de refrendo vehicular que se pretende cobrar en el estado de Jalisco, a cargo del diputado Salvador Barajas del Toro , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob para que a través de los Sistemas de Protección Civil habilite refugios temporales en las zonas de mayor riesgo debido a las bajas temperaturas, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener a instaurar las medidas conducentes efecto de que Pemex otorgue a los consumidores del estado de Chihuahua un descuento vía subsidio del 40 por ciento al gasóleo doméstico, gas LP y gas natural del 1 de noviembre al 31 de marzo de 2008, suscrito diputados de diversos grupos parlamentarios. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a instaurar estrategias que permitan defender y proteger a nuestros connacionales ante las leyes y ordenanzas antiinmigrantes en los Estados Unidos de América, a cargo del diputado José Nicolás Morales Ramos , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que asigne recursos suficientes para la construcción de una nueva universidad en el estado de Hidalgo, a cargo del diputado Sergio Hernández Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la investigación de posibles irregularidades e ilícitos cometidos en el ejercicio de sus funciones de parte del ex alcalde del municipio de Ramos Arizpe, senador Ernesto Saro Boardman, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía hace un reconocimiento al Ejecutivo federal y al Ejecutivo del estado de Tabasco, por su pronta respuesta ante la situación derivada de las inundaciones que afectaron a dicha entidad, a cargo del diputado Juan José Rodríguez Prats , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cámara de Senadores que dictamine la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo décimo octavo transitorio de la Ley del Seguro Social, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, a cargo del diputado Daniel Torres García , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a incrementar el monto de la franquicia de las mercancías que ingresan al país en el marco del programa Paisano, a cargo del diputado Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reforzar la vigilancia en las aduanas y fortalecer los programas de protección al migrante, a cargo del diputado Andrés Bermúdez Viramontes , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al Consejo de Salubridad General a elaborar un plan de atención de la insuficiencia renal de las personas que no cuentan con seguridad social, a cargo del diputado Daniel Dehesa Mora , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a implantar un programa para que exista una lista mínima oficial de alimentos con alto contenido nutritivo que se expendan en las instituciones educativas de los niveles preescolar y básico del país, a cargo del diputado José Luis Murillo Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, respecto de la puja del Grupo Gigante para arrendar sus activos y derechos, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a transparentar el otorgamiento de plazas para maestros por parte de esa secretaría y que sean asignadas estrictamente conforme a la normatividad establecida, a cargo del diputado José Luis Murillo Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SSP implante programas permanentes de seguridad pública en el estado de Baja California, a cargo del diputado Héctor Manuel Covarrubias Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al pago de energía eléctrica de las escuelas preparatorias federales por cooperación, a cargo del diputado Mario Vallejo Estévez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la exención en el pago de impuestos de los ejercicios fiscales 2007 y 2008 a los productores agrícolas, pecuarios y forestales, así como a las agroindustrias relacionadas, en el estado de Tabasco, que fueron afectados por las pasadas inundaciones, a cargo del diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar medidas para que la mercancía que ha sido incautada en territorio nacional, por operativos de distintas dependencias federales sea destinada a las personas que perdieron sus pertenencias con motivo de las inundaciones, en los estados de Tabasco y Chiapas, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, a la Profeco y a la Conagua a aplicar los mecanismos de control de precios y calidad del agua que se vende embotellada e informen los avances logrados, a cargo del diputado Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat que informe sobre el estado actual que guarda la población y el proyecto de protección, conservación y recuperación del águila real, así como el presupuesto asignado a éste y cuáles son las proyecciones sobre la especie, a cargo del diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Oaxaca, al presidente de la CNDH y al titular de la PGR a contribuir en la resolución del conflicto y liberación de los presos políticos de la comunidad indígena zapoteca de San Blas Atempa del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobernador del estado de Morelos que intervenga para que se dé continuidad a los trabajos de la mesa de diálogo sobre el predio La Ciénega, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales, al GDF, a los congresos locales y a la ALDF a implantar medidas que erradiquen la violencia familiar, a cargo del diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Consar a solicitar a las administradoras de fondos para el retiro la información y documentación de las cuentas dadas de baja durante el año 2007, a fin de que se realice una exhaustiva auditoría a las mismas, a cargo del diputado Miguel Ángel Navarro Quintero , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita el financiamiento para la pesca en el estado de Campeche, suscrito por los diputados Fernando Moctezuma Pereda y Arturo Martínez Rocha , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se solidariza con el pueblo ucraniano con motivo de la conmemoración del 75 aniversario del Holodomor, la trágica hambruna de los años 1932-1933, a cargo del diputado Gerardo Buganza Salmerón , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y a la SFP a garantizar la imparcialidad y eficacia en el proceso penal derivado del fraude cometido por servidores públicos de la Coordinación General de Protección Civil y de la Dirección General del Fonden, a cargo de la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a analizar la posibilidad de que la carretera panamericana 45 Chihuahua-Juárez sea concesionada en su totalidad al gobierno del estado, a cargo del diputado Enrique Serrano Escobar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Hidalgo a abstenerse del cobro predial y por uso de suelo en los municipios del estado, a cargo del diputado Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a ejercer la facultad de atracción en la averiguación previa abierta con motivo del asesinato del director de la preparatoria 115 Emiliano Zapata, en el municipio de Ecatepec, estado de México, a cargo de la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al programa integral de alimentación en el estado de Hidalgo, a cargo del diputado Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a buscar el consenso entre los actores del medio rural, en torno a las reformas y nuevas reglas de operación para los programas y componentes del programa especial concurrente, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Banco de México y al Ejecutivo federal que a través de las instancias competentes se presente un informe detallado de los recursos que la ciudadanía ha donado para ayudar a los damnificados por las inundaciones en los estados de Tabasco y Chiapas, a cargo del diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velazco , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la administración pública federal, emitir en este año las reglas de operación de los programas señalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 con perspectiva de género, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semar, a la SCT y a la Sagarpa a modificar el acuerdo secretarial 117 para la sonda de Campeche, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 11 de septiembre de 2003, a cargo del diputado Fernando Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos de los estados, así como a la ALDF a legislar en materia indígena, a cargo del diputado Carlos Augusto Bracho González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la publicación del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Segob implante acciones preventivas en el estado de Chihuahua debido a las bajas temperaturas, suscrita por los diputados César Duarte Jáquez e Israel Beltrán Montes , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas implante acciones que garanticen a los pueblos indígenas que habitan en zonas urbanas el acceso equitativo y urgente de los programas que maneja, a cargo de la diputada María Soledad Limas Frescas , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativa a la expedición de la Ley de Familia para el estado de Nuevo León, a cargo del diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que a través de la PGR y la SFP se atiendan las denuncias presentadas por los trabajadores de la CFE, a cargo del diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las diversas fuerzas políticas a conducirse de manera institucional en los festejos de la celebración del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario de la Revolución Mexicana, cargo del diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar programas de fomento a la industria vitivinícola nacional y promoción de los beneficios del consumo de vino tinto producido en México, y elabore un estudio de viabilidad para la exención del IEPS a la enajenación de productos vitivinícolas nacionales, a cargo del diputado Héctor Ramos Covarrubias, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 establezca criterios de eficiencia y transparencia administrativa para evitar el subejercicio de los recursos públicos destinados al campo, a cargo del diputado Irineo Mendoza Mendoza , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a enviar a esta soberanía un informe respecto a la utilización de los bienes incautados al ciudadano Zhenli Ye Gon y el estado que actualmente guardan, a cargo del diputado Gustavo Caballero Camargo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE, a la Sener y a la SHCP a aplicar las tarifas de energía eléctrica 09-CU y 09-N, a las plantas de tratamiento de aguas residuales ubicadas en los municipios comprendidos por la región de la cuenca Lerma-Chapala, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca Lerma-Chapala. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a las elecciones del estado de Quintana Roo por realizarse el próximo 3 de febrero de 2008, suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a informar a esta soberanía sobre las acciones emprendidas para la disminución y erradicación del tráfico ilegal de armas de fuego entre México y Estados Unidos de América, a cargo del diputado Irineo Mendoza Mendoza , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la SHCP y a la Semarnat para que adecuen las medidas actuales de legalización de autos importados del extranjero, a cargo del diputado Gustavo Caballero Camargo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SCT, de Capufe y del FARAC cumpla con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y el Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Federales y Zonas Aledañas, a cargo del diputado Demetrio Román Isidoro , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México para que en coordinación con el Congreso estatal y las autoridades de Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan solucionen los conflictos de delimitación territorial que involucra a dichos municipios, a cargo del diputado Santiago López Becerra , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la unidad de evaluación del impacto legislativo de los tratados internacionales, a cargo del diputado Gerardo Buganza Salmerón , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al titular de la Sagarpa, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, ante comisiones del sector rural para que explique las nuevas reglas de operación del PEC 2008, a cargo de la diputada Adriana Díaz Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Agenda política

En relación con los cortes del suministro de agua potable a la Secretaría de Educación Pública por parte del Gobierno del Distrito Federal, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

En relación con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del expediente 2/2006, relativo a la investigación ordenada por esa instancia el 25 de enero de 2007, de los hechos que pudieran ser violatorios de las garantías individuales de la ciudadana Lydia Cacho Ribeiro, a cargo de diversos Grupos Parlamentarios.

Efemérides

Relativa al tema ``de la Independencia a la otra dependencia'', a cargo del diputado Jaime Verdín Saldaña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Relativa al Día Internacional de la Mujer Rural, a cargo de la diputada Lizbeth Evelia Medina Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Relativa al 197 aniversario de la Independencia de México, a cargo del diputado Carlos Roberto Martínez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al 183 aniversario de la anexión voluntaria de Chiapas a México, a cargo de los diputados Martha Cecilia Díaz Gordillo y Martín Ramos Castellanos , de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, respectivamente.

Relativa al 22 aniversario luctuoso de las víctimas del sismo del 19 de septiembre de 1985, a cargo del diputado José de Jesús Solano Muñoz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Relativa al Día Internacional de la Paz, a cargo del diputado Alejandro Landero Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Relativa al natalicio de José María Morelos y Pavón, a cargo del diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al Día Mundial de las Mujeres Rurales, a cargo de la diputada Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario Convergencia.

Relativa al centenario del fallecimiento de Juan García Corona ``Héroe de Nacorazi'', y al Día del Ferrocarrilero, a cargo del diputado Gustavo Caballero Camargo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con motivo del 111 aniversario de la muerte de Vicente Riva Palacio y Guerrero, a cargo del diputado Silvio Gómez Leyva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con motivo de la creación del Día Nacional de la Mujer Rural Mexicana, a cargo de la diputada Irma Piñeyro Arias , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza.

Relativa al quincuagésimo aniversario luctuoso de Diego Rivera, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al Día Mundial de Lucha Contra el Sida, a cargo del diputado David Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Relativa al Día Internacional contra la Corrupción, a cargo de la diputada Adriana Díaz Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Permítame, diputada. Bueno, termine la votación.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes once de diciembre de dos mil siete, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital en los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 282 diputadas y diputados, a las 11 horas con 26 minutos del martes 11 de diciembre de 2007, la Presidenta declara abierta la sesión.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura al orden del día.

La asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

La Secretaría da lectura a comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva, por la que informa que se recibieron tres dictámenes negativos de las comisiones de Justicia y de Salud, que desechan diversas proposiciones con puntos de acuerdo. Se instruye el archivo de los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

La Secretaría da lectura a un oficio del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, con el que remite su informe semestral de actividades correspondiente al periodo del 21 de mayo al 20 de noviembre de 2007. Se remite a las comisiones de Economía y de Justicia, para su conocimiento.

La Presidenta hace notoria a la asamblea la proliferación de iniciativas y proposiciones, en el orden del día e invita a que en el transcurso de la sesión, notifiquen los asuntos, que así lo consideren, se les otorgue el trámite de sólo turno, de la misma manera invita a las diputadas y a los diputados que tengan registrada alguna efeméride, a que expresen su acuerdo para que la Presidencia instruya su inserción en el Diario de los Debates y se tengan por presentadas.

Se les otorga el uso de la tribuna para hablar en relación a la liberación del frijol, maíz, caña de azúcar y leche en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a los diputados: Santiago Gustavo Pedro Cortés , del Partido del Trabajo; Jorge Godoy Cárdenas , de Convergencia; Pablo Leopoldo Arreola Ortega , del Partido del Trabajo; Manuel Salvador Salgado Amador , del Partido Verde Ecologista de México; Héctor Padilla Gutiérrez , del Partido Revolucionario Institucional; Carlos Ernesto Navarro López , del Partido de la Revolución Democrática, quien realiza señalamientos que considera merecedores de discusión y desde su curul, el diputado José Manuel del Río Virgen se suma a este posicionamiento; Ernesto Oviedo Oviedo , del Partido Acción Nacional. Se le concede la palabra para rectificar hechos al diputado César Horacio Duarte Jáquez , del Partido Revolucionario Institucional.

A las 12 horas con 29 minutos, se registra una asistencia de 442 diputadas y diputados.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura de dictámenes con proyecto de decreto de las comisiones:

Quedan de primera lectura.

Desde su curul, el diputado César Octavio Camacho Quiroz , del Partido Revolucionario Institucional, solicita la dispensa de la segunda lectura al dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Justicia que reforma el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En votación económica, la asamblea otorga el trámite solicitado. Con un resultado de 374 votos en pro, ninguno en contra y cinco abstenciones, la Presidenta declara aprobado el proyecto de decreto. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

La Presidencia da lectura a una solicitud de la Comisión de Gobernación para otorgar la dispensa de la segunda lectura al dictamen con proyecto de decreto que expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En votación económica, la asamblea obsequia el trámite solicitado. Se les otorga la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la comisión a los diputados: Diódoro Humberto Carrasco Altamirano , del Partido Acción Nacional y Manuel Portilla Diéguez, del Partido Verde Ecologista de México, quien presenta modificaciones a los considerándos. Se les otorga el uso de la tribuna para fijar la posición de su respectivo grupo parlamentario a los diputados: Aída Marina Arvizu Rivas , de Alternativa; Miguel Ángel Jiménez Godinez, de Nueva Alianza; Abundio Peregrino García , del Partido del Trabajo; Alejandro Chanona Burguete , de Convergencia; Manuel Portilla Diéguez, del Partido Verde Ecologista de México; Carlos Armando Biebrich Torres , del Partido Revolucionario Institucional; Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Partido de la Revolución Democrática; Dora Alicia Martínez Valero , del Partido Acción Nacional. Para la discusión en lo general del dictamen, se les otorga la palabra a los diputados: Mónica Arriola, de Nueva Alianza, en contra; Miguel Ángel Monraz Ibarra , del Partido Acción Nacional, en pro;

Presidencia del diputado Luis Sánchez Jiménez

Valentina Valia Batres Guadarrama , del Partido de la Revolución Democrática, en contra;

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

Lilia Guadalupe Merodio Reza , del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Pablo Arreola Ortega, en contra; Francisco Javier Santos Arreola , del Partido de la Revolución Democrática, en pro; María del Carmen Salvatori Bronca , de Convergencia, en contra y José Antonio Díaz García , del Partido Acción Nacional. En su oportunidad y en dos ocasiones el diputado David Mendoza Arellano , del Partido de la Revolución Democrática, solicita la lectura del artículo 115 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la Secretaría, por instrucciones de la Presidencia, así lo hace. La Presidenta les otorga el uso de la tribuna para hechos a los diputados: Aída Marina Arvizu Rivas , de Nueva Alianza; José Manuel del Río Virgen , de Convergencia; Javier Hernández Manzanares , del Partido de la Revolución Democrática; Rodolfo Solís Parga , del Partido del Trabajo; Alberto Amador Leal y Alfredo Adolfo Ríos Camarena , ambos del Partido Revolucionario Institucional; David Mendoza Arellano , del Partido de la Revolución Democrática y Laura Angélica Rojas Hernández , del Partido Acción Nacional. La Presidenta informa a la asamblea las reservas de los artículos: dos, cuatro, siete, ocho, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 44, 45, 49, 52, 56, 70, 74, 76, 77, 78, 81, 83, 91, 95, 96, 103, 108, 110, 112, 118, 119, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 192, 208, 218, 219, 220, 223, 224, 229, 236, 237, 244, 252, 259, 260, 265, 270, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 290, 291, 293, 295, 296,297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 343, 345, 347, 350, 354, 388, 390 y 391.

Con un resultado de 351 votos en pro, 86 en contra y cuatro abstenciones, se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto de los artículos no impugnados.

Por instrucciones de la Presidencia y con la facultad que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la asamblea autoriza en votación económica que sólo se recojan votaciones nominales para la aprobación de los artículos reservados para su discusión en lo particular y no para las votaciones económicas de admisión de propuestas.

Se le otorga el uso de la tribuna para presentar sus respectivas reservas y modificaciones a la diputada Mónica Fernández Balboa , del Partido de la Revolución Democrática de los artículos dos, 49, 74, 83, 108, 112, 259, 270, 295, 345, 347, 350 y 354, que en su oportunidad en sendas votaciones económicas se desechan.

Desde su curul, el diputado Manuel Cárdenas Fonseca , de Nueva Alianza, de conformidad con el artículo 106 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se levante la sesión por falta de quórum y la Presidenta instruye la apertura del sistema electrónico de asistencia. Desde sus respectivas curules, los diputados Manuel Cárdenas Fonseca y Valentina Valia Batres Guadarrama , del Partido de la Revolución Democrática, realizan comentarios de procedimiento.

A las 16 horas con 22 minutos, se registra una asistencia de 373 diputadas y diputados confirmándose la existencia de quórum .

Desde su curul, la diputada Valentina Batres Guadarrama , solicita que su intervención y la del diputado Manuel Cárdenas Fonseca se inserten íntegras en el Diario de los Debates y la Presidencia así lo concede.

Desde su curul, la diputada Mónica Fernández Balboa solicita la votación económica de cada reserva y la Presidencia obsequia la petición.

Se les otorga el uso de la tribuna para presentar sus respectivas reservas y modificaciones a los diputados:

Alberto Esteva Salinas , de Convergencia, de los artículos ocho, 32, 76, 95, 218, 223, 224, 237, 252, 274 y 295. Desde su curul, la diputada Layda Elena Sansores San Román , de Convergencia de conformidad con el artículo 106 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita la rectificación de quórum y la Presidencia realiza las aclaraciones. En votación económica, la asamblea desecha las modificaciones presentadas por el diputado Alberto Esteva Salinas .

Desde sus respectivas curules, los diputados: Silvia Luna Rodríguez , de Nueva Alianza, Mónica Fernández Balboa , del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Jiménez Godínez y Alberto Esteva Salinas , realizan comentarios de procedimiento.

Continúan con la presentación de sus respectivas reservas y modificaciones a los diputados:

Desde su curul, el diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez , de Nueva Alianza, solicita la rectificación de quórum y la Presidencia declara la existencia de este.

Presidencia del diputado Cristián Castaño Contreras

En votación económica, la asamblea desecha la reserva.

Desde su curul, la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama , solicita la lectura de las reservas a su nombre y el Presidente puntualiza que en el momento de su presentación así se procederá.

Continúan con la presentación de la fundamentación a sus reservas los diputados:

Desde sus respectivas curules, las diputadas Marina Arvizu Rivas , de Alternativa; Maricela Contreras Julián y Batres Guadarrama solicitan la lectura de las reservas a su nombre y la Presidencia conciente tal petición.

Se le concede el uso de la palabra a la diputada Mónica Arriola, para presentar la reserva del artículo cincuenta y dos, que se desecha en votación económica.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a las reservas del artículo cincuenta y seis, suscrita por la diputada Aída Marina Arvizu Rivas , de Alternativa. Desde su curul, la diputada Silvia Luna Becerril, solicita una moción de procedimiento y el Presidente hace las aclaraciones. En votación económica, la Asamblea desecha la reserva de la diputada Arvizu Rivas.

Se le concede el uso de la palabra para presentar la reserva del artículo 56 al diputado José Luis Aguilera Rico , de Convergencia. Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a las propuestas de modificación y en votación económica, la asamblea desecha tal propuesta.

Desde su curul, el diputado Gerardo Aranda Orozco , del Partido Acción Nacional, realiza comentarios en relación a la presentación del diputado anterior.

Presentan propuestas de modificaciones los diputados:

Desde su curul, la diputada Layda Elena Sansores San Román , de Convergencia, realiza comentarios de procedimiento y solicita la lectura del artículo 105 del Reglamento para el Gobierno Interior y la Presidenta así lo instruye.

Continúan con la fundamentación de sus respectivas reservas a los diputados:

Desde su curul, la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama , del Partido de la Revolución Democrática, solicita la lectura de sus reservas y la Presidencia le concede el uso de la tribuna para presentar la reserva del artículo 103, posteriormente la Secretaría da lectura a la propuesta de modificación y en votación económica, la asamblea desecha tal propuesta.

La Secretaría da lectura a la reserva de la diputada Aída Marina Arvizu Rivas , del Alternativa del artículo 110, que la asamblea desecha en votación económica.

Se les otorga el uso de la tribuna para presentar sus respectivas reservas y modificaciones a los diputados:

La Secretaría da lectura a las reservas suscritas por la diputada Marina Arvizu Rivas de los artículos 78, 81, 112, 192, 220 y 224, las que se desechan en sendas votaciones económicas.

Continúan con la presentación de sus reservas los diputados:

Desde su curul, la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama , del Partido de la Revolución Democrática, informa que retira las reservas de los artículos que impugnó.

Con un resultado de 307 votos en pro, 46 en contra y cuatro abstenciones se aprueban los artículos impugnados en sus términos. La Presidenta declara aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Se reciben del Senado de la República:

a) Para los efectos del inciso e) del artículo setenta y dos constitucional, dos minutas con proyecto de decreto que:

b) Minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito.

Se turnan a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

La Presidenta clausura la sesión a las 21 horas con tres minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 12 de diciembre de 2007 a las 12 horas.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta, con las correcciones solicitadas por el diputado Manuel Cárdenas Fonseca.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Le dan sonido, por favor.

El acuerdo con la Mesa Directiva es que se iba a someter a aprobación el acta con las correcciones que había observado un servidor, y no se está siguiendo ese procedimiento.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado, le ofrezco una disculpa. No lo decidí yo. Fue una persona a hablar con usted y habían quedado en que así era el formato. Vamos a dar lectura a las correcciones que usted nos pidió, por favor, si eso le satisface. ¿Me permite hacer la lectura?, ¿sí? Por favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Desde su curul, el diputado Cárdenas Fonseca, de Nueva Alianza, de conformidad con el artículo 106 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se levante la sesión por falta de quórum, y la Presidenta instruye la apertura del sistema electrónico de asistencia. Desde sus respectivas curules los diputados Cárdenas Fonseca y Valentina Valia Batres Guadarrama , del Partido de la Revolución Democrática realizan comentarios de procedimiento.

A las dieciséis horas con veintidós minutos, transcurridos ocho minutos, se registra una asistencia de 373 diputadas y diputados.

Es cuanto, Presidenta.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí. Le dan sonido a la curul del diputado, por favor.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Gracias, Presidenta, es usted muy amable. Aquí es simple y sencillamente que el acta que se repartió establecía que un servidor había pedido rectificación de quórum, cosa que nunca sucedió. Lo que un servidor pidió es que levantara la sesión por la evidente falta de quórum. En eso consiste, para que el pleno no se confunda. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Es correcto, ya lo corregimos así. Gracias diputado.

El diputado Francisco Márquez Tinoco (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Le dan sonido a la curul del diputado Francisco Márquez, por favor.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Le agradezco, diputado. El orden del día prácticamente es el mismo de ayer, pero ahorita vamos a revisar los dictámenes que se terminaron de incluir.

Diputado, si usted me permite vamos a acelerar la distribución del documento, y si me permite continuar, porque habíamos votado el orden del día. Lo que estábamos votando era el acta.

El diputado Francisco Márquez Tinoco (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Le dan sonido a la curul del diputado, por favor.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, ya se votó, diputado. O sea, yo comienzo la sesión con el quórum que está en el sistema electrónico. Lamentablemente muchos todavía no están aquí, ya se votó. Le estamos entregando ahorita un documento.

Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta con las correcciones solicitadas por el diputado Manuel Cárdenas Fonseca .

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Está a discusión el acta con las modificaciones y con la aclaración a la que se dio lectura.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada el acta. Le aclaro al diputado que se está haciendo una distribución extraordinaria de la corrección del acta.

CARNE DE CERDO.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Honorable Congreso de la Unión.

Por medio de la presente se da respuesta al punto de acuerdo del 22 de noviembre de 2007, de la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aplicar diversas medidas para la suspensión temporal de las importaciones de carne de cerdo en beneficio de la situación de emergencia por la que atraviesa la porcicultura nacional.

I. Antecedentes

En los últimos 10 años, la producción porcícola creció anualmente en 2 por ciento, alcanzando 1 millón 108 mil 940 toneladas en 2006.

Problemas sanitarios experimentados a partir de finales de 2003 en los Estados Unidos y Canadá (presencia de la encefalopatía espongiforme bovina o vacas locas), influyó en el mercado mexicano de carnes impulsando una mayor demanda por carne de producción nacional y conllevando a obtener elevados precios por el ganado porcino, influyendo en un fuerte crecimiento de la producción nacional (4.2 por ciento entre 2004 y 2006).

Al crecer la producción, la sobre oferta de productos porcícolas llevó a los productores a solicitar en el 2003 una salvaguarda especial agrícola conforme al Acuerdo sobre Agricultura de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Dicha solicitud se desechó en el 2004 por no actualizarse los supuestos específicos del Acuerdo.

Asimismo. en mayo del 2004 los productores porcícolas solicitaron a la Secretaría de Economía el establecimiento de cuotas compensatorias en contra de las importaciones de pierna de cerdo proveniente de Estados Unidos por realizarse en condiciones de discriminación de precios, dumping . Dicho caso se resolvió sin cuota compensatoria, por falta de información que demostrara el daño en diciembre de 2005.

Desde finales del año 2006, la porcicultura enfrenta problemas de rentabilidad motivados por el encarecimiento de los granos forrajeros (maíz y sorgo) y las pastas de oleaginosas (soya), así como por la baja del precio liquidado al productor por el ganado para abasto.

Mientras que el costo promedio de producción se incrementó en 19 por ciento entre 2006 y 2007, el precio promedio liquidado al productor disminuyó en cerca del 3 por ciento.

En virtud de ese ambiente desfavorable, en el primer trimestre de 2007, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la Secretaría de Economía, y Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca), estableció un programa especial de apoyo a la actividad que consistió básicamente en:

A nivel internacional, tanto en Canadá como los Estados Unidos se reportan problemas similares de precios bajos pagados al productor y altos costos de producción.

La problemática que se enfrenta tiene como principal diagnóstico un estancamiento en la demanda per cápita de carne de cerdo por parte de los consumidores. Después de 4 meses de precios remunerativos al cerdo, a finales de octubre se presentó una nueva caída.

II. Punto de Acuerdo

Ante la problemática reciente por la que atraviesa el sector porcícola mexicano, el pasado jueves 22 de noviembre se presentó en la Cámara de Diputados el punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aplicar diversas medidas, con los siguientes puntos de acuerdo particulares:

Dado lo anterior, el Ejecutivo federal ha llevado a cabo las siguientes acciones:

De las anteriores acciones se definió lo siguiente:

En su primer punto la Cámara de Diputados ``exhorta al Ejecutivo federal, implante una salvaguarda bajo el Acuerdo Agrícola de la OMC que no requiere de compensación al país afectado por parte del gobierno mexicano''.

Del análisis jurídico hecho por la Secretaría de Economía se desprende que: la salvaguarda a que se refiere la Cámara de Diputados en su punto de acuerdo, está prevista en el artículo 5 (Disposiciones de Salvaguardia Especial) del Acuerdo sobre Agricultura de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

La característica de esta ``salvaguarda especial'' es que los miembros de la OMC pueden aumentar el arancel vigente a las importaciones de los productos identificados que provengan de otros países miembros: i) cuando el volumen de importaciones del producto rebase un nivel predeterminado; o ii) cuando las importaciones se realicen por debajo de un precio predeterminado.

Si bien México puede aplicar esta ``salvaguarda especial'' prevista en la OMC a los bienes designados en su lista de concesiones, entre ellos a la carne de cerdo; esta ``salvaguarda especial'' no puede aplicarse a las importaciones de productos de cerdo procedentes de los Estados Unidos y de Canadá cuando éstas se realizan bajo preferencias arancelarias previstas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Lo anterior debido a que el artículo 302 del TLCAN (Eliminación de aranceles) establece en su párrafo 1 que ``Salvo que se disponga otra cosa en este Tratado, ninguna de las partes podrá incrementar ningún arancel aduanero vigente, ni adoptar ningún arancel nuevo, sobre bienes originarios''. La salvaguarda especial bajo el Acuerdo sobre Agricultura de la OMC implicaría un aumento de aranceles a las importaciones preferenciales de Estados Unidos.

Cabe señalar que el TLCAN en su artículo 103.2 dispone que, en el caso de incompatibilidad entre el TLCAN y la OMC, las disposiciones del TLCAN prevalezcan.

Es previsible que si México impusiera medidas violatorias del TLCAN, Estados Unidos las impugne y tome represalias comerciales en contra de otras exportaciones agrícolas de nuestro país, como lo serían el aguacate, el tomate, el limón, entre otras.

Además, dado que las empresas estadounidenses productoras de cerdo tienen inversiones en el país, México se expondría a procedimientos conforme al capítulo de inversión del TLCAN, los cuales podrían dar lugar al pago de daños y perjuicios significativos; como lo ocurrido en contra de la adopción del impuesto especial para producción y servicios (IEPS) a las importaciones de fructosa de Estados Unidos.

En virtud de que se concluyó que la salvaguarda especial solicitada es improcedente, la Secretaría de Economía decidió explorar la posibilidad de establecer medidas de salvaguarda previstas en el TLCAN que fueran viables. El 28 de noviembre de 2007, se llevaron a cabo reuniones en la ciudad de Washington DC, en las que participaron la Secretaría de Economía y Sagarpa ante representantes del USDA y del USTR. En dichas reuniones, se le explicó a Estados Unidos la crítica situación en la que se encuentra el sector porcícola mexicano y la necesidad de buscar alternativas de manera conjunta. En particular, se planteó la posibilidad de implantar una medida de salvaguarda ``condensada'' al amparo del artículo 801 del TLCAN.

Estados Unidos no fue receptivo al planteamiento sobre salvaguardas que le hizo México. Conforme al TLCAN es necesario el consentimiento del país al que se le aplicará la salvaguarda ``condensada'' una vez expirado el periodo de transición ¹ (que en el caso de carne de cerdo expiró en diciembre del 2002) por lo que la negativa de Estados Unidos en este caso la vuelve inviable.

Sin embargo, ambos gobiernos acordaron lo siguiente, para efecto de promover mayores exportaciones de México a Estados Unidos:

Cabe destacar que existe adicionalmente bajo el artículo 802 del TLCAN la posibilidad de aplicar una salvaguarda global. Es decir, aquella que está prevista en el Acuerdo sobre Salvaguardas de la OMC. Sin embargo, esta medida sólo puede implantarse luego de un procedimiento administrativo y siempre que se cumplan requisitos como el de demostrar que las importaciones han aumentado como consecuencia de una evolución imprevista de las circunstancias y por las concesiones arancelarias dadas en el marco del tratado. Además, debe demostrarse que este aumento en las importaciones causa o amenaza causar un daño serio.

De aplicarse la salvaguarda contra las importaciones de Estados Unidos, tendría que otorgarse una compensación en forma de concesiones que tengan efectos equivalentes.

La Secretaría de Economía iniciará un procedimiento para la adopción de salvaguardas de cumplirse con los requisitos previstos en Ley.

En relación con el segundo numeral del punto de acuerdo, la Cámara de Diputados solicita al titular del Ejecutivo federal ``hacer uso de la facultad que le confiere el segundo párrafo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y así estar incondiciones [sic] de suspender temporalmente las importaciones de la carne de cerdo bajo las fracciones arancelarias 02031201 y 02032201, hasta en tanto se corrija la situación de emergencia de la porcicultura nacional''.

De conformidad con el artículo 131, el Congreso de la Unión puede facultar al Ejecutivo federal para establecer ciertas restricciones al comercio exterior cuando lo estime urgente.

La facultad del Ejecutivo, delegada por el Congreso de la Unión para restringir el comercio exterior en situaciones de emergencia se encuentra reglamentada en la Ley de Comercio Exterior (LCE). Específicamente, en casos de emergencia el artículo cuarto, fracción segunda de dicha ley, establece que el Ejecutivo tiene facultad para ``regular, restringir o prohibir la exportación, importación, circulación o tránsito de mercancías, cuando lo estime urgente ''. (Énfasis propio)

Sin embargo, la LCE señala en su artículo segundo que:

Es decir, las medidas que adopte el Ejecutivo en uso de la facultad delegada por el Congreso deben ser congruentes con lo previsto en los compromisos internacionales.

En el caso particular de las medidas de salvaguarda, la ley prevé de manera expresa en sus artículos 75 (determinación de medidas de salvaguarda) y 79 (circunstancias críticas) que las medidas deberán ajustarse a las obligaciones internacionales:

Por lo anterior, cualquier medida de salvaguarda que el Ejecutivo adopte tendrá que estar de conformidad con lo previsto en la Ley y en las obligaciones internacionales. En tanto no se cumpla con los requisitos previstos en la LCE y en los tratados, no se podrá adoptar medida de salvaguarda alguna.

Es importante señalar, además, que conforme a lo dispuesto en la LCE, las medidas de salvaguarda están sujetas a un procedimiento administrativo cuya duración puede ser de 210 días y el cual no está exento de cumplir con formalidades esenciales del procedimiento, tales como la presentación de pruebas y la garantía de audiencia. Este mecanismo, por lo tanto, no constituye una solución inmediata al problema porcícola de México.

Finalmente, cabe mencionar que las medidas de protección solicitadas en el Punto de Acuerdo se refieren en particular a las fracciones arancelarias 02031201 y 02032201 (piernas y paletas refrigeradas y congeladas). Una medida de salvaguarda sobre estas fracciones podría causar un aumento a las importaciones de embutidos y otros productos procesados.

En referencia a los puntos tercero y cuarto del citado punto de acuerdo:

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: De enterada. Remítase a las comisiones correspondientes y publíquense en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

ESTADO DE TLAXCALA

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Desarrollo Social.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

En atención a su oficio número DGPL 60-II-3-809 dirigido al licenciado Francisco Javier Ramírez Acuña, secretario de Gobernación, mediante el cual le comunica que el pasado 12 de septiembre, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, aprobó el punto de acuerdo relativo a que todas las dependencias del Ejecutivo federal tomen las medidas necesarias para que el estado de Tlaxcala pueda acceder a los mismos programas, proyectos, planes de desarrollo y asignaciones de recursos, que los estados de la región sur-sureste de nuestro país, le informo a usted lo siguiente:

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se reconoce la importancia del desarrollo regional, sin embargo, no se plantean mesorregiones como unidades base del sistema de planeación para el desarrollo regional, como se encontraban enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.

En esta administración, la estrategia integral de políticas para el desarrollo social descansa sobre la atención a los ciudadanos más pobres y vulnerables; asimismo, es importante señalar que dentro de los objetivos estratégicos de desarrollo social que difundió la Sedesol, se encuentra el de disminuir las disparidades regionales a través de un patrón territorial ordenado y el impulso a la infraestructura social.

En este contexto, esta secretaría canaliza prioritariamente sus recursos a las zonas con mayores niveles de marginación del país, a través de una política de desarrollo territorial integral y focalizada, que considera las zonas de atención prioritaria, tomando en cuenta los índices de marginación (Conapo), de desarrollo humano (PNUD) y de rezago social (Coneval), así como las líneas de pobreza establecidas también por el Coneval, mismos que son utilizadas para la planeación y el establecimiento de prioridades en las acciones gubernamentales.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: De enterada. Remítase a las comisiones correspondientes y publíquense en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de la defensa Nacional.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados.--- Palacio Legis1ativo.--- San Lázaro. DF.

Por medio del presente me es grato enviar1e un cordial sa1udo y en relación a su escrito número D.G.P.L. 60-II-6-1483 de 17 OCT. 2007. hago de su conocimiento lo siguiente:

Para el establecimiento de los puestos de control militares en el territorio nacional, esta Dependencia del Ejecutivo Federal, se fundamenta en las bases legales que a continuación se mencionan:

En una de las líneas de acción del eje rector antes mencionado, cita: ``...No se debe permitir que ningún estado de la República sea rehén del narcotráfico, del crimen organizado o de la delincuencia; dicha línea tiene como objetivo recuperar la fortaleza del estado y la seguridad en la convivencia social, mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado; considerando para el efecto las siguientes estrategias: aplicar la fuerza del estado, implementar una política integral, prevención y combate al lavado de dinero, desarticulación de cadenas delictivas y defensa de la soberanía y la integridad del territorio...''.

Además contempla que:. ``... México ha depositado en las instituciones militares la enorme responsabilidad y el gran privilegio de ser garantes de la seguridad, soberanía nacional y protección de los intereses de la nación y para recuperar la normalidad en el respeto a la ley y la convivencia social ordenada, requiere que el estado emplee los recursos con los que cuenta para combatir al narcotráfico y la participación de las fuerzas armadas es uno de los mas valiosos. . .''

Actualmente se tienen establecidos 435 puestos de control en el territorio nacional, de los que destacan 10, que por su ubicación sobre las principales vías de comunicación del país y por los importantes aseguramientos de droga que han obtenido, son considerados como estratégicos para esta Secretaría de Estado, siendo los que a continuación se mencionan:

Cucapa y Benjamín Hill, Son., El Atoron, Nay., El Desengaño, Sin., Salina Cruz, Oax., Samalayuca, Chih., Tanque Escondido, Coah., Las Arsinas, Zac., La Coma, Tamps. y La Estrella, Tab. (Ver Anexo ``A'').

Estos servicios desde el 1 DIC. 2006, al 6 NOV. 2007, han asegurado: 98,274 Kgs. de mariguana, 20 Kgs. de semilla de mariguana, 2,555 Kgs. de cocaína, 272 Kgs. de cristal, 67 Kgs. de heroína y 9,249 pastillas psicotrópicas

El material con que actualmente cuentan los puestos de control, es: trampas tipo israelita, desarmadores, pinzas, llaves tipo español, lámparas, varillas, taladros, remachadoras, cinceles, seguetas, cizallas, barretas, escaleras, chalecos fluorescentes, botes para mecheros, tambos o cajas fluorescentes para señalamientos, espejos portátiles articulados, entre otros.

El material apropiado que debe tener un puesto de control ``tipo'' , es el siguiente: señalamientos informativos , preventivos y restrictivos, ayudas para el control de tránsito, equipos tecnológicos y ayudas para la detección y revisión , cuatrimotos y vehículos ligeros todo terreno para patrullar las rutas alternas del servicio establecido, para evitar su evasión.

Un puesto de control tipo, debe contar con las siguientes áreas: de equipos de rayos ``gamma'', de camiones de carga, anden para descarga de mercancía de camiones, inspección minuciosa de camiones, de autobuses, de entrevista de automovilistas, de revisión de automóviles, módulo de información, orientación, servicios sanitarios y alojamiento para el personal militar . (Ver Anexo ``B'').

La inversión estimada actualmente para la modernización de un puesto de control ``tipo'' como el citado anteriormente es de: $101,200,000.00, distribuida en los siguientes rubros:

Se estima que al concluir la obra su costo ascienda a $120,000,000.00.

Lo anterior, conforme al proyecto de remodelación propuesto por el Gobierno del Estado de Sonora en coordinación con esta Secretaría para el puesto de control de ``Benjamín Hill'' (Querobabi, Son.)

Esta Secretaría de Estado, carece de presupuesto para tal fin y tampoco es responsable de la coordinación de este proyecto. El Dr. Luis Téllez, Secretario de Comunicaciones y Transportes, ha sido designado para dirigir todo el proyecto de modernización de los 10 puestos de control estratégicos.

Señora diputada, con lo expuesto, expreso a Usted, que los soldados de México continuaremos enfrentando al narcotráfico con el mismo ímpetu hasta ahora demostrado, con los recursos disponibles con el propósito de minimizar los efectos negativos que causa este flagelo a nuestra sociedad, apegando nuestra actuación al marco legal vigente y respetando los derechos humanos y garantías fundamentales de los Mexicanos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: De enterada. Remítase a las comisiones correspondientes y publíquense en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Seguridad Pública.

Licenciado Armando Salinas Torre , subsecretario de Enlace Legislativo Secretaría de Gobernación.--- Bucareli 99, primer piso.--- Presente.

En respuesta a su oficio número SEL/300/4326/07 dirigido al ingeniero Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, al que se adjuntó el oficio de la LX Legislatura número DGPL 60-11-3-953 que incluye copia del dictamen con punto de acuerdo relativo a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, me permito informar a usted la labor que esta secretaría lleva a cabo en relación al contenido del acuerdo mencionado:

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: De enterada. Remítase a las comisiones correspondientes y publíquense en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

ESTADO DE VERACRUZ

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Congreso de la Unión.

Me refiero a su oficio número D.G.P.L. 60-II-3-1005, de fecha 6 de noviembre del presente año, medio por el cual remite al secretario de Gobernación, licenciado Francisco Javier Ramírez Acuña, dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la propuesta con punto de acuerdo en relación con la isla de Sacrificios en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Sobre este asunto, y de conformidad en lo dispuesto en el artículo 150, fracciones XVIII y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, anexo al presente el resolutivo número S.G.P.A/ DGIRA/2437/07, de fecha 18 de octubre de 2007, que emitió la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el cual niega al ayuntamiento de Boca del Río el proyecto denominado Centro de Educación para la Conservación de la Isla de Sacrificios, porque considera que no cumple lo establecido en el artículo 30, primer párrafo, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

»Arquitecto Ramón Pineda de la Rosa, Síndico Único del Ayuntamiento de Boca del Río.--- Avenida Revolución número 100, Colonia Centro, CP 94290.--- Municipio de Boca del Río, Veracruz.

En acatamiento a lo que dispone la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) en su artículo 28. que establece que la evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cuál la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que pueden causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente y que, en relación con ello, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las obras y actividades que dicho lineamiento incluye, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Semarnat.

Que la misma LGEEPA, en su artículo 30, primer párrafo, establece que para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de dicha norma, los interesados deberán presentar a la Semarnat una manifestación de impacto ambiental.

Que entre otras funciones, en la fracción II del artículo 27 del Reglamento Interior de la Semarnat se establece la atribución de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) para evaluar y resolver las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgo de las obras y actividades competencia de la federación y expedir, cuando proceda, las autorizaciones para su realización.

Que en cumplimiento a las disposiciones de los artículos 28 y 30 de la LGEEPA antes invocados, el arquitecto Ramón Pineda de la Rosa, síndico único, en representación del ayuntamiento de Boca del Río, sometió a evaluación de la Semarnat, a través de la DGIRA, la manifestación de impacto ambiental, modalidad particular (MIA-P), para el proyecto Centro de Educación para la Conservación Isla Sacrificios (CECIS), con pretendida ubicación dentro del parque nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, frente al municipio de Boca del Río, Veracruz.

Que atendiendo a lo dispuesto en la LGEEPA, en su artículo 35, primer párrafo, respecto a que, una vez presentada la MIA-P, la DGIRA iniciará el procedimiento de evaluación, para lo cual revisará que la solicitud se ajuste a las formalidades previstas en dicha ley, su reglamento en materia de evaluación de impacto ambiental y las normas oficiales mexicanas aplicables y que, una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, la Semarnat, a través de su DGIRA emitirá, debidamente fundada y motivada, la resolución correspondiente.

Por otra parte, toda vez que este procedimiento se ajusta a lo que dispone el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en lo relativo a que es expedido por el órgano administrativo competente, lo cual queda en evidencia considerando las disposiciones del artículo 19 del Reglamento Interior de la Semarnat, a través del cual se establecen las atribuciones genéricas de los directores generales de la secretaría y, en particular, la fracción XXIII de ese ordenamiento, que dispone que los directores generales podrán suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquellos que les sean señalados por delegación, encomienda o les correspondan por suplencia. Que, en el mismo sentido, el artículo 27 del reglamento en comento establece las atribuciones de la DGIRA y que en su fracción II dispone la atribución para evaluar y resolver las manifestaciones de Impacto ambiental que le presenten los particulares.

Con los lineamientos antes citados y una vez analizada y evaluada la MIA-P por parte de esta DGIRA para el proyecto Centro de Educación para la Conservación Isla Sacrificios, promovido por el honorable ayuntamiento de Boca del Río que, para efectos del presente resolutivo, serán identificados como ``el proyecto'' y ``la promovente'', respectivamente, y

Resultando:

I . Que el 18 de mayo de 2007 la promovente ingresó al Centro Integral de Servicios (CIS) de esta DGIRA el oficio SU-237/2007del 14 del mismo mes y año, mediante el cual presentó la MIA-P para su análisis y dictaminación en la materia, por la realización del proyecto, el cual quedó registrado con la clave 30VE2007T0010.

II. Que en cumplimiento de lo establecido en la fracción I del artículo 34 de la LGEEPA que dispone que la Semarnat publicará la solicitud de autorización en su Gaceta Ecológica y, en acatamiento a lo que define el artículo 37 del REIA, el 24 de mayo de 2007 la Semarnat publicó, a través de la separata número DGIRA/020/07 de su Gaceta Ecológica, y en la página electrónica de su portal www.semamat.gob.mx, el listado de ingresos de proyectos sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental durante el periodo del 17 al 23 de mayo de 2007, dentro de los cuales se incluyó la solicitud que presentó la promovente para que la DGIRA, en uso de sus atribuciones que le confiere el artículo 27 del Reglamento Interior de la Semarnat, diera inicio al procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto.

III. Que con base en lo dispuesto en los artículos 34, primer párrafo, y 35, primer párrafo, de la LGEEPA y 21 del REIA, esta DGIRA integró el expediente del proyecto el 31 de mayo de 2007, el cual puso a disposición del público en el Centro Documental, ubicado en avenida Revolución número 1425, planta baja, colonia Tlacopac, delegación Álvaro Obregón, México, Distrito Federal.

IV. Que el 6 de junio de 2007 esta DGIRA, en acatamiento a lo dispuesto en los artículos 33 de la LGEEPA; 25 de su Reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA); 53 y 55 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, notificó del ingreso del proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, a la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente del Gobierno de Veracruz, mediante el, oficio S.G.P.A./DGIRA/ DESEI/0820/07, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación con el proyecto, otorgándole un plazo de 15 días hábiles para emitir las observaciones correspondientes, ya que, de no ser así, se entendería que dicha instancia no tendría objeción alguna sobre la realización del proyecto.

V. Que el 18 de junio de 2007, esta DGIRA, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 53 y 54 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, así como en el 24, primer párrafo, del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA), solicitó, a través del oficio S.G.P.A./DGIRA/DESEI/0855/07, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) su opinión técnica sobre la congruencia del proyecto con respecto a las disposiciones establecidas en el decreto del área natural protegida con categoría de parque nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, fijando un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha de recepción del mismo, para que remitieran su opinión técnica; de no ser así, se entendería que la Conanp no tendría objeción alguna sobre la realización del proyecto.

VI. Que el 29 de junio de 2007, la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente del Gobierno de Veracruz ingresó a esta DGIRA el oficio número SGPA-312/2007, del 29 del mismo mes y año, mediante el cual manifestó sus observaciones respecto al proyecto, de las cuales destaca la siguiente:

La evaluación de impacto ambiental que se hace del proyecto es extremadamente general y poco descriptiva del efecto que generaría llevar a cabo las remodelaciones, construcciones y, en sí, la propia operación del proyecto; en la manifestación existen incongruencias, escasez de información y profanidad en el análisis.

VII. Que el 16 de julio de 2007, con base en lo estipulado en los artículos 35 Bis de la LGEEPA y 22 de su REIA, esta DGIRA solicitó a la promovente información adicional para el proyecto a través del oficio S.G.P.A.DGIRA.DESEI/0932/07, dado que la información presentada en la MIA-P no contenía la información mínima establecida en el artículo 30 de la LGEEPA, comunicándole además que se suspendía el plazo de evaluación del mismo hasta que ingresará la información requerida en tiempo y forma, indicándole que de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que transcurridos sesenta días sin recibir respuesta, se producirá la caducidad del procedimiento de evaluación en materia de impacto ambiental.

VIII. Que el 6 de agosto de 2007 ingresó a esta DGIRA el oficio número FOO.6-DRCEN.- 236/2007, fechado el 25 de julio del mismo año, con el cual la Conanp manifestó sus opiniones respecto al proyecto, en particular las observaciones realizadas por la Dirección del Parque Nacional, de las cuales destaca la siguiente:

IX. Que el 19 de septiembre de 2007 la promovente ingresó a esta DGIRA el oficio número SU-RP-408-2007, de fecha 18 del mismo mes y año, mediante el cual presentó la información adicional requerida para el proyecto.

X . Que el 1 de octubre de 2007 la promovente ingresó a esta DGIRA el oficio número SU- RP-413-2007, con fecha del 25 de septiembre de 2007, a través del cual presentó información complementaria para el proyecto, de la cual se destaca la copia del acta de minuta s/n del Consejo Asesor del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, celebrada el 19 de julio de 2007, en la cual se manifiesta que el proyecto denominado CECIS es viable ante ese consejo.

Observaciones de la DGIRA

Considerando

1. Generales

I. Que esta DGIRA es competente para revisar, evaluar y resolver a MIA-P del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, 5, fracciones II, X y XXI, 15, fracciones I, II, III y XII, 28, primer párrafo y fracciones IX, X y XI, 30, primer párrafo, 33, 35, párrafos primero, segundo, tercero y último y 51, segundo y tercer párrafos, de la LGEEPA; 2, 3, fracciones IX, XII, XIII, XIV y XVI, 4, fracciones I y VII, 5 inciso Q), primer párrafo, R), fracciones I y II, y S), primer párrafo; 9, 12, 17, 37, 38, 44 y 45 del REIA; 26 y 32 Bis, fracciones I, III y XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 2, fracción XIX, 19, fracciones XXIII, XXV y XXVIII, y 27, fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Semarnat, publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 21 de enero del 2003 y modificado el 22 de noviembre de 2004.

Conforme a lo anterior, esta autoridad evaluó el impacto ambiental derivado de la ejecución del proyecto presentado por la promovente bajo la consideración de que el mismo debe sujetarse a las disposiciones previstas en los preceptos transcritos, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 4, Párrafo cuarto, 25, párrafo sexto, y 27, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refieren al derecho que tiene toda persona a un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar; bajo los criterios de equidad social y productividad para que las empresas de los sectores social y privado usen en beneficio general los recursos productivos, cuidando su conservación y el ambiente y que se cumplan las disposiciones que se han emitido para regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de cuidar su conservación, el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida, en todo lo que se refiere a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

II . Que una vez Integrado el expediente de la MIA-P del proyecto, fue puesto a disposición del público conforme a lo indicado en el resultando III del presente resolutivo, con el fin de garantizar el derecho de la participación social dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, conforme a lo establecido en los artículos 34 de la LGEEPA y 40 de su REIA.

III . Que al momento de elaborar la presente resolución, esta DGIRA no ha recibido solicitudes de consulta pública, reunión de información, quejas o denuncias de algún miembro de la sociedad, dependencia de gobierno u organismo no gubernamental, referentes al proyecto.

2. Características del proyecto

IV. Que conforme a lo manifestado por la promovente en la MIA-P, el proyecto tiene el objetivo de reabrir al público la isla de Sacrificios para desarrollar actividades ecoturísticas y recreativas a través de recorridos temáticos programados dentro de las áreas e instalaciones existentes dentro de la isla. Para cumplir con el objetivo anterior, la promovente pretende llevar a cabo obras y actividades en la zona federal conocida como playa La Bamba, en el municipio de Boca del Río y en la isla de Sacrificios, tal como se menciona a continuación:

Playa La Bamba

Isla Sacrificios

3. Análisis jurídico y técnico de la información presentada para el proyecto

V. Que para el desarrollo del proyecto, la promovente requiere previamente la autorización en materia de impacto ambiental que emite esta secretaría, ya que éste se encuentra dentro de los supuestos de los artículos 28, primer párrafo y fracciones IX, X y XI, 30, primer párrafo, 35, párrafos primero, segundo, tercero y último, 51, segundo y tercer párrafos de la LGEEPA; 2, 4, fracciones IX, XII, XIII, XIV y XVI, 5 incisos Q), primer párrafo, R), fracciones I y II, y S) primer párrafo del REIA, por lo que en cumplimiento a lo anterior, la promovente solicitó ante esta DGIRA la autorización en materia de impacto ambiental, para lo cual sometió al procedimiento de evaluación de impacto ambiental (PEIA), la MIA-P del proyecto, tal como se mencionó en el resultando I del presente oficio.

VI. Que derivado del análisis realizado a la MIA-P presentada para el proyecto, esta DGIRA determina que el contenido de la misma no cumple con lo establecido en el artículo 30, primer párrafo, de la LGEEPA, el cual establece que para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta ley, los interesados deberán presentar a la secretaría una manifestación de impacto ambiental, la cual deberá contener, por lo menos, una descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas así como las medidas preventivas de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente; y el artículo 12, fracciones II, III, IV, V y VI del REIA, en los cuales se establece que la manifestación de impacto ambiental, en su modalidad particular deberá contener una descripción del proyecto, una vinculación con los ordenamientos jurídicos aplicables en la materia ambiental, una descripción del sistema ecológico y señalamiento de la problemática detectada en el área de influencia, así como la identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales y las respectivas medidas preventivas y de mitigación de los impactos ambientales.

Se considera que la promovente no cumplió con los artículos 30, primer párrafo, de la LGEEPA y 13, fracción II, del REIA con base en los siguientes argumentos:

En respuesta, la promovente presentó información adicional en la cual manifestó que:

La existencia de la fosa séptica no es cierta''; se cree que existe una por las pláticas sostenidas con el personal de la Armada de México... la existencia de la fosa es incierta pues no cuenta con registros de su construcción... por lo que es muy probable que sea un simple pozo de absorción, en el peor de los escenarios se piensa que este conectado a una tubería colocada en la década de los ochenta la cual descargaba de forma directa en la laguna arrecifal.

Finalmente, la promovente mencionó que ``la solución proyectada para los baños dentro del proyecto CECIS parte bajo el concepto de baños ecológicos, de los cuales hay varias marcas en el mercado con diferentes sistema y tratamientos...; se contempla para el proyecto el sistema comercial fosaplast, el cual esta diseñado con cajón de distintas capacidad según modelo; para el presente proyecto se contempla uno con capacidad de 300 usos diarios durante seis meses que es el tiempo aproximado de operación del proyecto por los patrones climáticos de norte en las costas veracruzanas.

No obstante lo anterior, se observó que tampoco en la información complementaria presentada para el proyecto se presentó una descripción de las características y condiciones del equipo que sería instalado para los baños; asimismo, la promovente omitió describir las obras y actividades requeridas para su instalación y operación, así como identificar y evaluar los posibles impactos generados por efecto de la realización de dichas obras y actividades durante las diferentes etapas de desarrollo del proyecto.

Lo anterior resulta relevante, ya que éste ha sido un punto de intereses para la Conanp y la Dirección del parque Nacional Marino, que se ha manifestado en las opiniones remitidas a esta DGIRA tanto para el procedimiento de evaluación del proyecto actual, como para el que fue ingresado con anterioridad, el cual fue negado con el oficio resolutivo S.G.P.A./DGIRA/DG/0261/07 del 7 de febrero del 2007, debido a las insuficiencias en la información.

Sin embargo, únicamente en la información adicional presentada la promovente se concretó a manifestar lo siguiente con referencia al muelle de ingreso (de ferrocemento): ``la embarcación no requiere de dársena para su maniobra de regreso; ésta se realiza a profundidades de más de 5 metros en el amplio talud del sotavento arrecifal, donde se encuentra alejado de las colonias de madreporas que se encuentran en buenas condiciones y lejos de la influencia de la navegación'', sin aclarar si durante la etapa de operación del proyecto se hará uso del muelle de servicio y si para utilización de este muelle se requerirá de la construcción y operación de una dársena, para lo cual debió haber especificado las características y condiciones de la misma. Le anterior resulta relevante ya que dichas obras o acciones pueden producir afectaciones directas o indirectas a las estructuras coralinas que integran el arrecife de la isla Sacrificios, lo cual no puede quedar a la interpretación de esta autoridad.

Se considera que la promovente no cumplió con el artículo 30, primer párrafo, de la LGEEPA y 13, fracción III, del REIA, con base en los siguientes argumentos:

A pesar de lo anterior, en la información adicional presentada para el proyecto se encontró que de nueva cuenta la promovente sólo se concretó a citar y transcribir los apartados de los instrumentos y ordenamiento jurídicos, sin realizar una vinculación de las obras y actividades del proyecto en sus diferentes etapas de desarrollo, con las disposiciones y especificaciones (en el caso de las normas) establecidas en cada uno de los instrumentos y ordenamientos jurídicos aplicables al proyecto. Por lo cual se considera que el proyecto no se ajusta a las disposiciones jurídicas ambientales que son aplicables; es decir, no se evidencia mediante un análisis sustentado en información técnica, que la promoverte cumpla con los instrumentos jurídicos aplicables.

Se considera que la promovente no cumplió con el artículo 30, primer párrafo, de la LGEEPA y 13, fracción IV, del REIA, con base en los siguientes argumentos:

Debido a lo anterior, esta DGIRA solicitó la información adicional a fin de que la promovente realizara una delimitación y descripción del sistema ambiental del área de estudio del proyecto basada en criterios técnicos y ecológicos que permitan determinar el grado de homogeneidad o heterogeneidad que presenta el sistema ambiental, así como su complejidad e interacciones entre los componentes que lo integran a fin de que lo anterior permitiera a la promovente establecer las interacciones existentes con el proyecto, así como la identificación y evaluación de la extensión, magnitud y temporalidad de los posibles impactos ambientales que las obras o actividades del proyecto pudieran generar.

No obstante lo anterior, esta DGIRA no encontró en la información adicional ni en la complementaria presentada para el proyecto, que la promovente hubiera realizado una delimitación del área de estudio, en la cual no sólo considerara las superficies requeridas para las obras del proyecto, sino que comprendiera una extensión que permitiera establecer la homogeneidad o heterogeneidad de los componentes bióticos y abióticos que integran el sistema ambiental involucrado con las obras y las actividades del proyecto, tanto en su porción continental como litoral e insular, permitiendo por otra parte establecer la dinámica de las interacciones mencionadas por la promovente y ubicarlas dentro de un tiempo y espacio determinado.

Lo anterior resulta relevante si se considera que los arrecifes coralinos son ecosistemas complejos y sensibles que manifiestan rangos de tolerancia reducidos, los cuales se ven influidos tanto por las condiciones del medio como por las interacciones ecológicas con los grupos florísticos y faunísticos que interactúan en este sitio (depredación, parasitismo, herbivoría, entre otros), las cuales determinan la composición y estructura de las comunidades arrecifales.

Asimismo, es importante señalar que para el caso de la evaluación de impacto ambiental resulta necesario contar con un sistema de referencia con límites espaciales que permitan determinar el ámbito de análisis de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas que pudieran ser afectados considerando el conjunto de elementos que los conforman, siendo esto relevante en virtud de que durante la evaluación de la MIA-P esta DGIRA debe considerar lo que establece el artículo 44 del REIA.

2 ) Por otra parte esta DGIRA encontró que en la información presentada para este capítulo la promovente manifestó que ``en diversas ocasiones la isla ha estado abierta al público con consecuencias catastróficas para la flora y la fauna, principalmente para el ecosistema marino del cual forma parte, motivo por el cual, atinadamente se optó por su cierre''; no obstante la promovente señaló que ``en el medio acuático circundante a la isla se observa la recuperación de las comunidades coralinas de esponjas y equinodermos, principalmente por ser especies sesiles y de baja movilidad'', presentando como apoyo de sus afirmaciones el anexo denominado Bandas Monitoreo de la Biodiversidad, en el cual se muestra gráficamente la riqueza y distribución de los corales, esponjas y equinodermos que existen dentro del arrecife de la isla Sacrificios.

Sin embargo, se observó que la promovente no presentó los argumentos o criterios utilizados para establecer sus conclusiones respecto al nivel de recuperación del arrecife así como de la distribución y abundancia de las comunidades sesiles que lo integran, principalmente de las especies coralinas, por lo cual esta DGIRA requirió a la promovente la presentación de información adicional en la cual presentaran los datos y análisis considerados para determinar y delimitar las denominadas ``zonas de alta abundancia'', y ``zonas de mediana abundancia'', haciendo énfasis en que era necesario en virtud de que el área del muelle de acceso (de ferrocemento) y el muelle de servicio se encuentran dentro de las zonas de ``alta abundancia'' de esponjas y corales, en donde pretende realizar acciones relacionadas con el proyecto, siendo las dársenas las más relevantes.

En respuesta a lo anterior, la promovente presentó información adicional, en la cual manifestó que ``la ubicación de las bandas de monitoreo de la biodiversidad (BMB) fueron determinadas con base en diferentes estudios realizados a partir de 1986 ( Pemex-Semar 1987)... así como una serie de observaciones sobre invertebrados en el periodo de 2001 a 2006 por parte del taller Caracterización de los arrecifes coralinos del parque nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, parte I, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, sin establecer cuáles fueron los datos (por ejemplo, el número de individuos por especie y superficie), o análisis (por ejemplo, índices de biodiversidad, índices de similitud) que fueron determinantes para delimitar y principalmente determinar las zonas de alta y mediana abundancia de corales y esponjas; únicamente la promovente se concretó a describir los aspectos principales de cada uno de los estudios considerados para las bandas de monitoreo de la biodiversidad mencionadas en la MIA-P. Asimismo, se observó que en la información complementaria presentada para el proyecto la promovente no hace ninguna mención sobre estos aspectos, requeridos; lo anterior resulta relevante, ya que la promovente en el apartado correspondiente de la MIA-P debió realizar un análisis enfocado a lo significante de los impactos ambientales sobre la zona denominada por la promovente como de ``alta abundancia''.

3) En cuanto a la presencia de especies con alguna categoría de protección conforme a la NOM-059-Semarnat-2001, esta DGIRA observo que en la MIA-P del proyecto, la promovente manifestó que ``en el PNSAV se tiene registro de cinco de las siete especies de tortugas marinas que existen México, estas son Caretta caretta (caguama), Chelonia mydas (verde) Lepidochelys kempi (lora), Eretmochelys imbricada (carey) y Dermochelys coriacea (laúd)''; asimismo, mencionó que ``en la isla Sacrificios año con año arriban a desovar tortugas en la porción sureste de la playa en la franja que se extiende desde su zona más al norte a la mitad de la isla, el área de anidación comprende una superficie de 3 mil 825metros cuadrados...'' Sin embargo, la promoverte no presentó información respecto a la distribución y rutas migratorias que manifiestan las especies de tortugas marinas dentro del parque marino nacional; no especificó el número y ubicación de los nidos que se encuentran en la isla ni los programas o acciones que se estuvieran llevando a cabo para la recuperación o conservación de las poblaciones de tortugas dentro del sistema arrecifal veracruzano, motivo por el cual se requirió a la promovente que presentara la información que permitiera subsanar las deficiencias señaladas.

No obstante lo anterior, en la información adicional presentada la promovente sólo manifestó que ``el Acuario de Veracruz, AC, en colaboración con el Tecnológico del Mar de Veracruz, la administración portuaria integral y el CEM, llevan a cabo acciones de protección y conservación de tortugas marinas en el Programa de Protección y Conservación de la Tortuga Carey Eretmochelys Imbricata en Isla Verde, Sacrificios, Enmedio y Salmedina, pertenecientes al Parque Marino Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV)... las actividades han tenido continuidad a partir de esa fecha, pero no se dispone de la información correspondiente''. Asimismo, mencionó que ``de las tres localidades la isla de Sacrificios es la que registró un mayor número. Respecto a los nidos protegidos, el total fue de 67 en las cuatro temporadas, siendo la isla de Sacrificios la de mayor número, con 18 nidos en 2003''.

Finalmente, la promovente señaló que ``la información es aún insuficiente para definir las áreas de arribazón y las condiciones que las determinan. Los sitios reportados se encuentran en la costa sureste de la isla, entre el balcón arrecifal y la zona al sur de la isla, donde el sedimento se vuelve más grueso''.

Tomando en cuenta lo anterior y que en la información complementaria presentada para el proyecto, se puede concluir que la promovente no cuenta con la información técnica y ecológica que le permita subsanar el requerimiento de esta DGIRA, y por lo tanto no le es posible establecer los atributos (distribución, abundancia) y condiciones que presentan las poblaciones de tortugas marinas presentes dentro del parque nacional marino Sistema Arrecifal Veracruzano, así como determinar si por las obras o actividades del proyecto podrían verse afectadas directa o indirectamente estas especies; por ejemplo, en la perturbación a sus sitios de anidamiento o bien en la alteración de sus conductas reproductivas, elementos que resultan de suma importancia dentro de la evaluación del impacto ambiental.

Se considera que la promovente no cumplió lo dispuesto en los artículos 30, primer párrafo, de la LGEEPA y 12, fracción V, del REIA, con base en los siguientes argumentos:

En respuesta la promovente se concretó a manifestar en la información adicional presentada que: ``la embarcación no requiere de dársena para su maniobra de regreso, esta se realiza a profundidades de más de 5 metros en el amplio talud del sotavento arrecifal donde se encuentra alejado de las Colonias de madreporas que se encuentran en buenas condiciones y lejos de la influencia de la navegación'', sin definir si hará uso del muelle de servicio y si para utilización de este muelle se requerirá de la construcción y operación de una dársena, para lo cual debió haber especificado las características y condiciones de ésta, así como identificar y evaluar los impactos ambientales que pudieran ser generados por efecto de la realización de esta acción, con lo cual se deja a la interpretación de esta autoridad la posible realización de dicha obra y la magnitud de los posibles efectos derivados de la misma.

No obstante, esta DGIRA observó que ni la información adicional, ni en la información complementaria ingresada por la promovente se presentó la información requerida, o bien una argumentación que justificara la omisión de dicha información.

A pesar de lo anterior, se observó que en la información adicional para el proyecto la promovente no presentó la requerida, solamente se apreció en la complementaria remitida para el proyecto que la realizó una descripción de las definiciones básicas sobre el carácter y los tipos de impactos que se manejan en la bibliografía del tema, asimismo presentó una sinopsis de las definiciones sobre los grados de impacto, que ya habían sido referidas en la MIA-P , por tanto esta DGIRA considera que el requerimiento hecho para este apartado no fue subsanado por la promovente, lo cual permite establecer que los criterios aplicados por la misma para caracterizar y evaluar la magnitud e intensidad de los impactos ambientales no resultan acordes con las características de los ecosistemas involucrados con el proyecto.

Se considera que la promovente no cumplió lo dispuesto en los artículos 30, primer párrafo, de la LGEEPA y 12, fracción VI, del REIA, con base en los siguientes argumentos:

Se considera que la promovente no cumplió lo dispuesto en el artículo 30, primer párrafo, de la LGEEPA y 12, fracción VII, del REIA, con base en los siguientes argumentos:

No obstante, se observó que en la información adicional del proyecto, la promovente no presentó la información adicional requerida para este capítulo, principalmente la referente a la propuesta del programa de monitoreo y vigilancia ambiental.

VII. De acuerdo con lo establecido en el artículo 44, fracciones I y II, del REIA, la secretaría por conducto de esta DGIRA, al evaluar las manifestaciones de impacto ambiental deberá considerar los posibles efectos de las obras o actividades a desarrollarse en el o los ecosistemas de que se trate, tomando en cuenta el conjunto de elementos que los conforman, y no únicamente los recursos que fuesen objeto de aprovechamiento o afectación, así como la utilización de los recursos naturales en forma que se respete la integridad funcional y las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos; sin embargo, con base en lo mencionado en el Considerando anterior, esta DGIRA determina que la información presentada en la MIA-P, en la información adicional y complementaria presentada para el proyecto, no proporcionó los elementos técnicos y ambientales elementales para que esta DGIRA estuviera en condiciones de cumplir a cabalidad lo establecido en el artículo 44 del REIA, a fin de poder establecer si por efecto de la realización del proyecto se afectará la integridad funcional y la capacidad de carga del sistema ambiental en donde se pretende desarrollar.

Con base en lo expuesto y con fundamento en lo que dispone el artículo 8, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación a que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario; con lo indicado en los artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que se citan a continuación:

Se deberá agregar también lo dispuesto en los artículos del Reglamento de le Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección el Ambiente en Metería de Evaluación del Impacto Ambiental que se citan a continuación:

Deberá también señalarse lo dispuesto en los artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:

Los artículos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo:

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales:

Artículo 19, fracciones XXIII, XXV, y XXVIII, que establecen y definen las facultades genéricas de los directores generales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; tendrán la facultad de suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y demás señalados por encomienda o les correspondan por suplencia.

Artículo 27, fracciones II y VII, donde se establece que esta DGIRA tiene la atribución de evaluar y resolver las manifestaciones de impacto ambiental de las obras y actividades competencia de la federación y expedir, cuando proceda, las autorizaciones para su realización así como emitir observaciones y recomendaciones sobre los estudios de riesgo ambiental que se incluyan, en su caso, en las manifestaciones de impacto ambiental.

Asimismo, con base en las disposiciones del decreto por el que se declara área natural protegida, con el carácter de parque nacional, la zona conocida como Sistema Arrecifal Veracruzano, ubicada frente a las costa de los municipios de Veracruz, Boca del Río y Alvarado del estado de Veracruz Llave, con superficie de 52,238-91-50 hectáreas, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de agosto de 1992 y en los criterios ecológicos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2002, que determina las especies, subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción y que establece especificaciones para su protección.

Por todo lo antes expuesto, con sustento en las disposiciones y ordenamientos invocados y dada su aplicación en este caso y para este proyecto, esta Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental,

Resuelve:

Primero. Negar la autorización solicitada para el proyecto Centro de Educación para la Conservación Isla Sacrificios promovido por el honorable ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, con base en lo mencionado en los considerandos V, VI y VII del presente oficio.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la promovente tiene a salvo sus derechos para ejercitar de nueva cuenta las acciones correspondientes para someter ante esta unidad administrativa el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes aplicables, y subsanando las deficiencias señaladas en el presente oficio.

Tercero. La promovente no podrá iniciar ningún tipo de obras o actividades del proyecto, en tanto no obtenga la autorización previa correspondiente, en materia de impacto ambiental de esta DGIRA.

Cuarto. Se hace del conocimiento de la promovente que conforme al artículo 3, fracción XV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 176 de la LGEEPA, que el recurso que procede es el de revisión, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de la notificación del presente.

Quinto. Notificar el contenido de la presente resolución a la delegación federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el estado de Veracruz.

Sexto. Notificar al arquitecto Ramón Pineda de la Rosa, en su carácter de sindico Único del honorable ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz, de la presente resolución, conforme a lo dispuesto en los artículos 35 y 36 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: De enterada. Remítase a las comisiones correspondientes y publíquese en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

MALEZAS ACUATICAS

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , diputada María del Carmen Salvatori Bronca .--- Presente.

En relación a su escrito número DGPL 60-II-3-789, en donde se comunica la aprobación del punto de acuerdo sobre el control de malezas acuáticas en la cuenca del río Lerma y principalmente en el lago de Chapala, y cuyo punto tercero resolutivo exhorta a la Semarnat por medio de esta Comisión Nacional del Agua, a detener y evitar en lo sucesivo en uso del herbicida tóxico glifosato para el control de malezas acuáticas en el lago de Chapala y demás cuerpos de agua que comprende la región hidrológica XII Lerma Santiago, atentamente me permito informarle lo siguiente:

Respecto a que esta Comisión Nacional del Agua detenga y evite en lo sucesivo el control químico en la región hidrológica Lerma Santiago, este organismo de cuenca enviará a las dependencias involucradas avisos para que se abstengan de utilizar el herbicida tóxico glifosato; sin embargo, me permito hacer de su conocimiento que este compuesto químico es el único que está autorizado por la Cicoplafest, para su uso en control de lirio acuático y tule en cuerpos de agua, con registro número RSCO-URB-HEDE-230-301-013 54, siendo este organismo quien ejerce un control sobre los compuestos químicos a aplicarse.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: De enterada. Remítase a las comisiones correspondientes y publíquese en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

ESTADO DE NAYARIT

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- México, DF.--- Presente.

Me refiero a su oficio número DGPL 60-II-1-811, de fecha 6 de septiembre de 2007, que fuera recibido en ésta a mi cargo, con fecha 19 de octubre del presente año, mediante el cual exhortan en su punto de acuerdo aprobado por el Pleno, para que se verifique el cumplimiento de las medidas impuestas en la autorización en materia de impacto ambiental para la ejecución del proyecto hidrológico La Yesca, en el estado de Nayarit, otorgada por la Semarnat a la Comisión Federal de electricidad, así como la presencia de por lo menos 21 especies de flora y fauna silvestre sujetas a alguna categoría de protección especial por la NOM-059-SEMARNAT-2001, con domicilio en, sin señalarlo.

Al respecto, hago de su conocimiento que personal de inspección y vigilancia adscrito a esta delegación realizó visita de inspección a la zona denunciada, en la que se circunstanciaron los siguientes hechos: con fecha 12 de junio del presente año, se realizaron visitas de inspección para verificar el resolutivo en materia de impacto ambiental número SGPA/DGIRA.DDT/1388.06, de fecha 10 de julio de 2006, y forestal por el cambio de uso de suelo de terrenos forestales, autorizado mediante oficio número SGPA/ DGGFS/712/1858/06, de fecha 19 de septiembre del citado año. Durante la actuación, no se detectó inicio de ninguna obra y/o actividad, por lo que no existen irregularidades. Igualmente le informo que en días pasados se dio a conocer en los medios periodísticos que la construcción del proyecto La Yesca, a través del concurso respectivo, fue otorgado a una empresa que ejercerá aproximadamente 786 millones de dólares, y que dicho proyecto generará 10 mil empleos.

Considerando lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y 32 de la Ley Federal Procedimiento Administrativo, esta delegación le concede un término de 10 días contados, a partir de la fecha de recepción del presente, a efecto de que haga llegar sus comentarios por escrito, apercibido de que en caso de no hacerlo, se dará por concluido el presente asunto.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: De enterada. Remítase a las comisiones correspondientes y publíquese en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Hago referencia a su similar D.G.P.L. 60-II-4-751, que dirige al presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, mediante el cual solicita se prepare el informe correspondiente a donativos recibidos y otorgados durante el Ejercicio Fiscal de 2006.

Sobre el particular, y con base en los términos solicitados, adjunto encontrará el informe que contiene los donativos otorgados y recibos en el Ejercicio Fiscal de 2006.

En este sentido, hago de su conocimiento que la información en comento, fue remitida el 15 de octubre próximo pasado al auditor especial de Planeación de Información de la Auditoría Superior de la Federación, instancia encargada de turnarla a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: De enterada. Remítase a las comisiones correspondientes y publíquense en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Diputados Secretarios de la Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Adjunto me permito reemitir a esa H. Cámara, Oficio CJ/183/07, signado por el Lic. Alfonso José Castillo Machuca, Secretario General de Gobierno, en atención a su similar D. G. P. L.60-II-3-959, relativo al Expediente No. 3426, mediante el cual gira respetuoso exhorto al Gobernador Constitucional, C. P. Marcelo de los Santo Fraga, a fin de que realice las acciones relativas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres.

Hago propicia la ocasión para enviarles un cordial saludo, y les reitero la seguridad de mi consideración y respeto.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Ejecutivo del Estado.--- San Luis Potosí.

Diputados Secretarios de la Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

El suscrito, licenciado Alfonso José Castillo Machuca, Secretario General de Gobierno, en atención a su Oficio D.G.P.L. 60-II-3-959, relativo al Expediente No. 3426, por instrucciones del C. Gobernador del Estado de San Luis Potosí C.P. Marcelo de los Santos Fraga'' a quien esa H. Cámara de Diputados gira respetuoso exhorto a fin de que realice las acciones relativas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, me permito hacer del conocimiento de esa H. Asamblea Legislativa lo siguiente:

Sin otro particular, les reiteramos las seguridades de nuestra consideración y respeto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: De enterada. Remítase a las comisiones correspondientes y publíquese en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

COMISIONES LEGISLATIVAS

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados. Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Emilio Gamboa Patrón , coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, quedo de usted.

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado. Comuníquese. Continúe, por favor.

ESTADO DE NUEVO LEON

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que exhorta a los diputados locales del Congreso de Nuevo León a realizar un análisis minucioso de la iniciativa de Ley de Familia para el estado de Nuevo León

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo decimocuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que remite a este órgano de gobierno el diputado federal Gustavo Fernando Caballero Camargo , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los diputados locales integrantes de la LXXI Legislatura del Congreso del estado de Nuevo León, promoventes de la iniciativa de Ley de Familia para el estado de Nuevo León, a realizar un análisis minucioso acorde a la realidad actual, en aras de que se impida la aprobación de normas que pudieran ser violatorias a los derechos constitucionales de los neoleoneses.

«Diputada federal Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo a fin de que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión manifiesta un extrañamiento a los diputados integrantes del grupo legislativo del Partido Acción Nacional de la LXXI Legislatura al Congreso del estado de Nuevo León, promoventes de la iniciativa de Ley de Familia para el estado de Nuevo León, basado en las siguientes

Consideraciones

En fecha 7 de noviembre de 2007, diputados integrantes del grupo legislativo del PAN en el Congreso del estado de Nuevo León por la LXXI Legislatura presentaron en sesión ordinaria, iniciativa de Ley de Familia para el estado de Nuevo León.

Misma que pretende ir más allá de la constitucionalidad que deben contener nuestras leyes, que desde su visión conservadora, excluye a diversos grupos que integran la sociedad sobrepasando lo promulgado en las garantías individuales.

La iniciativa en comento no sólo muestra fallas de redacción y de conceptualización, sino atenta y lesiona los derechos humanos de los ciudadanos, iniciando con pretender establecer un concepto de familia sin considerar que en la actualidad existen una diversidad de agrupaciones que pueden estimarse como familias, que no pueden enfrascarse en un concepto tradicional como lo es el de una ``institución de carácter natural reconocida por la ley, integrada por el grupo de personas que se encuentran vinculada por alguna relación de parentesco en términos del Código Civil del estado de Nuevo León''.

Dejando fuera de esta percepción al propio matrimonio, ya que es un contrato y no existe entre los cónyuges algún parentesco consanguíneo, civil o de afinidad, como lo señala el precepto mencionado.

Aunado a lo anterior, se comete el grave error de no concebir a la familia sin la unión de padre y madre, excluyendo a las madres solteras y negándoles el derecho de decisión sobre la educación que reciban sus hijos, al considerar la iniciativa que los ``padres'' son quienes conservan el derecho único y responsabilidad de educación de los menores, entendiendo el concepto de ``padres'' como ``matrimonio''.

Es aberrante e inconcebible que a las madres ``solas'' no se les brinde el lugar que les pertenece como base de familia, a sabiendas que existe un gran porcentaje de hogares encabezados por mujeres solas, quienes se han esforzado para mantener integrada a su ``familia'' y sacarla adelante sin el apoyo de un hombre.

Además, con la iniciativa presentada, no sólo se excluyen las relaciones de madres solteras con sus hijos sino también las paterno-filiales.

Adicional a esto, se pretende imponer una estructura familiar rígida y ultra conservadora fuera del ámbito real y actual, que representa un retroceso a un esquema ya superado al pretender imponer nuevamente con su definición de ``institución de carácter natural'' un concepto desaparecido como lo es el de hijos naturales; no olvidemos algo, todos somos iguales ante la ley sin distinción alguna.

En este tenor de ideas, cabe destacar que la iniciativa en comento violenta una serie de artículos constitucionales y establecidos como garantías individuales, iniciando con el máximo precepto señalado en el artículo 10 de nuestra Carta Magna, el cual a la letra dice ``queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas'', toda vez que en la iniciativa de ley citada anteriormente se quebrantan los derechos de personas que tienen relaciones del mismo sexo, madres solteras, hijos fuera del matrimonio, sólo por señalar algunos casos.

Adicionalmente transgrede lo estipulado en el artículo 4 de nuestra máxima ley, que refiere que ``toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos'', acotando el documento multicitado, dicha disposición, a solamente a ``los cónyuges quienes lo decidirán de manera conjunta''.

Aunado a lo anterior, invade lo plasmado en el artículo 6 constitucional al tratar de imponer de forma irresponsable obligaciones a los medios de comunicación y electrónicos, respecto de su programación y contenido, constituyendo un intento de censura de la libertad de expresión.

Resulta además ofensivo traspasar el derecho del libre albedrío al intentar precisar elementos rectores de convivencia, incluyendo aspectos religiosos y espirituales, sin considerar que ello resulta violatorio al artículo 24 de la Constitución política federal, que estipula que ``todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley'', limitando este derecho con la iniciativa de diputados locales panistas, al establecer que los integrantes de una familia tendrán presentes las convicciones morales, religiosas, tradiciones y costumbres de los padres, bastante conservadora y moralista dicha disposición.

Sin ser lo descrito suficiente, es de recalcar que se vulnera un tratado internacional signado por México como lo es la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos, al pretender trasladar a la familia, el interés superior y prioritario otorgado en dicha Convención al niño.

Es evidente además que los legisladores promoventes de la iniciativa, incurren en graves faltas de conocimiento legislativo al proponer una ley reiterativa, que pretende reglamentar preceptos que constitucional y orgánicamente ya existen en la legislación local y federal como lo son en las áreas de salud, desarrollo social, trabajo y educación, invadiendo y afectando atribuciones de dependencias ya establecidas legalmente.

Igualmente se invade la esfera de atribuciones y autonomía de los municipios, consagrada en el artículo 115 constitucional, al interferir en el control que los municipios posean sobre bares, discotecas y centros nocturnos.

Asimismo, el documento de referencia indica que se pretende crear un nuevo organismo, el Instituto Estatal de Política Familiar, mismo al cual se le arrogan atribuciones que ya corresponden y realiza el sistema DIF estatal, y que son las mismas que llevan a cabo por la misma dependencia a nivel nacional.

Ahora bien, la sociedad cree, conoce y reconoce las instituciones ya existentes por años. Es inadmisible que por una iniciativa mal fundada y con tintes populistas se vulnere e invada la esfera de atribuciones de una dependencia que tanto ha brindado apoyo a los mexicanos, y que sólo pretende a través de sus programas, lo único, el desarrollo de las personas y el mejoramiento de la calidad de vida de las familias, coartando su espacio de facultades por un nuevo Instituto creado sin la valoración y aprobación de la sociedad.

De todo lo anteriormente descrito, se concluye que la iniciativa de ley presentada por diputados locales panistas de Nuevo León contiene un sinnúmero de fallas, contradicciones jurídicas y ambigüedades que, tratándose de un tema tan delicado, como lo es la familia, debe ser analizado y razonado en el tiempo que sea necesario y ajustarse a los tiempos actuales.

No podemos permitir que se pisoteen y sobrepasen los derechos primordiales de los ciudadanos, por una propuesta de iniciativa excluyente, discriminatoria, inoperante y con falta de pluralidad, misma que no representa más que a un grupo moralista y conservador político, que no tiene una verdadera visión ciudadana y con la que se pretende popularizar con un tema de gran importancia para los mexicanos como lo es la familia.

No nos cerremos entre colores tradicionalistas y conservadores, mejor seamos receptores de las verdaderas necesidades de la sociedad mexicana y ocupémonos de realizar una verdadera y adecuada legislación, que es nuestro trabajo y responsabilidad última fundada y motivada en beneficio de los mexicanos.

En mérito de lo anteriormente expuesto, nos permitimos solicitar a esta honorable asamblea la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se emite un extrañamiento a los diputados promoventes de la iniciativa de Ley de Familia para el estado de Nuevo León, integrantes del grupo legislativo del Partido Acción Nacional por la LXXI Legislatura del Congreso del estado de Nuevo León, por ser inconstitucional y lesiva a las garantías individuales.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los diputados integrantes de la LXXI Legislatura al Congreso del estado de Nuevo León a realizar el análisis minucioso de la iniciativa de ley de la familia para el estado de Nuevo León acorde a la realidad actual, en aras de que se impida la aprobación de normas violatoria a los derechos constitucionales de los mexicanos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado. Comuníquese.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento solicitado por el diputado Javier González Garza , coordinador del Grupo Parlamentario del PRD:

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: De enterado.

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Por este conducto me dirijo a usted para solicitarle atentamente, sea retirada y eliminada de los registros parlamentarios, la iniciativa que reforma el artículo 60 Ter de la Ley General de Vida Silvestre, signada por la suscrita y turnada por esta Mesa Directiva a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en sesión del pleno de estas Cámara de Diputados celebrada el pasado jueves 6 de diciembre de 2007. Ello en virtud de que se pretende revalorar los alcances y contenido de la propuesta.

Lo anterior para los efectos legales procedentes.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Por error se turnó la iniciativa en cuestión a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esta Presidencia instruye retirar de todos los registros parlamentarios el asunto en comento.

ESTADO DE TABASCO

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a informar sobre la entrega y aplicación de las aportaciones recabadas en los diversos bancos del sistema financiero nacional para apoyar a los damnificados de Tabasco

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que remite a este órgano de gobierno el diputado federal Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión invita y exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con la finalidad de que informe sobre la entrega y aplicación de las aportaciones recabadas en los diversos bancos del sistema financiero nacional para apoyar a los damnificados de Tabasco.

«Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que se agilice la entrega de recursos provenientes de las aportaciones destinadas a los damnificados de Tabasco

El suscrito, diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante , de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Con motivo de las inundaciones ocurridas en Tabasco y Chiapas, 15 bancos integrantes de la Asociación de Bancos de México abrieron cuentas para recibir donativos y aportaciones de empresas y personas para ayudar a los damnificados de estas entidades federativas.

2. La Asociación de Bancos de México informó en un comunicado de fecha 5 de diciembre del presente año que los recursos aportados para los damnificados de Tabasco y Chiapas son 262 millones 866 mil 86 pesos con 24 centavos, en los cuales se incluyen los donativos recibidos por la sociedad civil y de los propios bancos, así como de los intereses que éstos han generado.

3. También en dicho comunicado, la Asociación de Bancos de México informa que lo recaudado por donativos para Tabasco y Chiapas es como sigue:

4. El artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señala que la ``la comisión tendrá por objeto supervisar y regular, en el ámbito de su competencia, las entidades financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección de los intereses del público.

La normatividad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le da facultades para que se agilice la entrega de las aportaciones de la sociedad civil y de los propios bancos a Tabasco.

5. La Secretaría de Relaciones Exteriores es la responsable del vínculo internacional del gobierno mexicano, por lo que las aportaciones para los damnificados de Tabasco y Chiapas que provienen del exterior se canalizan por su conducto. Por tal motivo, ante la declaración de gobiernos de otros países de sus aportaciones, es urgente que la secretaría agilice la entrega de dichos recursos al gobierno de Tabasco.

6. Ante la urgencia de atender las necesidades que sufre el pueblo tabasqueño como consecuencia de las pasadas inundaciones, es de vital importancia que se agilice la entrega de recursos a Tabasco que tanto bancos como empresas y ciudadanos aportaron para esta noble causa.

7. La sociedad mexicana concurrió con solidaridad para atender con presteza la urgencia del pueblo tabasqueño ante las graves necesidades causadas por las intensas lluvias, por lo que no hay razón para que los donativos recibidos en el sistema bancario que realizó la sociedad civil se vean rezagados y, por tanto, no se atiendan la voluntad y la aspiración de los aportantes.

Derivado de las consideraciones anteriores, se propone al Pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que por su intermediación se agilice la entrega de las aportaciones recabadas en los diversos bancos del sistema financiero de nuestro país para apoyar a los damnificados de Tabasco.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que las aportaciones de particulares y de gobiernos extranjeros se entreguen con prontitud a Tabasco para el apoyo de los damnificados por las inundaciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Aprobado. Comuníquese.

ESTADO DE TLAXCALA

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número DGPL 60-II-3-809 signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Jacinto Gómez Pasillas , Presidenta y secretario, respectivamente, de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número DRCEN/359/07 suscrito por el ciudadano Guillermo Ramírez Filippini, director regional Centro y Eje Neovolcánico de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio de ese cuerpo colegiado.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Presente.

Por medio de la presente y en respuesta a la boleta de gestión número OR/074204-02 y documento SEL/300/ 3702/07, en el que indica el exhorto a los titulares de todas las dependencias del gobierno federal a que tomen las medidas necesarias para que el estado de Tlaxcala pueda acceder a mismos programas, proyectos, planes de desarrollo y asignaciones de recursos, que los estados de la región sur-sureste de nuestro país.

En razón de lo anterior y derivado del resultado del Programa de Empleo Temporal (PET), el Programa de Desarrollo Regional Sustentable (Proders) y el Programa Operativo Anual (POA) 2007, que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tiene con recursos fiscales, le informo que el Parque Nacional Malinche, parte Tlaxcala, tiene asignados los siguientes recursos:

Programa de Empleo Temporal, recurso autorizado 432 mil 967 pesos donde se beneficio a través de 7 proyectos a 3 municipios y 6 comunidades, realizando brechas corta-fuego, manejo forestal con brechas corta-fuego, construcción de zanjas y bordos a nivel de terrazas y sendero interpretativo.

Programa de Desarrollo Regional Sustentable, su recurso autorizado para este año fue de 870 mil pesos, beneficiándose con 30 proyectos a 9 municipios y 21 comunidades. Las obras fueron reconstrucción de zanjas bordo, desazolve de zanja y bordos, recuperación de la vocación natural con aclareos de árboles, mantenimiento y establecimiento de plantas medicinales, y finalmente riego de auxilio.

Programa operativo anual, en sus gastos de operación tiene un recurso autorizado de 688 mil 950 pesos.

Asimismo le comento que año con año el Parque Nacional Malinche ha sido favorecido por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Sin otro particular por el momento, quedo de usted, no sin antes aprovechar la ocasión para enviarle un cordial saludo.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento, y publíquese en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

PEMEX

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número DGPL 60-II-2-878 signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Jacinto Gómez Pasillas , Presidenta y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número SPEDT/200.651 signado por el licenciado Jordy Herrera Flores, subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio de ese cuerpo colegiado.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me permito hacer referencia a su atento oficio SEL/300/3592/07, por medio de la cual remiten punto de acuerdo en donde se exhorta a Petróleos Mexicanos para que entregue en tiempo, y directamente a las autoridades encargadas de ejecutar los programas y mejoras al medio ambiente derivados del Proyecto Integral Burgos de los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila de Zaragoza, los recursos que correspondan al ejercicio fiscal de 2007, evitando de esta manera la creación de organismos o fideicomisos que entorpezcan la asignación de estos recursos y su efectiva aplicación. Asimismo, se pide remitir todos y cada uno de los documentos que acrediten la aplicación de los recursos presupuestados en el ejercicio fiscal de 2006, para programas y mejoras al medio ambiente derivados del Proyecto Integral Burgos de los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila de Zaragoza.

Al respecto, adjunto al presente sírvase encontrar la información de Petróleos Mexicanos con relación a dicho punto de acuerdo.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

« Pemex.

Licenciado Jordy Hernán Herrera Flores, subsecretario de la Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico.--- Presente.

Le remito respuesta al oficio número DGPL 60II-2-879 por el que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados hace del conocimiento de Petróleos Mexicanos la aprobación del punto de acuerdo mediante el que se exhorta a Petróleos Mexicanos para que 1. Entregue en tiempo y directamente a las autoridades encargadas de ejecutar los programas y mejoras al medio ambiente derivados del Proyecto Integral Burgos de los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila de Zaragoza, los recursos que correspondan al ejercicio fiscal de 2007, evitando de esta manera la creación de organismos o fideicomisos que entorpezcan la asignación de estos recursos y su efectiva aplicación; 2. Remita a esta soberanía todos y cada uno de los documentos que acreditan la aplicación de los recursos presupuestados en el ejercicio fiscal 2006, para programas y mejoras al medio ambiente derivados del Proyecto Integral Burgos para los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila de Zaragoza.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

« Pemex.

Licenciada Elva Cristina Pelayo Cárdenas, Coordinadora Interinstitucional de la Dirección General de Petróleos Mexicanos.--- Presente.

Por medio del presente, me permito remitirle la opinión sobre el punto de acuerdo para exhortar a Pemex a que entregue el informe sobre los recursos que fueron otorgados en el ejercicio fiscal de 2006 para el estado de Nuevo León, así como la autoridad correspondiente del estado de Tamaulipas, los recursos para programas y mejoras al medio ambiente derivados del proyecto Burgos, lo anterior para los efectos conducentes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

«Honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

Respecto al punto de acuerdo por el cual se exhorta a Petróleos Mexicanos a que entregue en tiempo, y directamente a las autoridades encargadas de ejecutar los programas y mejoras al medio ambiente derivados del Proyecto Integral Burgos de los estados de Nuevo león, Tamaulipas y Coahuila, los recursos que correspondan al ejercicio fiscal 2007, evitando de esta manera la creación de organismos o fideicomisos que entorpezcan la asignación de estos recursos y su efectiva aplicación; así como remitir todos y cada uno de los documentos que acrediten la aplicación de los recursos presupuestados en el ejercicio fiscal 2006, para programas y mejoras al medio ambiente derivados del Proyecto Integral Burgos para los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, se informa lo siguiente:

Primero. En relación a la entrega en tiempo y directa de recursos que correspondan al ejercicio fiscal 2007 a las autoridades encargadas de ejecutar los programas y mejoras al medio ambiente derivados del Proyecto Integral Burgos de los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, se comenta que:

Pemex Exploración y Producción (PEP), dentro de su presupuesto para el ejercicio fiscal 2007, no cuenta con recursos asignados para que sean entregados a las autoridades ambientales de tos estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, por lo que no puede llevarse a cabo una entrega, en tiempo y directa, de recursos a las autoridades de dichas entidades federativas, para ejecutar programas y mejoras al medio ambiente, y mucho menos que se encuentren relacionados con el Proyecto Integral Burgos.

Pero es caso que Pemex Exploración y Producción, dentro de su presupuesto para el ejercicio fiscal 2007, tiene destinados 183 millones de pesos para el Programa Operacional de Ecología del Activo Integral Burgos, los cuales serán ejercidos dentro de los siguientes rubros:

Es importante mencionar que los recursos antes mencionados pertenecen al Programa Operativo Anual de Trabajo del Activo Integral Burgos de Pemex Exploración y Producción, utilizados en obras y servicios, los cuales para que puedan ser ejercidos, tiene que ser por medio del procedimiento de licitación correspondiente y con apego a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, o en su caso, en Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, y Servicios del Sector Público, por ende no es posible que sean entregados, de manera directa, a los estados de Nuevo león, Tamaulipas y Coahuila.

Segundo. Por lo que respecta a la documentación e información relativa a la aplicación de los recursos presupuestales en el ejercicio 2006, para programas y mejoras al medio ambiente derivados del Proyecto Integral Burgos para los estados de Tamaulipas, Nuevo león y Coahuila, se informa que:

Se reitera que Pemex Exploración y Producción tiene previstos programas operacionales en materia de medio ambiente, que elabora cada año, en atención a las obligaciones de cumplimiento de las disposiciones sobre medio ambiente, pero no cuenta con una partida presupuestal para que sea entregada a las entidades federativas y la ejerzan sus autoridades ambientales.

Ahora bien, en el ejercicio fiscal 2006, para programas y mejoras al medio ambiente derivados del Proyecto Integral Burgos en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, se señala que se ejercieron 160 millones de pesos, los cuales fueron destinados y distribuidos en la forma siguiente:

Activo Integral Burgos

Inversión Ecológica 2006

Sistemas de inyección de agua congénita: 69 MM$

Acreditación ambiental: 40 MM$

Saneamiento y restauración de áreas: 15 MM$

Estudios de impacto ambiental: 14 MM$

Trámites y licencias ambientales: 9 MM$

Disposición de residuos: 7 MM$

Análisis de suelo y agua: 4 MM$

Reforestación en instalaciones: 1 MM$

Monitoreo ambiental: 1 MM$

Total: 160 MM$

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento, y publíquense en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

ESTADO DE NAYARIT

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En alcance a mi oficio número SEL/300/3919/07, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, el original del similar número PFPA/DGDAQ/RN/196.2/2107/07 suscrito por el ciudadano Jacinto Antonio Díaz Muñoz, director general de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en formato impreso y medio magnético, mediante los cuales complementa la respuesta al punto de acuerdo relativo al Proyecto Hidrológico La Yesca.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Diputados Ruth Zavaleta Salgado y Jacinto Gómez Pasillas , Presidenta y Secretario de la Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso.--- Presentes

Agradezco a ustedes a nombre del ciudadano procurador federal de Protección al Ambiente, ingeniero Ignacio Loyola Vera, haber dado a conocer los hechos contenidos en su oficio número DGPL 60-II-1-811, de fecha 6 de septiembre de 2007, dirigido al secretario de Gobernación, recibido en esta Dirección General el 5 de octubre del año en curso, mediante el cual exhortan en su punto de acuerdo aprobado por el Pleno, para que se verifique el cumplimiento de las medidas impuestas en la autorización en materia de impacto ambiental que le fue otorgada por la Semarnat a la Comisión Federal de Electricidad, para la ejecución del Proyecto Hidrológico La Yesca, en el estado de Nayarit, así como la presencia de por lo menos 21 especies de flora y fauna silvestre sujetas a alguna categoría de protección especial por la NOM-059-SEMARNAT-2001.

Al respecto, hago de su conocimiento que mediante oficio número PFPA/DGDAQ/RN/196.2/2106/07, de fecha 17 de octubre de 2007, su petición fue enviada a la delegación de esta procuraduría en el estado de Nayarit, ubicada en Herrera y Oaxaca s/n, colonia Centro, CP 63000, Tepic, Nayarit; teléfonos (01-311 )214-35-91 y 21033-88. Dicha representación deberá informar a ustedes sobre las actuaciones y trámites respecto del asunto de referencia.

Además, ustedes tendrán siempre la opción de acudir a esta Dirección General para expresar cualquier comentario o duda, dirigiéndose a Camino al Ajusco 200, quinto piso, ala norte, colonia Jardines en la Montaña, CP 14210, delegación Tlalpan, de esta ciudad; teléfonos 2615-2072, 5449-6300, extensión 16315, 01800 PROFEPA (7763-372), a nuestro correo denuncias@correo.profepa.gob.mx, o bien a la página de la institución: www.profepa.gob.mx, en donde encontrarán el formato para la presentación de denuncias ambientales.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento, y publíquese en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

MALEZA ACUATICA

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En alcance a mi oficio número SEL/300/3920/07, con el presente les acompaño para los fines procedentes, el original del similar número PFPA/DGDAQ/RN/196.2/2104/07 suscrito por el ciudadano Jacinto Antonio Díaz Muñoz, director general de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en formato impreso y medio magnético, mediante los cuales complementa la respuesta al punto de acuerdo relativo al Programa de Control Integral de la Maleza Acuática en el Lago de Chapala.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Hago de su conocimiento que con fecha 3 de octubre de 2007, se recibió en esta Dirección General, oficio número 16/QD-1204/2007, expediente PDE-140/07, de fecha 1 de octubre del año en curso, suscrito por el ciudadano Marcos Joel Perea Arellano, titular del área de quejas del órgano interno de control en la Semarnat, mediante el cual anexa copia del oficio número DGPL 60-II-3-789, de fecha 6 de septiembre de 2007, dirigido al secretario de Gobernación por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y María del Carmen Salvatori Bronca , Presidenta y secretaria de la Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, referente al punto de acuerdo en el que se exhorta para que se evalúe la forma por la cual se resolvió la manifestación de impacto ambiental en su modalidad regional denominada Programa de Control Integral de Maleza Acuática en el Lago de Chapala, y se verifique el cumplimiento de las condicionantes de la autorización en materia de impacto ambiental.

Al respecto, le informo que mediante oficio número PFPA/DGDAQ/RN/196.2/2103/07, de fecha 17 de octubre de 2007, dicha denuncia fue turnada a la delegación de esta procuraduría en el estado de Jalisco. Dicha representación deberá investigar los hechos denunciados e informar a esta Dirección General, respecto de las actuaciones realizadas por esa delegación en el asunto de referencia.

Asimismo, me permito acompañar al presente, mi similar número PFPA/DGDAQ/RN/196.2/21 04/07, de misma fecha girado por ésta a mi cargo, mediante el cual se hace del conocimiento de las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y María del Carmen Salvatori Bronca , las acciones realizadas por esta procuraduría en la atención de su petición, con la atenta súplica para que, de no existir inconveniente legal alguno, se sirva girar instrucciones para hacerlo llegar al destinatario.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Diputadas Ruth Zavaleta Salgado y María del Carmen Salvatori Bronca ,Presidenta y Secretaría de la Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso.--- Avenida Congreso de la Unión 66, Edificio F, Tercer Piso, Colonia El Parque, delegación Venustiano Carranza, CP 15969, Distrito Federal.--- Presentes.

Agradezco a ustedes a nombre del procurador federal de Protección al Ambiente, ingeniero Ignacio Loyola Vera, haber dado a conocer los hechos contenidos en su oficio número DGPL 60-II-3-789, de fecha 6 de septiembre de 2007, dirigido al secretario de Gobernación, recibido en esta Dirección General el 3 de octubre del año en curso, mediante el cual exhortan en su punto de acuerdo aprobado por el Pleno, para que se evalúe la forma por la cual se resolvió la manifestación de impacto ambiental en su modalidad regional denominada Programa de Control Integral de Maleza Acuática en el Lago de Chapala, y se verifique el cumplimiento de las condicionantes de la autorización en materia de impacto ambiental.

Al respecto, hago de su conocimiento que mediante oficio número PFPA/DGDAQ/RN/196.2/21 03/07, de fecha 17 de octubre de 2007, su petición fue enviada a la delegación de esta procuraduría en el estado de Jalisco, ubicada en la calle de Topacio 2525, colonia Residencial Victoria, CP 44530, Guadalajara, Jalisco; teléfonos (01-333)6-23-13-20 y 6-23-25-67. Dicha representación deberá informar a ustedes sobre las actuaciones y trámites respecto del asunto de referencia.

Además, ustedes tendrán siempre la opción de acudir a esta Dirección General para expresar cualquier comentario o duda, dirigiéndose a Camino al Ajusco 200, quinto piso, ala norte, colonia Jardines en la Montaña, CP 14210, delegación Tlalpan, de esta ciudad; teléfonos 2615-2072, 5449-6300, extensión 16315, 01800 PROFEPA (7763-372), a nuestro correo denuncias@correo.profepa.gob.mx, o bien a la página de la institución: www.profepa.gob.mx, en donde encontrarán el formato para la presentación de denuncias ambientales.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento, y publíquense en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

SECRETARIA DE SALUD

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-1-807, signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y Patricia Villanueva Abraján , Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 170 / UCVPS / DGAVS / 0014211 / 2007, signado por la ciudadana María de los Ángeles Fromow Rangel, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio de ese cuerpo colegiado.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Salud.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/300/3540/07, relacionado con el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a emitir el reglamento en materia de tatuajes, micropigmentaciones y perforación, que presentaron los diputados Ector Jaime Ramírez Barba y Margarita Arenas Guzmán , del Grupo Parlamentario del PAN, el 28 de marzo del año en curso.

Al respecto, me permito acompañar el oficio número 102/DG/4785, suscrito por el licenciado Bernardo Fernández del Castillo, director general de Asuntos Jurídicos, agradeciendo su valiosa intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo, para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Salud.

Doctor Lucio Galileo Lastra Marín, responsable de la Dirección General Adjunta de Vinculación Social, Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social.--- Presente.

Hago referencia a su oficio número 170 / UCVPS / DGAVPS / 936 / 2007, mediante el cual solicita a esta unidad administrativa que se le informe respecto al estado que guarda la elaboración del reglamento en materia de tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones.

En relación con lo anterior, se han llevado a cabo diversas reuniones con las áreas técnicas de esta secretaría, así como con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, a efecto de determinar las opciones viables que, desde el punto de vista jurídico, permitan dar cumplimiento al artículo segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2006.

De igual manera, es importante resaltar que el hecho de que no haya un organismo o institución que avale el entrenamiento de las personas que ofrecen los servicios de tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones dificulta establecer una reglamentación que imponga requisitos para dichos prestadores de servicios que puedan ser objetivamente verificables.

Con independencia de lo anterior, esta secretaría ya cuenta con un anteproyecto de decreto de modificación del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, que es revisado por las áreas técnicas de esta secretaría. En breve, dicho anteproyecto será remitido a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para consulta pública, el cual estamos en la mejor disposición de comentar con los legisladores interesados.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento, y publíquense en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

SECRETARIA DE SALUD

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número DGPL 60-11-2-872 signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y María Eugenia Jiménez Valenzuela , Presidenta y secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/001418/2007 signado por la ciudadana María de los Ángeles Fromow Rangel, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio de ese cuerpo colegiado.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Salud.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero al punto de acuerdo presentado por el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del PRD, el 28 de marzo del año en curso, por el que se exhorta al titular del ramo a diseñar y aplicar un programa emergente en todo el país, principalmente en las poblaciones de los municipios con mayor índice de pobreza y marginación social, para incrementar las medidas sanitarias y servicios de salud para prevenir y controlar la tuberculosis.

Al respecto, me permito acompañar oficio CENAVECE/ DG/3413/07, suscrito por el doctor Pablo Kuri Morales, director general del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, agradeciendo su valiosa intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Salud.

Doctor Lucio Galileo Lastra Marín, responsable de la Dirección General Adjunta de Vinculación y Participación Social.--- Presente.

El Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis se fundamenta en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que establece una estrategia clara y viable para avanzar en la transformación de México sobre bases sólidas, realistas y, sobre todo, responsables. Cuya finalidad es lograr el desarrollo humano y el bienestar de los mexicanos a través de la igualdad de oportunidades hacia un desarrollo económico y social sustentable.

El propósito es abatir los rezagos en la atención a la salud de la población en condiciones de pobreza, así como prevenir las enfermedades y superar los principales obstáculos para una vida sana, con acciones dirigidas a los lugares donde más se necesitan; para lograrlo, la estrategia se basa en promover la salud, la prevención de enfermedades asociadas al rezago social que persisten en la sociedad, con fundamento en la Ley General de Salud que reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. constitucional.

Con fecha 2 de septiembre de 2004, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA2-1993, para la prevención y control de la tuberculosis en la atención primaria a la salud, cuya observancia de cumplimiento corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias, en dicho documento se establecen y unifican los criterios que permiten implantar los procedimientos y lineamientos para la prevención y control, siendo así de observación obligatoria para todo el personal de salud público, social y privado en las unidades de atención médica del Sistema Nacional de Salud.

La vigilancia epidemiológica de la tuberculosis, se sustenta en lo establecido en la NOM-017-SSA2-1994, y la operación del subsistema de vigilancia epidemiológica de la tuberculosis, se sustenta en el manual de vigilancia correspondiente, el cual cuenta con los elementos técnicos y metodológicos necesarios para orientar su aplicación en todos los niveles e instituciones del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). La vacunación con BCG para la prevención de formas graves de tuberculosis en niños recién nacidos y hasta los 14 años de edad, se realiza conforme a lo que establece la NOM-036-SSA2-2002, prevención y control de enfermedades, aplicación de vacunas, toxoides, sueros antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano. La NOM-168-SSA1-1998 del expediente clínico establece los criterios técnicos y administrativos en la elaboración, interpretación, uso y archivo del expediente clínico.

El 16 de marzo de 2004, se publica en el DOF, el acuerdo secretarial por el que se crea el Comité Nacional del Programa de Acción Tuberculosis o Comité Alto a la TB, México. El cual es presidido por el Secretario de Salud y lo conforman instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil además de las académicas, la industria farmacéutica y sociedades y asociaciones de médicos, enfermeras y hospitales entre otras.

El Programa Nacional de Salud 2007-2012, en el componente de tuberculosis, integra las líneas de acción en tres bloques; de acuerdo al grupo de personas e instituciones que comparten responsabilidad en el control de esta enfermedad: las personas y sus familias, el sector salud, otros sectores.

El plan global para detener la tuberculosis al 2015 se plantea alcanzar la meta de detección al 70 por ciento y 85 por ciento de curación, sin embargo los avances en México indican que estas metas se alcanzarán en menor plazo, ya que de 1990 al 2006 se registró una reducción de 34 por ciento en morbilidad y se estima una reducción del 48 por ciento al 2015 y la mortalidad se redujo 69 por ciento en el mismo periodo, y se estima la reducción del 85 por ciento para el 2015. En 2006 se mantiene el 100 por ciento de cobertura del Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado (TAES) en municipios prioritarios.

La aplicación de la vacuna BCG se realiza al nacimiento para la prevención de la tuberculosis en sus formas graves (meníngea y miliar). La cobertura actual es de 99 por ciento en niños menores de 5 años. Además, cada año en nuestro país se realizan, en promedio, 700 mil detecciones a persona con tos y flema. En el 2006 se registraron 14 mil 137 casos nuevos, de los cuales mil 129 correspondieron a 171 municipios con muy alto índice de marginación (INEGI, Conapo, CNA); en estos últimos la curación es del 85 por ciento.

En los 13 estados prioritarios (que albergan las 40 jurisdicciones sanitarias con más casos) se destinó un presupuesto adicional para la contratación de personal en apoyo al programa. Se han establecido alianzas con organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Tal es el caso del proyecto para la expansión de la estrategia TAES con apoyo comunitario y apoyo para el seguimiento y tratamiento en tuberculosis farmacorresistente. Project Concern International concluyó la primera fase de identificación de necesidades, e inicia la segunda fase de implementación el 27 de septiembre del presente año. Links Media concluyó el pilotaje y entrega los resultados finales el 27 de septiembre, junto con el paquete de comunicación. Junto con la Unión Internacional de Lucha contra la Tuberculosis y Enfermedades Pulmonares se están implementando los estándares internacionales para el control de la tuberculosis versión México.

Actualmente se desarrollan 25 proyectos de investigación operativa a lo largo del país, con financiamiento de la Organización Panamericana de la Salud y próximamente se dará inicio a la Encuesta Nacional de Farmacorresistencia en Tuberculosis, lo que permitirá a nuestro país conocer la magnitud de este importante problema.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento, y publíquense en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número DGPL 60-II-1-813 signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Santiago Gustavo Pedro Cortés , Presidenta y secretario, respectivamente, de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número SGPA-372/07 suscrito por el ciudadano Mauricio Limón Aguirre, subsecretario de gestión para la protección ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio de ese cuerpo colegiado.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.---Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/300/3604/07, de fecha 10 de septiembre de 2007, dirigido al ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, turnado a esta Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental, el 27 de septiembre del mismo año, mediante el cual hace del conocimiento de esta dependencia, que en el oficio número DGPL 60-II-1-813, los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Santiago Gustavo Pedro Cortés , Presidenta y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, han comunicado al titular de la Secretaría de Gobernación, el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo, en el cual se solicitan diversas cuestiones relacionadas con la competencia de esta subsecretaría.

Al respecto, a continuación me permito señalar a usted la respuesta a los puntos de acuerdo que se refieren a las atribuciones de las Direcciones Generales adscritas a esta subsecretaría.

Sobre el particular, me permito comentarle, que dentro de las atribuciones con que cuenta la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, no se encuentra la de suspender sus propias autorizaciones, si no es a través de mandamiento escrito emitido por autoridad administrativa o judicial competente, ante las cuales se hubieran hecho valer los medios legales procedentes para tales fines.

Es pertinente considerar que las autoridades sólo pueden actuar dentro de las atribuciones que expresamente le confieran las leyes, de manera que, aún y cuando no haya precepto legal que prohíba a alguna autoridad hacer determinada cosa, ésta no puede llevarla a cabo, si no es mediante disposición legal expresa que la faculte para hacerlo. Lo anterior se refuerza con la lectura del siguiente criterio emitido por el Poder Judicial:

De lo anterior se desprende, que para que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental se encuentre en posibilidad de suspender las autorizaciones de merito, tendría que ser determinado por autoridad administrativa o judicial competente, previo procedimiento contemplado en la nuestra legislación.

Por lo que se refiere al exhorto para que esta Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, niegue la autorización en materia de impacto ambiental para proyecto Rancho Don Andrés con número de clave 14JA20070002, hago de su conocimiento que, derivado de la solicitud de desistimiento por parte del licenciado Raúl Niebla López, representante legal de la empresa Fraccionamiento Punta Farallón, SA de CV, mediante oficio número SGPA/DGIRA/DG1841/07, de fecha 9 de agosto del 2007, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental resolvió dar por terminado y archivar el expediente que se integró durante el procedimiento de evaluación del impacto ambiental del proyecto Rancho don Andrés.

Sobre el particular, me permito informar a usted lo siguiente:

En primer lugar, por lo que respecta a la solicitud de autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales por una superficie de 27.73523 hectáreas del proyecto turístico denominado IEL La Huerta, promovido por la empresa Imagen y Espectáculos de Lujo SA de CV, la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, mediante oficio número SGPA/DGGFS/712/0811/07, de fecha 4 de mayo de 2007, emitió opinión a la delegación federal de la Semarnat en Jalisco, área competente para resolver esta solicitud, en el que se le hizo saber que el estudio técnico justificativo presentado no cumplía con los elementos necesarios que permitieran conocer la situación real del predio a afectar, por lo que se no se consideraba viable el proyecto en cuestión.

En segundo lugar, con relación a la solicitud de cambio de uso de suelo, promovida por la empresa Operadora Charnela, S de RL de CV, por una superficie de 174.09 hectáreas para el proyecto denominado La Tambora, me permito informarle que a través del oficio número SGPA/DGGFS/ 712/0935/07 de fecha 21 de mayo de 2007, la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos hizo del conocimiento de la delegación federal de la Semarnat en Jalisco, área responsable de la evaluación de la solicitud, que no era posible otorgar la autorización de cambio de uso de suelo en comento, puesto que no se contaba con los estudios que permitieran acreditar la viabilidad del proyecto en cita; es decir, que no se comprometía la biodiversidad, así como que no se provocara la erosión del suelo, ni el deterioro de la calidad del agua o la disminución de su captación.

Asimismo, hago de su conocimiento que la citada delegación, a través del oficio número SGPARN 014.02.01.01 .692/07 de fecha 20 de agosto de 2007, resolvió desechar el trámite en comento.

En tercer lugar, en cuanto a la solicitud de cambio de uso de suelo por una superficie de 38.54 hectáreas, para el proyecto denominado Rancho don Andrés promovido por la empresa Punta Farallón SA de CV, le informo que con oficio número SGPA/DGGFS/712/1324/07 de fecha 9 de julio pasado, se hizo del conocimiento al titular de la delegación federal de la Semarnat en el estado de Jalisco, que en opinión de la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos no debería de otorgarse la autorización que nos ocupa, hasta en tanto no se contara con los estudios que permitieran acreditar la viabilidad del proyecto en cita, es decir, que no se comprometa la biodiversidad, así como que no se provoque la erosión del suelo, ni el deterioro de la calidad del agua o la disminución de su captación.

Respecto del anterior punto de acuerdo, me permito informarle, en primer lugar, que la empresa Imágenes y Espectáculos de Lujo (IEL-La Huerta), con fecha 5 de enero del 2000, solicitó la concesión de una superficie de 29,620.043 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre en playa Costa Careyes, en La Huerta, Jalisco, para uso de protección y ornato. Esa solicitud fue modificada por el promovente, con fecha 24 de junio del 2001, para reducir la superficie solicitada a 13,724.1988 metros cuadrados y solicitarla para uso general (club de playa). A la fecha no se ha resuelto el otorgamiento de la concesión, ya que se detectó un traslape con otra solicitud de concesión por 4,159.86 metros cuadrados, promovida por la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Punta Perula, SC de RL.

En segundo lugar, en relación con el proyecto La Tambora, existe solicitud de concesión presentada por el ciudadano Ari Nieto Vélez a favor de su representada, la empresa Impulsora Bahía de Charnela, SA de CV, sobre una superficie de 106,507.14 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre, localizada en la Bahía de Charnela, municipio de La Huerta, estado de Jalisco, para uso de protección y ornato; misma que no le ha sido autorizada al haberse detectado un traslape parcial con otra solicitud presentada por el ciudadano Lorenzo Landeros Ochoa, mismo que se encuentra pendiente de resolución en el área jurídica de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros.

Finalmente, en relación con el punto quinto del acuerdo de referencia, me permito comentarle que en el caso del proyecto Rancho Don Andrés, no se ha presentado solicitud alguna para obtener concesiones de zona federal marítima terrestre.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento, y publíquense en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

SEGUROS

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número DGPL 60-II-6-1435 signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y María del Carmen Salvatori Bronca , Presidenta y secretaria, respectivamente, de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, el original del similar número SCAGP/200/814/2007 suscrito por el contador público Marcos B. González Tejeda, titular de la unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública, mediante el cual atiende el punto de acuerdo señalado en el oficio de ese cuerpo colegiado.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Función Pública.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su oficio SEL/300/4056/07 del pasado 12 de octubre, mediante el cual hizo del conocimiento del secretario de la Función Pública el punto de acuerdo, aprobado por el Pleno de la honorable Congreso de la Unión, del 11 del mismo mes, que refiere al acuerdo aprobado el 18 de julio de este año en la del Congreso de la Unión, relativo al exhorto a esta secretaría a realizar una revisión de todos los contratos de seguros sobre bienes patrimoniales y de personas, suscritos con las dependencias y entidades de la APF y la empresa Seguros ING, SA de CV, e informe a ese honorable Congreso los resultados de la misma.

Para los efectos del artículo 27, fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, anexo al presente, remito oficio número SCAGP/200/814/2007, con el cual se da respuesta al punto de acuerdo referido.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de la Función Pública.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , diputada María del Carmen Salvatori Bronca , Presidenta y Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención a su oficio DGPL 60-II-6-1435, con el cual comunicó a la Secretaría de Gobernación el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo en sesión celebrada el 11 de este mes, mediante el cual refiere al acuerdo aprobado el 18 de julio de este año, en la del Congreso de la Unión, relativo al exhorto a esta secretaría para realizar una revisión de todos los contratos de seguros sobre bienes patrimoniales y de personas suscritos con las dependencias y entidades de la APF y la empresa Seguros ING, SA de CV, e informe a esa soberanía los resultados de la misma, se hace de su conocimiento lo siguiente:

Con motivo de la primera solicitud, requerimos información a las dependencias y entidades, a través de los Órganos Internos de Control (OIC), de las cuales 120 confirmaron haber contratado con Seguros ING, SA de CV o con Seguros Comercial América, SA de CV (empresa fusionada a ING), en alguna ocasión durante los últimos tres años.

Por tal motivo, hemos girado instrucciones a los titulares de los OIC en aquellas dependencias y entidades que en conjunto representan aproximadamente el 90 por ciento del monto total contratado con la multicitada aseguradora, para que practiquen auditorías. Las auditorías se encuentran en proceso y a su término informaremos los resultados para atender la solicitud descrita en el primer párrafo.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento, y publíquense en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

ESTADO DE GUERRERO

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número DGPL 60-II-6-1477 signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Jacinto Gómez Pasillas , Presidenta y secretario, respectivamente, de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número DGF/416/2007 suscrito por el ciudadano Rubem Hofliger Topete, encargado del despacho de la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio de ese cuerpo colegiado.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadano Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/300/4170/07, recibido en esta Dirección General el 1 de noviembre del 2007, mediante el cual participa que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de su Presidenta, la ciudadana Ruth Zavaleta Salgado , y el secretario Jacinto Gómez Pasillas , han comunicado mediante oficio DGPL 60-11-6-1477 al licenciado Francisco Javier Ramírez Acuña, secretario de Gobernación, el punto de acuerdo tomado por el Pleno de ese órgano legislativo el 17 de octubre del año en curso, y en el que tratan algunos temas relativos a la tormenta tropical Henriette y su paso por el estado de Guerrero.

A ese respecto, y en orden de dar la mejor respuesta, se hará a continuación la trascripción de los numerales que incluye ese punto de acuerdo, seguido de los comentarios que haya lugar.

Una vez analizado el contenido de ese punto de acuerdo, y a la luz de la legislación que determinan las atribuciones y competencias de esta Dirección General del Fonden y los instrumentos financieros que componen su oferta de atención frente a los fenómenos naturales perturbadores, me permito obsequiar algunas consideraciones y conclusiones.

O bien la SHCP convocará a sesión del Comité Técnico del Fideicomiso Fonden para que los recursos sean aprobados con cargo al patrimonio del citado fideicomiso, a efecto de que la entidad federativa a través de las instancias estatales ejecutoras correspondientes puedan disponer de esos recursos para iniciar de inmediato las acciones de reconstrucción, previo la aportación de la coparticipación que le corresponda ante el Fideicomiso Fonden estatal (artículo 33 ROF). Dicho fideicomiso actúa como caja para cubrir los pagos a los contratistas de las obras previa presentación de las facturas correspondientes ante el fiduciario del citado fideicomiso.

En resumen se afirma:

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento, y publíquense en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

MONUMENTOS HISTORICOS

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número DGPL 60-II-3-801 signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgada y María Eugenia Jiménez Valenzuela , Presidenta y secretaria, respectivamente, de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número 401-3- 9207 suscrito por la licenciada María del Perpetuo Socorro Villarreal Escárrega, coordinadora nacional de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio de ese cuerpo colegiado.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Ciudadano Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Por instrucciones del embajador Alfonso de Maria y Campos, director general de este instituto y en atención a su oficio número SEL/300/3661/07, con el que envía a este órgano desconcentrado para su conocimiento el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el cual a continuación se transcribe:

Al respecto me permito acusar recibo del referido punto de acuerdo; asimismo, informarle lo siguiente:

Adicionalmente, le comento que este instituto estará atento, a efecto de que se lleven a cabo las inspecciones oculares periódicamente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento, y publíquense en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

CALZADO

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-436, signado por los diputados Jorge Zermeño Infante y Antonio Xavier López Adame , Presidente y Secretario, respectivamente, de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 326-SAT-681, suscrito por el ingeniero Juan José Bravo Moisés, administrador general de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio de ese cuerpo colegiado.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Hago referencia al oficio número SEL/300/034/07, a través del cual la dependencia a su cargo informa que en el diverso número D.G.P.L. 60-II-6-436, de fecha 21 de diciembre de 2006, los diputados Jorge Zermeño Infante y Antonio Xavier López Adame , Presidente y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, comunican al secretario de Gobernación el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo que es el tenor literal siguiente:

Al respecto, me permito informar lo siguiente:

La Administración General de Aduanas, en coordinación con el Consejo Nacional de Cámaras de Calzado, Curtiduría, Proveeduría y Marroquinería ha tenido participación activa en el combate del contrabando y el ejercicio de prácticas desleales de comercio internacional relacionadas con el sector calzado, realizando diversos actos a fin de salvaguardar de manera clara y transparente los intereses del fisco federal y de dicho sector.

El capítulo 64, calzado y partes (cortes superiores y suelas), de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, se encuentra parametrizado en el sistema aduanero automatizado integral como sector sensible, es decir, que durante el despacho de la mercancía del sector calzado, el sistema automatizado señala reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento aduanero de manera recurrente, además de estar sujeto a otras medidas de control, como que dicho sector se sitúa entre las mercancías relacionadas en los anexos 21, ``Aduanas autorizadas para tramitar el despacho aduanero de determinado tipo de mercancías'', y 29, ``Mercancías sujetas a horarios especiales para tramitar su despacho aduanero'', de las Reglas de Carácter General en materia de Comercio Exterior (Rcgmce), a efecto de mantener un control constante sobre la introducción en territorio nacional de mercancía correspondiente al sector calzado.

Atento a lo anterior, en las únicas aduanas a través de las cuales se puede importar calzado (anexo 21 de las Rcgmce) se ha implantado un programa de capacitación de personal calificado para la verificación físico-documental de las mercancías de este sector, conforme a los ``Lineamientos para peritos especializados del sector calzado en las aduanas'', contando actualmente con 18 peritos especializados en 10 aduanas del país.

Aunado a lo anterior, la Administración General de Aduanas realizó de enero a agosto del año en curso 14 operaciones en el Distrito Federal, así como en Puebla, Guanajuato y Nuevo León, en coordinación con diversas autoridades federales, estatales y municipales, como la Procuraduría General de la República, la Policía Federal Preventiva, la Agencia Federal de Investigaciones y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en las que se han asegurado 659 toneladas de calzado de origen asiático.

De lo anterior se desprende que la Administración General de Aduanas está realizando actos para combatir el contrabando de calzado.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 2, 9, fracciones II y XXIX, y 10, fracciones XXI, LVIII, segundo párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2005, y reformado el 12 de mayo de 2006, mediante decreto publicado en el mismo órgano oficial.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento, y publíquense en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

ESTADO DE GUERRERO

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número DGPL 60-II-5-980, signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y María del Carmen Salvatori Bronca , Presidenta y Secretaria, respectivamente, de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número DAPAT/FVA/544/2007, suscrito por el arquitecto Francisco de la Vega Aragón, director adjunto de Planeación y Asistencia Técnica del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio de ese cuerpo colegiado.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Turismo.

Señor Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me permito hacer referencia a su oficio número SEL/ 300/3955/07, de fecha 5 de octubre de 2007, relativo al acuerdo tercero del dictamen de la proposición con el punto de acuerdo, del 25 de abril de 2007 aprobado por las Comisiones de Economía, de Desarrollo Social, y de Turismo de la Cámara de Diputados, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Turismo para que por medio del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y del Consejo de Promoción Turística, en el marco de sus facultades, promueva, amplíe y diseñe acciones inmediatas y permanentes para impulsar la actividad turística en los pueblos y las ciudades mineros, en especial de Taxco, Guerrero.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, a través del Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios, elaboró el año pasado el Plan Parcial del Centro Histórico de Taxco con el objetivo de establecer acciones estratégicas para impulsar el desarrollo turístico del pueblo mágico de Taxco, que fue entregado al presidente municipal de Taxco de Alarcón en noviembre de 2006 y a la Secretaría de Fomento Turístico del estado de Guerrero en marzo de 2007, y se encuentra pendiente su publicación en el Diario Oficial del Estado.

Asimismo, se le informa que se están elaborando dos estudios para el impulso turístico de los pueblos mineros de los estados de San Luis Potosí y de Aguascalientes: el Programa Regional de Desarrollo Turístico de los Cinco Pueblos Mineros del Altiplano Potosino y el Programa Especial de Apoyo al Desarrollo Turístico de Real de Asientos, que se concluirán en el presente año.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo,

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento, y publíquense en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

TELEFONIA MOVIL

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-1472 signado por los ciudadanos diputados Ruth Zavaleta Salgado y Jacinto Gómez Pasillas , Presidenta y Secretario, respectivamente, de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número CFT/D01/STP/7006/2007 suscrito por el ciudadano José Jorge Mena Ortiz, secretario técnico del pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio de ese cuerpo colegiado.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Comisión Federal de Telecomunicaiciones.

Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Por instrucciones del arquitecto Héctor Osuna Jaime, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y en respuesta a su atento oficio folio SEL/300/175/07 de fecha 18 de octubre del año en curso, dirigido al doctor Luis Téllez Kuenzler, secretario de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual se hace de su conocimiento el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados en la sesión celebrada el 17 de octubre del actual, relativo a que se ``...obligue a los concesionarios de empresas de telefonía móvil a llevar un registro de usuarios de comunicación móvil fidedigno y que a su vez dicho registro sea remitido a la Cofetel, para los efectos correspondientes... '', le manifiesto lo siguiente:

En agosto del año 2006, este órgano regulador tuvo conocimiento de un punto de acuerdo similar emitido por la entonces Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Senado de la República, publicado en la Gaceta Parlamentaria el 14 de junio del 2006, en relación con la problemática por la falta de información en los delitos de fraudes y secuestros a través de teléfonos móviles o celulares.

En atención al tema expuesto, esta comisión realizó numerosas reuniones de trabajo con representantes de los principales concesionarios de redes inalámbricas móviles del país, con la finalidad de conocer su punto de vista al respecto.

En dichas reuniones, los concesionarios manifestaron poseer el 90 por ciento o más de sus teléfonos bajo la modalidad de Pre-pago, los cuales se expenden en centros de distribución y cadenas comerciales que no son de su propiedad, mismo que ha permitido que su venta se realice de una forma muy dinámica, ya que los datos que se solicitan de los usuarios son casi nulos. En consecuencia, en la actualidad no se cuenta con un registro de usuarios fiable.

Asimismo, el consenso general fue que solicitarle al cliente una identificación oficial y el comprobante de domicilio, dificultaría la venta de los teléfonos de Pre-pago, y el hecho de recabar, verificar y almacenar dicha información incrementaría dramáticamente los costos, lo cual a su vez podría verse reflejado en las tarifas ofrecidas a dichos usuarios de Pre-pago.

Además, se observó que existe la posibilidad de que se desvíe la responsabilidad de la autoridad judicial en la prevención del delito y se le pase la carga jurídica ya sea a los concesionarios o a este órgano regulador, para que lleven un registro fidedigno de los usuarios de telefonía celular, a la par de no atacarse el fondo del problema de la delincuencia respecto a fraudes, extorsiones, amenazas, secuestro y terror en contra de la ciudadanía.

Por tales motivos, considerando la similitud de los casos, esta comisión determina que a corto plazo deben tomarse en cuenta las opiniones vertidas por los concesionarios, mientras que a mediano plazo debe continuarse auscultando la posibilidad de establecer un acuerdo con los concesionarios de redes inalámbricas móviles mediante el cual se establezca un procedimiento para recabar los datos personales de los usuarios en la modalidad de Pre-pago.

Sin otro particular, quedamos a sus órdenes y aprovecho la ocasión para extenderle un cordial saludo y la seguridad de mi mayor consideración.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento, y publíquense en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

RED PUBLICA

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención oficio No. D.G.P.L.60-II-1-893, signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y María Eugenia Jiménez Valenzuela , Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número 2.-170, signado por el doctor Rafael del Villar Alrich, subsecretario de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como los anexos que en el mismo se mencionan, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio de ese cuerpo colegiado. Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Comunicaciones y transportes.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su oficio No. SEL/300/3999/07 de fecha 10 de octubre de 2007, dirigido al doctor Luis Téllez Kuenzler, secretario de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual remite el oficio D.G.P.L.60-II-1-893, con el que las diputadas Ruth Zavaleta Salgada y María Eugenia Jiménez Valenzuela , Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se dirigieron al titular de esa Secretaría de Gobernación, para comunicar el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de dicho órgano legislativo, en sesión celebrada el 9 de octubre de 2007, mismo que se transcribe a continuación:

Sobre el particular, adjunto al presente se remite copia de los documentos que a continuación se detallan, con la finalidad de atender el citado punto de acuerdo:

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento, y publíquense en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

ESTADO DE TLAXCALA

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-4-804 signado por las ciudadanas diputadas Ruth Zavaleta Salgado y Esmeralda Cárdenas Sánchez , Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número CFT/D01/STP/ 7005/2007 signado por el ciudadano José Jorge Mena Ortiz, Secretario Técnico del Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, así como los anexos que en el mismo se mencionan, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio de ese cuerpo colegiado.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.---Presente.

Por instrucciones del arquitecto Héctor Osuna Jaime, presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y en respuesta a su atento oficio folio SEL/300/4000107 de fecha 16 de octubre del año en curso, dirigido al doctor Luis Téllez Kuenzler, secretario de Comunicaciones y Transportes, mediante el cual le notifica el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados en la sesión celebrada con fecha 9 de octubre del actual, mediante el cual se exhorta al titular del Ejecutivo federal ``...a efecto de que instruya a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que en el ámbito de colaboración entre poderes, se remita a esta Cámara de Diputados, información sobre el análisis costo-beneficio que se haya elaborado para determinar la consolidación de las áreas de servicio local en el estado de Tlaxcala, el análisis geográfico, demográfico y socioeconómico de las poblaciones respectivas, la evaluación que se ha realizado sobre la estructura de los grupos de servicio local existentes, ciudades que han sido abiertas a la competencia y estructura municipal, para instrumentar un adecuado programa de consolidación de las áreas de servicio local...'', le manifiesto lo siguiente:

El 11 de enero de 2006, la Comisión Federal de Telecomunicaciones publicó en el Diario Oficial de la Federación la ``Resolución mediante la cual el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones --determina los lineamientos que deberán observarse para modificar las áreas de servicio local'', (en lo sucesivo, los ``Lineamientos'') en la que se establece lo siguiente:

Una vez publicados los Lineamientos, este órgano regulador recibió diversas .solicitudes por parte de usuarios, concesionarios y autoridades para que se efectuaran modificaciones a determinadas ASL. Por lo que a efecto de otorgar seguridad jurídica a los diferentes agentes económicos, y en particular a las empresas concesionarias del servicio telefónico local y de larga distancia, así como para asegurar el interés público en beneficio de los usuarios de tales servicios y en cumplimiento de los Lineamientos, la comisión sometió 8 solicitudes a consulta de los concesionarios de servicio local y de larga distancia, a fin de que manifestaran su opinión al respecto.

De las 8 solicitudes recibidas por la comisión, la única que contiene alguna modificación en las ASL del estado de Tlaxcala es la solicitud de Pegaso. En dicha solicitud, se encuentra la petición de la consolidación de la ASL 345 perteneciente al municipio de Calpulalpan (Tlaxcala) para integrase a la ASL 105 perteneciente al municipio de Ciudad Sahún , que se encuentra en el estado de Hidalgo.

Asimismo, existe la petición de la consolidación de la ASL 344 perteneciente al municipio de Huamantla (Tlaxcala) para integrase con la ASL 343 perteneciente al municipio de Apizaco (Tlaxcala).

Los concesionarios locales y de larga distancia que fueron debidamente consultados respecto la solicitud de Pegaso han manifestado estar de acuerdo con dicha solicitud, con excepción de Telcel, quien ha aceptado la solicitud de manera parcial, toda vez que, entre otras, manifestó opinión en contrario respecto la consolidación de la ASL 344 a la ASL 343.

El siguiente cuadro presenta las modificaciones aceptadas y no aceptadas por Telcel.

En virtud de lo antes expuesto, mediante Acuerdo P/140307/115 de 14 de marzo de 2007 , el Pleno de la Comisión resolvió favorablemente respecto a 30 solicitudes de Pegaso de consolidación de las ASL de las cuales no se recibió opinión en contrario por parte de los concesionarios de servicio local y de larga distancia, siendo un total de 70 ASL las que se van a consolidar.

En dicha resolución se estableció un calendario de consolidación de las ASL, en apego a los lineamientos, en donde estas ASL deberán de consolidarse en un plazo no menor a 6 meses.

Dentro de este calendario se encuentra la consolidación de la ASL 345 perteneciente al municipio de Calpulalpan (Tlaxcala) para integrase a la ASL 105 perteneciente al municipio de Ciudad Sahún ubicada en el estado de Hidalgo; estableciéndose como fecha de consolidación el 1 de enero del 2008.

Ahora bien, respecto a las ASL que fueron rechazadas por Telcel, y de conformidad a los Lineamientos, la UPR elaboró un proyecto de resolución ``Mediante la cual la Comisión Federal de Telecomunicaciones resuelve la solicitud de consolidación de diversas áreas de servicio local presentada por Pegaso Comunicaciones y Sistemas, SA de CV, de las cuales se recibió opinión en contrario por parte de los concesionarios del servicio local y de larga distancia'' , el cual fue enviado al pleno de la comisión mediante oficio número CFT/D05/UPR/2035/ 2007 de fecha 12 de septiembre de 2007.

En dicho proyecto de resolución se resuelve como favorable las 63 solicitudes de consolidación en las que Telcel emitió opinión en contra.

Las manifestaciones de Telcel en contra de las consolidaciones son las siguientes:

Cabe señalar que de conformidad con el resolutivo sexto de la Resolución de Lineamientos ``...cuando algún concesionario manifieste su oposición respecto de las modificaciones que les sean consultadas de conformidad con el resolutivo tercero de la presente resolución, deberá soportar su posición enviando a la comisión, por lo menos, la siguiente información:

A. Concesionarios locales:

I. Número promedio de líneas en servicio en el mes inmediato anterior de cada una de las ASL en cuestión, desagregadas en residenciales y comerciales;

II. Número de llamadas locales efectuadas en el mes inmediato anterior en cada una de las ASL en cuestión, incluyendo de manera desagregada las llamadas locales que se contabilizan cuando se realiza una llamada de larga distancia.

III. Número promedio de llamadas facturables por línea residencial en el mes inmediato anterior;

IV. Número promedio de llamadas efectuadas por línea comercial en el mes inmediato anterior, y

V. Monto estimado de las inversiones necesarias para la adecuación de la red, así como diagramas de topología y descripción de equipos que tengan instalados en la región en cuestión, que justifiquen dichas inversiones...''Asimismo establece que en el supuesto de que los concesionarios no remitan la información a la comisión, ésta resolverá con .los elementos con que cuente.

Es decir, a pesar de la obligación que tenía Telcel, emanada de la anterior disposición, dicho concesionario fue omiso en su cumplimiento, toda vez que no soportó su posición con la información exigida por ley, de ahí que la única información con la que cuenta esta comisión para la realización del estudio de costo-beneficio es la presentada en su momento por Pegaso para soportar su solicitud y lo señalado por Telcel sobre cada una de las solicitudes rechazadas, motivo por el cual la UPR resolvió con base a los elementos con que cuenta.

Dentro del proyecto de resolución se encuentra la valoración a la petición de la consolidación de la ASL 344 perteneciente al municipio de Huamantla (Tlaxcala) para integrase con la ASL 343 perteneciente al municipio de Apizaco (Tlaxcala); solicitud que recibió opinión en contrario por parte de Telcel.

La información y argumentos que presentó Telcel para oponerse a la consolidación de estas ASL que pertenecen al estado de Tlaxcala es la siguiente:

La UPR con base a los elementos con que cuenta y a lo manifestado por Telcel realizó el siguiente análisis:

En primer término, dentro del considerando relativo al interés público de la consolidación de ASL se expuso la importancia y beneficio que la consolidación reviste tanto para concesionarios como para usuarios del servicio de telecomunicaciones, señalándose lo siguiente.

Es por ello que de conformidad con los objetivos previstos en la LFT y con el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, la comisión publicó en noviembre de 1998 la referida resolución de consolidación de fecha 14 de marzo de 2007. En el resolutivo tercero de dicha resolución se definió el concepto de ASL como una delimitación geográfica en la cual se presta el servicio local entre usuarios ubicados en cualquier punto dentro de ella. Así, en dicha delimitación un usuario puede realizar llamadas telefónicas sin incurrir en cargos de larga distancia, toda vez que las llamadas que realice dentro del ASL son consideradas como llamadas locales, mientras que las llamadas que realice hacia usuarios que pertenecen a ASL distintas se consideran como llamadas de larga distancia.

A manera de ejemplo se presenta la figura 1, la cual muestra dos ASL. En el ASL 1 existen dos usuarios que se pueden comunicar entre sí de manera local, pero para ellos existen tres usuarios que pertenecen a otra, la ASL 2, con los que se pueden comunicar a través del servicio de larga distancia. Por su parte, cada uno de los usuarios del ASL 2, tiene dos usuarios locales y dos usuarios de larga distancia con los que se pueden comunicar.

Asimismo, en la resolución de consolidación de fecha 14 de marzo de 2007 se estableció un calendario para que en un plazo de tres años se consolidaran los mil 464 grupos de centrales de servicio local existentes en 406 ASL. A través del trabajo conjunto entre la industria y la comisión en julio de 1999 inició el programa de consolidación de ASL, el cual finalizó en el mes de junio del año 2002, quedando el país dividido en 397 ASL.

En el considerando IX de dicha resolución de consolidación se menciona que para definir las ASL se tomaron en cuenta los siguientes principios:

En los considerandos de la resolución de consolidación se encuentran los siguientes puntos:

Cabe destacar que esta resolución de consolidación, al pasar de una distribución puntual de grupas de servicio local a una definición geográfica que cubre todo el territorio nacional, es ante toda una redefinición conceptual de la cobertura geográfica del servicio local, mediante la cual se fortalece el desarrolla de las telecomunicaciones, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 7 de la LFT, el cual entre otras casas plantea cama objetivas de la ley en cita, el beneficia de las usuarias y la promoción de una adecuada cobertura social. Esta nueva definición, se basó en una agrupación municipal, en la que se aplicaron los siguientes criterios básicos:

Con esta medida, se incrementó el promedio de líneas por área local de 6,147 a 22,167; se otorgó certeza jurídica a los concesionarias del servicio local y de larga distancia; y se generaron mayores incentivas para invertir en este servicio al incrementar la cobertura geográfica del mismo, siendo antes el 1 por ciento del territorio nacional representado por los grupos, y ahora el 100 por ciento representado por las ASL.

Es importante destacar el gran impacto social que esta medida ha tenida en las usuarios de pequeñas poblaciones y áreas conurbanas que se integraron entre sí, caracterizado por los sustanciales ahorros que ha significada para ellas la disminución del gasto por el pago de llamadas que antes eran de larga distancia, y que con la consolidación se convirtieron en llamadas locales.

No obstante lo anterior y a pesar de que el país se encuentra dividido en 397 ASL 1, no todas las ASL se encuentran abiertas a competencia, es decir, 198 ASL están abiertas a presuscripción, en donde además del concesionario establecido existe uno o más concesionarios que ofrecen el servicio de larga distancia, mientras que en las restantes 199 ASL ¹ el único concesionario que ofrece el servicio de larga distancia es el concesionario establecido.

Lo anterior provoca que en las 199 ASL que no se encuentran abiertas a presuscripción, los concesionarios de larga distancia, distintos al concesionario establecido, tengan que pagarle a éste una tarifa de reventa por terminar el tráfico de larga distancia en esas ASL no abiertas a presuscripción, ya que el único que tiene presencia en esas ASL es el concesionario establecido.

La figura 2 representa dos escenarios para una llamada que se origina en el ASL 1 (la cual se encuentra abierta a presuscripción). En el primer escenario la llamada termina en la ASL 2 (la cual se encuentra abierta a presuscripción). En esta situación, los concesionarios de larga distancia tienen presencia en el ASL 2, ya que ésta se encuentra abierta a la competencia, por lo que el costo en que incurren los concesionarios de larga distancia por terminar la llamada es únicamente el pago de la tarifa de interconexión. Bajo el segundo escenario, la llamada terminaría en el ASL 3, en la cual el concesionario de larga distancia no tiene presencia por ser una ASL cerrada a presuscripción y requeriría entregar la llamada al operador establecido, quien les cobra por dicha terminación una tarifa de reventa, aproximadamente siete veces mayor que la tarifa de interconexión.

Un nuevo concesionario que no asegure a sus posibles clientes que las llamadas que realicen serán terminadas sin importar su destino final en el país, esto es, que no pueda finalizar las llamadas en un ASL que no se encuentra abierta a la competencia, estaría en notable desventaja competitiva obligándose a contratar al concesionario establecido para cursar llamadas hacia determinados puntos geográficos del país.

En virtud de lo anterior, los concesionarios de larga distancia distintos al concesionario establecido se encuentran en desventaja competitiva, toda vez que resulta más costoso terminar una llamada de larga distancia en cualquiera de las 199 ASL que no se encuentran abiertas a presuscripción, al tener que pagar una tarifa de reventa para que les sea terminado el tráfico.

Por tal motivo la consolidación de ASL no abiertas a presuscripción con ASL abiertas permitirá que los concesionarios locales y de larga distancia cuenten con más alternativas para cursar tráfico de larga distancia al mismo costo en el que incurre el operador establecido, logrando con esto un ambiente equilibrado entre todos los participantes del mercado que ofrecen este servicio, así como una mayor congruencia con el espíritu consagrado en el artículo 7 de la LFT el cual establece como objetivo el promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicio de telecomunicaciones a fin de que éstos se presten con mejores precios diversidad y calidad en beneficio de los usuarios y promover una adecuada cobertura social.

La consolidación de ASL permitirá igualmente que todos los usuarios del país cuenten con diferentes opciones para seleccionar al concesionario de larga distancia que mejores condiciones de mercado les ofrezca, ya que en aquellas ASL no abiertas a la competencia del servicio de larga distancia, la única opción con que cuentan estos usuarios es la del operador establecido; además, los usuarios que residen en regiones con menores ingresos serán beneficiados por la consolidación, ya que podrán acceder a tarifas competitivas para sus servicios de larga distancia nacional e internacional.

Conforme a estas bases, se dará cumplimiento al principio de igualdad, como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, tanto en la producción normativa, así como en su posterior interpretación y aplicación, pues se está evitando que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, lo que se traduciría en desigualdad jurídica.

De esta forma, al establecer que la totalidad de los usuarios del territorio nacional contarán con diferentes alternativas para seleccionar al concesionario de larga distancia que le ofrezca las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad del servicio, se respeta y se cumple con el principio de igualdad de los usuarios en todas las ASL.

Por otra parte, el desarrollo económico de una región genera que se incrementen las relaciones económicas, comerciales y sociales entre localidades que originalmente pertenecen a diferentes ASL, a tal grado que lleguen a formar parte de una misma comunidad de intereses.

En este caso los usuarios de los servicios telefónicos necesitan comunicarse con mayor frecuencia con habitantes ubicados en una ASL diferente, debido a que en esa localidad se encuentra su fuente de trabajo, sus clientes, familiares o necesitan realizar trámites gubernamentales, así como utilizar servicios de salud, educación y financieros, entre otros, incurriendo con ello en gastos excesivos en el servicio de larga distancia, ya que tienen que pagar por este tipo de llamadas a pesar de los vínculos entre las poblaciones.

Es decir, la consolidación facilita que los servicios de telecomunicaciones tengan un impacto directo en las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales de la comunidad relacionada, favoreciendo en el corto plazo, el desarrollo de los ciudadanos y de las instituciones radicadas en las áreas de servicio local motivo de la consolidación, cuyos costos de comunicaciones van a reducirse substancialmente; y, en el mediano y largo plazo, provocar que el sector genere un efecto de arrastre para elevar la calidad de vida y el desarrollo de todos los residentes en las poblaciones integradas. Así, las telecomunicaciones pueden incidir directamente en el progreso nacional.

En tal virtud, la consolidación de las ASL permitirá que los habitantes de las localidades que se han integrado por efecto del desarrollo de la economía regional, puedan comunicarse entre sí sin incurrir en cargos de larga distancia, favoreciendo a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones al obtener un ahorro en su factura telefónica, además de contribuir a un mejor desarrollo e integración regional.

Cabe destacar la importancia social que ésta medida, asumida por el pleno de la comisión, tendrá en los mexicanos que verán sustanciales ahorros por conceptos de larga distancia que actualmente se generan entre localidades con fuertes vínculos económicos y sociales, pero ubicadas en diferentes ASL, asimismo fomentará el desarrollo de una competencia más equitativa entre los distintos prestadores de servicios de telecomunicaciones con objeto de que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio del público usuario.

Situación que coadyuva con el objetivo 14 del PND, derivado de la ejecución de la estrategia 14.1, a través de la cual se busca incrementar la competencia entre concesionarios con la finalidad de aumentar la cobertura de los servicios en el país y contribuir a que las tarifas permitan el acceso de un mayor número de usuarios al servicio con mejores precios, calidad y diversidad.

De ahí que la resolución de Lineamientos que deberá observarse para modificar las ASL, faculta a la comisión para modificar la definición de las ASL cuando no haya manifestación en contra de las concesionarios o, en su defecto, del estudio de costo-beneficio de la consolidación se concluya la viabilidad del mismo, tal como sucede en la resolución que nos ocupa, dado el interés público beneficiado con dicha medida''.

En un segundo momento, dentro del proyecto de consolidación se determinaron los motivos del porque no le asiste la razón a Telcel sobre lo manifestado respecto a la consolidación de las ASL pertenecientes al estado de Tlaxcala. Ello dentro del análisis que se incorporó al Proyecto de Resolución, en los siguientes términos:

En lo que respecta a lo señalado por Telcel en el sentido de que ha realizado inversiones para contar con enlaces y puerto de tráfico local (puerto de interconexión), y que la inversión aún no ha sido recuperada, se considera lo siguiente:

Los concesionarios locales móviles requieren de torres y enlaces de transporte para instalar cualquier sitio celular que cubra una ASL, ya sea por medio de la contratación de un tercero a través del servicio de transporte o a través de medios propios.

Asimismo, para conectarse con los puertos locales de interconexión, los concesionarios locales móviles deberán hacerlo a través de enlaces, ya sea instalando sus propios enlaces o a través de la contratación de un tercero.

En el caso de la consolidación de dos o más ASL, el concesionario local móvil puede contar con puertos de interconexión redundantes, por lo que es importante tener en cuenta que:

Ahora bien, considerando el escenario en que, al momento que tenga que consolidar dos o más ASL el concesionario local móvil cuente con un sitio celular en cada ASL usado para interconexión, puede optar por algunas de las alternativas siguientes:

• Disminuir costos de infraestructura al eliminar la capacidad sobrante en los medios de transporte.

Además, la consolidación de las ASL permitirá que desaparezca el cobro de la tarifa de reventa, situación que generará que Telcel incurra en un costo promedio menor por la terminación de llamadas en cualquier ASL, lo que permitirá que esta empresa recupere en el corto y mediano plazo la inversión realizada.

En lo que respecta a lo manifestado por Telcel sobre la integración regional, se considera lo siguiente:

El municipio de Apizaco constituye una importante base en el desarrollo industrial del estado debido a su localización estratégica dentro de la franja corredor industrial Apizaco-Xaloztoc-Huamantla con un importante crecimiento en la mayor parte del sector industrial en su conjunto.

Por su lado, Huamantla cuenta con una considerable cantidad de empresas dedicadas a las ramas de productos alimenticios y bebidas, productos metálicos, productos de madera, textiles y prendas de vestir, minerales no metálicos, productos de papel, sustancias químicas derivadas del petróleo y otras industrias manufactureras y no sólo se dedica a la ganadería.

Es por ello que existe una interrelación económica entre ambas comunidades y por lo tanto la consolidación del ASL 344 en la ASL 343 tendrá beneficios, tanto para los usuarios como para el desarrollo económico de los municipios.

En virtud de los anteriores razonamientos y del resultado del análisis vertido la comisión determina la viabilidad de consolidar el ASL 344 , con el ASL 343 ; por lo que de conformidad con lo dispuesto en el resolutivo octavo de la resolución de Lineamientos se resuelve favorablemente.''

Derivado de lo anterior, y una vez realizado el estudio costo-beneficio respectivo, de conformidad con el resolutivo octavo de los Lineamientos, el tiempo para llevar a cabo las modificaciones que sean requeridas en las redes para la integración de las ASL modificadas no podrá ser menor a 12 meses; por lo que, a fin de respetar los tiempos fijados en los Lineamientos se propuso un proyecto de calendario de consolidación de las ASL que fueron rechazadas por Telcel.

En dicho calendario se encuentra como fecha tentativa para la consolidación de las ASL pertenecientes al estado de Tlaxcala, el 1 de marzo de 2009.

Es importante señalar que de la primera consolidación de ASL 345 perteneciente al municipio de Calpulalpan (Tlaxcala) es una ASL cerrada a presuscripción o cerrada a la competencia, mientras que el ASL 105 perteneciente al municipio de Ciudad Sahún ubicada en el estado de Hidalgo; se encuentra abierta a presuscripción o abierta a la competencia, por lo que al llevarse a cabo esta consolidación, la nueva ASL conformada por estos municipios se convierte en un ASL abierta a la competencia.

De igual forma el ASL 344 perteneciente al municipio de Huamantla (Tlaxcala) es un ASL cerrada a la competencia, mientras que el ASL 343 perteneciente al municipio de Apizaco (Tlaxcala) es un ASL abierta a la competencia, por lo que la consolidación de ambas ASL forman una nueva ASL abierta a la competencia.

Ambas consolidaciones conllevan beneficios importantes para la competencia y para los usuarios, tal como se señala en el presente oficio, por convertirse las ASL cerradas a la competencia en ASL abiertas a la competencia. Situación que incide en la libertad de elección por parte del usuario, atendiendo principalmente a criterios de calidad, servicio y tarifas ofrecidos entre los diversos concesionarios.

Finalmente, le comento que la información utilizada por la UPR para realizar el estudio costo-beneficio que permitió resolver la petición de consolidación de las ASL pertenecientes al estado de Tlaxcala tal como se señaló con anterioridad se anexa a la presente como anexo 1.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para extenderle un cordial saludo.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento, y publíquense en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

NORMA OFICIAL MEXICANA

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-4-726 signado por las ciudadanas diputadas Ruth Zavaleta Salgado y Patricia Villanueva Abraján , Presidenta y Secretaria, respectivamente, de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número 170/UCVPS/DGAVS/001424/2007 suscrito por la ciudadana María de los Ángeles Fromow Rangel, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo referido en el oficio de ese cuerpo colegiado.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Salud.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero al punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a emitir comentario sobre el proyecto de la nueva norma oficial mexicana NOM-190 SSA1-1999, que tiene por objeto establecer los criterios a observar en la atención médica y la orientación que se proporcionan a las y a los usuarios que se encuentran involucrados en situaciones de violencia familiar, que presentó la diputada Elsa Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa, el 28 de marzo del año en curso.

Al respecto, me permito acompañar oficio CNEGSR/ DG304/6923/2007, suscrito por la doctora Patricia Uribe Zúñiga, directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, agradeciendo su valiosa intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo, para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Salud.

Doctor Lucio Galileo Lastra Marín, responsable de la Dirección General Adjunta de Vinculación y Participación Social.--- Presente.

Por instrucciones del doctor Mauricio Hernández Ávila, envío respuesta a la solicitud de información requerida a través del oficio número 170/UCVPS/DGAVPS/1073/ 2007, por la honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión sobre los avances en el Programa de Prevención y Atención a la Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres; así como la manera en la que se está aplicando la norma oficial mexicana NOM 190-SSA 1-1999 ``Prestación de servicios. Criterios para la atención médica de la violencia familiar'':

Sin otro particular por el momento, me despido enviándole un saludo cordial.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento, y publíquense en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

MUJERES MIGRANTES

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número DGPL 60-II-1-894 signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgada y Santiago Gustavo Pedro Cortés , Presidenta y secretario, respectivamente, de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número 400/ 423 /2007 suscrito por el licenciado Florencio Salazar Adame, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio de ese cuerpo colegiado.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su atento oficio número SEL300/4057/07, de fecha 12 de octubre del año en curso, por medio del cual comunica el punto de acuerdo aprobado en sesión celebrada el pasado 11 del mes en curso por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mismo que a continuación se transcribe:

Al respecto, adjunto sírvase encontrar un documento que desarrolla las acciones realizadas por el Instituto Nacional de Migración para mejorar la situación de las mujeres migrantes en la frontera sur.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Acciones implementadas por el Instituto Nacional de Migración para mejorar la situación de las mujeres migrantes en la frontera sur

El Instituto Nacional de Migración (INM), a través de la Coordinación de Control y Verificación Migratoria, se ha dado a la tarea de conformar grupos insterinstitucionales de atención a la trata de personas en 30 estados del país (faltan Michoacán y Tabasco).

Por medio de las delegaciones regionales, se han integrado comités en donde participan además del INM, el Cisen, la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República a través de sus delegaciones estatales. También los integran las procuradurías de los estados, los DIF estatal y municipal, las procuradurías de la defensa del menor, la mujer y la familia, las comisiones estatales de derechos humanos y diversas organizaciones no gubernamentales.

Estos grupos van encaminados propiamente a los asuntos relacionados con la trata de personas, desde la identificación y atención a víctimas, hasta la investigación de grupos delincuenciales y sus métodos de acción.

Cada participante dentro de su ámbito de competencia, debe generar actividades que contribuyan a aminorar este mal.

Actualmente se encuentran trabajando en dos vertientes o subgrupos de trabajo, el penal, concretamente dedicado a la metodología y posibles líneas de investigación, y el social, encaminado a la atención propia de la víctima y a la capacitación.

Las reuniones se están llevando a cabo mensualmente, para temas generales, y existen reuniones extraordinarias cuando el tema lo amerita.

Los delegados regionales del INM llevan el liderazgo del grupo y son los que convocan a las reuniones.

Actualmente se llevan a cabo cursos de capacitación en las oficinas centrales del INM, y ya en algunos casos como en Baja California, se impartió capacitación al interior del grupo.

Se pretende generar un banco de información general que pueda ser consultado por todos los integrantes de los grupos en cualquier estado de la república.

Adicionalmente, el 26 de abril de 2004, el INM y el Instituto Nacional de las Mujeres (Iinmujeres), firmaron un convenio general de colaboración con el objetivo de fortalecer las acciones encaminadas a la promoción, protección, respeto y difusión de los derechos humanos de las mujeres migrantes nacionales y extranjeras.

En el marco del Convenio General de Colaboración entre el INM y el Inmujeres se programó la realización de foros regionales sobre mujeres migrantes y derechos humanos, así como una campaña permanente de difusión de los derechos humanos de las mujeres mexicanas que viven y/o trabajan en los Estados Unidos, y para las mujeres que viven en las comunidades de origen.

En este sentido, el 4 y 5 de noviembre de 2004, se llevó a cabo el foro Las mujeres y la migración internacional en la frontera sur , en Chiapas, y el 2 y 3 de diciembre de 2004 se realizó el foro Migración interna , en Guanajuato.

Asimismo, el 1 de junio de 2005, se estableció formalmente la Mesa interinstitucional de género y migración , integrada por diversas dependencias del gobierno federal y organizaciones de la sociedad civil, misma que es coordinada por representantes de ambos sectores. El objetivo de la mesa es coadyuvar a la coordinación de políticas, programas, proyectos y acciones interinstitucionales, e interestatales integrales y conjuntas, que garanticen el respecto y la promoción de los derechos humanos de las mujeres afectadas por fenómenos migratorios. La mesa interinstitucional ha estado sesionando hasta la fecha.

Se acordó dentro de la integración la mesa interinstitucional, la creación de grupos de trabajo en cuatro temas transversales:

En el marco de la mesa interinstitucional el Inmujeres presentó el manual mujeres migrantes y sus implicaciones desde la perspectiva de género, el cual está dirigido al personal de la administración pública de los tres niveles de gobierno que atienden a la población migrante. El manual es una herramienta didáctica que permitirá generar procesos de sensibilización en materia de género, con la intención de repensar la forma en que se debe visualizar la problemática de las mujeres durante el ciclo migratorio, y, con ello, diseñar propuestas concretas que permitan eliminar el abuso y violencia de las cuales son víctimas.

Asimismo, se acordó instrumentar una red nacional de apoyo, asesoría y canalización para la atención de mujeres afectadas por el fenómeno migratorio, con el objeto de promover la instrumentación de una red nacional de apoyo a las mujeres afectadas por el fenómeno migratorio, mediante acciones de coordinación interinstitucional con los institutos estatales de las mujeres, las delegaciones del INM y la Dirección de Relaciones Federales, Consulares y de Atención al Migrante, así como instancias de la administración pública estatal y municipal y organizaciones no gubernamentales orientadas a la atención de esta población.

Adicionalmente, el 15 y 16 de junio de 2005 se llevaron a cabo las Jornadas binacionales de capacitación en género y migración internacional (frontera sur), en Quintana Roo; y el 10 y 11 de agosto de 2005, las Jornadas binacionales de capacitación en género y migración (frontera norte), en Chihuahua. El objetivo de dichos eventos fue sensibilizar, desde la perspectiva de género y derechos humanos, al personal de las instancias públicas y privadas vinculadas en la atención de las mujeres afectadas por el fenómeno migratorio; y promover mediante acciones de capacitación, la incorporación de la perspectiva de género en las políticas, planes y programas de instancias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y asociaciones de mexicanos en el extranjero.

Del 8 al 10 de noviembre de 2005, se realizó la Jornada nacional de migración y género: origen, tránsito y destino, en Guanajuato, con el objetivo de abrir un espacio de reflexión y análisis en torno de la problemática que enfrentan .Las mujeres migrantes, así como las que viven en zonas de alta movilidad migratoria, a fin de elaborar propuestas e iniciativas de políticas públicas sobre migración interna con perspectiva de género, que contribuyan al desarrollo de estrategias y programas dirigidos a mujeres afectadas por el fenómeno migratorio en México.

Como parte de la campaña de difusión de los derechos de las mujeres migrantes, el Inmujeres imprimió un tiraje de 100 mil ejemplares del tríptico y políptico de carácter informativo y preventivo dirigido a mujeres migrantes intitulado ``'Aquí o más allá de las fronteras, tú tienes derechos... ¡Conócelos para ejercerlos!''. El material es distribuido en los lugares estratégicos de mayor flujo migratorio. El INM contribuyó en su en su distribución a través de los Grupos Beta en la frontera norte y sur de México 5 mil 250 ejemplares.

Por otro lado, el 12 y 13 de octubre de 2006 se celebró la primera Reunión regional para la atención de mujeres afectadas por el fenómeno migratorio, zona sur en Quintana Roo, con el objetivo de analizar estrategias y esquemas de atención a las mujeres migrantes que experimentan el fenómeno migratorio en cualquiera de sus modalidades, a fin de brindarles orientación legal, laboral, psicológica; servicios de salud, albergue temporal y promoción de sus derechos humanos.

En este sentido, el 24 y 25 de mayo de 2007 se realizó la segunda Reunión regional zona centro-red para la atención de mujeres afectadas por el fenómeno migratorio , en Jalisco, con el objetivo promover la instrumentación de la red.

Finalmente, el 28 y 29 de agosto de 2007 se realizó la tercera Reunión regional de la red para la atención de mujeres afectadas por el fenómeno migratorio, zona norte , en Sinaloa, con el objetivo de articular un modelo de atención en la materia a través de la coordinación interinstitucional en la zona norte del país a nivel federal, estatal y municipal.»

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento, y publíquense en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En alcance a mi oficio número SEL/300/3916/07, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar No. SSMH-01646/07 suscrito por el C. Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual complementa la respuesta al Punto de Acuerdo relativo al Día Internacional de la Mujer Rural.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo--- Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Hago referencia a la comunicación SSMH-01362/07 del 1 de octubre pasado, con la que se informa sobre las acciones realizadas por esta Cancillería, a nivel internacional, a fin de promover ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la iniciativa de establecer el ``Día Internacional de la Mujer Rural'', en' seguimiento al Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el pasado 4 de septiembre de 2007.

Al respecto, con agrado me permito hacer de su apreciable conocimiento que, como resultado de la labor realizada por esta Cancillería desde el 2005, el pasado 8 de noviembre, durante los trabajos del 62º Periodo, de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, se adoptó par consenso el proyecto de resolución ``Mejoramiento de la situación de la mujer en las zonas rurales'', donde quedó formalmente establecido el 15 de octubre como ``Día Internacional de la Mujer Rural'', lo que se logró- gracias al apoyo de los países latinoamericanos y de Sudáfrica, a esta iniciativa mexicana.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para expresarle las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento, y publíquense en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para fortalecer la certificación voluntaria de predios.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para fortalecer la certificación voluntaria de predios

Artículo Único. Se reforman las fracciones IX y X, y se adiciona una fracción XI, así como se reforman los párrafos segundo, tercero y cuarto del artículo 46; se adiciona un artículo 55 Bis; se deroga el segundo párrafo del artículo 59; se reforma el artículo 74; se adiciona una Sección V denominada ``Establecimiento, Administración y Manejo de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación'', al Capítulo I ``Áreas Naturales Protegidas'', del Título Segundo ``Biodiversidad''; y se adiciona un artículo 77 Bis, todos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 46. Se consideran áreas naturales protegidas:

Para efectos de lo establecido en el presente capítulo, son de competencia de la federación las áreas naturales protegidas comprendidas en las fracciones I a VIII y XI anteriormente señaladas.

Los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, en los términos que señale la legislación local en la materia, podrán establecer parques, reservas estatales y demás categorías de manejo que establezca la legislación local en la materia, ya sea que reúnan alguna de las características señaladas en las fracciones I a VIII y XI del presente artículo o que tengan características propias de acuerdo a las particularidades de cada entidad federativa. Dichas áreas naturales protegidas no podrán establecerse en zonas previamente declaradas como áreas naturales protegidas competencia de la federación, salvo que se trate de las señaladas en la fracción VI de este artículo.

Asimismo, corresponde a los municipios establecer las zonas de conservación ecológica municipales así como las demás categorías, conforme a lo previsto en la legislación local.

En las áreas naturales protegidas -no podrá autorizarse la fundación de nuevos centros de población.

Artículo 55 Bis. Las áreas destinadas voluntariamente a la conservación son aquellas que pueden presentar cualquiera de las características y elementos biológicos señalados en los artículos 48 al 55 de la presente ley; proveer servicios ambientales o que por su ubicación favorezcan el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 45 de esta ley. Para tal efecto, la secretaría emitirá un certificado, en los términos de lo previsto por la Sección V del presente capítulo.

Dichos predios se considerarán como áreas productivas dedicadas a una función de interés público.

El establecimiento, administración y manejo de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación se sujetará a lo previsto en la Sección V del presente capítulo.

Artículo 59. Los pueblos indígenas, las organizaciones sociales, públicas o privadas, y demás personas interesadas, podrán promover ante la secretaría el establecimiento, en terrenos de su propiedad o mediante contrato con terceros, de áreas naturales protegidas, cuando se trate de áreas destinadas a la preservación, protección y restauración de la biodiversidad. La secretaría, en su caso, promoverá ante el Ejecutivo federal la expedición de la declaratoria respectiva, mediante la cual se establecerá el manejo del área por parte del promovente, con la participación de la secretaría conforme a las atribuciones que al respecto se le otorgan en esta ley.

Artículo 74. La secretaría integrará el Registro Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en donde deberán inscribirse los decretos mediante los cuales se declaren las áreas naturales protegidas de interés federal, y los instrumentos que los modifiquen. Deberán consignarse en dicho registro los datos de la inscripción de los decretos respectivos en los registros públicos de la propiedad que correspondan. Asimismo, se deberá integrar el registro de los certificados a que se refiere el artículo 77 Bis de esta ley.

Cualquier persona podrá consultar el Registro Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el cual deberá ser integrado al Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales.

Sección V Establecimiento, Administración y Manejo de Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación

Artículo 77 Bis. Los pueblos indígenas, organizaciones sociales, personas morales, públicas o privadas, y demás personas interesadas en destinar voluntariamente a la conservación predios de su propiedad, establecerán, administrarán y manejarán dichas áreas conforme a lo siguiente:

Artículos Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El titular del Poder Ejecutivo federal, en un plazo no mayor de trescientos días, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación las reformas necesarias al Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas, a fin de que las disposiciones correspondientes sean acordes al presente decreto.

Artículo Tercero. Mientras se expiden las disposiciones reglamentarias del presente Decreto seguirán en vigor las que han regido hasta la fecha, en lo que no las contravengan.

Artículo Cuarto. Los certificados de predios destinados voluntariamente a la conservación, emitidos con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, tendrán validez para los efectos del reconocimiento como área natural protegida, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 77 Bis del presente decreto.

Asimismo, conservarán su número y fechas de registro, pero su renovación deberá ajustarse a las disposiciones del presente decreto.

Artículo Quinto. Los procedimientos de certificación de predios destinados voluntariamente a la conservación que hubiere iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, serán resultados de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de la presentación de la solicitud correspondiente, pero su renovación deberá ajustarse a las disposiciones del presente Decreto.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Justicia.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, fracción XXVIII, 13, fracción I, del Apartado B, fracción I, 313, fracción II, y 350 Bis 3, segundo párrafo; y se adiciona la fracción XXVIII Bis al artículo 3 de la Ley General de Salud.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3o., fracción XXVIII, 13, fracción I, del Apartado B, 313, fracción II, y 350 Bis 3, segundo párrafo; y se adiciona la fracción XXVIII Bis al artículo 3o. de la Ley General de Salud

Único. Se reforman los artículos 3o., fracción XXVIII, 13, fracción I, del Apartado B, 313, fracción II, y 350 Bis 3, segundo párrafo; y se adiciona la fracción XXVIII Bis al artículo 3o. de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 3º. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:

Artículo 13. La competencia entre la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A. Corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Salud:

B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales:

Artículo 313. Compete a la Secretaría de Salud:

Artículo 350 Bis 3. Para la utilización de cadáveres o parte de ellos de personas conocidas, con fines de docencia e investigación, se requiere el consentimiento del disponente.

Tratándose de cadáveres de personas desconocidas, las instituciones educativas podrán obtenerlos del Ministerio Público o de establecimientos de prestación de servicios de atención médica o de asistencia social. Para tales efectos, las instituciones educativas deberán dar aviso a la autoridad sanitaria competente, en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables.

Transitorio

Artículo Único . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Túrnese a la Comisión de Salud.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto, por el que se reforma la fracción II del artículo 185, la fracción II del artículo 188, la fracción II del artículo 189, y el primer párrafo del artículo 190, de la Ley General de Salud.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Por el que se por el que se reforma la fracción II del artículo 185, la fracción II del artículo 188, la fracción II del artículo 189, y el primer párrafo del artículo 190, de la Ley General de Salud

Único. Se reforma la fracción II del artículo 185, la fracción II del artículo 188, la fracción II del artículo 189, y el primer párrafo del artículo 190, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 185. La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

Artículo 188. La Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa contra el tabaquismo, que comprenderá, entre otras, las siguientes acciones:

Artículo 189. Para poner en práctica las acciones contra el tabaquismo, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

Artículo 190. En el marco del Sistema Nacional de Salud, la Secretaría de Salud coordinará las acciones que se desarrollen contra el tabaquismo, promoverá y organizará servicios de orientación y atención a fumadores que deseen abandonar el hábito y desarrollará acciones permanentes para disuadir y evitar el consumo de tabaco por parte de niños, adolescentes y jóvenes.

La coordinación en la adopción de medidas en los ámbitos federal y local se llevará a cabo a través de los acuerdos de coordinación que celebre la Secretaría de Salud con los gobiernos de las entidades federativas.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Túrnese a la Comisión de Salud.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE - LEY GENERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOO

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y se reforma la fracción I del artículo 8o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y se reforma la fracción I del artículo 8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

Artículo Primero. Se reforma el primer párrafo del artículo 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y se le adicionan un párrafo segundo y un tercero, para quedar como sigue:

Artículo 180. Tratándose de obras o actividades que contravengan las disposiciones de esta ley y de aquellas a las cuales se aplica de manera supletoria, así como de los reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de las mismas, los programas de ordenamiento ecológico, las declaratorias de áreas naturales protegidas o los reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de la misma, las personas físicas y morales que tengan interés legítimo tendrán derecho a impugnar los actos administrativos correspondientes, así como a exigir que se lleven a cabo las acciones necesarias para que sean observadas las disposiciones jurídicas aplicables, siempre que demuestren en el procedimiento que dichas obras o actividades originan o pueden originar un daño al medio ambiente, los recursos naturales, la vida silvestre o la salud pública.

Para tal efecto, de manera optativa podrán interponer el recurso administrativo de revisión a que se refiere este capítulo, o acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Para los efectos del presente artículo, tendrán interés legítimo las personas físicas o morales de las comunidades posiblemente afectadas por dichas obras o actividades.

Artículo Segundo. Se reforma la fracción I del artículo 8o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para quedar como sigue:

Artículo 8o. Es improcedente el juicio ante el tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes:

...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

LEY DE AGUAS NACIONALES

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo décimo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo décimo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004

Artículo Único. Se adiciona para ser incluido como párrafo segundo del artículo décimo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004, para quedar como sigue:

Ley de Aguas Nacionales

Transitorios

Décimo Cuarto. ...

Asimismo, la Comisión contará con un plazo de doce meses, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para llevar a cabo una campaña de regularización administrativa de concesiones para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales cuya vigencia haya concluido. Los concesionarios que no gestionen la regularización de sus títulos en el plazo establecido serán sancionados por la Comisión de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. Este beneficio sólo será aplicado a los poseedores que cuenten con antecedentes de trámites de concesiones y permisos en materia de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales antes de los decretos presidenciales de 1995 y 1996 relativos a la materia, que demuestren fehacientemente la operación del aprovechamiento y se sujeten a los ordenamientos jurídicos aplicables y a la disponibilidad y sustentabilidad de la cuenca.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DE LA FEDERACION

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: El siguiente punto del orden del día es la lectura de dictámenes. En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

«Dictamen de la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el artículo 54 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación

Honorable Asamblea:

La Comisión de la Función Pública de esta honorable Cámara de Diputados, con base en las facultades que le confieren los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 54 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Antecedentes

La iniciativa que se dictamina fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2358-II, del martes 9 de octubre de 2007, y presentada por el diputado Enrique Cárdenas del Avellano , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El 11 de octubre de 2007, esta iniciativa fue turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen, a la Comisión de la Función Pública.

Recibida en la Comisión de la Función Pública, y una vez sometida la iniciativa a estudio y análisis, se preparó un proyecto de dictamen por la afirmativa, que fue sometido a la consideración y discusión del pleno de la comisión, que lo aprobó en la sesión de fecha 5 de diciembre de 2007, con 18 votos a favor, ninguno en contra, sin abstenciones ni votos particulares.

Análisis de la iniciativa

I. El objetivo que persigue la presente iniciativa es modificar el artículo 54 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, abrogando la Ley de Procedimiento Administrativo (sic) en cuanto a la aplicación del Capítulo III, intitulado (sic) ``Del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias'', para que se aplique en su caso Código Federal de Procedimientos Civiles.

II. En consecuencia, la iniciativa expone el siguiente proyecto de decreto:

III. En cuanto a la exposición de motivos de la iniciativa en comento, se desprende lo siguiente:

En el primer párrafo se hace referencia al marco jurídico del Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, que a la letra dice:

Por lo anterior, es menester aclarar que el fundamento adecuado es el artículo 74, fracción IV, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente:

Por otra parte, en las conclusiones de la exposición de motivos en el tercer párrafo se cita lo siguiente:

Sólo cabe hacer la aclaración, que la denominación correcta es `` Ley Federal de Procedimiento Administrativo''.

IV. Coincidimos con las reformas propuestas por el iniciante debido a que, si bien es cierto, el artículo 54 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación a la letra señala:

Al respecto, la supletoriedad de la ley implica que ésta regule deficientemente una determinada institución jurídica que sí se encuentra prevista en la ley suplente, por lo que no puede existir supletoriedad cuando el ordenamiento legal suplido sí contempla la figura jurídica de que se trate.

En efecto, la supletoriedad de la ley sólo surte efectos jurídicos cuando, en determinada institución jurídica prevista por la ley a suplir, existen lagunas u omisiones, las cuales podrían ser subsanadas con las disposiciones que la ley supletoria contenga en relación con dicha institución jurídica.

Así pues, para que exista supletoriedad de unas normas respecto de otras, deben existir ciertos requisitos:

Cabe señalar que ante la falta de uno de estos requisitos, no puede operar la supletoriedad de una legislación en otra.

Por lo anterior, la siguiente Jurisprudencia, sustenta lo mencionado, al establecer lo siguiente:

En este sentido, el artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece lo siguiente:

Es decir, el ámbito de aplicación de la ley en cita no es aplicable para los procedimientos y resoluciones de fincamiento de responsabilidad resarcitoria que en el ámbito de sus facultades constitucionales tiene conferidos la Auditoría Superior de la Federación, toda vez que la misma es el órgano técnico de la Cámara de Diputados, de conformidad con el artículo 74, fracción IV, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece:

En este sentido, se entiende que la Auditoría Superior de la Federación pertenece al Poder Legislativo, en tanto no puede aplicar la ley en comento, de hacerlo, estaría contraviniendo al ordenamiento antes citado.

Por otro lado, el mismo ordenamiento, en su párrafo segundo, hace una segunda prohibición al estipular lo siguiente:

Ahora bien, la supletoriedad a que hace referencia el artículo 54 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, es para las cuestiones no previstas en el Capítulo denominado ``Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias'', y éste se refiere a las responsabilidades de los servidores públicos que causan un quebranto a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales estimables en dinero, que con motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública detecta la entidad de fiscalización superior de la federación.

Aunado a lo anterior, se puede establecer que cada norma tiene un campo de acción limitado y, por ende, no puede regular más que en las materias que entran en tal circunscripción, es decir, en el campo de acción para el cual fueron creadas, y no para las demás materias, como es el caso que nos ocupa.

Además, tiene a bien señalar la iniciativa que la norma debe ser clara y precisa, para no dejar duda de su aplicación, sin embargo, actualmente la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no es clara en la aplicación en los procedimientos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria, así como para el recurso de reconsideración que en el ámbito de sus facultades constitucionales inicia la Auditoría Superior de la Federación, debido a la contrariedad en cuanto a las autoridades que van a aplicar ésta y la prohibición en materia de responsabilidades establece la misma, a efecto de evitar estas situaciones contradictorias y de que la autoridad actúe en un marco de derecho. Es correcta la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, puesto que contiene los parámetros aplicables a los procedimientos administrativos y la misma Ley de Fiscalización Superior de la Federación establece la supletoriedad de ésta en su artículo 6. Con ello se evitaría la supletorierad de la supletoriedad, como actualmente se configura.

En virtud de lo anterior, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 54 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación:

Artículo Único. Se reforma el artículo 54 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 54. En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en este capítulo, así como en la apreciación de las pruebas y desahogo del recurso de reconsideración, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es de primera lectura.

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: De la Comisión de la Función Pública... A ver, sonido a la curul de la diputada Valentina Batres.

Quiero solicitarle que antes de que se dé la primera lectura se pueda publicar, por instrucción de la Mesa, una investigación que solicitó la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y que pagó al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre al viabilidad legal de esta ley, para conocimiento de todos los legisladores antes de que se dé por primera lectura el dictamen y conozcamos del Instituto de Investigaciones Jurídicas las apreciaciones en materia de constitucionalidad que tiene esta ley.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tengo entendido que se publicó este dictamen junto con los dos votos particulares, que es lo que procesalmente corresponde. A ver, sonido por favor a la diputada.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Presidente, eso es correcto, pero estoy hablando de otro tema. La Junta de Coordinación Política... a petición de más 136 diputados le solicitamos que se mandara a hacer un estudio que pagó la Junta de Coordinación Política al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre la legalidad y constitucionalidad de este dictamen.

Lo que le pido por favor es que, para conocimiento de los 500 diputados, antes de que entre a discusión esta ley se pueda publicar en Gaceta y tengamos conocimiento de lo que respondió en una investigación que le pidió esta Cámara, a través de la Junta de Coordinación, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para que podamos dar un debate nutrido, robustecido y, además, con la apreciación de un instituto no menor, que es el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y podamos aprobar o no este dictamen que nos proponen las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: A ver, vamos a definir este tema de la siguiente forma: si no hay en este momento una petición de la comisión para que se retire, entonces estaríamos ya en la situación procesar de que se pueda dar la primera lectura. Pero, a ver, diputado Chidiac. Sonido a su curul.

Quisiera decir que conocemos en la Comisión de Hacienda el contenido del estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Algunos diputados coinciden con él, otros no. No es vinculatorio para los diputados de la Comisión de Hacienda este estudio.

Nosotros ya votamos el dictamen, ya se dio la primera lectura y tenemos más de un año incumpliendo la reforma constitucional que establece la autonomía del INEGI, de tal manera que tendríamos que mantener la cuasi legalidad en la que funciona el INEGI hoy, si mantenemos esto fuera del orden del día.

De tal manera que yo le pediría, en nombre de la Comisión de Hacienda, que se mantenga en el orden del día, como se encuentra, y quienes quieran hacer valer el estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, lo podrán hacer valer en la discusión que haya en el pleno.

Yo, a mi criterio, en lo particular no coincido con lo que el instituto realiza o lo que opina. Las opiniones que hace el instituto son exactamente las mismas que un partido político que no votó a favor del dictamen.

Y no coincidimos la mayoría de los diputados de la Comisión de Hacienda, por lo menos las dos terceras partes de la comisión, con lo que dice ese instituto. Así que yo le rogaría que se mantenga el orden del día, por favor.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Sí.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: A ver, diputada. Sonido a la curul de la diputada Batres.

No estoy imponiendo que suscribamos este estudio. Solamente que nos enriquezca la visión de un dictamen que, efectivamente, ya fue votado en las Comisiones de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público.

No estoy renunciando a él ni estoy cambiando el sentido del dictamen; solamente creo que vale la pena que los 500 diputados gocemos de un trabajo que costó bastante caro ---creo---, tengo entendido que aproximadamente 400 mil pesos.

Entonces vale la pena darle sentido a un gasto, para que todos conozcamos de estas apreciaciones jurídicas. Por lo demás, el orden del día no estoy solicitando que se cambie.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Está correcto. Va a seguir el mismo orden del día. Entendemos el valor de estos estudios, que como todos los diputados sabemos, no son vinculatorios. Pero esta Presidencia no tiene ningún inconveniente en que se pueda reproducir este estudio y distribuir entre los diputados, para que los diputados lo conozcan y, en su momento, en su discusión, cada diputado tomará su decisión propia.

El diputado Charbel Jorge Estefan Chidiac (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: A ver, diputado Chidiac. Sonido a la curul del diputado Chidiac. ¿Sobre este tema?

Ojalá puedan ustedes revisar en las actas correspondientes que ya se le dio primera lectura a este dictamen. Y estamos totalmente de acuerdo en que se socialice una fotocopia de este estudio y en el momento en que se vaya a votar, que sirva de elemento para que cada quien haga y norme su juicio.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Esta Presidencia tiene información muy precisa, en el sentido de que no se cantó la primera lectura; sí se había agendado, pero se retiró. Por tanto, el trámite correspondiente, reglamentario, es que hoy le demos la primera lectura al dictamen de referencia, y si nos permiten, ya vendrá el momento procesal de la discusión, de la argumentación de posiciones, que éste no es el momento.

LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DE LA FEDERACION

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Vamos a continuar con la lectura de los dictámenes de primera lectura.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Dictamen de la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma el artículo 86 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación

Honorable Asamblea:

La Comisión de la Función Pública de la honorable Cámara de Diputados, con base en las facultades que le confieren los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f); y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a su consideración el siguiente dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 86 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Antecedentes

La iniciativa que se dictamina fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2355-II del jueves 4 de octubre de 2007, y presentada por el diputado Alan Notholt Guerrero , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de la Función Pública.

Recibida en la Comisión de la Función Pública, y una vez sometida la iniciativa a estudio y análisis, se preparó un proyecto de dictamen por la afirmativa, que fue sometido a la consideración y discusión del pleno de la comisión, que lo aprobó en la sesión de fecha miércoles 5 de diciembre de 2007, por 18 votos a favor, ninguno en contra, sin abstenciones ni votos particulares.

Análisis de la iniciativa

I. El objetivo que persigue la presente iniciativa es modificar el artículo 86 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación para que a más tardar el 15 de agosto de cada año, la Auditoría Superior de la Federación entregue a la Cámara de Diputados su proyecto de presupuesto.

II. Es importante recordar que el 30 de julio de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que dio origen a la entidad de fiscalización superior de la federación como el órgano técnico de la Cámara de Diputados responsable de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública, abrogándose el 29 de diciembre de 2000 la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda dando origen a la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

En este tenor, el artículo 79 de la Carta Magna establece las facultades de la entidad de fiscalización superior, que a la letra dice:

En la exposición de motivos del presente proyecto, la iniciativa señala que existe contradicción en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación sobre el mecanismo mediante el cual el auditor remite a la Cámara de Diputados su proyecto de presupuesto anual. Al respecto, es importante señalar que antes de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de julio de 2007 al Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, efectivamente existía contradicción pero actualmente ya no es así ya que el artículo 6 del reglamento en comento señala como facultad no delegable del auditor:

En otro orden de ideas, es fundamental señalar que la Auditoria Superior de la Federación ejercerá autónomamente, con sujeción a las disposiciones aplicables, su presupuesto aprobado. (Artículo 86 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación)

En virtud de lo anterior, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 86 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación

Artículo Único. Se reforma el artículo 86 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 86. La Auditoría Superior de la Federación elaborará su proyecto de presupuesto anual que contenga, de conformidad con las previsiones de gasto, los recursos necesarios para cumplir con su encargo, el cual será remitido por el Auditor Superior de la Federación a la comisión a más tardar el 15 de agosto, para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación ejercerá autónomamente, con sujeción a las disposiciones aplicables, su presupuesto aprobado.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es de primera lectura.

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica

HONORABLE ASAMBLEA:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 57 y 135 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la H. Cámara de Senadores remitió la Minuta con proyecto de Decreto por el que se Expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Con base en las facultades que les confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación se abocaron al análisis de la Minuta antes señalada, y conforme a las deliberaciones que de la misma realizaron sus miembros reunidos en Pleno, presentan a esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES

DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA

La Minuta materia de este dictamen contiene la propuesta de Ley reglamentaria del apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tiempo de su presentación constaba de 102 artículos y 15 transitorios, organizados en cuatro títulos, correspondientes a los siguientes rubros:

Fundamentalmente, la Minuta con proyecto de decreto que se dictamina plantea los siguientes aspectos:

Se especifica que la Ley regulará el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica; los derechos y obligaciones de sus informantes; la organización y funcionamiento del Instituto como organismo público con autonomía técnica y de gestión, responsable de normar y coordinar el Sistema y, finalmente, las faltas administrativas, así como el medio de defensa administrativo frente a las resoluciones del Instituto y la agravación de las penas por la comisión de delitos que atenten contra el sistema.

La Minuta Contiene un glosario de términos que permitirán una interpretación más clara y precisa de la norma.

Regula la estructura y el funcionamiento del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el cual se regirá por los principios de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia, y tendrá como objetivos producir información estadística y geográfica, difundir oportunamente la información a través de mecanismos que faciliten su consulta, promover el conocimiento y uso de la información, así como su conservación.

El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, estaría integrado por el Consejo Consultivo Nacional, los Subsistemas Nacionales de Información y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Se especifica que la planeación, programación, producción y difusión de la información del Sistema se llevará a cabo a través del Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información

Estadística y Geográfica, del Programa Nacional de Estadística y Geografía y del Programa Anual de Estadística y Geografía, los cuales serían elaborados y aprobados por la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Dichos instrumentos serían de carácter obligatorio para la Federación, las entidades federativas, y los Municipios.

Asimismo, el Consejo Consultivo Nacional se integrará por miembros de los Comités Ejecutivos de los Subsistemas y de los Comités Técnicos Especializados, así como por representantes de instituciones públicas, sociales y privadas que fueran invitadas a participar en el Consejo por parte del Instituto, y será la instancia encargada de opinar sobre el Programa Estratégico y el Programa Nacional de Estadística y Geografía, la información que habría de considerarse de importancia nacional de acuerdo con lo establecido en la Minuta de ley que nos ocupa, la necesidad de crear subsistemas adicionales a los previstos en el instrumento jurídico que se analiza y los demás asuntos que someta a su consideración el Presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Se establecen los Subsistemas Nacionales de Información Demográfica y Social; de Información Económica; de Geografía y Medio Ambiente, y los demás que, siendo necesarios para el funcionamiento del Sistema, sean creados por la Junta de Gobierno del Instituto, previa opinión favorable del Consejo Consultivo Nacional.

Por otro lado, se prevé la existencia de Comités Ejecutivos y Comités Técnicos Especializados, los cuales tendrían facultades relacionadas con la elaboración o revisión de las normas técnicas para la producción de la información estadística y geográfica.

Se establece la regulación relativa a los Informantes del Sistema, señalándose los derechos y obligaciones de los informantes, el mecanismo para llevar a cabo inspecciones a los mismos y el procedimiento para dar atención a las solicitudes oficiales de información provenientes del extranjero.

Se establecen disposiciones para regular la organización y funcionamiento del Instituto Nacional de Estadística y Geografía como órgano rector del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como unidad productora de parte de dicha información.

Entre las funciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía se encuentran integrar y desarrollar el Sistema, así como normar y coordinar las actividades que lleven a cabo las unidades productoras de información estadística y geográfica, regulando la producción, tratamiento, conservación y divulgación de la información estadística y geográfica a través de disposiciones de carácter general.

La administración del Instituto se llevaría a cabo a través de una Junta de Gobierno y un Presidente, quienes contarían con facultades específicas. En consecuencia, la Junta de Gobierno sería el órgano superior de dirección del Instituto, en tanto que la Presidencia consistiría en el órgano superior ejecutivo del mismo.

La Junta de Gobierno del Instituto se integraría por cinco miembros designados por el Presidente de la República, con la aprobación de la Cámara de Senadores o, en los recesos de dicho órgano legislativo, por la Comisión Permanente. Asimismo, el Presidente del Instituto, quién a su vez presidiría la Junta de Gobierno sería nombrado por el Presidente de la República de entre los miembros del mencionado órgano de gobierno.

El patrimonio del Instituto estaría conformado por los bienes que la Federación destine para el cumplimiento de su objeto, los bienes que el Instituto adquiera directamente con igual fin, las partidas que anualmente se señalen en el Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para su organización y funcionamiento, las aportaciones o donaciones que reciba y, aquellos ingresos que percibiera por cualquier otro concepto.

Se señala de manera expresa que los recursos que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los organismos constitucionales autónomos, destinen para la realización de actividades en materia de estadística y geografía, invariablemente, deberán ser consignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación en las partidas de gasto correspondientes. Para el caso de las entidades federativas y los municipios, éstos quedarían obligados a identificar los recursos de referencia e informar al Instituto lo conducente.

En cuanto a la transparencia y rendición de cuentas del Instituto, la Minuta en estudio establece la obligación del organismo de presentar diversa información, como: los resultados de la ejecución del Programa Anual de Información Estadística y Geográfica correspondiente al año inmediato anterior; el calendario de publicación de información de importancia nacional; un informe anual de actividades y del ejercicio del gasto correspondiente al año inmediato anterior y, un informe razonado y fundamentado respecto de las autorizaciones que el Instituto hubiere otorgado, para ejercer recursos en materia de Actividades Estadísticas y Geográficas.

La vigilancia del Instituto estará a cargo de una contraloría interna y un auditor externo nombrado por la Junta de Gobierno del Instituto.

El Instituto debe establecer, operar y normar un Registro Nacional de Información Geográfica, en el que debería asentarse al menos la información proveniente de los temas geográficos que trataría el Subsistema Nacional de Geografía y Medio Ambiente. Además podrá establecer, operar y normar otros registros necesarios para fines estadísticos y geográficos.

Se establecen disposiciones que regulan el acervo de información del Instituto, concretamente, respecto de la conservación, representación, almacenamiento y comunicación de la información, así como la implementación de un sistema de compilación normativa.

Se contienen disposiciones aplicables al Servicio Público de Información Estadística y Geográfica, el cual consistiría en poner a disposición de los usuarios, sujeto a las normas que al efecto emita la Junta de Gobierno, la información de importancia nacional y se especifica que este servicio será prestado en forma exclusiva por el Instituto.

Se establecen disposiciones relativas a las faltas administrativas, el recurso de revisión como medio de defensa y las concernientes a la agravación de las penas en la comisión de delitos que atenten contra la integridad, buen funcionamiento o conservación del Sistema.

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES UNIDAS

Derivado de la reforma a los artículos 26 y 73 fracción XIX-D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se hace patente que se dio inicio a una nueva etapa en la historia de los sistemas de información estadística y geográfica, en el marco de la nueva cultura de transparencia y acceso universal a la información.

Como consecuencia de lo anterior, surge la necesidad de reglamentar las disposiciones generales plasmadas en nuestra Carta Magna, la cual se atiende a través de la iniciativa presentada en la Cámara de Senadores en abril del año pasado, la cual fue dictaminada por esa Colegisladora y remitida a esta órgano legislativo para los efectos constitucionales.

Además, estas comisiones consideran importante hacer notar, tal y como lo señala la Exposición de Motivos de la iniciativa, que las propuestas incluidas en dicho instrumento jurídico aportan avances importantes respecto de la vigente Ley de Información Estadística y Geográfica, lo cual va acorde con la evolución que han tenido los sistemas de información estadística y geográfica a nivel mundial.

En tal virtud, se coincide plenamente con los promoventes de la iniciativa original, en el sentido de hacer del marco reglamentario del artículo 26 apartado B, una ley moderna, funcional y que tienda a fortalecer la producción de información estadística y geográfica de manera responsable y transparente.

Asimismo, estas comisiones dictaminadoras han procedido al análisis de las modificaciones propuestas por el Senado de la República a la iniciativa original, las cuales consisten básicamente en los siguientes aspectos:

Valoración del Impacto Presupuestario

En cumplimiento a lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, estas comisiones dictaminadoras llevaron a cabo la valoración del impacto presupuestario de la Minuta en análisis, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, así como la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Derivado de dicho análisis, se hace necesario señalar que el artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se declaran reformados los artículos 26 y 73 fracción XXIX-D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2006, establece lo siguiente: ``Conforme a las disposiciones aplicables, el régimen presupuestario del organismo creado en los términos del presente Decreto, deberá garantizar la libre administración, la no-transferencia y la suficiencia de recursos públicos. Lo anterior, a efecto de que el organismo esté en condiciones de dar cumplimiento a los planes y programas que formule en observancia de la Ley a que se refiere el apartado B del Artículo 26 de esta Constitución''.

De lo anterior se corrige que si bien el Constituyente Permanente decidió no otorgarle autonomía presupuestaria al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo cual se corrobora con las modificaciones realizadas en ambas Cámaras del Congreso durante la aprobación de la reforma constitucional señalada, decidió otorgarle un tratamiento presupuestario especial a efecto de que dicho Instituto cuente con los recursos suficientes, en el año que corresponda, para llevar a cabo los censos nacionales, las cuentas nacionales y los índices nacionales de precios.

Con base en dicho antecedente, se considera que el proyecto de Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica es congruente con la reforma constitucional citada, ya que en su artículo 83 establece el tratamiento presupuestario específico para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el cual deberá observar las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En este orden de ideas, el citado artículo establece que en el año en que deban efectuarse los censos nacionales, las cuentas nacionales y los índices nacionales de precios, el Presupuesto de Egresos de la Federación deberá contemplar los recursos suficientes para llevarlos a cabo.

Asimismo, la disposición invocada señala que las actividades estadísticas y geográficas adicionales a las señaladas en el párrafo anterior, que el Instituto pretenda llevar a cabo, quedarán sujetas a la disponibilidad de recursos.

Lo anterior cumple con lo dispuesto en la reforma constitucional en cuanto a la ``suficiencia de recursos públicos'' para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Por lo que respecta a la garantía de ``libre administración'' y la ``no-transferencia'' de recursos del Instituto, el proyecto de ley también incluye en el artículo 83 las disposiciones que garantizan a ese organismo el contar con la atribución de, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ejercer libremente su presupuesto, incluyendo las adecuaciones presupuestarias que requiera, sin sujetarse a autorización alguna de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la Secretaría de la Función Pública ni a las disposiciones que éstas emitan. Asimismo, se garantiza al Instituto que sus pagos se realicen por conducto de su propia tesorería y que elaborará su propia contabilidad y sus informes.

En este sentido, se concluye que la regulación descrita es acorde con el mandato establecido por el Constituyente Permanente en la reforma constitucional citada anteriormente.

Por otro lado, en cuanto a los impactos presupuestarios que pudiera implicar la entrada en vigor de la ley, se considera que tomando en cuenta lo dispuesto en el Sexto transitorio de la misma, el cual establece que: ``en los Presupuestos de Egresos de la Federación deberán incluirse los recursos suficientes para que el Instituto continúe realizando las actividades estadísticas y geográficas que de manera regular y periódica hayan sido realizadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, hasta antes de la entrada en vigor del presente ordenamiento.'', el Instituto tendrá que sujetarse al presupuesto que actualmente tiene asignado por mandato de la H. Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2007, conforme a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación, lo cual implica que en caso de que tuviera que realizar modificaciones a su estructura orgánica, deberá realizarlo mediante movimientos compensados que no incrementen su presupuesto regularizable de servicios personales.

Asimismo, los presupuestos subsecuentes tendrán que sujetarse a lo previsto en dicho transitorio para que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía continúe llevando a cabo las actividades que durante este año viene realizando de manera regular y periódica. Lo anterior, sin perjuicio de que, en términos del artículo 83 de la ley, en los años que corresponda llevar a cabo los censos nacionales, las cuentas nacionales y los índices nacionales de precios, deberán presupuestarse los recursos necesarios para que el Instituto pueda llevarlos a cabo.

Las que dictaminan consideran que es necesario precisar que la atribución de la Junta de Gobierno contemplada en el artículo 77, fracción IV, relativa a ``determinar la información que deba ser de divulgación restringida por motivos de seguridad nacional'' tiene la finalidad de evitar una dispersión de términos en nuestro sistema jurídico que en nada beneficia a los particulares, tratándose de su derecho de acceso a la información en poder del Estado y teniendo presente las reformas al artículo 6o. Constitucional que están por publicarse, respecto de que toda información es pública y, por excepción reservada; coincidimos en que debe quedar claro, que bajo dicha expresión, se hace referencia a ``divulgación de información reservada'' y por lo tanto, al hablar de información de divulgación restringida, ésta deberá apegarse a los principios y plazos previstos en la Ley de la materia.

Por otra parte, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública remitió opinión a las Comisiones Unidas, en la forma siguiente:

Asimismo, la Comisión Especial para la Reforma del Estado envió opinión a las Comisiones Unidas, en los siguientes términos:

En mérito de lo expuesto, y con base en las consideraciones anteriores y el análisis de la Minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, y tomando en cuenta las opiniones de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de la Especial para la Reforma del Estado, los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA:

Artículo Único.- Se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- La presente Ley, reglamentaria del apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de orden público, de interés social y de observancia general en toda la República, y tiene por objeto regular:

ARTÍCULO 2.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:

Cuando el Instituto genere Información se considerará como Unidad para efectos de esta Ley.

TÍTULO SEGUNDO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA

CAPÍTULO I Del Sistema

ARTÍCULO 3.- El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, tiene la finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado Información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional.

Serán principios rectores del Sistema los de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia.

ARTÍCULO 4.- El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica tendrá como objetivos:

ARTÍCULO 5.- El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica estará integrado por:

ARTÍCULO 6.- La Información de Interés Nacional será oficial y de uso obligatorio para la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, las Unidades podrán producir y dar a conocer información pública oficial adicional a la Información de Interés Nacional.

ARTÍCULO 7.- La organización, la planeación, el funcionamiento y la coordinación de Actividades Estadísticas y Geográficas, así como la evaluación de los resultados del Sistema, se sujetarán a esta Ley, a los programas previstos en el artículo 9 de esta Ley y a las disposiciones de carácter general que expida al efecto el Instituto, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria correspondiente.

El Instituto expedirá un código de ética que regule los estándares de conducta a los que deberá apegarse todo aquél que realice Actividades Estadísticas y Geográficas, incluyendo al propio Instituto. El código de ética se pondrá a disposición del público a través de Internet.

ARTÍCULO 8.- Las Unidades del Estado participarán en el Sistema a través de:

El Instituto deberá emitir las disposiciones generales para regular el funcionamiento de los órganos colegiados a que se refieren las fracciones anteriores.

CAPÍTULO II De la Programación

ARTÍCULO 9.- La ordenación y regulación de las actividades necesarias para la planeación, programación, producción y difusión de la Información de Interés Nacional, se llevará a cabo a través de los instrumentos siguientes:

La Junta de Gobierno tendrá a su cargo la aprobación de los programas a que se refiere este artículo, debiendo someter los proyectos de los mismos para opinión a las instancias respectivas en los términos que señala esta Ley.

Una vez aprobados el Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y el Programa Nacional de Estadística y Geografía, deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación y serán obligatorios para las Unidades del Estado conforme a la disponibilidad presupuestaria correspondiente.

ARTÍCULO 10.- El Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica:

ARTÍCULO 11.- El Programa Nacional de Estadística y Geografía:

ARTÍCULO 12.- El Programa Anual de Estadística y Geografía deberá elaborarse tomando en consideración lo dispuesto en el Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y en el Programa Nacional de Estadística y Geografía, debiendo comprender las Actividades a desarrollar por cada Subsistema para la generación de la Información de Interés Nacional en el año al que corresponda, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley. La ejecución de las Actividades previstas en el Programa Anual de Estadística y Geografía quedará sujeta a la disponibilidad presupuestaria de las Unidades.

ARTÍCULO 13.- El Instituto proporcionará a las autoridades competentes la Información de Interés Nacional que se requiera para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.

CAPÍTULO III Del Consejo Consultivo Nacional

ARTÍCULO 14.- El Consejo Consultivo Nacional estará integrado por:

El Instituto podrá invitar a las sesiones del Consejo a representantes de entidades de las administraciones públicas federal y locales e instituciones públicas, sociales y privadas.

Los integrantes del Consejo desempeñarán sus funciones en dicho órgano colegiado de manera honoraria.

ARTÍCULO 15.- El Consejo Consultivo Nacional deberá:

ARTÍCULO 16.- El Consejo Consultivo Nacional será presidido por el Presidente del Instituto y fungirá como secretario técnico el servidor público del Instituto que aquél determine.

El Consejo se reunirá de manera ordinaria al menos una vez al año, y en forma extraordinaria cuando la naturaleza de algún asunto de su competencia así lo exija.

La convocatoria a reunión del Consejo será formulada por el Presidente del Instituto. Podrán solicitar por escrito al Presidente del Instituto, la convocatoria a una reunión extraordinaria cualquiera de los Comités Ejecutivos de los Subsistemas a través de su presidente, así como al menos veinticinco por ciento de los miembros del Consejo, con el objeto de tratar alguno de los asuntos a los que se hace referencia en el artículo 15 de esta Ley.

La convocatoria deberá hacerse con la anticipación necesaria, según la naturaleza y urgencia de los asuntos a tratar. Las reuniones se desahogarán conforme a las reglas que se adopten, a propuesta del Instituto.

CAPÍTULO IV De los Subsistemas Nacionales de Información

ARTÍCULO 17.- El Sistema contará con los siguientes Subsistemas Nacionales de Información:

Cada Subsistema tendrá como objetivo producir, integrar y difundir Información demográfica y social; económica y financiera, y geográfica y del medio ambiente, según corresponda.

El Instituto deberá emitir las disposiciones generales para regular el funcionamiento de los Subsistemas Nacionales de Información.

La Junta de Gobierno, previa opinión favorable del Consejo, podrá crear otros Subsistemas que sean necesarios para el adecuado funcionamiento del Sistema.

ARTÍCULO 18.- En el acuerdo de creación de un Subsistema conforme al último párrafo del artículo anterior, la Junta de Gobierno deberá señalar como mínimo su infraestructura de información, los indicadores clave que deberá producir y las fuentes de las que se obtendrá -con el apoyo de las Unidades- la información básica para dichos indicadores.

ARTÍCULO 19.- Formarán parte de los Subsistemas: los Comités Ejecutivos de Información Demográfica y Social, de Información Económica, y de Información Geográfica y del Medio Ambiente; los Comités Técnicos Especializados que se constituyan en términos de lo dispuesto en esta Ley, así como las Unidades del Estado.

SECCIÓN I Del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social

ARTÍCULO 20.- El Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, contará con una infraestructura de información que contenga como mínimo, un marco geoestadístico y un inventario nacional de viviendas.

ARTÍCULO 21.- El Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social deberá generar un conjunto de indicadores clave, que atenderán como mínimo los temas siguientes: población y dinámica demográfica, salud, educación, empleo, distribución de ingreso y pobreza, seguridad pública e impartición de justicia, gobierno y vivienda.

ARTÍCULO 22.- El Instituto elaborará, con la colaboración de las Unidades, los indicadores a que se refiere el artículo anterior, a partir de la información básica que se obtenga de:

SECCIÓN II Del Subsistema Nacional de Información Económica

ARTÍCULO 23.- El Subsistema Nacional de Información Económica, contará con una infraestructura de información que contenga como mínimo, un marco geoestadístico y un Directorio Nacional de Unidades Económicas.

El Directorio a que se hace referencia en el párrafo anterior, así como las clasificaciones económicas que formen parte del mismo, son de uso obligatorio para la organización de los registros administrativos de los que se pueda obtener Información de Interés Nacional.

ARTÍCULO 24.- El Subsistema Nacional de Información Económica deberá generar un conjunto de indicadores clave, relacionados como mínimo con lo siguiente: sistema de cuentas nacionales; ciencia y tecnología; información financiera; precios y trabajo.

ARTÍCULO 25.- El Instituto elaborará, con la colaboración de las Unidades, los indicadores a que se refiere el artículo anterior a partir de la información básica proveniente de:

SECCIÓN III Del Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente

ARTÍCULO 26.- El Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente, en su componente geográfico, generará como mínimo los siguientes grupos de datos: marco de referencia geodésico; límites costeros, internacionales, estatales y municipales; datos de relieve continental, insular y submarino; datos catastrales, topográficos, de recursos naturales y clima, así como nombres geográficos. A este componente también se le denominará Infraestructura de Datos Espaciales de México.

ARTÍCULO 27.- El Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente, en su componente del medio ambiente, procurará describir el estado y las tendencias del medio ambiente, considerando los medios naturales, las especies de plantas y animales, y otros organismos que se encuentran dentro de estos medios.

El Subsistema referido en el párrafo anterior, deberá generar, como mínimo, indicadores sobre los siguientes temas: atmósfera, agua, suelo, flora, fauna, residuos peligrosos y residuos sólidos.

ARTÍCULO 28.- El Instituto elaborará, con la colaboración de las Unidades, los indicadores a que se refieren los dos artículos anteriores a partir de la información básica proveniente de:

SECCIÓN IV De los Comités de los Subsistemas

ARTÍCULO 29.- Cada Subsistema contará con un Comité Ejecutivo que se integrará por un vicepresidente de la Junta de Gobierno, quien lo presidirá, así como por al menos los coordinadores de las Unidades que a continuación se señalan para cada Subsistema Nacional de Información:

Por acuerdo de la mayoría de los miembros de cada Comité Ejecutivo, se podrá invitar a participar como miembro del mismo a representantes de otras Unidades o determinarse la necesidad de reducir el número de miembros.

A las sesiones de los Comités a que se refiere este artículo podrán asistir los invitados que cada Comité determine.

El Instituto nombrará al servidor público -del propio Instituto- que fungirá como secretario técnico en cada uno de los Comités a que se refiere este artículo.

Los integrantes de los Comités Ejecutivos desempeñarán sus funciones en dichos órganos colegiados de manera honoraria.

ARTÍCULO 30.- Los Comités Ejecutivos tendrán las facultades siguientes:

Las decisiones de los Comités Ejecutivos se tomarán por mayoría, en caso de empate tendrá voto de calidad aquélla Unidad que, en el ámbito de su competencia, haya sometido la propuesta a votación.

ARTÍCULO 31.- Los Comités Técnicos Especializados serán instancias colegiadas de participación y consulta creados por acuerdo de la Junta de Gobierno, integrados por representantes de las Unidades y del Instituto, quien promoverá la constitución y adecuado funcionamiento de los mismos sujetándose a las disposiciones siguientes:

El Instituto nombrará al servidor público -del propio Instituto- que fungirá como secretario técnico de los comités que se constituyan con base en este artículo.

Los integrantes de los Comités Técnicos Especializados desempeñarán sus funciones en dichos órganos colegiados de manera honoraria.

ARTÍCULO 32.- Los Comités Técnicos Especializados a los que se refiere el artículo anterior tendrán las funciones siguientes:

SECCIÓN V De las Unidades del Estado

ARTÍCULO 33.- Las Unidades del Estado distintas al Instituto, cuando desarrollen actividades relacionadas con la producción, integración, conservación y difusión de Información de Interés Nacional, deberán:

Cuando por mandato legal las Unidades estén facultadas para producir y dar a conocer Información Estadística y Geográfica deberán observar lo que al respecto determine la ley correspondiente, sin perjuicio de que apliquen, en lo conducente, lo señalado en la fracción I de este artículo.

El Banco de México determinará las normas relativas a la información que produzca y requiera, para la conducción de la política monetaria.

ARTÍCULO 34.- Para el correcto funcionamiento y coordinación del Sistema, se designará a un coordinador por cada grupo de Unidades correspondientes a una misma cámara legislativa federal o local; dependencia o entidad paraestatal de la administración pública federal; entidad federativa; organismo constitucional autónomo federal o de las entidades federativas, municipio o tribunal administrativo, así como del Poder Judicial de la Federación o de los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas.

Las designaciones deberán recaer en personas que ocupen, al menos, el nivel de titular de unidad o su equivalente, o el nivel inmediato inferior al de aquélla a la que corresponda hacer el nombramiento y que preferentemente cuenten con conocimientos y experiencia en materia de Información. Cada coordinador deberá nombrar a su suplente quien deberá ocupar el nivel inmediato inferior a aquél.

ARTÍCULO 35.- Los coordinadores a que se refiere el artículo anterior tendrán bajo su responsabilidad:

ARTÍCULO 36.- A efecto de apoyar en la capacitación y actualización de los servidores públicos de las Unidades, así como en la investigación permanente en temas de producción y análisis de la Información, el Instituto podrá realizar las funciones siguientes:

CAPÍTULO V De los Informantes del Sistema

SECCIÓN I De los Derechos y Obligaciones de los Informantes del Sistema

ARTÍCULO 37.- Los datos que proporcionen para fines estadísticos los Informantes del Sistema a las Unidades en términos de la presente Ley, serán estrictamente confidenciales y bajo ninguna circunstancia podrán utilizarse para otro fin que no sea el estadístico.

El Instituto no deberá proporcionar a persona alguna, los datos a que se refiere este artículo para fines fiscales, judiciales, administrativos o de cualquier otra índole.

ARTÍCULO 38.- Los datos e informes que los Informantes del Sistema proporcionen para fines estadísticos y que provengan de registros administrativos, serán manejados observando los principios de confidencialidad y reserva, por lo que no podrán divulgarse en ningún caso en forma nominativa o individualizada, ni harán prueba ante autoridad judicial o administrativa, incluyendo la fiscal, en juicio o fuera de él.

Cuando se deba divulgar la información a que se refiere el párrafo anterior, ésta deberá estar agregada de tal manera que no se pueda identificar a los Informantes del Sistema y, en general, a las personas físicas o morales objeto de la información.

El Instituto expedirá las normas que aseguren la correcta difusión y el acceso del público a la Información, con apego a lo dispuesto en este artículo.

ARTÍCULO 39.- El Instituto realizará las acciones tendientes a lograr, que los Informantes del Sistema incurran en los menores costos posibles en la entrega de la información que les solicite.

ARTÍCULO 40.- Los Informantes del Sistema a quienes se les requieran datos estadísticos o geográficos, deberán ser enterados de:

Las anteriores previsiones deberán aparecer en los cuestionarios y documentos que se utilicen para recopilar datos estadísticos o geográficos.

ARTÍCULO 41.- Los Informantes del Sistema, en su caso, podrán exigir que sean rectificados los datos que les conciernan, para lo cual deberán demostrar que son inexactos, incompletos o equívocos.

Cuando proceda, deberá entregarse al Informante del Sistema, un documento en donde se certifique el registro de la modificación o corrección. Las solicitudes correspondientes se presentarán ante la misma autoridad que captó la información.

ARTÍCULO 42.- Los Informantes del Sistema podrán denunciar ante las autoridades administrativas y judiciales, todo hecho o circunstancia del que se derive que se hubieren desconocido los principios de confidencialidad y reserva a que se refiere esta Ley.

ARTÍCULO 43.- La información que sea obtenida mediante engaño o cualquier otro medio ilícito carecerá de validez. Los Informantes del Sistema de quienes bajo estas circunstancias se hubiere obtenido tal información, independientemente del ejercicio de las acciones penales y administrativas que fueren procedentes, podrán comunicar dicha circunstancia al Instituto. Lo anterior, sin perjuicio de que el interesado proporcione a las Unidades, en los términos de esta Ley, la información correspondiente.

ARTÍCULO 44.- El Instituto, cuando no cuente con otros medios técnicos de comprobación o validación de la información proporcionada por los Informantes del Sistema, podrá realizar inspecciones de verificación en los términos de la Sección III de este Capítulo, en las cuales podrá solicitar la exhibición de documentos que acrediten los datos estrictamente estadísticos y geográficos.

Las Unidades que no cuenten con un procedimiento similar establecido en algún ordenamiento jurídico, podrán realizar las inspecciones de verificación a que se refiere el párrafo anterior.

Cuando los datos consignados en la documentación elaborada para captarlos no se encuentren en los documentos exhibidos, deberá señalarse la fuente o presentarse los antecedentes que hubieran servido de base para la información suministrada.

ARTÍCULO 45.- Los Informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar, con veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las autoridades competentes para fines estadísticos, censales y geográficos, y prestarán apoyo a las mismas.

La participación y colaboración de los habitantes de la República en el levantamiento de los censos, será obligatoria y gratuita en los términos señalados en el artículo 5º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los propietarios, poseedores o usufructuarios de predios ubicados en el territorio nacional, prestarán apoyo en los trabajos de campo que realicen las autoridades para captar Información.

ARTÍCULO 46.- Las Unidades estarán obligadas a respetar la confidencialidad y reserva de los datos que para fines estadísticos proporcionen los Informantes del Sistema. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, tendrán la obligación de proporcionar la información básica que hubieren obtenido en el ejercicio de sus funciones y sirva para generar Información de Interés Nacional, que les solicite el Instituto en los términos de la presente Ley. Lo anterior, con excepción de los secretos bancario, fiduciario y bursátil, no será violatorio de la confidencialidad o reserva que se establezca en otras disposiciones.

El registro o recolección de los datos que, en cumplimiento de esta Ley, deban proporcionar los Informantes del Sistema, no prejuzga sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial o de otro tipo que se originen en los trabajos de investigación científica de carácter estadístico, geográfico o de otra materia, que los mencionados Informantes del Sistema realicen y que son regulados por la legislación respectiva.

ARTÍCULO 47.- Los datos que proporcionen los Informantes del Sistema, serán confidenciales en términos de esta Ley y de las reglas generales que conforme a ella dicte el Instituto.

La Información no queda sujeta a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, sino que se dará a conocer y se conservará en los términos previstos en la presente Ley.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, el Instituto, respecto de la información correspondiente a su gestión administrativa, quedará sujeto a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

SECCIÓN II De las Inspecciones a los Informantes del Sistema

ARTÍCULO 48.- El Instituto, en el ejercicio de las facultades que le confiere esta Ley, podrá efectuar inspecciones para verificar la autenticidad de la Información, cuando los datos proporcionados sean incongruentes, incompletos o inconsistentes.

ARTÍCULO 49.- Las inspecciones de verificación a que se refiere el artículo anterior, se sujetarán a lo siguiente:

La persona con quien se entienda la diligencia, los testigos y el o los inspectores, firmarán el acta. Si los primeros o los testigos se niegan a firmar, así lo hará constar el o los inspectores, sin que esta circunstancia afecte el valor probatorio del acta. Un ejemplar del acta se entregará en todo caso a la persona con quien se entienda la diligencia.

ARTÍCULO 50.- Los Informantes del Sistema, respecto de quienes se hubiesen practicado los actos a que se refiere el artículo anterior, podrán inconformarse con los hechos asentados en el acta correspondiente, mediante la interposición del recurso de revisión a que se refiere el Capítulo II del Título Cuarto de esta Ley.

SECCIÓN III De la Atención a las Solicitudes Oficiales de Información Provenientes del Extranjero

ARTÍCULO 51.- Las solicitudes de Información de Interés Nacional, que formulen gobiernos extranjeros u organismos y agencias internacionales, a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, al Poder Judicial de la Federación, al Poder Legislativo Federal, a organismos constitucionales autónomos, a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las entidades federativas, a organizaciones o agrupaciones de los sectores social o privado o a particulares, deberán ser atendidas en términos de las disposiciones aplicables, directamente por la autoridad, organización, agrupación o particular de que se trate y hacerse del conocimiento del Instituto.

TÍTULO TERCERO DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO

CAPÍTULO I Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

ARTÍCULO 52.- El Instituto es, conforme a lo dispuesto en el apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un organismo público con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como de realizar las Actividades a que se refiere el artículo 59 de esta Ley.

ARTÍCULO 53.- El Instituto tendrá como objetivo prioritario, realizar las acciones tendientes a lograr que la Información de Interés Nacional se sujete a los principios enunciados en el artículo 3 de esta Ley.

ARTÍCULO 54.- El Instituto, conforme a los principios constitucionales que rigen al Sistema, realizará las acciones tendientes a lograr:

SECCIÓN I De las Funciones del Instituto

ARTÍCULO 55.- El Instituto, en su calidad de unidad central coordinadora del Sistema, tendrá las funciones siguientes:

ARTÍCULO 56.- El Instituto establecerá en coordinación con las Unidades, un catálogo nacional de indicadores, ajustándose a lo dispuesto en los artículos 22, 25 y 28 de esta Ley.

ARTÍCULO 57.- El Instituto deberá elaborar y someter a consideración del Comité Ejecutivo correspondiente, las normas técnicas y las metodologías que sean necesarias para realizar las Actividades Estadísticas y Geográficas de alguna materia o sector, cuando la Unidad que corresponda no las proponga oportunamente o estas no tomen en cuenta los estándares nacionales e internacionales o, en su caso, las mejores prácticas en la materia.

ARTÍCULO 58.- El Instituto regulará, mediante la expedición de disposiciones de carácter general, la captación, procesamiento y publicación de la Información, para el debido funcionamiento del Sistema o autorizará las que utilicen las Unidades para tales efectos.

El Instituto vigilará el cumplimiento de las disposiciones de carácter general a que se refiere el párrafo anterior.

Con el objeto de garantizar la homogeneidad y comparación de la Información, el Instituto deberá proveer y promover el uso de definiciones, clasificaciones, nomenclaturas, abreviaturas, identificadores, directorios, símbolos, delimitaciones geográficas y demás elementos que a estos fines sean indispensables desde la captación y procesamiento de la información, hasta la etapa de su presentación y publicación.

ARTÍCULO 59.- El Instituto tendrá las siguientes facultades exclusivas:

Las denominaciones censo nacional o cuentas nacionales no podrán ser empleadas en el nombre ni en la propaganda de registros, encuestas o enumeraciones distintas a las que practique el Instituto. Cualquier contravención a lo dispuesto en este párrafo se sancionará en términos de lo dispuesto en el Título Cuarto de esta Ley.

El Instituto podrá producir cualquier otra Información de Interés Nacional cuando así lo determine la Junta de Gobierno, sujeto a la disponibilidad presupuestaria con la que cuente, conforme a lo señalado en el último párrafo del artículo 83 de esta Ley.

ARTÍCULO 60.- Sólo con la autorización del Instituto y previa opinión favorable de las autoridades competentes, las personas físicas o morales nacionales podrán captar fotografías aéreas con cámaras métricas o de reconocimiento y de otras imágenes por percepción remota dentro del espacio aéreo nacional, debiendo entregar al Instituto un informe detallado de los trabajos que hubieren realizado, así como una copia de los mismos cuando éste último se los requiera.

ARTÍCULO 61.- Las personas físicas y morales extranjeras requerirán autorización del Instituto para efectuar actividades tendientes a:

Las personas físicas o morales extranjeras que reciban la autorización a que se refiere este artículo, deberán proporcionar un informe detallado de los trabajos señalados en las fracciones anteriores, así como copia de las fotografías, imágenes e información correspondientes.

El otorgamiento de las autorizaciones de que trata este artículo, quedará condicionado a la obtención de opinión favorable de las autoridades competentes y a que se garantice, a satisfacción del propio Instituto, la entrega del informe y de las copias a que se refiere el párrafo anterior. El Instituto recabará la opinión de las autoridades competentes y resolverá lo conducente dentro de un plazo que no excederá de 30 días hábiles.

ARTÍCULO 62.- El Instituto promoverá la adopción de métodos y normas técnicas en la captación de los datos objeto de registro, en coordinación con las autoridades a las que competa administrar directorios de personas físicas o morales, catastros, registros públicos de la propiedad y del comercio, padrones, inventarios y demás registros administrativos que permitan obtener Información.

ARTÍCULO 63.- Para el desarrollo de las Actividades Estadísticas y Geográficas colaborarán con el Instituto:

ARTÍCULO 64.- Previo cumplimiento de las formalidades legales y administrativas correspondientes y acuerdo favorable de su Junta de Gobierno, el Instituto deberá brindar el apoyo que le soliciten:

ARTÍCULO 65.- Previo cumplimiento de las formalidades legales y administrativas correspondientes y del acuerdo favorable de su Junta de Gobierno, el Instituto podrá brindar el apoyo que le soliciten:

SECCIÓN II De la Administración del Instituto

ARTÍCULO 66.- El ejercicio de las funciones del Instituto corresponde, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la Junta de Gobierno y al Presidente del Instituto.

ARTÍCULO 67.- La Junta de Gobierno es el órgano superior de dirección del Instituto, y estará integrada por cinco miembros designados por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o, en los recesos de esta última, de la Comisión Permanente.

De entre los miembros de la Junta de Gobierno, el Ejecutivo Federal nombrará al Presidente del Instituto, quien presidirá el citado órgano colegiado. El resto de los miembros de la Junta de Gobierno actuarán como vicepresidentes de la misma.

ARTÍCULO 68.- La Presidencia será el órgano superior ejecutivo del Instituto. El Presidente del Instituto durará en su cargo seis años y los vicepresidentes de la Junta de Gobierno ocho años. El periodo del Presidente del Instituto comenzará el primero de enero del cuarto año calendario del periodo correspondiente al Presidente de la República. Los periodos de los vicepresidentes de la Junta de Gobierno serán escalonados, sucediéndose cada dos años e iniciándose el primero de enero del primer, tercer y quinto año del periodo del Ejecutivo Federal.

Los miembros de la Junta de Gobierno podrán ser designados para ocupar el cargo hasta por dos ocasiones.

Los miembros de la Junta de Gobierno ocuparán sus cargos sólo durante el tiempo por el cual hayan sido designados.

ARTÍCULO 69.- La designación de los miembros de la Junta de Gobierno deberá recaer en personas que reúnan los requisitos siguientes:

ARTÍCULO 70.- Los miembros de la Junta de Gobierno no podrán desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia, no remuneradas.

ARTÍCULO 71.- Las vacantes que se produzcan en la Junta de Gobierno serán cubiertas por el nuevo miembro que se designe para integrarla. En caso de vacante en el puesto de Presidente del Instituto, el Ejecutivo Federal podrá nombrar para ocupar tal cargo a un miembro de la Junta de Gobierno en funciones, o bien, designar a un nuevo miembro de la Junta de Gobierno y, ya integrada ésta, nombrar de entre sus cinco miembros al Presidente del Instituto.

En tanto se hace el nombramiento de Presidente, el miembro de la Junta de Gobierno con mayor antigüedad en el cargo será presidente interino del Instituto y presidirá la Junta de Gobierno. En caso de que hubiere dos o más miembros con igual antigüedad, la propia Junta de Gobierno elegirá de entre ellos al presidente interino a más tardar en la siguiente sesión de dicho órgano colegiado y, de no llegar a un acuerdo, la designación se realizará por el Presidente de la República.

Los miembros que cubran vacantes que se produzcan antes de la terminación del periodo respectivo, durarán en su cargo sólo por el tiempo que le faltare desempeñar al sustituido. Si al término que corresponde al Presidente del Instituto, se nombra a un miembro de la Junta de Gobierno en funciones para ocupar tal puesto, este nombramiento será por seis años independientemente del tiempo que hubiere sido miembro de la Junta de Gobierno.

ARTÍCULO 72.- Los miembros de la Junta de Gobierno se abstendrán de participar con la representación del Instituto en actos políticos, partidistas o religiosos.

ARTÍCULO 73.- Son causas de remoción de un miembro de la Junta de Gobierno:

ARTÍCULO 74.- Compete a la Junta de Gobierno dictaminar sobre la existencia de las causas de remoción señaladas en el artículo inmediato anterior, debiendo hacerlo a solicitud del Presidente de la República o de cuando menos dos de sus miembros. El dictamen se formulará según resolución de la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno, después de conceder el derecho de audiencia al afectado y sin que éste participe en la votación.

El dictamen, con la documentación que lo sustente, incluida la argumentación por escrito que, en su caso, el afectado hubiere presentado, será enviado al Ejecutivo Federal para su resolución definitiva.

ARTÍCULO 75.- El Presidente del Instituto o cuando menos dos vicepresidentes, podrán convocar a reuniones de la Junta de Gobierno.

Las sesiones de la Junta de Gobierno deberán celebrarse con la asistencia de por lo menos tres de sus miembros. Si no concurriere el Presidente, la sesión será presidida por el miembro con mayor antigüedad. En caso de que hubiere dos o más miembros con igual antigüedad, los miembros asistentes elegirán de entre ellos al que deba presidir la sesión.

Las resoluciones de la Junta de Gobierno requerirán para su validez del voto aprobatorio de la mayoría de los miembros presentes, con excepción de las resoluciones a que se refiere el artículo 77, fracciones II, IV y V de esta Ley, para las cuales será necesario el voto favorable de la mayoría de los miembros de la Junta. La persona que presida la sesión tendrá voto de calidad en caso de empate.

La Junta de Gobierno podrá acordar la asistencia de servidores públicos del Instituto a sus sesiones, para que le rindan directamente la información que les solicite.

A las sesiones de la Junta de Gobierno podrán asistir los invitados que la propia Junta de Gobierno determine.

Las personas que asistan a las sesiones deberán guardar confidencialidad respecto de los asuntos que se traten en ellas, salvo autorización expresa de la Junta de Gobierno para hacer alguna comunicación.

ARTÍCULO 76.- La remuneración y prestaciones que reciban los miembros de la Junta de Gobierno por el desempeño de su cargo, no serán mayores ni menores de las que correspondan al nivel de Subsecretario de la Administración Pública Federal. El Presidente de la Junta de Gobierno contará con una remuneración 10% mayor a la que corresponda a los vicepresidentes de la Junta de Gobierno, dentro del nivel antes señalado. Las remuneraciones y prestaciones que perciban el resto de los servidores públicos del Instituto, en ningún caso podrán exceder las previstas para los integrantes del mencionado órgano de gobierno.

Lo señalado en el párrafo anterior, se realizará sujetándose a los límites de los tabuladores de percepciones que establezca la Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente.

Las relaciones laborales de los trabajadores del Instituto, se sujetarán a lo dispuesto en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SECCIÓN III De las Atribuciones de la Junta de Gobierno

ARTÍCULO 77.- Corresponderá a la Junta de Gobierno, como órgano superior de dirección del Instituto, el despacho de los asuntos siguientes:

Los asuntos a que se refieren las fracciones I, III, X y XIV del presente artículo, deberán aprobarse con base en las propuestas que presente al efecto el Presidente.

En aquellos casos en los que se deba recabar la opinión previa de los órganos colegiados a que se refiere la presente Ley, se deberán presentar a la Junta de Gobierno junto con la propuesta correspondiente, las mencionadas opiniones.

ARTÍCULO 78.- Además de los temas señalados en las fracciones I a III del artículo 59 del presente ordenamiento, sólo podrá considerarse Información de Interés Nacional para efectos de esta Ley, la que satisfaga los cuatro criterios siguientes:

Sin perjuicio de lo anterior, también podrá ser considerada como Información de Interés Nacional la que resulte necesaria para prevenir y, en su caso, atender emergencias o catástrofes originadas por desastres naturales, y aquélla que se deba generar en virtud de un compromiso establecido en algún tratado internacional.

ARTÍCULO 79.- Los miembros de la Junta de Gobierno tendrán la responsabilidad de procurar que las relaciones del Instituto con las Unidades del Estado y otros sectores relevantes para el trabajo del propio Instituto, se desarrollen en forma apropiada para conseguir los objetivos del Instituto y del Sistema.

Al efecto, estas tareas se dividirán en los cuatro sectores siguientes: de información demográfica y social; de información económica y financiera; de información geográfica y del medio ambiente; y de relaciones con los sectores académico, privado e internacional.

SECCIÓN IV De las Atribuciones del Presidente del Instituto

ARTÍCULO 80.- Corresponden al Presidente del Instituto las atribuciones siguientes:

Para la mejor organización del trabajo, el Presidente del Instituto podrá, sin perjuicio de su ejercicio directo, delegar sus atribuciones en algún vicepresidente de la Junta de Gobierno o servidor público subalterno. Las atribuciones a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo serán indelegables.

Las ausencias temporales del Presidente del Instituto serán suplidas en los términos señalados por el segundo párrafo del artículo 71 de esta Ley.

ARTÍCULO 81.- El Presidente del Instituto tendrá la facultad de determinar el sector que, de entre los cuatro señalados en el artículo 79 de esta Ley, deberá atender y coordinar cada uno de los vicepresidentes de la Junta de Gobierno como parte de su labor ordinaria y cotidiana dentro del Instituto, así como con quién de ellos el titular de la Contraloría Interna del Instituto acordará los asuntos de su competencia.

Al tomar las decisiones a que se refiere el párrafo anterior, el Presidente deberá tener en cuenta los antecedentes laborales y académicos de cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno.

SECCIÓN V Del Patrimonio del Instituto

ARTÍCULO 82.- El patrimonio del Instituto se integra con:

El Instituto no podrá tener más bienes inmuebles que los estrictamente necesarios para cumplir con su objeto.

ARTÍCULO 83.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para su tratamiento presupuestario el Instituto se sujetará a lo siguiente:

I. Aprobará su proyecto de presupuesto y deberá enviarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, observando los criterios generales de política económica y los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal;

El Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal en que deban realizarse los censos nacionales, las cuentas nacionales y los índices nacionales de precios, a que se refiere el artículo 59 de esta Ley, deberá contemplar los recursos suficientes para que el Instituto los lleve a cabo.

Las Actividades Estadísticas y Geográficas que, en adición a las señaladas en el párrafo anterior, el Instituto determine llevar a cabo en los términos de esta Ley, estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria que, en su caso, se apruebe para tales efectos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

ARTÍCULO 84.- El Instituto incorporará, en los términos de las disposiciones aplicables, como parte de su presupuesto los ingresos derivados de las cuotas por los servicios que preste por concepto de investigación, capacitación, elaboración de estadísticas especiales, estudios específicos o trabajos en materia de geografía, así como los que provengan de la venta de publicaciones, reproducciones y otros servicios. En los casos en que el Instituto preste los servicios señalados en colaboración con otras Unidades, incorporará en su presupuesto los ingresos que le correspondan al Instituto.

ARTÍCULO 85.- Los recursos que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, el Poder Judicial de la Federación y el Poder Legislativo Federal, así como los órganos constitucionales autónomos, ejerzan para la realización de actividades en materia de estadística y geografía de interés nacional, invariablemente deberán registrarse en las partidas de gasto correspondientes. Cuando las entidades federativas y los municipios reciban recursos federales para los fines descritos, quedarán obligados a identificarlos e informar al Instituto sobre ellos.

Las Unidades podrán realizar Actividades Estadísticas y Geográficas, siempre que hayan informado al respecto al Instituto, durante el primer trimestre del ejercicio fiscal, quien analizará si dichas Actividades se apegan a los programas a que se refiere el artículo 9 de esta Ley y emitirá opinión sobre la pertinencia de realizar dichas Actividades y, en su caso, formulará las recomendaciones que estime pertinentes para llevarlas a cabo.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tomará medidas para evitar la duplicidad en las Actividades Estadísticas y Geográficas, con el objeto de optimizar la asignación de recursos públicos federales para dichas Actividades.

Lo previsto en el presente artículo, será aplicable, tratándose de los organismos constitucionales autónomos, sólo a aquellos que reciban recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

SECCIÓN VI De la Transparencia y Rendición de Cuentas del Instituto

ARTÍCULO 86.- El Instituto deberá presentar en marzo de cada año al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión:

Cada seis años, el Instituto enviará al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, junto con la información a que se refieren las fracciones anteriores, el resultado de la evaluación del Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión podrá citar al Presidente para que rinda informes sobre las políticas y actividades del Instituto.

El Instituto deberá hacer del conocimiento público la información a que se refieren las fracciones anteriores, sujetándose a las disposiciones de carácter general que expida al efecto.

Lo dispuesto en este artículo se realizará sin perjuicio de los datos e informes que el Instituto deba rendir en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 87.- El Instituto deberá dar a conocer a los Poderes de la Unión y al público en general el calendario anual de publicación aprobado por la Junta de Gobierno, mismo que podrá ser revisado en forma trimestral.

ARTÍCULO 88.- El Instituto deberá definir las metodologías que habrán de utilizarse en la realización de las Actividades Estadísticas y Geográficas, a través de Internet, antes de su implantación, a fin de recibir y, en su caso, atender las observaciones que se formulen al efecto.

De igual forma, el Instituto deberá dar a conocer y conservar los metadatos o especificaciones concretas de la aplicación de las metodologías que se hubieren utilizado en la elaboración de la Información.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo, la Junta de Gobierno deberá expedir los lineamientos generales que habrán de seguirse para publicar dichas metodologías y atender las observaciones que, en su caso, se reciban.

ARTÍCULO 89.- El Instituto invitará, a solicitud de los Comités Ejecutivos, a organismos internacionales a revisar y opinar respecto de las metodologías que se utilicen para generar la Información, incluyendo las que el mismo aplique. El resultado de tales inspecciones deberá incluirse en los informes a los que hace alusión el artículo 86 de esta Ley.

ARTÍCULO 90.- El Instituto deberá hacer del conocimiento público, a través de Internet, los convenios de intercambio de información que celebre con otros organismos o agencias nacionales o extranjeras.

La Junta de Gobierno, previa justificación, podrá determinar excepciones a la divulgación de la información a que se refiere el párrafo anterior.

ARTÍCULO 91.- La vigilancia del Instituto estará encomendada:

CAPÍTULO II De los Registros Nacionales de Información Estadística y Geográfica a cargo del Instituto

ARTÍCULO 92.- El Instituto deberá establecer, operar y normar el Registro Nacional de Información Geográfica, en el que deberá incluirse por lo menos la información proveniente de los temas geográficos a que se refiere el artículo 26 de esta Ley, así como el Registro Estadístico Nacional, en el que deberá asentarse por lo menos el Registro de Instituciones y Unidades Administrativas con Funciones Estadísticas del Sector Público y el Inventario Nacional de estadística del Sector Público.

ARTÍCULO 93.- La inscripción que sobre los catastros de los municipios y de las entidades federativas deba hacerse en el Registro Nacional de Información Geográfica, comprenderá la representación cartográfica y la base de datos de los predios rústicos y urbanos de su jurisdicción.

En caso de que no se cuente con la cartografía y la base de datos a que se refiere el párrafo anterior, se registrarán los datos que se encuentren en los padrones, croquis y fichas catastrales.

El Instituto, con la intervención de las autoridades que resulten competentes, podrá efectuar los trabajos cartográficos en cumplimiento de tratados o convenios internacionales y con la participación de los gobiernos de las entidades federativas que corresponda, en la definición y demarcación de límites internacionales, incluyendo la zona económica exclusiva.

ARTÍCULO 94.- El Instituto establecerá, operará y normará el inventario y el directorio señalados en los artículos 20 y 23, respectivamente y podrá establecer, operar y normar otros registros que para fines estadísticos o geográficos estime necesarios.

ARTÍCULO 95.- Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales, sin incluir a las del sector público, estarán obligadas a inscribirse en el Directorio Nacional de Unidades Económicas que lleve el Instituto y a mantener actualizada su inscripción, conforme a las disposiciones que al efecto emita el Instituto.

Las Unidades encargadas de los registros administrativos que permitan obtener Información de Interés Nacional, deberán proporcionar al Instituto la información que requiera para la creación y actualización del Directorio Nacional de Unidades Económicas.

CAPÍTULO III Del Acervo de Información

ARTÍCULO 96.- El Instituto deberá conservar la Información de Interés Nacional que elaboren el propio Instituto y las Unidades, en términos de lo dispuesto en esta Ley y en las disposiciones de carácter general que al efecto emita.

Cuando una Unidad desaparezca o se desincorpore, el Instituto deberá conservar la Información generada por la misma.

ARTÍCULO 97.- El Instituto implementará un sistema de compilación normativa, en el que se conservarán los textos de las normas que en el ejercicio de sus funciones expida.

CAPÍTULO IV Del Servicio Público de Información Estadística y Geográfica

ARTÍCULO 98.- El Servicio Público de Información Estadística y Geográfica consiste en poner a disposición de los usuarios, sujeto a las normas que al efecto dicte la Junta de Gobierno, la totalidad de la Información de Interés Nacional.

ARTÍCULO 99.- El Servicio Público de Información Estadística y Geográfica será prestado en forma exclusiva por el Instituto. Lo anterior, sin perjuicio de que las propias Unidades den a conocer la Información que generen identificándola como parte del Sistema.

El Instituto podrá autorizar que otras instancias de gobierno o particulares, presten el Servicio Público de Información Estadística y Geográfica, conforme a las reglas que al efecto expida la Junta de Gobierno.

El Instituto pondrá la Información de Interés Nacional a disposición de los usuarios a través de Internet, así como en los centros de consulta que al efecto establezca el propio Instituto en el territorio nacional.

Las consultas que realicen los usuarios a través de los medios previstos en el párrafo inmediato anterior, serán ofrecidas por el Instituto en forma gratuita.

El Instituto pondrá a disposición de los usuarios información de la red geodésica nacional, con el objeto de que sus estudios geográficos estén vinculados con la red mencionada.

ARTÍCULO 100.- El Instituto, siguiendo las mejores prácticas internacionales, pondrá a disposición de quien lo solicite, los microdatos de las encuestas nacionales y muestras representativas de los operativos censales que realice con la mayor desagregación posible, sin violar la confidencialidad y reserva de la información básica establecidas en la presente Ley. La Junta de Gobierno deberá establecer los procedimientos y condiciones para facilitar el acceso a dicha información de manera expedita.

ARTÍCULO 101.- Cuando a petición de algún usuario se requiera al Instituto copia, copia certificada o cualquier clase de impresión o respaldo de la Información de Interés Nacional, ésta se entregará al usuario en los términos que fijen las disposiciones correspondientes y previa recepción del pago de los derechos que para estos casos establezca la Ley Federal de Derechos.

ARTÍCULO 102.- El Instituto no estará obligado a proporcionar aquella información que:

TÍTULO CUARTO DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y DE LAS SANCIONES

CAPÍTULO I De las Faltas Administrativas

ARTÍCULO 103.- Cometen infracciones a lo dispuesto por esta Ley, quienes en calidad de Informantes del Sistema:

También cometen infracción a la presente Ley quienes se nieguen a desempeñar funciones censales.

Los actos u omisiones en que incurran las personas morales que impidan el desarrollo normal de los levantamientos censales o de los procesos de generación de Información, también serán considerados infracciones a la presente Ley.

ARTÍCULO 104.- Son infracciones imputables a los servidores públicos del Instituto o a los servidores públicos de las Unidades las siguientes:

ARTÍCULO 105.- Se reputarán infracciones de los recolectores o censores y auxiliares, cuando:

Para los efectos de este Título, serán considerados como recolectores o censores, las personas a las que el Instituto encomiende labores propias de recolección y recopilación de Información en forma periódica o durante el levantamiento censal, y como auxiliares, a quienes desempeñen cualquier otra actividad relacionada con el proceso de elaboración de la estadística y la obtención de datos de carácter geográfico.

CAPÍTULO II De las Sanciones

ARTÍCULO 106.- Las infracciones a lo dispuesto por el artículo 103 de esta Ley, serán sancionadas con multa de:

ARTÍCULO 107.- Las infracciones a lo dispuesto por el artículo 104 de esta Ley, tratándose de servidores públicos de las Unidades, serán sancionadas con multa de:

ARTÍCULO 108.- Las infracciones a lo dispuesto por el artículo 104 de esta Ley, tratándose de servidores públicos del Instituto, serán sancionadas con multa de:

ARTÍCULO 109.- Las infracciones a lo dispuesto por el artículo 105 de esta Ley, serán sancionadas con multa de:

ARTÍCULO 110.- Para los efectos de este Capítulo, por salario se entiende el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, al momento de cometerse la infracción.

ARTÍCULO 111.- Para la imposición de las sanciones, el Instituto tomará en cuenta la gravedad de la infracción, las condiciones del infractor y la conveniencia de evitar prácticas tendientes a contravenir las disposiciones de esta Ley.

ARTÍCULO 112.- Las sanciones en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos previstas en esta Ley, serán aplicadas por la autoridad competente para sustanciar el procedimiento respectivo de conformidad con las leyes especiales y las disposiciones aplicables, sin perjuicio de otras responsabilidades que resulten. Cuando el Instituto tenga conocimiento de alguna infracción a la Ley, lo deberá hacer del conocimiento de la autoridad que corresponda.

TÍTULO QUINTO DEL RECURSO DE REVISIÓN

ARTÍCULO 113.- En contra de los actos o resoluciones que dicte el Instituto, el interesado podrá interponer ante éste, el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda.

ARTÍCULO 114.- El plazo para interponer el recurso de revisión, será de quince días contados a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución o se tenga conocimiento del acto que se recurra.

ARTÍCULO 115.- El escrito de interposición del recurso de revisión deberá presentarse ante el propio Instituto y será resuelto por el superior jerárquico del servidor público que haya emitido la resolución impugnada o haya realizado el acto impugnado, salvo que se trate de resoluciones o actos del Presidente del Instituto, en cuyo caso será resuelto por la Junta de Gobierno. Dicho escrito deberá expresar:

El escrito de interposición del recurso a que se refiere este artículo, deberá ser acompañado del documento que acredite la personalidad del promovente cuando actúe en nombre de otro o de personas morales, de una copia de la resolución o acto que se impugna y, en su caso, de la notificación correspondiente, así como de la documentación que ofrezca como prueba. Tratándose de solicitudes que por no haberse resuelto en tiempo se entiendan negadas, deberá acompañarse el escrito de iniciación del procedimiento, o el documento sobre el cual no hubiere recaído resolución alguna.

ARTÍCULO 116.- La interposición del recurso de revisión suspenderá la ejecución de la resolución o del acto impugnado, siempre y cuando:

El Instituto deberá acordar, en su caso, la suspensión o la denegación de la suspensión dentro de los cinco días siguientes al de la interposición del recurso de revisión.

ARTÍCULO 117.- El recurso de revisión se tendrá por no interpuesto y se desechará cuando:

ARTÍCULO 118.- Se desechará por improcedente el recurso de revisión cuando éste se interponga contra actos o resoluciones:

ARTÍCULO 119.- Será sobreseído el recurso cuando:

ARTÍCULO 120.- La autoridad encargada de resolver el recurso de revisión podrá:

ARTÍCULO 121.- La resolución del recurso de revisión se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado bastará con el examen de dicho punto.

La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá examinar en su conjunto los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso.

Igualmente, la autoridad deberá dejar sin efectos legales los actos administrativos cuando advierta una ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes, pero deberá fundar cuidadosamente los motivos por los que consideró ilegal el acto y precisar el alcance en la resolución.

Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses.

ARTÍCULO 122.- No se podrán revocar o modificar los actos o resoluciones administrativos en la parte no impugnada por el recurrente.

La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y si la modificación es parcial, se precisará ésta.

ARTÍCULO 123.- El recurrente podrá esperar la resolución expresa o impugnar, en un plazo de cuatro meses contados a partir de la presentación del recurso, la presunta confirmación del acto impugnado.

ARTÍCULO 124.- La autoridad ante la cual se tramite el recurso podrá dejar sin efectos un requerimiento o una sanción, de oficio o a petición de parte interesada, cuando se trate de un error manifiesto o el particular demuestre que ya había dado cumplimiento con anterioridad.

ARTÍCULO 125.- Cuando haya de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos que no obren en el expediente original derivado del acto impugnado, se pondrá de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a cinco días ni superior a diez, formulen sus alegatos y presenten los documentos que estimen procedentes.

No se tomarán en cuenta en la resolución del recurso de revisión, hechos, documentos o alegatos del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos durante el procedimiento administrativo no lo haya hecho.

ARTÍCULO 126.- A lo dispuesto por el presente Capítulo se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor noventa días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 23 de presente ordenamiento, que entrará en vigor el 1 de agosto de 2010 y por la fracción III del artículo 59 de esta Ley que entrará en vigor tres años después de la entrada en vigor de la presente Ley, debiéndose aplicar entre tanto lo dispuesto en el artículo undécimo transitorio.

SEGUNDO. La designación de los primeros integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto se realizará en los términos previstos en la presente Ley, dentro de los 90 días naturales siguientes a la publicación de la misma en el Diario Oficial de la Federación.

El periodo del primer Presidente del Instituto vencerá el 31 de diciembre de 2009. Los periodos de los primeros vicepresidentes de la Junta de Gobierno vencerán los días 31 de diciembre de 2008, 2010, 2012 y 2014, respectivamente, debiendo señalar el Ejecutivo Federal cuál de los citados periodos corresponde a cada miembro de la Junta de Gobierno.

TERCERO.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), tendrá la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones propiedad del Gobierno Federal que estuvieran adscritos o destinados bajo cualquier título al servicio del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

También forman parte del patrimonio del Instituto, todos aquellos bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la Federación que, a la entrada en vigor del presente decreto, venía utilizando el órgano desconcentrado señalado en el párrafo precedente, por lo que en un plazo no mayor de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, se deberán haber concluido los trámites correspondientes para su formalización. Los bienes muebles se transferirán al patrimonio del Instituto en los términos previstos por el Título quinto de la Ley General de Bienes Nacionales y las disposiciones que regulan su registro, afectación, disposición y baja.

Los bienes inmuebles, incluyendo terreno y construcciones, que se incorporan como parte del patrimonio del Instituto son los ubicados en:

Respecto de los inmuebles ubicados en Calle el Novillo No. 610, Fraccionamiento Ojocaliente II, Aguascalientes, Aguascalientes, C.P. 20196, en donde se encuentra ubicada la Biblioteca Ludoteca, así como el ubicado en Calle el Salitre Esquina Calle Guayana No. 201, Fraccionamiento Ojocaliente II, Aguascalientes, Aguascalientes, C.P. 20196, en donde se encuentra ubicado el Taller Infantil de Artes Plásticas, la Secretaría de la Función Pública deberá realizar los actos jurídicos que resulten necesarios, a efecto de transmitir a título gratuito a favor del Instituto la titularidad de los derechos que correspondan a la Federación sobre los mencionados inmuebles.

CUARTO.- Las personas que a la entrada en vigor de la presente Ley presten un servicio personal subordinado al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, formarán parte del personal al servicio del Instituto, y conservarán las remuneraciones y prestaciones de las cuales gozan a la entrada en vigor de esta Ley.

QUINTO.- Los traspasos de recursos humanos, financieros y materiales del órgano desconcentrado Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, al organismo Instituto Nacional de Estadística y Geografía, deberán efectuarse en los términos de las disposiciones legales aplicables, garantizando la continuidad de la operación y de las actividades del Instituto.

SEXTO.- Para los efectos del transitorio Cuarto del Decreto por el que se declaran reformados los artículos 26 y 73 fracción XXIX-D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2006, en los Presupuestos de Egresos de la Federación deberán incluirse, en adición a los recursos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 83 de esta Ley, los recursos suficientes para que el Instituto continúe realizando las Actividades Estadísticas y Geográficas que de manera regular y periódica hayan sido realizadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática hasta antes de la entrada en vigor del presente ordenamiento.

SÉPTIMO.- El Instituto contará con un plazo de 3 meses, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 100 del presente ordenamiento por lo que se refiere a las últimas encuestas nacionales publicadas; y con un plazo de 2 años para el resto de las encuestas nacionales y operativos censales concluidos, de conformidad con el calendario que al efecto dé a conocer la Junta de Gobierno dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor de este ordenamiento .

OCTAVO.- El Reglamento Interior del Instituto deberá expedirse en un plazo no mayor de seis meses, contados a partir del día en que quede legalmente instalada la Junta de Gobierno. En tanto se expida el citado Reglamento continuarán aplicándose, en lo que no se opongan a la presente Ley, los artículos 102 y 103 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En tanto el Instituto expide las demás disposiciones administrativas a que se refiere esta Ley, seguirán aplicándose las emitidas con anterioridad a su vigencia, en las materias correspondientes en lo que no se opongan a la presente Ley y continuará en vigor el Sistema Integral de Profesionalización del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de noviembre de 1994. Las medidas administrativas dictadas con fundamento en disposiciones que por esta Ley se derogan, continuarán en vigor hasta que no sean revocadas o modificadas expresamente por las autoridades competentes.

NOVENO.- Los poderes, mandatos y en general las representaciones otorgadas y facultades concedidas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, subsistirán en sus términos en tanto no sean modificados o revocados expresamente.

En el supuesto de que existan asuntos en la Secretaría de la Función Pública o en el Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, deberán ser concluidos respectivamente por la propia Secretaría de la Función Pública o por la Contraloría Interna del Instituto, aplicando lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás ordenamientos legales aplicables en la materia.

DÉCIMO.- La Junta de Gobierno deberá aprobar y publicar en el Diario Oficial de la Federación a más tardar en el mes de diciembre de 2007, el Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el Programa Nacional de Estadística y Geografía, y el primer Programa Anual de Estadística y Geografía a que se refiere esta Ley.

En tanto se expiden los programas a que se refiere el párrafo anterior, el Instituto seguirá aplicando en todo lo que no se oponga a la presente Ley los programas que se hubieren emitido a efecto de realizar las tareas a cargo del Instituto.

UNDECIMO.- Dentro de los diez días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Banco de México y el Instituto formarán un grupo de trabajo que tendrá como objetivo planear e instrumentar la transferencia al segundo, del cálculo y publicación de los índices nacionales de precios a que se refiere el artículo 59 de de esta Ley. A partir del de la entrada en vigor de la fracción III del artículo 59, el Instituto publicará los referidos índices nacionales de precios, por lo que cualquier referencia a los citados índices a cargo del Banco de México, se entenderá efectuada, a partir de esa fecha, al que publique el Instituto.

A partir de la publicación del presente decreto, y hasta el día anterior a la entrada en vigor de la fracción III del artículo 59, el Banco de México continuará publicando los índices a que se refiere el párrafo anterior, con la participación creciente del Instituto.

A partir de la entrada en vigor de la fracción III del artículo 59, el Banco de México tendrá acceso, sin restricción alguna, a la metodología, bases de datos, información y procedimientos utilizados por el Instituto para calcular los índices nacionales a que se refiere este precepto.

DUODÉCIMO.- Cuando las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos u otros ordenamientos jurídicos hagan mención a la Ley de Información Estadística y Geográfica, o al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la referencia se entenderá hecha a la presente Ley y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, respectivamente.

DÉCIMO TERCERO.- La Junta de Gobierno contará con un plazo de ciento ochenta días, contados a partir de la designación de sus primeros miembros, para: determinar aquella información que formará parte del Acervo de Información Estadística y Geográfica a que se refiere el Título Tercero, Capítulo III de esta Ley, y hacer del conocimiento del público, a través de Internet, las metodologías que hasta antes de la entrada en vigor de la presente Ley se hubieren utilizado para la producción de dicha información.

DÉCIMO CUARTO.- A la entrada en vigor de la presente Ley, los comités técnicos sectoriales, regionales y especiales de estadística y de información geográfica que se hubieren constituido conforme a lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 24 de la Ley de Información Estadística y Geográfica, y que se encuentren en funcionamiento, habrán de considerarse como Comités Técnicos Especializados a que se refiere el artículo 31 de esta Ley.

DÉCIMO QUINTO.- Los acuerdos, anexos de ejecución, bases, contratos y convenios, que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática haya suscrito hasta antes de la entrada en vigor de la presente Ley, se entenderán referidos al Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

DÉCIMO SEXTO.- La Información que al momento de la entrada en vigor de la presente Ley estuviere en proceso de generación por parte de las Unidades, deberá apegarse a las disposiciones que al efecto emita el Instituto.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Se abroga la Ley de Información Estadística y Geográfica y las demás disposiciones que se opongan a la presente Ley.

«Voto particular al dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que presenta la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama , del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita Valentina Valia Batres Guadarrama , diputada federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los Artículos 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 88 y 119 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el presente voto particular con relación al dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, al tenor de lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 7 de abril de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declaran reformados los artículos 26 y 73, fracción XIX-D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se adicionó un apartado B al artículo 26 de la propia Constitución que estableció que el Estado mexicano contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y de igual manera que la responsabilidad de normar y coordinar dicho sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios. Por su parte, la reforma a la fracción XXIX-D del artículo 73 facultó al Congreso de la Unión para legislar en materia de información estadística y geográfica de interés nacional.

2. Con fecha 24 de abril del presente año se aprobó en el Senado de la República el dictamen correspondiente del proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

3. Con fecha 25 de abril del presente año, se turnó por la colegisladora la minuta que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

4. Con esa misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados le dio entrada y la turnó a las Comisiones unidas de Hacienda y Gobernación con opinión de la Comisión Especial de Reforma del Estado.

II. CONSIDERACIONES

Se reformaron los artículos 26 y 73, fracción XIX-D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se adicionó un apartado B al artículo 26 de la propia constitución que estableció que el Estado mexicano contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y de igual manera que la responsabilidad de normar y coordinar dicho sistema estaría a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión y la reforma a la fracción XXIX-D del artículo 73 facultó al Congreso de la Unión para legislar en materia de información, estadística y geográfica de interés nacional.

Es necesario enfatizar en que, el eje fundamental de la reforma constitucional antes citada, consistió en el otorgamiento al INEGI del carácter de órgano constitucional autónomo, con la responsabilidad de regular y coordinar el sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica; concediéndole acertadamente al INEGI el rango Constitucional a fin de que, en ejercicio de sus nuevas facultades se convirtiera en un órgano de Estado, que no estuviera sujeto a la autoridad del gobierno en turno o a coyunturas políticas que en el pasado marcaron un sesgo a su trabajo institucional.

Una sociedad cada vez más compleja y en continuo proceso de transformación, requiere que se fortalezcan la captación, procesamiento y divulgación de la información estadística y geográfica de interés nacional, para estar en condiciones de brindar a todos los sectores del país -público, privado, social, académico y profesional- información objetiva y confiable como base para la toma de sus decisiones.

Existe la preocupación de que el Estado provea de información confiable basada en el principio universal de objetividad, así como la concepción de que la información estadística y geográfica deben ser generadas por unidades autónomas, no dependientes de alguna agencia pública que eventualmente pudiese provocar o permitir la alteración de los datos.

Fue en ese sentido que se originó la propuesta de dotar al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de autonomía en el ejercicio de sus funciones y el propósito de fortalecer su carácter institucional, mediante la atribución de competencias que le permitieran garantizar la objetividad de la información gubernamental a partir del diseño de la metodología, de sus estudios y levantamientos estadísticos y geográficos, hasta la integración final de los resultados obtenidos y su difusión, el dictamen de las comisiones dictaminadoras constituye un retroceso evidente al estado en que se encontraba el INEGI, antes de la reforma constitucional, esto es una violación al espíritu y a lo que disponen las normas constitucionales.

A continuación, exponemos los conceptos que se violentarían de aprobarse la Minuta en cuestión:

Del contenido de la Minuta se vislumbra claramente que, lo que en realidad se pretende es revertir la autonomía constitucional concedida al Instituto, replanteando su competencia y sus atribuciones de manera clara y premeditada, lo cuál rechazamos categóricamente, estamos en presencia de un sistema débil en su coordinación y normatividad.

Por ello, resulta que el artículo 67 del dictamen es inconstitucional, toda vez que pretende reformar por la vía de una Ley Reglamentaria lo dispuesto expresamente por la Constitución en su artículo 26 Apartado B, párrafo tercero, que faculta al Senado a aprobar los nombramientos de los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto y el nombramiento del Presidente. En contrasentido con esta disposición, la Ley, le confiere al titular del Poder Ejecutivo Federal, la facultad exclusiva de nombrar al Presidente del INEGI, ya que se ubica esta designación como un momento posterior, apartado del control legislativo que previene nuestra Ley Fundamental.

Por esta razón proponemos que el artículo 67 de la Ley, exprese fielmente el espíritu y la Letra de la Constitución.

En este sentido, también se propone modificar el artículo 71 para proteger las facultades que le otorga la Constitución al Senado de la Republica y dejar explícitamente asentado que las vacantes en la Junta de Gobierno incluido el Presidente serán designados por titular del Poder Ejecutivo y aprobados por el Senado de la República, Actualmente, la redacción contenida en el dictamen tiene una redacción vaga e imprecisa.

En el mismo tenor, proponemos modificar el artículo 74, para otorgarle facultades de resolver en definitiva al Senado de la República sobre las remociones de los miembros de la Junta de Gobierno, toda vez que las disposiciones contenidas en el dictamen, establecen un procedimiento de remoción que no corresponde con la naturaleza jurídica de un órgano constitucional autónomo; ya que se deja en el ámbito de responsabilidad del Ejecutivo y de los otros integrantes de la Junta, valorar la gravedad de las faltas de los miembros del órgano de gobierno del Instituto.

De mantenerse esta redacción, la autonomía, funcional y de gestión de los integrantes de la Junta de Gobierno estará permanentemente amenazada por la remoción unilateral por parte del Ejecutivo Federal.

La Doctrina jurídica señala que los órganos Constitucionales autónomos son inmediatos y fundamentales establecidos en la Constitución y un requisito sine qua non, es que éstos no se adscriban a ninguno de los poderes tradicionales del Estado, su objetivo es servir como órganos de equilibrio constitucional y político, deben ser instituidos a través del Poder Legislativo sin la intervención de ningún otro poder, manteniendo una paridad de rango con los demás órganos del Estado. Estableciendo relaciones de coordinación y nunca de subordinación; para garantizar su autonomía deben ser órganos apolíticos, es decir, éstos, deberán ser especializados en la materia que van a regular.

Al someterlo a la regla aplicable a las 'entidades' en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (art. 5°, fracción II, y no fracc. I), el INEGI queda sujeto al techo presupuestario que la SHCP decida ponerle (83), violando la garantía de suficiencia de recursos públicos (se condena al INEGI y a las Unidades a seguir 'pasando la charola' y/o incumplir sus funciones: 9,12, 59). Con ello no sólo menoscaba la autonomía presupuestaria del INEGI sino que le quita la categoría de organismo constitucional autónomo.

No se integra un presupuesto del sistema (la formulación atomizada), haciendo imposible la traducción de los programas previstos al nivel sistema (a 24, 6 y 1 año) en presupuesto, y dejando a las unidades en la indefensión ante transferencias intrasectoriales; existiendo con ello contradicción: programación SIEG y presupuestación por unidad.

La Estructura que se propone en el Capítulo III de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, debe modificarse, con el fin de que le permita al Instituto gozar de una verdadera autonomía, en este sentido, el artículo 14 de la Ley, pretende que el Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica se integre por 20 representantes del Poder Ejecutivo y sólo 9 de otros poderes, a saber, 1 del Poder Judicial, 1 de la Cámara de Diputados, 1 de la Cámara de Senadores, 5 representantes de las Entidades Federativas y 1 representante del Banco de México.

El Consejo Consultivo sólo se encuentra obligado a reunirse una vez al año, la convocatoria será formulada por el Presidente del instituto, pudiendo solicitar por escrito al Presidente, convocatoria a reunión extraordinaria por parte de cualquiera de los Comités Ejecutivos de los Subsistemas, es decir, un miembro de la Junta de Gobierno o con al menos el 25% de los miembros del Consejo; por lo que, los representantes de las Entidades Federativas no van a tener oportunidad de solicitar reunión extraordinaria, ya que no suman un 25% en el Consejo pues su representación, como ya se expresó, es minoritaria.

El artículo 10 de la Ley en estudio, establece que el Programa estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, tendrá una proyección de al menos 24 años, es decir, puede ser incluso mayor a 24 años, mas no menor, esto resulta incorrecto, puesto que la temporalidad del Programa debe sujetarse a la temporalidad de los miembros del Instituto, en el caso concreto de la Junta de Gobierno, el Presidente permanecerá en su cargo seis años y los Vicepresidentes ocho, según la propuesta del artículo 68.

Sin embargo, señala, también de forma por demás ventajosa, que podrán ser designados para ocupar el cargo hasta por dos ocasiones; es decir, desde el inicio se decidirá poner a un Presidente que duré en su cargo doce años o a un Vicepresidente que dure dieciséis años, además de que los nombramientos serán escalonados, es decir, el Presidente de la República actual podrá imponer su programa; con ello la información estadística y geográfica del país, no podrá tener garantías de objetividad, precisión, transparencia, certeza y oportunidad; puesto que el ordenamiento que se pretende aprobar, está confeccionado para que el Poder Ejecutivo pueda seguir teniendo un uso faccioso de la información.

En materia de rendición de cuentas, tampoco se otorga certeza de un actuar transparente en sus órganos de control, el artículo 91 establece que la vigilancia del Instituto recaerá en una Contraloría Interna, la cual entre otras funciones, realizará las auditorias internas y aplicará los procedimientos y sanciones a los Servidores Públicos del Instituto, conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Al titular de la Contraloría Interna lo nombrará la Junta de Gobierno y el único requisito para ser Contralor Interno es, según el artículo citado ``reconocida solvencia moral'', omitiendo cualquier otro requisito que sirva para garantizar la probidad y el profesionalismo del Contralor, por ejemplo, uno tan elemental que es, el perfil académico.

Habrá un auditor externo, nombrado por la Junta de Gobierno, de entre una terna de empresas de ``reconocido prestigio'' que le proponga el Auditor Superior de la Federación, éste auditor, auxiliará a la Junta de Gobierno, vigilará que la información financiera y contable del Instituto, se formule de conformidad con los lineamientos, normatividad y principios de contabilidad y este auditor deberá cambiar al menos cada tres años.

Los requisitos señalados en las tres fracciones del artículo 69 de la Ley propuesta, resultan insuficientes para garantizar la autonomía del Instituto, así como, para cumplir con los principios rectores del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia; por ejemplo en el caso de la edad se pone un máximo de edad, mas no un mínimo, que creemos que si es importante contemplar. Por lo que hace a la formación profesional, el enunciado que indica que es un requisito: ``ser profesional distinguido'' deberá ser sustitutito, por ``contar con título Profesional en materias relacionadas con la estadística ..'' además de que la experiencia profesional deberá demostrarla en el ámbito público, no en el privado, ya que se les está encomendando la dirección de las políticas públicas del país en materia geográfica y estadística.

Además, hacen falta requisitos para los integrantes de la Junta de Gobierno, por lo que mas adelante formularemos la propuesta concreta.

Para garantizar la verdadera autonomía de cualquier órgano constitucional, señala la doctrina, que éstos, deberán ser permanentes, o por lo menos para la remoción de sus miembros, deberán establecerse requisitos mas estrictos, a fin de que la remoción de sus miembros, así como su designación, no esté sujeta a la voluntad del Ejecutivo; por lo que aquí se propone cambiar el texto del artículo 70 y del 71; porque el procedimiento para nombrar al Presidente de la Junta de Gobierno en caso de vacante, se le deja al Ejecutivo Federal, como si se tratara de un órgano subordinado a éste, esto desde luego contraría la autonomía Constitucional del Instituto.

También debe garantizarse la remoción inmediata, con un procedimiento claro y preciso señalado en la Ley, para los integrantes de la Junta de Gobierno, es necesario definir y ampliar el listado de las causas graves que motivan la remoción de los miembros de la Junta de Gobierno; ya que cómo está planteado, anula cualquier posibilidad de crítica o autonomía entre sus miembros.

Por lo que hace al segundo párrafo del artículo 37 de la Ley, éste no tendría porqué restringir la información de los datos que proporcionen los informantes del Sistema a las Unidades, éstos deberán tener un tratamiento igual al que se da a toda la información pública, según la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, puesto que contraría su artículo 3, mismo que establece que el ``Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, tiene la finalidad de suministrar a la sociedad y al estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, ...''

Por otro lado, es necesario eliminar la fracción II del artículo 78, toda vez que ésta disposición lo único que indica es, de nueva cuenta, una intromisión a la autonomía del Instituto, ya que obviamente quien determinaría qué información es ``necesaria'' para el diseño de las políticas públicas, sería el Poder Ejecutivo y su sobrerrepresentación en el Consejo Nacional, además de que paradójicamente la información de interés nacional en este artículo queda acotada a que sólo los temas que este artículo menciona, serán considerados de interés nacional, es decir, los requerimientos que llegasen a tener las entidades federativas o cualquiera de los poderes legislativo y judicial, simplemente no podrán ser consideradas en este Sistema Nacional Estadístico y Geográfico.

En otro orden de ideas, resulta imprescindible que el INEGI emita la información que la Ley le autoriza, pero sin indicadores, toda vez que éstos, lo único que hacen es entorpecer la labor de los usuarios del Sistema de Información, puesto que no todos podrán sujetarse a los mismos indicadores, el establecimiento de éstos lo único que genera es dosificar la información al arbitrio del Estado, sin tomar en consideración lo importante que resultan para el Sistema los usuarios, por ello se propone eliminar el artículo 21 de la Minuta, puesto que obliga al INEGI a emitir su información a a través de indicadores.

Este apartado tiene el propósito de analizar la conveniencia de que el Banco de México (BdeM) pueda interferir en lo establecido en el apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. A Continuación, presentamos las principales conclusiones de nuestro estudio:

1. LA NATURALEZA DE LA BANCA CENTRAL

La Banca Central es necesaria porque en el contexto del capitalismo con instituciones financieras de este modo de producción y usando activos de capital complejos y que operan intensamente en las relaciones comerciales, la inestabilidad del sistema capitalista se convierte en algo natural. Por tanto, la percepción neoclásica, en cualquiera de sus vertientes, de que una economía capitalista es inherentemente estable, es inconsistente con la existencia de una Banca Central.

La Banca Central es efectiva al hacer que una economía capitalista desempeñe mejor en el sentido que previene, tanto los auges de inversión desaforados e inflaciones, como las situaciones depresivas y deflacionarias.

Para comprender lo que hacen los banqueros centrales y cómo pueden afectar la operación de una economía, se examinarán una lista de las funciones corrientes de un Banco Central. Estas funciones encajan dentro de una estructura que enfatiza de qué forma la utilización del financiamiento afecta la extracción y la asignación de excedente. Se considera cuatro de las funciones de un Banco Central, a saber son:

2. EL BANCO DE MÉXICO

La banca central, la política monetaria y los conocimientos teóricos y empíricos en que ésta se funda se encuentran sujetos a una evolución permanente. La fase de modernización definitiva del Banco de México se inicia con el otorgamiento de su autonomía, la cual empezó a regir a partir de abril de 1994.

En términos prácticos, la autonomía del Banco de México implica que ninguna autoridad pueda exigirle la concesión de crédito, con lo cual se garantiza el control ininterrumpido del instituto central sobre el monto del dinero (billetes y monedas) en circulación. La finalidad de la autonomía es que la operación del banco central sea conducente a la conservación del poder adquisitivo de la moneda nacional. Esto quiere decir que los precios de todas las cosas se mantengan estables a lo largo del tiempo.

La autonomía del Banco de México está sustentada en tres pilares. El primero de ellos es de naturaleza legal. Se integra en su parte medular con el mandato constitucional que establece que la misión prioritaria de la institución es la procuración del mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda nacional. Este objetivo está también especificado en la ley actualmente en vigor del Banco de México promulgada a finales de 1993. El segundo pilar reside en la forma en que está integrada la Junta de Gobierno y las normas a que está sujeto su funcionamiento. Ese órgano colegiado se encuentra conformado con un gobernador y cuatro subgobernadores, funcionarios que son designados por el Ejecutivo pero no pueden destituidos de su cargo discrecionalmente. Los periodos de servicio de esos funcionarios son alternados. El del gobernador dura seis años y empieza en la mitad de un sexenio gubernamental para concluir al cierre de los tres primeros años del siguiente. Los periodos de servicio de los subgobernadores duran ocho años y su reemplazo está alternado cada dos. El tercer pilar de la autonomía es la independencia administrativa que la ley concede al banco central. ²

3. LEY DEL BANCO DE MÉXICO³

CAPITULO I De la Naturaleza, las Finalidades y las Funciones

Artículo 1o. El banco central será persona de derecho público con carácter autónomo y se denominará Banco de México. En el ejercicio de sus funciones y en su administración se regirá por las disposiciones de esta Ley, reglamentaria de los párrafos sexto y séptimo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2o. El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades del Banco promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.

Artículo 36. Los intermediarios financieros estarán obligados a suministrar al Banco de México la información que éste les requiera sobre sus operaciones incluso respecto de alguna o algunas de ellas en lo individual, los datos que permitan estimar su situación financiera y, en general, aquélla que sea útil al Banco para proveer el adecuado cumplimiento de sus funciones.

Las comisiones supervisoras del sistema financiero, a solicitud del Banco de México, realizarán visitas a los intermediarios, que tendrán por objeto revisar, verificar y evaluar la información que de conformidad con el párrafo anterior hayan presentado. En dichas visitas podrá participar personal del propio Banco.

Artículo 62. El Banco de México podrá:

I. En coordinación con las demás autoridades competentes, elaborar, compilar y publicar estadísticas económicas y financieras, así como operar sistemas de información basados en ellas y recabar los datos necesarios para esos efectos;

V. REGLAMENTO interior del Banco de México

Artículo 18 Bis. La Dirección de Coordinación de la Información tendrá las atribuciones siguientes:

(Adicionado mediante reformas publicadas en el Diario Oficial del 19 de septiembre de 1996, derogado por publicación del día 13 de febrero de 1998 y adicionado por publicación del 16 de marzo de 2001, 1 de octubre de 2004 y 22 de diciembre de 2004).

Artículo 22. La Dirección de Medición Económica estará facultada para recabar, procesar y divulgar información en materia económica y financiera vinculada al Sector Real y al Sector Externo, así como para operar sistemas y servicios de información vinculados con éstas.

Artículo 23. La Dirección de Análisis Macroeconómico estará facultada para recabar, procesar y divulgar información relativa a los agentes integrantes del Sistema Financiero.

Artículo 24. La Dirección de Precios, Salarios y Productividad estará facultada para recabar, procesar y divulgar información relacionada con los índices de precios, salarios, la evolución del mercado laboral del país y la productividad.

4. ARTÍCULO 26 CONSTITUCIONAL

Artículo 26. (...)

B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.

La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia.

El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá como Presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la del Congreso de la Unión.

La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia; los requisitos que deberán cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo.

Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser removidos por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia; y estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Cuarto de esta Constitución.

5. ARTÍCULO 28 CONSTITUCIONAL

Artículo 28. (...)

(Párrafos sexto y séptimo)

El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al Banco conceder financiamiento.

No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por periodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia. Las personas encargadas de la conducción del banco central, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución.

Es por todo lo anterior, que las y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Convergencia y del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emitimos el presente voto particular en oposición a la minuta que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística Y Geográfica, concretamente en contra de los artículos1, 8, 9, 10, 14, 18,21, 24, 27, 33, 37, 47,56, 67, 69, 71, 73, 74, 77, 78 y undécimo Transitorio; por lo que a continuación se expone el texto que en su lugar, proponemos contengan los artículo referidos:

III. PROPUESTAS

Artículo 1. La presente Ley, reglamentaria del apartado B del artículo 26 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de orden público, de interés social y de observancia general en toda la República, y tiene por objeto regular:

Artículo 8. Las Unidades del Estado participarán en el Sistema a través de:

El Instituto es el órgano Constitucional autónomo responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, con facultades para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia, por ende el funcionamiento de los órganos colegiados a que se refieren las fracciones anteriores.

De la Programación

Artículo 9. La ordenación y regulación de las actividades necesarias para la planeación, programación, producción y difusión de la Información de Interés Nacional, se llevará a cabo a través de los instrumentos siguientes:

La Junta de Gobierno tendrá a su cargo la aprobación de los programas a que se refiere este artículo, debiendo someter los proyectos de los mismos para opinión a las instancias respectivas en los términos que señala esta Ley.

Una vez aprobados el Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y el Programa Nacional de Estadística y Geografía, deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación y serán obligatorios para las Unidades del Estado conforme a la disponibilidad presupuestaria correspondiente. (Se elimina).

Artículo 10. El Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica:

Del Consejo Consultivo Nacional

Artículo 14. El Consejo Consultivo Nacional estará integrado por:

Los integrantes del Consejo desempeñarán sus funciones en dicho órgano colegiado de manera honoraria.

Artículo 18. En el acuerdo de creación de un Subsistema conforme al último párrafo del artículo anterior, la Junta de Gobierno deberá señalar como mínimo su infraestructura de información, los datos clave que deberá producir y las fuentes de las que se obtendrá -con el apoyo de las Unidades- la información básica para ello.

Artículo 21. El Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social deberá generar un conjunto de indicadores clave, que atenderán como mínimo los temas siguientes: población y dinámica demográfica, salud, educación, empleo, distribución de ingreso y pobreza, seguridad pública e impartición de justicia, gobierno y vivienda. (Se elimina)

Artículo 22. El Instituto elaborará, con la colaboración de las Unidades, los datos, a partir de la información básica que se obtenga de:

I. a III.- ...

Artículo 24. El Subsistema Nacional de Información Económica deberá generar un conjunto de datos clave, relacionados como mínimo con lo siguiente: sistema de cuentas nacionales; ciencia y tecnología; información financiera; precios y trabajo.

Artículo 27. El Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente, en su componente del medio ambiente, procurará describir el estado y las tendencias del medio ambiente, considerando los medios naturales, las especies de plantas y animales, y otros organismos que se encuentran dentro de estos medios.

El Subsistema referido en el párrafo anterior, deberá generar, como mínimo, datos sobre los siguientes temas: atmósfera, agua, suelo, flora, fauna, residuos peligrosos y residuos sólidos.

De las Unidades del Estado

Artículo 33. Las Unidades del Estado distintas al Instituto, cuando desarrollen actividades relacionadas con la producción, integración, conservación y difusión de Información de Interés Nacional, deberán:

Cuando por mandato legal las Unidades estén facultadas para producir y dar a conocer Información Estadística y Geográfica deberán observar lo que al respecto determine la ley correspondiente, sin perjuicio de que apliquen, en lo conducente, lo señalado en la fracción I de este artículo.

El Banco de México determinará las normas relativas a la Información que produzca y requiera, para la conducción de la política monetaria.

De los Derechos y Obligaciones de los Informantes del Sistema

Artículo 37. Los datos que proporcionen para fines estadísticos los Informantes del Sistema a las Unidades en términos de la presente Ley, serán de uso público estrictamente confidenciales y bajo ninguna circunstancia podrán utilizarse para otro fin que no sea el estadístico.

El Instituto no deberá proporcionar a persona alguna, los datos a que se refiere este artículo para fines fiscales, judiciales, administrativos o de cualquier otra índole. (Se elimina)

Artículo 47. Los datos que proporcionen los Informantes del Sistema, serán de uso público salvo los que sean confidenciales en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental esta Ley y de las reglas generales que conforme a ella dicte el Instituto.

(La Información no queda sujeta a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, sino que se dará a conocer y se conservará en los términos previstos en la presente Ley) Se elimina.

(Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, el Instituto, respecto de la información correspondiente a su gestión administrativa, quedará sujeto a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental) Se elimina.

Artículo 56. (El Instituto establecerá en coordinación con las Unidades, un catálogo nacional de indicadores, ajustándose a lo dispuesto en los artículos 22, 25 y 28 de esta Ley). Se elimina.

De la Administración del Instituto

Artículo 67. La Junta de Gobierno es el órgano superior de dirección del Instituto, y estará integrada por cinco miembros, uno de los cuáles fungirá como Presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El resto de los miembros de la Junta de Gobierno actuarán como vicepresidentes de la misma.

Artículo 69. La designación de los miembros de la Junta de Gobierno deberá recaer en personas que reúnan los requisitos siguientes:

Artículo 71. Las vacantes que se produzcan en la Junta de Gobierno serán cubiertas por el nuevo miembro que se designe para integrarla. En caso de vacante en el puesto de Presidente del Instituto, el miembro de la Junta de Gobierno con mayor antigüedad en el cargo será Presidente Interino del Instituto y presidirá la Junta de Gobierno. En caso de que hubiere dos o más miembros con igual antigüedad, la propia Junta de Gobierno elegirá de entre ellos al Presidente Interino, a mas tardar en la siguiente sesión de dicho órgano colegiado y, de no llegar a un acuerdo, la designación se realizará por el Presidente de la República; tanto el nombramiento de los miembros de la Junta de Gobierno designados para cubrir las vacantes y la designación definitiva del Presidente del Instituto, serán aprobados por la Cámara de Senadores, o en sus recesos, por la del Congreso de la Unión, de conformidad con el tercer párrafo del Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 73. Son causas de remoción de un miembro de la Junta de Gobierno:

Artículo 74. Compete a la Junta de Gobierno dictaminar sobre la existencia de las causas de remoción señaladas en el artículo inmediato anterior, debiendo hacerlo a solicitud del Presidente de la República o de cuando menos dos de sus miembros. El dictamen se formulará según resolución de la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno, después de conceder el derecho de audiencia al afectado y sin que éste participe en la votación.

El dictamen, con la documentación que lo sustente, incluida la argumentación por escrito que, en su caso, el afectado hubiere presentado, será enviado al Ejecutivo Federal para que lo remita a la Cámara de Senadores o en sus recesos por la del Congreso de la Unión para su resolución definitiva.

Artículo 77. Corresponderá a la Junta de Gobierno, como órgano superior de dirección del Instituto, el despacho de los asuntos siguientes:

De las Atribuciones de la Junta de Gobierno

Artículo 78. Además de los temas señalados en las fracciones I a III del artículo 59 del presente ordenamiento, sólo podrá considerarse se considera Información de Interés Nacional para efectos de esta Ley, la que satisfaga los cuatro criterios siguientes:

Sin perjuicio de lo anterior, también podrá ser considerada como Información de Interés Nacional la que resulte necesaria para prevenir y, en su caso, atender emergencias o catástrofes originadas por desastres naturales, y aquélla que se deba generar en virtud de un compromiso establecido en algún tratado internacional.

Transitorio Undécimo. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Banco de México y el Instituto formarán un grupo de trabajo que tendrá como objetivo planear e instrumentar la transferencia al segundo, del cálculo y publicación de los índices nacionales de precios a que se refiere el artículo 59 de de esta Ley. A partir del de la entrada en vigor de la fracción III del artículo 59, el Instituto publicará los referidos índices nacionales de precios, por lo que cualquier referencia a los citados índices a cargo del Banco de México, se entenderá efectuada, a partir de esa fecha, al que publique el Instituto.

A partir de la publicación del presente decreto, y hasta el día anterior a la entrada en vigor de la fracción III del artículo 59, el Banco de México continuará publicando los índices a que se refiere el párrafo anterior, con la participación creciente del Instituto.

A partir de la entrada en vigor de la fracción III del artículo 59, la metodología, bases de datos, información y procedimientos utilizados por el Instituto para calcular los índices nacionales a que se refiere este precepto, serán de conocimiento y consulta público sin restricción alguna.

IV. CONCLUSIÓN

En virtud de todo lo anterior, la suscrita me permito emitir el presente Voto particular en oposición a la minuta que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, concretamente en contra de los artículos artículos1, 8, 9, 10, 14, 18,21, 24, 27, 33, 37,47, 56, 67, 69, 71, 73, 74, 77, 78 y undécimo transitorio.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil siete.--- Diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (rúbrica).»

«Voto particular al dictamen de la minuta que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que presenta el diputado Salvador Ruiz Sánchez , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado federal a la LX Legislatura de Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f) 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 88, 95, 119 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el presente voto particular con relación al dictamen de la minuta que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica con los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 7 de abril de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaran reformados los artículos 26 y 73, fracción XIX-D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se adicionó un apartado B al artículo 26 de la propia constitución que estableció que el Estado mexicano contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y de igual manera que la responsabilidad de normar y coordinar dicho sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios. Por su parte la reforma a la fracción XXIX-D del artículo 73 facultó al Congreso de la Unión para legislar en materia de información, estadística y geográfica de interés nacional.

2. Asimismo, el diputado Inti Muñoz Santini, a nombre del diputado Julio Boltvinik Kalinka el 26 de julio de 2006, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General de Estadística y Geografía, la cual fue turnada a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

3. Que con fecha 24 de abril del presente año se aprobó en el Senado de la República el dictamen correspondiente del proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

4. Que con fecha 25 de abril del presente año, se turno por la colegisladora la minuta que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

5. Con esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados le dio entrada y la turno en Comisiones Unidas de Hacienda y de Gobernación con opinión de la Comisión Especial de la Reforma del Estado.

Consideraciones

Como así lo señalamos en los antecedentes el 7 de abril de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaran reformados los artículos 26 y 73, fracción XIX-D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se adicionó un apartado B al artículo 26 de la propia constitución que estableció que el Estado mexicano contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y de igual manera que la responsabilidad de normar y coordinar dicho sistema estaría a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios. Por su parte, que la reforma a la fracción XXIX-D del artículo 73 facultó al Congreso de la Unión para legislar en materia de información, estadística y geográfica de interés nacional.

En razón a ello, nuestro grupo parlamentario, tomando en cuenta que el eje fundamental de esa reforma constitucional, consistió en el otorgamiento al INEGI el carácter de órgano constitucional autónomo con la responsabilidad de regular y coordinar el sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Esta reforma le concedió acertadamente al INEGI el rango de relevancia constitucional para que, en ejercicio de sus nuevas facultades se convirtiera en un órgano de Estado, que no estuviera sujeto a la autoridad del gobierno en turno o a coyunturas políticas que en el pasado marcaron un sesgo a su trabajo institucional.

Una sociedad cada vez más compleja y en continuo proceso de transformación, requiere que se fortalezcan la captación, procesamiento y divulgación de la información estadística y geográfica de interés nacional, para estar en condiciones de brindar a todos los sectores del país --público, privado, social, académico y profesional-- información objetiva y confiable como base para la toma de sus decisiones.

Por ello, sostenemos que, una verdadera reforma del Estado debe plantear que las decisiones en materia de información, de disponibilidad de los datos y el acceso público a ellos, deben estar sometidos siempre a criterios que trasciendan a los intereses partidistas y se caractericen por su objetividad y transparencia.

Existe la preocupación de que el Estado provea de información confiable basada en el principio universal de objetividad, así como la concepción de que la información estadística y geográfica deben ser generadas por unidades autónomas, no dependientes de alguna agencia pública que eventualmente pudiese provocar o permitir la alteración de los datos.

Fue en ese sentido que se originó la propuesta de dotar al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de autonomía en el ejercicio de sus funciones y el propósito de fortalecer su carácter institucional, mediante la atribución de competencias que le permitieran garantizar la objetividad de la información gubernamental a partir del diseño de la metodología, de sus estudios y levantamientos estadísticos y geográficos, hasta la integración final de los resultados obtenidos y su difusión, el dictamen de las comisiones dictaminadoras constituye un retroceso evidente al estado en que se encontraba el INEGI, antes de la reforma constitucional, esto es una violación al espíritu y a lo que disponen las normas constitucionales.

Se pretende, a través de la ley, revertir la autonomía concedida al instituto replanteando su competencia y sus atribuciones de manera clara y premeditada, con lo cuál rechazamos categóricamente, aún más tomando en cuenta la situación en la que se encuentra ésta institución pública.

La situación en la que se encuentra ésta institución pública que se desprende de los diagnósticos de su operación actual, resaltan que las labores propias y exclusivas del instituto, que sin duda son de gran importancia, han concentrado la mayor parte de su capacidad y recursos; empero, se advierte que las funciones de coordinación del sistema, de regulación de sus actividades de producción de información, del desarrollo y difusión de metodologías y de infraestructura estadística utilizable por todas las unidades productoras de información, se han visto por ello relativamente desatendidas.

Entonces, aunque se ha conformado un sistema muy grande, que acumula gran experiencia, tiene amplia diversificación y cuenta con áreas de especialidad muy desarrolladas, se percibe que no funciona como sistema por la debilidad de la coordinación y normatividad. Especialmente, se observa que en cada sector de la administración pública federal, en cada entidad federativa, en cada municipio se genera la información que se requiere y decide en estas instancias y para los respectivos usuarios, aunque no siempre es homogénea, comparable, ni regulada para estos efectos.

La concepción y diseño del sistema, en el voto particular que se presenta, es una proyección en la legislación secundaria de la autonomía constitucional del instituto. Su funcionamiento parte de los usuarios, recabando y sistematizando sus requerimientos y solicitudes de información. Las unidades productoras del Sistema interactúan con los informantes para obtener los datos primarios que se requieren para generar la información y ponerla a disposición de los usuarios. El sistema, sin embargo, no puede generar toda la información que cualquier usuario requiera, sino sólo la información prioritaria. Para identificar ésta y asignar facultades entre las entidades federativas y la Federación, se establecen los conceptos de información de interés nacional, sectorial y multisectorial, que serán responsabilidad del Sistema Nacional, distinguiéndolos de la información de interés estatal que corresponderá generar a las entidades federativas.

Conviene añadir que la concepción que se propone contempla la trama de interrelaciones y actividades que se dan en el sistema a distintos niveles, e identifica su inmersión en otros sistemas de mayor jerarquía, como el Nacional de Planeación, el de la administración pública, el internacional, entre los más importantes, a los cuales también deberá servir. Por ello, aunque el gobierno del sistema, sus normas y las decisiones fundamentales se darán, en última instancia, en el centro del sistema constituido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se establecen órganos colegiados como mecanismos de colaboración, coordinación y concertación que aseguren los flujos de información, requerimientos, normas, orientaciones y conocimientos, que necesariamente habrán de transitar de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, para nutrir permanentemente el funcionamiento del sistema y su perfeccionamiento.

Para asegurar el funcionamiento efectivo y cabal de un sistema integrado en el cual la producción, integración y difusión de información estadística y geográfica en el país sea objetiva, precisa, transparente, fidedigna y oportuna, se plantean en este texto dos características de diseño diferentes a lo que ahora priva y a lo que se propone: 1) En cada sector administrativo de la administración pública federal se define una unidad productora como coordinadora, concentradora y difusora de la información estadística y geográfica de ese sector y se le denomina unidad coordinadora. Se propone que esas unidades sean las que coordinen estas actividades en cada sector administrativo en que se ubican; también se identifican con precisión este tipo de unidades en los organismos autónomos y en los poderes legislativo y judicial del nivel federal. Estas unidades pasarían a depender jerárquica, presupuestal y administrativamente del instituto rector del sistema, aunque seguirán operando en el respectivo sector y dependencia de adscripción actual. El instituto y sus instancias de gobierno designarán el personal de las unidades coordinadoras, y éstas a su vez coordinarán a las otras que existan en su sector o tema realizando las actividades que aquí nos ocupan. 2) En refuerzo de lo anterior, se propone elaborar un presupuesto horizontal integrado para aglutinar y proteger en él todo el gasto federal en estas materias, y que incluiría también los apoyos a entidades federativas y municipios que se otorgarían bajo convenios de concertación de acciones en el seno del Sistema; para esto se creará un Ramo de Información Estadística y Geográfica en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Es importante destacar que se asigna una importante función a los órganos colegiados en el proceso de elaboración de los programas y presupuestos de este ramo.

Para facilitar los flujos de requerimientos, normatividad, información, ideas y opiniones y críticas en el sistema y, sobre todo, para la formulación de programas y presupuestos, se crean tres instancias de colaboración, coordinación y concertación: 1) la Comisión Nacional de Estadística y Geografía, integrada por los titulares de las secretarías de Estado del Ejecutivo federal o el subsecretario que nombren para representarlos, los gobernadores y jefe de gobierno de las entidades federativas o el funcionario de nivel inmediato inferior que designen para representarlos, y la Junta de Gobierno; 2) las Subcomisiones Nacionales de Estadística y Geografía, que se integran con representantes del INEGI, ocho representantes de entidades federativas en cada subcomisión, con carácter rotatorio cada dos años, y los titulares de las Unidades Coordinadoras sectoriales de las áreas temáticas que se aglutinarán en cada una de estas Subcomisiones; y 3) los Comités Técnicos de Estadística y Geografía, que se forman con representantes del instituto y de todas las unidades de la administración pública federal de un sector o tema, y hasta ocho representantes de entidades federativas en cada Comité Técnico con carácter rotatorio, que serán presididos por los titulares de las Unidades Coordinadoras de sector o tema. Se establecen las funciones y reglas básicas de la operación de estas instancias, y se define a quién corresponde presidirlas.

La administración pública federal queda coordinada centralmente por el instituto en cuanto a actividades estadísticas y geográficas, en tanto que las entidades federativas y municipios o delegaciones políticas se sujetan al esquema de convenios de concertación, eventualmente apoyados con recursos federales del ramo en cuestión. En refuerzo de la etapa operativa de ejecución de las acciones concertadas y de las propias del Instituto, se establece que existirá una oficina del instituto en cada entidad federativa; asimismo, para promover el desarrollo de las actividades de información estadística en las entidades federativas, se dispone que podrán tener su legislación en la materia y se les faculta para crear su propio Instituto Local de Estadística y Geografía.

En vista de todo lo anterior, que el dictamen propuesto por las comisiones a las que fue turnada la minuta en comento, contiene un proyecto de ley que vulnera lo establecido por el apartado B del artículo 26 y el artículo 73, fracción XIX-D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone las competencias y atribuciones del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y la autonomía del INEG.

El proyecto de ley que se nos presenta de ninguna manera desarrolla su autonomía técnica y de gestión, y vulnera su personalidad jurídica, así como, la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de información, estadística y geográfica de interés nacional.

En ese sentido, considero que es necesario rescatar en este voto particular nuestras propuestas plasmadas con anterioridad en la Cámara, porque desarrollan la autonomía constitucional de éste órgano con toda puntualidad y amplitud y no se restringe como sucede con el dictamen que nos proponen las comisiones dictaminadoras.

Con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f) y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 88, 95, 119 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante el Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados el presente voto particular, con proyecto de:

Ley General de Estadística y Geografía

Título Primero

Capítulo Único Generalidades

Artículo 1. La presente ley reglamenta el apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es de orden público e interés social, de observancia general en toda la república y regula:

Artículo 2. Para efectos de esta ley se entenderá por

Título Segundo Del Sistema Nacional de Estadística y Geografía

Capítulo I De la Integración del Sistema Nacional de Estadística y Geografía

Artículo 3. Se integra el Sistema Nacional de Estadística y Geografía (Sisneg), con la finalidad de suministrar al Estado y a la sociedad la información estadística y geográfica de calidad que requieren.

Artículo 4. La información que emane del sistema se considerará oficial y será de uso obligatorio para los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la federación, los organismos constitucionales autónomos, los estados, el Distrito Federal y los municipios.

Artículo 5. El Sistema Nacional de Estadística y Geografía se sujetará a los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad, independencia, confidencialidad y reserva.

Artículo 6. El Sistema Nacional de Estadística y Geografía tiene por objeto:

Artículo 7. En la operación del Sistema, los usuarios, mediante solicitudes específicas o a través de consultas sistemáticas, demandan a las Unidades integrantes del Sisneg la información y hacen uso de ella; las unidades productoras realizan los procesos para generar la información estadística y geográfica requerida por los usuarios, para lo cual interactúan con los informantes que poseen y proporcionan los datos primarios. Los derechos y obligaciones de usuarios e informantes se establecen en esta ley.

Artículo 8. El sistema será coordinado por el INEG; la Junta de Gobierno del instituto tendrá la facultad de nombrar al personal de la Unidad Coordinadora de cada sector administrativo o tema de especialidad; estas unidades coordinadoras dependerán jerárquica y presupuestalmente del Instituto, aunque se ubicarán en las instalaciones de las dependencias de la administración pública federal respectivas y la administración de sus presupuestos estará a cargo del coordinador de sector.

Artículo 9. En cada estado y en el Distrito Federal, el INEG tendrá una oficina encargada de coordinar, en la fase operativa, los convenios concertados por la Junta de Gobierno en materia de estadística y geografía con los gobiernos de los estados, el Distrito Federal, los municipios y las delegaciones políticas; coordinar, en su caso, las actividades de las unidades de la administración pública federal en la entidad federativa; y llevar a cabo las actividades del INEG en el ámbito de la entidad federativa que el propio instituto le instruya.

Artículo 10. El INEG tendrá la facultad de concertar con las entidades federativas el desarrollo de actividades en materia de estadística y geografía, y podrá destinar recursos del Ramo de Estadística y Geografía del Presupuesto de Egresos de la Federación, en apoyo a las entidades federativas exclusivamente para Actividades de interés estatal, con las modalidades que se establezcan en el reglamento de esta ley.

Artículo 11. El Sistema Nacional de Estadística y Geografía se integra por:

Artículo 12. Los estados y el Distrito Federal tendrán la facultad de emitir leyes locales en la materia y constituir un Instituto Local de Estadística y Geografía. Tanto la legislación como los institutos locales estarán vinculados a las disposiciones de esta ley y a las que emita el INEG.

Capítulo II De la Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación

Artículo 13. Las actividades del Sisneg se regirán por el Programa Quinquenal de Estadística y Geografía, por los programas anuales de estadística y geografía y por sus respectivos presupuestos.

La Junta de Gobierno del INEG elaborará y aprobará, con la intervención de la Comisión Nacional de Estadística y Geografía, las Subcomisiones Nacionales y los Comités Técnicos, los programas a que se refiere este artículo. Una vez aprobados, los programas se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, a partir de lo cual serán obligatorios para la Federación, e indicativos para los estados, el Distrito Federal y los municipios, en los términos del Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de esta ley.

Artículo 14. El Programa Quinquenal de Estadística y Geografía y su correspondiente presupuesto multianual, elaborados en el marco del Sistema Nacional de Planeación:

Artículo 15. El Programa Anual de Estadística y Geografía para cada año y su correspondiente presupuesto, se elaborarán en congruencia con el Programa Quinquenal de Estadística y Geografía. Comprenderá las Actividades a desarrollar en el Sisneg para la generación de la información de interés nacional, sectorial y multisectorial, así como el apoyo que brindará la federación a las Actividades de interés estatal, en el año al que corresponda de conformidad con lo dispuesto en esta ley.

Artículo 16. El instituto deberá elaborar cada cinco años un presupuesto multianual derivado del Programa Quinquenal de Estadística y Geografía, y presentarlo ante la Cámara de Diputados.

A partir de ello, cada año, con antelación apropiada según el calendario del proceso presupuestario establecido en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, enviará al Ejecutivo Federal un proyecto de presupuesto horizontal integrado de estadística y geografía para el ejercicio siguiente, con el único propósito de que quede integrado sin modificación alguna en el Ramo de Información Estadística y Geográfica del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que éste presenta a la Cámara de Diputados.

El instituto rendirá un informe del gasto correspondiente al ejercicio inmediato anterior, debiendo enviarlo a la Cámara de Diputados. Todos los programas, presupuestos e informes que elabore el Instituto deberán ser puestos a disposición de la opinión pública por los medios masivos de comunicación.

El régimen presupuestario del instituto deberá garantizar la libre administración, la no transferencia y la suficiencia de recursos públicos.

Artículo 17. Anualmente, el INEG coordinará la formulación del presupuesto horizontal integrado de información estadística y geográfica y lo someterá a la opinión de la Comisión Nacional. Para este propósito, el Presupuesto de Egresos de la Federación contendrá un Ramo específico para Actividades de Estadística y Geografía, en el que se registrará todo el gasto destinado a las Actividades de producción, integración y difusión de información estadística y geográfica de las unidades de la administración pública federal y del INEG, así como los apoyos presupuestarios que se otorgarán a entidades federativas y municipios, en los términos del artículo 10 de esta ley. El presupuesto del Ramo atenderá primordialmente la generación de información de interés nacional, sectorial y multisectorial de las unidades de la administración pública federal, sin perjuicio de que una proporción menor pueda ser destinada a apoyar la generación de información de interés estatal u otra información adicional que la Junta de Gobierno estime conveniente promover.

Artículo 18. La elaboración de los presupuestos multianual y anual se hará mediante un proceso en el que la información fluirá en dos sentidos; desde los órganos de gobierno y colegiados rectores del sistema, hacia las unidades coordinadoras, productoras, integradoras y difusoras, y desde éstas hacia el centro del sistema. En primer lugar, se fijarán objetivos, prioridades, metas, y estrategias de acuerdo con los Programas Multianual y Anual, que se darán como lineamientos a las Unidades; y desde las unidades se elaborarán los anteproyectos de presupuesto de cada una, que se integrarán en los Comités Técnicos, los cuales lo someterán a las Subcomisiones Nacionales para su integración y envío a la Comisión Nacional para que los opine e integre, y con ello para la aprobación de la Junta de Gobierno y su presentación a la Cámara de Diputados. Este mecanismo se utilizará de igual manera para la formulación de los programas Quinquenal y Anual.

Artículo 19. Con el propósito de escuchar las necesidades, solicitudes y propuestas de todos los usuarios, y hacer posible atender e incluir en los programas las que se estimen de interés prioritario, y como parte del proceso de planeación y programación, el instituto convocará, antes de la elaboración del Programa Quinquenal y de los Programas Anuales de Estadística y Geografía que lo instrumentan, a tres diversos grupos de usuarios: 1) los de los tres poderes de la Unión, incluidos los organismos descentralizados y desconcentrados, que estarán representados por el Secretario del Ramo de cada Sector Administrativo o el Subsecretario que éste designe para representarlo, los presidentes de las cámaras del Poder Legislativo o quienes éstos nombren para representarlos, así como los organismos autónomos constitucionales representados por su titular o el funcionario de nivel inmediato inferior que aquél designe; 2) los de cada Entidad Federativa, representados por el Gobernador o el funcionario de nivel inmediato inferior que éste designe; y 3) las instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, confederaciones de cámaras industriales y comerciales, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de los sectores privado y social, representados por sus presidentes o equivalentes.

Artículo 20. La evaluación, tanto de los resultados del Sistema como del INEG, se realizará a través de paneles externos que se conformarán con grupos ex profeso de especialistas nacionales y extranjeros, según las reglas que establezca el reglamento de esta ley.

Capítulo III De la Comisión Nacional de Estadística y Geografía

Artículo 21. Para conseguir el óptimo funcionamiento del Sisneg, se conformará una Comisión Nacional de Estadística y Geografía, como órgano colegiado de colaboración, coordinación y concertación. Serán miembros de esta comisión, con voz y voto, los integrantes de la Junta de Gobierno del INEG, los titulares de las secretarías de Estado del Ejecutivo federal o los subsecretarios que el titular nombre para representarlo, y los gobernadores o jefe de gobierno de las entidades federativas, o el funcionario de nivel inmediato inferior que designen para representarlos. Los titulares de las unidades coordinadoras de cada sector administrativo o tema serán también miembros de la Comisión Nacional pero solo tendrán voz. La Junta de Gobierno del INEG convocará por lo menos una vez al año y cuando la naturaleza de algún asunto lo requiera, al pleno de la Comisión Nacional. A las sesiones de la comisión podrán ser invitados representantes de instituciones sociales y privadas.

Con los propósitos de identificar las necesidades de los usuarios, e intercambiar información, metodologías, problemática, demandas y propuestas para mejorar el funcionamiento general del Sisneg, el INEG, a través del Consejo de Notables, organizará y convocará una vez cada dos años a la Reunión Nacional de Estadística y Geografía, a la que acudirán representantes de todas las Unidades del Sisneg, y participantes de los sectores social, privado y del extranjero, que el INEG invite a través de su presidente.

Artículo 22. La Comisión Nacional de Estadística y Geografía será presidida por el presidente del INEG. La Comisión Nacional, las Subcomisiones Nacionales, y los Comités Técnicos de Estadística y Geografía tendrán un secretario técnico que será nombrado por la Junta de Gobierno a propuesta de su presidente, y que formará parte del personal del INEG.

El reglamento de esta ley establecerá las reglas que cada uno de los órganos colegiados de colaboración, coordinación y concertación adoptará para su funcionamiento.

Artículo 23. Habrá cuatro subcomisiones nacionales temáticas: la económica; la de finanzas públicas; la demográfica y social; y la geográfica y del medio ambiente. Cada Subcomisión Nacional de Estadística y Geografía será presidida por un vicepresidente del Instituto.

Artículo 24. La Comisión Nacional de Estadística y Geografía tendrá las siguientes funciones:

Artículo 25. La Comisión Nacional de Estadística y Geografía habrá de elegir a los integrantes del Consejo de Notables, seleccionándolos entre los candidatos que se registren en respuesta a la convocatoria que emitirá para el efecto la Junta de Gobierno, según los términos que se establecen en el artículo 55 de esta ley.

Capítulo IV De las Subcomisiones Nacionales de Estadística y Geografía

Artículo 26. Cada Subcomisión Nacional de Estadística y Geografía será presidida por un vicepresidente del INEG y los técnicos del mismo que el vicepresidente estime necesario, y que tendrán voz pero no voto; ocho representantes de entidades federativas con carácter rotatorio cada dos años, y los titulares de las unidades coordinadoras sectoriales de las áreas temáticas que se aglutinarán en cada una de estas subcomisiones; el INEG fungirá como Secretariado Técnico de cada una de ellas. El reglamento de esta ley establecerá las condiciones y el orden en el que se rotarán los representantes de las entidades federativas en estas subcomisiones nacionales.

Artículo 27. Las Subcomisiones Nacionales de Estadística y Geografía tendrán las siguientes funciones:

Capítulo V De los Comités Técnicos de Estadística y Geografía

Artículo 28. Los Comités Técnicos de Estadística y Geografía son la instancia de colaboración, coordinación y concertación más cercana a la operación del Sisneg; se integran con representantes del instituto y de todas las unidades de la administración pública federal del sector o tema correspondiente.

Con el propósito de evitar que los Comités Técnicos resulten demasiado numerosos y poco operativos, hasta ocho entidades federativas estarán representadas en ellos, y su designación se regirá con base en las reglas de selección y rotación que establezca el reglamento de esta ley. Serán presididos por los titulares de las unidades coordinadoras de sector o tema.

Artículo 29. Habrá un Comité Técnico por cada una de las unidades coordinadoras de sector o tema y operarán como órganos colegiados de colaboración, coordinación y concertación de estas coordinadoras. A sus sesiones podrán asistir los usuarios de instituciones sociales y privadas que sean invitados por los titulares de las unidades coordinadoras.

Artículo 30. Los Comités Técnicos tendrán las siguientes funciones:

Capítulo VI De las Unidades

Artículo 31. Las unidades del estado, para la producción, integración y difusión de información estadística y geográfica que les autorice el instituto, estarán a lo siguiente:

Artículo 32. Por cada sector o tema multisectorial, la Junta de Gobierno, previa opinión de la Comisión Nacional de Estadística y Geografía, designará una unidad coordinadora. Los nombramientos, ratificaciones y remociones de los titulares de las unidades coordinadoras, o coordinadores técnicos, corresponderán a la Junta de Gobierno del INEG. Para ser coordinador técnico se requiere ser profesional de disciplinas afines al sector o tema multisectorial, con experiencia de al menos diez años como productor o usuario de información estadística y geográfica.

Artículo 33. Las Unidades Coordinadoras tendrán las siguientes funciones:

Artículo 33 Bis. Además del titular, que será el coordinador técnico, las unidades coordinadoras contarán con el equipo técnico y auxiliar necesario. El presupuesto estas unidades, como el de todas las del Sisneg formará parte del Ramo de Información Estadística y Geográfica, y serán administrados por la Secretaría coordinadora del sector de la Administración Pública Federal donde se ubiquen dichas unidades. Los recursos así asignados serán intransferibles.

Los titulares de los sectores, de los gobiernos estatales, del Distrito Federal y de los Poderes de la Unión, brindarán los apoyos necesarios para que las Unidades Coordinadoras y las demás Unidades del Estado, cumplan cabalmente sus funciones.

Artículo 34. El INEG contará con un programa permanente y actualizado de formación y perfeccionamiento de las capacidades técnicas de los servidores públicos de las Unidades, así como con un programa de investigación permanente en temas de producción y análisis de la información, para atender las necesidades de desarrollo de tales Unidades.

Para dar cumplimiento a lo establecido en este artículo, el INEG contará con un Centro de Investigación, Formación y Capacitación adscrito al mismo.

Título Tercero Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Capítulo I De la Integración y Funciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Artículo 35. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía es, conforme a lo dispuesto en el Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un organismo constitucional autónomo, con plena independencia presupuestaria, con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de facultades para normar y coordinar el Sistema Nacional de Estadística y Geografía, así como para realizar con exclusividad las actividades a que se refiere el artículo 40 de esta ley.

Artículo 36. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía es parte integrante de las Unidades productoras de información y tiene la función de coordinarlas. Tendrá la obligación de asegurar que la información del Sistema se sujete a los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad, independencia, confidencialidad y reserva enunciados en esta ley.

Artículo 37. El INEG, conforme a los principios constitucionales que rigen el Sistema, asegurará:

Artículo 38. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en su carácter de unidad central coordinadora del sistema, tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

Artículo 39. El instituto regulará, mediante la expedición de normas, la producción, tratamiento, conservación y divulgación de la información estadística y geográfica, para la debida integración del sistema.

El instituto vigilará el cumplimiento de estas normas y estará facultado para autorizar los métodos y procedimientos que las unidades utilicen para la captación, procesamiento y publicación de información estadística y geográfica.

Con objeto de garantizar la homogeneidad y comparabilidad de la información, el instituto deberá proveer y promover el uso generalizado de definiciones, clasificaciones, nomenclaturas, abreviaturas, identificadores, directorios, catálogos, unidades de medida, símbolos, delimitaciones geográficas y demás elementos que a estos fines sean indispensables desde la captación y procesamiento de la información, hasta la etapa de su presentación y divulgación.

Artículo 40. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tendrá las siguientes facultades exclusivas:

Las denominaciones: censo o conteo nacional, cuentas nacionales, índices nacionales de precios, encuesta nacional y, en general, cualquier concepto análogo o similar a ellos, no podrán ser empleados en el nombre ni en la propaganda de registros, encuestas o enumeraciones distintas a las que practique el Instituto. Las violaciones a este precepto, se sancionarán en los términos de esta ley.

En adición de lo dispuesto en este artículo, el instituto podrá producir cualquier otra información de interés nacional, sectorial, multisectorial o estatal que determine su Junta de Gobierno, previa opinión de la Comisión Nacional de Estadística y Geografía.

Artículo 41. Sólo con la autorización del instituto y previa opinión favorable de las autoridades competentes, las personas físicas o morales nacionales o de los gobiernos municipales, de las entidades federativas, del Gobierno Federal o de gobiernos extranjeros, podrán captar fotografías aéreas con cámaras métricas o de reconocimiento y de otras imágenes por percepción remota dentro del espacio aéreo nacional, debiendo entregar al Instituto un informe detallado de los trabajos que hubieren realizado.

Artículo 42. Las personas físicas y morales extranjeras requerirán autorización del instituto para efectuar actividades tendentes a

El otorgamiento de estas autorizaciones quedará condicionado a la obtención de opinión favorable de las autoridades competentes y a que se garantice a satisfacción del propio instituto, la entrega de dicho informe.

Artículo 43. El instituto normará la adopción de métodos y normas técnicas en la captación de los datos objeto de registro, en coordinación con las autoridades a las que competa administrar directorios de personas físicas o morales, catastros, registros civiles, registros públicos de la propiedad y del comercio, padrones, inventarios y demás registros administrativos.

Todas estas autoridades proporcionarán al INEG acceso a estos directorios o registros, así como a sus actualizaciones, mismos que serán constitutivos de la Infraestructura Estadística y Geográfica del Sisneg.

Artículo 44. Para el desarrollo de las actividades estadísticas y geográficas estarán obligados a colaborar con el instituto, cuando éste lo solicite:

Artículo 45. El instituto deberá:

Capítulo II De los Órganos de Gobierno y Asesoría del Instituto

Artículo 46. Como órgano superior de dirección, el instituto tendrá una Junta de Gobierno. Estará integrada por cinco miembros, cuatro vicepresidentes y un presidente, los cuales serán designados por el presidente de la república con la aprobación de la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, de la Comisión Permanente. Cada uno de los vicepresidentes del INEG, además de sus funciones como miembros de la Junta de Gobierno, presidirá una de las cuatro subcomisiones nacionales, de acuerdo con su especialidad y experiencia, y será vicepresidente del área respectiva: económica; finanzas públicas; demográfica y social; y geográfica y del medio ambiente.

El reglamento de esta ley establecerá las normas de organización y funcionamiento de la Junta de Gobierno.

Artículo 47. La presidencia será el órgano superior ejecutivo del INEG. El cargo de presidente del instituto durará cinco años y el de los vicepresidentes siete años. Tanto el presidente como los vicepresidentes podrán ser reelectos una sola vez en el mismo cargo. Los miembros de la Junta dejarán el cargo al cumplir 75 años de edad aunque no haya concluido el periodo de su nombramiento.

Artículo 48. Para ser vicepresidente o Presidente del Instituto se requiere:

Para ocupar cada una de las Vicepresidencias, los requisitos II, III y IV de este artículo, deberán corresponder con la responsabilidad temática de dicha Vicepresidencia; el vicepresidente de Finanzas Públicas, además de su responsabilidad temática, asesorará a los demás en materia presupuestaria. Para ocupar la Presidencia estos requisitos pueden cumplirse en cualquiera de las cuatro áreas temáticas enumeradas en el artículo 46 de esta ley.

Para ser Presidente del INEG se requiere, además de los requisitos anteriores, haber sido vicepresidente o Presidente anteriormente, por al menos un año.

Artículo 49. Los miembros de la Junta de Gobierno no podrán desempeñar ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia, y estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 50. Las vacantes en la Junta de Gobierno, serán cubiertas por el nuevo miembro que se designe para integrarla, conforme al procedimiento descrito en el artículo 46. En tanto se hace el nombramiento de Presidente, el miembro de la Junta de Gobierno con mayor antigüedad en el cargo será presidente interino del instituto y presidirá la Junta de Gobierno. En caso de que hubiere dos o más miembros con igual antigüedad, la propia Junta elegirá de entre ellos al presidente interino.

Los miembros que cubran vacantes de la Junta de Gobierno que se produzcan antes de la terminación del periodo respectivo, durarán en su cargo el periodo reglamentario de cinco o siete años, independientemente del tiempo que el nombrado hubiese sido miembro de la Junta de Gobierno con anterioridad.

Artículo 51. Son causas de remoción de un miembro de la Junta:

Artículo 52. Compete a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de acuerdo con las normas del debido proceso, dictaminar sobre la existencia de las causas de remoción señaladas en el artículo inmediato anterior, debiendo hacerlo a solicitud del Presidente de la República o de cuando menos tres miembros de la Junta.

Artículo 53. El Presidente del INEG o cuando menos dos miembros de la Junta de Gobierno, podrán convocar a reuniones de la Junta, cuyas sesiones deberán celebrarse con la asistencia de por lo menos tres de sus miembros. Si no concurriere el Presidente, la sesión será presidida por el miembro a quien corresponda según lo previsto en el primer párrafo del artículo 50 de esta ley.

Las resoluciones requerirán para su validez del voto aprobatorio de la mayoría de los presentes, con excepción de las resoluciones a que se refiere el artículo 60, fracciones II, III, V, y VI, para las cuales será necesario el voto favorable de la mayoría de los miembros de la Junta. Quien presida la sesión tendrá voto de calidad en caso de empate.

La Junta de Gobierno podrá acordar la asistencia de funcionarios del Instituto o de otras dependencias y entidades públicas y privadas a sus sesiones, para que le rindan directamente la información que les solicite.

Quienes asistan a las sesiones deberán guardar confidencialidad respecto de los asuntos que se traten en ellas, salvo autorización expresa de la Junta de Gobierno para hacer alguna comunicación.

Artículo 54. La remuneración y prestaciones que reciba el Presidente de la Junta de Gobierno por el desempeño de su cargo, serán iguales a las que correspondan al Subsecretario del Ramo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los restantes miembros tendrán un nivel jerárquico ``J'', correspondiente a jefatura de unidad.

Las remuneraciones que perciban los demás servidores públicos del Instituto, en ningún caso podrán exceder las previstas para los integrantes del mencionado órgano de gobierno.

Artículo 55. Para favorecer su mejor desempeño, la Junta de Gobierno contará con un Consejo de Notables, grupo de asesoría y apoyo de esta Junta, que se integrará con siete miembros. Además de sus funciones de asesoría, este consejo será responsable de organizar bianualmente la Reunión Nacional de Estadística y Geografía a que se refiere el segundo párrafo del artículo 21 de esta ley. Estos consejeros serán nombrados por la Comisión Nacional de Estadística y Geografía. Para este fin, la Junta emitirá una convocatoria y someterá a la consideración de la Comisión Nacional de Estadística y Geografía a todos los candidatos, indicando cuáles, a su juicio, cumplen los requisitos establecidos en esta ley. La Junta de Gobierno convocará a reunión de la Comisión Nacional de Estadística y Geografía, para que en ella sean elegidos, por unanimidad de los asistentes, los integrantes del Consejo de Notables; si no se lograra unanimidad en la primera reunión, se convocará a una segunda y así sucesivamente hasta lograr el consenso.

Artículo 56. Para ser miembro del Consejo de Notables se requiere:

Artículo 57. La duración del encargo de los miembros del Consejo de Notables será de ocho años, y podrán ser reelectos por una sola vez. Un miembro de este consejo cesará en sus funciones cuando cumpla 75 años de edad. Las vacantes en el consejo se cubrirán siguiendo el procedimiento de nombrar otro miembro en los términos del artículo 54 de esta ley.

Artículo 58. Por su labor, los miembros de este Consejo recibirán un honorario que se establecerá en el reglamento de esta ley.

La mecánica de funcionamiento de este grupo asesor será definida en el reglamento de la ley.

Artículo 59. Son motivos de remoción de un miembro del Consejo de Notables:

Capítulo III De las Funciones de la Junta de Gobierno

Artículo 60. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes funciones:

Los asuntos a que se refieren las fracciones III, V, VI, VII, VIII, IX y XII del presente artículo, deberán aprobarse con base en las propuestas que presente al efecto el presidente.

En los casos en los que la presente ley establece que la Junta de Gobierno deba recabar la opinión previa de los órganos colegiados, el presidente deberá presentar a la Junta de Gobierno, junto con su propuesta, las mencionadas opiniones.

Artículo 61. Los miembros de la Junta de Gobierno tendrán la responsabilidad de procurar que las relaciones del instituto con las Unidades Estadísticas y Geográficas del estado y otros sectores relevantes para el trabajo del instituto, se desarrollen en forma apropiada para conseguir los objetivos del INEG y del Sistema. Al efecto, estas tareas se dividirán al menos en los cuatro sectores siguientes: información demográfica y social; información económica; información de finanzas públicas; e información de geografía y medio ambiente.

Capítulo IV De las Funciones del Presidente del Instituto

Artículo 62. El presidente del INEG tendrá las siguientes funciones:

Artículo 63. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 46 y 61 de esta ley, el presidente del INEG podrá participar directamente en las tareas encaminadas a mantener buenas relaciones con los secretarios de Estado, con gobernadores, las Unidades Estadísticas y Geográficas del Estado, con los sectores privado y social, así como con las entidades del extranjero cuyas actividades sean relevantes para las labores encomendadas al instituto.

Capítulo V De las Oficinas del Instituto en las Entidades Federativas

Artículo 64. En cada estado de la República y en el Distrito Federal, el Instituto tendrá una oficina encargada de la representación del INEG en esa Entidad y con las siguientes funciones:

Capítulo VI Del Patrimonio y Recursos del Instituto

Artículo 65. El patrimonio del INEG se integra con:

En las operaciones de compraventa de bienes inmuebles que celebre el INEG, se aplicará el mismo tratamiento fiscal que reciben los bienes de la federación.

El INEG no podrá tener más bienes inmuebles que los estrictamente necesarios para cumplir con su objeto.

Artículo 66. Conforme a lo dispuesto en el apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el instituto deberá contar con los recursos presupuestarios suficientes para la consecución de sus objetivos.

Cuando por causas extraordinarias no se cuente con los recursos presupuestarios para hacer frente a los gastos que impone el desarrollo de los trabajos previstos en esta ley y en los demás instrumentos programáticos que de ella derivan, el Instituto, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá contratar financiamiento en los términos y condiciones que determine su Junta de Gobierno, para sufragar total o parcialmente dichos gastos.

En caso de que el Instituto contrate financiamientos en los términos del párrafo anterior, en el Presupuesto de Egresos de la Federación siguiente se preverá, en adición a los recursos que ordinariamente le correspondan al propio instituto, los recursos adicionales necesarios para amortizar los créditos obtenidos en términos del presente artículo.

El INEG podrá elaborar para terceros con la contraprestación correspondiente, estadísticas especiales y estudios específicos, siempre y cuando sus resultados se pongan a disposición del público en general, en la misma forma que se ponen los demás productos del INEG.

Artículo 67. El instituto incorporará como parte de su presupuesto los ingresos derivados de las cuotas por los servicios de investigación, capacitación, elaboración de estadísticas especiales, estudios específicos o trabajos en materia de geografía que preste directamente, o de manera conjunta con alguna de las unidades del sistema, así como los que provengan de la venta de publicaciones, reproducciones y otros servicios que preste directamente o en colaboración con otras Unidades. Estos ingresos no tendrán que ser depositados en la Tesorería de la federación, sino que quedarán disponibles para su utilización por parte del instituto con estricto apego a las disposiciones aplicables para su ejercicio.

Para ejercer los recursos del Ramo de Estadística y Geografía, las dependencias y entidades deberán obtener autorización previa del instituto, quien deberá constatar que en las actividades a desarrollar se observen las normas establecidas por el propio Instituto en términos de la presente ley y, en particular, que dicha información se ajuste a los programas-presupuestos multianual y anuales a que se refieren los artículos 13, 14 y 15 de esta ley.

La disposición de los recursos a que se refiere este artículo, sin contar con la previa autorización por escrito del Instituto, será responsabilidad del titular de la Tesorería de la federación en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Título Cuarto De los Usuarios y los Informantes

Capítulo I De los Derechos y Obligaciones de los Usuarios

Artículo 68. Son derechos de los usuarios:

Artículo 69. Son obligaciones de los usuarios:

Capítulo II De los Derechos y Obligaciones de los Informantes

Artículo 70. Son derechos de los informantes:

Artículo 71. Son obligaciones de los informantes:

Artículo 72. Los informantes a quienes se requieran datos estadísticos o geográficos deberán ser enterados de

Las anteriores previsiones deberán aparecer en los cuestionarios y documentos que se utilicen para recopilar datos estadísticos o geográficos, o hacerse del conocimiento de los informantes, al captar la información.

Capítulo III De las Facultades de las Unidades para Captar y Verificar Información

Artículo 73. La información que sea obtenida mediante engaño o cualquier otro medio ilícito, carecerá de validez y los informantes de quienes bajo estas circunstancias se hubiere obtenido tal información, independientemente del ejercicio de las acciones penales que fueren procedentes, podrán exigir ante las autoridades administrativas competentes, que quede sin efecto dicha información. Lo anterior sin perjuicio de que el interesado proporcione, de manera correcta, en los términos de esta ley, la información a que se refiere este artículo.

Artículo 74. Las unidades, previa autorización del Instituto, cuando no cuenten con otros medios técnicos de comprobación de la información proporcionada, estarán facultadas para realizar inspecciones de verificación, en las cuales podrán solicitar la exhibición de documentos que acrediten los datos estrictamente estadísticos y geográficos.

Cuando los datos consignados en la documentación elaborada para captarlos no se encuentren en los documentos exhibidos, deberá señalarse la fuente o presentarse los antecedentes que hubieran servido de base para las informaciones suministradas.

Artículo 75. Las unidades estarán obligadas a respetar la confidencialidad y reserva de los datos estadísticos. Quienes capten, produzcan o procesen información estadística o geográfica relativa al Sistema, la proporcionarán al INEG cuando éste lo solicite, siempre que se respeten los principios de confidencialidad y reserva. Lo anterior no será violatorio de la confidencialidad o reserva que se establezca en otras disposiciones respecto de documentos, datos o informes.

El registro o recolección de los datos que en cumplimiento de esta ley deban proporcionar los informantes, no prejuzga sobre los derechos de propiedad intelectual, industrial o de otro tipo que se originen en los trabajos de investigación científica de carácter estadístico, geográfico o de otra materia, que los mencionados informantes realicen y que son regulados por la legislación respectiva.

Artículo 76. La información estadística y geográfica que proporcionen los informantes quedará sujeta a esta ley y a las reglas generales que conforme a ella dicte el Instituto; lo anterior, sin perjuicio de que el INEG, respecto de la información correspondiente a su gestión administrativa, quedará sujeto a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 77. Solamente el INEG podrá proporcionar información del sistema que solicite cualquier persona o entidad del extranjero, a una dependencia o entidad mexicana.

Cualquier persona que incurra en violaciones a lo dispuesto en el presente artículo, incurrirá en las faltas o delitos señalados en la presente ley y demás disposiciones aplicables.

Capítulo IV De las Inspecciones a los Informantes

Artículo 78. Sin perjuicio de que la información proporcionada será utilizada invariablemente bajo la observancia de los principios de confidencialidad y reserva, el Instituto, en el ejercicio de las facultades que le confiere esta ley, podrá efectuar inspecciones para verificar la autenticidad de la información, cuando los datos proporcionados sean incongruentes, incompletos o inconsistentes.

Artículo 79. Las inspecciones de verificación a que se refiere esta ley, se sujetarán a lo siguiente:

El informante o la persona con quien se entienda la diligencia, los testigos y los inspectores, firmarán el acta. Si el interesado o los testigos se niegan a firmar, así lo hará constar el o los inspectores, sin que esta circunstancia afecte el valor probatorio del documento. Un ejemplar del acta se entregará en todo caso a la persona con quien se entienda la diligencia.

Artículo 80. Los informantes respecto de quienes se hubiesen practicado los actos a que se refiere el artículo anterior podrán inconformarse con los hechos asentados en el acta correspondiente, mediante la interposición del recurso de revisión. En caso de que no se presente en tiempo y forma el recurso, se perderá el derecho de hacerlo posteriormente y se tendrá al interesado conforme con los hechos asentados en el acta.

Capítulo V De la Transparencia y Rendición de Cuentas del Instituto

Artículo 81. El Instituto deberá presentar en marzo de cada año al Congreso de la Unión:

El Instituto deberá poner a disposición de la opinión pública en los términos que establezca el reglamento de esta ley, la información a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo.

Artículo 82. El INEG deberá definir las metodologías que habrán de utilizarse en la realización de las actividades estadísticas y geográficas, debiendo ponerlas a consideración de los usuarios por los medios más idóneos, antes de su implantación, a fin de recibir y, en su caso atender, las observaciones que se formulen al efecto.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo, la Junta de Gobierno deberá expedir los lineamientos generales que habrán de seguirse para hacer publicar dichas disposiciones y metodologías y atender a las observaciones que se reciban.

Artículo 83. El Instituto deberá hacer del conocimiento del público por los medios masivos de comunicación, los convenios de intercambio de información que celebre con otros organismos o agencias nacionales o extranjeras.

Capítulo VI De la Vigilancia del Instituto

Artículo 84. La vigilancia del Instituto estará encomendada:

El titular de la Contraloría Interna será designado por la Junta de Gobierno y deberá ser un profesionista con título profesional legalmente expedido, de reconocida solvencia moral y contar con experiencia de por lo menos diez años en la materia.

La Junta de Gobierno aprobará los recursos humanos, materiales y financieros para el adecuado funcionamiento de la Contraloría Interna.

El auditor externo vigilará, entre otras cosas, que la información financiera y contable del Instituto, se formule de conformidad con los lineamientos, normatividad y principios de contabilidad que le resulten aplicables.

Cada tres años se deberá designar a una nueva empresa de auditoria en términos de lo dispuesto en este artículo, para salvaguardar la eficacia en la vigilancia del Instituto.

Artículo 85. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo anterior y con el objeto de dar cumplimiento al principio constitucional de transparencia del sistema, el INEG expedirá un código de ética que regule los estándares de conducta a los que deberán apegarse todos los integrantes del Sisneg. El INEG pondrá su texto a disposición del público por los medios masivos de comunicación.

Capítulo VII De los Registros Nacionales y del Servicio Público de Estadística y Geografía

Artículo 86. El Instituto deberá establecer, operar y normar un registro nacional de información geográfica.

Artículo 87. La inscripción de los catastros de las municipalidades y de las entidades federativas en el registro nacional de información geográfica, es obligatoria y comprenderá la representación cartográfica y la base de datos de los predios rústicos y urbanos de su jurisdicción.

En caso de que no se cuente con la cartografía y la base de datos a que se refiere el párrafo anterior se registrarán los datos que se encuentren en los padrones, croquis y fichas catastrales.

El INEG, con la intervención de las autoridades que resulten competentes, podrá efectuar los trabajos cartográficos en cumplimiento de tratados o convenios internacionales y con la participación de los gobiernos de las entidades federativas que corresponda, en la definición y demarcación de límites internacionales, incluyendo la zona económica exclusiva.

Artículo 88. El INEG establecerá, operará y normará los siguientes registros, y podrá establecer, operar y normar otros registros que para fines estadísticos o geográficos estime necesarios:

Artículo 89. Las personas físicas con actividades empresariales, las unidades económicas, empresas y establecimientos industriales, financieros, comerciales, agropecuarios, forestales, pesqueros y de servicios; las sociedades, asociaciones civiles y religiosas, y las instituciones públicas, sociales y privadas con fines no lucrativos, así como las docentes y culturales, estarán obligadas a inscribirse en los registros que lleve el Instituto y a mantener actualizada su inscripción, conforme a las disposiciones aplicables.

Capítulo VIII Del Acervo de Información

Artículo 90. El INEG deberá conservar la Información de interés nacional, sectorial, multisectorial y estatal que en términos de lo dispuesto en esta ley elaboren el propio Instituto y las unidades.

Todas las unidades que posean datos primarios que se hubieren utilizado para la elaboración de la información a que se refiere el párrafo anterior, deberán conservarlos en los términos y condiciones que establezca el Instituto.

Artículo 91. El INEG establecerá los estándares de representación, almacenamiento y comunicación de la información que deberán utilizarse en las comunicaciones entre los diferentes actores del sistema.

Artículo 92. El INEG habrá de implementar un sistema de compilación normativa, en el que se conservarán los textos de las normas que en el ejercicio de sus funciones expida.

Artículo 93. El Servicio Público de Información Estadística y Geográfica consiste en poner a disposición de los usuarios, sujeto a las normas que al efecto dicte la Junta de Gobierno y el reglamento de esta ley, la Información de interés nacional, sectorial, multisectorial o estatal.

Artículo 94. El Servicio Público de Información Estadística y Geográfica será prestado en forma exclusiva por el INEG, a través de sus instalaciones y las que autorice, conforme a las reglas que al efecto expida la Junta de Gobierno.

El Instituto pondrá la Información del sistema a disposición de los usuarios a través de medios electrónicos masivos de comunicación, así como en los centros de consulta que al efecto establezca el propio INEG en el territorio nacional.

Las consultas que realicen los usuarios a través de los medios previstos en el párrafo inmediato anterior, serán ofrecidas por el INEG en forma gratuita.

El Instituto pondrá a disposición de los usuarios del sistema información de la red geodésica nacional con el objeto de que sus estudios geográficos estén vinculados con la red mencionada.

Artículo 95. Cuando a petición de algún usuario se requiera al INEG copia, copia certificada o cualquier clase de impresión de la información del sistema, ésta se entregará al usuario en los términos que fijen las disposiciones reglamentarias y administrativas correspondientes y previa recepción del pago de los derechos que para estos casos establezca la Ley Federal de Derechos.

Artículo 96. El INEG no estará obligado a proporcionar información que

I. Tenga en virtud de cualquier norma el carácter de confidencial, clasificada, reservada o de cualquier otra forma se encuentre restringida su difusión.

II. El usuario la requiera procesada en cualquier forma distinta a como se encuentra disponible, sin perjuicio de que el Instituto la pueda poner a disposición de los usuarios, o bien proporcionar el acceso a las bases de datos, en forma gratuita u onerosa, sujetándose en todo caso a los principios de confidencialidad, accesibilidad, transparencia y reserva.

Capítulo IX De las Faltas Administrativas y las Sanciones

Artículo 97. Cometen infracciones a lo dispuesto por esta ley quienes en calidad de informantes

Artículo 98. Son infracciones imputables a los servidores públicos funcionarios y empleados del INEG o a los funcionarios y empleados de las áreas que integran las unidades, las siguientes:

Artículo 99. Se reputarán infracciones de los recolectores o censores y auxiliares cuando

Para los efectos de este artículo, serán considerados como recolectores o censores, las personas a las que el Instituto encomiende labores propias de recolección y recopilación de información estadística y geográfica en forma periódica o durante el levantamiento censal, y como auxiliares, quienes desempeñen cualquier otra actividad relacionada con el proceso de elaboración de la estadística y la obtención de datos de carácter geográfico.

Artículo 100. La comisión de cualesquiera de las infracciones a lo dispuesto en esta ley, dará lugar a que el Instituto aplique sanciones administrativas, que consistirán en multa desde una hasta treinta mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal tratándose de personas morales, y de hasta diez mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, tratándose de personas físicas, en el momento de que se cometa la infracción.

En la imposición de estas sanciones, el Instituto tomará en cuenta la importancia de la infracción, las condiciones del infractor y la conveniencia de evitar prácticas tendientes a contravenir las disposiciones de esta ley.

La aplicación de las sanciones a que se refiere este artículo, se hará con independencia de las de orden penal que llegaren a determinar las autoridades competentes y de que se constituyan y exijan las responsabilidades de carácter civil en que hubiere incurrido el infractor.

En caso de reincidencia de los infractores o cuando no proporcionen la información requerida después de haber sido apercibidos de cumplir las disposiciones violadas dentro del plazo que al efecto se les señale, se harán del conocimiento de las autoridades competentes las circunstancias en que se rehusaren a prestar el servicio de interés público a que la ley les obligue, o se desobedeciera el mandato legítimo de autoridad, a fin de que, en su caso, se proceda conforme a las disposiciones aplicables de la legislación penal.

Tratándose de funcionarios o empleados de las dependencias y entidades, de los poderes y de los gobiernos estatales, del Distrito Federal y municipales que reincidan en la comisión de infracciones, serán sancionados con su destitución.

Artículo 101. En contra de las resoluciones que dicte el Instituto, el interesado podrá interponer ante éste, el recurso de revisión, en la forma y términos establecidos en el Título Sexto de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 102. A cualquier persona o entidad que cometa un delito con el ánimo de atentar contra la integridad, buen funcionamiento o conservación del Sistema Nacional de Estadística y Geografía, se le podrá incrementar la pena máxima prevista para él o los delitos en que incurra hasta en una tercera parte más.

Si las conductas punibles son cometidas con dicho ánimo por servidores del órgano que tiene a su cargo dicho Sistema Nacional, o por cualquier persona que bajo cualquier tipo de contratación preste servicios al mismo, o por persona de nacionalidad extranjera, las penas se podrán aumentar hasta en una mitad más de las que tienen previstas. A los servidores públicos a que se refiere este artículo, además de las penas en que incurran con motivo de la comisión de esos delitos, se les aplicará la de destitución o terminación de sus contratos, y se les podrá inhabilitar de diez a veinte años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor a los noventa días naturales de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Para dicha fecha deberán estar designados los primeros integrantes de la Junta de Gobierno, en los términos previstos en el artículo 46 de esta ley. Una vez constituida la Junta de Gobierno, en un término de ciento ochenta días naturales, se deberán llevar a cabo los actos y expedir los instrumentos reglamentarios y programáticos para la puesta en marcha del sistema Nacional de Estadística y Geografía. Una vez integrada la Comisión Nacional de Estadística y Geografía, en un plazo no mayor a noventa días deberá convocar y seleccionar a los miembros del Consejo de Notables a que se refiere el artículo 55 de esta ley.

Segundo. El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, se transforma en la nueva persona de derecho público a que se refiere esta ley y conserva la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones integrantes del patrimonio del primero.

Formarán el patrimonio del Instituto todos los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la Federación, que a la promulgación de la presente ley estuviera utilizando el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En un plazo no mayor de un año contado a partir de la entrada en vigor de este decreto, deberán concluir los trámites correspondientes para que este patrimonio pase a propiedad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sin que ello genere costo fiscal alguno para este Instituto.

Los recursos asignados al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal en el que ocurra la entrada en vigor de la presente ley, pasarán inmediatamente a formar parte del presupuesto del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Tercero. El reglamento de esta ley y el Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, deberán expedirse en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales posteriores a la entrada en vigor de esta ley. En tanto la Junta de Gobierno expida dichos reglamentos, continuará aplicándose, en lo que no se oponga a la presente ley, el Reglamento de la Ley de Información Estadística y Geográfica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 1983.

Mientras el Instituto Nacional de Estadística y Geografía expide las demás disposiciones reglamentarias y administrativas a que se refiere esta ley, seguirán aplicándose las emitidas con anterioridad a su vigencia en estas materias. Las medidas administrativas dictadas con fundamento en disposiciones que por esta ley se derogan, continuarán en vigor hasta que sean revocadas o modificadas expresamente por las autoridades competentes.

Cuarto. Los poderes, mandatos y en general las representaciones otorgadas y facultades concedidas por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, subsistirán en sus términos en tanto no sean modificados o revocados expresamente.

Los asuntos que en el Órgano Interno de Control del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor de la presente ley, deberán ser concluidos por la Contraloría Interna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, aplicando en lo conducente lo dispuesto en las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos aplicables en la materia.

Quinto. Las personas que a la entrada en vigor de la presente ley presten un servicio personal subordinado al Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, formarán parte del personal al servicio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y conservarán las remuneraciones y prestaciones de las cuales gocen a la entrada en vigor de esta ley. El personal que ingrese a laborar al Instituto con posterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, se sujetará a lo dispuesto en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sexto. La Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía deberá elaborar y publicar en el Diario Oficial de la Federación un año calendario después de su constitución, el Programa Quinquenal de Estadística y Geografía, el Programa Anual de Estadística y Geografía y los presupuestos horizontales integrados multianual y anual, en los términos previstos en esta ley.

En tanto se expiden los programas a que se refiere el párrafo anterior el Instituto Nacional de Estadística y Geografía seguirá aplicando en todo lo que no se oponga a la presente ley los programas que se hubieren emitido, a efecto de realizar las tareas ordinarias y extraordinarias a cargo del Instituto.

Séptimo. Dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía formarán un grupo de trabajo que tendrá como objetivo planear e instrumentar la transferencia al segundo, del cálculo y publicación de los índices nacionales de precios, incluyendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor, así como de la balanza de pagos. A partir del primero de enero de 2009 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicará los índices nacionales de precios, incluyendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor, por lo que cualquier referencia a los citados índices que publicaba el Banco de México, se entenderá efectuada, a partir de esa fecha, a los que publique el citado Instituto. Asimismo, publicará, como parte integral de las cuentas económicas nacionales, la balanza de pagos del país.

A partir de la publicación del presente decreto, y hasta el 31 de diciembre de 2008, el Banco de México continuará publicando los índices y la balanza de pagos a que se refiere el párrafo anterior, con la participación creciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

A partir del 1 de enero de 2009 el Banco de México tendrá acceso, sin restricción alguna, a la metodología, bases de datos, información y procedimientos utilizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para calcular los índices nacionales y la balanza de pagos a que se refiere este artículo.

Octavo. Cuando las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos u otros ordenamientos jurídicos hagan mención a la Ley de Información Estadística y Geográfica, o al Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, la referencia se entenderá hecha a la presente ley y a la persona de derecho público que esta ley regula, respectivamente.

Noveno. La Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía contará con un plazo de ciento ochenta días, contado a partir de la designación de sus primeros miembros, para: determinar la información que formará parte del Acervo de Información Estadística y Geográfica a que se refiere el Capítulo VIII, Título Cuarto, de esta ley, y hacer del conocimiento del público por los medios masivos, incluyendo los electrónicos, las metodologías que hasta antes de la entrada en vigor de la presente ley hubiere utilizado para la producción de dicha información.

Décimo. La información estadística y geográfica que al momento de la entrada en vigor de la presente ley estuviere en proceso de generación por parte de las unidades, deberá apegarse a las disposiciones que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Undécimo. En un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales a partir de la instalación de la Junta de Gobierno, deberá entrar en operación el Centro de Investigación, Formación y Capacitación estipulado en el segundo párrafo del artículo 34 de la presente ley.

Duodécimo. El requisito establecido en el último párrafo del artículo 48 de esta ley, no será aplicable para el nombramiento del primer Presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Decimotercero. Se deroga el artículo 27 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Decimocuarto. Se abroga la Ley de Información Estadística y Geográfica y se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: A ver, permítame. Estamos en votación. Sonido a la curul de la diputada Batres.

Yo no me niego lo que la soberanía de esta Cámara de Diputados decida por mayoría, y si por mayoría decide darle obviedad a la primera y segunda lectura y entrar en debate, adelante. Pero me parecería muy sano, porque si no, no tiene sentido haber pagado más de 400 mil pesos de recursos públicos de un estudio al que no tenemos acceso todos los diputados, los 500 diputados de esta Cámara.

Digo, ¿de verdad hay tanta prisa como para que no tengamos conocimiento de un estudio? ¿Qué sentido tiene? Nada más para que lo conozcan unos cuantos.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: A ver, diputada.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Diputado Presidente, aclaro mi solicitud. Mi solicitud no es frenar la discusión. Mi solicitud es que preventivamente, todos los diputados, los 500 ---y se asegure eso---, tengamos conocimiento de este estudio que tiene que ver con esta discusión.

Me parece que hay tiempo suficiente, acabamos de iniciar la sesión y bien se podría entrar a discusión en una hora y media, en dos horas, ya que todo mundo tengamos nuestro estudio.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Correcto. A ver, diputada, estamos en otro tema. Pero le vuelvo a decir: los estudios no son vinculatorios. Permítame tantito. Los estudios no son vinculatorios.

Segundo. Para la cuestión del trámite que estamos dando no tienen una injerencia directa y sí consideramos, esta Presidencia, consideró oportuno que los diputados conozcan este estudio. Por tanto, que no lo tenemos en la Mesa Directiva. Le pediría que nos lo haga llegar para que... y estamos instruyendo para que se pueda reproducir y se pueda entregar a todos los señores diputados para que estén enterados del estudio que se mandó a realizar. ¿De acuerdo?

Continúe con la votación, por favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa. Se le dispensa la lectura.

«Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, les fueron turnadas diversas iniciativas con proyecto de decreto que reforman los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 29 de septiembre de 2006, el diputado Jesús de León Tello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Mesa Directiva en esa misma fecha, mediante oficio número D.G.P.L. 60-II-3-55, acordó que se turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Segundo. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 19 de diciembre de 2006, los diputados César Camacho, Felipe Borrego Estrada , Raymundo Cárdenas Hernández y Faustino Javier Estrada González , de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, respectivamente, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Mesa Directiva en esa misma fecha, mediante oficio número D.G.P.L. 60-II-3-260, acordó que se turnara a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Justicia. A través del oficio D.G.P.L. 60-II-3-281, la Mesa Directiva modificó el trámite anterior y ordenó que dicha iniciativa se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia.

Tercero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 6 de marzo de 2007, el diputado César Camacho Quiroz , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Mesa Directiva en esa misma fecha, mediante oficio número D.G.P.L. 60-II-1-475, acordó que se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia.

Cuarto. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 29 de marzo de 2007, el diputado César Camacho Quiroz , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Mesa Directiva en esa misma fecha, mediante oficio número D.G.P.L. 60-II-2-612, acordó que se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia.

Quinto. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 25 de abril de 2007, los diputados Javier González Garza y Raymundo Cárdenas Hernández , Ricardo Cantú Garza y Jaime Cervantes Rivera , y Alejandro Chanona Burguete y Layda Sansores San Román , de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, respectivamente, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Mesa Directiva en esa misma fecha, mediante oficio número D.G.P.L. 60-II-3-637, acordó que se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia.

Sexto. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 4 de octubre de 2007, los diputados Javier González Garza , Andrés Lozano Lozano , Claudia Lilia Cruz Santiago , Armando Barreiro Pérez , Francisco Sánchez Ramos , Victorio Montalvo Rojas , Francisco Javier Santos Arreola y Miguel Ángel Arellano Pulido , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 18, 21 y 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Mesa Directiva en esa misma fecha, mediante oficio número D.G.P.L. 60-II-5-971, acordó que se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia. A través del oficio D.G.P.L. 60-II-5-1069, la Mesa Directiva modificó el trámite anterior y ordenó que dicha iniciativa se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, con opinión de la Comisión de Seguridad Pública.

Séptimo. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 4 de octubre de 2007, los diputados Javier González Garza , Andrés Lozano Lozano , Claudia Lilia Cruz Santiago , Armando Barreiro Pérez , Francisco Sánchez Ramos , Victorio Montalvo Rojas , Francisco Javier Santos Arreola y Miguel Ángel Arellano Pulido , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Mesa Directiva en esa misma fecha, mediante oficio número D.G.P.L. 60-II-1-873, acordó que se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia. A través del oficio D.G.P.L. 59-II-1-926, la Mesa Directiva modificó el trámite anterior y ordenó que dicha iniciativa se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, con opinión de la Comisión de Seguridad Pública.

Octavo. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 4 de octubre de 2007, los diputados Javier González Garza , Andrés Lozano Lozano , Claudia Lilia Cruz Santiago , Armando Barreiro Pérez , Francisco Sánchez Ramos , Victorio Montalvo Rojas , Francisco Javier Santos Arreola y Miguel Ángel Arellano Pulido , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La Mesa Directiva en esa misma fecha, mediante oficio número D.G.P.L. 60-II-4-784, acordó que se turnara a la Comisión de Justicia. A través del oficio D.G.P.L. 60-II-4-826, la Mesa Directiva modificó el trámite anterior y ordenó que dicha iniciativa se turnara a la Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Seguridad Pública.

Noveno. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 4 de octubre de 2007, los diputados Javier González Garza , Andrés Lozano Lozano , Claudia Lilia Cruz Santiago , Armando Barreiro Pérez , Francisco Sánchez Ramos , Victorio Montalvo Rojas , Francisco Javier Santos Arreola y Miguel Ángel Arellano Pulido , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Mesa Directiva en esa misma fecha, mediante oficio número D.G.P.L. 60-II-5-973, acordó que se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia.

Décimo. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 4 de octubre de 2007, los diputados Javier González Garza , Andrés Lozano Lozano , Claudia Lilia Cruz Santiago , Armando Barreiro Pérez , Francisco Sánchez Ramos , Victorio Montalvo Rojas , Francisco Javier Santos Arreola y Miguel Ángel Arellano Pulido , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Mesa Directiva en esa misma fecha, mediante oficio número D.G.P.L. 60-II-1-875, acordó que se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia.

Contenido de las iniciativas

A. Iniciativa presentada por el diputado Jesús de León Tello

El diputado de Jesús de León afirma que la víctima u ofendido del delito son la parte más débil del sistema penal. Después de resentir el daño cometido en su integridad física, moral o en sus bienes materiales, las víctimas luego son víctimas de un orden jurídico y de una praxis tanto ministerial como judicial que, en lugar de facilitarle las cosas, se las dificulta de manera real, sistemática y estructural a grado tal, que resulta ineficaz el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Sostiene que no sólo sufren por el daño que les causa el delincuente sino que, además, tienen que defenderse contra la falta de protección jurídica que se da por las antinomias, defectos y lagunas normativas en el contenido esencial de sus derechos fundamentales.

La víctima u ofendido están indefensos. No se encuentran en igualdad de armas para enfrentar al ministerio público, al juez, al inculpado y a su defensor. La ley, por un lado, tiene un alcance restringido y los jueces, por su parte, no tienen una vocación garantista para desarrollar el discurso de los derechos pro víctima.

Su iniciativa, por tanto, tiene por objeto avanzar en el fortalecimiento de los derechos fundamentales del ofendido o víctima del delito, a partir de tres propuestas: el derecho fundamental al defensor público; el fortalecimiento del derecho fundamental a la reparación del daño; y el derecho fundamental a impugnar el no ejercicio de la acción penal y su desistimiento y sus actos equivalentes, por medio del control de legalidad, así como perfeccionar su control constitucional frente a sus problemas actuales.

El iniciante refiere que la víctima debe ser la protagonista en el proceso penal, ya que nadie como ella tiene el interés de defender el bien jurídico que se le ha afectado, equilibrando la respuesta de los órganos de control social, pero protegiendo y garantizando el respeto de los derechos de las víctimas. Por tal razón, propone otorgar garantías individuales que salvaguarden los derechos inherentes de todo ofendido o víctima del delito, a fin de que tengan la posibilidad de proteger sus derechos, consolidando lo anterior a nivel constitucional.

Finalmente, plantea que el Estado tiene la obligación de prestar apoyo total y protección inmediata a la víctima del delito, satisfaciendo así uno de los reclamos más sentidos de la población, crear mecanismos para garantizar los derechos y las garantías de las víctimas y los ofendidos del delito.

B. Iniciativa presentada por los diputados César Camacho Quiroz , Felipe Borrego Estrada , Raymundo Cárdenas Hernández y Faustino Javier Estrada González

Refieren que uno de los reclamos más persistentes y sentidos de los ciudadanos en México tiene que ver con el funcionamiento de la justicia penal, lo que hace necesario reformar el marco institucional aplicable, de manera que se asegure a favor de todas las partes involucradas, el debido proceso legal, conforme a las exigencias que existen y funcionan en otros países, muchas de las cuales derivan de tratados y convenciones internacionales que México ha firmado y ratificado. Destacan como un principio básico que el trabajo judicial se haga bajo la mirada de todos los ciudadanos y, en particular, de los usuarios del sistema de justicia, pues un sistema de juicios orales, en el que las pruebas se rinden bajo la mirada del público y en el que el juez escucha a las partes, es más confiable que un sistema opaco y escrito, como el que tenemos actualmente.

Proponen incluir los principios de proporcionalidad entre delitos y penas, de lesividad, la obligación de que toda persona que sea detenida por el ministerio público sea conducida inmediatamente ante una autoridad jurisdiccional, para desaparecer así la irregular figura de la ``retención'', pues la incomunicación de un detenido es no solamente un grave atentado a sus derechos fundamentales, sino también una forma por medio de la cual se generan prácticas de corrupción. La comunicación del detenido con su abogado debe asegurarse a lo largo de todas las etapas del proceso penal.

Sugieren también incorporar medios alternativos de justicia penal, de manera que se permita resolver el conflicto generado por la comisión de delitos, y asegurar la satisfacción del derecho a la reparación del daño por parte de la víctima, siempre bajo supervisión judicial, para evitar su mal uso, como ha ocurrido en otros países. Asimismo, plantean prescindir de la prisión preventiva en los casos en que ésta pueda ser sustituida por una sanción diversa.

Se propone modificar el auto de sujeción por uno de vinculación a proceso, en aras de abandonar el concepto de ``sujeción'', de cuño inquisitorio. A diferencia del auto de formal prisión, que amerita la demostración del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, el auto de vinculación a proceso se sustenta únicamente en la existencia de un hecho punible, sin implicar la imposición de la prisión preventiva, aunque sí otras medidas cautelares menos lesivas, como la prohibición de abandonar una determinada circunscripción territorial.

Precisan que, originalmente, la Constitución no preveía la necesidad de acreditar cuerpo y responsabilidad del inculpado para sujeción a proceso, y que dicha asimilación del auto de sujeción a proceso al auto de formal prisión, se introdujo como resultado de una interpretación jurisdiccional.

De acuerdo con la propuesta que formulan, la persona que es vinculada a un proceso puede conocer los medios probatorios que el Ministerio Público considera que le incriminan para preparar adecuadamente su defensa ante un juez y, al mismo tiempo, tiene la garantía que toda medida cautelar será decretada y controlada también por un juez, permitiendo que el costo del acceso a la jurisdicción no sea la prisión preventiva, pues al disminuir las exigencias probatorias para dar intervención al juez, se facilita la investigación y se permite que el imputado haga valer sus derechos ya no ante su acusador, sino ante un juez verdaderamente imparcial, ajeno a los intereses procesales de la acusación.

Por cuanto hace al Ministerio Público, señalan que podrá allegarse de medios probatorios aún cuando ya haya intervenido la jurisdicción y, en su caso, solicitar la apertura del juicio sin necesidad de acreditar de antemano --por sí y ante sí, como sucede en la actualidad-- la probable responsabilidad del inculpado. La exigencia de un estándar probatorio tan alto como se exige actualmente para apenas dar inicio al proceso, ha sido tanto fuente de impunidad como de abusos; refieren que la propuesta que hacen es acorde con las reformas consolidadas en países como Costa Rica y Chile, en los que ya no exista un auto formal de procesamiento.

Prevén como excepción que sólo cuando sea necesario decretar la medida cautelar extrema, es decir la prisión preventiva, se requerirá que el ministerio público pruebe, ante la autoridad judicial, la existencia del cuerpo del delito y de la presunta responsabilidad del inculpado, toda vez que esta exigencia es una protección que debe permanecer, cuando se trata de justificar una medida tan intrusiva como la prisión preventiva.

Respecto al artículo 20 constitucional, estiman que debe ser completamente modificado para incorporar las bases del debido proceso legal y el mandato claro para crear juicios orales en México, tanto en el ámbito federal como local. Para tal efecto, se propone incluir como características del proceso penal la acusatoriedad, adversarialidad y oralidad, y como principios básicos la publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

En este orden de ideas, no consideran apropiado que la Constitución explique los alcances de cada uno de estos principios, sino que en el régimen de transitoriedad se establezca que el Congreso de la Unión deberá emitir, en un plazo máximo de un año, una Ley del Debido Proceso Legal, respetando el principio de que la Constitución debe contener solamente las líneas maestras que rigen al Estado, sin convertirse en un diccionario de términos jurídicos o en una norma de carácter reglamentario.

Sugieren también una ampliación de derechos tanto para las personas vinculadas a un proceso penal, como para las víctimas u ofendidos por la comisión de un delito. Para las primeras, proponen presunción de inocencia, delimitar el uso de la prisión preventiva y limitar su uso, derecho a guardar silencio o a declarar, obligación de rendir y desahogar todas las pruebas ante el juez, prohibición de que una persona rinda prueba confesional ante el ministerio público, nulidad de prueba ilícita, nulidad de audiencias sin la presencia del juez, medidas alternativas al proceso, indemnización por error judicial, obligación de poner en conocimiento de toda persona detenida sus derechos básicos y derecho a una debida defensa por abogado. Para las víctimas, plantean el derecho a la reparación del daño a través de la obligación del Estado de crear un fondo económico, que ninguna víctima será obligada a carearse con su victimario, salvo que ella misma lo solicite.

Señalan que es necesario eliminar las garantías en la investigación, pues bajo el nuevo esquema, la averiguación previa deja de tener carácter pseudo-judicial, donde se desahogan y valoran medios de prueba, para limitarse a ser una fase de investigación preliminar a cargo del ministerio público, al que le compete únicamente buscar y presentar las pruebas, tal y como lo establece el actual Apartado A del artículo 102 constitucional.

Un protagonista importante del proceso penal mexicano es el ministerio público, expresan, ya que al investigar la posible comisión de un delito, al ejercer la acción penal y al velar por el interés de la legalidad dentro del proceso, lo convierten en una pieza clave de cualquier diseño institucional; no obstante, el ministerio público se ha tenido que enfrentar como institución a retos de complejidad creciente, que han ido minando su actuación, por lo que consideran importante revalorar su papel como titular único de la acción penal y como órgano acusador dentro del correspondiente proceso, pero que ello no supone un impedimento para que los particulares sean copartícipes, cumpliendo con los requisitos que establezca la ley, en el buen desarrollo de la justicia penal, por lo que los particulares deben tener el derecho para ejercer directamente la acción penal.

Cuando el Estado se enfrenta con procesos delictivos de gran escala, como puede ser el caso de la delincuencia organizada, debe contar con los medios apropiados para hacerles frente. Uno de esos medios, es el principio de oportunidad, de acuerdo con el cual las autoridades ministeriales y judiciales pueden ejercer la acción y determinar la sujeción a proceso de acuerdo con criterios de eficacia y eficiencia en el combate al delito y la administración de la justicia penal. El principio de oportunidad, que se propone que sea recogido en el segundo párrafo del artículo 21 constitucional, afirman que permite que las autoridades no persigan a un presunto delincuente si decide cooperar con la justicia y suministrar elementos para poder someter a proceso a sus cómplices o a los más altos responsables de una organización criminal. Acotan que no se trata de permitir un ejercicio arbitrario de la acción penal o de la administración de justicia, sino de abrir una ventana para que el Estado combata con más y mejores elementos las conductas que lastiman seriamente a la sociedad y que, por su alto grado de sofisticación, ameritan contar con recursos que se han probado eficaces en otras latitudes y que no vulneran los derechos fundamentales de nadie.

Mejoran la redacción vigente de las normas referidas a los ``reglamentos gubernativos y de policía'' y, en cuanto a las sanciones que pueden contener, extendiendo la limitante temporal del arresto hasta por treinta y seis horas a las sanciones disciplinarias y penitenciarias, en congruencia con el principio de proporcionalidad propuesto, agregando el trabajo en favor de la comunidad.

C. Iniciativas presentadas por el Diputado César Camacho Quiroz

El diputado César Camacho considera que la revisión del sistema de justicia en México se presenta actualmente como un reto impostergable, pues la sociedad mexicana percibe que la lentitud, iniquidad, corrupción e impunidad son el denominador común en la mayoría de los casos cuando las personas intervienen en la sustanciación de un proceso penal, lo que genera desconfianza en las instituciones y debilita su consolidación.

Afirma que es urgente la modernización de nuestro sistema penal, que salvaguarde los derechos reconocidos en nuestra Constitución a las víctimas del delito, así como a los acusados de éste y a la ciudadanía en general, a través de un procedimiento acusatorio, adversarial y oral, que sin falsos garantismos, cumpla los principios del debido proceso, como el de inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad, utilizando como herramienta indispensable la oralidad.

Manifiesta su preocupación porque el sistema actual se ha agotado, sumándose a las corrientes que se han pronunciado por migrar hacia un modelo garantista, retomando algunos planteamientos del anteproyecto de la Red, para ser matizados por otras necesidades de regulación. Considera que las expresiones ``juicios orales'' y ``debido proceso'' son acertadas, toda vez que el impacto mediático busca un lenguaje sencillo para la sociedad. Sobre la oralidad, afirma que es una característica que da pauta para la consecución de los principios del debido proceso, pues no es en sí misma la esencia de la reforma que se necesita, sino la expectativa de que el sistema de justicia sea más eficaz en la resolución de los conflictos sociales derivados del delito y que dichas soluciones se tomen siempre con la convicción de que se han respetado puntualmente los derechos fundamentales reconocidos a los gobernados en la Constitución, los instrumentos internacionales y las leyes.

Señala que la finalidad debe ser contar con un diseño normativo capaz de proporcionar a los agentes encargados de hacer cumplir la ley, las herramientas necesarias para perseguir con eficacia el delito, sin que ello obste para hacerlo respetando las garantías del debido proceso.

Para garantizar un sistema penal democrático, refiere que es preciso no sólo construir sus alcances, sino también definir los límites de intervención que un Estado social y democrático debe ofrecer a sus gobernados. En este sentido, coincide con la propuesta de la red de agregar la proporcionalidad y la lesividad como principios fundamentales del ius puniendo. No obstante, estima de suma relevancia incluir el principio de mínima intervención, el cual establece en primer término el carácter subsidiario o ultima ratio, mediante el cual se limita la intervención del derecho penal única y exclusivamente cuando los demás instrumentos o medios han fallado y, por otro lado, su carácter fragmentario, lo que significa que el derecho penal sólo regula los casos en que los bienes jurídicos deben ser protegidos cuando la amenaza o lesión sea relevante o peligrosa.

Asimismo, sugiere que se modifique de fondo una noción que reiteradamente ha introducido confusión en el marco del proceso penal mexicano y que lo ha mantenido como un proceso de corte mixto: la noción de cuerpo del delito, cuya complejidad y a veces confusión, han generado no pocos enredos en el ejercicio de funciones de procuración e impartición de justicia. Constituye una exigencia probatoria demasiado alta para el ministerio público, sobre todo si se considera que los requerimientos para acreditar su existencia se plantean en fases demasiado tempranas de la investigación de los delitos. Estima que ha sido justamente este estándar el que impide una investigación ministerial ágil, en la que las medidas cautelares adoptadas para la salvaguarda de la materia del proceso sean decretadas con la información suficiente y sin requerir a la autoridad investigadora un cúmulo de pruebas ciertamente excesivas.

El diputado César Camacho afirma que la noción de cuerpo del delito parte de una epistemología muy ingenua que asume que es posible acreditar plenamente hechos del pasado; si para la sentencia definitiva es muy complejo referirse a plenitud probatoria, cuanto más lo es para un momento tan inmediato en el proceso. Refiere que los sistemas procesales más avanzados han renunciado ya al estándar de la certeza plena. Por todo ello, propone sustituir tal noción por la de datos que hagan probables el hecho delictivo y la responsabilidad del indiciado, precisando que el hecho de que una persona sea aprehendida porque prima facie se ha considerado probable su intervención en un hecho también probable, no necesariamente se traduce --como hasta ahora-- en que el imputado vaya a quedar sometido a prisión preventiva. Destaca la necesidad de que el sistema de justicia penal sea siempre pensado desde la libertad del imputado y no desde su encarcelamiento. Sugiere aligerar los requisitos que el ministerio público debe llenar para que le sean obsequiadas las órdenes de aprehensión.

En materia de delincuencia organizada, propone eliminar la prórroga de noventa y seis horas, toda vez que se pretende eliminar criterios de excepción que atentan contra el principio de seguridad jurídica y que, con la nueva sistemática procesal, el ministerio público ya no deberá acreditar con un estándar tan exigente los requisitos para consignar ante el juez.

En este orden de ideas, apunta que evidentemente, el estándar probatorio será mucho más alto en el juicio, pero para entonces el ministerio público habrá contado con el tiempo necesario para desarrollar una investigación suficientemente exhaustiva y meticulosa que le permita probar la responsabilidad del imputado, en su caso, y derrotar la presunción de inocencia que obra en favor de éste.

El diputado César Camacho Quiroz sostiene que, en nuestro país, el sistema procesal penal está pensado desde el encarcelamiento del imputado, desde su inmediata puesta en desventaja; si se pretende construir un proceso democrático, es necesario empezar a hablar y a pensar desde la libertad y desde los derechos. Así pues, en lugar de usar la añeja expresión ``auto de formal prisión'', apoya acuñar el término ``auto de prisión preventiva'', cuyos requisitos serían los mismos que actualmente existen, a excepción de la noción de cuerpo del delito, además de la exigencia de acreditar los mismos presupuestos que para la necesidad de cautela, es decir, el peligro de fuga, la obstrucción al curso del proceso y la probabilidad de que el imputado afecte a terceros o a la sociedad, cometiendo delitos.

Sobre el auto de vinculación, señala que no hay necesidad de acreditar ningún extremo, pues ello es una garantía, toda vez que constituye la comunicación formal que hace el ministerio público a una persona, ante un tercero imparcial, de que su conducta está siendo investigada, quedando obligado el ministerio público a mostrarle sus pruebas, perdiendo así la posibilidad de mantener bajo reserva los elementos de convicción que, en su momento y de considerarlo así, se desahogarán en juicio. En este sentido, el imputado activa su derecho a la jurisdicción en materia penal y puede, desde el momento de la vinculación a proceso, empezar a planear su estrategia defensiva. Es además una garantía porque la vinculación fija la materia de la investigación y del eventual juicio.

Asimismo, expresa que la adopción de un sistema procesal de corte acusatorio reclama adoptar un nuevo estándar no para el simple hecho de la vinculación, sino para la imposición de la medida de prisión preventiva. Si se exige un examen de mérito, como ocurre en nuestro actual sistema mixto, aunque no se solicite medida cautelar alguna, la fase de juicio se convertirá en el remedo del debido proceso que nunca será real. La práctica cotidiana permite observar cómo, en los actuales autos de formal prisión o de sujeción a proceso, se condena virtualmente al imputado al finalizar la denominada fase de preinstrucción. Ello es así, refiere, porque el estándar probatorio tan excesivo exigido en este plazo se traduce de facto en que el imputado tenga que defenderse ante su propio acusador, es decir, ante el ministerio público, en un entorno en el que no puede haber contradicción de la prueba porque apenas se está preparando el caso desde la perspectiva de una de las partes y sin tercero imparcial, lo que contradice las más elementales nociones de justicia y los principios fundamentales del debido proceso. La idea de que el imputado puede defenderse en averiguación previa ha generado demagogia, injusticia e impunidad.

Sugiere como características del sistema la oralidad, lo acusatorio y lo adversarial; como principios rectores, la inmediación, la publicidad, la contradicción, la concentración y la continuidad.

Por otra parte, el proponente afirma que la seguridad pública es uno de los retos más importantes que tiene el Estado, y que la delincuencia ha rebasado la capacidad de respuesta de las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia, por lo que las autoridades deben reaccionar firmemente, cuidando la implantación de figuras jurídicas modernas y eficaces de obvia legalidad. Señala que es incorrecto considerar que figuras como la expropiación, sean herramientas jurídicas para llevar a cabo aseguramientos o cualquier otro tipo de medida cautelar, pues no se deben mezclar instrumentos jurídicos de distinta naturaleza; en este caso, la administrativa con la penal. Propone la inclusión de una figura denominada extinción de dominio de bienes, esto es, la pérdida del derecho patrimonial de personas físicas o morales a favor del Estado, para los casos en que la procedencia de la propiedad o posesión de bienes propios o de terceros, derive directamente de conductas delictivas, siempre que no se acredite la buena fe, debiendo existir pruebas suficientes para considerar que dichos bienes están directamente relacionados con actividades delictivas. Ello a través de una acción procesal autónoma, en cuyo caso la resolución judicial se dicte previo procedimiento en que se haya dado vista a las partes y se acredite plenamente la vinculación de los bienes con la comisión de un delito, debiéndose observar la restauración de los bienes, cuando se acredite la legítima procedencia de los mismos. Como destino final de tales bienes, plantea la justicia restaurativa.

Lo anterior, en aras de que las personas que cometan conductas delictivas, estén impedidas para realizar operaciones económicas aparentando actos lícitos, y evitar así el estado de insolvencia o pérdida de evidencias.

D. Iniciativa presentada por los diputados Javier González Garza , Raymundo Cárdenas Hernández , Ricardo Cantú Garza , Jaime Cervantes Rivera , Alejandro Chanona Burguete y Layda Sansores San Román

Señalan los proponentes que, desde sus orígenes, nuestra tradición constitucional reconoció avanzados principios para contener la potestad punitiva del Estado. Sin embargo, éstos nunca tuvieron una aplicación plena. El derecho de toda persona acusada penalmente de ser escuchada en audiencia pública, de manera expedita y por un juez imparcial, que se contempla en nuestra Constitución desde hace noventa años, nunca se instrumentó. Por el contrario, este derecho se fue desdibujando frente a hábitos que lo debilitaron por completo. El más nocivo de éstos fue la práctica de escriturar el proceso en gruesos expedientes, práctica que terminó por asumirse como si fuera una exigencia legal, lo cual no es garantista. , pues ni para las víctimas ni los acusados es una manera justa de proceder.

Los que suscriben esta iniciativa, expresan su preocupación por el límite al que ha llegado nuestro sistema penal, sumándose a las propuestas del anteproyecto de la Red y del diputado César Camacho Quiroz , incorporando además planteamientos del ex ministro Juventino Castro y Castro y de la Dirección de Apoyo a Comisiones de la Dirección de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta además su congruencia con los tratados internacionales de derechos humanos, incluyendo las convenciones Europea e Interamericana de Derechos Humanos, a fin de poner el orden jurídico mexicano en sintonía con el orden jurídico internacional.

Asimismo, sensibles a la iniciativa que recientemente entregó el presidente de la república al Senado, con fecha 9 de marzo de 2007, en relación con el combate a la delincuencia organizada y que formula planteamientos diferentes a los de la Red, se emprendió la tarea de revisar las ideas de la iniciativa presidencial, buscando integrar armónicamente las legítimas preocupaciones del titular del Ejecutivo.

Proponen volver a un sistema acusatorio y oral, volviendo así a los orígenes constitucionales, pues a pesar de que la Constitución de 1917 concebía al proceso como un sistema de juicios orales y audiencias públicas, las prácticas que prevalecieron en los años subsiguientes al triunfo de la Revolución consolidaron en la legislación ordinaria un proceso de carácter mixto, de corte inquisitivo. En el proceso netamente inquisitivo, la persecución penal la iniciaba un inquisidor oficiosa y unilateralmente, mediante la ``construcción'' de un caso a través de registros escritos, incluyendo su ``solución'', sin intervención de un defensor.

En México, señalan que las actividades del acusador gozan de una presunción de veracidad y los datos recabados tienen el estatus de prueba virtualmente plena. La averiguación previa integrada por el ministerio público rara vez puede ser desvirtuada en sede jurisdiccional por la defensa; de ahí que esa práctica instala en los hechos una presunción de culpabilidad, en lugar de una presunción de inocencia. La consecuencia más grave de esto, es que se han atrofiado las capacidades de investigación del ministerio público.

Refieren que la investigación empírica confirma que las sentencias de los jueces penales, en sus contenidos prácticamente calcan el contenido de las averiguaciones previas, por lo que el ministerio público no necesita procurar una investigación profesional que después pudiera resistir un efectivo debate en el juicio, pues no habrá tal. Así, no tenemos en nuestro país un juicio, sino una simulación de juicio.

Destacan que afortunadamente, el proceso de democratización de América Latina ha influido notablemente en la forma en que ha evolucionado el sistema procesal penal, y que la mayoría de los países de la región cuenta ya con sistemas procesales de carácter acusatorio, acordes con los requerimientos de las sociedades democráticas.

Los autores hacen notar las muy diversas ventajas que trae aparejadas el proceso acusatorio: sus principios permiten que los ciudadanos cuenten con una garantía de debido proceso que hace posible salvaguardar el derecho a la presunción de inocencia; para las víctimas, existe mayor eficacia en la persecución de los delitos; presupone que la investigación de los delitos no está formalizada, por tanto, ya no es necesario que el ministerio público genere un expediente de la investigación --averiguación previa-- con densas formalidades similares a las que luego se practican en los expedientes judiciales. Por ello, sugieren que el ministerio público simplemente conserve los registros necesarios para que terceros puedan verificar la calidad de su actuación, operar con agilidad y eficiencia, desformalizandose así la investigación, dejando de constituir un procedimiento cuasi-jurisdiccional que prefigura la sentencia del juez, representando en cambio un instrumento de trabajo flexible a partir del cual los fiscales se coordinarán ágilmente con la policía, para ir obteniendo las piezas del caso que habrán de litigar.

Plantean como un tema fundamental que cuando una persona es detenida por las autoridades, sea conducida sin demora ante juez para que éste verifique cómo fue tratada, en presencia del fiscal y del defensor, así como que las personas que sean detenidas no puedan ser custodiadas por quien tenga a su cargo la persecución penal, y, enseguida, que el primer punto de contacto entre detenidos y jueces tenga lugar como máximo hasta veinticuatro horas después de la detención, en una audiencia de control.

Proponen que el Ministerio Público pueda solicitar oralmente órdenes de aprehensión, intervención de comunicaciones privadas y otros instrumentos de investigación que requieran autorización judicial, en audiencias secretas y obtener una respuesta inmediata. De igual forma, sugieren la inclusión del principio de oportunidad, que se traduce en una especie de archivo provisional, confiriendo al ministerio público la facultad de no iniciar la investigación o de detenerla una vez iniciada.

Consideran necesario establecer resoluciones alternativas de conflictos, con lo que el ministerio público podrá evitar un gran número de persecuciones penales innecesarias, al tratarse de asuntos de escaso interés para la seguridad pública.

Los diputados iniciantes estiman indispensable limitar el uso de la prisión preventiva a los casos en que sea estrictamente necesario, por lo que plantean hablar de medidas cautelares, a fin de que quede claro el sentido no sólo de la prisión preventiva, sino de toda medida restrictiva de derechos aplicada al inculpado antes de dictarle sentencia, entre ellos el hecho de garantizar la comparecencia del imputado a juicio, el desarrollo de la investigación y proteger a la víctima, a los testigos o a la sociedad; sugieren establecer expresamente el principio de excepcionalidad de la prisión preventiva y contemplarle como una medida de ultima ratio.

Asimismo, proponen incorporar en la Constitución las bases del debido proceso legal y el mandato claro para crear juicios orales en México, tanto en el ámbito federal como local, con audiencias cuya base sea la publicidad y el debate entre las partes, bajo los principios de libertad probatoria, continuidad, concentración, inmediación e imparcialidad.

A pesar de que algunos autores identifican lo acusatorio con lo adversarial, señalan que es menester incluir esta última característica, en tanto que la misma impone al proceso el sentido de una contienda en la que las partes actúan sometidas a la jurisdicción en igualdad de condiciones para demostrar sus pretensiones.

Para los imputados, sugieren el derecho a la defensa técnica, la presunción de inocencia, acceso a la información una vez vinculado a proceso, derecho a guardar silencio, a la asistencia de un traductor para integrantes de pueblos y comunidades indígenas, a interrogar y contrainterrogar testigos, a indemnización por error judicial y a que las pruebas ilícitas sean nulas. Para las víctimas, la acción penal privada y la obligación del Estado de instrumentar protocolos y prácticas de éxito comprobado en materia de protección de víctimas. De igual forma, proponen los iniciantes la obligación para las policías de investigar delitos.

E. Iniciativas presentadas por los diputados Javier González Garza , Andrés Lozano Lozano , Claudia Lilia Cruz Santiago , Armando Barreiro Pérez , Francisco Sánchez Ramos , Victorio Montalvo Rojas , Francisco Javier Santos Arreola y Miguel Ángel Arellano Pulido

Los proponentes expresan que es necesario modernizar la justicia penal, a través de la implantación de un sistema con tendencia acusatoria, buscando cambiar la forma en que los tribunales desarrollan el proceso penal, proyectando ese cambio hacia el modo en que los órganos de procuración de justicia realizan la investigación de los delitos y la preparación de las pruebas de la acusación y, en general, respecto del conjunto de las actividades que constituyen la respuesta represiva a la criminalidad. Precisan que es urgente establecer las bases del nuevo sistema procesal penal, que implica un cambio no sólo de las reglas procesales, sino de todo el sistema, de sus instituciones, organización, operación, valores y cultura.

Los diputados iniciantes sostienen que uno de los problemas más graves en México es la inseguridad tanto física como jurídica; la primera, por los altos índices de violencia que se suceden a diario y que afecta a todos los estratos sociales; la segunda, por la ausencia de un marco jurídico que contribuya a combatir los altos índices de impunidad. Ante dicha problemática, afirman que la respuesta ha sido poco eficiente: aumentos en las penas y sobrepoblación en las prisiones, en lugar de formular una estrategia de prevención de los delitos, transformar las corporaciones policíacas en instituciones sólidamente capacitadas, profesionales, honestas, eficaces y confiables.

Atento a lo anterior, proponen que la autoridad judicial, a petición del ministerio público y tratándose de delitos graves, tomando en cuenta las características del hecho imputado y las circunstancias personales del inculpado, podrá autorizar el arraigo de éste en el lugar, forma y medios de realización señaladas en la solicitud, el cual no podrá exceder de dos meses, y de tres en caso de delincuencia organizada, teniendo la obligación el ministerio público de rendir un informe cuando menos cada quince días de los avances en la investigación y si siguen existiendo las características y circunstancias que lo motivaron, así como exceptuar la inviolabilidad de las comunicaciones, siempre y cuando éstas sean entregadas a la autoridad judicial o ministerial de forma voluntaria por los particulares que participen en ellas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito, sin que haya necesidad de que las demás personas que intervienen en la misma autoricen su utilización.

Sugieren que la gravedad del delito se mida en función de la pena y no por un listado arbitrario de delitos, prisión preventiva revisable cada tres meses por el Juez, la compurgación de penas en lugares distintos a aquellos de la jurisdicción en que se cometió el delito en casos de delincuencia organizada vinculada al tráfico ilícito de estupefacientes, psicotrópicos, secuestro o tráfico de armas, incorporación del principio de presunción de inocencia y la creación de un fondo de justicia integrado tanto por recursos federales como locales.

En materia de defensoría pública, estiman que debe garantizarse que los emolumentos de los defensores no sean menores a los que por ley corresponden al representante social. Plantean la nulidad de audiencias sin la presencia del juez, que las pruebas sean desahogadas en juicio salvo contadas excepciones, igualdad procesal, prohibición de comunicaciones ex parte y nulidad de pruebas ilícitas.

Proponen medidas alternativas de resolución de conflictos con una doble intención: la primera, agilizar el desempeño de los tribunales; la segunda, establecer que la instancia penal será la última a la que se recurra, beneficiando así una mayor rapidez a la solución de conflictos sociales, al mismo tiempo que disminuyen los costos, tanto para el sistema de justicia como para las partes involucradas, además de que representan una posibilidad muy cercana de descongestionar a los tribunales y al sistema penitenciario. Precisan que dada la importancia de los bienes jurídicos que tutela el derecho penal, se admitirán soluciones alternativas en cualquier etapa del procedimiento, sujetas a supervisión judicial, siempre y cuando se satisfagan o se garanticen los intereses de la víctima u ofendidos.

Con la finalidad de proteger en todo momento los derechos humanos, tanto de la víctima o de los ofendidos, como de los inculpados, los autores plantean que toda resolución que ponga fin a un proceso, cualquiera que sea su naturaleza, deberá ser explicada detalladamente a las partes en sus alcances y consecuencias, en audiencia pública, evitando así que las soluciones alternativas de resoluciones de conflictos que se proponen se conviertan en una fuente de abusos para los más desprotegidos.

Sostienen que con la reiterada intención que esta reforma no propicie la corrupción y el abuso en contra de las clases más desprotegidas de nuestro país, se prohíbe que el juez de la causa tenga algún tipo de comunicación con alguna de las partes, sin la presencia de la otra, salvo que se trate de audiencia pública a la que, ambas, hayan sido debidamente convocadas.

Los diputados promoventes estiman necesario enfatizar que los reclusos deben gozar y ejercer los derechos humanos que les consagra la Constitución, evitar que sentenciados por delitos del orden común o federal que no cumplan el perfil criminológico exigido para ser internado en un penal de máxima seguridad, sean victimizados por las autoridades administrativas y puedan cumplir sus condenas en penales de tratamiento adecuadas a su peligrosidad o perfil criminológico, así como eliminar la palabra ``reo'', por considerarla infamante y denigrante, y usar en su lugar ``sentenciado'' o ``recluso''. Plantean limitar la facultad del Ejecutivo únicamente a la administración de las prisiones y otorgar la facultad de ejecutar lo juzgado al Poder Judicial. Para lograrlo, se crea la figura de ``jueces de ejecución de sentencias'', dependientes del Poder Judicial, ello en aras de que la totalidad de las facetas que componen el procedimiento penal, quedan bajo el control jurisdiccional.

En materia de delincuencia organizada, consideran que los resultados, a diez años de la aprobación de la Ley de la materia, no han sido los esperados, pese a que fue creada una unidad especializada dependiente de la Procuraduría General de la República, pues no se consideró que dicha especialización también era necesaria para los juzgadores, dada la aplicación de nuevas herramientas de investigación y estándares diferentes de valoración de las pruebas. Por ello, proponen la creación de una jurisdicción especializada en delincuencia organizada, que permita la atención de este tipo de criminalidad no sólo en los procesos penales, sino también, en materia de apelaciones, amparo indirecto y amparo directo.

En materia de seguridad pública, plantean establecerla como una garantía constitucional, dotando al Congreso de la Unión de la facultad de expedir una ley de aplicación federal con nuevas directrices para el sistema nacional de seguridad pública, obligando a que los gobiernos municipales y estatales, en la emisión de sus leyes, cumplan con las directrices exigidas en la ley federal.

En este contexto, se propone como requisito para que los agentes de policía puedan realizar sus funciones de prevención del delito o en auxilio del ministerio público, en la investigación del delito, que se sometan a un proceso de certificación, proceso cuyas directrices deberán establecerse en las leyes federales y tendrán que ser incorporadas en las legislaciones locales.

Consideraciones

En razón de su contenido, todas las iniciativas enunciadas en los antecedentes, han sido dictaminadas de manera conjunta, por coincidir con la materia del presente dictamen.

Antes de exponer las consideraciones jurídicas en torno a la reforma integral al sistema de justicia penal, es importante hacer dos precisiones.

La primera, que se tiene conocimiento de que el titular del Poder Ejecutivo federal presentó una iniciativa en el Senado, el 9 de marzo de 2007, que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad y justicia, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia, de Gobernación y de Seguridad Pública, esta última en razón de haberse autorizado la ampliación de turno.

Si bien esta iniciativa no puede ser dictaminada formalmente por la Cámara de Diputados en su carácter de Cámara de origen, ello no obsta, de conformidad con los artículos 71 y 72 constitucionales, para que estas Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, la analicen y recojan su espíritu, pues versa sobre la materia del presente dictamen y abona a la propuesta de reforma constitucional que se pretende realizar.

La segunda, que derivado de las múltiples iniciativas presentadas por diputados de distintos grupos parlamentarios, es evidente que en cuanto a su contenido sustancial, convergen en la idea de que el sistema de justicia penal mexicano ha dejado de ser eficaz, por lo que urge reformarlo, de manera integral, para devolver a la ciudadanía la confianza en las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia, recuperando así su objetivo de ofrecer seguridad jurídica a fin de preservar la libertad y tranquilidad de las personas.

De manera adicional, también es importante señalar que Luis Maldonado Venegas, el 4 de noviembre de 2003 (durante la LIX Legislatura) presentó una iniciativa en materia de justicia penal, turnada a las Comisiones Unidas que hoy dictaminan y además a la de Seguridad Pública, por lo que si bien no pude dictaminarse formalmente, se recoge su esencia, pues es coincidente con la materia que nos ocupa. Propone sujetar al ministerio público al proceso penal, y a los jueces a un procedimiento claro, eficaz y transparente para lograr así la ruptura del monopolio de la acción penal, devolviéndole a la víctima el derecho de ir ante un juez y querellarse, contando en el proceso con la anticipación del propio Ministerio Público, para que ahí realice sus tareas de autoridad, dar fe, obtener pruebas, a las que sólo la autoridad puede acceder, y para realizar todas sus funciones, ya sin la injusta tutoría obligatoria que hoy ejerce sobre las víctimas. Asimismo, sugiere dotar a la policía preventiva de las facultades legales para investigar, prevenir los delitos y participar como parte acusadora en aquellos delitos que conozca y no exista denunciante. Propone también reivindicar los derechos de la víctima o del ofendido, garantizando la reparación del daño.

Dada la relevancia del tema que nos ocupa, es de suma trascendencia destacar que se llevaron a cabo múltiples reuniones de trabajo con diputados y senadores de todos los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión, integrantes del Poder Ejecutivo federal, académicos y juristas especialistas en la materia, a fin de analizar con minuciosidad cada uno de los factores que componen el sistema de justicia penal, y después de intensas discusiones e intercambios de opinión que sin duda enriquecieron el debate, la conclusión fue una propuesta de reforma constitucional de consenso, que intenta recabar las principales coincidencias y preocupaciones de cada uno de los involucrados, a fin de impulsar un cambio estructural en nuestro sistema penal, migrando del actual modelo de tipo mixto preponderantemente inquisitivo, a uno garantista de corte acusatorio y oral.

En este sentido, cabe acotar que ningún sistema de justicia es totalmente puro, pues debe ser acorde con las exigencias de las sociedades de cada país. En el caso de la propuesta que se plantea, se pretende implantar un sistema acusatorio respetando sus fundamentales principios y características, y adaptado al mismo tiempo a las necesidades inminentes de nuestro país de combatir eficientemente los altos índices de delincuencia que aquejan a la ciudadanía y a la naturaleza de nuestras instituciones, permitiendo con ello su consolidación de manera gradual a la cultura y tradición jurídica mexicana.

Ahora bien, hay coincidencia en que los procedimientos son muy largos y con excesivos formalismos, el ministerio público tiene un gran protagonismo y en la etapa de averiguación previa se lleva a cabo una especie de ``mini-juicio'', pues adquiere gran peso dentro del proceso, lo que ha propiciado que en juicio se suelan reproducir casi de manera íntegra los elementos probatorios, restando con ello importancia al juicio y la valoración objetiva que se hace de los argumentos de las partes que intervienen, generando inevitablemente que el ministerio público sea poco competitivo, debilitando su efectivo desempeño. El hecho de que las diligencias generalmente se consignen por escrito, se ha traducido, en la mayoría de los casos, en opacidad a la vista de los ciudadanos, toda vez que el juez no está presente en la mayoría de las audiencias, pues delega frecuentemente sus funciones a auxiliares. Un muestreo representativo del CIDE en las cárceles de Morelos, DF y el estado de México, en 2006, revela que el 80 por ciento de los imputados nunca habló con el juez.

Por cuanto hace a las medidas cautelares, la más drástica, es decir la prisión preventiva, suele ser empleada como regla, el mismo muestreo arroja una cifra alarmante: el 82 por ciento de los procesados lo está por delitos patrimoniales y por montos menores a 5 mil pesos. Ello, además de la evidente afectación que genera al imputado, también se traduce en la afectación de su entorno social más cercano y a la inevitable vulneración de otras importantes garantías.

Asimismo, en nuestro actual sistema no se impulsa la aplicación de la justicia alternativa y existen diversos problemas procesales que dificultan hacer efectiva la reparación del daño.

Ahora bien, cuando decimos que el sistema actual es preponderantemente inquisitivo, nos referimos a que el indiciado es culpable hasta que se demuestre lo contrario, y se le ve como un objeto de investigación, más que como sujeto de derechos. Es innegable que el ministerio público tiene mayor infraestructura para actuar que la defensa, pues si bien el inculpado tiene derecho a una defensa por abogado, también subsiste la figura de ``persona de su confianza'', lo que ha propiciado una desigualdad de condiciones para intentar probar, en su caso, su inocencia. Aunado a lo anterior, los abogados de las defensorías públicas perciben sueldos bajos, no existe el servicio civil de carrera en algunas entidades federativas y, generalmente, no cuentan con infraestructura, por lo que en muchos casos utilizan los espacios de las agencias investigadoras o de los juzgados.

En el juicio, sólo un juzgador sustancia el proceso, lo que dificulta su actuación, además de que no debe perderse de vista que la ejecución de penas, es de carácter administrativo, los beneficios preliberacionales y el cumplimiento de las penas se encuentran a cargo de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social y el otorgamiento de beneficios depende de la unanimidad de criterios del Consejo Técnico Interdisciplinario, lo que ha generado que la readaptación sea poco eficaz, pues el sentenciado difícilmente se reinserta a la sociedad.

En términos generales, lo anterior, nos lleva a concluir que el modelo de justicia penal vigente, ha sido superado por la realidad en que nos encontramos inmersos. En tal virtud, se propone un sistema garantista, en el que se respeten los derechos tanto de la víctima y ofendido, como del imputado, partiendo de la presunción de inocencia para este último. Tal sistema se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, con las características de acusatoriedad y oralidad; la primera, para asegurar una trilogía procesal en la que el ministerio público sea la parte acusadora, el inculpado esté en posibilidades de defenderse y que al final, sea un juez quien determine lo conducente; la segunda, que abonará a fomentar la transparencia, garantizando al mismo tiempo una relación directa entre el juez y las partes, propiciando que los procedimientos penales sean más ágiles y sencillos.

Se prevé la inclusión de un juez de control que resuelva, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que así lo requieran, cuidando se respeten las garantías de las partes y que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. El juez de la causa, se hará cargo del asunto una vez vinculado a proceso el indiciado, hasta la emisión de la sentencia correspondiente, y un juez ejecutor vigilará y controlará la ejecución de la pena.

En cuanto a la prisión preventiva, se pretende que sólo pueda aplicarse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, o cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Para los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, en contra del libre desarrollo de la personalidad y en contra de la salud, la prisión preventiva se sugiere que se aplique en todos los casos.

También se estima necesario que se prevean mecanismos alternativos de solución de controversias, que por mandato constitucional expreso, procuren asegurar la reparación del daño, sujetas a supervisión judicial en los términos que la legislación secundaria lo juzgue conveniente. Tal medida generará economía procesal, además de alcanzar un objetivo fundamental, como es el de lograr que la víctima de un delito esté cobijada y que el inculpado se responsabilice de sus acciones, reparando, en lo posible, el daño causado.

Respecto a la defensa del imputado, se propone eliminar la ``persona de confianza'' y garantizar el derecho a una defensa adecuada por abogado. Para consolidar tal objetivo y que exista igualdad de condiciones, se prevé asegurar un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurar las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores, estableciendo que sus emolumentos no podrán ser inferiores a los que correspondan a los agentes del ministerio público.

En cuanto a delincuencia organizada, dada la complejidad que requiere dicho tema por el daño que causa a la sociedad, se propone un régimen especial desde su legislación, haciendo tal tarea facultad exclusiva del Congreso de la Unión y definiéndola a nivel constitucional como una organización de hecho de tres o más personas, para cometer en forma permanente o reiterada delitos en los términos de la ley de la materia. Para estos casos, se autoriza decretar arraigo a una persona por parte del juez de control y a solicitud del ministerio público, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, siempre y cuando sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. No podrá exceder de cuarenta días, plazo prorrogable únicamente cuando el ministerio público acredite que subsisten las causas que le dieron origen, y en ningún caso podrá exceder los ochenta días.

Lo dicho anteriormente, nos da una visión general de la reforma integral al sistema de justicia penal. Respecto a texto del proyecto de decreto, aprobado en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, presentamos la siguiente justificación y motivación, necesaria para guiar y comprender el sistema procesal penal acusatorio, ahora sometido a consideración de esta soberanía.

Artículo 16

Estándar de prueba para librar órdenes de aprehensión

Durante los últimos 15 años, se han sucedido reformas constitucionales en busca del equilibrio entre la seguridad jurídica de las personas y la eficacia en la persecución del delito al momento de resolver la captura de un inculpado en el inicio del proceso penal, así en 1993 se consideró conveniente incorporar al párrafo segundo del artículo 16, la exigencia de que para librar una orden de aprehensión el juez debería cerciorarse de que se hubiesen acreditado los elementos del tipo penal y existieran datos que hicieran probable la responsabilidad penal del inculpado, incrementando notablemente el nivel probatorio requerido, respecto del anteriormente exigido, lo cual generó que la mayoría de las averiguaciones previas iniciadas con motivo de denuncias o querellas tuviesen prolongados periodos de integración y que la mayoría de éstas no llegasen al conocimiento judicial, en virtud de no reunirse los elementos requeridos, o que frecuentemente, al solicitarse la orden de aprehensión, ésta fuese negada por el juez.

La referida situación incrementó los obstáculos para las víctimas u ofendidos de acceder a la justicia penal, así como los niveles de impunidad e inseguridad pública. Fue por ello que en 1999, el Constituyente Permanente reformó el segundo párrafo del citado numeral, ahora para reducir la exigencia probatoria al requerir la acreditación del cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad penal del justiciable, situación que implicaba definir en la ley el contenido del cuerpo del delito, permitiendo así que cada legislación secundaria estableciera el contenido de la citada figura, imperando la disparidad de criterios e incluso los excesos de las legislaciones, ya que en algunos casos la exigencia fue baja y en otros resultó alta, no lográndose entonces el objetivo perseguido. Esta situación ha venido a coadyuvar en los actuales niveles de ineficacia, de impunidad y de frustración y desconfianza social.

Considerando que se propone la adopción de un sistema de justicia penal, de corte garantista, con pleno respeto a los derechos humanos, que fomente el acceso a la justicia penal de los imputados, así como de las víctimas u ofendidos, como signo de seguridad jurídica, a fin de evitar que la mayoría de las denuncias o querellas sean archivadas por el ministerio público, aduciendo que los datos que arroja la investigación son insuficientes para consignar los hechos al juez competente, es necesario establecer un nivel probatorio razonable para la emisión de la orden de aprehensión, la cual es una de las puertas de entrada al proceso jurisdiccional, que constituya el justo medio entre el legítimo derecho del imputado de no ser sujeto de actos de molestia infundados, pero también su derecho fundamental a que la investigación de su posible participación en un hecho probablemente delictivo se realice ante un juez y con todas las garantías y derechos que internacionalmente caracterizan al debido proceso en un sistema de justicia democrático, y no de forma unilateral por la autoridad administrativa, que a la postre sería quien lo acusaría ante un juez con un cúmulo probatorio recabado sin su participación o sin una adecuada defensa, y el interés social, de sujetar a un justo proceso penal a los individuos respecto de los que existen indicios de su participación.

Es así que se estiman adecuadas las propuestas legislativas de racionalizar la actual exigencia probatoria que debe reunir el ministerio público para plantear los hechos ante el juez y solicitar una orden de aprehensión, a un nivel internacionalmente aceptado, de manera que baste que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en el mismo, sea como autor o como partícipe, para el libramiento de la citada orden; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio, como el que se propone.

El nivel probatorio planteado es aceptado, porque en el contexto de un sistema procesal acusatorio, el cual se caracteriza internacionalmente porque sólo la investigación inicial y básica se realiza en lo que conocemos como la averiguación previa, y no toda una instrucción administrativa como sucede en los sistemas inquisitivos, pues es en el juicio donde, con igualdad de las partes, se desahogan los elementos probatorios recabados por las partes con antelación y cobran el valor probatorio correspondiente, y no ya en la fase preliminar de investigación, como sucede en nuestro actual sistema. Por tal razón, en el nuevo proceso resulta imposible mantener un nivel probatorio tan alto para solicitar la orden de captura, en razón de que el ministerio público no presentará pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad penal del perseguido, ya que en ese caso, no se colmaría el objetivo de reducir la formalidad de la averiguación previa y fortalecer la relevancia del proceso penal y particularmente el juicio.

No existe un riesgo de que esta reducción del nivel de prueba necesario para la emisión de la orden de aprehensión sea motivo de abusos, porque existen amplios contrapesos que desalentarán a quienes se sientan tentados de ello, en razón de que el proceso penal será totalmente equilibrado para las partes y respetará cabalmente los derechos del inculpado, de manera que si se obtiene una orden de captura sin que los indicios existentes puedan alcanzar en forma lícita el estatus de prueba suficiente, sin temor a dudas se absolverá al imputado, al incorporarse expresamente a la Constitución principios como el de presunción de inocencia, el de carga de la prueba y el de exclusión de prueba ilícitamente obtenida. Dicho de otra manera, sería contraproducente para el ministerio público solicitar la orden de aprehensión sin tener altas probabilidades de poder acreditar el delito y la responsabilidad penal en el juicio, en razón de que ya no tendrá otra oportunidad de procesar al imputado.

Por lo anterior, estas comisiones dictaminadoras consideramos procedente atemperar el actual cúmulo probatorio que el juez debe recibir del ministerio público para expedir una orden de aprehensión, de manera que los datos aportados establezcan la existencia del hecho previsto en la ley penal y la probable participación (en amplio sentido) del imputado en el hecho, y no ya la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, que exige valorar las pruebas aportadas desde el inicio del proceso y no en el juicio, que es donde corresponde.

Definición de flagrancia

El concepto de flagrancia en el delito, como justificación de la detención de una persona, sin mandato judicial, es universalmente utilizado, sólo que el alcance de ese concepto es lo que encuentra divergencias en las diversas legislaciones. Es aceptado internacionalmente que la flagrancia no sólo consiste en el momento de la comisión del delito, sino también el inmediato posterior, cuando se genera una persecución material del sujeto señalado como interviniente en el delito, de manera que si es detenido en su huida física u ocultamiento inmediato, se considera que aplica la flagrancia y por tanto, se justifica la detención.

Este alcance de la flagrancia no genera mayores debates, pero existe otra visión de la citada figura, que es la conocida como flagrancia equiparada, consistente en la extensión de la oportunidad de detención para la autoridad durante un plazo de cuarenta y ocho o hasta setenta y dos horas siguientes a la comisión de un delito calificado como grave por la ley, y una vez que formalmente se ha iniciado la investigación del mismo, cuando por señalamiento de la víctima, algún testigo o participante del delito, se ubica a algún sujeto señalado como participante en el ilícito penal, o se encuentran en su rango de disposición objetos materiales del delito u otros indicios o huellas del mismo, situación que los legisladores secundarios han considerado como justificante para detener a la persona sin orden judicial, y retenerlo para investigación hasta cuarenta y ocho horas, antes de decidir si se le consigna al juez competente o se le libera con las reservas de ley.

Si bien se entiende que la alta incidencia delictiva que aqueja a nuestro país ha generado la necesidad de nuevas herramientas legales para la autoridad, de manera que pueda incrementar su efectividad en la investigación y persecución de los delitos, se estima que se ha incurrido en excesos en la regulación del concepto de flagrancia, al permitir la referida flagrancia equiparada, toda vez que posibilita detenciones arbitrarias por parte de las autoridades policiales, cuando el espíritu de nuestra Constitución es que la flagrancia sólo tiene el alcance al momento de la comisión del hecho y el inmediato siguiente, cuando se persigue al indiciado.

Bajo esta premisa, se juzga adecuado explicitar el concepto de flagrancia, señalando su alcance, que comprendería desde el momento de la comisión del delito, es decir el iter críminis, hasta el período inmediato posterior en que haya persecución física del involucrado. Consecuentemente, el objetivo es limitar la flagrancia hasta lo que doctrinariamente se conoce como ``cuasiflagrancia'', a fin de cerrar la puerta a posibles excesos legislativos que han creado la flagrancia equiparada, que no es conforme con el alcance internacionalmente reconocido de esta figura.

Lo expuesto se justifica si consideramos que el espíritu de la reforma es precisar a todos los habitantes del país los casos en que pueden ser detenidos por cualquier persona, sin tener una orden judicial y sin una orden de detención por caso de urgencia expedida por la autoridad administrativa, con la finalidad de no dejar resquicios para posibles arbitrariedades, más aún cuando se ha incrementado la posibilidad de obtener una orden judicial de aprehensión al reducir el nivel probatorio del hecho y de la incriminación.

En ese orden de ideas, se determina procedente delimitar el alcance de la flagrancia como justificante de la detención del involucrado en un hecho posiblemente delictivo, de forma que sólo abarque hasta la persecución física del indiciado inmediatamente después de la comisión del hecho con apariencia delictiva.

Arraigo

Una propuesta novedosa, sin duda, es la de incorporar a la Constitución una medida cautelar para evitar que el imputado pueda evadirse de la autoridad ministerial en un primer momento y de la judicial ulteriormente, o bien, que pueda obstaculizar la investigación o afectar la integridad de las personas involucradas en la conducta indagada.

Es claro que la creciente organización de la delincuencia, incluso transnacional, ha puesto en algún nivel de riesgo las clásicas instituciones jurídico-procesales, por lo que el legislador ha ampliado el espectro de medidas eficaces para contrarrestar su impacto en la percepción de inseguridad pública, una de éstas es el arraigo.

Esta figura consiste en privar de la libertad personal a un individuo, por orden judicial, durante un período determinado, a petición del ministerio público, durante la investigación preliminar o el proceso penal, a fin de evitar que el imputado se evada del lugar de la investigación o se oculte de la autoridad, o afecte a las personas involucradas en los hechos materia de la indagatoria. Existe el arraigo en el domicilio físico del investigado o el que se cumple en un lugar distinto, inclusive de la demarcación donde reside, el primero se ha utilizado para delitos calificados como graves por la ley y el segundo sólo para presuntos miembros de la delincuencia organizada, siempre con autorización judicial previa.

La medida es de suma utilidad cuando se aplica a sujetos que viven en la clandestinidad o no residen en el lugar de la investigación, pero sobremanera cuando pertenecen a complejas estructuras delictivas que fácilmente pueden burlar los controles del movimiento migratorio o exista una duda razonable de que en libertad obstaculizarán a la autoridad o afectarán a los órganos y medios de prueba, y contra los que no puede obtenerse aún la orden de aprehensión, por la complejidad de la investigación o la necesidad de esperar la recepción de pruebas por cooperación internacional.

No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió ejecutoria en la acción de inconstitucionalidad 20/2003 promovida por legisladores del Estado de Chihuahua en contra del Congreso y el gobernador de aquél Estado, por la cual declaró la invalidez del artículo 122 bis del otrora vigente Código de Procedimientos Penales local, argumentando en lo esencial que constituye una restricción de la garantía de libertad personal, no prevista en la Constitución General de la República, lo que resulta inadmisible, en atención al principio previsto por el artículo 1° de la misma, el cual prescribe que las excepciones a las garantías deben contenerse en la propia Constitución.

En ese sentido, se propone que se incorpore en el artículo 16 constitucional el arraigo exclusivamente para casos donde se investigue el delito de delincuencia organizada, fijando los casos de procedencia, la autoridad que lo solicita y quién lo autoriza, la temporalidad por la que puede ser otorgado, la opción de que el juez determine el lugar y demás condiciones de ejecución, la posibilidad de prórroga hasta por un término igual, y la justificación para ello, con lo cual se satisfacen los extremos de una excepción a la garantía individual de libertad personal.

De ahí que se dictamina procedente la propuesta de incorporar la figura del arraigo para investigaciones y procesos seguidos por el delito de delincuencia organizada, en este último caso, cuando no subsista la prisión preventiva, en los términos y condiciones que el juez establezca, de conformidad con la ley de la materia, así como por la temporalidad de hasta cuarenta días y con opción a prórroga hasta por otros cuarenta días, siempre que sigan vigentes las circunstancias que justificaron su autorización inicial.

Definición de delincuencia organizada

Desde la década de los años noventa, cuando se incorporó por primera ocasión el concepto ``delincuencia organizada'' en la Constitución, se tuvo el objetivo de establecer reglas particulares y en ocasiones excepciones a las disposiciones aplicables a la generalidad de los sujetos a procedimientos penales, derivado de la necesidad de contar con nuevas y más contundentes herramientas jurídicas que permitiesen a las autoridades responsables de la investigación, persecución y sanción de los miembros de verdaderas empresas delictivas, que venían adquiriendo mucho mayor influencia y poderío que las clásicas asociaciones delictivas.

Por desgracia, ese fenómeno delictivo ha seguido creciendo exponencialmente, no sólo en México, sino a nivel global, lo que impulsó a la comunidad internacional a generar una convención que estableciera, homologara y coordinara los mecanismos de combate a ese tipo de delincuencia, que pone en riesgo la soberanía y viabilidad de los Estados; así se convino y ha entrado en vigor la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Internacional, también conocida como Convención de Palermo, por la ciudad en que fue realizada la misma. México ha ratificado esta Convención y es un Estado parte.

La referida Convención contempla medidas de diferente naturaleza, pero específicamente reglas para la investigación, persecución y sanción de esa delincuencia que por su fortaleza implican modalidades y acotaciones a las tradicionales libertades conferidas a un imputado en un proceso penal, en la legislación procesal, por lo que nuestro país optó por establecer la mayoría de las reglas particulares para ese delito en la ley especial que el Congreso de la Unión expidió, y sólo en algunos casos las elevó a nivel constitucional.

Aun cuando la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de algunos artículos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada ha sido en el sentido de que se ajustan a las garantías individuales, por tanto constitucionales, es cierto que al acentuarse de manera notable el carácter acusatorio del procedimiento penal delineado, al incorporarse explícitamente diversos principios y derechos fundamentales, que hasta ahora sólo se advertían implícitamente en la Carta Magna, es necesaria la incorporación de algunas reglas particulares aplicables a los casos de delincuencia organizada, que vienen a constituir alguna restricción a las garantías, a efecto de atender puntualmente lo previsto por el artículo 1° de la Constitución en el sentido de que las excepciones a los derechos fundamentales reconocidos por ella deben contenerse en la misma, consecuentemente se incrementan las referencias a la delincuencia organizada a lo largo de los artículos de la parte dogmática, así que es pertinente, en aras de la claridad que debe tener la norma suprema, para hacerla asequible a cualquier habitante del país y entonces generar seguridad jurídica, establecer de manera general qué se entiende por delincuencia organizada.

Se incorpora, por tales motivos, una definición que en esencia es una sustracción de los principales elementos de las concepciones contenidas en el marco jurídico vigente, misma que viene a delimitar el ámbito de aplicación de las limitaciones a las garantías individuales, desde luego con la posibilidad de que la legislación secundaria pueda otorgar mayor amplitud a las garantías restringidas en principio por la definición constitucional, en razón de que, como es sabido, en la Constitución se establecen las garantías, pero las normas de inferior jerarquía pueden ampliarlas como podría ser el caso de una definición legal que contuviese más elementos de los que prevé el citado párrafo constitucional.

Es importante considerar que la definición contiene elementos que permiten distinguir este tipo de delito respecto de los tradicionales de asociación delictuosa, puesto que la finalidad de ésta es cometer los delitos previstos por la ley de la materia, no cualquier delito.

Facultad de acceder a información clasificada en casos de delincuencia organizada

Las organizaciones delictivas utilizan todos los avances del saber humano para sus propios fines, que adicionalmente buscan ocultar sus ganancias y en su caso, blanquear sus fondos para cerrar el círculo de productividad, de manera que mediante complicadas ingenierías financieras hacen aparecer como lícitos recursos que en realidad tienen una procedencia ilegal.

En esa dinámica, es obvio que las autoridades responsables de la lucha contra esas organizaciones deben tener la información indispensable para, en su oportunidad, comprobar los cargos que les formulen a sus miembros; no obstante, desde hace años se ha venido extendiendo la idea de que la información pública y privada de diversas materias sólo puede mostrarse al ministerio público de la Federación, pero no a cualquier agente de la institución, sino a aquéllos que tengan calidad profesional, ética y humana, a fin de darle el uso correcto; en ese sentido, la propuesta que se formula pretende evitar valoraciones subjetivas que permitan que información tan sensible como la contenida en documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral y aquélla que por ley tenga el carácter de reservada, sea conocida por cualquier ministerio público, por lo que se propone que sólo el Procurador General de la República tenga acceso directo a la misma, cuando se encuentre relacionada con la investigación de un delito, como una útil herramienta para la oportuna toma de decisiones, que incremente las posibilidades de éxito.

Es así que por el carácter central de las investigaciones en esta materia y lo delicado de acceder a registros confidenciales y personales se estima pertinente establecer que será el ministerio público de la Federación, autorizado en cada caso por el Procurador General de la República, el único en poder acceder de manera inmediata a la información, con el deber de los poseedores de esa información de brindarla en forma inmediata, siempre que los requerimientos sean conforme a la normatividad aplicable. Esta regla particular prevalecerá sobre alguna genérica de restricción de la información.

En razón de lo considerado, se dictamina procedente la incorporación del párrafo décimo al artículo 16 de la Constitución federal, a fin de que el ministerio público de la Federación, autorizado en cada caso por el Procurador General de la República actuando en la investigación de delitos de delincuencia organizada pueda acceder de inmediato a la información necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones, bastando para ello la recepción del requerimiento, que contenga los datos disponibles para la búsqueda y localización de la información, sin perjuicio de que las leyes correspondientes mantengan las reglas de atención indirecta para el ministerio público, aplicables en otros asuntos.

Solicitud de órdenes de cateo

Una de las preocupaciones es la celeridad en la resolución de los pedimentos del ministerio público al juez en materia de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación, para no perder la oportunidad en su ejecución, pero sobresale de entre éstas la orden de cateo, que generalmente se ha tramitado mediante el tradicional procedimiento escrito, el cual en ocasiones dilata en demasía las acciones del ministerio público, con el consecuente riesgo de desaparición, alteración o destrucción de las evidencias buscadas.

A fin de dar pauta a una regla especial que permita la solicitud de dichas órdenes y su resolución por cualquier medio, dejando siempre registro de las comunicaciones, se propone suprimir la obligación específica de que ese procedimiento sea por escrito, lo cual, vinculado a otros cambios, como la creación de jueces específicos para la atención pronta y expedita de los pedimentos de las citadas medidas cautelares y otras mencionadas, posibilitará que, ya sea de forma presencial o por medios indirectos, el ministerio público le formule la petición y el juez le responda de manera inmediata, si es en sentido afirmativo, el agente de la representación social proceda de inmediato a ejecutar la medida, sin perjuicio de que el documento respaldo de la autorización pueda enviarse al mismo tiempo o de forma diferida para constancia.

Adicionalmente, al establecerse que las audiencias judiciales deben regirse por los principios del sistema acusatorio, deberán ser de carácter oral y es factible que la legislación procesal precise el procedimiento para esto.

En ese orden de ideas es procedente la modificación del párrafo décimo primero del artículo 16 de la Constitución consistente en suprimir la regla especial de que las órdenes de cateo deban solicitarse por escrito, habida cuenta de que con la asignación de jueces de control que realicen los poderes judiciales, los cuales estarán abocados a la inmediata resolución de los pedimentos de mérito, se visualiza que pueda ser en forma oral, en beneficio de la eficacia de las autoridades en la materia.

Ingreso a domicilio sin orden judicial

Uno de los reclamos más sentidos de la sociedad es que las autoridades policiales no son oportunas en el auxilio a las víctimas del delito, sobremanera, cuando éstas se ven violentadas en la intimidad de su domicilio. Tradicionalmente se ha tutelado el derecho a la privacidad de su domicilio, incluso por encima de garantías como el derecho a la vida, que ciertamente tienen una jerarquía superior a la de la inviolabilidad del domicilio.

Este criterio generó que por años, los policías no ingresaran a un domicilio salvo que tuviesen orden judicial o en su defecto la autorización expresa del poseedor de la vivienda, a efecto de no arriesgarse a incurrir en infracciones y delitos, pero tal omisión coadyuvó al explosivo incremento de la impunidad e inseguridad.

Internacionalmente, incluso países latinoamericanos que han adoptado legislaciones reconocidas como protectoras de los derechos fundamentales, como las Repúblicas de Chile, Costa Rica, etcétera , autorizan que en casos de flagrancia la policía pueda accesar a un inmueble, para hacer cesar el delito, para detener al imputado o para auxiliar a las víctimas o habitantes, de manera que nuestro país sentaría las bases para no sólo alcanzar sino adelantarse en materia de justicia respecto de los citados países hermanos.

En el caso de México, a principios del año 2007 una jurisprudencia por contradicción de tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en casos de delito flagrante y cuando la demora en el acceso a la vivienda ponga en riesgo o incremente el mismo, respecto de bienes jurídicos de mayor jerarquía, es procedente que aún sin consentimiento de los poseedores, la policía ingrese al domicilio, sin orden judicial, en razón de que se debe privilegiar el interés general de hacer cesar la comisión de delitos de los que la autoridad tenga conocimiento, desde luego que sancionándose severamente cualquier exceso, por las vías administrativa y penal.

Debemos aceptar que aún cuando existe ya la jurisprudencia 23/2007 del Pleno, que declara constitucionales los allanamientos policiales conforme a la normatividad aplicable, la inmensa mayoría de la gente desconoce dicha jurisprudencia, comenzando por los propios policías, por lo que a fin de mejorar en la seguridad pública, pero sobre todo para impulsar la protección efectiva de los habitantes del país, debe clarificarse ese tema, que es de suma utilidad no sólo en casos de violencia intrafamiliar, sino en todo tipo de delitos violentos, incluso en delitos graves y de delincuencia organizada, que de improviso los conoce la policía y existe peligro en la demora.

Desde luego que el presente dictamen también pone énfasis en la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública de los 3 órdenes de gobierno, especialmente los policías, a fin de que en los hechos éstos estén a la altura de las necesidades y retos que implica su función, con objeto de que apliquen correctamente y con la sensibilidad correspondiente esta atribución.

De lo señalado se desprende la procedencia de la propuesta de incorporar en el párrafo décimo segundo del artículo 16 de la norma suprema, la permisión para que en caso de delito flagrante la policía pueda ingresar al domicilio de alguna persona, con fines de auxilio o de detención del participante.

Grabación de comunicaciones entre particulares

Constantes debates genera la actual posibilidad tecnológica de que alguno de los participantes en una comunicación privada la grabe y posteriormente la utilice, al no tener el consentimiento de su interlocutor para esa publicidad. Pero es diferente cuando uno de los participantes graba una conversación en la que se incluye información sobre un evento o conducta delictiva, ya que en tal caso es la voluntad de uno de los propios intervinientes la que divulga la conversación, sin que ningún tercero la intercepte, y más aún cuando el contenido es ilícito o proporciona información para conocer o esclarecer un evento posiblemente delictivo, donde existen disposiciones de orden público e interés social que prescriben la denuncia o la colaboración del sujeto que participó en la conversación.

Bajo esa premisa, los tribunales federales han aceptado que en delitos, por ejemplo de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, los familiares de la víctima que graban las conversaciones con los probables secuestradores las aporten como prueba al procedimiento penal, y que sean objeto de los dictámenes correspondientes.

De manera que podría considerarse que eso es suficiente para tener por salvado el problema, pero lo cierto es que al igual que en el allanamiento policial, esa medida para el público en general es ilícita, por la creencia generalizada de que invariablemente las comunicaciones privadas son confidenciales, aunado a que como es del dominio de los juristas, la jurisprudencia de los tribunales es una interpretación de un determinado texto en un momento histórico que en cualquier momento puede interrumpirse y quedar sin efectos, por lo que es necesario establecer la licitud de esa conducta en las circunstancias precisadas, con carácter general y permanente.

Es importante precisar que el supuesto de mérito tendría límites, ya que no todas las conversaciones donde se reconozca la comisión de delitos o información referente a su comisión puede ser divulgada por alguno de los participantes, ya que existen impedimentos justificables, como sería el caso del abogado defensor de un procesado, que grabara las conversaciones con su defendido y posteriormente las aportara como prueba en su contra, situación inaceptable porque violentaría no sólo el deber ético inherente a su cargo, sino la evidente obligación jurídica que tiene el defensor de no revelar sus conversaciones privadas con su cliente, o bien, caso similar sería el de los sacerdotes que reciban la confesión de sus feligreses.

Considerando lo expuesto, es procedente establecer la restricción a la garantía de inviolabilidad de las comunicaciones privadas, salvo disposición judicial, en caso de que uno de los participantes sea quien grabe la comunicación sin autorización de su interlocutor y siempre que no se viole con ello un deber de confidencialidad previsto en las leyes.

Jueces de control

Una propuesta de impacto transversal, por estar vinculada a varias modificaciones del artículo 16 de la ley fundamental es el de establecer jueces federales y locales, denominados de control, que se aboquen fundamentalmente a resolver los pedimentos ministeriales de medidas cautelares, providencias precautorias, técnicas de investigación para resolverlos de forma inmediata, para minimizar los riesgos de la demora en la ejecución de la diligencia.

Conscientes de la realidad compleja que vive nuestro país y particularmente de la rapidez con que varían las circunstancias propicias para la realización de una diligencia de las antes mencionadas, coincide con la preocupación de apoyar el Estado de Derecho y de manera sobresaliente el combate a la delincuencia de alto impacto, por lo que sin perjuicio de la responsabilidad del ministerio público y ahora, con motivo del presente dictamen, que tendrían las policías en la investigación de los delitos, se estima necesario establecer la existencia de jueces de control que se aboquen a resolver las medidas provisionales y demás diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, sin que ello implique dejar de fundar y motivar concretamente sus resoluciones, que podrán ser comunicadas por cualquier medio fehaciente y contengan los datos requeridos.

Debe aclararse que no se trata del antiguo juez de instrucción que existió en nuestro país como una consecuencia de la influencia española, hasta 1917, cuando la nueva Constitución otorgó la investigación del delito al ministerio público; tampoco se visualiza que exista una figura igual en las recientes reformas latinoamericanas, habida cuenta de que seguirá siendo responsabilidad del ministerio público la retención de los detenidos, hasta que sean presentados ante el juez de la causa con motivo de la acusación, caso en el cual éste determinará la legalidad de la detención y el mérito necesario para la vinculación al proceso.

Viene bien recordar que cada sociedad tiene sus propias características y peculiaridades que deben observarse al momento de legislar o de cambiar sistemas legales existentes, a fin de armonizarlos y evitar traspolaciones inconvenientes; hemos estado atentos a los procesos de reforma procesal en otros países, especialmente los latinoamericanos y compartimos sus inquietudes y objetivos, pero desde luego que México debe transitar por su propia reforma, acorde a su idiosincrasia, costumbres y posibilidades, lo que implica reconocer también nuestras diferencias, como el ser una república federal, con 3 órdenes de gobierno y 33 sistemas de justicia penal, a diferencia de los países con régimen central o unitario, donde existe un solo código de procedimientos penales y un único fuero. Esta distinción conlleva múltiples diferencias de operación, como la existente en el fuero federal, donde sólo en algunos circuitos hay jueces especializados, pero en la mayoría son jueces de distrito mixtos y con funciones de legalidad y control de la constitucionalidad de los actos de todas las autoridades de su distrito, cambiar esta realidad implica una reestructuración del poder judicial, con las dificultades presupuestales, temporales, organizacionales, de capacitación y operación, que esto conlleva.

De manera que no se visualiza a corto plazo la posibilidad de que en cada ciudad haya jueces de distrito especializados en materia penal, como para asignar al menos uno a la función de control, otro a la función preparatoria del juicio, uno más para los juicios y un último para la ejecución de sanciones penales, cuando ahora hay un solo juez federal mixto; entonces debemos establecer un marco constitucional flexible que posibilite diversas formas de organización, sobre la base del sistema acusatorio oral, tanto para el fuero federal como para el común, para estados con amplia extensión territorial y entidades federativas con extensión pequeña, estados con recursos económicos disponibles y entidades con escasos recursos.

Otra atribución del citado juez sería conocer las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal, para controlar su legalidad y en todos los casos señalados resguardar los derechos de los imputados y las víctimas u ofendidos.

Este tipo de jueces podrán ser los que substancien las audiencias del proceso, preliminares al juicio, las cuales desde luego que se regirán por los principios del proceso, previstos en el artículo 20 propuesto en el presente dictamen, ya que dependerá de la organización que las leyes establezcan pero también de las cargas laborales y los recursos disponibles, en razón de que seguramente en circuitos judiciales de alta incidencia delictiva, se requerirá de algún o algunos jueces que se aboquen sólo a resolver las medidas, providencias y técnicas señaladas, otros jueces que se constriñan a revisar las impugnaciones contra las determinaciones del ministerio público, que pueden ser miles, y otros jueces más que se responsabilicen de substanciar el proceso hasta antes del juicio, incluso los procesos abreviados.

De manera que a nivel constitucional sólo deben establecerse las atribuciones fundamentales y remitir el desarrollo de las garantías a la legislación secundaria, para no sobrerregular en nuestra Constitución.

Por todo lo señalado, se determina procedente incluir jueces denominados de control, que se responsabilizarán de la resolución rápida de las solicitudes ministeriales de cateos, arraigos, intervenciones de comunicaciones privadas, ordenes de aprehensión, y las demás que requieran control judicial, asimismo, resolver las impugnaciones contra las determinaciones del ministerio público, y realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme los principios del sistema acusatorio, de conformidad con las reglas de organización que al efecto se emita por cada poder judicial.

Artículo 17

Mecanismos alternativos de solución de controversias

La regulación necesaria que permitiera un efectivo acceso a la justicia para toda la población, principalmente la más desprotegida, es otra de las aportaciones que se encuentra reflejada en el texto propuesto para la modificación del artículo 17. Convencidos de que el derecho del enemigo, donde se busca etiquetar con conceptos predefinidos y artificiales de peligrosidad a quienes se oponen a las decisiones de los grupos de poder, no es la solución para una vida pacífica y democrática de nuestra sociedad; se promovió a la Defensoría de Oficio como una institución que salvaguarde los derechos individuales y colectivos de toda la nación mexicana.

La evolución progresiva de los derechos humanos ha derivado en la conclusión de que la obligación de los Estados de garantizar el libre ejercicio de los mismos no se limita únicamente a una cuestión formal, sino que además impone la obligación al Estado de proporcionar todos los medios necesarios para que el sujeto de dichos derechos pueda hacerlos efectivos. Esta conclusión tiene su origen en el sistema interamericano que nos rige, específicamente en el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se fija el compromiso de los Estados Partes respecto de la aplicación de dicho instrumento internacional. Es decir, se trata de la obligación del Estado de garantizar, como señaló puntualmente hace ya 30 años el notable jurista italiano Mauro Cappelletti, el acceso efectivo a la justicia.

Hoy más que nunca, la concepción de Cappelletti cobra vigencia, pues mientras las elites políticas, sociales o económicas poseen múltiples canales informales para solucionar problemas relacionados con el ejercicio de sus derechos, sin tener que acudir a los mecanismos institucionales de justicia; los más desprotegidos económicamente se encuentran en franca minusvalía ante muchas de las entidades públicas o privadas con las que interactúan. Por ello, el acceso a la justicia debe servir para compensar esta desigualdad y asegurar la vigencia de los derechos y la legalidad, incluyendo la actuación de las instituciones encargadas de proporcionarla^.

Ésta es una forma eficaz de garantizar el acceso de la población a la justicia, atendiendo las desigualdades de la sociedad mexicana, en la que un alto porcentaje se encuentra sometido a la pobreza extrema y con la finalidad de que se garantice, por parte del Estado, que los servicios jurídicos en defensa de los más débiles sean de calidad. Ya que si el sistema de justicia es altamente aceptable únicamente en los órganos de la acusación y de juzgamiento, pero no en el de la defensa de los más débiles, el resultado es la injusticia social, tan costosa para todos.

Por ello, esta institución de defensa deberá ser de calidad, con personal profesional, capacitado, de carrera y con un ingreso total igual al de los ministerio públicos, que tenga la misión de defender a cabalidad a la población que así lo solicite y la visión de ser el garante del respeto de los derechos de las personas en controversias con otros individuos o en conflicto con la ley.

Además de lo anterior, en el texto que se propone del artículo 17, se establecen los mecanismos alternativos de solución de controversias que son una garantía de la población para el acceso a una justicia pronta y expedita. Estos mecanismos alternos a los procesos jurisdiccionales para la solución de controversias, entre otros la mediación, conciliación y arbitraje, permitirán en primer lugar cambiar al paradigma de la justicia restaurativa, propiciarán una participación más activa de la población para encontrar otras formas de relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo; también servirán para despresurizar las altas cargas de trabajo de los órganos jurisdiccionales y para que las víctimas obtengan de forma más rápida la reparación del daño, que es una asignatura pendiente de nuestro sistema de derecho.

En materia penal será necesario regular su aplicación por parte de los operadores de la ley, en atención a la naturaleza de los derechos tutelados y los que pueden ser renunciables; y en todos los casos, de forma ineludible, será necesario que se cubra previamente y en su totalidad la reparación del daño para que proceda, ya que como se dijo, este es un reclamo social añejo que debe ser atendido. Y en atención a las dos características antes anotadas, las formas de justicia alternativa de índole penal necesitarán la revisión de la autoridad en su cumplimiento, en beneficio de las víctimas y los ofendidos, y por ello se considera prudente la creación de un supervisor judicial que desarrolle dichas funciones.

Artículo 18

Cambio de denominación de pena corporal

El primer párrafo del artículo 18 constitucional se modifica con el objeto de ajustar el término pena corporal a la actual regulación de la Carta Magna. En efecto, antes de la reforma a diversos dispositivos constitucionales para erradicar la pena de muerte, la expresión pena corporal, es decir, la que el imputado puede sufrir en su propio cuerpo, comprendía tanto la pena privativa de la libertad como la pena de muerte. Dado que ahora la Constitución sólo admite la pena privativa de la libertad, se requiere adecuar su redacción para hacerla consecuente con esa realidad. Por ese motivo, se usará en lo sucesivo únicamente el término pena privativa de la libertad.

Se considera que la reforma al artículo 18 constitucional es urgente dado que las prisiones en México no han sido consideradas un rubro sustantivo o relevante tanto dentro de la agenda legislativa como de las políticas de asignación de recursos. Las prisiones son vistas como un gasto que siempre sería deseable poder economizar. Esta posición ha provocado que las prisiones se conviertan en lugares donde sistemáticamente se violan los derechos humanos de los reclusos. A pesar de que por mandato constitucional se precisa que los reclusos tienen derecho a la educación, al trabajo y a la capacitación para el mismo, en las prisiones no existen las condiciones necesarias para que los reclusos ejerzan ninguno de esos derechos.

Los internos de nuestras prisiones tampoco tienen acceso al derecho a la salud. La precariedad económica existente en los servicios médicos provoca que, en ocasiones, los médicos no puedan siquiera atender lo elemental. Por lo anterior, se considera un acierto incluir el derecho a la salud de las personas privadas de su libertad, pues ello provocará que cada vez se respeten los derechos humanos de los reclusos en mayor medida.

Cambio de denominación de reo por sentenciado

En concordancia con lo anterior y con la finalidad de adecuar la terminología de nuestra carta Magna a los Tratados Internacionales de los cuales México forma parte, se propone quitar la palabra, por considerarla infamante y denigrante, para usar en su lugar sentenciado.

Cambio de denominación: readaptación por reinserción

Por otro lado, se estima que ``readaptación social'' es inadecuado para nombrar al momento en que los sentenciados terminan sus condenas y se insertan nuevamente en su entorno social. Si tomamos como referente la esencia misma de la prisión, como una institución total y excluyente, inferiremos que no es posible que los sentenciados logren durante su estancia en ella una readaptación social. Una institución cuya característica principal es la exclusión no puede incluir o readaptar a nadie a la sociedad. Por lo anterior, se apoya que se cambie el término ``readaptación social'' por el de ``reinserción social'' y que se tenga como un nuevo objetivo el procurar que los reclusos no vuelvan a delinquir.

Centros de alta seguridad para delincuencia organizada y otros internos que requieran seguridad especial

Ahora bien, la pena de prisión afecta a uno de los mayores bienes que tiene el ser humano: su libertad. Sin embargo, en ocasiones, el ciudadano que viola la ley debe ser sancionado restringiéndole ese preciado bien. Los penales de máxima seguridad deben estar reservados para aquellos procesados o sentenciados por delincuencia organizada y otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Con este último supuesto, nos referimos a los casos en que el delito no sea de los previstos para el régimen de delincuencia organizada, pero que tal medida pueda justificarse dada la capacidad del interno para evadirse de la acción de la justicia o para seguir delinquiendo desde los centros penitenciarios, así como cuando exista peligro evidente de terceros hacia el propio interno --como en el caso de ex miembros de instituciones policíacas-- o que haya una afectación psicológica que pueda poner en riesgo al resto de la comunidad penitenciaria, entre otros supuestos.

Excepción en casos de delincuencia organizada

Se juzga conveniente prohibir que los indiciados y sentenciados por delitos de delincuencia organizada puedan compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, y por otra parte, que se destinen centros de reclusión especiales para estos mismos internos. De igual manera, es acertado avalar restricciones a las comunicaciones de estos internos con terceros, salvo con su defensor, e imponerles medidas de vigilancia especial, dada su alta peligrosidad.

Ahora bien, estas Comisiones consideran pertinente transformar el sistema penitenciario pero, esto no será posible si permanecen las prisiones bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo, es por tanto, que se acepta limitar la facultad del Ejecutivo únicamente a la organización de las prisiones y otorgar la facultad de ejecutar las sentencias al Poder Judicial.

Con esta división se le dará a cada ámbito de poder lo que le corresponde: al Poder Ejecutivo la administración de las prisiones y al Poder Judicial la de ejecutar las sentencias, que implica salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos, desviaciones y cumplimiento de los preceptos que en el régimen penitenciario puedan producirse.

Artículo 19

Cambio de denominación: auto de vinculación

En esta reforma se modifica el nombre del tradicional auto de sujeción a proceso para sustituirlo por el de auto de vinculación a proceso. La idea de sujeción denota justamente una coacción que por lo general lleva aparejada alguna afectación a derechos; en cambio, vinculación únicamente se refiere a la información formal que el ministerio público realiza al indiciado para los efectos de que conozca puntualmente los motivos por los que se sigue una investigación y para que el juez intervenga para controlar las actuaciones que pudiera derivar en la afectación de un derecho fundamental. Se continuará exigiendo, no obstante, acreditar el supuesto material.

Estándar para el supuesto material

Al igual que en el caso del artículo 16 constitucional, la nueva redacción del artículo 19 constitucional se prevé modificar el estándar probatorio para el libramiento del auto de vinculación a proceso. La razón de ello es fundamentalmente la misma que ya se expuso en su oportunidad al abordar el artículo 16. En este punto habría que agregar que el excesivo estándar probatorio que hasta ahora se utiliza, genera el efecto de que en el plazo de término constitucional se realice un procedimiento que culmina con un auto que prácticamente es una sentencia condenatoria. Ello debilita el juicio, única fase en la que el imputado puede defenderse con efectivas garantías, y fortalece indebidamente el procedimiento unilateral de levantamiento de elementos probatorios realizado por el ministerio público en la investigación, el cual todavía no ha sido sometido al control del contradictorio. La calidad de la información aportada por el ministerio público viene asegurada por el control horizontal que ejerce la defensa en el juicio, en tal sentido, no es adecuado que en el plazo de término constitucional se adelante el juicio.

Medidas cautelares y prisión preventiva

Para los efectos de evitar los excesos cometidos hasta ahora con la prisión preventiva, se acordó establecer el principio de subsidiariedad y excepcionalidad para la procedencia de este instituto. La aplicación de medidas cautelares, las cuales son auténticos actos de molestia, procederá únicamente cuando exista la necesidad de cautela del proceso o de protección de las víctimas. Esto quiere decir que sólo cuando exista necesidad de garantizar la comparecencia del imputado en el juicio; el desarrollo de la investigación; la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad; cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, procederá la aplicación de alguna medida cautelar de las que prevea la ley. La prisión preventiva sólo procederá cuando ninguna otra medida cautelar sea suficiente para el logro de los propósitos indicados.

Este nuevo diseño es acorde con el principio de presunción de inocencia. Diversos procesalistas clásicos y contemporáneos han hecho notar, con razón, la inevitable antinomia que supone afectar los derechos de las personas sometiéndolas a prisión preventiva, sin que antes se haya derrotado su presunción de inocencia en un juicio en el que se respeten todas las garantías del debido proceso. La antinomia es de por sí insalvable, pero para paliarla en alguna medida se prevé que la procedencia de tales afectaciones sea excepcional.

Otro de los elementos que se debe tener en cuenta es que las medidas cautelares sean proporcionales, tanto al delito que se imputa, como a la necesidad de cautela. Los riesgos mencionados con anterioridad admiten graduación y nunca son de todo o nada, dependerán de cada caso concreto. Por ello es que la necesidad de cautela siempre deberá ser evaluada por el ministerio público y justificada por él ante el juez, con la posibilidad de que tanto el imputado como su defensor ejerzan su derecho de contradicción en una audiencia.

Finalmente, la procedencia de las medidas cautelares deberá estar regida por el principio de subsidiariedad, de modo tal que siempre se opte por aquella medida cautelar que sea lo menos intrusiva para la esfera jurídica de los particulares. El propósito en este caso será provocar la menor afectación posible.

Prisión preventiva y delitos graves

A la regulación de las medidas cautelares en aquellos casos en los que se trate de delitos graves y de delincuencia organizada se le da un tratamiento diverso. Se pretende evitar que se produzca con el tema de los delitos graves y la delincuencia organizada, lo que hasta ahora ha venido sucediendo, es decir, que sea el legislador ordinario el que en definitiva decida a qué casos se aplica la Constitución y cuáles requieren un tratamiento excepcional por tratarse de delitos graves o delincuencia organizada. Debe apreciarse que se requiere una regulación especial de las medidas cautelares cuando se trate de estos casos, sin embargo, las excepciones tienen que estar previstas en el propio texto constitucional, ya que si se hace un reenvío a la ley, inevitablemente se debilita el principio de supremacía constitucional.

Cuando por primera vez se creó el sistema de delitos graves para la procedencia de la libertad provisional bajo caución, se tenía el propósito de que éstos fueran excepcionales. No obstante, la experiencia estatal y federal ha mostrado que este sistema excepcional ha colonizado el resto del ordenamiento. Hoy por hoy existe un enorme abuso de la prisión preventiva, toda vez que la mayoría de los delitos están calificados como graves por la legislación ordinaria. Con la finalidad de superar este estado de cosas se impone que sea la propia Constitución la que determine aquellos casos excepcionales, para los que bastará acreditar el supuesto material para que en principio proceda la prisión preventiva.

El propio artículo 19 constitucional establece la posibilidad de que los ordenamientos procesales de las entidades federativas y de la Federación, incorporen una excepción al diseño normativo de las medidas cautelares y de la prisión preventiva recién explicado. Se prevé que el juez aplique prisión preventiva para los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios especialmente violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, si el ministerio público logra acreditar, en audiencia, las condiciones exigidas para vincular a proceso por esos delitos.

La decisión sobre medidas cautelares es evidentemente revisable, tan es así que expresamente se prevé que se podrá revocar la libertad de los individuos ya vinculados a proceso, cuando se acrediten los extremos previstos en la propia Constitución y de conformidad con lo que disponga la ley.

Suspensión del plazo de prescripción de la acción penal y del proceso en delincuencia organizada

Para evitar que los procesados por delincuencia organizada se sustraigan con facilidad a la acción de la justicia se prevé la suspensión de la prescripción de la acción penal y del proceso, si ya se hubiere dictado el auto de vinculación por dicho delito.

Artículo 20

Proceso acusatorio

Un elemento clave para alcanzar la plena realización del objeto de esta reforma es crear las bases para un modelo procesal de corte plenamente acusatorio, disciplinado por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación e imparcialidad.

Una de las características más importantes del proceso de corte acusatorio es la estricta separación que debe existir entre el órgano de investigación y de persecución con el de jurisdicción. Dicho principio está ya reconocido por el artículo 21 constitucional y también por el 18 por lo que hace al Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, sin embargo, nuestra tradición legislativa configuró un proceso mixto que se alejó de este importante principio. Por este motivo, el primer párrafo del artículo 20 constitucional reafirma la naturaleza acusatoria del proceso.

Este dictamen plantea que el proceso será acusatorio y oral. La oralidad propiamente dicha no es un principio procesal, sin embargo, es el instrumento que permite actualizar y dar eficacia al resto de los principios que se explicarán a continuación. No es imaginable un proceso público si las actuaciones se desarrollan por escrito, en este tipo de procesos los jueces y el público se enteran al mismo tiempo de todas las actuaciones. Tampoco sería posible una adecuada continuidad en el desarrollo de las audiencias y la concentración en el desahogo de las pruebas si las actuaciones no se desarrollan oralmente. Sin la oralidad, tampoco cabe la existencia de interrogatorios ágiles que hagan posible la contradicción.

Cabe asimismo aclarar que la oralidad no sólo es una característica del juicio, sino de todas las actuaciones en las que deban intervenir todos los sujetos procesales. La oralidad presupone abandonar el sistema o la metodología de formación de un expediente hasta ahora en vigor, para sustituirla por una metodología de audiencias.

La metodología de audiencias, propia de este nuevo proceso, implica que las decisiones judiciales, sobre todo si afectan derechos, se adopten siempre frente a las partes, una vez que se les ha dado la oportunidad de contradecir la prueba y de ser escuchadas. Así pues, la oralidad no es una característica únicamente del juicio, sino de todo el proceso en general, incluidas las etapas preparatorias del juicio. Queda a salvo, por supuesto, la posibilidad de que el ministerio público solicite, sin presencia del imputado o su defensor, órdenes de aprehensión, cateo, intervención de comunicaciones privadas y reserva de actuaciones, entre otras diligencias que por su naturaleza requieran sigilo.

Estructura del artículo 20

La creación del proceso acusatorio exige la reestructuración del artículo 20 para dar cabida a los principios del debido proceso legal. Con el objeto de concentrar al máximo las reglas que disciplinan este tipo de procesos se decidió estructurar el artículo en tres apartados.

El apartado A comprende el diseño y las reglas generales del proceso penal en sus distintas fases, investigación sometida a control judicial, etapa de preparación de juicio oral, audiencias que requieren contradicción y juicio. Los apartados B y C prevén, respectivamente, los derechos de la persona imputada, y los de la víctima u ofendido.

Apartado A. Principios del proceso

La fracción I prevé el objeto del proceso penal que no es sino el esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, procurar que el culpable no quede impune y que el daño sea reparado.

Además de lo ya expuesto sobre la metodología de audiencias cabe indicar que los principios del proceso penal no sólo son aplicables al juicio propiamente dicho, sino a todas las audiencias en las que con inmediación de las partes se debata prueba. La fracción II de este apartado establece los principios de inmediación y de libre valoración de la prueba.

El principio de inmediación presupone que todos los elementos de prueba que son vertidos en un proceso y que servirán para la toma de decisiones preliminares en el proceso y la determinación de la responsabilidad penal de una persona, sean presenciados sin mediaciones o intermediarios por el juez en una audiencia, de modo tal que éste esté en aptitud de determinar, previa una valoración libre de la prueba ofrecida, la decisión en cuestión. Este método eleva enormemente la calidad de la información con la que se toma la decisión, toda vez que además de permitir un contacto directo con la fuente de prueba, la resolución se adopta después de escuchar a las dos partes.

El principio de libre valoración de la prueba es el que se asume para la toma de decisiones. Se adopta este principio porque los otros sistemas que han sido reconocidos históricamente para la valoración de la prueba en el derecho moderno, son notoriamente ineficaces para garantizar el carácter racional de la actividad jurisdiccional. En efecto, el sistema de la íntima convicción es propio de los sistemas en los que los juzgadores de hecho y los de derecho están separados, es decir, en aquellos sistemas que prevén el juicio por jurado. En esas tradiciones, el jurado no está obligado a motivar sus decisiones. Tal no será el caso en México, puesto que las decisiones de hecho serán adoptadas por jueces profesionales que estarán obligados a fundar y motivar sus decisiones, tal como lo ordena ya el artículo 16 constitucional.

El sistema de prueba tasada conduce a resultados insatisfactorios. En tales sistemas prevalece una valoración legislativa preconstituida de la prueba por encima de la determinación judicial --prueba plena y semiplena. A pesar de la pretendida objetividad de este sistema sus resultados son francamente pobres desde el punto de vista de la calidad de la información usada para la toma de decisiones. Esta apariencia de objetividad se deriva de su carácter enmascaradamente deductivo, que rehúsa una auténtica motivación desde los hechos. El conocimiento empírico en el derecho es primordialmente inferencial inductivo. Por tal motivo, los sistemas basados en la libre valoración y la sana crítica son los idóneos para hacer más fiable el conocimiento obtenido por medio del proceso penal.

La fracción III del Apartado A prevé la prohibición de dictar sentencias si las pruebas no son desahogadas en el juicio. El propio artículo prevé la excepción de la prueba anticipada que, aunque conservando todas las formalidades propias del juicio, se desahoga ante el juez de control antes de que el juicio tenga verificativo.

La prueba anticipada procede en aquellos casos en los que la prueba corra el riesgo de perderse si no se recaba anticipadamente. Una vez realizada la diligencia judicial de anticipo de prueba el resultado de la misma se incorpora por lectura al juicio oral.

Se prevé también una excepción a este principio para el caso en el que el imputado renuncia expresamente a su derecho a un juicio oral y acepte el hecho que se le imputa a cambio de algún beneficio legal. En esos casos será juzgado por el juez de control con los antecedentes que arroje la investigación del ministerio público.

Se prevé, finalmente, una tercera excepción a este principio para los casos de delincuencia organizada en los que no sea posible reproducir la prueba en juicio, ya sea porque el testigo murió por causa imputable al procesado o porque exista riesgo acreditado para testigos o víctimas. Esta posibilidad no obsta para que el imputado pueda objetar e impugnar la prueba ofrecida.

Para los efectos de garantizar la imparcialidad judicial y evitar que los jueces se contaminen con información que no haya sido desahogada en el juicio, se prevé que éste se desarrolle ante un juez o tribunal distinto al que haya conocido del caso previamente, en la fracción IV. Se trata de la separación de los órganos de jurisdicción de la primera instancia.

Una vez que se ha cerrado la investigación y se ha formulado una acusación, el juez de control que dicta el auto de vinculación y la resolución de apertura a juicio, deja de ser competente para conocer del juicio. La idea con esta previsión es que el juez o el tribunal del juicio no tenga sino el auto de apertura en el que se indique cuál es la acusación y la prueba que será desahogada en el juicio y que el órgano de decisión escuchará por primera vez.

En la fracción V se dispone un principio fundamental del proceso acusatorio que consiste en que el onus probandi corresponde a la parte acusadora y al principio de igualdad entre partes.

La fracción VI dispone la prohibición de que el juzgador tenga contacto con alguna de las partes sin que esté presente la otra. La idea de este planteamiento es nuevamente evitar que el juez sólo tenga información unilateral y que ello sesgue su criterio. Por supuesto se exceptúan de este dispositivo aquellas diligencias que solicite el ministerio público y que sean necesarias para garantizar la efectividad de la investigación.

La fracción VII señala que una vez iniciado el proceso penal, se podrá decretar su terminación anticipada, si el inculpado no se opone, en las condiciones que establezca la ley para tal efecto. En caso de que admita su participación en el delito, aunado a que existan medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez deberá citar a audiencia para dictar sentencia. Se remite a la ley para establecer los beneficios que podrán otorgarse por ello.

La fracción VIII dispone el estándar de prueba para la condena, que no es otro sino la convicción motivada para la condena. No se trata, como ya se expresó con anterioridad, de una convicción intima, sino de aquélla que pueda ser justificada a partir los elementos fácticos que el ministerio público logre probar.

La fracción IX se refiere a la cláusula de exclusión de prueba ilícitamente obtenida. La prohibición de prueba ilegal resulta fundamental para preservar la lealtad procesal de la policía y del ministerio público, así como para la profesionalización de la investigación.

La redacción que se eligió obedece a la necesidad de dimensionar adecuadamente esta figura procesal. Frente a otras alternativas que se encontraban en discusión se decidió adoptar aquella que refiere que será nula toda prueba que sea recabada con violación a derechos fundamentales, y no tan solo a violaciones legales. Ello es así porque algunas violaciones de dispositivos legales pueden ser saneados y corregidos en el curso del proceso, sin que ello se traduzca en la afectación de los derechos. Ampliar la exclusión de prueba a supuestos que no suponen indefensión o vulneración de otras garantías podría llegar a producir la repetición de actos procesales inútiles o la anulación de decisiones sobre la base de puros formalismos, lo cual puede afectar una efectiva procuración de justicia.

Finalmente, la fracción X dispone que todos los principios detallados en líneas que anteceden, deberán observarse también en las audiencias preliminares al juicio.

Apartado B. Derechos del imputado

En el Apartado B se establecen ahora los derechos de la persona imputada. A continuación se da cuenta de ellos. En primer lugar se reconoce expresamente el derecho a la presunción de inocencia.

El principio permite enmarcar el proceso como una práctica para obtener la prueba de que un sujeto ha cometido un delito, y mientras no se satisfaga, ningún sujeto puede ser considerado culpable ni sometido a pena. La culpa y no la inocencia debe ser demostrada.

En el orden jurídico mexicano ya está reconocido el principio en virtud de que el país ha suscrito diversos instrumentos internacionales que expresamente lo consagran como garantía. El principio de presunción de inocencia ha sido recogido por diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos, unos de carácter directamente vinculante y otros de vía indirecta. Entre los documentos internacionales con obligatoriedad jurídica que incluyen dicho principio se cuentan: Las Declaraciones Universal (articulo 11, párrafo 2) y Americana (artículo XXVI) de Derechos Humanos, del 10 de diciembre y 2 de mayo de 1948, respectivamente; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966 (artículo 14.2); la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 22 de noviembre de 1969 (artículo 8.2), así como por las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos (artículo 84, párrafo 2), adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955. A pesar de su amplio arraigo en el marco internacional de los derechos humanos, en nuestro medio su reconocimiento se ha verificado con muchas dificultades, de hecho, hasta el año de 1983, el entonces Código Penal Federal preveía justamente el principio inverso, es decir, la presunción de dolo.

Pero además de un principio fundamental para el procesamiento, la presunción de inocencia representa una obligación de trato hacia los imputados, de ahí que la regulación de las medidas cautelares se haya diseñado como se expuso más arriba.

La fracción II prevé el derecho a declarar o a guardar silencio. La garantía de la declaración preparatoria tradicionalmente ha sido la figura empleada en nuestro entorno para permitir que el imputado pueda contestar al cargo formulado por la parte acusadora. Se considera necesario rediseñar este derecho para los efectos de darle un alcance más genérico, no sujeto a limitaciones de tiempo --las tradicionales 48 horas cuando existía consignación con detenido-, ni con las formalidades tan excesivas que ahora se exigen. El derecho consiste en declarar, en el momento en que el imputado lo desee, o a guardar silencio, sin que este último pueda ser usado como indicio de culpabilidad en contra del imputado. El momento específico que se haga exigible este derecho es precisamente la detención.

La fracción III establece la garantía de dar a conocer al imputado el hecho que se le imputa desde el momento en que es detenido o en su primera comparecencia ante el ministerio público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Se prevé además una excepción para el caso de delincuencia organizada, en esos casos, podrá autorizarse mantener en reserva el nombre del acusador. Se prevé asimismo la posibilidad de otorgar beneficios a quienes colaboren eficazmente en la persecución de la delincuencia organizada.

La fracción IV establece el ya existente derecho a ofrecer la prueba pertinente. Una de las piezas centrales del derecho a la defensa lo constituye el derecho al ofrecimiento de prueba. El modo como se diseña este derecho consiste en establecer la condición de oportunidad para el ofrecimiento de prueba y también el auxilio que se pudiera requerir para obtener la comparecencia de testigos.

La fracción V prevé el derecho de ser juzgado en audiencia pública por un órgano jurisdiccional unitario o colegiado. El juicio oral es el horizonte último de toda la estructura del sistema de justicia penal. Sólo la existencia y efectividad de las garantías del juicio hacen viable y legítimo, desde una perspectiva democrática, la existencia de otras instituciones como las salidas alternas, las formas anticipadas de terminación de casos y la procedencia del procedimiento abreviado. Sin la existencia del juicio oral sería válida la crítica que muchos enderezan en contra de la denominada justicia negociada o por consenso, en el sentido de que admite un proceso penal sin prueba y sin verdad. No obstante, la posibilidad de un juicio con garantías como derecho fundamental del imputado permite hacer una anticipación de lo que en él ocurrirá y determinar la mejor forma en que se quiere enfrentar la persecución penal. Quien se sepa inocente optará siempre por un juicio oral para que se le absuelva.

La publicidad puede no obstante limitarse. En ocasiones es necesario limitar la publicidad de los juicios para los efectos de proteger bienes de superior jerarquía, es decir, cuando ello sea indispensable para la protección de las víctimas, de los testigos o de menores de edad. La restricción de la publicidad no debe por supuesto traducirse en la afectación del derecho a la defensa.

La protección de datos personales de terceros, como el caso de los secretos industriales, podrá también ser considerada para los efectos de restringir la publicidad de los juicios.

Debe finalmente señalarse que al ser la restricción de la publicidad una excepción a una regla general con contenido de garantía, deberá a su vez ser decretada limitadamente, es decir, en el grado estrictamente necesario para cumplir con la finalidad de protección.

La fracción VI prevé el derecho a la información. Como ya se señaló más arriba el derecho a la información es un derecho absolutamente fundamental. La regla general es que al imputado se le proporcione oportunamente toda la información necesaria para que ejerza su derecho a la contradicción y a la defensa. La información de la investigación cumplida deberá revelarse al imputado si éste es detenido; en el momento de ser citado en calidad de probable responsable; o bien cuando se le vincule a proceso. A partir de esos momentos se le deberán proporcionar todos los datos que el imputado solicite para su defensa y que obren en los registros de la investigación.

Uno de los presupuestos fundamentales de esta reforma constitucional es que la protección a los derechos humanos y las herramientas para una efectiva persecución penal son perfectamente compatibles. El hecho de que el imputado tenga derecho al acceso a toda la información no puede traducirse en que se abra una puerta para la destrucción de indicios y de medios de prueba necesarios para el éxito de las investigaciones delictivas. En este orden de ideas, esta Comisión considera indispensable introducir en la redacción de la fracción VI, la posibilidad de decretar la reserva de la investigación, incluso cuando ya se haya vinculado al imputado a proceso al imputado.

La reserva procedería únicamente con la finalidad de salvaguardar el éxito de la investigación y cuando ello resulte imprescindible para ese objeto. El juez de control sería el funcionario encargado de autorizar la reserva de la investigación a solicitud del ministerio público. Al igual que cualquier otra excepción a una garantía constitucional, su procedencia debe ser restrictiva y proporcional a las condiciones particulares del caso. La información no obstante tendrá que proporcionarse con tiempo suficiente antes del juicio para que el imputado ejerza su derecho de defensa.

La fracción VII se refiere al plazo razonable para el juicio. Se preserva la regla de que el inculpado será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa.

La fracción VIII prevé la regla del derecho a una defensa adecuada. Se considera indispensable asumir la propuesta objeto de este dictamen para los efectos de prever como un derecho constitucional irrenunciable, el derecho a la defensa adecuada por abogado, eliminando la tradicional figura de la persona de confianza. La persona de confianza no constituye en realidad garantía de nada y la posibilidad de que participe activamente en la defensa sólo se ha traducido en prácticas de corrupción y falta de profesionalismo.

La fracción IX establece nuevas reglas para limitar la prisión preventiva. Se prevé, además de la limitación de que no podrá exceder el máximo de pena privativa de libertad del delito de que se trate, que ya existe, una nueva regla de duración máxima de esta medida cautelar consistente en que la prisión preventiva no dure más de dos años si la demora es imputable al Estado.

Apartado C. Derechos de la víctima o del ofendido

El Apartado C del artículo 20 constitucional confiere ahora nuevos derechos a las víctimas de los delitos. Fundamentalmente, una participación más activa en el proceso mediante la introducción de novedosas figuras.

En esta reforma se conservan importantes derechos que ya han sido reconocidos con anterioridad. Tal es el caso de la garantía de la víctima para recibir asesoría jurídica por parte del ministerio público, a ser informado de los derechos y a recibir información del curso del caso durante su tramitación, si así lo solicita.

Se preservan también los derechos a recibir atención médica y psicológica, así como a contar otras medidas de protección y auxilio.

Se establece una nueva dimensión constitucional de la coadyuvancia para los efectos de que la víctima pueda intervenir directamente en el juicio e interponer los recursos en los términos que establezca la ley. Diversas entidades federativas como Baja California, Chihuahua, Morelos, Oaxaca y Zacatecas, han incorporado en sus ordenamientos procesales el instituto del acusador coadyuvante. Se trata de dar reconocimiento a la víctima como un auténtico sujeto procesal, es decir, permitir que pueda adherirse a la acusación del ministerio público. En aquellos ordenamientos se prevé la posibilidad de que la víctima nombre un representante legal para que litigue directamente en el juicio oral. Esta figura se incorpora ahora como una nueva garantía constitucional, con el objeto de que exista la posibilidad para las víctimas de defender directamente sus intereses. Ello no significa por supuesto que el ministerio público no esté obligado a dar un efectivo servicio de calidad a las víctimas y a representar sus intereses.

Se prevén, como nuevas garantías para las víctimas, la posibilidad de resguardar su identidad cuando se trate de menores de edad, o bien cuando se trate de víctimas de violación, secuestro, delincuencia organizada; siempre que el juzgador estime que es necesario para su protección.

Se establece, asimismo, la obligación del ministerio público para diseñar estrategias para la protección de las víctimas y los ofendidos, testigos y todos los demás intervinientes en el proceso.

Además de lo anteriormente indicado se amplía el alcance del derecho a impugnar las resoluciones de no ejercicio de la acción penal para los efectos de que comprenda todas las formas en que ello puede suceder, es decir, cuando se trate del desistimiento y de la reserva. Diversos criterios jurisprudenciales ya preveían esos extremos, los cuales ahora se reconocen expresamente en la Constitución.

Artículo 21

En la redacción que se propone para el artículo 21, se considera procedente la existencia de una nueva regulación nacional y general de bases de coordinación de los elementos que componen el Sistema Nacional de Seguridad Pública; donde expresamente se contemple la coordinación del ministerio público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, para lograr la integración nacional de los esfuerzos de seguridad pública pero siempre en el marco del respeto al federalismo.

Así, la ley que se emita en la materia, donde se sienten las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, deberá establecer específicamente, cuando menos, varios elementos. El primero deberá regular la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. El segundo, deberá establecer, como elemento básico, la carrera policial a nivel nacional con carácter homogéneo. Así también, se deberá regular específicamente la certificación de los elementos de policías y agentes del ministerio público, que no implica solamente su registro en el sistema para evitar que ingresen aquellos que hayan cometido delitos o formen parte de la organizaciones ilícitas; sino también, y fundamentalmente, que existan certificaciones para que los elementos policíacos tengan los conocimientos y habilidades necesarias para realizar su función, siempre en un marco de irrestricto respeto a los derechos humanos. Así, por ejemplo, para que un elemento de policía municipal, estatal o federal, que no esté adscrito a las agencias estatales o federal de investigaciones, pueda realizar funciones de investigación preventiva o coadyuvar con el ministerio público, deberá estar plenamente certificado que cuenta con los conocimientos jurídicos y de respeto a los derechos humanos, así como con las habilidades y destrezas que le permitirán hacer efectivamente sus trabajos.

Esto significa que, en el espíritu federalista que inspira a esta reforma, las leyes generales establecidas por el Congreso de la Unión, deberán ser adecuadas y adaptadas a cada uno de las realidades y situaciones de la geografía nacional mediante leyes que los órganos legislativos de los estados harán en los términos del sistema.

Por otra parte, el artículo 21 de la Constitución ha sido reformado para establecer la relación entre el ministerio público y las policías en torno a la investigación de los delitos además de la investigación de inteligencia y preventiva.

De la misma manera que en la mayoría de los países del mundo la conducción y mando de las policías en el ejercicio de la función de investigación de delitos estará a cargo del ministerio público. Estas policías podrán realizar funciones de análisis e investigación, pero de manera taxativa en el momento en que la policía encuentre un delito deberá notificarlo y denunciarlo ante el ministerio público de manera inmediata. Este primer párrafo del artículo 21 debe leerse de manera integral con los últimos párrafos del artículo 21 y en consecuencia los policías que realicen la función de investigación deberán estar certificados, y tener no solo los conocimientos y habilidades para desarrollar técnicamente la función sino en la regulación jurídica y el respeto irrestricto a los derechos humanos en funciones de investigación. La tesis sostenida por el constituyente permanente para aprobar estos cambios implica la necesidad absoluta de coordinarse para los fines de la seguridad pública entre los agentes del ministerio público y los elementos de policías. Coordinarse para lograr la investigación, significa que cada uno de ellos deberá ejercitar sus atribuciones de manera tal que se logre el objetivo de la investigación pero siempre cuado se trata de la investigación de delitos bajo la conducción y mando del ministerio público en ejercicio de la función.

Esta dirección y mando de la investigación por parte del ministerio público representa una dirección funcional de las labores de investigación y es independiente de la jerarquía de la cual depende la policía, pudiendo estar administrativamente asignada a otros órganos, secretarías o incluso municipios o bien como en las agencias de investigación de delitos, policías ministeriales o judiciales, según corresponda, de las procuradurías estatal o federal. Esto significa que será el legislador estatal o federal el que determinará como será esta relación.

Acción penal privada

En otro orden de ideas, la posibilidad de ejercer directamente la acción penal la tendrá la víctima en el nuevo sistema, sin perjuicio de que el ministerio público pueda intervenir en estos supuestos para salvaguardar el interés público. Se prevén dos modalidades, la relativa a la posibilidad de que se adhiera a la acusación del ministerio público, la cual ya fue explicada al abordar el tema de la intervención en juicio, y el ejercicio autónomo de esa facultad para determinado casos previstos en la ley. El ejercicio de la acción penal en estos supuestos será evidentemente excepcional, sólo en aquellos casos en los que el interés afectado no sea general. Al igual que en el caso de la coadyuvancia, esta posibilidad no debe traducirse en que el ministerio público desatienda los casos, deberá tener la intervención que ya de por sí le confiere el artículo 21. Tales posibilidades permitirán hacer más transparente la procuración y la administración de justicia, toda vez que se da pauta para la existencia de un control ciudadano sobre las funciones de procuración de justicia.

Criterios de oportunidad

El deber de racionalizar y de generar una política coherente de persecución penal es ya ineludible como directriz para la eficaz administración de recursos públicos, sortear los problemas económicos y maximizar hasta el máximo los recursos disponibles y la consecución de los objetivos político-criminales deseados.

La aplicación irrestricta del principio de oficiosidad en la persecución penal genera una sobrecarga del sistema de justicia con delitos menores que en nada afectan el interés público pero que las autoridades de persecución penal se ven precisados a perseguir, en virtud de una mal entendida inderogabilidad de la persecución penal, que provoca costos constantes de persecución en asuntos que no lo ameritan. En esa tesitura es que se considera necesario conferir al Ministerio Público la facultad para aplicar criterios de oportunidad, que le permitan administrar los recursos disponibles de persecución y aplicarlos a los delitos que más ofenden y lesionan a los bienes jurídicos de superior entidad.

Es claro que los criterios de oportunidad no serán aplicables cuando se trate de intereses públicos de capital importancia. Asimismo, se preserva la posibilidad de impugnación del no ejercicio de la acción penal ante las autoridades judiciales.

Artículo 22

En el actual primer párrafo del artículo 22 se propone establecer el principio de que toda pena debe ser proporcional al delito que se sancione y al bien jurídico afectado. Con lo anterior se pretende que el legislador secundario, al momento de determinar las penas, busque la congruencia entre la sanción y la importancia del bien jurídico que se tutela. Así, entre mayor sea la afectación, la pena deberá ser mayor, y viceversa.

Por otra parte, se estima indispensable reestructurar el resto del artículo en comento, a fin de clarificar y ordenar las figuras que nuestra Constitución prevé como una excepción a la confiscación de bienes, tales como la aplicación de bienes para el pago de multas e impuestos; el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito; el decomiso en caso de enriquecimiento ilícito; la aplicación de bienes asegurados que causen abandono, y la extinción de dominio.

Con la extinción de dominio se buscó crear una figura más novedosa y menos complicada en su aplicación, que permita al Estado aplicar a su favor bienes respecto de los cuales existan datos para acreditar que son instrumento, objeto o producto de actividades de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, o que están destinados a ocultar o mezclar bienes producto de tales delitos.

Dicha modificación tiene como objetivo el enfrentar a la delincuencia de manera sistémica, afectando directamente a la economía del crimen, aumentando sus costos y reduciendo sus ganancias, así como el ataque frontal a los factores que causan, asocian, propician o promueven el comportamiento delictivo.

Cabe señalar que, en la actualidad, la suerte de los bienes instrumento, objeto o producto de un delito depende, en primer término, de que exista un aseguramiento. Asimismo, es indispensable esperar la declaratoria de responsabilidad penal plena de una o varias personas. Sin embargo, en ocasiones los bienes pueden no tener una relación directa con los procesados, aún cuando haya elementos para determinar que son instrumento, objeto o producto del delito, o están destinados a ocultar o mezclar bienes producto de un delito.

En este sentido, con la finalidad de encontrar una herramienta eficaz que coadyuve a desmembrar las organizaciones delictivas y limitar sus efectos nocivos, impedir que se reproduzcan, pero principalmente decomisar sus activos, se considera necesario crear un procedimiento jurisdiccional y autónomo del proceso penal.

Esta vía procederá para declarar la extinción del dominio de los bienes que:

Por último, a fin de respetar la garantía de audiencia de cualquier persona que se considere afectada, se estima pertinente señalar que en contra del procedimiento de extinción de dominio procederán los recursos para acreditar la procedencia lícita de los bienes y la actuación de buena fe, así como que existía la imposibilidad de conocer su utilización ilícita.

Artículos 73 y 115

La primera reforma que se propone es a la fracción XXI del artículo 73 constitucional, a efecto de que sea facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia de delincuencia organizada, lo que significa que sólo la Federación conocerá de delitos de esta naturaleza. En el régimen de transitoriedad, que se analiza más adelante, se prevé que las legislaciones en dicha materia de las entidades federativas, continuarán en vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión ejerza la facultad que ahora se le confiere.

Por otra parte, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, contemplado en las reformas contenidas a los artículos 21, 73 fracción XXIII, y 115 de esta Constitución, permitirá la coordinación de acciones en la materia con una visión federal, estatal y municipal, y elementos básicos de control por parte del Sistema Nacional. Esta reforma permitirá la evolución del Sistema creado en 1995, que no ha garantizado a cabalidad que el servicio público de Seguridad Pública se preste con calidad, a pesar de la amplia inversión presupuestal realizada.

Para la reforma del Sistema Nacional de Seguridad Pública se valoró el estado actual tanto del sistema como de las policías municipales, estatales y federales. Se identificó que existen diversas calidades y cualidades que varían por regiones e incluso por procesos de desgaste, corrupción y, en algunas ocasiones, como se ha reconocido, por la infiltración del narcotráfico en sus estructuras. Así, mientras hay Estados y municipios que tienen cuerpos policíacos bien capacitados y formados, existen otros en situación menos favorable. A pesar de avances innegables, las propias Instituciones federales de policía no han logrado consolidarse como instituciones profesionales y de vanguardia. La Policía Federal Preventiva, a pesar de haber sido constituida hace más de diez años, todavía esta intentando consolidarse en un plan de acción para lograr eficiencia.

Es necesario por tanto revisar el conjunto del sistema de seguridad pública a efecto de que sea congruente con la realidad de nuestro país, dotando a las instituciones de las atribuciones necesarias para cumplir su cometido. Ello, desde luego, con un equilibrio indispensable que evite cualquier abuso o peor aún la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Así, en el primer párrafo del artículo 21 se hace la precisión de que la función de investigación de los delitos corresponde, tanto a las policías, como al ministerio público. Esto es una necesidad, si se considera que el monopolio de la investigación, al menos en la literalidad del texto, corresponde exclusivamente en la actualidad a las Procuradurías. Esto ha traído como consecuencia el interpretar que las policías, aún las ministeriales, no pueden realizar absolutamente ninguna de las fases dentro de la investigación.

Esta apreciación es incorrecta, si se piensa que, conforme a los modelos más avanzados de investigación, corresponde a la policía realizar tareas fundamentales, como la conservación de la escena del crimen, el recopilar en los instantes inmediatos posteriores a la comisión de aquél, datos o evidencias que serán imprescindibles para asegurar un proceso penal exitoso.

Es importante dejar muy claro que la actuación de las policías, en el ejercicio de la función investigadora, será siempre bajo la dirección y conducción del ministerio público, es decir, éste no pierde con la reforma su carácter de controlador y eje rector de la fase investigadora.

Otro avance, sin duda fundamental, consiste en que el nuevo texto propuesto no prejuzga sobre la adscripción orgánica de la policía investigadora. Esto significa que corresponderá tanto a la Federación como a los estados, decidir, en su propia legislación, la ubicación que consideren óptima para esta policía: bien dentro de la propia Institución investigadora (procuradurías), bien en otra dependencia de la administración pública como sucede en la mayoría de los países.

Independientemente de todo lo anterior, estas Comisiones han considerado que es necesario desarrollar con amplitud un sistema de seguridad, basado en la coordinación, pero que establezca bases mínimas para la regulación de las instituciones policiales en todo el país. Al efecto, se propone conformar un Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Este sistema estaría concebido, en primer lugar, para prever la regulación del servicio de carrera policial, es decir, la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. Desde luego que la operación y desarrollo de la carrera policial se desarrollará fundamentalmente en los municipios, estados y Distrito Federal, pero ello con sujeción a estas bases.

En segundo lugar, se pretende que abarque los aspectos relativos a las bases criminalísticas y de personal.

De particular importancia, resulta la prevención en el sentido de que, a partir de que empiece a funcionar el sistema, ninguna persona podrá ingresar a las instituciones si no ha sido debidamente certificado y registrado.

La participación social es un elemento imprescindible para el éxito del sistema. Por ello, se ha considerado pertinente incluir que las bases del sistema deben imperativamente tomar en cuanta la participación de la sociedad, para que ésta pueda coadyuvar, entre otros aspectos, en la evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de los resultados de las propias instituciones.

Finalmente, se considera llevar al texto de la Constitución una norma ahora vigente en las disposiciones presupuestarias en el sentido de precisar que los fondos que la Federación entregue a entidades y municipios para la seguridad pública, no podrán ser destinados a un fin distinto.

Para efectos de dar congruencia al sistema, se propone una reforma adicional al texto del artículo 115, en su fracción VII, para especificar que será una ley de las legislaturas de los estados la que regirá a las policías preventivas, con el propósito de que exista un mínimo de homologación, al menos al interior de cada uno.

Es importante señalar que con esta modificación queda intacta la norma que señala que la policía preventiva esté al mando del presidente municipal, lo que quiere decir, que tal y como sostiene la jurisprudencia de la Suprema Corte, la facultad de nombramiento del mando de la policía municipal seguirá estando a cargo de dicho funcionario.

Artículo 123

Los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, constituyen el pilar sobre el cual debe conducirse todo servidor público. Ello es particularmente importante tratándose de los miembros de las instituciones policiales, de la procuración de justicia y la investigación de los delitos.

La intención de contar con agentes ministeriales y policías eficientes, honestos y confiables, que puedan combatir de forma profesional, ética y efectiva la delincuencia, es una preocupación que dio origen a la reforma al artículo 123 constitucional de fecha 3 de marzo de 1999. En esa ocasión el constituyente pretendió incorporar mecanismos más eficientes para separar de la función a los elementos que, por cualquier circunstancia, se apartaran de los principios rectores de la carrera policial. Al efecto, se señaló que: ``...Los buenos elementos de las instituciones policiales y de seguridad pública deben contar con sistemas que les permitan hacer una carrera profesional, digna y reconocida por la sociedad. Sin embargo estos sistemas deben también permitir a las autoridades separar oportunamente a los elementos que abusen de su posición y, corrompan las instituciones...''

Lo anterior buscaba remover de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia a los malos elementos, sin que procediese su reinstalación, cualquiera que hubiera sido el sentido de la resolución jurisdiccional respecto del juicio o medio de defensa promovido y, en caso de que aquélla resultara favorable para los quejosos, sólo tendrían derecho a una indemnización.

Sin embargo, posteriormente diversos criterios judiciales permitieron, de hecho, la reinstalación de dichos elementos a sus cargos. Ello debido a que, las sentencias de amparo, aún y cuando sean sólo para efectos, producen como consecuencia que las cosas regresen al estado en que se encontraban y, por consecuencia, a que el mal servidor público permanezca en la institución.

Ante ello, la intención de la presente reforma a la fracción XIII del Apartado B, del artículo 123, es determinar que en caso de incumplir con las leyes que establezcan las reglas de permanencia o al incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, los agentes del ministerio público, los peritos, y los miembros de las instituciones policiales de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios serán separados o removidos de su cargo sin que proceda, bajo ningún supuesto, la reinstalación o restitución en sus cargos. Esto es, que aún y cuando el servidor público interponga un medio de defensa en contra de su remoción, cese o separación, y lograra obtener una sentencia favorable, tanto por vicios en el procedimiento que propicien la reposición del procedimiento como por una resolución de fondo, el Estado podrá no reinstalarlo. En cambio, en tales supuestos, sí estará obligado a resarcir al afectado con una indemnización.

Se ha considerado importante incluir a los agentes del ministerio público y peritos en ésta previsión constitucional, en la medida que son elementos fundamentales en el proceso de procuración de justicia e investigación y se requiere mantener su desempeño en los principios de profesionalismo, la ética y eficiencia plena en sus ámbitos laborales.

La confiabilidad de los dictámenes periciales constituye un elemento trascendental para las resoluciones del órgano jurisdiccional en su ámbito de competencia, y en su caso, le permite a la autoridad ministerial perfeccionar la integración de las indagatorias para una mejor persecución de delitos, en tanto que a la persona imputada le otorga mayores mecanismos de defensa ante una posible imputación infundada.

Por todo lo anterior, se propone hacer aplicable a los servicios periciales, los cuales ya cuentan con la motivación de un servicio de carrera, el régimen constitucional previsto para ministerios públicos y policías, en cuanto a los sistemas de separación, cese o remoción.

Como medida de combate a la corrupción en las instituciones policiales y de procuración de justicia, la reforma es contundente al señalar que elementos que han incurrido en incumplimiento o falta grave prevista en sus ordenamientos disciplinarios o laborales, no podrán ser restituidos en sus cargos por significar una falta a los valores institucionales de rectitud y alto valor ético que se requiere en el sistema de seguridad pública e impartición de justicia, que es pieza fundamental en el espíritu de la reforma.

Como podrá observarse, esta reforma propicia un sano equilibrio entre, por un lado, la necesidad de mantener un servicio de carrera, necesario para motivar al personal a tener una expectativa de profesionalización y crecimiento y, por el otro, el imperativo de contar con mecanismos eficientes de depuración de los elementos que se apartan de los principios de ética y ensucian y dañan a las instituciones.

Finalmente, de conformidad con la iniciativa de reforma a la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, presentada el pasado 15 de noviembre, ante el pleno del Senado de la República, se retoma como prioridad elevar el nivel de calidad de vida de los agentes del ministerio público, miembros de corporaciones policiales y peritos, así como de sus familias y dependientes, mediante sistemas complementarios de seguridad social que podrán establecer las autoridades del gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios a favor de ellos.

Régimen de transitoriedad

La reforma en materia de justicia es sin duda una tarea de enorme envergadura y que, por tanto, demanda un enorme esfuerzo, pero también un cuidado extremo. Las fallas en su instrumentación pueden ocasionar problemas graves que incluso han llevado al fracaso a reformas similares en otras latitudes.

El sistema federal acentúa la necesidad de cuidar el aspecto temporal de instrumentación, ya que, a diferencia de los Estados con un régimen unitario o centralista, en nuestro país un cambio como el propuesto requiere la actuación del Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y el órgano legislativo del Distrito Federal.

Lo anterior debe hacerse, además, de manera gradual, de tal manera que se permita a los integrantes de la Unión avanzar a su propio ritmo. Desde luego, con un plazo máximo que garantice a todos los mexicanos que al, agotarse éste, México contará con un procedimiento penal más justo, más eficiente, más expedito. Por ello, esta Soberanía plantea un régimen transitorio detallado que recoja los imperativos apuntados.

Así, se establece en primer término la regla general que dispone que el Decreto de reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. No obstante, se aclara enseguida que habrá una serie de excepciones que se explican de la manera siguiente:

a) El nuevo sistema procesal penal acusatorio, entraría en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria (federal o local), pero sin que en ningún caso se pueda exceder un plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación del Decreto de reforma a la Constitución Federal.

b) Como consecuencia de lo anterior, se prevé en el propio segundo transitorio la obligación de la Federación, de los Estados y del Distrito Federal, de expedir y poner en vigor, en el ámbito de sus respectivas competencias, las modificaciones -o incluso nuevos ordenamientos legales- que sean necesarios para la adopción del nuevo sistema.

Una consideración importante, consiste en la prevención de que los distintos niveles de gobierno podrán adoptar dicho sistema de manera gradual, ya sea con una aplicación por regiones, o bien, que el nuevo proceso se vaya aplicando a determinadas conductas delictivas hasta que pueda aplicarse a la totalidad de los tipos penales.

c) Debido a la complejidad de las reformas, es necesario dotar a los diferentes actores que intervienen en el proceso penal, es decir, ministerios públicos, jueces, inculpados y víctimas, entre otros, de total certeza jurídica frente a la adopción de un proceso penal que efectivamente vendrá a modificar ancestrales tradiciones y comportamientos, así como a redefinir o incrementar las garantías previstas en esta materia.

Para ello, se propone que, en el momento en que se publiquen los ordenamientos legales que instrumentarán la reforma constitucional, los poderes legislativos competentes deberán emitir una declaratoria. Se trata de un acto formal, en el que se señale expresamente el momento preciso en que el sistema procesal penal acusatorio cobra vigencia y ha sido incorporado en las leyes aplicables. Este acto serviría además para explicar a los ciudadanos, en cada entidad federativa, los principios y garantías que regularán la forma y términos en que se substanciarán los procedimientos penales. Desde luego que esta declaratoria se publicaría en los órganos de difusión oficiales.

d) No escapa a esta Soberanía el hecho de que algunas entidades federativas del país han puesto en marcha reformas tendientes a establecer un sistema acusatorio en el ámbito territorial correspondiente. Para estos casos, se considera necesario que la Constitución prevea, en un artículo tercero transitorio, una fórmula que les permita mantener sus propias reformas y que, adicionalmente, tengan la garantía de que las actuaciones procesales y juicios que han llevado a cabo son plenamente válidos y no se afectan por la entrada en vigor de la reforma a la Constitución Federal. Con ello, se elimina cualquier riesgo de combatir tales procesos y juicios bajo el argumento de que no había sustento constitucional para celebrarlos.

Por otra parte, algunas de estas entidades están a la espera de la reforma que ahora se aprueba, con el objeto de hacer ajustes a sus ordenamientos y completar o impulsar sus propias reformas. Esto lo podrán hacer dentro del plazo de ocho años ya descrito.

e) El punto de partida para la aplicación del nuevo sistema acusatorio es un aspecto crucial en la reforma que ahora nos ocupa, ya que consiste en definir a partir de qué momento se aplicará el nuevo régimen.

Al respecto, las experiencias internacionales en esta misma materia dan cuenta de que no es aconsejable aplicar el nuevo sistema a procedimientos penales en curso. En efecto, lo óptimo en este tipo de medidas es empezar con un factor cero, es decir, que la reforma sólo sea aplicable a los procedimientos iniciados una vez que entró en vigor el mencionado sistema. Esta aclaración, prevista en el transitorio cuarto, es además sin duda necesaria, para evitar a toda costa que los inculpados sujetos a proceso obtengan la aplicación en su favor de reglas posteriores que consideren más benéficas, previstas en el nuevo sistema. Dicho de otra manera, el éxito de la reforma implica hacer una excepción al principio de retroactividad, en beneficio, en materia penal.

f) En otro orden de ideas, y dado que la reforma que ahora se aprueba traslada al ámbito del Congreso Federal la facultad de legislar en materia de delincuencia organizada, también es necesario hacer dos precisiones importantes: En primer lugar es pertinente mantener la vigencia de las legislaciones locales en esta materia hasta en tanto el Congreso de la Unión ejerza la facultad conferida en el artículo 73, fracción XXI, de esta Constitución, con el objeto de evitar lagunas legales que propiciarían la imposibilidad de perseguir a la delincuencia organizada. En segundo lugar, es imprescindible dejar claro que los procesos penales iniciados con fundamento en dichas legislaciones, así como las sentencias emitidas con base en las mismas, no serán afectados por la entrada en vigor de la legislación federal. Por lo tanto, deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de esta última.

Independientemente de todo lo anterior, esta representación popular ha considerado necesario poner un plazo máximo de seis meses para que el Congreso Federal discuta y apruebe la ley que establezca el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo propio deberán hacer las entidades federativas, contado para ello con un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Lo anterior es un imperativo dada la importancia de los contenidos previstos para estas leyes y el impacto que tendrán en el desarrollo futuro de las instituciones policiales de todo el país y considerando la imperiosa necesidad de avanzar en los procesos homogéneos de reclutamiento, selección, promoción, certificación y profesionalización, así como en la creación e interconexión de bancos de datos como herramientas imprescindibles para mejorar la lucha contra la delincuencia en todo el territorio nacional.

Por otra parte, la experiencia internacional también ha demostrado que una reforma de esta envergadura requiere una cantidad significativa de recursos financieros. Sin éstos, la reforma estaría condenada el fracaso, ya que se requiere invertir, señaladamente, en la capacitación de ministerios públicos, jueces, magistrados, defensores públicos, entre otros, así como la inversión en infraestructura inmobiliaria para la adecuación al desarrollo de las audiencias. Por ello, en un artículo séptimo transitorio, se plasma la obligación de Federación y de las Legislaturas de las entidades federativas de destinar los recursos necesarios para la reforma del sistema de justicia penal.

De igual importancia resulta también el contar con una instancia coordinadora de los esfuerzos nacionales para llevar a buen puerto la reforma, tanto a nivel federal como de las entidades federativas. En esta instancia deben de participar, además de los Poderes de la Unión, otras instancias, como las organizaciones sociales o académicas que puedan aportar su conocimiento, trabajos estadísticos y experiencia en el litigio que enriquezcan la implantación del nuevo proceso penal.

Esta instancia se crea en el artículo octavo transitorio del Decreto y prevé su establecimiento dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor de la reforma. Desde luego se prevé dotar a esta instancia de una secretaría técnica que actúe como la parte ejecutiva u operativa para promover y apoyar a los distintos poderes, dependencias o entidades en el largo camino que ahora se inicia.

Finalmente, y como un aspecto independiente de los relativos al régimen de transición para la aplicación del nuevo sistema, se prevé un artículo décimo transitorio dedicado a regular el arraigo domiciliario.

El carácter de transitoriedad de esta medida cautelar, estriba en el hecho de que su existencia es considerada como incompatible o innecesaria dentro de los sistemas penales acusatorios.

No obstante, es necesario reconocer que su desaparición inmediata privaría a las autoridades de procuración de justicia, federal y locales, de una herramienta que actualmente está prevista en la mayoría de los códigos adjetivos y, por tanto, debe subsistir al menos hasta que entre en vigor el sistema procesal acusatorio.

Para evitar que la utilización indiscriminada de esta medida, se ha considerado pertinente establecer en el propio transitorio las hipótesis precisas para su procedencia, así como el máximo de su duración.

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del ministerio público . Existirá un registro inmediato de la detención.

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el ministerio público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.

La autoridad judicial, a petición del ministerio público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el ministerio público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.

Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia.

Ningún indiciado podrá ser retenido por el ministerio público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.

En los casos de delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación, autorizado en cada caso por el Procurador General de la República tendrá acceso directo a la documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral y aquélla que por ley tenga carácter reservado, cuando se encuentre relacionada con la investigación del delito.

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del ministerio público , se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

La policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas, así como en el caso de flagrancia cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado, en los términos del párrafo cuarto de este artículo.

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del ministerio público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.

Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y ministerio público y demás autoridades competentes.

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio.

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.

La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley.

En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente.

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del ministerio público.

Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.

Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación y la salud como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

La Federación, los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.

La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.

La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente.

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves.

Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de reinserción social previstos en este artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero común, podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso.

Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad.

Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad.

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión .

El ministerio público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso.

El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad.

Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso . Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente.

Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal.

Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

A. De los principios generales:

I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;

II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica.

III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo.

IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral;

V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente.

VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución;

VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad.

VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado;

IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula; y

X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio.

B. De los derechos de toda persona imputada:

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio.

III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el ministerio público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador.

La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada;

IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley;

V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo.

En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas . Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra.

VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.

El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa;

VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;

VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público . También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y

IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.

La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.

En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.

C. De los derechos de la víctima o del ofendido:

I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;

II. Coadyuvar con el ministerio público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.

Cuando el ministerio público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;

III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el ministerio público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;

V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.

El ministerio público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;

VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos;

VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del ministerio público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al ministerio público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al ministerio público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagaré la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.

Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

El ministerio público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.

El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución .

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El ministerio público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública.

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:

I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal.

II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes:

a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.

b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.

c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.

d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.

III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XX. ...

XXI. Para establecer los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse, así como legislar en materia de delincuencia organizada.

XXII. ...

XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución .

XXIV. a XXIX-N. ...

Artículo 115. Los Estados adoptarán...

I. a VI. ...

VII. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.

...

VIII. ...

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

Apartado A....

Apartado B...

I. A XII.

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del ministerio público, peritos y los miembros de las instituciones policiales , se regirán por sus propias leyes.

Los agentes del ministerio público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del ministerio público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.

El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones.

XIII bis. a XIV. ...

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en los artículos transitorios siguientes.

Segundo. El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimoquinto; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto.

En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. La Federación, los Estados y el Distrito Federal adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito.

En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se refiere el párrafo anterior, los poderes u órgano legislativos competentes deberán emitir, asimismo, una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en la que señale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que consagra esta Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se substanciarán los procedimientos penales.

Tercero. No obstante lo previsto en el artículo transitorio segundo, el sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimoquinto; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19,; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, en las entidades federativas que ya lo hubieren incorporado en sus ordenamientos legales vigentes, siendo plenamente válidas las actuaciones procesales que se hubieren practicado con fundamento en tales ordenamientos, independientemente de la fecha en que éstos entraron en vigor. Para tal efecto, deberán hacer la declaratoria prevista en el artículo transitorio segundo.

Cuarto. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimoquinto; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto.

Quinto. El nuevo sistema de reinserción previsto en el párrafo segundo del artículo 18, así como el régimen de modificación y duración de penas establecido en el párrafo tercero del artículo 21, entrarán en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de tres años, contados a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto.

Sexto. Las legislaciones en materia de delincuencia organizada de las entidades federativas, continuarán en vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión ejerza la facultad conferida en el artículo 73, fracción XXI, de esta Constitución. Los procesos penales iniciados con fundamento en dichas legislaciones, así como las sentencias emitidas con base en las mismas, no serán afectados por la entrada en vigor de la legislación federal. Por lo tanto, deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de esta última.

Séptimo. El Congreso de la Unión, a más tardar dentro de seis meses a partir de la publicación de este Decreto, expedirá la ley que establezca el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las entidades federativas expedirán a más tardar en un año, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las leyes en esta materia.

Octavo. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los estados y el órgano legislativo del Distrito Federal, deberán destinar los recursos necesarios para la reforma del sistema de justicia penal. Las partidas presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente decreto y en los presupuestos sucesivos. Este presupuesto deberá destinarse al diseño de las reformas legales, los cambios organizacionales, la construcción y operación de la infraestructura, y la capacitación necesarias para jueces, agentes del ministerio público, policías, defensores, peritos y abogados.

Noveno. Dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto se creará una instancia de coordinación integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del sector académico y la sociedad civil, así como de las Conferencias de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y de Presidentes de Tribunales, la cual contará con una secretaría técnica, que coadyuvará y apoyará a las autoridades locales y federales, cuando así se lo soliciten.

Décimo. La Federación creará un fondo especial para el financiamiento de las actividades de la secretaría técnica a que se refiere el artículo transitorio octavo. Los fondos se otorgarán en función del cumplimiento de las obligaciones y de los fines que se establezcan en la Ley.

Décimo Primero. En tanto entra en vigor el sistema procesal acusatorio, los agentes del ministerio público que determine la ley podrán solicitar al juez el arraigo domiciliario del indiciado tratándose de delitos graves y hasta por un máximo de cuarenta días.

Esta medida será procedente siempre que sea necesaria para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra el diputado César Camacho Quiroz, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Peligrosas organizaciones criminales que le han robado la tranquilidad a la población, cada vez se hacen más fuertes, aprovechando cuantiosos recursos mal habidos. Es evidente el agotamiento del sistema de justicia, encuestas y testimonios muestran que nadie está conforme, ni las víctimas que no encuentran protección y difícilmente la reparación del daño sufrido, ni los inculpados, cuyos derechos son frecuentemente atropellados en juicios incomprensibles para ellos.

El entramado jurídico y las instituciones que lo aplican, creadas para hacer justicia, se han vuelto, paradójicamente, injustas. Esta gran nación afronta el desafío y habrá de salir avante. Esta compleja circunstancia por supuesto que tiene solución.

Es así que a partir del dictamen que discutiremos enseguida se propone reformar integralmente el sistema de justicia penal, migrando del actual modelo mixto preponderantemente inquisitivo, a uno garantista de corte acusatorio y oral, adaptado a las condiciones y la cultura jurídica mexicanas y orientado, por la urgente necesidad de abatir los alarmantes índices de delincuencia y evitar la impunidad, garantizando el respeto por los derechos de todos.

Estamos, y no es un exceso retórico, creando un nuevo modelo, el modelo mexicano de justicia penal. Pero la cuestión no es precisar los objetivos de la justicia, sino la manera razonable y eficaz de realizarlos, como aseguró con razón Norberto Bobbio, al reflexionar sobre el futuro de la democracia. En México, la afirmación era válida hasta hoy.

El dictamen que se somete a su consideración es suma de voluntades. En él se expresan las principales preocupaciones que legisladores, como titulares, e integrantes de otros poderes públicos, incluso organizaciones de la sociedad civil, plasmaron en sus propuestas, creyendo interpretar el deseo vehemente de los mexicanos.

No sólo tiene el valor de las aportaciones, posee también el valor de las sesiones.

Sobre esa voluntad colectiva se construyó un consenso, tratándose de un asunto complejo técnicamente hablando y socialmente sensible, la unanimidad alcanzada entre los integrantes de las comisiones dictaminadoras es digna de subrayar. Diez iniciativas modifican una docena de artículos constitucionales para lograr que el sistema de justicia penal mexicano sea garantista, pero sobre todo más eficaz.

Garantista al inscribirse dentro de las recientes expresiones de la filosofía contemporánea en la medida que fija límites a los poderes públicos en la misma proporción que amplía el espectro de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Así pone fin a los abusos de la policía, a la que al mismo tiempo dota de mejores instrumentos jurídicos; pero contempla a la vez medidas eficaces de control.

Es eficaz al establecer nuevos dispositivos para que el Estado enfrente al crimen organizado, por cierto el más peligroso y el que más agravia. Atacarlo, enfrentarlo con recursos jurídicos y materiales más adecuados para que obtenga mejores resultados.

Queremos contar desde luego con un Ministerio Público fuerte, pero no omnipotente ni menos avasallador. No más policías que detienen para investigar y sí a las autoridades que investigan para detener.

Como se aprecia, el dictamen implica un cambio de paradigma, el nuevo sistema impide penalizar la pobreza, es haz de luz sobre los oscuros entresijos de los procesos judiciales. Otorga fuerza a las autoridades; pero se reserva su control a las instituciones.

La reforma sin excesos es un hito en la historia del derecho penal en México. Sin mezquindad, sin medro político, legisladores y autoridades nos abocamos a trabajar en lo que más que un mandato se ha convertido en clamor popular: que la justicia realmente sirva a la nación.

Es el momento de impulsar y aprobar el dictamen de manera definitiva, pues como afirmó José Martí, en la justicia no cabe demora. Quien dilata su cumplimiento la vuelve contra sí. Ésta es una reforma para el reestablecimiento del tejido social, para que instituciones y autoridades cumplan con las nuevas disposiciones y al hacerlo estén en condiciones de recuperar la confianza ciudadana.

Hoy entregamos a México uno de los resultados más esperados de este Poder Legislativo. El Estado mexicano emprende la recuperación de su razón de ser, que es la tranquilidad de las personas y de sus familias. El poder público tiene una deuda con la nación mexicana. Hoy empezamos a pagársela. Gracias.

Señora Presidenta, le haré llegar un documento de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Puntos Constitucionales, en el que se efectúan un par de precisiones, un par de precisiones al texto normativo de adiciones, y algunos argumentos adicionales en la parte considerativa, para que en el momento legislativamente oportuno pueda ponerlas a consideración del pleno y que se integren al texto principal del dictamen cuya discusión nos ocupa. Gracias.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado, antes le pedimos que, en todo caso, usted presente la propuesta de modificaciones. Sin embargo, antes nos está pidiendo la palabra el diputado Javier González Garza.

El diputado César Camacho Quiroz: Con gusto.

Mi grupo parlamentario pide que podamos discutir este asunto después, porque tenemos puntos absolutamente insalvables que tienen que ver con las libertades de la gente, que tienen que ver con el arraigo, que tienen que ver con los allanamientos, que tienen que ver con los derechos humanos y, por tanto, que nos permitan una discusión. Todavía no estamos listos para esto. Que se discuta el hoy, pero que nos den un rato para poder discutir con las demás fracciones parlamentarias.

Entonces, con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicito aprobar moción suspensiva ---para hoy--- al dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política. Que se posponga un rato esta discusión. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado Javier González Garza, estimado compañero y líder de mi bancada ---para que no se vaya a enojar por lo que le voy a decir---, pueda ser que en lugar de moción suspensiva, se pueda pedir una suspensión de dos horas para que se pueda tratar de lograr un acuerdo en el grupo y todos los que tienen alguna cuestión de inconformidad.

Ya no pasaría a fundamentar ahorita las propuestas, alternativas que tiene el diputado César Camacho y la comisión. También seguiría el posicionamiento del diputado Lozano a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales después de las dos horas. Mientras vamos a seguir desahogando otros asuntos aquí en la plenaria nosotros. ¿Alguien estaba pidiendo el uso de la palabra, perdón?

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Muchas gracias, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Cuando reinicie va a pasar el diputado César Camacho primero a fundamentar las propuestas que están haciendo en la comisión, para conciliar las diferencias que había y también pasaría el diputado Andrés Lozano.

LEY FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un artículo 20 Bis a la Ley Federal de Defensoría Pública.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Compañeros, ¿podrían votar por la indicación que está dando la Secretaria? Porque no podemos decir si sí o no. No votó nadie. Por favor vuelva a consultar la Secretaría.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se le dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona un artículo 20 Bis de la Ley Federal de Defensoría Pública

Honorable Asamblea:

La Comisión de Justicia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente

Dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 20 Bis a la Ley Federal de Defensoría Pública.

Antecedentes

I. Con fecha 17 de abril de 2007, la diputada Lizbeth Evelia Medina Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa que adiciona el artículo 20 Bis a la Ley Federal de Defensoría Pública.

II. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio número D.G.P.L. 60-II-3-602, turnó a la Comisión de Justicia la iniciativa citada.

Contenido

Es una realidad que nuestro país tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos y comunidades indígenas; reconocimiento que ha sido plasmado a nivel constitucional a través de la denominada reforma en materia indígena, de fecha 14 de agosto de 2001, en la que se modificaron los artículos 1o. , 2o. , 4o., 18 y 115.

Sin embargo, es innegable que existe una divergencia entre los derechos contenidos en la norma constitucional y su instrumentación práctica, que se traduce en un abismo entre la garantía formal de un derecho y su efectiva aplicación.

La fracción VIII del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, y para garantizar ese derecho, señala que los indígenas tienen en todo tiempo la garantía a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

De acuerdo con el ``Diagnóstico sobre el acceso a la justicia para los indígenas en México: Estudio caso en Oaxaca'', presentado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en México, se determinó que más del 60 por ciento de indígenas que tuvieron necesidad de contar con un traductor en la declaración preparatoria, sólo se solicitó u ordenó ese servicio en el 11 por ciento de casos del fuero común. Esto a pesar de que el 91 por ciento de los encuestados indígenas hablaban un idioma indígena. Por lo que se concluye que la ausencia de servicios adecuados de traducción e interpretación intercultural, el grado de comprensión y capacidad de expresión en español de los indígenas, influye directamente en la calidad y oportunidad de defensa.

Consideraciones

Sin duda, una de las mayores riquezas de nuestro país la ofrecen los pueblos indígenas, la cual nos permite colocarnos en octavo lugar a nivel mundial en cuanto a diversidad cultural. El 12.7 por ciento de la población nacional es indígena. Existen 52 etnias que se encuentran asentadas en 20 mil localidades urbanas o locales, ocupando una quinta parte de la superficie total del país.

Los pueblos y comunidades indígenas existían ya, incluso antes de que se establecieran en la Nueva España, los reinos dependientes de la Corona Española, como una pluralidad de culturas con sus propias formas de organización política y sus propios sistemas normativos para dirimir conflictos internos. En este sentido, reconocemos a los pueblos y comunidades indígenas como el origen de la nación mexicana.

Durante los últimos 15 años, se han concretizado una serie de reformas que han modificado la historia jurídica y política orientada a reconocer la pluralidad cultural y la diversidad de lenguas, usos, costumbres y sistemas de organización existentes en dichas comunidades originarias.

El Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo y aceptado por nuestra nación, establece de manera clara que los pueblos indígenas son los sujetos de los derechos contenidos en el documento y establece la preexistencia de los pueblos con tres rasgos fundamentales: instituciones, territorio y cultura propios.

Dicho convenio establece en el artículo 2, en sus numerales, lo siguiente:

Asimismo el artículo 12 de dicho Convenio señala:

Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacer comprender en procedimientos legales, facilitándoles, sí fuese necesario, intérpretes u otros medios eficaces.

La propuesta de la diputada iniciante pretende adicionar un artículo 20 Bis a la Ley Federal de Defensoría Pública, con el propósito de garantizar el derecho a la defensa en materia penal a favor de las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, a través del acceso a la jurisdicción en la lengua indígena nacional en que sean hablantes, por lo que propone que el Instituto Federal de Defensoría Pública actúe en coordinación con traductores e intérpretes que tengan conocimiento de la lengua y cultura a la que aquéllos pertenezcan.

Asimismo la proponente sugiere que el Instituto Federal de Defensoría Pública celebre convenios de colaboración con las instituciones que puedan coadyuvar a la obtención de esos fines y promover la formación de defensores públicos bilingües indígenas.

Esta Comisión coincide con la propuesta de la Diputada de adicionar un artículo 20 Bis a la Ley Federal de Defensoría Pública, con la salvedad de no restringir este derecho únicamente a la materia penal; si bien es cierto la ley en estudio en su artículo 4o., fracción I, señala que la defensoría pública comprende como servicio la defensa pública en asuntos del orden penal, también lo es que en la fracción II prevé asesorías jurídicas en otras materias, con la única excepción de las otorgadas de manera expresa por la propia ley a otras instituciones. Por ello, para hacer efectivo y extensivo el derecho de defensa y asesoría a personas indígenas, esta Comisión propone ampliar el espíritu de la iniciativa, para garantizar el derecho de defensa jurídica de nuestros pueblos y comunidades indígenas, a través del Instituto Federal de Defensoría Pública, en todas las materias, con excepción de las expresamente otorgadas por la ley a otras instituciones.

En mérito de lo expuesto, la comisión dictaminadora ha llegado a la conclusión de aprobar la iniciativa en estudio, con base en las consideraciones expresadas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un artículo 20 Bis a la Ley Federal de Defensoría Pública.

Artículo Único. Se adiciona un artículo 20 Bis a la Ley Federal de Defensoría Pública para quedar como sigue:

Artículo 20 Bis. A fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal y a la asesoría jurídica a favor de las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, a través del acceso a la jurisdicción en la lengua indígena nacional en que sean hablantes, el Instituto Federal de Defensoría Pública actuará en coordinación con traductores e interpretes que tengan conocimiento de la lengua y cultura a la que aquéllos pertenezcan.

Para los efectos a que se refiere el párrafo anterior, el instituto celebrará convenios de colaboración con las instituciones que puedan coadyuvar a la obtención de esos fines y promoverá la formación tanto de defensores públicos como de asesores jurídicos bilingües indígenas.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

REGISTRO DE ASISTENCIA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: ¿Falta algún diputado o alguna diputada por registrar su asistencia? Sigue abierto el sistema.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sigue abierto el sistema, pero les vamos a pedir que se registren porque tenemos que cerrarlo ya para la votación que viene.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: ¿Falta algún diputado o alguna diputada de registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 444 diputadas y diputados. Quienes no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.

LEY FEDERAL DE DEFENSORIA PUBLICA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: No existiendo ningún diputado por la comisión para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

Sin embargo, no habiéndose inscrito ningún diputado para fijar posición respecto al dictamen, consulte la Secretaría a la asamblea si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto, en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Queda suficientemente discutido, y se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

(Votación)

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está Cámara de Diputados da un cordial saludo a los invitados especiales de Atlixco, Puebla. Sean ustedes bienvenidos.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 371 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado en lo general y en lo particular, por 371 votos, el decreto que adiciona un artículo 20 Bis de la Ley Federal de Defensoría Pública. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

COMISION DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMIA SOCIAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria...

Nos ha llegado un documento de parte de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, firmado por 20 diputados, en donde nos solicitan que este punto se regrese a la comisión que lo ha presentado. Solicito a la Secretaría que consulte en votación económica al pleno si es de aceptarse la propuesta realizada por esta comisión.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si es procedente devolver a comisión el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se regresa a la comisión tal y como han hecho la petición los suscritos.

COMISION DE ECONOMIA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Estamos recibiendo una petición de la presidenta diputada de la Comisión de Economía. ¿Le abren el micrófono en su curul? Por favor.

Hay un acuerdo entre las diferentes bancadas, entonces le pediríamos que, por favor, la retire del orden del día y pueda pasar en el siguiente periodo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputada, usted está haciendo la petición a nombre de la Comisión, me supongo que todos los integrantes de su Comisión están de acuerdo con esta petición. ¿Sí? Es que nos envían antes las peticiones suscritas por todos los diputados.

La diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (desde la curul): Sí. Enseguida, para que quede constancia de todo esto, se le entregará el documento por escrito; pero sí, ya está hecho a nombre de las tres bancadas.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría, en votación económica, si es procedente la petición de la diputada, por favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si es procedente la propuesta de la presidenta de la Comisión de posponer para el siguiente periodo de sesiones la discusión de este dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se pospone la discusión de este dictamen para el siguiente periodo.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria... ¿Antes de consultar no van a dar de baja este dictamen? ¿El presidente está de acuerdo con que continuemos con el procedimiento? Si hubiera algún otro dictamen que no quieran que se vote hoy, por favor nos mandan el procedimiento con anticipación. ¿Sí? Bueno.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta. Se le dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social le fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo.

Los integrantes de esta comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39, 43, 44, 45, numeral 6, inciso e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta honorable asamblea el siguiente dictamen.

Antecedentes

Iniciativas

Consideraciones

Las cinco iniciativas tienen como principio reformar la Ley Federal del Trabajo, bajo esquemas y visiones diversas, por lo que es necesario llevar a cabo su análisis y estudio con el auxilio de un cuadro comparativo que permita a los legisladores apreciar en forma nítida, la congruencia de las propuestas con los diversos ordenamientos legales, los tiempos actuales y el beneficio que puedan aportar al trabajador, tomando en cuenta las coincidencias en su redacción y la noble intención de eliminar de cargos extras el salario de los trabajadores.

Consideraciones al cuadro comparativo

Consideraciones a las exposiciones de motivos de las iniciativas

Consideraciones económicas

Conforme a los reportes del indicador global de la economía, emitido en agosto de 2007 por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), se destaca el comportamiento de los siguientes indicadores:

Consideraciones jurídicas

Es importante destacar que las iniciativas pretenden generar congruencia entre los diversos ordenamientos jurídicos y tratados internacionales, destacando los siguientes:

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23, numeral 3, manifiesta el derecho que tiene toda persona de recibir una remuneración justa que le permita a él y su familia vivir con dignidad.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 5, considera que ningún trabajador podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su consentimiento; de igual forma, expone que el contrato de trabajo obliga a prestar el servicio, pero no a la pérdida o renuncia de los derechos políticos o civiles.

El artículo 123 constitucional define perfectamente en el apartado A, incisos VI y VIII, que los salarios deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de una familia y exceptuado de embargo, compensación o descuento.

La Ley Federal del Trabajo en sus artículos 85, 97, 98, 104 y 110 correspondientes al salario y las normas protectoras del mismo, define que:

Artículo 85. El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta ley.

Artículo 97. Los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o reducción, salvo en los casos de pensiones alimenticias, pago de renta, pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Infonavit y pago de abonos para cubrir créditos otorgados o garantizados por el Fonacot.

Artículo 98. Los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios. Cualquier disposición o medida que desvirtúe este derecho será nula.

Artículo 104. Es nula la cesión de los salarios en favor del patrón o de terceras personas, cualquiera que sea la denominación o forma que se le dé.

Artículo 110. Los descuentos en los salarios de los trabajadores están prohibidos, salvo en los casos de pago de deudas contraídas con el patrón, pago de renta de la habitación proporcionada por la empresa, pago de abonos para cubrir préstamos de Infonavit, pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que los trabajadores manifiesten expresa y libremente su conformidad, Pago de pensiones alimenticias y pago de abonos para cubrir créditos garantizados por Fonacot.

Sumado a lo anterior, el convenio número 95 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección del salario, emitido en el año de 1949 y ratificado por México en el año de 1955, especifica en su artículo 5, que el salario se deberá pagar directamente al trabajador interesado, a menos que la legislación nacional, un contrato colectivo o un laudo arbitral establezcan otra forma de pago o que el trabajador interesado acepte un procedimiento diferente; en el artículo 6, la prohibición para que los empleadores no limiten en forma alguna la libertad del trabajador de disponer de su salario; en el artículo 8, numeral 1, que los descuentos de los salarios solamente se deberán permitir de acuerdo con las condiciones y dentro de los límites fijados por la legislación nacional, un contrato colectivo o un laudo arbitral, y en su artículo 10, que el salario no podrá embargarse o cederse sino en la forma y dentro de los límites fijados por la legislación nacional, y la protección en contra de su embargo o cesión en la proporción que se considere necesaria para garantizar el mantenimiento del trabajador y de su familia.

Conclusiones

Del estudio de las iniciativas a dictaminar, se concluye que todas ellas convergen en la reglamentación del uso de medios electrónicos para el pago de nómina; esto es, incorporar a la Ley Federal del Trabajo esta modalidad, con el fin de que se consulte a los trabajadores para que ellos decidan si utilizan o no el pago de nómina en medio electrónico y exonerar al trabajador de cualquier costo por la utilización de este medio.

Considerando los cuadros comparativos de comisiones de los diferentes bancos que se muestran en las páginas web de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y el Banco de México, es indudable, no importando el monto o la cantidad, que el salario sufre un detrimento real al ser el trabajador quien paga de su remuneración el costo de consultas de saldo y retiros, por lo que es necesario especificar y dar claridad en la ley de quién debe costear los gastos por utilizar este medio de pago de nómina.

Oportunamente, las iniciativas exponen la congruencia que debe de existir con los diversos ordenamientos jurídicos nacionales y convenios internacionales en la materia, lo cual significa fortalecer la ley en un tema específico y dar claridad en las redacciones de los artículos, traduciéndose en certeza jurídica para el trabajador, quien tendrá los elementos suficientes para ejercer las acciones correspondientes en caso de una violación.

La actualización de esta norma laboral permitirá que los trabajadores tengan acceso a un instrumento de pago de nómina que no le genere un costo y, por el contrario, utilizará una alternativa de acuerdo con la tecnología y tiempos actuales con seguridad, y diversas opciones para el pago de servicios aunque el trabajador se encuentre a distancia, al igual que los empresarios, quienes tendrán el mismo beneficio de la seguridad al realizar sus trasferencias y optimizar costos, así como acortar las distancias en el pago de la nómina.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo

Artículo único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue.

Artículo 101 . ...

Solamente con el consentimiento del trabajador, el patrón podrá liquidar el salario a través de pago en nómina electrónica, absorbiendo el patrón el costo de las comisiones por retiro y consulta de saldos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En virtud de que no hay ningún diputado por la Comisión para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de dictamen.

No se ha registrado ningún diputado para fijar posición ni tampoco para participar en la discusión en lo general y en lo particular, por tanto, pido a la Secretaría consulte al pleno si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se pide a la Secretaría... Perdón, suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 369 votos en pro, 3 en contra y 1 abstención.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado en lo general y en lo particular, por 369 votos, el decreto que adiciona un párrafo al artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 81, 83 y 105 de la Ley General de Bienes Nacionales. En virtud de que se encuentra publicado en la Garceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, y de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales

HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Gobernación y de la Función Pública de la LIX Legislatura fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 81, 83 y 105 de la Ley General de Bienes Nacionales.

Estas Comisiones con fundamento en los artículos 70 párrafo primero, 72 y 73, fracción XXX, a la luz de lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f) y numeral 7 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 56, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la Iniciativa de referencia, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

ANTECEDENTES

Establecidos los antecedentes, los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de la Función Pública de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, exponen el contenido de la Iniciativa objeto del presente dictamen.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Señala el diputado proponente que, de acuerdo a la Convención Internacional del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la Organización de las Naciones Unidas, el patrimonio cultural está integrado por los monumentos, obras arquitectónicas, de escultura o de pinturas monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal desde la historia, el arte o la ciencia.

En este sentido, nuestro país cuenta con un importante acervo de edificios de valor histórico excepcional, inmuebles que resguardan frescos, retablos, pinturas, esculturas, objetos ornamentales y mobiliarios que constituyen una gran riqueza nacional.

El diputado Flores Mendoza puntualiza que los trabajos de conservación y de revitalización de zonas y monumentos históricos requieren de una intensa actividad de mantenimiento y, sobre todo, de un marco legal que dote a la autoridad administrativa de las atribuciones suficientes para la conservación de este patrimonio.

En el texto vigente de la Ley General de Bienes Nacionales, se responsabiliza a las asociaciones religiosas para que velen por la conservación de los inmuebles federales, utilizados para fines religiosos y que son considerados monumentos históricos y artísticos, de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Sin embargo, el diputado proponente considera que en la legislación actual no es suficiente sólo otorgar atribuciones a las autoridades para que autoricen la realización de obras de conservación y restauración, sino que también cuenten con atribuciones para la ejecución de estos trabajos, y por una instancia que tenga los conocimientos necesarios para reparar daños en monumentos histéricos.

De tal forma, se considera conveniente que se fortalezcan las atribuciones de la Secretaría de Educación Pública con el fin de que ejecute las obras necesarias o convenientes para la conservación de los inmuebles históricos, por lo que se propone la reforma de los artículos 81, 83 y 105 de la Ley General de Bienes Nacionales.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la Iniciativa, los miembros de la Comisiones Unidas de Gobernación y de la Función Pública de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes:

CONSIDERACIONES

A) A la Iniciativa.

I. La Ley General de Bienes Nacionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2004, tiene por objeto la protección y administración con eficiencia del patrimonio nacional, propiciando el óptimo aprovechamiento de los bienes nacionales, su integración y la distribución de las competencias de las dependencias administradoras de los inmuebles, materia de dicha regulación.

II. La Ley General de Bienes Nacionales dispone, en su artículo 6, fracciones VIII y XV que son sujetos al dominio público de la Federación los inmuebles considerados como monumentos arqueológicos, históricos o artísticos, al igual que los bienes muebles de la Federación considerados como monumentos históricos o artísticos.

III. Los criterios para determinar cuáles son monumentos históricos quedan descritos en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que establece en su artículo 35 que:

IV. A mayor abundamiento, por determinación de la Ley, son monumentos históricos, de acuerdo al artículo 36 de la Ley Federal sobre monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, los siguientes:

II a IV. ...

V. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo décimo séptimo transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los templos y demás bienes que se sean adquiridos, poseídos o administrados por las asociaciones religiosas, para la realización de sus objetivos, son propiedad de la nación. Igualmente lo anterior queda afirmado por el artículo 78, párrafo segundo, de la Ley general de Bienes Nacionales que dice:

...

VI. En este sentido, la Ley General de Bienes Nacionales, en su artículo 81, establece las facultades que tiene la Secretaría de Educación Pública, en relación a la conservación, restauración y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles utilizados para fines religiosos, considerados como monumentos históricos, en virtud de la facultad que le otorga el artículo 38, fracción XXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que dice:

VII. En este sentido, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de su Reglamento Interno, la Secretaría de Educación Pública cuenta con el auxilio de organismos desconcentrados, jerárquicamente subordinados y con facultades especificas para resolver una problemática concreta como lo son el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

VIII. Efectivamente, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través de la Dirección de Sitios y Monumentos Históricos, tiene como objetivo la protección, restauración, conservación y catalogación del patrimonio cultural conformado por los sitios y por los bienes muebles e inmuebles de valor histórico y artístico.

IX. CONACULTA, ha implementado programas a nivel nacional que permitan la integración de la sociedad en la conservación y mantenimiento del patrimonio histórico-monumental de nuestro país. En 2002, se implementó el Programa del Fondo de Apoyo a Comunidades para restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal, el cual reúne los recursos económicos del CONACULTA, de los gobiernos estatales y municipales y de las propias comunidades; en este sentido, las asociaciones religiosas que poseen o administran bienes históricos destinados al culto religioso, también participan y tienen una responsabilidad importante en la conservación y mantenimiento de los mismos, de acuerdo a lo que establece la ley General de Bienes Nacionales.

X. No obstante lo anterior, algunas asociaciones religiosas no tendrían la capacidad para el mantenimiento y conservación de los monumentos históricos que administran o poseen para la realización de sus objetivos. Efectivamente, la antigüedad, y las características particulares de algunos bienes inmuebles y muebles, requieren de la intervención y pericia especializada de los técnicos que dedican su tarea a la conservación del patrimonio nacional.

XI. Estas Comisiones consideran que la reforma planteada en la Iniciativa materia del presente dictamen es viable ya que vendría a fortalecer las facultades y obligaciones, en este caso de la Secretaría de Educación Pública, para que tenga esta responsabilidad de ejecutar las obras de restauración y mantenimiento, en los casos que así se requiera, de los bienes que se vienen comentando, en virtud de la facultad que se le otorga en el artículo 38, fracción XXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, además de que la Ley Federal sobre monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos considera como de utilidad pública la protección de los monumentos históricos:

B) Modificaciones a la Iniciativa

I. En relación a la reforma de la fracción IV del artículo 81, estas Comisiones consideran que debe conservarse el actual texto que se encuentra en la Ley, por lo que se refiere al verbo ``aprobar''. Efectivamente, ``aprobar'' vendría a tener la misma connotación respecto al término ``autorizar'', como lo propone el diputado Flores Mendoza; de esta manera, pueden ser considerados como sinónimos, por tal motivo, se propone la conservación del primer verbo, tal como se encuentra en el texto vigente de las Ley General de Bienes Nacionales, para que diga:

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisiones Unidas de Gobernación y de la Función Pública, someten a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES

Artículo Único.- Se reforman la fracción IV del artículo 81, el segundo párrafo de la fracción VI del artículo 83 y el artículo 105 de la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 81. ...

I. a III. ...

IV.- Revisar, aprobar y, en su caso, ejecutar los proyectos de obra que le presente la asociación religiosa usuaria de cada inmueble, para su mantenimiento, conservación y óptimo aprovechamiento, así como vigilar y supervisar la ejecución de dichas obras;

V. a X. ...

Artículo 83. ...

I. a V. ...

VI. ...

En el caso de inmuebles federales considerados monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente, las asociaciones religiosas deberán obtener las autorizaciones procedentes de la Secretaría de Educación Pública, por conducto del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, según corresponda, así como sujetarse a los requisitos que éstos señalen para la conservación y protección del valor artístico o histórico del inmueble de que se trate, atendiendo a lo que se refiere la fracción IV del artículo 81, así como al artículo 105 de esta Ley.

VII. a X. ...

Artículo 105.- Las instituciones destinatarias realizarán las obras de construcción, reconstrucción, restauración, modificación, adaptación y de aprovechamiento de espacios de los inmuebles destinados, de acuerdo con los proyectos que formulen y, en su caso, las normas y criterios técnicos que emita la Secretaría o la Secretaría de Educación Pública, según corresponda. La institución destinataria interesada, podrá tramitar la adecuación presupuestaria respectiva para que, en su caso, la Secretaría o la Secretaría de Educación Pública en el caso de los monumentos históricos o artísticos, a través de sus órganos competentes, realicen tales obras, conforme al convenio que al efecto suscriban con sujeción a las disposiciones aplicables.

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En vista de que no hay ningún diputado para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, está a discusión en lo general y en lo particular el dictamen.

No habiéndose registrado ningún diputado para este punto, consulte la Secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Suficientemente discutido. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

No habiendo ningún artículo reservado, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de todos los artículos.

La Secretaria María del Carmen Salvatori Bronca: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

¿Falta algún diputado de emitir el sentido de su voto? Está abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 353 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.

Presidencia del diputado Cristián Castaño Contreras

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobado en lo general y en lo particular, por 353 votos, el decreto que reforma los artículos 81, 83 y 105 de la Ley General de Bienes Nacionales. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el numeral 5 del artículo 40 de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa. Se le dispensa, entonces, la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

A esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias fue turnada la iniciativa enunciada en el acápite de este documento. La Comisión se abocó a su estudio y análisis para la formulación del presente dictamen, al tenor siguiente:

I.- ANTECEDENTES.

II.- CONTENIDO.

La iniciativa propone añadir tres incisos al párrafo 5 del artículo 40 de la Ley Orgánica en los que se establezcan tres facultades expresas de la Comisión Jurisdiccional:

Basa su propuesta en los siguientes argumentos:

III.- CONSIDERACIONES Y ANÁLISIS.

IV.- CONCLUSIONES Y PROPUESTAS.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo Único.- Se reforma el numeral 5 del artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 40.

1. a 4. ...

5. La Comisión Jurisdiccional se integrará por un mínimo de 12 diputados y un máximo de 16, a efecto de que entre ellos se designen a los que habrán de conformar, cuando así se requiera, la sección instructora encargada de las funciones a que se refiere la ley reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución en materia de responsabilidades de los servidores públicos. La Comisión Jurisdiccional tendrá las facultades siguientes:

TRANSITORIOS

Único . El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Al no haber ningún ponente inscrito para fundamentar el dictamen, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

No se ha registrado ningún orador para discutir ni en lo general ni en lo particular. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular el proyecto de decreto.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Suficientemente discutido.

En consecuencia, pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

(Votación)

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Ciérrese el sistema de votación electrónico. ¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto? De viva voz:

El diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Alberto Torres Torres (desde la curul): A favor.

El diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (desde la curul): A favor.

El diputado Tomás del Toro del Villar (desde la curul): A favor.

El diputado Elías Cárdenas Márquez (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Se emitieron 349 votos en pro, 1 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobado en lo general y en lo particular por 349 votos el decreto que reforma el numeral 5 del artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

INCREMENTO DE PRECIOS

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se autoriza.

«Dictamen de la Comisión de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor a implantar acciones que eviten el incremento injustificado de precios de bienes y servicios

Honorable asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión correspondiente a la LX Legislatura le fue turnada, para su estudio y análisis, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a impulsar acciones que eviten el incremento injustificado de precios en los bienes, productos y servicios.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos d), e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el día 11 de octubre de 2007, los secretarios de ésta dieron cuenta al Pleno de la proposición que presentaron los diputados Jesús Ramírez Stabros y Jorge Toledo Luis , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para someterla a consideración del honorable Congreso de la Unión.

Segundo. El Presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Economía''.

Tercero. Los legisladores proponen lo siguiente:

Consideraciones

Primera. Que con base en los antecedentes antes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas, se abocó a dictaminar la proposición con punto de acuerdo de referencia.

Segunda. Que el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal considera entre los asuntos de la competencia de la Secretaría de Economía:

Tercera. Que dentro de los principios de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) se encuentra la educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, el respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento.

Cuarta. Que el objeto de la LFPC es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Quinta. Que el artículo 7 de la LFPC establece que todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o servicios a persona alguna.

Sexta. Que el artículo 7 Bis obliga al proveedor a exhibir de manera visible el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al consumidor.

Séptima. Que el Banco de México es el banco central del Estado mexicano, constitucionalmente autónomo en sus funciones y administración, cuya finalidad es proveer a la economía del país de moneda nacional. En el desempeño de esta encomienda tiene como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Adicionalmente, le corresponde promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pago.

Octava. Que los diputados integrantes de la Comisión de Economía que dictamina reconocen y concluyen que es importante proteger los derechos del consumidor, mediante las acciones gubernativas que favorezcan la información, el derecho a elegir, a la educación en materia de consumo, a la seguridad y a la calidad, y a la compensación, en caso de que no se haya cumplido lo especificado en la relación de consumo, sin embargo, consideran que los aumentos en los precios de los bienes y servicios son efecto de múltiples factores.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Economía somete a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente

Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Economía para que, en el ámbito de sus atribuciones, impulse las acciones necesarias a efecto de que no se genere algún incremento indebido en los precios o tarifas de bienes, servicios y productos, especialmente, los que integran la canasta básica.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en el ejercicio de sus facultades, intensifique la vigilancia a los proveedores a efecto de que respeten los precios máximos autorizados, en defensa de los derechos de los consumidores.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final.

NORMA OFICIAL MEXICANA

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía, con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía a expedir como norma oficial mexicana la NMX-AA-120-SCFI-2006 para que sea vinculante y obligatoria

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía, de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía, a que la norma mexicana NMX-AA-120-SCFI-2006 sea expedida como norma oficial mexicana, a efecto de que sea vinculante y obligatoria, presentado por el diputado Sergio Augusto López Ramírez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, estas comisiones legislativas, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

Primero. El 7 de diciembre de 2006, el diputado Sergio Augusto López Ramírez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía, a que la norma mexicana NMX-AA-120-SCFI-2006 sea expedida como norma oficial mexicana, a efecto de que sea vinculante y obligatoria, y

Segundo. En esta misma fecha, dicha propuesta con punto de acuerdo fue turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Indiscutiblemente, el turismo es una de las fuentes de ingresos más importantes del país, razón por la cual resulta fundamental establecer políticas de conservación, restauración y fomento de los destinos turísticos de México. Sin embargo, de los destinos turísticos nacionales, destacan los de sol y playa, toda vez que el país cuenta con más de 11 mil kilómetros de litoral, teniendo una gran importancia, no sólo turística, sino también mercantil y pesquera.

Asimismo, ``los ecosistemas costeros no sólo abarcan un amplia gama de tipos de hábitat y una enorme riqueza de especies, sino que, además, albergan nutrientes y, en su ciclo, filtran contaminantes provenientes de los sistemas continentales de agua dulce, y ayudan a proteger la línea costera de la erosión y las tormentas.

Contiguo a la línea costera está el océano, que cumple un papel fundamental en la regulación hidrológica y el clima, además de constituir una importante fuente de carbono y oxígeno por su alta productividad de fitoplancton. Por todo esto, el uso, manejo y conservación de los ecosistemas costeros juegan un papel primordial en la estrategia de desarrollo de un país.''.¹

Desafortunadamente, las playas del país han sufrido en los últimos años procesos de degradación sin precedentes, derivado de los altos índices demográficos, el turismo masivo, la construcción de grandes infraestructuras turísticas, la falta de una política ambiental eficiente, y la contaminación en general.

Lo anterior, ha repercutido, principalmente, en la calidad del agua de las playas mexicanas, por lo que se han implantado diversos mecanismos para revertir esta tendencia, tales como el Programa Integral de Playas Limpias, a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desde 2003, en coordinación con las Secretarías de Turismo, Marina y Salud, así como con los gobiernos estatales y municipales costeros del territorio nacional. De esta forma, se han establecido monitoreos permanentes y sistemáticos, a fin de que las autoridades cuenten con información confiable para orientar a los vacacionistas sobre la calidad del agua de las playas más concurridas del país.

Mediante el inicio del programa citado en el párrafo anterior, se inició el sistema nacional de información sobre la calidad del agua en playas mexicanas, con la finalidad de sistematizar y homogeneizar los monitoreos del agua de mar, de acuerdo a los criterios descritos por la Organización Mundial de la Salud para las aguas de mar de contacto recreativo.

Cabe mencionar que la calidad del agua de las playas es un factor primordial para garantizar la protección de la salud de los usuarios, así como un punto de interés para el sector turístico, dado que las playas adquieren un valor agregado al contar con una calidad del agua satisfactoria.

De esta forma, si bien el Programa Integral de Playas Limpias representa un gran avance en la gestión de las aguas de las playas mexicanas, las acciones emprendidas por las autoridades citadas no han sido suficientes, toda vez que la problemática persiste.

Considerando lo anterior, ha sido necesario utilizar los mecanismos de autorregulación, previstos en la Sección VII, del capítulo IV ``Instrumentos de la Política Ambiental'', del Título Primero ``Disposiciones Generales'' de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con base en los cuales ``Los productores, empresas u organizaciones empresariales podrán desarrollar procesos voluntarios de autorregulación ambiental, a través de los cuales mejoren su desempeño ambiental, respetando la legislación y normatividad vigente en la materia y se comprometan a superar o cumplir mayores niveles, metas o beneficios en materia de protección ambiental.''.

Dentro de estos instrumentos de autorregulación, son de interés del presente dictamen las normas mexicanas (NMX), las cuales son definidas por la fracción X del artículo 3o. de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización como las normas elaboradas por un organismo nacional de normalización, o la Secretaría de Economía en los términos de la misma ley, que prevén para un uso común y repetido de reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado.

En este sentido, el 6 de julio de 2006 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la norma mexicana (NMX) NMX-AA-120-SCFI-2006, que establece los requisitos y especificaciones de sustentabilidad de calidad de playas, cuya elaboración fue coordinada por la Semarnat, conteniendo medidas ambientales para la protección de las playas mexicanas, en materia de calidad de agua, residuos sólidos, infraestructura costera, biodiversidad, seguridad y servicios, educación ambiental y contaminación por ruido.

De esta manera, la NMX de referencia representa un avance significativo, a fin de lograr que las playas mexicanas sean certificadas, de tal manera que no representen un riesgo para la salud humana ni para el equilibrio de los ecosistemas costeros. Asimismo, es un instrumento más de las políticas ambiental y turística para mantener y recuperar la calidad de los destinos de sol y playa en el país.

Sin embargo, tal como lo menciona el diputado promovente del punto de acuerdo que se dictamina, la expedición de la NMX que nos ocupa no basta para garantizar la calidad de las playas mexicanas, toda vez que este instrumento es de naturaleza voluntaria, circunscrito a la voluntad de quien quiera adherirse a él, por lo que no es obligatorio para todos los prestadores de servicios turísticos en zonas costeras del país.

De esta forma, consideramos procedente el exhorto contenido en el punto de acuerdo objeto del presente dictamen, a fin de que se realicen las gestiones necesarias para convertir la NMX-AA-120-SCFI-2006, que establece los requisitos y especificaciones de sustentabilidad de calidad de playas, en la norma oficial mexicana, a fin de que su cumplimiento sea obligatorio.

Considerando los razonamientos esgrimidos en los párrafos anteriores, estas Comisiones Unidas coinciden con el diputado César Augusto López Ramírez cuando afirma que la certificación obligatoria de las playas ``permitirá que los prestadores de servicios turísticos introduzcan mejoras en sus operaciones, tendientes hacia una mayor sustentabilidad ambiental, económica y social'', sin olvidar los beneficios para los vacacionistas de tener información confiable sobre la calidad de las playas mexicanas.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las comisiones legislativas que suscriben el presente dictamen, se permiten someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Economía, a que la norma mexicana NMX-AA-120-SCFI-2006, que establece los requisitos y especificaciones de sustentabilidad de calidad de playas, sea expedida como norma oficial mexicana a efecto de que sea vinculante y obligatoria.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final.

ESTADO DE JALISCO

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Dictamen de la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a considerar en el programa Pueblos Mágicos --mediante la Secretaría de Turismo-- la ribera de Chapala, Jalisco

Honorable asamblea

A la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Francisco Javier Gudiño Ortiz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaria de Turismo, a considerar la ribera de Chapala, Jalisco, en el Programa Pueblos Mágicos.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numeral 1, y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58, 60, 87 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, mismo que se realiza bajo los siguiente:

Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria celebrada por el Pleno de la Cámara de Diputados el 17 de octubre de 2007, el diputado Francisco Javier Gudiño Ortiz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Turismo, a considerar la ribera de Chapala, Jalisco, en el Programa Pueblos Mágicos, que promueve dicha secretaría, en virtud de que cumple los requisitos históricos, culturales y de infraestructura para su correcto desempeño y desarrollo.

Segundo. En esta misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, mediante el oficio número DGPL 60-II-4-836, acordó que se turnara la propuesta citada a la Comisión Turismo, para su estudio y dictamen correspondiente.

Contenido de la proposición

Consideraciones

Primera. El turismo es un factor de gran importancia no sólo para algunos municipios si no para todo México, contamos con una gama amplia de riquezas naturales las cuales, sin ser explotadas al máximo, son reconocidas a nivel mundial, por lo que debemos impulsar aun más la infraestructura y la promoción turística que traerá como resultado grandes beneficios económicos a nuestro país.

Segunda. En este tenor, Chapala, Jalisco, se presenta como uno de los atractivos turísticos más importantes de Jalisco desde 1885, el cual reúne una belleza natural que se caracteriza por su hermoso lago, en contraste con grandes construcciones arquitectónicas de un estilo renacentista y victoriano; así como uno de los grandes centros ceremoniales prehispánicos de la cultura Huichola, llena de magia y leyendas, ubicada en la isla de los Alacranes del mismo lago.

Tercera. Asimismo, este destino cuenta con una gran historia, ya que ha sido testigo de grandes acontecimientos, desde el asentamiento del pueblo náhuatl, la evangelización por parte de los franciscanos, las construcciones en la época colonial, el paso de Miguel Hidalgo en la Independencia, hasta la participación en la guerra de reforma.

Cuarta. Esta dictaminadora, tras un amplio estudio de las características propias de Chapala, Jalisco, así como del Programa Pueblos Mágicos, considera que este destino cumple con los ocho criterios de incorporación dentro de los que encontramos, que exista una oferta de atractivos y servicios, magia de la localidad, condiciones y espacios territoriales, monumentos históricos, así como un atractivo turístico simbólico, entre otros.

Quinto. Esta comisión que dictamina concluye que la incorporación de la ribera de Chapala al Programa Pueblos Mágicos coadyuvaría a resaltar el valor turístico de localidad, estructurar una oferta innovadora y original que atienda una demanda naciente de cultura, tradiciones y aventura en este destino, mejorando con esto la imagen urbana, conjuntado esfuerzos para hacer del turismo detonante de la economía local y regional.

En mérito de lo antes expuesto, la Comisión de Turismo se permite someter a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se hace un respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal, en el ámbito de colaboración entre los poderes, para que instruya al titular de la Secretaría de Turismo, para que considere la ribera de Chapala, Jalisco, en el Programa de Pueblos Mágicos.

Segundo. Se solicita al titular de la dependencia antes mencionada se sirva informar a esta soberanía dentro de 30 días naturales de las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a lo adoptado en el plazo anterior.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final.

ESTADO DE OAXACA

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Dictamen de la Comisión de Gobernación, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar por escrito a la Cámara de Diputados sobre los avances y resultados de la rezonificación salarial de los trabajadores de la educación del estado de Oaxaca

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Educación Pública y al gobernador de Oaxaca a informar sobre la rezonificación salarial del magisterio de Oaxaca y sobre la aplicación de los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 para este rubro.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) a g), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 58, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen en sentido negativo, basándose en los siguientes

Antecedentes

I. El 29 de septiembre de 2006, los diputados Carlos Altamirano Toledo , Othón Cuevas, Daniel Dehesa Mora , Joaquín de los Santos Molina , Daisy Hernández Gaytán , Benjamín Hernández Silva , Carlos Martínez Martínez , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, haciendo uso de la facultad que les confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, presentaron la proposición con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Educación Pública y al gobernador de Oaxaca a informar sobre la rezonificación salarial del magisterio de Oaxaca y sobre la aplicación de los recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2006 para este rubro.

II. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que la proposición con punto de acuerdo arriba mencionada fuera turnada a la Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen correspondiente.

III. El 20 de noviembre de 2007 se presentó al pleno de la Comisión de Gobernación el proyecto de dictamen en sentido negativo sobre el particular, mismo que fue aprobado.

Establecidos los antecedentes, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponen las siguientes

Consideraciones

1. La proposición con punto de acuerdo aborda la problemática social que irrumpió en el estado de Oaxaca el año pasado; a juicio de los diputados proponentes las demandas del magisterio por mejores condiciones laborales y salariales y la falta de respuesta del entonces secretario de Educación Pública federal, Reyes Tamez Guerra, y del actual gobernador del estado, contribuyeron a acrecentar un rezago histórico en la entidad.

2. La propuesta de los diputados federales gira en torno a la necesidad de utilizar los recursos del Presupuesto 2006 para la solución de las demandas salariales del magisterio en el estado y, por otra parte, a la rendición de cuentas sobre estos recursos.

3. Por lo que toca al uso de los recursos, su ejercicio, control y evaluación tuvo una vigencia específica para el año 2006 y los responsables de la administración en los Poderes Legislativo y Judicial, los titulares de los organismos públicos autónomos y de las dependencias, así como los miembros de los órganos de gobierno y los directores generales o sus equivalentes de las entidades, fueron responsables de la administración por resultados; en este sentido, las asignaciones para ese año ya fueron revisadas y ejercidas.

4. Por otro lado, respecto a la fiscalización de los montos presupuestados y ejercidos en el 2006, se cuenta con los mecanismos suficientes para llevar a cabo la discusión, aprobación, ejercicio y revisión del Presupuesto de Egresos a través del análisis, las comparecencias de funcionarios de la Administración Pública federal, la revisión de la cuenta pública e investigación sobre las responsabilidades administrativas, establecidos en diversos ordenamientos como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos y su Reglamento y la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

5. Esta comisión comparte la inquietud de los diputados proponentes por la solución de los conflictos sociales en el estado de Oaxaca y en cualquier otra parte de nuestro territorio nacional; asimismo, la rendición de cuentas exige que se deban incorporar todas las soluciones posibles para avanzar en transparencia y revisión de las cuentas públicas.

6. En ese sentido, si bien la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen ha sido dirigida concretamente para la aplicación de recursos del Presupuesto de Egresos de 2006, se considera que la problemática del magisterio del estado de Oaxaca es un reclamo actual y del cual es necesario conocer cuáles han sido los avances y las soluciones que han ofrecido las autoridades estatales y federales, por lo que los integrantes de esta comisión estiman oportuno dirigir un exhorto a la Secretaría de Educación Pública y al gobierno del estado de Oaxaca para que informen sobre los avances y resultados relativos a la rezonificación de los maestros oaxaqueños.

Por lo antes expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura, sometemos a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que, en el ámbito de su competencia, informe por escrito a esta Cámara de Diputados sobre los avances y resultados relativos a la rezonificación salarial de los trabajadores de la educación del estado de Oaxaca.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, informe por escrito a esta Cámara de Diputados sobre los avances y resultados relativos a la rezonificación salarial de los trabajadores de la educación de la entidad.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final.

EMPRESA GUTSA INFRAESTRUCTURA, SA DE CV60

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Dictamen de la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a informar sobre el resultado de las investigaciones respecto a la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV, y de la inhabilitación de ésta

Honorable Asamblea:

La Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el ``dictamen sobre dos proposiciones con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a través del titular de la Secretaría de la Función Pública, sobre el inicio de los procesos de fincamiento de responsabilidades resarcitorias contra la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV, y de su inhabilitación correspondiente, derivados de diversos asuntos''.

Antecedentes

Las proposiciones que se dictaminan fueron presentadas:

Contenido de las proposiciones

A) Contenido de la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal, a través del titular de la Secretaría de la Función Pública, sobre el inicio de los procesos de fincamiento de responsabilidades resarcitorias contra la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV, y de su inhabilitación correspondiente

El proponente señala en la exposición de motivos que el 26 de junio del presente año la Secretaría de Comunicaciones y Transportes rescindió dos contratos de obra para el mantenimiento de la Autopista del Sol a la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV, por incumplimiento de los términos de dichos contratos. De ahí se desprenden, de acuerdo con el proponente, diversas irregularidades que han causado un daño patrimonial a la nación por 263 millones 341 mil 553 pesos.

Además, expresa que la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV, ``ha incurrido en violaciones de la normatividad establecida en los artículos 59, 60, fracciones I, II y III, 61 y 63 la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en los artículos 46, fracción I, 47, 48 y 49 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación''.

De lo anterior, el proponente colige la importancia de su propuesta de punto de acuerdo, que realiza en los siguientes términos:

B) Contenido de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de la Función Pública, informe a esta soberanía sobre el inicio del procedimiento de fincamiento de responsabilidades resarcitorias a la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV, respecto de las obras de la biblioteca José Vasconcelos

El diputado que plantea esta proposición se refiere a los diferentes convenios y contratos de licitación de la empresa Gutsa relativos a la construcción de la biblioteca José Vasconcelos, que fue considerada el proyecto cultural más importante durante el pasado sexenio. Dice el proponente: ``Del sexenio pasado se ha detectado una serie de anomalías en la adjudicación de las obras públicas, que cobraron relevancia por sus proyectos ambiciosos y la considerable e irregular canalización de recursos públicos''.

Asimismo, hace referencia a los montos por los que se suscribieron los diversos instrumentos legales por parte de esta empresa.

El proponente pretende que la Cámara de Diputados realice un exhorto en los siguientes términos:

Consideraciones

Primera. Los asuntos que se plantean en ambas proposiciones son del conocimiento público, y el 27 de junio de 2007, en conferencia de prensa, el entonces secretario de la Función Pública, Germán Martínez Cázares, anunció que la secretaría a su cargo había dado inicio a una auditoría por el pago del contrato a la empresa constructora Gutsa, ante un presunto incumplimiento en obras de mantenimiento de la Autopista del Sol, y esta auditoría se realizaría a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la propia empresa y a Caminos y Puentes Federales.

Segunda. La Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene las siguientes atribuciones (con relación a los casos que nos ocupan):

Tercera. De conformidad con el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los presidentes de las comisiones ordinarias, con el acuerdo de éstas, podrán solicitar información o documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo federal cuando se trate de un asunto de su ramo.

Cuarta. De acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación es la única autoridad con facultades para fincar responsabilidades resarcitorias por daños causados a la hacienda pública federal, y se da en el caso de que de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública aparecieran irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños o perjuicios al Estado en su hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales. Por tanto, la solicitud de información en el sentido planteado por el diputado proponente es procedente ante la Secretaría de la Función Pública.

Quinta. Con base en lo anterior, esta comisión estima conveniente modificar la redacción del resolutivo, en el sentido de que se exhorte directamente a la Secretaría de la Función Pública; y dotarlo de mayor claridad, debido a que se toman en cuenta dos diferentes proposiciones, aunque son sobre la misma materia.

Conclusión

En virtud de lo anterior, esta comisión dictaminadora estima procedentes las proposiciones que se analizan, y somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Dictamen

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que, en ejercicio de sus atribuciones, informe a esta soberanía sobre el resultado de las investigaciones respecto a la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV, tanto en el caso de la Autopista del Sol como en el de la construcción de la biblioteca José Vasconcelos; y en el supuesto de que en dicha investigación se encuentren irregularidades, actúe en consecuencia.

Segundo. Que la Secretaría de la Función Pública informe a esta Cámara, además, si se ha iniciado algún procedimiento para inhabilitar la empresa Gutsa Infraestructura, SA de CV.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo.

En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en el siguiente momento procesal.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobados los puntos de acuerdo, comuníquense.

LEY DE AMPARO

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos relativos a iniciativas. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Se autoriza.

«Dictamen de la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 212 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LX Legislatura le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 212 de la Ley de Amparo, con opinión de la Comisión de Reforma Agraria.

Esta Comisión de Justicia, con opinión de la Comisión de Reforma Agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 21 de noviembre de 2006, el diputado Salvador Arredondo Ibarra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 212 de la Ley de Amparo.

Segundo. La Mesa Directiva, en esa misma fecha, mediante oficio número D.G.P.L. 60-II-1-163, acordó que se turnara a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de Reforma Agraria.

Tercero. La Comisión de Reforma Agraria, mediante oficio número Of/CRA/037/07, de fecha 29 de enero de 2007, emitió la opinión aprobada por sus integrantes, en reunión ordinaria del día 17 del mismo mes y año.

Contenido de la iniciativa

Expone el autor que la creación de los ejidos tuvo como finalidad la protección de una parte de la población menos favorecida, con la intención de que los campesinos carentes de tierras tuvieran la oportunidad de trabajar los terrenos que les fueron concedidos, pudiendo vivir así de la explotación de las mismas en el ámbito agrícola, forestal y ganadero, entre otros.

Continúa afirmando que con el paso del tiempo, si bien los ejidos estaban destinados a ser espacios de siembra, cultivo y conservación de granos, así como lugares de protección familiar, lo cierto es que se han convertido en asentamientos humanos, lo que, sin duda, en su opinión, nulifica irremediablemente el fin para el cual fueron creados, transformándose en asentamientos humanos irregulares, que al tratar de ser regulados por la instancia respectiva, se promueven múltiples recursos legales, incluido el juicio de amparo, con el objeto de combatir los decretos expropiatorios expedidos para regularizar la tenencia de las tierras, basándose en ser supuestos ejidatarios, sin serlo materialmente, pretendiendo gozar así de la protección especial que el estado concede en beneficio de los verdaderos ejidatarios.

Por todo ello, el legislador plantea la adición de un segundo párrafo a la fracción I del artículo 212 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (que en lo sucesivo denominaremos Ley de Amparo), con el objetivo de limitar la protección que regula su tramitación en materia agraria, a favor de los ejidatarios o supuestos ejidatarios, que acuden al juicio de garantías en contra de expropiaciones que sean decretadas para regularizar la tenencia de sus tierras.

Argumenta que su propuesta encuentra su razón de ser en el hecho de que un sin número de demandas en este sentido, son instauradas por personas que no son ejidatarios ni comuneros, sino que mas bien se trata de personas físicas y morales que se han asentado de manera irregular en los ejidos o han adquirido por cualquier medio la propiedad de los mismos, con fines industriales o comerciales.

Concluye exponiendo que con la adición que se propone, los juicios de garantías que tengan por objeto impugnar como acto reclamado un decreto de expropiación para regularizar la tenencia de la tierra, tendrán que sujetarse a las reglas generales que rigen el juicio de amparo, lo que dará mayor certidumbre jurídica.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Justicia exponemos las siguientes

Consideraciones

Primera. En virtud del decreto publicado el 5 de diciembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman y adicionan los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dividió la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en dos: la de Justicia, y la de Derechos Humanos, quedando a cargo de la primera de ellas, con opinión de la Comisión de Reforma Agraria, la emisión del dictamen de la iniciativa a la que se ha hecho referencia.

Segunda. Esta comisión estima pertinente realizar las siguientes consideraciones jurídicas:

El amparo en materia agraria tiene por objeto la tutela de los ejidatarios, comuneros y núcleos de población ejidal o comunal; nace a la vida jurídica como medio de defensa para hacer valer la garantía social consagrada en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este sentido, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992, se derogó la fracción XIV del artículo 27 de la Carta Magna, lo que implica que constitucionalmente se suprimió la improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción derogada y, consecuentemente, desde ese momento se permite el acceso al amparo a los afectados con resoluciones dictadas por autoridades agrarias, siendo suficiente que los interesados acrediten tener un derecho debidamente tutelado, sin que sea necesaria la exhibición de certificado de inafectabilidad y sólo basta acreditar su interés jurídico.

Lo anterior significaba que si bien el reparto de tierras a los campesinos era de interés social y una obligación ineludible del Estado, también era de interés social la preservación de la pequeña propiedad, porque cuando se afectaban tierras de esta naturaleza, se permitía su defensa ante los tribunales federales, para que éstos determinaran la legalidad o ilegalidad de la afectación de la pequeña propiedad por resoluciones presidenciales dotatorias o restitutorias de tierras, por lo que fue derogada la condición de la existencia previa de un certificado de inafectabilidad para acudir a la vía constitucional.

Ahora bien, debe decirse que cada día son menos las afectaciones de la propiedad rural para fines agrarios, en razón de que con la entrada en vigor de la aludida reforma al artículo 27 constitucional, se puso fin al reparto masivo de tierras, por lo que las autoridades agrarias ya no están autorizadas legalmente para admitir nuevas solicitudes de dotación o ampliación de ejidos o de creación de nuevos centros de población ejidal.

Como consecuencia de dicha reforma, el derecho agrario dio un giro radical, de tal suerte que la tierra social ya es factible de cotizarse en el mercado, si así lo desean libre y autónomamente las asambleas ejidales o comunales, o sus integrantes, con sus modalidades especiales y limitaciones --que la distingue de la propiedad privada.

Obviamente, lo anterior ha redundado en una nueva connotación del amparo en materia agraria, habida cuenta que en los asuntos que tienen que ver con la propiedad de la tierra rural, así como en los actos internos de los núcleos, ahora confluyen tanto actos de autoridad de naturaleza administrativa, como actos jurisdiccionales emanados de los tribunales agrarios, todos ellos combatibles a través del juicio de garantías.

De lo anterior, se advierte que el Libro Segundo de la Ley de Amparo tutela intereses tanto de núcleos de población ejidal o comunal y de ejidatarios y comuneros, como de pequeños propietarios, colonos y personas físicas o morales, con interés jurídico en tierras rurales o bienes agrarios, por lo que se estatuye un régimen procesal especial, dada su vulnerabilidad, consagrando en su beneficio las siguientes prerrogativas:

Si se exceptuaran de este apartado, como propone el autor de la iniciativa, los juicios de amparo en contra de actos de expropiación que sean decretados con la finalidad de regularizar la tenencia de la tierra, para dar paso a una tramitación ordinaria del juicio constitucional, se estaría ante una afectación grave y directa de los intereses de núcleos de población ejidal o comunal, ejidatarios y comuneros, además del probable menoscabo que se pudiera ocasionar a personas físicas o morales con interés jurídico en tierras rurales o bienes agrarios.

Es conveniente señalar que el acto de expropiación genera la insubsistencia del derecho de propiedad respecto de los anteriores propietarios, para a su vez transmitir, forzosamente, la titularidad del dominio de los bienes expropiados a favor de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, para que este órgano cumpla con el objeto para el cual fue creado.

Ello se traduce en que, de consumarse el acto, es decir, de efectuarse materialmente la expropiación, podría tener efectos que hicieran imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual o social reclamada, lo que obligaría al titular del derecho afectado, a interponer un juicio de amparo, solicitando la suspensión del acto reclamado.

Al respecto, el artículo 125 de la Ley de Amparo establece que la suspensión, de ser procedente, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se pudieran causar si no obtiene la protección constitucional peticionada.

En este orden de ideas, si se exceptuara de la tramitación especial, que tutela el Libro Segundo, a los amparos promovidos para impugnar actos expropiatorios, aunque su objetivo sea regularizar la tenencia de las tierras (que no por ello hay imposibilidad de generar un perjuicio), implicaría que el quejoso exhibiera garantía para gozar de la suspensión del acto reclamado (prerrogativa contenida en el artículo 234 de la Ley de Amparo), lo que dificultaría su protección y contravendría la garantía social consagrada en el artículo 27 constitucional, además de quebrantar la esencia del amparo en materia agraria.

Además de lo anterior, evidentemente se perderían múltiples derechos otorgados por la ley de la materia a los titulares de derechos agrarios, causándoles perjuicios mayores, al impedirles, principalmente, gozar de la suplencia en la deficiencia de la queja y de la procedencia de la suspensión de oficio, se insiste, sin obligación de exhibir fianza.

Relativo a lo argumentado por el autor de la iniciativa, sobre que se promueven diversos juicios de amparo para combatir decretos expropiatorios expedidos para regularizar la tenencia de las tierras, basándose en ser supuestos ejidatarios, sin serlo materialmente, pretendiendo gozar así de la protección especial que el estado concede en beneficio de los verdaderos ejidatarios, esta comisión considera fundamental resaltar que los ejidatarios y comuneros, así como quienes promuevan en representación de núcleos de población ejidal o comunal, están obligados a acreditar la personalidad con que se ostentan, de conformidad con las reglas establecidas en los artículos 213 y 214 de la Ley de Amparo y, en caso contrario, el juez está obligado a prevenir al promovente, según el artículo 215 de dicha ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Justicia sometemos a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 212 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Salvador Arredondo Ibarra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 21 de noviembre de 2006.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Dictamen de la Comisión de Justicia, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia le fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la denominación del título octavo del libro segundo y de los capítulos V y VI, así como los artículos 201, 201 Bis, 201 Bis 1, 201 Bis 2, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 y 209, y que deroga el artículo 201 Bis 3, todos del Código Penal Federal.

Esta comisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 22 de diciembre de 2006, la diputada Silvia Olivia Fragoso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal.

Segundo. La Mesa Directiva, en la misma fecha, mediante oficio número DGPL 60-II-4-289 acordó que dicha iniciativa se turnara a la Comisión de Justicia.

Contenido de la iniciativa

De la exposición de motivos de la iniciativa presentada por la diputada Silvia Olivia Fragoso, se advierte la siguiente propuesta:

a) Reformar la denominación del título octavo del libro segundo y de los capítulos V y VI, así como los artículos 201, 201 Bis, 201 Bis 1, 201 Bis 2, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 y 209, y que deroga el artículo 201 Bis 3, todos del Código Penal Federal.

b) En otras palabras, dicha iniciativa propone la adopción de medidas legislativas que coadyuven en la prevención y sanción de la explotación sexual comercial infantil, debido al incremento en el número de niñas, niños y adolescentes que al sumarse a la fuerza laboral caen en las redes del fenómeno de la explotación sexual comercial. Lo anterior en cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos por México en esta materia, tomando en consideración que a estos delitos se les ha calificado actualmente como una forma moderna de esclavitud y de trato inhumano degradante.

Consideraciones

Primera. Esta comisión dictaminadora, después de realizar un estudio sistemático de la iniciativa presentada, advierte lo siguiente:

Que si bien son válidos los argumentos esgrimidos en la exposición de motivos, en el momento en que fueron planteados, aún no se había aprobado la reforma en materia de explotación sexual comercial infantil publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2007, al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en la que se crearon y modificaron los tipos penales que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad, tales como son la corrupción de menores, la pornografía, el turismo sexual, el lenocinio y la trata de personas, todos ellos de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, o de personas que no tienen capacidad para resistirlo. A dichos delitos, se les incluyó dentro del catálogo de delitos graves y que se persiguen a través del régimen de delincuencia organizada.

A partir de las consideraciones expresadas, esta comisión formula la siguiente valoración en torno al contenido de la iniciativa:

Finalmente, si bien esta comisión reconoce y aprecia el propósito de la iniciativa presentada de velar por el interés superior de la infancia, considera innecesarias las reformas y adiciones propuestas por estar ya contempladas en nuestra legislación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Justicia:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la denominación del título octavo del libro segundo y de los capítulos V y VI, así como los artículos 201, 201 Bis, 201 Bis 1, 201 Bis 2, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 y 209, y que deroga el artículo 201 Bis 3, todos del Código Penal Federal, presentada por la diputada Silvia Oliva Fragoso , del Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, el 22 de diciembre de 2006.

Segundo. Archívese el expediente como un asunto total y definitivamente concluido.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados perteneciente a la LX Legislatura fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II y deroga los incisos a) y b) de la fracción I del artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo, presentada el 1 de abril de 2004 por la diputada Magdalena Adriana González Furlong, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Estas comisiones unidas, con fundamento en los artículos 39, numerales 1, 2, fracción III, y 3; 44; y 45, numerales 1, 4 y 6, incisos d) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, 56, 60, 87, 88 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, elaboraron el presente dictamen y lo someten a la consideración de esta honorable asamblea, de acuerdo con los siguientes

I. Antecedentes

Primero. Con fecha 5 de abril del 2004, la diputada Magdalena Adriana González Furlong, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II y deroga los incisos a) y b) de la fracción I, del artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo.

Segundo. Con fecha 5 de abril del 2004, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la iniciativa que nos ocupa para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Atención a Grupos Vulnerables.

Con base en los antecedentes expuestos, los integrantes de estas comisiones hacemos de su conocimiento el siguiente

II. Contenido de la iniciativa

1. El objetivo de la iniciativa de la diputada Magdalena Adriana González Furlong es reformar la fracción II y derogar los incisos a) y b) del artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo, en los siguientes términos:

Texto vigente

Artículo 175. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores:

Texto propuesto

Artículo 175. ...

2. La diputada propone en la iniciativa que ``la Ley General de Salud, en el artículo 220, señala que en ningún caso y de ninguna forma se podrán expender o suministrar bebidas alcohólicas a menores de edad, se calcula que en México más de 4 millones de menores cuentan con 16 y menos de 18 años que, por circunstancias de desarrollo físico y sociales, están en riesgo de convertirse en potenciales consumidores de bebidas alcohólicas''.

3 . Señala que ``existen leyes donde aún no se han visto reflejadas tales disposiciones garantes, es el caso de nuestra Ley federal del Trabajo, pues en su artículo 175, que se refiere al trabajo de menores, se establece la prohibición únicamente para que sean los menores de 16 años los que no pueden laborar en expendios de bebidas embriagantes''.

4 . Finalmente, la diputada pretende ``dar un primer paso hacia la procuración y los trabajos encaminados a proteger la integridad y el correcto desarrollo de los menores de edad y evitar lagunas legales, que no sólo dejan en estado de incertidumbre a los ciudadanos y principalmente a los niños'', modificando la Ley Federal del Trabajo, para protección de los niños y para dar congruencia a la legislación laboral con los tratados internacionales y legislación nacional, y así evitar que sea utilizado el trabajo de menores en expendios de ese tipo de bebidas de consumo inmediato, cantinas y bares''.

III. Consideraciones

Las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Atención a Grupos Vulnerables consideran:

A. Estamos de acuerdo con la diputada en que es necesario que se proteja el derecho de los menores de 18 años en materia laboral, en concreto, que no se les permita laborar en lugares donde se vea afectada su moral y sus buenas costumbres, con la finalidad de que tengan un desarrollo integral como lo mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123, señala: ``Toda persona tiene derecho a trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.

Por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma fundante para la creación de cualquier legislación, reglamentación o código. En este caso, el artículo 123 constitucional es la base para que se expida la Ley Federal del Trabajo, donde además de regular las relaciones obrero-patronales, se protege a los menores de 16 y de 18 años, ya que este tipo de leyes es obligatorio por el simple hecho de nacer del derecho social, ``el que determina las condiciones necesarias para que se desarrolle una sociedad relativamente igualitaria en términos económicos, garantizando condiciones de trabajo y de vida decentes para toda la población, con la posibilidad de ser interpretada a favor de los más desprotegidos''.

B. La adición de los incisos b) y c) en la fracción II del artículo 175, con el fin de ampliar la protección, donde se indica lo siguiente:

Genera una sobrerregulación, al encontrarse establecidas las fracciones anteriores en el Código Penal Federal de manera más clara y precisa, aumentando a esto la imposición de penas al desobedecer dicho ordenamiento, que dice a la letra:

Sabemos que es importante que las leyes sean claras para el beneficio de los grupos sociales a los que van destinados, en este caso los trabajadores menores de 18 años, pero también es necesario que a los que incumplan la normatividad del Estado se aplique una pena que corresponda al daño causado, las sanciones que establece la Ley Federal del Trabajo son administrativas y el castigo considerado en el Código Penal Federal va más allá de una sanción pecuniaria y es la privación de la libertad, lo cual consideramos justo, ya que al mismo nivel que la vida y la libertad se encuentra el derecho de los menores de 18 años a un desarrollo integral.

Por todo lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Atención a Grupos Vulnerables concluyen que la propuesta tiene una finalidad que beneficia a los trabajadores menores de 18 años, pero a su vez implicaría una sobrerregulación, debido a que ya se encuentra redactado en el artículo 201 Bis del Código Penal Federal, de manera más clara.

Resolutivo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II y deroga los incisos a) y b) de la fracción I del artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo, presentada en fecha 5 de abril de 2004.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo

Honorable asamblea

A las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados pertenecientes a la LX Legislatura, les fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, presentada el 23 de septiembre de 2004, por la diputada Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Estas comisiones unidas, con fundamento en el artículo 39, numerales 1, 2 fracción III, y numeral 3; los artículos 44, 45 numeral 1, 4, 6 incisos d) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 55, 56, 60, 87, 88 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; elaboró el presente dictamen y lo somete a la consideración de esta honorable asamblea, de acuerdo con los siguientes

I. Antecedentes

Primero. El 28 de septiembre de 2004, la diputada Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo.

Segundo. El 28 de septiembre de 2004, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la iniciativa que nos ocupa para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Atención a Grupos Vulnerables.

Con base en los antecedentes expuestos, los integrantes de estas comisiones hacemos de su conocimiento el siguiente

II. Contenido de la iniciativa

1. El objetivo de la iniciativa de la diputada Angélica de la Peña Gómez es reformar los artículos 5, 22, 23, 29, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 191, 267, 423, 493, 541, 691, 988, 995, 995 Bis y 998 de la Ley Federal del Trabajo, en los siguientes términos:

2. La legisladora indica en su exposición de motivos que ``la niñez es una etapa de la vida del ser humano, en donde es imprescindible para su formación el juego, porque de esta manera también aprende y crece, desarrollando sus potencialidades''.

3. En el mismo orden de ideas afirma que ``más de cincuenta millones de niños y niñas en todo el mundo realizan alguna forma de trabajo, violándose las leyes laborales que lo prohíben y muchas de las veces se realiza en condiciones deplorables y de alto riesgo para su persona''.

4 . Señala que ``la reforma tiene el objetivo de sustituir el término ``menor'' por ser peyorativo desde la teoría integral de derechos humanos de la infancia, toda vez que esta voz como lo define el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se refiere a ``menos importante en relación con algo del mismo género.''

5 . En conclusión, la diputada pretende: ``prohibir el trabajo de personas menores de 18 años en las peores formas de trabajo, y vigilar la correcta observación de las condiciones del trabajo de personas mayores de catorce años y menores de dieciocho en las labores que por su naturaleza puedan desarrollar''.

III. Consideraciones

Las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Atención a Grupos Vulnerables, consideran que

A. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata en el artículo 5, párrafos tercero y quinto, lo siguiente:

Con lo cual el estado mexicano esta protegiendo la integridad y el desarrollo de los trabajadores, sobre todo de los menores de dieciocho años, complementando dicha protección con lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo, señalando:

B. La propuesta de la diputada de anteponer a diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo el concepto de personas a la palabra menores, carece de consistencia jurídica, ya que el término ``menor'' no se debe interpretar cómo un insulto o una forma despectiva hacia los niños, niñas y adolescentes, el mismo alude a la minoría de edad, entendida como el tiempo de la edad menor legal de una persona, más no como algo de menor importancia.

Asimismo no sólo la Ley Federal del Trabajo contemplan la figura del menor sino también en el ámbito internacional las organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos y lo han plasmado en documentos como la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores; a nivel nacional el termino menor lo podemos encontrar en códigos como el Civil, Penal, los Códigos de Procedimientos y hasta la misma Ley de Amparo.

El derecho señala que persona es ``todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones''. Como se puede apreciar los menores no pueden contraer obligaciones por si mismos, si no es mediante un representante legal impuesto por el Estado, por lo tanto no consideramos conveniente el incorporar el termino solicitado por la diputada en la legislación.

C. En cuanto a que además del consentimiento de los padres, también se requiera el de las madres, tratándose de contratación de servicio de menores de edad, no es considerado viable por los integrantes de estas comisiones por determinar que el concepto de padres comprende tanto al padre como a la madre.

D. Respecto a la propuesta de reforma del artículo 174, a fin de que sean gratuitos los certificados médicos que expidan las instituciones públicas de salud, con el objeto de acreditar la aptitud para el trabajo por parte de menores de 16 años, la Constitución señala en el artículo 4 lo siguiente ``Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.''

Además esta propuesta ya se encuentra contemplada en la Ley General de Salud, mencionando lo siguiente:

La gratuidad es otorgada por del Estado basándose en condiciones de pobreza y marginación, más no en casos de minoría de edad. El gobierno se encarga de aplicar las obligaciones constitucionales, como servicios gratuitos de cualquier índole mediante programas que se rigen por reglas de operación; en estos reglamentos es donde se debe verificar que se cumpla con lo ordenado por la Constitución, más no en las legislaciones, evitando se sobre regule cualquier eventualidad.

E. La reforma propuesta del artículo 175 de la misma ley presentada por la diputada no es de aceptarse ya que la propia legislación contempla estos supuestos en otros capítulos, donde se les da un tratamiento específico, como los siguientes:

Al aceptar la reforma se crea un desequilibrio y una mala aplicación de la referida ley al encontrarse artículos dispersos, aprovechándose de esta confusión los patrones para usarlo en detrimento de los menores y así contribuir más a la explotación de los mismos.

Por otra parte no debe eliminarse la prohibición de trabajos susceptibles de afectar la moralidad o las buenas costumbres de las personas menores de 16 años del artículo 175, ya que lo que se trata es de proteger a los menores, mas no dejarlos en un estado de indefensión.

F. La pretensión de la diputada al agregar un párrafo al artículo 493 de la Ley Federal del Trabajo, resulta inoperante ya que dentro del mismo párrafo se incluyen a todos los trabajadores, ya sean menores de edad o mayores, y al adicionar un párrafo como se propone en la reforma se estaría discriminando a los trabajadores que no encuadren en este tipo de supuestos, incumpliendo con el artículo 3 de la misma ley, que señala:

......

G. La intención de la diputada al reformar al artículo 995 y adicionar el artículo 995 Bis de la Ley Federal del Trabajo es para beneficio de los menores, y los integrantes de estas comisiones unidas estamos de acuerdo en aplicar mayores sanciones a los patrones que violen las normas que rigen el trabajo de los menores, pero las recientes reformas del Código Penal Federal publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2007, sobre el capitulo ``Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad'', del artículo 200 al 209 contemplan penas en contra de los patrones que violen las normas del trabajo complementando lo reglamentado por la Ley Federal del Trabajo.

El espíritu de la reforma es bueno y está dirigido hacia el desarrollo de los menores de 18 años en materia laboral, pero las propuestas ya están contempladas en diversos ordenamientos, por lo que crean un sobre regulación.

Por todo lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Atención a Grupos Vulnerables concluyen que la propuesta implica una sobre regulación y no cuenta con justificaciones adecuadas para la realización de las reformas, dejando en la mayoría de los casos en indefensión a los menores de edad, no cumpliendo con lo establecido en la Constitución mexicana, siendo este el ordenamiento supremo del estado, por lo que es de desecharse, suscribiendo el siguiente:

Resolutivo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, presentada el 28 de septiembre de 2004.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Dictamen de la Comisión de la Función Pública, con puntos de acuerdo por los que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Honorable Asamblea:

La Comisión de la Función Pública de esta honorable Cámara de Diputados, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 58 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a su consideración dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Antecedentes

La iniciativa que se dictamina fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2355-II, del jueves 4 de octubre de 2007, presentada al Pleno de esta Cámara el mismo día por el diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de esta Cámara la turnó para su estudio y dictamen a la comisión que suscribe.

Una vez recibida y previo estudio de la misma, se preparó un proyecto de dictamen por la negativa que fue sometido a la consideración y discusión de las diputadas y los diputados integrantes de la comisión, quienes lo aprobaron en la sesión de fecha 5 de diciembre de 2007, con 18 votos a favor, ninguno en contra, sin abstenciones ni votos particulares.

Contenido de la iniciativa

La finalidad de la iniciativa que se dictamina es incorporar como información reservada la que se refiere a la localización y características de la infraestructura estratégica de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Lo anterior en razón de que dice el iniciante que tanto la Comisión Federal de Electricidad como Petróleos Mexicanos son las dos empresas mexicanas más importantes y ``nos obligan a hacer una reflexión, principalmente por lo acontecido el pasado 10 de septiembre del año en curso, cuando Pemex fue víctima de atentados terroristas, que dañaron, entre otras, instalaciones petroleras como el ducto de gas LP Cactus-Guadalajara, que surte este producto a las terminales de Puebla, San Martín Texmelucan, Tepeji del Río, Tula, Abasolo y Guadalajara, lo cual provocó la suspensión del transporte de gas licuado por esa línea, afectó el altiplano y accidente del país, destruyó la infraestructura de la paraestatal y ocasionó pérdidas multimillonarias, que lesionaron el patrimonio de los mexicanos''.

Además, hace referencia a la importancia de estas empresas para el desarrollo de nuestro país. Por lo que plantea que ``los datos de las dos empresas demuestran su importancia para salvaguardar el futuro de un México moderno y democrático''. De ahí la necesidad de la adecuación planteada a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ya que las disposiciones de esta ley, de acuerdo con el iniciante ``otorgan un amplio tramo de discrecionalidad al gobierno para su clasificación, lo que puede favorecer las fugas de información, su tráfico y dificultar su sanción en el caso de mal uso e irregularidades''.

Por lo que considera que ``es necesario acotar el exceso de discrecionalidad que la Ley otorga a los funcionarios públicos en el caso de la información clave para el país, como es la infraestructura petrolera y eléctrica''.

De este modo el iniciante pretende que se adicione el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con una fracción VI, para quedar como sigue:

Consideraciones

Primera. Con la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se han obtenido resultados benéficos importantes para fomentar la eficiencia en la administración pública y la rendición de cuentas, además ha ayudado a constituir un mecanismo inmejorable para el combate a la corrupción y, en consecuencia, ha contribuido a la construcción de un Estado más democrático y justo en todos los ámbitos del gobierno.

Aunado a lo anterior, ha contribuido a la apertura del Estado al conocimiento público de los asuntos importantes para la nación, ha puesto en manos de los ciudadanos una gran cantidad y variedad de datos, cifras y documentos para la toma de sus propias decisiones y ha ayudado a remover inercias gubernamentales indeseables como la corrupción y la discrecionalidad.

Segunda. Esta comisión coincide con la preocupación expresada por el iniciante en la importancia de la información referente a la localización y características de la infraestructura estratégica de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad.

Tercera. El artículo 13 de la propia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece los criterios para clasificar la información como reservada, de esta manera establece que se podrá clasificar como tal sólo aquella información que pueda:

Es decir, la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal, será reservada sólo de manera excepcional.

Y el artículo 16 de la misma ley establece quienes estarán facultados para reservar la información:

Además en el artículo que se pretende adicionar se enumeran otros supuestos en los que la información será considerada como reservada.

El principal argumento del iniciante en su exposición de motivos es el relativo a que, de la forma en que se encuentra regulado actualmente el proceso de reserva de la información, se le deja a los servidores públicos un amplio tramo de discrecionalidad ; sin embargo, esta comisión no lo comparte, porque tanto en la ley, como en su reglamento, se establecen los criterios para realizar la reserva de la información, y no queda al libre albedrío del servidor público, es decir, la reserva de la información no es una facultad discrecional del servidor público, en este caso, de los titulares de las unidades administrativas.

Cuarta. Adicionalmente, de acuerdo con lo que establece el artículo 28 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Instituto Federal de Acceso a la Información expidió el 18 de agosto de 2003 los Lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública federal , que es el ordenamiento de carácter general y observancia obligatoria para aquellos servidores públicos que, en razón de su cargo, están obligados a clasificar la información que obre en sus archivos. En este ordenamiento se establecen los criterios que deberán tomarse en cuenta al clasificar la información, limitando la discrecionalidad del servidor público que clasifica, y otorgando en consecuencia una mayor certeza jurídica a los particulares frente a dicha clasificación.

Quinta. Aunado a lo anterior, el artículo segundo de los mencionados lineamientos establece que las dependencias y entidades podrán expedir, a través de los comités de información, criterios específicos de clasificación, de conformidad con lo previsto en los artículos 29, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 28, de su reglamento. Con lo que queda claro que no existe discrecionalidad en la clasificación de la información, como lo expone el iniciante.

En virtud de lo anterior, esta comisión somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Dictamen

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con número de expediente 2438, presentada el 4 de octubre de 2007, por el diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se reserva para su votación en conjunto al final.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LX Legislatura le fue turnada la iniciativa enunciada en el encabezado.

Esta comisión, se abocó a su estudio y análisis para la elaboración del presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

El 7 de diciembre de 2006, durante la sesión ordinaria celebrada ese día, la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa que nos ocupa. Esta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria Número 2147-I, de esa misma fecha.

En esa sesión, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados la turnó a esta comisión.

Contenido de la iniciativa

El problema planteado es la percepción adversa que tiene la opinión pública respecto del trabajo legislativo de la Cámara de Diputados.

La causa a la que se atribuye este problema es que el orden del día de las sesiones, enumera una gran cantidad de comunicaciones, iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo, que complican dar la atención necesaria a cada uno de los asuntos con lo que se demerita la calidad de la función legislativa.

La propuesta de solución que se sugiere, es adicionar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de establecer la ampliación de los días en que se tienen las sesiones ordinarias y la modificación de la hora que actualmente se señala en el Reglamento para iniciar las sesiones por regla general.

Consideraciones

La Cámara está facultada para conocer y resolver la presente iniciativa de conformidad con lo que establecen los artículos 70, segundo párrafo y 72, letra F, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Corresponde a esta comisión conocer, analizar y dictaminar esta iniciativa conforme lo estipulan el artículo 40, párrafo 2, inciso b) y 45 párrafo 6, incisos e) y f) y párrafo 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La iniciativa cumple con los requisitos que la práctica parlamentaria ha habituado.

Efectivamente, la opinión y el nivel de confiabilidad del ciudadano con respecto a los legisladores no les son favorables a éstos.

Como se dice en la iniciativa, esta circunstancia tiene que ver con la idea de que el trabajo legislativo se mide en cantidades y consecuentemente al haber un embotellamiento de propuestas en el Pleno y muy pocos decretos, se tiene la impresión de que no se trabaja; pero no es ni la única circunstancia que propicia esto ni la determinante.

Otros componentes del problema son el hecho de que, en general, la población tiene una expectativa en los legisladores que no se apega a la realidad; el hecho de que el Poder Legislativo no cuenta con las suficientes facultades como para incidir en el entorno inmediato del elector; el hecho de que el diputado es una persona con una vinculación más cercana e inmediata con sus representados y por tanto es más proclive al reproche; el hecho de que la mayoría de las personas desconocen las otras funciones legislativas como las de representación, de control político, de conducción en materia económica, de intervención en designaciones y algunas más, inmensurables en términos cuantitativos, que no se han difundido suficientemente; el hecho de que en la memoria tienden a quedar más las notas sensacionalistas y los escándalos de los integrantes de las cámaras que los logros y alcances de las mismas; y algunos otros hechos más que sería extenso numerar.

Como se ve, el problema planteado resulta multifactorial y las propuestas de solución parciales aportan poco a su solución, por lo que la modificación planteada, por sí misma, difícilmente revertirá el problema planteado.

La reforma al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, planteado en la iniciativa, enfrenta un obstáculo técnico jurídico difícil de resolver. El Reglamento, que data del 20 de marzo de 1934, en aquel entonces, el Congreso tenía la facultad para crearlo en la fracción XXII del artículo 73 de la propia Constitución. Y ese texto se encontraba dispuesto desde 1917; sin embargo, la reforma política de 1977, modificó el diseño jurídico institucional, sustituyendo al Reglamento por una Ley Orgánica. En tal razón se suprimió la facultad constitucional del Congreso de crear su propio Reglamento, la facultad constitucional del Congreso para crear su ley (artículo 70) y se dispuso en la propia Ley Orgánica el compromiso de crear los Reglamentos de cada una de las Cámaras como pasos tendientes a la extinción de las normas que en esta materia contuvo el Reglamento.

Al quedar eliminada esta facultad del Congreso de crear su propio reglamento, se eliminó la base jurídica que posibilitaba las reformas al mismo por lo que cualquier modificación al reglamento hecha después de esa reforma, si no puede calificarse categóricamente de inconstitucional, cuando menos, cierne sobre si la duda de la conculcación del principio de legalidad constitucional que se desprende de los artículos 14, 16 y 124 de la Carta Magna, según el cual, los órganos de poder no pueden ejercer sino las facultades conferidas expresamente.

Esa es una de las razones por las cuales se ha evitado hacer modificaciones al Reglamento y recurrir --cuando menos en la Cámara de Diputados--, a emitir acuerdos parlamentarios para regular algunos aspectos de la vida camaral cuya realidad rebasó las normas del Reglamento.

Conviene recordar que el 13 de abril de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Reforma del Estado que establece un proceso para revisar y adecuar el diseño institucional del régimen político mexicano dentro del lapso de un año.

Sobra aclarar que en este tenor, se revisarán diversos aspectos de organización de las Cámaras como el número de los integrantes, las funciones, el número e integración de las comisiones, sus facultades y muchos otros cuya adecuación obligará a revisar y actualizar los procedimientos internos en cada Cámara.

Por lo anterior, establecer una modificación como la propuesta considerando sólo los elementos del sistema institucional actual, resultaría un trabajo efímero y poco productivo.

Conforme a la ley citada, habrá una etapa de construcción de acuerdos en la que los legisladores podrán aportar sus ideas y conciliarlas para efectos de lograr consensos y en ella cada representación política recogerá las ideas de sus respectivos partidos. Por ello, proponemos desechar la iniciativa que nos ocupa sin demérito de que las ideas en ella contenidas puedan ser consideradas en este proceso.

En razón de lo antes expuesto y fundado, los diputados integrantes de esta comisión que hoy dictamina, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que presentara la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 7 de diciembre de 2006.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo y se ha registrado en contra del mismo la diputada Aleida Alavez Ruiz, por lo que se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos.

Ésta es una discusión que se da en el marco del descrédito que tenemos de la Cámara de Diputados sobre el trabajo o la productividad que hacia fuera reflejamos en la vida cotidiana de la gente, porque podría ser que con las reformas que aquí se aprueban haya un sentir hacia fuera, con la gente común, de que esto no se traduce en una mejora en su calidad de vida.

Hagámonos pues responsables de que este aumento que se documentó el lunes en un foro de la canasta básica, de 36 por ciento, es lo que más se refleja en la vida cotidiana de la gente y no así estas reformas que se quieren pasar fast track en la Cámara de Diputados, sin dar discusión, sin dar la argumentación necesaria para creer que es en pro de la ciudadanía y de todos los derechos que supuestamente estamos defendiendo y tutelando.

Por eso es mi rechazo a que esta Cámara se niegue a sesionar un día más, para entonces poder establecer que queremos desahogar más la discusión, que no se da lamentablemente. Y que reformas tan importantes como la de ayer, como las que se han trabajado en este periodo, han sido bajo la conculcación de derecho que tenemos como diputados de modificar estas reformas que vienen del Senado.

Tanto la del Cofipe, como la reforma constitucional electoral, no fue discutida ni cambiada en una coma en la Cámara de Diputados. Se nos negó esa posibilidad y estamos entonces así renunciando a corregir las iniciativas o los dictámenes que nos llegan de la otra Cámara. Y entonces no estamos asumiendo la responsabilidad que nos corresponde.

Ése es el motivo por el que se sugería la sesión de un día más en la Cámara de Diputados, pero lamentablemente se desecha con toda irresponsabilidad, porque además no se dan argumentaciones serias en el dictamen que se presenta para desechar esta propuesta, y se dice que se va a pasar a la discusión de la reforma del Estado, una vez que ahí se toque el asunto de las instituciones, de los tres Poderes, de la estructura orgánica de la Cámara, en fin, toda esa argumentación que entonces, si hacemos caso de esos argumentos, tendría no que ser desechada, sino turnada a esta supuesta comisión, o esto de la reforma del Estado, para que ahí se valorara la propuesta; y no así negarnos y desechar una intención que hay que agilizar y darle más calidad al trabajo legislativo en el sentido de abrir la discusión en pleno de los problemas que estamos deliberando de manera tan pronta y entonces sí, yo ubicaría que estamos siendo irresponsables por este tipo de determinaciones.

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Aleida Alavez Ruiz.

No habiendo ningún otro orador inscrito, se considera suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo que fue presentado en este momento y discutido por la diputada Aleida Alavez.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: En votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese. Continúe con los puntos de acuerdo.

BENEMERITA ESCUELA NACIONAL DE MAESTROS

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre ``Benemérita Escuela Nacional de Maestros''

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LIX Legislatura, se turnó la iniciativa enunciada en el encabezado de este documento, por conducto del presidente de la Cámara. La comisión se abocó a su estudio y análisis para la formulación del presente dictamen, de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, realizada el jueves 30 de marzo de 2005, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de ``Benemérita Escuela Nacional de Maestros'', presentada por el diputado Iván García Solís, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente determinó que se turnara a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias --entonces Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias--.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, número 1714-I, del 17 de marzo de 2005.

Contenido

La iniciativa propone que la Cámara de Diputados apruebe la realización de un merecido reconocimiento a la ``Benemérita Escuela Nacional de Maestros'', a través de la inscripción con letras de oro de su nombre en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Argumentos

La Benemérita Escuela Nacional de Maestros es una sólida institución de formación docente que cuenta con licenciaturas, postgrados y áreas de investigación íntimamente vinculadas a las necesidades de la educación. Asimismo, mediante sus redes de extensión académica permea la labor educativa que realizan miles de maestros en todo el país.

Reconocer esta institución significa valorar la trascendente figura del maestro mexicano, quien ha tenido un papel de avanzada en el desarrollo de la nación. Justamente este reconocimiento no sería el primero que otorga un poder legislativo mexicano a la labor del maestro; está el ejemplo de la Presea de honor del estado de México, que otorga el Congreso de esa entidad a los maestros que se distingan en grado eminente por su eficacia, constancia y méritos profesionales.

Además si la Cámara de Diputados ha reconocido la trascendencia de tres instituciones educativas de carácter nacional en México, como el caso del Heroico Colegio Militar, Heroica Escuela Naval Militar y la Universidad Nacional Autónoma de México. Junto a ellas no debe faltar la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, que luego de 118 años de trabajo ininterrumpido, siempre a la vanguardia, ha dado mucho al país.

Consideraciones

La iniciativa que en este dictamen se analiza cumple con los requisitos formales que exige la práctica parlamentaria, se formuló por escrito y se presentó con un título por quien está facultado para iniciar el proceso legislativo, con su nombre y firma; contiene un apartado expositivo de los motivos que la animan; presenta el texto legal que propone; señala la vigencia del decreto; establece la fecha de presentación ante el Pleno y fue difundida con oportunidad.

La Cámara de Diputados está facultada y tiene competencia para conocer y resolver la iniciativa arriba señalada, de conformidad con lo que establece el segundo párrafo del artículo 70, así como la fracción I del artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es competente para emitir un dictamen de la propuesta, conforme a lo que dispone el artículo 40, párrafo 2, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Como bien lo reconoce la iniciativa, la Benemérita Escuela Nacional de Maestros ha sido ya justamente reconocida por el Poder Legislativo en otro ámbito.

No resulta conveniente comparar la propuesta del iniciador con la inscripción en letras de oro que se ha realizado tanto del Heroico Colegio Militar, como de la Heroica Escuela Naval Militar, pues su naturaleza, historia y el sector al que están dirigidos son distintos.

Por otro lado, la Cámara de Diputados ha reconocido la contribución a la formación de profesionales en ramas como la salud y la educación, entre otras, que han hecho la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, inscribiendo sus nombres con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados.

Lo anterior se debe a que ambas instituciones aportan más de la mitad de la investigación científica que se realiza en México. La UNAM, así como el IPN, representan el proyecto más ambicioso logrado en la historia del país para formar a los profesionistas, académicos, médicos e intelectuales; para promover y realizar la investigación científica y extender la cultura hacia los sectores más amplios de la sociedad.

Esta comisión dictaminadora reconoce el mérito de una institución tan loable como lo es la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, pero considera que el estímulo a las instituciones académicas que prestan sus servicios a un sector de la población debería proporcionarse vía apoyos gubernamentales, que contribuyan a fortalecer y ampliar con eficacia sus servicios, por lo que la aprobación de las iniciativa aquí analizada, si bien representaría un merecido homenaje, no resultaría suficiente para el fomento de su labor.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias propone a esta soberanía el siguiente proyecto de:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de ``Benemérita Escuela Nacional de Maestros''.

Segundo. Se archiva el asunto como totalmente concluido.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se reserva para su votación en conjunto.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo reservados para su votación en conjunto en este momento.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Esta Presidencia recibió iniciativa que reforma el artículo 40, fracción XII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por los diputados Verónica Velasco Rodríguezy José Antonio Arévalo González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Iniciativa que reforma el artículo 40, fracción XII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por los diputados Verónica Velasco Rodríguez y José Antonio Arévalo González , del Grupo Parlamentario del PVEM

Verónica Velasco Rodríguez y José Antonio Arévalo González , diputados a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 4, 71, fracción II, 72, 73, fracciones XXIX-E, XXIX-G y XXX, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 62, 63 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, solicitan que se turne a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, la presente Iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Se estima que 13.3 por ciento de la oferta energética primaria total en el mundo fue producida por medio de fuentes renovables de energía, ¹ es decir, a través de energía hidráulica, geotérmica, solar, de las mareas, eólica, residuos municipales, biomasa y biogás. ²

Del porcentaje mencionado, 79.5 por ciento corresponde a combustibles renovables y residuos, distribuidos de la siguiente forma: 77.5 por ciento de biomasa sólida; 1 por ciento a biomasa líquida y 0.7 por ciento a residuos municipales. El restante 20.5 por ciento se divide en hidráulica, con 16.6 por ciento, 3.1 por ciento de geotérmica, 0.4 por ciento del viento y 0.3 por ciento a solar y de las mareas.

En el periodo 1990-2003, la fuente renovable de energía que experimentó mayor crecimiento fue la eólica, con 23.9 por ciento en promedio; el conjunto de residuos municipales, el biogás y la biomasa líquida creció en 8.2 por ciento promedio, y la solar 6.1 por ciento en promedio.

Respecto a la generación de electricidad por fuentes renovables de energía, para 2003 a nivel mundial dichas fuentes tuvieron una participación de 17.6 por ciento, principalmente la hidroeléctrica, con más de 90 por ciento (hidroeléctrica, 15.9 por ciento; geotérmica, eólica, solar y marea, 0.7 por ciento; y biogás, biomasa y residuos, 1 por ciento).

En el mundo, los sectores que más utilizan fuentes renovables de energía son el residencial, comercial y público, que totaliza 58.6 por ciento, seguido de la generación de electricidad, con 21.3 por ciento, y el sector industrial, con 11.3 por ciento.

Enseguida se presenta la contribución de las fuentes renovables de energía en la oferta total energética primaria mundial y la participación de dichas fuentes en la generación de electricidad. Asimismo, se muestran los costos y los gases de efecto invernadero que generarían diversos tipos de energía en la generación de electricidad en la Unión Europea: ³

En nuestra legislación tributaria, para efectos de la deducción autorizada de 100 por ciento de las inversiones en maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente de fuentes renovables, el artículo 40, fracción XII, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que son fuentes renovables la ``energía solar en todas sus formas; la energía eólica; la energía hidráulica, tanto cinética como potencial, de cualquier cuerpo de agua natural o artificial; la energía de los océanos en sus distintas formas; la energía geotérmica, y la energía proveniente de la biomasa o de los residuos. Asimismo, se considera generación la conversión sucesiva de la energía de las fuentes renovables en otras formas de energía''.

En efecto, dicha disposición considera de manera ilimitada como fuente renovable de energía la hidráulica, la biomasa y los residuos, sin dejar de señalar que no considera fuente renovable de energía los biocombustibles que se generan con los residuos provenientes de las actividades agropecuarias o forestales, ni el biogás.

De esa forma, se propone reformar el segundo párrafo de la fracción XII del artículo 40 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, como a continuación se indica, en cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables:

Artículo 40, fracción XII, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (en vigor)

Artículo 40. ...

Reforma del artículo 40, fracción XII, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo 40. ...

La necesidad de circunscribir la energía hidráulica a la generada por medio de planta hidroeléctrica minihidráulica con capacidad igual o menor de 10 MW, esta última únicamente como fuente renovable de energía, radica en que con las grandes presas se establecen barreras que impactan negativamente el equilibrio ecológico y la biodiversidad, eliminando de nuestro entorno especies, incluso endémicas, que requieren el acceso y la salida plenos a los ecosistemas.

Para el caso de la energía proveniente de los biocombustibles, se propone que se considere fuente renovable de energía cuando sean generados a partir de residuos de las actividades agropecuarias o forestales.

Con lo señalado en el párrafo anterior, además de evitar un gasto de mayor energía y de recursos naturales en la producción de bioenergéticos, también se busca minimizar la utilización de productos básicos como maíz o caña de azúcar en esa producción.

Respecto a la energía proveniente de los residuos, es conveniente acotar tal definición, ya que podría considerarse fuente renovable de energía la valorización energética de éstos, tales como la quema de llantas que llevan a cabo las cementeras establecidas en México, o de otros productos, por ejemplo, pilas y baterías, o incluso la quema de residuos sólidos urbanos.

La quema de llantas, como lo ha denunciado el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados, perjudica la salud: cáncer; daños a los sistemas inmunológico, hormonal y nervioso, y diabetes, entre otros. ⁴

De la misma forma, con la quema de llantas llevada a cabo por empresas como Cementos Mexicanos se emiten a la atmósfera contaminantes orgánicos persistentes.

El Estado mexicano es parte del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.

Por otra parte, se propone que en ningún caso serán fuentes renovables de energía ``la energía nuclear; la valorización energética de residuos, con excepción del biogás generado a partir de residuos sólidos urbanos y de plantas de tratamiento de agua; la planta hidroeléctrica minihidráulica con capacidad mayor de 10 MW, o la de capacidad igual o menor de 10 MW que una vez que fue construida, instalada o que esté en operación, exceda de dicha capacidad ya sea por ampliación, aumento, repotenciación, o bajo cualquier otro concepto, motivo o título, aun cuando sea por una capacidad igual o inferior a 10 MW; o el petróleo y los carburos de hidrógeno sean sólidos, líquidos o gaseosos, o de minerales radiactivos, ya sea que el petróleo o esos carburos se utilicen de forma individual o conjuntamente''.

El fomento de la energía nuclear, además de crear incentivos para el ataque terrorista o por parte de guerrillas, conlleva graves riesgos de pérdida de vidas humanas, afectaciones negativas de la salud pública y del ambiente. Un problema que no podemos dejar de señalar son los residuos peligrosos derivados de la energía nuclear, por lo que respecta a su manejo y confinamiento.

Con relación al hidrógeno, su principal fuente de generación en el mundo es el gas natural, por lo que el apoyo a dicha generación ocurriría cuando sólo sea a través de biorreactores por medio de algas, o por medio de otras verdaderas fuentes renovables de energía; sin embargo, este asunto es objeto de otra iniciativa.

También la presente iniciativa es congruente con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 que, entre otros aspectos, mandata:

Eje 2. Economía competitiva y generadora de empleos

Energías renovables y eficiencia energética

Uno de los ejes centrales de las políticas públicas de México es el desarrollo sustentable. Para ello, se propone impulsar el uso eficiente de la energía, así como la utilización de tecnologías que permitan disminuir el impacto ambiental generado por los combustibles fósiles tradicionales. De esta forma, se pretende conciliar las necesidades de consumo de energía de la sociedad con el cuidado de los recursos naturales. México cuenta con un importante potencial en energías renovables, por lo que se buscará su aprovechamiento integral, incluyendo los biocombustibles.

En materia de ahorro de energía, es importante incrementar los esfuerzos de promoción de uso de equipos de producción y aparatos de consumo más eficientes. Lo anterior no sólo permite reducir el impacto sobre el medio ambiente del uso de combustibles fósiles sino también representa la posibilidad de reducir el gasto que destinan los usuarios al consumo de energéticos.

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

Como signatario del Protocolo de Kyoto, México ha aprovechado, aunque aún de manera incipiente, el potencial para generar proyectos bajo el mecanismo de desarrollo limpio. Al respecto, se están desarrollando actividades estratégicas para instrumentar este tipo de proyectos, tales como el aprovechamiento de metano en rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de aguas residuales, granjas agropecuarias, minas de carbón y en instalaciones petroleras, o la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables (eólica, biomasa, hidráulica, solar)...''

Para lograrlo, es indispensable el impulso de energías bajas en intensidad de carbono como la energía eólica, geotérmica y solar.

A su vez, es indispensable integrar políticas de promoción de transporte público bajo en emisiones, establecer incentivos fiscales para promover proyectos energéticos sustentables, realizar una valoración económica de los beneficios de este tipo de energías y, finalmente, fomentar la investigación en tecnologías de menor intensidad energética.

Deberá apoyarse la formulación de un marco jurídico más favorable para el impulso de energías de fuentes renovables...''

Básicamente, el presente proyecto de decreto delimita, aún más, cuáles son las fuentes renovables de energía, dejando de lado, entre otros, los grandes proyectos hidráulicos que alteran negativamente el equilibrio ecológico; la valorización energética de residuos (quema de llantas, baterías, plásticos, pilas, etcétera); minimizando la utilización de productos de la canasta básica para generar biocombustibles, procurando la seguridad alimentaria del país con precios accesibles; y facilitando el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.

Por lo expuesto, los legisladores que suscriben, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para garantizar lo dispuesto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, someten a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 40, fracción XII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Artículo Único. Se reforma el artículo 40, fracción XII, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 40. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Segundo. Se derogan y, en su caso, se abrogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto, y se deja sin efecto cualquier disposición administrativa, reglamentaria, acuerdo, circular, convenio y todos los actos administrativos que contravengan este decreto.

Tercero. Para el caso de la energía geotérmica, en todo momento se acatará lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de minerales propiedad de la nación.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se recibió iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por los diputados Guadalupe García Noriega y Jorge Emilio González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

María Guadalupe García Noriega y Jorge Emilio González Martínez , diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a las Comisiones correspondientes para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente

El consumo siempre creciente se ha convertido en una amenaza para el medio ambiente, contaminando la Tierra, destruyendo sus ecosistemas y reduciendo la calidad de vida en todo el mundo. La pobreza y la falta de recursos crecen a una velocidad alarmante y la disparidad entre el ingreso y el consumo es una situación presente en todo el mundo.

Durante la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, en 1992, el consumo sustentable fue identificado como uno de los retos clave para lograr un desarrollo sustentable, por lo que se convirtió en el elemento central del Capítulo 4 de la Agenda 21. La definición más completa de consumo sustentable es la propuesta en el simposio de Oslo en 1994 y adoptada por la tercera sesión de la Comisión para el Desarrollo Sustentable (CSD III) en 1995. El consumo sustentable se definió como:

El uso de bienes y servicios que responden a necesidades básicas y proporcionan una mejor calidad de vida, al mismo tiempo minimizan el uso de recursos naturales, materiales tóxicos y emisiones de desperdicios y contaminantes durante todo el ciclo de vida, de tal manera que no se ponen en riesgo las necesidades de futuras generaciones.

El consumo es un factor de suma importancia dentro del modelo económico mundial; en la actualidad, ya que sin él no habría ni producción ni ganancia, es decir, el grado de desarrollo de un país está fuertemente influenciado por el consumo dentro del mismo.

El consumo constituye un medio importante de desarrollo humano. Claramente contribuye al desarrollo humano cuando aumenta la capacidad de la gente sin menoscabo del bienestar de otros, cuando es justo tanto para las generaciones futuras como para las actuales, cuando respeta la capacidad de sustento del planeta y cuando estimula el surgimiento de comunidades.

El incremento en la población trae consigo un aumento en el consumo, ya que las necesidades de consumo de los nuevos pobladores deben ser atendidas. Las poblaciones urbanas en todo el mundo consumen más recursos que sus contrapartes rurales.

El consumo no se limita al consumo material; involucra además los bienes y servicios, a la interacción de la familia, a la participación de la comunidad, al aprovisionamiento público de servicios sociales, al trabajo no remunerado y a los recursos naturales.

La presión cada vez mayor en pro del consumo conspicuo ha reforzado la pobreza, la desigualdad, y la exclusión en muchas sociedades. La globalización está integrando los mercados de consumo de todo el mundo y abriendo nuevas oportunidades, pero al mismo tiempo está creando nuevas desigualdades y nuevos problemas para la protección de los derechos del consumidor.

La promoción y protección de los derechos del consumidor son objeto de la Ley Federal de Protección al Consumidor y se basan en las ``Directrices de la ONU para la Protección al Consumidor'', ¹ con las que se reconocen internacionalmente los siguientes derechos:

1. Derecho a la información

La publicidad, las etiquetas, los precios, los instructivos, las garantías y, en general, toda la información de los productos y servicios que le ofrezcan al consumidor debe ser oportuna, completa, clara y verdadera, para que pueda elegir sabiendo qué está comprando.

2. Derecho a la educación

El consumidor puede y debe recibir educación en materia de consumo, conocer sus derechos, y saber de qué forma lo protege la ley, así como organizarse con otros consumidores para tomar cursos o talleres que le enseñen a consumir de manera inteligente.

3. Derecho a elegir

El comprador puede escoger los productos y servicios que más le convengan sin que nadie lo presione, le condicione la venta de lo que quiere a cambio de comprar algo que no desea, o le exija pagos o anticipos antes de haber firmado un contrato.

4. Derecho a la seguridad y calidad

Los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado deben cumplir con normas y disposiciones en materia de seguridad y calidad; asimismo, los instructivos deben incluir las advertencias necesarias y explicar claramente el uso recomendado de los productos.

5. Derecho a no ser discriminado

Si el consumidor decide adquirir un producto o acceder a un servicio, nadie puede discriminarlo por tener alguna discapacidad, ni tampoco por su sexo, raza, religión, condición económica, nacionalidad o cualquier otro motivo.

6. Derecho a la compensación

Cuando los proveedores de bienes y servicios no cumplan con lo prometido, se tiene derecho a ser compensado, ya sea a través de la devolución del pago, reduciendo el precio del producto, reparándolo sin costo alguno o lo que proceda según el caso.

7. Derecho a la protección

Si los proveedores no respetan los derechos del consumidor, éste último puede ser defendido por las autoridades y exigir la aplicación de las leyes. También tiene derecho a organizarse con otros consumidores para defender intereses comunes.

El que nos ocupa en esta iniciativa es el derecho a la educación, el cual constituye el fundamento para promover el consumo sustentable para proveedores y consumidores, que es la forma más legítima de consumo inteligente.

Como se sabe, la causa más importante del deterioro continuo del medio ambiente global son los patrones insostenibles de consumo y producción por lo que si se quiere lograr un desarrollo sustentable se deberá fomentar tanto la eficiencia de los procesos de producción como el cambio en los patrones de consumo, es decir, se deberá transitar hacia el cambio de hábitos y el consumo inteligente.

El nivel de consumo no depende solamente de la población total; la intensidad en la utilización de los recursos resulta más significativa para el nivel de consumo. La población y el consumo son dos elementos interactivos en el impacto del hombre sobre el ambiente. De hecho la sobrepoblación puede provocar gran presión de consumo, que invariablemente afecta a los más pobres, aunque son los más ricos los que contribuyen en generar dicha presión por la cantidad de contaminantes y desechos que sus hábitos de consumo generan y en consecuencia los pobres sufren las consecuencias en pérdida de vidas y riesgos de salud causados por la contaminación, la degradación de los suelos, deforestación, pérdida de biodiversidad.

El Informe de Desarrollo Humano 1998 presentó el Programa para el consumo sostenible en el siglo XXI, entre cuyas metas se señalaba:

Las acciones propuestas por dicho informe para lograr dichas metas son:

Si bien México ha podido fortalecer a través de la Procuraduría Federal del Consumidor una nueva cultura de consumo que motiva a los consumidores a ser críticos ante los medios de comunicación y la publicidad, a preservar el medio ambiente, a cuidar su alimentación y salud, y a conocer sus derechos y hacerlos valer, es menester señalar que nuestro país tiene aún pendiente mitigar el daño ambiental de las actuales pautas de consumo y reducir a un mínimo la carga desigual que recae sobre los pobres.

A medida que la corriente de productos más diversos ingresa a nuestro mercado es cada vez más importante el aumento de conciencia de los consumidores y de los proveedores, el suministro de información correcta y la protección de los derechos de los consumidores y la regulación de de los proveedores. ``Recopilar, elaborar, procesar y divulgar información objetiva para facilitar al consumidor un mejor conocimiento de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado'' ² no es suficiente ante el escenario actual de los recursos naturales. Se requiere un enfoque específico y de protección a los recursos naturales a través del reconocimiento del consumo sustentable como eje de articulación tanto para consumidores como para proveedores.

La legislación mexicana relacionada con el consumo sustentable (la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley de Productos Orgánicos) se aplica desde una perspectiva de protección del ambiente, y mantiene su enfoque en la protección del agua, el aire, el manejo adecuado de los residuos sólidos municipales, industriales y peligrosos y la protección al ambiente por actividades de alto riesgo.

Esta aproximación puede ser enriquecida a través de la incorporación del concepto ``consumo sustentable'' a la Ley Federal de Protección al Consumidor, que hasta la fecha subordina su objeto ³ al contexto del comercio y sus relaciones derivadas. Nuestra propuesta integra el uso de los recursos naturales en interacción con los dos actores principales de estas relaciones:

Esta iniciativa pretende que la protección al consumidor sea orientada no solamente a prevenir y proteger la vida, la salud, la seguridad y la economía de las personas contra riesgos provocados por productos y servicios nocivos o peligrosos; esta iniciativa promueve que las acciones de asesoría a proveedores (o en su caso de verificación y vigilancia), fomenten la cultura del consumo sustentable en los fabricantes distribuidores, importadores y comercializadores, ofreciendo la información que incentive la articulación productiva y que permita sumar esfuerzos de actores que comparten intereses concurrentes para lograr negocios sustentables.

Además, se pretende enriquecer a los proveedores con capacitación y asesoría para lograr una mejor comprensión de los beneficios tangibles e intangibles que resultan de tomar en cuenta al ambiente como una variable importante dentro de los procesos de producción. Tales beneficios incluyen:

En los últimos años, la respuesta de (algunas) empresas se dirigió inicialmente a la producción, es decir a la reducción de desperdicios y al mejoramiento en el diseño de procesos y productos mediante la eficiencia ecológica. Más recientemente, las compañías se han basado en la responsabilidad ambiental para mejorar su reputación o su imagen de marca, lo cual ha reflejado un incremento en las ventas y ha atraído capital de inversión y socios comerciales. La información comparativa sobre el consumo de energía, programas de reciclaje y uso moderado de materiales peligrosos de productos ha contribuido a modificar el comportamiento de los consumidores y sin duda ha ayudado a continuar con la adopción de políticas similares por parte de otras empresas. ⁶

Recientemente, el Presidente Felipe Calderón lanzó el programa Cadenas Productivas, cuyo objetivo central es aumentar la participación de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en las compras del Gobierno Federal. Este programa surge de la oportunidad que brindan las compras a proveedores privados previstas para el ejercicio fiscal de 2007, atendiendo 630 mil millones de pesos destinados a diversos propósitos. Si bien este programa tiene como último propósito ``fortalecer las finanzas del Estado y poner a México en una ruta de cambios estructurales que dinamice su economía, acelere el crecimiento y en suma desarrolle el enorme potencial que tiene el país'', ⁷ no incorpora los criterios de consumo sustentable, pues se asume que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales es la responsable de aplicar la normatividad correspondiente para empresas.

Así, uno de los propósitos de esta iniciativa es promover las prácticas favorables al medio ambiente por parte de los proveedores, aprovechando las áreas de oportunidad que la Comisión Nacional Forestal y el programa especial concurrente y ofrecen para la integración y desarrollo de cadenas productivas sustentables.

Un ejemplo de ello son las empresas comunitarias y la certificación de cadenas productivas de Empresas Forestales Comunitarias y la agricultura orgánica; estas empresas de éxito en el manejo sostenible de los recursos constituyen un importante modelo para paliar la pobreza a través del acceso a mercados.

Por último, consideramos que dar prioridad a la cultura ⁸ del consumo sustentable para promover políticas comerciales que aseguren a los consumidores información medioambiental fiable, así como el reconocimiento hacia aquellos proveedores que fomentan prácticas de producción compatibles con las políticas medioambientales de nuestro país, puede ser un gran avance en la protección del medio ambiente y en la reducción de patrones de despilfarro que afectan a todos los habitantes del planeta.

Un gran número de personas en el mundo necesitan consumir más tan sólo para sobrevivir. Otros muchos deberían hacer elecciones más responsables. Al final, eso significaría un menor uso de recursos, una disminución en la generación de emisiones, y se cubrirían las necesidades de la población mundial. ⁹

En atención a lo anteriormente expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta soberanía sometemos a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Articulo Único. Se reforma la fracción II del artículo 1; y se adicionan una fracción V al artículo 2 y una fracción IX Ter al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 1. ...

...

...

Artículo 2. ...

Artículo 24. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese a la Comisión de Economía.

ARTICULO 93 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se recibió del diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Carlos Alberto Puente Salas , diputado a la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a las Comisiones correspondientes para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara que corresponda de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa.

Nuestro sistema y régimen interno, sustentado en los principios señalados en los artículos 39, 40 y 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se pretende mantener un equilibrio entre los órganos del Poder Público.

El Constituyente originario al llevar a cabo la redacción de nuestro máximo ordenamiento, determinó el deber de los Secretarios de Despacho, para dar cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos. En aquellos años, no se consideró facultar de manera explícita al Congreso para que, a través de sus Comisiones, sostuvieran comunicación directa con el Ejecutivo de la Unión y sus dependencias.

Se creía en términos generales, que nuestra nación no se encontraba lista para sostener un sistema parlamentario que permitiera una rendición de cuentas eficiente. Se buscaba tener un ``Poder Ejecutivo fuerte''. Sin embargo, a noventa años de expedirse la Constitución del 5 de febrero de 1917, los tiempos han cambiado. La voluntad soberana del pueblo exige que exista un verdadero equilibrio entre los poderes.

Por ello, es necesario el dotar de facultades de comunicación directa al Congreso y a sus Comisiones para poder llevar a buen recaudo, los proyectos de la nación.

México, es un país maduro, es una nación de mujeres y hombres capaces de entender las nuevas épocas y las necesidades que requerimos para avanzar en la toma de acuerdos que nos permitan ser una verdadera República.

Es necesario que el Congreso, como reflejo de la conformación social, reivindique sus facultades, competencias y función dentro de la vida gubernativa del país. Por ello, es necesario establecer expresamente la obligación de comparecer ante el Pleno y las Comisiones a los encargados de despacho y la sanción, ya prevista en el propio ordenamiento, para dichas negativas.

Pudiera parecer que nos encontramos trastocando el equilibrio de poderes, sin embargo, no lo consideramos así en virtud de que quienes conforman o representan los poderes, son el C. Presidente de la República, los 628 legisladores y los 11 ministros de la Corte. Los Secretarios de Despacho coadyuvan para el buen funcionamiento de la administración pública federal. Es necesario sin embargo, entender que el llamado ``gabinete'' no conforma el Poder Ejecutivo, pues como lo prevé la propia Constitución el Poder Ejecutivo se depositará en el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. De aquí, que la administración pública federal se conforma por los secretarios de despacho y los directores de empresas paraestatales, órganos desconcentrados y descentralizados. Por tanto, ellos, son los que la teoría denomina ``empleados de la unión''. De ahí, que sostenemos que nuestra propuesta no trastocaría la división y equilibrio entre los poderes.

En cuanto a la sanción, más allá de inventar un sistema o un conjunto de procedimientos, remitimos nuestra propuesta a lo previsto en el artículo 110 de la Constitución a fin de que, de manera oficiosa, se inicie el proceso descrito en dicho numeral.

No pretendemos dotar de mecanismos revanchistas o de falsa actuación parlamentaria. Sino reivindicar de manera racional y real, al Congreso como un verdadero Poder.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, somete a la consideración de este H. Congreso de la Unión, la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se adiciona un tercer párrafo recorriéndose el actual, del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 93. Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

Cualquiera de las Cámaras podrá citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República, así como a los directores y administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades.

Para el caso de las citaciones o comparecencias señaladas en los párrafos que anteceden, la inasistencia injustificada a dichas comparecencias, será suficiente para que se inicie de oficio el proceso señalado en el artículo 110 de esta Constitución.

Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal.

Articulo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

De la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma los artículos 308 y 309 Bis de la Ley General de Salud. Se retira.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL - CODIGO PENAL FEDERAL

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se recibió iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federaly del Código Penal Federal, suscrita por los diputados Manuel Salvador Salgado Amadory Alan Notholt Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Manuel Salvador Salgado Amador y Alan Notholt Guerrero , diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitan que se turne a las comisiones correspondientes, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

El planeta está perdiendo su diversidad biológica. Se estima que tan sólo en los ecosistemas boscosos del mundo, se extinguen 13 mil 500 especies por año.

México ha realizado grandes esfuerzos para combatir el tráfico de especies animales y se ha sumado a la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), ¹ un instrumento jurídico internacional que regula el comercio de especies silvestres, amenazadas por éste, mediante un sistema de permisos y certificados que se expiden para la exportación, reexportación, importación e introducción procedente del mar de animales y plantas, vivos o muertos, y de sus partes o derivados.

Dicho instrumento jurídico ha sido complementado con la Guía de Identificación para las Aves y Mamíferos Silvestres de Mayor Comercio en México Protegidos por la CITES,² una herramienta auxiliar donde se establecen las medidas regulatorias para el comercio de las especies protegidas en México y facilitar su identificación y documentación que acredite su legal tránsito.

Otros convenios y tratados internacionales derivados de la CITES definen la parte regulatoria para la exportación e importación de productos forestales.

Sin embargo, dichos esfuerzos no han sido suficientes para combatir el saqueo y el tráfico ³ de especies amenazadas y de recursos forestales. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe señala que una de una de las causas más importantes del ritmo de extinción de especies registrado en los países megadiversos de Latinoamérica ⁴ es el comercio de especies amenazadas. ⁵

El comercio ilegal de madera y especies amenazadas en el país propicia la práctica de actividades extractivas muy agresivas hacia los recursos naturales, cuya evidencia se basa en lo siguiente:

Si bien México cuenta con un importante sistema de regulación al servicio de la protección de la biodiversidad nacional, cuyas acciones de vigilancia en materia de recursos naturales son, en muchos casos, eficientes en el combate del tráfico de especies y recursos naturales, esa realidad no es suficiente para refrenar las prácticas extractivas y de saqueo que destruyen el capital natural.

El comercio de recursos forestales, y de especies de fauna y flora producto de una actividad ilícita alimenta una cadena de consumo que no ha sido controlada y que es la principal motivación para la existencia del tráfico de recursos naturales que, como se sabe, beneficia principalmente a los intermediarios y a las ``cabezas'' de la cadena de consumo: las poblaciones pobres que dependen económicamente de esta actividad ponen su vida en riesgo y se les paga una cantidad irrisoria.

Por ello, el PVEM considera ineludible la conjunción de esfuerzos para combatir el comercio de recursos forestales, flora o fauna silvestre viva o muerta, sus productos o derivados, que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, por lo que propone un esquema de colaboración entre la parte que regula los recursos naturales y la que regula el comercio de éstos.

Hagamos una reflexión elemental: ¿adónde van los recursos forestales, flora o fauna silvestres, vivas o muertas, sus productos o derivados producto de una actividad ilícita? ¿En qué cadena de consumo se insertan? ¿Quién los comercializa?

Como en cualquier actividad comercial, la principal motivación para el ``tráfico'' o comercio ilegal (de especies y recursos naturales) es el factor económico. El ``tráfico'' (en pequeña o gran escala) se concreta cuando el consumidor compra sin saber que los recursos forestales, flora o fauna silvestres, vivas o muertas, sus productos o derivados proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Esta transacción puede tener lugar en un comercio legalmente establecido, cuyo objeto comercial es satisfacer la demanda del mercado, proveer al consumidor algo excepcional, como animales exóticos de todo tipo, hierbas o ingredientes para la industria farmacéutica, maderas preciosas, resinas o gomas.

El Código de Comercio define como actos de comercio ``todas las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificados con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías, sea en estado natural, sea después de trabajados o labrados''. ⁷ Esta tesis aclara que el comercio ilegal de especies y de recursos naturales constituye un acto, reprochable, pero de comercio al fin, en el que intervienen proveedores y consumidores.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la supervisión y vigilancia de la comercialización, el transporte, la distribución, el almacenamiento y el consumo de los productos son atribuciones de la Secretaría de Economía. Dicha ley no designa atribuciones a la Semarnat para verificar la comercialización de especies animales y vegetales, productos peligrosos o maderables. Sólo en situaciones específicas y con base en un convenio, la Semarnat certifica algunas tiendas que venden especies animales.

El interés de esta iniciativa es que la Semarnat tenga conocimiento de la ilegal procedencia de los recursos forestales, flora o fauna silvestres, vivas o muertas, sus productos o derivados, encontrados en comercios establecidos y verificados por la Secretaría de Economía.

El PVEM busca que el uso y aprovechamiento de los recursos naturales no sean solamente un asunto que controle la Semarnat a través de sus inspecciones y acciones de vigilancia.

El PVEM cree urgente incorporar criterios ambientales a las políticas sectoriales a fin de construir sinergias positivas para la comprensión de la transversalidad del desarrollo sustentable. Nuestro partido está seguro de que dichas acciones son necesarias para subsanar el verdadero valor de la biodiversidad; de lo contrario, seguiremos sufriendo la sobreexplotación de recursos naturales sin ninguna consideración hacia las generaciones futuras.

En virtud de lo expuesto, y con el propósito de que no quede impune el tráfico de recursos naturales, que pone en riesgo la preservación de la biodiversidad del país, en términos de lo previsto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Grupo Parlamentario del PVEM somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Penal Federal

Artículo Primero. Se reforma la fracción XXXI y se adiciona una fracción XXXII al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 32 Bis. ...

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 414, 417 y 420, fracciones I y IV; y se adiciona un artículo 419 Bis al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 414. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa al que ilícitamente, o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, realice actividades de producción, almacenamiento comercio , tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho o descarga, o realice cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radiactivas u otras análogas, lo ordene o autorice, que cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente.

...

...

...

Artículo 417. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa al que introduzca en territorio nacional, trafique o comercie con recursos forestales, flora o fauna silvestres, vivas o muertas, sus productos o derivados, que porten, padezcan o hayan padecido, según corresponda, alguna enfermedad contagiosa, que ocasione o pueda ocasionar su diseminación o propagación o el contagio a la flora, a la fauna, a los recursos forestales o a los ecosistemas.

Artículo 419 Bis. Se impondrá pena de uno a tres años de prisión y por el equivalente de cien a mil días multa a quien ilícitamente trafique, capture, comercie, posea, transporte, acopie, introduzca en el país o extraiga de él algún ejemplar de vida silvestre, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos.

Se aplicará una pena adicional de hasta tres años más de prisión y hasta mil días multa adicionales cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un área natural protegida.

Artículo 420. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia.

ARTICULO 2o. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se recibió de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa, iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La suscrita, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , legisladora federal del grupo Parlamentario Alternativa Socialdemócrata en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 4o., 71, fracción II; 72 y 73, fracción XXV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción IX y un último párrafo al Apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

México ocupa el octavo lugar a nivel mundial entre los países con mayor cantidad de pueblos indígenas y es el segundo en América con mayor población de origen étnico que reside, sobre todo, en zonas rurales y de alta marginación.

En nuestro país hay más de seis millones de personas de cinco años y más que habla lengua indígena, 3 millones 52 mil 138 mujeres y dos millones 959 mil 64 hombres, de acuerdo con el Conteo de Población y Vivienda 2005 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

La obligación constitucional a cargo de la federación, los estados y los municipios de ``establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen'' fue incorporada a nuestra Constitución hace más de un lustro.

El debate que en torno a la regulación de los medios de comunicación se ha suscitado en el país en el último año, pone en evidencia la dolorosa y sistemática omisión y negligencia que las autoridades de todos los niveles han demostrado frente a este mandato constitucional explícito.

En estas condiciones, tenemos que, si hemos de asumir con seriedad el compromiso de hacer justicia a nuestros pueblos indígenas y generar condiciones favorables a su desarrollo, es preciso establecer con claridad que las medidas ordenadas por la Constitución a favor de los pueblos indígenas --como la adquisición, administración y operación de medios de comunicación por parte de los pueblos indígenas-- son derechos constitucionales exigibles y no normas programáticas o aspiracionales.

No podemos admitir que este derecho a contar con medios de comunicación, que resulta fundamental para instrumentar la autonomía y el desarrollo de los pueblos indígenas, sea un simple deseo que debe cumplirse en la medida los recursos públicos y que el criterio de las autoridades en turno lo decidan.

A mitad del año que cursamos la discusión en torno a la llamada Ley Televisa abrió las puertas a un debate largamente guardado: la regulación de medios de comunicación a las comunidades indígenas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse en torno a la misma reforma, hizo una observación --retomada por el legislativo-- en el sentido de que los pueblos indígenas carecen de condiciones normativas para fundar y administrar sus propios medios de comunicación comunitaria.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 26/2006, así como el recaído sobre las 44 controversias constitucionales interpuestas por municipios indígenas en contra de la legislación en materia de radio, televisión y telecomunicaciones, han exhibido que dicho mandato constitucional es, hoy, letra muerta, mientras las legislaturas así lo prefieran.

El 14 de junio del año en curso, los representantes de las Comisiones de Asuntos Indígenas, de Radio, Televisión y Cinematografía, así como la de Cultura de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, coincidieron en que la ``declaratoria de inconstitucionalidad de varios de los artículos de la Ley de Radio Televisión y de Telecomunicaciones, abre las puertas al debate y compromete a los legisladores para formular reformas para que la legislación de medios de comunicación atienda principios de democracia y equidad''.

Entonces, legisladores y legisladoras de esta LX legislatura hicimos un compromiso para sumar voluntades, capacidades y esfuerzos para sacar adelante una legislación que haga posible el acceso a los pueblos indígenas a los medios de comunicación.

La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión de Asuntos Indígenas de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Servicios para una Educación Alternativa y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas celebraron en septiembre del año en curso el foro Pueblos indígenas y medios de comunicación en la Ciudad de México, donde se discutieron, analizaron y propusieron soluciones referentes a la situación actual de los medios de comunicación de los pueblos indígenas, sobre todo, las radios comunitarias.

En la declaración final del foro se ratificó la importancia de legislar en esta materia; también se hizo un llamado al Congreso de la Unión --como parte del Estado mexicano-- para que tome en cuenta la normatividad internacional en materia del derecho a la libertad de expresión y los derechos de los pueblos indígenas, y realizar una reforma constitucional en la que se establezca el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la propiedad, manejo y operación de sus medios de comunicación.

El espíritu de la reforma que se somete a su consideración es retomar tales compromisos en materia de regulación constitucional de medios de comunicación para las comunidades indígenas y asegurar el pleno ejercicio del derecho a la administración de los medios comunitarios.

En consecuencia, se propone agregar una fracción al Apartado A del artículo 2o. constitucional, a fin de establecer, como un derecho fundamental, que los pueblos indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, incluyendo la comunicación electrónica e impresa, precisando que, en todo caso, deberá garantizarse la independencia editorial y la autonomía financiera de dichos medios.

La ubicación de la fracción propuesta obedece a la estrecha inseparable, hoy día, vinculación entre autonomía y comunicación en una comunidad. Si los pueblos indígenas han de determinarse libremente y ejercer adecuadamente sus derechos --como resulta evidente para el caso del derecho de consulta--, necesitan contar con los medios de comunicación que permitan integrar identidades, discutir opciones y llegar a acuerdos en torno a las determinaciones que, como comunidades, hagan.

Independiente del mandato a la federación, estados o municipios que consagra el Apartado B del artículo en cuestión, se propone precisar que existirá un derecho de los pueblos indígenas, consagrado en el Apartado A.

Finalmente, se proponen dos medidas concretas para asegurar la exigibilidad de este derecho. En primer lugar, se agrega un párrafo al final del apartado en que se precisa que los derechos allí consagrados son derechos exigibles judicial y administrativamente, por cualquier vía que facilite su satisfacción. En segundo lugar, se precisa, mediante un artículo transitorio, que el Legislativo federal deberá, en un tiempo no mayor a un año, establecer el marco normativo correspondiente al nivel federal que habrá de garantizar los derechos consagrados en el Apartado A del artículo 2o. constitucional y de articular los mandatos consagrados en el Apartado B; y un periodo no mayor de un año, a partir de la expedición de la legislación federal, para que las legislaturas estatales hagan lo propio en sus respectivas jurisdicciones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona tres párrafos al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Primero. Se adiciona la fracción IX y un último párrafo al Apartado A del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 2o. (...)

(...)

(...)

(...)

(...)

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas...

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación...

Los derechos de las comunidades indígenas enumerados en este apartado, son derechos exigibles y las autoridades administrativas y judiciales tienen la obligación de facilitar su satisfacción.

B. ...

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El honorable Congreso de la Unión tiene la obligación de establecer, a más tardar en un año, a partir de la entrada en vigor de esta reforma, el marco normativo correspondiente al nivel federal que habrá de garantizar los derechos consagrados en el Apartado A del artículo 2o. constitucional y de articular los mandatos consagrados en su Apartado B. Las legislaturas estatales tienen la misma obligación la cual deberá ser cumplida en un periodo no mayor a un año después de la entrada en vigor de la legislación federal de la que habla este artículo transitorio.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

ARTICULO 2o. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se recibió de la diputada Elsa de Guadalupe Conde, del Grupo Parlamentario de Alternativa, iniciativa que reforma y adiciona el apartado c) al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La suscrita, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , legisladora federal del Grupo Parlamentario Alternativa Socialdemócrata en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 4o., 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Apartado C al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Dentro de las protecciones que el derecho internacional de los derechos humanos contempla a favor de los pueblos indígenas destaca, en especial a partir de la adopción del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el derecho de consulta que les asiste.

El referido tratado internacional, cuya primera ratificación por parte de un país latinoamericano se debe a México, dispone que ``al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente''. ¹

Las agencias de las Naciones Unidas han señalado que, para que el derecho (y deber) de consulta que se ha establecido a nivel internacional pueda efectivamente traducirse en que los pueblos indígenas incidan en las decisiones públicas que les afectarán, ha de entenderse en conjunto con una serie de requisitos adicionales. ²

Sólo cuando los Estados observan tales requerimientos, la consulta que se lleva adelante es genuina y, en consecuencia, respetuosa de los derechos de dichos pueblos. Así, la consulta a los pueblos indígenas debe hacerse:

Todas las garantías que el convenio dispone para asegurar que el derecho a la consulta sea respetado por parte de los Estados están encaminadas a lograr acuerdos entre las comunidades indígenas y los gobiernos, o bien, a que las primeras consientan en los proyectos, programas e intervenciones de estos últimos. Este derecho implica que los gobiernos realicen todos sus esfuerzos para que las comunidades indígenas y los gobiernos lleguen a acuerdos sobre la manera de llevar adelante dichos programas, de tal modo que, en caso de desacuerdo, los Estados deben procurar atender las posibles alternativas que los pueblos indígenas propongan a los mecanismos que los Estados impulsan.

Cabe señalar que, con la reciente adopción --en septiembre de 2007-- de la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la comunidad internacional ha dado un paso adelante en la manera como se entienden los procesos de consulta a pueblos indígenas.

Bajo la regulación del Convenio 169, es claro que el derecho de los pueblos indígenas es ``a ser consultados'', con miras a llegar a acuerdos con los Estados.

La Declaración Universal, que México también ha ratificado, robustece la protección hacia los pueblos indígenas, al establecer la condición del ``consentimiento previo, libre e informado'' para el desarrollo de políticas o planes gubernamentales. En efecto, la declaración dispone, en su artículo 19, que

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.

En consecuencia, si se pretende establecer el derecho a la consulta que tienen los pueblos indígenas en sintonía con el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos --al cual el Estado mexicano se ha vinculado por decisión libre y soberana--, debe tenerse en consideración lo preceptuado por la Declaración Universal. ⁴ De este modo, una regulación constitucional que mire hacia el futuro y pueda adecuarse al desarrollo que está por venir en la materia, debe hacerse cargo de esta significativa evolución jurídica.

De allí, entonces, que la redacción que se ofrece incorpore el consentimiento previo, libre e informado como elemento central de la regulación constitucional propuesta.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que se adiciona un Apartado C al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona un Apartado C al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

``Artículo 2o. (...)

(...)

A. (...)

B. (...)

C. La federación, los estados y los municipios deberán, en todo caso, celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas por medio de sus autoridades representativas y a través de procedimientos adecuados antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener el consentimiento libre, previo e informado de la comunidad conforme a sus propios usos y costumbres. En la celebración de consultas se garantizará en todo momento el respeto a las garantías individuales de los miembros de las comunidades. Sin perjuicio de la obligación a cargo de la federación, los estados y los municipios de celebrar las consultas referidas en este apartado cuando pretendan realizar medidas legislativas o administrativas que afecten a los pueblos y comunidades indígenas, las propias comunidades y pueblos podrán exigir la satisfacción de este derecho cuando juzguen que una medida administrativa o legislativa les afecte.

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, ...

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese igualmente a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se recibió de la diputada Sonia Noelia Ibarra Fránquez, del Grupo parlamentario del PRD, iniciativa que adiciona el Capítulo VII Bis al título sexto de la Ley Federal del Trabajo.

La suscrita, diputada Sonia Noelia Ibarra Fránquez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un capítulo VII Bis al título sexto de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

La esencia de la política aplicada por los subsecuentes gobiernos neoliberales consiste en el despojo de los recursos destinados a construir una red de tutela social a favor del pueblo de México y concretamente de los trabajadores, para entregarlos en una cascada interminable, a favor de unos cuantos que ven aumentar sus fortunas en índices que parecen mágicos. En tal virtud, no son accidentales sino consecuencias lógicas, la cadena de desgracias que ha tenido que soportar el pueblo de México, especialmente en los últimos meses. Es en la criminal política económica, política y social, en donde encuentran explicación sucesos como los de Pasta de Conchos, sonda de Campeche, Tabasco, Chiapas y otros, y no en explicaciones inverosímiles que violentan aún más a los afectados.

Uno de los sucesos más dolorosos, y que no debemos pasar como un suceso más, es el acaecido el pasado 23 de octubre en el pozo Kab-101 de Petróleos Mexicanos, ubicado en la sonda de Campeche, y que cobró la vida de por lo menos 21 trabajadores, la mayoría al servicio de empresas subcontratistas. Por lo que urge hacer las reformas necesarias a la Ley Federal del Trabajo, para que los trabajadores que prestan sus servicios en las plataformas petroleras, incluidos los subcontratados, gocen de los derechos humanos laborales.

Como sabemos, Pemex es uno de los pilares de las finanzas públicas y soberanía de nuestro país. Sin embargo, una parte importante de los trabajadores que hacen posible con su esfuerzo esta importantísima generación de recursos, reciben en contrapartida trato de semiesclavos al pisoteárseles de manera cínica y masiva sus derechos laborales mínimos que les corresponden. Al expresar lo anterior, desde luego nos estamos refiriendo a los trabajadores de las plataformas petroleras. La mayoría de estos trabajadores anteriormente prestaban sus servicios para Pemex, pero fueron despedidos, liquidados o jubilados anticipadamente, bajo el argumento de que no había materia de trabajo. Evidentemente, tal alegato no fue más que una maniobra para alimentar de mano de obra barata a las compañías contratistas básicamente de capital extranjero, mismas que, como sabemos, de manera inconstitucional ejecutan trabajos que en principio corresponden a esta paraestatal.

La situación que padecen los trabajadores de las plataformas petroleras, nos recuerdan los peores tiempos del porfiriato: discriminación humana y laboral de los trabajadores mexicanos frente a los extranjeros, jornadas absolutamente inhumanas, descuentos a los salarios con el pretexto de cubrir el costo de la ropa y demás instrumentos de trabajo, salarios raquíticos y pagados en abonos, o incluso entrega de cheques en blanco, omisión de servicio médico en las plataformas por lo que la vida y salud de los trabajadores quedan a su suerte, absoluta falta de previsión y tutela en materia de riesgos de trabajo que se repiten con criminal frecuencia, lo que va de la mano del incumplimiento de la Ley del Seguro Social, violación sistemática de las prestaciones laborales como vacaciones, días de descanso, reparto de utilidades, pago de tiempo extraordinario y absoluto agravio de los derechos de antigüedad, a la estabilidad en el trabajo, capacitación, viáticos, a una habitación higiénica y decorosa y a la libertad sindical.

Por si lo anterior fuera poco, a estos trabajadores se les obliga a firmar contratos y renuncias en blanco, por sólo citar las más abusivas prácticas de las ya mencionadas compañías contratistas. Algunas de las empresas que incurren en tan atroces violaciones a la normatividad laboral, reduciendo a nuestros connacionales prácticamente, como ya hemos señalado, a un hato de esclavos son: México Limited Drilling, LLC, Pride Central America LLC, Nabors Perforaciones de México, S de RL de CV, Industrial Perforadora de Campeche, SA de CV, Perforaciones Marítimas Mexicanas, SA de CV, Perforadora Central SA de CV, Perforadora México, SA de CV, Mexdrill Offshore, S de RL de CV, Noble México Limited y Goimar, SA de CV, Del Rivero, Catemar, Cotemar, entre otras.

Quiero destacar el papel ominoso de la empresa Perforadora Central, la cual se ha visto involucrada en repetidos accidentes de trabajo, incluido el que tuvo lugar en el pozo Kab-103, por lo que urge que Pemex rescinda toda contratación con una empresa que no cumple su principal deber, que es la tutela de la vida y salud de los trabajadores.

Es urgente e indispensable que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social desarrolle una labor honesta y eficiente en materia de inspección federal del trabajo en las plataformas petroleras, a fin de combatir en lo posible los excesos señalados, y no como viene sucediendo hasta ahora, en que las autoridades competentes de esta secretaría se han coludido abiertamente con estas empresas contratistas, dejando pasar de largo o incluso justificando estas violaciones contra nuestros connacionales, intentando con este ilegal proceder, legitimar la sobreexplotación del neoliberalismo.

Sin embargo, aun frente a una inspección efectiva los resultados serían insuficientes, ya que paralelamente se requiere de la aprobación de normas que satisfagan las especiales necesidades de los trabajadores de las plataformas marinas.

En primera, durante el tiempo en que los trabajadores permanecen en estas plataformas, las mismas son a la vez centro de trabajo y espacio cotidiano de vida para los mismos. Por tanto, el patrón debe quedar obligado a garantizar a los trabajadores condiciones dignas y seguras durante su estancia y desarrollo de los servicios en las plataformas: servicio médico durante las 24 horas, prevención y atención de calidad en materia de riesgos de trabajo, traslados en helicóptero para el caso de urgencias médicas, alimentación sana y suficiente, viviendas dignas e higiénicas, un mínimo de sano esparcimiento como organización de juegos de mesa, transmisión de videos, etcétera; entrega a costa del patrón de la ropa y demás instrumentos de trabajo, capacitación suficiente y continua que además deberá ser esencial para la prevención de riesgos de trabajo.

Además debe obligarse a estas empresas a respetar de manera absoluta uno de los principios esenciales del derecho laboral que reza: ``a trabajo igual, salario igual y, en general, derechos iguales''. Siendo absolutamente inconstitucional que en la práctica existan tres niveles de condiciones de trabajo: las de privilegio para los extranjeros, las medianas para los trabajadores tutelados por el contrato colectivo de trabajo celebrado entre Pemex y el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, y las condiciones discriminatorias que sufren los trabajadores ``libres'', sumando estos últimos más de cinco mil.

Mención especial merece la sistemática violación del derecho a la libertad sindical que realizan las empresas contratistas. A estos trabajadores se les obliga a afiliarse a sindicatos blancos, por lo que cualquier lucha para lograr la constitución de sindicatos leales a los intereses de los trabajadores son sancionados por la empresa con el despido de los trabajadores, entre otros.

Asimismo, refiero que la tutela de los derechos de los trabajadores fortalece a la industria petrolera, esencial en la lucha por la soberanía nacional y la viabilidad financiera del país.

Por todo lo expuesto y motivado, someto a esta honorable Cámara de Diputados la siguiente Iniciativa que adiciona un capítulo VII Bis al título sexto de la Ley Federal del Trabajo, en los siguientes términos

Artículo 278 A. Las disposiciones de este capítulo se aplican al trabajo que se realiza en las plataformas petroleras y en los barcos que abastecen a estas plataformas, incluidas las plataformas sumergibles.

Artículo 278 B. Obligaciones especiales de los patrones:

Artículo 278 C. Los trabajadores tendrán derecho a 14 días de descanso con goce de salario íntegro por cada 14 días de trabajo en la plataforma. Los trabajadores de los barcos de abastecimiento de las plataformas y de las plataformas sumergibles tendrán derecho a 14 días de descanso por 28 días trabajados.

Artículo 278 D. Prohibiciones a los patrones:

Artículo 278 E. Se conceptuará como patrón el que reciba o se beneficie de los servicios de los trabajadores, por lo que se considerarán intermediarios las personas que intervengan en la contratación o en el pago de los salarios a los trabajadores.

Artículo 278 F. La jornada que exceda los máximos legales conforme al artículo 61 de esta ley se conceptuará como tiempo extraordinario.

Artículo 278 G. Los trabajadores que sean contratados por más de 6 meses de manera eventual, se tendrán por contratados por tiempo indeterminado.

Artículo 278 H. Obligaciones especiales de los trabajadores:

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se recibió de la diputada Sonia Noelia Ibarra Fránquez, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa que adiciona el capítulo XXI al título sexto de la Ley Federal del Trabajo.

La suscrita, diputada Sonia Noelia Ibarra Fránquez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un capítulo XXI al título sexto de la Ley Federal del Trabajo, relativo a los trabajadores migrantes, al tenor de la siguiente

Como sabemos, México ha ratificado el Convenio Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familiares, por lo que desde hace tiempo se exigía la reforma de la Ley Federal del Trabajo, bajo el principio de que los tratados internacionales suscritos por el país están por encima de las leyes federales, sólo por debajo de la Constitución federal. A lo anterior, debe agregarse que el pasado 14 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicto jurisprudencia por contradicción de tesis, determinando que los trabajadores extranjeros, con independencia de su situación migratoria (regular o irregular), tienen los mismos derechos que los nacionales, incluido el de demandar justicia ante los tribunales.

Como mexicanos conocemos la sobreexplotación, discriminación, maltrato e incluso asesinato de que son objeto nuestros connacionales que acuden, especialmente, a Estados Unidos de Norteamérica en busca de una oportunidad de trabajo. Recordemos que por lo menos 50 mil mexicanos migran cada mes hacia los Estados Unidos.

Sin embargo, de esta violación sistemática a sus derechos humanos, tampoco se liberan muchos de los trabajadores migrantes que prestan sus servicios en nuestro país y que entran principalmente por la frontera sur, la cual se ha transformado en una verdadera tierra sin ley.

En congruencia con nuestra Constitución, la Ley Federal del Trabajo, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares que nuestro país ha ratificado y, en general, a una política coherente de respeto a los derechos humanos, es por lo que se hace inaplazable establecer una tutela especial para los trabajadores migrantes sujetos a una relación de trabajo en nuestro país.

Este esfuerzo legislativo dará más fuerza moral a nuestro reclamo de que se respeten los derechos de nuestros connacionales en el extranjero.

En tal virtud, en esta iniciativa nos esforzamos por precisar el concepto de trabajador migratorio para delimitar el campo de aplicación de este nuevo trabajo especial que proponemos adicionar a la Ley Federal del Trabajo. Se establecen como prohibiciones a los patrones el obstaculizarles su derecho a regresar a su país, exigirles la realización de trabajos forzosos o someterlos a cualquier esclavitud o servidumbre, obstaculizarles su afiliación al sindicato de su preferencia, así como su derecho a transferir sus ingresos, ahorros y demás bienes a su país de origen o quedarse con una parte de éstos, lucrar con la renta de los alojamientos.

Como obligaciones patronales se señalan el respeto a la identidad cultural de estos trabajadores, informarles a éstos sobre los derechos y obligaciones de que son titulares en el país, la obligación de otorgar fianza para garantizar el respeto de los derechos de estos trabajadores, apoyar en la medida de lo posible la reunión de los trabajadores con su familia; en general, eliminar todo acto de racismo o xenofobia y respetar su dignidad humana.

Su condición de migrante no podrá usarse para suprimir o reducir sus condiciones laborales ni el ejercicio de sus acciones legales. No deberán ser deportados sólo por su calidad migratoria en tanto estén trabajando; podrán ausentarse temporalmente sin que se afecte la autorización de permanecer o trabajar en el país.

En caso de fallecer por un riesgo de trabajo, el patrón deberá notificarlo al consulado del país de origen del trabajador y proporcionar a los beneficiarios del mismo una ayuda para el traslado de los restos mortales.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá tomar las medidas necesarias para suministrar a estos trabajadores, la información y asistencia sobre su estancia, actividades remuneradas, salida y regreso al país, condiciones de trabajo y de vida en el país.

Nuestra iniciativa cobra especial importancia, en los actuales momentos en que el vecino país del norte endurece hasta la ignominia su política contra nuestros connacionales que migran a los Estados Unidos en busca de una oportunidad de trabajo, caracterizada por la construcción del llamado ``muro de la vergüenza'' entre ambos países y la pretensión de considerar por ley a los braseros como delincuentes. Política que ha condicionado el aumento del uso de la violencia contra los migrantes ilegales, incluido el asesinato abierto y alevoso contra alguno de ellos.

En base a todo lo expuesto y fundado, someto a esta honorable Cámara de Diputados la siguiente

Iniciativa para adicionar al título sexto de la Ley Federal del Trabajo, un capítulo XXI relativo a los trabajadores migrantes, para quedar en los siguientes términos

Artículo 464 J. Se entiende por trabajador migrante al extranjero que presta o haya prestado servicios remunerados en el país con o sin documentos. Trabajando dentro de una relación laboral por tiempo indeterminado y con una jornada legal completa, o bien bajo alguna de las siguientes modalidades, o cualesquiera otra:

Artículo 464 K. No se aplicará el presente capítulo a las personas enviadas o empleadas por organizaciones y organismos internacionales, y la personas enviadas o empleadas por otro Estado fuera de su territorio para desempeñar funciones oficiales, cuya admisión y condición jurídica estén reguladas por el derecho internacional o por acuerdos o convenios internacionales celebrados por nuestro país.

Artículo 464 L. Se considerarán trabajadores migrantes documentados o en situación regular aquellos que han sido autorizados a ingresar, a permanecer y a ejercer una actividad remunerada en el país conforme a las leyes vigentes.

Trabajador migrante no documentado o en situación irregular, aquel que no cumple lo referido en el párrafo anterior.

Artículo 464 M. El patrón tiene prohibido:

Artículo 464 N. Obligaciones de los patrones:

Artículo 464 Ñ. Su condición migratoria no podrá usarse como pretexto para suprimir o reducir sus condiciones laborales. Tampoco para que se les niegue u obstaculice el ejercicio de acciones legales derivadas de sus derechos derivados de la prestación de sus servicios. En general se les deberá respetar su derecho a un trato igual en relación a los trabajadores mexicanos.

Artículo 464 O. Los trabajadores migrantes no podrán ser deportados por su sola calidad migratoria en tanto estén laborando. Al concluir su relación de trabajo con un patrón se les deberá permitir la permanencia en el país para la obtención de una nueva relación de trabajo hasta por seis meses como mínimo.

Igualmente tendrán derecho a ausentarse temporalmente sin que ello afecte la autorización de permanecer o trabajar en el país.

Artículo 464 P. En caso de fallecer por motivo de un riesgo de trabajo, el patrón estará obligado a notificar este hecho al consulado del país de origen del trabajador conforme al registro que deberá llevar al efecto y otorgar una ayuda a los beneficiarios del trabajador para el traslado de los restos mortales por el equivalente a medio mes de salario mínimo.

Por otro lado se le deberán dar a los beneficiarios de los trabajadores migratorios todas las facilidades para el cobro de las indemnizaciones, prestaciones e indemnizaciones procedentes.

Artículo 464 Q. Queda prohibido al patrón denunciar la situación migratoria del trabajador como medio de presión laboral contra el trabajador.

Artículo 464 R. Las autoridades administrativas y los jueces de lo laboral deberán apoyar al trabajador migrante con un intérprete en caso de necesidad.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá tomar las medidas necesarias para suministrar información y asistencia apropiada a los trabajadores migratorios en lo relativo a los requisitos para la estancia, actividades remuneradas, salida, regreso, condiciones de trabajo y de vida en el país.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se recibió de la diputada Lorena Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa que reforma y adiciona el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

La que suscribe, Lorena Martínez Rodríguez , diputada a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 2-A, fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con arreglo en la siguiente

El artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) vigente, establece en el último párrafo de su fracción I, la regla para la aplicación de esta contribución para el caso de alimentos preparados, estipulando que no se aplicará la tasa 0 por ciento de este impuesto cuando se trate de la enajenación de preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio.

Adicionada recientemente dicha disposición mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre del año 2007, el cual entrará en vigor el 1 de enero del 2008, supone que se aplicará la tasa del 15 por ciento o del 10 por ciento de IVA, a la enajenación de los alimentos preparados, ya sea que se consuman en el establecimiento o no. Si bien es cierto que dicha reforma aclaró los dos diferentes importes que se pagan en una u otra zona geográfica, no resuelve la interpretación que lleva a excluir del pago del IVA a todos aquellos establecimientos que venden alimentos que se prepararan en un lugar diferente a aquél en que se consumen y enajenan, lo que contraviene los principios constitucionales que rigen el sistema fiscal.

En especial, se transgrede el principio de equidad tributaria según el cual los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula, por lo que han de recibir el mismo trato en lo referente a dicho impuesto, debiéndose tratar de igual a los iguales y desigual a los desiguales. En otras palabras, este principio, sustentado en el artículo 31, fracción IV de la Constitución exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deban guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido tesis de jurisprudencia a propósito de la equidad de los impuestos:

A la luz de estos criterios jurisprudenciales, se colige entonces que la redacción actual del artículo 2-A de la ley del IVA da un trato diferente al mismo objeto del impuesto, que es la enajenación de alimentos preparados. Es, por tanto, incorrecto que se haga una distinción respecto al pago de un impuesto, basándose en el lugar en que fue elaborado o preparado un alimento. No existe ninguna diferencia entre un alimento preparado en el lugar en que se enajene y otro que se prepare en un lugar distinto, pues finalmente ambos han pasado por un proceso de elaboración o preparación que los distingue de aquellos alimentos para los que el mismo artículo 2-A, fracción I, inciso b de la Ley del IVA, aplica una tasa del 0 por ciento.

A mayor abundamiento es menester considerar el criterio normativo de la autoridad fiscal, que, con respecto a los productos destinados a la alimentación, ha dicho:

Dicho criterio del Sistema de Administración Tributaria (SAT) ``96/2004/IVA Productos destinados a la alimentación'', fortalece aún más la idea de que lo que se debe gravar con IVA es la enajenación de alimentos en los cuales haya de por medio ``transformación o industrialización adicional''; como se asienta en el criterio citado; o preparación, como la llama la ley del IVA; y no la enajenación del alimento en su estado natural. Con respecto a los alimentos preparados existe también el criterio normativo del SAT ``95/2004/IVA Alimentos preparados'' que establece:

El primer párrafo de este criterio normativo establece de manera muy clara los sujetos a los cuales se les debe aplicar la tasa establecida en el artículo 1o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 15 por ciento o 10 por ciento según corresponda; mientras que el segundo párrafo establece cuándo se aplicará dicha tasa a las tiendas de autoservicio y otros establecimientos similares, mismos que a la fecha no son sujetos de este impuesto. Esta diferencia de trato no tiene justificación alguna, pues se trata de sujetos que enajenan los mismos productos y el hecho de que se elaboren en el mismo lugar en que se consuman y enajenen no hace diferente al producto pues al fin de cuentas se trata de alimentos preparados, independientemente del lugar en que se lleve a cabo dicha preparación. Quienes actualmente están obligados al pago del IVA por preparar los alimentos que venden en el mismo lugar en que se consumen y enajenan, se encuentran en una clara desventaja frente a quienes venden el mismo tipo de alimentos pero no los elaboran en el lugar de consumo o enajenación.

La presente iniciativa no pretende gravar otro producto que no sean alimentos preparados para su consumo en lugares distintos al de su enajenación, con el fin de homologarlos a aquellos que se preparan en el mismo lugar de enajenación, para llevar y para servicio a domicilio. Al factor de inequidad tributaria hay que añadir la cantidad de ingresos que la autoridad fiscal deja de percibir por concepto de IVA de quienes actualmente no están obligados a pagarlo por disposición de este artículo 2-A, aun cuando se encuentran en el mismo supuesto de quienes si lo están. No se trata de una propuesta con fines recaudatorios, sino de promoción de la equidad tributaria para que quienes hoy venden alimentos preparados para su consumo en el lugar en que se enajenan, para llevar o para entrega a domicilio dejen de estar en desventaja frente a quienes venden alimentos preparados en un lugar distinto al de su enajenación.

Considerando que se estipuló una vacatio legis hasta el 1 de enero del 2008 para el caso de las adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre del año 2007, se propone que el decreto objeto de la presente iniciativa entre en vigor en la misma fecha.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de

Artículo Único. Se reforma y adiciona el artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:

Artículo 2o.A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0 por ciento a los valores a que se refiere esta ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

Se aplicará la tasa del 15 por ciento o del 10 por ciento, según corresponda, a la enajenación de los alimentos a que se refiere el presente artículo preparados para su consumo en el lugar de establecimiento en que se enajenen o en lugar diverso, independientemente de que dicha preparación se realice en ese lugar o en otro distinto, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio.

Son alimentos preparados para su consumo en el lugar de su enajenación, los alimentos enajenados como parte del servicio genérico de comidas, prestado por hoteles, restaurantes, fondas, loncherías, torterías, taquerías, pizzerías, cocinas económicas, cafeterías, comedores, rosticerías, bares, cantinas, servicios de banquetes, tiendas de autoservicio o cualesquiera otros de la misma naturaleza, ya sea en establecimientos fijos o semifijos e independientemente de la modalidad en que sean enajenados, entre otras, servicio en el plato, en la mesa, a domicilio, al cuarto, para llevar o autoservicio.

Se considera que prestan el servicio genérico de comidas las tiendas de autoservicio únicamente por la enajenación de alimentos preparados o compuestos, listos para su consumo y o ofertados a granel, en pieza completa o ambos, independientemente de que los hayan preparado o combinado, o adquirido ya preparados o combinados. La enajenación de dichos alimentos estará afecta a la tasa del 15 por ciento o 10 por ciento según corresponda. Las enajenaciones que hagan los proveedores de las tiendas de autoservicio respecto de los mencionados alimentos, sin que medie preparación o combinación posterior por parte de las tiendas de autoservicio, igualmente estarán afectas a la tasa general.

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día primero de enero de 2008.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY MONETARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se recibió del diputado Horacio Emigdio Garza Garza, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa que adiciona el artículo 2 de la Ley Monetariade los Estados Unidos Mexicanos.

Los infrascritos, integrantes de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente proyecto, para adicionar con un inciso d) el artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la siguiente

I. Introducción

La plata, igual que el oro, es el material que mejor cumple las tres funciones básicas del dinero: ser medida de valor, instrumento de intercambio y reserva de riqueza, propiedades que derivan del valor intrínseco de su escasez, consistencia, calidad y resistencia a la corrosión.

Internacionalmente, no hay otros instrumentos monetarios que se le puedan comparar. Una onza de plata pura es un bien físico aceptado en todo el mundo, no una promesa negociable de futuro, por lo que correctamente se le llama dinero ``real''.

A ello se debe que, históricamente, esas dos mercancías emergieran como dinero en la libre competencia, desplazando a los demás bienes.

Sólo posteriormente comenzó a utilizarse el dinero de papel, para facilitar los pagos en grandes cantidades. Pero ese papel era considerado dinero honesto y equitativo en la medida en que estaba respaldado por las cantidades correspondientes de metal precioso. Al dinero de papel se le llamó ``fiduciario'' porque no se trataba de monedas físicas de oro o de plata, sino de certificados que prometían la entrega de dichas monedas metálicas.

A partir de 1944, mediante el acuerdo de Bretton Woods, el dólar pasó a ser la moneda de reserva mundial, y Estados Unidos se comprometió a respaldar esos dólares con oro.

En agosto de 1971, cuando el gobierno de Estados Unidos no pudo cumplir más el compromiso de redimir sus dólares con oro, debido a la excesiva emisión, su dinero fiduciario se convirtió en dinero fiat, que no tiene ningún respaldo, que no es redimible por cosa alguna, ni promete la entrega de algo de valor a su dueño.

Siendo el dólar la moneda mundial de reserva, todas las monedas del mundo dejaron de representar valor intrínseco alguno, y quedaron a merced de la especulación y de la inestabilidad monetaria.

De esa forma, se abrió la puerta a la inflación monetaria y a los colapsos bancarios porque el poder adquisitivo del dinero fiat disminuye en razón más o menos proporcional a los billetes que se emiten y a los dígitos de saldos que se crean día con día en los bancos. Esa expansión de crédito, ilimitada e irresponsable, resta poder adquisitivo a cada unidad de dinero fiat, empobreciendo a la población con el aumento de los precios y la consiguiente modificación del tipo de cambio frente al dólar. El ejemplo más cercano es el del peso mexicano, que en los últimos 30 años se ha devaluado 89 500 por ciento, condicionando una de las principales causas de la pobreza.

Frente a los retos de eliminar los efectos de la inflación en el poder adquisitivo de las familias, elevar los niveles de ahorro interno y estimular el desarrollo regional promoviendo la explotación de nuestros yacimientos de plata, se presenta el imperativo de ofrecer a la población una moneda real, de valor intrínseco y que no se devalúe.

II. Antecedentes

México es reconocido mundialmente por su moneda de plata desde hace siglos. En nuestra historia moderna, desde que se fundó el Banco de México, en 1925, hasta la fecha, ha sido constante el esfuerzo por reintroducir monedas de plata en la circulación.

Así, la importancia de la moneda de plata ha estado presente en casi todas las reformas monetarias y en todos los programas de acuñación, desde el peso 0.720 (1920) hasta la actual moneda conmemorativa de los estados (2004-2007).

Para utilizar plata en nuestra moneda, no han faltado la intención ni el esfuerzo de los legisladores y las autoridades monetarias. Sin embargo, todos esos intentos han resultado vanos porque, tarde o temprano, las monedas alcanzaron su ``punto de fusión'' el momento en que el valor intrínseco de la plata supera el nominal grabado.

Como solución transitoria, pero errada, se ha incluido cada vez menos plata en las aleaciones, pensando que así se podría mantener la moneda de plata en circulación. Sin embargo, el resultado fue siempre el mismo: la plata volvió a valer más y su destino fue la fundición o las colecciones numismáticas.

El caso más conocido es el peso de plata con ley 0.720, el cual circuló en México durante 25 años; contenía 12 gramos de plata pura.

Durante el tiempo en que se acuñaron 458 millones de pesos de plata, desde 1920 hasta 1945, el precio de la plata fluctuó notablemente, sin que sus bajas transitorias ocasionaran ningún problema (cuando se creó el Banco de México, en 1925, el precio de la plata era de 69.1 centavos de dólar, y llegó a caer hasta 25.4 centavos de dólar, en 1932).

Jamás, en esos 25 años, nadie regresó al Banco de México un solo peso 0.720 a consecuencia de una baja en el valor de la plata que contenía, y éste siguió circulando.

El problema lo representó el alza del metal, que subió de 0.45 a 0.71 dólares por onza, en 1945; la moneda tuvo que salir de circulación, pues el valor de la plata que contenía superó el valor de 1 peso grabado en el anverso y su acuñación resultó entonces incosteable.

Con el deseo de subsanar la limitación que llevaba las monedas de plata al punto de fusión, el Ejecutivo envió en 1979 una iniciativa de ley que, por primera vez, introdujo en la circulación monedas de plata sin valor nominal grabado. La reforma estipuló que éstas gozarían de curso legal, disposición que aún hoy es vigente.

Concreción de esa reforma fue la creación de la onza de plata Libertad, que se ha acuñado desde 1982 hasta nuestros días.

Gracias a la primera disposición, estas monedas nunca han llegado al punto de fusión: a pesar de las devaluaciones, el Banco de México las ha acuñado ininterrumpidamente desde entonces, no se han fundido y permanecen ahorradas por la población. Sin embargo, el segundo propósito (que fueran medio de pago) no se cumplió, pues la falta de un valor nominal de circulación --que en ninguna moneda puede reducirse-- provocó pérdidas para el ahorrador y para el Banco de México.

III. Aspectos generales

El propósito técnico de la iniciativa es rectificar esa deficiencia legislativa dotando la onza de plata Libertad de un valor nominal de circulación que incluirá un porcentaje moderado de señoreaje.

Para que la moneda de plata se convierta en verdadero dinero, para que ésta ingrese de forma permanente en la circulación, es indispensable conferirle un valor nominal de circulación que pueda recorrerse al alza si sube el precio de la plata, pero manteniendo el último valor nominal en el caso de que el precio de la plata baje.

Tanto los billetes como las monedas que usamos llevan un valor nominal impreso o grabado, y ese valor nunca puede reducirse, a pesar de que baje el precio internacional del material con que están hechos. Una disposición legal que decretase que su valor nominal no debe reducirse sería redundante. Pero en el caso de una moneda de plata sin valor nominal grabado que ha de convertirse en dinero --cual fue el propósito de la reforma de 1979-- sí hace falta una legislación expresa para que esa condición implícita en todos los billetes y las monedas actuales se vuelva explícita en el caso de la onza de plata Libertad.

Sin ese valor nominal irreductible, no es posible convertir la moneda de plata en dinero, y seguirá siendo indefinidamente una mercancía.

El propósito social de la iniciativa es crear un blindaje al ahorro popular, otorgando a la población un instrumento que no se devalúa, que no sufre el impacto de la inflación, que no está sujeto a los errores de las políticas monetarias ni a los colapsos bancarios.

La iniciativa repercutirá positivamente en el desarrollo de la industria minera y en la creación de empleo, pues alrededor de esta actividad se crean todo tipo de trabajos directos e indirectos en importantes regiones del país. Así lo avala la declaratoria unánime de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) a favor de hacer de la moneda de plata una de curso legal que estimule el ahorro popular y el desarrollo regional.

Además de estimular el ahorro, el sistema bancario y el público se podrían beneficiar con la posibilidad de usar las monedas de plata, depositadas en custodia, como colateral para el otorgamiento de créditos de bajo interés, impulsando el desarrollo de múltiples proyectos productivos. Dicho crédito es más sano que el creado de la nada, por estar sustentado en ahorro previo.

En cuanto a las fluctuaciones del valor de la plata, las bajas transitorias del precio internacional de la plata no ocasionarían pérdidas para el Banco de México ni para el tenedor de las onzas, precisamente gracias al valor nominal, igual que de 1920 a 1945 ningún tenedor del peso 0.720 ni el Banco de México sufrió pérdidas, y nadie devolvió moneda alguna ante las bajas ocasionales del metal.

Por otra parte, las alzas del valor nominal no implican ningún subsidio del erario, ya que obedecen al alza de los precios del mercado, y es el ahorrador el que paga, al momento de comprar las onzas, el precio del metal, de la acuñación y del señoreaje.

También cabe subrayar que esta medida, lejos de afectar el manejo de la política monetaria, ayuda más bien a combatir la inflación por un camino contrario a la restricción monetaria la cual, como requiere alzas de las tasas de interés, afecta el sistema productivo. Introducir monedas de plata en la circulación alcanza el mismo efecto de contener la inflación, pero sin perjudicar la producción.

Por último, hay que destacar que el incremento de M1 asociado a esta legislación es prácticamente nulo, concretamente del 0.23 por ciento correspondiente a los 21 millones de onzas que ya están en poder del público, y del 0.08 por ciento correspondiente a las nuevas monedas que anualmente se acuñan. En comparación, el incremento anual de M1 correspondiente a los pesos fiat es cercano a 12 por ciento anual, lo cual sí provoca inflación, causando un gran daño a la población.

IV. Descripción de la iniciativa

La modificación de la Ley Monetaria que se propone, en virtud de la presente, consiste en lo siguiente:

Como resultado de lo anterior, por el digno conducto de usted, ciudadana Presidenta, sometemos a la consideración del Congreso mexicano la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, para reintroducir la moneda de plata en la circulación monetaria

Artículo Único. Se adiciona el artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos con un inciso d), para quedar como sigue:

Artículo 2o.

...

d) La onza de plata Libertad que gozará de curso legal por su valor nominal vigente en pesos.

Corresponde privativamente al Banco de México determinar y modificar el valor nominal de la onza de plata Libertad. El valor nominal inicial de la onza de plata Libertad se determinará mediante la suma de los siguientes factores: el precio internacional vigente de la onza de plata, expresado en pesos, el costo de acuñación y un señoreaje no mayor de 10 por ciento calculado sobre el costo total de la moneda; el resultado de esta suma deberá ajustarse al múltiplo inmediato superior de cinco pesos.

El Banco de México determinará un incremento al valor nominal de la onza de plata Libertad mediante el procedimiento mencionado en el segundo párrafo de este inciso, cada vez que la suma total de los factores resulte mayor que el valor nominal vigente.

El valor nominal deberá publicarse todos los días en el Diario Oficial de la Federación y, una vez determinado, éste no podrá reducirse en ningún caso.

Ante la eventualidad de un incremento extraordinario del precio de la plata, el Banco de México podrá mantener el valor nominal vigente, sin tomar en cuenta este incremento, durante un periodo máximo de seis meses. Al cabo de ese periodo, deberá determinar el nuevo valor nominal, mediante el procedimiento mencionado en el segundo párrafo de este inciso, si la suma total de los factores resultase mayor que el valor nominal vigente.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se pospone la iniciativa presentada por el diputado Mauricio Duck Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 146 y 147 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Igualmente se pospone la iniciativa del propio diputado Mauricio Duck, para presentar reformas a diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.

ARTICULO 3o. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se recibió de la diputada Ruth Zavaleta Salgado, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa que reforma y adiciona el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La que suscribe, diputada federal Ruth Zavaleta Salgado , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso a) del numeral II del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de complementar la definición de democracia y que esta sea concebida como una forma de vida política, al tenor de la siguiente.

El proceso de transición política que ha vivido recientemente el pueblo de México, ha significado sin duda un avance en la cultura cívica de los ciudadanos, por lo que ahora problemas tales como la falta de empleo, la inseguridad y la desigualdad social se han convertido en objetos de preocupación y análisis por parte de la misma población. Esta nueva característica del pueblo de México, requiere necesariamente que tanto las instituciones del Estado, como las leyes, sean dinámicas y atiendan dichos cambios.

Dadas estas nuevas condiciones y características de la población, es necesario que las instituciones y quienes dirigen los destinos del país, asumamos un compromiso y una responsabilidad, ya que la delegación de soberanía que recae en el Gobierno, exige sin duda alguna, el que las demandas de la ciudadanía sean satisfechas con calidad.

Y es precisamente adecuando el marco jurídico nacional, en un primer momento; y dinamizando y eficientando a las instituciones gubernamentales después, como se logrará dar la respuesta que el país espera de su Gobierno. Lo anterior, sin duda es uno de los beneficios que ha traído consigo la transición democrática nacional.

Es por eso que se debe de entender no únicamente a la democracia como una característica del sistema electoral mexicano, el cual si bien aún no esta del todo consolidado, si ha tenido un gran avance, en el que por cierto, conmemora el año próximo, dos décadas de su comienzo.

La idea de democracia debe de ser entonces comprendida como una característica de la vida nacional, es decir, un elemento que debe de ser inherente a la forma de vida del pueblo mexicano y de su gobierno; esto es, buscar de la mano siempre, aquello que resulte mejor para la sociedad.

Es importante destacar que la democracia esta sustentada bajo el precepto de que el poder reside esencial y originariamente en el pueblo y que el beneficiario directo de ese poder es el pueblo, lo anterior significa que todas aquellas decisiones políticas y de Estado, así como todas las acciones gubernamentales deben mirar por el crecimiento, la justicia y la equidad sociales.

En este sentido, la voluntad del pueblo mexicano que a través de la fortaleza social que indudablemente posee, puede manifestar su conformidad o su insatisfacción hacia las instituciones del Estado; siendo importante recordar que dado el pacto social, tiene en sus manos el rumbo que este desee seguir, claro está, mediante las instituciones que el gobierno ha fundado.

Es importante señalar, que el que la sociedad este conforme y de acuerdo con lo que el Estado provee por obligación para sí, es visible en el nivel de estabilidad social existente, el cual se ve reflejado en las calles e incluso en esta tribuna, la cual es y ha sido voz de los disgustos sociales cuando así se ha requerido.

Una constante de los Estados modernos, es que cuentan con sistemas electorales y con formas de gobierno democráticos, las cuales son resultado de sociedades que se integran, se organizan e interactúan con sus quienes los representan, fruto esto, del proceso de reforma que el propio Estado mexicano ha experimentado.

Es importante añadir que esta nueva capacidad de organización, comunicación y en general, el empoderamiento que esta adquiriendo la sociedad mexicana, representan la consolidación de los derechos políticos que enuncia nuestra Carta Magna.

Vale la pena recordar que dicha condición es resultado de un extenso y complejo proceso, durante el cuál, el pueblo mexicano ha hecho un llamado a sus instituciones representantes, lo anterior, para que acorde a la nueva definición que de democracia ha surgido, estas mismas instituciones atiendan, escuchen y sobretodo den solución a sus demandas.

Asimismo, la existencia de un fortalecimiento en donde las instituciones sean representativas y eficientes forma parte de una consolidación democrática en donde la gobernabilidad democrática contribuye a reforzar los mecanismos institucionales de responsabilidad política.

Es preciso señalar que el grado de involucramiento de la sociedad ha venido en ascenso y ha jugado un papel fundamental dentro del antes referido proceso de evolución política de la sociedad mexicana, misma que ya no únicamente pueden ver los gobernantes como un conjunto estancado y condescendiente que esperaba lo que antes, el Estado tenía a bien proporcionarle. Afortunadamente y gracias a valores como la democracia y los derechos políticos de los ciudadanos, esto es ya, una característica del pasado.

Cabe señalar que en un país en donde existe un Estado de derecho justo y equitativo, es un Estado en donde impera una democracia en la que las instituciones son parte importante para el ejercicio que de democracia se debe de dar a la sociedad.

Es por ello, que la nueva conformación de la organización social, la cuál está basada primero, en nuestro marco jurídico y segundo, en el avance en el nivel de cultura política de los ciudadanos, demanda que las instituciones gubernamentales se adecuen, dinamicen y eficienten; lo anterior, permitirá sin duda que se cree una relación más cercana y satisfactoria entre la sociedad en su conjunto y el gobierno y quienes lo encabecen.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el inciso a) del numeral II del Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de complementar la definición de democracia y que esta sea concebida como una forma de vida política, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se reforma el inciso a) del numeral II del artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 3. ...

Además

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se recibió de la diputada Ruth Zavaleta Salgado, iniciativa que reforma el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La que suscribe, Ruth Zavaleta Salgado , diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa que modifica el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa que modifica el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se modifica el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los términos siguientes:

Artículo 60

...

Cuando la Cámara conozca de los permisos a que se refieren las fracciones II, III y IV del inciso C) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Legislativa correspondiente podrá formular dictamen resolviendo varias solicitudes a la vez, integrando en el proyecto de decreto tantos artículos como permisos se concedan, sin perjuicio de que, puestos a discusión, si un legislador así lo solicita, cualquier artículo será reservado.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese su iniciativa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se recibió de la diputada Ruth Zavaleta Salgado, iniciativa que reforma los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La suscrita, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 70, 71, fracción II, y 72, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por el artículo 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa que reforma los artículos 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

1. El artículo 70, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: ``Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y se promulgarán en esta forma: ``El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley o decreto''...

2. De acuerdo con los estudiosos del derecho y las definiciones ¹ de los diccionarios de Derecho Constitucional y Parlamentario se establece que una iniciativa de ley, es ``la propuesta por medio de la cual se hace llegar al órgano u órganos depositarios del Poder Legislativo del Estado, un proyecto de ley, que puede ser nueva en su totalidad o ya existente pero que, por circunstancias sobrevinientes necesita ser reformada o modificada por adición, corrección o supresión de algunas de sus normas o un proyecto de decreto''.

La Ley ``Es un acto de autoridad que tiene como elementos característicos la abstracción, la impersonalidad, la generalidad, permanencia y coercitividad, que regula el comportamiento de la sociedad y la intersubjetividad de los individuos buscando el bien común. Se distingue de los actos administrativos y jurisdiccionales, en cuanto a que estos son esencialmente concretos, particularizados e individualizados''.

El decreto ``en su sentido lato implica resolución, orden, determinación, decisión. En sentido estricto entraña un acto de autoridad de carácter administrativo por contener los elementos que a este se caracterizan y que son: la concreción, la individualidad y la particularidad, por ello se distingue de la ley en cuanto a que esta es un acto de autoridad (lato sensu) de índole abstracta, impersonal y general. El artículo 70 constitucional establece que toda resolución del Congreso de la Unión tendrá la naturaleza de ley o decreto, considerando este último como la forma de los actos congresionales que no son leyes''.

3. En México, el ``derecho de iniciar leyes o decretos'' corresponde exclusivamente, según el artículo 71 de la Constitución federal: I. Al Presidente de la República. II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión. III. A las legislaturas de los estados.

4. Existe una figura contemplada en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos distinta de la Ley y el decreto, regulada en su artículo 58, que dice en su párrafo primero: ``Las proposiciones que no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que las suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los trámites siguientes:...''. Esta figura se refiere a un a la figura del acuerdo parlamentario, que es una resolución tomada en cierta materia en el seno de un órgano parlamentario que no constituye una iniciativa o proyecto de ley. El Congreso mexicano, con base en la facultades determinadas por su Ley Orgánica, puede solicitar información al Ejecutivo, hacerle recomendaciones y exhortos a tomar acciones con respecto a asuntos de interés nacional, mediante proposiciones, denominadas Punto de Acuerdo, cuya naturaleza se circunscribe a la facultad de fiscalización que ejerce el Congreso sobre el Ejecutivo. Por otra parte, el ejecutivo no está facultado para presentar puntos de acuerdo al Congreso.

Las características de la iniciativa o proyecto de ley, y del decreto son ajenas al punto de acuerdo tanto en contenido, objetivo y forma, el punto de acuerdo es personal, concreto y válido solamente mientras se da cumplimiento a lo resuelto en dicha proposición.

5. El punto de acuerdo, la iniciativa o proyecto de ley y el decreto son de naturaleza distinta y por lo tanto siguen un procedimiento distinto para su discusión, votación y aprobación. De acuerdo con el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de iniciar leyes compete al Presidente de la República, a los diputados y senadores al Congreso General, y a las Legislaturas de los estados.

6. Los artículos 56, 57, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior hacen esta distinción de manera explícita cuando establecen:

Artículo 56. Las iniciativas de ley presentadas por el Presidente de la República, por las Legislaturas de los estados o por uno o varios miembros de las Cámaras, pasarán desde luego a Comisión.

Artículo 57. Pasarán también a Comisión las iniciativas o proyectos de ley que remita una de las Cámaras a otra.

Donde proposiciones o proyectos, en términos semánticos significa propuestas de lo que no sean iniciativas de ley.

7. El artículo 59 y 60 párrafo primero están en consonancia con el 58:

Artículo 59. En los casos de urgencia u obvia resolución, calificados por el voto de las dos terceras partes de los individuos de la Cámara que estén presentes, podrá ésta, a pedimento de alguno de sus miembros, dar curso a las proposiciones o proyectos en hora distinta de la señalada y ponerlos a discusión inmediatamente después de su lectura.

Artículo 60. Ninguna proposición o proyecto podrá discutirse sin que primero pase a la Comisión o Comisiones correspondientes y estas hayan dictaminado. Sólo podrá dispensarse este requisito en los asuntos que por acuerdo expreso de la Cámara se califiquen de urgente o de obvia resolución.

8. Los artículos 57, 58, fracciones I, II y III, 59, 60, párrafo primero, y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso distinguen entre ``iniciativa o proyecto de ley'' y ``proposición o proyecto'', refiriéndose a los Puntos de Acuerdo exclusivamente. Esto es, la voluntad del legislador al conceder que en ciertos casos se pase al estudio y discusión inmediata de proposiciones o proyectos (puntos de acuerdo) por considerarlos de urgente y obvia resolución, es referente única y exclusivamente a dichas proposiciones con punto de acuerdo, de lo contrario, hubiera contemplado en el texto de los artículos 59 y 60 primer párrafo del Reglamento, al referirse a ``proyecto'', las palabras ``de ley'', para entonces incluir en dicha dispensa a las iniciativas de ley. Sin embargo, no lo hizo.

9. Las disposiciones de los artículos 59 y 60 párrafo primero son consecuencia del artículo 58, excluyendo la referida del artículo 57. Ahí se determina la votación de urgente y obvia resolución de proposiciones o proyectos, mencionados en el artículo 58 como aquellos que no sean iniciativas de ley.

10. Es un uso que en las iniciativas o proyectos de ley que se presentan ante el Pleno se señale ``iniciativa de ley con proyecto de decreto'', cuando es el caso que ambos son actos distintos entre si, por todas las razones que se han expuesto anteriormente.

Ahora bien, tomando en cuenta las consideraciones vertidas, y atendiendo a los métodos de interpretación gramatical y semántica, se interpretan los artículos 59 y 60 párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en el sentido de que sólo es aplicable a puntos de acuerdo y no a iniciativas o proyectos de ley.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía, la siguiente:

Iniciativa que reforma a los artículos 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Único: Se reforman los artículos 59 y 60, párrafo primero, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como siguen:

Artículo 59. En los casos de urgencia u obvia resolución, calificados por el voto de las dos terceras partes de los individuos de la Cámara que estén presentes, podrá ésta, a pedimento de alguno de sus miembros, dar curso a las proposiciones o proyectos que no constituyan iniciativa o proyecto de ley o decreto, en hora distinta de la señalada y ponerlos a discusión inmediatamente después de su lectura.

Artículo 60. Ninguna proposición o proyecto que no constituyan iniciativa o proyecto de ley o decreto, podrá discutirse sin que primero pase a la Comisión o Comisiones correspondientes y éstas hayan dictaminado. Sólo podrá dispensarse este requisito en los asuntos que por acuerdo expreso de la Cámara se califiquen de urgente o de obvia resolución.

...

Único. La presente reforma entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se recibió de la propia diputada Ruth Zavaleta Salgado, iniciativa que reforma el artículo 210 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La suscrita, Ruth Zavaleta Salgado , diputada a la LX legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la fracción II del artículo 55 del Reglamento de Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa que reforma el artículo 210 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al tenor de la siguiente:

1. Una minoría actuante y creciente en nuestro país, en función de fenómenos demográficos y epidemiológicos, es la representada por el segmento de los adultos mayores; a esta minoría de la población pertenecen los jubilados y pensionados en general y los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en particular.

2, Decir ``minoría'' no es intrascendente cuando se trata de construir una democracia estable, sólida y duradera. Cualquier minoría es trascendente e imprescindible en la construcción de la legitimidad del Estado Mexicano; pero esto no será plausible en tanto en cuanto exista la insatisfacción ciudadana para con las instituciones.

3. Es el caso de la Asociación Nacional Pro Dignificaciòn del Jubilado del ISSSTE, A.C. que agrupa a buena cantidad de jubilados del ISSSTE y quienes, en comunicación escrita del 23 de noviembre de 2007, me han hecho saber que es importante, para este segmento de la población, contar con una representación de los mismos pensionados que tenga voz y voto al interior de la Junta Directiva de ese Instituto a fin de participar en la toma de decisiones del Instituto, a fin de dar cauce institucional a sus demandas.

4. Por otra parte, las pensiones son un elemento imprescindible entre los componentes de la seguridad social y quienes disfrutan de ellas no lo hacen gratuita o inmerecidamente, sino que disfrutan de un derecho ganado a través del trabajo de muchos años y exigen ser incluidos en la toma de decisiones del instituto.

5. El número total de pensionistas (más de 550,000), constituye alrededor de 17% de los derechohabientes del ISSSTE y resulta inconcebible que un grupo tan importante por su número, por su experiencia y por las aportaciones que hizo a la vida pública del país, no tenga la posibilidad institucional de participar en las deliberaciones y acuerdos del máximo órgano de gobierno del Instituto.

6. La ley vigente del Instituto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, elevó de 11 a 19 el número de miembros de la junta directiva, aumentando el número de representantes oficiales y sindicales y otorgando tres de ellos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero sin incluir a ningún representante de los pensionados.

7. Cuando la democracia se abre paso en la vida general del país y las instituciones favorecen la participación cada vez mayor de los ciudadanos en la toma de decisiones, es inconcebible y hasta rayano en la discriminación el hecho que a una parte considerable de la población mexicana, que forma parte de la derechohabiencia del ISSTE, le sea negada la posibilidad de manifestar sus inquietudes institucionalmente.

En virtud de las anteriores consideraciones y, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la fracción II del artículo 55 del Reglamento de Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa que reforma el artículo 210 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Único. Se reforma el artículo 210 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 210. La Junta Directiva se compondrá de veintiún miembros como a continuación se indica:

Único. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se recibió de la diputada Ruth Zavaleta Salgado, iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La suscrita, Ruth Zavaleta Salgado , diputada de la LX legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la fracción II del artículo 55 del Reglamento de Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa de modificación constitucional para implantar en México el régimen parlamentario de gabinete, al tenor de la siguiente:

Desde su implantación en la Constitución de 1917 el sistema presidencial fue ideado para establecer en nuestro país un gobierno fuerte incluso autoritario que, en los hechos, se puso por encima de la ley bajo las llamadas atribuciones metaconstitucionales haciendo a un lado el espíritu del verdadero constitucionalismo que es el de someter el poder a la ley. A esto debemos agregar que, al mismo tiempo, y dada la falta de controles efectivos de tipo legal sobre un poder así acumulado en la figura del Jefe del Ejecutivo, la división y el equilibrio de poderes también fueron desvirtuados.

El pueblo de México ha registrado a lo largo de muchas décadas el abuso de poder desde la Presidencia de la República y pese a las medidas en contrario, sucesivas reformas e incluso la pluralización del sistema político el poder ha seguido concentrado en una sola persona. Este flagelo ha traído como consecuencia, la continuación de la corrupción y la impunidad.

Es hora de hacer una revisión de gran aliento sobre la historia del régimen presidencial y fundamentar en nuestra propia tradición las bases de un esquema diferente sobre el cual sustentar, sólidamente, un régimen legal y político distinto. Desde este mirador, debemos reconocer y remover la existencia de diversos planteamientos que han dado pie al rechazo del sistema parlamentario en nuestro país. En primer lugar está la crítica a la Constitución de 1857 que, de acuerdo con el decir de diversos pensadores, no pudo ser aplicada porque no correspondía a la realidad de México que siempre requirió un Ejecutivo fuerte, incluso dictatorial para garantizar la estabilidad. Ésta perspectiva política y jurídica se transmitió, incluso, al régimen de la Revolución que por ello ideó un gobierno de Ejecutivo fuerte sancionado por la Constitución de 1917.

Sin embargo, y a contrapelo de estas visiones debemos admitir que hubo corrientes dentro de la propia Revolución Mexicana que fueron favorables a la recuperación de la Constitución de 1957, iniciando por don Francisco I. Madero. Para el Presidente Mártir el objetivo de la Revolución fue la recuperación y puesta en acto de la Constitución liberal que nunca fue derogada pese a la dictadura de Porfirio Díaz. Esa Constitución preveía la supremacía de la ley y un verdadero y propio equilibrio de poderes. El ideal maderista fue recuperado por la Convención de Aguascalientes la cual propuso, igualmente, la adopción para México del sistema parlamentario. De esa magna asamblea de revolucionarios salieron propuestas de cambio democrático que aún son válidas para el país y que son motivo de inspiración de esta propuesta de reformas constitucionales.

Especialistas en la materia afirman que la Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes fue la asamblea política más auténtica, por su representatividad, y más democrática de cuantas ha tenido el país desde los tiempos de la guerra de independencia. La Convención fue la ocasión para el encuentro y el debate de todos los credos políticos y de todas las propuestas de reforma de la sociedad y del Estado que se puedan imaginar. También se sostiene que la Convención de Aguascalientes fue el Congreso más democrático y popular de los que hasta entonces había habido en la República Mexicana. Fue una experiencia corta, pero muy fecunda en ideas y planes. Ésta asamblea fracasó en el propósito de hermanar a los jefes revolucionarios y establecer el clima pacífico que reclamaba la enorme mayoría de la población del país, pero puso en claro los ideales de la gente de México.

Los planteamientos de la Convención fueron sintetizados por Vito Alessio Robles, uno de los cuatro secretarios que tuvo ese Congreso, en los siguientes puntos: destrucción del latifundismo; reivindicación de la propiedad de la nación; prohibición de los monopolios; libertad de empresa; efectividad del sufragio con la adopción de procedimientos que evitaran la participación indebida de las autoridades y de los intereses particulares en las elecciones y castigo a quienes cometiesen fraudes electorales y abusos; adopción del parlamentarismo como sistema de gobierno; respeto a la autonomía municipal y ejercicio efectivo de la soberanía de los estados; reconocimiento de los derechos sociales de los trabajadores; protección a los niños; emancipación de la mujer; educación laica; reorganización del ejército nacional y regularización de la hacienda pública.

Durante décadas la Convención quedó punto menos que olvidada o, a lo sumo, recordada solo como un momento fallido, utópico de la historia nacional. No obstante, hoy, al cierre de un ciclo histórico de grandes proporciones, las figuras de Madero y los Convencionistas son baluartes señeros para cerrar un período en el que predominó la concepción presidencialista, autoritaria, de las relaciones políticas en nuestro país.

Efectivamente, estamos frente al fin de una época y ante el inicio de una nueva. Por eso conviene reflexionar sobre la importancia de la reforma del Estado en curso y de lo que a mi parecer es su núcleo más interno, o sea, el cambio de régimen político: la adopción del parlamentarismo de gabinete. Someter el poder a la ley; pasar del gobierno de un solo hombre al gobierno de todos teniendo como límite la norma jurídica. Esa es una de las mayores aspiraciones históricas del pueblo de México que aún no ha sido satisfecha y a la que esta iniciativa pretende responder.

A estas argumentaciones de carácter histórico debemos añadir que el Estado democrático es el Estado de partidos. Llamo en causa a uno de los grandes juristas del siglo XX, Hans Kelsen, quien sostuvo que ``la democracia sólo puede existir si los individuos se reagrupan de conformidad con sus afinidades políticas, con el objeto de orientar la voluntad general hacia sus fines políticos, de manera que entre el individuo y el Estado, se inserten las formaciones colectivas que, como partidos políticos, reasuman la igual voluntad de los individuos... Solo la ilusión o la hipocresía puede creer que la democracia sea posible sin partidos políticos''. Hay que admitir que en las sociedades modernas el individuo como sujeto aislado carece de influencia real en el proceso político. Sólo cuando se integra con otros individuos puede tener una ingerencia real en los asuntos colectivos. Esa integración se lleva a cabo alrededor, precisamente, de los partidos políticos.

Insistiendo sobre la importancia de los partidos políticos, este mismo autor en cuya obra se encuentran los fundamentos doctrinados del parlamentarismo, afirma: ``La democracia, precisamente porque, en cuanto Estado de partidos, quiere que la voluntad general sea solamente la resultante de la voluntad de los partidos, puede renunciar a la ficción de una voluntad general `orgánica´ superior a los partidos políticos. Una evolución irresistible lleva en todas las democracias a una organización del `pueblo´ en partidos''. ¹

La sede en la cual ahora es realizable la democracia no es la asamblea popular donde los individuos con derechos políticos participaban directamente, sino el parlamento donde llegan personas elegidas de acuerdo a las postulaciones que hicieron previamente los partidos políticos. Sobre los parlamentos Kelsen advierte que esos órganos, antes de la Revolución francesa, tenían un vínculo directo con el cuerpo electoral, de suerte que los representantes podían ser removidos de sus cargos por los electores según el lazo que establecía el mandato imperativo. En cambio, la Constitución francesa de 1791 incluyó la prohibición de mandato imperativo bajo la idea de que al tratarse de un órgano de representación nacional los representantes, una vez designados, no lo son ya de éste o aquél individuo, sino de toda la nación: ``Esta independencia del parlamento frente al cuerpo electoral es un rasgo característico del parlamentarismo moderno''.

Por todos lados la lucha que se llevó a cabo contra la autocracia en los siglos XVIII, XIX y XX fue una lucha en favor del parlamentarismo, el cual es definido como la ``formación de la voluntad normativa del Estado mediante un órgano colegiado elegido por el pueblo con base en el sufragio universal e igual para todos, o sea, democráticamente''. ²

El funcionamiento de la democracia se lleva a efecto bajo el principio de mayoría. Sin embargo, ese principio también tiene límites. Si en un primer momento puede ser una fórmula para resolver las diferencias políticas por la vía pacífica; en un segundo momento ese principio parece insuficiente para frenar las disputas si no se reconocen los derechos de las minorías; es menester que la mayoría y la minoría, alcancen un arreglo. Sobre este punto Kelsen escribe: ``únicamente un orden jurídico que no satisface los intereses de uno en perjuicio de los de otro, sino que establece entre los intereses contrapuestos un compromiso, a fin de reducir al mínimo las fricciones posibles puede aspirar a una existencia relativamente larga. Sólo un orden de este tipo se hallaría en condiciones de asegurar a los sometidos a él una paz social sobre bases relativamente permanentes''.

El régimen más adecuado para llevar a cabo el entendimiento entre la mayoría y las minorías es el sistema parlamentario. La sede parlamentaria, por su misma naturaleza deliberativa y conciliadora, favorece la realización del compromiso entre intereses opuestos. El propio Kelsen sostiene:

Todo el procedimiento parlamentario se orienta al logro de una solución intermedia entre intereses opuestos, de una resultante de las fuerzas antagónicas. Ese procedimiento prevé las garantías necesarias para que los discordantes intereses de los grupos representados en el parlamento obtengan la palabra y puedan manifestarse como tales en un debate público. Y si buscamos el sentido más profundo del procedimiento específicamente antitético-dialéctico del parlamento, este no puede ser más que el siguiente: que de la contraposición de tesis y antítesis de los intereses políticos nazca de alguna manera una síntesis, la que en este caso no puede ser otra más que el compromiso ³.

Sin embargo, Kelsen sabía muy bien que la democracia parlamentaria no podía funcionar correctamente si los antagonismos eran muy fuertes; tales que no pudieran ser resueltos por la vía del diálogo y la negociación sino por la ruta de las armas.

Otro autor connotado favorable al parlamentarismo es Juan Linz el cual desarrolla una crítica radical al sistema presidencial. De acuerdo con esta autor el defecto del sistema presidencial es la falta de la ``flexibilidad'' para resolver las diferencias en sistemas democráticos plurales sobre todo en el momento en que se vuelven más enconadas. Linz subraya dos rasgos del sistema presidencial. 1) Ya que ambos son elegidos por el pueblo, el presidente y el parlamento pueden reivindicar una igual legitimidad democrática, y los dos pueden pretender representar la auténtica voluntad popular. En tal condición está siempre latente la posibilidad del conflicto entre el ejecutivo y el legislativo, sobre todo cuando el presidente se enfrenta a una mayoría electoral de tendencia política opuesta a la que predominó en la elección del parlamento. Se trata del famoso ``gobierno dividido''. 2) El presidente y el parlamento son elegidos por un periodo de tiempo preestablecido. Ambos permanecen en el puesto hasta la terminación del propio mandato electoral, aunque estén en franco desacuerdo. El eventual contraste no puede ser resuelto de alguna manera, porque ni el parlamento puede destituir al presidente, ni el presidente puede disolver el parlamento. Esa es la rigidez del sistema presidencial. Sus consecuencias pueden ser muy graves: a falta de procedimientos para la solución de los conflictos, la tensión puede aumentar hasta empujar a los contendientes a violar la constitución, o sea, hasta el golpe de Estado, como lo demuestra la historia latinoamericana.

En una democracia parlamentaria, en cambio, existen procedimientos ordinarios, y normalmente adoptados, para resolver los conflictos entre el ejecutivo y el legislativo: el parlamento puede remover al gobierno con un voto de desconfianza; y donde no se logre formar un nuevo gobierno, queda el recurso de la disolución del parlamento y la celebración de nuevas elecciones. El parlamentarismo es la mejor fórmula para establecer la verdadera gobernabilidad democrática que ya no permite la rigidez del sistema presidencial.

La ``rigidez'' no es el único defecto del presidencialismo. Recordemos algún otro. 1) La elección del presidente es un juego a suma cero, en el que ``quien vence agarra todo''. Vale decir, es una competencia en la que el vencedor conquista el premio completo, que además es un premio muy codiciado. Todo esto puede transformar las elecciones presidenciales en un encuentro que no excluye los golpes, combatido en un clima de creciente tensión, cuya aspereza puede llegar hasta sacudir las mismas instituciones democráticas. 2) La democracia presidencial, particularmente si carece de un sólido sistema de partidos, se expone al riesgo de que un neófito o extraño, carente de experiencia política pero fuertemente apoyado por intereses comerciales llegue a conquistar el vértice del Estado. En las democracias parlamentarias, en contraste, los que aspiran al liderazgo gubernamental normalmente transcurren largos años en el congreso, donde acumulan experiencia y ofrecen a la opinión pública la oportunidad de conocerlos y evaluar su capacidad. 3) A diferencia de un jefe de Gobierno investido por el parlamento, en una democracia presidencial, el jefe del ejecutivo es seleccionado directamente por los electores: la investidura popular directa, aunque sea obtenida por un margen reducido de ventaja sobre los adversarios, puede alimentar en el presidente peligrosos estados de ánimo, como un anormal sentimiento de poder, la convicción de tener una gran misión que cumplir, la presunción de encarnar las aspiraciones de todo el pueblo, que a su vez pueden abrir el camino a un ``estilo personal'' de gobernar como lo dijera don Daniel Cosío Villegas. 4) Pero incluso si logra sustraerse a estas tentaciones, al presidente le toca de cualquier manera la difícil tarea de manejar un cargo intrínsecamente ambiguo: de una parte, él es el jefe de Estado y, de otra, un hombre parcial, es decir, el jefe del ejecutivo elegido para llevar a cabo el programa de la propia parte política. En la democracia parlamentaria, en contraste, los dos cargos de jefe de Estado y jefe de gobierno son distintos: el jefe de Estado, no directamente comprometido en la lucha política cotidiana en la que, al contrario, está inmerso el jefe de gobierno, puede desempeñar una función de árbitro, promoviendo buenas relaciones entre jefes de partido hostiles y favoreciendo el compromiso y la negociación.

En suma, hay que desmentir algunos lugares comunes que circundan al presidencialismo que le confieren inmediatamente buena fama. Para comenzar, es falso que los sistemas presidencialistas sean más favorables que los parlamentarios a la afirmación de un fuerte liderazgo. Son numerosos los líderes con prestigio salidos de las democracias parlamentarias: Winston Churchill y Margareth Tatcher en el Reino Unido, Conrrad Adenauer y Willy Brandt en Alemania, Alciade de Gasperi en Italia, Bruno Kreisky en Austria etcétera. Además, no es cierto que la forma de gobierno presidencial sea más adecuada para los estados federales. Quien sostiene esta opinión considera que un presidente desempeñe mejor que un parlamento la función de símbolo de la unidad nacional. Se equivocan quienes sostienen que una sociedad atravesada por diferencias étnicas, culturales, religiosas, lingüísticas les convenga particularmente el sistema presidencial, porque el presidente seleccionado por todo el electorado nacional desempeñaría el papel de ``símbolo de integración''. Al contrario, es el parlamento el instrumento más flexible para gobernar estas diferencias.

Por último, quisiera tocar, con más puntualidad el formato organizativo de la propuesta aquí contenida. El sistema parlamentario de gabinete posee los siguientes atributos: 1) están diferenciados el Jefe de Estado y el Jefe de Gobierno; 2) el Jefe de Estado tiene más bien funciones de representación general y es políticamente neutral frente a las disputas de los partidos; 3) el poder Ejecutivo se deposita en un Jefe de Gobierno y éste encabeza un gabinete; 4) ese Jefe de Gobierno es designado por el Presidente de la República y respaldado por una mayoría parlamentaria estable que se reúne en torno a un programa común; 5) los miembros del Gabinete pertenecen al congreso incluido el Jefe de Gobierno); 6) éste, así como los miembros del Gabinete, se presenta regularmente ante al Congreso para responder a preguntas y cuestionamientos de los legisladores; 7) en consecuencia, entre el poder Ejecutivo y el Congreso hay coordinación y colaboración; 8) el Congreso controla al poder Ejecutivo y puede hacerlo caer obligándolo a dimitir, pero el Jefe del Estado, a su vez, puede disolver al Congreso (esto sucederá cuando el Poder Legislativo ya no logra mantener una mayoría estable en el Congreso); 9) los ciudadanos eligen directamente a sus representantes en el parlamento.

En este sistema la formación del gobierno y su permanencia dependen del consentimiento de la mayoría parlamentaria. Esa mayoría puede surgir de las elecciones o de una coalición de partidos dentro del Congreso. En el caso de que esa mayoría se disuelva cae el gobierno y se puede deshacer la legislatura. Ello provoca que se convoque a nuevas elecciones.

Cuando existe un verdadero y propio sistema parlamentario de gabinete el Poder Legislativo se convierte en el centro de la vida política del país. El Congreso está compuesto por dos cámaras: la de senadores y la de diputados.

El sistema parlamentario de gabinete es más ``flexible'' para gobernar sociedades plurales precisamente porque el parlamento permite la discusión, la negociación, el compromiso y la inclusión de diversas fuerzas en el poder.

Una ventaja relevante del modelo parlamentario de gabinete es que ofrece una mayor representación del conjunto social; promueve la formación de mayorías estables y brinda al gobierno el respaldo y el equilibrio necesario para su buen funcionamiento; tiene una mayor capacidad de respuesta frente a las crisis políticas.

En tal virtud el presidencialismo supone un mayor riesgo para una política democrática en comparación con la fórmula parlamentaria de gabinete que aquí proponemos. La democracia parlamentaria es conveniente para los fines de la participación y la negociación en una sociedad plural como la nuestra. El parlamento debe ser el espejo de la nación.

En virtud de las anteriores consideraciones y, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la fracción II del artículo 55 del Reglamento de Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa de reformas a diversos artículos de la Constitución General de la República, en materia de régimen parlamentario.

Único. Se reforman los artículos 41, 80, 81, 82, 83, 84, 87, la fracción II del artículo 89, los artículos 90, 92, 93 y el párrafo segundo del artículo 108. Además, se adicionan los apartados A y B del artículo 80, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

La renovación del Poder Legislativo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas conforme a las siguientes bases:

...

Artículo 80. La titularidad y el ejercicio del poder se depositan en dos personas distintas. La titularidad del Estado quedará en manos de un individuo quien será denominado Presidente de la República, mientras el ejercicio del poder quedará a cargo de un Jefe de Gobierno.

A) Del Jefe de Estado.

Artículo 81. La designación del Presidente de la República la hará el Senado de la República por mayoría calificada en primera vuelta y por mayoría simple si no se lograra ese nombramiento en la primera ronda de votaciones. La segunda sesión, de ser necesaria tendría que llevarse a efecto dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores.

Artículo 82. Para ser Presidente de la República, así como para ser Jefe de Gobierno, se requiere:

Artículo 83. El Presidente de la República una vez designado por el Senado de la República durará en el cargo seis años. El ciudadano que haya desempeñado tal responsabilidad, bajo el carácter que fuere, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.

Artículo 84. En caso de falta absoluta del Presidente de la República ocurrida en los dos primeros años del período respectivo, si la Cámara de senadores estuviere en sesiones, se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y concurriendo cuando menos las dos terceras partes del número total de sus miembros, nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un Presidente que deberá concluir el período respectivo.

Si la Cámara de Senadores no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente nombrará desde luego un Presidente provisional y convocará a sesiones extraordinarias a la Cámara de Senadores para que ésta, a su vez, designe a un Presidente en los términos del párrafo anterior.

Artículo 87. El Presidente al tomar posesión de su cargo, presentará ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: ``Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que esta soberanía me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande.''

Artículo 89. ...

Artículo 90. La administración Pública Federal, a cargo del Jefe de Gobierno y el Gabinete, será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que se ejercerá mediante las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Jefe de Gobierno y el Gabinete en su operación.

Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Gobierno Federal o entre éstas y las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos.

Artículo 92. Todos los Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Ordenes del Jefe de Gobierno deberán estar firmados por el Secretario del Estado o Jefe de Departamento Administrativo a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos.

Artículo 93. Los secretarios de Despacho y los Jefes de Departamentos Administrativos acudirán permanentemente, tanto en los períodos ordinarios como en períodos en los que funcione la Comisión Permanente, al Congreso de la Unión a rendir cuentas del estado que guarden sus respectivos ramos.

...

Artículo 108. ...

El Presidente de la República y el Jefe de Gobierno, durante el tiempo de sus respectivos encargos, sólo podrán ser acusados por traición a la patria y delitos graves del orden común.

...

Único. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese esta iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.

ARTICULO 3O. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se recibió de la diputada Ruth Zavaleta Salgadoiniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La que suscribe, Ruth Zavaleta Salgado , diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa de reformas y adiciones el articulo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer como parte del sistema educativo nacional, la cultura de la legalidad, al tenor de la siguiente:

El derecho debe estar sustentado en una serie de valores sociales que soportan el ideal de convivencia social armónica.

Desde esa perspectiva, resulta evidente la necesidad de que toda norma jurídica se apoye en los valores sociales, emanados de los procesos culturales, que generen la necesidad de cumplir con las normas jurídicas, que constituyan reglas claras y pautas de conducta que normen la conducta humana.

Como sabemos, el hombre por naturaleza tiende a ubicarse como un ser social, organizándose para la satisfacción de intereses comunes con los otros individuos que lo rodean, por lo que la organización humana al evolucionar va alcanzando diferentes niveles hasta llegar al que actualmente conocemos como el ``Estado.''

El término ``Estado'' es definido por el diccionario como: ``Situación que guarda una persona o una cosa. Orden, jerarquía y calidad de las personas que componen un pueblo. Cuerpo político de una nación.'' ¹

Por su parte, el Diccionario Jurídico Espasa expresa en relación al Estado, que: ``Su concepto más generalizado se refleja en distintas definiciones doctrinales entre las que se encuentra la de Sánchez Agesta, que transcribimos: una comunidad organizada en un territorio definido, mediante un orden jurídico servido por un cuerpo de funcionarios y definido y garantizado por un poder jurídico, autónomo y centralizado que tiende a realizar el bien común, en el ámbito de esa comunidad. De esta manera, la idea del estado integra la de comunidad: el estado es la comunidad organizada... Una parte de la doctrina aplica la idea de Estado a todas las formas políticas asumidas a lo largo de la historia por las comunidades independientes, con lo que quedan comprendidas en ella, incluso las polis griegas, o el imperio romano. Sin embargo, con mayor precisión, otros autores limitan el concepto a una forma política históricamente concreta, aunque difieren en cuál sea el tiempo de su aparición... La evolución del Estado ofrece realidades cambiantes, tanto en lo que concierne a la estructura de sus órganos como a sus fines y los límites de su poder en función de los derechos humanos.'' ²

Las comunidades humanas son el primer modelo de agrupación social, que tiene como característica distintiva la cercanía territorial de sus miembros. De allí que, al compartirse intereses y necesidades similares, los individuos se ven obligados a actuar en forma conjunta para resolver determinadas cuestiones de interés general y tratar de establecer reglas que organicen su convivencia y participación, de donde al paso del tiempo surge la estructura organizada de la sociedad en forma política y jurídica, que es el Estado, en cuya base encontramos precisamente a las comunidades humanas organizadas de acuerdo a su estrecha relación de vecindad que es lo que los obliga a compartir medios, esfuerzos y recursos para satisfacer necesidades comunes.

El análisis histórico de las diversas formas de organización humana nos lleva hacia el razonamiento de que el hombre actúa como un ser social por naturaleza, como lo concibió Aristóteles hace ya siglos atrás. La organización de los seres humanos en grupos sociales se fue dotando a lo largo de la historia, de una estructura política y posteriormente jurídica, para configurar así un estado con las características que ahora lo conocemos, como lo menciona Raymond G. Gettel en su análisis sobre la historia de las doctrinas políticas. ³

De acuerdo a los antecedentes anteriormente descritos, concluimos que el estado no es más que la sociedad ``formalmente organizada.'' Grapall, autor italiano, define al estado como `` la persona jurídica que está constituida por un pueblo organizado sobre un territorio, bajo el mando de un poder supremo para fines de defensa, de orden, bienestar y superación común.'' ⁴

Evidentemente, los fines del Estado como se concibe desde su origen y en la actualidad, es decir, la explicación teleológica y justificación del estado moderno, se derivan de las necesidades sociales que requieren de una organización para ser satisfechas.

El fenómeno estatal tiene una finalidad exclusiva, asegurar la unidad e integración futura de la nación, mediante organización y acciones hacia el exterior (acciones de carácter económico, político, cultural, etc.) estableciendo relaciones con otros estados, y a la vez, con un orden jurídico adecuado al interior para lograr el desarrollo y la armonía interna.

Es por ello que el respeto a las normas jurídicas resulta parte fundamental del esquema del estado, ya que ello garantiza la eficacia de las reglas de conducta. De ello se desprende la importancia del concepto ``Estado de Derecho.''

El fin primario del Estado es la consecución de las mejores condiciones de vida para los miembros de su sociedad. A lo largo de la historia ello se ha buscado hasta llegar al modelo actual del ``Estado Social de Derecho'', que se supone el ideal de la organización social.

El concepto tradicional del Estado de Derecho que surge desde la época de la Revolución Francesa, nos da la idea de que podemos considerar como estado de derecho aquel que tiene su origen y fundamento en un sistema de normas jurídicas. ``La doctrina del Estado de Derecho legal ha sido una creación y una práctica francesas que han dado origen a un sistema de garantías de los ciudadanos frente a los excesos y desviaciones de la Administración, sistema que ha permanecido firme a través de todos los cambios constitucionales y que es una de las aportaciones capitales de Francia al Derecho Público moderno.'' ⁵

En la evolución histórica del orden jurídico de los estados, no es posible encontrar un contenido de valores específico que nos permita hablar de un ``derecho justo'' y por lo tanto jamás habrá un perfecto estado ``de derecho'', sin embargo se ha intentado cumplir con los fines del orden jurídico y del Estado.

``El estado de derecho, como concepto constitucional, se montó para la protección de los derechos y libertades públicas en sustitución del Estado absoluto, ambos concebidos como fórmulas sucesivas de lo que denominamos, en Derecho Constitucional, el modelo del Estado Moderno.'' ⁶

El Diccionario Jurídico Espasa señala que: ``El Estado de Derecho es una forma política caracterizada por la sumisión del poder al derecho, mediante la limitación jurídica de su actividad. Frente al Estado - Policía, el Estado de Derecho se fundamenta en la División de Poderes, el principio de legalidad en la actuación administrativa y la responsabilidad del Estado, facilitada por el reconocimiento de su personalidad jurídica. La doctrina identifica diversas etapas en el Estado de Derecho que nace de la revolución francesa: Estado Liberal, Estado Social y Estado democrático de Derecho.'' ⁷

En este sistema, los ciudadanos tienen el deber jurídico de respetar la norma, a efecto de lograr la eficacia de la misma.

Es por ello que resulta innegable la urgencia de regular la cultura de la legalidad como una materia obligatoria en los planes de estudio de la educación básica en nuestro país, con el fin de garantizar la pervivencia del sistema social del que nos hemos dotado, y que, aunque está sujeto a críticas y consideraciones de diversa índole, es la forma de organización mas acabada hoy en día.

De allí la necesidad de la presente iniciativa de reformas y adiciones al artículo tercero constitucional, en materia de cultura de la legalidad.

Con base en lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa de reformas y adiciones al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer como parte del sistema educativo nacional, la cultura de la legalidad.

Artículo Único. Se adiciona un inciso d) a la fracción II del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 3. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.