SUMARIO
Conforme al tercer punto del acuerdo aprobado el jueves 4 de octubre de 2007, respecto al informe final de la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina Pasta de Conchos en el municipio de Nueva Rosita, Coahuila, la Junta de Coordinación Política informa de la comisión que acompañará a los familiares de las víctimas acaecidas en la tragedia de la mina Pasta de Conchos, a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para ser recibidos por su titular. De enterado, comuníquese.
Comunicación de la Mesa Directiva en relación a dictámenes negativos con los que se desechan proposiciones de puntos de acuerdo de las siguientes comisiones.
Atención a Grupos Vulnerables, para solicitar al Ejecutivo federal que promueva la realización del primer congreso internacional sobre los derechos de los adultos mayores.
Defensa Nacional, por el que se exhorta al secretario de la Defensa Nacional a comparecer ante esta soberanía, a fin de que rinda un informe completo de la situación que guarda la lucha contra el narcotráfico y de los posibles atentados en agravio de legisladores y de otros servidores públicos.
Salud, para que se cite a comparecer a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Administración General de Aduanas, a fin de que expliquen por qué se autorizó la entrada en México de docenas de toneladas de precursores químicos.
Salud, por el que se solicita la comparecencia del secretario de Salud y del comisionado del Sistema de Protección Social en Salud.
Salud, para exhortar al secretario de Salud a establecer un programa emergente que erradique el tracoma en las comunidades indígenas de Chiapas.
Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
Oficio del Congreso del estado de Campeche, con el que informa la aprobación del proyecto de decreto, que reforma los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral. Se tiene como recibido el expediente.
Oficio del Congreso del estado de Michoacán, con el que informa la aprobación del proyecto de decreto, que reforma los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral. Se tiene como recibido el expediente.
Oficio del Congreso del estado de San Luis Potosí, con el que informa la aprobación del proyecto de decreto, que reforma los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral. Se tiene como recibido el expediente.
Oficio del Congreso del estado de Veracruz, con el que informa la aprobación del proyecto de decreto, que reforma los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral. Se tiene como recibido el expediente.
Oficio del Congreso del estado de Querétaro, con el que informa la aprobación del proyecto de decreto, que reforma los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral. Se tiene como recibido el expediente.
Oficio del Congreso del estado de Sonora, con el que informa la aprobación del proyecto de decreto, que reforma los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral. Se tiene como recibido el expediente.
Oficio del Congreso del estado de Guanajuato, con el que informa la aprobación del proyecto de decreto, que reforma los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral. Se tiene como recibido el expediente.
Oficio del Instituto Veracruzano de las Mujeres, con el que informa del resultado a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en la sesión del 4 de septiembre pasado. Se remite a la Comisión de Equidad y Género, para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del día 11 de septiembre pasado, por el que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes, así como a Caminos y Puentes Federales respetar el acuerdo suscrito con los diputados federales del estado de Guerrero para mantener el descuento del 20 por ciento del cobro de la Autopista del Sol, hasta en tanto se terminen los trabajos de rehabilitación. Se remite a la Comisión de Transportes, para su conocimiento.
Oficio de la Dirección General de Petróleos Mexicanos, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, que se exhorta a Petróleos Mexicanos para que entregue en tiempo y directamente a las autoridades encargadas de ejecutar los programas y mejoras al medio ambiente derivados del proyecto integral Burgos, de los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila de Zaragoza. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere en el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, una partida presupuestal para asignar al Fideicomiso de los Fondos de los Trabajadores Migratorios Mexicanos, así como solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la reasignación de recursos para el Fideicomiso 2106 en este año fiscal. Aprobado, comuníquese.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de Comunicaciones y Transportes; así como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, vigilar en el marco de sus competencias, el procedimiento de compra venta de Aeroméxico. Aprobado, comuníquese.
Desde su curul el diputado Jacinto Gómez Pasillas solicita que se integre toda la documentación.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la integración de la Comisión Especial para la Reforma del Estado de la LX Legislatura. Aprobado, comuníquese.
Oficio de la Comisión Nacional del Agua, con el que remite el informe por entidad federativa correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal de 2007 de los recursos devueltos a los diversos municipios y prestadores del servicio de agua potable y saneamiento inmersos en este programa. Se remite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite informe que comunica que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de comercio exterior en agosto de 2007. Se remite a la Comisión de Economía para su conocimiento.
Doce oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite el mismo número de puntos de acuerdo relativos al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008. Se turnan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tres oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que solicita el permiso constitucional necesario para que 10 ciudadanos puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros, asimismo informa que una ciudadana ha dejado de prestar servicios a gobierno extranjero. Las solicitudes de permiso se turnan a la Comisión de Gobernación, por lo que se refiere a la ciudadana que ha dejado de prestar servicios se remite a las Comisiones de Gobernación de las Cámaras de Diputados y de Senadores, para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite el quinto informe de labores de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, correspondiente al periodo enero-diciembre de 2006. Se remite a la Comisión de Economía, para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del día 4 de septiembre pasado, para exhortar a los titulares de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, informen sobre la situación de los militares que han sido detectados como VIH positivos y sobre el número de bajas dadas hasta la fecha por ese motivo. Se remite a las Comisiones de Defensa Nacional y de Marina, para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia expida la declaratoria de zona de monumentos históricos del área conocida como Tlatelolco, en el Distrito Federal. Se remite a las Comisiones de Cultura y del Distrito Federal, para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para que el Instituto Nacional de Antropología e Historia expida la declaratoria de zona de monumentos históricos la ciudad de Lerdo, en el estado de Durango. Se remite a la Comisión de Cultura, para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del día 4 de septiembre pasado, para exhortar a la Secretaría de Salud a través de sus instancias competentes, a fin de que emita los comentarios sobre la revisión de la Norma Oficial Mexicana, NOM-190-SSA1-1999 Prestación de Servicios de Salud, Criterios para la Atención Médica de la Violencia Familiar. Se remite a la Comisión de Salud, para su conocimiento.
La diputada Yolanda Rodríguez Ramírez presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sobre candidatos independientes a los cargos de elección popular para presidente de la república y fórmulas de diputados por el principio de mayoría relativa. Se turna a la Comisión de Gobernación.
El diputado Carlos Alberto García González presenta iniciativa con proyecto de decreto, que abroga la Ley que determina que respecto de los impuestos de importación y exportación sólo son procedentes las exenciones consignadas en la ley aduanal. Se turna a las Comisiones de Economía; de Hacienda y Crédito Público y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
El diputado José Murat presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 1, 4 y 5 de la Ley de Planeación, para la participación del Poder Legislativo en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se rectifica el trámite dado a la iniciativa presentada por el diputado Carlos Alberto García González. Se turna a las Comisiones Unidas de Economía y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
El diputado David Figueroa Ortega presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamientos de los Servicios Financieros, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de la Ley de Instituciones de Crédito, y de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, respecto a los contratos de adhesión utilizados por los bancos. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La diputada Marcela Cuen Garibi presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 73 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer un sistema de codificación penal único. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El diputado Gerardo Priego Tapia presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en relación con las comunidades de población afrodescendiente. Se turna a la Comisión de Asuntos Indígenas.
La diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 12 de la Ley de Asistencia Social, en materia de prevención contra el aborto.
Desde su curul la diputada Martha Angélica Tagle Martínez solicita trámite. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión de Equidad y Género.
El diputado Alejandro Sánchez Camacho presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 32 y 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para prohibir la publicidad en medios electrónicos, impresos u otros, sobre productos de bajo contenido nutricional y alto valor energético. Se turna a la Comisión de Economía.
Se rectifica el trámite dado a la iniciativa presentada por la diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión de Equidad y Género.
El diputado Carlos Augusto Bracho González presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona los artículos 54 y 62 de la Ley de Vivienda, para que la asignación de créditos y subsidios otorgados principalmente con recursos públicos, sea proporcionada sin discriminación. Se turna a la Comisión de Vivienda.
El diputado Angel Rafael Deschamps Falcón presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 190 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de retiro de propaganda electoral. Se turna a la Comisión de Gobernación.
La diputada Rosa Elva Soriano Sánchez presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 27 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desarrollo rural. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El diputado Carlos Ernesto Navarro López presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para garantizar que las propuestas de las organizaciones del sector social y privado sean incorporadas en el programa especial concurrente. Se turna a la Comisión de Desarrollo Rural.
La diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la obligación de los legisladores de presentar un informe anual de labores en el distrito, circunscripción o estado que representen y por el que hayan sido elegidos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
La diputada Susana Monreal Avila presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para suprimir partidas secretas en la administración pública federal. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La diputada Rubí Laura López Silva presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 26 de la Ley General de Desarrollo Social, en relación con el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y el Programa de Abasto Social de Leche. Se turna a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social.
El diputado Víctor Aguirre Alcaide presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, sobre la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del campo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El diputado Francisco Javier Paredes Rodríguez presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona los artículos 7 Bis, 113 Bis de la Ley de Aguas Nacionales y el artículo 236 de la Ley Federal de Derechos, para el uso o aprovechamiento de materiales pétreos localizados dentro de los cauces de las aguas nacionales y en sus bienes públicos inherentes. Se turna a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El diputado Moisés Dagdug Lützow presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la Cámara de Diputados pueda establecer que los programas y proyectos de inversión que abarquen varios ejercicios fiscales tengan garantizadas las asignaciones presupuestarias correspondientes. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
El diputado Alberto Amaro Corona presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona los artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modifica el Título Unico y se adiciona un Título Segundo del Libro Sexto Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para la creación de una sexta circunscripción plurinominal donde se refleje la representación política de los mexicanos en el exterior. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Justicia.
El diputado Joaquín Díaz Mena presenta iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona el artículo 120 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, para evitar que las multas que aplique la Comisión Nacional del Agua, no excedan el valor catastral de las unidades de producción y afecten a productores rurales. Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
El diputado Mario Salazar Madera presenta iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona un artículo 13 Bis y reforma el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con las compañías que ofrecen incorporar a sus respectivas nóminas a quienes en realidad prestan sus servicios en otras empresas y contratan a los trabajadores formalmente cobrando un porcentaje de la nómina a cambio de sus servicios. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El diputado Daniel Dehesa Mora presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 1, 2, 3 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la definición del estado de bienestar. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Segunda lectura a dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXX al artículo 3 de la Ley General de Salud.
Se recibe del diputado Enrique Cárdenas del Avellano iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de delincuencia organizada. Se turna a la Comisión de Justicia.
Sin discusión es aprobado el dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXX al artículo 3 de la Ley General de Salud. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Segunda lectura a dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de medicina paliativa.
Sin discusión es aprobado en lo general y en lo particular. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Segunda lectura a dictamen de las Comisiones Unidas de la Función Pública y de Justicia, con opinión de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Sin discusión es aprobado en lo general y en lo particular. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Segunda lectura a dictamen de la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4 y 71 de la Ley de Vivienda.
Sin discusión es aprobado en lo general y en lo particular. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Segunda lectura a dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que solicita el permiso constitucional necesario para que dos ciudadanos puedan prestar servicios en la Embajada de Uruguay y en la Delegación de la Comisión Europea, en México, respectivamente.
Segunda lectura a dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que solicita el permiso constitucional necesario para que cinco ciudadanos puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
Se aprueban en conjunto los anteriores dos proyectos de decreto. Pasan al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Dos oficios de la Cámara de Senadores, que remiten minutas con proyecto de decreto por las que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que la ciudadana Patricia Espinosa Cantellano, pueda aceptar y usar condecoraciones que le otorgan los gobiernos de las Repúblicas de Chile y de Perú.
Desde su curul el diputado Diódoro Carrasco Altamirano solicita la dispensa de trámites y así se realiza.
El Presidente declara aprobados en lo general y en lo particular los proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que la ciudadana Patricia Espinosa Cantellano, pueda aceptar y usar las condecoraciones referidas. Pasan al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
Oficio de la Junta de Coordinación Política, con el que comunica cambios en la integración de las Comisiones de: Turismo; Cultura; Seguridad Pública; Gobernación; Relaciones Exteriores; Puntos Constitucionales; Fortalecimiento al Federalismo; de Investigación del Daño Ecológico y Social Generado por Pemex. Aprobado.
Dictamen de la Comisión de Cultura, con punto de acuerdo a proposición presentada en la sesión del 31 de agosto de 2007, relativo a una moneda conmemorativa del L aniversario de la muerte del muralista mexicano Diego Rivera.
A discusión intervienen los diputados:
José Alfonso Suárez del Real y Aguilera.
Blanca Luna Becerril.
Aprobado, comuníquese.
Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo a proposición presentada en la sesión del 12 de diciembre de 2006, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a disminuir el número de claves Lada asignadas al estado de Tlaxcala. Aprobado, comuníquese.
Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo a proposición presentada en la sesión del 21 de diciembre de 2006, por el que se solicita al secretario de Comunicaciones y Transportes que remita el texto íntegro del título de concesión otorgado a la Comisión Federal de Electricidad para operar una red pública de telecomunicaciones. Aprobado, comuníquese.
Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desechan cinco iniciativas relativas a la Ley General de Educación y a la Ley Reglamentaria del artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada durante la LIX Legislatura.
Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa que adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 115 de la Ley General de Salud, presentada en la sesión del 13 de junio de 2007.
Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa que adiciona los artículos 226 Bis y 257 Bis a la Ley General de Salud, presentada en la sesión del 26 de abril de 2007.
Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa que adiciona diversos artículos al Capítulo IV de la Ley General de Salud, presentada en la sesión del 26 de julio de 2006.
Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de la ``Universidad Autónoma Metropolitana'', presentada en la sesión del 16 de agosto de 2006.
Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de la ``Academia Nacional de Medicina de México'', presentada en la sesión del 27 de abril de 2006.
Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre ``Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo'', presentada en la sesión del 11 de mayo de 2005.
Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con punto de acuerdo por el que se desecha iniciativa para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de la ``Academia Mexicana de la Lengua'', presentada en la sesión del 30 de marzo de 2005.
Se aprueban en conjunto los anteriores ocho dictámenes. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con punto de acuerdo por el que desecha la iniciativa que reforma los artículos 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada en la sesión del 7 de diciembre de 2006.
A discusión intervienen los diputados:
Aleida Alavez Ruiz.
Carlos Chaurand Arzate.
Desde sus curules realizan interpelaciones los diputados:
Aleida Alavez Ruiz.
Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla.
Carlos Chaurand Arzate solicita la suspensión de la discusión del presente dictamen.
Desde su curul el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez solicita la consulta para la suspensión de la discusión.
Carlos Chaurand Arzate, como Presidente de la comisión dictaminadora no tiene inconveniente la suspensión de la discusión del presente dictamen, con el fin de reajustarlo.
Para referirse al proceso electoral desarrollado en el estado de Oaxaca, se otorga el uso de la palabra a los diputados:
Delio Hernández Valadés.
Joaquín Humberto Vela González.
Alberto Esteva Salinas.
Jorge Toledo Luis.
Desde su curul realiza interpelación el diputado Othón Cuevas Córdova.
Continúan los diputados:
Carlos Altamirano Toledo.
Adriana Dávila Fernández.
Se recibe efeméride del diputado Gerardo Lagunes Gallina relativa al centenario del natalicio del compositor orizabeño Francisco Gabilondo Soler, Cri-Cri.
De la próxima sesión.
De conformidad con lo que dispone el artículo 2, numeral 2, inciso c, del Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de la H. Cámara de Diputados, se publican las votaciones:
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXX al artículo 3o. de la Ley General de Salud (en lo general y en lo particular).
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud (en lo general y en lo particular).
De las Comisiones Unidas de la Función Pública, y de Justicia, con opinión de la de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (en lo general y en lo particular).
De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4o. y 71 de la Ley de Vivienda (en lo general y en lo particular).
ASISTENCIA
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del registro de asistencia de las diputadas y los diputados.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 332 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez (a las 11:35 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.
Orden del día
Martes 9 de octubre de 2007.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De la Mesa Directiva.
De los Congresos de Campeche, Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz, Querétaro, Sonora, y Guanajuato.
Del Instituto Veracruzano de las Mujeres.
De la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
De la Dirección General de Petróleos Mexicanos.
De la Junta de Coordinación Política.
Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno
De la Junta de Coordinación Política:
Por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que considere en el dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 una partida presupuestal para asignar al Fideicomiso de los Fondos de los Trabajadores Migratorios Mexicanos, así como solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la reasignación de recursos para el Fideicomiso 2106 en este año fiscal. (Votación)
Por el que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, y de Comunicaciones y Transportes, así como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a vigilar, en el marco de sus competencias, el procedimiento de compraventa de Aeroméxico. (Votación)
Oficio de la Comisión Nacional del Agua
Con el que remite el informe por entidad federativa correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal de 2007 de los recursos devueltos a los diversos municipios y prestadores del servicio de agua potable y saneamiento inmersos en este programa.
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Por el que informa que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de comercio exterior en agosto de 2007.
Oficios de la Cámara de Senadores
Doce, con los que remite puntos de acuerdo relativos al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008. (Turno a Comisión)
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Tres, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Érick Alejandro Peña González, Jesús Ernesto Méndez Guadarrama, Juan de Dios Rodríguez Castro, Rafael Méndez Guadarrama, Agustín Torres Cortés, Iraís Martínez Esparza, Sergio Aarón Padrón Segovia, María Isabel López Carrillo, Érika Adriana Hernández Gómez y Sandra Leticia Agustín Quiroz puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros; e informa que la ciudadana Irma Ayala Castillo ha dejado de prestar servicios a gobierno extranjero. (Turno a Comisión)
Con el que remite el quinto informe de labores de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, correspondiente al periodo enero-diciembre de 2006.
Cuatro, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
Iniciativas
Que reforma el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que abroga la Ley que Determina que respecto de los Impuestos de Importación y Exportación sólo son Procedentes las Exenciones Consignadas en la Ley Aduanera, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 1, 4 y 5 de la Ley de Planeación, suscrita por los diputados José Murat y José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamientos de los Servicios Financieros, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de la Ley de Instituciones de Crédito, y de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, a cargo del diputado David Figueroa Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Antonio Valladolid Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 12 de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 32 y 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado Carlos Augusto Bracho González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 190 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Ángel Rafael Deschamps Falcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 27 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 6o. de la Ley de Productos Orgánicos, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 26 de la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por los diputados Rubí Laura López Silva y Silvio Gómez Leyva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Víctor Aguirre Alcaide, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Francisco Javier Paredes Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Moisés Dagdug Lützow, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Joaquín Díaz Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que adiciona un artículo 13 Bis y reforma el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Mario Salazar Madera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 1o., 2o., 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Daniel Dehesa Mora, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconducción presupuestal, a cargo de la diputada Susana Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 73 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Marcela Cuen Garibi y Arturo Flores Grande, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para suprimir partidas secretas, a cargo de la diputada Susana Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Francisco Fraile García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Susana Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que deroga el párrafo cuarto de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Carlos Altamirano Toledo y Carlos Rojas Gutiérrez, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, y Revolucionario Institucional, respectivamente. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 63 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo del diputado Javier Hernández Manzanares, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por los diputados Yolanda Rodríguez Ramírez y Luis Enrique Benítez Ojeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que expide la Ley Orgánica de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a cargo del diputado Sergio Augusto López Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 76 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 13 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de Instituciones de Crédito, y de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado, a cargo del diputado David Figueroa Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Gerardo Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 3 y 60 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo de la diputada Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 315 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Juan Enrique Barrios Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 54 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, a cargo del diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 6 y 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Miguel Ángel González Salum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXX al artículo 3o. de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
De las Comisiones Unidas de la Función Pública, y de Justicia, con opinión de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4 y 71 de la Ley de Vivienda.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Enrique Acosta Bello y Felipe Flores Herrera puedan prestar servicios en la Embajada de Uruguay y en la delegación de la Comisión Europea en México, respectivamente.
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos José Alberto Pérez Guerrero, Ana Priscila Ortiz Gutiérrez, Brenda Abril Zamarrón Saldaña, Lilia Elena Reyes Núñez y Rocío Rojas Herrera puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
De la Comisión de Cultura, con punto de acuerdo relativo a una moneda conmemorativa del quincuagésimo aniversario de la muerte del muralista mexicano Diego Rivera.
De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo federal instruya a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones disminuya el número de claves Lada asignadas al estado de Tlaxcala.
De la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes remita el texto íntegro del título de concesión otorgado a la Comisión Federal de Electricidad para operar una red pública de telecomunicaciones.
Dictámenes negativos de iniciativas
De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desechan cinco iniciativas relativas a la Ley General de Educación y a la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 115 de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona los artículos 226 Bis y 257 Bis a la Ley General de Salud.
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona diversos artículos al Capítulo IV de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre ``Universidad Autónoma Metropolitana''.
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre ``Academia Nacional de Medicina de México''.
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre ``Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo''.
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre ``Benemérita Escuela Nacional de Maestros''.
De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre ``Academia Mexicana de la Lengua''.
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública incremente para el ejercicio fiscal 2008 los recursos asignados al Programa de Agricultura Sostenible en Zonas con Siniestralidad Recurrente, a cargo del diputado Antonio Medellín Varela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo al aprovechamiento no extractivo de tiburón blanco en Isla de Guadalupe, a cargo del diputado Diego Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales designen una comisión homóloga para impulsar la celebración de los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INAH para que trabaje en coordinación con el gobierno del estado de Guanajuato para que la alhóndiga de Granaditas se convierta en museo nacional de la Independencia, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE y a las Comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y del Senado incluyan el tema de los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana en sus agendas y encuentros internacionales, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas informe a esta soberanía del estado que guarda el sector de las empresas aseguradoras en nuestro país, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las secretarías de Estado competentes declaren y habiliten como aeródromo internacional el aeropuerto nacional El Tajín, del estado de Veracruz, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, con relación a la situación que guarda la presa Plutarco Elías Calles, en San José de Gracia, Aguascalientes, a cargo del diputado Jesús Ramírez Stabros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cofetel crear un registro nacional de terminales de telefonía celular, a cargo de la diputada Yadhira Ivette Tamayo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF realice una auditoría a los recursos destinados a los programas sociales de la Sedesol correspondientes al ejercicio fiscal de 2006, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se crea un fondo especial de apoyo para la recuperación de desastres para las entidades federativas, a cargo del diputado Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se apoya la designación del lago de Chapala como sitio Ramsar, a cargo del diputado Mario Salazar Madera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF y al Congreso local revisen el posible desvío de recursos públicos federales en el reciente proceso electoral del estado de Veracruz, a cargo del diputado Celso Pulido Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal informe a través de la Semarnat el grado de avance que presentan los estudios para decretar como área natural protegida la laguna de Tecocomulco, Hidalgo, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno destinen recursos presupuestales para la rehabilitación del acueducto El Chorro y la pavimentación del circuito carretero Bajos del Ejido-Tixtlancingo-Aguazarca-Platanillo-Ocotillo, en Guerrero, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SFP instruya una auditoría sobre los recursos que ha recibido el gobierno del estado de Tabasco por parte de Pemex, desde la creación de la Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y el Desarrollo Social, a cargo del diputado Moisés Dagdug Lützow, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sedesol y del Programa Nacional Oportunidades incorporen a distintas familias del municipio de Comalcalco al programa Oportunidades, a cargo del diputado Moisés Dagdug Lützow, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades correspondientes tomen las medidas necesarias para garantizar la potabilidad y calidad adecuada del agua que se distribuye para consumo humano, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos modifique los lineamientos de asistencias e inasistencias de los diputados a las sesiones, a efecto de cumplir el compromiso ético de su función, a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SEP que informe a esta soberanía sobre el destino de los recursos provenientes del programa Redondeo, operado por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, a cargo del diputado Arnoldo Ochoa González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal modifique el decreto de creación de Televisión Metropolitana, SA de CV (Canal 22), para que transmita programas con contenidos dedicados a la concienciación, educación y difusión de temas ambientales, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que se cree una comisión de investigación que tendrá como objeto revisar y analizar los accidentes ocurridos en las instalaciones de Pemex, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJDF para que los órganos que forman dicha institución se abstengan de tomar fotografías e impresiones de huellas dactilares de probables responsables que estén sujetos a investigación por su presunta participación en un hecho ilícito, a cargo del diputado Jesús Arredondo Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob declare zona de desastre y contingencia climatológica diversos municipios de Guerrero afectados por el paso de la tormenta tropical Henriette, y destine recursos del Fonden y del FAPRACC para su atención, suscrita por los diputados Ramón Almonte Borja y Jesús Evodio Velázquez Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Salud que emita declaratoria y sanciones correspondientes ante el producto de Coca Cola denominado ``Coca Zero'', a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCJN atraiga el juicio de amparo promovido el pasado 17 de agosto por el sindicato de trabajadores del ingenio El Potrero, SA, contra la Junta Especial número 10 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía reconoce al ciudadano Benito Ricardo Ramírez Espíndola como iniciador de la conmemoración del Día de la Bandera, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a no permitir el ingreso de militares y asesores extranjeros en territorio nacional, a cargo del diputado Roberto Badillo Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF audite los fondos económicos que aplicaron los gobiernos federal y estatal responsables de la reconstrucción en Chiapas a consecuencia del huracán Stan en octubre de 2005, a cargo del diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Segob realice la declaratoria de emergencia para el municipio de Lázaro Cárdenas y municipios del Bajío en Michoacán afectados por la tormenta tropical Henriette, a cargo del diputado José Ascensión Orihuela Bárcenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal para que a través de la Sedena y en coordinación con los gobiernos estatales se instaure una Bandera Nacional monumental en cada capital de los estados de la república, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sagarpa y del programa Oportunidades revise las NOM 002 y 039, relativas a la pesca de camarón y jaiba, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe del Gobierno del Distrito Federal convoque al Consejo de Protección Civil para tratar el tema de las inundaciones y hundimientos de la carpeta asfáltica en diversas delegaciones del DF, a cargo del diputado José Luis Contreras Coeto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Comité Técnico del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas autorice a Capufe expedir a residentes las laminillas que les permitan el paso preferente en la carretera federal 15, a cargo del diputado Gustavo I. Mendívil Amparán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal emita un nuevo decreto para otorgar facilidades administrativas para la regulación de usuarios de aguas nacionales que realicen actividades agrícolas, silvícolas, pecuarias, acuícolas, rurales y domésticas, a cargo del diputado Martín Stefanonni Mazzocco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex redefina y profesionalice las funciones de su cuerpo de seguridad especial en áreas estratégicas, a cargo del diputado Juan Victoria Alva, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol dé prioridad en orden de atención a las comunidades más apartadas del estado de Guerrero durante la integración del padrón y Programa de Atención para Adultos Mayores de 70 Años, a cargo del diputado César Flores Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de la Reforma Agraria y de la Procuraduría Agraria atienda el conflicto que enfrenta el ejido Campo Acosta, en Tomatlán, Jalisco, a cargo del diputado Leobardo Curiel Preciado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de los estados de Veracruz y de Oaxaca para que, en coordinación con el gobierno federal, desarrollen mecanismos que permitan la existencia de un canal seco en el istmo de Tehuantepec, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal acepte y cumplimente la recomendación 17/2006 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob informe a esta soberanía sobre la situación que guardan los braceros migrantes del estado de Aguascalientes, a cargo de la diputada Alma Hilda Medina Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur para que, en coordinación con el gobierno del estado de Puebla, difunda el turismo en dicha entidad, a cargo del diputado José Luis Contreras Coeto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal considere la ribera de Chapala, Jalisco, en el programa Pueblos Mágicos, a cargo del diputado Francisco Javier Gudiño Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco y a la Cofetel solucionen el problema de cobros indebidos por servicios de números 01900, a cargo del diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades electorales federales y estatales resuelvan de manera imparcial y justa los medios de defensa interpuestos, que calificarán y solventarán la elección realizada en el estado de Veracruz el 2 de septiembre del año en curso, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, en relación con la intromisión indebida del gobernador de Chihuahua en las resoluciones del Tribunal Electoral del Estado, a cargo del diputado Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres niveles de gobierno y a la SHCP tomen medidas en relación con la economía informal, para reactivar los micronegocios que se encuentran en la economía formal, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Semarnat y de las dependencias pertinentes intervenga en la recuperación y prevención de efectos secundarios en las zonas forestales dañadas por el huracán Dean en Quintana Roo, suscrita por los diputados Sara Latife Ruiz Chávez y Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la SEP atiendan la problemática que se presenta en la Universidad Autónoma de Sinaloa, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que exhorta a las compañías de seguros a nivel nacional consideren la donación de pólizas contra accidentes para los vehículos operados por la Cruz Roja Mexicana, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la cancillería otorguen un nombramiento diplomático a la ciudadana Elvira Arellano, a cargo del diputado José Jacques y Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para través de la Semarnat otorgue a la SCT el beneficio que señala el artículo 120 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Juventud y Deporte integre una subcomisión para la vigilancia y seguimiento de la construcción de instalaciones que se utilizarán en los XVI Juegos Panamericanos 2011, suscrita por los diputados Omar Antonio Borboa Becerra, Gustavo Macías Zambrano y Miguel Ángel Monraz Ibarra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal libere recursos del Fonden para atender la situación que afrontan los habitantes de Jalisco por el paso de la tormenta Henriette, a cargo del diputado José Nicolás Morales Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT presupueste el proyecto de la red carretera para la Ruta del Vino, en Ensenada, Baja California, a cargo del diputado Carlos Torres Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores de los estados y al jefe del Gobierno del Distrito Federal instauren reglas específicas en los reglamentos o leyes de tránsito y vialidad locales relativas a la seguridad vehicular de niños, niñas y adolescentes, suscrita por las diputadas María Gabriela González Martínez y Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobierno del estado de Puebla y al de Tepeaca que destinen un espacio físico adecuado para el tianguis prehispánico que se instala en dicho municipio, a cargo del diputado José Luis Contreras Coeto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SEP, así como a las autoridades educativas de los estados y municipios, implante en sus programas de educación materias relativas al ambiente, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al rector de la Universidad de Guadalajara informe de los términos y condiciones del convenio de colaboración que suscribió con Telmex en relación con la administración del auditorio del mismo nombre, a cargo del diputado José Gildardo Guerrero Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP implante el tema de la cultura turística en los contenidos de los libros de texto de educación básica, a cargo del diputado Francisco Dávila García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía que no considere aumento en la dieta de los diputados, para efectos del anteproyecto de presupuesto anual de la Cámara para el ejercicio fiscal de 2008, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal defina la política migratoria por la que habrá de conducirse el gobierno mexicano, a cargo del diputado José Murat, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal implante acciones públicas respecto a las obras e irregularidades de los aeropuertos concesionados del país, e investigar a los funcionarios y posibles prestanombres involucrados, a cargo del diputado José Murat, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF investigue lo relativo a posibles desvíos de recursos federales de los denominados ``excedentes petroleros'' entregados al gobierno del estado de Puebla durante el ejercicio fiscal de 2006, a cargo del diputado Alfonso Othón Bello Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a efecto de que a través de las dependencias correspondientes cumpla sus promesas de generar empleos, a cargo de la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se destinen recursos para incrementar el patrimonio del fideicomiso Ferronalesjub 5012-6 de Nacional Financiera, SNC, a cargo del diputado Enrique Serrano Escobar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe del Gobierno del Distrito Federal que remita a la Comisión del de esta soberanía un informe respecto al proyecto preventivo Atlas de Riesgos del Distrito Federal, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la STPS atienda el conflicto laboral en la mina de cobre de Cananea, Sonora; y al gobernador de ese estado, a que respete el derecho de manifestación de los integrantes de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México firme el Pacto Nacional 2007 por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE instaure estrategias que permitan defender y proteger a nuestros connacionales ante las leyes y ordenanzas antiinmigrantes en Estados Unidos de América, a cargo del diputado José Nicolás Morales Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob considere 2008 como ``Año de Francisco Primo de Verdad y Ramos'', a cargo de la diputada Martha Angélica Romo Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y al de Sinaloa a contribuir al esclarecimiento de los asesinatos de los señores Ricardo Murillo Monge y Óscar Rivera Inzunza, a cargo del diputado Eduardo Ortiz Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para que en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se realicen estudios de factibilidad y proyectos de ejecución para fortalecer el Programa Nacional de Infraestructura Carretera en Guerrero, a cargo del diputado Modesto Brito González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo al relleno sanitario denominado Bordo Poniente, ubicado en el Distrito Federal, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Titular de la Semarnat a establecer sistemas de depósito-reembolso para envases de polientereftalato, a fin de disminuir la generación de este tipo de materiales, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a esta soberanía que integre un comité para investigar las irregularidades que están cometiendo funcionarios de la Conagua derivadas del Tratado de Distribución de Aguas Internacionales, a cargo del diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SRE informe al Congreso de la Unión sobre el contenido y el avance de los compromisos asumidos en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que se solicite la comparecencia del titular de la SHCP, a fin de que informe sobre el destino de enteros de Pemex durante el segundo trimestre de 2007, a cargo del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y al IMSS a emprender las acciones necesarias para realizar el pago de pensiones y jubilaciones de los ex trabajadores ferrocarrileros, a cargo de la diputada Aída Marina Arvizu Rivas, del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía a realizar ceremonias solemnes del Congreso de la Unión para conmemorar el 15 de septiembre y el 20 de noviembre, a partir de noviembre del año en curso y hasta el 2010, suscrito por diputados integrantes de la Comisión Especial de Apoyo de los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat establezca políticas públicas coordinadas entre federación y entidades, en materia de gestión de residuos sólidos urbanos, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México, a la Sener, al Cenapred y al gobierno municipal de Tlalnepantla a cancelar la apertura de la gasolinera ubicada en San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla de Baz, por ubicarse en el polígono de seguridad de la zona, a cargo del diputado Raciel Pérez Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT y a la SHCP que atiendan la problemática del reemplacamiento de los tractocamiones de procedencia extranjera, a cargo del diputado Ramón Barajas López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se adopten medidas que garanticen el cumplimiento de las disposiciones señaladas en la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la ONU, a cargo de la diputada Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 incluya una partida destinada al Fideicomiso Estatal de Apoyo a la Producción Cinematográfica de Nuevo León, a cargo del diputado Juan Manuel Villanueva Arjona, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Estados Unidos de América a retomar la discusión sobre una reforma migratoria integral, a cargo del diputado José Jacques y Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz a destinar recursos para la mejora de las carreteras estatales que conducen a la zona arqueológica del Tajín, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y al titular de la STPS a otorgar un aumento salarial de emergencia, a cargo del diputado José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar a los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de Puebla a promover entre los municipios de Cuautlancingo y Puebla los mecanismos para solucionar el problema relacionado con sus límites y competencia territorial, a cargo de la diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar el 23 de septiembre como Día Nacional en Contra de la Explotación Sexual y la Trata de Personas, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Sener y al gobierno de Coahuila a realizar un estudio sobre la situación que podría generar en el ambiente el proyecto industrial llamado Tajo Zacatoza, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, a la Segob y a la Sedesol a brindar un apoyo social y económico a las familias afectadas por las explosiones en la carretera del municipio de Nadadores, Coahuila, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a las barrancas localizadas en el Distrito Federal, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que esta soberanía se pronuncie en contra de la impunidad y la violencia en México, a cargo del diputado Emilio Ulloa Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Salud a expedir una norma oficial mexicana que obligue a los fabricantes de botanas y refrescos a incluir en sus productos una etiqueta con la leyenda ``el consumo en exceso de este producto puede causar obesidad y por consiguiente daños a la salud'', a cargo del diputado Tomás Gloria Requena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para dar seguimiento de manera integral al proyecto de construcción de la presa hidroeléctrica La Yesca, en Nayarit, a cargo del diputado Jaime Cervantes Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 considere recursos para ciencia y tecnología, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la SHCP, a la Sener y a la Comisión Reguladora de Energía a replantear la fórmula del precio del gas natural en México, a cargo del diputado Gustavo Caballero Camargo, suscrito por diputados integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gremio transportista nacional a ajustarse a la NOM-012-SCT-2-2003, relativa al peso y dimensiones máximas con las que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en la jurisdicción federal, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar a los titulares de la SHCP, de la SCT y de Capufe a destinar un porcentaje de peaje de las autopistas de cuota a los estados y municipios en donde se ubican, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno a investigar el asesinato del secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, a cargo del diputado Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, en relación al confinamiento de desechos tóxicos en el municipio de Zimapán, Hidalgo, a cargo del diputado Jaime Cervantes Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a decretar como zona estratégica económica sustentable la región de la cuenca de Burgos, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero, suscrito por diputados integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a publicar el Reglamento de Paquetería y Mensajería que refiere el artículo 58 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno del Distrito Federal para que través de su Secretaría de Medio Ambiente realice las acciones necesarias para declarar y administrar como área verde el bosque de Nativitas, en la delegación Xochimilco, a cargo del diputado Miguel Ángel Solares Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a aplicar la normatividad ambiental en diversas instalaciones petroleras y a Pemex a invertir mayores recursos en sus sistemas de operación, seguridad y vigilancia, a cargo del diputado Pedro Landero López, suscrito por diputados integrantes de la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a expedir las adecuaciones reglamentarias acordes con el decreto de reformas a la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Carlos Augusto Bracho González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP para que a través del SAT realice una revisión a la 2.3.5, de las Reglas de Carácter General en materia de Comercio Exterior, a cargo del diputado Carlos Alberto Torres Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar, a través de la SHCP, los estudios para valorar los mecanismos de devolución del IVA a los turistas que visitan nuestro país, a cargo del diputado Carlos Alberto Torres Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta la SHCP a otorgar un estímulo fiscal a los productores vitivinícolas nacionales y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a destinar en el próximo ejercicio fiscal recursos para el fomento, promoción y difusión del consumo de vino nacional, a cargo del diputado Carlos Alberto Torres Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Coahuila, abstenerse de hacer manifestaciones en contra de servidores públicos, a cargo de la diputada Dora Alicia Martínez Valero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se elimine el seguro de gastos médicos mayores en hospitales privados para los servidores públicos de mandos medios y superiores, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se incluyan los lineamientos jurídicos y financieros para la constitución de un fondo especial destinado a resarcir el patrimonio de las personas ahorradoras afectadas por las operaciones irregulares de Unión de Crédito Monterrey, SA de CV, suscrita por diputados del estado de Nuevo León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y a la Profeco a controlar el alza de precios de la canasta básica, así como de los servicios cuyo suministro derive de energéticos, a cargo de la diputada María del Carmen Salvatori Bronca, del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 considere recursos adicionales para la Universidad Juárez del estado de Durango, a cargo del diputado Gustavo Santiago Pedro Cortés, del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 considere recursos para el Fideicomiso de los Fondos de los Trabajadores Migratorios Mexicanos, suscrito por integrantes de la Comisión Especial de seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF y al Consejo de la Judicatura Federal que realicen una investigación sobre el uso de recursos humanos y financieros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a la privatización de actividades de operación, mantenimiento, administración y vigilancia de la infraestructura energética mexicana, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del Tamaulipas a proponer a la Fraternidad Cultural Tamaulipeca en el Valle de México, AC, para la entrega de la presea Licenciado Emilio Portes Gil, edición 2007, al alumno ganador en matemáticas para nivel primaria de la prueba Enlace 2007, a cargo de la diputada Beatriz Collado Lara, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a las desapariciones forzadas, a cargo del diputado Javier Hernández Manzanares, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y a la Profeco a implantar acciones que eviten el incremento injustificado de precios en los bienes, productos y servicios, suscrito por los diputados Jesús Ramírez Stabros y Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales correspondientes a efecto de que tomen las medidas necesarias para garantizar la potabilidad del agua que se distribuye para consumo humano y evitar la transmisión de enfermedades gastrointestinales, suscrito por diputados integrantes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a cumplir los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, y a la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales de la PGR a reforzar su atención en el proceso electoral del estado de Oaxaca, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que emprenda acciones que garanticen el acceso equitativo y oportuno de los fármacos o medicamentos relacionados con la prevención del virus del papiloma humano, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a incrementar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 los recursos destinados a la SRE para apoyar el servicio de los consulados de los Estados Unidos de América, a cargo del diputado Francisco Javier Gudiño Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a la necesidad de abatir el rezago educativo y el analfabetismo en México, en ocasión de los actos conmemorativos de la Independencia nacional y la Revolución Mexicana, a cargo del diputado Emilio Ulloa Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INEGI a emitir las estadísticas necesarias que permitan conocer de manera oficial el número y las características socioeconómicas de la población afrodescendiente, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de México a mantener un ambiente de tranquilidad para la construcción de obras en Ecatepec, México, a cargo de la diputada Maribel Luisa Alva Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Electoral del Estado de Michoacán a promover la participación electoral de los grupos indígenas en la entidad en los próximos comicios, por celebrase en noviembre del año en curso, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se incluya una partida destinada a cubrir el apoyo social de los ex trabajadores migrantes mexicanos, a cargo de la diputada Susana Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y a la Secretaría de Desarrollo Rural del estado de Puebla a verificar la integración del padrón de damnificados por el huracán Dean en esa entidad, para la entrega correcta de la ayuda, a cargo del diputado Antonio Vasconcelos Rueda, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por que se exhorta a los tres ámbitos de gobierno para que los órganos judiciales y administrativos dependientes de éstos se abstengan en cualquier trámite administrativo o judicial de preguntar a los comparecientes respecto de la religión que profesan, suscrito por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP que informe por escrito la magnitud en que Pemex participaría en la formación de superávit primario consignado en el artículo 1o. de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, a cargo del diputado Antonio Soto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Yucatán y a la PGJ estatal a atender y solucionar el conflicto en el municipio de Sotuta, a cargo del diputado Joaquín de Jesús Díaz Mena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer los mecanismos de participación y garantizar que las propuestas de las organizaciones del sector social sean incorporadas a las reglas de operación de los planes considerados en el programa especial concurrente 2008, a cargo del diputado Alejandro Martínez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los diferentes organismos, dependencias y agencias del gobierno de Nuevo León que llevan a cabo proyectos viales y de obra pública a respetar la ley y demás disposiciones existentes en materia de medio ambiente, a cargo del diputado Juan Manuel Villanueva Arjona, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo al pago de energía eléctrica de las escuelas preparatorias federales por cooperación, a cargo del diputado Mario Vallejo Estévez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a vigilar que se cumpla lo que la ley ordena y especifica en cuanto a prohibiciones para la contratación de menores de edad, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo a la labor que realizan las y los defensores de los derechos humanos, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a revisar y promover que el presupuesto para la ejecución del calendario de obra de construcción de espacios educativos, como resultado del proceso de programación detallada, microplaneación y sustituciones, se realicen de acuerdo con el calendario escolar, a cargo del diputado Francisco Javier Murillo Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las secretarías de Estado correspondientes dé a conocer los requerimientos presupuestales en el ejercicio fiscal 2008 para la operación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, a cargo de la diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los DIF estatales a utilizar leche fluida en los programas alimenticios, suscrito por los diputados Armando Jesús Félix Olguín y Gerardo Antonio Escaroz Soler, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, se consideren recursos para implantar el programa de modernización y tecnificación del riego de los ejidos de la delegación Tláhuac, en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a revisar y prompover los procesos de programación detallada y microplaneación, y se asignen los recursos presupuestales para nuevas plazas de docentes en los diferentes niveles y modalidades, a cargo del diputado Francisco Javier Murillo Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se consideren recursos para los Programas de Recuperación del Suelo de Conservación del Distrito Federal, y de Desarrollo Agrícola de Tláhuac y Milpa Alta, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las universidades e institutos tecnológicos del país, evalúen la creación de la carrera de ingeniero en artes gráficas y la incorporen dentro de su oferta educativa, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se consideren recursos para el reforzamiento de los sistemas de salud de la delegación Tláhuac, en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a publicar la norma oficial mexicana de emergencias de avistamiento de tiburón ballena y publicar manuales de la observación correcta de éste, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT que informe sobre el estado que guarda el proyecto reactivación del puerto Frontera Tabasco, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a realizar los estudios necesarios que permitan conocer científicamente el estado de conservación que presenta en vida silvestre el cocodrilo de pantano, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, de Comunicaciones, y de Transportes para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 consideren la opinión de la Comisión de Turismo en el tema de red de carreteras, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, a la SSP y a la Administración General de Aduanas a informar a esta soberanía de los programas implantados para evitar el tráfico de armas desde Estados Unidos de América, a cargo del diputado Ángel Rafael Deschamps Falcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y a la Profeco a adoptar medidas para detener el incremento de precios de los productos básicos y de consumo popular, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a las desapariciones forzadas en México, a cargo del diputado Salvador Ruiz Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 mayores recursos para el Programa IMSS-Oportunidades en Tamaulipas, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se da por enterada de las observaciones del Ejecutivo federal al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales para fortalecer el federalismo fiscal y se propone discutirlo como señala el inciso c) del artículo 72 constitucional, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sedena a emprender acciones para modernizar el procedimiento del Registro Federal de Armas, a cargo del diputado Gerardo Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a solucionar el conflicto que mantienen los mineros que laboran en la empresa Mexicana de Cananea, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a Pemex un informe sobre la factibilidad de reubicar los ductos de gas natural y gasolina que se encuentran cercanos a los centros poblacionales a lo largo del territorio nacional, suscrito por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los secretarios de la Reforma Agraria, de Seguridad Pública, y de Defensa Nacional, así como al gobernador de Chiapas a cesar los despojos y ataques a comunidades zapatistas de Montes Azules, a cargo del diputado José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública asigne una partida presupuestal en el Ramo 20 al Programa Hábitat, para crear una red de centros integrales de prevención y atención de la violencia familiar, a cargo del diputado Gustavo I. Mendívil Amparán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar una estrategia para otorgar apoyos y convertir en lugar turístico el sitio denominado La Ciénega del Golfo de Santa Clara, municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar las investigaciones necesarias para determinar el paradero del defensor de los derechos humanos Francisco Paredes Ruiz y garantizar su seguridad e integridad personal, a cargo del diputado Adrián Pedrozo Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a ampliar la cobertura y población objetivo de los Programas de Adultos Mayores y Madres Trabajadoras en los municipios de Badiraguato, Choix, El Fuerte, Mocorito y Sinaloa, en el estado de Sinaloa, a cargo de la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat para que las instancias correspondientes se coordinen y realicen estudios sobre la situación actual de las poblaciones de conejos y liebres que se encuentran en categoría de riesgo, y remitan un informe a esta soberanía, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía declara persona no grata al embajador de Colombia en México, a cargo del diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobierno de Morelos que realice la obra de biorremediación del suelo que era ocupado por el tiradero de basura en el municipio de Temixco, y a la Conagua que realice un análisis de los mantos acuíferos que se encuentran a su alrededor, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE y a la Segob a iniciar las gestiones relativas al levantamiento de los edictos de excomunión en contra de los independentistas mexicanos ante el Estado Vaticano, suscrito por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, y Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla a abstenerse de manipular los procesos electorales que se realizarán el 11 de noviembre del año en curso en esa entidad, a cargo del diputado Guillermo Velázquez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a anteponer la Ley General de Protección Civil a las Reglas de Operación del Fonden, para fundamentar sus respuestas, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Efemérides
Relativa al tema ``De la Independencia a la otra dependencia'', a cargo del diputado Jaime Verdín Saldaña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Relativa a la defensa heroica del Castillo de Chapultepec, a cargo del diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Relativa al Día Internacional de la Mujer Rural, a cargo de la diputada Lizbeth Medina Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Relativa al 197 aniversario de la Independencia de México, a cargo del diputado Carlos R. Martínez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Relativa al 183 aniversario de la anexión voluntaria de Chiapas a México, a cargo de los diputados Martha Cecilia Díaz Gordillo y Martín Ramos Castellanos, de los grupos parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, respectivamente.
Relativa al 22 aniversario luctuoso de las víctimas del sismo del 19 de septiembre de 1985, a cargo del diputado José de Jesús Solano Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Relativa al centenario del natalicio del compositor veracruzano Francisco Gabilondo Soler, Cri-Cri, a cargo del diputado Gerardo Lagunes Gallina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Relativa al Día Internacional de la Paz, a cargo del diputado Alejandro Landero Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Relativa al Día Mundial del Turismo, a cargo de la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Relativa al aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, a cargo del diputado Eric López Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Relativa a la conmemoración del trigésimo tercer aniversario de la conversión de los territorios de Quintana Roo y de Baja California Sur en estados libres y soberanos, a cargo del diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Agenda política
Relativa al proceso electoral en el estado de Oaxaca, a cargo de los grupos parlamentarios.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves cuatro de octubre de dos mil siete, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.
Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de 321 diputadas y diputados, a las 11 horas con 31 minutos del jueves cuatro de octubre de 2007, la Presidenta declara abierta la sesión.
En votación económica, la asamblea dispensa la lectura al orden del día.
La asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.
Se reciben sendos oficios de los congresos de los estados de Colima, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas por los que informan la aprobación de la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos seis, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se tienen por recibidos y se instruye su integración en el expediente.
Se recibe del Congreso del estado de Nuevo León, acuerdo por el que exhorta a la Cámara de Diputados a que considere incrementar la inversión para la rehabilitación y modernización de la carretera federal número 54, durante la revisión y análisis del Presupuesto Federal para el Ejercicio Fiscal de 2008. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina de carbón de Pasta de Conchos en el municipio de San Juan de Sabina, remite su informe final. Se le concede la palabra al presidente de la comisión, diputado Jericó Abramo Masso, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar dicho informe. De enterado y se instruye integrar el texto íntegro en el Diario de los Debates. Desde sus respectivas curules hacen uso de la palabra los diputados: Javier González Garza, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone un acuerdo con relación al informe presentado; Juan José Rodríguez Prats, del Partido Acción Nacional; Juan Manuel Páras González, del Partido Revolucionario Institucional y Gloria Lavara Mejía, del Partido Verde Ecologista de México, quienes expresan su adhesión a la propuesta y la Presidencia realiza comentarios de procedimiento.
La Presidencia da la bienvenida a la embajadora honorífica de Paz y de Reunificación de las Familias, Elvira Arellano y a su hijo Saúl Arellano, cuyo cargo fue otorgado por el Foro de Mujeres Parlamentarias de América.
La diputada Érika Larregui Nagel, del Partido Verde Ecologista de México, electa por la primera circunscripción, solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido, a partir del cuatro de octubre de 2007. En votación económica se aprueban los puntos de acuerdo por los que se concede la licencia solicitada y se llama al suplente.
La Presidenta informa a la asamblea que a las puertas del salón de sesiones se encuentran los ciudadanos Guillermina López Balbuena y Manuel Salvador Salgado Amador, electos como diputados federales suplentes en el distrito dieciséis del estado de Puebla y en la primera circunscripción, respectivamente. La Presidenta designa una comisión para acompañarlos a rendir su protesta y entran en funciones de inmediato.
La Junta de Coordinación Política comunica.
Presidencia del diputado Luis Sánchez Jiménez
De enterado.
La Junta de Coordinación Política remite acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprueba convocar al Primer Parlamento de Líderes Migrantes que viven en Estados Unidos de América. En votación económica, la asamblea lo aprueba. Comuníquese.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite:
Se remiten a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
La Cámara de Senadores remite:
Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado
A las 11 horas con 7 minutos, se registra una asistencia de 407 diputadas y diputados.
La Presidencia informa la presencia de viudas y familiares de los fallecidos a causa de la explosión y derrumbamiento de la mina Pasta de Conchos en el estado de Coahuila y solicita a la asamblea ponerse de pie para otorgar un minuto de silencio en su honor.
Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:
El diputado Alan Notholt Guerrero, del Partido Verde Ecologista de México, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 86 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Se turna a la Comisión de la Función Pública.
El diputado Andrés Lozano Lozano, a nombre propio y de diversos diputados del Partido de la Revolución Democrática, presenta las siguientes iniciativas con proyectos de decreto:
Se turnan a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, ésta última a petición del diputado César Octavio Camacho Quiroz, del Partido Revolucionario Institucional, con excepción de las registradas con un turno distinto.
Presentan iniciativas con proyecto de decreto los diputados:
Presidencia del diputado Luis Sánchez Jiménez
Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En votación económica, la asamblea dispensa la lectura de los dictámenes con proyecto de decreto las comisiones de:
Son de primera lectura.
La Secretaría da lectura a un oficio de la Comisión de Gobernación por el que solicita se dispense la segunda lectura al dictamen con proyecto de decreto, que reforma y adiciona la Ley sobre el Escudo la Bandera y el Himno Nacionales. En votación económica, la asamblea le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión de inmediato. Se les otorga la palabra a los diputados Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, del Partido Revolucionario Institucional, para fundamentar el dictamen a nombre de la comisión; Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Partido de la Revolución Democrática, en pro y Martín Malagón Ríos, del Partido Acción Nacional, en pro. En votación económica, la asamblea considera el dictamen suficientemente discutido.
Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado
Con un resultado de 329 votos en pro, la Presidencia declara aprobado el proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley sobre el Escudo la Bandera y el Himno Nacionales. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
La Secretaría da lectura a una comunicación de la Junta de Coordinación Política por la que solicita se posponga por siete días hábiles la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo ocho y se deroga el inciso a) del artículo cinco de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Se retira.
En votación económica, la asamblea dispensa la segunda lectura de los dictámenes a discusión con puntos de acuerdo de las comisiones:
La Secretaría da lectura a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se pronuncia respecto del informe final de la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina de carbón de Pasta de Conchos en el municipio de San Juan de Sabinas. En votación económica, la asamblea lo aprueba. Comuníquese.
La Junta de Coordinación Política remite comunicación con la que propone:
Se aprueban en votación económica.
En votación económica, la asamblea autoriza dar lectura a los puntos de acuerdo de los dictámenes negativos por los que se desechan iniciativas con proyecto de decreto de las comisiones:
a) Unidas de Gobernación y de Equidad y Género, que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear la Secretaría para el Desarrollo de las Mujeres.
b) De Atención a Grupos Vulnerables:
c) De Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias:
En votación económica, la asamblea aprueba en conjunto los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluídos.
La Secretaría da lectura a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que la honorable Cámara de Diputados condena la agresión de que ha sido objeto el Senado de la República por parte de la televisora TV Azteca. Desde sus respectivas curules, los diputados Gloria Lavara Mejía, del Partido Verde Ecologista de México, se manifiesta en contra y Miguel Ángel Jiménez Godínez, de Nueva Alianza, solicita votación nominal. La Presidencia rechaza la petición en vista de no contar con la adhesión de cinco diputados para acceder a tal procedimiento. En votación económica la asamblea lo aprueba. Comuníquese.
Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:
Se reciben solicitudes de excitativa:
Se reciben solicitudes de excitativas de los diputados
De conformidad con lo que establece la fracción XVI del artículo 21, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones mencionadas para que emitan el dictamen correspondiente.
La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.
La Presidenta clausura la sesión a las 16 horas con cinco minutos y cita para la próxima, que tendrá lugar el martes nueve de octubre de 2007, a las 11 horas.»
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Aprobada el acta.
MINA PASTA DE CONCHOS
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.
Por instrucciones del diputado Héctor Larios Córdova, presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de conformidad con el tercer punto del acuerdo de este órgano de gobierno, de fecha 4 de octubre de 2007, por el que se pronuncia respecto al informe final de la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina de Pasta de Conchos de Nueva Rosita, Coahuila, le informo que los diputados Rolando Rivero Rivero, José Antonio Almazán González y Jericó Abramo Masso integrarán la comisión que acompañará a los familiares de las víctimas acaecidas en la tragedia de la mina de Pasta de Conchos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Ejecutivo federal, a efecto de que puedan ser recibidas por su titular, licenciado Javier Lozano Alarcón.
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: De enterado. Comuníquese.
DICTAMENES NEGATIVOS DE PUNTOS DE ACUERDO
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.
Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Esta Presidencia comunica que se recibieron dictámenes en sentido negativo de proposiciones con punto de acuerdo, que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, de las siguientes comisiones:
De Atención a Grupos Vulnerables
De Defensa Nacional
De Salud
Solicito a ustedes que lo hagan del conocimiento de la honorable asamblea.
«Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, sobre la proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal que promueva la realización del primer congreso internacional sobre los derechos de los adultos mayores
Honorable asamblea
A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnado para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal que promueva la realización del primer congreso internacional sobre los derechos de los adultos mayores.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes:
Antecedentes
Consideraciones
Esta comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo listada, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
La primera Asamblea mundial sobre envejecimiento se llevó a cabo en Viena, Austria en el año de 1982; la cual derivó en el primer plan de acción internacional donde se plasmó el pensamiento político y científico de un gran número de países asistentes, para alcanzar el mayor bienestar posible entre la población adulta mayor.
En el año de 1984, la Organización Mundial de la Salud (OMS), estableció el uso del término ``adulto mayor'' para referirse a las personas de 60 años o más.
Así en el plano internacional las normas de protección de los derechos de las personas mayores son recientes. En varios países de la región, el diseño y la aplicación de disposiciones referidas expresamente a los derechos de la vejez se iniciaron en la década de los años noventa. En algunos estados el proceso abarcó la promulgación de leyes especiales, mientras que en otros las reformas constitucionales en curso permitieron incorporar aspectos específicos relacionados con el tema.
A partir del año de 1996, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denominó a este grupo poblacional como Personas Adultas Mayores (PAM) de conformidad con la resolución 50/141 aprobada por la asamblea nacional.
En este contexto, se realizó del 8 al 12 de abril de 2002, la segunda Asamblea mundial sobre envejecimiento en Madrid, España, la cual evaluó el trabajo realizado en las dos últimas décadas y actualizó el plan de acción internacional, con el propósito de que los gobiernos asumieran compromisos que permitieran iniciar, continuar y fortalecer las iniciativas gubernamentales y no gubernamentales tendientes a mejorar el bienestar de las personas adultas mayores. México participó a través del representante señor Antonio Sánchez Díaz de Rivera subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Subsecretaría de Desarrollo Social.
Dentro de esta asamblea se adoptaron dos documentos base: La declaración política y el plan de acción internacional sobre el envejecimiento 2002.
Acorde con el plan de acción internacional sobre el envejecimiento, en el plano regional se realizó la Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento del 19 al 21 de noviembre de 2003 en Santiago de Chile. Se conformaba la mesa directiva por una presidencia encabezada por Chile, vicepresidencias por Jamaica y México, y relatoría por Nicaragua. Se plantearon las metas, objetivos y recomendaciones a favor de las personas adultas mayores a través de una estrategia regional de implementación para América Latina y el Caribe como marco de referencia regional que se adapte a las realidades nacionales, con el fin de responder eficazmente a las necesidades e intereses de las personas adultas mayores, y de propiciar la creación de condiciones que favorezcan a un envejecimiento individual y colectivo con seguridad y dignidad.
A la fecha se han realizado tres eventos subregionales de seguimiento de aplicación al plan de acción sobre envejecimiento .
El primero de ellos fue la reunión de expertos sobre envejecimiento -- II Foro centroamericano y del Caribe sobre políticas para adultos mayores, que se realizó en San Salvador del 10 al 12 de noviembre de 2004, en la que también participó México.
El segundo de ellos el Simposium caribeño sobre envejecimiento de la población (Caribbean Symposium on population ageing) en Puerto España del 8 al 10 de noviembre de 2004.
El tercero de ellos se denominó, Reunión de gobiernos y expertos sobre envejecimiento en países de América del Sur, en Buenos Aires, Argentina, del 14 al 16 de noviembre de 2005.
Por lo anteriormente expuesto en el ámbito internacional se desprende que ya se han realizado dos foros mundiales y México ha tenido una participación activa en la consecución de los planes y programas de las personas adultas mayores
Por lo tanto, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables considera que no ha lugar a aprobar el punto de acuerdo materia de este dictamen, y que procede el archivo del expediente como un asunto definitivamente concluido.
En mérito de lo expuesto, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:
Acuerdo
Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo presentada ante ésta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por el diputado Mario Enrique del Toro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario de la Revolución Democrática, el 06 de marzo de 2007.
Segundo. Archívense el expediente relativo como un asunto total y definitivamente concluido.
«Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, respecto a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al secretario de la Defensa Nacional a comparecer ante esta soberanía a fin de que rinda un informe completo de la situación que guarda la lucha contra el narcotráfico y de los posibles atentados en agravio de legisladores y de otros servidores públicos
Honorable Asamblea:
La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los párrafos 1, 2, fracción VII, y 3 del articulo 39; párrafos 6, incisos e), f), y g), y párrafo 7 del artículo 45 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 65, 66, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; presenta a consideración de esta soberanía dictamen, bajo los siguientes
Antecedentes
I. Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados fue presentada por el diputado Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se solicita la comparecencia del secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, ante esta soberanía para que informe de la situación que guarda la lucha contra el narcotráfico y los posibles atentados contra legisladores y funcionarios públicos.
II. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directa turnó dicha proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Defensa Nacional.
III. Con fecha 27 de junio del año en curso se sometió a estudio y análisis el presente proyecto de dictamen a esta honorable asamblea de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, bajo la siguiente
Valoración de la proposición con punto de acuerdo
El proponente argumenta en la exposición de consideraciones que
Consideraciones
Primera. Con fecha 22 de marzo de 2007 se realizó la segunda reunión plenaria de la Comisión de Defensa Nacional, en la cual se acordó realizar una invitación al general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, para que compareciera ante los integrantes a fin de analizar las acciones que el instituto armado realiza en tareas de seguridad nacional, entre ellas la lucha contra el narcotráfico.
Segunda. Con fecha 19 de abril de 2007 se realizó la tercera reunión plenaria de la Comisión de Defensa Nacional, donde se aprobó el acuerdo para establecer los mecanismos que normarían la comparecencia del secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, ante el pleno de la comisión, por realizarse el 26 de abril del año en curso.
Tercera. Con fecha 26 de abril de 2007 compareció el secretario de la Defensa Nacional ante el pleno de la Comisión de Defensa Nacional, donde rindió informe detallado de los resultados a escala nacional que ha tenido la secretaría a su cargo en la lucha contra el narcotráfico desde diciembre de 2006 hasta el 22 de abril del año en curso, presentando las siguientes estadísticas de trafico asegurado:
Rubro Diciembre de 2006- 22 de abril de 2007
Hectáreas de mariguana 9 mil 877Hectáreas de amapola 6 mil 491Toneladas de mariguana asegurada 10 mil 527Kilogramos de goma de opio 28Kilogramos de cocaína Mil 477Kilogramos de semilla de mariguana 4 mil 2Kilogramos de semilla de amapola 370Kilogramos de heroína 67Pastillas psicotrópicas 6 mil 837
Aeronaves 2Vehículos terrestres 719Embarcaciones 15Armas de fuego Mil 627Pesos 2 millones 942 mil 493Dólares 473 mil 423Quetzales 811Euros 350Personas detenidas Mil 244
En este sentido, el general Galván señalo:
Cuarta. Con relación a lo propuesto por el legislador respecto a que el general secretario informe de los posibles atentados contra legisladores y funcionarios, eso no es procedente por no ser la Secretaría de la Defensa Nacional competente para realizar dichas investigaciones, ya que de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ``la investigación y la persecución de los delitos, compete única y exclusivamente al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato'', la que se encuentra representada por la Procuraduría General de la Republica y las de los estados. Por ello se tendrían que pedir dichos informes a las autoridades ministeriales citadas.
Por lo anterior, la Comisión de Defensa Nacional, con base en los antecedentes y las consideraciones anteriores, y con relación a la proposición con ``punto de acuerdo por el cual se exhorta al secretario de la Defensa Nacional a comparecer ante esta soberanía a fin de exponer un informe completo de la situación que guarda la lucha contra el narcotráfico y los posibles atentados contra los legisladores y funcionarios públicos'', presenta a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Primero. No es de aprobarse la proposición con punto de acuerdo referido por los siguientes motivos:
Segundo. Túrnese al archivo como un asunto totalmente concluido.
«Dictamen de la Comisión de Salud, respecto a la proposición con punto de acuerdo para que se cite a comparecer a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Administración General de Aduanas, a fin de que expliquen por qué se autorizó la entrada en México de docenas de toneladas de precursores químicos
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud fue turnada, para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo a fin de que se cite a comparecer a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Administración General de Aduanas para que expongan los argumentos que llevaron a autorizar la entrada a territorio nacional de docenas de toneladas de precursores químicos.
La Comisión de Salud, con fundamentos en las atribuciones que le otorgan los artículos 39, numerales 1o. y 3o., 43, 44, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente
Metodología
La comisión encargada del análisis y dictamen de la propuesta con punto de acuerdo mencionado desarrolla su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:
I. En el capítulo de ``Antecedentes'' consta el trámite del proceso legislativo, del recibo en turno para el dictamen del punto de acuerdo y los trabajos previos de la comisión dictaminadora.
II. En el capítulo de ``Contenido'' se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.
III. En el capítulo de ``Consideraciones'', la comisión dictaminadora presenta los argumentos de valoración que sustentan la propuesta o rechazo de la propuesta en análisis.
I. Antecedentes
En sesión celebrada el 8 de agosto de 2007 por el Pleno de la del Congreso de la Unión, el diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo, a fin de que se cite a comparecer a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Administración General de Aduanas, a fin de que expongan los argumentos que llevaron a autorizar la entrada a territorio nacional de docenas de toneladas de precursores químicos.
Con la misma fecha, la Mesa Directiva de este órgano legislativo turnó la mencionada proposición a la Comisión de Salud, para su estudio y posterior dictamen.
II. Contenido
El diputado promovente hace diferentes señalamientos en torno al aseguramiento de diversos bienes y recursos que la Procuraduría General de la República (PGR) realizó el 15 de marzo del año en curso a Zhenli Ye Gon, con la presunción de que el empresario asiático, según expresa el diputado Sánchez Camacho, estaba dedicado a la producción e importación, a gran escala, de precursores químicos presuntamente destinados a la elaboración de drogas sintéticas.
Qué es de su interés atender tal situación y es necesario que tanto la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), como la Administración General de Aduanas, que es una entidad del gobierno federal dependiente del Servicio de Administración Tributaria (SAT, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), y que dichas unidades administrativas han tenido participación, en la expedición de los permisos de importación para la seudoefedrina, así como de su fiscalización y entrada al país de dicha mercancía, respectivamente.
Que la empresa United Pharma Chem México, propiedad del empresario antes referido, solicitó diferentes permisos y manifiesta el diputado promovente que de diciembre de 2005 a enero de 2006 introdujo legalmente más de 50 toneladas de seudoefedrina.
En torno a estos hechos, reconoce el diputado Sánchez Camacho que la Secretaría de la Función Pública investiga tanto a la Cofepris como al SAT en el área de la Administración General de Aduanas, para identificar la probable omisión o comisión de actos al haber permitido la entrada de sustancias químicas que serían utilizadas como insumos para la fabricación de drogas sintéticas.
Con estos argumentos, el diputado promovente refiere que para no dejar dudas sobre los hechos referidos en los párrafos anteriores, es necesario invitar a comparecer al secretario de Salud, el ciudadano José Ángel Córdoba Villalobos, y al responsable de la Administración General de Aduanas, ciudadano Juan José Bravo Moisés.
III. Consideraciones
Primera. Con relación a las acciones que se presume fueron o son probables omisiones o comisiones de actos delictivos que involucren al personal de la Cofepris, la comisión dictaminadora establece que estos hechos son materia de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de la Función Pública y del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud.
Segunda. Que de acuerdo a la información pública que se tiene a la mano, éstas instancias administrativas están actuando y han aplicado acciones concretas en la Cofepris, por lo cual, no es materia de la comisión dictaminadora establecer como causal estos hechos para invitar a comparecer al titular de la Secretaría de Salud, ciudadano José Ángel Córdoba Villalobos, toda vez, que el proceso de investigación no ha concluido.
Tercera. Sin embargo, la comisión dictaminadora identifica que está pendiente la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud, ciudadano José Ángel Córdoba Villalobos, ya que en la décima reunión plenaria de la Comisión de Salud, realizada el 12 de junio del año en curso, se acordó invitarlo a comparecer para tratar diferentes temas en materia de salud.
En principio, se había acordado que compareciera el 24 de julio del año en curso; sin embargo, a petición de diferentes diputados federales se solicito que se difiriera dicha comparecencia, lo cual se hizo del conocimiento de todos los integrantes de la Comisión de Salud, por medio de oficio del secretario técnico de este órgano legislativo; asimismo, salió publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Cuarta. Por los antecedentes antes mencionados, la comisión dictaminadora resuelve que la comparecencia del Secretario de Salud fue diferida y que está pendiente de fijar el día y la hora por parte del pleno de la Comisión de Salud, para hacerle llegar una nueva invitación al ciudadano José Ángel Córdoba Villalobos titular de la Secretaría de Salud.
Quinta. De igual manera, la comisión dictaminadora estima que en éste momento no es viable invitar a comparecer ante el pleno de la del Congreso de la Unión al Secretario de Salud, por las premisas establecidas en las consideraciones primera y segunda de éste dictamen.
Por lo anteriormente expuesto, esta comisión dictaminadora somete a consideración de la honorable asamblea el siguiente
Acuerdo
Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para que se cite a comparecer a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Administración General de Aduanas, a fin de que expongan los argumentos que llevaron a autorizar la entrada a territorio nacional de docenas de toneladas de precursores químicos, presentada por el diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el día 8 de agosto de 2007.
«Dictamen de la Comisión de Salud, respecto a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del secretario de Salud y del comisionado del Sistema de Protección Social en Salud
Honorable asamblea:
A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados le fue turnada para su estudio y posterior dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita se cite a comparecer al secretario de salud, así como al comisionado del Sistema de Protección Social en Salud, y se exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública para que dé vista al ministerio público sobre las irregularidades detectadas en el programa del Seguro Popular; y a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados a que gire instrucciones para realizar una auditoría a dicho programa; presentada por los diputados, Marco Antonio Bernal Gutiérrez y María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La Comisión de Salud, con fundamentos en las atribuciones que le otorgan los artículos 39, numerales 1, y 3, 43, 44, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente
Metodología
La comisión encargada del análisis y dictamen de la propuesta con punto de acuerdo mencionado desarrolla su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:
I. En el capítulo de antecedentes consta el trámite del proceso legislativo, del recibo en turno para el dictamen del punto de acuerdo y los trabajos previos de la comisión dictaminadora.
II. En el capítulo de contenido se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.
III. En el capítulo de consideraciones, la comisión dictaminadora presenta los argumentos de valoración que sustentan la propuesta o rechazo de la propuesta en análisis.
I. Antecedentes
En sesión celebrada el 11 de julio, por la del Congreso de la Unión, los diputados, Marco Antonio Bernal Gutiérrez y María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita se cite a comparecer al secretario de salud, así como al comisionado del Sistema de Protección Social en Salud, y se exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública para que dé vista al ministerio público sobre las irregularidades detectadas en el programa del Seguro Popular; y a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados a que gire instrucciones para realizar una auditoría a dicho programa.
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó el citado punto de acuerdo a la Comisión de Salud de la honorable Cámara de Diputados para su estudio y posterior dictamen.
II. Contenido
En su proposición los promoventes buscan que se exhorte al secretario de la función pública, licenciado Germán Martínez Cáceres, a que haga del conocimiento de las autoridades ministeriales los resultados del proceso contenido en el expediente 15/ 2007-Bis que motivó la inhabilitación por diez años y la sanción económica por 454 mil 528 pesos con 66 centavos, al ciudadano Juan Antonio Fernández Ortiz; o que, en su caso, informe a esta soberanía los motivos que lo impiden.
Asimismo, pretenden se cite a comparecer al secretario de salud, doctor José Ángel Córdova Villalobos, así como al comisionado nacional del Sistema de Protección Social en Salud, licenciado Daniel Karam Toumeh, para que informen a esta soberanía sobre la situación actual del programa del Seguro Popular, así como la forma en que se ha subsanado la carencia de la credencial electrónica que facilitaría su operación.
También proponen que la Comisión de Vigilancia de la honorable Cámara de Diputados instruya a la Auditoría Superior de la Federación a que realice una auditoría exhaustiva a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, a fin de conocer su situación financiera y los efectos causados en su operación por las irregularidades detectadas.
En su punto de acuerdo pretendían que la Mesa Directiva del Senado instruyera a la Primera Comisión de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para la integración de un grupo de trabajo que de seguimiento a lo acordado por esta asamblea y le informe sobre el particular.
III. Consideraciones
A pesar de la intención de los promoventes para que su proposición se turnará a la Comisión de Vigilancia de la honorable Cámara de Diputados, y que se constituyera un grupo de trabajo en la Primera Comisión, la Mesa Directiva únicamente turnó la proposición a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Los integrantes de esta comisión por lo tanto, tenemos la obligación de dictaminar al respecto haciendo algunas aclaraciones.
El pasado 10 de julio de 2007, el comisionado nacional del Sistema de Protección Social en Salud licenciado Daniel Karam Toumeh, compareció ante los integrantes de la Comisión de Salud.
En dicha comparecencia, el titular del Sistema de Protección Social en Salud respondió a las inquietudes de los legisladores de todos los partidos políticos representados en la Comisión de Salud; asimismo, manifestó su disposición para acudir ante esta soberanía las veces que fuera necesario a fin de explicar a los diputados, no sólo el funcionamiento, sino la forma en la que se aplican los recursos financieros al sistema.
En este orden de ideas, el comisionado respondió a diversas inquietudes referentes a la situación financiera del sistema, y a la forma de ejercer los recursos del mismo, comprometiéndose a hacer una revisión exhaustiva de la forma en que tanto la federación, como las entidades federativas ejercen el presupuesto que se les asigna, con la colaboración de la Secretaría de la Función Pública.
La referida comparecencia fue transmitida por el Canal del Congreso, para su mayor difusión. Debido a lo anterior consideramos que el objetivo del punto de acuerdo, respecto a la comparecencia del comisionado nacional del Sistema de Protección Social en Salud, fue cumplido inclusive antes de la presentación de la proposición.
En relación con la comparecencia del secretario de salud, esta comisión dictaminadora ha entablado diversas entrevistas para agendar la comparecencia del doctor José Ángel Córdova en fecha próxima; por lo cual el primer objetivo del punto de acuerdo será cumplido a la brevedad, dejando sin materia la proposición presentada ante la Comisión Permanente.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Salud con las atribuciones que le otorga el artículo 73, fracción XVI, y el último párrafo del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente:
Acuerdo
Único . Se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita se cite a comparecer al secretario de salud, así como al comisionado del Sistema de Protección Social en Salud y se exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública para que dé vista al ministerio público sobre las irregularidades detectadas en el programa del Seguro Popular; y a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados a que gire instrucciones para realizar una auditoría a dicho programa; presentada por los diputados, Marco Antonio Bernal Gutiérrez y María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 11 de Julio de 2007.
«Dictamen de la Comisión de Salud, respecto a la proposición con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Salud a establecer un programa emergente que erradique el tracoma en las comunidades indígenas de Chiapas
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Salud a implantar un programa emergente que combata y erradique la enfermedad de tracoma en las comunidades indígenas de Chiapas.
Los integrantes de esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1o. y 3o., 43, 44 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:
I. Antecedentes
Con fecha 26 de abril de 2007 la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición que ahora dictaminamos.
Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición a la Comisión de Salud, para su estudio, por lo que llegado el momento emite el siguiente dictamen.
II. Contenido
En la exposición de motivos la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza señala, textualmente, que en nuestro país existen regiones que constituyen un foco rojo en la propagación de diferentes enfermedades; tal es el caso de las comunidades indígenas en el estado de Chiapas, donde se enfrentan ante una precaria situación de salud, caracterizada por altas tasas de mortalidad, debido a enfermedades evitables, principalmente procesos infecciosos y deficiencias nutricionales asociadas a elevados índices de pobreza y de marginación.
Prevaleciendo, efectivamente, en los sectores rurales e indígenas de diversas regiones del estado, en las que se reportan altos índices de mortalidad perinatal, infantil y preescolar, así como de mortalidad materna.
Otros problemas importantes son las enfermedades respiratorias y diarreicas agudas, la tuberculosis pulmonar y el tracoma, que han sido ampliamente relacionadas con las condiciones de pobreza de la población, la marginación y la falta de servicios públicos, principalmente de agua potable y de servicios de salud.
Asimismo menciona que algunas características epidemiológicas del tracoma se han desarrollado sin medida en la región de Los Altos de Chiapas; limitándose a 256 localidades de cinco municipios del estado, tales como Chanal, Huixtán, Oxchuc, San Juan Cancuc y Tenejapa, considerados como zonas de mayor índice de marginación social y pobreza; aunado a esto los servicios de salud ( IMSS y SSA) muchas de las veces no están provistos del medicamento requerido o tienen una deficiente capacidad en la detección de los casos.
En dichas comunidades, el tracoma se adquiere por contagio entre los miembros de los grupos domésticos: hijos, padres, abuelos y otros convivientes. La reinfección se ve favorecida por ciertas condiciones comunitarias.
También, destaca que actualmente se reporta una baja de la enfermedad en niños y jóvenes, asociada probablemente a la incorporación de éstos a los centros escolares y a una mayor educación higiénica, así como al incremento en la disponibilidad de agua en las instalaciones educativas. Aquí mismo agrega que el comportamiento epidemiológico actual del tracoma sugiere la importancia de la educación, la disponibilidad de servicios y la mejoría en la calidad de vida de la población para el control de esta enfermedad.
Finalmente, apunta que es importante considerar que la prevalencia del tracoma se encuentra probablemente en proceso de control; sin embargo, estima que es menester que el Ejecutivo federal implante acciones que acaben con este problema que afecta a miles de indígenas en estado de indefensión, no sólo ante esta enfermedad, sino ante diferentes padecimientos que los aquejan día con día. Y para ello la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza propone el exhorto que ahora estudiamos y dictaminamos.
III. Consideraciones
Primera. Los integrantes de esta comisión dictaminadora reconocen la valía e intención de la Proposición de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, al llamar la atención sobre el padecimiento del tracoma en Los Altos del estado de Chiapas.
Segunda. Sin embargo, atentos y siguiendo sus propias consideraciones, así como sus referencias y fuentes, advertimos que las regiones endémicas en nuestro país son Los Altos de Chiapas y parte del norte de Coahuila; también se han reportados casos en regiones del litoral del Pacífico, en los estados de México, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán. Y, además, existe tracoma en las zonas fronterizas de Guatemala, en el estado de Chiapas, constituyendo un foco hiperendémico en Centroamérica.
Aquí mismo, se advierte que los factores de riesgo en general son la carencia de servicios básicos (agua, luz y drenaje), así como la pobreza extrema y la marginación de las poblaciones.
Y que es importante considerar la prevalencia de los distintos estadios del tracoma, pues los estudios de los investigadores de la División de Población y Salud de El Colegio de la Frontera Sur, concluyen que el registro de tracoma folicular e intenso fue mucho menor al de tracoma crónico, lo que sugiere que el número de casos nuevos es mucho menor a los del pasado y que esta endemia se encuentra probablemente en proceso de control.
Y que, como lo refiere la misma diputada, la baja prevalencia entre niños y jóvenes posiblemente se asocia a su creciente incorporación a los centros escolares, de la educación higiénica, así como al incremento en la disponibilidad de agua en las instalaciones educativas.
El mismo estudio de El Colegio de la Frontera Sur señala que las frecuencias más elevadas fueron reportadas en adultos jóvenes, los cuales constituyen para la región de Los Altos de Chiapas, los grupos de alto riesgo a quienes deberán orientarse prioritariamente los programas de detección, tratamiento y educación para la salud.
Por ello y en virtud del comportamiento epidemiológico actual del tracoma, dice el mismo Colegio, es importante la educación, la disponibilidad de servicios y la mejoría en la calidad de vida de la población para el control de esta enfermedad.
Tercera. Este padecimiento del tracoma en los municipios de Los Altos de Chiapas ha merecido la atención, por lo menos durante los últimos 15 años, de organismos públicos y privados, de asociaciones civiles, de universidades, de empresas, de ONG, de instituciones financieras internacionales y de organismos mundiales de salud; que, aunque, de una forma fragmentada, ciertamente han permitido mejoras e impedido sustancialmente el desarrollo, y multiplicación de esta enfermedad, por lo que debe consignarse que, en todo caso, las evidencias actuales de la enfermedad en los habitantes de la zona en estudio, son resabios del mal, que --sin discusión-- merecen erradicarse de las instancias señaladas, baste señalar a Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, AC; la Universidad Autónoma de Chiapas; El Colegio de la Frontera Sur; la Asociación Mexicana de Salud y de Economía, AC; los titulares y expertos del Programa de Vectores del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud; el Instituto Nacional Indigenista; la Secretaría de Desarrollo Social; Médicos sin Fronteras-Holanda; la Embajada de Finlandia en México; la Red Social para el Combate del Tracoma en Chiapas; el Instituto de Salud del Estado de Chiapas; la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas; la Secretaría de Pueblos Indios del Gobierno de Chipas; la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento; la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; la Organización Mundial de Salud, Iniciativa Internacional de Tracoma; Japan Internacional Coperation Agency; la Embajada de Japón en México, etcétera.
Cuarta. Que exactamente hace un año, con referencia a la fecha de la presentación de este exhorto ante el Pleno de la Cámara de Diputados, LX Legislatura, al conmemorar, precisamente en San Juan Cancuc, el Día Mundial de la Salud del año 2006, el Presidente Vicente Fox; el Secretario de Salud, doctor Julio Frenk Mora; la Coordinadora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ingeniera Xóchitl Gálvez; el gobernador del estado de Chiapas, licenciado Pablo Salazar Mendiguchía; y el doctor Jacobo Finkelman, representante de la Organización Mundial de la Salud en México; todos ellos, en dicho acto, con la responsabilidad de sus respectivas y altas investiduras, incluidos, por supuesto, los de los Organismos Internacionales de Salud, refirieron que
Quinta. En virtud de que estamos en el proceso del dictamen, la Secretaría de Salud, respondiendo al exhorto materia de esta determinación, hizo llegar a la Cámara de Diputados información actualizada y referida a este asunto de los municipios con prevalencia de tracoma en el estado de Chiapas, mediante su oficio de fecha 15 de mayo de 2007, donde, oficialmente, señala que:
La cobertura de diagnóstico es de más de 90 por ciento y se realizó en un lapso de tres años para un total de 120 mil personas valoradas. No se identificaron nuevos ciegos.
Sexta. No obstante y rescatando parte del espíritu de la proposición, esta comisión de salud y dictaminadora reitera su postura de que los problemas de salud que aquejan o pueden afectar a las comunidades, deben ser atendidos y erradicados desde y a partir del combate de las causas históricas y de fondo, para evitar su atención de forma meramente paliativa que, en todo caso sólo alientan su permanencia e incrementan su gravedad; de lo contrario, está visto que ningún programa y menos si son parciales, fraccionados y descoordinados, aun cuando cuenten con voluminosos recursos financieros y materiales, no resolverán efectiva, radical y permanente y en el menor tiempo posible ningún problema.
Por ello, la atención integral y una efectiva participación comunitaria, junto con la infraestructura básica material y económica, permitirán impedir el mantenimiento, nuevos brotes e incremento de cualquier enfermedad. Por ello, debe quedar claro que, ya no son suficientes los diagnósticos y las buenas voluntades e intenciones; es menester, aquí y ahora, la acción efectiva y radical para superar y resolver la multiplicidad de factores de riesgo de la enfermedad y evitar la práctica e intervenciones fragmentadas.
Séptima. Todo lo anteriormente expuesto conduce a señalar que, en lo sucesivo, el gobierno federal no sólo debe concertar, celebrar o autorizar convenios de colaboración nacionales o internacionales, sino que éstos deben ser parte de una previa y fundada planeación estratégica y que desde el inicio sean escrupulosamente coordinados y evaluados hasta la consumación de los proyectos para, de esta forma, autentica y realmente capitalizar los esfuerzos y el apoyo en pro de la solución de todo o partes programadas del problema por atender.
Asimismo, en el caso concreto que nos ocupa y los que puedan sucederse en otros estados del país y cualquier otro tiempo, deberán ser los gobernadores de cada entidad, por sí, a través de las instancias oficiales que designen, los que se comprometan y responsabilicen en mayor medida para que, de forma activa y comprometida, coordinen los esfuerzos, apoyos y otros que permitan de la mejor forma y en los tiempos previstos de cada proyecto nacional o internacional, sumar avances o, en su caso, concluir los objetivos de tan importantes esfuerzos y apoyos, siempre a favor, y de una vez por todas, de las poblaciones o sectores de la población afectada.
Octava. Es menester, en atención a esta proposición y el dictamen correspondiente, considerar las referencias y respuestas plasmadas en nuestras anteriores consideraciones cuarta y quinta, que por haber sido emitidas y sostenidas por los funcionarios y personajes que se precisan, debemos considerarlas como parte de la atención y respuesta necesaria a la inquietud planteada.
Finalmente, esta comisión dictaminadora estima y reitera que la enfermedad del tracoma, si aun prevaleciera, o alguna otra, no es posible erradicarla con un programa más de la Secretaría de Salud, pues queda claro que la variedad de sus factores de riesgo demanda su atención de forma multidisciplinaría y coordinada con quien corresponda de los tres niveles de gobierno y, en su dimensión, con la participación de la comunidad involucrada en cada caso.
Por las razones expuestas y consideradas, esta dictaminadora somete ante el Pleno de la asamblea el siguiente
Acuerdo
Único. Se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la secretaría de salud a implantar un programa emergente que combata y erradique la enfermedad de tracoma en las comunidades indígenas de Chiapas, presentada por la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza el 26 de abril de 2007.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Publíquense en el Diario de los Debates yarchívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
ESTADO DE CAMPECHE
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Escudo.--- Poder Legislativo.--- LIX Legislatura.---Campeche.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por medio del presente memorial, tenemos a bien enviar la documentación correspondiente a la aprobación por este Congreso local de la minuta proyecto de decreto para reformar los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122, adicionar el artículo 134 y derogar un párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cumplimiento de lo establecido en el numeral 135 de la propia Constitución general de la república.
Sin otro particular, les reiteramos las consideraciones de nuestra estimación y respeto.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se tiene por recibido. Intégrese en el expediente.
ESTADO DE MICHOACAN
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Escudo.--- Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presentes.
En cumplimiento de lo instruido en sesión celebrada en esta fecha, atendiendo a lo establecido en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se remite la minuta número 246, de la Septuagésima Legislatura del Congreso del estado de Michoacán de Ocampo, que contiene decreto que aprueba la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122, que adiciona el artículo 134, y que deroga un párrafo del artículo 97, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Reiteramos la seguridad de nuestro respeto.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se tiene por recibido. Intégrese en el expediente el oficio del Congreso del estado de Michoacán.
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.---LVIII Legislatura.--- de San Luis Potosí
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Para los efectos del artículo 135 constitucional, les informamos que en sesión ordinaria del día de la fecha, se aprobó por mayoría, minuta proyecto de decreto, que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116, y 122, que adiciona tres párrafos al artículo 134; y que deroga el párrafo tercero del artículo 97, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por consiguiente, se adjunta expediente certificado, referente al proceso legislativo seguido para esta modificación, que contiene los siguientes documentos:
La parte relativa de las actas de las sesiones ordinarias, del 20 de septiembre y 3 de octubre del año que cursa, copia del oficio de turno, dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, así como la minuta proyecto de decreto enviada por ese órgano parlamentario.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se tiene por recibido. Intégrese en el expediente.
ESTADO DE VERACRUZ
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.---Poder Legislativo.--- Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.
En ejercicio de la facultad que a las legislaturas de los estados le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anexo al presente nos permitimos enviar el decreto número 921 por el que se aprueba en sus términos, la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 41, 85, 99, 108,116 y 122; se adiciona el artículo 134 y se deroga un párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobado en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy por la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del estado libre y soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Sin otro particular, le reiteramos la seguridad de nuestras atentas y distinguidas consideraciones.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se tiene por recibido. Intégrese en el expediente.
ESTADO DE QUERETARO
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Escudo.--- Querétaro.--- Poder Legislativo.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27 fracciones V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, en sesión ordinaria del Pleno de la Legislatura celebrada el 3 de octubre de 2007, se aprobó la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; se adiciona el articulo 134 y se deroga un párrafo al articulo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, le remito el decreto que contiene el voto a favor, a efecto de realizar el cómputo correspondiente.
Sin otro particular, le reitero mi respeto institucional.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se tiene por recibido. Intégrese en el expediente.
ESTADO DE SONORA
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora.--- Hermosillo.--- Secretaría.
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- México, DF
El honorable Congreso del estado de Sonora, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente
Acuerdo número 116
Único. El Congreso del estado de Sonora, en ejercicio de las facultades constitucionales que son de su competencia, según el artículo 135 de nuestra Carta Magna, aprueba en todas y cada una de sus partes la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122, adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que remitió a esta soberanía la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se tiene por recibido. Intégrese en el expediente.
ESTADO DE GUANAJUATO
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del Estado de Guanajuato.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.
Con fundamento en el artículo 53, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y para los efectos del artículo 135 de la Carta Magna, nos permitimos remitir el acuerdo tomado en sesión ordinaria celebrada el día de hoy por la Sexagésima Legislatura Constitucional de Guanajuato, mediante el cual el Congreso de Guanajuato, como parte del Constituyente Permanente, aprueba la minuta proyecto de decreto por la cual se reforman los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116, y 122, se adiciona el artículo 134, y se deroga un párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- H. Congreso del Estado de Guanajuato.
Acuerdo
La Sexagésima Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato acuerda:
Primero. Se aprueba en todas y cada una de sus partes la minuta proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116, y 122, se adiciona el artículo 134, y se deroga un párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que remite la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Segundo. Remítase el presente acuerdo a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como al Senado de la República, para los efectos del párrafo segundo del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se tiene por recibido. Intégrese en el expediente.
DIA NACIONAL DE LAS MUJERES RURALES
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Instituto Veracruzano de las Mujeres.
Diputado Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.
Distinguido diputado Sánchez Jiménez:
Con relación al oficio SG-DGJG-5110/2007 turnado al Instituto Veracruzano de las Mujeres a mi cargo por el licenciado Reynaldo G. Escobar Pérez, secretario de Gobierno, mediante el cual hace llegar el oficio D.G.P.L. 60-II-1-771, referente a tomar las medidas conducentes para promover el 15 de octubre como Día Nacional de las Mujeres Rurales.
Al respecto, me permito informarle que el licenciado Fidel Herrera Beltrán, gobernador constitucional del estado de Veracruz, nos ha instruido para poner en marcha algunas acciones, que destaquen ese día en la entidad, hago de su conocimiento que haremos difusión por la radio y tendremos eventos con mujeres rurales de la zona norte y centro del estado.
Por otra parte, estamos participando con e1 evento que se desarrollará con el Instituto Nacional de las Mujeres en el estado de Guerrero.
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Remítase a la comisión correspondiente, para su conocimiento.
AUTOPISTA DEL SOL
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.
Me refiero al oficio SEL/300/3646/07, mediante el cual el licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación remitió al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo en la sesión celebrada el pasado 11 de septiembre de 2007, en el que exhorta a los ``titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes, así como al director general de este organismo, a respetar el acuerdo suscrito por los diputados federales de Guerrero para mantener el descuento del 20 por ciento del cobro en la Autopista del Sol, hasta en tanto no se terminen los trabajos de rehabilitación''.
Al respecto, me permito remitir para su conocimiento el oficio SPE/077/2007, mediante el cual el representante de este organismo ante el Comité Técnico del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), doctor Alejandro Solís Romero, solicita al secretario suplente del FARAC incluir el tema en el apartado de asuntos generales en la próxima sesión del 2 de octubre del presente.
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Licenciado Alberto Alvarado González, secretario suplente del Comité Técnico del FARAC.--- Presente.
Me refiero al volante de turno con folio número 1.-3290 remitido por el licenciado Ricardo Ríos Cárdenas, secretario particular del secretario de Comunicaciones y Transportes, a través del cual envía copia del oficio número SEL/300/3646/07 de fecha 12 de septiembre de 2007, signado por el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Armando Salinas Torre, a través del cual informa que las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y Esmeralda Cárdenas Sánchez, Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en oficio D.G.P.L.60-II-6-1337, han comunicado al titular de la Secretaría de Gobernación, el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el 11 de septiembre de 2007, mismo que a continuación se informa:
``Único. La Cámara de Diputados exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes así como a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), a respetar el acuerdo suscrito por los diputados federales del estado de Guerrero para mantener el descuento de 20 por ciento del cobro de la Autopista de! Sol, hasta en tanto se terminen los trabajos de rehabilitación''.
Por lo anterior, y por instrucciones del ingeniero Humberto Trevño Landois, director general de este organismo, me permito solicitar se incluya en el apartado de asuntos generales en la próxima sesión del Comité Técnico del FARAC a celebrarse el 2 de octubre de 2007, para su discusión.
Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi consideración.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Remítase a la Comisión correspondiente, para su conocimiento.
PETROLEOS MEXICANOS
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Escudo.--- Pemex.--- Dirección General.--- Coordinación Ejecutiva.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.
En respuesta a su oficio número D.G.P.L. 60-II-2-879 y por instrucciones del director general de Petróleos Mexicanos, doctor Jesús Reyes Heroles G. G., le remito la respuesta al punto de acuerdo mediante el que se exhorta a Petróleos Mexicanos para que: 1) entregue en tiempo y directamente a las autoridades encargadas de ejecutar los programas y mejoras al medio ambiente derivados del proyecto integral Burgos, de los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila de Zaragoza, los recursos que correspondan al ejercicio fiscal de 2007, evitando de esta manera la creación de organismos o fideicomisos que entorpezcan la asignación de estos recursos y su efectiva aplicación; 2) remita a esta soberanía todos y cada uno de los documentos que acreditan la aplicación de los recursos presupuestados en el ejercicio fiscal 2006 para programas y mejoras al medio ambiente derivados del proyecto integral Burgos para los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila de Zaragoza.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
«Escudo.--- Pemex.--- Oficina del Abogado General.--- Asesoría Jurídica de Asuntos Especiales.
Licenciada Elva Cristina Pelayo Cárdenas, coordinadora interinstitucional de la dirección general de Petróleos Mexicanos.--- Presente
Por medió del presente me permito remitirle la opinión sobre el punto de acuerdo para exhortara a Pemex a entregar el informe sobre los recursos que fueron otorgados en el ejercicio fiscal de 2000 para el Estado de Nuevo León, así como la autoridad correspondiente del estado de Tamaulipas, los recursos para programas y mejoras al medio ambiente derivados del proyecto Burgos, lo anterior para los efectos conducentes.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
«Honorable Cámara de Diputados.--- Presente.
Respecto al punto de acuerdo por el cual se exhorta a Petróleos Mexicanos a entregar en tiempo y directamente a las autoridades encargadas de ejecutar los programas y mejoras al. medio ambiente derivados del proyecto integral Burgos de los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, los recursos que correspondan al ejercicio fiscal 2007, evitando de esta manera la creación de organismos o fideicomisos que entorpezcan la asignación de estos recursos y su efectiva aplicación de los recursos presupuestados en el ejercicio fiscal 2006, para programas y mejoras al medio ambiente derivados del proyecto integral Burgos para los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, se informa lo siguiente
Primero. En relación con la entrega en tiempo y directa de recursos que correspondan al ejercicio fiscal 2007 a las autoridades encargadas de ejecutar los programas y mejoras al medio ambiente derivados del proyecto integral Burgos de los estaos de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, se comenta que:
Pemex Exploración y Producción (PEP), dentro de su presupuesto para el ejercicio fiscal 2007, no cuenta con recursos asignados para que sean entregados a las autoridades ambientales de los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila; por lo que no puede llevarse a cabo una entrega, en tiempo y directa, de recursos a las autoridades de dichas entidades federativas para ejecutar programas y mejoras al medio ambiente, y mucho menos que se encuentren relacionados con el proyecto integral Burgos.
Pero es caso que Pemex Exploración y Producción, dentro de su presupuesto para el ejercicio fiscal 2007, tiene destinados 183 millones de pesos para el Programa Operacional de Ecología del Activo Integral Burgos, los cuales serán ejercidos dentro de los siguientes rubros:
Es importante señalar que los recursos. antes mencionados pertenecen al programa operativo anual de trabajo del activo integral Burgos de Pemex Exploración y Producción, utilizados en obras y servicios, los cuales para que puedan ser ejercidos, tiene que ser por medio del procedimiento de licitación correspondiente y con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o, en su caso, en Ley de Adquisiciones, Arrendamiento, y Servicios del Sector Público; por ende, no es posible que sean entregados, de manera directa a los Estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila.
Segundo. Por lo que respecta a la documentación e información relativa a la aplicación de los recursos presupuestales en el ejercicio 2006 para programas y mejoras al medio ambiente derivados del proyecto integral Burgos para los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, se informa que
Se reitera que Pemex Exploración y Producción tiene previstos programas operacionales en materia de medio ambiente, que elabora cada año, en atención a las obligaciones de cumplimiento de las disposiciones sobre medio ambiente, pero no cuenta con una partida presupuestal para que sea entregada a las entidades federativas y la ejerzan sus autoridades ambientales.
Ahora bien, en el ejercicio fiscal 2006 para programas y mejoras al medio ambiente derivados del proyecto integral Burgos en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, se señala que se ejercieron 160 millones de pesos (se anexa cédula con el desglose de los conceptos, los cuales fueron destinados y distribuidos en la forma siguiente:
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Remítase a la comisión correspondiente, para su conocimiento.
Esta Presidencia informa de la visita de alumnos y alumnas de la preparatoria Colegio Alejandro Guillot, de la Delegación Tlalpan, en el Distrito Federal. Les damos una cordial bienvenida.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que en el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 considere una partida destinada al Fideicomiso de los Fondos de los Trabajadores Migratorios Mexicanos; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en este año fiscal se reasignen recursos para el Fideicomiso 2106
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo decimocuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación hace suya la proposición con punto de acuerdo registrada en la sesión del 4 de octubre del presente año para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el dictamen del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 una partida presupuestal para asignarla al Fideicomiso de los Fondos de los Trabajadores Migratorios Mexicanos, así como solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la reasignación de recursos para el Fideicomiso 2106 en este año fiscal, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de seguimiento a los fondos de los trabajadores mexicanos braceros.
Acuerdo
Primero. En diciembre de 2006 se aprobaron por esta Cámara de Diputados 300 millones de pesos que resultan insuficientes para liquidar en su totalidad el padrón actual de beneficiados; ante esto, todos los coordinadores parlamentarios propusieron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público procedimientos para la reasignación de recursos de otras dependencias, que se lograrían de subejercicios y economías que están resultando en la aplicación del Presupuesto 2007; solicitamos por lo tanto que esta Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar 750 millones 40 mil pesos (setecientos cincuenta millones cuarenta mil pesos) para aplicarlos en otra lista que beneficie a los 19 mil 80 ex braceros que cumplieron la ley y están pendientes de pago y que se publicaría antes de concluir este año fiscal.
Segundo. Para el Presupuesto de 2008 esta Cámara de Diputados debe asignar los suficientes recursos económicos para el nuevo padrón de ex braceros que se integrará a partir de la publicación de la convocatoria, en próximos días, y que arrojará una cantidad de braceros con derechos al apoyo social. Existe como antecedente un listado de 169 mil 585 personas que, por alguna razón, fueron excluidos del apoyo social, con esto tendrán otra oportunidad de ser beneficiados, por lo que proponemos que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública considere establecer en el Presupuesto de Egresos de 2008 la cantidad de 2 mil 500 millones de pesos para destinarlos única y exclusivamente al Fideicomiso 2106, garantizando recursos económicos para los ex braceros del nuevo padrón.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Aprobado. Comuníquese.
AEROMEXICO
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, y de Comunicaciones y Transportes, así como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a vigilar --en el marco de sus competencias-- el procedimiento de compraventa de Aeroméxico
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo decimocuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que presenta el diputado Jacinto Gómez Pasillas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de Comunicaciones Transportes; y, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a vigilar, en el marco de sus competencias, el procedimiento de compraventa de Aeroméxico, en especial las disposiciones relativas a la enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas a través de bolsas de valores.
«El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo en calidad de obvia y urgente resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La competencia por el Consorcio integrado por las empresas Aeroméxico, Aerolitoral, Aeromexpress, SEAT (Coinversión con Mexicana), Alas de América y Sabre, ha generado diversas controversias en torno al proceso, condiciones y ofertas de la venta, así como el destino tanto de la operación de la empresa como de sus trabajadores.
Ante el anuncio de esta venta vía mercado de valores, han presentado dos propuestas: la de unos empresarios conocidos en el ámbito de la especulación financiera y la de un Grupo Financiero, junto con 14 inversionistas.
Aeroméxico es una de las compañías líderes en el mercado de la aviación mexicana, cuenta con una amplia red de rutas dentro y fuera de Latinoamérica y establece acuerdos con grandes compañías aéreas y con ello aumenta su presencia a nivel mundial.
Siendo una empresa que ha sido rescatada dos veces por el gobierno federal, actualmente el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAS) tiene el 45.37% de su capital social; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 10.16%; Nacional Financiera el 6.47%; y, el público inversionista el 38%. Sin embargo, su atractivo radica en su posición en el mercado, ya que cuenta con el 22.3% del mercado nacional de transportación aérea; líder en rutas porque ofrece el 19.3% del total de vuelos nacionales; numerosos espacios en el cotizado Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, toda vez que se comenzarán operaciones en la nueva terminal 2 del mismo; compañías del Consorcio; una importante y renovada flota aérea y, acuerdos previos logrados con los trabajadores.
Por ello, existen 4 puntos que deben vigilarse en el proceso de compra venta de acciones de este Consorcio y consecuente transmisión de su propiedad, mismos que se traducen en lo siguiente:
Que se respeten los derechos laborales y el contrato colectivo de los trabajadores de la línea aérea en tanto desde febrero de este año fue negociado en su favor, tanto para los pilotos como para el personal de tierra, el otorgamiento de entre el 10 y 15% de las acciones, así como un asiento en el Consejo para un representante de los pilotos.
Aunque sin capacidad de decisión en los procesos de venta de las aerolíneas, no se debe de perder de vista el hecho de que la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) es una fuerza en disputa.
De ahí que sea precisa una vigilancia estricta respecto de las participaciones accionarías ofrecidas al sindicato:
Además de los múltiples beneficios del Consorcio, es de mencionarse el valor de las acciones en comento. Tan sólo sus activos ascienden a 215 millones de dólares, casi el doble del precio por el que se pretende su venta, con lo cual el monto total en libros de las acciones, representa alrededor de 330 millones de dólares, por lo que no se le puede malbaratar.
Con este valor en mente, es preciso hacer una reflexión sobre las ofertas públicas existentes y las que vienen:
En primer lugar, la correspondiente a los empresarios Saba que asciende, según datos de la misma oferta pública, a un monto total de $1,091,651,479.60 con lo cual el precio de compra por acción de Aeroméxico inicialmente ofertado era de $1.10 (Un Peso, 10 centavos M.N.), encontrándose ahora en el rango de 1.7569 a 1.7596 pesos por acción.
En segundo lugar, la oferta de Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria en calidad de fiduciario del Fideicomiso a cargo, el monto total de la oferta asciende a $1,671,417,656.31, con lo cual, el precio de compra por acción será de $1.6842 (Un peso, 68.42 centavos M.N.).
Finalmente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó al público inversionista, que le fue presentada una solicitud para realizar una oferta pública a un precio de $2.19 (Dos pesos, 19 centavos M.N.) por acción por parte del Grupo Mexicana de Aviación.
Aún cuándo, y asumiendo que los compradores absorberán la deuda que tiene el Consorcio con las dependencias públicas mencionadas, y las obligaciones de adeudos y pasivos de la empresa en venta, el precio de compra ofertado continua muy por debajo del valor comercial de las empresas. Baste observar el siguiente comparativo entre el precio ofertado y el valor comercial aproximado en pesos mexicanos:
Considerando la trayectoria y presencia, tanto en el mercado nacional como internacional de transportación aérea antes referida, es que es preciso asegurar, tras la operación de la venta, el fortalecimiento y saneamiento financiero.
En adición a lo anterior, no debemos perder de vista el rápido auge de las aerolíneas de bajo costo, que se han convertido en una competencia real y que cuentan hoy en día con un nicho de mercado superior al 20%, máxime que las últimas notas periodísticas 1 informan una caída del 12% en la participación de Aeroméxico y Mexicana de Aviación en el mercado nacional ante aerolíneas de bajo costo.
Más allá del valor de la acción de una empresa, como su valor en libros, está su valuación en función de su capacidad para generar utilidades o flujos de efectivo y por lo tanto se considera como un negocio en marcha.
En este orden de ideas, a fin de garantizar su competitividad, es indispensable que tras esta operación, los nuevos dueños garanticen la cobertura de rutas procurando su ampliación. No cabe duda, las experiencias pasadas en lo referente a las líneas aéreas en México, han demostrado que no basta cubrir el precio de compra, sino garantizar que se haga frente a la creciente competencia, las obligaciones laborales y los altos costos de combustibles; más ahora, con el reciente incremento al diesel y gasolinas.
El caso que nos viene de inmediato a la mente, fue la cuestionada venta que hicieron los anteriores propietarios de Banamex al Grupo Financiero Citi Group, operación que no pagó ningún tipo de impuesto dado que las operaciones que se realizaron a través del mercado de valores, quedaban exentas del pago de gravamen alguno, librándose del pago de unos 3 mil millones de dólares en impuestos. Sin embargo, con motivo de la reforma fiscal aprobada en días pasados, dentro de las modificaciones hechas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, se limitó la exención actual respecto a la enajenación de acciones en bolsa de valores.
De esta forma se consiguen gravar las operaciones de enajenación de acciones que representen el 10% o más de las acciones de la emisora, las cuales están obligadas a revelar estos accionistas de acuerdo a lo establecido en el artículo 111 de la Ley del Mercado de Valores.
Por ello, a fin de garantizar que se haga el pago justo al Fisco Federal con motivo de los ingresos generados de esta compra venta, es que resulta preciso garantizar que esta operación se dé de acuerdo a la recién publicada y vigente reforma, misma que entró en vigor el pasado 2 de octubre del presente; en concreto, la excepción planteada en el artículo 109, fracción XXVI. de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Dentro del procedimiento legal previsto para la venta del Consorcio a través de la Bolsa Mexicana de Valores, se encuentras las disposiciones relativas a una competencia justa entre los ofertantes en adición a garantizar que la compra no genere la concentración de la industria en una sola persona.
En concreto, Grupo Mexicana de Aviación, SA de CV presentó ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el pasado 3 de octubre, una solicitud para realizar una oferta pública por hasta el 100% de las acciones representativas del capital social del Consorcio Aeroméxico, con lo cual se corre el riesgo de caer en prácticas monopólicas, esto debido a que controlar las dos principales aerolíneas le daría ventaja en el mercado, y más aún, porque se trata de un sector clave en la economía mexicana; de ahí que se prevea un procedimiento diferenciado para su compraventa, en la cual se garantice a los agentes involucrados condiciones de libre competencia.
En este sentido, es necesario que la Comisión Federal de Competencia haga un estudio exhaustivo, a fin de determinar si procede la autorización para la presentación de la oferta pública respectiva por parte de Grupo Mexicana.
Como se ha venido refiriendo a lo largo de estas consideraciones, Aeroméxico es la única empresa que de facto puede considerarse como una competencia real de las aerolíneas extranjeras, con lo cual, se encuentra en la posibilidad de negociar rutas en espacios aéreos internacionales a la vez que asegura que gran parte de las rutas nacionales se encuentren en manos de capital mexicano.
De esta forma, es importante asegurarse que tras la compraventa de las acciones del Consorcio, se garantice no sólo que continúe su operación, sino que se mantenga que la propiedad del mismo sea mayoritariamente capital mexicano asegurando además, la soberanía del espacio aéreo mexicano.
Por ello, ante la posibilidad de que la venta de Aeroméxico pueda concretarse en el transcurso de este año, máxime que las ofertas públicas de los empresarios Saba y de Banamex vencen el 30 de septiembre de 2007 y el 15 de octubre de 2007 respectivamente, que ya se encuentra en trámite la autorización para realizar una oferta pública por parte del Grupo Mexicana de Aviación; y, que Banco Invex notificó a la Comisión Federal de Competencia el pasado 12 de septiembre su interés para pedir autorización y realizar la propia para la adquisición del Consorcio Aeroméxico, resulta indispensable que el gobierno federal garantice que el proceso de venta se apegue al marco legal y que sea absolutamente transparente en todos sus términos.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, y de Comunicaciones y Transportes; y, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a vigilar en el marco de sus competencias, el procedimiento de compraventa de Aeroméxico, en especial, las disposiciones relativas a la enajenación de acciones emitidas por sociedades mexicanas a través de Bolsas de Valores.
Nota: 1 Periódico Reforma - 5 de octubre de 2007.En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la...
Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputado Jacinto Gómez Pasillas, ¿con qué objeto? Le dan sonido a su curul, por favor.
El diputado Jacinto Gómez Pasillas (desde la curul): Solamente con el permiso de la asamblea, para solicitar que se insertara como anexo el cuerpo completo de la proposición con punto de acuerdo que es materia de la comunicación de la Junta. Gracias.La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Con mucho gusto, diputado. Se inserta en el Diario de los Debates el documento anexo.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría, por favor.
COMISION ESPECIAL PARA LA REFORMA DEL ESTADO DE LA LX LEGISLATURA
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la integración de la Comisión Especial para la Reforma del Estado de la LX Legislatura
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, 34, numeral 1, inciso c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el presente proyecto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
Primera. Que, en sesión del 13 de febrero de 2007 el Pleno aprobó la integración de la Comisión Especial para la Reforma del Estado de la LX Legislatura.
Segunda. Que para la integración de la comisión la Junta de Coordinación Política consideró la pluralidad partidista representada en la Cámara y formuló las propuestas procurando incorporar en la comisión diputados de todos los grupos parlamentarios.
Tercera. Que, derivado de lo anterior, la Comisión Especial para la Reforma del Estado de la LX Legislatura quedó integrada por 18 miembros, de la siguiente manera: 6 diputados del Partido Acción Nacional, 4 diputados del Partido de la Revolución Democrática, 3 diputados del Partido Revolucionario Institucional, 1 diputado del Partido Verde Ecologista de México, 1 diputado del Partido de Convergencia, 1 diputado del Partido del Trabajo, 1 diputado del Partido Nueva Alianza, y 1 diputado del Partido de Alternativa.
Cuarta. Que este órgano de gobierno, en el ánimo de contribuir al atinado y eficiente trabajo de los órganos legislativos, consideró pertinente modificar la proporción de integración de la comisión.
Por lo que, con base en las anteriores consideraciones y con fundamento en los artículos 33, 34, numeral 1, inciso c), y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración del Pleno el siguiente
Acuerdo
Primero. Se modifica la proporcionalidad en la integración de la Comisión Especial para la Reforma del Estado de la LX Legislatura, hasta por 25 miembros, de la siguiente manera: 9 diputados del Partido Acción Nacional, 6 diputados del Partido de la Revolución Democrática, 5 diputados del Partido Revolucionario Institucional, 1 diputado del Partido Verde Ecologista de México, 1 diputado del Partido de Convergencia, 1 diputado del Partido del Trabajo, 1 diputado del Partido Nueva Alianza, y 1 diputado del Partido de Alternativa.
Transitorio
Único. Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese en el Diario de los Debates.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado. Comuníquese.
Queremos agradecer y destacar la presencia en este salón de sesiones de una delegación de legisladores del Parlamento de la República Checa, quienes son encabezados por el diputado Oldrich Vojir, presidente de la Comisión de Economía de ese Parlamento, y a los que acompañan el excelentísimo señor Vladimir Eisenbruk, embajador de la República Checa en nuestro país. Les damos la más cordial bienvenida y les deseamos que su estancia en nuestro país sea ampliamente fructífera. Enhorabuena y muchas gracias por su visita.
Continúe la Secretaría, por favor.
COMISION NACIONAL DEL AGUA
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Escudo.--- Comisión Nacional del Agua.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.
Con relación al Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) y de acuerdo a lo establecido en el artículo 231-A de la Ley Federal de Derechos, anexo al presente para su conocimiento, el informe por entidad federativa correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal de 2007 de los recursos devueltos a los diversos municipios y prestadores del servicio de agua potable y saneamiento inmersos en este programa.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Programa de Devoluciones de Derechos
Presupuesto de 2007
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.
ADMINISTRACION GENERAL DE ADUANAS
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: « Servicio de Administración Tributaria.--- Administración General de Aduanas.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de comercio exterior en agosto de 2007, únicamente dio destino, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley Aduanera vigente, a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro, animales vivos y aquella ubicada en los supuestos establecidos en el artículo referido; bienes que, al no ser transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), de conformidad con la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, las autoridades aduaneras del SAT reportaron que en el mes citado dieron destino, de los cuales se anexa relación para su referencia.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se recibió del senador Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados y al Ejecutivo federal a impulsar el establecimiento de mecanismos e instituciones de cooperación trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá para promover el desarrollo de las entidades expulsoras de migrantes y el crecimiento de la región en su conjunto.
La Presidencia dispuso que el primer resolutivo de dicha propuesta se turnara a la Cámara de Diputados, y el segundo de ellos a la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, de la Cámara de Senadores. Se anexa copia de la propuesta referida.
«El suscrito, Tomás Torres Mercado, senador de la República de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 67, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Como bien han señalado diversas voces, la solución al problema migratorio no se encuentra en la construcción de muros o en la militarización de la zona fronteriza; pero tampoco se agota en la legítima exigencia de respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales que se encuentran en el vecino país del norte.
Lo cierto es que resulta urgente atender las causas profundas que generan la migración; causas que hunden sus raíces en la pobreza, la marginación y la falta de oportunidades laborales que padecen millones de mexicanos.
Para lograrlo será necesario crear mecanismos de cooperación con Estados Unidos y Canadá que nos permitan atenuar nuestras asimetrías económicas y sociales e impulsar el bienestar de la región en su conjunto.
Recientemente, los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá acordaron la creación de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), como un mecanismo de cooperación destinado a complementar los esfuerzos en materia económica y de seguridad. Pero esto no ha sido así.
Hasta el momento se ha dado una jerarquización sesgada y unilateral de las prioridades y de los temas de la agenda del ASPAN. Esta situación ha colocado al tema de la seguridad y de las amenazas terroristas como los más relevantes, pero ha dejado casi en el olvido el tema de la prosperidad, que ha quedado reducido a un debate sobre competitividad. Muchos otros asuntos de vital importancia para México han tenido la misma suerte.
Es necesario que el gobierno mexicano retome la iniciativa e impulse propuestas concretas que nos permitan converger de manera provechosa con Estados Unidos y Canadá. Lo cierto es que no podremos alcanzar niveles satisfactorios de seguridad si primero no mejoramos la calidad de vida de nuestras poblaciones.
Un ejemplo significativo de mecanismos de cooperación multilaterales son los fondos estructurales y el fondo de cohesión constituidos por la Unión Europea para financiar políticas encaminadas a conseguir un mayor equilibrio entre los niveles de desarrollo de las distintas regiones y territorios que componen la Unión y favorecer el crecimiento económico y la convergencia real de los estados con menor nivel de desarrollo.
En nuestra región existen instituciones que pueden ser reformadas para alcanzar objetivos similares. Tal es el caso del Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN), creado por México y Estados Unidos, que hoy sólo aporta financiamiento para proyectos de infraestructura destinados a apoyar la conservación, la protección y el mejoramiento de la ecología de la zona fronteriza.
Actualmente, las comunidades que pueden recibir fondos del BDAN deben encontrarse en la franja de 100 kilómetros al norte del límite internacional en los cuatro estados de la Unión Americana de Arizona, California, Nuevo México y Texas, y de 300 kilómetros al sur de la frontera en las seis entidades federativas mexicanas de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero .-El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados a que, en el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, destine un monto no inferior a 35 millones de dólares del presupuesto de la Secretaría de Economía para que, en el marco del ASPAN se promueva un ejercicio trilateral de inversión mixta entre México, Estados Unidos y Canadá, dirigido a apoyar proyectos productivos en las entidades federativas y regiones expulsoras de migrantes localizadas en nuestro país.
Segundo. El Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo federal a iniciar negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para ampliar los objetivos del Banco de Desarrollo de América del Norte a fin de convertirlo en una institución que promueva el crecimiento de la región en su conjunto, mediante el financiamiento de proyectos productivos y de infraestructura.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió de los senadores Antonio Mejía Haro, Claudia Sofía Corichi García y Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008 se destinen y etiqueten 3 mil millones de pesos en apoyo a la competitividad para la producción, comercialización, agroindustria y reconversión del frijol, dentro del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.
La Presidencia dispuso que dicha propuesta se turnara a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.
«Los suscritos, senadores Antonio Mejía Haro y Claudia Corichi García, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del Senado de la República y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, por el que el Senado de la República exhorta a la honorable Cámara de Diputados para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se destinen y etiqueten tres mil millones de pesos en apoyo a la competitividad para la producción, comercialización, agroindustria y reconversión del frijol, dentro del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, al tenor de los siguientes
Considerandos
El cultivo del frijol sigue siendo estratégico para el país. Después del maíz, es el más importante en superficie cultivada. Se siembran anualmente 2 millones 157 mil hectáreas, distribuidas principalmente en los estados de Zacatecas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato y San Luís Potosí.
A esta actividad se dedican 570 mil productores, que generan un total de 76 millones de jornales, que a su vez equivalen a 382 mil empleos directos en el medio rural. El frijol contribuye al mejoramiento de la dieta de la mayoría de los mexicanos, al ser un grano accesible y rico en proteína, aminoácidos esenciales, fósforo y otros nutrimentos.
El cultivo del fríjol contribuye a mantener la paz social en el campo y genera una derrama económica directa de alrededor de 7 mil millones de pesos por la venta de aproximadamente un millón 300 mil toneladas que se producen por año.
Los productores de fríjol, año con año, enfrentan serios problemas en la comercialización del grano, viéndose obligados incluso a manifestarse públicamente con marchas, plantones y hasta tomas de carreteras, en la lucha por lograr vender su producto y obtener mejores precios.
Son muchas las causas del problema de la comercialización del frijol, entre ellas: la falta de competitividad en relación al de sus socios comerciales del TLCAN; los altos costos de producción; el deterioro continuo de los precios reales; los escasos apoyos gubernamentales para la comercialización, valor agregado y para la aplicación de paquetes tecnológicos; y la no aplicación y/o aplicación simbólica de los aranceles convenidos en el TLCAN a las importaciones que rebasan los cupos por año.
La pérdida fiscal por la no aplicación del cobro de aranceles pactados de 1996 al 2005 ascendió a 160 millones de dólares.
Al igual que en otras ramas de la economía nacional, los productores de esta leguminosa han padecido por años de un cáncer agresivo y de una especie de delincuencia organizada que se llama contrabando y triangulaciones. De igual manera, son víctimas de la especulación y del alto intermediarismo en los mercados.
No obstante que el frijol es un grano básico y está considerado como un sistema producto estratégico, históricamente se le ha discriminado de muchos programas gubernamentales; no se le considera como tal en el esquema ingreso-objetivo, con el argumento de que el ingreso objetivo está garantizado en base a precios de futuro de mercados, precios internacionales, mientras que la estructura comercial del frijol es muy delgada.
A partir de lo anterior, los legisladores federales concientes de la compleja problemática de este grano, por iniciativa propia han venido aprobando en los últimos siete ejercicios fiscales recursos para apoyar a esta importante rama productiva. Para el 2007 el sistema-producto frijol se vio beneficiado con 2 mil 55 millones de pesos, en apoyo a la competitividad, comercialización, agroindustria y reconversión productiva; recursos que, aunque insuficientes, están permitiendo disminuir los problemas del frijol.
Compañeros senadores y senadoras, ante la problemática referida, la cual se agravará exponencialmente si no logramos evitar el proceso inminente de la apertura total del primero de enero de 2008, debemos solicitar a la honorable Cámara de Diputados (ya que el Ejecutivo no lo consideró en su proyecto de presupuesto), la aprobación de recursos significativos para llevar a cabo un plan emergente en apoyo a esta rama productiva y de sus productores.
Por lo anteriormente expuesto proponemos a esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. el Senado de la República exhorta a la honorable Cámara de Diputados para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, se destinen y etiqueten tres mil millones de pesos en apoyo a la competitividad para la producción, comercialización, agroindustria y reconversión del frijol, dentro del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se recibió del senador Arturo Herviz Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 se constituya un subsidio a fin de reducir las tarifas eléctricas en el estado de Veracruz.
La Presidencia dispuso que dicha propuesta se turnara a la Cámara de Diputados, la que se anexa.
«El suscrito, Arturo Herviz Reyes, senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del Senado de la República, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 67, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 se constituya un subsidio para reducir las tarifas eléctricas en el estado de Veracruz, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El estado de Veracruz es líder en la producción de energía eléctrica (14.1 por ciento del total nacional) y la capacidad instalada es de 4 mil 582 megavatios (la mayor del país). Además, cuenta con seis plantas hidroeléctricas, tres termoeléctricas, plantas de energía geotérmica y una planta de energía nuclear en Alto Lucero, denominada ``Laguna Verde''.
Pese a nuestra riqueza, Veracruz ha visto frenado su desarrollo por las altas tarifas eléctricas, ya que por nuestro clima de altas temperaturas se consume más energía.
No se quiere un trato preferencial para la entidad veracruzana, sólo que nos traten como a los estados del norte del país, que tienen tarifas bajas por sus climas. Un vecino de la planta nuclear Laguna Verde paga más por consumo de energía que un ciudadano de Nuevo León.
En Coatzacoalcos, desde 2003 se movilizaron los comerciantes y realizaron brigadas intensas en las colonias y municipios cercanos para convocar a la resistencia civil contra los abusos de la Comisión Federal de Electricidad. La respuesta fue contundente y miles de personas expusieron sus casos sobre las altas tarifas que debían pagar al gobierno federal.
En días recientes, el movimiento de resistencia civil en el sur de la entidad veracruzana contra los abusos de la Comisión Federal de Electricidad por las altas tarifas eléctricas reanudó las protestas, que son justas: demandan la participación del titular del Ejecutivo y del Congreso de la Unión para que se bajen los pagos por el consumo de energía.
El Partido Acción Nacional y Felipe Calderón Hinojosa criticaron durante la campaña electoral las propuestas del candidato del Partido de la Revolución Democrática que benefician a los más pobres del país, llamándolas ``populistas'' y ``demagógicas''.
Felipe Calderón Hinojosa, de manera oportunista y demagógica, quiso arrebatar a la plataforma electoral de Andrés Manuel López Obrador la reducción de los precios de la gasolina y de las tarifas eléctricas. Calderón Hinojosa no ha cumplido sus promesas de campaña; de manera contraria, propone en la mal llamada ``reforma fiscal'' un incremento de la gasolina.
El pasado sábado 8 de septiembre, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens Carstens, entregó a la Cámara de Diputados de la LX Legislatura los criterios generales de política económica de 2008, y en la propuesta de decreto de Presupuesto de Egresos se presenta la asignación de 7 mil 443 millones de pesos para subsidiar el consumo de energía eléctrica de las grandes empresas, como FEMSA (Coca Cola), Grupo Carso (Carlos Slim), Grupo México, Bimbo, Grupo Modelo, Gigante, Gruma, ALFA, IMSA, Peñoles, Wal Mart, Comercial Mexicana, Liverpool, América Móvil KOF y AMX.
El secretario de Hacienda señala que esta medida se toma porque las tarifas que se cobran a los grandes empresarios están muy por arriba de los precios internacionales y aplicar el subsidio beneficiaría en mayor competitividad en nuestro país, es decir, se privilegia a los grupos financieros, que siempre ganan y nunca pierden, y se sacrifica el consumo doméstico de las clases medias y a los más pobres a pagar las altas tarifas eléctricas.
Estas empresas tienen ingresos superiores a 500 millones de pesos anuales, y por tal motivo el régimen tributario mexicano los premia y los privilegia con dos conceptos fiscales tramposos: las llamadas ``devoluciones'' y los créditos fiscales. Ahora los tenemos que ayudar con un subsidio para pagar menos por el consumo de energía eléctrica.
La Auditoría Superior de la Federación presentó en marzo de 2007 a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2005.
En el informe encontró que por lo menos 50 grandes empresas, de las que tiene ingresos anuales brutos superiores a 500 millones de pesos, terminaron pagando en 2005 entre 1 y 74 pesos de impuesto sobre la renta (ISR) y otras 50 pagaron de 1 a 67 pesos por el impuesto al valor agregado (IVA).
Es correcto que estas empresas reciban un subsidio de 7 mil 443 millones de pesos cuando no pagan los impuestos que deberían pagar, y que son los responsables de que el país no cuente con un reforma fiscal que permita atender las necesidades más apremiantes del país.
Estos grupos financieros que apoyaron con recursos la campaña de Felipe Calderón Hinojosa simplemente no quieren pagar impuestos y ahora resulta que solicitan subsidios millonarios para que no paguen las tarifas eléctricas que pagamos todos los mexicanos.
Pregunto al Partido Acción Nacional: ¿el subsidio de 7 mil 443 millones de pesos para beneficiar a los grandes empresarios de México no es populismo?, ¿o es pago de facturas? Es absurdo que se apruebe esta partida. Esta asignación demuestra que se cuenta con recursos suficientes para beneficiar el consumo doméstico de energía eléctrica de las clases medias, pequeños y medianos empresarios, comerciantes y a los más pobres del país.
Por tal motivo, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados deberá reasignar el subsidio propuesto por el gobierno de Felipe Calderón para beneficiar a los grandes empresarios y destinarlo al consumo doméstico de energía de los ciudadanos mexicanos y principalmente a los veracruzanos, quienes producimos la energía y padecemos de altas temperaturas. Por tal motivo exigimos que se bajen las tarifas eléctricas en Veracruz.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 se constituya un subsidio para reducir las tarifas eléctricas en el estado de Veracruz.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se recibió del senador Humberto Andrade Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta para que en la integración del decreto de Presupuesto de Egresos de 2008 se incluya el municipio de Coroneo, Guanajuato, en los programas de la estrategia de microrregiones y en la relación de municipios que forman las zonas de atención prioritaria 2008.
La Presidencia dispuso que dicha propuesta se turnara a la Cámara de Diputados, la que se anexa.
«El que suscribe Humberto Andrade Quezada, senador de la república por el estado de Guanajuato ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se hace un exhorto al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados para que en la integración del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, sea incluido el municipio de Coroneo, Guanajuato, en los programas de la estrategia de microrregiones y en la relación de municipios que forman las zonas de atención prioritaria 2008, con base en lo que establecen la Ley de Desarrollo Social y su Reglamento, a fin de que continúe participando en los programas de superación de la pobreza que alientan la corresponsabilidad social y la iniciativa local, dirigidos a las zonas prioritarias del país.
Consideraciones
En el estado de Guanajuato existe un importante sector de la población que, pese a la voluntad política y los esfuerzos y recursos de los tres órdenes de gobierno, de la sociedad organizada y de sus ciudadanos, permanece subordinado a condiciones de pobreza extrema, que impiden a sus habitantes el desarrollo de una vida digna y obstaculizan o cuestionan la efectividad de la gobernabilidad democrática.
Los mayores niveles de marginación y de pobreza extrema en la entidad históricamente se han concentrado en tres áreas geográficas; nos referimos concretamente a la microrregión noreste, con seis municipios; la microrregión norte, con tres municipios; y la microrregión sur, que incluye los municipios de Jerécuaro y Coroneo.
El municipio de Coroneo se ubica en el extremo sur del estado, en las colindancias con Querétaro y Michoacán, y cuenta con una población de 10 mil 972 habitantes, de acuerdo con los datos divulgados por el Consejo Nacional de Población (Conapo).1 Hasta el presente año, la municipalidad formó parte del universo de atención del programa de microrregiones de la Sedesol, debido al grado de marginación alto de su población. Sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Social, con base en las atribuciones que le establece el artículo 29 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, ha decidido desincorporarlo del programa de microrregiones a partir del año entrante y, por tanto, de la relación de municipios que forman las zonas de atención prioritaria para 2008, a raíz de que desde 2005 el Conapo registró un grado de marginación medio en las localidades.2
Sin soslayar que nos parece sumamente alentador y relevante que se haya manifestado un notable descenso de la marginación entre las comunidades del municipio, consideramos que todavía no concluye la lucha por la superación de la pobreza en Coroneo, en razón de que buena parte de sus habitantes aún requiere un impulso compartido por parte de los tres órdenes de gobierno para salir de ese estado de postración. De acuerdo con las estadísticas del Conapo, de las 26 localidades que forman la jurisdicción, en 15 se registra un grado de marginación alto, lo que afecta a 3 mil 765 habitantes; es decir, 34.3 por ciento de la población municipal3
El hecho de que el municipio de Coroneo se reincorpore al universo de trabajo de los programas de la estrategia de microrregiones, con base en lo que establecen la Ley de Desarrollo Social y su Reglamento, así como en la relación de municipios que forman las zonas de atención prioritaria 2008, contribuirá a consolidar el capital social del municipio, así como el fortalecimiento del potencial productivo de sus comunidades.
Por lo expuesto, someto a consideración del Pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente y obvia resolución
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados para que en la integración del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 sea incluido el municipio de Coroneo, Guanajuato, en los programas de la estrategia de microrregiones y en la relación de municipios que forman las zonas de atención prioritaria 2008, con base en lo que establecen la Ley de Desarrollo Social y su Reglamento, a fin de que continúe participando en los programas de superación de la pobreza que alientan la corresponsabilidad social y la iniciativa local, dirigidos a las zonas prioritarias del país.
Notas:1 Ver ``Índices de marginación a nivel localidad 2005'', en www.conapo.gob.mx2 Ver www.microrregiones.gob.mx3 Ver ``Índices de marginación a nivel localidad 2005'', en www.conapo.gob.mx«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se recibió del senador Jesús Dueñas Llerenas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto de la honorable Cámara de Diputados, a fin de que tome las medidas conducentes para el etiquetado de los recursos programados, presupuestados y autorizados correspondientes a la ministración 2008 de los Programas de Apoyos Directos al Productor para el fomento a la Comercialización.
La Presidencia dispuso que dicha propuesta se turnara a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.
«Jesús Dueñas Llerenas, senador de la república integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto de la honorable Cámara de Diputados, a fin de que tome las medidas conducentes para el etiquetado de los recursos programados, presupuestados y autorizados correspondientes a la ministración 2008 de los Programas de Apoyos Directos al Productor para el fomento a la Comercialización. A los programas específicos para el Control de Plagas y Enfermedades, así como, mantener el apoyo a los Sistemas Producto en todo el país. Al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que los subprogramas de Apoyos Directos a los cultivos de caña, maíz, cítricos plátano, coco, arroz, sorgo, guayaba, nopal, trigo, algodón, alfalfa, fríjol, papaya, ornamentales, productores de leche, se le de continuidad con base en los objetivos sustantivos planteados desde su creación y sean considerados presupuestalmente como una de las estrategias prioritarias de la política agroalimentaria nacional para el ejercicio del 2008, ya que esto representa un avance en la política agropecuaria en México. Al tenor de los siguientes
Antecedentes
A partir de 1990 inicia el Programa Nacional de Modernización del Campo con el claro objetivo de iniciar la negociación para la apertura comercial con Estados Unidos y Canadá.
Tocante a la actividad agrícola, el inicio de negociaciones para la apertura mostró la necesidad de transformarla, reducir las diferencias de productividad, calidad y rentabilidad con respecto a los productores que dominan los mercados internacionales.
Es por esto que a partir del año 2003, se inició un conjunto de programas para atender la competitividad de diferentes actividades del sector agroalimentario, reconociéndose que el sector agropecuario estaba enfrentando un proceso de apertura comercial sin precedente. Esta nueva realidad provocó que las actividades productivas, los agentes productivos participantes y demás instituciones del sector, se ajustaran a las condiciones que marcan los mercados internacionales. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), observo las distorsiones de precios de insumos y las diferencias en productividad y costos que se presentan en la economía, diseñó programas que atendieran la competitividad de los productores en diferentes actividades del sector, principalmente en materia de energéticos (diesel agropecuario) y con estímulos a la competitividad en el caso agrícola; Programas de Apoyos Directos al Productor por Excedentes de Comercialización, programas diseñados para impulsar la productividad y rentabilidad de los productos, así como, facilitar el acceso al financiamiento, fomentar la organización de los productores, con un enfoque integral que atienda la producción primaria.
Por lo anteriormente expuesto y
Considerando
Consecuentemente presento a consideración de esta soberanía, el siguiente
Punto de Acuerdo
El Senado de la República, exhorta respetuosamente, para que en el ámbito de facultades y atribuciones se atienda lo siguiente:
Primero. A la Comisión de Presupuesto de la honorable Cámara de Diputados, tome las medidas conducentes al etiquetado de los recursos programados, presupuestados y autorizados, correspondientes a la ministración 2008 de los Programa de Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores de los cultivos de caña, maíz, cítricos plátano, coco, arroz, sorgo, guayaba, nopal, trigo, algodón, alfalfa, fríjol, papaya, ornamentales y productores de leche, ya que esto significa un avance en la política agrícola en México y puede constituirse en un detonante de la actividad.
Segundo. Al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que a los cultivos de caña, maíz, cítricos plátano, coco, arroz, sorgo, guayaba, nopal, trigo, algodón, alfalfa, fríjol, papaya, ornamentales, productores de leche, se le de continuidad con base en los objetivos sustantivos planteados desde su creación y sea considerado presupuestalmente como una de las estrategias prioritarias de la política agroalimentaria nacional para el ejercicio del 2008.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se recibió de la senadora Rosalía Peredo Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita a la honorable Cámara de Diputados que, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere recursos presupuestales suficientes a la Universidad Autónoma Chapingo.
La Presidencia dispuso que dicha propuesta se turnara a la Cámara de Diputados, la que se anexa.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, senadora Rosalía Peredo Aguilar, somete a la consideración de esta soberanía punto de acuerdo por el que se solicita a la Cámara de Diputados que, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere recursos presupuestales suficientes a la Universidad Autónoma Chapingo, bajo las siguientes
Consideraciones
La Universidad Autónoma Chapingo es un símbolo emblemático de nuestro campo. Chapingo ha contribuido, desde su creación, en 1854, a la extracción de los productos de la tierra para alimentar a los mexicanos.
Y en el México de hoy, en el que tenemos todavía la asignatura pendiente de resolver los problemas del campo, su esfuerzo y participación son fundamentales para modernizar y readecuar el sector agropecuario, para que esté en consonancia con los tiempos que corren.
La base material de la sociedad contemporánea se sustenta en la economía del conocimiento. La fortaleza de las naciones se mide, a diferencia de otras etapas de la historia, por el nivel de conocimientos que poseen. Los países que despuntan en el escenario mundial atienden de manera privilegiada a los centros de enseñanza superior y, en particular, a la investigación.
La economía del conocimiento es el signo de nuestros tiempos.
Reconocer esta realidad y plasmarla en acciones concretas y perfectamente orientadas es una responsabilidad que debemos asumir plenamente los legisladores.
Fortalecer presupuestalmente las instituciones de enseñanza superior y, de manera especial, las que están directamente vinculadas con las actividades productivas es un compromiso que no podemos soslayar.
Tal y como se señala en la exposición de motivos del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008, en la parte relativa a la Sagarpa, ``se persigue el crecimiento integral del campo y la pesca mexicana, teniendo como núcleos fundamentales las personas, las familias y las organizaciones de productores rurales y pesqueros, con objetivos particulares referidos a mejorar la productividad, dando sustentabilidad al desarrollo de sus actividades y a la conservación de los recursos naturales y al aseguramiento de los mejores niveles de sanidad e inocuidad agroalimentarios''.
Asimismo, en dicho documento se enfatiza que, dentro de las líneas de acción estratégica, es necesario ``elevar la productividad laboral a través de la organización, capacitación y asistencia técnica''. En consecuencia, en los programas eje de la dependencia se considera el Programa de Apoyo a la Participación de Actores para el Desarrollo Rural.
Por ello, en consonancia con lo que señala la propia Sagarpa, más las razones que se han expuesto, la Universidad Autónoma Chapingo necesita enriquecer la docencia, la investigación y, sobre todo, la extensión universitaria.
El extensionismo en el campo es una tarea urgente para incrementar la productividad y ser más competitivo en el mercado global. Pero esto no podrá darse si los encargados de capacitar a los productores no tienen recursos suficientes para dotarlos de tecnología de punta, de innovación productiva... en suma, de conocimientos.
La única forma en que podemos transformar la economía campesina es justamente a través del apoyo directo de profesionistas bien formados, que posean alto nivel académico y que tengan una vocación social y de servicio a toda prueba.
Por lo expuesto, me permito poner a su consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Único. Se solicita a la Cámara de Diputados que, a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, considere recursos presupuestales suficientes a la Universidad Autónoma Chapingo para incrementar de manera sustantiva lo relativo a la investigación y el extensionismo, con un monto para estos últimos dos conceptos que sea superior en 150 por ciento al presupuesto actual.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se recibió del senador Luis Alberto Coppola Joffroy, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008, se considere una partida especial de 101 millones de pesos para la realización de las obras de captación o cosecha de agua en los tres grandes arroyos que cruzan el valle de Santo Domingo, Baja California Sur.
La presidencia dispuso que dicha propuesta se turnara a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.
«Luís Alberto Coppola Joffroy, senador de la república de la LX Legislatura por el estado de Baja California Sur, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados a que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, se considere una partida especial de 101 millones de pesos para la realización de las obras de captación o cosecha de agua en los tres grandes arroyos que cruzan el valle de Santo Domingo, Baja California Sur, con el propósito de duplicar la capacidad de retención y filtración de agua a los mantos acuíferos con la finalidad de recargarlos. Lo anterior, al tenor de los siguientes:
Considerandos
Que en algunas regiones de México, los acuíferos representan la única fuente de abastecimiento de agua para la población y mediante la cual se nutren la mayoría de los municipios debido a que son embalses que multiplican considerablemente la capacidad de los embalses que el hombre es capaz de construir en el entorno.
Que la importancia de los acuíferos no sólo reside en el almacenamiento de agua sino en el mantenimiento de la humedad del suelo, debido a que las aguas subterráneas mantienen unos ciclos de recarga más suaves por lo que no se afectan de forma directa e inmediata en los periodos de sequía.
Que el acuífero del valle de Santo Domingo, es la área de tierra destinada a la actividad agrícola más extensa del estado de Baja California Sur, con 74 mil hectáreas, siendo esta área una de las mejores del mundo en cuanto a la variedad y excelente calidad de sus productos.
Que de a cuerdo a la Comisión Nacional del Agua dicho acuífero se encuentra en un grave peligro de abatimiento, debido a que las lluvias que son la única fuente de recarga de estos mantos freáticos, son escasas en esta zona durante la mayor parte del año y sólo se presentan en la época de ciclones, en forma torrencial.
Que debido a las peculiaridades en cuanto a las precipitaciones pluviales antes mencionadas, las hace difícilmente aprovechables en forma directa en los cultivos, y a su vez la falta de obras de retención ocasiona que vayan a dar al mar casi en su totalidad, desperdiciándose lastimosamente.
Que por la naturaleza de las precipitaciones pluviales ya descritas, existe la necesidad de realizar obras de captación o cosecha de aguas en sitios idóneos, que dupliquen la capacidad de retención y filtración del agua a los mantos acuíferos con la finalidad de recargarlos como lo han venido realizado en otros lugares del país, obteniendo excelentes resultados con la implementación de esta tecnología.
Que el Comité Técnico de Aguas Subterráneas, Comundú, AC (Cotas), es el organismo que más conoce de la problemática y es el responsable directo del uso y la conservación de los recursos hidráulicos, y a quién corresponde la recepción y la aplicación de los recursos presupuestales que se destinen a tal fin por conducto de la Comisión Nacional del Agua. (CNA) Por lo antes expuesto se presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se destinen recursos por el orden de los 101 millones de pesos del presupuesto federa 2008, a la Comisión Nacional del Agua para que a través del Comité Técnico de Aguas Subterráneas, Comundú, AC, se convoque a la realización de las obras de captación o cosecha de agua en los tres grandes arroyos que cruzan el valle de Santo Domingo, Baja California Sur, con el propósito de duplicar la capacidad de retención y filtración de agua a los mantos acuíferos con la finalidad de recargarlos.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió del senador Luis Alberto Coppola Joffroy, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008, se considere una partida especial que considere un mayor presupuesto a la ciencia y tecnología pesquera y acuícola de país, etiquetando dichos recursos.
La Presidencia dispuso que dicha propuesta se turnara a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.
«Luis Alberto Coppola Joffroy, senador de la República de la LX Legislatura por el estado de Baja California Sur, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados a que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, se considere y apruebe una partida especial que considere un mayor presupuesto a la ciencia y tecnología pesquera y acuícola del país, etiquetando dichos recursos.
Exposición de Motivos
En México, el sector pesquero se encuentra caracterizado por una serie de actividades basadas en el aprovechamiento (captura, cultivo, transformación y comercialización) de la flora y la fauna acuáticas. En los últimos años se ha presentado un notable dinamismo, con un valor aproximado del 1 por ciento del producto interno bruto (PIB) y una participación del 1.5 por ciento de la población ocupada total. La pesca impulsa el desarrollo regional y nacional, sobre todo en la zona noroeste del país.
Sin embargo éste no es ajeno a una serie de dificultades, en general, se considera que el sector pesquero y acuícola enfrentan claros problemas por el inadecuado aprovechamiento del potencial pesquero, la aplicación de políticas que no satisfacen plenamente la administración de los recursos de flora y fauna acuática, la falta de regulación eficiente y equitativa, la escasez y deficiencia en los estudios de investigación para la toma de decisiones administrativas, así como la pesca ilegal, clandestina y no registrada, todo esto, principalmente por la falta de recursos y de una orientación correcta de la pesca.
Pesquerías sobreexplotadas, exceso de capacidad pesquera, captura incidental, deterioro de hábitat, contaminación, sobreesfuerzo pesquero, falta de apoyo técnico y financiero, flota excedente y caduca, falta de control y vigilancia, así como deficiencias en la ordenación de las pesquerías, son algunos de los problemas actuales que afronta la pesca y acuacultura del país.
De igual forma, los ecosistemas costeros también enfrentan diversas presiones. Las actividades económicas humanas inciden negativamente en diversas regiones del país. La industria petrolera y petroquímica, la papelera, textil y química así como la agricultura y los asentamientos urbanos tienen considerables impactos ambientales en los litorales y cuerpos de agua nacionales.
En este sentido, la investigación en ciencias marinas y pesqueras reviste trascendental importancia porque con la aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos se apoya en la búsqueda de respuestas y soluciones aplicables a los problemas que las actividades marinas, continentales, pesqueras y acuícolas cotidianas enfrenta la nación.
Actualmente la investigación pesquera y acuícola que se realiza en el país tiene como propósito fundamental vincular las actividades científicas con el proceso productivo y la explotación racional de los recursos pesqueros.
A lo largo del territorio nacional existen diversas instituciones que realizan investigación en ciencias del mar y específicamente en pesca y acuicultura dentro de estas se encuentran diferentes universidades y organismos de educación superior.
Las universidades autónomas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Guerrero, Oaxaca, son algunas de las principales universidades que cuentan con áreas o departamentos de investigación relacionadas con ciencias del mar.
Algunas de las dependencias que han destacado y destacan por la realización de este tipo de investigación son el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Autónoma de México (UNAM); el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, SC (Cibnor); el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (Cicimar) y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), ambos pertenecientes al Instituto Politécnico Nacional (IPN); el Centro de Investigación y Educación Superior de Ensenada (Cicese); el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur); el Centro de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México (Epomex) de la Universidad Autónoma de Campeche y Centro de Investigación de Alimentación y Desarrollo, AC: (CIAD) entre otras no menos importantes.
De igual forma el sistema educativo de la Secretaría de Educación Pública cuenta con escuelas secundarias técnicas pesqueras y de nivel medio superior como los Centros de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar) y de nivel superior y postgrado como los Tecnológicos de Mar (Itmar).
De acuerdo con su misión y visión, todas las instituciones tienen como una parte primordial de su labor la formación académica a nivel de postgrado, pero como una actividad importante la investigación.
El gobierno federal creó dichas instituciones para solucionar problemas locales y regionales de educación, cuyo planteamiento tiene como base la descentralización de la actividad científica y tecnológica en ciencias del mar.
La mayor parte de las instituciones que actualmente realizan investigación pesquera, pertenecen al Sistema de Centros Públicos de Investigación, cuyo objeto predominante es realizar actividades de investigación científica y tecnológica reconocidas por resolución conjunta de los titulares del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y de las dependencias de la administración pública federal. Estos centros se caracterizan por tener una autonomía técnica, operativa y administrativa, además de tener un fideicomiso de apoyo en investigación y desarrollo tecnológico.
Por otra parte el Instituto Nacional de la Pesca (INP) es un órgano desconcentrado del gobierno federal adscrito a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y tiene como mandato actuar como órgano asesor científico tecnológico del Estado para el desarrollo y evaluación de pesquerías. El INP realiza sus tareas de investigación, asesoría y colecta de información sobre los principales recursos pesqueros de México. Para realizar su cometido cuenta con catorce Centros Regionales de Investigación Pesquera (CRIP), tres estaciones biológicas y oficinas centrales en la Ciudad de México.
Las principales actividades del INP se centran en la realización de investigación científica y tecnológica de la flora y fauna acústicas, brindar asesoramiento para preservar, repoblar, fomentar y cultivar y desarrollar especies pesqueras; así como emitir opiniones de carácter técnico y científico que proporcione elementos de juicio a la autoridad pesquera para la administración y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas.
A diferencia de otras instituciones, la investigación que realiza y desarrolla el INP, radica en la aportación de los elementos y bases de información necesarias para la toma de decisiones relativas a la planeación, administración y regulación pesquera. De aquí la gran responsabilidad e importancia en el manejo, procesamiento, resultados y conclusiones de esta información para el Estado mexicano.
Asimismo, el INP, se coordina con algunas dependencias competentes de la administración pública federal en la recabación de información técnica y científica para mantener actualizada la Carta Nacional Pesquera.
En la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) publicada el 24 de julio del presente, se incorporan una serie de figuras y mecanismos en los cuales se plantea el fortalecimiento de la investigación y su vinculación con el sector, además de una red de instituciones de enseñanza e investigación y las funciones que desarrollará el INP.
En este ordenamiento se establece que el INP, promoverá y coordinará la integración de la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura, con el objeto de vincular y fortalecer la investigación científica y el desarrollo tecnológico para el manejo y administración de los recursos pesqueros y el desarrollo ordenado de la acuacultura.
De igual forma las atribuciones que esta ley confiere al INP, destacan las de coordinar la formulación e integración del Programa Nacional de Investigación Científica Tecnológica en Pesca y Acuacultura, con base en las propuestas de las instituciones educativas y académicas, de investigación, universidades, y organizaciones de productores; y coordinar la integración y elaborar los planes de manejo de las actividades pesqueras y acuícolas por recurso o recursos.
Lo anterior implicará la conformación de una mayor coordinación entre las instituciones de investigación en pesca y acuacultura, a través del establecimiento y operación la red de investigación y del programa nacional de investigación antes mencionados, así como de los planes, programas, proyectos y de más acciones que se deriven de convenios y de los acuerdos que deberán establecerse para el adecuado funcionamiento de estos mismos.
Esto traerá consigo promover y continuar con la descentralización estratégica de instituciones que realizan actividades científicas y tecnológicas; aumentar la formación de recursos humanos calificados y profesionales certificados; incrementar el financiamiento de gasto operativo y una mayor distribución del mismo; e integrar el sistema científico y tecnológico en las materias de pesca y acuacultura. En general fortalecer todo un sistema de investigación en ciencia pesquera y acuícola nacional.
Además se requerirá de una mayor colaboración y participación entre todos los actores involucrados que generarán mayores esfuerzos y recursos, y por ende se necesitarán mayores recursos presupuestales, humanos y materiales para afrontar estos nuevos esquemas e instrumentos.
Sin embargo y no obstante que se cuenta con una gran infraestructura de investigación y con un gran número de instituciones de enseñanza media superior y superior distribuidas en el territorio nacional, en las que se capacita personal especializado en diversas áreas y niveles, así como de una institución oficial asesora del gobierno federal (INP) con Centros Regionales de Investigación Pesquera en los litorales del país; ni la infraestructura ni los recursos humanos son debidamente aprovechados.
Entre los principales problemas que enfrenta la investigación pesquera en México se encuentran: la inexistencia de una política de Estado para la ciencia y la tecnología marina, pesquera y acuícola, que sea adecuada y formal y que cumpla con las expectativas que los sectores demandan y que desaliente al rezago tecnológico en esta materia.
Esto ha provocado una desarticulación en la comunidad científica de las ciencias pesqueras; asimismo existen pocas o nulas instituciones que se dedican por completo al estudio de las ciencias pesqueras y acuícolas; tampoco existe una coordinación eficiente entre las instituciones y dependencias gubernamentales que realizan este tipo de investigación.
De igual forma hay un rezago generalizado en la tecnología mexicana, y para el sector pesquero y acuícola no existe excepción. Este déficit no sólo ha impedido el desarrollo tecnológico pesquero y acuícola, sino que esto ha imposibilitado competir con los países pesqueros desarrollados, poniendo al país en una gran desventaja al importar tecnología extranjera sin invertir en el desarrollo de la producción tecnológica nacional.
Aunado a lo anterior, debido a la falta de fondos significativos son poco los esfuerzos institucionales para realizar investigación en forma coordinada y multidisciplinaría, características indispensables para abordar eficientemente una problemática compleja; asimismo no existe el presupuesto necesario para financiar proyectos de investigación o de la claridad en la asignación de dicho presupuesto, y hasta ahora los esfuerzos de investigación, tanto básica como aplicada, han sido escasos y poco coordinados, sin que existan los esquemas que fomenten la investigación a niveles que correspondan con las necesidades del sector.
Por otra parte existe muy poca interacción entre el sector académico y el sector productivo. Los esquemas que se han fomentado en los sistemas regionales de investigación, en la práctica éstos solo han canalizado una proporción menor de los recursos que la federación ha otorgado para la actividad científica en el país.
En México, a diferencia de los países altamente desarrollados, la inversión que se hace en el área de ciencia y tecnología es baja, actualmente se invierte menos del 0.4 por ciento del PIB, muy por debajo del uno por ciento establecido como meta de la inversión federal de acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología. De esta inversión se considera que para los aspectos de pesca y acuacultura son mínimos estos recursos. Estos porcentajes indican que la inversión destinada para el desarrollo de la ciencia y la tecnología no constituye una parte fundamental de las políticas económica, social y educativa y menos una prioridad nacional.
Esto no es congruente con las recomendaciones formuladas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Económico, para que los países en desarrollo destinen al menos el 1 por ciento de su PIB, para el financiamiento de la investigación y desarrollo de la ciencia y la tecnología.
En este sentido es inadmisible e impostergable que un país como México en vías de desarrollo, para el cual la ciencia es fundamental para su progreso, y la tecnología es imprescindible para mejorar su productividad y competitividad a nivel internacional; se le dé poca o nula importancia al desarrollo de la ciencia y la tecnología, así como se designe una inversión imperceptible en su gasto público.
Asimismo, es tiempo que el Estado le brinde la importancia que la ciencia y la tecnología tienen para el país, como una prioridad nacional para el desarrollo integral, y para la solución a los problemas nacionales. Por ello es menester del Estado establecer políticas públicas bien diseñadas y estratégicas que impulsen y alienten al desarrollo de la ciencia y tecnología. Además es necesario desaparecer la idea errónea que ha prevalecido históricamente, que los aportes para la ciencia y la tecnología son un gasto y no una inversión para México.
Considerando
Que la conservación, la preservación y el aprovechamiento racional de los recursos pesqueros y acuícolas constituyen el principal objetivo del marco jurídico de la actividad pesquera en el país.
Que el Estado tiene la obligación constitucional de sentar las bases hacia la sustentabilidad de la actividad pesquera partiendo del concepto de pesca responsable, el cual establece la necesidad de evitar la sobreexplotación y el exceso de capacidad de pesca.
Que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, publicada el 24 de julio de 2007, establece que el Instituto Nacional de la Pesca, coordinará la formulación e integración del Programa Nacional de Investigación Científica Tecnológica en Pesca y Acuacultura, y coordinará la integración y funcionamiento de la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura.
Que la investigación pesquera y acuícola es fundamental para el desarrollo del sector pesquero y acuícola de México, ya que con ésta se apoya y determina con base en las mejores evidencias la toma de decisiones administrativas para el aprovechamiento sustentable de los recursos de flora y fauna acuática.
Que se debe crear una estructura más participativa dentro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología integrada por consejeros independientes y con permanencia escalonada, que permita en la toma de decisiones una mayor incidencia de los científicos, académicos, industriales, universidades y gobiernos, y a su vez dé estabilidad en el largo plazo a los programas y proyectos de investigación y que oriente los esfuerzos y recursos para la innovación, creación y adopción de tecnologías.
Que la Ley de Ciencia y Tecnología tiene por objeto regular los apoyos que el gobierno federal está obligado a otorgar para impulsar, fortalecer y desarrollar la investigación científica y tecnológica en general en el país y establecer los mecanismos de coordinación de acciones entre las dependencias y entidades de la administración pública federal y otras instituciones que intervienen en la definición de políticas y programas en materia de desarrollo científico y tecnológico, o que lleven a cabo directamente actividades de este tipo.
Que la misma ley establece como bases de una política de Estado que sustente la integración del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología el incorporar el desarrollo y la innovación tecnológica a los procesos productivos para incrementar la productividad y la competitividad que requiere el aparato productivo nacional; e integrar esfuerzos de los diversos sectores, tanto de los generadores como de los usuarios del conocimiento científico y tecnológico, para impulsar áreas de conocimiento estratégicas para el desarrollo del país; así como promover los procesos que hagan posible la definición de prioridades, asignación y optimización de recursos del gobierno federal para la ciencia y la tecnología en forma participativa.
Que de acuerdo al mismo ordenamiento, el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico tiene entre sus facultades, establecer políticas nacionales para el avance científico y la innovación tecnológica que apoyen el desarrollo nacional y aprobar el proyecto de presupuesto consolidado de ciencia y tecnología que será incluido en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Que el articulo 9 Bis de la misma ley establece que el monto anual que el Estado --Federación, entidades federativas y municipios-- destinen a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser menor al 1% del producto interno bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en el mismo ordenamiento.
Que el desarrollo de la ciencia y tecnología son fundamentales para el progreso de la nación y deben ser una prioridad de las políticas del Estado.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, se contemple y apruebe un mayor presupuesto de inversión en el gasto de ciencia y tecnología.
Segundo. Se exhorta a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, para que en términos de su competencia y facultades que le otorga el Congreso de la Unión, considere un mayor presupuesto a la ciencia y tecnología pesquera y acuícola del país, etiquetando dichos recursos.
Tercero. Se exhorta al gobierno federal a establecer una política de Estado en ciencia y tecnología, con una visión de largo plazo que integre a la investigación científica y tecnológica como ejes fundamentales para el desarrollo económico y social del país y que además integre a la sociedad, la comunidad científica, el sector productivo y los gobiernos en su conjunto.
Cuarto. Se exhorta al gobierno federal, para que en términos de sus facultades, realice las modificaciones e implemente los mecanismos y procedimientos administrativos y legales que se requieren para que el INP pueda mejorar y ampliar sus atribuciones actuales y las que le confieren la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, como coordinador de la investigación pesquera y acuícola nacional.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se recibió del senador Luis Alberto Coppola Joffroy, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008, se considere una partida especial para elaborar estudios del recurso tiburón y especies afines en la región del Pacífico norte mexicano y costa occidental de la Península de Baja California Sur.
La Presidencia dispuso que dicha propuesta se turnara a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.
«Luis Alberto Coppola Joffroy, senador de la República de la LX Legislatura por el estado de Baja California Sur, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados a que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, se considere una partida especial para elaborar estudios del recurso tiburón y especies afines en la región del pacífico norte mexicano y costa occidental de la península de Baja California Sur. Lo anterior, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
1. La Norma Oficial Mexicana ``NOM-029-PESC-2000, pesca responsable de tiburón y especies afines. Especificaciones para su Aprovechamiento'', se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 12 de julio de 2002.
2. El aviso por el que se prorroga la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana NOM-029-PESC-2000, se publicó el 7 de septiembre de 2002.
3. El 11 de octubre de 2002 se canceló la Norma Oficial Mexicana ``NOM-029-PESC-2000 Pesca Responsable de Tiburones y especies afines, Especificaciones para su Aprovechamiento'', publicada el 12 de julio de 2002.
4. Con fecha 29 de noviembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Norma Oficial Mexicana ``PROY-NOM-029-PESC-2004, Pesca Responsable de Tiburones y Rayas. Especificaciones para su Aprovechamiento''.
5. El martes 3 de octubre de 2006, a petición del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se publicaron las respuestas a los comentarios y modificaciones efectuadas al Proyecto de Norma Oficial Mexicana ``PROY-NOM-029-PESC-2004, Pesca Responsable de Tiburones y Rayas. Especificaciones para su Aprovechamiento''.
6. El 12 de octubre del 2006 la senadora Gabriela García Aguilar del Grupo Parlamentario del PVEM, presentó la propuesta con punto de acuerdo para que el Senado de la República del honorable Congreso de la Unión, exhorte a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del gobierno de la República, para que en el ámbito de su competencia y a la brevedad, publique en el Diario Oficial de la Federación, la Norma Oficial Mexicana ``NOM-029, Pesca responsable de Tiburón y especies afines. Especificaciones para su aprovechamiento'', en virtud de haber concluido su proceso de elaboración.
7. El 30 de octubre de 2006 el diputado Víctor Manuel Lizárraga del Grupo Parlamentario del PRD, presentó una propuesta con punto de acuerdo en la que se exhorta a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, a que integre una subcomisión encargada de analizar y evaluar con todas sus implicaciones, el impacto de la NOM-029 en la pesca deportiva y ribereña y en el turismo. Y en la que solicita el tiempo necesario para escuchar las opiniones, dudas y temores de los sectores involucrados, por lo que en este ejercicio no debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación la citada norma hasta construir los consensos que esta demanda.
8. Con fecha 31 de octubre del 2006, el suscrito presentó una proposición con punto de acuerdo para que H. Cámara de Senadores solicite al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Conapesca, mantener abierta la consulta del proyecto de la Norma Oficial Mexicana ``NOM-029-PESC-2004, pesca responsable de tiburones y rayas. Especificaciones para su aprovechamiento''; en tanto no se reúnan todos los elementos técnicos y científicos suficientes, que hagan viable su elaboración definitiva y publicación oficial, tomando en cuenta la opinión de los sectores afectados e involucrados, con la finalidad de no causar daños irreversibles al sector turístico y en perjuicio de la economía de quienes directa o indirectamente dependen del mismo.
9. El 31 de octubre de 2006 la diputada Lorena Martínez Rodríguez del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una proposición con punto de acuerdo por la que solicita a la Secretaría de Gobernación, como enlace del Poder Legislativo con el Ejecutivo federal, a que se exhorte a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales, Pesca y Alimentación y al Comité Consultivo Nacional de Pesca Responsable (Conapesca-Sagarpa), a dejar sin efecto la elaboración y publicación de la norma PROY-NOM-029-PESC-2004, por los daños que ocasionará a la actividad turística de Baja California Sur.
10. El 13 de noviembre de 2006 la Comisión Náutico-Recreativa y Pesca Deportiva a través del Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura de Baja California Sur, expidió un comunicado por el que solicita atentamente a la Comisión de Turismo del Senado, a convocar a la Comisión de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca de la misma Cámara, para que se conozcan de primera mano,planteamientos, experiencias y propuestas de los interesados y afectados del sector de pesca deportiva y ecoturismo en general, invitándoles a reunirse representantes de ambas comisiones con los principales representantes del sector a la brevedad en Cabo San Lucas, Baja California Sur.
12. El 14 de febrero de 2007 se publicó la Norma Oficial Mexicana ``NOM-029-PESC-2006, Pesca responsable de Tiburones y Rayas. Especificaciones para su aprovechamiento'', no obstante que diversos legisladores y los sectores productivos afectados continuaron manifestando su desacuerdo para la publicación de esta norma.
13. Finalmente el 15 de mayo de 2007 entró en vigor la norma -029 con el objetivo de inducir el aprovechamiento sostenible de los tiburones y rayas.
14. Con fecha 4 de julio de 2007, el suscrito presentó ante esta soberanía un punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que mediante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se destinen los recursos necesarios al Instituto Nacional de la Pesca (INP) para que a la brevedad se realicen estudios científicos para determinar la factibilidad del establecimiento de vedas de tiburón en el Pacífico Oriental mexicano.
15. El día 10 de julio de 2007, la Tercera Comisión de Trabajo, acordó aprobar el punto de acuerdo por el que la del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo, en el ámbito de colaboración entre los poderes, a efecto de que, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), se realicen los estudios, con la participación que corresponda a la Conapesca, para determinar la factibilidad del establecimiento de vedas de tiburón en el Pacífico Oriental mexicano y, en su caso, los periodos de veda de tiburón que procedan a fin de inducir su protección y preservación.
Considerando
Que la captura de tiburones y rayas en el país es una de las actividades de mayor importancia del sector pesquero desde el punto de vista económico, alimentario y social, en virtud de que es una fuente generadora de empleos en sus diferentes fases, a excepción de las costas de la península de Baja California.
Que la investigación pesquera y acuícola es fundamental para el desarrollo del sector pesquero y acuícola de México, ya que con ésta se apoya y determinan con base en las mejores evidencias la toma de decisiones administrativas para el aprovechamiento sustentable de los recursos de flora y fauna acuática.
Que los estudios realizados por el Instituto Nacional de la Pesca han determinado que algunas especies están siendo explotadas inadecuadamente y de algunas otras se presentan indicios de sobreexplotación.
Que con base a los estudios de investigación han permitido ratificar la necesidad de atender en forma inmediata la problemática del aprovechamiento de los tiburones y rayas, así como establecer medidas que mitigarán los efectos colaterales de la pesca de estos recursos sobre otros organismos pelágicos.
Que los estudios sobre tiburones han precisado que algunas especies necesitan de protección durante la época de desove ya que se concentran en grandes cantidades en zonas concretas. También las zonas de reproducción, plagadas de peces jóvenes en determinados periodos, resultan vulnerables. De ahí que haya zonas en las que la actividad pesquera debe de estar prohibida o restringida y establecerse vedas.
Que no obstante a los esfuerzos de investigación realizados por el Instituto Nacional de la Pesca, todavía se requiere de mayor información científica para ciertas regiones como lo es el caso de la costa occidental de la Península de Baja California, y otras donde se practica la captura de tiburón, las cuales requieren de información específica y actualizada para la toma de decisiones administrativas que contribuyan a su adecuado ordenamiento y para su optimo aprovechamiento.
Que existe gran preocupación y consternación por gran parte de los sectores involucrados en la pesquería de tiburón y recursos afines, por la entrada en vigor de norma 029, los cuales consideran que aun no existían todos los elementos científicos que respaldaran la toma de dediciones normativas a este respecto y que de alguna manera se sienten actualmente afectados por la entrada en vigor de estas disposiciones regulatorias.
Que dentro de los principales motivos por los que se considero la publicación de esta norma, se encuentra el establecimiento de medidas de protección para las especies marinas y tiburones, ya que por medio de esta se prohíbe el aleteo y obliga al aprovechamiento de todo el pez para consumo humano, así como también dar un paso a la regulación de las artes de pesca como las redes de enmalle y anzuelos tiburoneros que son una coacción para las tortugas marinas que se captura con ambas artes de pesca.
Que de acuerdo al Plan de Acción Internacional para la Conservación y Ordenación de los Tiburones elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el estado actual de los conocimientos sobre los tiburones y las prácticas empleadas en su pesca causan problemas de conservación y ordenación de los tiburones debido a la falta de datos disponibles sobre capturas, esfuerzo, desembarques y comercio, así como a la información limitada sobre parámetros biológicos de muchas especies y su identificación. Para mejorar los conocimientos sobre el estado de las poblaciones de tiburones y facilitar la compilación de la información necesaria, se necesitan fondos suficientes para la investigación y ordenación.
Que hasta el momento se reconocen los esfuerzos que se han realizado para regular el aprovechamiento de estas especies, pero se considera que aún es insuficiente para establecer una normatividad territorial más eficiente, debido principalmente a la complejidad que cada una de las pesquerías involucradas presenta. Por ello se requiere de mayores estudios para fundamentar la toma de decisiones que permitan administrar con un verdadero sentido de sustentabilidad los recursos de nuestro país y contribuir al aminoramiento de los conflictos de los actores productivos del sector pesquero involucrados.
Que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), publicada el 24 de julio del 2007, establece que el Instituto Nacional de la Pesca (Inapesca), coordinará la formulación e integración del Programa Nacional de Investigación Científica Tecnológica en Pesca y Acuacultura, y coordinará la integración y funcionamiento de la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura del país.
Que finalmente la comunidad sudcaliforniana en lo general, ha manifestado y continúa manifestando gran preocupación desde el pasado 15 de mayo de 2007, fecha en la que entró en vigor de la Norma Oficial Mexicana NOM-029-PESC-2006, Pesca responsable de Tiburones y Rayas. Especificaciones para su aprovechamiento.
Por lo que se requiere de presupuesto adicional ante las manifestaciones generadas de todos los sectores involucrados, por considerar que hacen falta mayores investigaciones adicionales para concluir con un gran consenso científico.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, se destine una partida especial al Instituto Nacional de la Pesca, a fin de realizar de manera coordinada con la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Cicimar, y el CIBNOR, un programa de investigación multidisciplinario del recurso tiburón y especies afines, con el único propósito de fortalecer la información científica del estado actual de la pesquería de este recurso y permita tener información específica y actualizada para la toma de decisiones normativas referentes a la ``NOM-029-PESC-2006, Pesca Responsable de tiburones y rayas. Especificaciones para su aprovechamiento'', en la región del Pacífico Norte mexicano con mayor énfasis en la costa occidental de la península de Baja California.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha se recibió de los senadores Claudia Sofía Corichi García y Antonio Mejía Haro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, propuesta con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la honorable Cámara de Diputados para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008 se incremente la partida para la adquisición de leche destinada a los programas de asistencia social alimentaria, a fin de responder a los aumentos del precio internacional del lácteo.
La Presidencia dispuso que dicha propuesta se turnara a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.
«Los suscritos, senadores Claudia Corichi García y Antonio Mejía Haro, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someten a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En México se estima la producción nacional de leche en 10 mil millones de litros al año y las importaciones para abastecer la demanda en mil 200 millones de litros.
Las importaciones de leche en el año 2006 ascendieron a 121 mil 452 toneladas de leche en polvo, 65 por ciento fueron para Liconsa y el resto para empresas privadas; a estas últimas se les asignan cupos equivalentes a 30 por ciento de su demanda, previa comprobación de compras del 70 por ciento de sus requerimientos de leche nacional.
El cupo asignado para 2007 es similar al del año previo y será el último, ya que cabe recordar que en 2008 se liberará el comercio y se podrán importar las cantidades que se quieran sin pagar arancel a los países del TLCAN.
Los precios en el mercado internacional de leche en polvo se incrementaron en más de 200 por ciento en un año; los de leche entera en polvo pasaron de 2 mil 300 dólares por tonelada en marzo de 2006 a 5 mil 700 dólares la tonelada en agosto de 2007, tendencia alcista en la que todo indica que se mantendrá para el 2008.
La magnitud del aumento de los precios de la leche en polvo se atribuye primordialmente al agotamiento de los inventarios en la Unión Europea (UE), y a la participación creciente de China en la adquisición del lácteo en el mercado internacional. China aumentó su participación en el consumo mundial de 26.6 por ciento a 42.3 por ciento entre los años 2002 y 2006.
El desabasto mundial y su repercusión a la alza en los precios internacionales de la leche en polvo están influyendo en la operación de los programas sociales y ponen en riesgo su cobertura a los sectores más vulnerables del país.
Para el presente año se estima que Liconsa compre alrededor de 400 millones de litros de leche en el mercado nacional (el Presupuesto de Egresos de la Federación autoriza hasta 500 millones de litros) y casi 80 mil toneladas de leche en polvo que importa para cubrir el déficit nacional, y que requiere para atender la demanda de sus programas, que suman mil 135millones de litros (3.1 millones de litros diarios).
La diferencia entre el precio de importación y el pagado por los beneficiarios es superior a un peso por litro, lo que en forma directa implica un diferencial superior a 633.25 millones de pesos, más gastos de operación (administración, rehidratación, envase, reparto y entrega).
De igual forma, el programa de adquisiciones de leche fluida nacional genera diferenciales negativos, ya que el precio medio pagado por la leche nacional captada se estima actualmente en 4.00 pesos por litro, lo que en las condiciones del precio de distribución implica subsidiar los costos de operación correspondientes.
Otros programas institucionales afectados por el aumento al precio de la leche son los desarrollados por el DIF, principalmente el de desayunos escolares.
Los recursos financieros de los programas alimentarios provienen del Ramo 33, ``Fondo de Aportaciones Múltiples'', del que forma parte el Fondo de Asistencia Social. Es conveniente resaltar que el Fondo de Aportaciones Múltiples se orienta a la construcción y equipamiento de espacios educativos en educación básica y superior. Asimismo, se destina a apoyos alimentarios y a la asistencia social, a través de desayunos escolares. Este fondo es manejado por las autoridades estatales, la parte de asistencia social es destinada para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
El fondo representa el 0.814 por ciento de la recaudación federal participable y proviene de la partida que anteriormente manejaba el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
El DIF reporta que atiende a 5.62 millones de beneficiarios con los desayunos escolares, de los cuales 3.14 millones corresponden a desayunos en la modalidad fría (56 por ciento) y 2.48 millones en la modalidad caliente (44 por ciento), con 980 millones de raciones servidas en el año 2006.
El programa en su modalidad fría requiere principalmente leche ultrapasteurizada (UHT) en presentación de 250 mililitros, y en la modalidad caliente, de leche en polvo; ya sea natural y/o saborizada en ambos casos, aunque también se combinan las dos presentaciones del producto dependiendo del programa alimentario.
Por lo anterior el programa de desayunos escolares representa una demanda anual estimada en 244.5millones de litros de leche, de los que 136.6 millones de litros equivalen a 546.4 millones de raciones de leche UHT, se distribuyen en presentación de 250 mililitros. Los restantes107.9 millones de litros equivalentes a 12 mil 945 toneladas de leche en polvo; generalmente se entregan en presentación de sobres de 240 gramos, que equivalen a dos litros de leche reconstituida.
El presupuesto asignado al programa de desayunos escolares en el año 2006 fue de 2 mil 845 millones de pesos, el 45 por ciento se destinó a las adquisiciones de leche.
El aumento al precio de la leche en el mercado ha repercutido negativamente en las capacidades presupuestales de los programas institucionales. En el caso de leche ultrapasteurizada el aumento ha sido en promedio del 10 por ciento y en el de leche en polvo del 33 por ciento, incluida Liconsa.
En comparación con el año anterior, donde los aumentos fueron del orden de los 411 millones de pesos, en este año será necesario destinar el 53 por ciento del presupuesto de asistencia alimentaria a la compra de leche (8 puntos porcentuales más que en el 2006).
Esta situación, que afecta a todo el país, es particularmente grave para 12 estados, en razón de que en el 2007 recibieron incrementos menores al promedio del 12 por ciento. Tal es el caso del Distrito Federal, que sufrió disminución en su presupuesto, incluso nominalmente. Dos entidades recibieron asignaciones iguales o superiores a la inflación, Baja California Sur y Colima, y nueve recibieron incrementos menores a la inflación: Aguscalientes, Durango, Hidalgo, Nayarit, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. El senado de la República exhorta a la honorable Cámara de Diputados para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal para 2008, se incremente la partida para la adquisición de leche destinada a los programas de asistencia social alimentaria; a fin de responder a los aumentos del precio internacional del lácteo.
Segundo. Que para el caso del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y con la finalidad de sostener el programa de desayunos escolares, se reconozca en el Fondo de Asistencia Social y en la formula de asignación de recursos a los estados el impacto de los aumentos registrados en la leche, especialmente en las 12 entidades que en el presente año recibieron incrementos inferiores al promedio.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió de la senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, propuesta con punto de acuerdo para solicitar a la Cámara de Diputados la asignación de recursos en el presupuesto del ejercicio fiscal de 2008, al Tribunal Superior Agrario para la creación y funcionamiento de 11 nuevos tribunales agrarios adicionales a la estructura con que actualmente se cuenta en el Tribunal Superior Agrario.
La Presidencia dispuso que dicha propuesta se turnara a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.
«La suscrita senadora María Elena Orantes López, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, basada en los siguientes
Antecedentes
Los derechos de propiedad sobre la tierra deben ser protegidos de manera adecuada por la ley y defendidos auténticamente por un sistema de tribunales que sea imparcial, eficiente y gratuito; de no ser así, la incertidumbre y la inseguridad jurídica permanecerán en el campo mexicano.
La protección de los derechos de propiedad sobre los bienes determina la seguridad y certidumbre con la que esos bienes son adquiridos, usados y transferidos. Un derecho puede estar claramente definido, pero si no puede ser defendido y protegido, equivale, en los hechos, a su inexistencia. Por ello, es tan importante un sistema de justicia agraria eficaz y eficiente.
La conformación de un sistema de tribunales agrarios fue una de las principales medidas contempladas en el cambio jurídico-institucional de 1992.
Anteriormente, las controversias jurídicas derivadas de la tenencia de la tierra se dirimían ante autoridades administrativas que dependían directamente, o recibían gran influencia del Poder Ejecutivo (tanto en el ámbito federal como local). Estas características dieron un matiz político al sistema de resolución de controversias anterior. La reforma constitucional de enero de 1992 creó un sistema de tribunales agrarios autónomo dotado de plena jurisdicción (fracción XIX del artículo 27 constitucional).
Esta consideración ilustra la trascendencia de la tarea de los tribunales agrarios, ya que son la última respuesta de la legalidad para los conflictos agrarios en la definición de derechos.
La existencia de un buen sistema de tribunales agrarios es fundamental para preservar los derechos de propiedad y lograr soluciones jurídicas estables que ayuden a dirimir los conflictos sociales en el campo.
El rezago en el desahogo de los expedientes ha obligado, a lo largo de los años, a reestructurar y reubicar sedes y jurisdicciones y a crear nuevos tribunales.
La forma más efectiva para determinar si una carga de trabajo es excesiva, o no, para un órgano de impartición de justicia es el retraso judicial, es decir, el número de asuntos que no es desahogado oportunamente.
Dos instrumentos fundamentales para resolver el retraso en los tribunales fueron la economía procesal y la oralidad. Sin embargo en la práctica cotidiana, estos dos principios no han alcanzado plenamente sus objetivos, ya que la audiencia no siempre puede iniciarse y, una vez comenzada, rara vez se logran desahogar todas las pruebas ofrecidas.
Una acertada política judicial debe buscar acercar cada vez más los términos legales a la duración real de los casos planteados ante los tribunales. En este sentido, sino se realizan los ajustes requeridos en función de la demanda, los tiempos de tramitación tenderán a ampliarse, incrementando los costos y la incertidumbre de los procesos.
Consideraciones
Los tribunales agrarios, se han preocupado por dar respuesta congruente a los justiciables, apegándose a los postulados de la Constitución y de la propia Ley Agraria, en el dictado de sus resoluciones y sentencias, acorde con la nueva realidad que día con día se vive en el desarrollo del campo mexicano y en la interrelación de los sujetos agrarios, así como en la nueva organización jurídica del campo.
En un campo en donde la pobreza, la marginación y la migración forman su cuadro social, la justicia agraria constituye la expresión más consistente del Estado mexicano. Los tribunales agrarios son tribunales de paz.
En el abandono, se han profundizado la precariedad y la exclusión de amplios contingentes del México rural. La acción cotidiana de los tribunales agrarios --callada y consistente-- no sólo ha mantenido la seguridad jurídica y la paz social, sino que constituye un recio asidero para que los hombres y mujeres del campo puedan vislumbrar posibilidades de superar la postración productiva que confrontan.
La Ley Agraria establece el procedimiento para el trámite y solución de los juicios agrarios que plantean los ejidatarios y comuneros, con el claro propósito de que los tribunales agrarios resuelvan esos asuntos de manera ágil, eficaz e imparcial, dando certidumbre al litigio agrario.
Es en la propia Ley Agraria en el Título Décimo, donde se derivan las características del procedimiento agrario, entre otras las de oralidad, conciliación, itinerancia, justicia real, agilidad procesal y procedimientos sencillos.
Los tribunales agrarios son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar los fallos de la administración de justicia agraria en todo el territorio nacional.
La importancia de los tribunales unitarios es la de conducir los juicios que se refieren a conflictos de límites de tierras suscitados entre dos o más núcleos de población ejidales o comunales, o concernientes a límites de las tierras de uno o varios núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios, sociedades o asociaciones.
Asimismo, se encarga de resolver la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población o a sus integrantes, contra actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales, fuera de juicio, o contra actos de particulares, los juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación, así como atender y resolver los conflictos relacionados con la tenencia de la tierra.
La presente propuesta se sustenta en la necesidad de hacer un atento exhorto a la Cámara de Diputados, en aras de fortalecer las vías jurisdiccionales de control de los actos de autoridad en materia agraria, y se finca en el anhelo, y preocupación, por la creación de un mayor número de órganos jurisdiccionales a los que se alude.
La solución a la disyuntiva entre el despotismo de las autoridades y el respeto a los derechos fundamentales del gobernado, descansa en el fortalecimiento de las vías jurisdiccionales de control de los actos de aquéllas, primordialmente del juicio de amparo.
Bajo estas circunstancias, estimo atendible la necesidad de analizar la posibilidad de instaurar un mayor número de tribunales agrarios que vengan a satisfacer las necesidades que en la especie reclaman los habitantes de las comunidades de las entidades federativas donde el número de juicios ha rebasado la capacidad instalada para atender los conflictos en la materia.
El incremento de las cargas de trabajo de los tribunales agrarios motivado, entre otras razones, por la creciente confianza de los campesinos en la justicia agraria ha significado que no se tengan las condiciones adecuadas y suficientes para dar el trámite de expeditez que la ley establece. Por todo ello, propongo la creación de once nuevos tribunales que a continuación se señalan:
El anterior criterio, obedece a la intensa actividad agropecuaria que se genera en estas regiones del país, las numerosas controversias agrarias que ahí se plantean y el retraso computado en los litigios demandados.
Los problemas agrarios no pueden ser pospuestos, ya que representan focos de graves conflictos sociales, es por ello, que la justicia agraria reclama el urgente establecimiento de nuevos tribunales unitarios agrarios.
Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los preceptos legales antes citados, que propongo ante esta asamblea la aprobación del siguiente
Punto de Acuerdo
Unico. Se apruebe por ésta honorable Cámara de Senadores, la creación de 11 nuevos tribunales unitarios en las ciudades anteriormente señalados, exhortando a la honorable Cámara de Diputados para que asigne, en el presupuesto del ejercicio fiscal de 2008, recursos suficientes para la creación y funcionamiento de esos nuevos tribunales unitarios, adicionales a la estructura con que actualmente se cuenta en el Tribunal Superior Agrario.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se recibió del senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, propuesta con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados para que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, se asignen las partidas necesarias al Programa del Sur.
La Presidencia dispuso que dicha propuesta se turnara a la Cámara de Diputados, la que se anexa.
«El suscrito, senador Adolfo Toledo Infanzón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que el Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados para que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, se asignen las partidas necesarias para el Programa del Sur, con base en las siguientes
Consideraciones
El sur de nuestro país es la zona donde se mantienen los niveles más elevados de marginación. Chiapas, Guerrero y Oaxaca ocupan los tres primeros lugares en marginación en el contexto nacional.
A pesar de que la región es rica en recursos naturales, éstos no han sido aprovechados adecuadamente, lo que no ha permitido el desarrollo económico y social de la región. Por el contrario, más de dos terceras partes de la población regional viven en la pobreza, y en su mayoría hablamos de población indígena.
Por ello urge tomar acciones que permitan alcanzar en la región los promedios nacionales de bienestar actuales y así evitar perpetuar la miseria y la marginación en estas entidades.
Frente a esta situación, los gobernadores de Chiapas, de Guerrero y de Oaxaca han propuesto el Programa del Sur, el cual tiene como objetivo alcanzar en el mediano plazo los promedios nacionales de bienestar y los indicadores de desarrollo humano para los tres estados, con la finalidad de resolver los rezagos sociales y disminuir las asimetrías de la región con el resto del país, poniendo especial atención en la población indígena, las mujeres, los jóvenes y los niños.
Este programa es una propuesta integral de desarrollo regional que establece espacios de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, compromisos y acciones con metas precisas que constituyen un pacto de todos en favor del sur en cuatro rubros: programas de apoyo al bienestar social y desarrollo humano; desarrollo regional a través de la infraestructura; estimulación de la inversión productiva, tanto privada como social; y desarrollo institucional en los gobiernos locales.
No se trata sólo de canalizar más recursos a la región, sino que es primordial lograr un mecanismo que conjugue los esfuerzos federales, los estatales y los municipales que permitan la operación de estrategias para un desarrollo regional más eficaz y eficiente.
Este programa propone, específicamente en materia de salud, reducir por lo menos en una tercera parte la desnutrición infantil en niñas y niños de seis a siete años. Asimismo, busca reducir en 75 por ciento la tasa de mortalidad materna y eliminar enfermedades como el tracoma y otras relacionadas con la pobreza. Para Oaxaca, éste es un tema muy sensible, ya que 182 de sus municipios se encuentran en riesgo nutricional extremo.
En el caso de infraestructura hidráulica, la meta es que para el 2012 se eleve la cobertura del servicio de agua potable a 92 por ciento y la cobertura del servicio de drenaje a 88 por ciento.
El tema de vivienda también merece especial atención en el programa, por lo que se busca eliminar los pisos de tierra, que en la región alcanzan a una tercera parte de la población, cambiar los techos, abatir el hacinamiento y aumentar la oferta de viviendas en las localidades rurales para atender a la población indígena.
En materia de educación, los indicadores de eficiencia terminal muestran en Oaxaca 86 por ciento para primaria, 69 por ciento para secundaria y 55 por ciento en educación media superior; por lo que el Programa de Sur establece llegar en los tres estados, en un periodo de cinco años, a los índices nacionales, que en primaria son de 90 por ciento, en secundaria de 80 por ciento y en educación media superior de 60 por ciento. Además, se quiere impulsar la alfabetización de 815 adultos en las tres entidades.
La infraestructura también es un rubro muy importante en el Programa del Sur. En estas tres entidades se produce 25 por ciento de la energía eléctrica del país, por lo que además de extender la cobertura de servicio de electricidad, se aprovechará la utilización de fuentes alternas de electricidad, como la eólica.
Se impulsará también un plan carretero especial para el sur que permita trasladar productos, personas e información hacia y desde los estados del sur en menor tiempo que estaría fortalecida con una red portuaria de mar, tierra y aire. En el caso de Oaxaca, por ejemplo, se propone que entre en operación el aeropuerto de Ixtepec, como una terminal aérea civil y comercial para el istmo de Tehuantepec; ampliar el puerto de Salina Cruz, donde también se propone la ampliación de la refinería; y desarrollar un muelle de cruceros en Puerto Escondido.
Por último, el programa también incluye el impulso de actividades productivas como la cafeticultura, la agricultura protegida, la pesca y la acuacultura; y el establecimiento de nuevos esquemas financieros que permitan mayor inversión y mayores esquemas de banca social, así como aprovechar la riqueza cultural de la región.
Es importante destacar, compañeras y compañeros senadores, que de no asignarse recursos para este programa en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, se acentuarían la pobreza y la marginación en estos estados, ya que de mantenerse el mismo ritmo en la canalización de recursos que hoy se otorgan a estas entidades, lograr los niveles antes mencionados nos llevaría por lo menos un cuarto de siglo.
Por ello pido a esta soberanía refrendar su compromiso con las comunidades más pobres del país, y apoyar este punto de acuerdo, que busca la asignación de recursos de alrededor de 1 por ciento del producto interno bruto distribuido en los siguientes cinco años para coadyuvar al desarrollo de las tres entidades federativas más desfavorecidas de México.
Por lo expuesto, me permito presentar a ustedes la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta a la Cámara de Diputados para que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, se asignen las partidas necesarias para el Programa del Sur.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta de Gobernación que tramitara ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la persona que se cita a continuación pueda prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona
Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y original del escrito en que solicita que se realicen los trámites correspondientes; asimismo copia simple de su identificación oficial.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta de Gobernación, tramitar ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona:
Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales.
Al mismo tiempo se informa que la persona que se cita a continuación solicita la cancelación del permiso que le fue concedido para prestar servicios al gobierno de los Estados Unidos de América:
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a esta Secretaría de Gobernación, tramitar ante el H. Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas del Acta de Nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales y una fotografía de los interesados.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Las solicitudes de permiso túrnense a la Comisión de Gobernación.
Por lo que se refiere a la ciudadana que deja de prestar servicios, remítase a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.
COMISION FEDERAL DE MEJORA REGULATORIA
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 69-E, fracción VII, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 27, fracción XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el presente me permito remitir a ustedes, para los fines procedentes, copia del oficio número COFEME/07/2710, signado por el licenciado Carlos García Fernández, titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, así como el quinto informe de labores del citado organismo (enero-diciembre de 2006), en formato impreso y en medio magnético.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado . Remítase a la Comisión de Economía, para su conocimiento.
VIH-SIDA
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-3-782, signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Antonio Xavier López Adame, Presidenta y Secretario, respectivamente, de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 2565/107, suscrito por el almirante CG DEM Raúl Santos Galván Villanueva, oficial mayor de la Secretaría de Marina, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio de ese cuerpo colegiado.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Marina.
Ciudadano Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.
Por acuerdo del almirante secretario de Marina, tengo el agrado de dirigirme a usted con relación a su atento oficio número SEL/300/3549/07, del 4 de los corrientes, mediante el cual informa a esta dependencia del Ejecutivo federal sobre el punto de acuerdo, aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en sesión del 4 de septiembre de 2007, por el que se solicita al titular de esta secretaría información de la situación actual de los militares que han sido afectados por el VIH y sobre el número de elementos a los que se ha comunicado su baja del servicio activo por ese motivo, así como para evaluar conforme a la ley la posibilidad de que a los militares con VIH/sida dados de baja antes de la reforma de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas se les otorgue la protección de salud debida.
Respecto a la situación actual del personal naval con diagnóstico de VIH, actualmente se tienen en el activo 17 elementos que, al colocarse en una situación de no poder cumplir las obligaciones militares que les imponen el cargo y la jerarquía, por causas de su enfermedad, como son padecimientos clasificados en primera y segunda categoría de las tablas previstas en el artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, y no estén en condiciones de desarrollar las actividades castrenses en este instituto armado, ya que de hacerlo se agravaría su mermado estado de salud, incluso con funestas consecuencias, procede desde luego la aplicación de citada ley, pues no están en posibilidad de desempeñar actividades operativas, incluso administrativas, ya que la misma enfermedad origina otras patologías que les impiden el cabal cumplimiento de sus obligaciones militares.
En tal virtud, el personal que se coloca en la causal de retiro prevista en el artículo 24, fracción IV, de la ley del mencionado instituto, por mandato legal se le inicia y desahoga el trámite respectivo conforme a la propia ley, siempre respetándose el procedimiento que sobre el particular se establece.
Es importante señalar que lo antes asentado no sólo se aplica a los navales que presentan este tipo de enfermedad (VIH), sino a todo el que presenta algún padecimiento que se encuadre en esas categorías.
No omito manifestarle que la atención de estudios de laboratorio como carga viral y determinación CD4; medicamento como es Trovada (tenofovir/emitricitavina) y Comvivir (zidovudina/lamidovudina) y hospitalización que se brinda a ese personal tiene un impacto presupuestal considerable, en virtud que el costo mensual por paciente es de aproximadamente 13 mil 980.72 pesos, lo que da la cantidad de 254 mil 312.24 pesos mensuales y 3 millones 51 mil 748.80 pesos anuales por los 17 elementos en activo.
Ahora bien, por lo que respecta al número de elementos a que se les ha comunicado la baja del servicio activo por ese motivo, se hace de su conocimiento que fueron separados de esta institución 49, por haberse encuadrado su situación en la hipótesis prevista en el inciso d), punto 2, de la fracción II del artículo 85 de la Ley Orgánica de la Armada de México, a quienes durante el periodo que duró su trámite administrativo de baja se proporcionó servicio médico y psicológico individual y familiar, y al causar baja se les canalizó al sistema nacional de salud, a fin de que continúen recibiendo el tratamiento correspondiente a su enfermedad.
De igual forma, 19 navales causaron baja por defunción, con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 85 de la citada ley orgánica.
Por otra parte, 39 elementos fueron colocados en situación de retiro con derecho a haber de retiro o compensación conforme al tiempo de servicios prestado a la institución, por haberse encuadrado en la causal de retiro que establece el artículo 24, fracción IV, de la ya referida ley de seguridad social. De ellos, el personal que generó haber de retiro, en términos de lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicana, continúa con el servicio médico integral, en tanto que al personal con compensación durante el procedimiento de retiro se proporciona servicio médico y psicológico individual y familiar, sin condición alguna y al causar alta en situación de retiro se les canaliza al sistema nacional de salud, a fin de que continúen recibiendo el tratamiento correspondiente dado que, como es de su conocimiento, hay instituciones de salud a cargo del Estado mexicano que tienen como función específica brindar los servicios de salud a todo el que padezca una enfermedad infectocontagiosa.
Sobre la posibilidad de a que los militares con esa enfermedad que fueron dados de baja antes de la reforma de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas se otorgue la protección de salud debida, cabe señalar que la separación de ese personal se ajustó a las disposiciones legales establecidas en el ordenamiento que rigió hasta el 30 de agosto de 2003; esto es, la ley del mencionado instituto publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 1976, que regulaba dicho padecimiento en el inciso 117 de la primera categoría de sus las tablas anexas a esa ley.
Además, en términos de la fracción II del artículo 22 de la ley de la materia, tienen derecho a las prestaciones únicamente en casos y condiciones que se especifican los militares que, encontrándose en situación de activo, pasen a la de retiro con derecho al haber de retiro, siendo éstos los que se encuadran en alguno de los supuestos que señalan los artículos 33, 34 y 35, primer párrafo, de la citada ley.
En consecuencia, y conforme explícitamente lo establece el segundo párrafo del artículo 142 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, la atención médico-quirúrgica se presta a los militares con haber de retiro y a los familiares de los militares que perciban haberes y haber de retiro, por el instituto en sus propias instalaciones o como servicio subrogado, con base en la aportación del gobierno federal especificada en el artículo 221 de esta ley.
Por ello, proporcionar la protección de la salud a ese personal en principio constituiría un acto de discriminación para todos los que por alguna enfermedad o padecimiento clasificado en primera o segunda categoría fueron separados del servicio activo conforme a la abrogada ley, y que por su tiempo de servicios no generó el beneficio de haber de retiro (por ejemplo, con problemas de corazón o riñón), los cuales en comparación con los que presentan la enfermedad a que se refiere el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión es evidentemente mayor, además de incurrirse en responsabilidad patrimonial del Estado, la autoridad naval que ordene la prestación del servicio médico-integral para ese personal, en virtud de que no se encuentra en la hipótesis que establecen los artículos 71, fracción I, y 72, fracciones I, II, II y IV, de la Ley Orgánica de la Armada de México.
Además, en el artículo 123, apartado 8, fracción XIII, de nuestra Ley Fundamental, se instituyó que los marinos y militares, entre otros, se rigen por sus propias leyes, y que el Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada las prestaciones a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones.
Por lo anterior, con estricta sujeción al estado de derecho y a las políticas ordenadas por el mando supremo, esta institución cumple cabalmente la preservación de la salud de su personal, atendiendo oportunamente sus necesidades con todos los medios y recursos con que dispone para ello, procurando su bienestar y el de sus derechohabientes, en los términos de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.
Al agradecer la atención que se sirva brindar a la presente, se hace propicia la ocasión para enviarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
DISTRITO FEDERAL
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-4-511, signado por los diputados Jorge Zermeño Infante y Cuauhtémoc Velasco Oliva, Presidente y Secretario, respectivamente, de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 401-3-7705, suscrito por la licenciada María del Perpetuo Socorro Villarreal Escárrega, coordinadora nacional de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio de ese cuerpo colegiado.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Consejo Nacional para la Cultura y las Artes--- Instituto Nacional de Antropología e Historia.--- Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos.
Ciudadano Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.
Por instrucciones del embajador Alfonso de Maria y Campos, director general de este instituto, y en atención a su escrito número SEL/300/1572/07, relativo a la solicitud para que se expida la declaratoria de zona de monumentos arqueológicos del área conocida como ``Tlatelolco'', en el Distrito Federal.
Al respecto, me permito comentarle lo siguiente:
La declaratoria de zona de monumentos arqueológicos es un instrumento que posibilita la realización de acciones encaminadas al rescate patrimonial y su preservación. Sin embargo, el proceso para su expedición comprende diversas etapas, que no permiten que se emita con la celeridad deseada.
El proceso para alcanzar una declaratoria es el siguiente:
Como se observa, el proceso de declaratoria de zona arqueológica cubre diferentes etapas, que comprenden un tiempo significativo de investigación, sobre todo en campo. Además, se deben considerar las necesidades del instituto para llevar a cabo los estudios técnicos, como recursos económicos, materiales y humanos.
De conformidad con lo anterior, este órgano desconcentrado, a través de sus áreas técnicas, continúa realizando los trabajos necesarios de preparación del expediente respectivo, de conformidad con la normatividad vigente, para declarar zona de monumentos arqueológicos, así como la implantación de los mecanismos necesarios y salvaguarda del referido sitio.
Agradezco la atención que se sirva brindar al presente y le reitero mi más alta y distinguida consideración.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
ESTADO DE DURANGO
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-3-543, signado por los diputados Jorge Zermeño Infante y Cuauhtémoc Velasco Oliva, Presidente y Secretario, respectivamente, de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes, copia del similar número 401-3- 7797, suscrito por la licenciada María del Perpetuo Socorro Villarreal Escárrega, coordinadora nacional de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio de ese cuerpo colegiado.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Consejo Nacional para la Cultura y las Artes--- Instituto Nacional de Antropología e Historia.--- Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos.
C. Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.
Por instrucciones del embajador Alfonso de Maria y Campos, director general de este Instituto y, en atención a su escrito número SEL300/1574/07, relativo a la solicitud para que se expida la declaratoria de zona monumentos históricos la Ciudad de Lerdo, en el estado de Durango.
Al respecto me permito comentarle lo siguiente:
La declaratoria de zona de monumentos históricos es un instrumento que posibilita la realización de acciones encaminadas al rescate patrimonial y su preservación; sin embargo, el proceso para que se expida una declaratoria comprende diversas etapas, que no permiten que se emitan con la celeridad deseada.
El proceso para alcanzar una declaratoria es el siguiente:
Como se puede observar, el proceso de una declaratoria de zona histórica cubre diferentes etapas, que comprenden un tiempo significativo de investigación, sobre todo en campo; además se deben considerar las necesidades del instituto para llevar a cabo los estudios técnicos, tales como recursos económicos, materiales y humanos.
De conformidad con lo anterior este órgano desconcentrado, a través de sus áreas técnicas, continúa realizando los trabajos necesarios de preparación del expediente respectivo, de conformidad con la normatividad vigente, para declarar zona de monumentos históricos, así como la implantación de los mecanismos necesarios y salvaguarda del referido sitio.
Agradezco la atención que se sirva brindar al presente y le reitero mi más alta y distinguida consideración.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
VIOLENCIA FAMILIAR
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-4-726, signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y Patricia Villanueva Abraján, Presidenta y Secretaria, respectivamente, de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 170/ UCVPS/ DGAVS/ 000315/ 2007, suscrito por la ciudadana María de los Ángeles Fromow Rangel, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se cita, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio de ese cuerpo colegiado.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Salud.
Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.
M e refiero al punto de acuerdo que presentó la diputada Elsa Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, el 28 de marzo de 2007, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a emitir comentario sobre el proyecto de la nueva Norma Oficial Mexicana NOM-1990-SSA1-1999, que tiene por objeto establecer los criterios a observar en la atención médica y la orientación que se proporcionan a las y a los usuarios que se encuentran involucrados en situaciones de violencia familiar.
Al respecto, me permito acompañar nota informativa, suscrita por el licenciado Bernardo Fernández del Castillo, director general de Asuntos Jurídicos, agradeciendo su valiosa intervención a efecto de remitir esta información al órgano legislativo, para su desahogo.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Salud.
Con relación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión ordinaria celebrada el día 4 de septiembre de 2007, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a través de sus instancias competentes, a fin de que emita los comentarios sobre la revisión de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, ``Prestación de Servicios de Salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar''. Y que conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y a su Reglamento, sean considerados para la publicación definitiva y urgente de esta norma oficial mexicana'', me permito hacer los siguientes comentarios:
Como se informó el pasado 14 de agosto del año en curso, mediante nota dirigida a la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Servicios de Salud, Prevención y Control de Enfermedades, elaboró en su oportunidad, un anteproyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la Prevención y Atención.
Dicho anteproyecto sustituiría a la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, Prestación de servicios. Criterios para la atención médica de la violencia familiar, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 8 de marzo del 2000, la cual tiene como objeto ``establecer los criterios por observar en la atención médica y la orientación que se proporciona a las y los usuarios que se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar''.
Debido a la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con fecha 1o. de febrero de 2007, resultó necesario hacer recomendaciones de carácter jurídico y una revisión integral, a fin de que hubiera consistencia en ambos ordenamientos, toda vez que la ley en comento establece, en su artículo 46, fracción III, que se debe ``garantizar la aplicación de la NOM-190-SSA1-1999. ``Prestación de servicios. Criterios para la atención médica de la violencia familiar''; por lo que se sugirió al área responsable, ajustar el anteproyecto de la NOM-046-SSA2-2005 (antes NOM-190-SSA1-1999), con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como algunos otros comentarios de carácter jurídico; dichas recomendaciones se formularon desde el día 2 de abril de 2007, sin que a la fecha hayamos recibido un nuevo proyecto para revisión, ni retroalimentación alguna.
Por lo anterior, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Servicios de Salud, Prevención y Control de Enfermedades deberá analizar y aprobar el proyecto, tomando en consideración las recomendaciones formuladas por esta Unidad Jurídica y las demás áreas técnicas competentes, para los efectos del artículo 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, a fin de estar en posibilidad de continuar con los trámites de publicación en el Diario Oficial de la Federación y atender el procedimiento que establecen la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, así como la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Reciba un cordial saludo.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se concede el uso de la tribuna a la diputada Yolanda Rodríguez Ramírez, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por la ponente y el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores, hago uso de esta tribuna a nombre del diputado Enrique Benítez y del mío propio, como autores de esta iniciativa con proyecto de decreto por el que solicitamos se adicione en el libro primero, título tercero, un capítulo IV, denominado ``De las Candidaturas Independientes'', en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.Sin la participación en el ejercicio de los derechos ciudadanos, no es posible tener una democracia plena. Mientras sigamos coartando los derechos de los ciudadanos y se dé voz real y participación a la ciudadanía.
Si no trabajamos en lo que realmente le preocupa a la gente, México no tendrá crecimiento, no tendrá un verdadero crecimiento como nación y no le daremos entrada a una verdadera reforma del Estado.
La participación de los ciudadanos en la política del país es una realidad, en países como Argentina, Colombia y El Salvador. En estas sociedades el régimen de partidos continúa vigente y no podemos permanecer alejados de esta realidad en nuestra sociedad.
En los últimos 15 años, en México se ha hecho constante revisión de diversas prácticas políticas impulsadas por la sociedad civil organizada y de los canales institucionales establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de los cuales se llevan a cabo estas prácticas.
Asimismo, los diferentes procesos de reforma del Estado han buscado, entre otras transformaciones, construir una regulación cada vez más congruente y adecuada con las nuevas circunstancias que a lo largo de los periodos comiciales se han venido suscitando en el terreno práctico.
Lo anterior, en virtud de que se ha estado trabajando en la legislación en materia electoral y en el perfeccionamiento de todas sus reglas aplicables a todos los actores directos e indirectos, antes y durante la contienda electoral. Y se han seguido cuidadosamente las actividades que los partidos políticos nacionales llevan a cabo durante los periodos no electorales.
En esta redefinición de las reglas electorales, dentro del marco de la reforma del Estado, una de las demandas que han marcado la mayor inquietud en la ciudadanía es el reconocimiento jurídico de las denominadas candidaturas independientes.
El fortalecimiento de los derechos ciudadanos es de mayor relevancia y deben ser objeto de reconocimiento en la ley, lo que constituye un paso más para la consecución de acuerdos nacionales hacia la gobernabilidad y una mejor democracia.
Para esto estamos planteando la posibilidad de que se reforme el artículo 22 y se incluya la participación de candidatos independientes a los cargos de elección popular para presidente de la república y fórmulas de diputados por el principio de mayoría relativa.
Para la procedencia de este registro en el caso de las diputaciones estamos proponiendo que debe presentarse una relación que contenga cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente a 15 por ciento del padrón electoral correspondiente al distrito en cuestión.
En el caso de la Presidencia de la República estamos planteando que se presente una relación que contenga cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente a 2 por ciento del padrón electoral correspondiente a todo el país, con corte al 31 de diciembre del año previo a la elección.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la democracia es un proceso, no un acto aislado. Para que no languidezca se requiere de un trabajo arduo que implique la construcción de nuevas figuras que protejan y garanticen el correcto ejercicio de los derechos de la ciudadanía y generen los espacios para propiciar el debate de las ideas, por lo que solicito su voto aprobatorio a la misma, así como la inserción de su texto íntegro en el Diario de los Debates. Gracias por su atención.
Es cuanto, señor Presidente.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por los diputados Yolanda Rodríguez Ramírez y Luis Enrique Benítez Ojeda, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados al honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados, proyecto de decreto por el que se adiciona en el Libro Primero, Título Tercero, un Capítulo cuarto denominado ``De las Candidaturas Independientes'' del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosDesde los antiguos griegos hasta Rousseau, se pensaba en la democracia como una democracia directa, en la cual los ciudadanos ejercen el derecho a la participación en la toma de decisiones sin intermediación. La democracia se asocia, desde entonces, con soberanía popular, voluntad general e interés común. Esta concepción tradicional de la democracia se articula en torno al protagonismo central del pueblo concebido como soberano, como un todo homogéneo y capaz de producir una voluntad colectiva. Los protagonistas de este tipo de democracias son los sujetos, capaces de identificar aquello que constituye el bien común.
Con la aparición de sociedades más complejas, de masa, con mayor diferenciación, es necesario crear nuevas opciones democráticas. Actualmente, el ciudadano y las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un rol central en la construcción democrática, en el control de la gestión gubernamental, en la expresión de demandas y en el fortalecimiento del pluralismo que toda democracia promueve y necesita. Ellos son actores relevantes de la democracia de ciudadanía. Su papel es complementario al de los actores políticos tradicionales de la democracia. A pesar de las dificultades y los obstáculos que suele conllevar la aceptación de la sociedad civil como ámbito de participación y fortalecimiento de la democracia, su importancia en la democratización debe ser claramente reconocida.
En palabras de Hannah Arendt (1949) ``la ciudadanía es el derecho a tener derechos, los cuales sólo es posible exigir a través del pleno acceso al orden jurídico que únicamente la ciudadanía concede''. Por tanto, el ciudadano es un sujeto de derechos, alguien que conoce sus derechos y tiene la posibilidad y la capacidad de defenderlos. La calidad de la ciudadanía no sólo depende del ejercicio de derechos, es necesaria también la presencia de la conciencia ciudadana, es decir, la convicción de que se cuenta con el reconocimiento del estado al que se pertenece, y que dicho reconocimiento se expresa en prácticas concretas que aseguran el ejercicio ciudadano.
Debido a la necesidad de consolidar los mecanismos y la eficacia de la cultura democrática en México, a lo largo de los últimos 15 años se han venido revisando las prácticas políticas impulsadas por la sociedad civil organizada, así como los canales institucionales recogidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los diferentes procesos de reforma del Estado han buscado, entre otras transformaciones, construir una regulación cada vez más ad hoc con las nuevas circunstancias que a lo largo de los períodos comiciales se van suscitando en el terreno práctico.
La participación activa de las ciudadanas y los ciudadanos ha generado un rol especialmente importante en términos de garantizar el apego a la legalidad y a la transparencia en las etapas del sufragio y antes del mismo.
La legislación en la materia electoral ha implicado el perfeccionamiento de las reglas aplicables a todos los actores directos e indirectos de las contiendas electorales, pero también un seguimiento cuidadoso de las funciones que los partidos políticos nacionales llevan a cabo durante los períodos no electorales.
Algunos de los cambios más relevantes en los escenarios políticos orientados a una nueva representación ciudadana en los procesos electorales son, entre otros:
Por otra parte y teniendo además como antecedentes en la legislación electoral, los cambios a la Ley Nacional Electoral de 1957, a la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE) de 1977 y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) de 1994, el proceso de reforma del Estado reciente también ha considerado los resultados de las denominadas mesas de estudio para la reforma de Estado, en el sentido de estimular una mayor actividad ciudadana.
En particular el área sobre reforma electoral ha adquirido una singular relevancia luego de los comicios federales del año 2006, tras quedar evidenciadas una serie de inconsistencias tanto en el COFIPE como en la operación del Instituto Federal Electoral.
En este rediseño de las reglas electorales dentro del marco de la reforma de Estado, una de las demandas que mayor interés generó y sigue generando en la ciudadanía, es sin duda el reconocimiento jurídico de las denominadas ``candidaturas independientes''.
Con tres importantes precedentes al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Federal Electoral se han pronunciado en diferentes sentidos: en el caso de Michoacán, el del ciudadano Jorge Castañeda y el de Yucatán.
En el primer caso se trató de una decisión emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral (SUP-JDC-037/2001) adoptada el 25 de octubre del 2001 y en la cual se confirmó con su sentencia el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral Estatal, es decir, negándose a registrar la candidatura independiente para la elección de gobernador.
Por otro lado, para el caso del ciudadano Jorge Castañeda, quien presentó un amparo en revisión (743/2005) en contra de artículos específicos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) y de su acto de aplicación, así como en contra de la omisión legislativa y de la omisión a una iniciativa presidencial para que en la legislación ordinaria se prevean las candidaturas no partidistas, el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dio en el sentido de negar el registro de una candidatura independiente a las elecciones presidenciales del 2006.
Pensamos que por medio de este mecanismo de control constitucional no son justiciables los derechos político--electorales, a pesar de que ya no se sostiene la distinción entre derechos de las personas como garantías individuales y derechos de los ciudadanos, como derechos políticos, sino que en ambos casos se acepta calificarlos como derechos fundamentales, aunque sean de tipo político electoral.
La gravedad de estas determinaciones del más alto tribunal radican en un cuestionamiento de las bases garantistas conformadoras del neoconstitucionalismo, ya que estas comportan cambios estructurales tanto en la perspectiva del derecho como en la de la democracia política, según apunta el jurista italiano Luigi Ferrajoli en su obra Derechos y Garantías.
Asimismo, implica no reconocimiento del principio pro homine o pro personae, que equivale a brindar la interpretación más progresista, o de mayor amplitud para el cumplimiento de los derechos de las personas.
Se trata de una omisión de parte de México a compromisos internacionales, en específico, el numeral 2 del artículo 23 de la Carta Americana de los Derechos Humanos y del numeral 2 del artículo 2o. del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Sin embargo, para el tercer caso citado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en octubre del 2006, emitió su fallo determinando la constitucionalidad de las candidaturas independientes en la ley electoral del estado de Yucatán, permitiendo con ello la posibilidad de que ciudadanos y ciudadanas sin partido puedan ser postulados a los cargos de gobernador, diputaciones locales y presidencias municipales.
El pleno de los ministros dio validez constitucional a la reforma de los artículos 28, 29, 30 y 31 de la Ley de Procedimientos Electorales de Yucatán, sentando condiciones para poder legislar con la misma orientación desde los congresos locales y el federal.
Es importante referir también el antecedente sobre estas figuras que se contempla en los artículos 192 a 195 del Código Electoral del estado de Sonora, con anterioridad a su regulación en la Ley Electoral de Yucatán.
Así, en esta nueva etapa figuras irreguladas que expresan un derecho ciudadano, han encontrado un canal sustentado para su concreción legislativa. Ello es un antecedente de la mayor importancia para alcanzar acuerdos nacionales en el marco que la Ley de Reforma de Estado proporciona, pronunciándonos por integrar al régimen legal la figura de las candidaturas ciudadanas.
Las demandas de la sociedad civil, que como se ha podido constatar en esta revisión a groso modo, obedecen a un proceso evolutivo ininterrumpido, requieren ser retomadas por el Poder Legislativo federal mediante una regulación justa, equitativa y proporcional, en este caso en el COFIPE.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona en el Libro Primero, Título Tercero, un capítulo cuarto denominado: De las Candidaturas Independientes, recorriendo los artículos subsecuentes del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo Único. Se adiciona en el Libro Primero, Título Tercero, un capítulo cuarto denominado ``De las Candidaturas Independientes'', recorriendo los artículos subsecuentes del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Libro Primero Título Primero... Título Segundo... Título Tercero... Capítulo Primero al Tercero... Capítulo Cuarto De las Candidaturas IndependientesArtículo 22. Los ciudadanos podrán participar como candidatos independientes a los cargos de elección popular para presidente de la república y fórmulas de diputados por el principio de mayoría relativa.
Artículo 23. Para la procedencia del registro, los ciudadanos que pretendan de manera independiente una candidatura de elección popular, deberán comunicarlo al Consejo General del Instituto Federal Electoral, por lo menos 60 días antes del inicio del plazo del registro de la candidatura a la que aspire, debiendo acreditar los requisitos estipulados en el artículo 25 de este código.
Artículo 24. El Instituto Federal Electoral asignará hasta el 5 por ciento del monto total del financiamiento público anual destinado para las actividades tendientes a la obtención del voto, el cual se distribuirá proporcionalmente entre los candidatos independientes que obtengan su registro como lo determine el propio instituto.
El candidato independiente que obtenga el triunfo en la elección correspondiente podrá recuperar del instituto, hasta un 50 por ciento de los gastos máximos de campaña establecidos para la respectiva elección, previa comprobación de dicho gasto.
En caso de que un candidato independiente que resulte triunfador hubiere excedido en sus gastos máximos de campaña correspondiente, no tendrá derecho a la recuperación a que se refiere el párrafo anterior. Lo anterior sin perjuicio de las sanciones a que sea acreedor el candidato de conformidad con lo establecido en esta código.
Artículo 25. Los ciudadanos que de manera independiente pretendan ser candidatos, deberán acompañar, a la solicitud de su registro ante el Instituto Federal Electoral:
Se recorren los artículos subsecuentes conforme a los Libros, Títulos y capítulos en vigor.
TransitoriosPrimero. El Consejo General del Instituto Federal Electoral emitirá, en un plazo de 90 días, un reglamento específico para la comprobación de gastos de campaña aplicable a los candidatos independientes, así como para el cumplimiento en materia de transparencia de las disposiciones legales vigentes.
Segundo. La presente reforma entrará en vigor a los ciento veinte días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Presidencia del diputado Luis Sánchez Jiménez
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputada Rodríguez Ramírez.Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Esta Presidencia informa de la visita de alumnas y alumnos de la Universidad para el Desarrollo Empresarial y Pedagógico, del Distrito Federal. Les damos la más cordial bienvenida.
LEY QUE DETERMINA QUE RESPECTO DE LOS IMPUESTOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION SOLO SON PROCEDENTES LAS EXENCIONES CONSIGNADAS EN LA LEY ADUANAL
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se concede el uso de la tribuna al diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que abroga la Ley que determina que respecto de los Impuestos de Importación y Exportación sólo son Procedentes las Exenciones consignadas en la Ley Aduanal.
El diputado Carlos Alberto García González: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores:El que suscribe, diputado Carlos Alberto García González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la iniciativa por la cual se abroga la Ley que determina que respecto de los Impuestos de Importación y Exportación sólo son Procedentes las exenciones consignadas en la Ley Aduanal, al tenor de la siguiente exposición de motivos:
La Ley que determina que respecto de los Impuestos de Importación y Exportación sólo son Procedentes las Exenciones consignadas en la Ley Aduanal fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1952, sin que hasta el momento haya sido reformada, adicionada o derogada.
El objetivo de esta ley fue mantener de ciertas leyes lo referente a las disposiciones en materia fiscal, con relación al comercio exterior, en donde el Ejecutivo trató con miras a salvaguardar la hacienda pública, brindar herramientas para un control más estricto sobre los fiscales entonces existentes en materia de intercambio comercial.
Esta situación provocó que se presentaran diversas controversias entre el gobierno y los particulares, con consecuencias desfavorables para el erario y para la planta productiva del país. El gobierno dejó de captar impuestos y miles de mercancías entraron al país sin pagar ningún tipo de arancel.
Ahora la situación es diferente, nuestro marco normativo para el comercio exterior se suscribe básicamente en la Ley Aduanera, la Ley de Comercio Exterior, la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, la Ley Federal de Derechos, y la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.
En este contexto, actualmente la Ley Aduanera, en su artículo 61, indica con precisión cuáles son las mercancías que no causarán impuestos al comercio exterior, por ejemplo: las donaciones, la materia prima para la emisión de monedas y billetes, el equipaje de pasajeros, entre otros.
La tarifa hace las exenciones aplicables para aquellas mercancías que de acuerdo con la política comercial del país son susceptibles de no pagar este tipo de impuestos, que en general es a todas las exportaciones, además de las mercancías que fueron negociadas en los diferentes tratados comerciales internacionales.
Aunado a lo anterior, año con año se realiza una actualización del marco que regula las operaciones de comercio exterior a través de las reglas de carácter general en materia de comercio exterior, en las que se mencionan los derechos que se pagan y que, desde luego, pueden incluir varios sectores productivos.
En consecuencia, la legislación en materia de comercio exterior ha abrogado tácitamente la ley en comento, entendido esto como que las nuevas disposiciones han suplido a las viejas, pero sin indicar que formalmente fueron revocadas.
Sin embargo, la abrogación de esta ley debe ser de manera expresa. Este acto de dejar sin efecto una ley o los preceptos legales contenidos en ella sólo puede emanar del Congreso de la Unión, ya que fue la autoridad que legalmente le dio origen.
Por lo anterior, someto ante la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, en los siguientes términos:
Artículo único. Se abroga la Ley que determina que respecto de los Impuestos de Importación y Exportación sólo son Procedentes las Exenciones consignadas en la Ley Aduanal.
Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Por último, solicito que la presente iniciativa se inserte íntegramente en el Diario de los Debates, así como que sea turnada conjuntamente a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. Es cuanto, señor Presidente.
«Iniciativa que abroga la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, a cargo del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito diputado federal Carlos Alberto García González de la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto por el cual se abroga la ley que determina que respecto de los impuestos de importación y exportación, sólo son procedentes las exenciones consignadas en la ley aduanal, bajo la siguiente:
Exposición de MotivosLa Ley que determina que respecto de los impuestos de importación y exportación, sólo son procedentes las exenciones consignadas en la Ley Aduanal, fue publicada en el Diario Oficial el 10 de enero de 1952, sin que hasta el momento haya sido reformada, adicionada o derogada.
El objetivo de esta ley fue hacer un ordenamiento en el sistema jurídico mexicano, para señalar claramente que la exención de impuestos a la importación o a la exportación era materia exclusiva de la Ley Aduanal, de aquel entonces.
Lo anterior, era una necesidad imperante, dado que se habían expedido un sinnúmero de leyes estableciendo regímenes fiscales de excepción para diferentes sectores de la economía nacional.
Esta situación, provocó que se presentarán diversas controversias entre el gobierno y los particulares, con consecuencias desfavorables para el erario público y para la planta productiva del país; el gobierno dejó de captar impuestos y miles de mercancías entraban al país sin arancel.
Ahora la situación es diferente. Nuestro marco normativo para el comercio exterior se suscribe básicamente en tres leyes; la Ley Aduanera, la Ley de Comercio Exterior; y la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.
La Ley Aduanera, en términos generales, es la encargada de regular la entrada y salida del territorio nacional de las mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, del despacho aduanero y de los hechos o actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida de mercancías. La Ley de Comercio Exterior, por su parte, regula y promueve el comercio exterior, y la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, conocida comúnmente como tarifa, clasifica las mercancías y determina los impuestos que se deben cubrir en las operaciones de comercio exterior.
Además, de los tratados de libre comercio, que han sido firmados por el Ejecutivo federal y ratificados por el Senado de la República, por medio de los cuales, nuestro país eliminó o redujo sustancialmente los aranceles a la importación de los productos originarios de los otros países, a cambio de recibir el mismo trato en nuestras exportaciones.
Bajo este contexto, actualmente la Ley Aduanera, en su artículo 61, indica con precisión cuáles son las mercancías que no causarán impuestos al comercio exterior, por ejemplo, las donaciones, la materia prima para la emisión de monedas y billetes, el equipaje de pasajeros, entre otros. La tarifa hace las exenciones aplicables para aquellas mercancías que, de acuerdo con la política comercial del país, son susceptibles de no pagar este tipo de impuestos, que en general es a todas las exportaciones, además, de las mercancías que fueron negociadas en los tratados comerciales internacionales.
En consecuencia, la legislación en materia de comercio exterior ha abrogado tácitamente la Ley que determina que respecto de los impuestos de importación y exportación, sólo son procedentes las exenciones consignadas en la Ley Aduanal, entendido esto, como que las nuevas disposiciones han suplido a las viejas, pero sin indicar que formalmente fueron revocadas. Sin embargo, la abrogación de esta Ley debe ser de manera expresa, este acto de dejar sin efecto una ley o los preceptos legales contenidos en ella, sólo puede emanar del Congreso de la Unión, que fue la autoridad que legalmente le dio origen.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa:
Proyecto de decreto por el cual se abroga la Ley que determina que respecto de los impuestos de importación y exportación, sólo son procedentes las exenciones consignadas en la Ley Aduanal.
Artículo Único. Se abroga la Ley que determina que respecto de los impuestos de importación y exportación, sólo son procedentes las exenciones consignadas en la Ley Aduanal.
TransitorioArtículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado García González. Túrnese a la Comisión de Economía, y las que pidió el propio diputado e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.
LEY DE PLANEACION
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se concede el uso de la tribuna al diputado José Murat, para presentar iniciativa que reforma los artículos 1, 4 y 5 de la Ley de Planeación, suscrita por el propio diputado y el diputado José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado José Murat: Señoras diputadas y señores diputados, señor Presidente, para hacer corta esta intervención le solicito que se inserte en el Diario de los Debates completa. Y en esa función haré algunos comentarios rápidamente.Es necesario garantizar que el Plan Nacional de Desarrollo responda efectivamente a las demandas sociales. Es evidente y claro que el legítimo titular de la representación social y de sus demandas es el Congreso de la Unión. Sólo, en consecuencia, con la revisión efectiva que haga el Poder Legislativo federal se podrá verificar que el Plan Nacional de Desarrollo realmente responda a las necesidades del pueblo y si las comprende todas y si las prioridades que en él se establecen son las que el pueblo mexicano señala.
Por eso consideramos que es necesario modificar el marco legal para que el Congreso de la Unión, no sólo intervenga en el examen y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, sino que posteriormente pueda vigilar su cumplimiento.
En consecuencia, de conformidad con la propuesta que hacemos de reforma a la Ley de Planeación, nos permitimos presentar ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto mediante el cual se propone reformar los artículos 1, fracción IV, 4 y 5 de la Ley de Planeación.
Decreto por el que se reforman los artículos 1, fracción IV, 4 y 5 de la Ley de Planeación.
Artículo único. Se reforma la fracción IV del artículo 1 y los artículos 4 y 5 de la Ley de Planeación, para quedar de la siguiente forma:
Artículo 1, fracción IV. Las bases para promover y garantizar la participación de la Cámara de Diputados en la elaboración y autorización del Plan Nacional de Desarrollo, así como la participación democrática en los programas a que se refiere esta ley, de los diversos grupos sociales, y los pueblos, y comunidades indígenas a través de sus representantes y autoridades.
Artículo 4. Es responsabilidad del Ejecutivo federal conducir la planeación nacional del desarrollo con la participación de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley.
Artículo 5. El Ejecutivo federal, al tomar posesión como presidente de la república remitirá el proyecto del plan a la Cámara de Diputados dentro de los primeros nueve meses de su administración, para su examen, modificación y, en su caso, aprobación, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales. La Cámara de Diputados después de recibir el plan deberá aprobarlo antes del 15 de diciembre del mismo año en que lo recibió.
Los transitorios...
Firman el señor diputado José Rosas Aispuro y su servidor, José Murat.
Por su atención, le agradezco, señor Presidente, y le solicito, en consecuencia, que se inserte completo en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma los artículos 1, 4 y 5 de la Ley de Planeación, suscrita por los diputados José Murat y José Rosas Aispuro Torres, del Grupo Parlamentario del PRI
Los suscritos, José Murat y José Rosas Aispuro Torres, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía popular, iniciativa con proyecto de decreto que contiene reforma a la fracción IV del artículo 1º y a los artículos 4º y 5º, todos de la Ley de Planeación, con base en los siguientes antecedentes y exposición de motivos.
AntecedentesPlanificar el desarrollo económico, político y social de México es de la mayor importancia. Pero igual o más importante es aspirar a que la sociedad mexicana, a través de Congreso de la Unión, participe democráticamente en la definición de los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo.
Los principios del proyecto nacional que contenía la Constitución de 1917 son síntesis de las aspiraciones que el pueblo ha planteado, ratificado y desarrollado en su trayectoria hacia la integración de su nacionalidad, organización política y afirmación soberana. Estableció también las bases para forjar la unidad cultural y política de la nación y de una democracia que contara con instituciones sólidas para conducir la transformación social y garantizar en la libertad, el constante mejoramiento de las condiciones materiales y culturales del pueblo.
A partir de este orden normativo, nuestro país ha podido construir sus instituciones de fomento del desarrollo económico, las instituciones políticas que le darían viabilidad al proyecto nacional, así como crear los instrumentos de intervención del Estado en la economía para promover un desarrollo más acelerado y. equilibrado de las fuerzas productivas, hacer frente a los impactos de las crisis económicas internacionales manteniendo la soberanía de la nación, y dar sustento a un proceso de industrialización mediante la orientación, regulación y fomento de las actividades económicas.
Durante el siglo XX y hasta nuestros días, nuestro país se ha venido transformando en todos sus órdenes. Ha ocurrido una transformación rural-urbana, asociada a una industrialización inconclusa, que ha modificado el tamaño, composición y localización de la población, el desarrollo de las regiones y la estructura productiva. La base de recursos naturales, de inversión, de producción, de tecnología y de trabajo es sustancialmente distinta a pesar de la heterogeneidad que aún nos caracteriza.
Las relaciones económicas de hoy en relación con el mundo y dentro de nuestro país, son mucho más complejas. La sociedad también ha cambiado. Las clases sociales y los diversos agrupamientos se han ampliado y el tejido social es hoy más complejo.
México ha entrado a una muy particular ``modernización'' económica; sin embargo, ésta no ha podido resolver con la celeridad necesaria los graves problemas de desigualdad social, de ineficiencia y baja productividad, de escasa competitividad de nuestros productos en el exterior, y de falta de inversión pública y privada para financiar el desarrollo.
Como un antecedente histórico-económico que permite ubicar nuestro grado de avance económico contemporáneo, señalo que nuestro país ha transitado por distintas visiones gubernamentales desde el punto de vista del desarrollo económico. Esto es, que después de la dictadura de Porfirio Díaz y una vez consolidado política y jurídicamente el nuevo régimen, la historia del país ha transcurrido en el marco de dos proyectos nacionales diferentes: el del nacionalismo revolucionario, surgido del movimiento armado de 1910, consagrado en una nueva Constitución y un marco jurídico que evolucionó dentro de un régimen fuertemente presidencialista y un partido hegemónico; y el del neoliberalismo económico, que tiene origen desde 1982 y ha perdurado hasta hoy en día.
Como contraste de estos dos modelos se puede señalar lo siguiente: de 1940 a 1982 el producto interno bruto creció a una tasa media anual del 6.5% y el ingreso por habitante aumentó 3.5 veces en términos reales, es decir, el mexicano más o menos pudo triplicar sus niveles de consumo. El desarrollo no fue lineal y estuvo condicionado por la acción desestabilizadora del sector externo, por el estímulo del gasto y la inversión públicos, y por su impacto en el equilibrio global de la economía.
Las políticas neoliberales, por su parte, trataron de justificar el cambio en la política económica y la adopción del nuevo esquema auspiciado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, argumentando que se había agotado el modelo de sustitución de importaciones y que la apertura total de la economía era indispensable para su modernización e inserción en la globalidad. Es cierto que había dificultades para aumentar las exportaciones mineras y agrícolas y que la maquila tiene límites, pero la explotación de hidrocarburos de fines de los 70 proporcionó amplios recursos para continuar con el sistema de sustitución de importaciones en una fase más difícil y complicada, como era la de empezar a producir insumos industriales, y maquinaria y equipo.
El proyecto neoliberal no sólo no superó nada de lo conseguido en el modelo económico posrevolucionario, sino que ha agravado las condiciones económicas, políticas y sociales de todos los mexicanos.
Ante la situación actual, el país requiere solucionar el problema de la definición del rumbo de la estrategia de desarrollo, a partir de principios constitucionales del desarrollo económico nacional que actualicen y ordenen las atribuciones existentes, establezcan la seguridad jurídica, y permitan romper con los principales obstáculos que en mayor medida limitan el cumplimiento de los fines de la nación.
La realidad actual de nuestro país, imposibilita separar el ámbito de la economía del de la participación política y de los valores de la sociedad. La legitimidad que en nuestro régimen deriva de su origen revolucionario y del proceso de renovación democrática de los poderes, está cada vez más relacionada con las apreciaciones de la sociedad sobre la capacidad del sector público para conducir con justicia y eficiencia el desarrollo integral.
A pesar de la dinámica de los tiempos contemporáneos, en donde unos cuantos años representan cambios sustantivos en la vida de la nación, el país necesita un horizonte más amplio que vaya más allá de la resolución de los problemas inmediatos y que sobre bases sostenidas de productividad e igualdad, permita la convergencia de los esfuerzos de los sectores de la economía mixta para afirmar la seguridad y la confianza en el desarrollo de la nación.
Sin dejar de reconocer la heterogeneidad de la sociedad mexicana es necesario ir dando cauce a una creciente organización y participación de la sociedad civil en todos los procesos de la vida nacional. Ante la controversia constitucional interpuesta por el Ejecutivo federal en el mes de diciembre de 2004 en materia del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005, es preciso otorgar al Congreso de la Unión de las herramientas de análisis, modificación y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y con ello, lograr la profundización de la democracia participativa en un ámbito tan importante como lo es el proyecto de nación.
El artículo 26 constitucional, desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero de 1983 y sin reforma alguna hasta la fecha, establece las facultades del Estado para planear el desarrollo nacional. En la Ley de Planeación publicada el 5 de enero de 1983 se detalla la forma en cómo establecer los objetivos y principios que garantice el fortalecimiento de la independencia, autodeterminación nacional en lo político, económico y cultural. Sin embargo, esta ley establece condiciones muy laxas que hacen imposible un consenso nacional sobre la dirección económica de un Plan Nacional de Desarrollo, así como darle seguimiento periódico a las metas establecidas, fiscalización y sanción a los servidores públicos que incumplan con el plan. Por ello, es necesario realizar modificaciones al marco legal para que el Plan Nacional de Desarrollo pueda, realmente, darle a nuestro país certidumbre económica, política, y social, con un documento rector y estratégico de planeación a corto, mediano y largo plazos.
Exposición de MotivosPrimero. La conducción económica de nuestro país, a lo largo de la historia, ha pasado por muy diversas facetas y por múltiples y variados ejercicios, desde la centralización planificada, en términos económicos, hasta la implantación de ensayos económicos con tendencia a las doctrinas neoliberales, aunque estos últimos no hayan logrado desprenderse de los principios sociales previstos en la Carta Magna.
Segundo. De acuerdo con los principios generales de la economía mixta, concurren al desarrollo social nacional los sectores públicos, social, y privado; esto obliga al Estado a planear el desarrollo de la economía, tomando en consideración la participación de estos tres sectores.
Tercero. La Ley sobre Planeación General de la República de 1930, dentro del periodo gubernamental del presidente Lázaro Cárdenas, constituyó el inicio de la planeación del desarrollo de México. Particularmente, el presidente Cárdenas comenzó a realizar la tarea de la planeación nacional, a través de su plan sexenal de 1934 a 1940, acción que posteriormente fue imitada por los sucesivos gobernantes del país, quienes buscaron, a través de estos planes, dar cauce y orden al desarrollo nacional.
Cuarto. La denominada ``planeación democrática'', como un verdadero sistema, fue establecida como parte del Plan Global de Desarrollo, identificado como el primer instrumento real de planeación nacional, diseñado desde la administración de José López Portillo, casi a la mitad de su gestión, y elaborado durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, quien se encargó de integrarlo. En efecto, fue en ese gobierno donde se percibió la necesidad de ratificar y explicar las bases del régimen constitucional de la economía mexicana.
Quinto. El artículo 26 de la Constitución Federal establece que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Que los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución, determinarán los objetivos de la planeación. Que la planeación será democrática mediante la participación de los diversos sectores sociales y recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad, para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Que por lo tanto, habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal.
Sexto. Nuestra Carta Magna deja en manos del Estado la obligación de organizar este sistema de planeación democrática, en tanto que, como lo establece el segundo párrafo de su artículo 26, todos los programas de la administración pública federal deben sujetarse al plan nacional de desarrollo. Así, debe entenderse que este plan representa un verdadero documento, cuya elaboración atiende a un mandato constitucional, con un contenido social y objetivos concretos, no dispuesto tampoco al libre arbitrio de quien tiene a su cargo elaborarlo, sino como lo expresa la propia Constitución, debe sujetarse estrictamente a los fines del proyecto nacional que en la misma se expresa.
Séptimo. La Constitución está armada sobre un proyecto nacional que representa lo que todos los mexicanos quieren de su país. Es también indudable que el Plan Nacional de Desarrollo debe ser la base de los programas gubernamentales. Concretamente, los presupuestos de egresos y las leyes de ingresos de cada año del sexenio, deben basarse en el Plan Nacional de Desarrollo. En el mismo ordenamiento constitucional se dispone la necesidad de que en el Plan se establezcan las legítimas demandas y aspiraciones de nuestra sociedad, las que deberán ser incorporadas a éste en un ejercicio democrático que amerita la participación de los diversos sectores sociales.
Octavo. El citado artículo 26 preceptúa que ``en el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la Ley''. Lo anterior, dada la constitucional, legal, legítima y natural representación que del pueblo mexicano tiene el Poder Legislativo federal, es de indudable carácter la participación que el Poder Legislativo debe tener, pues la elaboración del plan constituye sólo un primer paso, mientras que la realización requiere del examen y el debate legislativo, del escrutinio ciudadano y de la libre opinión de todos.
Noveno. Sólo con el examen del Congreso Federal se puede conseguir enriquecer las perspectivas y propósitos del plan como rector de las tareas y acciones del gobierno. Solamente así se logrará traducirlo en la mejor formulación de los programas sectoriales e institucionales que, de conformidad con lo señalado por la Ley de Planeación, corresponde elaborar a las entidades y dependencias de la administración pública federal.
Décimo. El artículo 26 de la Constitución establece que el Congreso de la Unión debe participar en la planeación del desarrollo en los términos que la ley señale. A pesar de la importancia que se le reconoce al Congreso, el artículo 5° de la Ley de Planeación establece que el Presidente de la República remitirá el plan al Congreso de la Unión para su examen y opinión, y dispone consecuentemente que el Poder Legislativo formulará las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio plan. Es decir, que la importante intervención del Congreso que señala la Constitución, en la ley se reduce a una simple opinión sobre el plan, y a observaciones sobre su ejecución. Tal parece que este precepto concibe la teoría de la división de poderes como una división de trabajo, en la que cada Poder del Estado fuese soberanamente independiente de los otros, con una división tajante, en consecuencia, de sus funciones, en las que no cupiera intervención ajena. Esto no es así, la división de poderes, como teoría del Estado moderno, y como lo establece nuestra Carta Magna, más que una división de trabajo, constituye una división de funciones donde sólo mediante una repartición sistematizada y organizada de las diversas tareas del Estado, entendido éste en su conjunto, se impide el abuso del poder, en un esquema de pesos y contrapesos perfectamente armonizado.
Décimo Primero. El Poder Legislativo, más allá de una simple función de elaborar leyes, tiene como principal objetivo limitar y controlar al Poder Ejecutivo; sin embargo, la posibilidad de cumplir con el teleológico espíritu que dio origen a un poder de la magnitud del que representa al pueblo, no puede verificarse con plena eficacia cuando, en materia del documento que rige la planificación nacional en materia de desarrollo, sus facultades se limitan por disposición de una ley, a emitir meras opiniones sobre el mismo y realizar observaciones sobre su ejecución, revisión, y adecuaciones.
Décimo Segundo. Es necesario garantizar que el plan responda efectivamente a las demandas sociales. Es evidente y claro que el legítimo titular de la representación social, y de sus demandas, es el Congreso de la Unión. Sólo con la revisión efectiva que haga el Poder Legislativo federal, se podrá verificar si el Plan Nacional de Desarrollo realmente responde a las necesidades del pueblo o si las comprende a todas; y si las prioridades que en él se establecen son las prioridades que el pueblo mexicano señala. Por ello, considero que es necesario modificar el marco legal para que el Congreso de la Unión no sólo intervenga en el examen y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, sino que posteriormente tenga pueda vigilar su cumplimiento.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar ante esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de decreto mediante el cual se propone reformar los artículos 1°, fracción IV, 4º y 5º, de la Ley de Planeación.
Decreto por el que se reforman los artículos 1, fracción IV, 4, y 5 de la Ley de Planeación.
Artículo Único. Se reforman la fracción IV del artículo 1 y los artículos 4 y 5 de la Ley de Planeación, para quedar de la siguiente forma:
``Artículo 1. ...
Artículo 4. Es responsabilidad del Ejecutivo federal conducir la planeación nacional del desarrollo con la participación de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley.
Artículo 5. El Ejecutivo federal, al tomar posesión como Presidente de la República, remitirá el proyecto del plan a la Cámara de Diputados dentro de los primeros nueve meses de su administración, para su examen, modificación y aprobación, en su caso. En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, la Cámara de Diputados después de recibir el plan deberá aprobarlo antes del 15 de diciembre del mismo año en que lo recibió.
La Cámara de Diputados evaluará la ejecución del plan y podrá formular las observaciones que estime pertinentes.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputado José Murat. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Esta Presidencia informa que contamos con la presencia de alumnas y alumnos de la preparatoria José María Morelos y Pavón, de la delegación Tláhuac, en el Distrito Federal. Les damos una cordial bienvenida.
LEY QUE DETERMINA QUE RESPECTO DE LOS IMPUESTOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION SOLO SON PROCEDENTES LAS EXENCIONES CONSIGNADAS EN LA LEY ADUANAL
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Esta Presidenciarectifica e informa que la iniciativa del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN, se turna a Comisiones Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.
LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS - LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS - LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO - LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se concede el uso de la tribuna al diputado David Figueroa Ortega, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, de la Ley de Instituciones de Créditoy de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
El diputado David Figueroa Ortega: Muy buenos días, compañeras y compañeros legisladores. Con su permiso, señor Presidente.El que suscribe, diputado David Figueroa, presenta iniciativa de ley que reforma la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
La problemática que actualmente se tiene es la siguiente: debido a que el contrato de adhesión es un contrato innegociable, esto trae como consecuencia dos dudas muy importantes acerca del consentimiento. El consumidor no tiene capacidad de negarse a firmar las condiciones dado que no tiene otra opción para conseguir este tipo de servicio. El cliente elige el servicio, pero es muy poco habitual que realmente entre a valorar las cláusulas del contrato que está firmando.
En muchas ocasiones las cláusulas se encuentran redactadas de forma oscura y entre otras, ni siquiera están a su disposición en el momento de la firma. Por último, muchos usuarios omiten su lectura a sabiendas de que no cabe ninguna negociación.
Con la finalidad de entender con una mayor amplitud el contrato bancario o financiero se requiere conocer las características del contrato de adhesión. Por tal motivo propongo lo siguiente:
Ante este tipo de problemática del contrato se propone que las entidades financieras, así como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) informe al público usuario que cualquier persona que desee realizar algún contrato dentro del sistema financiero mexicano tendrá el derecho de conocer el contrato de adhesión por anticipado, solicitándolo mediante escrito a la institución o mediante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros.
Esto tiene como principal finalidad dar la oportunidad al cliente de revisar y analizar, en el tiempo suficiente, el contrato de adhesión para que en su caso, sea aceptado, modificado o rechazado por el mismo.
Aunado a lo anterior, también propongo especificar lo siguiente:
Que el contrato de adhesión que se realice con alguna institución financiera dentro del sistema financiero mexicano se entregará al interesado de manera anticipada mediante solicitud expresa antes de la formalización y/o firma del contrato respectivo, con la finalidad de que conozca las cláusulas del mismo, así como sus alcances y sus consecuencias jurídicas.
En caso de que la entidad financiera haga caso omiso de lo anterior será responsabilidad de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros aceptar la queja, darle seguimiento, así como proporcionar información al interesado.
En obvio de tiempo, Presidente, le solicito que esta iniciativa sea insertada íntegramente en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; de Instituciones de Crédito; y General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, a cargo del diputado David Figueroa Ortega, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, David Figueroa Ortega, en su carácter de diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta soberanía la presente iniciativa.
Exposición de MotivosLos contratos bancarios son contratos de adhesión, los cuales son un tipo de contrato cuyas cláusulas son redactadas por una sola de las partes (el banco), con lo cual la otra (el cliente) se limita tan sólo a aceptar o rechazar el contrato en su totalidad.
Características de los contratos de adhesión utilizados por los bancos
Tomando en cuenta que un contrato bancario o financiero es: ``Aquel acuerdo de voluntades que pretende crear una relación jurídica entre la entidad de crédito o financiera y su cliente, captándole fondos con ánimo de utilizarlos por cuenta propia concediendo créditos a terceros, ó poniendo en funcionamiento un soporte contable (una cuenta) para con el cliente, donde se registran las operaciones que éste hace con la entidad.''
El objeto del contrato bancario o financiero puede ser de tres tipos:
Se detecta que un de los principales problemas que plantean los contratos de adhesión es el relativo a la validez del consentimiento. En el Derecho civil y mercantil tradicional, el consentimiento contractual se entiende como el resultado de una relación bilateral equilibrada entre dos o más personas, las cuales llegan a un entendimiento que se refleja en las cláusulas del contrato.
Esta relación equilibrada se rompe con la aparición del contrato de adhesión. La empresa que presta el servicio ofrece el mismo a través de un contrato innegociable, y el consumidor debe elegir entre aceptar el bien con todas sus cláusulas o no hacerlo. Esto provoca dos dudas muy importantes acerca del consentimiento:
• Ya que todos los bancos utilizan contratos de adhesión, el consumidor no tiene capacidad de negarse a firmar las condiciones, dado que no tiene otra opción para conseguir este tipo de servicio. Esto provoca la duda de si existe verdaderamente un consentimiento en este caso.
• En otros casos, el cliente elige el servicio, pero es muy poco habitual que realmente entre a valorar las cláusulas del contrato que está firmando. En muchas ocasiones las cláusulas se encuentran redactadas de forma oscura, y en otras ni siquiera están a su disposición en el momento de la firma. Por último, muchos usuarios omiten su lectura a sabiendas de que no cabe negociación.
Esto ha planteado muchos problemas jurídicos
En general se admite que el contrato de adhesión es válido. Cualquier otra opción provocaría la paralización del mercado, y se entiende que el contrato de adhesión es una necesidad. Sin embargo, se tiene en cuenta la especial debilidad del consumidor, a quien se le protege por otras vías (legal, jurisprudencial, etc.).
Con la finalidad de entender con una mayor amplitud al contrato bancario o financiero, se requiere conocer las características del contrato de adhesión.
Los contratos de adhesión son confeccionados por los proveedores en forma estandarizada, reproducidos en serie y de contenido general para cualquier consumidor o usuario, por lo que quien se adhiere con su firma debe aceptar todos los términos del mismo en las cláusulas, ya que, en general no puede negociar individualmente su modificación. Es común que estos contratos se renueven automáticamente cada año cuando se trata de servicios prestados por plazo indeterminado. Muchas veces estos contratos se instrumentan mediante la firma de solicitudes, minutas de venta, recibos o formularios propiamente dichos, y el consumidor no discute su contenido ni negocia sus cláusulas.
¿Por qué surgieron y se masificó el uso de este tipo de contratos? El consumo masivo de numerosos bienes o la contratación masiva de ciertos servicios requería que constantemente se estén elaborando contratos individuales para cada suscriptor. Ello sería más engorroso y costoso que confeccionar un contrato tipo que sirva para todo consumidor o usuario. Una vez redactado o predispuesto el contrato por el proveedor, los interesados se ``adhieren'' al mismo. Este criterio de eficiencia agiliza la contratación del servicio o adquisición del bien y reduce los costos administrativos de su gestión.
Los más típicos casos sobre contratos de adhesión se encuentran en la venta a crédito, así como los referentes a los servicios financieros (entiéndase como servicios financieros todos aquellos que sean proporcionados por entidades inherentes al Sistema Financiero Mexicano); donde la ley obliga a la formulación de condiciones (equiparables a cláusulas), con la finalidad de establecer con claridad la cuota inicial, el monto de los intereses y la tasa efectiva anual, el monto y detalle de cualquier cargo adicional si lo hubiere, el número de cuotas, su periodicidad y su fecha de pago y el derecho del consumidor a liquidar anticipadamente la deuda con la reducción de intereses y cargos.
Necesariamente todo contrato bancario o financiero debe estar constituido por un contenido mínimo, como el interés, que viene especificado en las condiciones más particulares (subrayado en rojo); el periodo de liquidación de los intereses, el cual se encuentra especificado en el reverso; las condiciones generales, para cada tipo de interés viene explicado el plazo de liquidación de los mismos; el sistema utilizado para el cálculo de los intereses, el cual explica el cálculo de los distintos intereses que se pueden dar en todos los tipos de contratos formalizados por estas Entidades, asimismo lo que es específico de este contrato está explicado y expuesto en el anverso de la hoja, como un ejemplo de este tipo de modalidad es la Tarjeta Joven, la cual no cobra intereses; las comisiones y los gastos, los cuales también vienen escritas en la primera cara del contrato, en la línea que se refiere a las cuotas (gastos) y las comisiones; y por último, los derechos de las partes, que en este caso se refiere a tal apartado en cada epígrafe de las condiciones generales, que en cierto modo especifican obligaciones de una y otra parte.
En este punto es necesario destacar que no hay ninguna aclaración o indicación enfocado a que el oferente (las instituciones financieras) deberá proporcionar al demandante (cualquier persona que solicite realizar algún contrato con dichas instituciones) de manera anticipada el contrato bancario o financiero que se firmará, con la finalidad de revisar, analizar y aceptar las condiciones en las cuales se proporcionan los bienes o servicios de parte del mencionado oferente.
Lo anterior, en el sentido que se detecta una desventaja y/o inconveniente de dichos contratos. La desventaja se presenta cuando existen cláusulas con las cuales el interesado no está de acuerdo, en principio no tiene posibilidades de negociar su contenido o modificarlas en forma individual.
Uno de los principales inconvenientes es que la capacidad y poder que tiene el proveedor para confeccionar el contrato, le permite a éste redactarlo de forma tal que reduzca eventuales situaciones desfavorables frente a la inmensidad de casos aislados que puedan presentarse ante tan diverso público que se adhiere al contrato bancario o financiero. Ello lleva a que en estos contratos puedan incluirse cláusulas ``abusivas'' por el proveedor del mismo servicio que perjudican al consumidor.
En el supuesto de que el solicitante del servicio bancario o financiero padezca la consecuencia de una cláusula abusiva, puede recurrir a la justicia para reclamar que dicha cláusula no le sea aplicable. Pero también puede informar a la autoridad de aplicación de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros acerca de la existencia de este tipo de cláusulas para que dichas autoridades hagan quitar de los contratos las cláusulas con efectos hacia el futuro. Como se aprecia, la resolución de las desventajas y/o inconvenientes antes mencionadas, no se realizan ex-ante de la firma del mencionado contrato, sino después, una vez que el usuario es afectado directamente.
Ante este tipo de problemática del contrato se propone que las entidades financieras así como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF) informen al público usuario, ``que cualquier persona que desee realizar algún contrato dentro del Sistema Financiero Mexicano tendrá el derecho de conocer el contrato de adhesión por anticipado, solicitándolo mediante escrito a la Institución o mediante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros''. Esto tiene como principal finalidad la oportunidad al cliente de revisar y analizar con el tiempo suficiente el contrato de adhesión, para que en su caso, sea aceptado, modificado o rechazado por el mismo.
Es necesario indicar que la Minuta del Senado que abroga la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2004; y que expide la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; y que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Aprobada en la Cámara de Diputados y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2007, establece que los Contratos de Adhesión que utilicen las Entidades Financieras, deberán cumplir con los requisitos que mediante disposiciones de carácter general emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la cual escuchará previamente la opinión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF). Similar previsión se contempla respecto de sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas y Entidades Comerciales, en cuyo caso las autoridades responsables serían la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Procuraduría Federal del Consumidor, respectivamente.
La presente Minuta del Senado presenta diversos avances con respecto al Contrato de Adhesión, sin embargo, se indica que aún a pesar de que la CONDUSEF integrará un Registro de Contratos de Adhesión, el cual podrá consultar el público en general, a efecto de tener mayores elementos al momento de celebrar algún contrato con una Entidad Financiera o sociedad financiera de objeto múltiple no regulada, se requiere informar al público usuario del derecho que tiene para conocer el mencionado Contrato de Adhesión.
Aún a pesar de este avance, la problemática planteada del Contrato de Adhesión no se resuelve aún, por lo que se procede a proponer las reformas pertinentes a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, así como la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y la Ley de Instituciones de Crédito, así como la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Aunado a lo anterior, también se propone especificar lo siguiente:
Con base en los argumentos antes expuestos, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:
Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley para la Transparencia y Ordenamientos de los Servicios Financieros; Se reforma el artículo 56 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; Se reforma el artículo 118-A de la Ley Instituciones de Crédito; reforma el artículo 36 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros; reforma el artículo 29 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Artículo Primero. Se reforma el artículo 11 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para quedar como sigue:
I. INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS.
Artículo 11. Los Contratos de Adhesión que utilicen las Entidades Financieras deberán cumplir con los requisitos que mediante disposiciones de carácter general establezca la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previa opinión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
...
...
En caso de que la Entidad Financiera haga caso omiso de lo anterior, será responsabilidad de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros aceptar la queja, darle seguimiento, así como proporcionar información al interesado.
Artículo Segundo. Se reforma el artículo 56 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para quedar como sigue:
II. INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS
Artículo 56. Como una medida de protección al Usuario, la Comisión Nacional revisará y, en su caso, propondrá a las Instituciones Financieras, modificaciones a los modelos de contratos de adhesión utilizados en sus diversas operaciones, en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII, del artículo 11 de esta Ley.
Se entenderá por contrato de adhesión, para efectos de esta Ley, aquél elaborado unilateralmente por una Institución Financiera, cuyas estipulaciones sobre los términos y condiciones aplicables a la contratación de operaciones o servicios sean uniformes para los Usuarios.
Se aplicará lo establecido en el artículo 11 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
Artículo Tercero. Se reforma el artículo 118-A de la Ley Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:
III. INICIATIVA QUE REFORMA LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO
Artículo 118-A. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá revisar los modelos de contrato de adhesión utilizados por las instituciones de crédito.
Para efectos de este artículo se entenderá por contrato de adhesión aquél elaborado unilateralmente por una institución, que conste en documentos de contenido uniforme en los que se establezcan los términos y condiciones aplicables a las operaciones activas que celebre la institución.
La revisión tendrá por objeto determinar que los modelos de contrato se ajusten a la presente Ley, a las disposiciones emitidas conforme a ella y a los demás ordenamientos aplicables, así como verificar que dichos instrumentos no contengan estipulaciones confusas o que no permitan a la clientela conocer claramente el alcance de las obligaciones de los contratantes.
La Comisión podrá ordenar que se modifiquen los modelos de contratos de adhesión y, en su caso, suspender su utilización hasta en tanto sean modificados.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá ordenar a las instituciones de crédito que publiquen las características de las operaciones que formalicen con contratos de adhesión, en los términos que la propia Comisión indique.
Se aplicará lo establecido en el artículo 11 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
Artículo Cuarto. Se reforma el artículo 36 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, para quedar como sigue:
IV. INICIATIVA QUE REFORMA LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS
Artículo 36-C. Los contratos de seguro en general deberán contener las indicaciones que administrativamente fije la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en protección de los intereses de los contratantes, asegurados o beneficiarios. Con el mismo fin, la citada Comisión podrá establecer cláusulas tipo de uso obligatorio para las diversas especies de contratos de seguro.
Se aplicará lo establecido en el artículo 11 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
Artículo Quinto. Se reforma el artículo 29 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue:
V. INICIATIVA QUE REFORMA LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO
Artículo 29. Las administradoras en su consejo de administración contarán con consejeros independientes, que serán expertos en materia financiera, económica, jurídica o de seguridad social, y no deberán tener ningún nexo patrimonial con las administradoras, ni vínculo laboral con los accionistas que detenten el control o con los funcionarios de dichas administradoras, así como reunir los demás requisitos señalados en esta ley. Los asuntos que requieren ser aprobados por la mayoría de los miembros del consejo de administración y contar con el voto aprobatorio de los consejeros independientes, son los siguientes:
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputado Figueroa. Insértese íntegro el texto de la presente en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
ARTICULOS 73 Y 122 CONSTITUCIONALES
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se concede ahora el uso de la tribuna a la diputada Marcela Cuen Garibi, para presentar iniciativa que reforma los artículos 73 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la propia diputada y el diputado Arturo Flores Grande, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
La diputada Marcela Cuen Garibi: Buenos días. Con su venia, señor Presidente.Los suscritos, diputados federales Marcela Cuen Garibi y Arturo Flores Grande, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración de este honorable Congreso la presente iniciativa con proyecto por el que se reforma el primer párrafo de la fracción XXI del artículo 73, así como el inciso h) de la fracción V, base primera, apartado C, del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer un sistema de codificación penal único.
Por economía de tiempo, solicito que se inserte de manera íntegra la iniciativa y la presentamos, bajo los siguientes motivos:
Uno de los grandes problemas que ha venido enfrentando el sistema de coordinación existente en la actualidad, en materia de seguridad pública, ha sido la falta de una política criminal coherente, unificada y debidamente estructurada entre los distintos órdenes de gobierno.
Al respecto, es preciso señalar que el actual diseño constitucional prescribe la posibilidad de que cada entidad federativa y la federación puedan establecer sus propias disposiciones penales tanto sustantivas como adjetivas respecto de determinados delitos.
En efecto, es una interpretación actual del artículo 73, fracción XXI, con relación al artículo 124 constitucional, la facultad legislativa en materia penal por parte del Congreso de la Unión se constriñe únicamente al establecimiento de delitos y sus correspondientes sanciones, respecto de actos que impliquen una afectación directa a la federación, por lo que a contrario sensu y tomando en consideración lo previsto por el artículo 124, que establece que las facultades que nos encuentren expresamente previstas en la Constitución a funcionarios federales, se entienden conferidas a los estados.
Todas las demás conductas que desde el ámbito penal que no impliquen una afectación directa de la federación pertenecen, en cuanto a su facultad legislativa, a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Ello ha traído consigo la existencia de 33 criterios legislativos diversos, inclusive discordantes en cuanto a sus postulados básicos, al existir 31 Congresos locales que legislan en materia sustantiva y adjetiva penal, una Asamblea Legislativa del Distrito Federal que realiza lo propio para el Distrito Federal y el Congreso de la Unión, que es facultado de expedir disposiciones sustantivas y adjetivas penales para regular las conductas y sanciones que implican una afectación directa de la federación.
Esta notable dispersión normativa, en materia penal, ha originado que hoy en día existan más de 100 cuerpos normativos penales federales, estatales y del Distrito Federal que prevén disposiciones penales tanto sustantivas como adjetivas, ello sin considerar las leyes especiales tanto del fuero federal como del fuero común, que prevén delitos especiales, situación que viene a aumentar más esta considerable cifra.
Si bien se ha tratado de solucionar esta dispersión penal legislativa a través de reformas constitucionales que vengan a orientar, a poner límites a la facultad legislativa del legislador tanto federal como estatal, lo cierto es que en materia penal sustantiva y adjetiva no podemos abusar de dicha situación, pues prácticamente si lo que se quisiera fuera el homologar criterios legislativos a través de la ley fundamental, la Constitución se convertiría prácticamente en un código sustantivo y procesa penal, lo cual resulta poco imaginable, deseable y creíble.
Por ello se estima que una solución viable a esta problemática real, que ha venido presentando el actual diseño legislativo, es transitar hacia un sistema de codificación penal único para todo el país, en donde sea una sola instancia legislativa, el Congreso de la Unión, la encargada de establecer las disposiciones legales tanto sustantivas como adjetivas, que sean observables por todas las autoridades del país, respetando en todo momento los distintos ámbitos de competencia en cuanto a su implementación, así como respecto de la conformación orgánica a nivel legal, de los órganos de prevención, procuración y administración de justicia de las entidades federativas.
En apoyo de esta concepción existen diversas opiniones de especialistas en la materia que se inclinan por la propuesta, tal es el caso del maestro Ricardo Franco Guzmán, quien señala que durante el siglo XX tuvimos un verdadero mosaico de códigos penales y procedimientos penales en toda la república.
No ha habido uniformidad ni unidad ni concierto en todos ellos. Estamos en completo caos, proponiendo al efecto que urge plantear la posibilidad de redactar un código penal y un código de procedimientos penales, ambos de aplicación en todo el territorio de la República Mexicana, tanto del fuero común como en el fuero federal.
De esta forma, existe una corriente importante de especialistas en la materia que se pronuncian por transitar hacia un sistema de codificación penal única para toda la república, propuesta que inclusive fue presentada en la iniciativa de reforma constitucional al sistema de seguridad pública y justicia, planteada por el Ejecutivo federal en marzo de 2007.
En donde se propone, entre otros aspectos, facultar a través de una reforma constitucional al Congreso de la Unión, para expedir un Código Penal, un Código de Procedimientos y una Ley de Ejecución de sentencias únicos aplicables en toda la república, que deberán implantar la federación, y los estados, y el Distrito Federal, determinando al efecto la competencia que corresponde a cada uno de ellos.
De igual forma han existido en pasadas legislaturas algunos proyectos legislativos encaminados a tal objeto como el presentado por el Partido Convergencia en la Cámara de Diputados el 4 de noviembre de 2003.
En este sentido, la presente iniciativa tiene como objeto tomando en consideración los antecedentes legislativos existentes. Al efecto, venir a abandonar el proceso de discusión y enriquecimiento de esta importante propuesta legislativa enmarcada en el perfeccionamiento del sistema de justicia penal.
Es obvio que el tiempo se me ha terminado y que la iniciativa es muy larga y muy profunda. A mí me gustaría que todas las fracciones parlamentarias la analizaran y pudieran sumarse a esta propuesta. Muchísimas gracias.
«Iniciativa que reforma los artículos 73 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Marcela Cuen Garibi y Arturo Flores Grande, del Grupo Parlamentario del PAN
Los suscritos diputados federales Marcela Cuén Garibi y Arturo Flores Grande, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sometemos a consideración de este Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo de la fracción XXI, del artículo 73, así como el inciso h), de la fracción V, base primera del apartado C, del artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer un sistema de codificación penal único, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:
Exposición de motivosUno de los grandes problemas que ha venido enfrentando el sistema de coordinación existente en la actualidad en materia de seguridad pública, ha sido la falta de una política criminal coherente, unificada y debidamente estructurada entre los distintos órdenes de gobierno.
Al respecto, es preciso señalar que el actual diseño constitucional, prescribe la posibilidad de que cada entidad federativa y la Federación, puedan establecer sus propias disposiciones penales tanto sustantivas como adjetivas, respecto a determinados delitos.
En efecto, de una interpretación actual del artículo 73, fracción XXI con relación al artículo 124 constitucional, la facultad legislativa en materia penal por parte del Congreso de la Unión, se constriñe únicamente al establecimiento de delitos y sus correspondientes sanciones, respecto de actos que impliquen una afectación directa a la Federación, por lo que a contrario sensu y tomando en consideración lo previsto en el artículo 124, que establece que las facultades que no se encuentren expresamente previstas en la Constitución a funcionarios federales se entienden conferidas a los estados, todas las demás conductas que desde el ámbito penal no impliquen una afectación directa a la Federación, pertenecen en cuanto a su facultad legislativa a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Ello ha traído consigo la existencia de 33 criterios legislativos diversos e inclusive discordantes en cuanto a sus postulados básicos, al existir 31 congresos locales que legislan en materia sustantiva y adjetiva penal, una Asamblea Legislativa del Distrito Federal que realiza lo propio para el Distrito Federal y el Congreso de la Unión, que es el facultado de expedir disposiciones sustantivas y adjetivas penales para regular las conductas y sanciones que implican una afectación directa a la Federación.
Esta notable dispersión normativa en materia penal ha originado que hoy en día existan más de 100 cuerpos normativos penales federales, estatales y del Distrito Federal, que prevén disposiciones penales tanto sustantivas como adjetivas, ello sin considerar las leyes especiales tanto del fuero federal como del fuero común que prevén delitos especiales, situación que viene a aumentar aún más esta considerable cifra.
Si bien, hace varias décadas, el criterio unificador de la legislación penal operaba de facto, en donde generalmente las leyes penales de los estados adoptaban el diseño federal, esta situación obedecía a la existencia de un partido único en el gobierno, en donde la Federación prácticamente instruía la conformación de los marcos normativos penales existentes en los estados.
No obstante, la existencia de congresos locales más democráticos e independientes en cuanto a sus decisiones, ha hecho que el proceso de codificación penal presente diversas variantes e incluso discrepancias entre una legislación estatal y otra, al grado de existir prácticamente hablando un alto grado de dispersión legislativa.
Al efecto, podría señalarse solamente para efectos ejemplificativos, las discrepancias que existen en materia dogmática penal, respecto al alcance del concepto constitucional de ``cuerpo del delito'', en donde cada legislación a interpretado su actualización con diversos elementos, conforme a las diversas teorías penales existentes (llámense finalistas, causalistas, funcionalistas, etc.), lo cual ha evidenciado un problema de interpretación de una cuestión constitucional que constituye la base para la privación de una de las mayores garantías que posee todo individuo que es la libertad, a cuyo respecto no existe consenso en las distintas legislaciones existentes al efecto.
Otro aspecto que evidencia la dispersión legislativa existente, es la diversidad de criterios en las legislaciones penales en cuanto a la penalidad de conductas delictivas cuyo bien jurídico a tutelar es el mismo, lo cual ha ocasionado que una misma conducta pueda ser sancionada duramente en un estado del país, mientras que en otro sea sancionada de manera menos severa.
Inclusive dicha diversidad la encontramos también en la construcción típica realizada por el legislador al momento de la creación de los tipos penales, toda vez que lo constituye, por mencionar algún ejemplo, el delito de trata de personas en un estado, en otro se concibe de otra forma en cuanto a los elementos que lo integran, por lo cual no existen criterios claros y unificados en la construcción legislativa de los tipos penales, situación que es indeseable en un estado democrático de derecho al generar incertidumbre jurídica para el gobernado.
En el ámbito adjetivo esto no ha sido la excepción, basta señalar el caso de los delitos graves, en donde tampoco existe un consenso en las diversas legislaciones adjetivas del país respecto a los elementos para su clasificación. En efecto, existen por un lado diversas entidades federativas que siguen el modelo federal en el sentido de establecer un catálogo taxativo de delitos graves. Por su parte, existen otras que optan por adoptar el criterio del término medio aritmético de la pena de prisión del delito que se imputa e, inclusive, existieron otras que dejaban en la decisión del juzgador dicha situación.
De igual forma, esta dispersión legislativa se observa en el caso de los requisitos para el otorgamiento de los sustitutivos penales, e inclusive, en los modelos de justicia penal, en donde algunas entidades federativas están avanzando hacia el modelo acusatorio, en tanto que otros conservan el modelo mixto.
Estas divergencias han sido ocasionadas por una excesiva proliferación de leyes dentro de nuestro sistema jurídico, que han llegado a afectar la aplicación de la propia ley penal y la eficacia de la misma, al propiciar una situación de inseguridad jurídica, originada por dispersión de disposiciones penales, así como por la falta de sistematización, claridad, armonía, unidad e integralidad de la totalidad del marco jurídico existente en materia penal en el país, que repercute de manera directa en el diseño de una política criminal integral.
Situación esta que adquiere todavía más gravedad, por tratarse del derecho penal en donde debe operar la última ratio de Estado (dada la trascendencia de las conductas realizadas), en donde la falta de parámetros claros, discordantes y debidamente definidos, constituyen un gran peligro para el gobernado, en la aplicación del sistema penal, por ser la materia del derecho que lleva inmersa la mayor gravedad y por ende, las mayores sanciones y restricciones de las garantías de las personas.
Si bien es cierto, se ha tratado de solucionar esta dispersión penal -- legislativa a través de reformas constitucionales que vengan a orientar y a poner límites a la facultad legislativa del legislador tanto federal como estatal. Lo cierto es, que en materia de penal sustantiva y adjetiva, no podemos abusar de dicha situación, pues prácticamente si lo que se quisiera fuera homologar criterios legislativos a través de la Ley Fundamental, la Constitución se convertiría prácticamente en un código sustantivo y procesal penal, lo cual resulta poco imaginable, deseable y creíble.
Por ello, es que se estima que una solución viable a esta problemática real que ha venido presentado el actual diseño legislativo, es el transitar hacia un sistema de codificación penal única para todo el país, en donde sea una sola instancia legislativa (Congreso de la Unión) la encargada de establecer las disposiciones legales, tanto sustantivas como adjetivas, que sean observables por todas las autoridades del país, respetando en todo momento los distintos ámbitos de competencia en cuanto a su implementación, así como respecto de la conformación orgánica a nivel legal de los órganos de prevención, procuración y administración de justicia de las entidades federativas.
En apoyo a esta concepción existen diversas opiniones de especialistas en la materia que se inclinan por esta propuesta, tal es el caso del maestro Ricardo Franco Guzmán, quien señala que ``durante el siglo XX tuvimos un verdadero mosaico de códigos penales y procedimientos penales en toda la República. No ha habido uniformidad, ni unidad, ni concierto en todos ellos. Estamos en completo caos'' 1 proponiendo al efecto que ``urge plantear la posibilidad de redactar un Código Penal y un Código de Procedimientos Penales, ambos de aplicación en todo el territorio de la República Mexicana, tanto en el fuero común como en el fuero federal'' 2 .
Por su parte, especialistas en la materia como Raúl Carrancá y Trujillo, Ortiz Tirado, Sánchez Román y Luis Jiménez de Asúa, han defendido la idea de unificar la legislación penal 3 .
El maestro Raúl Carrancá y Trujillo, en su momento, ha sido un férreo defensor de la idea de transitar hacia un sistema de codificación penal único, señalando entre otras cosas que:``el delito no es un fenómeno que se localiza en un solo lugar geográfico; a juzgar por sus efectos, el delito es como la ondulación en círculos concéntricos que produjo la piedra que al caer rompe la tersa superficie de un estanque; así también el delito produce una repercusión social que se extiende, usando el vehículo de las modernas comunicaciones, de un confín al otro del país y que aun traspasa las fronteras internacionales. El delincuente, por su parte, no es un sujeto estático sino que es un ser vivo y activo, que para eludir la acción de la justicia usa todos los recursos que la vida moderna le ofrece, recursos mecánicos y recursos de industria que la humanidad ha ido construyendo para el progreso y que el delincuente deslealmente aprovecha para combatirla. Y si todo esto es así salta a la vista la necesidad de que, dentro de una misma sociedad humana, los métodos e instrumentos de la represión sean los mismos, las técnicas iguales. Se explica que ciertas legislaciones sean diversas, según las regiones; pero en lo penal esto no es más que un absurdo'' 4 .
Inclusive el propio Instituto Nacional de Ciencias Penales en voz de su secretario general académico, maestro Álvaro Vizcaíno Zamora, ha señalado que el modelo actual de codificación penal ``dificulta la coordinación entre autoridades, motiva criterios de interpretación judicial contradictorios, posibilita que conductas idénticas sean tipificadas de forma diversa, permite criterios de punibilidad que establecen mínimos y máximos divergentes para un mismo tipo penal en distintas entidades federativas y, en suma, contribuye a la impunidad... La unificación de la legislación penal --armonización, dirían algunos dogmáticos germanófilos estrictos-- facilitaría el trabajo de todos los operadores del sistema de justicia penal de México'' 5
A mayor abundamiento cabría señalar que en las propias conclusiones del Libro Blanco del Poder Judicial, concretamente en su acción número 30, establece la necesidad de adoptar una codificación uniforme, señalando al efecto lo siguiente: ``Una de las conclusiones unánimes de la consulta fue la necesidad de avanzar en el proceso de codificación uniforme... se han analizado tanto sus ventajas como el hecho de que este proceso no atenta contra la soberanía de las entidades federativas, y resulta perfectamente compatible con el federalismo, tal y como lo demuestran las experiencias de países federales como Brasil y Alemania'' 6 .
De esta forma, existe una corriente importante de especialistas en la materia que se pronuncian por transitar hacia un sistema de codificación penal única para toda la República, propuesta que inclusive fue presentada en la iniciativa de reforma constitucional al sistema de seguridad pública y justicia, planteada por el Ejecutivo federal en el mes de marzo de 2007, en donde se propone entre otros aspectos, facultar a través de una reforma constitucional, al Congreso de la Unión para expedir un Código Penal, un Código de Procedimientos y una Ley de Ejecución de sentencias, únicos, aplicables en toda la República, que deberán implementar la Federación, los estados y el Distrito Federal, determinando al efecto la competencia que corresponde a cada uno de ellos.
De igual forma han existido en pasadas legislaturas algunos proyectos legislativos encaminados a tal objetivo, como el presentado por el Partido Convergencia, en la Cámara de Diputados, el 4 de noviembre de 2003.
En ese sentido, la presente iniciativa tiene como objetivo, tomando en consideración los antecedentes legislativos existentes al efecto, venir a abonar en el proceso de discusión y enriquecimiento de esta importante propuesta legislativa enmarcada en el proceso de perfeccionamiento del sistema de justicia penal.
De esta forma, en apoyo de las concepciones técnicas y doctrinarias existentes respecto de esta propuesta legislativa, y en apoyo a las iniciativas que se han presentado al respecto, por parte de diversos actores políticos, es que a mayor abundamiento se estima que con la adopción del sistema de codificación única en materia penal se lograrían las siguientes ventajas:
Entre otras ventajas.
De la misma forma, se estaría adoptando un modelo igual al establecido en materia laboral y mercantil; además de que este modelo de codificación penal única ya existe en diversos países de corte federalista como Brasil, Alemania y Suiza.
Inclusive, ``casi la totalidad de los países tiene un sólo código penal en la actualidad. Así ocurre en todos los países europeos y de América, las dos únicas excepciones en América son Estados Unidos de América y nuestro país'' 7
Asimismo, cabría señalar que además de que todos los países europeos adoptan un sistema de codificación penal única, esta situación aún va más allá, existen propuestas serias en el seno de la Unión Europea, que lejos de argumentos de corte federalista e inclusive de soberanía, plantean transitar hacia la conformación de un Código Penal Europeo, aplicable a todos los países integrantes de la Unión.
Sin duda la experiencia de otros países, las propuestas realizadas por instancias internacionales, las opiniones de especialistas existentes al respecto, así como las propuestas legislativas presentadas en la materia, constituyen referentes válidos en el proceso de construcción de un derecho penal que brinde certeza jurídica al gobernado y permita la construcción de una política criminal coherente e integral, que nos permita como país avanzar en la lucha contra el flagelo de la delincuencia, sobre la base de un sistema de codificación penal único para todo el país, tanto para la materia sustantiva, adjetiva y de ejecución de sanciones.
Es por ello que la presente iniciativa propone en términos concretos, establecer un sistema de codificación penal único, tanto en la materia sustantiva, adjetiva y de ejecución de sanciones penales, garantizando en todo momento la competencia de las entidades federativas para aplicar las normas penales correspondientes, establecidas al efecto por el Congreso de la Unión, conservando a su vez la competencia legislativa para la conformación orgánica a nivel legal, de los órganos de prevención, procuración y administración de justicia de las entidades federativas, así como para la interposición de mecanismos de control constitucional respecto a la legislación penal que al efecto expida el Congreso de la Unión.
Por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente:
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 73 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer un sistema de codificación penal único
Artículo único. Se reforma el primer párrafo de la fracción XXI, del artículo 73, así como el inciso h) de la fracción V, Base Primera, del apartado C, del artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 73. ...
Artículo 122. ...
...
...
...
...
...
A. a B. ...
C...
Base Primera...
Base Segunda a Base Quinta. ...
D. a H. ...
TransitoriosArtículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. El Congreso de la Unión dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente decreto, deberá expedir las leyes penales y de ejecución de sentencias penales a que se refiere el primer párrafo de la fracción XXI, del artículo 73 constitucional que se reforma por virtud de este decreto, mismas que deberán de establecerse en un sólo cuerpo normativo de acuerdo con la materia de que se trate. De igual forma, deberá derogar todos aquellos delitos especiales previstos en leyes federales distintas a la legislación penal, a fin de trasladarlos al cuerpo normativo correspondiente.
Artículo tercero. Las reformas previstas en el presente decreto al artículo 122 apartado C, base primera, fracción V, inciso h), entrarán en vigor en la misma fecha en que inicien su vigencia las leyes a que se refiere la fracción XXI del artículo 73.
Artículo cuarto. Las leyes en materia penal y de ejecución de sentencias penales que hayan sido expedidas por las legislaturas de las entidades federativas, quedarán abrogadas a la entrada en vigor de las leyes a que se refieren la fracción XXI del artículo 73 constitucional que se reforman por virtud del presente ordenamiento.
Artículo quinto. Las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de las leyes a que se refieren la fracción XXI del artículo 73 constitucional que se reforman por virtud del presente ordenamiento, deberán realizar las adecuaciones legales correspondientes a la conformación orgánica de sus respectivas instancias u órganos de prevención de delito, procuración y administración de justicia, así como de ejecución de sentencias penales.
Artículo sexto. En tanto se expiden las leyes a que se refiere la fracción XXI del artículo 73 constitucional que se reforman por virtud del presente ordenamiento, se seguirán aplicando los ordenamientos federales y de las entidades federativas vigentes a la entrada en vigor del presente decreto.
Artículo séptimo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.
Notas:1) Los desafíos de la seguridad pública en México . Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. 1ª ed. México. 2002. p. 76.
2) Ibidem, p. 79.
3) Cit. por García Ramírez, Sergio. Manual de Prisiones. La Unificación Penal en México. Ed. Botas, México, 1970, p. 86.
4) Carrancá y Trujillo, Raúl. ``La unificación de la legislación penal mexicana'', Criminalia, año VII, núm. 4, 1º de diciembre de 1940, p. 236.
5) http://www.inacipe.gob.mx/htm/QuienEsQuien/Investigacion/Opiniones/Legislacion.html
6) Libro Blanco de la Reforma Judicial. Una agenda para la justicia en México . SCJN. México. 2006. p. 407.
7) Los desafíos de la seguridad pública en México . Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. 1ª ed. México. 2002. p. 79
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputada Cuen Garibi. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria ytúrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
LEY DE LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se concede el uso de la tribuna al diputado Gerardo Priego Tapia, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma al artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
El diputado Gerardo Priego Tapia: Buenas tardes.En México hoy discriminamos por todo. En México discriminamos por el color, discriminamos por la estatura, discriminamos por el peso, discriminamos por la edad, por supuesto por el género, por el origen étnico también, por las preferencias sexuales, por la religión, en fin.
Nueve de cada diez personas hoy en México reconocemos algún tipo de discriminación y la brutalidad de ella. La discriminación pues tiene que ver con la exclusión, tiene que ver con la marginación, tiene que ver inclusive con la pobreza en nuestro país.
Un país con 45 millones de personas en pobreza, donde casi 12 millones de indígenas están dentro de ella y en los peores grados de pobreza tiene que preguntarse hoy cuál ha sido el valor de este factor dentro de esa brutal pobreza.
Todavía hoy en México, de una manera grotesca, hay quienes ven el decirles ``indio'' como uno de los peores insultos que pudiera haber, cuando es precisamente algo que dignifica lo que hoy somos, como personas y como país.
La justicia social es flor de convivencia human: ordenada y libre, segura y suficiente, fraternalmente solidaria. Es la tranquila convivencia en el orden, nos decía Manuel Gómez Morín en 1944.
En el PAN, hoy, en el Partido Acción Nacional estamos muy preocupados por esos miles y millones de personas en el país que parecieran no ser parte de México, que parecieran no existir.
Hoy quiero hablarles de la comunidad negra en México. Hay millones de mexicanos, miles de mexicanos en las regiones que ni siquiera saben que en México hay una comunidad negra de casi un millón de personas.
Hoy en los estados de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Chiapas, Michoacán, Quintana Roo y una parte de Coahuila, la que está encabezada regionalmente por Múzquiz, hay una comunidad afrodescendiente que tiene 500 años trabajando en la comunidad mexicana y mezclándose con estas culturas propias, originales mexicanas. Lo que estoy proponiendo hoy, como parte del Partido Acción Nacional, es el reconocimiento a esa comunidad que hoy es la de mayor exclusión en el país, tanto que ni siquiera está reconocida.
Hoy lo que proponemos es que se haga realidad lo que dice nuestra Constitución. Ese país, esa nación multiétnica y pluricultural que hoy, repito, desconoce a esta población con todo y sus características.
Hoy, para poder generar políticas públicas incluyentes, tenemos precisamente que hacer el reconocimiento de esas comunidades que integran nuestro país.
Hoy la comunidad afrodescendiente en México no puede estar considerada por las políticas públicas, precisamente porque no se le reconoce.
Por lo anterior, puedo afirmar que el gobierno del presidente Calderón está impulsando políticas sociales que nos permitan erradicar la discriminación en México y mejorar el futuro de todos los grupos que integramos esta maravillosa nación.
Y es por eso, entonces, que someto a consideración de ustedes el decreto por el que se adiciona el último párrafo del artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en los siguientes términos:
Que se adicione un último párrafo del artículo 2, para quedar como sigue:
Lo establecido en el presente artículo será aplicable en lo que corresponda a las comunidades de población afrodescendiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por su atención, muchas gracias.
«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Gerardo Priego Tapia, diputado federal de la LX Legisladora del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, párrafo 1, inciso c); 42, párrafo 1, y 43, párrafos 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2 Bis de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas bajo la siguiente
Exposición de MotivosEn términos formales, los mexicanos nos reconocemos como una sociedad pluricultural, como explícitamente se señala en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ``La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas''; y, a su vez, está presente en el discurso político, económico y social en el que se expresan las demandas de los diferentes grupos indígenas y la sociedad no indígena que conforman este país. Este reconocimiento se hace bajo el principio de igualdad jurídica de todas las personas y se refuerza con la prohibición de ``toda discriminación motivada por origen étnico'', entre otras causas de discriminación ( Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 1º.)
Sin negar la importancia que tiene el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, hay que reconocer que aún existen grupos que conforman nuestra diversidad cultural y que aún sufren marginación y discriminación por su particularidad cultural. Este es el caso de los afrodescendientes. La mayoría de los mexicanos ha crecido creyendo que no hay población negra en México. Sin embargo los afrodescendientes son un pueblo de raíz africana que a partir de nuevas situaciones vividas a lo largo de cinco siglos, y los elementos de la cultura indígena y colonial europea han re creado valores sociales, económicos, culturales, religiosos, y políticos propios.
Los asentamientos afrodescendientes se ubican principalmente en las regiones de la costa chica de Guerrero y Oaxaca, en la región centro-golfo del estado de Veracruz, la costa grande de Oaxaca, la región de la Tierra Caliente en Michoacán, en los Altos y el istmo-costa en Chiapas, en el estado de Quintana-Roo, así como en el municipio de Múzquis en el estado de Coahuila. Diversos estudios etnográficos, nos revelan que la población afrodescendiente se constituye en comunidades que presentan características organizacionales, culturales y lingüísticas propias, con rasgos africanos.
El que no se reconozca la especificad cultural a la población afrodescendiente, no es un asunto menor. Recordemos que si el Estado no acepta la existencia de un grupo minoritario, no existen mecanismos de resolución de demandas por más que sectores de la comunidad internacional, la prensa, y el público en general reconozcan que el grupo en cuestión debería de gozar del reconocimiento explicito y jurídico. El primer paso para la obtención de derechos de un grupo minoritario es su reconocimiento.
Sin embargo, la discriminación y la exclusión es un proceso histórico y dinámico, que puede ser reorientado por el Estado y las políticas públicas en un rumbo que permita alcanzar las condiciones básicas de equidad para los afrodescendientes, inspirado en la dinámica propia de estos grupos, en sus posibilidades y potencial de auto-desarrollo, en su lógica y sus conocimientos.
Al momento de legislar, es necesario considerar que la cultura es un elemento integral de las personas y, por tanto, es esencial para la elección de oportunidades, así como para la selección de una existencia más plena y satisfactoria para los individuos y valiosa para la sociedad. Es necesario que la gente cuente con la libertad de participar en la sociedad sin tener que desprenderse de los vínculos culturales que ha escogido. Así la libertad cultural constituye una parte fundamental del desarrollo humano puesto que, para vivir una vida plena, es importante poder elegir la identidad propia --lo que uno es-- sin perder el respeto por los demás o verse excluido de otras alternativas.
Es necesario entonces que se trabaje en la incorporación de políticas públicas que incorporen la diversidad como criterio fundamental, en la ampliación del acceso de la población afrodescendiente a los programas y servicios dados ya a la población indígena, toda vez que éstos están sustentados en su identidad cultural. Uno de los elementos fundamentales de la política pública es que debe garantizar la libertad cultural. Desde esta perspectiva, la libertad cultural adquiere un contenido explícito determinado: las instituciones e intervenciones públicas deben garantizar que la pertenencia a un grupo cultural determinado no implique acceso desigual a las oportunidades de desarrollo personal y comunitario. Asimismo, éstas deben proteger el derecho a ostentar aquellas dimensiones de la identidad que reflejen elecciones individuales legítimas, sin que ello implique la exclusión o el trato desigual, ni en el ámbito económico ni en el de la interacción social. Debemos recordar que el objetivo de las iniciativas de desarrollo y de las riquezas de la sociedad es la realización de las personas en todas sus dimensiones. Entre estas dimensiones se destacan el derecho a una cultura y el derecho a la identidad propia, las cuales incluyen memorias, tradiciones, lenguas y aspiraciones.
Así fundamentado en estas afirmaciones se propone que se proporcione a la población afrodescendiente la misma atención que a los pueblos indígenas, toda vez que esta población se constituye en comunidades que presentan características organizacionales y culturales equiparables con las definidas para las comunidades y pueblos indígenas.
Se presenta está iniciativa tomando en cuenta que en su último párrafo el artículo 2° constitucional establece que: ``Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley.'' y con fundamento en los principios establecidos para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que se refieren a la observancia del carácter multiétnico y pluricultural de la Nación; así como de la promoción de la no discriminación o exclusión social y la construcción de una sociedad incluyente, plural, tolerante y respetuosa de la diferencia y el diálogo intercultural.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona el último párrafo al artículo 2 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en los siguientes términos:
Artículo Único. Se adiciona un último párrafo al artículo 2 a la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para quedar como sigue:
Artículo 2. ...
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas.
REGISTRO DE ASISTENCIA
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se pide a la Secretaria que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján . ¿Falta algún diputado o alguna diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 428 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
LEY DE ASISTENCIA SOCIAL
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 12 de la Ley de Asistencia Social.
La diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el aborto provocado y su eventual liberalización legal es un problema grave, toda vez que se trata de la vida humana, valor primordial que es necesario proteger y promover.La presente iniciativa con proyecto de decreto se fundamenta en la premisa que considera la existencia de vida humana desde el momento mismo de la unión de un óvulo con un espermatozoide.
Desde ese momento, desde la concepción, queda inaugurada una nueva vida humana que no es la del padre ni la de la madre. Desde ese instante está científicamente comprobado que tenemos un ser con un código genético determinado, en el que ya están marcados los caracteres más individuales del ser humano. Por tanto, lo que hay en el seno materno es una persona humana que tiene derecho a la vida.
En este sentido, desde este primer instante, la vida del nuevo ser merece respeto y protección tanto por la legislación positiva como por el Estado, porque el desarrollo humano es un continuo en el que no hay saltos cuantitativos, sino la progresiva realización de ese destino personal.
Así lo reconocen diversos tratados internacionales sobre derechos humanos firmados por el Ejecutivo, de acuerdo con la Constitución y aprobados por el Senado mexicano, como la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Americana de los Derechos del Hombre y la Declaración Universal del Genoma Humano, donde se reconoce el derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción.
Al concebido no nacido se le considera niño para los efectos del tratado, así como el derecho a la atención prenatal que debe recibir toda mujer, como el niño por nacer también.
Los abortos clandestinos son una realidad innegable, frente a ello algunos argumentan que la despenalización del aborto ayudaría a reducir el número de muertes por abortos clandestinos. Sin embargo, la experiencia de otros países nos advierte todo lo contrario.
La legalización del aborto lo convierte en un método que parece moralmente aceptable y, por tanto, como opción posible que no es igualmente considerada ahí, donde no es legal. Ante esto es preciso señalar que, incluso en los países con legislaciones permisivas, el aborto clandestino sigue existiendo.
Además, el aborto supone un riesgo, para la salud de la mujer, significativamente mayor que el embarazo y el parto. Toda intervención quirúrgica por sencilla que sea y por segura que parezca tiene sus riesgos. La palabra seguridad se vuelve inadecuada para estas situaciones.
Si bien es cierto que las complicaciones y la mortalidad materna por prácticas abortivas no son muy frecuentes, debemos aceptar que existen secuelas importantes derivadas de estas manipulaciones que pueden influir seriamente en el desarrollo de embarazos posteriores. En suma, ningún aborto es seguro para la mujer que aborta.
Es evidente, además de las consecuencias negativas para la salud física de la mujer por la decisión de poner fin a la vida que llevan dentro de si y también con frecuencia traumas psicológicos. El estudio más serio que se ha realizado al respecto fue llevado a cabo en Finlandia por el Centro Nacional Finlandés de Investigación y Desarrollo para la Salud y Bienestar.
Dicho estudio demostró que las mujeres que han abortado, en comparación con las que han dado a luz un hijo, su índice de mortalidad es 3.5 veces superior. El porcentaje de suicidios es siete veces mayor. Tiene cuatro veces más probabilidades de riesgo de morir a causa de un accidente. Frecuentemente sufren trastornos psicológicos incluidos en el denominado síndrome postaborto caracterizado por la depresión, la baja autoestima, sentimientos de culpabilidad, desesperación, mayor tendencia a abusar del alcohol y las drogas o automedicación con sustancias antidepresivas o estimulantes.
Es ilusorio pensar que el aborto pueda solucionar los problemas sin causar otras dificultades o riesgos. Uno de los argumentos típicos de quienes están a favor del aborto es que la mujer es libre de hacer con su cuerpo lo que le parezca mejor.
Pero esto es una falsedad porque el feto no es parte de la madre, sino que está alojado en ella o mejor dicho, está implantado en ella y tiene vida propia que nadie tiene el derecho a quitar, ni siquiera por una anormalidad o malformación en la criatura. Porque esto sería tanto como decir que el que es anormal o ha sufrido un accidente o una enfermedad o vejez, no debe de vivir.
En este orden de ideas debemos insistir que el ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante mismo de su concepción y por eso, a partir de este momento se le deben reconocer los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable que todo ser tiene a la vida.
Es tiempo que apoyemos con mayor decisión la maternidad, para que las mujeres que deseen dar a luz a sus niños encuentren el respaldo necesario para hacerlo. Estar a favor de la vida desde el momento mismo de la concepción no significa cerrar los ojos ante la terrible realidad de los abortos clandestinos, ni de la muerte materna por esta causa.
La presente iniciativa de ley pretende abrir un espacio de acción por parte del Estado a favor de la vida humana por nacer. Se trata de incluir una fracción XIII en el artículo 12 de la Ley de Asistencia Social a efecto de influir, dentro de los servicios básicos de salud en materia de asistencia social, el apoyo a mujeres en periodo de gestación que enfrenten dificultades, con el fin de disminuir las prácticas abortivas y por ende el índice de muerte materna por abortos clandestinos.
Es sabido que el sistema DIF es una institución que actualmente brinda servicios y apoyos esenciales para las familias mexicanas de los grupos más vulnerables de la sociedad, entre los cuales se pueden contar las mujeres embarazadas que atraviesan problemas de cualquier índole.
En esta etapa de vulnerabilidad para la mujer, el consejo positivo, la orientación y el apoyo se vuelven fundamentales para afrontar los problemas y prevenir futuras complicaciones, tanto de salud como sicológicas.
La orientación y el apoyo a las mujeres embarazadas que así lo soliciten, por parte del personal especializado del DIF y de otras instituciones de asistencia social, podrán prevenir la muerte no sólo de niños que están por nacer, sino también de la madre y con ello abonar a la solución de un enorme y complejo problema social.
Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto
Artículo único. Se adiciona una fracción XIII al artículo 12 de la Ley de Asistencia Social y se recorre el numeral de la fracción subsecuente, para quedar como sigue:
Artículo 12...
XIII. Brindar servicios de orientación y apoyo a mujeres en periodo de gestación para la prevención del aborto, poniendo especial atención a las mujeres en situación de vulnerabilidad.
Es cuanto, señor Presidente.
«Iniciativa que reforma el artículo 12 de la Ley de Asistencia Social, a cargo de la diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Mirna Cecilia Rincón Vargas, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por el estado de Baja California, integrante de la LX Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se turne a las comisiones correspondientes a fin de que se dictamine y se lleve a cabo la posterior discusión en el Pleno de esta Cámara, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona la fracción XIII al artículo 12 de la Ley de Asistencia Social, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEl problema del aborto provocado y de su eventual liberalización legal ha llegado a ser en casi todas partes tema de discusiones apasionadas. Estos debates serían menos graves si no se tratase de la vida humana, valor primordial que es necesario proteger y promover.
De manera paradójica, podemos observar cómo crecen a la vez la protesta indiscriminada contra la pena de muerte, contra toda forma de guerra, y la reivindicación de liberalizar el aborto.
La presente iniciativa con proyecto de decreto, se fundamenta en la premisa que considera la existencia de vida humana desde el momento mismo de la fecundación mediante la unión de un óvulo con un espermatozoide. Desde ese momento, desde la concepción, queda inaugurada una nueva vida humana, que no es la del padre ni la de la madre. Desde ese instante, está científicamente comprobado que tenemos un ser con un código genético determinado en el que ya están marcados los caracteres más individuales del ser humano. Por tanto, lo que hay en el seno materno es una persona humana que tiene derecho a la vida. Matarlo, es cometer un asesinato directo.
En este sentido, desde ese primer instante, la vida del nuevo ser merece respeto y protección tanto por la legislación positiva como del Estado, porque el desarrollo humano es un continuo en el que no hay saltos cualitativos, sino la progresiva realización de ese destino personal.
Así lo reconocen diversos tratados internacionales sobre derechos humanos firmados por el Ejecutivo, de acuerdo a la Constitución y aprobados por el Senado Mexicano, como la Convención de los Derechos del Niño; la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; la Convención Americana de los Derechos del Hombre, y la Declaración Universal del Genoma Humano, se reconoce el derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción; al concebido no nacido se le considera niño para los efectos del tratado, así como el derecho a la atención prenatal que deben recibir tanto la mujer como el niño por nacer. En estos instrumentos internacionales, se determina que ``cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos cualquiera que sean sus características, y que esta dignidad impone que no se reduzca a los individuos a sus características genéticas''. 1 En la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José Costa Rica), se establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, en general a partir del momento de la concepción, y que será protegido por la Ley. Por lo tanto nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero establece que: ``...todo individuo gozará de las garantías que otorgan la Constitución'', mientras que en el 14 se estipula que nadie será privado de la vida, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos.
Sin embargo, dichos preceptos no determinan si por individuo se debe considerar al concebido no nacido, como individuo o no, toda vez que no se distingue a partir de que momento se es ``individuo'' en el artículo 1°, ni el alcance de ``nadie'' en el 14. Por lo tanto, como no es posible distinguir lo que en la Ley no se distingue, entonces por ``individuo'' se debe considerar a cualquier persona, a partir de su existencia, de acuerdo con lo que expresan los tratados internacionales que se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto a la Constitución federal.
Los abortos clandestinos son una realidad innegable. Frente a ello, algunos argumentan que la despenalización del aborto ayudaría a reducir el número de muertes maternas por abortos clandestinos, sin embargo, la experiencia de otros países nos advierte lo contrario. La legalización del aborto lo convierte en un método que parece moralmente aceptable y por tanto, como una opción posible que no es igualmente considerada allí donde no es legal.
Ante esto, es preciso señalar que incluso en los países con legislación muy permisivo sobre el aborto, el aborto clandestino sigue existiendo, por mil razones muy fáciles de comprender (adulterios con consecuencias no deseadas, necesidad de ocultar un embarazo para mantener cierta posición social, o tantas otras). En consecuencia, no es extraño que la mujer --especialmente si es adolescente o joven-- busque igualmente métodos abortivos clandestinos por la sencilla razón de que una ley, aunque quite la pena legal, no quita la vergüenza y el deseo de ocultamiento. Por otro lado, esta mentira se basa en el mito según el cual los abortos legales son más ``seguros'' que los clandestinos.
Por otro lado, contrariamente a lo que se pueda pensar, el aborto supone un riesgo para la salud de la mujer significativamente mayor que el embarazo y el parto.
El estudio más serio que se ha realizado al respecto, fue llevado a cabo en Finlandia, por el Centro Nacional Finlandés de Investigación y Desarrollo para la Salud y el Bienestar.
Dicho estudio se realizó sobre 9,192 mujeres que fallecieron entre los años 1987-1994 con una edad comprendida entre los 15 y los 49 años (es decir, en edad reproductiva); de todas ellas, 281 murieron en el curso de un año desde su último embarazo.
Analizando la mortalidad global y la mortalidad por causas, encontramos en todos los casos que el embarazo y el parto reducen el riesgo de morir mientras que el aborto provocado lo incrementa. Las conclusiones de dicho estudio son las siguientes:
Otros estudios apoyan los datos de Finlandia. También en Gran Bretaña existen datos que demuestran la relación entre la decisión de abortar y el suicidio de la mujer. Las autoridades de salud de South Glamorgan estudiaron los datos de la población local, 408 mil personas, y resulta que hubo 8.1 intentos de suicidio por cada mil mujeres que habían abortado, mientras que la tasa para las que tuvieron un niño fue de 1.9 por mil. Además, el suicidio después del aborto no se debía a problemas de salud mental ya existentes. Más bien la investigación concluyó que el aumento en el riesgo del suicidio después de abortar se debe probablemente al aborto mismo. Dicho estudio evidencia que con frecuencia la decisión de acabar con la propia vida ocurre en el aniversario del aborto o en la fecha en que el niño habría nacido.
Es evidente que además de las consecuencias negativas de un aborto para la salud física de la mujer, la decisión de poner fin a la vida que llevan dentro de sí también provoca con frecuencia traumas psicológicos. Es ilusorio pensar que el aborto pueda solucionar los problemas sin causar otras dificultades o riesgos.
Toda intervención quirúrgica, por sencilla que sea y por segura que parezca, tiene sus riesgos. La palabra ``seguridad'' se vuelve inadecuada para estas situaciones. En los abortos por aspiración existe el riesgo de infecciones e incluso de perforación del útero, y que a la hemorragia se una la lesión de órganos abdominales de la madre. Este riesgo se incrementó en los abortos por legrado. En los abortos por inducción de contracciones las complicaciones más graves son las hemorragias y las embolias, y en las ``mini cesáreas'' se corre el riesgo de desgarros de la cicatriz y de infecciones sobreañadidas. En las inyecciones intraamnióticas puede producirse el paso de las sustancias tóxicas al sistema circulatorio de la madre.
Es cierto que estas complicaciones no son muy frecuentes y que la mortalidad materna no es alta (aunque hay complicaciones y hay muertes), pero existen secuelas importantes derivadas de estas manipulaciones, que pueden influir seriamente en el desarrollo de embarazos posteriores. En suma, ningún aborto es ``seguro'' para la mujer que aborta.
Uno de los argumentos típicos de quienes están a favor del aborto es que la mujer es libre de hacer con su cuerpo lo que le parezca mejor, pero esto es una falsedad, porque el feto no es parte de la madre, sino que está alojado en ella, o mejor dicho, está implantado en ella y tiene vida propia; vida que nadie tiene el derecho a quitar, ni siquiera por una anormalidad o malformación en la criatura, porque esto sería tanto como decir que el que es anormal por accidente, enfermedad o vejez no debe vivir.
Quienes así argumentan no tienen ningún fundamento en absoluto. La realidad demuestra categóricamente que el hijo es un ser por completo distinto de su madre, que se desarrolla y reacciona por su cuenta, aunque la dependencia de su madre sea muy intensa, dependencia que, por cierto, continúa mucho tiempo después del nacimiento. Ni siquiera la placenta, el cordón umbilical y el líquido amniótico forman parte del cuerpo de la madre, sino que estos órganos los ha generado el hijo desde su etapa de cigoto porque le son necesarios para sus primeras fases de desarrollo, y los abandona al nacer, de modo semejante a como, varios años después del nacimiento, abandona los dientes de leche cuando ya no le son útiles para seguir creciendo.
En este orden de ideas, debemos insistir que el ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante mismo de su concepción y, por eso, a partir de ese momento se le deben reconocer los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida.
Es tiempo de que apoyemos con mayor decisión la maternidad, para que las mujeres que deseen dar a luz a sus niños encuentren el respaldo necesario para hacerlo.
Estar a favor de la vida desde el momento mismo de la concepción, no significa cerrar los ojos ante la terrible realidad de los abortos clandestinos y de la muerte materna por esta causa.
La presente iniciativa de ley, pretende abrir un espacio de acción por parte del Estado a favor de la vida humana por nacer. Se trata de incluir una fracción XIII en el artículo 12 de la Ley de Asistencia Social a efecto de incluir dentro de los servicios básicos de salud en materia de asistencia social el apoyo a mujeres en periodo de gestación que enfrenten dificultades con el fin de disminuir las prácticas abortivas y, por ende, el índice de muerte materna por abortos clandestinos.
Es sabido que el Sistema DIF es una institución que actualmente brinda servicios y apoyos esenciales para las familias mexicanas y para los grupos más vulnerables de la sociedad, de entre los cuales, se pueden contar las mujeres embarazadas que atraviesan problemas de cualquier índole.
En esta etapa de vulnerabilidad para la mujer, el consejo positivo, la orientación y el apoyo se vuelven fundamentales para afrontar los problemas y prevenir futuras complicaciones, tanto de salud como sicológicas.
La orientación y el apoyo a las mujeres embarazadas que así lo soliciten por parte de personal especializado del DIF, y de otras instituciones de asistencia social podrá prevenir la muerte no sólo del niño que está por nacer, sino también a la madre y con ello, abonar a la solución de un enorme y complejo problema social.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía la siguiente
Iniciativa con proyecto de decretoArtículo Único. Se adiciona una fracción XIII al artículo 12 de la Ley de Asistencia Social y se recorren las actuales fracciones XIII y XIV para quedar como fracciones XIV y XV del artículo 12 de dicha ley para quedar como sigue.
Artículo 12. Se entienden como servicios básicos de salud en materia de asistencia social los siguientes:
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Nota: 1 Artículo 2° de la Declaración Universal del Genoma Humano.El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputada.Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.
Sí, diputada Martha Tagle. Sonido a su curul, por favor.
La diputada Martha Angélica Tagle Martínez (desde la curul): Diputado Presidente, para solicitarle que también dé turno con opinión de la Comisión de Equidad y Género.El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Con todo gusto, diputada.Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, con opinión de la Comisión de Equidad y Género.
LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se concede el uso de la tribuna al diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma los artículos 32 y 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
El diputado Alejandro Sánchez Camacho: Con su venia, señor Presidente. La obesidad y el sobrepeso en México se han convertido en un asunto de salud pública.La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2006 señala que, en promedio 4 de cada 10 niñas o niños de 5 a 11 años de edad tienen sobrepeso o son obesos. Los adolescentes entre 12 a 19 años de edad observan sobrepeso u obesidad en 3 de cada 10. De continuar con esta tendencia, tendremos que para el año 2010, 5 de cada 10 niños y adolescentes van a padecer sobrepeso u obesidad.
De los hombres y las mujeres de entre 20 y 59 años 7 de cada 10 adultos tienen problemas de sobrepeso u obesidad. Y finalmente, en el caso de los adultos mayores de 60 años o más, su peso de propensión a la obesidad y al sobrepeso rebasa 70 por ciento.
Si relacionamos estos números con las proyecciones de población 2007 del Conapo, tenemos que al finalizar este año prácticamente 57 millones de mexicanos de ambos sexos y de todas las edades tendrán problemas de sobrepeso u obesidad. Esto representa 54 por ciento de los 105 millones 790 mexicanos que seremos para el final de este año.
México, de acuerdo con la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, se encuentra en segundo lugar de sobrepeso y obesidad, sólo detrás de Estados Unidos.
Diversos estudios científicos han comprobado que el sobrepeso y obesidad contribuyen, entre otras causas, a incrementar la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, diabetes, alteraciones esqueléticas, hipertensión arterial e inadaptación psicosocial, entre las más importantes.
En este orden de ideas, se considera que una de las causas más importantes se encuentra en la ingesta excesiva de los alimentos chatarra y la influencia que tiene la publicidad principalmente en niños y jóvenes.
De un sonde propio de un canal infantil de televisión realizado el 28 de abril de 2007, las niñas y los niños mexicanos estuvieron expuestos a un bombardeo televisivo de 35 anuncios de comida chatarra por hora. Estudios especializados en publicidad infantil han concluido que un niño promedio está expuesto a cuatro horas diarias de televisión, cuando menos.
Si este comportamiento mediático es así, tenemos que los niños ven 140 anuncios diarios de producto chatarra. Casi mil anuncios a la semana y 4 mil al mes. Al año, los niños están expuestos a poco más de 47 mil anuncios de alimentos chatarra, que incitan a comprarlos y a consumirlos.
Por tanto, es necesario restringir la publicidad en medios electrónicos, de alimentos con un alto valor calórico que afectan a nuestros niños y jóvenes mexicanos.
Por tal razón, la presente iniciativa adiciona un párrafo tercero al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y retoma la propuesta original del Senado de la República, aprobada el 27 de abril de 2006, con el propósito de reafirmar la convicción legislativa que tuvo a bien presentar el senador panista José Antonio Haghenbeck, en la pasada legislatura.
Legisladoras y legisladores, acudo a su sensibilidad para que vayamos juntos en esta iniciativa necesaria para la salud pública de México.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito solicitarle, señor Presidente, que se turne la presente iniciativa a la Comisión de Economía de esta Cámara de Diputados, y se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates de esta honorable asamblea.
Es cuanto, señor Presidente.
«Iniciativa que reforma los artículos 32 y 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 32 y 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa obesidad y el sobrepeso en México, se ha convertido en un asunto de salud pública. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 1 señala que en promedio 4 de cada 10 niñas o niños de 5 a 11 años de edad cuentan con sobrepeso o son obesos. Sin embargo, este sector no sólo es propenso a estos padecimientos epidémicos. Los adolescentes entre 12 y 19 años de edad, observan sobrepeso u obesidad en 3 de cada 10 féminas y varones. De continuar con esta tendencia, tendremos que para el 2010, 5 de cada 10 niños y adolescentes padezcan sobrepeso u obesidad.
En el caso de los adultos este padecimiento es mucho más severo actualmente. Los hombres y mujeres de entre 20 y 59 años de edad tienen una tasa de 70 por ciento, es decir que 7 de cada 10 adultos tienen problemas de sobrepeso u obesidad. Y finalmente, en el caso de los adultos mayores de entre 60 años o más su tasa de propensión a la obesidad y el sobre peso rebasa el 70 por ciento.
Si estos números los relacionamos con las proyecciones de población 2007 del Consejo Nacional de Población (Conapo) 2 , tenemos que al finalizar este año prácticamente 57 millones de mexicanos de ambos sexos y de todas las edades tendrán problemas de sobrepeso u obesidad. Esto representa el 54 por ciento de los 105 millones 790 mil mexicanos que seremos para el final de este año.
México, de acuerdo con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se encuentra en segundo lugar de sobrepeso y obesidad sólo detrás de los Estados Unidos 3 .
Se insiste en la necesidad de considerar que el sobrepeso es un asunto de salud pública. Diversos estudios científicos han comprobado que el sobrepeso y obesidad contribuyen, entre otras causas, a incrementar la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, alteraciones esqueléticas, hipertensión arterial, hipercolesterolemia e inadaptación psicosocial, entre las más importantes. Como consecuencia y dado que el sobrepeso y la obesidad se relaciona con un mayor riesgo de enfermedades crónicas, su presencia representa un coste adicional de salud.
Las evaluaciones realizadas en Estados Unidos apuntan a que las personas obesas gastan un 36 por ciento más que las personas con peso normal en asistencia sanitaria y un 77 por ciento más que esas mismas personas en medicamentos. Habida cuenta de que existe un desfase de varios años entre la aparición de la obesidad y la de los problemas de salud que de ella se derivan, cabe inferir que el aumento de la obesidad observado en las dos últimas décadas en la mayoría de los países de la OCDE supondrá un mayor coste de la atención sanitaria en el futuro 4 .
En este orden de ideas, se considera que una de las causas más importantes se encuentra en la ingesta excesiva de los alimentos ``chatarra'' y la influencia que tiene la publicidad, principalmente en niños y jóvenes.
La comida chatarra que es como se generaliza a los productos que encontramos, prácticamente en cualquier lugar, como golosinas, pizzas, refrescos, frituras, entre otros, incluyen una gran cantidad y variedad de alimentos que en muchos casos se presentan en óptimas condiciones higiénico-sanitarias, pero en otros casos estas condiciones no son justamente por lo que se destacan. La alimentación o consumo exagerado de comida chatarra se caracteriza por un contenido excesivo de calorías, grasas y sodio (sal) y generalmente con un bajo valor nutricional y definitivamente con un alto contenido energético poco saludable 5 .
Esta nueva forma de comer, tan atractiva especialmente para los niños y jóvenes, en general están bien presentadas, tienen buen sabor, son baratas, se pueden comer rápidamente, en cualquier lado y de pie. Lamentablemente estos productos no son en la mayoría de los casos más que comidas hipercalóricas, con exceso de grasas y especialmente de sal; que si se utilizan en forma habitual, sus consecuencias seguras, serán sin lugar a dudas el sobrepeso y la obesidad 6 .
De un sondeo propio de un canal infantil de televisión realizado el 28 de abril de 2007, las niñas y niños mexicanos estuvieron expuestos a un bombardeo televisivo de 35 anuncios de comida chatarra por hora. Estudios especializados en publicidad infantil, han concluido que un niño promedio está expuesto a 4 horas de televisión diaria cuando menos. Si este comportamiento mediático es así, tenemos que los niños ven 140 anuncios diarios de productos chatarra. Casi 1 mil anuncios a la semana y 4 mil al mes. Al año, los niños están expuestos a poco más de 47 mil anuncios de alimentos chatarra que incitan a comprarlos y consumirlos 7.
Con base en información del Instituto de Medicina, Alimentación y Nutrición de los Estados Unidos, se señala que el verdadero problema con la publicidad, radica en que los niños ven televisión con menos escepticismo que los adultos y, por lo tanto, son particularmente vulnerables a los anuncios de ``alimentos chatarra''. 8 La publicidad afecta la elección de alimentos e influye en los hábitos de nuestras dietas y la publicidad de alimentos y bebidas no debe explotar la inexperiencia y credulidad de los niños y jóvenes 9 .
Por otro lado, hay que señalar que se ha agravado el consumo de este tipo de productos debido a la influencia de la publicidad, con promociones y ofertas que ``bombardean'' a los menores, principalmente por radio y televisión, sobre productos de bajo valor nutricional y o alto contenido energético, provocando que se agrave el problema de sobrepeso y obesidad, principalmente en las zonas urbanas. Ya que al ofrecer ofertas o promociones sobre los distintos productos, como juguetes, estampas, juegos o dinero, entre otros, los consumidores, principalmente niños y adolescentes se sienten mayormente atraídos a comprar y consumir dichos productos 10 .
Existe una coincidencia internacional de que los niños y jóvenes necesitan entre 1 mil 700 y 1 mil 900 calorías en condiciones normales. Sin embargo, la exposición y la influencia de la publicidad, lleva a este sector de la población a consumir altas cantidades de calorías en una sola comida. Con base en información de Internet una de las empresas norteamericanas más prestigiadas de hamburguesas que promociona paquetes ``felices'' para niños y jóvenes con juguetes infantiles de moda, se concluyó que el consumir una hamburguesa promedio, papas fritas grandes, refresco de 600 mililitros y un helado de vainilla con chocolate, se deglutía en una sola comida 1 mil 600 calorias; el 95 por ciento de calorías que necesita un niño al día.
La publicidad y la influencia de ingesta de comida chatarra en niños y jóvenes no puede observarse sin la presión que han ejercido las empresas que anuncian sus productos chatarra. Por lo tanto es necesario restringir la publicidad en medios electrónicos de alimentos con un alto valor calórico que afecten a los niños y a los jóvenes mexicanos.
Cabe señalar, que el senador José Antonio Haghenbeck, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó el 25 de octubre de 2005, proyecto de decreto que reforma los artículos 115 de la Ley General de Salud y 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual fue aprobada por unanimidad, el 27 de abril de 2006. Posteriormente, la minuta fue recibida en la Cámara de Diputados el 5 de septiembre de 2006. Acto seguido, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, con el rechazó categórico del PRD, dictaminó en sentido negativo la propuesta en comento el 10 de abril de 2007. Asimismo, a petición del Grupo Parlamentario del PRD, solicitó que la minuta fuera regresada a comisiones, obteniendo el aval del Pleno de la Cámara de Diputados.
Por tal razón, la presente iniciativa adiciona un párrafo tercero al artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y retoma la propuesta original del Senado de la República, en sus términos, con el propósito de reafirmar la convicción legislativa que tuvo a bien presentar el senador Haghenbeck de la LIX Legislatura.
Es por ello, legisladoras y legisladores acudo a su sensibilidad para que vayamos juntos en esta iniciativa necesaria para la salud pública de México.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de
DecretoArtículo único. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 32 y un párrafo segundo al artículo 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar de la siguiente forma:
Artículo 32. La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.
Para los efectos de esta ley, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.
No se podrán realizar ningún tipo de publicidad en medios electrónicos, impresos u otros, sobre productos de bajo contenido nutricional y alto valor energético.
La información o publicidad que compare productos o servicios, sean de una misma marca o de distinta, no podrá ser engañosa o abusiva en términos de lo dispuesto en el párrafo anterior. La Procuraduría podrá emitir lineamientos para la verificación de dicha información o publicidad a fin de evitar que se induzca a error o confusión al consumidor.
Articulo 49. No se podrán realizar promociones en las que se anuncie un valor monetario para el bien, producto o servicio ofrecido, notoriamente superior al normalmente disponible en el mercado.
No se podrá realizar promociones y ofertas, sobre productos de bajo contenido nutricional y alto valor energético.
TransitoriosÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas: 1) Véase Secretaría de Salud e Instituto Nacional de Salud Pública (2006) Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, Ed. Subdirección de Comunicación Científica e Instituto Nacional de Salud Pública, México, pp. 94, 96 y 98. 2) Véase Consejo Nacional de Población (Conapo) en línea: http://www.conapo.gob.mx/00cifras/5.htm. 3) ``En numerosos países de la OCDE, el incremento del sobrepeso y de la obesidad en niños y adultos se está convirtiendo rápidamente en un problema de salud pública. Está demostrado que la obesidad es un factor agravante para varios problemas de salud, como la hipertensión, el colesterol, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el asma, la artritis y algunas formas de cáncer. Más del 50 por ciento de los adultos tienen sobrepeso o pueden ser calificados de obesos en diez países de la OCDE: Estados Unidos, México, Reino Unido, Australia, República Eslovaca, Grecia, Nueva Zelanda, Hungría, Luxemburgo y República Checa.'' Tomado de: http://www.ocde.org. 4) Véase OCDE en línea: http://www.oecd.org/health/healthataglance. 5) Véase Haghenbeck, J.A. (2005) ``Proyecto de Decreto que reforma los artículos 115 de la Ley General de Salud y 49 de la Ley Federal de Protección al Consumidor'', Gaceta del Senado, número 129, año 2005, Senado de la República, México. 6) Ibid. 7) ``En tres horas de programación de la barra infantil del sábado en canal 5 se trasmitieron 112 anuncios. 54 de estos anuncios fueron de comida chatarra (alta en contenidos de azúcar, grasa y/o sal). Si se excluyen los anuncios de programas del propio canal 5 y los de tiempo oficial, quedan 70 anuncios, de los cuales el 67 por ciento fue de comida chatarra. No hubo ninguno de orientación nutricional''. El Poder del Consumidor, AC, registro sábado 12 de mayo de 10 a 13 horas. Tomado de El Poder del Consumidor en línea: http://www.elpoderdelconsumidor.org.mx. 8) Institute of Medicine Food and Nutrition Borrad. National Academy of Sciences, USA, 2002. Véase también El Poder del Consumidor en línea: http://www.elpoderdelconsumidor.org.mx. 9) Organización Mundial de la Salud. Estrategia Global para la Dieta, la Actividad Física y la Salud. Mayo 2006. Véase también El Poder del Consumidor en línea: http://www.elpoderdelconsumidor.org.mx 10) Op. cit. Haghenbeck, J.A. (2005)El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Sánchez Camacho. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.Túrnese a la Comisión de Economía.
LEY DE ASISTENCIA SOCIAL
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Esta Presidencia corrige el turno de la pasada iniciativa presentada por la diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas.Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión de Equidad y Género.
LEY DE VIVIENDA
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se concede el uso de la tribuna al diputado Carlos Augusto Bracho González, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda.
El diputado Carlos Augusto Bracho González: Con el permiso de la Presidencia, muchas gracias.El objetivo de la presente iniciativa, que es una adhesión y una reforma a la Ley de Vivienda, tiene su raíz ---y creo que muchos de los que estamos aquí, cuando anduvimos recorriendo los distritos--- en que una de las principales demandas de muchos ciudadanos y muchas ciudadanas es el limitado acceso a una vivienda, por el hecho de su marginación, de su vulnerabilidad y de su pobreza.
Por tanto, el objetivo de esta iniciativa ---trataré de ser breve--- es garantizar la no discriminación, en el caso del crédito, y los subsidios de vivienda para la población que se encuentra en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.
Tal parece que las personas con menos recursos, que no tienen un estatus social, están limitadas en el derecho de alcanzar una vida digna y decorosa; y que se les restringe de todas las oportunidades a que un ser humano aspira y tiene derecho, como es el caso de la obtención de un crédito personal para la adquisición de vivienda, y apoyo con subsidios, para que estas personas puedan obtener un patrimonio.
No debemos perder de vista que existen personas capaces de desarrollar cualquier actividad que se les encomiende, de una manera eficaz y responsable, que cuenten con la destreza, la pericia, la experiencia, la habilidad y el compromiso para seguir desarrollándose. Personas que pueden ser responsables de garantizar la recuperación de los créditos que se les otorguen, como el de la vivienda, sin que esto cause un impacto negativo en la salud financiera de los organismos financieros del gobierno.
Si no hacemos esto vamos a ver los problemas que actualmente tenemos, como son los asentamientos humanos en lugares irregulares y peligrosos, poco favorables para el desarrollo físico y mental de cualquier persona.
La Ley de Vivienda nos señala que se aplicarán bajo los principios de equidad e inclusión social, de manera que toda persona, sin importar su origen étnico o nacional; el género, la edad, la discapacidad, condición social, económica; las condiciones de salud, religión, opiniones, alguna discapacidad, preferencias o estado civil, puede ejercer su derecho constitucional a la vivienda.
En los artículos que pretendemos reformar, actualmente se establece sólo el término ``pobreza'', amparando a aquellas personas que se encuentren en dicha situación, pero cabe aclarar que el término ``pobreza'' no necesariamente incluye a los marginados y a los vulnerables, por lo que es necesario incluir en la misma los términos de marginación y vulnerabilidad, atendiendo a los matices de las situaciones en que se encuentra nuestro pueblo y garantizar que estas personas también tengan oportunidades en la obtención de este patrimonio.
Es así que hacemos esta reforma y esta adición. En el caso particular del que habla, de los municipios del estado de Coahuila, que son Parras de la Fuente, Viesca, Matamoros y una gran parte de Torreón. Por tanto, la finalidad de esta iniciativa es que la asignación de créditos y subsidios otorgados, principalmente con recursos públicos, sea proporcionada sin discriminación y no sólo atendiendo al criterio de pobreza.
Solicito, si es tan amable, señor Presidente, que sea insertada íntegramente la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto y muchas gracias por su atención.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado Carlos Augusto Bracho González, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito Diputado Carlos Augusto Bracho González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto.
Exposición de MotivosEs verdaderamente preocupante el gran número de personas que enfrentan en nuestro México la desmedida discriminación, la marginación, la falta de oportunidades, ya que les son cerradas las puertas para poder alcanzar sus metas y objetivos; A muchas de ellas no se les da la oportunidad de desarrollar alguna actividad que les garantice una vida digna, dando como resultado esto, que en nuestro país exista un mayor número de personas en situación de pobreza, marginación y vulnerabilidad; Tal parece que las personas con menos recursos, que no tienen un estatus social, están limitadas del derecho a alcanzar una vida digna y decorosa, y que se les restringen de todas las oportunidades a que un ser humano aspira y tiene derecho, como es el caso de la obtención de un crédito personal para la adquisición de vivienda, y el apoyo con subsidios para que estas personas puedan obtener un patrimonio.
No debemos perder de vista que existen personas capaces de desarrollar cualquier actividad que se les encomiende de una manera eficaz y responsable, que cuentan con la destreza, la pericia, la experiencia, la habilidad y el compromiso, para seguir desarrollándose, personas que pueden ser responsables de garantizar la recuperación de los créditos que se les otorguen, como el de vivienda, sin que esto cause un impacto negativo en la salud financiera de los organismos financieros del gobierno.
No olvidemos que esas personas a las que no se les da la oportunidad de seguir adelante en su México, son ciudadanos con ganas de salir adelante, que luchan día a día para subsistir en este mundo tan globalizado, que se encuentran en estado de vulnerabilidad por no tener los medios suficientes para poder sacar adelante a sus familias, para poder salir del atolladero que es la pobreza y que trae consigo muchas de las veces la marginación, de lo difícil que es poder tener siquiera un lugar digno en dónde poder vivir, y que nos lleva a otros grandes problemas como son los asentamientos humanos en lugares irregulares y peligrosos, poco favorables para el desarrollo físico y mental de cualquier persona; En el artículo tercero de la Ley de Vivienda, nos señala que las deposiciones de dicha ley se aplicaran bajo principios de equidad e inclusión social de manera que toda persona, sin importar su origen étnico o nacional, el genero, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias o el estado civil, pueda ejercer su derecho constitucional a la vivienda.
Tengamos en cuenta que muy pocos en nuestro México son afortunados, y que tristemente las personas que nosotros representamos como diputados federales, como servidores y representantes del pueblo, viven en deplorables condiciones de vida, tenemos en muchos de nuestros distritos, un gran número de personas que se encuentran en condiciones de pobreza, de marginación, de vulnerabilidad, a los que les son negadas las oportunidades que deben tener en un México como el que queremos, un México regido por criterios de equidad y justicia, incluyente, sin discriminación, sabemos que, debemos cambiar esta cultura de limitar a las personas que pueden salir adelante, debemos permitir que persigan y alcancen sus sueños, y de acabar con las injustas limitantes a la gente que forman parte de la gran mayoría de nuestro país como ya hemos hecho mención; tengamos en cuenta que a nuestro pueblo lo hace valioso su gente.
Otro aspecto que no debemos perder de vista es la importancia de establecer en la Ley de Vivienda la inclusión de estas personas, ya que se encuentran en todo el territorio nacional de alguna u otra manera. En los artículos que pretendemos reformar actualmente se establece solo el término pobreza, amparando aquellas personas que se encuentran en dicha situación, pero cabe aclarar que el término pobreza no necesariamente incluye a marginados o vulnerables, por tanto estos pueden estar excluidos de los beneficios que otorga la ley: Tal vez en las zonas rurales exista pobreza en sus distintos niveles y no necesariamente marginación, y a su vez en las zonas urbanas exista la marginación en la más pura de sus formas, o también vulnerabilidad sin existir pobreza, por lo que como está escrita la ley actualmente a estas personas vulnerables o marginadas se les limita de obtener un crédito o subsidios para la vivienda Por lo que es necesario incluir en la misma los términos marginación y vulnerabilidad, atendiendo a los distintos matices de las situaciones en que se encuentra nuestro pueblo, y garantizar que estas personas también tengan oportunidades en la obtención de este patrimonio.
Hacer valer los derechos que nos confiere nuestra Constitución, en todas las disposiciones legales, es necesario para ir construyendo un México más equitativo y justo. Por lo tanto la finalidad de esta iniciativa es que la asignación de créditos y subsidios otorgados principalmente con recursos públicos, sea proporcionada sin discriminación, y no solo atendiendo el criterio de pobreza.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente
Proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al artículo 54 y reforma la fracción I del artículo 62, ambos de la Ley de Vivienda.
Artículo Único. Se adiciona, un último párrafo al artículo 54 y se reforma la fracción I del artículo 62°, ambos de la ley de Vivienda, para quedar como sigue:
Artículo 54. ...
...
...
La asignación de créditos otorgados con recursos públicos, deberá hacerse con estricto apego a los principios establecidos en el primer párrafo del artículo 3 de esta ley, a efecto de garantizar las oportunidades de acceso a vivienda digna y decorosa, de la población que se encuentre en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad.
Artículo 62. ...
Único. El presente decreto entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Con gusto, diputado Bracho González. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria ytúrnese a la Comisión de Vivienda.
CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se concede el uso de la tribuna al diputado Ángel Rafael Deschamps Falcón, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 190 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado Ángel Rafael Deschamps Falcón: Con el permiso de la Presidencia. En mi carácter de diputado federal de la LX Legislatura en la Cámara de Diputados, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 7 al artículo 190 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente exposición de motivos:En nuestro país, el proceso de transición a la democracia ha logrado avances significativos en las últimas dos décadas. La apertura a mejores condiciones de competencia a los puestos de elección popular, la transparencia en los procesos electorales, el mayor acceso a los medios de comunicación en la vida de los partidos políticos y la consolidación de las instituciones electorales son hechos que han permitido que nuestro Código Electoral esté en constante reforma y adaptándose a los nuevos tiempos.
Pero aun así, existen condiciones que propician vacíos en este marco jurídico. Tal es el caso del uso de la propaganda en las campañas electorales que si bien son de gran importancia para mostrar a la ciudadanía las diversas opciones políticas y propuestas de gobierno, también llevan consigo fuertes gastos económicos e impactos negativos desde el punto de vista ambiental.
En tiempos de campañas electorales, la forma más común que se utiliza para la publicidad e imagen de un determinado candidato a puestos de elección popular es por medio de pendones, pancartas, gallardetes, mantas, papeletas y demás propaganda impresa que es colocada en postes de alumbrado público, de energía eléctrica, de teléfonos, puentes peatonales e incluso sobre árboles y en lugares no permitidos como señalizaciones de tránsito, generando con todo esto una fuente de contaminación tanto visual como ambiental.
Al cumplirse el tiempo de las elecciones genera toneladas de basura electoral que, posteriormente, es tarea de los municipios retirar dicha propaganda de la vía pública y en consecuencia la generación de gastos extraordinarios para las arcas municipales por concepto de recolección y manejo de dicha basura electoral, recursos públicos que pudieran ser utilizados para otros gastos más necesarios.
Por tal motivo, los candidatos y los partidos políticos no sólo deben de invertir en su promoción, sino también en retirar la propaganda cuando los tiempos electorales hayan concluido.
Es importante señalar que en materia de retiro de propaganda electoral, las autoridades comiciales de entidades federativas del país sí cuentan con disposiciones en la materia, ya sea en su normatividad comicial a través de reglamentos o por acuerdos que en el curso del proceso se aprueban.
Tal es el caso del Código Electoral del Distrito Federal, que establece en el artículo 148 Bis la obligación de retirar la propaganda electoral e incluso establece que el material que se utiliza para la elaboración de propaganda, debe ser de naturaleza biodegradable o bien de naturaleza reciclable.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente reforma al artículo 190, numeral 7.
La propaganda electoral utilizada durante las campañas electorales debe ser retirada por los partidos políticos, en un término no mayor a 30 días posteriores al día de la jornada electoral.
En caso de no hacerlo, el instituto solicitará el retiro de las mismas a las autoridades municipales o administrativas de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, las cuales entregarán al consejo general un informe que contenga la cantidad total de propaganda electoral generada por el partido infractor y el costo de su retiro, mismo que será cubierto por el instituto una vez descontado de las prerrogativas del partido político infractor.
Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
«Iniciativa que reforma el artículo 190 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Ángel Rafael Deschamps Falcón, del Grupo Parlamentario del PAN
En mi carácter de diputado federal a la LX Legislatura en la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 7 al artículo 190 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEn el país, el proceso de transición a la democracia ha logrado avances significativos en las últimas dos décadas. La apertura a mejores condiciones de competencia a los puestos de elección popular, la transparencia en los procesos electorales, el mayor acceso a los medios de comunicación en la vida de los partidos políticos y la consolidación de las instituciones electorales son hechos que han permitido que el código electoral esté en constante reforma y adaptándose a los nuevos tiempos.
La ley electoral ha garantizado los cinco principios básicos de su esencia: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, pero aun así hay condiciones que propician vacíos en este marco jurídico, tal es el caso del uso de la propaganda en las campañas electorales, que si bien es de gran importancia para mostrar a la ciudadanía las diversas opciones políticas y propuestas de gobierno, también lleva consigo fuertes gastos económicos e impactos ambientales negativos.
En tiempos de campañas electorales, la forma más común que se utiliza para la publicidad e imagen de un determinado candidato a puesto de elección popular es por medio de pendones, pancartas, gallardetes, mantas, papeletas y demás propaganda impresa colocada en postes de alumbrado público, de energía eléctrica o de teléfono, puentes peatonales y pasos a desnivel e incluso sobre árboles y en lugares no permitidos, como señalizaciones de tránsito.
Todo esto supone una fuente de contaminación visual y ambiental; y al cumplirse el tiempo de las elecciones, genera toneladas de basura. Posteriormente, es tarea de los municipios retirar dicha propaganda de la vía pública y, en consecuencia, hay gastos extraordinarios para las arcas municipales por concepto de recolección y manejo de dicha basura, recursos públicos que pueden utilizarse para otros gastos más necesarios.
Por tal motivo, los candidatos y los partidos políticos no sólo deben invertir en su promoción sino, también, en retirar la propaganda cuando los tiempos electorales hayan concluido.
En materia de retiro de propaganda electoral, las autoridades comiciales de las entidades federativas del país sí cuentan con disposiciones en la materia, ya sea en su normatividad comicial, a través de reglamentos o por acuerdos que en el curso de un proceso aprueban, tal es el caso del Código Electoral del Distrito Federal, que establece en el artículo 148 Bis la obligación de retirar la propaganda electoral e, incluso, indica que el material que se utilice para la elaboración de propaganda deberá ser biodegradable, o bien, reciclable.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente
ReformaArtículo 190
1. a 6. ...
7. La propaganda electoral utilizada durante las campañas electorales deberá ser retirada por los partidos políticos en un término no mayor de 30 días posteriores al de la jornada electoral; en caso de no hacerlo, el instituto solicitará el retiro a las autoridades municipales o administrativas de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, las cuales entregarán al Consejo General un informe que contenga la cantidad total de propaganda electoral generada por el partido infractor y el costo de su retiro, que será cubierto por el instituto una vez descontado de las prerrogativas del partido político infractor.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Deschamps.Túrnese a la Comisión de Gobernación.
ARTICULOS 27 Y 73 CONSTITUCIONALES
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se concede el uso de la tribuna a la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma los artículos 27 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Rosa Elva Soriano Sánchez: Con su permiso, diputado Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputada.
La diputada Rosa Elva Soriano Sánchez: Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a este pleno a presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XX del artículo 27, y adiciona la fracción XXIX, inciso ñ), del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente exposición de motivos:El tema de desarrollo rural aplicable a la política pública se circunscribe en el proceso de mejora del nivel de bienestar de la población rural, que tiende a lograr la equidad social, y de la contribución que el medio rural hace de forma más general al bienestar de la población en su conjunto, ya sea urbana o rural, con su base de recursos naturales.
En tal sentido, el espacio rural involucra el conjunto de territorios cuya población desarrolla diversas actividades o se desempeña en distintos sectores, como la agricultura, la ganadería, industrias rurales, comercio, servicios, acuacultura, minería, extracción y conservación de los recursos naturales, entre otras, en donde se dan relaciones sociales y en las que interactúan una serie de instituciones públicas, sociales y privadas.
En consecuencia, el desarrollo rural trasciende el ámbito de lo agropecuario e incursiona hacia horizontes de lo urbano, no sólo como provisor de alimentos sino con otras variables como la oferta y cuidado de los recursos naturales, los espacios para esparcimiento, y los aportes y desarrollo de la cultura.
Para dar vialidad a las aspiraciones sociales en el medio rural se requieren instrumentos institucionales adecuados a partir de la instalación de las competencias concurrentes en el tema de desarrollo rural en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que hasta la fecha la única entidad que tiene facultades expresas en la Constitución para legislar en materia de desarrollo agropecuario y rural es el Distrito Federal, a pesar de los intentos de algunos congresos estatales que han incursionado en legislar débilmente sobre estos asuntos.
Las Cámaras del Congreso de la Unión nos encontramos analizando los distintos temas de la reforma del Estado, que se traducirán en adecuaciones tanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como al marco jurídico que emana de ella.
Uno de los temas centrales es el federalismo. Por décadas se ha asumido con poca criticidad el desfase que evidencian algunos de nuestros referentes jurídicos más importantes con relación a nuestra realidad social.
Después de años en los que se ha desarrollado la costumbre de creer que nuestro sistema federal es una realidad oficial, hoy se hacen palpables los efectos del centralismo efectivo de nuestra historia cada vez más cohesionado, propiciando una reivindicación de las entidades federativas en la formulación de sus mecanismos para el desarrollo.
Es necesario, entonces, discutir sobre la solución que debe darse a la ambigüedad constitucional que mantiene en una misma línea de validez formal a las disposiciones que sostiene un federalismo de tipo clásico, con otras que sustentan al federalismo de tipo cooperativo.
Al respecto, destaca la adopción en ciertas materias de las llamadas leyes generales o leyes marco, a partir de las cuales se autoriza la distribución de competencias, por parte del legislador, entre los distintos órdenes de gobierno; tarea que antes estuvo reservada de manera exclusiva de la federación, tal ha sido el caso de las materias de educación, salud, asentamientos humanos, medio ambiente, pesca, turismo, deportes, entre otras.
Al hablar del marco de concurrencias de tipo legislativo, se trata de aquellas que derivan de la atribución combinada, segmentaria y hasta compartida que efectúa el Constituyente a favor de los distintos órdenes de gobierno en relación con una materia competencial específica, a través de la distribución que se establece en una ley del Congreso llamada ``Ley General''.
Como es de su conocimiento, la actual Ley de Desarrollo Rural Sustentable se fundamenta en una disposición constitucional de carácter federal, conforme a lo que dispone la fracción XX del artículo 27 y define la política agropecuaria y de desarrollo rural, a la cual los gobiernos estatales deben ajustarse en los instrumentos que la autoridad federal les establece, muy a pesar de la existencia del Programa Especial Concurrente, por el cual se hacen las mezclas de recursos para atender los problemas del campo.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, para lograr una auténtica federalización y descentralización hacia cómo el enriquecimiento de las garantías sociales en el tema rural, debe traducirse un mandato constitucional mediante el cual puedan existir competencias concurrentes entre los distintos órdenes de gobierno que permite, incluso, transformar la actual Ley Rural por una ley general que establezca el marco de actuación de los gobiernos estatales y municipales para tener mayor injerencia sobre el tema de las actividades y el desarrollo rural.
Con esta iniciativa le estaríamos devolviendo a los estados una de las funciones centrales que permitan el desarrollo estatal a partir de la instauración de políticas que atiendan a las necesidades de la población local, ya que sus necesidades son distintas en las 32 entidades que conforman nuestra República Mexicana.
En tal sentido, me permito proponer ante este pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XX del artículo 27, y se adiciona la fracción XXIX, inciso ñ), al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es cuanto, diputado Presidente.
«Iniciativa que reforma los artículos 27 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD
Rosa Elva Soriano Sánchez, diputada de la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno, iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XX del artículo 27 y adiciona la fracción XXIX-Ñ del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente
Exposición de MotivosLa utilización del concepto de desarrollo rural se circunscribe a los procesos de mejora del nivel de bienestar de la población rural que tiende a lograr la equidad social, y de la contribución que el medio rural hace de forma más general al bienestar de la población en su conjunto, ya sea urbana o rural, con su base de recursos naturales.
Por su parte, el medio o espacio rural se entiende como el conjunto de territorios cuya población desarrolla diversas actividades, o se desempeña en distintos sectores, como la agricultura, ganadería, industrias rurales, comercio, servicios, acuacultura, minería, extracción y conservación de recursos naturales y el turismo, entre otras, en donde se dan relaciones sociales y en las que interactúan una serie de instituciones, públicas, sociales y privadas.
En consecuencia, el desarrollo rural, trasciende el ámbito de lo agropecuario e incursiona hacia horizontes de lo urbano, no sólo como provisor de alimentos sino con otras variables como la oferta y cuidado de los recursos naturales, los espacios para el esparcimiento, y los aportes y desarrollo de la cultura.
Para darle viabilidad a las aspiraciones sociales en el medio rural se requieren instrumentos institucionales que le den cabida; y para ello requerimos integrar el aspecto de las competencias concurrentes en el tema del desarrollo rural en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Actualmente, la única entidad que tiene facultades legislativas expresas en la constitución, en materia de desarrollo agropecuario y rural es el Distrito Federal.
Las Cámaras del Congreso de la Unión, nos encontramos analizando los distintos temas de la reforma del Estado, que se traducirán en adecuaciones tanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como al marco jurídico que emana de ella.
El tema del federalismo es central para tratar los temas ligados al desarrollo y las actividades del espacio rural.
Como es de su conocimiento la actual Ley de Desarrollo Rural Sustentable se fundamenta en una disposición constitucional de carácter federal conforme a lo que dispone la fracción XX del artículo 27 en el sentido que ``el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.''
Lo anterior implica que la autoridad federal, mediante una ley federal sea la encargada de definir la política agropecuaria y de desarrollo rural, muy a pesar de la existencia del Programa Especial Concurrente, dado que es quien conduce el presupuesto asignado para dicho fin.
Los consejos estatales de desarrollo rural, por ejemplo, inicialmente están construidos desde la autoridad federal, incluso en la designación de los consejos distritales, aunque existen compromisos verbales que permiten a los secretarios de los gobiernos locales designarlos.
Asimismo, debe considerarse que el desarrollo sustentable es un proceso integral que exige a los distintos actores de la sociedad compromisos y responsabilidades en la aplicación del modelo económico, político, ambiental y social, así como en los patrones de consumo que determinan la calidad de vida. Para competir en sus mercados nacionales y extranjeros el sector productivo debe incorporar la sustentabilidad en sus operaciones, relaciones con los trabajadores y con la comunidad.
Sin olvidar que conceptualmente el desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.
Para lograr una auténtica federalización y descentralización, así como enriquecimiento de las garantías sociales, en el tema rural, deberá efectuarse un mandato constitucional mediante el cual puedan existir competencias concurrentes entre los distintos órdenes de gobierno, que permita incluso transformar la actual ley rural por una ley general que establezca el marco de actuación de los gobiernos estatales y municipales para tener mayor ingerencia sobre el tema de las actividades y el desarrollo rural expresadas en disposiciones concurrentes y mayores decisiones.
Algunos estados que han incursionado en la legislación de desarrollo rural, han promovido leyes que son copias de la ley federal en sus contenidos, lo que dificulta la actuación de los servidores públicos en la aplicación de la ley ya que se sobreponen intereses y se duplican funciones entre órdenes de gobierno.
En tal sentido, me permito proponer ante este pleno la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la fracción XX del artículo 27 y se adiciona la fracción XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo único. Se reforma la fracción XX del artículo 27 y adiciona una fracción XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
``Artículo 27. .....
Artículo 73 . El Congreso tiene facultad:
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputada Rosa Elva Soriano.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Esta Presidencia informa que contamos con la presencia de alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma de Coahuila. Bienvenidas, bienvenidos.
LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se concede el uso de la tribuna al diputado Carlos Ernesto Navarro López, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
El diputado Carlos Ernesto Navarro López: Gracias, Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.
El diputado Carlos Ernesto Navarro López: Acudo a esta tribuna para hacer una propuesta de una iniciativa que reforma el artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para garantizar que las propuestas de las organizaciones de productores puedan ser incorporadas al Programa Especial Concurrente.La motivación de la presente iniciativa se deriva de considerar la importancia que reviste para la nación en general y el desarrollo rural sustentable en particular, el papel de las organizaciones de productores organizados del sector social y privado que se define en el propio texto constitucional y en las leyes secundarias en la materia.
En el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece, en su primer párrafo, que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía alimentaria y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, de una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución.
De acuerdo con este mandato constitucional, el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y el fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de las libertades que otorga la propia Constitución.
Es en este párrafo en el cual se ubica la importancia de las organizaciones de productores del sector social y privado.
De manera complementaria, en el artículo 27 constitucional, en la fracción XX, se establece la relevancia que tiene para la nación el desarrollo rural y el carácter de interés público de las organizaciones del sector social y privado, al señalarse de manera muy precisa que el Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica.
Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.
Desde el punto de vista de la legislación secundaria, en el artículo 5o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se establece que en el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través del gobierno federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural, que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados a los siguientes objetivos, entre otros:
Primero. Promover el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo y en general de los agentes de la sociedad rural mediante la diversificación y la generación de empleo, incluyendo en el medio rural, el incremento del ingreso de los productores.
Segundo. Corregir disparidades de desarrollo regional a través de la atención diferenciada de las regiones de mayor rezago mediante una acción integral del Estado que impulse su transformación y la reconversión productiva y económica con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable.
Tercero. Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación mediante el impulso a la producción agropecuaria del país.
El espíritu de la presente iniciativa es garantizar que en los procesos de planeación se mantenga, se fortalezca y se amplíe la planeación democrática y participativa prevista por la propia Constitución y las leyes secundarias en la materia, y que efectivamente estén representadas y sean reconocidas todas las organizaciones y actores sociales y privados del medio rural sin discriminación por motivo de afiliación política o de intereses de cualquier otro tipo.
En este mismo sentido se considera también de gran relevancia que las propuestas de dichas organizaciones previo proceso amplio de análisis y argumentación social, económica y ambiental, no sólo sean consideradas como lo prevé actualmente el texto del propio artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural vigente, sino que se establezcan los mecanismos para que éstas sean realmente incorporadas al Programa Especial Concurrente.
Por lo anterior, con la presente iniciativa de reforma del segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se garantiza que las organizaciones campesinas nacionales cuenten con elementos para llevar a cabo sus actividades, a través de su participación y en los procesos de planeación del medio rural, y en particular que sus propuestas sean realmente incorporadas en el proceso de elaboración del Programa Especial Concurrente.
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de
Decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable
Para garantizar que las propuestas de las organizaciones del sector social y privado sean incorporadas en el Programa Especial Concurrente.
Artículo único. Reforma el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:
La Comisión Intersecretarial, en los términos del artículo 13 de este ordenamiento, promoverá la participación de las organizaciones del sector social y privado, y creará con el Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable, los mecanismos para garantizar que las propuestas de las organizaciones que concurren a las actividades del sector sean incorporadas en el Programa Especial Concurrente.
Igualmente, incorporará los compromisos que conforme a los convenios respectivos asumen los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, así como establecerán las normas y mecanismos de evaluación y seguimiento a su aplicación.
Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Señor Presidente, solicito que se publique íntegro el texto en el Diario de los Debates. Gracias.
«Iniciativa que reforma el artículo 14 de la Ley de Desa-rrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal Carlos Ernesto Navarro López integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le conceden los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparece ante esta soberanía a fin de presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con base en la siguiente:
Exposición de motivosLa motivación de la presente iniciativa se deriva de considerar la importancia que reviste para la nación en general, y el desarrollo rural sustentable en particular, el papel de los productores organizados del sector social y privado, que se define en el propio texto constitucional y en las leyes secundarias en la materia.
En materia constitucional, el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su primer párrafo que:
De acuerdo a este mandato constitucional, el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y el fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de las libertades que otorga la propia constitución.
Es en este párrafo, en el que se ubica la importancia de las organizaciones de productores del sector social y privado.
Continúa diciendo este mismo artículo 25, en torno a la importancia del sector social, que:
De manera complementaria, en el artículo 27 constitucional, en la fracción XX, se establece la relevancia que tiene para la nación el desarrollo rural y el carácter de interés público de las organizaciones del sector social y privado, al señalarse de manera muy precisas que:
Desde el punto de vista de la legislación secundaria, en el artículo 5 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) se establece que:
Adicionalmente, la LDRS en su artículo 13, fracción I, señala que:
El espíritu de la presente iniciativa es garantizar que en los procesos de planeación se mantenga, se fortalezca y se amplíe la planeación democrática y participativa prevista por la propia constitución y las leyes secundarias en la materia, y que efectivamente estén representadas y sean reconocidas todas las organizaciones y actores sociales y privados del medio rural, sin discriminación por motivos de afiliación política o intereses de cualquier otro tipo.
En este mismo sentido, se considera también de gran relevancia, que las propuestas de dichas organizaciones, previo proceso amplio de análisis y argumentación social, económica y ambiental no sólo sean ``consideradas'' como lo prevé actualmente el texto del propio artículo 14 de la LDRS vigente, sino que se establezcan los mecanismos para que estas sean realmente incorporadas al Programa Especial Concurrente.
El desarrollo económico de las organizaciones campesinas y de productores rurales requiere, desde el punto de vista de las propias organizaciones, una mejor planeación estratégica del uso sustentable de sus recursos, el establecimiento de alianzas regionales y nacionales entre las mismas para que, en el marco constitucional, de la LDRS y otras leyes en la materia, puedan desplegar su potencial productivo, capacidad de creación y de agregación de valor económico.
Por lo anteriormente expuesto, con la presente iniciativa de reforma del segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se garantiza que las organizaciones campesinas nacionales cuenten con elementos para llevar a cabo sus actividades, a través de su participación en los procesos de planeación del medio rural, y en particular, que sus propuestas sean realmente incorporadas en el proceso de elaboración del Programa Especial Concurrente.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para garantizar que las propuestas de las organizaciones del sector social y privado sean incorporadas en el programa especial concurrente
Artículo único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue:
...
La Comisión Intersecretarial, en los términos del artículo 13 de este ordenamiento, promoverá la participación de las organizaciones del sector social y privado y creará con el Consejo Mexicano del Desarrollo Rural Sustentable los mecanismos para garantizar que las propuestas de las organizaciones que concurren a las actividades del sector, sean incorporadas al Programa Especial Concurrente. Igualmente, incorporará los compromisos que conforme a los convenios respectivos asumen los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como establecerán las normas y mecanismos de evaluación y seguimiento de su aplicación.
...
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Carlos Ernesto Navarro López. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Desarrollo Rural.
LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se concede el uso de la tribuna a la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 11 de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo: Con su venia, señora Presidenta. En primer lugar quiero reconocer que esta iniciativa ha surgido de la iniciativa que presentó la diputada Blanca Gámez en la legislatura pasada, ya que en Acción Nacional hemos estado comprometidos desde hace varias legislaturas, con nuestros electores, en el tema de la rendición de cuentas.Sin embargo, esta iniciativa presenta diferencias significativas tanto en la rendición de la iniciativa como en la exposición de motivos, ya que a pesar de ser una modificación en el mismo sentido y que pretende adicionar un numeral 4 al artículo 11 de nuestra Ley Orgánica, la propuesta no contempla sanción alguna debido a que en este artículo se contemplan las obligaciones y las prerrogativas de los legisladores federales, y no es necesaria una sanción dentro de este apartado, suponiendo que pretende la obligatoriedad.
Asimismo, el espíritu principal de esta iniciativa radica en fortalecer y robustecer los esquemas de representatividad de esa misma democracia. Una de las características esenciales de la democracia es, que es la única forma de gobierno que garantiza el respeto a la voluntad de la mayorías mediante la decisión fundamental del pueblo delegada en sus representantes, ya que ante la imposibilidad de participar cada uno de los ciudadanos en las decisiones, elige a algunos de ellos para representarlos y ser portavoz ante la asamblea del Congreso.
Luego entonces, esta iniciativa pretende fortalecer la propuesta de mi antecesora en el sentido de la obligatoriedad de la rendición de cuentas, proponiendo una nueva redacción y participando a los demás grupos parlamentarios de lo que en Acción Nacional hemos adoptado como una obligación: una relación directa con nuestros representados.
De igual forma, a lo largo de esta iniciativa no se pretende hacer distinción entre legisladores electos por los principios de mayoría relativa o representación proporcional, considerando que son representantes de la nación.
Es así que el Diccionario universal de términos parlamentarios, editado por la LVII Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, nos indica que la representación provine del latín repraesentare, entre cuyos significados encontramos los de ``referir'', ``declarar'' e ``informar''.
Una de las bases más importantes para la democracia norteamericana, y de algunos países europeos, radica en la rendición de cuentas en ese accountability, que varios teóricos mencionan como una rendición de cuentas obligatoria para los gobernantes y, en general, para todo aquel que tiene la responsabilidad y capacidad de tomar decisiones y representar a sectores sociales y, en general, a los ciudadanos.
Uno de los filósofos políticos más importantes en teoría política, Norberto Bobbio, mencionó que él preferiría visualizar a la democracia presentada como poder en público, expresión con la que se refería a todos aquellos mecanismos institucionales que obligan a los gobernantes a tomar sus decisiones a la luz del día y le permitía a los gobernados ver cómo y dónde se toman esas decisiones.
Estoy cierta que el nivel de la vida democrática de un país no sólo se mide por la transparencia de sus procesos electorales, sino también depende de la capacidad de los ciudadanos para participar en influir en el ámbito público sobre el derecho y la obligación a la información. Es un principio de eficiencia administrativa, ya que la publicidad de la información se traduce en un mecanismo de supervisión ciudadana de rendición de cuentas.
En Acción Nacional estamos conscientes de que el Congreso de la Unión es la asamblea que representa a la nación. Estamos claros que nosotros somos los responsables de velar por quienes representamos, ya sea por distritos o por los partidos que han propuesto que estemos aquí.
Asimismo, entendemos que la asamblea es quien representa a una nación y de ahí proviene su nombre y la representación, tal como lo menciona Jorge Carpizo, al establecer que la asamblea es una institución soberana en forma absoluta.
Luego entonces, los diputados integrantes del Congreso de la Unión son representantes de la nación y todas las actividades que éste desempeñe deberán ser informadas hacia quienes representa. Lo anterior según el artículo 51 de nuestra Carta Magna.
Se puede advertir que los otros dos Poderes de la Unión, el Ejecutivo y el Judicial, están obligados a rendir informes, tal como lo establece el controversial artículo 69 constitucional. La obligación del primer mandatario de la nación es la presentación de un informe y la rendición de cuentas hacia quienes habitamos el territorio nacional.
Asimismo, el artículo 93 estipula la obligación de los titulares del despacho a rendir un informe detallado y sectorizado sobre el trabajo que han realizado en este año, lo cual forma parte de la glosa del informe del Ejecutivo federal en sesiones del pleno que sean públicas.
Señoras legisladoras y señores legisladores, tenemos la responsabilidad de rendir cuentas a quienes nos han electo como sus representantes ante esta tribuna. Por la investidura que todos y cada uno de nosotros obtenemos debemos legislar a favor de los ciudadanos y para los ciudadanos, no sólo bajo el interés particular y mezquino de algunos partidos políticos que se oponen a la sujeción de las obligaciones de informar de nuestras actividades.
Como legisladores federales, en Acción Nacional tenemos la obligación de presentar un informe anual de labores; el compromiso para con quienes nos eligieron se ve reflejado año con año con la presentación del mismo.
Señora Presidenta, le pido que sea publicado el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un numeral 4 al artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Es cuanto, y le pido una vez más que sea insertada en el Diario de los Debates.
«Iniciativa que reforma el artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell Gómez Angulo, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada federal por Baja California a la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del artículo 55 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa que adiciona un numeral 4 al artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEsta iniciativa ha surgido de la que presentó la diputada Blanca Gámez en la legislatura pasada, ya que en Acción Nacional hemos estado comprometidos desde hace varias legislaturas con nuestros electores en el tema de la rendición de cuentas.
Sin embargo, la presente iniciativa muestra diferencias significativas en la redacción y en la exposición de motivos, ya que a pesar de ser una modificación en el mismo sentido y que pretende adicionar un numeral 4 al artículo 11 de la Ley Orgánica, la propuesta no considera sanción alguna, debido a que en este artículo se prevén las obligaciones y prerrogativas de los legisladores federales y no es necesaria una sanción en el apartado, suponiendo que pretende la obligatoriedad.
El espíritu principal de la iniciativa radica en fortalecer y robustecer los esquemas de representatividad de la misma democracia. Una de las características esenciales de la democracia es que es la única forma de gobierno que garantiza el respeto de la voluntad de las mayorías, mediante la decisión fundamental del pueblo delegada en sus representantes, ya que ante la imposibilidad de participar cada uno de los ciudadanos en las decisiones, elige a algunos de ellos para representarlos y ser portavoces ante el Congreso.
Luego entonces, la iniciativa pretende fortalecer la propuesta de mi antecesora, en el sentido de la obligatoriedad de la rendición de cuentas, proponiendo una nueva redacción y participando a los demás grupos parlamentarios, lo que en Acción Nacional hemos adoptado como una obligación y una relación directa con nuestros representados.
De igual forma, en la iniciativa no se pretende hacer distinción entre legisladores electos entre los principios de mayoría relativa o representación proporcional, considerando que son representantes de la nación.
El Diccionario universal de términos parlamentarios, editado por la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados, indica que representación proviene del latín repraesentare, cuyos significados incluyen ``referir'', ``declarar'' e ``informar''.
Una de las bases más importantes para la democracia estadounidense y de algunos países europeos radica en la rendición de cuentas, en ese accountability que varios teóricos mencionan como una rendición de cuentas obligatoria para los gobernantes y, en general, para todo el que tiene la responsabilidad y capacidad de tomar decisiones y representar a sectores sociales y, en general, a los ciudadanos.
Uno de los filósofos políticos más importantes en teoría política, Norberto Bobbio, mencionó que prefería visualizar la democracia presentada como ``poder en público'', expresión con que se refería a todos los mecanismos institucionales que obligan a los gobernantes a tomar sus decisiones a la luz del día y permitía a los gobernados ``ver'' cómo y dónde se toman esas decisiones.
El nivel de la vida democrática de un país no sólo se mide por la transparencia de sus procesos electorales sino, también, depende de la capacidad de los ciudadanos para participar e influir en el ámbito público. El derecho y la obligación a la información son un principio de eficiencia administrativa, ya que la publicidad de la información se traduce en un mecanismo de supervisión ciudadana, de rendición de cuentas.
En el país aún falta impulsar el camino hacia la cultura de la rendición de cuentas, ya que si bien desde legislaturas pasadas la Cámara de Diputados aprobó el dictamen relativo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para brindar un sistema de acceso directo de las decisiones de gobierno entre gobernados y gobernantes, en el Poder Legislativo aún falta abrir la brecha de la rendición de cuentas.
En Acción Nacional estamos conscientes de que el Congreso de la Unión es la asamblea que representa a la nación. Estamos claros de que somos los responsables de velar por quienes representamos, ya sea por distritos o por los partidos que nos han propuesto estar aquí.
Entendemos que la asamblea representa una nación, y de ahí proviene su nombre y la representación, como menciona Jorge Carpizo, al establecer que la asamblea es una institución subordinada en forma absoluta al pueblo. Luego entonces, los diputados del Congreso de la Unión son representantes de la nación, y de todas las actividades que desempeñen deberán informar a quienes representan. Lo anterior, según el artículo 51 de la Carta Magna.
Los esfuerzos de los Poderes de la Unión para privilegiar el acceso y transparencia a las decisiones gubernamentales apenas comienzan. No cabe duda de que la responsabilidad de la representación debe tener una obligatoriedad de rendición de cuentas, y ésta debe empezar por quienes poseemos una investidura en los recintos parlamentarios. La responsabilidad del legislador de informar acerca del trabajo que ha desempeñado en los años de su gestión debe ser una responsabilidad primordial de su función.
En efecto, es indispensable establecer las bases institucionales y normativas que aseguren una eficiente y calificada prestación de los servicios y las funciones públicos del Estado. Dotar a la ciudadanía de instrumentos de acceso a la información relacionada con la gestión pública de manera que le permitan desarrollar una cultura de ética colectiva y de auditoría social.
La falta de rendición de cuentas destruye la confianza de los ciudadanos en los gobernantes. En efecto, la ausencia de mecanismos por los cuales el legislador rinda cuentas de su labor parlamentaria es percibida por los ciudadanos como la falta de trabajo para el cual fueron elegidos y se traduce en un descontento social cada vez más notorio por la ciudadanía a la hora de votar por sus representantes.
Los otros dos Poderes de la Unión, el Ejecutivo y el Judicial federal, están obligados a rendir informes, como establece el controversial artículo 69 constitucional, la obligación del primer mandatario de la nación es la presentación de un informe y la rendición de cuentas hacia quienes habitamos el territorio nacional.
Asimismo, el artículo 93 establece la obligación de los titulares de despacho a rendir un informe detallado y sectorizado sobre el trabajo que han realizado en el año, que ha caducado y lo cual forma parte de la glosa del informe de Ejecutivo federal. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que forma parte de él, está obligada a la apertura de las sesiones de pleno y de salas públicas.
La intención aquí radica en que el Poder Legislativo es el único de los tres poderes que aún no implanta la rendición de cuentas de manera obligatoria de los Poderes de la Unión, pese a que en este poder recae la responsabilidad de legislar y reformar el sistema legal del país.
Señoras y señores:
Tenemos la responsabilidad de responder a quienes nos han elegido como sus representantes ante esta tribuna, les debemos la investidura con que todos contamos. Debemos legislar en favor de los ciudadanos y para los ciudadanos, no sólo según los intereses particulares y mezquinos de algunos partidos políticos que se oponen a la sujeción de las obligaciones de informar de nuestras actividades que como legisladores federales tenemos.
En Acción Nacional tenemos la obligación de rendir un informe anual de labores; el compromiso por quienes nos eligieron se ve reflejado año con año con su presentación.
Si bien la obligatoriedad de algunos órganos de gobierno de la presentación de informes semestrales, y en algunos casos anuales, de actividades radica en nuestro marco jurídico del Congreso General, aún no se inserta la figura de los diputados y de sus labores como representes de la nación, mas no como integrantes de un órgano de gobierno de la Cámara de Diputados y de la de Senadores.
Por lo expuesto y fundado, me permito poner a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por la que se adiciona un numeral 4 al artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo Único. Se adiciona un numeral 4 al artículo 11 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 11
1. a 3. ...
4. Los diputados y los senadores integrantes del Congreso de la Unión deberán presentar un informe anual de labores en el distrito, circunscripción o estado que representen y por el que hayan sido elegidos como legisladores federales.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo . Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, como lo pidió la diputada.
VOLUMEN II
ARTICULO 74 CONSTITUCIONAL
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra la diputada Susana Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para suprimir partidas secretas.
La diputada Susana Monreal Ávila: Con su venia, señora Presidenta. La suscrita, diputada federal Susana Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscribe la presente iniciativa y somete a esta soberanía el proyecto de decreto que adiciona la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a la siguiente exposición de motivos:Hoy la rendición de cuentas y la participación son principios del buen gobierno, a la vez que la transparencia y responsabilidad son un requerimiento social para explicar y justificar los actos públicos, que es el último depositario de la soberanía en la democracia, porque rendir cuentas es estar por obligación disponible a ser requerido a informar del incumplimiento de responsabilidades. Cada vez la ciudadanía exige a las instituciones públicas la administración de los recursos materiales, financieros y humanos con transparencia. Exige también la demostración precisa de sus logros, del alcance de sus metas, del impacto social o económico de los resultados de su gestión, a través de la evaluación permanente de su desempeño en el ejercicio de atribuciones y facultades que realizan dentro de la esfera jurídica. Situación que obedece a que ha venido percibiendo una política de abuso e iniquidad que predomina, que resulta subversiva y nos coloca en los linderos de la desconfianza social.
Actualmente, el artículo 74 constitucional regula las partidas secretas dejando totalmente al albedrío del presidente en turno su uso. Los diputados hemos buscado acotar la discrecionalidad con la que se ha ejercido por diferentes presidentes en nuestra historia.
Sin embargo, al definir como clasificada y reservada la información sobre la partida secreta destinada a gastos en seguridad nacional, no será posible conocer y evaluar el buen uso de estos recursos ni siquiera los diputados tenemos ese acceso a la información.
Consecuentemente, al no poder conocer esta información no se tendrá manera de comprobar si efectivamente la discrecionalidad se redujo; es decir, si efectivamente los recursos asignados a esta partida se destinaron a gastos en seguridad nacional. A continuación, me permito señalar puntualmente, los retrocesos en materia de transparencia del tema que nos ocupa.
En un mundo de transparencia y rendición de cuentas, la existencia de partidas secretas en el gasto público federal es retrógrada tan obcecada como la existencia del artículo 49 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que regula las referidas partidas secretas en materia de transparencia y seguridad pública.
El reglamentar, a través de referido artículo la partida secreta, parece a primera vista dar a creer que impide que los presidentes de ahora y en adelante, ejerzan recursos de manera discrecional y al margen de la rendición de cuentas.
Sin embargo, existen dos consideraciones que en realidad no se logra este objetivo. Por un lado, circunscribe el gasto de la partida secreta a la asignación de recursos para investigaciones en seguridad nacional.
El problema es que el ejercicio del gasto y los resultados que emanan de él, siguen estando fuera de la vista de los ciudadanos. No tiene ningún sentido para la democracia que el auditor superior de la Federación conozca esta información y no pueda hacerla pública.
Por otro lado, y en términos políticos, la reglamentación de la partida secreta generaría nuevos incentivos y una justificación a la reactivación de un rubro que lleva desde 1998 sin ejercer recursos, y mientras no sea transparente el presupuesto la suspicacia racional de los ciudadanos nos lleva a creer que el gasto de la partida secreta tuvo como objetivo primordial las elecciones de 2006.
Nos preguntamos por qué se reactivó el gasto de la partida secreta ahora que el presupuesto federal lleva tantos años sin este lastre, si la voluntad de nosotros, los diputados y diputadas, está expresamente vinculada con la transparencia y con la abolición de la corrupción.
Compañeros, por qué no prohibir la partida secreta que lo único que ha hecho es generar conflictos de opacidad. Debemos tomar conciencia y explicarle a la ciudadanía quiénes son los diputados que desean y viven a favor de la corrupción por querer mantener una partida secreta, que en un mundo de transparencia y rendición de cuentas es innecesaria. En una recapitulación, sabemos que el Poder Legislativo no ha sido consistente en su exposición por solucionar los problemas surgidos históricamente con respecto a la partida secreta. De manera fundada y motivada sigo exponiendo a ustedes, compañeros legisladores, las causas que motivan a muchos para que el manejo del gasto público federal sea responsable y transparente.
Se dice que ``el buen juez por su casa empieza'', refrán muy sabio. Y me pregunto, ¿por qué el Ejecutivo que alega el cumplimiento de un gobierno transparente, por qué no acepta o envía iniciativa para derogar la multicitada partida secreta?
La partida secreta, en primer lugar, demuestra que es un resquicio de discrecionalidad que ningún actor político quiere desaparecer. En segundo lugar, muestra que quienes votaron a favor del artículo 49 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad ---que tiene nombre y apellido en la LIX Legislatura---, tienen incentivos muy fuertes para generar condiciones para que en los siguientes años se justifique y legitime la utilización de la partida secreta.
Estos incentivos estuvieron ligados con la posibilidad de que un partido tuviera que llegar a la presidencia en 2006. La desaparición de esta partida secreta es una demanda de transparencia que debe ser tomada en cuenta. Algunas razones expuestas para hacerlo son históricas y de magnitudes graves para el país.
Termino, señora Presidenta. Compañeros, tenemos en nuestras manos la oportunidad de corregir una de las más graves opacidades presupuestales que constitucionalmente aún guarda el Ejecutivo en el manejo de los recursos públicos.
Señora Presidenta, le solicito que se integre todo el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates.
«Iniciativa que reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para suprimir partidas secretas, a cargo de la diputada Susana Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita diputada federal Susana Monreal Avila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscribo la presente iniciativa y someto a la consideración de esta soberanía el proyecto de decreto que adiciona la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en atención a la siguiente:
Exposición de MotivosHoy la rendición de cuentas y la participación son principios del buen gobierno, a la vez que la transparencia y responsabilidad son un requerimiento social para explicar y justificar los actos al público, que es el último depositario de la soberanía en la democracia, porque rendir cuentas, es estar por obligación disponible a ser requerido a informar del cumplimiento de responsabilidades.
Cada vez la ciudadanía exige a las instituciones públicas la administración de los recursos materiales, financieros y humanos con transparencia, exige también la demostración precisa de sus logros, del alcance de sus metas, del impacto social o económico de los resultados de su gestión, a través de la evaluación permanente de su desempeño en el ejercicio de atribuciones y facultades que realizan dentro de la esfera jurídica; situación que obedece a que ha venido percibiendo una política de abuso e inequidad que predomina, que resulta subversiva y nos coloca en los linderos de la desconfianza social.
Actualmente, el artículo 74 constitucional regula las partidas secretas dejando totalmente al albedrío del presidente en turno su uso. Los diputados hemos buscado acotar la discrecionalidad con la que se ha ejercido por diferentes presidentes en nuestra historia. Sin embargo, al definir como clasificada y reservada la información sobre la partida secreta, destinada a gastos en seguridad nacional, no será posible conocer y evaluar el buen uso de estos recursos, ni siquiera los diputados tenemos tendrán acceso a la información. Consecuentemente, al no poder conocer esta información, no se tendrá manera de comprobar si efectivamente la discrecionalidad se redujo, es decir, si efectivamente los recursos asignados a esta partida se destinaron a gastos en seguridad nacional.
Vale la pena revisar el comportamiento de la partida secreta en los últimos periodos presidenciales, para advertir que la amenaza no es menor. Como veremos, aún cuando esta partida aparece en ceros en la Cuenta Pública desde 1998 (1), aún con las condiciones que establece el artículo 49 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, seguimos en la nada, ni la presión ciudadana, ni los mecanismos de vigilancia con que cuenta el Congreso, garantizaría que la historia se repitiera; a continuación se presente el cuadro de referencia:
Compañeros, ¿por qué no prohibir la partida secreta, que lo único que ha hecho es generar conflictos de opacidad?
Debemos tomar conciencia y explicarle a la ciudadanía quienes son los diputados que desean y viven a favor de la corrupción por querer mantener una partida secreta que en un mudo de transparencia y rendición de cuentas es innecesaria, en una recapitulación sabemos que el Poder Legislativo no ha sido consistente en su esfuerzo para solucionar los problemas surgidos históricamente con respecto a la partida secreta.
De manera fundada y motivada sigo exponiendo a Ustedes compañeros legisladores las causas que motivan a muchos por que el manejo del gasto público federal sea responsable y transparente. El buen juez por su casa empieza, refrán muy sabio, y me pregunto; porqué el Ejecutivo que alega el cumplimiento de un gobierno ``Transparente'' porque no acepta o envía iniciativa para derogar la multicitada partida secreta?.
La partida secreta, en primer lugar demuestra es un resquicio de discrecionalidad que ningún actor político quiere desaparecer.
En segundo lugar muestra que quienes votaron a favor del artículo 49 de la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad que tienen nombre y apellido en la LIX Legislatura, tienen incentivos muy fuertes a generar condiciones para que en los siguientes años se justifique y legitime la utilización de la partida secreta. Estos incentivos estuvieron ligados con la posibilidad de que un partido tuvo para llegar a la presidencia en 2006.
La desaparición de la partida secreta es una demanda de transparencia que debe ser tomada en cuenta. Algunas razones expuestas para hacerlo, son históricas y de magnitudes graves para el país.
Compañeros tenemos en nuestras manos la oportunidad de corregir una de las más agraviantes opacidades presupuestarias que constitucionalmente aún guarda el Ejecutivo en el manejo de los recursos públicos. En caso de que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria propongo su derogación estamos perdiendo una oportunidad única para el fortalecimiento de sus capacidades y atribuciones de evaluar al Poder Ejecutivo y convertirse en un verdadero contrapeso.
Conforme a las consideraciones anteriormente expuestas, someto a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, la siguiente iniciativa con proyecto de
DecretoArtículo Único. Se adicionan los párrafos tercero a sexto, pasando los actuales párrafos tercero a séptimo a ser los párrafos séptimo a décimo primero, de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 74. ...
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se deroga el artículo 49 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como todas y cada una de las disposiciones que se opongan a las reformas y adiciones establecidas en el presente decreto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Susana Monreal. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA - LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra la diputada Rubí Laura López Silva, para presentar iniciativa que reforma los artículos 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 26 de la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por la misma y el diputado Silvio Gómez Leyva, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
La diputada Rubí Laura López Silva: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:Los suscritos, diputados federales Rubí Laura López Silva y Silvio Gómez Leyva, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, someten a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y un segundo párrafo al artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social, al tenor de la siguiente exposición de motivos:
El Plan Nacional de Desarrollo asume como objetivo reducir la pobreza extrema, revertir las condiciones de desnutrición, generar igualdad de oportunidades para las personas más pobres y vulnerables, apoyar el desarrollo de las capacidades de las personas en condición de pobreza y fortalecer el tejido social a través de fomentar la participación y el desarrollo comunitario.
Estadísticas de estudios en pobreza demuestran que hubo una reducción de 24.2 por ciento a 20.3 por ciento en el número de personas que vivían en pobreza extrema en México. La pobreza moderada también se redujo de 53.7 por ciento a 51.7 por ciento. En gran medida se ha debido al aumento de las transferencias gubernamentales dirigidas a este rubro, en especial al Programa Oportunidades.
Debemos cerrar brechas y abatir rezagos planteando el reto de alcanzar la equidad y el trato justo para igualar las oportunidades de acceso a una vida digna. Sin embargo, en la práctica han surgido inquietudes que tienen que ver con la operatividad de algunos de estos programas respecto a sus reglas de operación, pues si bien los objetivos que persiguen cada uno de ellos son similares, no permiten la inclusión, como beneficiarias, de personas que ya se encuentran asistidas por otros programas.
Estas inquietudes principalmente encuentran su origen en la fracción VII del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a la letra dice:
Artículo 75. Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual las dependencias y entidades que los otorguen deberán...
Fracción VII. Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicación en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos.
Al respecto existen dos programas sociales de suma importancia. El Programa de Desarrollo Social Oportunidades, el cual forma parte de la política de desarrollo social y humano del gobierno federal, promoviendo una política social e integral. Para ello el programa asume las siguientes acciones:
Mejorar los niveles de educación y bienestar de los mexicanos, acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades de los mexicanos y ampliar la capacidad de respuesta gubernamental para fomentar la confianza en las instituciones.
En esta perspectiva, el Programa Oportunidades promoverá la articulación con otros programas sociales que potencien el cumplimiento de sus objetivos y acerquen oportunidades a los hogares beneficiarios.
En las reglas de operación, el Programa de Abasto Social de Leche Liconsa para el año 2007 establece que no podrán ser beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche los hogares de localidades que reciben apoyos alimentarios de estos programas de gobierno federal, incluyendo el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y el Programa de Apoyo Alimentario.
El fin último debe ser el beneficio integral de las familias. Es decir, para que la disminución de la pobreza sea permanente y sustentable en el mediano y largo plazo, deben consolidarse los programas exitosos, aspecto que debe ser eje de la política social.
La leche Liconsa actualmente beneficia a más de 5 millones de niños, potenciando sus capacidades y se ha demostrado que a través de los años, los niños y las niñas se han fortificado considerablemente, logrando reducir la tasa de anemia y la deficiencia de zinc, hierro y ácido fólico.
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto
Artículo primero. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:
Artículo 75, fracción VII. En el caso del Programa de Abasto Social de Leche Liconsa y del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, no se considerarán como duplicidad en su ejercicio toda vez que son compatibles y complementarios, siendo convergentes en una población objetivo.
Artículo segundo. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue ---y con esto concluyo, señora Presidenta---:
Artículo 26. Las reglas de operación de los Programas de Abasto Social de Leche Liconsa y de Desarrollo Humano Oportunidades son convergentes en una misma población objetivo pues garantizan la complementariedad, sinergia e integralidad que requiere la política de desarrollo social, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, 4 de octubre de 2007.
Dado que la presente iniciativa se encuentra inscrita en la Gaceta Parlamentaria, solicito, señora Presidenta, que lo que he leído sea inscrito en su ámbito integral en la Gaceta Parlamentaria. Si ya está inscrita, solicito que en el Diario de los Debates sea inscrita de manera total. Muchísimas gracias. Es cuanto, señora Presidenta.
«Iniciativa que reforma los artículos 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 26 de la Ley General de Desarrollo Social, suscrita por los diputados Rubí Laura López Silva y Silvio Gómez Leyva, del Grupo Parlamentario del PAN
Los suscritos diputados federales a la LX Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de ésta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona: un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y un segundo párrafo al artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEl Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 considera que el proyecto rector del desarrollo consiste en crear las bases en la que todos puedan aumentar sus capacidades y las oportunidades para una mejor calidad de vida, ampliándola hacia las generaciones presentes y futuras, es decir como eje superior del desarrollo humano sustentable, considerando a la persona, sus derechos y la ampliación de sus capacidades como la columna vertebral para la toma de decisiones y la definición de las políticas públicas.
El Plan Nacional de Desarrollo asume como objetivos reducir la pobreza extrema, revertir las condiciones de desnutrición, generar igualdad de oportunidades para los grupos más pobres y vulnerables, apoyar el desarrollo de las capacidades de las personas en condición de pobreza y fortalecer el tejido social a través de fomentar la participación y el desarrollo comunitario.
Por ello, el combate a la pobreza se ha convertido en uno de los principales objetivos. De acuerdo a los datos proporcionados por el Banco Mundial en su estudio ``La pobreza en México, una evaluación de las condiciones, las tendencias y las estrategias del gobierno'', 2005, México ha logrado avances en el tema, principalmente en los rubros de: salud, nutrición y educación.
Las estadísticas del reporte sobre las cuestiones de pobreza del estudio anterior demuestran que hubo una reducción del 24.2 por ciento al 20.3 por ciento en el número de personas que vivían en pobreza extrema en México, la pobreza moderada también se redujo de 53.7 por ciento a 51.7 por ciento, en gran medida se ha debido al aumento de las transferencias gubernamentales dirigidas a éste rubro, en especial al programa de Oportunidades. Debemos cerrar brechas y abatir rezagos planteando el reto de alcanzar la equidad y el trato justo para igualar las oportunidades de acceso a una vida digna.
El objetivo principal de los programas de desarrollo social está encaminado a combatir los distintos niveles de pobreza, que enfrentan las diversas zonas del país, sea en regiones rurales o en urbanas; por lo que el fin de cada programa se encuentra previamente determinado y normado en las respectivas reglas de operación, adaptándose a las necesidades o requerimientos de cada lugar o sector social.
Sin embargo, en la práctica han surgido conflictos que tienen que ver con la operatividad de algunos de éstos programas respecto a sus reglas de operación; pues si bien, los objetivos que persiguen cada uno de ellos son similares, no permite la inclusión, como beneficiarios, de personas que ya se encuentran asistidas por otros programas.
Este conflicto principalmente encuentra su origen en la fracción VII del artículo 75, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que a la letra dice:
Al respecto, existen dos programas sociales de suma importancia, el programa de Desarrollo Social Oportunidades, el cual forma parte de la política de desarrollo social y humano del gobierno federal, promoviendo una política social integral, para ello el programa asume los siguientes acciones:
El programa de Desarrollo Social Oportunidades, no podemos negar que es un programa noble, con objetivos claros, encaminados al bien de la población menos favorecida, su objetivo general es apoyar a las familias que viven en condición de pobreza extrema con el fin de potenciar las capacidades de sus miembros y ampliar sus alternativas para alcanzar mejores niveles de bienestar.
Asimismo, las reglas de operación del programa de Oportunidades, determinan que se deberán de considerar los ``mecanismos para asegurar la complementariedad de acciones con otros programas; para aprovechar la información y el padrón del programa para focalizar otros subsidios complementarios y no duplicados, y para definir la transición de beneficiarios de otros programas federales que otorgan subsidios con el mismo objetivo para evitar duplicidad.
En el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, publicado el 28 de febrero del 2007, anexo 3.10 señala que:
El programa propicia la complementariedad de sus acciones con otros programas de desarrollo social orientados a mejorar el nivel de vida de las familias y las comunidades. La pobreza no sólo es causa y resultado de escasas capacidades básicas, sino que obedece también a otros factores, como la falta de accesos a las oportunidades productivas y a servicios sociales esenciales.
En esta perspectiva, el programa Oportunidades, promoverá la articulación con otros programas sociales que potencien el cumplimiento de sus objetivos y acerque oportunidades a los hogares beneficiarios.
En las Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche (Liconsa), para el año 2007, establece que no podrán ser beneficiarios del programa de Abasto Social de Leche, los hogares de localidades, que reciben apoyos alimentarios de otros programas de gobierno federal, incluyendo el programa de Desarrollo Humano Oportunidades y el programa de Apoyo Alimentario.
Solamente en las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades para el Ejercicio Fiscal de 2007, no contempla la exclusión anteriormente señalada.
Los objetivos que persiguen estos dos programas se encaminan a mejorar el nivel de vida de la población que se encuentran dentro de la vertiente alimentaria, es decir, de las personas que se encuentran en condiciones económicas desfavorables; se diferencian en la forma en que será proporcionado el beneficio, pues en algunos casos es en dinero y otros en especie.
La supresión de beneficiarios que se señala en las reglas de operación ya analizadas, aun cuando se realizan conforme a la ley, bajo estudios y estadisticas que conllevan a ser una población objetivo, las cuales son determinantes para ser beneficiario, no corresponde con los principios de libertad, integralidad y participación social que se guían la política de desarrollo social referida en la Ley General de Desarrollo Social, pues coartan el derecho que tienen las personas o las familias más desprotegidas de poder ser beneficiadas mediante programas que contribuyan al mejoramiento de sus condiciones de vida, mediante un estado de salud mas favorables sin afectar su economía, lo que implica que aproximadamente entre 2 y 3 millones de familias se vean forzadas a elegir entre uno u otro programa, cuando pudiesen ser beneficiadas por ambos.
El fin último debe ser el beneficio integral de las familias, es decir, para que la disminución de la pobreza sea permanente y sustentable, en el mediano y largo plazo, deben consolidarse los programas exitosos, aspecto que debe ser eje de la política social.
Fortalece nuestro criterio la Evaluación de resultados del Programa de Abasto Social de Leche 2004, a cargo de Liconsa, SA de CV, realizada por el Centro de Estudios Estratégicos del Tecnológico de Monterrey, el cual incorpora un capítulo VII donde analiza el problema de incompatibilidad que se presenta en torno a las dos mas grandes e importantes intervenciones focalizadas para combatir la pobreza en México: el programa de Oportunidades y el de Abasto Social de Leche, PASL, a cargo de Liconsa.
La leche Liconsa actualmente beneficia a más de 5 millones de niños, potenciando sus capacidades. Se ha demostrado que a través de los años, los niños y niñas se han fortificado considerablemente, logrando reducir la tasa de anemia, y la deficiencia de zinc, hierro, y ácido fólico. Los menores de edad que recibieron durante dos años leche Liconsa fortificada, tuvieron una tasa de talla baja de 6 puntos porcentuales menor que los que nunca la han recibido.
Podemos concluir que este programas social a largo plazo, incrementara el desempeño futuro en los niños beneficiarios, los cuales alcanzarían mejor rendimiento educativo.
Ahora bien, no debemos de imponer soluciones a mediano y largo plazo a problemas que son intrínsecamente especiales y amoldar las iniciativas específicas a enfoques igualitarios y comprobados. Por ello, es preciso integrar una puntualización en la norma, un equilibrio que acepte lo colectivo al tiempo que reconoce y protege lo específico. Esta cuestión es esencial en el debate acerca de la manera de difundir y duplicar políticas y prácticas sociales.
Los objetivos y las estrategias comprenden acciones en diversos ámbitos como lo es el apoyo alimentario; debemos mejorar en el proceso de elaboración de las políticas públicas como la focalización, continuar con la ampliación del padrón de beneficiarios, la participación ciudadana, la evaluación y seguimiento. El estudio de duplicidad o complementariedad entre el PASL y el programa Oportunidades, sugiere que no existe duplicidad de beneficiarios en términos de consuno de leche, con base en los resultados se rechazaron las hipótesis que proponía que la transferencia de ingreso del programa Oportunidades pudiera ser utilizada para incrementar significativamente el consumo de leche de las familias beneficiarias de dicho programa, como así suceden en le caso del PASL.
Estas hipótesis no se comprobaron por dos razones: la primera porque el consumo de leche promedio es mucho menor en las familias Oportunidades que en las familias Liconsa, tanto en el estado de México 4.8 litros contra 10.25 litros, como en Oaxaca (3.75 litros contra 6.74 litros) la segunda razón es porque al compararse los datos de las familias Oportunidades y Liconsa con los de aquellas que no reciben los beneficios: 1) No se encontró un impacto significativo en las familias Oportunidades en el consumo de leche; 2) mientras que en caso de las familias Liconsa, tanto en el estado de México como en Oaxaca consumen significativamente más que en las familias sin apoyo.
Finalmente, la presunta duplicidad de beneficios entre el programa de Desarrollo Humano Oportunidades y el programa de Abasto Social de Leche, nunca se ha probado lógica o empíricamente, pues los estudios que al respecto han realizado diversos peritos en la materia sugieren que dicha duplicidad no existe, o en todo caso, es poco relevante o fácil de resolver, por lo que consideramos necesario modificar el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en donde se aclare que los programas en estudio, por su compatibilidad y complementariedad, deben ser convergentes en una población objetivo.
De igual forma, proponemos modificar el artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social, donde se mencione que las reglas de operación de los multicitados programas, no deberán excluir mutuamente a sus beneficiarios por las razones ya señaladas. Con lo anterior se estará logrando la articulación y complementariedad de los programas y acciones que conjuntan los beneficios sociales, en el marco de la política nacional de desarrollo social, como principio de integralidad a que se refiere el artículo 3o. del mismo ordenamiento jurídico.
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de ésta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
DecretoArtículo Primero. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue
Artículo 75. ...
Artículo Segundo. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 26 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:
Artículo 26. ...
Las reglas de operación de los programas de Abasto Social de Leche (Liconsa) y de Desarrollo Humano Oportunidades, son convergentes en una misma población objetivo, pues garantizan la complementariedad, sinergia e integralidad que requiere la política de desarrollo social, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Rubí Laura López Silva . Túrnese a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social, e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates tal y como lo solicitó la diputada.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se concede el uso de la tribuna al diputado Víctor Aguirre Alcaide, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Víctor Aguirre Alcaide: Con su venia, señora Presidenta.Iniciativa de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo, al tenor de las siguientes consideraciones:
La legislación tiene por objeto garantizar la justicia social a favor de todos los mexicanos, y un grupo que está exigiendo intervención inmediata de este Poder Legislativo federal son los trabajadores del campo, especialmente los migrantes. Aquellos que emigran cada año a las regiones del norte de nuestro país.
En este contexto, es menester hacer hincapié que en México más de la mitad de los trabajadores del campo ---es decir 3 millones de personas--- se emplean como jornaleros agrícolas y de tal porcentaje alrededor de 40 por ciento es procedente de los pueblos y comunidades indígenas, que sufren un índice mayor de injusticia.
Origen de lo anterior es que en México 73.9 por ciento de los municipios con habitantes indígenas no tienen la capacidad de brindar alternativas de empleo a su población, por lo que, durante las últimas tres décadas, personas de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, entre otros estados de nuestra República Mexicana, han sido trasladados todos los pueblos y comunidades indígenas al noroeste del país, como son Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Norte.
Ante este contexto, es justo reformar algunas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, con el objeto de mantener las condiciones laborales de los trabajadores del campo, con base en el siguiente planteamiento:
1. Que los jornaleros agrícolas indígenas, junto con otros trabajadores como son las personas con capacidades diferentes, adultos mayores, entre otros, sufren de discriminación por su condición no obstante que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su primer artículo, párrafo primero, establece que en la nación mexicana está prohibido toda forma de discriminación motivada por origen étnico, cultural, género, edad, entre otras.
Para este mismo fin, también existe la Ley Federal del Trabajo para prevenir y eliminar la discriminación, así como diversos instrumentos normativos internacionales y es así como diversos instrumentos normativos impiden esta situación, sin embargo la discriminación para estas personas prevalece en pleno siglo XXI.
Esto es inadmisible, y por estas razones se debe prohibir expresamente en la Ley Federal del Trabajo este tipo de discriminación, destacadamente la de tipo étnico y cultural.
2. Que de manera constante e indebida, en los campos agrícolas las jornadas de trabajo son prolongadas por más de ocho horas. Los patrones, aprovechando la necesidad de los trabajadores y sus familias, priorizan la actividad laboral a destajo de tal manera que los jefes de familia, con el afán de percibir un ingreso adicional, incorporan a sus pequeños hijos y a sus esposas para que realicen jornadas inhumanas y extraordinarias.
3. Que en la legislación laboral actual sólo se contempla como trabajadores del campo a los que ejecutan trabajos propios y habituales de la agricultura, ganadería y forestales.
Este artículo es, por tanto, restrictivo al no reconocer otro tipo de actividades que den quedar incluidas y protegidas dentro de este capítulo especial de los trabajadores del campo.
En tal razón, es pertinente agregar las actividades acuícolas, pesqueras, de la micro, pequeña y mediana empresas agrícolas. De esta manera, este artículo abarcará a la mayoría de las personas que desempeñan labores del campo.
4. Que respecto a la duración de las relaciones de trabajo, el artículo 280 de la Ley Federal del Trabajo incluye un tipo de contratación que de facto existe en este tipo de actividades laborales: la llamada ``contratación de planta por temporada'' o ``por tiempo indeterminado discontinuo''. Tal es el caso de los trabajadores que laboran por temporada, pero de manera repetida. Año tras año se repite esta situación.
Siendo indeclinable, conforme a lo ya dicho, la tutela de los menores, se adiciona un tercer párrafo al mismo artículo 280, en el sentido de que sólo podrán prestar sus servicios los mayores de 16 años, y una jornada que no excede de cuatro horas continuas ni de 22 horas semanales, además de que debe haber compatibilidad entre el estudio y la jornada de trabajo de los niños.
5. Que la constante exposición a sus sustancias agroquímicas, falta de equipo apropiado, más la falta de capacitación y adiestramiento para manejarlas, causan perjuicios considerables en la salud de los trabajadores, particularmente en la de los niños y mujeres embarazadas.
En contraste con este escenario, es poco común que estos trabajadores tengan acceso a servicio de salud y a la seguridad social, tal como lo marca nuestra legislación. Es así que en el artículo 283 de la legislación multicitada se incorporan otras obligaciones especiales para que los patrones den alimentos, doten de agua, y que los alimentos sean meramente gratuitos.
Adicionamos también el artículo 284 con nuevas prohibiciones a los patrones, indispensables para mantener un mínimo de equidad y de respeto entre la relación laboral como patrón a trabajador.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 3o., el artículo 56, la fracción I del artículo 133, el artículo 279 y el segundo párrafo del artículo 280; y se adiciona un primer y un tercer párrafos al artículo 280, pasando el actual primer párrafo a ser el segundo párrafo; y las fracciones VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV al artículo 283... y el artículo 1004-B, todos de la Ley Federal del Trabajo, según lo publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Es cuanto, señora Presidenta.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Víctor Aguirre Alcaide, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que conceden los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 62, 63 y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta asamblea iniciativa de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa legislación tiene por objeto garantizar la justicia social en favor de todos los mexicanos, y un grupo que está exigiendo la intervención inmediata del Legislativo federal son los trabajadores del campo, especialmente los que migran de los estados con mayores índices de marginación a los estados del norte del país donde se cultivan productos agrícolas preponderantemente para la exportación.
En México, más de la mitad de los trabajadores del campo, es decir, 3 millones de personas, se emplean como jornaleros agrícolas; y de tal porcentaje, alrededor de 40 por ciento es procedente de pueblos y de comunidades indígenas, que sufren un índice aún mayor de injusticia.
Origen de lo anterior es que en México 73.9 por ciento de los municipios con habitantes indígenas no tienen capacidad de brindar opciones de empleo a su población, por lo que durante las últimas tres décadas personas de Guerrero (estado que ocupa el primer lugar, en migración interna y el quinto lugar en cuanto a la migración internacional), Oaxaca y Chiapas, entre otros estados de la República Mexicana, han salido de sus comunidades y pueblos, rumbo a las grandes zonas agrícolas en el noroeste del país, como Sinaloa, Sonora y Baja California Norte y Sur, con objeto de mejorar sus condiciones de vida.
Los jornaleros indígenas migrantes en su mayoría son analfabetos y monolingües, sólo hablan su lengua materna, lo que origina violaciones sistemáticas de sus derechos humanos y laborales, primero por los denominados ``enganchadores''; y, en segundo término, por los patrones. Inmersos en estas injusticias se encuentran los hijos de los jornaleros, quienes comúnmente son empleados como un jornalero más, no obstante que sean menores de edad, incluso con apenas siete o menos años de edad.
Ese tipo de actividad que desempeñan los niños tiene repercusiones en su desarrollo y salud. Consecuentemente, también se impacta su educación, al motivarse su deserción escolar, algunos incluso llegan a perder la vida. Estos campos, más que de producción, parecen de exterminio, reviviéndose los crímenes del porfiriato.
Ante este contexto, es justo reformar algunas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, con objeto de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del campo, con base en los siguientes planteamientos:
1. Que los jornaleros agrícolas indígenas, junto con otros trabajadores, como las personas con capacidades diferentes o adultos mayores, sufren de discriminación por su condición, no obstante que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1, párrafo primero, establece que en la nación mexicana está prohibida toda forma de discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, entre otras. Para el mismo fin, también existe la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como diversos instrumentos normativos internacionales; sin embargo, la discriminación contra estas personas prevalece, y en pleno siglo XXI, esto es inadmisible. Por esas razones se debe prohibir expresamente en la Ley Federal del Trabajo ese tipo de discriminaciones, destacadamente la de tipo étnico.
2. Que, de manera constante e indebida, en los campos agrícolas, las jornadas de trabajo son prolongadas por más de ocho horas. Los patrones, aprovechándose de la necesidad de los trabajadores y de sus familias, dan prioridad a la actividad laboral a destajo; de tal manera, los jefes de familia, con el afán de percibir un ingreso adicional, incorporan a sus pequeños hijos y a sus esposas para que realicen jornadas inhumanas o extraordinarias pues, de lo contrario, los salarios que reciben resultan absolutamente insuficientes para satisfacer sus necesidades, y más con los altos costos de los productos que, obligadamente, adquirieren en establecimientos situados en los centros de trabajo, que en su mayoría son propiedad de empleadores y patrones. Textualmente, son tiendas de raya revividas.
3. Que en la legislación laboral actual sólo se consideran trabajadores del campo los que ejecutan trabajos propios y habituales de la agricultura, ganadería y los forestales; el contenido de este artículo es, por tanto, restrictivo porque no reconoce otro tipo de actividades que deben quedar incluidas y protegidas en el capítulo especial de los trabajadores del campo.
En tal razón, es pertinente agregar las actividades acuícola, pesquera, y de las micro, pequeñas y medianas empresas agrícolas. De esa manera, este artículo abarcará la mayoría de las personas que desempeñan labores en el campo.
4. Que respecto a la duración de las relaciones de trabajo, el artículo 280 de la Ley Federal del Trabajo excluye un tipo de contratación que, de facto, existe en este tipo de actividades laborales: la llamada ``contratación de planta por temporada'' o ``por tiempo indeterminado discontinuo''. Tal es el caso de los trabajadores que laboran por temporada pero de manera repetida año tras año.
Es injusto que respecto a los trabajadores del campo se presuma la planta hasta después de tres meses de trabajo continuo, por lo que se modifica el primer párrafo del artículo 280 para establecer que, desde la incorporación del trabajador al trabajo, se presumirá tal planta.
Siendo indeclinable, conforme a lo dicho, la tutela de los menores, se adiciona un tercer párrafo al mismo artículo 280, en el sentido de que sólo podrán prestar servicios los mayores de 16 años y en una jornada que no excedan de 4 horas continuas ni de 22 horas semanales, además de que debe haber compatibilidad entre el trabajo y el estudio.
5. Que la constante exposición a las sustancias agroquímicas y la falta de equipo apropiado, más la falta de capacitación y adiestramiento para manejarlas, causan perjuicio considerable en la salud de los trabajadores, y particularmente en la de los niños yen la de las embarazadas. En contraste con este escenario, es poco común que estos trabajadores tengan acceso a servicios de salud y a la seguridad social. Ciertamente, la Ley Federal del Trabajo en estos aspectos considera algunas medidas que en la realidad resultan insuficientes, en virtud de que se observan omisiones, anacronismos, lagunas y ausencias jurídicas que propician condiciones de explotación, por lo que se hace indispensable reformarla.
Así, en el artículo 283 de la legislación multicitada se incorporan otras obligaciones especiales para los patrones, como suministrar gratuitamente agua potable y dos alimentos sanos, nutritivos y abundantes durante la jornada de trabajo; tener disponibles botiquines, lo más cerca posible de las áreas de trabajo; proporcionar los equipos especiales a los trabajadores que asperjen, fertilizan, combatan plagas o enfermedades en plantas y animales; que realicen labores de polinización, vacunación, baños garrapaticidas, elaboración y remoción de compostas y estiércol, lombricultura y de fermentación; transportar en forma gratuita a los trabajadores de su domicilio al lugar de trabajo y a la inversa; brindar gratuitamente servicios de guardería y educación a los hijos de los trabajadores del campo, incluyendo en éstos la atención médica; y contar con los servicios de un intérprete/traductor bilingüe cuando el caso lo amerite.
Adicionamos el artículo 284 con nuevas prohibiciones a los patrones, indispensables para mantener un mínimo de equidad y dignidad en estas relaciones de trabajo. Finalmente, establecemos dos tipos penales para los casos en que se utilicen los servicios de los menores de 7 años y se obligue a los trabajadores a comprar en un determinado lugar.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 3o., el artículo 56, la fracción I del artículo 133, el artículo 279 y el segundo párrafo del artículo 280; y se adicionan un primer y un tercer párrafos al artículo 280, pasando el actual primer párrafo a ser el segundo párrafo, y las fracciones VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV al artículo 283, todos de la Ley Federal del Trabajo, en los siguientes términos:
Artículo 3. ...
No podrán establecerse distinciones por motivo de sexo, edad, credo religioso, doctrina política, condición social o física, etnia, preferencia sexual, estado civil, discapacidad y condiciones de salud, que tengan por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo o la ocupación, la formación profesional, las condiciones y la admisión al trabajo.
Es de interés social promover y vigilar la capacitación y el adiestramiento de los factores de la producción, así como la productividad y la calidad en el trabajo y los beneficios que éstas deben generar tanto a los trabajadores como a los patrones garantizando la igualdad de oportunidades.
Título Tercero Condiciones de Trabajo Capítulo I Disposiciones GeneralesArtículo 56. Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta ley y deberán ser proporcionadas a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias por motivo de sexo, edad, credo religioso, doctrina política, condición social o física, etnia, preferencia sexual, estado civil, discapacidad y condiciones de salud, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta ley.
Artículo 133. Queda prohibido a los patrones:
Artículo 279. Trabajadores del campo son los que ejecutan los trabajos propios y habituales de la actividad
Los trabajos que se realicen en la gran industria de transformación de la madera, y de la gran empresa agroindustrial se regirán por las disposiciones generales de esta ley.
Artículo 280. Las relaciones de trabajo, según su duración, pueden ser
El trabajador del campo se considerará de planta desde que dé inicio la relación de trabajo.
Los trabajadores menores de dieciséis años prestarán servicios en jornadas que no excedan de cuatro horas continuas diarias ni de veintidós horas a la semana, debiendo ser compatibles sus horarios de trabajo con los de estudio. No podrán ser contratados si no se acredita que se encuentran cursando la educación básica.
Artículo 283. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:
Artículo 284. Queda prohibido a los patrones:
Artículo 1004-A. Cuando el patrón utilice los servicios de menores de siete años, o los emplee, así como a las mujeres embarazadas en trabajos insalubres o peligrosos, se le castigará con prisión de tres años a siete años de prisión.
Artículo 1004-B. Cuando los patrones obliguen a los trabajadores a comprar en algún lugar recibirá una pena de prisión de dos años a seis años de prisión.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los patrones deberán cumplir las obligaciones especiales previstas en las fracciones XII y XIII del artículo 283 dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Víctor Aguirre Alcaide.Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Esta Presidencia saluda la presencia de los estudiantes del Centro Universitario Albert Einstein, quienes están con nosotros, acompañándonos en esta sesión. Sean bienvenidos.
LEY DE AGUAS NACIONALES - LEY FEDERAL DE DERECHOS
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se concede el uso de la tribuna al diputado Francisco Javier Paredes Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionalesy de la Ley Federal de Derechos.
El diputado Francisco Javier Paredes Rodríguez: Con su permiso, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Francisco Javier Paredes Rodríguez: Compañeras y compañeros diputados, hago uso de la tribuna de esta honorable Cámara de Diputados para presentar a nombre del diputado Héctor Ramos Covarrubias y del mío propio, iniciativa que reforma la Ley de Aguas Nacionalesy la Ley Federal de Derechos, solicitándole a la Presidencia que se inscriba íntegra en el Diario de los Debates.Con esta iniciativa se pretende dar atención al asunto de las concesiones para la extracción de materiales pétreos, que otorga la Conagua, buscando como objetivo primordial preservar el recurso agua y evitar los efectos nocivos que se generan por la falta de inspección y seguimiento a dichas concesiones.
Cito como antecedente importante el de que, con fecha 31 de julio de 2007 presenté ante el pleno de la Comisión Permanente, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y a la Conagua a que no se autoricen prórrogas sobre las concesiones para la extracción de materiales pétreos en el estado de Baja California, hasta que se realice un estudio de impacto ambiental particular y acumulativo que determine con precisión las afectaciones que se generan por esta actividad.
Cabe hacer notar que este punto de acuerdo, en fecha reciente, ha sido dictaminado a favor por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Ahora, con esta iniciativa propongo una reforma y adición a los artículos 7 Bis, 113 Bis de la Ley de Aguas Nacionales y el artículo 236 de la Ley Federal de Derechos, con el fin de establecer en ley cinco aspectos muy importantes:
Dar carácter de asunto de interés público al control de la extracción y explotación de los materiales pétreos.
Establecer como requisito indispensable, en la solicitud de concesión de extracción de materiales pétreos en los cauces de arroyos que previamente han sido objeto de concesiones, la presentación de la autorización de la manifestación de impacto ambiental, modalidad regional, que emite la Semarnat, en la que se analice integralmente toda la cuenca del arroyo que corresponda.
Considerar como causa de terminación de la concesión el cumplimiento del volumen de extracción estipulado en el título.
Tipificar que los recursos recaudados por el derecho pagado por concepto de extracción de materiales pétreos de cauces, vasos, zonas de corrientes y depósitos de propiedad nacional, serán destinados a la Semarnat para el fortalecimiento de programas de inspección a explotaciones de bancos de materiales pétreos a nivel nacional.
Y obligar a la Conagua a considerar las políticas y lineamientos establecidos en los programas de ordenamiento ecológico locales, estatales o regionales vigentes en las respuestas que emita a solicitudes de concesión para la extracción de materiales pétreos en los cauces de arroyos.
En el caso de la sobreextracción de materiales pétreos, de los cauces de aguas nacionales, se han detectado numerosos efectos adversos para el medio ambiente, entre ellos: la desestabilización de taludes, la destrucción de parcelas de cultivo, la pérdida de terrenos productivos, disminución en la calidad de agua de los cauces asociados a procesos de extracción de materiales pétreos, etcétera.
Como resultado de lo anterior se han documentado un sinnúmero de casos que reflejan la preocupante realidad de la sobreexplotación de los materiales pétreos en nuestro país, particularmente en Baja California y en la franja fronteriza norte, que en gran parte de los casos se realiza con el propósito de comercializar dichos materiales en los Estados Unidos de Norteamérica.
Es fundamental considerar dentro del interés público, el control de la extracción y de la explotación de los materiales pétreos dentro de los cauces de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes, en virtud de que es necesario destinar mayor atención a la problemática que la sobreextracción de estos elementos genera para el medio ambiente y para la sociedad.
Por otro lado, resulta de primordial importancia el fortalecimiento del marco jurídico para dotar a la Profepa y a la Conagua de herramientas mejor dirigidas en la aplicación de las leyes, así como a fomentar la corresponsabilidad de los gobiernos locales y estatales en la atención de asuntos ambientales que son de competencia del gobierno federal, pero que impactan directamente en la política social y económica de estas esferas de gobierno.
De lo anterior se desprende la importancia de que sea necesaria la presentación de una autorización de manifestación de impacto ambiental, modalidad regional, que emite la Semarnat, en la que se analice integralmente toda la cuenca del arroyo que corresponda, como requisito en la solicitud de un título de concesión para la explotación de los materiales pétreos, así como la observancia por parte de la autoridad federal en el otorgamiento de dicho título de concesión de las políticas y lineamientos que al respecto establezcan los ordenamientos ecológicos locales, estatales, regionales, vigentes. Sabemos que los recursos presupuestarios otorgados a la Profepa no son suficientes y, en muchas ocasiones, esto restringe el número de operativos que puedan llevarse a cabo para vigilar el apego a la normatividad ambiental y evitar los saqueos de estos materiales.
En ese sentido, cabe señalar que los gobiernos estatales y municipales pudiesen ser grandes aliados de la Profepa y la Conagua en estos esfuerzos, si existieran los mecanismos y los recursos para ello.
Por esta razón considero pertinente establecer como destino de los derechos que la federación obtiene por concepto de explotación de los materiales pétreos, el programa de inspección a explotaciones de bancos de materiales pétreos a nivel nacional.
Como legisladores de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional asumimos el compromiso en nuestra plataforma política, entre otros, de fortalecer las atribuciones de la Profepa y de la Conagua, para así evitar y sancionar el uso irracional de los recursos naturales y la depredación ambiental.
Por lo anteriormente expuesto me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto
Artículo primero. Se adiciona el artículo 7 Bis y se adiciona y se reforma el artículo 113 Bis, de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:
Artículo 7 Bis. Se declara de interés público el control de la extracción y de la explotación, uso o aprovechamiento de materiales pétreos localizados dentro de los cauces de las aguas nacionales y en sus bienes públicos inherentes.
Artículo 113 Bis. Es requisito en la solicitud de un permiso con carácter de provisional o una concesión para el aprovechamiento de los materiales pétreos, la presentación de la autorización de manifestación del impacto ambiental, modalidad regional que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la que se analice integralmente toda la cuenca del arroyo que corresponda, en los casos en que la concesión se solicite para la explotación en cauces previamente concesionados para el mismo fin.
Asimismo, en el otorgamiento de una concesión para el aprovechamiento de materiales pétreos en arroyos deberá considerar las políticas y lineamientos establecidos en los programas de ordenamiento ecológico, locales, estatales o regionales vigentes.
Son causas de revocación: se considera causa de fenecimiento ya sea del permiso con carácter de provisional o de la concesión, el cumplimiento del volumen de extracción de los materiales pétreos estipulado en el título de concesión o el permiso provisional.
Al extinguirse los títulos por término de la concesión, cumplimiento del volumen de extracción estipulado o cuando se haya revocado el título, las obras e instalaciones adheridas de manera permanente al motivo de la concesión deberán ser removidas sin perjuicio de que la autoridad del agua las considere de utilidad posterior, en cuyo caso se revertirán en su favor.
Artículo segundo. Se reforma el artículo 236 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:
Artículo 236. Los ingresos recaudados por este derecho se destinarán a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para el programa de inspección a explotaciones de bancos de materiales pétreos y demás programas cuyo propósito sea la preservación, cuidado y regeneración de bancos de materiales pétreos, mismos que implementará a través de la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y con la concurrencia que corresponda, de los gobiernos municipales y estatales.
Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Y solicito a la Presidencia que turne esta iniciativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por su atención, muchas gracias.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Aguas Nacionales, y Federal de Derechos, a cargo del diputado Francisco Javier Paredes Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN
Francisco Javier Paredes Rodríguez, diputado federal a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa, al tenor de los siguientes
AntecedentesCon fecha 31 de julio de 2007 presenté ante el Pleno de la Comisión Permanente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Nacional del Agua para que no se autoricen prorrogas sobre las concesiones para la extracción de materiales pétreos en el estado de Baja California hasta que se realice un estudio de impacto ambiental particular y acumulativo que determine con precisión la afectación que se genera por esta actividad.
Ahora, con esta iniciativa propongo una reforma y adición a los artículos 7 Bis, 113 Bis de la Ley de Aguas Nacionales y el artículo 236 de la Ley Federal de Derechos, con el fin de
Sabemos que como resultado de las constantes presiones de los esquemas productivos imperantes en nuestro modelo económico y en nuestra sociedad, que se reflejan en una degradación del medio ambiente, se está llegando a un desequilibrio que en algunas ocasiones puede ser irreversible.
En el caso de la sobreextracción de materiales pétreos de los cauces de las aguas nacionales se han detectado numerosos efectos adversos para el medio ambiente, entre ellos, la alteración del cauce natural de los ríos, la disminución de recarga de los acuíferos, la desestabilización de taludes, la destrucción de parcelas de cultivo, la pérdida de terrenos productivos, disminución en la calidad del agua de los cauces asociados a procesos de extracción de materiales pétreos, etcétera.
Como resultado de lo anterior, se han documentado un sinnúmero de casos que reflejan la preocupante realidad de la sobreexplotación de los materiales pétreos en nuestro país, particularmente en el estado de Baja California y toda la franja fronteriza norte, que en gran parte de los casos se realiza con el propósito de comercializar dichos materiales en Estados Unidos de América para satisfacer la creciente demanda de la industria de la construcción, a costa de mermar nuestros recursos naturales y debilitar la cadena de oferta de estos productos en el mercado nacional.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 25, que es responsabilidad del Estado la rectoría del desarrollo nacional y que bajo criterios de equidad y productividad se impulsará a las empresas pero, basados en un esquema en el que se respete el interés público en el uso de los recursos, en el cuidado y conservación del medio ambiente.
Por otro lado, en el artículo 27, también de nuestra Carta Magna, está estipulada la rectoría del Estado sobre tierras y aguas contenidas dentro de los límites del país y que es derecho de la nación con base en el interés público, regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales, así como cuidar su conservación.
En este sentido, y en apego a lo que nos manda nuestra Constitución, es fundamental considerar dentro del interés público, el control de la extracción y de la explotación de los materiales pétreos dentro de los cauces de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes, en virtud de que es necesario destinar mayor atención a la problemática que la sobreextracción de estos elementos genera para el medio ambiente y para la sociedad.
Por otro lado, resulta fundamental el fortalecimiento del marco jurídico para dotar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Comisión Nacional del Agua, de herramientas mejor dirigidas para la aplicación de las leyes, así como fomentar la corresponsabilidad de los gobiernos locales y estatales en la atención de asuntos ambientales competencia del gobierno federal, pero que afectan directamente, política, social y económicamente estas esferas de gobierno.
De lo anterior se desprende la importancia de que sea necesaria la presentación de una autorización de manifestación de impacto ambiental modalidad regional que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la que se analice integralmente toda la cuenca del arroyo que corresponda, como requisito en la solicitud de un título de concesión para la explotación de los materiales pétreos, así como la observancia por parte de la autoridad federal en el otorgamiento de dicho título de concesión, de las políticas y lineamientos que al respecto establezcan los ordenamientos ecológicos locales, estatales o regionales vigentes.
Recuérdese que el Impacto Ambiental Acumulativo, según lo define el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de impacto ambiental, es el efecto en el ambiente que resulta del incremento de los impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción con otros que se efectuaron en el pasado o que está ocurriendo en el presente, y que es la manifestación de impacto ambiental modalidad regional el instrumento a través del cual se identifican y atienden este tipo de impactos ambientales.
Para el caso de la extracción de materiales pétreos en cauces arroyos o ríos, esto es de suma importancia por el alto impacto negativo que varias concesiones sobre un mismo cauce pueden tener sobre el suelo, la vegetación y los mantos acuíferos.
Por otro lado, cabe mencionar que la Semarnat, a través de la Profepa, realizó en el transcurso de 2006 inspecciones en 22 entidades federativas, a un total de 422 bancos de materiales pétreos; también llevó a cabo diversos operativos cuyo objetivo fue la verificación del cumplimiento de la norma oficial mexicana relacionada con la explotación estos recursos en cauces de aguas nacionales.
A pesar de lo anterior, sabemos que los recursos presupuestarios otorgados a la Profepa no son suficientes y, en muchas ocasiones, esto restringe el número de operativos que pueden llevarse a cabo para vigilar el apego a la normatividad ambiental y evitar los saqueos de estos materiales. En este sentido, cabe señalar que los gobiernos estatales y municipales pudiesen ser grandes aliados de la Profepa y la Comisión Nacional del Agua en estos esfuerzos si existieran los mecanismos y los recursos para ello.
Por esa razón considero pertinente establecer como destino de los derechos que la federación obtiene por concepto de explotación de los materiales pétreos de los cauces, vasos y zonas de corrientes, así como de los depósitos propiedad nacional, el Programa de Inspección a Explotaciones de Bancos de Materiales Pétreos.
Como legisladores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional asumimos el compromiso en nuestra plataforma política, entre otros, de fortalecer las atribuciones de la Profepa y de la Comisión Nacional del Agua, para así evitar y sancionar el uso irracional de los recursos naturales y la depredación ambiental.
Por su parte la Profepa, en su informe anual 2006, asume el compromiso de ejercer una supervisión minuciosa y vigilar, bajo el principio de ``tolerancia cero'', la aplicación de la ley ante los infractores.
Por lo anterior, es una responsabilidad compartida dotar a nuestras instituciones de los instrumentos necesarios en el ámbito jurídico que les permitan el mejor desempeño y ejercicio de sus funciones y, por otro lado, proporcionar a la ciudadanía la certidumbre jurídica sobre nuestro compromiso a través del trabajo legislativo, sobre el cumplimiento de la defensa de los derechos ambientales.
Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
DecretoArticulo Primero: Se adiciona el artículo 7 Bis y se adiciona y se reforma el artículo 113 Bis de Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:
Articulo 7 Bis. Se declara de interés público:
Artículo 113 Bis. ...
...
``La autoridad del agua'' vigilará...
Es requisito en la solicitud de un permiso con carácter de provisional o una concesión para el aprovechamiento de los materiales pétreos, la presentación de la autorización de manifestación del impacto ambiental modalidad regional que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la que se analice integralmente toda la cuenca del arroyo que corresponda, en los casos en los que la concesión se solicite para explotación en cauces previamente concesionados para el mismo fin.
Asimismo, en el otorgamiento de una concesión para el aprovechamiento de materiales pétreos en arroyos deberá considerar las políticas y lineamientos establecidos en los Programas de ordenamiento ecológico locales, estatales o regionales vigentes.
Son causas de revocación...
Artículo Segundo: Se reforma el artículo 236 de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:
Artículo 236. Están obligadas a pagar el derecho por extracción de materiales las personas físicas y morales que extraigan de los cauces, vasos y zonas de corrientes, así como de los depósitos propiedad nacional...
...
...
Las personas físicas y morales...
Los ingresos recaudados por este derecho se destinarán a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para el Programa de Inspección a Explotaciones de Bancos de Materiales Pétreos y demás programas cuyo propósito sea la preservación, cuidado y regeneración de bancos de materiales pétreos, que implantará a través de la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y con la concurrencia que corresponda de los gobiernos municipales y estatales.
No se pagará el derecho...
Artículo TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Presidencia del diputado Cristián Castaño Contreras
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Muchas gracias, diputado Francisco Javier Paredes Rodríguez.Se turna esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, de Hacienda y Crédito Público y, como lo ha solicitado el propio diputado, con opinión de la Comisión de Medio Ambiente.
ARTICULO 74 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se le concede el uso de la palabra al diputado Moisés Dagdug Lützow, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Moisés Félix Dagdug Lützow: Con su venia, señor Presidente.El suscrito, diputado federal Moisés Félix Dagdug Lützow, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente exposición de motivos:
El artículo 74 constitucional ha venido regulando, desde la entrada en vigor de la Constitución de 1917, la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de aprobar anualmente el proyecto de Presupuesto de Egresos y revisar la cuenta pública del año anterior. Desde ese año y hasta 2007 dicho precepto ha experimentado 13 reformas, de las cuales seis han tenido relación con la fracción IV.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación se concentran los recursos públicos que emplean las dependencias federales, y en algunos casos las estatales y las municipales, para satisfacer sus requerimientos financieros.
Éste es el instrumento más poderoso del gobierno federal, junto con la Ley de Ingresos de la Federación y la política monetaria, para incidir en la evolución económica del país.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público define al PEF como el documento jurídico, contable y de política económica aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a iniciativa del presidente de la república, en el cual se consigna el gasto público, de acuerdo con la naturaleza y cuantía que debe realizar el sector central y el sector paraestatal de control directo en el desempeño de sus funciones en un ejercicio fiscal.
Pero en realidad, el Presupuesto de Egresos de la Federación es un instrumento legal establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 74, donde establece: ``... Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal una vez aprobadas las contribuciones que a su juicio deban decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior''.
Es decir, definimos al PEF como el acto legislativo que permite a la administración pública usar los recursos monetarios del Estado durante un año fiscal. Es decir, sólo tiene validez para el ejercicio fiscal para el cual se expide y es precisamente la temporalidad anual del presupuesto uno de los sustanciales problemas del marco jurídico en materia presupuestaria que impactan a los programas y proyectos de inversión.
Es así que la administración pública federal, estatal y municipal, al iniciar sus programas o proyectos de inversión de mediano y largo plazo, en repetidas ocasiones, éstos, por no tener la fuente de financiamiento durante su tiempo de vida, quedan inconclusos. El escenario empeora todavía más cuando los mismos ya han sido evaluados socialmente rentables para el país.
Por ello es vital que a los programas y proyectos de inversión se les asegurare su capitalización en el mediano y largo plazo que les garantice la viabilidad y certidumbre financiera para todo el periodo de su ejecución.
Lo anterior asegura su conclusión, y en consecuencia acrecienta el patrimonio nacional en aquellos programas y proyectos de inversión que son provechosos para el desarrollo de nuestra nación.
Precisamente esta iniciativa de reforma constitucional propone establecer que la Cámara de Diputados pueda plasmar, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación el autorizar programas y proyectos de inversión que comprendan varios ejercicios fiscales, a los cuales se les tengan garantizadas las asignaciones presupuestarias o su fuente de financiamiento durante toda la vida del proyecto.
Esta facultad de que la Cámara de Diputados pueda modificar o cancelar los programas y proyectos de inversión anuales que comprendan más de un ejercicio fiscal obedece, entre otros, a la integración de nuevos programas o proyectos de inversión, y a nuevas necesidades de infraestructura del país.
Nuestra Carta Magna de 1917 y las leyes reglamentarias de la materia a lo largo de estos años le han conferido al Congreso de la Unión, y particularmente a esta Cámara, suficiente autoridad en materia presupuestaria y de supervisión del gasto público.
Sin embargo, tales preceptos normativos no se han convertido en mecanismos efectivos para aumentar la planeación del gasto público, contribuyendo así a evitar los malos manejos, la ineficiencia gubernamental, el despilfarro y la fulminante corrupción que, no obstante, actualmente siguen lacerando al Estado mexicano.
Si bien en la Cámara, de representación popular, la construcción del Presupuesto de Egresos de la Federación constituye por sí mismo un espacio incomparable para conjugar retos y posibilidades de viabilidad de políticas públicas que contribuyan a nuestra consolidación como una nación más justa y equitativa. Para que esto sea efectivamente así, es necesario hacer reformas a nuestra carta fundamental que permitan someter cada año a esta Cámara de Diputados una relación escrupulosa, y debidamente fundamentada, de los programas y proyectos de inversión que requieren ser autorizados, modificados o cancelados.
Por los razonamientos anteriormente expuestos someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Para establecer que los programas y proyectos de inversión que abarquen varios ejercicios fiscales tengan garantizadas las asignaciones presupuestarias correspondientes.
Artículo primero. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
La Cámara de Diputados podrá autorizar programas y proyectos de inversión que abarquen varios ejercicios fiscales. Los gastos correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos de la federación. Los programas y proyectos de inversión productiva en infraestructura física a que se refieren, se llevarán a cabo conforme a lo previsto en la ley.
Transitorios. Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las reformas y adiciones a la ley en la materia que se requieran para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en este decreto deberán entrar en vigor a más tardar a los tres meses de la publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, señor Presidente.
Solicito que el texto íntegro se inserte en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de Debates.
«Iniciativa que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Moisés Dagdug Lützow, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito diputado federal Moisés Félix Dagdug Lützow, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por su digno conducto, someto a la consideración del pleno la presente iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosEl artículo 74 constitucional, ha venido regulando desde la entrada en vigor de la Constitución de 1917 la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para aprobar anualmente el proyecto de Presupuesto de Egresos y revisar la Cuenta Pública del año anterior. Desde ese año y hasta 2007 dicho precepto ha experimentado 13 reformas, de las cuales seis han tenido relación con la fracción IV.
La primera reforma que experimentó dicho precepto formó parte de la llamada reforma política que, entre otras cosas, abriría las puertas de la Cámara de Diputados a los partidos de oposición. A partir de 1976 la forma de elaborar y presentar el Presupuesto de Egresos por parte del Ejecutivo federal tuvo como referente legislativo la Ley Orgánica del Presupuesto de de Egresos de la Federación, vigente de 1935 a 1976 y la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público, vigente de 1976 al 30 de marzo de 2006.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación, se concentran los recursos públicos que emplean las dependencias federales, y en algunos casos las estatales y municipales, para satisfacer sus requerimientos financieros. Éste es el instrumento más poderoso del gobierno federal, junto con la Ley de Ingresos de la Federación y la política monetaria, para incidir en la evolución económica del país.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público define al PEF como ``el documento jurídico, contable y de política económica, aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a iniciativa del Presidente de la República, en el cual se consigna el gasto público, de acuerdo con su naturaleza y cuantía, que deben realizar el sector central y el sector paraestatal de control directo, en el desempeño de sus funciones en un ejercicio fiscal''.
Pero en realidad, el Presupuesto de Egresos de la Federación es un instrumento legal establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 74 donde se establece:
``Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificaciones del proyecto enviado por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deban decretarse para cubrirlo, así como revisarla Cuenta Pública del año anterior''.
Es decir definimos al PEF como: ``el acto legislativo que permite a la Administración Pública usar los recursos monetarios del Estado durante un año fiscal''. Es decir, sólo tiene validez para el ejercicio fiscal para el cual se expide.
Y es precisamente la temporalidad anual del Presupuesto uno de los substanciales problemas del marco jurídico en materia presupuestaria que impactan a los programas y proyectos de inversión. Es así, que tanto la administración pública federal, estatal y municipal al iniciar sus programas o proyectos de inversión de mediano y largo plazo en repetidas ocasiones, éstos, por no tener la fuente de financiamiento durante su tiempo de vida quedan inconclusos; el escenario se empeora todavía más, cuando los mismos ya han sido evaluados socialmente rentables para el país.
Por ello, es vital para los programas y proyectos de inversión, el asegurarles su capitalización en el mediano y largo plazo, que les garantice la viabilidad y certidumbre financiera para todo el periodo de su ejecución; lo anterior, asegura su conclusión y en consecuencia acrecienta el patrimonio nacional en aquellos programas y proyectos de inversión que son provechos para el desarrollo de nuestra nación.
Precisamente, esta iniciativa de reforma constitucional propone establecer que la Cámara de Diputados pueda plasmar a través del Presupuesto de Egresos de la Federación el autorizar programas y proyectos de inversión que comprendan varios ejercicios fiscales, a los cuales se les tenga garantizado las asignaciones presupuestarias o su fuente de financiamiento durante toda la vida del proyecto. Esta contingencia de que la H. Cámara de Diputados pueda modificar o cancelar los programas y proyectos de inversión anuales, que comprendan más de un ejercicio fiscal obedece, entre otros, a la integración de nuevos programas o proyectos de inversión y a nuevas necesidades de infraestructura del país.
Nuestra Carta Magna de 1917 y las leyes reglamentarias de la materia, a lo largo de estos años, le han conferido al Congreso de la Unión, y particularmente a esta Cámara, suficiente autoridad en materia presupuestaria y de supervisión del gasto público. Sin embargo, tales preceptos normativos no se han convertido en mecanismos efectivos para aumentar la planeación del gasto público; contribuyendo así, a evitar los malos manejos, la ineficiencia gubernamental, el despilfarro y la fulminante corrupción que, no obstante actualmente, sigue lacerando al Estado mexicano.
Si bien en la Cámara de representación popular la construcción del Presupuesto de Egresos de la Federación constituye por sí mismo, un espacio incomparable para conjugar retos y posibilidades de viabilidad de políticas públicas que contribuyan a nuestra consolidación como una nación más justa y equitativa; para que esto sea efectivamente así es necesario hacer reformas a nuestra carta fundamental que permitan someter cada año al H. Cámara de Diputados, una relación escrupulosa y debidamente fundamentada de los programas y proyectos de inversión que requieran ser autorizados, modificados o cancelados.
Por los razonamientos anteriormente expuestos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente:
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que los programas y proyectos de inversión que abarquen varios ejercicios fiscales tengan garantizadas las asignaciones presupuestarias correspondientes.
Artículo Primero. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las reformas y adiciones a la ley en la materia que se requieran para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en este decreto, deberán entrar en vigor a más tardar a los tres meses de la publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Así se hará, diputado Moisés Dagdug Lützow.Túrnese esta iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
ARTICULOS 52, 53, 54, 55, 56 Y 60 CONSTITUCIONALES - CODIGOFEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se le concede ahora el uso de la tribuna al diputado Alberto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral.
El diputado Alberto Amaro Corona: Con su venia, señor Presidente.El que suscribe, Alberto Amaro Corona, que presenta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma los artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como que modifica el título único y adiciona un título segundo del libro sexto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, referentes a la creación de una sexta circunscripción plurinominal que signifique como la representación política de los mexicanos en el exterior.
En razón de que la exposición de motivos es muy extensa y para obviar el tiempo, ante esta tribuna, solicito a la Presidencia que se inserte íntegro el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates.
A partir de las consideraciones que se exponen en la versión completa de la presente iniciativa y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable soberanía la presente iniciativa de decreto en virtud del cual se adicionan y se reforman los artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, se reforman los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo primero. Se reforma el artículo 52. Se reforma el segundo párrafo del artículo 53. Se reforma el primer párrafo y las fracciones I, II y V del artículo 54. Se reforma el segundo párrafo de la fracción III y se adicionan dos párrafos más de la misma, así como se adicionan la fracción V, ambas del artículo 55. Se reforma y adiciona el artículo 56 y se reforma y adiciona el artículo 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Por cuestión de tiempo solamente voy a mencionar los elementos más sustanciales de esta iniciativa con proyecto, y empezaré mencionando que se constituirán seis circunscripciones electorales plurinominales. La sexta circunscripción se establece para el ejercicio de los derechos electorales de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero. Los ciudadanos mexicanos en el extranjero podrán elegir 25 diputados por la vía plurinominal.
Para el caso de la sexta circunscripción, la votación será directamente sobre las listas que presentan los partidos nacionales. La asignación de diputados entre los partidos correspondientes que hayan alcanzado el dos por ciento de la votación nacional se hará según los elementos de conciente natural y resto mayor, establecidos en la legislación electoral vigente.
Todo el proceso electoral relativo a la sexta circunscripción será conducido por una comisión especial integrada por decisión del Consejo General del Instituto Federal Electoral, con facultades equivalentes a las de un consejo local, con cabecera de circunscripción plurinominal.
Para figurar en la lista de la sexta circunscripción electoral plurinominal como candidatos se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, poseer credencial de elector emitida por el Instituto Federal Electoral y acreditar la residencia no menor de tres años en el país extranjero de que se trate.
La vecindad en territorio nacional o en un país no se pierde por el desempeño de cargos de elección popular.
Artículo segundo. Se modifica el título único y se adiciona un título segundo del libro sexto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como se reforman y adicionan la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral, el Código Penal en lo conducente, el apartado de delitos electorales y además leyes aplicables en la materia, conforme a las siguientes bases:
Título Segundo, ``Del voto presencial''
Artículo 301. La votación de los candidatos inscritos en las listas de la sexta circunscripción será conforme a las siguientes bases:
a) En los Estados Unidos de América se instalarán casillas electorales en las 10 ciudades principales del país y en los 50 condados con mayor concentración de ciudadanos mexicanos, de acuerdo con la lista nominal de electores residentes en el extranjero, del Instituto Federal Electoral.
b) En otros países se instalarán casillas en las ciudades capitales y en aquellas ciudades donde vivan más de 5 mil ciudadanos mexicanos.
c) Para aquellos ciudadanos mexicanos registrados en la lista nominal de electores residentes en el extranjero, del Instituto Federal Electoral, y que vivan a una distancia mayor de 200 kilómetros de la casilla más cercana, se pondrá en práctica el voto postal, según las instrucciones precisas que el mismo Instituto Federal elabora para el caso.
Por cuestiones de tiempo ---son ocho incisos--- vamos a darle solamente lectura a los
Transitorios. Primero. Las reformas a que se refiere el presente decreto entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con las particularidades que se establecen en las disposiciones transitorias de cada uno de los artículos de este decreto.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Es cuanto, señor Presidente.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del PRD
Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto en los términos siguientes:
En razón de las anteriores consideraciones y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta honorable soberanía la presente
Iniciativa de decreto en virtud de la cual se adicionan y reforman los artículos del 52, 53, 54, 55, 56 y 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo reforma los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo Primero: Se reforma el artículo 52; se reforma el segundo párrafo del artículo 53; se reforma el primer párrafo y las fracciones I, II y V del artículo 54; se reforma el segundo párrafo de la fracción III y se adicionan dos párrafos más a la misma, así como se adiciona la fracción V, ambas del artículo 55; se reforma y adiciona el artículo 56; y se reforma y adiciona el artículo 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas, votadas en seis circunscripciones plurinominales.
Artículo 53
...
Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas, se constituirán seis circunscripciones electorales plurinominales. La ley determinará la forma de establecer la demarcación de las cinco circunscripciones en el territorio nacional. La sexta circunscripción se establece para el ejercicio de los derechos electorales de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero. Los ciudadanos mexicanos en el extranjero podrán elegir 25 diputados.
Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional según el sistema de asignación por listas se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:
Artículo 55. Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos:
Los ciudadanos mexicanos en el exterior, no podrán ser candidatos cuando se desempeñen como funcionarios o trabajador en la función pública de nación extranjera.
Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veinte y ocho senadores, de los cuales, en cada estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría.
...
Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional, veintisiete mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional y cinco más en la sexta circunscripción, igualmente mediante el sistema de listas.
Los partidos políticos nacionales que alcancen por lo menos el dos por ciento de la votación emitida en esa Circunscripción tendrán derecho a que se les asignen senadores según el principio de representación proporcional. En este caso, el método de la elección observará los mismos procedimientos y formas de conducción de la elección de diputados por el principio de representación proporcional para la sexta circunscripción. Igualmente sólo podrán ser candidatos a senadores de representación proporcional aquellos ciudadanos mexicanos que tengan, por lo menos, tres años de vecindad probada en el país extranjero de que se trate y posean credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral.
Artículo 60. El organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo que disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los distritos uninominales, en cada una de las entidades federativas y en la Sexta Circunscripción Plurinominal. Asimismo, hará la declaración de validez y la asignación de diputados y senadores según el principio de representación proporcional de conformidad con los artículos 54 y 56 de esta Constitución y la ley.
...
...
Por cuanto se refiere a las resoluciones del organismo electoral federal acerca de las elecciones de los ciudadanos mexicanos en el extranjero, éstas sólo podrán impugnarse ante la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, únicamente cuando por los agravios esgrimidos se pueda modificar el resultado de la elección. Los fallos de la sala serán definitivos e inatacables.
Artículo Segundo: Se modifica el Título Único y se adiciona un Título Segundo del Libro Sexto Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y así como se reforman y adicionan la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Código Penal, en lo conducente al apartado de Delitos Electorales y demás leyes aplicables en la materia, conforme las siguientes bases:
Libro Sexto Del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero Título Primero Del Voto PostalArtículos 273 a 300 ...
Título Segundo Del Voto PresencialArtículo 301. La votación por los candidatos inscritos en las listas de la sexta circunscripción se hará conforme a las siguientes bases:
Primero. Las reformas a que se refiere el presente decreto entrarán en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con las particularidades que se establecen en las disposiciones transitorias de cada uno de los artículos de este decreto.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Alberto Amaro Corona.Se turna esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación, y de Justicia.
LEY DE AGUAS NACIONALES
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se le concede ahora el uso de la tribuna al diputado Joaquín Díaz Mena, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
El diputado Joaquín Jesús Díaz Mena: Con su permiso, señor Presidente.«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
El suscrito, diputado federal Joaquín Díaz Mena, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar la iniciativa proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 120 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, al considerar la siguiente
Exposición de MotivosHoy presento esta iniciativa que será de gran ayuda y dará certeza patrimonial a los productores del campo, que por uso del recurso hídrico y por desconocimiento de la Ley de Aguas Nacionales se han hecho acreedores a exorbitantes multas por parte de la Comisión Nacional del Agua.
La presente iniciativa busca proteger a los campesinos y a los productores que cada día dan su mejor esfuerzo para progresar y en ningún caso otorgará protección a los que contaminan el agua y realizan actividades que van en contra de Ley de Aguas Nacionales.
La Ley de Aguas Nacionales en el artículo 14 Bis 5, fracción XIX, menciona que es derecho de la sociedad y sus instituciones, en los tres órdenes de gobierno, proporcionar información oportuna, plena y fidedigna acerca de la ocurrencia, disponibilidad y necesidades de agua; de igual modo, en la fracción XX del mismo artículo señala que la participación informada y responsable de la sociedad, es la base para la mejor gestión de los recursos hídricos y particularmente para su conservación; por tanto es esencial la educación en materia de agua.
En el párrafo anterior se centra la problemática de los productores del sector rural, ya que muchos de ellos, al vivir aislados de los medios de comunicación desconocen las obligaciones que marca la Ley de Aguas Nacionales, por lo que continúan trabajando el campo y extrayendo el recurso hídrico para sus actividades productivas tal y como lo aprendieron de las generaciones pasadas, sin contar con un permiso o concesión otorgado por la Comisión Nacional del Agua.
Por tanto, como resultado del desconocimiento de las obligaciones por la extracción del agua y por el paso del tiempo, cientos de productores rurales se han hecho acreedores a exorbitantes multas por parte de la Comisión Nacional del Agua, que en muchos de los casos excede el valor catastral de sus unidades de producción.
Lo anterior dificulta el pago de las multas de los productores rurales a la Comisión Nacional del Agua, ya que ni con la venta de sus propiedades podrían saldar la deuda, de manera tal que en vez de estar promoviendo el desarrollo del campo estamos fomentando el abandono de las unidades productivas.
En el artículo 14 Bis 5, que habla de los principios que sustentan la política hídrica nacional, menciona, en su fracción V, como prioridad ofrecer cuidado especial a las necesidades de la población marginada y menos favorecida económicamente, en atención a sus necesidades de agua provenientes de la sociedad, para su bienestar y desarrollo de su economía.
Lo anterior contraviene las medidas tomadas por la Comisión Nacional del Agua por sancionar con multas que sobrepasan el valor mismo de las unidades de producción de los infraccionados.
El objetivo de la presente iniciativa es evitar que las multas que aplique la Comisión Nacional del Agua, en los casos expuestos en el presente articulo adicionado, no excedan el valor catastral de las unidades de producción, ya que de continuar con las presentes medidas los productores rurales que se encuentren en esta situación tendrán que vender su patrimonio para saldar su adeudo con la Comisión Nacional del Agua y, por consiguiente perder el medio de sustento familiar.
A fin de concretar las medidas expuestas aquí, propongo se adicionen las disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales para quedar en los términos precisados en el apartado correspondiente de esta iniciativa.
Por todo lo anterior, someto ante ustedes la iniciativa que contiene el siguiente proyecto de
DecretoArtículo Único. Se adiciona el artículo 120 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:
Artículo 120. ...
Artículo 120 Bis. Los montos de las infracciones a que se refiere el artículo anterior no podrán sobrepasar el valor catastral del las unidades de producción ni el valor comercial de las tierras ejidales cuando dichas faltas sean por contravenir las fracciones III, V, VI, XVI, XIX y XXI del artículo 119.
I. De igual forma, la suma total de las multas más los posibles recargos por vencimiento del plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las infracciones que se hubiesen cometido en las fracciones indicadas en el párrafo anterior no podrán sobrepasar el valor catastral de la unidad de producción en cuestión ni el valor comercial de las tierras ejidales.
... ... ... ......''
TransitorioArtículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Joaquín Díaz Mena.Túrnese la iniciativa a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se le concede ahora el uso de la palabra al diputado Mario Salazar Madera, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que adiciona un artículo 13-Bis y reforma el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Mario Alberto Salazar Madera: Con su venia, Presidente. Hago uso de la voz para presentar ante esta tribuna la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la Ley Federal del Trabajo, creando el artículo 13-Bis y reformando el 16, bajo la siguiente exposición de motivos:La Ley Federal del Trabajo es el instrumento jurídico que contiene las disposiciones necesarias para cumplir con los derechos sociales vinculados al trabajo que señala nuestra Constitución.
Estos derechos sociales que constituyen una decisión política fundamental del pueblo deben ser definidos y acrecentados, y no deben ser, bajo ninguna circunstancia, susceptibles de cancelación o menoscabo.
En México no podemos hablar, desde el punto de vista legislativo, de una precarización de la relación laboral. Sin embargo, el blindaje legal no ha alcanzado de igual manera a la realidad y en los últimos años, muy marcadamente en la década de los noventa, han surgido diversas formas de trabajo precario al margen de la ley, ya sea en el ámbito de la informalidad como a través de las compañías que pretenden prestar servicios propios y que no hacen sino intermediar entre el trabajador y el verdadero patrón, o inclusive, bajo falsas fórmulas de autoempleo en las que el trabajador aparentemente trabaja por su cuenta cuando en realidad lo hace para terceras personas.
Se trata de compañías que actúan sin ningún capital y que ofrecen incorporar a sus respectivas nóminas a quienes en realidad prestan sus servicios en otras empresas y formalmente contratan a los trabajadores, cobrando un porcentaje de la nómina a cambio de sus servicios.
A este respecto y a pesar de que la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 14, establece que el empleador que utiliza intermediarios no deja de ser responsable ante sus trabajadores, y además el numeral 13 imputa al intermediario la responsabilidad solidaria con el empleador.
Sin embargo, para ello, además de ganar el juicio en el que se consiga una condena en su favor, deberá adicionalmente obtener la resolución que determina la existencia del acto de intermediación que no es un escollo fácil de superar.
Pero además, la propia ley señala que si quien contrató al trabajador cuenta con los recursos propios suficientes para responder por sus obligaciones patronales, no será considerado intermediario sino patrón, con lo que la responsabilidad solidaria no podrá surgir sino hasta que se demuestre su insolvencia.
Esta fórmula se relaciona con la duración de la relación de trabajo, pues en la práctica la misma permite que a los que reciben el servicio, despedir fácilmente a los trabajadores y trasladar el problema a la compañía intermediaria, que en todo caso intervendría una pequeña parte de sus ganancias para arreglar el asunto.
Hay que agregar que esas compañías controlan a sus propios sindicatos a través de los llamados ``contratos de protección'', que no son otra cosa sino falsos contratos colectivos de trabajo que se utilizan para evitar que acudan con los trabajadores verdaderos sindicatos.
Por otra parte, la presente iniciativa también trata de acabar con una de las prácticas más arraigadas, así como recurridas para evadir el pago de utilidades por parte de las grandes empresas, que es el hecho de que las mismas, a efecto desligarse de su responsabilidad laborales para con los trabajadores, como motivo de la prestación de un trabajo personal subordinado realizado en su favor, crean a su vez empresas menores, llamadas en la práctica ``subempresas''.
Lo hacen para contratar trabajadores y, por ende, entablar una relación laboral directa con éstos, en virtud de una obligación contractual de naturaleza laboral celebrada entre el trabajador y dichas empresas, es decir, prácticamente en la forma constituyen empresas independientes sin existir vínculo entre la empresa principal y la subempresa.
Para tratar de evitar lo anterior, se reforma el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo para que se entienda por empresa, independientemente de la forma o naturaleza jurídica que adopte a la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios y por establecimiento la unidad técnica que de cualquier manera forme parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa, y que todos los elementos de una empresa sean considerados para los efectos de la responsabilidad de las obligaciones que deriven de todas las relaciones de trabajo que existen dentro de ella, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades.
Estamos ciertos de que necesitamos crecer, ser generadores de empleos, a través de una política económica responsable que genere las condiciones necesarias para la inversión y producción en nuestro país. Sin embargo, estamos convencidos que no debemos apartarnos de la decisión fundamental de nuestra nación que es la protección a la clase trabajadora.
Bajo lo anterior, presento ante ustedes la siguiente iniciativa de decreto que adiciona un artículo 13 Bis y reforma el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:
Artículo 13 Bis. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social llevará un registro en el cual deberá inscribirse ya sea por los intermediarios como las empresas a las que hace relación el numeral 13, en caso de que el patrón beneficiado de los trabajos no contrate con una de las empresas registradas, se entenderá por este sólo hecho de que él es el único patrón.
Artículo 16. Para los efectos de las normas de trabajo que se entiende por empresa, independientemente de la forma, naturaleza jurídica que adopte a la unidad económica de producción y distribución de bienes o servicios y por establecimiento, la unidad técnica que de cualquier manera forme parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa.
Todos los elementos de una empresa serán considerados para los efectos de la responsabilidad de las obligaciones que deriven de todas las relaciones de trabajo que existan dentro de ella, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades.
Transitorios. Primero. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los intermediarios y las empresas a las que hace alusión la presente reforma tendrán un plazo de 90 días contando a partir de la entrada en vigor del reglamento que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social al efecto expida.
Es cuanto, diputado Presidente. Y solicito a usted que se realice la inserción del texto íntegro de la presente indicativa.
«Iniciativa que adiciona un artículo 13 Bis y reforma el 16 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Mario Salazar Madera, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Mario Alberto Salazar Madera, diputado federal integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70 y 71, fracción II, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 13 bis a la Ley Federal del Trabajo y reforma el 16, bajo la siguiente:
Exposición de motivosLa Ley Federal del Trabajo es el instrumento jurídico que contiene las disposiciones necesarias para cumplir con los derechos sociales vinculados al trabajo que señala nuestra constitución.
Estos derechos sociales, que constituyen una decisión política fundamental del pueblo, deben ser defendidos y acrecentados, y bajo ninguna circunstancia susceptibles de cancelación o menoscabo.
En México no podemos hablar desde el punto de vista legislativo de una precarización de la relación laboral. Sin embargo el blindaje legal no ha alcanzado a la realidad y en los últimos años, muy marcadamente en la década de los noventas, han surgido diversas formas de trabajo precario al margen de la ley. Ya sea en el ámbito de la informalidad, como a través de compañías que pretenden prestar servicios propios y que no hacen sino intermediar entre el trabajador y el verdadero patrón, o inclusive bajo falsas fórmulas de autoempleo en las que el trabajador aparentemente lo hace por su cuenta cuando en realidad lo hace para terceras personas. En el fondo se trata de simulaciones de actos jurídicos que no tienen mucho de novedosas, salvo por la sofisticación con la que ahora se presentan y el gran negocio en el que se han convertido.
Se trata de compañías que bien pueden actuar sin ningún capital y que ofrecen incorporar a sus respectivas nóminas a quienes en realidad prestan sus servicios en otras empresas. Contratan a los trabajadores formalmente cobrando un porcentaje de la nómina a cambio de sus servicios.
La L.F.T. en su artículo 14 establece que el empleador que utiliza intermediarios no deja de ser responsable ante sus trabajadores, y además el numeral 13 imputa al intermediario la responsabilidad solidaria con el empleador. Sin embargo, para ello, además de ganar el juicio en el que consiga una condena en su favor, deberá adicionalmente obtener la resolución que determine la existencia del acto de intermediación que no es un escollo fácil de superar . Pero además, la propia ley señala que si quien contrató al trabajador cuenta con recursos propios suficientes para responder por sus obligaciones patronales, no será considerado intermediario sino patrón, con lo que la responsabilidad solidaria no podrá surgir sino hasta que se demuestre su insolvencia.
Esta fórmula se relaciona con la duración de la relación de trabajo, pues en la práctica la misma permite a los que reciben el servicio despedir fácilmente a los trabajadores y trasladar el problema a la compañía intermediaria, que en todo caso invertirá una pequeña parte de sus ganancias para arreglar el asunto.
A este respecto es vergonzoso que muchas veces sean despachos de abogados que atienden asuntos laborales los que realizan estas prácticas. Por eso no es raro que estas empresas sean creadas por los despachos que en vez de cobrar honorarios por la atención de conflictos laborales adquieren a los trabajadores de sus clientes, incrementando notoriamente sus ganancias, y sin tener el capital que garantice los posibles daños y perjuicios derivados de un conflicto de mayores dimensiones, con lo que acaban engañando a sus propios clientes que siguen siendo los responsables principales.
A ello hay que agregar que estas compañías controlan a sus propios sindicatos, a través de los llamados ``contratos de protección'' que no son otra cosa sino falsos contratos colectivos de trabajo que se utilizan para evitar que acudan con los trabajadores verdaderos sindicatos, con lo que también vulneran el derecho de asociación profesional.
Es por lo anterior, y pese a que como señalamos la ley da la solución, para esto el trabajador tendría que ir a juicio, que la presente iniciativa trata de prevenir esta situación obligando a la Secretaría del Trabajo a tener un registro de las empresas que se dediquen a esta actividad, mismo que deberá ser público, teniendo como sanción una presunción iure et de iure para el caso del patrón beneficiario que contrata empresas que no estén en dicho registro.
Por otra parte, la presente iniciativa también trata de acabar con una de las prácticas más arraigadas así como recurridas para evadir el pago de utilidades por parte de las grandes empresas, que es el hecho de que a efecto de desligarse de sus responsabilidades laborales para con los trabajadores, con motivo de la prestación de un trabajo personal subordinado realizado en su favor, creen a su vez empresas menores, llamadas en la práctica sub-empresas, que jurídicamente no constituyen establecimientos, filiales, sucursales ni agencias dependientes de la empresa principal, sino que en apariencia poseen una personalidad jurídica propia distinta a la de la empresa principal, con un patrimonio propio, y sobre todo, tienen la capacidad para contratar trabajadores y por ende entablar una relación laboral directa con éstos, en virtud de una obligación contractual de naturaleza laboral celebrada entre el trabajador y dichas empresas; es decir, prácticamente en la forma constituyen empresas independientes, sin un vínculo con la empresa principal.
Así la empresa principal prácticamente no posee trabajadores directamente contratados por ella, sino que toda su planta laboral depende directamente de las empresas creadas para tal cometido.
Esta situación provoca varios efectos. Entre otros, que la empresa principal pueda quedar, de primera instancia, desligada de toda obligación de naturaleza laboral para con los trabajadores de las llamadas ``sub-empresas'', los cuales casualmente laboran para la consecución de los fines de la empresa principal. Entre los derechos que se evaden se encuentra el reparto de utilidades de la empresa principal, pues se argumenta que no existe una relación laboral directa entre la empresa principal y trabajadores de la sub-empresa que pudiere comprobarse en virtud de una obligación contractual de naturaleza laboral. De ésta forma las grandes empresas evaden su obligación de repartir utilidades y demás derechos labores a este tipo de trabajadores.
Para tratar de evitar lo anterior se reforma el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo para que se entienda por empresa, independientemente de la forma o naturaleza jurídica que adopte, a la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios y por establecimiento, la unidad técnica que de cualquier manera forme parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa y que todos los elementos de una empresa sean considerados para los efectos de la responsabilidad de las obligaciones que deriven de todas las relaciones de trabajo que existan dentro de ella, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades.
Las formas jurídicas que asuma el empleador: patrimonio individual, asociación, sociedad, conjunto de asociaciones o sociedades con personalidad autónoma, patrimonio afecto a un fin o cualesquiera otras, no impedirán que se tenga al conjunto por única empresa y a sus componentes como establecimientos
Estamos ciertos de que necesitamos crecer, ser generadores de empleos, a través de una política económica responsable que genere las condiciones necesarias para la inversión y producción en nuestro país. Sin embargo estamos convencidos de que no debemos jamás apartarnos de la decisión fundamental de nuestra Nación que es la protección a la clase trabajadora.
Bajo lo anterior, presentamos la siguiente iniciativa de decreto.
Se adiciona un artículo 13 bis y se reforma el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:
Artículo 13. No serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. En caso contrario serán solidariamente responsables con los beneficiarios directos de las obras o servicios, por las obligaciones contraídas con los trabajadores.
Artículo 13 bis. En los casos señalados por los artículo 12 y 13, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social llevará un registro en el cual deberán inscribirse ya sea los intermediarios como las empresas a las que hace relación el numeral 13, en caso de que el patrón beneficiado de los trabajos no contrate con una de las empresas registradas, se entenderá por este solo hecho que él es el único patrón.
Artículo 16. Para los efectos de las normas de trabajo se entiende por empresa, independientemente de la forma o naturaleza jurídica que adopte, a la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios y por establecimiento, la unidad técnica que de cualquier manera forme parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa.
Todos los elementos de una empresa serán considerados para los efectos de la responsabilidad de las obligaciones que deriven de todas las relaciones de trabajo que existan dentro de ella, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades.
Las formas jurídicas que asuma el empleador: patrimonio individual, asociación, sociedad, conjunto de asociaciones o sociedades con personalidad autónoma, patrimonio afecto a un fin o cualesquiera otras, no impedirán que se tenga al conjunto por única empresa y a sus componentes como establecimientos, si participan en la realización de un fin común.
TransitoriosPrimero. Las presentes reformas entrarán en vigor, el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Los intermediarios y las empresas a las que hace alusión la presente reforma, tienen un plazo de 90 días contando a partir de la entrada en vigor del reglamento que la Secretaría del Trabajo y Previsión al efecto expida.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Así se hará, diputado Mario Salazar Madera, yse turna su iniciativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
ARTICULOS 1o., 2o., 3o. Y 4o. CONSTITUCIONALES
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Daniel Dehesa Mora, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma los artículos 1o., 2o., 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Daniel Dehesa Mora: Con su permiso, diputado Presidente. Señoras legisladoras y señores legisladores, elevar a rango constitucional la definición de que el mexicano debe ser un estado de bienestar, es reconocer la imperiosa necesidad que tiene nuestro país de asentar en la Carta Magna garantías mínimas y de acceso universal.Hablo de un estado de bienestar comprometido con la aspiración del progreso personal y familiar de los mexicanos y las mexicanas; de un estado de bienestar como estrategia para reducir las desigualdades y corregir los desequilibrios regionales.
México requiere una reforma de Estado democrática, que conduzca a la redistribución efectiva y equitativa del poder y de la riqueza. Los rezagos en esa materia son históricos e insostenibles.
Menciono a manera de ejemplo sólo algunos porque la lista es interminable: alta incidencia en cáncer de mama, en cáncer cérvico-uterino, falta de servicios básicos, 60 por ciento de la población sin derecho al servicio de seguridad social, los jóvenes no tienen empleo y 10 por ciento de la población mayor de 15 años no sabe leer ni escribir, porcentaje que se multiplica por 6 en la población indígena.
Sólo 3 de cada 10 jóvenes acceden a la educación superior; 44 por ciento de los indígenas se encuentran en el extremo más pobre del ingreso y sufren los mayores niveles de privación en términos de salud, alimentación y educación.
En cifras cerradas, el gobierno federal admite que casi 50 por ciento de la población padece pobreza patrimonial.
En algunos estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, este porcentaje se eleva a 70 por ciento. Cerca de una quinta parte de la población sufre pobreza alimentaria.
El estado de bienestar que propongo busca sentar las bases constitucionales para brindar oportunidades iguales a todos los mexicanos, que procure su movilidad social con garantías de acceso universal a una red de protección básica en alimentación, salud y educación.
México reclama un estado de bienestar para que la sociedad pueda elegir y conducir su propio destino. Un estado de bienestar que sea la expresión de una democracia sustentada en principios sociales y distributivos.
La política social no sólo es asunto de ética; lo es también de eficiencia y racionalidad. México requiere que la redefinición de su Estado abrigue una meta social de amplio horizonte.
Necesitamos una definición de Estado que sea la pieza nuclear de todo el proceso de cambio, que ponga en el centro de discusión la agenda del desarrollo social, un estado de bienestar para terminar con la prosperidad de pocos y la pobreza de muchos. Las metas sociales son sustantivas y los demás son vías de acceso.
Propongo asumir un estado de bienestar como principio y fin de la acción del gobierno, que gane la confianza de la sociedad para ganar también su cooperación.
Para el estado de bienestar, la mejor política-social es la enfocada hacia la educación. Reconoce que en la sociedad del conocimiento radica la base del nuevo desarrollo social.
México requiere, por tanto, un sistema educativo más robusto. Un sistema alimentario equitativo y un sistema público de salud que garantice efectivamente acceso universal.
En tal sentido, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa de ley con proyecto de
Decreto que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución General de la República
Y de la cual leo los puntos relevantes, solicitando que se inserte íntegra en el Diario de los Debates.
Artículo 4o. Esta Constitución reconoce y garantiza que el Estado mexicano es un estado de bienestar instituido para satisfacer mínimos sociales en alimentación, salud y educación, que asegure bajo la idea de universalidad de acceso el pleno desarrollo de todas las posibilidades, de los habitantes del país. Las garantías sociales mínimas que el estado de bienestar garantiza son: el acceso universal a la alimentación, el acceso universal a la salud y el acceso universal a la educación.
Para materializar lo anterior, el estado de bienestar se estructura con base en tres pilares institucionales: un sistema nacional de alimentación, un sistema único nacional de salud pública y un sistema nacional de acceso universal a la educación, en todos sus niveles educativos. Sin menoscabo de otras acciones y políticas públicas, el estado de bienestar descrito en los párrafos anteriores será la base del desarrollo nacional y de la normalidad democrática.
Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma los artículos 1o., 2o., 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Daniel Dehesa Mora, del Grupo Parlamentario del PRD
Con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122 de la Ley Orgánica del Congreso General y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en mi carácter de diputado federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 2 de la Constitución General de la República con la idea de elevar a rango constitucional la figura del estado de bienestar, bajo la siguiente:
Exposición de MotivosMéxico requiere una reforma del Estado democrática que conduzca a la redistribución efectiva y equitativa del poder y de la riqueza; que afirme un auténtico Estado de bienestar dirigido a alcanzar los propósitos superiores del desarrollo: alimentación, salud y educación. Los rezagos en esta materia son históricos e insostenibles.
México reclama un estado de bienestar para que la sociedad pueda elegir y conducir su propio destino; un estado de bienestar que sea la expresión de una democracia sustentada en principios sociales y distributivos.
El estado de bienestar que propongo, busca sentar las bases constitucionales para brindar oportunidades iguales para el pleno desarrollo de las capacidades de las y los mexicanos; un estado de bienestar para promover la movilidad social, con garantía de acceso universal a una red de protección básica en alimentación, salud y educación.
Es tiempo de aceptar, sin regateos, que todo proceso de reforma requiere focalizar como base fundamental el desarrollo y el bienestar de los seres humanos. En este sentido, el estado de bienestar que esta Iniciativa contempla es expresión de un desarrollo incluyente, equitativo y socialmente justo.
La política social no sólo es asunto de ética, lo es también de eficiencia y racionalidad. México requiere que la redefinición de su Estado abrigue un objetivo social de amplio horizonte. Comprendo al estado de bienestar como valor central de la democracia y condición para el desarrollo.
Necesitamos una definición de Estado que sea la pieza nuclear de todo el proceso de cambio; que ponga en el centro de discusión la agenda del desarrollo social. Un estado de bienestar para terminar con la prosperidad de pocos y la pobreza de muchos; un estado de bienestar como principio fundamental de justicia social e igualdad entre hombres y mujeres.
La definición de una política social de Estado es un proceso simultáneo a la creación de nuevas instituciones políticas. Los objetivos sociales son sustantivos y los demás son vías de acceso. Necesitamos un estado de bienestar como garantía plena de las libertades individuales y de los derechos sociales; un estado de bienestar como expresión plural de la sociedad y como respuesta a su riqueza cultural.
Elevar a rango constitucional la definición de que el mexicano debe ser un estado de bienestar, es reconocer la imperiosa necesidad que nuestro país tiene de asentar en la Carta Magna garantías mínimas y de acceso universal. Hablamos de un estado de bienestar comprometido con la aspiración de progreso personal y familiar de los mexicanos y las mexicanas; de un estado de bienestar como estrategia para reducir las desigualdades y corregir los desequilibrios regionales.
La ciudadanía ha dado muestras claras de su madurez. La mexicana es una sociedad que ha cambiado. El país demanda una transformación de cara al ciudadano, a sus problemas cotidianos. Un cambio hacia la gente que poco se interesa en el debate de las ideologías, pero a la que mucho le interesa encontrar soluciones prácticas, efectivas y oportunas a sus problemas sociales. El estado de bienestar que propongo estimula la iniciativa ciudadana y amplía la participación política: es un Estado como expresión de igualdad de oportunidades; un Estado como realidad en la que cada mexicano y mexicana tenga acceso a la alimentación, a la salud y a la educación.
Abrirnos a esta perspectiva social significa dar un gran paso para el nacimiento de una nueva realidad donde el Estado no se agote en la democracia, ni en la práctica electoral, sino que parta de ellas para ofrecer y garantizar bienestar efectivo y oportunidades de progreso para todos. Sólo de esta manera el crecimiento económico tendrá el basamento social que lo justifica y anima. Propongo asumir un Estado de bienestar como principio y fin de la acción del gobierno.
Se trata, pues, de reconocer el concepto de estado de bienestar que proclama al hombre como origen y destino de su acción. Un Estado que garantice igualdad social y bienestar para las familias y las personas; que gane la confianza de la sociedad, para que gane también su cooperación. En México debe nacer una nueva política social que se inspire en la sabiduría de la gente y que asuma el concepto amplio de estado de bienestar.
Nuestro país demanda una nueva política social; un estado de bienestar que se finque en la cooperación para el desarrollo; una nueva política social de apoyo a la formación universitaria; una nueva política que atienda a los pobres y les ofrezca oportunidades para superar sus rezagos; una nueva política que trate por igual a hombres y mujeres y que haga del género base de la justicia social.
El estado de bienestar que se propone parte de una concepción popular de gobierno regido por el mandato de la ciudadanía y orientado por compromisos sociales. Sólo un gobierno con una clara vocación popular puede conducir al Estado por la senda del progreso y del desarrollo incluyente.
En materia social, México necesita una administración pública moderna y un gobierno modesto. Requiere que sus autoridades hablen con verdades sencillas, que en su contacto diario con la gente encuentren su relación más importante, que se exprese en el reconocimiento justo a su esfuerzo o la demanda para la rectificación temprana de sus acciones. Una gestión pública ágil, transparente y oportuna. Se debe renunciar a la idea de un gobierno costoso, ineficaz o autoritario. Es necesario demandar una administración desregulada que fomente la iniciativa social, que sea la extensión de la voluntad ciudadana y que tenga como límite el mandato popular.
El estado de bienestar renuncia a los gobiernos que, basados en la mercadotecnia y en la demagogia, deslumbran con mentiras para caer luego en la desilusión social más grande.
En materia social los rezagos son muy graves. Menciono a manera de ejemplo solo algunos, porque la lista es interminable: 12 mujeres mueren al día por cáncer de mama y 13 por cérvico-uterino; 11 millones de mexicanos no tienen acceso a agua potable y el 60 por ciento no tiene acceso a ningún servicio de seguridad social; los jóvenes no tienen empleo y el 10 por ciento de la población mayor de 15 años no sabe leer ni escribir, porcentaje que se multiplica por seis en la población indígena. Solo tres de cada diez jóvenes acceden a la educación superior.
De acuerdo con el Banco Mundial, para 2004, 20.3 por ciento de personas en México vivían en pobreza extrema; 44 por ciento de los indígenas se encuentran en el extremo más pobre del ingreso y sufren los mayores niveles de privación en términos de salud, alimentación, educación y acceso a servicios básicos.
En cifras cerradas, el gobierno federal acepta que casi el 50 por ciento de la población está sumergida en la pobreza patrimonial y cerca de una quinta parte, sufre pobreza alimentaria.
Para el estado de bienestar la mejor política social es la enfocada hacia la educación. Reconoce que en la sociedad del conocimiento radica la base del nuevo desarrollo social. México requiere un sistema educativo más robusto que logre impulsarlo exitosamente en la era de la información.
Con el acceso universal a la educación que se propone instituir en el marco del Estado de bienestar, se hace del conocimiento el principal vehículo a la libertad y a la igualdad.
Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 1, 2, 3, y 4 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:
Artículo Primero. Se adicionan cuatro párrafos al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos ...
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos ...
Queda prohibida toda discriminación motivada ...
Esta Constitución reconoce y garantiza que el mexicano es un estado de bienestar que satisface mínimos sociales que aseguran, bajo un concepto de universalidad de acceso, el pleno desarrollo de todas las capacidades de los habitantes del país.
Las garantías sociales mínimas que el estado de bienestar en México garantiza a toda la población, son:
Para materializar lo anterior, el Estado de bienestar se estructura con base en tres pilares institucionales:
Sin menoscabo de otras acciones y políticas públicas, el Estado de bienestar descrito en los párrafos anteriores es la base más importante para el desarrollo nacional y la normalidad democrática.
Artículo Segundo. Se reforma la fracción III del apartado B del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 2. La Nación Mexicana es única e ...
B. La Federación, los Estados y los Municipios, ...
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades tienen la obligación de:
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA NACIONAL DE SALUD DE cobertura nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de LA POBLACIÓN MEDIANTE LA CREACIÓN DE UN SISTEMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN, PONIENDO ESPECIAL ATENCIÓN A los indígenas, en especial para la población infantil, MUJERES Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.
Artículo Tercero. Se reforma el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 3. Toda persona tiene derecho al acceso universal a la educación desde el nivel preescolar hasta el nivel superior. El estado de bienestar estructura un Sistema Nacional de Acceso Universal a la Educación, el Estado ---federación, estados, Distrito Federal y municipios---, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria, secundaria y la educación media superior conforman la educación básica obligatoria.
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia, el cuidado al medio ambiente y la equidad social y de género.
Artículo Cuarto. Se reforma el artículo 4 para quedar como sigue:
Artículo 4. En el estado de bienestar el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
Toda persona tiene ...
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para crear el Sistema Único de Salud Pública el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. A tal sistema concurrirán los tres órdenes de gobierno.
Toda persona tiene derecho a ...
Toda familia tiene derecho a ...
Los niños y las niñas tienen ...
Los ascendientes, tutores y ...
El Estado de bienestar otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. El Estado procurará una política que atienda al fenómeno del cambio climático a fin de que mitigar sus efectos sobre el país y sus habitantes.
Toda familia tiene derecho a ...
Bajo el estado de bienestar, los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El estado de bienestar proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.
El estado de bienestar otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.
TransitoriosÚnico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Daniel Dehesa Mora.Túrnese su iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
LEY GENERAL DE SALUD
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Informo a la asamblea que se ha agotado el tiempo que está establecido para la presentación de iniciativas en esta sesión, como lo solicitó la Junta de Coordinación Política. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es la discusión del dictamen con proyecto de decreto, que adiciona una fracción XXX al artículo de la Ley General de Salud.
En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXX al artículo 3o. de la Ley General de Salud
Honorable Asamblea
A la Comisión de Salud de la LX Legislatura fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXX al artículo 3o. de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Ector Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La Comisión de Salud con fundamento en las atribuciones que le otorga los artículos 39, numerales 1o. y 3o., 43, 44, 45 y los demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen de acuerdo con la siguiente
Metodología
La comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe.
I. En el capítulo de ``Antecedentes'' se da constancia del trámite, del proceso legislativo, del recibo en turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la comisión dictaminadora.
II. En el capítulo correspondiente a ``Contenido'', se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.
III. En el capítulo de ``Consideraciones'', la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la propuesta en análisis.
I. Antecedentes
En sesión celebrada el 13 de junio de 2007, por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el diputado Ector Jaime Ramírez Barba del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXX al artículo 3o. de la Ley General de Salud, en materia de salubridad general.
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.
II. Contenido
En su exposición de motivos, el diputado promovente manifiesta que la Ley General de Salud fue creada para ser la reguladora del derecho a la protección de esta y que entre otras finalidades tiene la de procurar el bienestar físico y mental para contribuir al ejercicio de sus capacidades, así como la prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana. Para ello, el artículo 3o. de la Ley General de Salud define una serie de materias encargadas de cubrir las necesidades de la población en materia de salubridad.
Sin embargo, menciona que a lo largo de la vigencia de dicho artículo, han quedado imprecisos y desprotegidos varios términos, que son elementos de la salud y que la afectan directamente, como es el caso del dolor ya que pone en riesgo la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida.
Señala que el dolor es definido por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor y por la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor como ``una experiencia emocional (subjetiva) y sensorial (objetiva) desagradable, asociada a una lesión tisular o expresada como si ésta existiera''.
Esta definición, sugiere que todo daño o disfunción tisular y aun su ausencia son capaces de producir una compleja constelación de experiencias sensoriales, emocionales y cognitivas displacenteras, manifestadas por diversas reacciones fisiológicas, autonómicas y conductuales.
Asimismo, el diputado promovente afirma que muchos países del mundo han redactado constituciones que recogen el derecho de sus ciudadanos a recibir una asistencia sanitaria adecuada. Pero ninguna de ellas contempla expresamente el derecho al alivio del dolor.
El dolor es un grave problema de salud pública. La distancia que separa el conocimiento cada vez más sofisticado del dolor y su tratamiento de la aplicación efectiva de dicho conocimiento es grande y cada vez mayor. Ni el dolor agudo ni el dolor crónico suelen recibir un tratamiento adecuado por muy diversas razones de cultura, actitud, educación, política y logística.
III. Consideraciones
Con la creación de la Organización Mundial de la Salud, la comunidad internacional reconoce y define el derecho a la salud como el estado de completo bienestar físico, mental, social, y no solamente a la ausencia de aflicciones y enfermedades; es un derecho fundamental y el logro del grado más alto posible de la misma es un objetivo social.
En el derecho internacional se han realizado contribuciones adoptadas en la mayoría de las naciones. En México, se adoptó en el texto constitucional del artículo 4o. de conformidad a las reformas publicadas en el diario oficial de la federación de fecha 3 de febrero 1983, consignado al derecho a la salud como una garantía social de todos los mexicanos.
En congruencia con lo anterior, la Ley General de Salud regula el derecho a la protección de esta, que entre otras finalidades tiene, procurar el bienestar físico y mental para contribuir al ejercicio de sus capacidades, así como la prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana. Por ello, esta comisión dictaminadora coincide plenamente con el diputado promovente en cuanto a que el tratamiento del dolor, los cuidados paliativos y derechos de los usuarios, se inscribe como una necesidad de ser regulados expresamente por la Ley General de Salud.
Sin lugar a dudas, el dolor es un síntoma universalmente asociado al concepto de enfermedad y constituye un motivo de sufrimiento para miles de personas alrededor del mundo. Las pérdidas económicas, representadas en horas no laboradas y en gastos enormes en los costos del tratamiento, se suman a la notoria disminución en la calidad de vida de las personas afectadas para hacer de él una experiencia invariablemente desagradable.
Por lo anterior, desde los mismos inicios de la medicina, el control del dolor ha sido siempre uno de los aspectos que más ha preocupado a los médicos, por ello pueden verse cada vez con más frecuencia departamentos especializados para su manejo en los centros de atención hospitalaria. Los recientes avances en el conocimiento de la forma como sucede este fenómeno, han permitido el desarrollo de nuevos medicamentos y estrategias para que el control del dolor pueda efectuarse de manera eficaz.
Tal y como lo considera el diputado proponente en el texto de su iniciativa, retomamos la definición de dolor, el cual es definido como: ``experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada con una lesión, real o potencial de un tejido'' (definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, 1980). El dolor es el síntoma aislado más frecuente por el que los seres humanos consultan al médico, se percibe mediante nociceptores, que son receptores sensitivos especiales que se encuentran en la piel y órganos internos, recibiendo información como puede ser del calor intenso, presión externa, pinchazos o cortes y heridas, además de otras acciones que pueden provocan daño corporal.
Aún con los grandes avances en materia de cuidados paliativos, anestesiología, algología y los grandes hallazgos en anatomía y fisiología, para el dolor no se cuenta con una adecuada legislación que reconozca la importancia de su tratamiento, lo que nos presenta una laguna en la legislación sanitaria actual, ya que si bien se contempla el derecho a la protección de la salud, se está dejando de lado un primordial y muy importante aspecto de este derecho, ya que el dolor no debe entenderse únicamente como un problema que implica la transmisión de impulsos nerviosos, sino como una experiencia que afecta la personalidad del individuo y produce cambios profundos en el proceso cultural y biológico que constituyen la calidad de vida.
Si bien en la comunidad médica existe el debate acerca de que éste, por sí solo, constituya una patología, la realidad es que los usuarios demandan su atención con justo derecho, pues la atención y obligación de los servicios de salud se deben inscribir en el marco de la calidad de vida. Por tal motivo, consideramos que el tratamiento del dolor crónico y los cuidados paliativos de enfermos terminales debe ser expresamente señalado en la Ley General de Salud como materia de salubridad general.
En este sentido cabe decir que con fecha 20 de abril de 2004, el diputado Jaime Fernández Saracho presentó una iniciativa, que reformaba diversas disposiciones de la Ley General de Salud, relativa al dolor y a su tratamiento. Dicha iniciativa fue dictaminada y aprobada en la Cámara de Diputados, el jueves 23 de septiembre de 2004, y turnada a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales. A la fecha no ha sido dictaminada por la colegisladora. Entre otras reformas se modifica el artículo 3o. de la Ley General de Salud en los siguientes términos.
Artículo 3. ...
Sin embargo, esta dictaminadora considera que si bien la anterior iniciativa es mucho más amplía e integral, la reforma al artículo 3o. objeto del presente dictamen es más adecuada que la aprobada en la LIX Legislatura y dado que la reforma anterior no ha sido dictaminada en el Senado de la República es correcto dictaminar favorablemente esta reforma para que sea considerada en su conjunto por la colegisladora.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud con las atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente:
Proyecto de decreto que adiciona una fracción XXX al artículo 3o. de la Ley General de Salud.
Artículo Único. Se adiciona una fracción XXX, pasando la actual XXX a ser XXXI, al artículo 3o. de la Ley General de Salud, para quedar como sigue
Artículo 3o. ...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. A partir de la fecha de publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Salud contará con un plazo de noventa días para emitir las disposiciones reglamentarias necesarias para dar cumplimiento al presente decreto.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: En virtud de que no se han registrado oradores a nombre de la comisión, ni para la discusión en lo general ni en lo particular, se considera suficientemente discutido. Pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.
El diputado José Manuel del Río Virgen (desde la curul): Señor Presidente, pido que se abra el sistema electrónico solamente por cinco minutos, en virtud de que los demás compañeros están comiendo.El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Señor diputado, hay algunos legisladores que se encuentran en trabajos de comisiones, y como ha sucedido en otras ocasiones que algunos legisladores o algunas legisladoras se han accidentado por la premura del tiempo, otorgaremos 10 minutos para la votación. Adelante.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.
(Votación)
LEY DE AMPARO
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Esta Presidencia recibió del diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa que reforma el artículo 76-Bis de la Ley de Amparo, reglamentario de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Iniciativa que reforma el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del PRIEl suscrito, Enrique Cárdenas del Avellano diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo estipulado por los artículos 71, fracción II; y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y con fundamento en el artículo 55, fracción II; 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II, del artículo 76 Bis, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEn México al igual que en todo el mundo, la inseguridad pública ha alcanzado niveles inimaginables, en especial la delincuencia organizada. Como sabemos, en nuestro país se expidió la nueva Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, publicándose en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1996, como medio para contrarrestar y bajar el índice e impacto de la delincuencia organizada; norma cuyo artículo 2o., establece que:
``Artículo 2o. Cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada''.
Siendo las conductas que el numeral anterior señala como delitos para ser consideradas como delincuencia organizada:
Terrorismo, terrorismo internacional; delitos contra la salud; falsificación o alteración de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita; acopio y tráfico de armas; tráfico de indocumentados; tráfico de órganos; corrupción de personas; pornografía; turismo sexual; lenocinio; trata de personas; asalto; secuestro; tráfico de menores o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho; y robo de vehículos.
Datos proporcionados por la Stratford Inteligente Unit, del 9 de abril del 2007, sitúa a México en primer lugar en la industria del plagio en el continente americano; se calcula que en el año 2005, hubo 1 mil secuestros en nuestro país; 43 víctimas fueron asesinadas cuando estaban en cautiverio, no obstante que el informe de Davos coloque a México, con relación al índice de crimen organizado, en el lugar 113, de 117 países evaluados.
La delincuencia organizada, como todos lo sabemos, carcome a algunos funcionarios públicos, pues sin la ayuda de éstos, difícilmente tendrían el éxito que ahora logran, puesto que no puede haber contrabando en gran escala, sino a la sombra de algunos funcionarios corruptos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; no puede haber narcotráfico, sino es a la sombra de algunos integrantes de las policías; no puede haber giros negros, sino a la sombra de algunas autoridades municipales, pues el narco-PIB equivale al 9 por ciento del tamaño de la economía; es decir, unos 73 mil millones de dólares.
Según el informe del Senado francés, el Observatoire Géopolitique des Drogues, ubica a México entre los ``Estados narcos'', lo que quiere decir que ``un sector del aparato del Estado esta implicado en esos ilícitos''.
Por ello, los poderes federales (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), y los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), deben, en su ámbito de competencia, realizar todo lo que esté a su alcance para detener el crecimiento de la inseguridad, que como el cáncer se expande de manera vertiginosa.
El sistema penal mexicano se presta para que personal de los tres Poderes ayuden a cometer ilícitos considerados como delincuencia organizada, así tenemos que los tentáculos de esa amenaza pública llegan a alcanzar a políticos encumbrados que otorgan protección a delincuentes; a personal del Ministerio Público dependiente del Poder Ejecutivo, policías, llámese judicial o federal, preventiva, entre otras, que auxilian desde la imposición de trabas a la integración de la averiguación previa, hasta la consignación; a miembros del Poder Judicial, que lamentablemente no está exento de la corrupción, pues existen evidencias de que prestan ayuda durante los procesos penales que se siguen en contra de integrantes de la delincuencia organizada.
Por otra parte, aun cuando tenemos en nuestro país una institución tan noble, como es el juicio de amparo, que nació precisamente para que todas las autoridades respetaran las garantías individuales de los gobernados, otorgándole certeza jurídica dentro de cualquier procedimiento, lamentablemente se ha abusado de este medio de defensa, que viene a sumarse a los desmanes que propicia la corrupción.
El juicio de amparo se ha desvirtuado a tal grado, que en esta área, la del crimen organizado, sea inaceptable que haya quien propugne por suprimir etapas en la tramitación del juicio de amparo, pues en delitos de esta naturaleza, no debe ser el proceso sencillo, sin mucho formulismo y al alcance de todos, porque hasta allá no debe llegar su finalidad protectora, pues otro fue el motivo por el cual se introdujo la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja, desde que apareció en el artículo 42 de la Ley de 1882 y se reitero en los Códigos Federales de Procedimientos Civiles de 1897 y 1908, así como en las leyes posteriores a la vigencia de la Constitución de 1917, hasta encontrarlo en el artículo 79 de la Ley de 1936, cuyo texto reformado quedo redactado en la Ley de 1950, hasta llegar a la reforma del 20 de abril de 1986, actualmente vigente.
La suplencia de la queja ha sido definida por el distinguido jurista Juventino V. Castro en su obra Lecciones de Garantías y Amparo, como: ``Un acto jurisdiccional dentro del proceso de amparo, de eminente carácter proteccionista y antiformalista, cuyo objeto es integrar dentro de la litis las omisiones cometidas en la demanda de amparo, para ser tomadas en cuenta al momento de sentenciar, siempre en favor del quejoso y nunca en su perjuicio, con las limitaciones y los requisitos constitucionales conducentes''.
Así tenemos que, el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo establece que, las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, en materia penal, la suplencia operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo.
No podemos seguir así. Debemos de actualizar las leyes a la realidad que vivimos, por ello el objetivo de la presente iniciativa, de agregar a la fracción II del artículo 76 Bis la expresión ``excepto en los delitos de delincuencia organizada.'' Con ello se pretende que las autoridades, jueces, magistrados, entre otros a quienes corresponda conocer un juicio de amparo en materia penal y concretamente en materia de delincuencia organizada, no suplan la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados, pues con ello se evitará que toda persona que se vea inmiscuida en cualquiera de los delitos señalados en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, abuse del juicio de amparo y siga aumentando el numero de delitos en esta materia, aumentando con ello la incredulidad de la sociedad en las instituciones.
Por ello se propone la reforma al artículo 76 Bis fracción II de la Ley de Amparo que dice:
Debe decir:
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto ante esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de
DecretoArtículo Único. Se reforma la fracción II, del artículo 76 Bis, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 76 Bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece, conforme a lo siguiente:
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se turna esta iniciativa a la Comisión de Justicia.
Saludamos al grupo de mujeres del municipio de Tetela de Ocampo, del estado de Puebla, las cuales nos visitan el día de hoy en esta sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. Bienvenidas.
LEY GENERAL DE SALUD
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 370 votos en pro, ninguno en contra y 1 abstención, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobado en lo general y en lo particular, por 370 votos, el decreto que adiciona una fracción XXX al artículo 3o. de la Ley General de Salud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
LEY GENERAL DE SALUD
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio y posterior dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Jorge Quintero Bello, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 3, 43, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente
Metodología
I. En el capítulo de ``Antecedentes'' se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la comisión.
II. En el capítulo correspondiente a ``Contenido'' se exponen los motivos y el alcance de la propuesta de reforma en estudio.
III. En el capítulo de ``Consideraciones'', la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en análisis.
I. Antecedentes
En sesión celebrada con fecha 26 de abril de 2007, el diputado Jorge Quintero Bello, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de cuidados paliativos. En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.
II. Contenido
En su exposición de motivos, el promovente establece que aunque entre las principales acusas de mortalidad se encuentran las enfermedades terminales, las instalaciones de salud pública no ofrecen servicios adecuados para quienes las padecen.
Conceptúa la medicina y los cuidados paliativos como los que no tienen fines curativos; pero al mismo tiempo distingue estos conceptos de otros como eutanasia, dado que, a diferencia de este último, lo paliativo exalta el respeto de la vida en una etapa terminal.
Estima que para el desarrollo, progreso y mejoramiento de los servicios de salud es necesario reformar la Ley General de Salud, atendiendo diversos aspectos que tienen que ver con la definición y la práctica propia de la medicina paliativa, por lo que pretende para dicho ordenamiento jurídico reformar los artículos 23, 27, fracción III, 37, párrafo tercero, 58, fracción I, 59 y 112, fracción III, así como añadir los artículos 33, fracción IV, 33 Bis-1, 33 Bis-2, 33 Bis-3 y 33 Bis-4, y el tercer párrafo del 77 Bis-1, corriéndose el tercero al cuarto.
III. Consideraciones
A. Los integrantes de esta comisión estimamos que la iniciativa, en lo general, es congruente con la evolución jurídica que requiere la Ley General de Salud, toda vez que, como estima el promovente, en el pasado, la normatividad sanitaria se ha concentrado en medidas de salud preventivas y curativas; sin embargo, existe un nuevo contexto epidemiológico que requiere atender a los que por no poder revertir su enfermedad y encontrarse en una etapa terminal de vida, merecen que la ley los proteja y promueva el respeto por su dignidad humana.
B. Respecto a las modificaciones del artículo 23, se plantean dos adiciones. Consideramos que la primera adición, referente a la calidad de vida, refleja una visión que ya está plenamente considerada en el texto vigente de la fracción II del artículo segundo de la ley en comento, el que señala:
Por ello se entiende que, además de los esfuerzos curativos enfocados a la prolongación de la vida, existe un concepto más amplio y general como el de la calidad de vida.
Además, el artículo 103 obliga al médico a utilizar nuevos recursos terapéuticos o de diagnostico para ``salvar una vida, restablecer la salud o disminuir el sufrimiento del paciente''.
Sobre la segunda adición que se pretende hacer, al final del artículo 23, consideramos que pese a la loable intención de enaltecer la dignidad de las personas, dicha adición resulta contradictoria con lo ya dispuesto en la misma ley, en cuyo Título Décimo Cuarto, dedicado a la donación, los trasplantes y la pérdida de la vida, se deja ver que la dignidad de las personas va mas allá del momento de la muerte, por lo que resultaría contradictoria la adición que propone el promovente al señalar: ``garantizando la dignidad de la persona hasta el momento de su muerte''.
De tal suerte, consideramos que no ha lugar a las modificaciones propuestas del artículo 23.
C. Respecto al texto que se pretende adicionar a la fracción IV del artículo 33, que refiere ``... preservar la calidad de vida del paciente con enfermedad en estado terminal...'', tal redacción no es clara y, más bien, resulta contradictoria porque en realidad la intención de esta iniciativa es buscar el ``bienestar'' del enfermo terminal, dado que éste lo que pierde es precisamente la vida. Creemos que ``preservar la calidad de vida'' obedece a un referente común que se ha adoptado en disciplinas como la tanatología, por lo que para no desvirtuar la loable intención de la iniciativa consideramos que la redacción de dicha adición debiera quedar como sigue:
D. Con relación al artículo 33 Bis-3 que se pretende adicionar, consideramos que desvirtúa el sentido general de la iniciativa ya que, como el promovente señala en la exposición de motivos, estas modificaciones deben entenderse alejadas y hasta contradictorias con el concepto eutanasia, y la redacción propuesta sobre el momento en que el paciente y médico deciden abandonar el tratamiento curativo generaría confusión al respecto. La iniciativa, consideramos, debe centrarse en la atención paliativa y no en la curativa, por lo que proponemos eliminar el artículo 33 Bis-3 propuesto y recorrer el 33 Bis-4 de la iniciativa al 33 Bis-3.
Sobre este último, que el diputado propone como
Consideramos que por no establecerse un título específico de medicina paliativa, en la fracción II, referente a analgésicos fuertes, tipo opiáceos, se deja una laguna para la prescripción, pudiendo fomentar prácticas inadecuadas con farmacodependientes, por lo que consideramos especificar que se trata de cuidados paliativos.
Por ello, la propuesta de esta dictaminadora en dicha fracción es la siguiente:
E. En el cuerpo de la iniciativa, el diputado promovente reitera de entre las modificaciones una del párrafo tercero del artículo 37 de la Ley General de Salud. Sin embargo, cuando finalmente expone las modificaciones en conjunto, el párrafo que expone supuestamente modificado es exactamente igual al del texto vigente.
Dicho párrafo se refiere de manera enunciativa y no limitativa a los servicios que comprende la derechohabiencia a instituciones de seguridad social. El error de incluir el texto vigente en la iniciativa, creemos, puede ser subsanado, toda vez que se ha promovido la modificación de dicho artículo. Además, esta dictaminadora está en la atribución de hacer las modificaciones que crea convenientes, por lo que sugerimos que el párrafo quede como sigue:
F. Sobre la adición propuesta de la fracción I del artículo 58, nuevamente se nos presenta una limitación a las acciones que impacten en la dignidad de la persona ``hasta el momento de su muerte''. Por tratarse de un artículo que segmenta los tipos de participación de la comunidad, creemos necesaria dicha adición, pero con un sentido que no contradiga el respeto de la dignidad de la persona después de la pérdida de la vida, por lo que consideramos que el texto debería quedar como sigue
G. Finalmente, respecto al segundo artículo transitorio de la iniciativa en estudio, es pertinente aclarar que no procede sujetar la adecuación de las normas oficiales mexicanas, dentro de dicho transitorio, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, ya que de conformidad con los artículos 46, 47 y 51 de la Ley Federal cobre Metrología y Normalización, así como su reglamento, la modificación de las normas oficiales mexicanas debe seguir el procedimiento que marca dicha normatividad. Se cita:
Por ello consideramos que a fin de exhortar a la Secretaría de Salud en la intención del promovente, el texto del segundo artículo transitorio debería quedar como sigue:
H. Respecto a la adición de un tercer párrafo al artículo 77 Bis 1, creemos prudente adicionarlo como un cuarto párrafo, en lugar de recorrer los párrafos vigentes, debido a que dicha modificación causaría efectos en otros ordenamientos jurídicos.
I. Sobre el resto de las modificaciones y el sentido general de la iniciativa, esta dictaminadora reitera que la iniciativa propuesta, además de viable, resulta necesaria.
Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud de la LX Legislatura, con las atribuciones que otorgan los artículos 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a su consideración el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de medicina paliativa
Artículo Único. Se reforman la fracción III del artículo 27, el párrafo tercero del artículo 37, la fracción I del artículo 58, el artículo 59 y la fracción III del artículo 112; y se adicionan la fracción IV al artículo 33, los artículos 33 Bis-1, 33 Bis-2 y 33 Bis-3, y un cuarto párrafo al artículo 77 Bis-1 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 27. ...
Artículo 33. Las actividades de atención médica son
Artículo 33 Bis-1. Para los efectos de esta ley se entenderá como enfermedad en estado terminal, a todo padecimiento reconocido, irreversible, progresivo e incurable que se encuentra en estado avanzado y cuyo pronóstico de vida para el paciente sea menor de seis meses.
Artículo 33 Bis-2. Los pacientes enfermos en estado terminal tendrán los siguientes derechos:
Artículo 33 Bis-3. Todas las instituciones de salud, públicas y privadas, deberán
Artículo 37. ...
...
Dichos servicios, en los términos de esta ley y sin perjuicio de lo que prevengan las leyes a que se refiere el párrafo anterior, comprenderán la atención médica integral, la atención materno-infantil, la planificación familiar, la salud mental, la promoción de la formación de recursos humanos, la salud ocupacional, la prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes y los cuidados paliativos en pacientes con enfermedades en estado terminal .
Artículo 58. ...
Artículo 59. Las dependencias y entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas promoverán y apoyarán la constitución de grupos, asociaciones y demás instituciones que tengan por objeto participar organizadamente en los programas de promoción y mejoramiento de la salud individual o colectiva, así como en los de prevención de enfermedades y accidentes, prevención de invalidez y de rehabilitación de inválidos y en los cuidados paliativos para los pacientes con enfermedad en estado terminal .
Artículo 77 Bis-1. ...
...
...
En el segundo y tercer nivel de atención se deberá proveer medicina paliativa para los pacientes con enfermedad en estado terminal, así como apoyo a sus familiares.
Artículo 112. ...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Salud deberá revisar su actual normatividad a fin de modificarla o crear nueva normatividad en materia de cuidados paliativos.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada secretaria. Esta Presidencia informa a la asamblea que no se ha registrado ningún legislador para su discusión ni en lo general ni en lo particular, por lo que se considera suficientemente discutido.
Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del dictamen.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
Ciérrese el sistema de votación electrónico.
Se emitieron 331 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones. Para una rectificación, la diputada Aurora Cervantes.
La diputada Aurora Cervantes Rodríguez (desde la curul): Señor Presidente, solamente para solicitar que se modifique mi voto y que sea a favor.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: De viva voz:
El diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez (desde la curul): A favor.
El diputado Marcos Salas Contreras (desde la curul): A favor.
El diputado Héctor Padilla Gutiérrez (desde la curul): A favor.
El diputado Armando García Méndez (desde la curul): A favor.
El diputado Jorge Toledo Luis (desde la curul): A favor.
El diputado Adolfo Hernández Mota (desde la curul): A favor.
El diputado Ángel Rafael Deschamps Falcón (desde la curul): A favor.
El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya (desde la curul): A favor.
El diputado Arnoldo Ochoa González (desde la curul): A favor.
El diputado Jorge Justiniano González Betancourt (desde la curul): A favor.
La diputada María de Jesús Martínez Díaz (desde la curul): A favor.
El diputado Anuario Luis Herrera Solís (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Se emitieron 344 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobado en lo general y en lo particular, por 344 votos, el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. Se dispensa la lectura.
«Dictamen de las Comisiones Unidas de la Función Pública, y de Justicia, con opinión de la de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas de la Función Pública y de Justicia, con opinión de la Comisión de Gobernación, les fueron turnadas las siguientes iniciativas: con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 3, 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Estas Comisiones Unidas de la Función Pública y de Justicia, con opinión de la Comisión de Gobernación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente Dictamen, basándose en los siguientes:
Antecedentes
Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 16 de noviembre de 2006, los diputados Diódoro Carrasco Altamirano, Juan Enrique Barrios Rodríguez y Rogelio Carbajal Tejada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Segundo. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 21 de noviembre de 2006, los diputados Arely Madrid Tovilla, Edgar Mauricio Duck Núñez y Francisco Javier Santos Arreola, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, respectivamente, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Tercero. La Mesa Directiva, en fechas 16 y 21 de noviembre de 2006, mediante oficios número D.G.P.L. 60-II-3-171 y D.G.P.L. 60-II-2-229, respectivamente, acordó que dichas iniciativas se turnaran a las Comisiones Unidas de la Función Pública y de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de Gobernación.
Contenido de las Iniciativas
Ambas iniciativas proponen reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con el objeto de actualizar su contenido y que exista concordancia con lo establecido en otras legislaciones.
Exponen los autores de las iniciativas en estudio, que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en lo relativo al procedimiento de juicio político y particularmente respecto a la integración de la Subcomisión de Examen Previo, presenta discrepancia con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el primero de los ordenamientos jurídicos mencionados se refiere a la figura de la Gran Comisión, actualmente sustituida por la Junta de Coordinación Política, por lo que proponen reformar el artículo 11 de dicha Ley.
Asimismo, refieren que el 29 de septiembre de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que modificó las comisiones ordinarias que integran esta Cámara de Diputados, creando a la Comisión de Gobernación y a la de Puntos Constitucionales, por separado, que anteriormente constituían una sola. No obstante lo anterior, advierten que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos sigue haciendo alusión a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia como integradoras de la Subcomisión de Examen Previo, por lo que plantean reformar sus artículos 10 y 12.
Los diputados Arely Madrid Tovilla, Edgar Mauricio Duck Núñez y Francisco Javier Santos Arreola, señalan que la fracción II del artículo 3 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, hace referencia a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, actualmente sustituida por la de la Función Pública, por lo que sugieren la actualización de dicha disposición.
Los diputados Diódoro Carrasco Altamirano, Juan Enrique Barrios Rodríguez y Rogelio Carbajal Tejada, expresan que el 17 de octubre de 2006, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de separar a la Comisión de Justicia de la de Derechos Humanos, por lo que proponen incluir dos artículos transitorios para establecer que una vez que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se separe, será a la de Justicia a quien le corresponderá conocer en materia de juicios políticos.
Establecidos los antecedentes y el contenido de las iniciativas, los miembros de las Comisiones Unidas de la Función Pública y de Justicia, exponemos las siguientes:
Consideraciones
Primera. En virtud del decreto publicado el 5 de diciembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman y adicionan los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dividió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en dos comisiones: Comisión de Justicia y Comisión de Derechos Humanos, quedando a cargo de las Comisiones Unidas de la Función Pública y de Justicia, con opinión de la Comisión de Gobernación, la emisión del dictamen de las iniciativas a las que se ha hecho referencia.
Segunda. En razón de la similitud en su contenido, ambas iniciativas serán dictaminadas de manera conjunta.
Tercera. Después de haber analizado los argumentos vertidos en las iniciativas que nos ocupan, estas Comisiones coinciden plenamente con lo expresado por los legisladores, toda vez que efectivamente, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos ha quedado obsoleta en cuanto a la conformación tanto de la Subcomisión de Examen Previo, pues la Comisión de Gobernación tiene ya el carácter de ordinaria, y quien interviene en la integración de todas las comisiones de esta Cámara de Diputados ya no es la extinta Gran Comisión, sino la Junta de Coordinación Política, debido a las reformas que ha sufrido la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que, es importante señalar, han obedecido a la necesidad de transformar al poder legislativo mexicano para hacerlo más plural, representativo y democrático.
De conformidad con lo argumentado en párrafos precedentes, la propuesta en estudio adquiere vital importancia, ya que dará concordancia a los ordenamientos jurídicos aludidos, pues no debe soslayarse que se trata de dos legislaciones emanadas del Congreso de la Unión, cuya eficacia deviene, entre otras cosas, de la claridad y congruencia en sus preceptos.
Cuarta. Ahora bien, relativo a lo argumentado por los diputados Arely Madrid Tovilla, Edgar Mauricio Duck Núñez y Francisco Javier Santos Arreola, respecto a la propuesta de reformar la fracción II del artículo 3 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es importante precisar que el 10 de abril de 2003, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras leyes, que en la parte que interesa, incluyó en el artículo 26 a la Secretaría de la Función Pública, destituyendo así a la anterior Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. También cabe destacar que el artículo segundo transitorio de dicho Decreto, establece que aquellas disposiciones que hagan mención a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, se entenderán referidas a la de la Función Pública. En consecuencia, se colige que la propuesta en comento resulta viable.
Quinta. No es óbice para arribar a la anterior conclusión el hecho de que actualmente se encuentran derogados los Títulos Primero, por lo que se refiere a la materia de responsabilidades administrativas, Tercero y Cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, únicamente por lo que respecta al ámbito federal, pues dicha derogación obedeció precisamente a que se creó la Secretaría de la Función Pública, trasladándole, entre otras, las atribuciones que anteriormente tenía conferidas la desparecida Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, como ya quedó precisado en el párrafo precedente.
Además de ello, es de suma trascendencia hacer notar que el 4 de diciembre de 2006, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga al Congreso la facultad para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, así como para imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa que determine la ley, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus resoluciones. Es decir, se legitima de manera expresa la creación del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con el objeto de sustraer la facultad que poseían la Secretaría de la Función Pública, los órganos internos de control y las áreas de quejas y responsabilidades de las dependencias y entidades de la administración pública federal para resolver y sancionar en materia de responsabilidades de los servidores públicos, trasladando dicha facultad a un órgano formalmente administrativo pero materialmente jurisdiccional: el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Sin embargo, subsiste la competencia de la Secretaría de la Función Pública en materia de registro patrimonial de los servidores públicos, de conformidad con la fracción XV del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que a la letra dice:
En este orden de ideas, la propia Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos señala en su Título Tercero, Capítulo Único, titulado ``Registro Patrimonial de los Servidores Públicos'', que dicha Secretaría llevará el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos de las dependencias y entidades, así como del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y de los tribunales en materia laboral y agraria.
Ahora bien, toda vez que el artículo 1º de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que su objeto es reglamentar el Título Cuarto constitucional, que lleva por nombre ``De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado'', se sostiene que dicha Ley no sólo se refiere a responsabilidades administrativas, sino también al registro patrimonial de los servidores públicos, plasmado así de manera textual en el numeral en comento:
Por todo lo argumentado, la propuesta en estudio es sin duda procedente, toda vez que encuentra su sustento jurídico en las consideraciones aludidas en líneas que anteceden.
Sexta. Finalmente, respecto a lo planteado por los diputados Diódoro Carrasco Altamirano, Juan Enrique Barrios Rodríguez y Rogelio Carbajal Tejada, sobre incluir dos artículos transitorios para establecer que una vez que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se separe, será a la de Justicia a quien le corresponderá conocer en materia de juicios políticos, las Comisiones dictaminadoras estimamos innecesaria tal inclusión, en razón de que el numeral 10 de la Ley Federal de Responsabilidades se refiere a la Comisión de Justicia como integradora de la Subcomisión de Examen Previo, y esta última se instaló debidamente el nueve de noviembre de dos mil seis, fecha posterior a la separación de la anterior Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de la Función Pública y de Justicia, con opinión de la Comisión de Gobernación, sometemos a la consideración de esta Asamblea, el siguiente proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 3, EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10, EL PRIMER Y TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 11 Y EL INCISO E) DEL ARTÍCULO 12, TODOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
Único. Se reforman la fracción II del artículo 3, el segundo párrafo del artículo 10, el primer y tercer párrafo del artículo 11 y el inciso e) del artículo 12, todos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 3. ...
ARTÍCULO 10. ...
La Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento de juicio político por conducto de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia, quienes al momento de su instalación designarán a cinco miembros de cada una de ellas para que en unión de sus Presidentes y un Secretario por cada Comisión, integren la Subcomisión de Examen Previo de denuncias de juicios políticos que tendrá competencia exclusiva para los propósitos contenidos en el Capítulo II de esta Ley.
ARTÍCULO 11. Al proponer la Junta de Coordinación Política de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, la integración de las Comisiones para el cumplimiento de las atribuciones y el despacho de los asuntos, propondrá la integración de una Comisión para sustanciar los procedimientos consignados en la presente Ley y en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
...
Las vacantes que ocurran en la Sección correspondiente de cada Cámara, serán cubiertas por designación que haga la Junta de Coordinación Política, de entre los miembros de las Comisiones respectivas.
ARTÍCULO 12. ...
TRANSITORIO
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Esta Presidencia informa a la asamblea que no se han registrado oradores para hablar en lo general del dictamen que se presenta.
Se pregunta para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
Al no reservarse ningún artículo para su discusión en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 337 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobado en lo general y en lo particular, por 337 votos, el decreto que reforma los artículos 3, 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
LEY DE VIVIENDA
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4o. y 71 de la Ley de Vivienda. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente. Se le dispensa la lectura.
«Dictamen de la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4o. y 71 de la Ley de Vivienda
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Vivienda fue turnada por acuerdo de esta soberanía, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 2 y 4 de Ley de Vivienda, presentada por el diputado Sergio Augusto López Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, perteneciente a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados.
La Comisión de Vivienda, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, fracción XL, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 56, 60, 87, 88, 93 y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea el siguiente
Dictamen
Antecedentes
De acuerdo con los antecedentes mencionados, el diputado Sergio Augusto López Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, funda su iniciativa en referencia en la siguiente
Exposición de Motivos
Que desde que el hombre se volvió sedentario comenzaron a establecerse asentamientos humanos, en donde la vivienda juega un papel muy importante para el proceso social, en el desarrollo de comunidades y en la cimentación de un espacio delimitado para la formación de familias, donde cuenten con seguridad, privacidad y un medio ambiente sano; con el crecimiento de las urbes el terreno para la construcción comenzó a escasear, provocando el encarecimiento del suelo. El problema de vivienda ha llegado a ser alarmante, orillando a la gente a residir en viviendas inadecuadas, con falta de servicios básicos, deterioradas, alejadas del trabajo, escuelas y clínicas de salud.
Que con el incremento demográfico que ha tenido nuestro país, junto con la centralización de la economía en las grandes ciudades y las ineficientes políticas habitacionales, han provocado la migración del campo a la ciudad en busca de mejores empleos, asentamientos irregulares, crecimiento de colonias sin la planeación debida alrededor de las ciudades y que para combatir el problema habitacional, el gobierno ha realizado la construcción masiva de casas nuevas, a través de la iniciativa privada para solucionar el rezago de viviendas, dejando a un lado el derecho a una vivienda digna y decorosa establecido en el artículo 4o. constitucional; es decir, se ha centrado en una política de construcción, sacrificando la calidad de los moradas.
Explica que para poder ejercer el derecho a una vivienda digna y decorosa, se deben incorporar elementos como el cuidado y conservación de los recursos naturales; uso de materiales de buena calidad para garantizar la durabilidad del hogar, toda vez que su ejercicio se encuentra vinculado con el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de la persona. Por tanto, se debe enfatizar más en el daño al medio ambiente que provoque la construcción de los desarrollos inmobiliarios del país. Cabe señalar, que los recursos naturales son cada vez más escasos y por lo tanto, se requiere de la implementación de acciones como la reducción de materiales que perjudican de manera notable los ecosistemas; así como la reducción de los impactos ambientales que se generen derivados de la construcción y funcionamiento de edificaciones.
Agrega que debido al diseño, construcción y mantenimiento de edificios causa un gran impacto sobre el medio ambiente y los recursos naturales; se requiere que se implementen los instrumentos normativos encargados del fomento y promoción de técnicas como el desarrollo de la vivienda sustentable, progresiva, la bioconstrucción, la arquitectura bioclimática y el uso de materiales limpios; precisa que el concepto de vivienda deberá cumplir con los siguientes requisitos: a) estar ocupada por una familia, b) no tener más de 2.5 habitantes por cuarto habitable, c) no estar deteriorada, d) contar con agua entubada en el interior, e) contar con drenaje, f) contar con energía eléctrica. Menciona que la Organización de Naciones Unidas establece como parámetro para el hacinamiento de dos personas como máximo por dormitorio. Empero los indicadores de hacinamiento llegan a revelar una gran desatino en la vivienda digna cuando se establece 2.5 habitantes por cuarto, cuando las medidas de las habitaciones llegan a ser de 2.7 metros.
Señala otra deficiencia en la construcción de las viviendas por parte de los desarrolladores e inmobiliarias, es la falta de privacidad, es decir, que pueda otorgar un aislamiento voluntario a los ocupantes con respecto a los demás; esto es que existan subdivisiones del espacio interno de la vivienda y el uso de materiales que permitan la separación visual y acústica. En consecuencia, la privacidad interna de la vivienda es resultado también de su tamaño efectivo en relación con el número de habitantes. Basándose en el derecho a una vivienda adecuada que se entiende como ``un lugar donde poderse aislar si se desea espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable es uno de los derechos económicos, sociales y culturales establecidos por la ONU.
Explica que en torno al problema de espacio habitacional, el gobierno implantó el programa VivAh, dirigido a personas que perciben menos de 2.5 salarios mínimos, mediante el cual se apoya a las familias marginadas para que obtengan una vivienda de tipo progresivo. Sin embargo, los parámetros de vivienda establecidos en dicho programa una superficie mínima de 90 metros cuadrados y el área mínima de construcción de 21 metros cuadrados, que incluya al menos un cuarto habitacional de usos múltiples cuarto para baño con excusado; instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria; puerta principal y ventanas. Posteriormente existe una continuación con el programa Tu Casa, que tiene como objeto terminar el rezago de las viviendas progresivas y seguir ayudando a las familias marginadas. Aunque estos programas aportan una solución de habitabilidad, no cumplen con la condición de una vivienda ``digna''. Actualmente estos programas conllevan problemas de hacinamiento y, al mismo tiempo, no prevén una separación física al interior del inmueble, provocando falta de privacidad entre los habitantes de la misma; por citar un ejemplo, cómo efectuar y consumar los fines naturales del matrimonio sin el debido aislamiento respecto a los menores de edad, quienes no cuentan aún con la capacidad de asimilación de un acto de esta naturaleza.
Señala que muchas de las viviendas entregadas presentan problemas de aislamiento térmico, es decir, que las paredes sufren de problemas de humedad. Al mismo tiempo se presentan dificultades con el servicio de transporte para poder desplazarse desde sus hogares, debido a la lejanía en que se encuentran las colonias de interés social. Asimismo, sufren de la deficiencia o de la falta de servicios urbanos, como la recolección de basura, agua potable, etcétera.
Por lo anterior, el gobierno debe tomar un papel preponderante en la política de vivienda y supervisar las condiciones y la calidad de los inmuebles construidos por la iniciativa privada. Además de verificar con mayor detenimiento, sobre el otorgamiento de créditos a personas que realmente necesiten una morada, para subsistir y ayudar a las personas que perciban un sueldo inferior a cuatro salarios mínimos para acceder a una vivienda.
Enfatiza la ineficiente política habitacional que el gobierno a implementado en nuestro país respecto al otorgamiento de créditos, aunado a la preferencia regional de vivienda, ya que existe una brecha entre el norte y el sur del país en relación con la ayuda a grupos marginados para acceder a un lugar digno donde vivir.
Expone que en materia de acceso a la vivienda se han hecho diversos estudios entre los que destaca el de la profesora Priscila Connolly Dietrischen de la Universidad Autónoma Metropolitana y en sus conclusiones resalta que el estado de la vivienda en México, en donde se determina que la tercera parte de los derechohabientes tiene ingresos familiares menores a tres salarios mínimos, excluyéndolos de un crédito hipotecario. Por lo que existe un gran número de hogares pertenecientes al estrato de ingreso correspondiente a la demanda efectiva de la vivienda comercializada con créditos de Infonavit, Fovissste y similares, más de la tercera parte no es derechohabiente de dichas instituciones. Por tanto la mayor parte de derechohabientes pertenecen a estratos donde no se busca una vivienda de interés social.
Otro factor que destaca en su estudio es la sobreoferta de viviendas, es decir que se ha dirigido a la construcción de vivienda nueva, sin tomar en cuenta la remodelación de viviendas actuales que pueden ser habitadas nuevamente por derechohabientes. Los estados del norte tienen un alto índice de vivienda deshabitada, provocado por la migración, por ejemplo, Zacatecas, con 22 por ciento; Michoacán, con 19 por ciento, y Durango, con 18 por ciento, revelando la incongruencia en la política de vivienda, ya que se construyen más casas en el norte que en el sur. Aunado a esto, la construcción de 750 mil viviendas al año y la creciente saturación de inmuebles ha provocado que en México existan 4.3 millones de casas deshabitadas según datos del INEGI. Dejando como único beneficiario a las inmobiliarias con altas ganancias a corto plazo, ya que a un mediano plazo, esta sobreoferta provocará que pierdan valor las viviendas, que es el único patrimonio de muchas personas.
Señala que para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, es prioridad especificar el término de vivienda digna en el artículo segundo de la Ley de Vivienda, ya que para los órganos especializados en materia de vivienda basta con tener los servicios de agua potable, electricidad y drenaje, restando interés al acceso de créditos a personas de escasos recursos, otorgando viviendas inadecuadas sumamente reducidas de tamaño habitacional y sin privacidad, alejadas de las fuentes de trabajo y con carentes servicios urbanos, asociado con el impacto ambiental de la excesiva construcción de viviendas.
Y por ultimo, propone reformar el artículo 2o. y adicionar una fracción XIII al artículo 4o. de Ley de Vivienda, para quedar como sigue:
Transitorio
De lo anterior, los integrantes de esta Comisión consideran necesario referirse a las argumentaciones que hemos reproducido, a fin de dejar su validez o su improcedencia bajo las siguientes
Consideraciones
Primera. Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden en que la vivienda ha representado históricamente en el desarrollo de la humanidad, uno de los elementos materiales indispensables para su sobrevivencia y que ha sido un instrumento utilizado para alojar a los individuos o familias de manera permanente o durante largos períodos de tiempo; que conforme a las características del medio ambiente, le permitieron establecerse en un solo lugar (hombre sedentario) aprendiendo a cultivar la tierra, desarrollando sus propias costumbres y creando pequeñas aldeas para posteriormente conformar comunidades más complejas; es decir, las formas de organización social que dan como consecuencia, el surgimiento de grandes ciudades.
Sin embargo, las recurrentes crisis económicas y el desmesurado crecimiento demográfico, han traído como consecuencia en las grandes urbes, problemas de desempleo, seguridad pública, seguridad social, la falta de acceso a una vivienda y sobre todo, a una calidad de la misma.
Segunda. En materia de construcción y urbanismo, nuestra legislación ha adoptado criterios de sustentabilidad, aplicados en diseños y tecnologías que permiten incorporar el cuidado y conservación de los recursos naturales, reduciendo el derroche de materiales y energía, evitando así, los focos de contaminación y contribuyendo a la salud física, mental y emotiva de sus habitantes, lo que evidencia que nuestra legislación vigente contemple grandes adelantos en la utilización de materiales de alta calidad, aplicación de ecotécnicas y de tecnologías en vivienda y saneamiento, de bajo costo y alta productividad que cumplen con los parámetros de Certificación respetando las distintas zonas del país, los recursos naturales, el ahorro de energía y las modalidades habitacionales.
Lo anterior queda de manifiesto en los artículos 71, 77 y 78 de la Ley de Vivienda, que establecen:
Las autoridades del gobierno federal, las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán que se dé cumplimiento a lo dispuesto en esta ley en materia de calidad y sustentabilidad de la vivienda, y a las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.
Tercera. En referencia a la propuesta de adicionar al final del párrafo del artículo 2o. de la Ley de Vivienda, el término ``a un costo razonable''; esta Comisión considera que nos es viable dicha adición, en razón de que la ley establece de forma general los lineamientos que regulan la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa, y no particulariza ni hace estimativos en torno a los costos en la construcción de la vivienda; toda vez, que las entidades federativas, establecen en sus reglamentos las especificaciones técnicas, los materiales y componentes para su construcción dependiendo de la modalidad de la vivienda, el uso del suelo, la zona económica en donde se va construir, su ubicación dentro los centros poblacionales, entre otros factores que influyen de manera importante en los costos de la construcción.
Cuarta. La propuesta de adicionar un segundo párrafo al artículo 2 de la Ley de Vivienda, que señala: ``La vivienda a que se refiere el párrafo anterior deberá contar con el espacio suficiente que satisfaga la privacidad de sus habitantes, así como para los fines naturales del matrimonio''. Al respecto, los integrantes de la comisión consideran que dicha adición no es procedente, toda vez, que es discriminatorio y limita a otros estados civiles de las personas diferente al del matrimonio, a gozar del derecho de acceder a una vivienda digna y decorosa, para fines familiares, de desarrollo personal y convivencia social de los individuos y no sólo para fines del matrimonio.
Cabe señalar que el primer párrafo del artículo 3o. de la Ley de Vivienda establece que las disposiciones de esta ley ``deberán aplicarse bajo principios de equidad e inclusión social de manera que toda persona, sin importar su origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias o el estado civil puedan ejercer su derecho constitucional a la vivienda''.
Quinta. En lo relativo de adicionar una fracción VIII al artículo 4, referente a los conceptos de privacidad externa e interna, los integrantes de la Comisión consideraron que se debe conceptuar dicho término de forma general, toda vez, que la Ley de Vivienda establece los lineamientos generales de la política nacional y por lo tanto, es procedente adicionar una fracción VIII, al artículo 4, en la que se establezca el concepto de privacidad como el ámbito de la vida personal reservada o privada de un individuo o de un grupo especialmente de una familia, desarrollado en un espacio en donde se procure la intimidad de sus integrantes.
Sexta. Los integrantes de esta comisión consideran conveniente rechazar las modificaciones y adiciones de los artículos 2 y 4 de la Ley de Vivienda y proponen que las adiciones referentes a los términos de iluminación, ventilación adecuada, privacidad y acceso a las vías de comunicación deben incorporarse al artículo 71 del mismo ordenamiento, debido a que es en este artículo en donde se establecen las condiciones y características generales, la calidad y la sustentabilidad que deberán tener para su habitabilidad las viviendas que se construyan en el territorio nacional.
Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Vivienda somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto que reforma y adiciona los artículos 4 y 71 de la Ley de Vivienda
Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 71 y se adiciona una fracción VIII, recorriéndose en su orden las demás fracciones, al artículo 4 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:
Artículo 4. Para los efectos de esta ley, se entenderá por
Artículo 71. Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la Comisión promoverá, en coordinación con las autoridades Competentes tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables y de higiene suficientes que garanticen la privacidad en función al número de usuarios; provea una adecuada iluminación y ventilación, así como de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales, energía eléctrica y acceso a vías de comunicación que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la seguridad estructural y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados.
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Esta Presidencia informa a la asamblea que no se ha registrado ningún diputado o diputada para la discusión en lo general del dictamen.
Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo, en lo particular, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, en un solo acto.
(Votación)
Señor Presidente, se emitieron 336 votos en pro, 2 votos en contra y 3 abstenciones.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobado, en lo general y en lo particular, por 336 votos, el decreto que reforma y adiciona los artículos 4 y 71 de la Ley de Vivienda. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de ciudadanos. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura de los dictámenes. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente. les dispensa la lectura.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.
Honorable asamblea:
En oficios fechados el 3 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Enrique Acosta Bello y Felipe Flores Herrera, puedan prestar servicios administrativos, en la Embajada del Uruguay, en México y en la delegación de la Comisión Europea, en México, respectivamente.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 12 de septiembre del año en curso, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
Proyecto de Decreto
Articulo primero . Se concede permiso al ciudadano Enrique Acosta Bello, para prestar servicios como mensajero en el departamento Económico-Comercial, en la Embajada del Uruguay, en México.
Articulo segundo . Se concede permiso al ciudadano Felipe Flores Herrera, para prestar servicios como contador, en la delegación de la Comisión Europea, en México.
PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.
Honorable Asamblea:
En oficio fechado el 3 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos José Alberto Pérez Guerrero, Ana Priscila Ortiz Gutiérrez, Brenda Abril Zamarrón Saldaña, Lilia Elena Reyes Núñez y Rocío Rojas Herrera, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 12 de septiembre de 2007, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
Considerando
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
Proyecto de Decreto
Articulo primero. Se concede permiso al ciudadano José Alberto Pérez Guerrero, para prestar servicios como investigador criminal en la oficina del United States Marshals Service, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Articulo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Ana Priscila Ortiz Gutiérrez, para prestar servicios como cajera, en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Articulo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Brenda Abril Zamarrón Saldaña, para prestar servicios como asistente de bienes raíces, en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Articulo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Lilia Elena Reyes Núñez, para prestar servicios como auxiliar de compras, en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Articulo quinto. Se concede permiso a la ciudadana Rocío Rojas Herrera, para prestar servicios como auxiliar de visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Enrique Acosta Bello y Felipe Flores Herrera para prestar servicios en la Embajada de Uruguay en México y en la delegación de la Comisión Europea en México, respectivamente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos José Alberto Pérez Guerrero, Ana Priscila Ortiz Gutiérrez, Brenda Abril Zamarrón Saldaña, Lilia Elena Reyes Núñez y Rocío Rojas Herrera, para que puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se va a proceder a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y el anteriormente reservado, en un solo acto. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.
(Votación)
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz:
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde la curul): A favor.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Se emitieron 355 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobados los proyectos de decreto por 355 votos. Pasan al senado para sus efectos constitucionales.
Esta Presidencia informa que se acaban de recibir dos oficios de la Cámara de Senadores. Proceda la Secretaría a darles lectura.
CONDECORACIONES
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Patricia Espinosa Cantellano, para aceptar y usar la condecoración Orden del Mérito de Chile, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de la República de Chile.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Patricia Espinosa Cantellano, para aceptar y usar la condecoración Orden del Mérito de Chile, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de la República de Chile.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Secretarios de la honorable Cámara de Diputados. Presentes. Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Patricia Espinosa Cantellano, para aceptar y usar la condecoración Orden el Sol del Perú, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de la República del Perú.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Patricia Espinosa Cantellano para aceptar y usar la condecoración Orden el Sol del Perú, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobiernode la República del Perú.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Sonido a la curul del diputado Diódoro Carrasco, por favor.
El diputado Diódoro Humberto Carrasco Altamirano (desde la curul): Gracias, señor Presidente. Por tratarse de un asunto de urgente u obvia resolución, Presidente, quiero solicitarle que con base en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se sirva solicitar dispensa de trámite.El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensan todos los trámites, y se ponen a discusión y votación de inmediato.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato.
Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se dispensan todos los trámites. Proceda la Secretaría a dar lectura a los proyectos de decreto.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Dos proyectos de decreto.
El primero. Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Patricia Espinosa Cantellano para aceptar y usar la condecoración Orden del Mérito de Chile, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de la República de Chile.
Segundo proyecto. Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Patricia Espinosa Cantellano para aceptar y usar la condecoración Orden del Sol del Perú, en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de la República de Perú.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: En consecuencia, están a discusión en lo general y en lo particular los artículos únicos de los proyectos de decreto. No habiendo quien haga uso de la palabra se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los proyectos de decreto.
El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
(Votación)
Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se informa a la Presidencia que se emitieron 318 votos en pro, 11 en contra y 11 abstenciones.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobados en lo general y en lo particular por 318 votos los proyectos de decreto que conceden autorización a la ciudadana Patricia Espinosa Cantellano para aceptar y usar las condecoraciones Orden del Mérito de Chile, en grado de Gran Cruz, y Orden del Sol del Perú, en grado de Gran Cruz, que le otorgan los gobiernos de las Repúblicas de Chile y Perú, respectivamente. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Se informa a la asamblea que se ha recibido oficio de la Junta de Coordinación Política. Solicito a la Secretaría que dé cuenta del mismo.
COMISIONES LEGISLATIVAS
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por la diputada Gloria Lavara Mejía, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobado.
DIEGO RIVERA
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: El siguiente punto del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se autoriza. Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Dictamen de la Comisión de Cultura, con punto de acuerdo relativo a una moneda conmemorativa del quincuagésimo aniversario de la muerte del muralista mexicano Diego Rivera
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura fue turnada, para su estudio y dictamen, la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Cultura somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
Dictamen
Antecedentes
Consideraciones
Ley de la Casa de Moneda de México
Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos
Por lo que respecto de la proposición original, en cuanto al exhorto al gobierno federal para iniciar las gestiones materia del presente dictamen, esta comisión dictaminadora estima conveniente reformular la primera, de acuerdo con criterios de economía y eficacia parlamentaria, en el sentido de impulsar desde el propio Poder Legislativo la creación de un grupo de trabajo para que, en consulta con la Casa de Moneda de México, determine las características técnicas para la acuñación de dicha moneda, y si así lo estiman pertinente, en ejercicio de las facultades que les otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, formulen y presenten la correspondiente iniciativa con proyecto de decreto para llevar a cabo la mencionada acuñación.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de esta comisión que dictamina se permiten someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se determina crear un grupo de trabajo, conformado por seis diputados integrantes de la Comisión de Cultura, uno por cada grupo parlamentario representado en esta Comisión, para que, en consulta con la Casa de Moneda de México, se determinen las características técnicas para la acuñación de la moneda conmemorativa del quincuagésimo aniversario luctuoso del pintor mexicano Diego Rivera y, si así lo estiman pertinente, en ejercicio de las facultades que les otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, formulen y presenten la correspondiente iniciativa con proyecto de decreto para llevar a cabo la mencionada acuñación.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo.
Se han registrado de manera previa, para hablar en pro, los diputados José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD, y la diputada Blanca Luna Becerril, de Nueva Alianza. Por tanto, se le concede el uso de la palabra al diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, hasta por tres minutos.
El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera: Gracias. Con su venia, señor Presidente.Vinimos aquí, a esta tribuna, para solicitar el apoyo de todos ustedes, para que este dictamen, que ya fue aprobado en la Comisión de Cultura, constituya una forma de homenaje al maestro Diego Rivera.
El próximo 27 de noviembre conmemoraremos el 50 aniversario de su desaparición. Después de una larga enfermedad y una intervención quirúrgica, Diego Rivera dejó su creación y legó al pueblo mexicano no sólo su obra pictórica, sino también la colección extraordinaria de piezas arqueológicas y artesanía popular que atesoró a lo largo de los años.
Con esta conmemoración queremos dar respuesta a la solicitud que la familia del pintor hizo a esta soberanía, a efecto de que en una institución de gran prosapia y abolengo dentro de las instituciones de nuestro país, como es la Casa de Moneda, se acuñe una moneda conmemorativa que dé cuenta del homenaje que esta soberanía, esta representación popular, junto con la administración pública, hacemos a la memoria del maestro Diego Rivera.
Acuñar una moneda es una tradición que nos remonta a épocas pretéritas. Los grandes hombres de la antigüedad acuñaban monedas para conmemorar eventos sustantivos en el quehacer de esas culturas.
Por ello nosotros, en la Comisión de Cultura, hemos considerado que es merecedor de este tipo de homenaje el que se acuñe la moneda conmemorativa en honor al maestro Diego Rivera, en ocasión del quincuagésimo aniversario de su fallecimiento. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. Se concede ahora el uso de la palabra a la diputada Blanca Luna Becerril, hasta por tres minutos.
La diputada Blanca Luna Becerril: Con el permiso de la Presidencia. Señoras diputadas y señores diputados, la identidad de los pueblos se encuentra reflejada en las obras de sus artistas. Y justamente la obra de Diego Rivera es un ejemplo de lo anterior.El valor que este extraordinario mexicano ha dejado a las nuevas generaciones, a través de sus creaciones, reside en el hecho de que con éstas se nos ofrece un mundo distinto de interpretaciones e imágenes de nuestro extraordinario pasado. Un mundo en el que el color, los trazos, las costumbres y las causas sociales a las que era fiel Diego Rivera nos invitan a reflexionar íntegramente sobre nuestra sociedad.
Cuántos de nosotros no nos hemos maravillado con su obra al recorrer los interiores bellamente decorados de la Secretaría de Educación Pública, del Antiguo Colegio de San Ildefonso, del Palacio Nacional y del Palacio de Bellas Artes, o al contemplar el Sueño de una tarde dominical en la Alameda, en donde el pueblo mexicano está representado.
Y qué decir de su obra de caballete, sus dibujos e ilustraciones, su pasión y defensa por las causas sociales.
Como bien indica la UNESCO, ``el desarrollo y promoción de la educación artística, comprende no sólo la elaboración de programas específicos que despierten la sensibilidad artística y apoyen a grupos e instituciones de creación y difusión, sino también el fomento de actividades que estimulen la conciencia pública sobre la importancia social del arte y la creación intelectual''.
Por tal, como legisladores tenemos el deber de llevar a cabo las acciones que sean necesarias para que la vida y obra de todos los mexicanos destacados, no sólo en el ámbito artístico, sea reconocida de manera digna y a su debido tiempo.
Así, los invito a que hagamos del aniversario luctuoso de Diego Rivera un momento especial para que, con su obra, como él mismo lo mencionó, liguemos un gran pasado con el que queremos que sea un gran futuro de México.
Por tales motivos solicito a ustedes el apoyo a este punto de acuerdo, para que un grupo de trabajo conformado por diputados atienda la acuñación de la medalla conmemorativa del quincuagésimo aniversario de la muerte del muralista mexicano Diego Rivera. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: No habiendo más oradores inscritos, se considera suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobado el punto de acuerdo. Continúe la Secretaría.
ESTADO DE TLAXCALA
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones a disminuir el número de claves Lada asignadas al estado de Tlaxcala
Honorable Asamblea
Con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con el artículo 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones somete a la consideración de la asamblea el presente dictamen, a partir de los siguientes:
Antecedentes
Ante el pleno de la Cámara de Diputados durante la sesión celebrada el 12 de diciembre de 2006, la diputada Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a fin de que disminuya el numero de claves ladas asignadas al estado de Tlaxcala.
Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en uso de sus facultades, dispuso el turno de la proposición a la Comisión de Comunicaciones, para su estudio y dictamen.
Los integrantes de la comisión dictaminadora procedieron al análisis y discusión de la citada proposición, con la finalidad de emitir el correspondiente dictamen, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El 13 de noviembre de 1998 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la resolución administrativa mediante la cual se establece el calendario para el proceso relativo al crecimiento de numeración geográfica, de conformidad con el plan técnico fundamental de numeración en toda la republica mexicana; le correspondió al estado de Tlaxcala la asignación de nueve claves lada.
El estado de Tlaxcala cuenta con una extensión territorial de 4 mil 52 kilómetros cuadrados y 60 municipios. En comparación con los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima entre otros, con mayor extensión territorial, a dichos estados se les a asignado un numero menor de claves ladas.
Es por ello que se considera necesario, de acuerdo al planteamiento del legislador proponente y de esta comisión, realizar un estudio minucioso que permita la disminución de las claves lada, con la finalidad de disminuir a su vez los pagos excesivos que ocasionan las llamadas telefónicas de larga distancia, cuando por la ubicación geográfica entre regiones se desprende que existe cercanía.
El impacto económico de tener nueve claves ladas, repercute directamente en los sectores sociales más desprotegidos. Es importante destacar que en las regiones en que se distribuye este gran número de claves ladas existen concentraciones de intercambio comercial, social, educativo y gubernamental; por lo tanto, la demanda del servicio de llamadas telefónicas es muy alta.
Hay regiones cuya división es aproximadamente de 15 kilómetros, siendo que por su ubicación geográfica son consideradas como largas distancias.
En el Distrito Federal esta división, comparativamente hablando, resulta entre las delegaciones Xochimilco y la delegación Gustavo Madero, sin que por ello se realice el cobro de larga distancia.
El 11 de Enero de 2006 la Comisión Federal de Telecomunicaciones publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución mediante la cual el pleno de la misma determina los lineamientos que deberán observarse para modificar las áreas de servicio local.
A la fecha la Comisión Federal de Telecomunicaciones ha recibido ocho solicitudes por parte de usuarios, concesionarios y autoridades, para que se efectúen modificaciones a determinadas áreas de servicio local en el estado de Tlaxcala, según información recibida por el órgano regulador, con fecha 12 de febrero de 2007, mediante oficio No. CFT/D01/STP/217/2007.
La Comisión Federal de Telecomunicaciones con el procedimiento para modificar los grupos de centrales de servicio local cuando así lo exija el interés público, conocido como consolidación de áreas de servicio local, procura reducir estratégicamente dichas áreas en el territorio nacional apoyándose en análisis geográficos, demográficos y socioeconómicos de las poblaciones respectivas.
De tal forma, la consolidación de áreas de servicio local significa que poblaciones dispersas dentro de una misma región territorial, que cuentan con ladas distintas, y entre las cuales las llamadas son consideradas y cobradas como larga distancia, ahora podrían compartir la misma lada, por lo que entre ellas las llamadas serian simplemente locales.
Conforme a lo anterior, y en aras del interés público se deben integrar áreas de servicio local en diversos municipios de la republica mexicana.
Si bien es cierto que existe el calendario de la resolución mediante la cual se determinan los lineamientos que deberán observarse para modificar las áreas de servicio local, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2006, y la COFETEL ha remitido a esta comisión ordinaria la respuesta que se ha citado, a través de la que hace referencia sobre la necesidad de que los interesados presenten solicitud en apego a los lineamientos, también lo es que se requiere exhortar a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y al órgano regulador para que informen a esta Cámara de Diputados sobre el caso en particular del estado de Tlaxcala, en cuanto a los avances que existen en este rubro, así como el calendario de consolidación de las áreas de servicio local que pudieran ser aceptadas por los concesionarios para dicho estado.
También esta comisión considera importante contar con la información relativa al análisis costo-beneficio que haya elaborado la COFETEL para determinar si es posible o no llevar a cabo la consolidación de las ASL.
No obstante que el calendario de consolidación de áreas de servicio local inició en julio de 1999 y concluyó en junio de 2002, la Comisión Federal de Telecomunicaciones refiere que ha recibido solicitudes por parte de usuarios y diversas autoridades para que se realicen modificaciones a determinadas ASL.
Sabemos que como resultado de las consultas, dicha comisión recibió comentarios por parte de diversas compañías con el fin de evitar impactos adversos para la industria, por lo que se expidieron las reglas para actuar ante nuevas solicitudes.
El dictamen de la Comisión de la Mejora Regulatoria del 26 de septiembre de 2005, respecto a los lineamientos que deben observarse para la modificación de las ASL, ha considerado procedente exceptuarla de la mejora regulatoria vigente y en su dictamen incluyó comentarios para su análisis y valoración, mismos que en el uso de las atribuciones del órgano regulador se tomaron en cuenta para la emisión de los citados lineamientos.
A mayor abundamiento en el considerando IX de la resolución que se cita, se mencionó que para definir las ASL se tuvieron presentes principios tales como:
La modificación de las ASL según el resolutivo sexto de la resolución de consolidación, establece que la COFETEL podrá modificar la definición de las ASL cuando así lo exija el interés publico, para el logro de los objetivos establecidos en el Programa del desarrollo del sector comunicaciones y transportes, promoviendo una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicio, con el fin de que estos se presten en mejores condiciones en beneficio de los usuarios.
En virtud de lo anterior esta comisión ordinaria considera necesario tomar en cuenta lo establecido en los resolutivos primero, segundo y tercero de la resolución mediante la cual el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones determina los lineamientos que deberán observarse para modificar las Áreas de Servicio Local.
Pero también considera necesario conocer los avances que existen en este rubro, el calendario de consolidación de las Áreas de Servicio Local que pudieran ser aceptadas por los concesionarios para dicho estado, la información relativa al análisis costo-beneficio que haya elaborado la COFETEL para determinar si es posible o no llevar a cabo la consolidación de las ASL, el análisis geográfico, demográfico y socioeconómico de las poblaciones respectivas, la evaluación que se ha realizado sobre la estructura de los grupos de servicio local existentes, regiones en que se divide el territorio nacional, ciudades que han sido abiertas a la competencia y la estructura municipal que posee el país, para instrumentar un adecuado programa de consolidación de las ASL.
De la última información recibida en esta comisión legislativa, por la Comisión Federal de Telecomunicaciones de fecha 7 de marzo de 2007 y con número de oficio CFT/DO1/STP/908/2007, se desprende lo siguiente:
De las ocho solicitudes enviadas al órgano regulador, la única que contiene alguna modificación en las ASL del estado de Tlaxcala es la solicitud de Pegaso.
En esta solicitud se encuentra la petición de la consolidación de la ASL 344 perteneciente al municipio de Huamantla (Tlaxcala) para integrase con la ASL 343 perteneciente al municipio de Apizaco (Tlaxcala).
Asimismo existe la petición de la consolidación de las ASL 345 perteneciente al municipio de Calpulalpan (Tlaxcala) para integrase a la ASL 105 perteneciente al municipio de Ciudad Sahún la cual se encuentra en el estado de Hidalgo. Los concesionarios locales y de larga distancia que contestaron la solicitud de Pegaso han manifestado estar de acuerdo con dicha solicitud, con excepción de Telcel quien ha aceptado la solicitud de manera parcial.
La COFETEL elaboró un proyecto de resolución que se sometió a consideración del Pleno, en la que estableció un calendario de consolidación de las ASL que fue aceptado por todos los concesionarios en la solicitud de Pegaso. De acuerdo a los lineamientos estas ASL deberán de consolidarse en un plazo no menor a seis meses.
Respecto a las ASL que fueron rechazadas por Telcel, la COFETEL se encuentra elaborando un análisis costo-beneficio para determinar si le asiste la razón a Telcel, en caso contrario la consolidación de estas ASL deberán realizarse en un plazo no menor a 12 meses.
Derivado de todo lo antes mencionado, la solicitud de integración de la ASL 344 perteneciente al municipio de Huamantla para integrase con la ASL 343 perteneciente al municipio de Apizaco, se encuentra en análisis debido a que fue negada por Telcel. La petición de la consolidación de las ASL 345 perteneciente al municipio de Calpulalpan para integrase a la ASL 105 perteneciente al municipio de Ciudad Sahún la cual se encuentra en el estado de Hidalgo, deberá integrarse en un plazo no menor a seis meses una vez aprobado el proyecto de resolución, de acuerdo al calendario propuesto.
Por la problemática que presenta el estado de Tlaxcala, la COFETEL sugiere que para tener la posibilidad de modificar las ASL, se presente solicitud observando los lineamientos, es decir, explicando con elementos de prueba, los motivos y justificaciones de la misma, y anexando para tal efecto la información correspondiente.
Los lineamientos a su vez establecen que integrada la solicitud, la COFETEL debe someter la misma a consulta de los concesionarios locales y de larga distancia, a fin de que manifiesten su opinión al respecto, y de no existir opinión en contrario, se resolverá de manera favorable la modificación que nos ocupa. En caso de existir opinión en contrario, (como lo es en diversas solicitudes), se procederá conforme al procedimiento establecido en los resolutivos quinto y sexto de dichos lineamientos.
Consecuentemente, los integrantes de esta comisión legislativa coinciden en que el calendario de consolidación de las áreas de servicio local aceptado por los. concesionarios para el estado de Tlaxcala, es insuficiente, motivo por el cual se requiere contar con la información costo-beneficio que se haya elaborado para determinar la consolidación de las ASL, el análisis geográfico, demográfico y socioeconómico de las poblaciones respectivas, la evaluación que se ha realizado sobre la estructura de los grupos de servicio local existentes, ciudades que han sido abiertas a la competencia y estructura municipal, para instrumentar el programa de consolidación de las ASL, ya que resulta pertinente conocer las causas por las cuales se han rechazado solicitudes de consolidación de ASL en dicha entidad, de manera tal, que independientemente de las solicitudes que se presenten en apego a los lineamientos que deben observarse para modificar las áreas de servicio local, de fecha 11 de enero de 2006, se requiere la información de referencia para estar en posibilidad de instrumentar, en su caso, los trabajos de carácter legislativo a que haya lugar.
Por lo expuesto, la Comisión de Comunicaciones con fundamento en los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como en los artículos 60,87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de acuerdo
Único . Se solicita girar atento exhorto al titular del Ejecutivo federal a efecto de que instruya a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que en el ámbito de colaboración entre poderes, se remita a esta Cámara de Diputados información sobre el análisis costo-beneficio que se haya elaborado, para determinar la consolidación de las ASL en el estado de Tlaxcala, el análisis geográfico, demográfico y socioeconómico de las poblaciones respectivas, la evaluación que se ha realizado sobre la estructura de los grupos de servicio local existentes, ciudades que han sido abiertas a la competencia y estructura municipal, para instrumentar un adecuado programa de consolidación de las ASL.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se considera suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobado el punto de acuerdo. Continúe.
TELECOMUNICACIONES
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se solicita al secretario de Comunicaciones y Transportes que remita el texto íntegro del título de concesión otorgado a la Comisión Federal de Electricidad para operar una red pública de telecomunicaciones
Honorable Asamblea
Con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones somete a consideración de la asamblea el presente dictamen, a partir de los siguientes
Antecedentes
1. Ante el pleno de la Cámara de Diputados, durante la sesión celebrada con fecha 21 de diciembre de 2006, el diputado Antonio Soto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la proposición con punto de acuerdo por la que solicita al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el texto íntegro de la concesión que otorgo a la CFE para operar una red pública de telecomunicaciones.
2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades, dispuso el turno de la proposición a la Comisión de Comunicaciones, para su estudio y dictamen.
3. Los integrantes de la comisión dictaminadora procedieron al análisis y discusión de la citada proposición, con la finalidad de emitir el correspondiente dictamen, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El diputado Antonio Soto Sánchez señala que, con fecha 10 de noviembre de 2006, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a la Comisión Federal de Electricidad la concesión para operar una red pública de telecomunicaciones, para diversificar la naturaleza de la citada paraestatal, abriendo nuevas posibilidades de desarrollo.
El proponente manifiesta que la operación de la Comisión Federal de Electricidad, con el otorgamiento de esta concesión se hace aún más compleja, pues no sólo es una de las seis empresas mas grandes del mundo en términos de capacidad, de generación y transmisión de electricidad; ahora es un gran operador del negocio de gas natural y podrá operar una red de telecomunicaciones que, en su extensión, únicamente sería inferior a la de Teléfonos de México.
Cabe señalar que el otorgamiento de la concesión es por el término de quince años y no se podrá proporcionar a través de ella; servicios de telecomunicación en forma directa, si no facilitar la interconexión a los diversos operadores de servicios de telefonía, Internet o televisión por cable.
Por otro lado es importante mencionar que la Comisión Federal de Electricidad cuenta con una red de fibra óptica montada sobre las estructuras que portan la red eléctrica nacional que se extiende por más de veinte mil kilómetros, de los cuales once mil seiscientos cincuenta y nueve ya están habilitados para prestar el servicio a otros concesionarios de telecomunicaciones.
La concesión permite utilizar la infraestructura pública para hacer más eficiente la actividad de las telecomunicaciones; el título de concesión establece que la Comisión Federal de Electricidad deberá iniciar la explotación de la red en un plazo máximo de trescientos sesenta días naturales; por tanto, se presume que en un corto plazo los usuarios nacionales podrían disfrutar de una mejor calidad y una disminución considerable de los precios. Los operadores de telecomunicaciones no sólo ampliarán las posibilidades de arrendamiento, tendrán ahorros de inversión y, quizás lo más importante, es que se podrá llegar prácticamente a cualquier punto del territorio nacional.
Sin embargo, para el proponente, antes de que la Comisión Federal de Electricidad pueda ofrecer servicios de transportador de señales es indispensable que se garantice el ofrecimiento de esos servicios en condiciones no discriminatorias y en igualdad de condiciones, sin ofrecer precios especiales a las empresas que adquieran mayor capacidad.
Con lo anterior el proponente pretende que se evite la monopolización del uso de la red, y se anule el beneficio para otras empresas de telecomunicaciones. Esta Comisión coincide con el propósito de evitar que algún operador se beneficie indiscriminadamente, ya que deben existir condiciones de igualdad para todos, razón por la cual debe existir un riguroso y detallado proceso de vigilancia, así como el análisis exhaustivo de esta nueva actividad, verificando que la Comisión Federal de Electricidad se encuentre dentro del mandato legal que norma la vida de la paraestatal.
Tratándose de una actividad distinta a la de la propia naturaleza de la Comisión Federal de Electricidad deberá mantener ésta, la operación de la concesión, estableciendo los costos y las bases sobre las cuales se realizarán los cargos a los usuarios de la red. También es importante conocer si cumpliría el requisito relativo a la aplicación de una separación contable, debido a la actividad relacionada con la explotación de la concesión en cita.
Consecuentemente esta Comisión, en aras de contar con elementos suficientes para realizar las actividades legislativas a que haya lugar, comparte el interés del proponente, a efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes proporcione la información y los pormenores del procedimiento que se llevó a cabo para el otorgamiento de la concesión para transportar señales de telecomunicaciones a la Comisión Federal de Electricidad.
Por lo expuesto, la Comisión de Comunicaciones, con fundamento en los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 60,87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita girar atento exhorto al titular del Ejecutivo federal, a efecto de que instruya a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de colaboración entre poderes, se remita a esta Cámara de Diputados información relativa al proceso mediante el cual se otorgó la concesión para operar una red pública de telecomunicaciones a la Comisión Federal de Electricidad, así como el texto íntegro de dicha concesión.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobado el punto de acuerdo.
Queremos agradecer la presencia, en este salón de sesiones, de un grupo de participantes del curso de Política de México para funcionarios de las cancillerías de América Latina, que organiza el Instituto Matías Romero, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Les damos la más cordial bienvenida.
LEY GENERAL DE EDUCACION - LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO CINCO CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos relativos a iniciativas. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se autoriza. Dé cuenta de los resolutivos.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con punto de acuerdo por el que se desechan cinco iniciativas relativas a las Leyes General de Educación, y Reglamentaria del Artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Honorable asamblea:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, legisladores de la LIX Legislatura presentaron iniciativas en materia de la Ley General de Educación y en materia de la ley reglamentaria del artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la forma siguiente:
Esta comisión que suscribe, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocó al análisis de cada una de las iniciativas y conforme a las deliberaciones y el análisis que de las mismas que realizaron los miembros de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, presentan a esta honorable asamblea el siguiente
Dictamen
Antecedentes
Descripción de las iniciativas
El proyecto de iniciativa argumenta que resulta imperativo que las instituciones educativas de inversionistas extranjeros que operen de manera directa o indirecta en México, sea en la modalidad escolarizada, semiescolarizada, a distancia, abierta vía Internet o por cualquier otra vía se ajusten a los principios del artículo 3o. constitucional y a la regulación establecida para los particulares en la Ley General de Educación. Por tanto, esta iniciativa propone la creación de un consejo para garantizar dichos fines, el cual estará integrado por el titular de la Secretaría de Educación Pública, los secretarios de Educación de los estados y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
La iniciativa parte de recordar que México continúa siendo un país de jóvenes, pese a la tendencia al envejecimiento de su población. Sin embargo, millones de jóvenes mexicanos se encuentran hoy excluidos del mercado laboral. Conforme a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), anualmente un millón trescientos mil jóvenes se incorporan al mercado laboral y se convierten en demandantes de empleo. No todos son absorbidos por este mercado y su potencialidad laboral no es aprovechada por las empresas, pues en términos de su desempeño productivo, se estima que sólo el 47 por ciento de ellos tienen empleo, mientras que el 24 por ciento tiene como única actividad el estudio, el 18 por ciento se dedica a labores del hogar y el 8 por ciento restante estudia y trabaja a la vez.
Esta situación ha llevado a 140 mil jóvenes a emigrar anualmente a Estados Unidos de América, lo que representa casi el 30 por ciento de la población que emigra hacia Norteamérica. Es por ello que se considera fundamental que los estudiantes de este país, tengan incentivos para poner en práctica sus conocimientos profesionales y sigan formándose en el terreno académico, para crear cuadros profesionales del más alto nivel que requiere nuestro país. Para tal efecto, se propone la creación de un programa de becas laborales para dotar de empleos profesionales a los egresados de las instituciones de educación superior, aprovechando los conocimientos que adquieren en los centros educativos para ser puestos en práctica y en beneficio de las comunidades, los municipios y las entidades federativas.
La iniciativa en comento propone proyecto de decreto para reformar el primer párrafo del artículo 55 de la ley reglamentaria del artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, para que el servicio social prestado sea considerado como experiencia laboral con valor curricular. Se señala también, la inserción del servicio social en la currícula, y su reconocimiento para los procesos de titulación y para la formación en los valores necesarios para la convivencia social en los prestadores de servicio social en las comunidades y en las instituciones de educación media superior y superior.
La iniciativa en comento argumenta que, en materia educativa, se han escondido las evaluaciones realizadas a la educación básica. Asimismo, que la divulgación de la información ha sido magra e ineficiente, y cuando algún funcionario público decide hacer público el resultado de ciertas evaluaciones que evidencian los fracasos educativos del gobierno actual, estos son despedidos. Además, la exposición de motivos de la iniciativa argumenta que las fuentes que se pueden consultar para conocer el estado en que se encuentra la educación en México, paradójicamente es un organismo internacional: La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Por tanto, propone el obligar al Ejecutivo federal a publicar el resultado de las evaluaciones al Sistema Educativo Nacional.
La presente iniciativa propone modificar el articulo 29 de la Ley General de Educación, para que la evaluación del Sistema Educativo Nacional se pueda efectuar desde un enfoque globalizador, comparándolo con los planes y métodos de estudio de otros países de habla hispana, a efecto de perfeccionarlo y garantizar su debida actualización, tomando en cuenta las diferencias culturales que de manera natural existan.
Consideraciones de la comisión
Esta Comisión considera que una modificación a la Ley General de Educación para garantizar la calidad de los servicios educativos superiores prestados por extranjeros en el país es redundante. Lo anterior dado que se considera que el actual marco jurídico ya contempla los mecanismos para verificar la calidad de la educación prestada por particulares, en general. Por tanto, no se considera necesario hacer reglas específicas para los extranjeros. Por ejemplo, el articulo 55 de la Ley General de Educación señala que ``las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:
Asimismo, de acuerdo con el artículo 57 de la Ley General de Educación, los particulares que impartan educación con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios deberán:
Por lo anterior, se estima que el actual marco jurídico cuenta con los mecanismos suficientes para la verificación de la calidad de los servicios educativos superiores prestados por extranjeros, siendo ya responsabilidad de las autoridades ejecutivas competentes el garantizar que dichos servicios cumplan con la norma establecida.
Esta comisión considera que el programa de becas laborales propuesto es, en realidad, un programa de subsidio al empleo, por lo que no le compete a la Secretaría de Educación Pública (SEP) el otorgar ese tipo de subsidios, sobretodo porque se pretende becar a personas que ya concluyeron sus estudios de nivel superior.
Por otra parte, al considerarse un ``programa'' no debiera aparecer dentro de una ley, sino que, en todo caso, deberían de hacerse recomendaciones a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para que oriente parte del presupuesto del Programa de Apoyo al Empleo (PAE) a la población objetivo que se sugiere (recién egresados de las instituciones educativas ).
Asimismo, se pretende que el programa tenga un carácter permanente y sea financiado con recursos de la federación, que serían aprobados anualmente por la Cámara de Diputados, y se otorgarán por medio de las instituciones de educación superior; esto sin definir los mecanismos específicos de asignación a cada una de ellas, ni considerando el impacto presupuestal de las potenciales erogaciones.
Finalmente, dado que de acuerdo a cifras oficiales la cobertura nacional en educación superior es de tan solo el 25 por ciento 1 -esto cuando la recomendación de la UNESCO es la de alcanzar cifras de cobertura de al menos 40 por ciento para lograr el desarrollo económico sostenido-, se considera que de existir recursos para un potencial programa de becas laboral a egresados, estos deberían aplicarse para promover el aumento de la matricula en las instituciones públicas de educación superior.
En cuanto al primer punto, esta comisión argumenta que la propuesta de considerar al servicio social como experiencia laboral va en contra de la esencia de éste. El servicio social es un valor heredado de nuestras culturas, que tiene su origen en el derecho colectivo a la tierra y la obligación de desempeñar trabajo gratuito en favor de la comunidad 2. Asimismo, el servicio social en México es obligatorio, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 24 de la Ley General de Educación. Por tanto, la esencia de éste debería considerarse como altruista, no como la obtención de un beneficio personal, tal como se propone a través de dotarlo con el valor de experiencia profesional.
En cuanto al segundo punto, en las condiciones actuales no se considera factible ni pertinente el dotar al servicio social de valor curricular. Lo anterior, dado que las practicas de servicio social en nuestro país no están estandarizadas, por tanto, éstas tienden a ser muy heterogéneas en cuanto al tipo de actividades realizadas y en la calidad profesional de las mismas. Además, de acuerdo a las ANUIES 3 , en nuestra imperante realidad social, sólo una minoría de los profesionistas que ejercen en nuestro país cumple con el requisito del servicio social, debido a la falta de una regulación jurídica específica y ordenada, pero también por el abandono de la sociedad de los principios de solidaridad social y humana.
Por tanto, esta comisión considera que antes de pensar en otorgar valor curricular al servicio social, se hace necesario el desarrollo de un reglamento nacional para esta práctica; reglamento que dé las pautas y determine las acciones generales para que el servicio social cumpla efectivamente con su esencia histórica, y además contribuya al desarrollo académico y profesional del estudiante.
La comisión dictaminadora concuerda plenamente con el objetivo principal de la iniciativa en cuanto a transparentar las evaluaciones del Sistema Educativo Nacional. Sin embargo, se considera que el objetivo de esta iniciativa ya se encuentra garantizado por el marco legal vigente, dado que el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que ``el derecho a la información será garantizado por él 4 ''.
Asimismo el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en su estatuto orgánico, artículo 4, fracción VII, establece que el instituto deberá ``impulsar y fortalecer la cultura de la evaluación en todos los medios relacionados con la educación, difundir los resultados de los análisis y desarrollar actividades de capacitación en materia de evaluación educativa; y, finalmente, cabe señalar que el artículo 2o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental indica que toda información gubernamental a que se refiere esta ley pública y los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que ésta señala''.
Asimismo, el articulo 5o. de la misma ley señala que ``la presente ley de observancia obligatoria para los servidores públicos federales''. Por tanto, la comisión determina que el reformar el artículo 29 de la Ley General de Educación sería redundante con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ya que establece la obligación de las dependencias federales a hacer pública toda la información que generan.
Al respecto, esta comisión considera que carece de sentido incorporar a la Ley General de Educación una facultad que recae primordialmente en las entidades ejecutivas federales. La evaluación educativa es una facultad de la autoridad educativa, que para ejercerla cuenta con instancias especializadas, y es a ellas a quien corresponde ejercer los criterios con los cuales se evalúa y compara.
El artículo 29 de la Ley General de Educación contempla que la evaluación estará a cargo de la Secretaría de Educación Pública, y que a letra señala:
La comisión considera que el citado artículo goza de la suficiente generalidad para incorporar parámetros que tomen en cuenta el contexto en el que la educación mexicana se inserta en la competencia y la calidad de los sistemas de educación en el mundo, esto sin necesidad de agregar un elemento inherente a la temporalidad de las circunstancias en el contexto educativo internacional.
Asimismo, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), organismo público descentralizado del gobierno federal y sectorizado a la Secretaría de Educación Pública (SEP), establece en el artículo 4, fracción VIII, de su estatuto orgánico, que corresponderá al instituto ``realizar estudios e investigaciones en la materia, representar a México ante los organismos internacionales de evaluación educativa y coordinar la participación del país en los proyectos internacionales al respecto, con la participación que conforme a las disposiciones legales corresponda a la Secretaría de Relaciones Exteriores''.
Finalmente, esta comisión considera que dado que nuestro país ha celebrado diversos tratados internacionales, y desde el año 1994 es miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), por lo cual participa sistemáticamente en el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA), los criterios internacionales ya se encuentran contemplados en el Sistema Educativo Nacional.
Por lo anteriormente expuesto, una vez analizadas cada una de las 5 iniciativas mencionadas, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos pone a consideración de esta soberanía el siguiente:
Resolutivo
Primero. No son de aprobarse las 5 iniciativas mencionadas, de la LIX Legislatura en materia de la Ley General de Educación y a la ley reglamentaria del Artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos objeto de este dictamen, por considerarse improcedentes y porque se concluye que el marco legal vigente ya garantiza la atención a las demandas de los proponentes.
Segundo. Archívense los presentes asuntos, como total y definitivamente concluidos.
Notas: 1 Secretaría de Educación Pública (2007).2 ANUIES (2006). El servicio social en México.3 ANUIES (2000). Legislación sobre servicio social.4 Además, la 'última reforma al artículo 6o. constitucional, remitida al presidente de la república el 13 de junio de 2007 para su sanción correspondiente, establece en su fracción primera que ``Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes''El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se reserva para su votación en conjunto.
LEY GENERAL DE SALUD
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 115 de la Ley General de Salud
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 115 de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Abundio Peregrino García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que otorgan los artículos 39, numerales 1 y 3, 43, 44, 45 y de los demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen de acuerdo con la siguiente
Metodología
La comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:
I. Antecedentes
En sesión celebrada por la Comisión Permanente de la LX Legislatura con fecha 13 de junio de 2007 se presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 115 de la Ley General de Salud, en nombre del diputado Abundio Peregrino García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con la misma fecha, la Mesa Directiva turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para su estudio y posterior dictamen.
II. Contenido
La iniciativa objeto del presente dictamen propone adicionar un segundo párrafo a la fracción II del artículo 115 de la Ley General de Salud, para imponer la obligación de incluir leyendas precautorias en botanas y refrescos.
Lo anterior, menciona el promovente, alertaría a los consumidores, a los niños en particular, de los efectos que puede ocasionar el consumo continuo de dichos productos.
III. Consideraciones
En primer lugar, es de toral importancia mencionar que los diputados integrantes de la Comisión de Salud comprendemos y compartimos la preocupación del diputado promovente respecto al problema de la obesidad infantil, por lo que estamos trabajando en encontrar métodos que fomenten una alimentación equilibrada para disminuir los índices de obesidad en nuestro país.
A pesar de compartir esta preocupación, no creemos que la iniciativa presentada por el promovente sea viable; lo anterior, debido a una serie de inconvenientes, que a continuación destacaremos.
En primer término, es importante señalar lo que dicen las fracciones IV y VIII del propio artículo 115 de la ley vigente:
De lo anterior se infiere que, en efecto, es facultad de la Secretaría de Salud normar respecto al valor nutritivo de los alimentos. En cumplimiento de lo anterior, el Reglamento de Control Sanitario sobre Productos y Servicios tiene por objeto la regulación, el control y el fomento sanitario del proceso, importación y exportación, así como de las actividades, servicios y establecimientos relacionados con productos como bebidas no alcohólicas, productos para prepararlas y congelados de las mismas; y cereales, leguminosas, sus productos y botanas, entre muchos otros, que se enumeran el artículo 1o. del citado reglamento, que también señala que son materia del mismo el envase, envasado e irradiación de los productos antes precisados, de lo cual se infiere que en caso de aprobarse la inclusión de una leyenda precautoria, ésta sería objeto del reglamento o, en su caso, de una norma oficial mexicana.
De hecho, el texto vigente del reglamento citado establece en el artículo 25 lo siguiente:
En congruencia con lo anterior, resulta evidente que las leyendas precautorias son objeto del reglamento o, en su caso de una norma oficial mexicana.
En este orden de ideas, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece en la fracción XI del artículo 3o. que para los efectos de la misma, se entenderá por norma oficial mexicana la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como las relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación.
Asimismo, la ley citada señala en el artículo 40 las finalidades de las normas oficiales mexicanas, entre las que se encuentran las siguientes:
Resulta loable el interés de muchos legisladores para disminuir la obesidad en el país, interés con el que coincidimos plenamente. Sin embargo, hay que tomar en consideración que la obesidad es un problema multifactorial y que no encontrará solución con la inclusión de leyendas precautorias que son objeto de reglamentos o normas oficiales mexicanas y no de una ley.
Por otra parte, consideramos que la leyenda que se pretende incluir incurre en vaguedad, toda vez que señala que el solo consumo del producto provoca la obesidad, lo cual es una falsedad ya que, como señalamos, la obesidad es multifactorial y no depende únicamente del contenido energético de los alimentos o bebidas sino de las cantidades, tamaño de las porciones, actividad física e incluso situación emocional de los individuos.
Los integrantes de la Comisión de Salud nos unimos a la preocupación del promovente y con su colaboración estamos trabajando para buscar soluciones a un problema tan complejo que afecta no sólo a los mexicanos sino a nuestro sistema de salud, por lo que estamos coordinando esfuerzos para promover acciones que, en efecto, nos conduzcan a una disminución de un problema tan complejo como la obesidad.
Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud, con las atribuciones que otorga el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente
Acuerdo
Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción II del artículo 115 de la Ley General de Salud, presentada por el diputado Abundio Peregrino García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el 13 de junio de 2007.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se reserva para su votación en conjunto.
LEY GENERAL DE SALUD
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona los artículos 226 Bis y 257 Bis a la Ley General de Salud
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la honorable Cámara de Diputados, LX Legislatura, fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar los artículos 226 Bis y 257 Bis a la Ley General de Salud.
Los integrantes de esta comisión dictaminadora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 3, 43, 44, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente dictamen.
I. Antecedentes
Con fecha 26 de abril de 2007 el diputado Benjamín Ernesto González Roaro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar los artículos 226 Bis y 257 Bis a la Ley General de Salud.
Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a la Comisión de Salud, para su estudio, por lo que llegado el momento emite el siguiente dictamen.
II. Contenido de la iniciativa
En la exposición de motivos el diputado González Roaro señala que el pasado 26 de febrero de 2007 el titular del Ejecutivo federal, al realizar la presentación oficial y firmar el ``Compromiso para establecer una política nacional para garantizar la suficiencia, disponibilidad y precio justo de los medicamentos'', reconoció que es indispensable garantizar el derecho de los usuarios de los servicios de salud públicos a recibir los medicamentos requeridos para el tratamiento de los padecimientos en las unidades médicas públicas, tanto federales como locales.
También señala que los medicamentos son de uso necesario y deben ser considerados como un bien jurídico tutelado, derivado de los derechos fundamentales del hombre, como es la salud y la protección de la vida, entre muchos otros.
El proponente, consigna que el día 21 de febrero de 2007 el secretario de Salud dio a conocer los seis ejes rectores del Programa Nacional de Salud 2007-2012, que resalta el abasto de medicamentos como parte de los servicios de calidad en materia de salud.
Asimismo, señala que hoy día es de vital importancia y una urgente necesidad atender las grandes deficiencias del sistema interno de distribución, abasto y dispensación de medicamentos en las instituciones del sector público, con el propósito de evitar dispendios y falta de abastecimiento a los usuarios; y que permita hacer eficiente el sistema en beneficio de éstos.
Anota el proponente que los factores que limitan la disponibilidad de medicamentos en el sector público se deben a las restricciones presupuestarias, las dificultades en los procesos administrativos de compra y la distribución ineficaz; problema que se manifiesta en todas las unidades médicas y los hospitales del sector público, dañando a los usurarios de esas, al no poder contar con el medicamento para el tratamiento indicado que les permita combatir o acabar con la enfermedad diagnosticada.
Por ello señala que es importante, más no suficiente, destinar recursos para solucionar esta crítica problemática, ya que en la actualidad las necesidades son ilimitadas, mientras que los recursos son limitados, por lo que se debe buscar y establecer otras estrategias que coadyuven a la solución del desabasto de medicamentos, optimizando los recursos del Estado.
Y agrega que, con el sistema actual, no existe una dosis exacta de acuerdo a la prescripción, lo que conlleva altos costos, recetas que no serán consumidas, que serán utilizadas de manera inadecuada por terceros o bien que el medicamento entregado sea menor al requerido, lo que implica que el paciente no lleve a cabo y en los mejores términos su tratamiento derivando en el agravamiento de su padecimiento con las consecuencias correspondientes.
Esto se debe, señala el diputado González Roaro, se debe a la desvinculación entre la práctica prescriptiva y los mecanismos de distribución y dispensación interna en los servicios de salud públicos; es decir, la carencia de una prescripción razonada con dosis exactas.
Por ello el diputado pretende, con su iniciativa la reforma de la Ley General de Salud, instituir una ``prescripción razonada'', la cual se refiere a que ésta debe indicar los medicamentos que a criterio del médico son los apropiados para las necesidades clínicas del paciente, la dosis justa y el tiempo adecuado dentro de un marco general de tratamiento integral de la enfermedad.
III. Consideraciones
Primera. Esta comisión dictaminadora reconoce la valía e intención de la iniciativa del diputado González Roaro, en cuya exposición de motivos y antecedentes coincide con las observaciones y conclusiones de diversos expertos y estudiosos de la materia, algunos de los cuales señalan que
Por otra parte, lamentablemente, aun ahora, en la selección de los medicamentos predominan los criterios comerciales sobre los de salud y los sociales.
Segunda. Que en este mismo orden de ideas, la Organización Mundial de la Salud diseñó el Programa de Medicamentos Esenciales desde 1985, como una alternativa de solución a la situación antes señalada, pues pretende mostrar que con frecuencia no existe compatibilidad entre la estabilidad, el crecimiento económico y los requerimientos sociales de bienestar, aspectos que se ven reflejados en la progresiva disminución del papel del Estado en garantizar los medicamentos óptimos y necesarios para la comunidad. Por ello, se demuestra que se deben aplicar políticas de medicamentos que satisfagan las necesidades de salud, proporcionen mejorías en la calidad de vida y disminución de la mortalidad.
En este contexto los medicamentos tienen especial significado, tanto por los beneficios que otorgan como por las implicaciones de su manejo y buen uso.
Se dice, al mismo tiempo, que la mayoría de los sistemas de salud necesitan políticas que aseguren el acceso y el uso racional de los medicamentos, los cuales deben ser seguros y efectivos, y que estas políticas deben estar diseñadas para lograr la equidad en el acceso a los medicamentos y, en particular, a los medicamentos esenciales, así como promover el uso racional de los fármacos, asegurando el fortalecimiento de estándares de calidad en los sectores público y privado.
Lo anterior, en referencia a que los mismos estudiosos señalan que en el mundo más del 50 por ciento de los medicamentos que se recetan se dispensan o se venden de forma inadecuada. Al mismo tiempo, alrededor de un tercio de la población mundial carece de acceso a medicamentos esenciales y el 50 por ciento de los pacientes los toman de forma irracional.
Tercera. Que la prescripción racional se consigue cuando un profesional bien informado, al hacer uso de su mejor criterio, prescribe al paciente un medicamento bien seleccionado, en la dosis adecuada, durante el periodo del tiempo apropiado y al menor costo posible para ellos y para la comunidad.
Cuarta. En suma, que tanto la falta de acceso a medicamentos como las dosis y suministros inadecuados tienen como consecuencia un alto índice de morbilidad y de mortalidad, lo cual también implica un desperdicio de recursos, a menudo pagado por los pacientes, y trae como consecuencia un considerable perjuicio al paciente en cuanto a la falta de resultados positivos y en otros a la incidencia de reacciones adversas a los medicamentos; y muy probablemente a la generación de un creciente mercado negro de medicamentos y a un altísimo riesgo para la salud pública.
Quinta. Que en la Conferencia sobre Uso Racional de Medicamentos, celebrada en Nairobi en noviembre de 1985, la OMS preparó una estrategia revisada en materia de medicamentos que recibió el respaldo de la 39 Asamblea Mundial de la Salud. Esta estrategia abarca, entre otros componentes, el establecimiento de criterios éticos para la promoción de medicamentos y fomentar el mejoramiento de la atención ciudadana mediante su uso racional, Lo anterior significó una actualización y ampliación de los criterios éticos y científicos establecidos en 1968 por la 21 Asamblea Mundial de la Salud.
Sexta. Que, categóricamente, esta dictaminadora también reconoce la trascendencia de los medicamentos como el recurso terapéutico esencial y determinante que permite la mejoría o cura de las enfermedades que pueden aquejar al ser humano y por ende recursos o bienes que efectivamente deben ser considerados bienes sociales y por tanto sujetos del tutelaje que el Estado debe garantizar, por lo cual la dictaminadora propone realizar una serie de talleres para analizar las probabilidades y métodos que faciliten la inserción de nuestro país a una nueva modalidad de venta de medicamentos, que en las circunstancias actuales no es factible.
Séptima. Que, obviamente, este bien social concierne y afecta a la vida de un gran número de conciudadanos y, por tanto, involucra o debe de involucrar a muchos individuos, profesionales e instancias civiles y públicas interesadas y necesariamente involucradas para hacer permanente, oportuno y justo su suministro, por lo que es menester permanentemente crear alternativas de política, viables, justas y eficientes.
Octava. Por ello, la función rectora y acciones reguladoras del Estado en este rubro, en todo momento, debe privilegiar la búsqueda y los logros del objetivo superior que es la protección de la salud de la gente y de la población en general, mediante la garantía oportuna, permanente, equitativa y justa de los medicamentos, entre otros; y enseguida, indiscutiblemente, establecer mediante programas y acciones conjuntas e integrales la promoción y las acciones para que los pacientes estén en posibilidad de consumir solamente aquellos medicamentos necesarios y en las cantidades adecuadas para generar el mayor beneficio posible en su salud.
Para lograr esto se requiere la prescripción justa, la suficiencia y equidad de acceso a los medicamentos y la promoción de la cultura ciudadana para evitar el desperdicio y el consumo innecesario.
Novena. Que la Secretaría de Salud ha subrayado que la protección contra riesgos innecesarios es uno de los tres pilares de la reforma al sistema de salud mexicano, junto con la protección de los usuarios de los servicios de salud y la protección financiera; uno de cuyos componentes centrales es el suministro completo de recetas, lo cual a su vez representa una de las prioridades de la política farmacéutica integral, pretendida por nuestro país.
Décima. Que es obligación del Estado y, de manera especial, del Poder Legislativo crear la normatividad y políticas públicas viables, justas y eficientes. Por ello, la vida, la salud individual y la salud pública del país deben ser materia de un exhaustivo, serio, abundante y con la participación de todas las instancias que necesariamente están involucradas en la producción distribución y suministro de los vitales medicamentos.
Por todo lo anterior, esta comisión dictaminadora, reconociendo la iniciativa en análisis, propone la programación y realización de un foro, con la participación de los expertos, las instituciones oficiales, educativas, la industria farmacéutica y legisladores, sobre la prescripción exacta de medicamentos y las reformas jurídicas operativas y de recursos humanos que ésta implica; y que sus consensuadas y reales conclusiones puedan ser las bases que permitan la realización de las etapas y la consumación de la mejor reforma e implementación de políticas que garanticen la suficiencia de medicamentos, la equidad en el acceso, la prescripción justa y necesaria, así como la suficiente cultura para el consumo adecuado de medicamentos.
Y que consumada la propuesta anterior podrían consolidarse y ejecutarse la esencia de los propósitos de la iniciativa del diputado Benjamín Ernesto González Roaro .
Por lo antes expuesto, esta dictaminadora somete a consideración del Pleno de ésta honorable Asamblea el siguiente
Acuerdo
Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar los artículos 226 Bis y 257 Bis a la Ley General de Salud, presentada por el diputado Benjamín Ernesto González Roaro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 26 de abril de 2007.
Segundo. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados realizará talleres para analizar la posibilidad de instaurar sistemas más eficaces para la venta de medicamentos.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se reserva para su votación en conjunto.
LEY GENERAL DE SALUD
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona diversos artículos al Capítulo IV de la Ley General de Salud
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LIX Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversos artículos al Capitulo IV de la Ley General de Salud.
Los integrantes de la comisión dictaminadora con fundamento en los artículos 39, numerales 1o. y 3o. 43, 44, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente
Metodología
La comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:
I. En el capítulo de ``Antecedentes'' se da constancia del trámite, del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la comisión dictaminadora.
II. En el capítulo correspondiente a ``Contenido'' se exponen los motivos y se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.
III. En el capítulo de ``Consideraciones'', la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en análisis.
I. Antecedentes
En sesión celebrada con fecha 26 de julio de 2006, por la honorable Cámara de Diputados, la diputada Cristina Portillo Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversos artículos al Capitulo IV de la Ley General de Salud.
En la misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, haciendo uso de sus facultades, turnó dicha iniciativa a la Comisión de Salud, para su estudio y posterior dictamen.
II. Contenido
El objetivo de la iniciativa presentada por la diputada Cristina Portillo Ayala, es dar reconocimiento jurídico al respecto de los derechos fundamentales de las personas que son usuarias de los servicios de salud a través de la información veraz, en un lenguaje sencillo a efecto de que el paciente otorgue su consentimiento por escrito para el caso de seguir un tratamiento médico o el sometimiento a una intervención quirúrgica.
Manifiesta la diputada promovente, que la relación médico-paciente debe de estar centrada, en los derechos del usuario y a su libertad de decidir sobre su tratamiento. Que ésta relación deberá incidir en todos los servicios de salud y no sólo circunscribirse al aspecto hospitalario.
Pondera que debe de existir respeto a los derechos fundamentales que afectan la dignidad humana. Que esta premisa, la considera importante para legislar en los principios que son esenciales e indispensables a la prestación de los servicios de salud, como la autonomía, la información, consentimiento informado, la privacidad, la confidencialidad, la igualdad, la no discriminación, la prevención y promoción de la salud en beneficio del usuario.
Por estos motivos propone adicionar diversos artículos al capítulo IV de la Ley General de Salud.
III. Consideraciones
La iniciativa en comento pretende incluir en el Titulo Tercero, Prestación de los Servicios de Salud, en el Capitulo IV, Usuarios de los Servicios de Salud y Participación de la Comunidad, de la Ley General de Salud, diversos artículos a fin de regular un consentimiento informado para establecer confianza entre el prestador y el usuario de los servicios de salud, así como las excepciones a la libre manifestación de la voluntad.
Bajo éste enfoque la diputada promovente pretende adicionar los siguientes artículos al capitulo IV de la Ley General de Salud:
Bajo estos supuestos, la comisión dictaminadora establece que si bien es a todas luces oportuno mandatar desde la ley la obligación de que los pacientes reciban un trato digno y respetuoso, y se les proporcione información veraz, a efecto de que el paciente otorgue su consentimiento por escrito, sobre todos en los servicios de salud públicos. Previo análisis de esta propuesta, concluimos que la iniciativa en comento, presenta algunos inconvenientes:
De acuerdo con todos los argumentos expuestos anteriormente, consideramos que la iniciativa en comento no es jurídicamente pertinente, toda vez que los conceptos que se pretenden incorporar ya están regulados en el marco jurídico vigente: Ley General de Salud, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, y las normas oficiales mexicanas, NOM-168 SSA1-Del Expediente Clínico.
Derivado de lo anterior, se desprende que no es viable la propuesta de adicionar diversos artículos al capitulo IV de la Ley General de Salud.
Por lo anterior, la comisión dictaminadora no considera viable la iniciativa propuesta.
Por las consideraciones anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Salud, de la LX Legislatura, con las atribuciones que le otorga el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45, numeral 6, inciso e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente:
Acuerdo
Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adicionan diversos artículos al capitulo IV de la Ley General de Salud, presentada por la diputada Cristina Portillo Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el día 26 de julio de 2006.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se reserva para su votación en conjunto.
LETRAS DE ORO
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre ``Universidad Autónoma Metropolitana''
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LIX Legislatura se turnó la iniciativa enunciada en el encabezado de este documento. La comisión se abocó a su estudio y análisis para la formulación del presente dictamen, de conformidad con lo siguiente:
Antecedentes
En la sesión de la Comisión Permanente del 16 de agosto de 2006 se dio cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre ``Universidad Autónoma Metropolitana'', presentada por la diputada Irma Sinforina Figueroa Romero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. El Presidente determinó que se turnara a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados número 2076, del 21 de agosto de 2006.
Contenido
La iniciativa propone que la Cámara de Diputados apruebe la inscripción con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre ``Universidad Autónoma Metropolitana''.
Argumentos
El 13 de diciembre de 1973, la honorable Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana.
El 17 de diciembre de 1973 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana, la cual entró en vigor a partir del 1 de enero de 1974.
Se dice que ``el establecimiento de esta universidad obedece a dos criterios importantes: el primero, resolver el problema de la alta demanda educativa en la zona metropolitana; y el segundo, poner en práctica nuevas formas de organización académica y administrativa''.
El autor considera que esta universidad, igual que las otras grandes casas de estudios, como la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, merece que su nombre se inscriba en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, como un reconocimiento por su gran aporte a la nación.
Consideraciones
La iniciativa que en este dictamen se analiza cumple los requisitos formales que exige la práctica parlamentaria: se formuló por escrito y se presentó con un título por quien está facultado para iniciar el proceso legislativo, con su nombre y firma; contiene un apartado expositivo de los motivos que la animan; presenta el texto legal que propone; señala la vigencia del decreto; establece la fecha de presentación ante el Pleno, y fue difundida con oportunidad.
La Cámara de Diputados está facultada y tiene competencia para conocer y resolver la iniciativa arriba señalada, de conformidad con lo que establece el segundo párrafo del artículo 70, así como la fracción I del artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es competente para emitir un dictamen respecto a la propuesta, conforme a lo que disponen el artículo 40, párrafo 2, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta comisión dictaminadora reconoce los méritos que tiene la Universidad Autónoma Metropolitana y los aportes que ha brindado a nuestra sociedad, a través de la formación de profesionales en las áreas científica, social y cultural. No obstante ello, estimamos que un reconocimiento de este tipo debería otorgarse en el ámbito local, por ser una institución que presta sus servicios en el Distrito Federal.
Por tratarse de un organismo público de carácter académico, merecería recibir mayores apoyos gubernamentales que le permitan desarrollar con mayor eficacia su labor, así como ampliar su cobertura. De aprobarse la propuesta, que sin duda resultaría loable, poco o nada se aportaría para mejorar el desempeño de sus funciones.
Por lo expuesto, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias propone a esta soberanía el siguiente proyecto de
Acuerdo
Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre ``Universidad Autónoma Metropolitana''.
Segundo. Se archiva el asunto como totalmente concluido.
Así lo acordaron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.
LETRAS DE ORO
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre ``Academia Nacional de Medicina de México''
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LIX Legislatura se turnó la iniciativa enunciada en el encabezado de este documento, por conducto del Presidente de esta Cámara.
La comisión se abocó a su estudio y análisis para la formulación del presente dictamen, de conformidad con lo siguiente
Antecedentes
En la sesión ordinaria del 27 de abril del 2006 el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de la Academia Nacional de Medicina de México, presentada por el diputado José Ángel Córdova Villalobos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. El Presidente determinó que se turnara a esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, número 1990-II, del 19 de abril de 2006.
Contenido
La iniciativa propone que la Cámara de Diputados realice un merecido reconocimiento a la Academia Nacional de Medicina de México, a través de la inscripción con letras de oro de su nombre en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Argumentos
La Academia Nacional de Medicina de México tiene como objetivo promover el estudio, la enseñanza y la investigación en el campo de la medicina, cuyos adelantos recoge, analiza y difunde con el fin de actualizar conocimientos y orientar criterios, tanto de los profesionales de la salud como del público en general.
Durante el periodo de la Revolución, e incluso años después, la Academia tuvo que enfrentar graves problemas y carencias, pero desde los años treinta resurgió y volvió a dominar el ambiente científico-médico de México. Ingresaron nuevos miembros, se consolidó su estructura y expandió sus acciones a todo el ámbito nacional a través de las jornadas médicas, de los congresos y la constante presencia durante 140 años de su órgano oficial: la Gaceta Médica de México.
La labor de todos los integrantes se manifiesta en las actividades médicas del país y en el cumplimiento de los objetivos de la institución relacionados con el progreso de nuestra medicina y la resolución de los problemas de salud en nuestro país.
Consideraciones
La iniciativa que en este dictamen se analiza cumple con los requisitos formales que exige la práctica parlamentaria: se formuló por escrito y se presentó con un título por quien está facultado para iniciar el proceso legislativo, con su nombre y firma; contiene un apartado expositivo de los motivos que la animan; presenta el texto legal que propone; señala la vigencia del decreto; establece la fecha de presentación ante el Pleno y fue difundida con oportunidad.
La Cámara de Diputados está facultada y tiene competencia para conocer y resolver la iniciativa arriba señalada, de conformidad con lo que establece el segundo párrafo del artículo 70, así como la fracción I del artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es competente para emitir un dictamen a la propuesta, conforme a lo que dispone el artículo 40, párrafo 2, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Si bien, la Academia Nacional de Medicina de México realiza una tarea encomiable por el hecho de formar cuadros que se dedican al cuidado de la salud, no se debe perder de vista que con su actividad atiende a un reducido sector de la población estudiantil en nuestro país.
Por otra parte, la Cámara de Diputados aprobó durante las pasadas LVIII y LIX Legislaturas la inscripción con letras de oro en el Muro de Honor de los nombres de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional, por la contribución que ambas instituciones han hecho formando profesionales en ramas como la salud, la educación, la cultura y las artes, entre otras.
Lo anterior se debe a que ambas instituciones aportan más de la mitad de la investigación científica que se realiza en México, atienden a un amplio sector de la sociedad y sus beneficios trascienden por mucho el ámbito estudiantil. La UNAM, así como el IPN, representan el proyecto más ambicioso logrado en la historia de nuestro país para formar a sus profesionistas, académicos, médicos e intelectuales; para promover y realizar la investigación científica y extender la cultura hacia los sectores más amplios de la sociedad.
Esta Comisión dictaminadora, sin soslayar los aportes académicos y científicos de la Academia, considera que poco se aportaría al desarrollo de sus funciones aprobando una propuesta de este tipo.
En todo caso, el estímulo a una institución académica del prestigio con que cuenta la Academia Nacional de Medicina de México debería proporcionarse por medio de apoyos gubernamentales, que contribuyan a fortalecer y ampliar con eficacia sus servicios, por lo que la aprobación de las iniciativa aquí analizada, si bien representaría un merecido homenaje, no resultaría suficiente para el fomento de su labor.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias propone a esta soberanía el siguiente proyecto de
Acuerdo
Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de la Academia Nacional de Medicina de México.
Segundo. Se archiva el asunto como totalmente concluido.
Así lo acordaron los integrantes de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.
LETRAS DE ORO
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dcitamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre ``Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo''
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LIX Legislatura se turnó la iniciativa enunciada en el encabezado de este documento. La comisión se abocó a su estudio y análisis para la formulación del presente dictamen, de conformidad con los siguientes
Antecedentes
En la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del 11 de mayo de 2005 se dio cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre ``Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo'', presentada por el diputado Rafael García Tinajero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Asimismo, determinó que se turnara a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias --entonces Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados número 1753, del 16 de mayo de 2005.
Contenido
La iniciativa propone que la Cámara de Diputados apruebe la inscripción con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre ``Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo''.
Argumentos
Es alma máter de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Es una institución educativa que ha dejado marcado un importante legado a lo largo de la historia de México.
Su importancia no se limita a los ámbitos de lo académico, lo científico o lo cultural; va mucho más allá, al grado de que no podrían comprenderse muchas de las grandes transformaciones de nuestra patria sin tomar en cuenta que en sus aulas se gestaron muchas de las bases ideológicas de movimientos de independencia, reforma y revolución que dieron origen al México de nuestros días.
Consideraciones
La iniciativa que en este dictamen se analiza cumple los requisitos formales que exige la práctica parlamentaria: se formuló por escrito y se presentó con un título por quien está facultado para iniciar el proceso legislativo, con su nombre y firma; contiene un apartado expositivo de los motivos que la animan; presenta el texto legal que propone; señala la vigencia del decreto; establece la fecha de presentación ante el Pleno y fue difundida con oportunidad.
La Cámara de Diputados está facultada y tiene competencia para conocer y resolver la iniciativa arriba señalada, de conformidad con lo que establece el segundo párrafo del artículo 70, así como la fracción I del artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es competente para emitir un dictamen respecto a la propuesta, conforme a lo que disponen el artículo 40, párrafo 2, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Sin demérito de su historia y de los aportes culturales que el Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo ha hecho a nuestra patria, la comisión dictaminadora considera que un reconocimiento de este tipo debería otorgarse en el ámbito local, por ser una institución que presta sus servicios en el estado de Michoacán.
Por tratarse de un organismo público de carácter académico, merecería recibir mayores apoyos gubernamentales que le permitan desarrollar con mayor eficacia su labor. Así, de aprobarse la propuesta que, sin duda resulta loable, poco o nada se aportaría para mejorar el desempeño de sus funciones.
La comisión que dictamina se dio a la tarea de investigar si alguna propuesta de este tipo existía en el Congreso de Michoacán. La información que se obtuvo indica que ya se presentó una iniciativa en el mismo sentido y que tiene muchas probabilidades de aprobarse en fecha próxima.
Por lo expuesto, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias propone a esta soberanía el siguiente proyecto de
Acuerdo
Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre ``Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo''.
Segundo. Se archiva el asunto como totalmente concluido.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.
Se notifica a la asamblea que el punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias por el que se desecha la iniciativa para que se inscriba, con letras de oro, en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros se ha retirado, a petición de la propia comisión.
LETRAS DE ORO
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre ``Academia Mexicana de la Lengua''
Honorable asamblea:
A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LIX Legislatura se le turnó la iniciativa enunciada en el encabezado de este documento, por conducto del presidente de esta Cámara. La comisión se abocó a su estudio y análisis para la formulación del presente dictamen, de conformidad con los siguientes,
Antecedentes
En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, realizada el jueves 30 de marzo de 2005, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta de la iniciativa de decreto para que se inscriba con letras de oro en el muro de honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de la Academia Mexicana de la Lengua, presentada por el diputado José Antonio Cabello Gil, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a nombre de integrantes de las Comisiones de Cultura y de Educación Pública y Servicios Educativos. Asimismo, determinó que se turnara a esta Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, entonces Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, Número 1714-I, del 17 de marzo de 2005.
Contenido
La iniciativa propone inscribir con letras de oro en el muro de honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de la Academia Mexicana de la Lengua, el día 13 de septiembre de 2005, día en el que se conmemoraría el 130 aniversario de la fundación de la academia.
Argumentos
Es preciso enaltecer la gran labor que ha desempeñado la Academia Mexicana de la Lengua en el estudio de la lengua española, en especial las formas peculiares de hablarla y escribirla en México.
Afirma el autor que las actividades y funciones que realiza la Academia Mexicana de la Lengua son vitales en la continua construcción, reconstrucción y preservación de la identidad cultural de México.
Por otro lado, aunque la institución ha recibido importantes apoyos por parte del gobierno, el autor tiene la intención de reconocer la gran labor de una institución tan noble como lo es la Academia Mexicana de la Lengua. Por ello, en ocasión de cumplirse el 11 de septiembre del 2005 el 130 aniversario de la fundación de la academia, propone que en sesión solemne de esta honorable asamblea se celebre dicho aniversario y que se inscriba en letras de oro el nombre de la Academia Mexicana de la Lengua en el muro de honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro.
Consideraciones
La iniciativa que en este dictamen se analiza cumple con los requisitos formales que exige la práctica parlamentaria, se formuló por escrito y se presentó con un título por quien está facultado para iniciar el proceso legislativo, con su nombre y firma; contiene un apartado expositivo de los motivos que la animan; presenta el texto legal que propone; señala la vigencia del decreto; establece la fecha de presentación ante el Pleno y fue difundida con oportunidad.
La Cámara de Diputados está facultada y tiene competencia para conocer y resolver la iniciativa arriba señalada, de conformidad con lo que establece el segundo párrafo del artículo 70, así como la fracción I, del artículo 77, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es competente para emitir un dictamen a la propuesta, conforme a lo que dispone el artículo 40, párrafo 2, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
En efecto, en el año 2005 se cumplieron 130 años de la creación de la Academia Mexicana de la Lengua. Resulta por lo tanto evidente que la propuesta de la iniciativa de realizar la inscripción con letras de oro ha sido rebasada por el tiempo. En tal virtud, es innecesario aprobar en este momento tal propuesta que implicaría un gasto para la Cámara, tomando en consideración que cada inscripción se efectúa en el marco de una sesión solemne.
Esta comisión dictaminadora considera que el reconocimiento a las instituciones que fomentan el desarrollo cultural de nuestro país debería hacerse vía apoyos gubernamentales que contribuyan a fortalecer y ampliar con eficacia sus servicios, por lo que la aprobación de la iniciativa aquí analizada, si bien representaría un merecido homenaje, no resultaría suficiente para el fomento de su labor.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias propone a esta soberanía el siguiente proyecto de
Acuerdo
Primero. Se desecha la iniciativa de decreto para que se inscriba con letras de oro en el muro de honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de la Academia Mexicana de la Lengua.
Segundo. Se archiva el asunto como totalmente concluido.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobados los puntos de acuerdo de los que se ha dado cuenta. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos. Continúe.
LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS - REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LX Legislatura le fue turnada la iniciativa enunciada en el encabezado.
Esta comisión, se abocó a su estudio y análisis para la elaboración del presente dictamen, de conformidad con los siguientes:
Antecedentes
El 7 de diciembre de 2006, durante la sesión ordinaria celebrada ese día, la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa que nos ocupa. Esta fue publicada en la Gaceta Parlamentaria Número 2147-I, de esa misma fecha.
En esa sesión, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados la turnó a esta comisión.
Contenido de la iniciativa
El problema planteado es la percepción adversa que tiene la opinión pública respecto del trabajo legislativo de la Cámara de Diputados.
La causa a la que se atribuye este problema es que el orden del día de las sesiones, enumera una gran cantidad de comunicaciones, iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo, que complican dar la atención necesaria a cada uno de los asuntos con lo que se demerita la calidad de la función legislativa.
La propuesta de solución que se sugiere, es adicionar la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de establecer la ampliación de los días en que se tienen las sesiones ordinarias y la modificación de la hora que actualmente se señala en el Reglamento para iniciar las sesiones por regla general.
Consideraciones
La Cámara está facultada para conocer y resolver la presente iniciativa de conformidad con lo que establecen los artículos 70, segundo párrafo y 72, letra F, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Corresponde a esta comisión conocer, analizar y dictaminar esta iniciativa conforme lo estipulan el artículo 40, párrafo 2, inciso b) y 45 párrafo 6, incisos e) y f) y párrafo 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La iniciativa cumple con los requisitos que la práctica parlamentaria ha habituado.
Efectivamente, la opinión y el nivel de confiabilidad del ciudadano con respecto a los legisladores no les son favorables a éstos.
Como se dice en la iniciativa, esta circunstancia tiene que ver con la idea de que el trabajo legislativo se mide en cantidades y consecuentemente al haber un embotellamiento de propuestas en el Pleno y muy pocos decretos, se tiene la impresión de que no se trabaja; pero no es ni la única circunstancia que propicia esto ni la determinante.
Otros componentes del problema son el hecho de que, en general, la población tiene una expectativa en los legisladores que no se apega a la realidad; el hecho de que el Poder Legislativo no cuenta con las suficientes facultades como para incidir en el entorno inmediato del elector; el hecho de que el diputado es una persona con una vinculación más cercana e inmediata con sus representados y por tanto es más proclive al reproche; el hecho de que la mayoría de las personas desconocen las otras funciones legislativas como las de representación, de control político, de conducción en materia económica, de intervención en designaciones y algunas más, inmensurables en términos cuantitativos, que no se han difundido suficientemente; el hecho de que en la memoria tienden a quedar más las notas sensacionalistas y los escándalos de los integrantes de las cámaras que los logros y alcances de las mismas; y algunos otros hechos más que sería extenso numerar.
Como se ve, el problema planteado resulta multifactorial y las propuestas de solución parciales aportan poco a su solución, por lo que la modificación planteada, por sí misma, difícilmente revertirá el problema planteado.
La reforma al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, planteado en la iniciativa, enfrenta un obstáculo técnico jurídico difícil de resolver. El Reglamento, que data del 20 de marzo de 1934, en aquel entonces, el Congreso tenía la facultad para crearlo en la fracción XXII del artículo 73 de la propia Constitución. Y ese texto se encontraba dispuesto desde 1917; sin embargo, la reforma política de 1977, modificó el diseño jurídico institucional, sustituyendo al Reglamento por una Ley Orgánica. En tal razón se suprimió la facultad constitucional del Congreso de crear su propio Reglamento, la facultad constitucional del Congreso para crear su ley (artículo 70) y se dispuso en la propia Ley Orgánica el compromiso de crear los Reglamentos de cada una de las Cámaras como pasos tendientes a la extinción de las normas que en esta materia contuvo el Reglamento.
Al quedar eliminada esta facultad del Congreso de crear su propio reglamento, se eliminó la base jurídica que posibilitaba las reformas al mismo por lo que cualquier modificación al reglamento hecha después de esa reforma, si no puede calificarse categóricamente de inconstitucional, cuando menos, cierne sobre si la duda de la conculcación del principio de legalidad constitucional que se desprende de los artículos 14, 16 y 124 de la Carta Magna, según el cual, los órganos de poder no pueden ejercer sino las facultades conferidas expresamente.
Esa es una de las razones por las cuales se ha evitado hacer modificaciones al Reglamento y recurrir --cuando menos en la Cámara de Diputados--, a emitir acuerdos parlamentarios para regular algunos aspectos de la vida camaral cuya realidad rebasó las normas del Reglamento.
Conviene recordar que el 13 de abril de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Reforma del Estado que establece un proceso para revisar y adecuar el diseño institucional del régimen político mexicano dentro del lapso de un año.
Sobra aclarar que en este tenor, se revisarán diversos aspectos de organización de las Cámaras como el número de los integrantes, las funciones, el número e integración de las comisiones, sus facultades y muchos otros cuya adecuación obligará a revisar y actualizar los procedimientos internos en cada Cámara.
Por lo anterior, establecer una modificación como la propuesta considerando sólo los elementos del sistema institucional actual, resultaría un trabajo efímero y poco productivo.
Conforme a la ley citada, habrá una etapa de construcción de acuerdos en la que los legisladores podrán aportar sus ideas y conciliarlas para efectos de lograr consensos y en ella cada representación política recogerá las ideas de sus respectivos partidos. Por ello, proponemos desechar la iniciativa que nos ocupa sin demérito de que las ideas en ella contenidas puedan ser consideradas en este proceso.
En razón de lo antes expuesto y fundado, los diputados integrantes de esta comisión que hoy dictamina, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:
Acuerdo
Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 28 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que presentara la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 7 de diciembre de 2006.
Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el punto de acuerdo. Se han registrado de manera previa para hablar en contra del dictamen la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD, y para hablar a favor el diputado Carlos Chaurand Arzate, del Grupo Parlamentario del PRI, por lo que se le concede el uso de la palabra a la diputada Aleida Alavez, Ruiz hasta por tres minutos.
La diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados:Esta iniciativa lo que pretende es que, ante el rezago en el trabajo legislativo, los más de 170 puntos enlistados que no podemos desahogar y que se han vuelto una carga en la falta de debate político, la falta de atención a los puntos de acuerdo y que en cada sesión tenemos que agotar a las tres o cuatro de la tarde el orden del día y luego convertir esto en un rezago que vamos a heredar a la próxima legislatura, se propuso ampliar las sesiones de este pleno para el miércoles; que sesionemos martes, miércoles y jueves, de tal forma que agotemos los puntos enlistados en el orden del día y que, además, también abramos el debate político.
Éste es el espacio en el que tenemos que procurar revisar los temas nacionales. Lamentablemente no se ha hecho. Tenemos un rezago muy importante. Tenemos que, también, asumir esto como una acción pública en donde atendamos esta parte en la que a los diputados se nos ubica igual que a los policías por la pereza en el trabajo que realizamos.
Qué bueno, sabiendo que hay otros poderes, como el caso de la Suprema Corte de Justicia que sesionan diario, precisamente para atender en debate todo el rezago que tienen. Que también nosotros, como legisladores, nos hagamos cargo de esta atención que debemos dar, no solamente a iniciativas sino a puntos de acuerdo que lamentablemente quedan en el tintero y que al irse rezagando pierden vigencia, pierden esa forma de ser atendidos de manera más puntual.
Además, de que en el dictamen se fundamenta, con un párrafo que a mí me llama mucho la atención, en el sentido de que esta propuesta será retomada en la discusión de la reforma del Estado. ¿Por qué si va a ser retomada en la discusión de la reforma del Estado ahora se desecha para tomarla como una propuesta totalmente inaceptable y que se esté argumentando de esa forma el desecho de esta iniciativa?
Por lo anterior, yo considero que necesitaríamos entonces que esta iniciativa se vaya a ese temario de la reforma del Estado, que los diputados que vayan a entrar o demos la discusión en ese ámbito, también asumamos que esa propuesta lo que pretende es eliminar ese rezago.
Son 170 puntos de acuerdo, 48 iniciativas. En el primer año tenemos una presentación de 703, de las cuales solamente se han aprobado 55 y se han negado 199. Todo lo demás está en rezago, está en pendiente. Además, de que esto no tiene que ver con que aquí agotemos lo que corresponde a comisiones.
En comisiones son los dictámenes, efectivamente, pero aquí es el debate político. Yo creo que es necesario que lo abramos no solamente los días martes y jueves, sino también los días miércoles.
Por lo anterior, yo considero que no procede el dictamen que ahora se nos presenta.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Aleida Alavez. Se le concede ahora el uso de la palabra al diputado Carlos Chaurand Arzate, hasta por tres minutos.
El diputado Carlos Chaurand Arzate: Con su permiso, señor Presidente. Estimadas compañeras y estimados compañeros, vengo a pedir el voto afirmativo al dictamen que se discute por las siguientes razones, que añado a las vertidas en la exposición de motivos del propio dictamen, y a la complejidad jurídica que en el mismo se reseña.En primer término, no desconocemos la bondad de la iniciativa. En la comisión la discutimos ampliamente. Creemos que tenemos que dar pasos hacia delante para poder solventar el problema que tenemos de nuestro rezago legislativo, no únicamente de los puntos de acuerdo y las iniciativas que están rezagadas en este pleno, sino de todo el rezago en comisiones.
Una gran discusión se ha dado en torno de si tenemos que aumentar los días de periodos de sesiones, si tenemos que aumentar los periodos de sesiones, si debemos actuar en las dos vías, si tenemos que reglamentar y obligar a un mayor trabajo en comisiones, si tenemos la posibilidad de que en las comisiones a la segunda convocatoria pueda actuarse sin necesidad del quórum que hasta la fecha existe, en fin. Es un problema que creemos que debe ser visto de manera integral.
Al respecto he de manifestarles que tanto la Junta de Coordinación Política como la Mesa Directiva y, obviamente, la Conferencia para la Dirección de los Trabajos Legislativos están haciendo un esfuerzo de consensuar una serie de normas de carácter interno a través del acuerdo que es la vía que tenemos para suplir estas deficiencias, ya sea de la ley o del reglamento, o más aún, para apresurar la posible solución y no culminar el proceso legislativo única y exclusivamente para este tema, y que espero que se esté socializando en los grupos parlamentarios, y que al final esto pudiera ya presentarse a la consideración del pleno.
En cuanto al punto concreto, nosotros creemos que en la mesa para la reforma del Estado, en la subcomisión redactora para el fortalecimiento del Poder Legislativo, hemos estado tocando estos temas, y que creemos que el escenario ideal sería ir a una serie de reformas constitucionales para posteriormente proceder a una nueva ley del Congreso, y a la posibilidad de que ambas Cámaras puedan tener su propio reglamento...
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Permítame, diputado. ¿Con qué objeto, diputada Aleida Alavez? Sonido a la curul de la diputada Alavez, por favor.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Gracias, diputado Presidente. Es precisamente para saber si me acepta una pregunta el diputado que está en el uso de la palabra.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Diputado Chaurand, ¿acepta usted una pregunta de la diputada Aleida Alavez?
El diputado Carlos Chaurand Arzate: Si usted la acepta en los términos parlamentarios, yo con mucho gusto, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Sí la acepta entonces. Adelante, diputada Alavez.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Gracias. Diputado, es una inquietud. Los fundamentos del dictamen precisamente datan de que esto está a discusión, de que no está rechazada la propuesta. Entonces, ¿por qué no mejor regresar a comisiones esta iniciativa, y una vez que hayan revisado de manera integral toda esta revisión que están haciendo de la Ley Orgánica, ahí se dictamine esta propuesta?El diputado Carlos Chaurand Arzate: Con mucho gusto le doy respuesta. En primer lugar, tenemos término para la dictaminación y hemos convenido en principio que nos llevaría todavía algún tiempo poder analizar la reforma constitucional. Por una primera parte.
Por otra segunda parte, le explicaba yo a la asamblea que es necesario verlo integralmente, o sea, no únicamente en cuanto a que si vamos a aumentar el número de sesiones, sino también si vamos a aumentar el número de meses de los periodos, sobre todo del segundo periodo ordinario de sesiones.
Si vamos a dejar, si vale la pena dejarlo en ley o si es una materia de reglamento, pero que entendamos que en este momento no podremos nosotros ir haciendo una serie de adecuaciones a nuestro Reglamento, toda vez que la intencionalidad de las reformas a la Ley Orgánica y al propio Reglamento que se han hecho, nos han llevado a que tengamos el compromiso ---que desafortunadamente no se ha hecho--- de que cada Cámara tenga su propio reglamento.
Ahorita le contesto todas las preguntas que quiera, diputada, nada más permítame terminar.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Diputado, ¿ha respondido usted o todavía no ha concluido su respuesta?
El diputado Carlos Chaurand Arzate: No, Presidente. Yo le comunico.
En este sentido, creo, estoy convencido de que no podemos ahorita efectuar o tener un reglamento exclusivo para la Cámara de los Diputados, si no media reforma constitucional que así lo posibilite. Hemos estado en pláticas con la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias del Senado de la República, y concretamente, con el responsable del grupo de trabajo, el senador Arturo Núñez, precisamente para poder establecer ese mínimo de reformas constitucionales que requerimos para tener reglamentos acordes con esta nueva realidad de cada una de las Cámaras.
Amén de lo anterior, huelga decirle que el día de hoy tenemos una reunión las mesas directivas de las Comisiones de Puntos Constitucionales, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para ir definiendo estas reformas constitucionales y la necesidad de acelerar algunas de ellas, como bien podría ser la posibilidad de que cada una de las Cámaras tenga su Reglamento.
Recapitulo, diputada, para ver si puedo ser aún más preciso.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Permítame, diputado. ¿Ha dado usted respuesta a la pregunta de la diputada Alavez?
El diputado Carlos Chaurand Arzate: Sí, señor Presidente.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: ¿Con qué objeto, diputado Tonatiuh Bravo?
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Gracias, Presidente. Con el propósito de que le pregunte al orador si acepta una pregunta.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Diputado Chaurand.
El diputado Carlos Chaurand Arzate: Claro.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Sí la acepta. Adelante, diputado Tonatiuh Bravo.
El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Le agradezco, Presidente. Le agradezco al diputado por haberlo aceptado. La inquietud es muy sencilla, como presidente de la comisión, usted, diputado, podría hacer suya la propuesta de que regresara a comisión. Regresar a comisión no es ningún problema desde el punto de vista de trámite legislativo. En virtud de que están vivos los contenidos de la misma, pudiera ser objeto de dictaminación junto con todo lo demás que se está revisando del Reglamento y de la Ley Orgánica.Pedirle respetuosamente y preguntarle si aceptaría, como presidente, esta moción del Grupo Parlamentario del PRD, en el sentido de que sólo ésta se regresara a comisión para que fuera considerada en lo demás que están dictaminando. Es cuanto, Presidente. Gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Puede usted responder.
El diputado Carlos Chaurand Arzate: Diputado Bravo, es una decisión que no podría tomar yo en mi carácter de presidente de manera unilateral; tendría que hacer la consulta con la mesa directiva. Por lo menos creo que es lo que en este caso debería de hacerse.
Yo tuve la oportunidad de platicar con el secretario de la mesa directiva de su grupo parlamentario, a efecto de que viéramos la posibilidad de platicar con la iniciante y de discutir algunas cosas, a lo que a mí se me informó en ese momento que no era necesario. A sorpresa mía, posteriormente veo que no se quiso la plática que pudiéramos tener a ver si llegábamos a un punto de entendimiento y de convencimiento.
Pero le vuelvo a repetir, no es una cuestión que tengamos en este momento ---yo en lo personal--- posibilidades de hacer.
Creo que va a tocarse el tema de la reforma del Estado y, en concreto, de la mesa de trabajo de la subcomisión revisora en cuanto al fortalecimiento del Poder Legislativo, y que tendrá que tocarse en todos los aspectos que aquí hemos venido diciendo, diputado Bravo Padilla. Lo que yo ----en lo personal---- considero es que debe de ser una reforma reglamentaria y aquí estamos hablando de una reforma a Ley Orgánica.
En primer lugar, yo también considero que la Ley Orgánica que ahorita tenemos ha quedado rebasada y que ya no debe de ser una ley orgánica, que debe de ser una ley del Congreso, precisamente para tocar algunos puntos que no están contemplados en la organización y funcionamiento de los órganos de dirección del Congreso de la Unión.
Pero en fin, eso será motivo de algunas opiniones y de algunos estudios. El mismo Centro de Estudios de Derecho Parlamentario ha establecido, nos ha recomendado, que no es la vía de solución para estos problemas, amén de que el problema que tenemos pueda ser resuelto de manera pronta a través del acuerdo que están preparando la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y la Conferencia para los Trabajos Legislativos.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Permítame un segundo, diputado. ¿Con qué objeto, diputada Aleida Alavez?
La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): Gracias, diputado Presidente. Es para pedir el uso de la palabra en términos del artículo 100 del Reglamento.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se ha inscrito de manera previa, para hablar en contra del dictamen, el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez. Con todo gusto, después de que haga uso de la palabra el diputado Sandoval.
¿Ha concluido usted, diputado Chaurand?
El diputado Carlos Chaurand Arzate: Nada más resta decirle al diputado Bravo que ---en lo personal--- no tengo ningún inconveniente y si los secretarios de la mesa directiva de la Comisión estuvieran de acuerdo en que por lograr un consenso y en la búsqueda de mayor entendimiento pudiéramos retirarla, yo no tengo ese inconveniente, diputado Bravo.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: ¿Ha concluido, diputado Chaurand?
El diputado Carlos Chaurand Arzate: Sí, señor Presidente, concluí.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: A ver, diputado Sandoval, ¿con qué objeto? Permítame que le den sonido a su curul, para que todos podamos escucharlo.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez (desde la curul): El diputado Chaurand ha propuesto hacer una rápida consulta para ver si hay consenso con los secretarios de la comisión, lo cual es correcto. Y entonces ya nos ahorraríamos las siguientes intervenciones.Creo que él ha dado una solución. Hagamos una moción suspensiva de unos minutos para que el diputado Chaurand pueda hacer esa consulta.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: ¿Podría concretar su propuesta, diputado Chaurand?
El diputado Carlos Chaurand Arzate: Con mucho gusto, señor Presidente. Yo en un minuto podría hacer la consulta con mis compañeros secretarios de la comisión, a ver cuál es su opinión.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Considera usted que lo propio sería que este dictamen lo presentáramos hoy mismo o la próxima sesión, para que usted pueda hacer la consulta pertinente.
El diputado Carlos Chaurand Arzate: Sería preferible que lo difiriéramos para la próxima sesión y que la comisión le diera la respuesta por escrito.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Estaríamos entonces, a nombre del presidente de la comisión, retirando de esta sesión este dictamen para que se hagan las consultas pertinentes y entonces no someterlo a votación en esta sesión. Muchas gracias, diputado Chaurand.
El diputado Carlos Chaurand Arzate: Gracias a usted. Gracias a la asamblea.
ESTADO DE OAXACA
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: En consecuencia, y siguiendo el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, pasaríamos al punto relativo a agenda política.
Se ha registrado el asunto relativo al proceso electoral en el estado de Oaxaca, a cargo de los grupos parlamentarios y para ello se han registrado los diputados Delio Hernández Valadés, del Grupo de Alternativa; el diputado Joaquín Humberto Vela González, del PT; Alberto Esteva Salinas, de Convergencia; el diputado Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del PRI; el diputado Carlos Altamirano Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD; y la diputada Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN.
En consecuencia, se le concede el uso de la palabra al diputado Delio Hernández Valadés, del Grupo Parlamentario de Alternativa, hasta por ocho minutos.
Si me permite un minuto el orador. Queremos saludar a los estudiantes de la Universidad Quetzatcóatl, de la ciudad de Moroleón, Guanajuato, que han sido invitados por el diputado federal Artemio Torres Gómez . Bienvenidos.
El diputado Delio Hernández Valadés: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a esta tribuna a señalar enfáticamente el malestar en marca del posicionamiento del Grupo Parlamentario Alternativa, ante las elecciones de este fin de semana en Oaxaca.Malestar por la situación histórica de injusticia que viven los oaxaqueños y por la deplorable calidad de la elección de la que fuimos testigos. Partiendo del reconocimiento de que la democracia no es un estado fijo ni un lugar sino un proceso. En México podemos señalar con gran satisfacción el avance que la democracia ha tenido en los últimos años en nuestro país.
Tenemos indicadores que nos permiten visualizar una incipiente pero real transición democrática. Institutos federal y estatales electorales autónomos, ruptura de la hegemonía de un solo partido en el poder, poderes Legislativos, federal y estatales más plurales, partidos políticos emergentes y una reciente reforma electoral que establece reglas nuevas ---que redundarán en una más responsable utilización del dinero en las campañas políticas--- dan cuenta como nunca antes en la historia moderna de que en nuestro país hemos avanzado hacia el Estado democrático que queremos ser.
No obstante, a la par que contamos con tales logros, paralelamente tenemos que bregar con grupos o personas cuyas conductas ponen en riesgo lo alcanzado. Tal es el caso de la reproducción de prácticas de la vieja política que en no pocas ocasiones han traído como consecuencia elecciones poco confiables y resultados alterados a favor de un grupo asentado en el poder.
Aún más, contar con las instancias jurisdiccionales para recurrir ante eventuales inconformidades ha traído como consecuencia la judicialización de los procesos electorales. Hace ya más de un año que la sociedad oaxaqueña inició una serie de manifestaciones de repudio al gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz. Muchos de los actos derivados de dichas manifestaciones han desencadenado incluso serios brotes de violencia en donde no puedo dejar de señalarlo, mujeres y niñas han sido objeto de abusos, y decenas de personas han visto violentados sus derechos humanos.
Hasta este momento, tal parece que el gobernador de Oaxaca vive en un mundo aparte en donde no se da por aludido y todas sus declaraciones además de timoratas e intrascendentes, señalan cosas tales como que se negocian acuerdos para resolver el conflicto, como si él mismo nada tuviese con ver con él y su mal desempeño como gobernante.
Las elecciones de este fin de semana en esta entidad dan cuenta de lo que he señalado anteriormente. La conducta del gobernador pone en grave riesgo los avances democráticos del Estado mexicano, porque el gobernador prácticamente ha hecho caso omiso de los reclamos sociales que le exigieron en varias ocasiones su renuncia. Aún más, tampoco nuestra legislación ha ofrecido un respaldo a ese pueblo con el que históricamente México tiene deudas sociales de la mayor envergadura.
En este escenario de conflicto social y de falta absoluta de resolución a las demandas sociales que subyacen al conflicto magisterial popular, curiosamente los resultados de la elección del domingo pasado le dan nuevamente al PRI-gobierno, un triunfo contundente.
En un estado de evidente inconformidad social con el partido gobernante, es un contrasentido que sea precisamente tal partido el que obtenga el triunfo. No nos corresponde calificar la elección ni es nuestro papel colocarnos en este sitio, pero tampoco nos pueden pedir que nos callemos ante la evidencia.
Hace apenas unas cuantas semanas, en el proceso electoral anterior, también el PRI-gobierno, recurriendo a la elección de Estado se llevó carro completo en la elección de diputados locales.
En Alternativa Socialdemócrata denunciamos desde esta tribuna lo que ahora señalamos como un hecho en el mes de diciembre del año pasado, cuando presentamos un punto de acuerdo para pedir que la Policía Federal Preventiva y la Policía Ministerial de Oaxaca enviasen un informe del estado físico en que se encontraban las personas detenidas, en especial las mujeres, por motivo del conflicto de Oaxaca.
Finalmente, queremos hacer un llamado para que se incluyan en nuestra Constitución las figuras como iniciativa popular, referéndum y revocación de mandato. Estamos seguros de que si a Ulises Ruiz el año pasado se le hubiese aplicado la revocación del mandato, desde hace muchos meses estuviera fuera del gobierno del estado. Es cuanto.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Delio Hernández Valadés. Se le concede ahora el uso de la palabra al diputado Joaquín Humberto Vela González, hasta por ocho minutos.
El diputado Joaquín Humberto Vela González: Gracias, señor Presidente.En las elecciones de Oaxaca destaca una particularmente importante, que es precisamente la de la ciudad capital.
En Oaxaca, capital, el Partido del Trabajo hizo alianza de hecho con los compañeros de Convergencia. En consecuencia, nuestro candidato a presidente municipal es y fue Humberto López Lena.
Humberto López Lena fue un candidato, sin duda, el mejor para la presidencia municipal de Oaxaca, y tuvimos un proceso que se caracterizó por injerencias permanentes de parte del Estado.
Hay una consideración particular por esta elección, porque la participación del Estado obviamente estaba centrada principalmente en tratar de oponerse a que hubiera un triunfo de la oposición en la ciudad de Oaxaca.
No es la primera vez que Convergencia ganaría la capital de Oaxaca. Ya hace seis años Convergencia triunfó y en consecuencia, era un candidato que tenían que estar permanentemente golpeteando para poder impedir que él triunfara.
Hay un dato que es totalmente significativo. La elección arroja cerca de 30 mil votos para la candidatura de Convergencia, de Humberto López Lena, que como les mencionaba, estuvo apoyado todo el proceso por el Partido del Trabajo.
En ocasiones anteriores, para poder ganar la ciudad capital se requerían cerca de 26 mil votos, ahora Humberto López Lena obtiene cerca de 30 mil, y para poder ganarle tuvieron que hacer movimientos de todo tipo y aumentar la votación, en este caso, del candidato del PRI arriba de 33 mil votos. Es algo que no resulta creíble.
Existe una evidencia de que en días recientes hubo un acto político cerca de la ciudad de Oaxaca, donde el señor gobernador del estado de Oaxaca estuvo realizando proselitismo a favor del candidato del PRI.
Existe y así fue entregado en las oficinas de campaña del candidato López Lena, una grabación de este evento político que, además, es un evento político que tenía que ser público, si hubo como tal evento político, pues tenía que ser público. No fue ninguna grabación de que se interfiriera o se lograra por métodos no legales; fue un acto político que existió y que, como tal, entiendo que fue público.
En él se señalan acciones políticas instrumentadas por el propio gobierno del estado para tratar de impedir el triunfo de nuestro candidato Humberto López Lena.
Es importante que se analice este hecho porque en la Ley Electoral de Oaxaca está claramente establecido, en la parte de sanciones, que intervenciones de este tipo tienen una implicación directa.
Nosotros vinimos a esta tribuna a solidarizarnos con nuestro candidato, Humberto López Lena, y a señalar todo el apoyo que como partido político tenemos para poder apoyarlo en su demanda de que todas las irregularidades que se detectaron pudieran ser investigadas y, en su caso, de proceder pudiera efectivamente anularse la elección para poder plantear unas elecciones transparentes y claras.
Es entonces evidente, subimos a esta tribuna a dar todo el apoyo a nuestro candidato en alianza, en la ciudad de Oaxaca, Humberto López Lena, y a solidarizarnos con todas las peticiones que ellos estén expresando. Muchas gracias.
Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Joaquín Humberto Vela González. Tiene el uso de la palabra el diputado Alberto Esteva Salinas, del Grupo Parlamentario de Convergencia, por favor.
El diputado Alberto Esteva Salinas: Con su permiso señora Presidenta. Causa asombro la ausencia del PRIAN en esta asamblea. Y bueno, es que no es un tema menor.Hace algunos días efectivamente hubo elecciones en Oaxaca. Y estas elecciones, vergonzosamente para los oaxaqueños, con la intromisión del Ejecutivo del estado y sus colaboradores ensuciaron el proceso y evidenciaron aún más al Instituto Estatal Electoral, que siempre ha sido un apéndice del gobierno del estado.
Por cierto, las irregularidades son múltiples. No únicamente nos referimos al tema de la intromisión del Ejecutivo en una actitud de promoción directa de los candidatos del PRI, sino también al desvío de recursos financieros, de recursos materiales, de recursos humanos.
A miles de oaxaqueños les queda muy claro que el candidato ganador en el municipio de la capital de Oaxaca es Humberto López Lira, quien por cierto fue blanco de ataques poco antes de iniciar el proceso formal, durante el proceso formal y sigue siendo blanco de ataques en este momento. Su domicilio fue asaltado, sin que hasta el momento haya ningún avance en las investigaciones. ¿Qué de raro tiene esto en Oaxaca? Absolutamente nada.
También fue agredido por integrantes de la planilla del candidato del PRI y protegidos estos vándalos electorales y políticos por las propias corporaciones policíacas del estado y del municipio de la capital de nuestra entidad en el sur del país.
Por eso es que a plena luz del día nosotros tenemos todos los elementos para ir en la vía legal a impugnar este proceso. Pero además decir con claridad que esa acción de destruir propaganda, de denostar al adversario político, de pintarrajear todo el centro histórico y la colonias y las agencias de Oaxaca, denostando y atentando en contra del patrimonio de todos los mexicanos es signo de los priistas de esa vieja guardia que no entienden todavía que llegó el momento de la democracia en nuestro país.
La mayoría de medios de comunicación en el estado se uniformaron, entregados a los intereses del gobierno en turno, acoplándose a una estrategia para minimizar la presencia y el crecimiento de los partidos del Trabajo y Convergencia y de su candidato Humberto López Lena.
Porque hay que decirlo: Humberto López Lena representa, en este caso, en esta elección en el municipio de Oaxaca, a la verdadera oposición al gobierno y a las alianzas que... yo coincido con algunos panistas decentes de talla nacional.
Pero los panistas que están en Oaxaca desafortunadamente son empleados de Ulises Ruiz Ortiz y de quien lo antecedió en el cargo. Por cierto, esos candidatos y esas campañas fueron financiadas con dinero del Congreso local y hay muchas pruebas al respecto.
El gobierno del estado quiso confundir siempre a la opinión pública y siempre en esa campaña mediática manejó a la planilla de Humberto López Lena, impulsada y apoyada por el Partido del Trabajo y Convergencia, como una planilla en un cuarto lugar.
Hoy está demostrado que no solamente remontó la votación histórica del PRI, sino que sacó la mayo votación histórica que haya tenido candidato alguno de ningún partido político.
Por eso tenemos confianza en que el proceso electoral en su momento será revisado en la última instancia que es el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y no tenemos duda que se va a declarar la nulidad del proceso porque existen todos los elementos para que así sea.
Así que en este sentido habrá un nuevo proceso electoral en la capital del estado, no nos queda la menor duda. Y ahí vamos a acreditar nuevamente que Humberto López Lena es ya el presidente municipal en la capital del estado de Oaxaca.
Resulta totalmente inverosímil que el PRI tenga un triunfo por la vía del fraude, acreditándose votos que no obtuvo y acreditándose en operativos, lo que a nosotros hoy, con todas las pruebas que se están dando a conocer en los medios de comunicación, nos da la confianza de que habrá de resolverse en el tribunal favorablemente para la anulación y para la reposición del procedimiento.
La elección habrá de revisarse, y por el bien de México y de los oaxaqueños, este proceso, insistimos, debe repetirse.
Para Convergencia existen evidencias claras de la intromisión del Ejecutivo local. Todo el aparato de gobierno se volcó en el proceso. Funcionarios públicos del primero al cuarto nivel fueron obligados a promover el voto a favor del PRI, obteniendo para ello, en horarios de trabajo, la dispensa para abandonar sus labores de oficina durante más de cinco meses. Tanto el proceso de agosto como este proceso así fueron operados.
Estamos convencidos de que el desvío de recursos públicos, la compra de credenciales, la irrupción de supuestos grupos armados, la amenaza permanente en contra del comercio organizado, así como a familiares de funcionarios y prestadores de servicios fue parte de la ruta que siguieron para inhibir la votación, lo que afortunadamente no fue logrado por el gobierno del estado.
La sociedad salió de forma copiosa a participar y lo que ellos diseñaron no fue lo contundente para convencer a todo el país de que el PRI ganó ese proceso.
En Oaxaca siguen pendientes los agravios, y como lo señaló un ministro de la Suprema Corte hace unos meses, el estado sigue ardiendo internamente. Miles de oaxaqueños están decididos a defender sus sufragios, por lo que el Grupo Parlamentario de Convergencia, nuestro partido político, subraya, actuará con toda responsabilidad en el estado de Oaxaca, en el marco de la ley, convencidos de que nos asiste la razón y que afortunadamente otras instancias federales electorales han dado muestras de otros procesos locales cuestionados, resolviendo apegados a la ley.
Ya esta denuncia fue presentada ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y es cuestión de tiempo.
Ahora no nos queda duda de que quizá a la elección en el estado de Oaxaca también se le debió haber puesto un chip, como en Berlín a un corredor priista, porque nos queda de manifiesto que son los representantes de la cultura del fraude y de las tramposadas electorales en nuestro país. Es cuanto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Alberto Esteva Salinas. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Jorge Toledo Luis: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el proceso electoral del estado de Oaxaca fue un proceso apegado a derecho y contó con una amplia participación de la ciudadanía.De las 2 mil 889 casillas fueron instaladas 99.5 por ciento. Hubo una participación electoral de 54.63 por ciento en esta contienda. Estuvieron más de 20 mil funcionarios de casilla atentos al proceso de Oaxaca. Hubo mil 500 observadores atentos al proceso de Oaxaca y el domingo los oaxaqueños vivimos una etapa y un proceso tranquilo, sin incidentes en todo el estado de Oaxaca.
Nos preocupa que el clima de concordia que se ha venido construyendo en Oaxaca se vea ensombrecido por disputas postelectorales sin fundamento legal ni destino político.
Como pareciera que el tema central de este debate es la ciudad de Oaxaca, quisiera darles algunos datos. Durante la etapa de preparación, en la jornada electoral, no hubo ninguna impugnación por parte de los distintos partidos políticos. Durante la jornada electoral en la capital no existieron impugnaciones mayores en la casilla, incluso, no existe ni un solo escrito de protesta que pudiera justificar la interposición de los recursos de inconformidad. Todos los partidos contendientes acreditaron representantes en todas y cada una de las 350 casillas que se instalaron.
El día de la jornada electoral, en la ciudad de Oaxaca hubo 200 observadores electorales. Quiero decirles que por parte del partido que me antecedió en la palabra no existe ninguna impugnación por escrito ni previa ni durante la jornada electoral.
Comentan de procesos que se van a presentar impugnaciones. Creo que es la vía legal que se puedan presentar ante las instancias que se tienen que hacer, y si hubiera alguna definición de los órganos electorales del tribunal, los priistas vamos a ser respetuosos de ese dictamen para poder enfrentar los que se tengan que enfrentar y si hubiera que repetir las elecciones, queremos decirles, volveremos a ganar.
Es raro que en el caso de Tehuantepec y Loma Bonita, en donde el resultado nos fue adverso, respetamos esos resultados y no estamos en una situación de confrontación en esas situaciones.
En la democracia, compañeros diputados, compañeras diputadas, el mejor juicio es el de las urnas y ése se vio reflejado el día domingo. La sociedad nos ha respaldado. Sí, hemos triunfado porque fuimos propositivos, porque velamos porque a Oaxaca le vaya mejor.
Es tiempo de construir un futuro mejor para Oaxaca y se requiere de todos, de la participación activa de cada uno de nosotros. Oaxaca requiere de ciudadanos y dirigentes comprometidos con sus necesidades. Abolir la pobreza y la marginación no es tarea fácil, pero debemos hacerlo todos anteponiendo Oaxaca a los intereses personales o de partido.
Yo quiero invitarlos a que podamos construir un Oaxaca del futuro, a que podamos construir el Oaxaca que pueda estar a la altura de las deficiencias y a la altura de las grandes necesidades que tiene nuestro estado. Nosotros no estamos ni hemos asumido una actitud triunfalista, sino una actitud de compromiso.
Estamos resueltos a cumplir, sin dilaciones, las exigencias de todos y cada uno de los oaxaqueños. Vivimos un proceso tranquilo, en paz.
Yo quisiera decirles, a todos, que revisemos sí el proceso que vivió Oaxaca, también los procesos internos de los partidos, que me parece que tenemos que estar autocríticos para poder definir la ruta que tenemos que plantear al interior de cada uno de los partidos de la cual nosotros somos respetuosos.
Oaxaca está en paz. Tuvimos un proceso tranquilo, tuvimos un proceso en paz. Vamos juntos. Yo los invito a que vayamos juntos al Oaxaca que todos queremos. Muchas gracias.
El diputado Othón Cuevas Córdova (desde la curul): Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí. ¿Con qué objeto, diputado? Diputado Othón. Le dan sonido, por favor, a la curul.
El diputado Othón Cuevas Córdova (desde la curul): Ya. Si me acepta el ponente ---yo solicité mi palabra cuando él todavía estaba en tribuna--- una pregunta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Acepta usted, diputado, una pregunta.
El diputado Jorge Toledo Luis: Si la acepto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Acepta una pregunta el diputado. Adelante, diputado Othón.
El diputado Othón Cuevas Córdova (desde la curul): Diputado Toledo, quisiera que usted nos externara una opinión respecto a la grabación que se hizo pública, en donde Ulises Ruiz instruía a los funcionarios del gobierno del estado a apoyar, en ese caso, al candidato de su partido.La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.
El diputado Jorge Toledo Luis: Sí, con todo gusto. Quiero decirte que es una reunión privada, no es una pública ---lo quiero aclarar---, y quienes hicieron públicas esas situaciones son gente que se metió en las radiodifusoras de los candidatos que tuvieron ahí a bien hacerlo. No es un delito, y si así lo fuera yo les invito a que procedan legalmente.
Estamos convencidos de que el trabajo que se realizó fue transparente, fue honesto, que no hemos cometido ninguna irregularidad y que ganamos a cabalidad el proceso de Oaxaca. Gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Toledo. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Altamirano Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD, por favor.
El diputado Carlos Altamirano Toledo: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, en efecto, en Oaxaca tuvieron lugar elecciones que se realizaron en paz y con tranquilidad, pero no gracias a Ulises, sino gracias al pueblo de Oaxaca que se tuvo fe en sí mismo, porque el gobierno de Oaxaca distorsionó las elecciones, pero le falló el carro completo.El aspecto principal en los procesos electorales de Oaxaca fue la descarada intervención del gobernador Ulises Ruiz, tanto en la elección de diputados locales como en la de ayuntamientos. El gobierno del estado desvió recursos públicos, presionó a funcionarios públicos, intimidó y coaccionó a los votantes y eso sí es un delito.
Fue un operativo para secuestrar y manipular la voluntad de los oaxaqueños. Con todo cinismo, Ulises Ruiz se dedicó a recorrer el estado acompañado de los líderes del PRI y apoyando a los candidatos oficiales, violando sin ningún miramiento los acuerdos de la autoridad electoral.
Ulises Ruiz, como cacique que es, actuó de forma cínica e impune, porque siente una perversa solidaridad de las cúpulas de su partido y la protección cómplice de la Secretaría de Gobernación. Sintiéndose apoyado tuvo el descaro de dejar rastros de sus intromisiones en todo el estado de Oaxaca.
Las pruebas existen, hay fotos de candidatos del PRI tomando protestas a funcionarios del gobierno estatal. Hay testimonios en los que Ulises Ruiz ordena a sus funcionarios que apoyen al PRI, y amenaza con cesar a quien no cumpla la instrucción. Y lo ha cumplido, porque ha cesado a funcionarios que se han negado a apoyar a esos candidatos del PRI.
Hay grabaciones y testimonios de reuniones de funcionarios en las que consta que dejarían de lado sus responsabilidades para dedicarse de lleno a las campañas de los candidatos a presidentes municipales. Y eso también, señoras diputadas y señores diputados, es un delito: utilizar recursos públicos en destino distinto para los cuales fueron autorizados.
Hay fotos de candidatos del PRI inaugurando una carretera que se hizo con dinero del gobierno federal y estatal. Hay facturas de toneladas de cemento pagadas por el gobierno de estado y que fueron tomados por el pueblo de las comunidades y que estaban destinadas a ser distribuidas un día antes de la elección.
Hay ineptitud y muy probablemente encubrimiento en la Procuraduría del estado para enfrentar la violencia de grupos que a plena luz del día actuaron con armas de alto poder, en contra de los militantes de otros partidos y representantes electorales del PRD, secuestrándolos y golpeándolos.
Hay testimonios del operativo en que los funcionarios estatales condicionaron los servicios y programas, exigiendo que los ciudadanos le entregaran sus credenciales de elector.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, ya basta de tanto cinismo. Ulises Ruiz no tiene compostura. Ulises Ruiz podrá darle votos al PRI, pero lo hace violando la ley con mapachería y comprando conciencias con los recursos públicos, en una entidad marcada por la pobreza y la marginación. Él es una vergüenza para Oaxaca y para México, en todo el mundo.
Que ahora, además de ser un pésimo gobernante, Ulises Ruiz nos confirme que es un mapache y un delincuente electoral; no puede ser más que motivo de pena para un partido político.
Lo que el operativo del gobierno del estado pretendía ---y logró en forma parcial--- era meterle miedo a los electores e inhibir su voto. De esta forma, los índices de abstencionismo son muy graves para el caso del Congreso del estado, y fueron superiores a 45 por ciento en el caso de estas elecciones municipales, cuando normalmente votaba más de 60 por ciento de la gente.
Pese a todo, el pueblo de Oaxaca tiene dignidad y se mantuvo luchando. Ulises Ruiz no pudo lograr el carro completo que pretendía. Los oaxaqueños lograron rescatar más de 45 municipios de la política del miedo y de la compra de votos. En estos casos, el gobierno del estado fracasó en su intento de imponerse y de vulnerar la voluntad popular. Oaxaca nos seguirá exigiendo atención. El expediente no se cierra con esta elección. Desde esta Cámara de Diputados todavía hay mucho que hacer.
Concluyo, compañeras y compañeros, exhortándolos a no cejar, y exigir que los responsables de estos delitos y de los más de 20 muertos del año pasado, sean procesados; a llevar a Ulises Ruiz a juicio político, y a estar atentos para impedir y denunciar los intentos del gobierno del estado para ahogar financieramente a los municipios de oposición; y para que en la nueva Ley Electoral hagamos los cambios necesarios para cancelar las conductas de los caciques locales que destruyen y minan el desarrollo democrático del país. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Carlos Altamirano Toledo. Tiene el uso de la palabra la diputada Adriana Dávila Fernández, por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
La diputada Adriana Dávila Fernández: Compañeras y compañeros... con su permiso, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.
La diputada Adriana Dávila Fernández: Acudo a esta tribuna con profunda pena e indignación para hablar sobre las elecciones celebradas el pasado fin de semana en Oaxaca.Benito Juárez gobernó en uno de los periodos más críticos de la historia de México. Utilizó la legalidad como instrumento para legitimarse e institucionalizó el poder. Qué lástima, qué pena, qué lejos está ahora Oaxaca de ser gobernado con esa dignidad.
No es posible defender condiciones de legalidad, independencia, imparcialidad, igualdad, objetividad, y regresar a las prácticas que tanta vergüenza ha causado al pueblo de México y que no dan certeza a los procesos democráticos.
Sí, son elecciones complejas y particulares si las comparamos con otros procesos electorales locales. Oaxaca elige a sus representantes populares por dos vías. Por un lado, el sufragio efectivo; y por el otro, usos y costumbres.
Para entender la crisis y movilización popular en Oaxaca tenemos que tomar en cuenta la situación de pobreza y marginación de este estado durante siglos. Es de los más pobres y el que cuenta con mayor población indígena.
Me pregunto, ¿qué garantía tienen los electores de Oaxaca si ni siquiera los partidos políticos tenemos condiciones de equidad en el proceso electoral? Los actores políticos no tuvieron igualdad de oportunidades en esta elección.
Nos encontramos con una serie de acciones, una serie de hechos oscuros que recuerdan tiempos que creíamos idos. Pero hoy, con las artimañas del pasado, la fuerza del Ejecutivo estatal y su cinismo electoral hacen necesario manifestar el repudio de este Congreso y la reflexión para atender y solucionar estos hoyos negros que sólo dañan los avances democráticos.
Como legisladores tenemos que preguntarnos cuáles son las condiciones electorales del estado de Oaxaca. Con 570 municipios, Oaxaca tiene una población indígena superior al millón de habitantes que representa más de 30 por ciento del total de habitantes del estado, y que están distribuidos en 2 mil 563 localidades.
Oaxaca está inmerso en un delicado entorno social. Los habitantes resienten y aún padecen el desacuerdo entre el movimiento magisterial, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y el gobierno estatal. Ponga atención, señor gobernador, porque parece que no se ha dado cuenta.
Hablar de las condiciones de desarrollo en la entidad es hablar de retos en cuanto a bienestar de la población. El hambre y la miseria son parte del entorno cotidiano, es hablar de la enorme deuda social con los más desprotegidos, es reconocer que la justicia y la igualdad de oportunidades no han llegado a Oaxaca.
Falta mucho, mucho trabajo por hacer. El rezago es evidente. Ese es el reto, señor gobernador, no se vale usar recursos públicos para la presión electoral. Es prioritario cubrir las necesidades básicas. ``Se requiere del compromiso y atención de esta soberanía para dotar de los instrumentos que coadyuven a la solución de los problemas'', decía don Benito Juárez.
La responsabilidad de los gobiernos sólo puede fundarse en la impartición absoluta de justicia. No hay duda, falta voluntad política para dar solución a estos terribles problemas.
Hace unos meses, en la primera semana de agosto, menos de 37 por ciento de los oaxaqueños acudieron a las urnas para elegir a sus diputados locales y bueno, en la elección del pasado domingo, el abstencionismo llegó a 57 por ciento.
Las cuentas democráticas en Oaxaca son dignas de análisis, porque se puede pensar que las condiciones electorales son igualitarias para todos. Es decir, todo aquél que tenga una credencial actualizada para votar y aparezca en el listado nominal puede ejercer su derecho. En apariencia parece verdadero, pero en los hechos no lo es porque las condiciones no son las mismas.
Hay que profundizar la democracia participativa y el ejercicio democrático, conservar la identidad de los pueblos indígenas, pero mejorar sus formas de gobierno y sus costumbres sociales, siempre con las condiciones económicas y de libertad que garantizan nuestra Constitución Política a todo ciudadano mexicano.
Por ello, la reciente reforma electoral, aprobada hasta ahora por 29 Congresos locales, permitirá mejores condiciones de competencia entre partidos políticos y ubicará al gobierno, el que sea, en su lugar. Gobierno que gobierne y deje con autonomía e independencia al Instituto Electoral y a los partidos políticos.
Si esta reforma electoral hubiera entrado en vigor antes de la elección en Oaxaca, otra sería la historia. Por ello, señor gobernador, no más impunidad en Oaxaca. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Adriana Dávila Fernández.
FRANCISCO GABILONDO SOLER CRI-CRI
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Esta Presidencia recibió del diputado Gerardo Lagunes Gallina, del PRI, el texto de su efeméride relativa al centenario del natalicio del compositor veracruzano Francisco Gabilondo Soler, Cri-Cri. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Efeméride relativa al Centenario del natalicio del compositor veracruzano Francisco Gabilondo Soler, a cargo del diputado Gerardo Lagunes Gallina, del grupo parlamentario del PRIEl 6 de octubre del presente, conmemoramos prácticamente en todo México el centenario del natalicio de uno de los más celebres y grandes artistas mexicanos, así como importante compositor del género infantil en nuestro país: don Francisco José Gabilondo Soler, quien a través de su música y canciones llenas de imaginación y fantasía, cuentos y fábulas, ha llenado de alegría y diversión a las niñas y niños durante muchas generaciones.
Extraordinario compositor mexicano y orgullosamente veracruzano, nace en el 6 de octubre de 1907 en la ciudad de Orizaba, estado de Veracruz, hijo de Tiburcio Goya y Emilia Soler Fernández. Tuvo tres hermanos cuyos nombres fueron Augusto, Jorge y Eva. Gustaba de leer cuentos de autores clásicos como los Hermanos Grimm, Christian Andersen, Hauff, Emilio Salgari y Julio Verne, pues esto le facilitaba viajar a mundos desconocidos a través de los sueños.
La escuela, según dicen, le aburría, por lo que solo llegó hasta sexto grado. Sin embargo, desde muy pequeño mostró su inclinación por la ciencia y la música, de modo que aprendió de manera autodidacta a cantar, tocar el piano, la pianola y el violín.
Durante su juventud, además de practicar deportes como la natación, el boxeo y en algún momento intentó torear, demuestra también su inquietud y aptitudes por la astronomía, por lo que decide abandonar su tierra natal para trasladarse hacia la ciudad de México en el año de 1928 en busca de cumplir su sueño de ingresar al Observatorio Nacional. Desafortunadamente, a pesar de su interés en esta asignatura, tuvo que abandonar sus estudios debido a su precaria situación económica que padecía en esos momentos.
Al cumplir los 25 años de edad, comienza profesionalmente su carrera musical. En 1932 incursiona en la radio XYZ con un programa humorístico y de crítica social, donde con el tiempo se gana el apodo de El Guasón de las Teclas. En él, interpreta temas de su propia inspiración, plasmando sus vivencias de la niñez en canciones infantiles. Cuentos fantásticos en los que se narran historias donde la naturaleza baila y cobra vida, y donde prácticamente todo el reino animal habla con un peculiar colorido. Esta extraordinaria habilidad para cautivar y captar la curiosidad de la audiencia infantil, llama la atención de la radiodifusora, quien le pide que utilice su ingenio para producir un programa para niños.
Así, conocedor de la psicología y del gusto de los infantes, el 15 de octubre de 1934 a la 1:15 de la tarde cuando Gabilondo Soler, acompañado tan sólo por su piano, se presenta por primera vez en un nuevo programa de corte infantil, en una pequeña sección de 15 minutos, sin patrocinadores ni publicidad, en la famosa estación de radio XEW, propiedad de Emilio Azcárraga Vidaurreta, llamado Al oscurecer, en el cual narraba historias sobre animales y otros personajes. La enorme habilidad de Gabilondo Soler, hacia posible trasportar nuestra imaginación, y hacer que los niños pasaran de una dimensión a otra, llevándolos a un mundo de alegría y fantasía. En ese primer programa interpreta canciones como: El Chorrito, Batallón de plomo, Bombón I y El ropero, solo por mencionar algunas. Ese momento marcaría para siempre su vida, pues sin saberlo, más tarde daría vida al personaje más importante, simbólico y emblemático que lo acompañaría durante toda su trayectoria como artista. Ese día, nace Cri-Cri, El Grillito Cantor.
Fue tal su éxito, que el ejecutivo del programa le sugirió que las canciones fueran aventuras de un animalito, por lo que Gabilondo Soler pensó en un grillo al que decidió llamar Cri Cri (onomatopeya en francés del canto de estos insectos), personaje fascinante vestido de frac rojo y tocando su violín en forma de hoja y un rama de árbol simulando el arco, quien lo seguiría en diversos escenarios llevando diversión y alegría a los niños de todas las edades.
Después de seis años de transmisión, Gabilondo Soler decide viajar por Sudamérica. Cruza el estrecho de Magallanes y conoce Tierra del Fuego; luego desembarca en Buenos Aires, Argentina en donde toma los ritmos de sus canciones Ché araña y Tango medroso. No descansó hasta lograr uno de sus más grandes anhelos como lo era navegar a diferentes partes del planeta a bordo de un enorme buque. Por lo que la oportunidad de ser navegante se presenta en el año de 1941, donde como marinero en un transporte mercante, realiza una travesía desde el puerto de Acapulco por el Pacífico hacia la Antártida, para regresar por el Océano Atlántico y el Caribe hasta el puerto de Veracruz. Este hecho lo impulsó y motivó aun más para conocer a fondo la navegación y estudiar esta disciplina, logrando un año más tarde, en 1945, su diploma por haber culminado satisfactoriamente el curso de Navegación Celeste de Weem System of Navegation, en Annapoli, Maryland,
Ingresa a la Sociedad Astronómica de México (SAM) como miembro activo el 31 de octubre de 1951. Deseando mejores cielos para sus prácticas de astronomía, hace construir un observatorio en el pueblo de Tultepec (al norte de la ciudad de México) para que los aficionados del SAM hicieran prácticas observacionales, el cual más tarde cedería a dicha institución.
En 1944 regresa a su programa de canciones infantiles en la XEW, deleitando a chicos y grandes con sus creaciones e interpretaciones. Sin embargo, después de 28 años dejó de hacer el programa el 30 de julio de 1961. En 1984 se le rinde un homenaje radiofónico y es precisamente en aquel estudio verde y oro de la XEW, que algún día lo vio nacer, donde tocó por última vez su piano que marcaba el adiós definitivo del programa infantil más importante y exitoso de México.
A mediados de los años setenta, para eludir el ambiente citadino, decide retirarse al pueblo de Tocuila, cerca de Texcoco, en donde hizo construir una casa con cierta semejanza a la que tuvo durante su infancia, donde a pesar de los efectos de la edad y las limitaciones visuales, siguió dedicado a la astronomía con la ayuda de un telescopio y binoculares.
A pesar de haber superado numerosos quebrantos debido a su delicada salud, el 14 de diciembre de 1990 a los 83 años de edad, muere Francisco Gabilondo Soler, en Texcoco, Estado de México, víctima de una falla cardiaca mientras dormía tranquilamente.
Aunque se desconoce a ciencia cierta el número exacto de sus canciones, su legado musical asciende a más de 223 melodías, recopiladas en una discografía de 36 álbumes, donde interpreta sus mejores éxitos en todos los géneros musicales y cuya obra sigue vigente hasta nuestros días. Sus temas no sólo se han escuchado en México, sino en otros países e incluso otros continentes, y han sido interpretados por las voces más virtuosas y por los artistas más prestigiados e importantes de talla internacional, como Plácido Domingo y Libertad Lamarque, entre otros. Así como ser objeto de un homenaje en la Expo 2000 en Hannover, Alemania que bajo el lema (Hombre-Naturaleza-Tecnología), la cantante Eugenia León interpretó lo mejor de Cri Cri.
Francisco Gabilondo Soler, dejo de existir hace 17 años, pero no así su herencia musical, que lo ha colocado como un grande entre los grandes de la música infantil, y por ende, uno de los mejores compositores mexicanos de todos los tiempos.
Que mejor momento para conmemorar a tan importante y brillante mexicano, que recordarlo a cien años de su nacimiento y rendirle un merecido homenaje a su memoria y un profundo reconocimiento a la enorme aportación musical que ha plasmado para siempre en el corazón y los sueños de todos los niños de México. Seguramente, todos y cada uno de nosotros seguiremos recordándole.
Muchas gracias.»
ORDEN DEL DIA
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.--- Segundo Año de Ejercicio de la LX Legislatura.
Orden del día
Jueves 11 de octubre de 2007.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Seis oficios con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.
Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (a las 16:58 horas): Gracias, diputada Secretaria. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 11 de octubre a las 11:00 horas. Y se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto desde las 9: 30 horas.
--------------- O ---------------
RESUMEN DE TRABAJOS
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)
ASISTENCIA
SECRETARÍA GENERAL
| GRUPO PARLAMENTARIO |
ASISTENCIA | ASISTENCIA POR CÉDULA |
ASISTENCIA COMISIÓN OFICIAL |
PERMISO MESA DIRECTIVA |
INASISTENCIA JUSTIFICADA |
INASISTENCIAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALT | 176 | 1 | 9 | 8 | 0 | 13 | 207 |
| PRD | 114 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 127 |
| PRI | 84 | 1 | 3 | 12 | 0 | 6 | 106 |
| PVEM | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| CONV | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| PT | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| NA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| ALT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| PT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 428 | 3 | 21 | 25 | 0 | 23 | 23 |
Nota: Las diferencias que existen entre las listas de asistencias y el número de votos puede variar conforme a los diputados presentes al momento de la votación.
SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA
| PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | |
|---|---|
| 1 Acosta Dávila Constantino | ASISTENCIA |
| 2 Aguilar López José Alejandro | ASISTENCIA |
| 3 Alcalde Virgen Moisés | ASISTENCIA |
| 4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges | ASISTENCIA |
| 5 Álvarez Bernal María Elena | ASISTENCIA |
| 6 Amezola Fonceca Gerardo | ASISTENCIA |
| 7 Aranda Orozco Gerardo | ASISTENCIA |
| 8 Arellano Arellano Joel | INASISTENCIA |
| 9 Arenas Guzmán Margarita | OFICIAL COMISIÓN |
| 10Arizméndi Uribe Efraín | OFICIAL COMISIÓN |
| 11 Armendáriz García Pedro | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 12 Arredondo Ibarra Salvador | ASISTENCIA |
| 13 Arredondo Velázquez Jesús | ASISTENCIA |
| 14 Ávila Mayo Obdulio | ASISTENCIA |
| 15 Barradas Miravete Gregorio | ASISTENCIA |
| 16 Barrios Rodríguez Juan Enrique | ASISTENCIA |
| 17 Bello Pérez Alfonso Othón | ASISTENCIA |
| 18 Berber Martínez Antonio | ASISTENCIA |
| 19 Bermúdez Viramontes Andrés | ASISTENCIA |
| 20 Bolaños Aguilar Edmundo Javier | ASISTENCIA |
| 21 Borboa Becerra Omar Antonio | ASISTENCIA |
| 22 Borrego Estrada Felipe | ASISTENCIA |
| 23 Bracho González Carlos Augusto | ASISTENCIA |
| 24 Buganza Salmerón Gerardo | ASISTENCIA |
| 25 Caballero Chávez Claudia Gabriela | ASISTENCIA |
| 26 Campos Galván María Eugenia | ASISTENCIA |
| 27 Carbajal Méndez Liliana | ASISTENCIA |
| 28 Carbajal Tejada Rogelio | ASISTENCIA |
| 29 Cárdenas Sánchez Esmeralda | ASISTENCIA |
| 30 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto | ASISTENCIA |
| 31 Castaño Contreras Cristián | ASISTENCIA |
| 32Castro De la Rosa Osiel | ASISTENCIA |
| 33 Castro Muñoz Juan de Dios | ASISTENCIA |
| 34Castro Romero Ma. Sofía Del Perpetuo | ASISTENCIA |
| 35 Ceja Romero Ramón | ASISTENCIA |
| 36 Chávez García Daniel | ASISTENCIA |
| 37 Collado Lara Beatriz | ASISTENCIA |
| 38 Contreras Coeto José Luis | ASISTENCIA |
| 39 Corral Aguilar María Mercedes | ASISTENCIA |
| 40 Cuen Garibi Marcela | ASISTENCIA |
| 41 Curiel Preciado Leobardo | OFICIAL COMISIÓN |
| 42 Dávila Fernández Adriana | ASISTENCIA |
| 43 Dávila García Francisco | ASISTENCIA |
| 44 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 45 De León Tello Jesús | ASISTENCIA |
| 46 Degante Romero Silvia Emilia | ASISTENCIA |
| 47Del Toro del Villar Tomás | ASISTENCIA |
| 48 Del Valle Toca Antonio | ASISTENCIA |
| 49 Delgado Oscoy Alejandro Enrique | ASISTENCIA |
| 50 Deschamps Falcón Ángel Rafael | ASISTENCIA |
| 51 Díaz García José Antonio | ASISTENCIA |
| 52 Díaz Garibay Felipe | ASISTENCIA |
| 53 Díaz Gordillo Martha Cecilia | ASISTENCIA |
| 54 Díaz Mena Joaquín Jesús | ASISTENCIA |
| 55 Díaz de León Torres Leticia | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 56 Domínguez Servién Francisco | INASISTENCIA |
| 57 Duck Núñez Edgar Mauricio | ASISTENCIA |
| 58 Enríquez Flores Armando | ASISTENCIA |
| 59 Enríquez Martínez Luis Rodolfo | ASISTENCIA |
| 60 Escaroz Soler Gerardo Antonio | ASISTENCIA |
| 61 Espinosa Piña José Luis | ASISTENCIA |
| 62 Félix Holguín Armando Jesús | ASISTENCIA |
| 63 Felton González Carlos Eduardo | ASISTENCIA |
| 64 Fernández Cabrera Adrián | ASISTENCIA |
| 65Fernández Ugarte Ma. del Carmen | ASISTENCIA |
| 66 Figueroa Ortega David | ASISTENCIA |
| 67 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 68 Flores Grande Arturo | INASISTENCIA |
| 69 Flores Morfín Jesús Vicente | ASISTENCIA |
| 70 Fraile García Francisco Antonio | ASISTENCIA |
| 71 Franco Cazarez Ricardo | ASISTENCIA |
| 72 Fuentes Ortíz José Guillermo | ASISTENCIA |
| 73 García González Carlos Alberto | ASISTENCIA |
| 74 García Müller Martha Margarita | ASISTENCIA |
| 75 García Reyes Ángel Humberto | ASISTENCIA |
| 76 García Reyes Beatriz Eugenia | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 77 García Vivián Raúl | INASISTENCIA |
| 78 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes | INASISTENCIA |
| 79 Gómez Leyva Silvio | ASISTENCIA |
| 80 González Betancourt Jorge Justiniano | ASISTENCIA |
| 81 González Martínez María Gabriela | ASISTENCIA |
| 82 González Morán Martín Oscar | OFICIAL COMISIÓN |
| 83 González Roaro Benjamín Ernesto | ASISTENCIA |
| 84 González Ruiz Felipe | ASISTENCIA |
| 85González Sánchez Ma. Dolores | ASISTENCIA |
| 86Gudiño Ortíz Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 87 Guerrero Torres José Gildardo | ASISTENCIA |
| 88 Gutiérrez Lagunes María Victoria | ASISTENCIA |
| 89 Hernández Núñez Elia | ASISTENCIA |
| 90 Hurtado Pérez Nelly Asunción | ASISTENCIA |
| 91 Iragorri Durán Enrique | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 92Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles | ASISTENCIA |
| 93 Jiménez Ramos María Esther | ASISTENCIA |
| 94 Joaquín Coldwell Addy Cecilia | OFICIAL COMISIÓN |
| 95 Lagunes Viveros Violeta del Pilar | ASISTENCIA |
| 96 Landero Gutiérrez Alejandro | ASISTENCIA |
| 97 Landeros González Ramón | ASISTENCIA |
| 98 Lara Compeán David | ASISTENCIA |
| 99 Larios Córdova Héctor | CÉDULA |
| 100 Laviada Hernández Iñigo Antonio | ASISTENCIA |
| 101 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio | ASISTENCIA |
| 102 Leura González Agustín | ASISTENCIA |
| 103 Lezama Aradillas René | ASISTENCIA |
| 104 Limas Frescas María Soledad | INASISTENCIA |
| 105 Lizaola de la Torre Alonso Manuel | ASISTENCIA |
| 106 López Cisneros José Martín | ASISTENCIA |
| 107 López Reyna Omeheira | INASISTENCIA |
| 108 López Silva Rubí Laura | ASISTENCIA |
| 109 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel | ASISTENCIA |
| 110 Lujano Nicolás Christian Martín | ASISTENCIA |
| 111 Maawad Robert Luis Xavier | ASISTENCIA |
| 112 Macías Zambrano Gustavo | INASISTENCIA |
| 113 Madrazo Limón Carlos | OFICIAL COMISIÓN |
| 114Magallón Arceo Leonardo Melesio de J. | ASISTENCIA |
| 115 Malagón Ríos Martín | ASISTENCIA |
| 116 Malcos Amaro María Ofelia Gloria | ASISTENCIA |
| 117 Maldonado González David | ASISTENCIA |
| 118Manuell-Gómez Angulo Dolores De María | ASISTENCIA |
| 119 Martínez Díaz María de Jesús | ASISTENCIA |
| 120 Martínez Valero Dora Alicia | ASISTENCIA |
| 121 Medellín Varela Antonio | ASISTENCIA |
| 122 Medina Macias Alma Hilda | ASISTENCIA |
| 123 Medina Rodríguez Delber | INASISTENCIA |
| 124 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia | ASISTENCIA |
| 125 Mejía García Luis Alonso | OFICIAL COMISIÓN |
| 126 Méndez Meneses Apolonio | ASISTENCIA |
| 127 Mendoza Morales Lucía Susana | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 128 Minjares Jiménez José Manuel | ASISTENCIA |
| 129 Mohamar Dainitin Oscar Miguel | INASISTENCIA |
| 130 Mollinedo Hernández Agustín | ASISTENCIA |
| 131 Monraz Ibarra Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 132 Montes Sánchez Fabián Fernando | ASISTENCIA |
| 133Mora Cuevas Marisol | ASISTENCIA |
| 134 Morales Ramos José Nicolás | INASISTENCIA |
| 135 Morelos Borja María Esperanza | ASISTENCIA |
| 136 Moreno Álvarez Mario Eduardo | OFICIAL COMISIÓN |
| 137 Morgan Franco Rocío del Carmen | ASISTENCIA |
| 138 Muñoz Serrano José Antonio | ASISTENCIA |
| 139 Murillo Flores Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 140 Murillo Torres José Luis | ASISTENCIA |
| 141 Navarro Sugich Carlos Alberto | ASISTENCIA |
| 142 Nordhausen González Jorge Rubén | ASISTENCIA |
| 143Noriega Blanco Vigil María Elena | ASISTENCIA |
| 144 Ochoa López Nabor | ASISTENCIA |
| 145 Olvera Higuera Edgar Armando | ASISTENCIA |
| 146Ortega Martínez Ma. del Pilar | ASISTENCIA |
| 147Ortíz Hernández Eduardo | ASISTENCIA |
| 148 Oviedo Oviedo Ernesto | ASISTENCIA |
| 149 Padilla Orozco Raúl Alejandro | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 150 Palafox Núñez José Inés | ASISTENCIA |
| 151 Paredes Rodríguez Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 152 Parra Jiménez Dolores María del Carmen | ASISTENCIA |
| 153 Parra Noriega Luis Gustavo | ASISTENCIA |
| 154 Pérez Cuéllar Cruz | INASISTENCIA |
| 155 Perroni Merino Gloria María | ASISTENCIA |
| 156 Peyrot Solís Marco Antonio | ASISTENCIA |
| 157 Plascencia Alonso Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 158 Priego Tapia Gerardo | ASISTENCIA |
| 159 Pulido Pecero Pedro | ASISTENCIA |
| 160 Quintero Bello Jorge | ASISTENCIA |
| 161 Ramírez Barba Ector Jaime | ASISTENCIA |
| 162 Ramírez Pech Edgar Martín | ASISTENCIA |
| 163 Ramírez Villarreal Gustavo | ASISTENCIA |
| 164 Ramos Covarrubias Héctor Manuel | ASISTENCIA |
| 165 Reyes López Carlos Armando | INASISTENCIA |
| 166 Rincón Vargas Mirna Cecilia | ASISTENCIA |
| 167 Rivera Rivera José Guadalupe | ASISTENCIA |
| 168 Rivero Rivero Rolando | ASISTENCIA |
| 169 Rodríguez Ahumada Luis Fernando | ASISTENCIA |
| 170 Rodríguez Jiménez Ricardo | ASISTENCIA |
| 171 Rodríguez Prats Juan José | ASISTENCIA |
| 172 Rodríguez Uresti Enrique | OFICIAL COMISIÓN |
| 173 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana | ASISTENCIA |
| 174 Rojas Hernández Laura Angélica | ASISTENCIA |
| 175 Román Isidoro Demetrio | ASISTENCIA |
| 176 Romo Jiménez Martha Angélica | ASISTENCIA |
| 177 Rubio Chávez José Ignacio Alberto | ASISTENCIA |
| 178 Rueda Gómez Francisco | ASISTENCIA |
| 179 Ruiz Velasco de Lira Ernesto | ASISTENCIA |
| 180 Salas Contreras Marcos | ASISTENCIA |
| 181 Salazar Madera Mario Alberto | ASISTENCIA |
| 182 Salum del Palacio Jorge Alejandro | ASISTENCIA |
| 183 Sánchez Domínguez Alejandro | ASISTENCIA |
| 184 Sánchez Gil Carlos René | ASISTENCIA |
| 185 Sánchez Juárez Claudia | ASISTENCIA |
| 186 Sánchez Trujillo José Víctor | ASISTENCIA |
| 187Sandoval Munguia Juan Manuel | ASISTENCIA |
| 188 Serrato Castell Luis Gerardo | ASISTENCIA |
| 189Shej Guzmán Sara | ASISTENCIA |
| 190 Solano Muñoz José de Jesús | ASISTENCIA |
| 191 Stefanonni Mazzocco Martín | ASISTENCIA |
| 192 Tamayo Herrera Yadhira Yvette | ASISTENCIA |
| 193 Torres Gómez Artemio | ASISTENCIA |
| 194 Torres Herrera Víctor Manuel | ASISTENCIA |
| 195 Torres Torres Carlos Alberto | ASISTENCIA |
| 196 Valenzuela García María Gloria Guadalupe | ASISTENCIA |
| 197 Valladolid Rodríguez Antonio | ASISTENCIA |
| 198 Vasconcelos Rueda Antonio | ASISTENCIA |
| 199 Vázquez Martínez Alberto | ASISTENCIA |
| 200 Vega Corona Antonio | ASISTENCIA |
| 201 Velázquez Gutiérrez José Guillermo | ASISTENCIA |
| 202 Verástegui Ostos César Augusto | ASISTENCIA |
| 203 Verdín Saldaña Jaime | ASISTENCIA |
| 204 Victoria Alva Juan | ASISTENCIA |
| 205 Vieyra Olivares Adriana Rebeca | ASISTENCIA |
| 206 Villanueva Arjona Juan Manuel | ASISTENCIA |
| 207 Zambrano Elizondo Javier Martín | ASISTENCIA |
| Asistencias: 176 | |
| Asistencias por cédula: 1 | |
| Asistencias comisión oficial: 9 | |
| Permiso Mesa Directiva: 8 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 13 | |
| Total diputados: 207 | |
| PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | |
|---|---|
| 1Aguirre Alcaide Victor | ASISTENCIA |
| 2 Alavez Ruiz Aleida | ASISTENCIA |
| 3 Almazán González José Antonio | ASISTENCIA |
| 4 Almonte Borja Ramón | ASISTENCIA |
| 5 Alonso Flores Lourdes | ASISTENCIA |
| 6Wilfrido Alonso Razo Humberto | ASISTENCIA |
| 7 Altamirano Toledo Carlos | ASISTENCIA |
| 8 Alva Olvera Maribel Luisa | ASISTENCIA |
| 9 Álvarez Ramón Silbestre | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 10 Amaro Corona Alberto | ASISTENCIA |
| 11 Aragón Castillo Irene | ASISTENCIA |
| 12 Arellano Pulido Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 13Arreola Calderón Juan Dario | ASISTENCIA |
| 14 Barreiro Pérez Armando | ASISTENCIA |
| 15 Batres Guadarrama Valentina Valia | ASISTENCIA |
| 16 Bautista Bravo Alliet Mariana | ASISTENCIA |
| 17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh | ASISTENCIA |
| 18 Brito González Modesto | ASISTENCIA |
| 19 Calzada Vázquez Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 20 Campos Aburto Amador | ASISTENCIA |
| 21 Cárdenas Hernández Raymundo | ASISTENCIA |
| 22 Cervantes Rodríguez Aurora | ASISTENCIA |
| 23 Chávez García Higinio | ASISTENCIA |
| 24Condado Escamilla Cuitlahuac | ASISTENCIA |
| 25 Contreras Julián Maricela | ASISTENCIA |
| 26 Cruz Santiago Claudia Lilia | ASISTENCIA |
| 27 Cuevas Córdova Othón | ASISTENCIA |
| 28 Dagdug Lützow Moisés Félix | ASISTENCIA |
| 29 De la Rosa García Juan Hugo | ASISTENCIA |
| 30 De los Santos Molina Joaquín Conrado | ASISTENCIA |
| 31 Dehesa Mora Daniel | ASISTENCIA |
| 32 Del Toro Mario Enrique | ASISTENCIA |
| 33 Díaz Contreras Adriana | ASISTENCIA |
| 34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz | ASISTENCIA |
| 35 Espejel Lazcano Jaime | ASISTENCIA |
| 36 Fernández Balboa Mónica | INASISTENCIA |
| 37 Flores Maldonado César | ASISTENCIA |
| 38 Flores Salazar Guadalupe Socorro | ASISTENCIA |
| 39 Franco Melgarejo Rafael | ASISTENCIA |
| 40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 41 García Rodríguez Víctor Hugo | ASISTENCIA |
| 42 Garzón Contreras Neftalí | OFICIAL COMISIÓN |
| 43 González Garza Javier | ASISTENCIA |
| 44 Guerra Ochoa Juan Nicasio | ASISTENCIA |
| 45 Gutiérrez Calzadilla José Luis | ASISTENCIA |
| 46 Hernández Gaytán Daisy Selene | ASISTENCIA |
| 47 Hernández Hernández Sergio | ASISTENCIA |
| 48 Hernández Manzanares Javier | ASISTENCIA |
| 49 Hernández Silva Benjamín | ASISTENCIA |
| 50Nohelia Ibarra Franquez Sonia | ASISTENCIA |
| 51 Jacques y Medina José | ASISTENCIA |
| 52 Jiménez Valenzuela María Eugenia | ASISTENCIA |
| 53 Landero López Pedro | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 54Lemarroy Martínez Juan Darío | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 55 Leyva Piñón Ana Yurixi | INASISTENCIA |
| 56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel | ASISTENCIA |
| 57 López Barriga Erick | ASISTENCIA |
| 58 López Becerra Santiago | ASISTENCIA |
| 59 López Rojas Alberto | ASISTENCIA |
| 60 López Torres Ma. Soledad | ASISTENCIA |
| 61 Lozano Lozano Andrés | ASISTENCIA |
| 62 Luna Munguía Alma Lilia | ASISTENCIA |
| 63 Márquez Madrid Camerino Eleazar | ASISTENCIA |
| 64 Márquez Tinoco Francisco | ASISTENCIA |
| 65 Martínez Hernández Alejandro | ASISTENCIA |
| 66 Martínez Martínez Carlos Roberto | ASISTENCIA |
| 67 Martínez Martínez Francisco | ASISTENCIA |
| 68 Martínez Padilla Hugo Eduardo | ASISTENCIA |
| 69 Martínez Vargas Octavio | ASISTENCIA |
| 70 Matías Alonso Marcos | ASISTENCIA |
| 71 Matus Toledo Holly | ASISTENCIA |
| 72 Mayans Canabal Fernando Enrique | ASISTENCIA |
| 73 Mendoza Arellano David | ASISTENCIA |
| 74 Mendoza Flores Roberto | ASISTENCIA |
| 75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio | ASISTENCIA |
| 76 Mendoza Mendoza Irineo | ASISTENCIA |
| 77 Monreal Ávila Susana | ASISTENCIA |
| 78 Montalvo Rojas Victorio Rubén | ASISTENCIA |
| 79 Morales Sánchez Efraín | ASISTENCIA |
| 80 Morales Vázquez Carlos Orsoe | ASISTENCIA |
| 81Narcía Álvarez Héctor | ASISTENCIA |
| 82 Navarro López Carlos Ernesto | ASISTENCIA |
| 83 Navarro Quintero Miguel Ángel | OFICIAL COMISIÓN |
| 84 Ojeda Hernández Concepción | ASISTENCIA |
| 85 Oliva Fragoso Silvia | ASISTENCIA |
| 86 Orcí Martínez Juan Adolfo | ASISTENCIA |
| 87 Ortega Martínez Antonio | ASISTENCIA |
| 88 Ortiz Magallón Rosario Ignacia | OFICIAL COMISIÓN |
| 89Pacheco LLanes Ramón Félix | ASISTENCIA |
| 90 Pedraza Chávez Isidro | ASISTENCIA |
| 91 Pedrozo Castillo Adrián | ASISTENCIA |
| 92 Peña Sánchez Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 93 Pérez Cruz Raciel | ASISTENCIA |
| 94 Pulido Santiago Celso David | ASISTENCIA |
| 95 Ramos Becerril Rafael Plácido | OFICIAL COMISIÓN |
| 96 Ramos Castellanos Martín | ASISTENCIA |
| 97 Rasgado Corsi Gloria | ASISTENCIA |
| 98 Ríos Gamboa Raúl | ASISTENCIA |
| 99 Romero Gutiérrez Odilón | ASISTENCIA |
| 100Ruíz Sánchez Salvador | ASISTENCIA |
| 101 Saavedra Coronel José Antonio | ASISTENCIA |
| 102 San Martín Hernández Juan Manuel | ASISTENCIA |
| 103 Sánchez Barrios Carlos | ASISTENCIA |
| 104 Sánchez Cabrales Rafael Elías | INASISTENCIA |
| 105 Sánchez Camacho Alejandro | ASISTENCIA |
| 106 Sánchez Camacho David | ASISTENCIA |
| 107Sánchez Jiménez V. Luis | ASISTENCIA |
| 108 Sánchez Ramos Francisco | ASISTENCIA |
| 109 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc | ASISTENCIA |
| 110 Santos Arreola Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 111 Solares Chávez Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 112 Soriano Sánchez Rosa Elva | ASISTENCIA |
| 113 Soto Ramos Faustino | ASISTENCIA |
| 114 Soto Sánchez Antonio | ASISTENCIA |
| 115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso | ASISTENCIA |
| 116 Torres Baltazar María Elena | ASISTENCIA |
| 117 Torres García Daniel | ASISTENCIA |
| 118 Trejo Pérez Pablo | ASISTENCIA |
| 119 Ulloa Pérez Emilio | ASISTENCIA |
| 120 Vallejo Estevez Mario | ASISTENCIA |
| 121 Varela López Víctor Gabriel | ASISTENCIA |
| 122 Velázquez Aguirre Jesús Evodio | ASISTENCIA |
| 123 Villanueva Albarrán Gerardo | OFICIAL COMISIÓN |
| 124 Villicaña García Rafael | ASISTENCIA |
| 125 Zavaleta Salgado Ruth | ASISTENCIA |
| 126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto | OFICIAL COMISIÓN |
| 127 Zepeda Hernández Martín | ASISTENCIA |
| Asistencias: 114 | |
| Asistencias por cédula: 0 | |
| Asistencias comisión oficial: 6 | |
| Permiso Mesa Directiva: 4 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 3 | |
| Total diputados: 127 | |
| PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | |
|---|---|
| 1 Abramo Masso Yerico | ASISTENCIA |
| 2 Aguilar Diego | ASISTENCIA |
| 3 Aguilar Solís Samuel | OFICIAL COMISIÓN |
| 4 Aispuro Torres José Rosas | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 5 Alcántara Núñez Jesús Sergio | ASISTENCIA |
| 6 Aldana Prieto Luis Ricardo | ASISTENCIA |
| 7 Amador Gaxiola Daniel | ASISTENCIA |
| 8 Amador Leal Narcizo Alberto | ASISTENCIA |
| 9 Ayala Almeida Joel | ASISTENCIA |
| 10 Badillo Martínez Roberto | ASISTENCIA |
| 11Barajas Del Toro Salvador | ASISTENCIA |
| 12 Barajas López Ramón | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 13 Barba Hernández Alfredo | ASISTENCIA |
| 14 Beltrán Montes Israel | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 15 Benítez Ojeda Luis Enrique | ASISTENCIA |
| 16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio | ASISTENCIA |
| 17 Biebrich Torres Carlos Armando | ASISTENCIA |
| 18 Blanco Pajón José Luis | ASISTENCIA |
| 19 Caballero Camargo Gustavo Fernando | ASISTENCIA |
| 20 Camacho Quiroz César Octavio | OFICIAL COMISIÓN |
| 21 Canavati Tafich Jesús Ricardo | ASISTENCIA |
| 22 Carballo Bustamante Andrés | ASISTENCIA |
| 23Cárdenas Del Avellano Enrique | ASISTENCIA |
| 24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo | ASISTENCIA |
| 25Cerrillo Garnica José Luis | ASISTENCIA |
| 26 Cervantes Andrade Raúl | ASISTENCIA |
| 27 Chaurand Arzate Carlos | ASISTENCIA |
| 28 Colín Guadarrama María Mercedes | ASISTENCIA |
| 29 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías | ASISTENCIA |
| 30De la Garza Treviño Jorge Luis | ASISTENCIA |
| 31 Díaz Athié Antonio de Jesús | ASISTENCIA |
| 32 Díaz Solorzano Elmar Darinel | ASISTENCIA |
| 33 Domínguez Domínguez Nemesio | ASISTENCIA |
| 34 Duarte Jáquez César Horacio | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 35 Escajeda Jiménez José Rubén | ASISTENCIA |
| 36 Escalante Jasso Aracely | ASISTENCIA |
| 37 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías | ASISTENCIA |
| 38 Estefan Chidiac Charbel Jorge | ASISTENCIA |
| 39 Flores Sandoval Patricio | ASISTENCIA |
| 40 Gamboa Patrón Emilio | ASISTENCIA |
| 41 Garza Garza Horacio Emigdio | ASISTENCIA |
| 42 Gebhardt Garduza Yary del Carmen | ASISTENCIA |
| 43 Gloria Requena Tomás | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 44 Gómez Lugo Elda | ASISTENCIA |
| 45 González Calderón Martha Hilda | INASISTENCIA |
| 46 González García Sergio | ASISTENCIA |
| 47 González Salum Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 48 González Zarur Mariano | ASISTENCIA |
| 49 Guerrero García Javier | ASISTENCIA |
| 50 Guerrero Juárez Joel | ASISTENCIA |
| 51 Herrera Ale Juana Leticia | INASISTENCIA |
| 52 Herrera Coyac Wenceslao | ASISTENCIA |
| 53 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando | ASISTENCIA |
| 54 Lagunes Gallina Gerardo | CÉDULA |
| 55 Lescieur Talavera Jorge Mario | ASISTENCIA |
| 56López Balbuena Guillermina | ASISTENCIA |
| 57Madrid Tovilla Arely | INASISTENCIA |
| 58 Martínez Rocha Arturo | ASISTENCIA |
| 59 Martínez Rodríguez Lorena | ASISTENCIA |
| 60 Méndez Lanz Víctor Manuel | ASISTENCIA |
| 61 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso | ASISTENCIA |
| 62 Merodio Reza Lilia Guadalupe | ASISTENCIA |
| 63Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl | INASISTENCIA |
| 64 Montalvo Gómez Pedro | ASISTENCIA |
| 65 Morales García Elizabeth | ASISTENCIA |
| 66 Mota Hernández Adolfo | ASISTENCIA |
| 67 Muñoz Serna Rogelio | ASISTENCIA |
| 68 Murat José | ASISTENCIA |
| 69 Ochoa González Arnoldo | ASISTENCIA |
| 70 Ojeda Camacho Gilberto | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 71 Olivares Monterrubio Alejandro | ASISTENCIA |
| 72 Olivares Ventura Héctor Hugo | ASISTENCIA |
| 73 Ordaz Jiménez Ismael | ASISTENCIA |
| 74 Orihuela Bárcenas José Ascención | ASISTENCIA |
| 75 Orihuela Trejo José Amado | ASISTENCIA |
| 76Ortiz Del Carpio Víctor | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 77 Ortiz Proal Mauricio | OFICIAL COMISIÓN |
| 78 Padilla Gutiérrez Héctor | ASISTENCIA |
| 79 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz | ASISTENCIA |
| 80 Palma César Víctor Samuel | ASISTENCIA |
| 81 Parás González Juan Manuel | ASISTENCIA |
| 82 Patrón Montalvo Jesús Manuel | ASISTENCIA |
| 83 Peñuelas Acuña Mayra Gisela | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 84 Pérez Valdés Daniel | ASISTENCIA |
| 85 Pinete Vargas María del Carmen | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 86 Quiñones Canales Lourdes | ASISTENCIA |
| 87 Ramírez Martínez José Edmundo | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 88 Ramírez Stabros Jesús | ASISTENCIA |
| 89 Ríos Camarena Alfredo Adolfo | ASISTENCIA |
| 90 Rivera Bedoya Juan Francisco | ASISTENCIA |
| 91 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda | ASISTENCIA |
| 92 Rojas Gutiérrez Carlos | ASISTENCIA |
| 93Ruíz Chávez Sara Latife | ASISTENCIA |
| 94 Salas López Ramón | ASISTENCIA |
| 95 Sánchez Hernández Eduardo | ASISTENCIA |
| 96 Sandoval Paredes Sergio | ASISTENCIA |
| 97 Serrano Escobar Enrique | ASISTENCIA |
| 98 Sosa Castelán Gerardo | ASISTENCIA |
| 99 Toledo Luis Jorge | ASISTENCIA |
| 100Valencia De los Santos Víctor Leopoldo | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 101 Vargas Landeros Gerardo Octavio | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 102Vega Ortíz María Oralia | INASISTENCIA |
| 103 Velasco Pérez Juan Carlos | INASISTENCIA |
| 104 Villa Villa Isael | ASISTENCIA |
| 105 Villanueva Abraján Patricia | ASISTENCIA |
| 106 Zatarain González Carlos Ernesto | ASISTENCIA |
| Asistencias: 84 | |
| Asistencias por cédula: 1 | |
| Asistencias comisión oficial: 3 | |
| Permiso Mesa Directiva: 12 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 6 | |
| Total diputados: 106 | |
| PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | |
|---|---|
| 1 Arévalo González José Antonio | CÉDULA |
| 2 Chozas y Chozas Olga Patricia | ASISTENCIA |
| 3 Cobo Terrazas Diego | ASISTENCIA |
| 4 Elizondo Garrido Francisco | ASISTENCIA |
| 5 Estrada González Faustino Javier | ASISTENCIA |
| 6García Noriega Ma. Guadalupe Josefina | ASISTENCIA |
| 7 González Martínez Jorge Emilio | ASISTENCIA |
| 8 Lavara Mejía Gloria | ASISTENCIA |
| 9 López Adame Antonio Xavier | ASISTENCIA |
| 10 López Ramírez Sergio Augusto | ASISTENCIA |
| 11 Notholt Guerrero Alan | ASISTENCIA |
| 12 Portilla Dieguez Manuel Salvador | ASISTENCIA |
| 13 Puente Salas Carlos Alberto | ASISTENCIA |
| 14 Ramírez Cerda Ana María | OFICIAL COMISIÓN |
| 15Salgado Amador Manuel Salvador | ASISTENCIA |
| 16 Sesma Suárez Jesús | ASISTENCIA |
| 17 Velasco Rodríguez Verónica | ASISTENCIA |
| Asistencias: 15 | |
| Asistencias por cédula: 1 | |
| Asistencias comisión oficial: 1 | |
| Permiso Mesa Directiva: 0 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 0 | |
| Total diputados: 17 | |
| CONVERGENCIA | |
|---|---|
| 1 Abad De Jesús Juan | ASISTENCIA |
| 2 Aguilera Rico José Luis | ASISTENCIA |
| 3 Cárdenas Márquez Elías | ASISTENCIA |
| 4 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús | ASISTENCIA |
| 5 Chanona Burguete Alejandro | ASISTENCIA |
| 6 Del Río Virgen José Manuel | ASISTENCIA |
| 7 Esteva Salinas Alberto | ASISTENCIA |
| 8 Godoy Cárdenas Jorge | ASISTENCIA |
| 9 López Lena Cruz Humberto | ASISTENCIA |
| 10 Salvatori Bronca María del Carmen | ASISTENCIA |
| 11 Samperio Montaño Juan Ignacio | ASISTENCIA |
| 12 Sansores San Román Layda Elena | ASISTENCIA |
| 13 Tagle Martínez Martha Angélica | ASISTENCIA |
| 14 Uscanga Cruz Robinson | ASISTENCIA |
| 15 Valdés Chávez Ramón | OFICIAL COMISIÓN |
| 16 Varela Lagunas Tomás José Luis | ASISTENCIA |
| 17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc | ASISTENCIA |
| Asistencias: 16 | |
| Asistencias por cédula: 0 | |
| Asistencias comisión oficial: 1 | |
| Permiso Mesa Directiva: 0 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 0 | |
| Total diputados: 17 | |
| PARTIDO DEL TRABAJO | |
|---|---|
| 1 Aguilar Jiménez Rubén | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo | ASISTENCIA |
| 3 Cantú Garza Ricardo | ASISTENCIA |
| 4 Cervantes Rivera Jaime | ASISTENCIA |
| 5 Garay Ulloa Silvano | ASISTENCIA |
| 6 Herrera Solís Anuario Luis | ASISTENCIA |
| 7Maciel Ortiz Ma. Mercedes | ASISTENCIA |
| 8 Peregrino García Abundio | OFICIAL COMISIÓN |
| 9 Romero Guzmán Rosa Elia | INASISTENCIA |
| 10 Solís Parga Rodolfo | ASISTENCIA |
| 11 Vela González Joaquín Humberto | ASISTENCIA |
| Asistencias: 8 | |
| Asistencias por cédula: 0 | |
| Asistencias comisión oficial: 1 | |
| Permiso Mesa Directiva: 1 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 1 | |
| Total diputados: 11 | |
| NUEVA ALIANZA | |
|---|---|
| 1 Arriola G. Mónica T. | ASISTENCIA |
| 2 Cárdenas Fonseca Manuel | ASISTENCIA |
| 3 Castillo Nájera Ariel | ASISTENCIA |
| 4 Dávila Esquivel Humberto | ASISTENCIA |
| 5 Gómez Pasillas Jacinto | ASISTENCIA |
| 6 Jiménez Godínez Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 7 Luna Becerril Blanca | ASISTENCIA |
| 8 Luna Rodríguez Silvia | ASISTENCIA |
| 9 Piñeyro Arias Irma | ASISTENCIA |
| Asistencias: 9 | |
| Asistencias por cédula: 0 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 0 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 0 | |
| Total diputados: 9 | |
| ALTERNATIVA | |
|---|---|
| 1 Arvizu Rivas Aida Marina | ASISTENCIA |
| 2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe | ASISTENCIA |
| 3 García Méndez Armando | ASISTENCIA |
| 4 Hernández Valadés Delio | ASISTENCIA |
| 5 Pedro Cortés Santiago Gustavo | ASISTENCIA |
| Asistencias: 5 | |
| Asistencias por cédula: 0 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 0 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 0 | |
| Total diputados: 5 | |
| DIPUTADOS SIN PARTIDO | |
|---|---|
| 1 Castellanos Hernández Félix | ASISTENCIA |
| Asistencias: 1 | |
| Asistencias por cédula: 0 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 0 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 0 | |
| Total diputados: 1 | |
SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS
| PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 Arellano Arellano Joel | ||
| 2 Domínguez Servién Francisco | ||
| 3 Flores Grande Arturo | ||
| 4 García Vivián Raúl | ||
| 5 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes | ||
| 6 Limas Frescas María Soledad | ||
| 7 López Reyna Omeheira | ||
| 8 Macías Zambrano Gustavo | ||
| 9 Medina Rodríguez Delber | ||
| 10 Mohamar Dainitin Oscar Miguel | ||
| 11 Morales Ramos José Nicolás | ||
| 12 Pérez Cuéllar Cruz | ||
| 13 Reyes López Carlos Armando | ||
| Faltas por grupo: 13 | ||
| PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 Fernández Balboa Mónica | ||
| 2 Leyva Piñón Ana Yurixi | ||
| 3 Sánchez Cabrales Rafael Elías | ||
| Faltas por grupo: 3 | ||
| PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 González Calderón Martha Hilda | ||
| 2 Herrera Ale Juana Leticia | ||
| 3 Madrid Tovilla Arely | ||
| 4 Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl | ||
| 5 Vega Ortíz María Oralia | ||
| 6 Velasco Pérez Juan Carlos | ||
| Faltas por grupo: 6 | ||
| PARTIDO DEL TRABAJO | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 Romero Guzmán Rosa Elia | ||
| Faltas por grupo: 1 | ||
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXX al artículo 3o. de la Ley General de Salud (en lo general y en lo particular).
| PARTIDO ACCION NACIONAL | ||
|---|---|---|
| 1 Acosta Dávila, Constantino | Favor | |
| 2 Aguilar López, José Alejandro | Favor | |
| 3 Alcalde Virgen, Moisés | Favor | |
| 4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges | Favor | |
| 5 Álvarez Bernal, María Elena | Favor | |
| 6 Amezola Fonceca, Gerardo | Favor | |
| 7 Aranda Orozco, Gerardo | Ausente | |
| 8 Arellano Arellano, Joel | Ausente | |
| 9 Arenas Guzmán, Margarita | Ausente | |
| 10 Arizméndi Uribe, Efraín | Ausente | |
| 11 Armendáriz García, Pedro | Ausente | |
| 12 Arredondo Ibarra, Salvador | Favor | |
| 13 Arredondo Velázquez, Jesús | Favor | |
| 14 Ávila Mayo, Obdulio | Favor | |
| 15 Barradas Miravete, Gregorio | Ausente | |
| 16 Barrios Rodríguez, Juan Enrique | Favor | |
| 17 Bello Pérez, Alfonso Othón | Favor | |
| 18 Berber Martínez, Antonio | Favor | |
| 19 Bermúdez Viramontes, Andrés | Favor | |
| 20 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier | Favor | |
| 21 Borboa Becerra, Omar Antonio | Favor | |
| 22 Borrego Estrada, Felipe | Favor | |
| 23 Bracho González, Carlos Augusto | Favor | |
| 24 Buganza Salmerón, Gerardo | Ausente | |
| 25 Caballero Chávez, Claudia Gabriela | Ausente | |
| 26 Campos Galván, María Eugenia | Favor | |
| 27 Carbajal Méndez, Liliana | Favor | |
| 28 Carbajal Tejada, Rogelio | Ausente | |
| 29 Cárdenas Sánchez, Esmeralda | Favor | |
| 30 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto | Favor | |
| 31 Castaño Contreras, Cristián | Favor | |
| 32 Castro de la Rosa, Osiel | Favor | |
| 33 Castro Muñoz, Juan de Dios | Favor | |
| 34 Castro Romero, María Sofia | Favor | |
| 35 Ceja Romero, Ramón | Favor | |
| 36 Chávez García, Daniel | Favor | |
| 37 Collado Lara, Beatriz | Favor | |
| 38 Contreras Coeto, José Luis | Favor | |
| 39 Corral Aguilar, María Mercedes | Favor | |
| 40 Cuen Garibi, Marcela | Favor | |
| 41 Curiel Preciado, Leobardo | Ausente | |
| 42 Dávila Fernández, Adriana | Favor | |
| 43 Dávila García, Francisco | Favor | |
| 44 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio | Favor | |
| 45 De León Tello, Jesús | Favor | |
| 46 Degante Romero, Silvia Emilia | Favor | |
| 47 Del Toro del Villar, Tomás | Favor | |
| 48 Del Valle Toca, Antonio | Favor | |
| 49 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique | Ausente | |
| 50 Deschamps Falcón, Ángel Rafael | Favor | |
| 51 Díaz de León Torres, Leticia | Ausente | |
| 52 Díaz García, José Antonio | Favor | |
| 53 Díaz Garibay, Felipe | Favor | |
| 54 Díaz Gordillo, Martha Cecilia | Favor | |
| 55 Díaz Mena, Joaquín Jesús | Favor | |
| 56 Domínguez Servién, Francisco | Ausente | |
| 57 Duck Núñez, Edgar Mauricio | Favor | |
| 58 Enríquez Flores, Armando | Favor | |
| 59 Enríquez Martínez, Luis Rodolfo | Favor | |
| 60 Escaroz Soler, Gerardo Antonio | Favor | |
| 61 Espinosa Piña, José Luis | Favor | |
| 62 Félix Holguín, Armando Jesús | Favor | |
| 63 Felton González, Carlos Eduardo | Favor | |
| 64 Fernández Cabrera, Adrián | Favor | |
| 65 Fernández Ugarte, Carmen | Favor | |
| 66 Figueroa Ortega, David | Favor | |
| 67 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro | Ausente | |
| 68 Flores Grande, Arturo | Ausente | |
| 69 Flores Morfín, Jesús Vicente | Favor | |
| 70 Fraile García, Francisco Antonio | Favor | |
| 71 Franco Cazarez, Ricardo | Favor | |
| 72 Fuentes Ortiz, José Guillermo | Favor | |
| 73 García González, Carlos Alberto | Favor | |
| 74 García Müller, Martha Margarita | Favor | |
| 75 García Reyes, Ángel Humberto | Favor | |
| 76 García Reyes, Beatriz Eugenia | Ausente | |
| 77 García Vivián, Raúl | Ausente | |
| 78 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes | Ausente | |
| 79 Gómez Leyva, Silvio | Favor | |
| 80 González Betancourt, Jorge Justiniano | Favor | |
| 81 González Martínez, María Gabriela | Favor | |
| 82 González Morán, Martín Oscar | Ausente | |
| 83 González Roaro, Benjamín Ernesto | Favor | |
| 84 González Ruiz, Felipe | Favor | |
| 85 González Sánchez, María Dolores | Favor | |
| 86 Gudiño Ortiz, Francisco Javier | Favor | |
| 87 Guerrero Torres, José Gildardo | Favor | |
| 88 Gutiérrez Lagunes, María Victoria | Favor | |
| 89 Hernández Núñez, Elia | Ausente | |
| 90 Hurtado Pérez, Nelly Asunción | Favor | |
| 91 Iragorri Durán, Enrique | Ausente | |
| 92 Jiménez del Carrillo, María de los Ángeles | Favor | |
| 93 Jiménez Ramos, María Esther | Favor | |
| 94 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia | Ausente | |
| 95 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar | Ausente | |
| 96 Landero Gutiérrez, Alejandro | Favor | |
| 97 Landeros González, Ramón | Favor | |
| 98 Lara Compeán, David | Favor | |
| 99 Larios Córdova, Héctor | Ausente | |
| 100 Laviada Hernández, Íñigo Antonio | Favor | |
| 101 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio | Favor | |
| 102 Leura González, Agustín | Favor | |
| 103 Lezama Aradillas, René | Favor | |
| 104 Limas Frescas, María Soledad | Ausente | |
| 105 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel | Favor | |
| 106 López Cisneros, José Martín | Favor | |
| 107 López Reyna, Omeheira | Ausente | |
| 108 López Silva, Rubí Laura | Favor | |
| 109 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel | Favor | |
| 110 Lujano Nicolás, Christian Martín | Favor | |
| 111 Maawad Robert, Luis Xavier | Favor | |
| 112 Macías Zambrano, Gustavo | Ausente | |
| 113 Madrazo Limón, Carlos | Ausente | |
| 114 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús | Favor | |
| 115 Malagón Ríos, Martín | Favor | |
| 116 Malcos Amaro, María Ofelia | Favor | |
| 117 Maldonado González, David | Favor | |
| 118 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María | Favor | |
| 119 Martínez Díaz, María de Jesús | Favor | |
| 120 Martínez Valero, Dora Alicia | Ausente | |
| 121 Medellín Varela, Antonio | Favor | |
| 122 Medina Macias, Alma Hilda | Favor | |
| 123 Medina Rodríguez, Delber | Ausente | |
| 124 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia | Favor | |
| 125 Mejía García, Luis Alonso | Ausente | |
| 126 Méndez Meneses, Apolonio | Favor | |
| 127 Mendoza Morales, Lucía Susana | Ausente | |
| 128 Minjares Jiménez, José Manuel | Favor | |
| 129 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel | Ausente | |
| 130 Mollinedo Hernández, Agustín | Favor | |
| 131 Monraz Ibarra, Miguel Ángel | Ausente | |
| 132 Montes Sánchez, Fabián Fernando | Favor | |
| 133 Mora Cuevas, Marisol | Favor | |
| 134 Morales Ramos, José Nicolás | Ausente | |
| 135 Morelos Borja, María Esperanza | Favor | |
| 136 Moreno Álvarez, Mario Eduardo | Ausente | |
| 137 Morgan Franco, Rocío del Carmen | Favor | |
| 138 Muñoz Serrano, José Antonio | Favor | |
| 139 Murillo Flores, Francisco Javier | Favor | |
| 140 Murillo Torres, José Luis | Favor | |
| 141 Navarro Sugich, Carlos Alberto | Favor | |
| 142 Nordhausen González, Jorge Rubén | Favor | |
| 143 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves | Favor | |
| 144 Ochoa López, Nabor | Ausente | |
| 145 Olvera Higuera, Edgar Armando | Favor | |
| 146 Ortega Martínez, María del Pilar | Ausente | |
| 147 Ortiz Hernández, Eduardo | Favor | |
| 148 Oviedo Oviedo, Ernesto | Favor | |
| 149 Padilla Orozco, Raúl Alejandro | Ausente | |
| 150 Palafox Núñez, José Inés | Favor | |
| 151 Paredes Rodríguez, Francisco Javier | Favor | |
| 152 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen | Favor | |
| 153 Parra Noriega, Luis Gustavo | Favor | |
| 154 Pérez Cuéllar, Cruz | Ausente | |
| 155 Perroni Merino, Gloria | Favor | |
| 156 Peyrot Solís, Marco A. | Favor | |
| 157 Plascencia Alonso, Francisco Javier | Favor | |
| 158 Priego Tapia, Gerardo | Favor | |
| 159 Pulido Pecero, Pedro | Favor | |
| 160 Quintero Bello, Jorge | Favor | |
| 161 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana | Favor | |
| 162 Ramírez Barba, Ector Jaime | Favor | |
| 163 Ramírez Pech, Edgar Martín | Favor | |
| 164 Ramírez Villarreal, Gustavo | Favor | |
| 165 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel | Favor | |
| 166 Reyes López, Carlos Armando | Ausente | |
| 167 Rincón Vargas, Mirna Cecilia | Favor | |
| 168 Rivera Rivera, José Guadalupe | Favor | |
| 169 Rivero Rivero, Rolando | Ausente | |
| 170 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando | Favor | |
| 171 Rodríguez Jiménez, Ricardo | Favor | |
| 172 Rodríguez Prats, Juan José | Ausente | |
| 173 Rodríguez Uresti, Enrique | Ausente | |
| 174 Rojas Hernández, Laura Angélica | Favor | |
| 175 Román Isidoro, Demetrio | Favor | |
| 176 Romo Jiménez, Martha Angélica | Favor | |
| 177 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto | Favor | |
| 178 Rueda Gómez, Francisco | Favor | |
| 179 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto | Favor | |
| 180 Salas Contreras, Marcos | Favor | |
| 181 Salazar Madera, Mario Alberto | Favor | |
| 182 Salum del Palacio, Jorge Alejandro | Ausente | |
| 183 Sánchez Domínguez, Alejandro | Favor | |
| 184 Sánchez Gil, Carlos René | Favor | |
| 185 Sánchez Juárez, Claudia | Favor | |
| 186 Sánchez Trujillo, José Víctor | Favor | |
| 187 Sandoval Munguia, Juan Manuel | Favor | |
| 188 Serrato Castell, Luis Gerardo | Favor | |
| 189 Shej Guzmán Sara | Favor | |
| 190 Solano Muñoz, José de Jesús | Favor | |
| 191 Stefanonni Mazzocco, Martín | Favor | |
| 192 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette | Favor | |
| 193 Torres Gómez, Artemio | Favor | |
| 194 Torres Herrera, Víctor Manuel | Favor | |
| 195 Torres Torres, Carlos Alberto | Favor | |
| 196 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe | Favor | |
| 197 Valladolid Rodríguez, Antonio | Favor | |
| 198 Vasconcelos Rueda, Antonio | Favor | |
| 199 Vázquez Martínez, Alberto | Favor | |
| 200 Vega Corona, Antonio | Favor | |
| 201 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo | Favor | |
| 202 Verástegui Ostos, César Augusto | Favor | |
| 203 Verdín Saldaña, Jaime | Favor | |
| 204 Victoria Alva, Juan | Favor | |
| 205 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca | Ausente | |
| 206 Villanueva Arjona, Juan Manuel | Ausente | |
| 207 Zambrano Elizondo, Javier Martín | Favor | |
| Favor: 160 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 47 | ||
| Total: 207 | ||
| PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | ||
|---|---|---|
| 1 Aguirre Alcaide, Víctor | Ausente | |
| 2 Alavez Ruiz, Aleida | Favor | |
| 3 Almazán González, José Antonio | Favor | |
| 4 Almonte Borja, Ramón | Favor | |
| 5 Alonso Flores, Lourdes | Favor | |
| 6 Alonso Razo, Humberto Wifredo | Favor | |
| 7 Altamirano Toledo, Carlos | Favor | |
| 8 Alva Olvera, Maribel Luisa | Favor | |
| 9 Álvarez Ramón, Silbestre | Ausente | |
| 10 Amaro Corona, Alberto | Favor | |
| 11 Aragón Castillo, Irene | Ausente | |
| 12 Arellano Pulido, Miguel Ángel | Favor | |
| 13 Arreola Calderón, Juan Dario | Favor | |
| 14 Barreiro Pérez, Armando | Favor | |
| 15 Batres Guadarrama, Valentina Valia | Favor | |
| 16 Bautista Bravo, Alliet Mariana | Favor | |
| 17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh | Favor | |
| 18 Brito González, Modesto | Favor | |
| 19 Calzada Vázquez, Francisco Javier | Favor | |
| 20 Campos Aburto, Amador | Favor | |
| 21 Cárdenas Hernández, Raymundo | Favor | |
| 22 Cervantes Rodríguez, Aurora | Favor | |
| 23 Chávez García, Higinio | Favor | |
| 24 Condado Escamilla, Cuitlahuac | Favor | |
| 25 Contreras Julián, Maricela | Ausente | |
| 26 Cruz Santiago, Claudia Lilia | Favor | |
| 27 Cuevas Córdova, Othón | Ausente | |
| 28 Dagdug Lützow, Moisés Félix | Favor | |
| 29 De la Rosa García, Juan Hugo | Ausente | |
| 30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado | Favor | |
| 31 Dehesa Mora, Daniel | Favor | |
| 32 Del Toro, Mario Enrique | Favor | |
| 33 Díaz Contreras, Adriana | Favor | |
| 34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz | Favor | |
| 35 Espejel Lazcano, Jaime | Favor | |
| 36 Fernández Balboa, Mónica | Ausente | |
| 37 Flores Maldonado, César | Abstención | |
| 38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro | Favor | |
| 39 Franco Melgarejo, Rafael | Ausente | |
| 40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo | Favor | |
| 41 García Rodríguez, Víctor Hugo | Ausente | |
| 42 Garzón Contreras, Neftalí | Ausente | |
| 43 González Garza, Javier | Favor | |
| 44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio | Favor | |
| 45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis | Favor | |
| 46 Hernández Gaytán, Daisy Selene | Ausente | |
| 47 Hernández Hernández, Sergio | Favor | |
| 48 Hernández Manzanares, Javier | Favor | |
| 49 Hernández Silva, Benjamín | Favor | |
| 50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia | Ausente | |
| 51 Jacques y Medina, José | Favor | |
| 52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia | Favor | |
| 53 Landero López, Pedro | Ausente | |
| 54 Lemarroy Martínez, Juan Dario | Ausente | |
| 55 Leyva Piñón, Ana Yurixi | Ausente | |
| 56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel | Favor | |
| 57 López Barriga, Erick | Favor | |
| 58 López Becerra, Santiago | Favor | |
| 59 López Rojas, Alberto | Favor | |
| 60 López Torres, María Soledad | Favor | |
| 61 Lozano Lozano, Andrés | Ausente | |
| 62 Luna Munguía, Alma Lilia | Favor | |
| 63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar | Favor | |
| 64 Márquez Tinoco, Francisco | Favor | |
| 65 Martínez Hernández, Alejandro | Favor | |
| 66 Martínez Martínez, Carlos Roberto | Ausente | |
| 67 Martínez Martínez, Francisco | Favor | |
| 68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo | Favor | |
| 69 Martínez Vargas Octavio | Favor | |
| 70 Matías Alonso, Marcos | Ausente | |
| 71 Matus Toledo, Holly | Favor | |
| 72 Mayans Canabal, Fernando | Favor | |
| 73 Mendoza Arellano, David | Favor | |
| 74 Mendoza Flores, Roberto | Favor | |
| 75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio | Favor | |
| 76 Mendoza Mendoza, Irineo | Favor | |
| 77 Monreal Ávila, Susana | Favor | |
| 78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén | Favor | |
| 79 Morales Sánchez, Efraín | Ausente | |
| 80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe | Favor | |
| 81 Narcía Álvarez, Héctor | Favor | |
| 82 Navarro López, Carlos Ernesto | Favor | |
| 83 Navarro Quintero, Miguel Ángel | Ausente | |
| 84 Ojeda Hernández, Concepción | Favor | |
| 85 Oliva Fragoso, Silvia | Favor | |
| 86 Orcí Martínez, Juan Adolfo | Favor | |
| 87 Ortega Martínez, Antonio | Favor | |
| 88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia | Ausente | |
| 89 Pacheco Llanes, Ramón Félix | Favor | |
| 90 Pedraza Chávez, Isidro | Favor | |
| 91 Pedrozo Castillo, Adrián | Favor | |
| 92 Peña Sánchez, Miguel Ángel | Favor | |
| 93 Pérez Cruz, Raciel | Favor | |
| 94 Pulido Santiago, Celso David | Favor | |
| 95 Ramos Becerril, Rafael Plácido | Ausente | |
| 96 Ramos Castellanos, Martín | Favor | |
| 97 Rasgado Corsi, Gloria | Ausente | |
| 98 Ríos Gamboa, Raúl | Favor | |
| 99 Romero Gutiérrez, Odilón | Favor | |
| 100 Ruiz Sánchez, Salvador | Favor | |
| 101 Saavedra Coronel, José Antonio | Favor | |
| 102 San Martín Hernández, Juan Manuel | Favor | |
| 103 Sánchez Barrios, Carlos | Favor | |
| 104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías | Ausente | |
| 105 Sánchez Camacho, Alejandro | Ausente | |
| 106 Sánchez Camacho, David | Favor | |
| 107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis | Favor | |
| 108 Sánchez Ramos, Francisco | Favor | |
| 109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc | Ausente | |
| 110 Santos Arreola, Francisco Javier | Favor | |
| 111 Solares Chávez, Miguel Ángel | Favor | |
| 112 Soriano Sánchez, Rosa Elva | Favor | |
| 113 Soto Ramos, Faustino | Favor | |
| 114 Soto Sánchez, Antonio | Favor | |
| 115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso | Favor | |
| 116 Torres Baltazar, María Elena | Favor | |
| 117 Torres García, Daniel | Favor | |
| 118 Trejo Pérez, Pablo | Favor | |
| 119 Ulloa Pérez, Emilio | Ausente | |
| 120 Vallejo Estevez, Mario | Favor | |
| 121 Varela López, Víctor Gabriel | Ausente | |
| 122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio | Favor | |
| 123 Villanueva Albarrán, Gerardo | Ausente | |
| 124 Villicaña García, Rafael | Favor | |
| 125 Zavaleta Salgado, Ruth | Favor | |
| 126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto | Ausente | |
| 127 Zepeda Hernández, Martín | Favor | |
| Favor: 96 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 1 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 30 | ||
| Total: 127 | ||
| PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ||
|---|---|---|
| 1 Abramo Masso, Yerico | Favor | |
| 2 Aguilar, Diego | Favor | |
| 3 Aguilar Solís, Samuel | Ausente | |
| 4 Aispuro Torres, José Rosas | Ausente | |
| 5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio | Ausente | |
| 6 Aldana Prieto, Luis Ricardo | Favor | |
| 7 Amador Gaxiola, Daniel | Ausente | |
| 8 Amador Leal, Narcizo Alberto | Favor | |
| 9 Ayala Almeida, Joel | Favor | |
| 10 Badillo Martínez, Roberto | Favor | |
| 11 Barajas López, Ramón | Ausente | |
| 12 Barajas del Toro, Salvador | Favor | |
| 13 Barba Hernández, Alfredo | Ausente | |
| 14 Beltrán Montes, Israel | Ausente | |
| 15 Benítez Ojeda, Luis Enrique | Favor | |
| 16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio | Ausente | |
| 17 Biebrich Torres, Carlos Armando | Ausente | |
| 18 Blanco Pajón, José Luis | Favor | |
| 19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando | Favor | |
| 20 Camacho Quiroz, César Octavio | Ausente | |
| 21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo | Favor | |
| 22 Carballo Bustamante, Andrés | Favor | |
| 23 Cárdenas del Avellano, Enrique | Favor | |
| 24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo | Favor | |
| 25 Cerrillo Garnica, José Luis | Favor | |
| 26 Cervantes Andrade, Raúl | Ausente | |
| 27 Chaurand Arzate, Carlos | Favor | |
| 28 Colín Guadarrama, María Mercedes | Ausente | |
| 29 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías | Favor | |
| 30 De la Garza Treviño, Jorge Luis | Favor | |
| 31 Díaz Athié, Antonio de Jesús | Favor | |
| 32 Díaz Solorzano, Elmar Darinel | Ausente | |
| 33 Domínguez Domínguez, Nemesio | Favor | |
| 34 Duarte Jáquez, César Horacio | Ausente | |
| 35 Escajeda Jiménez, José Rubén | Favor | |
| 36 Escalante Jasso, Aracely | Favor | |
| 37 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías | Favor | |
| 38 Estefan Chidiac, Charbel Jorge | Ausente | |
| 39 Flores Sandoval, Patricio | Favor | |
| 40 Gamboa Patrón, Emilio | Favor | |
| 41 Garza Garza, Horacio Emigdio | Favor | |
| 42 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen | Favor | |
| 43 Gloria Requena, Tomás | Ausente | |
| 44 Gómez Lugo, Elda | Favor | |
| 45 González Calderón, Martha Hilda | Ausente | |
| 46 González García, Sergio | Favor | |
| 47 González Salum, Miguel Ángel | Favor | |
| 48 González Zarur, Mariano | Favor | |
| 49 Guerrero García, Javier | Favor | |
| 50 Guerrero Juárez, Joel | Favor | |
| 51 Herrera Ale, Juana Leticia | Ausente | |
| 52 Herrera Coyac, Wenceslao | Favor | |
| 53 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando | Favor | |
| 54 Lagunes Gallina, Gerardo | Favor | |
| 55 Lescieur Talavera, Jorge Mario | Ausente | |
| 56 López Balbuena, Guillermina | Favor | |
| 57 Madrid Tovilla, Areli | Ausente | |
| 58 Martínez Rodríguez, Lorena | Ausente | |
| 59 Martínez Rocha, Arturo | Favor | |
| 60 Méndez Lanz, Víctor Manuel | Favor | |
| 61 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso | Favor | |
| 62 Merodio Reza, Lilia Guadalupe | Favor | |
| 63 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl | Ausente | |
| 64 Montalvo Gómez, Pedro | Favor | |
| 65 Morales García, Elizabeth | Ausente | |
| 66 Mota Hernández, Adolfo | Favor | |
| 67 Muñoz Serna, Rogelio | Ausente | |
| 68 Murat, José | Favor | |
| 69 Ochoa González, Arnoldo | Favor | |
| 70 Ojeda Camacho, Gilberto | Ausente | |
| 71 Olivares Monterrubio, Alejandro | Favor | |
| 72 Olivares Ventura, Héctor Hugo | Ausente | |
| 73 Ordaz Jiménez, Ismael | Favor | |
| 74 Orihuela Bárcenas, José Ascención | Favor | |
| 75 Orihuela Trejo, José Amado | Favor | |
| 76 Ortiz del Carpio, Víctor | Ausente | |
| 77 Ortiz Proal, Mauricio | Ausente | |
| 78 Padilla Gutiérrez, Héctor | Favor | |
| 79 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz | Favor | |
| 80 Palma César, Víctor Samuel | Quorum | |
| 81 Parás González, Juan Manuel | Favor | |
| 82 Patrón Montalvo, Jesús Manuel | Ausente | |
| 83 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela | Ausente | |
| 84 Pérez Valdés, Daniel | Favor | |
| 85 Pinete Vargas, María del Carmen | Ausente | |
| 86 Quiñones Canales, Lourdes | Favor | |
| 87 Ramírez Martínez, José Edmundo | Ausente | |
| 88 Ramírez Stabros, Jesús | Ausente | |
| 89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo | Favor | |
| 90 Rivera Bedoya, Juan Francisco | Favor | |
| 91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda | Favor | |
| 92 Rojas Gutiérrez, Carlos | Favor | |
| 93 Ruiz Chávez, Sara Latife | Ausente | |
| 94 Salas López, Ramón | Favor | |
| 95 Sánchez Hernández, Eduardo | Favor | |
| 96 Sandoval Paredes, Sergio | Favor | |
| 97 Serrano Escobar, Enrique | Favor | |
| 98 Sosa Castelán, Gerardo | Favor | |
| 99 Toledo Luis, Jorge | Favor | |
| 100 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo | Ausente | |
| 101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio | Ausente | |
| 102 Vega Ortiz, María Oralia | Ausente | |
| 103 Velasco Pérez, Juan Carlos | Ausente | |
| 104 Villa Villa, Isael | Ausente | |
| 105 Villanueva Abraján, Patricia | Quorum | |
| 106 Zatarain González, Carlos Ernesto | Favor | |
| Favor: 65 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 2 | ||
| Ausentes: 39 | ||
| Total: 106 | ||
| PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO | ||
|---|---|---|
| 1 Arévalo González, José Antonio | Favor | |
| 2 Chozas y Chozas, Olga Patricia | Favor | |
| 3 Cobo Terrazas, Diego | Favor | |
| 4 Elizondo Garrido, Francisco | Favor | |
| 5 Estrada González, Faustino Javier | Favor | |
| 6 García Noriega, María Guadalupe Josefina | Favor | |
| 7 González Martínez, Jorge Emilio | Ausente | |
| 8 Lavara Mejía, Gloria | Favor | |
| 9 López Adame, Antonio Xavier | Favor | |
| 10 López Ramírez, Sergio Augusto | Favor | |
| 11 Notholt Guerrero, Alan | Favor | |
| 12 Portilla Diéguez, Manuel | Favor | |
| 13 Puente Salas, Carlos Alberto | Favor | |
| 14 Ramírez Cerda, Ana María | Ausente | |
| 15 Salgado Amador, Manuel Salvador | Favor | |
| 16 Sesma Suárez, Jesús | Favor | |
| 17 Velasco Rodríguez, Verónica | Favor | |
| Favor: 15 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 2 | ||
| Total: 17 | ||
| CONVERGENCIA | ||
|---|---|---|
| 1 Abad de Jesús, Juan | Favor | |
| 2 Aguilera Rico, José Luis | Favor | |
| 3 Cárdenas Márquez, Elías | Favor | |
| 4 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús | Ausente | |
| 5 Chanona Burguete, Alejandro | Favor | |
| 6 Del Río Virgen, José Manuel | Favor | |
| 7 Esteva Salinas, Alberto | Favor | |
| 8 Godoy Cárdenas, Jorge | Favor | |
| 9 López Lena Cruz, Humberto | Favor | |
| 10 Salvatori Bronca, María del Carmen | Favor | |
| 11 Samperio Montaño, Juan Ignacio | Favor | |
| 12 Sansores San Román, Layda Elena | Favor | |
| 13 Tagle Martínez, Martha Angélica | Favor | |
| 14 Uscanga Cruz, Robinson | Favor | |
| 15 Valdés Chávez, Ramón | Ausente | |
| 16 Varela Lagunas, Tomás José Luis | Favor | |
| 17 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc | Favor | |
| Favor: 15 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 2 | ||
| Total: 17 | ||
| PARTIDO DEL TRABAJO | ||
|---|---|---|
| 1 Aguilar Jiménez, Rubén | Ausente | |
| 2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo | Favor | |
| 3 Cantú Garza, Ricardo | Favor | |
| 4 Cervantes Rivera, Jaime | Favor | |
| 5 Garay Ulloa, Silvano | Ausente | |
| 6 Herrera Solís, Anuario Luis | Ausente | |
| 7 Maciel Ortiz, María Mercedez | Favor | |
| 8 Peregrino García, Abundio | Ausente | |
| 9 Romero Guzmán, Rosa Elia | Ausente | |
| 10 Solís Parga, Rodolfo | Favor | |
| 11 Vela González, Joaquín Humberto | Favor | |
| Favor: 6 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 5 | ||
| Total: 11 | ||
| PARTIDO NUEVA ALIANZA | ||
|---|---|---|
| 1 Arriola Gordillo, Mónica | Favor | |
| 2 Cárdenas Fonseca, Manuel | Ausente | |
| 3 Castillo Nájera, Ariel | Favor | |
| 4 Dávila Esquivel, Humberto | Favor | |
| 5 Gómez Pasillas, Jacinto | Favor | |
| 6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel | Favor | |
| 7 Luna Becerril, Blanca | Favor | |
| 8 Luna Rodríguez, Silvia | Favor | |
| 9 Piñeyro Arias, Irma | Favor | |
| Favor: 8 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 1 | ||
| Total: 9 | ||
| PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL | ||
|---|---|---|
| 1 Arvizu Rivas, Aida Marina | Favor | |
| 2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe | Favor | |
| 3 García Méndez, Armando | Favor | |
| 4 Hernández Valadés, Delio | Favor | |
| 5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo | Ausente | |
| Favor: 4 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 1 | ||
| Total: 5 | ||
| DIPUTADOS SIN PARTIDO | ||
|---|---|---|
| 1 Castellanos Hernández, Félix | Favor | |
| Favor: 1 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 0 | ||
| Total: 1 | ||
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud (en lo general y en lo particular).
| PARTIDO ACCION NACIONAL | ||
|---|---|---|
| 1 Acosta Dávila, Constantino | Favor | |
| 2 Aguilar López, José Alejandro | Favor | |
| 3 Alcalde Virgen, Moisés | Favor | |
| 4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges | Favor | |
| 5 Álvarez Bernal, María Elena | Ausente | |
| 6 Amezola Fonceca, Gerardo | Favor | |
| 7 Aranda Orozco, Gerardo | Ausente | |
| 8 Arellano Arellano, Joel | Ausente | |
| 9 Arenas Guzmán, Margarita | Ausente | |
| 10 Arizméndi Uribe, Efraín | Ausente | |
| 11 Armendáriz García, Pedro | Ausente | |
| 12 Arredondo Ibarra, Salvador | Favor | |
| 13 Arredondo Velázquez, Jesús | Ausente | |
| 14 Ávila Mayo, Obdulio | Favor | |
| 15 Barradas Miravete, Gregorio | Ausente | |
| 16 Barrios Rodríguez, Juan Enrique | Ausente | |
| 17 Bello Pérez, Alfonso Othón | Favor | |
| 18 Berber Martínez, Antonio | Favor | |
| 19 Bermúdez Viramontes, Andrés | Favor | |
| 20 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier | Favor | |
| 21 Borboa Becerra, Omar Antonio | Ausente | |
| 22 Borrego Estrada, Felipe | Favor | |
| 23 Bracho González, Carlos Augusto | Favor | |
| 24 Buganza Salmerón, Gerardo | Favor | |
| 25 Caballero Chávez, Claudia Gabriela | Ausente | |
| 26 Campos Galván, María Eugenia | Ausente | |
| 27 Carbajal Méndez, Liliana | Favor | |
| 28 Carbajal Tejada, Rogelio | Favor | |
| 29 Cárdenas Sánchez, Esmeralda | Favor | |
| 30 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto | Favor | |
| 31 Castaño Contreras, Cristián | Favor | |
| 32 Castro de la Rosa, Osiel | Ausente | |
| 33 Castro Muñoz, Juan de Dios | Favor | |
| 34 Castro Romero, María Sofia | Ausente | |
| 35 Ceja Romero, Ramón | Favor | |
| 36 Chávez García, Daniel | Favor | |
| 37 Collado Lara, Beatriz | Favor | |
| 38 Contreras Coeto, José Luis | Favor | |
| 39 Corral Aguilar, María Mercedes | Favor | |
| 40 Cuen Garibi, Marcela | Favor | |
| 41 Curiel Preciado, Leobardo | Ausente | |
| 42 Dávila Fernández, Adriana | Favor | |
| 43 Dávila García, Francisco | Favor | |
| 44 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio | Favor | |
| 45 De León Tello, Jesús | Favor | |
| 46 Degante Romero, Silvia Emilia | Favor | |
| 47 Del Toro del Villar, Tomás | Favor | |
| 48 Del Valle Toca, Antonio | Ausente | |
| 49 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique | Ausente | |
| 50 Deschamps Falcón, Ángel Rafael | Favor | |
| 51 Díaz de León Torres, Leticia | Ausente | |
| 52 Díaz García, José Antonio | Favor | |
| 53 Díaz Garibay, Felipe | Favor | |
| 54 Díaz Gordillo, Martha Cecilia | Favor | |
| 55 Díaz Mena, Joaquín Jesús | Favor | |
| 56 Domínguez Servién, Francisco | Ausente | |
| 57 Duck Núñez, Edgar Mauricio | Favor | |
| 58 Enríquez Flores, Armando | Favor | |
| 59 Enríquez Martínez, Luis Rodolfo | Favor | |
| 60 Escaroz Soler, Gerardo Antonio | Favor | |
| 61 Espinosa Piña, José Luis | Favor | |
| 62 Félix Holguín, Armando Jesús | Favor | |
| 63 Felton González, Carlos Eduardo | Favor | |
| 64 Fernández Cabrera, Adrián | Favor | |
| 65 Fernández Ugarte, Carmen | Favor | |
| 66 Figueroa Ortega, David | Favor | |
| 67 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro | Ausente | |
| 68 Flores Grande, Arturo | Ausente | |
| 69 Flores Morfín, Jesús Vicente | Favor | |
| 70 Fraile García, Francisco Antonio | Ausente | |
| 71 Franco Cazarez, Ricardo | Favor | |
| 72 Fuentes Ortiz, José Guillermo | Favor | |
| 73 García González, Carlos Alberto | Favor | |
| 74 García Müller, Martha Margarita | Favor | |
| 75 García Reyes, Ángel Humberto | Ausente | |
| 76 García Reyes, Beatriz Eugenia | Ausente | |
| 77 García Vivián, Raúl | Ausente | |
| 78 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes | Ausente | |
| 79 Gómez Leyva, Silvio | Favor | |
| 80 González Betancourt, Jorge Justiniano | Favor | |
| 81 González Martínez, María Gabriela | Ausente | |
| 82 González Morán, Martín Oscar | Ausente | |
| 83 González Roaro, Benjamín Ernesto | Favor | |
| 84 González Ruiz, Felipe | Ausente | |
| 85 González Sánchez, María Dolores | Favor | |
| 86 Gudiño Ortiz, Francisco Javier | Favor | |
| 87 Guerrero Torres, José Gildardo | Favor | |
| 88 Gutiérrez Lagunes, María Victoria | Favor | |
| 89 Hernández Núñez, Elia | Ausente | |
| 90 Hurtado Pérez, Nelly Asunción | Favor | |
| 91 Iragorri Durán, Enrique | Ausente | |
| 92 Jiménez del Carrillo, María de los Ángeles | Favor | |
| 93 Jiménez Ramos, María Esther | Abstención | |
| 94 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia | Ausente | |
| 95 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar | Ausente | |
| 96 Landero Gutiérrez, Alejandro | Favor | |
| 97 Landeros González, Ramón | Favor | |
| 98 Lara Compeán, David | Favor | |
| 99 Larios Córdova, Héctor | Ausente | |
| 100 Laviada Hernández, Íñigo Antonio | Favor | |
| 101 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio | Favor | |
| 102 Leura González, Agustín | Favor | |
| 103 Lezama Aradillas, René | Favor | |
| 104 Limas Frescas, María Soledad | Ausente | |
| 105 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel | Favor | |
| 106 López Cisneros, José Martín | Ausente | |
| 107 López Reyna, Omeheira | Ausente | |
| 108 López Silva, Rubí Laura | Favor | |
| 109 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel | Favor | |
| 110 Lujano Nicolás, Christian Martín | Ausente | |
| 111 Maawad Robert, Luis Xavier | Favor | |
| 112 Macías Zambrano, Gustavo | Ausente | |
| 113 Madrazo Limón, Carlos | Ausente | |
| 114 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús | Favor | |
| 115 Malagón Ríos, Martín | Favor | |
| 116 Malcos Amaro, María Ofelia | Favor | |
| 117 Maldonado González, David | Favor | |
| 118 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María | Favor | |
| 119 Martínez Díaz, María de Jesús | Favor | |
| 120 Martínez Valero, Dora Alicia | Ausente | |
| 121 Medellín Varela, Antonio | Favor | |
| 122 Medina Macias, Alma Hilda | Favor | |
| 123 Medina Rodríguez, Delber | Ausente | |
| 124 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia | Favor | |
| 125 Mejía García, Luis Alonso | Ausente | |
| 126 Méndez Meneses, Apolonio | Favor | |
| 127 Mendoza Morales, Lucía Susana | Ausente | |
| 128 Minjares Jiménez, José Manuel | Ausente | |
| 129 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel | Ausente | |
| 130 Mollinedo Hernández, Agustín | Favor | |
| 131 Monraz Ibarra, Miguel Ángel | Ausente | |
| 132 Montes Sánchez, Fabián Fernando | Favor | |
| 133 Mora Cuevas, Marisol | Favor | |
| 134 Morales Ramos, José Nicolás | Ausente | |
| 135 Morelos Borja, María Esperanza | Favor | |
| 136 Moreno Álvarez, Mario Eduardo | Ausente | |
| 137 Morgan Franco, Rocío del Carmen | Favor | |
| 138 Muñoz Serrano, José Antonio | Favor | |
| 139 Murillo Flores, Francisco Javier | Favor | |
| 140 Murillo Torres, José Luis | Favor | |
| 141 Navarro Sugich, Carlos Alberto | Favor | |
| 142 Nordhausen González, Jorge Rubén | Favor | |
| 143 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves | Favor | |
| 144 Ochoa López, Nabor | Ausente | |
| 145 Olvera Higuera, Edgar Armando | Favor | |
| 146 Ortega Martínez, María del Pilar | Favor | |
| 147 Ortiz Hernández, Eduardo | Favor | |
| 148 Oviedo Oviedo, Ernesto | Favor | |
| 149 Padilla Orozco, Raúl Alejandro | Ausente | |
| 150 Palafox Núñez, José Inés | Favor | |
| 151 Paredes Rodríguez, Francisco Javier | Favor | |
| 152 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen | Favor | |
| 153 Parra Noriega, Luis Gustavo | Favor | |
| 154 Pérez Cuéllar, Cruz | Ausente | |
| 155 Perroni Merino, Gloria | Favor | |
| 156 Peyrot Solís, Marco A. | Favor | |
| 157 Plascencia Alonso, Francisco Javier | Favor | |
| 158 Priego Tapia, Gerardo | Favor | |
| 159 Pulido Pecero, Pedro | Favor | |
| 160 Quintero Bello, Jorge | Favor | |
| 161 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana | Favor | |
| 162 Ramírez Barba, Ector Jaime | Favor | |
| 163 Ramírez Pech, Edgar Martín | Favor | |
| 164 Ramírez Villarreal, Gustavo | Favor | |
| 165 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel | Favor | |
| 166 Reyes López, Carlos Armando | Ausente | |
| 167 Rincón Vargas, Mirna Cecilia | Favor | |
| 168 Rivera Rivera, José Guadalupe | Favor | |
| 169 Rivero Rivero, Rolando | Favor | |
| 170 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando | Favor | |
| 171 Rodríguez Jiménez, Ricardo | Favor | |
| 172 Rodríguez Prats, Juan José | Ausente | |
| 173 Rodríguez Uresti, Enrique | Ausente | |
| 174 Rojas Hernández, Laura Angélica | Ausente | |
| 175 Román Isidoro, Demetrio | Favor | |
| 176 Romo Jiménez, Martha Angélica | Favor | |
| 177 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto | Favor | |
| 178 Rueda Gómez, Francisco | Favor | |
| 179 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto | Favor | |
| 180 Salas Contreras, Marcos | Favor | |
| 181 Salazar Madera, Mario Alberto | Favor | |
| 182 Salum del Palacio, Jorge Alejandro | Favor | |
| 183 Sánchez Domínguez, Alejandro | Favor | |
| 184 Sánchez Gil, Carlos René | Favor | |
| 185 Sánchez Juárez, Claudia | Favor | |
| 186 Sánchez Trujillo, José Víctor | Favor | |
| 187 Sandoval Munguia, Juan Manuel | Favor | |
| 188 Serrato Castell, Luis Gerardo | Favor | |
| 189 Shej Guzmán Sara | Favor | |
| 190 Solano Muñoz, José de Jesús | Favor | |
| 191 Stefanonni Mazzocco, Martín | Favor | |
| 192 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette | Favor | |
| 193 Torres Gómez, Artemio | Favor | |
| 194 Torres Herrera, Víctor Manuel | Favor | |
| 195 Torres Torres, Carlos Alberto | Favor | |
| 196 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe | Favor | |
| 197 Valladolid Rodríguez, Antonio | Favor | |
| 198 Vasconcelos Rueda, Antonio | Favor | |
| 199 Vázquez Martínez, Alberto | Favor | |
| 200 Vega Corona, Antonio | Favor | |
| 201 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo | Ausente | |
| 202 Verástegui Ostos, César Augusto | Favor | |
| 203 Verdín Saldaña, Jaime | Favor | |
| 204 Victoria Alva, Juan | Favor | |
| 205 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca | Favor | |
| 206 Villanueva Arjona, Juan Manuel | Ausente | |
| 207 Zambrano Elizondo, Javier Martín | Favor | |
| Favor: 148 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 1 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 58 | ||
| Total: 207 | ||
| PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | ||
|---|---|---|
| 1 Aguirre Alcaide, Víctor | Ausente | |
| 2 Alavez Ruiz, Aleida | Favor | |
| 3 Almazán González, José Antonio | Ausente | |
| 4 Almonte Borja, Ramón | Favor | |
| 5 Alonso Flores, Lourdes | Favor | |
| 6 Alonso Razo, Humberto Wifredo | Ausente | |
| 7 Altamirano Toledo, Carlos | Favor | |
| 8 Alva Olvera, Maribel Luisa | Favor | |
| 9 Álvarez Ramón, Silbestre | Ausente | |
| 10 Amaro Corona, Alberto | Favor | |
| 11 Aragón Castillo, Irene | Ausente | |
| 12 Arellano Pulido, Miguel Ángel | Favor | |
| 13 Arreola Calderón, Juan Dario | Favor | |
| 14 Barreiro Pérez, Armando | Favor | |
| 15 Batres Guadarrama, Valentina Valia | Favor | |
| 16 Bautista Bravo, Alliet Mariana | Favor | |
| 17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh | Favor | |
| 18 Brito González, Modesto | Favor | |
| 19 Calzada Vázquez, Francisco Javier | Favor | |
| 20 Campos Aburto, Amador | Favor | |
| 21 Cárdenas Hernández, Raymundo | Favor | |
| 22 Cervantes Rodríguez, Aurora | Favor | |
| 23 Chávez García, Higinio | Favor | |
| 24 Condado Escamilla, Cuitlahuac | Favor | |
| 25 Contreras Julián, Maricela | Ausente | |
| 26 Cruz Santiago, Claudia Lilia | Favor | |
| 27 Cuevas Córdova, Othón | Ausente | |
| 28 Dagdug Lützow, Moisés Félix | Favor | |
| 29 De la Rosa García, Juan Hugo | Ausente | |
| 30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado | Favor | |
| 31 Dehesa Mora, Daniel | Ausente | |
| 32 Del Toro, Mario Enrique | Favor | |
| 33 Díaz Contreras, Adriana | Favor | |
| 34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz | Favor | |
| 35 Espejel Lazcano, Jaime | Favor | |
| 36 Fernández Balboa, Mónica | Ausente | |
| 37 Flores Maldonado, César | Favor | |
| 38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro | Favor | |
| 39 Franco Melgarejo, Rafael | Ausente | |
| 40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo | Favor | |
| 41 García Rodríguez, Víctor Hugo | Ausente | |
| 42 Garzón Contreras, Neftalí | Ausente | |
| 43 González Garza, Javier | Favor | |
| 44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio | Favor | |
| 45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis | Favor | |
| 46 Hernández Gaytán, Daisy Selene | Ausente | |
| 47 Hernández Hernández, Sergio | Favor | |
| 48 Hernández Manzanares, Javier | Favor | |
| 49 Hernández Silva, Benjamín | Favor | |
| 50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia | Ausente | |
| 51 Jacques y Medina, José | Favor | |
| 52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia | Favor | |
| 53 Landero López, Pedro | Ausente | |
| 54 Lemarroy Martínez, Juan Dario | Ausente | |
| 55 Leyva Piñón, Ana Yurixi | Ausente | |
| 56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel | Favor | |
| 57 López Barriga, Erick | Favor | |
| 58 López Becerra, Santiago | Favor | |
| 59 López Rojas, Alberto | Favor | |
| 60 López Torres, María Soledad | Favor | |
| 61 Lozano Lozano, Andrés | Ausente | |
| 62 Luna Munguía, Alma Lilia | Favor | |
| 63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar | Favor | |
| 64 Márquez Tinoco, Francisco | Favor | |
| 65 Martínez Hernández, Alejandro | Favor | |
| 66 Martínez Martínez, Carlos Roberto | Ausente | |
| 67 Martínez Martínez, Francisco | Favor | |
| 68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo | Favor | |
| 69 Martínez Vargas Octavio | Favor | |
| 70 Matías Alonso, Marcos | Ausente | |
| 71 Matus Toledo, Holly | Favor | |
| 72 Mayans Canabal, Fernando | Favor | |
| 73 Mendoza Arellano, David | Favor | |
| 74 Mendoza Flores, Roberto | Favor | |
| 75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio | Favor | |
| 76 Mendoza Mendoza, Irineo | Favor | |
| 77 Monreal Ávila, Susana | Favor | |
| 78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén | Ausente | |
| 79 Morales Sánchez, Efraín | Ausente | |
| 80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe | Favor | |
| 81 Narcía Álvarez, Héctor | Favor | |
| 82 Navarro López, Carlos Ernesto | Favor | |
| 83 Navarro Quintero, Miguel Ángel | Ausente | |
| 84 Ojeda Hernández, Concepción | Favor | |
| 85 Oliva Fragoso, Silvia | Favor | |
| 86 Orcí Martínez, Juan Adolfo | Favor | |
| 87 Ortega Martínez, Antonio | Ausente | |
| 88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia | Ausente | |
| 89 Pacheco Llanes, Ramón Félix | Favor | |
| 90 Pedraza Chávez, Isidro | Favor | |
| 91 Pedrozo Castillo, Adrián | Favor | |
| 92 Peña Sánchez, Miguel Ángel | Favor | |
| 93 Pérez Cruz, Raciel | Favor | |
| 94 Pulido Santiago, Celso David | Favor | |
| 95 Ramos Becerril, Rafael Plácido | Ausente | |
| 96 Ramos Castellanos, Martín | Favor | |
| 97 Rasgado Corsi, Gloria | Favor | |
| 98 Ríos Gamboa, Raúl | Favor | |
| 99 Romero Gutiérrez, Odilón | Favor | |
| 100 Ruiz Sánchez, Salvador | Favor | |
| 101 Saavedra Coronel, José Antonio | Favor | |
| 102 San Martín Hernández, Juan Manuel | Favor | |
| 103 Sánchez Barrios, Carlos | Ausente | |
| 104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías | Ausente | |
| 105 Sánchez Camacho, Alejandro | Ausente | |
| 106 Sánchez Camacho, David | Favor | |
| 107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis | Favor | |
| 108 Sánchez Ramos, Francisco | Favor | |
| 109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc | Ausente | |
| 110 Santos Arreola, Francisco Javier | Favor | |
| 111 Solares Chávez, Miguel Ángel | Favor | |
| 112 Soriano Sánchez, Rosa Elva | Favor | |
| 113 Soto Ramos, Faustino | Ausente | |
| 114 Soto Sánchez, Antonio | Favor | |
| 115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso | Favor | |
| 116 Torres Baltazar, María Elena | Favor | |
| 117 Torres García, Daniel | Ausente | |
| 118 Trejo Pérez, Pablo | Favor | |
| 119 Ulloa Pérez, Emilio | Ausente | |
| 120 Vallejo Estevez, Mario | Favor | |
| 121 Varela López, Víctor Gabriel | Ausente | |
| 122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio | Favor | |
| 123 Villanueva Albarrán, Gerardo | Ausente | |
| 124 Villicaña García, Rafael | Favor | |
| 125 Zavaleta Salgado, Ruth | Favor | |
| 126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto | Ausente | |
| 127 Zepeda Hernández, Martín | Favor | |
| Favor: 90 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 37 | ||
| Total: 127 | ||
| PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ||
|---|---|---|
| 1 Abramo Masso, Yerico | Favor | |
| 2 Aguilar, Diego | Favor | |
| 3 Aguilar Solís, Samuel | Ausente | |
| 4 Aispuro Torres, José Rosas | Ausente | |
| 5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio | Ausente | |
| 6 Aldana Prieto, Luis Ricardo | Favor | |
| 7 Amador Gaxiola, Daniel | Ausente | |
| 8 Amador Leal, Narcizo Alberto | Favor | |
| 9 Ayala Almeida, Joel | Favor | |
| 10 Badillo Martínez, Roberto | Favor | |
| 11 Barajas López, Ramón | Ausente | |
| 12 Barajas del Toro, Salvador | Favor | |
| 13 Barba Hernández, Alfredo | Ausente | |
| 14 Beltrán Montes, Israel | Ausente | |
| 15 Benítez Ojeda, Luis Enrique | Favor | |
| 16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio | Ausente | |
| 17 Biebrich Torres, Carlos Armando | Ausente | |
| 18 Blanco Pajón, José Luis | Favor | |
| 19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando | Ausente | |
| 20 Camacho Quiroz, César Octavio | Ausente | |
| 21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo | Favor | |
| 22 Carballo Bustamante, Andrés | Favor | |
| 23 Cárdenas del Avellano, Enrique | Favor | |
| 24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo | Favor | |
| 25 Cerrillo Garnica, José Luis | Favor | |
| 26 Cervantes Andrade, Raúl | Ausente | |
| 27 Chaurand Arzate, Carlos | Favor | |
| 28 Colín Guadarrama, María Mercedes | Ausente | |
| 29 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías | Favor | |
| 30 De la Garza Treviño, Jorge Luis | Favor | |
| 31 Díaz Athié, Antonio de Jesús | Favor | |
| 32 Díaz Solorzano, Elmar Darinel | Ausente | |
| 33 Domínguez Domínguez, Nemesio | Ausente | |
| 34 Duarte Jáquez, César Horacio | Ausente | |
| 35 Escajeda Jiménez, José Rubén | Favor | |
| 36 Escalante Jasso, Aracely | Favor | |
| 37 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías | Favor | |
| 38 Estefan Chidiac, Charbel Jorge | Ausente | |
| 39 Flores Sandoval, Patricio | Favor | |
| 40 Gamboa Patrón, Emilio | Favor | |
| 41 Garza Garza, Horacio Emigdio | Ausente | |
| 42 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen | Ausente | |
| 43 Gloria Requena, Tomás | Ausente | |
| 44 Gómez Lugo, Elda | Favor | |
| 45 González Calderón, Martha Hilda | Ausente | |
| 46 González García, Sergio | Favor | |
| 47 González Salum, Miguel Ángel | Ausente | |
| 48 González Zarur, Mariano | Favor | |
| 49 Guerrero García, Javier | Favor | |
| 50 Guerrero Juárez, Joel | Favor | |
| 51 Herrera Ale, Juana Leticia | Ausente | |
| 52 Herrera Coyac, Wenceslao | Favor | |
| 53 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando | Ausente | |
| 54 Lagunes Gallina, Gerardo | Favor | |
| 55 Lescieur Talavera, Jorge Mario | Ausente | |
| 56 López Balbuena, Guillermina | Favor | |
| 57 Madrid Tovilla, Areli | Ausente | |
| 58 Martínez Rodríguez, Lorena | Ausente | |
| 59 Martínez Rocha, Arturo | Favor | |
| 60 Méndez Lanz, Víctor Manuel | Favor | |
| 61 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso | Favor | |
| 62 Merodio Reza, Lilia Guadalupe | Favor | |
| 63 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl | Ausente | |
| 64 Montalvo Gómez, Pedro | Favor | |
| 65 Morales García, Elizabeth | Ausente | |
| 66 Mota Hernández, Adolfo | Favor | |
| 67 Muñoz Serna, Rogelio | Ausente | |
| 68 Murat, José | Favor | |
| 69 Ochoa González, Arnoldo | Favor | |
| 70 Ojeda Camacho, Gilberto | Ausente | |
| 71 Olivares Monterrubio, Alejandro | Favor | |
| 72 Olivares Ventura, Héctor Hugo | Ausente | |
| 73 Ordaz Jiménez, Ismael | Favor | |
| 74 Orihuela Bárcenas, José Ascención | Favor | |
| 75 Orihuela Trejo, José Amado | Favor | |
| 76 Ortiz del Carpio, Víctor | Ausente | |
| 77 Ortiz Proal, Mauricio | Ausente | |
| 78 Padilla Gutiérrez, Héctor | Favor | |
| 79 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz | Favor | |
| 80 Palma César, Víctor Samuel | Favor | |
| 81 Parás González, Juan Manuel | Favor | |
| 82 Patrón Montalvo, Jesús Manuel | Ausente | |
| 83 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela | Ausente | |
| 84 Pérez Valdés, Daniel | Ausente | |
| 85 Pinete Vargas, María del Carmen | Ausente | |
| 86 Quiñones Canales, Lourdes | Favor | |
| 87 Ramírez Martínez, José Edmundo | Ausente | |
| 88 Ramírez Stabros, Jesús | Ausente | |
| 89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo | Favor | |
| 90 Rivera Bedoya, Juan Francisco | Favor | |
| 91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda | Ausente | |
| 92 Rojas Gutiérrez, Carlos | Ausente | |
| 93 Ruiz Chávez, Sara Latife | Favor | |
| 94 Salas López, Ramón | Favor | |
| 95 Sánchez Hernández, Eduardo | Favor | |
| 96 Sandoval Paredes, Sergio | Favor | |
| 97 Serrano Escobar, Enrique | Favor | |
| 98 Sosa Castelán, Gerardo | Favor | |
| 99 Toledo Luis, Jorge | Favor | |
| 100 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo | Ausente | |
| 101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio | Ausente | |
| 102 Vega Ortiz, María Oralia | Ausente | |
| 103 Velasco Pérez, Juan Carlos | Ausente | |
| 104 Villa Villa, Isael | Favor | |
| 105 Villanueva Abraján, Patricia | Favor | |
| 106 Zatarain González, Carlos Ernesto | Favor | |
| Favor: 60 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 46 | ||
| Total: 106 | ||
| PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO | ||
|---|---|---|
| 1 Arévalo González, José Antonio | Favor | |
| 2 Chozas y Chozas, Olga Patricia | Favor | |
| 3 Cobo Terrazas, Diego | Favor | |
| 4 Elizondo Garrido, Francisco | Favor | |
| 5 Estrada González, Faustino Javier | Favor | |
| 6 García Noriega, María Guadalupe Josefina | Favor | |
| 7 González Martínez, Jorge Emilio | Ausente | |
| 8 Lavara Mejía, Gloria | Favor | |
| 9 López Adame, Antonio Xavier | Favor | |
| 10 López Ramírez, Sergio Augusto | Favor | |
| 11 Notholt Guerrero, Alan | Favor | |
| 12 Portilla Diéguez, Manuel | Favor | |
| 13 Puente Salas, Carlos Alberto | Favor | |
| 14 Ramírez Cerda, Ana María | Ausente | |
| 15 Salgado Amador, Manuel Salvador | Favor | |
| 16 Sesma Suárez, Jesús | Favor | |
| 17 Velasco Rodríguez, Verónica | Favor | |
| Favor: 15 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 2 | ||
| Total: 17 | ||
| CONVERGENCIA | ||
|---|---|---|
| 1 Abad de Jesús, Juan | Favor | |
| 2 Aguilera Rico, José Luis | Favor | |
| 3 Cárdenas Márquez, Elías | Ausente | |
| 4 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús | Ausente | |
| 5 Chanona Burguete, Alejandro | Favor | |
| 6 Del Río Virgen, José Manuel | Favor | |
| 7 Esteva Salinas, Alberto | Favor | |
| 8 Godoy Cárdenas, Jorge | Favor | |
| 9 López Lena Cruz, Humberto | Favor | |
| 10 Salvatori Bronca, María del Carmen | Favor | |
| 11 Samperio Montaño, Juan Ignacio | Favor | |
| 12 Sansores San Román, Layda Elena | Ausente | |
| 13 Tagle Martínez, Martha Angélica | Ausente | |
| 14 Uscanga Cruz, Robinson | Favor | |
| 15 Valdés Chávez, Ramón | Ausente | |
| 16 Varela Lagunas, Tomás José Luis | Favor | |
| 17 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc | Favor | |
| Favor: 12 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 5 | ||
| Total: 17 | ||
| PARTIDO DEL TRABAJO | ||
|---|---|---|
| 1 Aguilar Jiménez, Rubén | Ausente | |
| 2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo | Favor | |
| 3 Cantú Garza, Ricardo | Favor | |
| 4 Cervantes Rivera, Jaime | Favor | |
| 5 Garay Ulloa, Silvano | Ausente | |
| 6 Herrera Solís, Anuario Luis | Favor | |
| 7 Maciel Ortiz, María Mercedez | Favor | |
| 8 Peregrino García, Abundio | Ausente | |
| 9 Romero Guzmán, Rosa Elia | Ausente | |
| 10 Solís Parga, Rodolfo | Favor | |
| 11 Vela González, Joaquín Humberto | Favor | |
| Favor: 7 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 4 | ||
| Total: 11 | ||
| PARTIDO NUEVA ALIANZA | ||
|---|---|---|
| 1 Arriola Gordillo, Mónica | Favor | |
| 2 Cárdenas Fonseca, Manuel | Ausente | |
| 3 Castillo Nájera, Ariel | Favor | |
| 4 Dávila Esquivel, Humberto | Favor | |
| 5 Gómez Pasillas, Jacinto | Favor | |
| 6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel | Favor | |
| 7 Luna Becerril, Blanca | Favor | |
| 8 Luna Rodríguez, Silvia | Favor | |
| 9 Piñeyro Arias, Irma | Favor | |
| Favor: 8 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 1 | ||
| Total: 9 | ||
| PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL | ||
|---|---|---|
| 1 Arvizu Rivas, Aida Marina | Ausente | |
| 2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe | Favor | |
| 3 García Méndez, Armando | Favor | |
| 4 Hernández Valadés, Delio | Favor | |
| 5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo | Ausente | |
| Favor: 3 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 2 | ||
| Total: 5 | ||
| DIPUTADOS SIN PARTIDO | ||
|---|---|---|
| 1 Castellanos Hernández, Félix | Favor | |
| Favor: 1 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 0 | ||
| Total: 1 | ||
De las Comisiones Unidas de la Función Pública, y de Justicia, con opinión de la de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (en lo general y en lo particular).
| PARTIDO ACCION NACIONAL | ||
|---|---|---|
| 1 Acosta Dávila, Constantino | Favor | |
| 2 Aguilar López, José Alejandro | Favor | |
| 3 Alcalde Virgen, Moisés | Favor | |
| 4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges | Favor | |
| 5 Álvarez Bernal, María Elena | Favor | |
| 6 Amezola Fonceca, Gerardo | Favor | |
| 7 Aranda Orozco, Gerardo | Ausente | |
| 8 Arellano Arellano, Joel | Favor | |
| 9 Arenas Guzmán, Margarita | Ausente | |
| 10 Arizméndi Uribe, Efraín | Ausente | |
| 11 Armendáriz García, Pedro | Ausente | |
| 12 Arredondo Ibarra, Salvador | Favor | |
| 13 Arredondo Velázquez, Jesús | Favor | |
| 14 Ávila Mayo, Obdulio | Favor | |
| 15 Barradas Miravete, Gregorio | Ausente | |
| 16 Barrios Rodríguez, Juan Enrique | Favor | |
| 17 Bello Pérez, Alfonso Othón | Favor | |
| 18 Berber Martínez, Antonio | Favor | |
| 19 Bermúdez Viramontes, Andrés | Favor | |
| 20 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier | Favor | |
| 21 Borboa Becerra, Omar Antonio | Favor | |
| 22 Borrego Estrada, Felipe | Ausente | |
| 23 Bracho González, Carlos Augusto | Favor | |
| 24 Buganza Salmerón, Gerardo | Favor | |
| 25 Caballero Chávez, Claudia Gabriela | Ausente | |
| 26 Campos Galván, María Eugenia | Ausente | |
| 27 Carbajal Méndez, Liliana | Ausente | |
| 28 Carbajal Tejada, Rogelio | Favor | |
| 29 Cárdenas Sánchez, Esmeralda | Favor | |
| 30 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto | Favor | |
| 31 Castaño Contreras, Cristián | Favor | |
| 32 Castro de la Rosa, Osiel | Ausente | |
| 33 Castro Muñoz, Juan de Dios | Favor | |
| 34 Castro Romero, María Sofia | Favor | |
| 35 Ceja Romero, Ramón | Favor | |
| 36 Chávez García, Daniel | Favor | |
| 37 Collado Lara, Beatriz | Favor | |
| 38 Contreras Coeto, José Luis | Favor | |
| 39 Corral Aguilar, María Mercedes | Favor | |
| 40 Cuen Garibi, Marcela | Favor | |
| 41 Curiel Preciado, Leobardo | Ausente | |
| 42 Dávila Fernández, Adriana | Favor | |
| 43 Dávila García, Francisco | Favor | |
| 44 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio | Favor | |
| 45 De León Tello, Jesús | Ausente | |
| 46 Degante Romero, Silvia Emilia | Favor | |
| 47 Del Toro del Villar, Tomás | Favor | |
| 48 Del Valle Toca, Antonio | Ausente | |
| 49 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique | Ausente | |
| 50 Deschamps Falcón, Ángel Rafael | Favor | |
| 51 Díaz de León Torres, Leticia | Ausente | |
| 52 Díaz García, José Antonio | Favor | |
| 53 Díaz Garibay, Felipe | Favor | |
| 54 Díaz Gordillo, Martha Cecilia | Ausente | |
| 55 Díaz Mena, Joaquín Jesús | Favor | |
| 56 Domínguez Servién, Francisco | Ausente | |
| 57 Duck Núñez, Edgar Mauricio | Ausente | |
| 58 Enríquez Flores, Armando | Favor | |
| 59 Enríquez Martínez, Luis Rodolfo | Favor | |
| 60 Escaroz Soler, Gerardo Antonio | Favor | |
| 61 Espinosa Piña, José Luis | Favor | |
| 62 Félix Holguín, Armando Jesús | Favor | |
| 63 Felton González, Carlos Eduardo | Favor | |
| 64 Fernández Cabrera, Adrián | Favor | |
| 65 Fernández Ugarte, Carmen | Favor | |
| 66 Figueroa Ortega, David | Ausente | |
| 67 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro | Ausente | |
| 68 Flores Grande, Arturo | Ausente | |
| 69 Flores Morfín, Jesús Vicente | Favor | |
| 70 Fraile García, Francisco Antonio | Favor | |
| 71 Franco Cazarez, Ricardo | Favor | |
| 72 Fuentes Ortiz, José Guillermo | Favor | |
| 73 García González, Carlos Alberto | Favor | |
| 74 García Müller, Martha Margarita | Favor | |
| 75 García Reyes, Ángel Humberto | Favor | |
| 76 García Reyes, Beatriz Eugenia | Ausente | |
| 77 García Vivián, Raúl | Ausente | |
| 78 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes | Ausente | |
| 79 Gómez Leyva, Silvio | Favor | |
| 80 González Betancourt, Jorge Justiniano | Favor | |
| 81 González Martínez, María Gabriela | Ausente | |
| 82 González Morán, Martín Oscar | Ausente | |
| 83 González Roaro, Benjamín Ernesto | Favor | |
| 84 González Ruiz, Felipe | Favor | |
| 85 González Sánchez, María Dolores | Favor | |
| 86 Gudiño Ortiz, Francisco Javier | Favor | |
| 87 Guerrero Torres, José Gildardo | Favor | |
| 88 Gutiérrez Lagunes, María Victoria | Favor | |
| 89 Hernández Núñez, Elia | Favor | |
| 90 Hurtado Pérez, Nelly Asunción | Favor | |
| 91 Iragorri Durán, Enrique | Ausente | |
| 92 Jiménez del Carrillo, María de los Ángeles | Ausente | |
| 93 Jiménez Ramos, María Esther | Ausente | |
| 94 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia | Ausente | |
| 95 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar | Ausente | |
| 96 Landero Gutiérrez, Alejandro | Ausente | |
| 97 Landeros González, Ramón | Favor | |
| 98 Lara Compeán, David | Favor | |
| 99 Larios Córdova, Héctor | Ausente | |
| 100 Laviada Hernández, Íñigo Antonio | Favor | |
| 101 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio | Favor | |
| 102 Leura González, Agustín | Favor | |
| 103 Lezama Aradillas, René | Favor | |
| 104 Limas Frescas, María Soledad | Ausente | |
| 105 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel | Favor | |
| 106 López Cisneros, José Martín | Favor | |
| 107 López Reyna, Omeheira | Ausente | |
| 108 López Silva, Rubí Laura | Favor | |
| 109 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel | Favor | |
| 110 Lujano Nicolás, Christian Martín | Ausente | |
| 111 Maawad Robert, Luis Xavier | Favor | |
| 112 Macías Zambrano, Gustavo | Ausente | |
| 113 Madrazo Limón, Carlos | Ausente | |
| 114 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús | Ausente | |
| 115 Malagón Ríos, Martín | Favor | |
| 116 Malcos Amaro, María Ofelia | Favor | |
| 117 Maldonado González, David | Favor | |
| 118 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María | Favor | |
| 119 Martínez Díaz, María de Jesús | Favor | |
| 120 Martínez Valero, Dora Alicia | Favor | |
| 121 Medellín Varela, Antonio | Favor | |
| 122 Medina Macias, Alma Hilda | Ausente | |
| 123 Medina Rodríguez, Delber | Ausente | |
| 124 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia | Favor | |
| 125 Mejía García, Luis Alonso | Ausente | |
| 126 Méndez Meneses, Apolonio | Favor | |
| 127 Mendoza Morales, Lucía Susana | Ausente | |
| 128 Minjares Jiménez, José Manuel | Ausente | |
| 129 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel | Ausente | |
| 130 Mollinedo Hernández, Agustín | Favor | |
| 131 Monraz Ibarra, Miguel Ángel | Ausente | |
| 132 Montes Sánchez, Fabián Fernando | Favor | |
| 133 Mora Cuevas, Marisol | Favor | |
| 134 Morales Ramos, José Nicolás | Ausente | |
| 135 Morelos Borja, María Esperanza | Favor | |
| 136 Moreno Álvarez, Mario Eduardo | Ausente | |
| 137 Morgan Franco, Rocío del Carmen | Favor | |
| 138 Muñoz Serrano, José Antonio | Ausente | |
| 139 Murillo Flores, Francisco Javier | Favor | |
| 140 Murillo Torres, José Luis | Favor | |
| 141 Navarro Sugich, Carlos Alberto | Ausente | |
| 142 Nordhausen González, Jorge Rubén | Ausente | |
| 143 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves | Favor | |
| 144 Ochoa López, Nabor | Ausente | |
| 145 Olvera Higuera, Edgar Armando | Favor | |
| 146 Ortega Martínez, María del Pilar | Favor | |
| 147 Ortiz Hernández, Eduardo | Favor | |
| 148 Oviedo Oviedo, Ernesto | Favor | |
| 149 Padilla Orozco, Raúl Alejandro | Ausente | |
| 150 Palafox Núñez, José Inés | Favor | |
| 151 Paredes Rodríguez, Francisco Javier | Ausente | |
| 152 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen | Favor | |
| 153 Parra Noriega, Luis Gustavo | Favor | |
| 154 Pérez Cuéllar, Cruz | Ausente | |
| 155 Perroni Merino, Gloria | Favor | |
| 156 Peyrot Solís, Marco A. | Favor | |
| 157 Plascencia Alonso, Francisco Javier | Ausente | |
| 158 Priego Tapia, Gerardo | Favor | |
| 159 Pulido Pecero, Pedro | Favor | |
| 160 Quintero Bello, Jorge | Favor | |
| 161 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana | Favor | |
| 162 Ramírez Barba, Ector Jaime | Favor | |
| 163 Ramírez Pech, Edgar Martín | Favor | |
| 164 Ramírez Villarreal, Gustavo | Favor | |
| 165 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel | Favor | |
| 166 Reyes López, Carlos Armando | Ausente | |
| 167 Rincón Vargas, Mirna Cecilia | Favor | |
| 168 Rivera Rivera, José Guadalupe | Favor | |
| 169 Rivero Rivero, Rolando | Favor | |
| 170 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando | Favor | |
| 171 Rodríguez Jiménez, Ricardo | Favor | |
| 172 Rodríguez Prats, Juan José | Ausente | |
| 173 Rodríguez Uresti, Enrique | Ausente | |
| 174 Rojas Hernández, Laura Angélica | Ausente | |
| 175 Román Isidoro, Demetrio | Favor | |
| 176 Romo Jiménez, Martha Angélica | Favor | |
| 177 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto | Favor | |
| 178 Rueda Gómez, Francisco | Ausente | |
| 179 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto | Favor | |
| 180 Salas Contreras, Marcos | Ausente | |
| 181 Salazar Madera, Mario Alberto | Favor | |
| 182 Salum del Palacio, Jorge Alejandro | Ausente | |
| 183 Sánchez Domínguez, Alejandro | Favor | |
| 184 Sánchez Gil, Carlos René | Favor | |
| 185 Sánchez Juárez, Claudia | Favor | |
| 186 Sánchez Trujillo, José Víctor | Favor | |
| 187 Sandoval Munguia, Juan Manuel | Favor | |
| 188 Serrato Castell, Luis Gerardo | Favor | |
| 189 Shej Guzmán Sara | Favor | |
| 190 Solano Muñoz, José de Jesús | Favor | |
| 191 Stefanonni Mazzocco, Martín | Favor | |
| 192 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette | Favor | |
| 193 Torres Gómez, Artemio | Favor | |
| 194 Torres Herrera, Víctor Manuel | Favor | |
| 195 Torres Torres, Carlos Alberto | Favor | |
| 196 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe | Favor | |
| 197 Valladolid Rodríguez, Antonio | Favor | |
| 198 Vasconcelos Rueda, Antonio | Favor | |
| 199 Vázquez Martínez, Alberto | Favor | |
| 200 Vega Corona, Antonio | Favor | |
| 201 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo | Favor | |
| 202 Verástegui Ostos, César Augusto | Favor | |
| 203 Verdín Saldaña, Jaime | Favor | |
| 204 Victoria Alva, Juan | Ausente | |
| 205 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca | Favor | |
| 206 Villanueva Arjona, Juan Manuel | Ausente | |
| 207 Zambrano Elizondo, Javier Martín | Favor | |
| Favor: 142 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 65 | ||
| Total: 207 | ||
| PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | ||
|---|---|---|
| 1 Aguirre Alcaide, Víctor | Ausente | |
| 2 Alavez Ruiz, Aleida | Favor | |
| 3 Almazán González, José Antonio | Ausente | |
| 4 Almonte Borja, Ramón | Favor | |
| 5 Alonso Flores, Lourdes | Favor | |
| 6 Alonso Razo, Humberto Wifredo | Favor | |
| 7 Altamirano Toledo, Carlos | Favor | |
| 8 Alva Olvera, Maribel Luisa | Favor | |
| 9 Álvarez Ramón, Silbestre | Ausente | |
| 10 Amaro Corona, Alberto | Ausente | |
| 11 Aragón Castillo, Irene | Ausente | |
| 12 Arellano Pulido, Miguel Ángel | Favor | |
| 13 Arreola Calderón, Juan Dario | Favor | |
| 14 Barreiro Pérez, Armando | Favor | |
| 15 Batres Guadarrama, Valentina Valia | Abstención | |
| 16 Bautista Bravo, Alliet Mariana | Favor | |
| 17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh | Favor | |
| 18 Brito González, Modesto | Favor | |
| 19 Calzada Vázquez, Francisco Javier | Favor | |
| 20 Campos Aburto, Amador | Favor | |
| 21 Cárdenas Hernández, Raymundo | Favor | |
| 22 Cervantes Rodríguez, Aurora | Favor | |
| 23 Chávez García, Higinio | Favor | |
| 24 Condado Escamilla, Cuitlahuac | Favor | |
| 25 Contreras Julián, Maricela | Ausente | |
| 26 Cruz Santiago, Claudia Lilia | Ausente | |
| 27 Cuevas Córdova, Othón | Ausente | |
| 28 Dagdug Lützow, Moisés Félix | Favor | |
| 29 De la Rosa García, Juan Hugo | Ausente | |
| 30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado | Favor | |
| 31 Dehesa Mora, Daniel | Favor | |
| 32 Del Toro, Mario Enrique | Favor | |
| 33 Díaz Contreras, Adriana | Favor | |
| 34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz | Favor | |
| 35 Espejel Lazcano, Jaime | Favor | |
| 36 Fernández Balboa, Mónica | Ausente | |
| 37 Flores Maldonado, César | Favor | |
| 38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro | Favor | |
| 39 Franco Melgarejo, Rafael | Ausente | |
| 40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo | Favor | |
| 41 García Rodríguez, Víctor Hugo | Ausente | |
| 42 Garzón Contreras, Neftalí | Ausente | |
| 43 González Garza, Javier | Favor | |
| 44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio | Favor | |
| 45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis | Favor | |
| 46 Hernández Gaytán, Daisy Selene | Ausente | |
| 47 Hernández Hernández, Sergio | Favor | |
| 48 Hernández Manzanares, Javier | Favor | |
| 49 Hernández Silva, Benjamín | Favor | |
| 50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia | Favor | |
| 51 Jacques y Medina, José | Favor | |
| 52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia | Favor | |
| 53 Landero López, Pedro | Ausente | |
| 54 Lemarroy Martínez, Juan Dario | Ausente | |
| 55 Leyva Piñón, Ana Yurixi | Ausente | |
| 56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel | Favor | |
| 57 López Barriga, Erick | Favor | |
| 58 López Becerra, Santiago | Favor | |
| 59 López Rojas, Alberto | Favor | |
| 60 López Torres, María Soledad | Favor | |
| 61 Lozano Lozano, Andrés | Ausente | |
| 62 Luna Munguía, Alma Lilia | Favor | |
| 63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar | Favor | |
| 64 Márquez Tinoco, Francisco | Favor | |
| 65 Martínez Hernández, Alejandro | Favor | |
| 66 Martínez Martínez, Carlos Roberto | Ausente | |
| 67 Martínez Martínez, Francisco | Favor | |
| 68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo | Favor | |
| 69 Martínez Vargas Octavio | Favor | |
| 70 Matías Alonso, Marcos | Ausente | |
| 71 Matus Toledo, Holly | Favor | |
| 72 Mayans Canabal, Fernando | Favor | |
| 73 Mendoza Arellano, David | Favor | |
| 74 Mendoza Flores, Roberto | Favor | |
| 75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio | Quorum | |
| 76 Mendoza Mendoza, Irineo | Ausente | |
| 77 Monreal Ávila, Susana | Favor | |
| 78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén | Ausente | |
| 79 Morales Sánchez, Efraín | Quorum | |
| 80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe | Favor | |
| 81 Narcía Álvarez, Héctor | Favor | |
| 82 Navarro López, Carlos Ernesto | Ausente | |
| 83 Navarro Quintero, Miguel Ángel | Ausente | |
| 84 Ojeda Hernández, Concepción | Favor | |
| 85 Oliva Fragoso, Silvia | Favor | |
| 86 Orcí Martínez, Juan Adolfo | Favor | |
| 87 Ortega Martínez, Antonio | Ausente | |
| 88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia | Ausente | |
| 89 Pacheco Llanes, Ramón Félix | Favor | |
| 90 Pedraza Chávez, Isidro | Favor | |
| 91 Pedrozo Castillo, Adrián | Favor | |
| 92 Peña Sánchez, Miguel Ángel | Favor | |
| 93 Pérez Cruz, Raciel | Favor | |
| 94 Pulido Santiago, Celso David | Favor | |
| 95 Ramos Becerril, Rafael Plácido | Ausente | |
| 96 Ramos Castellanos, Martín | Favor | |
| 97 Rasgado Corsi, Gloria | Favor | |
| 98 Ríos Gamboa, Raúl | Favor | |
| 99 Romero Gutiérrez, Odilón | Favor | |
| 100 Ruiz Sánchez, Salvador | Favor | |
| 101 Saavedra Coronel, José Antonio | Favor | |
| 102 San Martín Hernández, Juan Manuel | Ausente | |
| 103 Sánchez Barrios, Carlos | Favor | |
| 104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías | Ausente | |
| 105 Sánchez Camacho, Alejandro | Ausente | |
| 106 Sánchez Camacho, David | Favor | |
| 107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis | Favor | |
| 108 Sánchez Ramos, Francisco | Favor | |
| 109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc | Ausente | |
| 110 Santos Arreola, Francisco Javier | Favor | |
| 111 Solares Chávez, Miguel Ángel | Ausente | |
| 112 Soriano Sánchez, Rosa Elva | Favor | |
| 113 Soto Ramos, Faustino | Ausente | |
| 114 Soto Sánchez, Antonio | Favor | |
| 115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso | Favor | |
| 116 Torres Baltazar, María Elena | Favor | |
| 117 Torres García, Daniel | Favor | |
| 118 Trejo Pérez, Pablo | Favor | |
| 119 Ulloa Pérez, Emilio | Ausente | |
| 120 Vallejo Estevez, Mario | Favor | |
| 121 Varela López, Víctor Gabriel | Ausente | |
| 122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio | Favor | |
| 123 Villanueva Albarrán, Gerardo | Ausente | |
| 124 Villicaña García, Rafael | Favor | |
| 125 Zavaleta Salgado, Ruth | Favor | |
| 126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto | Ausente | |
| 127 Zepeda Hernández, Martín | Favor | |
| Favor: 87 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 1 | ||
| Quorum: 2 | ||
| Ausentes: 37 | ||
| Total: 127 | ||
| PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ||
|---|---|---|
| 1 Abramo Masso, Yerico | Favor | |
| 2 Aguilar, Diego | Favor | |
| 3 Aguilar Solís, Samuel | Ausente | |
| 4 Aispuro Torres, José Rosas | Ausente | |
| 5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio | Ausente | |
| 6 Aldana Prieto, Luis Ricardo | Favor | |
| 7 Amador Gaxiola, Daniel | Ausente | |
| 8 Amador Leal, Narcizo Alberto | Favor | |
| 9 Ayala Almeida, Joel | Favor | |
| 10 Badillo Martínez, Roberto | Favor | |
| 11 Barajas López, Ramón | Ausente | |
| 12 Barajas del Toro, Salvador | Favor | |
| 13 Barba Hernández, Alfredo | Ausente | |
| 14 Beltrán Montes, Israel | Ausente | |
| 15 Benítez Ojeda, Luis Enrique | Favor | |
| 16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio | Ausente | |
| 17 Biebrich Torres, Carlos Armando | Ausente | |
| 18 Blanco Pajón, José Luis | Favor | |
| 19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando | Favor | |
| 20 Camacho Quiroz, César Octavio | Ausente | |
| 21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo | Favor | |
| 22 Carballo Bustamante, Andrés | Favor | |
| 23 Cárdenas del Avellano, Enrique | Favor | |
| 24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo | Favor | |
| 25 Cerrillo Garnica, José Luis | Favor | |
| 26 Cervantes Andrade, Raúl | Ausente | |
| 27 Chaurand Arzate, Carlos | Favor | |
| 28 Colín Guadarrama, María Mercedes | Ausente | |
| 29 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías | Favor | |
| 30 De la Garza Treviño, Jorge Luis | Favor | |
| 31 Díaz Athié, Antonio de Jesús | Favor | |
| 32 Díaz Solorzano, Elmar Darinel | Ausente | |
| 33 Domínguez Domínguez, Nemesio | Favor | |
| 34 Duarte Jáquez, César Horacio | Ausente | |
| 35 Escajeda Jiménez, José Rubén | Favor | |
| 36 Escalante Jasso, Aracely | Favor | |
| 37 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías | Favor | |
| 38 Estefan Chidiac, Charbel Jorge | Ausente | |
| 39 Flores Sandoval, Patricio | Favor | |
| 40 Gamboa Patrón, Emilio | Favor | |
| 41 Garza Garza, Horacio Emigdio | Ausente | |
| 42 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen | Favor | |
| 43 Gloria Requena, Tomás | Ausente | |
| 44 Gómez Lugo, Elda | Favor | |
| 45 González Calderón, Martha Hilda | Ausente | |
| 46 González García, Sergio | Favor | |
| 47 González Salum, Miguel Ángel | Favor | |
| 48 González Zarur, Mariano | Favor | |
| 49 Guerrero García, Javier | Ausente | |
| 50 Guerrero Juárez, Joel | Favor | |
| 51 Herrera Ale, Juana Leticia | Ausente | |
| 52 Herrera Coyac, Wenceslao | Favor | |
| 53 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando | Ausente | |
| 54 Lagunes Gallina, Gerardo | Favor | |
| 55 Lescieur Talavera, Jorge Mario | Ausente | |
| 56 López Balbuena, Guillermina | Favor | |
| 57 Madrid Tovilla, Areli | Ausente | |
| 58 Martínez Rodríguez, Lorena | Ausente | |
| 59 Martínez Rocha, Arturo | Favor | |
| 60 Méndez Lanz, Víctor Manuel | Favor | |
| 61 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso | Favor | |
| 62 Merodio Reza, Lilia Guadalupe | Favor | |
| 63 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl | Ausente | |
| 64 Montalvo Gómez, Pedro | Favor | |
| 65 Morales García, Elizabeth | Ausente | |
| 66 Mota Hernández, Adolfo | Favor | |
| 67 Muñoz Serna, Rogelio | Ausente | |
| 68 Murat, José | Favor | |
| 69 Ochoa González, Arnoldo | Favor | |
| 70 Ojeda Camacho, Gilberto | Ausente | |
| 71 Olivares Monterrubio, Alejandro | Favor | |
| 72 Olivares Ventura, Héctor Hugo | Ausente | |
| 73 Ordaz Jiménez, Ismael | Favor | |
| 74 Orihuela Bárcenas, José Ascención | Favor | |
| 75 Orihuela Trejo, José Amado | Favor | |
| 76 Ortiz del Carpio, Víctor | Ausente | |
| 77 Ortiz Proal, Mauricio | Ausente | |
| 78 Padilla Gutiérrez, Héctor | Favor | |
| 79 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz | Favor | |
| 80 Palma César, Víctor Samuel | Favor | |
| 81 Parás González, Juan Manuel | Favor | |
| 82 Patrón Montalvo, Jesús Manuel | Ausente | |
| 83 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela | Ausente | |
| 84 Pérez Valdés, Daniel | Ausente | |
| 85 Pinete Vargas, María del Carmen | Ausente | |
| 86 Quiñones Canales, Lourdes | Favor | |
| 87 Ramírez Martínez, José Edmundo | Ausente | |
| 88 Ramírez Stabros, Jesús | Ausente | |
| 89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo | Favor | |
| 90 Rivera Bedoya, Juan Francisco | Favor | |
| 91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda | Favor | |
| 92 Rojas Gutiérrez, Carlos | Ausente | |
| 93 Ruiz Chávez, Sara Latife | Favor | |
| 94 Salas López, Ramón | Favor | |
| 95 Sánchez Hernández, Eduardo | Favor | |
| 96 Sandoval Paredes, Sergio | Favor | |
| 97 Serrano Escobar, Enrique | Favor | |
| 98 Sosa Castelán, Gerardo | Favor | |
| 99 Toledo Luis, Jorge | Favor | |
| 100 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo | Ausente | |
| 101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio | Ausente | |
| 102 Vega Ortiz, María Oralia | Ausente | |
| 103 Velasco Pérez, Juan Carlos | Ausente | |
| 104 Villa Villa, Isael | Favor | |
| 105 Villanueva Abraján, Patricia | Favor | |
| 106 Zatarain González, Carlos Ernesto | Favor | |
| Favor: 64 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 42 | ||
| Total: 106 | ||
| PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO | ||
|---|---|---|
| 1 Arévalo González, José Antonio | Favor | |
| 2 Chozas y Chozas, Olga Patricia | Favor | |
| 3 Cobo Terrazas, Diego | Favor | |
| 4 Elizondo Garrido, Francisco | Favor | |
| 5 Estrada González, Faustino Javier | Favor | |
| 6 García Noriega, María Guadalupe Josefina | Favor | |
| 7 González Martínez, Jorge Emilio | Ausente | |
| 8 Lavara Mejía, Gloria | Favor | |
| 9 López Adame, Antonio Xavier | Favor | |
| 10 López Ramírez, Sergio Augusto | Favor | |
| 11 Notholt Guerrero, Alan | Ausente | |
| 12 Portilla Diéguez, Manuel | Favor | |
| 13 Puente Salas, Carlos Alberto | Ausente | |
| 14 Ramírez Cerda, Ana María | Ausente | |
| 15 Salgado Amador, Manuel Salvador | Favor | |
| 16 Sesma Suárez, Jesús | Favor | |
| 17 Velasco Rodríguez, Verónica | Favor | |
| Favor: 13 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 4 | ||
| Total: 17 | ||
| CONVERGENCIA | ||
|---|---|---|
| 1 Abad de Jesús, Juan | Favor | |
| 2 Aguilera Rico, José Luis | Ausente | |
| 3 Cárdenas Márquez, Elías | Favor | |
| 4 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús | Ausente | |
| 5 Chanona Burguete, Alejandro | Favor | |
| 6 Del Río Virgen, José Manuel | Favor | |
| 7 Esteva Salinas, Alberto | Favor | |
| 8 Godoy Cárdenas, Jorge | Favor | |
| 9 López Lena Cruz, Humberto | Favor | |
| 10 Salvatori Bronca, María del Carmen | Favor | |
| 11 Samperio Montaño, Juan Ignacio | Favor | |
| 12 Sansores San Román, Layda Elena | Favor | |
| 13 Tagle Martínez, Martha Angélica | Favor | |
| 14 Uscanga Cruz, Robinson | Favor | |
| 15 Valdés Chávez, Ramón | Ausente | |
| 16 Varela Lagunas, Tomás José Luis | Favor | |
| 17 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc | Favor | |
| Favor: 14 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 3 | ||
| Total: 17 | ||
| PARTIDO DEL TRABAJO | ||
|---|---|---|
| 1 Aguilar Jiménez, Rubén | Ausente | |
| 2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo | Favor | |
| 3 Cantú Garza, Ricardo | Favor | |
| 4 Cervantes Rivera, Jaime | Ausente | |
| 5 Garay Ulloa, Silvano | Ausente | |
| 6 Herrera Solís, Anuario Luis | Favor | |
| 7 Maciel Ortiz, María Mercedez | Favor | |
| 8 Peregrino García, Abundio | Ausente | |
| 9 Romero Guzmán, Rosa Elia | Ausente | |
| 10 Solís Parga, Rodolfo | Favor | |
| 11 Vela González, Joaquín Humberto | Ausente | |
| Favor: 5 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 6 | ||
| Total: 11 | ||
| PARTIDO NUEVA ALIANZA | ||
|---|---|---|
| 1 Arriola Gordillo, Mónica | Favor | |
| 2 Cárdenas Fonseca, Manuel | Ausente | |
| 3 Castillo Nájera, Ariel | Favor | |
| 4 Dávila Esquivel, Humberto | Favor | |
| 5 Gómez Pasillas, Jacinto | Favor | |
| 6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel | Ausente | |
| 7 Luna Becerril, Blanca | Favor | |
| 8 Luna Rodríguez, Silvia | Favor | |
| 9 Piñeyro Arias, Irma | Favor | |
| Favor: 7 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 2 | ||
| Total: 9 | ||
| PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL | ||
|---|---|---|
| 1 Arvizu Rivas, Aida Marina | Favor | |
| 2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe | Favor | |
| 3 García Méndez, Armando | Favor | |
| 4 Hernández Valadés, Delio | Favor | |
| 5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo | Ausente | |
| Favor: 4 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 1 | ||
| Total: 5 | ||
| DIPUTADOS SIN PARTIDO | ||
|---|---|---|
| 1 Castellanos Hernández, Félix | Favor | |
| Favor: 1 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 0 | ||
| Total: 1 | ||
De la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4o. y 71 de la Ley de Vivienda (en lo general y en lo particular).
| PARTIDO ACCION NACIONAL | ||
|---|---|---|
| 1 Acosta Dávila, Constantino | Quorum | |
| 2 Aguilar López, José Alejandro | Favor | |
| 3 Alcalde Virgen, Moisés | Favor | |
| 4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges | Favor | |
| 5 Álvarez Bernal, María Elena | Favor | |
| 6 Amezola Fonceca, Gerardo | Favor | |
| 7 Aranda Orozco, Gerardo | Ausente | |
| 8 Arellano Arellano, Joel | Favor | |
| 9 Arenas Guzmán, Margarita | Ausente | |
| 10 Arizméndi Uribe, Efraín | Ausente | |
| 11 Armendáriz García, Pedro | Ausente | |
| 12 Arredondo Ibarra, Salvador | Favor | |
| 13 Arredondo Velázquez, Jesús | Favor | |
| 14 Ávila Mayo, Obdulio | Favor | |
| 15 Barradas Miravete, Gregorio | Ausente | |
| 16 Barrios Rodríguez, Juan Enrique | Favor | |
| 17 Bello Pérez, Alfonso Othón | Favor | |
| 18 Berber Martínez, Antonio | Favor | |
| 19 Bermúdez Viramontes, Andrés | Favor | |
| 20 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier | Favor | |
| 21 Borboa Becerra, Omar Antonio | Favor | |
| 22 Borrego Estrada, Felipe | Ausente | |
| 23 Bracho González, Carlos Augusto | Favor | |
| 24 Buganza Salmerón, Gerardo | Favor | |
| 25 Caballero Chávez, Claudia Gabriela | Favor | |
| 26 Campos Galván, María Eugenia | Ausente | |
| 27 Carbajal Méndez, Liliana | Favor | |
| 28 Carbajal Tejada, Rogelio | Favor | |
| 29 Cárdenas Sánchez, Esmeralda | Favor | |
| 30 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto | Favor | |
| 31 Castaño Contreras, Cristián | Favor | |
| 32 Castro de la Rosa, Osiel | Ausente | |
| 33 Castro Muñoz, Juan de Dios | Ausente | |
| 34 Castro Romero, María Sofia | Favor | |
| 35 Ceja Romero, Ramón | Favor | |
| 36 Chávez García, Daniel | Favor | |
| 37 Collado Lara, Beatriz | Ausente | |
| 38 Contreras Coeto, José Luis | Favor | |
| 39 Corral Aguilar, María Mercedes | Favor | |
| 40 Cuen Garibi, Marcela | Favor | |
| 41 Curiel Preciado, Leobardo | Ausente | |
| 42 Dávila Fernández, Adriana | Favor | |
| 43 Dávila García, Francisco | Favor | |
| 44 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio | Favor | |
| 45 De León Tello, Jesús | Ausente | |
| 46 Degante Romero, Silvia Emilia | Favor | |
| 47 Del Toro del Villar, Tomás | Favor | |
| 48 Del Valle Toca, Antonio | Ausente | |
| 49 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique | Ausente | |
| 50 Deschamps Falcón, Ángel Rafael | Favor | |
| 51 Díaz de León Torres, Leticia | Ausente | |
| 52 Díaz García, José Antonio | Favor | |
| 53 Díaz Garibay, Felipe | Favor | |
| 54 Díaz Gordillo, Martha Cecilia | Favor | |
| 55 Díaz Mena, Joaquín Jesús | Favor | |
| 56 Domínguez Servién, Francisco | Ausente | |
| 57 Duck Núñez, Edgar Mauricio | Favor | |
| 58 Enríquez Flores, Armando | Favor | |
| 59 Enríquez Martínez, Luis Rodolfo | Favor | |
| 60 Escaroz Soler, Gerardo Antonio | Favor | |
| 61 Espinosa Piña, José Luis | Favor | |
| 62 Félix Holguín, Armando Jesús | Favor | |
| 63 Felton González, Carlos Eduardo | Ausente | |
| 64 Fernández Cabrera, Adrián | Favor | |
| 65 Fernández Ugarte, Carmen | Favor | |
| 66 Figueroa Ortega, David | Favor | |
| 67 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro | Ausente | |
| 68 Flores Grande, Arturo | Ausente | |
| 69 Flores Morfín, Jesús Vicente | Favor | |
| 70 Fraile García, Francisco Antonio | Ausente | |
| 71 Franco Cazarez, Ricardo | Favor | |
| 72 Fuentes Ortiz, José Guillermo | Favor | |
| 73 García González, Carlos Alberto | Favor | |
| 74 García Müller, Martha Margarita | Favor | |
| 75 García Reyes, Ángel Humberto | Favor | |
| 76 García Reyes, Beatriz Eugenia | Ausente | |
| 77 García Vivián, Raúl | Ausente | |
| 78 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes | Ausente | |
| 79 Gómez Leyva, Silvio | Favor | |
| 80 González Betancourt, Jorge Justiniano | Favor | |
| 81 González Martínez, María Gabriela | Ausente | |
| 82 González Morán, Martín Oscar | Ausente | |
| 83 González Roaro, Benjamín Ernesto | Favor | |
| 84 González Ruiz, Felipe | Favor | |
| 85 González Sánchez, María Dolores | Favor | |
| 86 Gudiño Ortiz, Francisco Javier | Favor | |
| 87 Guerrero Torres, José Gildardo | Favor | |
| 88 Gutiérrez Lagunes, María Victoria | Favor | |
| 89 Hernández Núñez, Elia | Ausente | |
| 90 Hurtado Pérez, Nelly Asunción | Favor | |
| 91 Iragorri Durán, Enrique | Ausente | |
| 92 Jiménez del Carrillo, María de los Ángeles | Ausente | |
| 93 Jiménez Ramos, María Esther | Ausente | |
| 94 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia | Ausente | |
| 95 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar | Ausente | |
| 96 Landero Gutiérrez, Alejandro | Favor | |
| 97 Landeros González, Ramón | Favor | |
| 98 Lara Compeán, David | Favor | |
| 99 Larios Córdova, Héctor | Ausente | |
| 100 Laviada Hernández, Íñigo Antonio | Favor | |
| 101 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio | Favor | |
| 102 Leura González, Agustín | Favor | |
| 103 Lezama Aradillas, René | Favor | |
| 104 Limas Frescas, María Soledad | Ausente | |
| 105 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel | Favor | |
| 106 López Cisneros, José Martín | Ausente | |
| 107 López Reyna, Omeheira | Ausente | |
| 108 López Silva, Rubí Laura | Favor | |
| 109 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel | Favor | |
| 110 Lujano Nicolás, Christian Martín | Ausente | |
| 111 Maawad Robert, Luis Xavier | Favor | |
| 112 Macías Zambrano, Gustavo | Ausente | |
| 113 Madrazo Limón, Carlos | Ausente | |
| 114 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús | Ausente | |
| 115 Malagón Ríos, Martín | Favor | |
| 116 Malcos Amaro, María Ofelia | Favor | |
| 117 Maldonado González, David | Favor | |
| 118 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María | Favor | |
| 119 Martínez Díaz, María de Jesús | Favor | |
| 120 Martínez Valero, Dora Alicia | Ausente | |
| 121 Medellín Varela, Antonio | Favor | |
| 122 Medina Macias, Alma Hilda | Ausente | |
| 123 Medina Rodríguez, Delber | Ausente | |
| 124 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia | Favor | |
| 125 Mejía García, Luis Alonso | Ausente | |
| 126 Méndez Meneses, Apolonio | Favor | |
| 127 Mendoza Morales, Lucía Susana | Ausente | |
| 128 Minjares Jiménez, José Manuel | Ausente | |
| 129 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel | Ausente | |
| 130 Mollinedo Hernández, Agustín | Favor | |
| 131 Monraz Ibarra, Miguel Ángel | Favor | |
| 132 Montes Sánchez, Fabián Fernando | Ausente | |
| 133 Mora Cuevas, Marisol | Favor | |
| 134 Morales Ramos, José Nicolás | Ausente | |
| 135 Morelos Borja, María Esperanza | Favor | |
| 136 Moreno Álvarez, Mario Eduardo | Ausente | |
| 137 Morgan Franco, Rocío del Carmen | Favor | |
| 138 Muñoz Serrano, José Antonio | Favor | |
| 139 Murillo Flores, Francisco Javier | Favor | |
| 140 Murillo Torres, José Luis | Favor | |
| 141 Navarro Sugich, Carlos Alberto | Ausente | |
| 142 Nordhausen González, Jorge Rubén | Favor | |
| 143 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves | Favor | |
| 144 Ochoa López, Nabor | Ausente | |
| 145 Olvera Higuera, Edgar Armando | Favor | |
| 146 Ortega Martínez, María del Pilar | Ausente | |
| 147 Ortiz Hernández, Eduardo | Favor | |
| 148 Oviedo Oviedo, Ernesto | Favor | |
| 149 Padilla Orozco, Raúl Alejandro | Ausente | |
| 150 Palafox Núñez, José Inés | Favor | |
| 151 Paredes Rodríguez, Francisco Javier | Favor | |
| 152 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen | Favor | |
| 153 Parra Noriega, Luis Gustavo | Ausente | |
| 154 Pérez Cuéllar, Cruz | Ausente | |
| 155 Perroni Merino, Gloria | Favor | |
| 156 Peyrot Solís, Marco A. | Favor | |
| 157 Plascencia Alonso, Francisco Javier | Ausente | |
| 158 Priego Tapia, Gerardo | Favor | |
| 159 Pulido Pecero, Pedro | Favor | |
| 160 Quintero Bello, Jorge | Favor | |
| 161 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana | Favor | |
| 162 Ramírez Barba, Ector Jaime | Favor | |
| 163 Ramírez Pech, Edgar Martín | Favor | |
| 164 Ramírez Villarreal, Gustavo | Favor | |
| 165 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel | Favor | |
| 166 Reyes López, Carlos Armando | Ausente | |
| 167 Rincón Vargas, Mirna Cecilia | Favor | |
| 168 Rivera Rivera, José Guadalupe | Favor | |
| 169 Rivero Rivero, Rolando | Favor | |
| 170 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando | Favor | |
| 171 Rodríguez Jiménez, Ricardo | Favor | |
| 172 Rodríguez Prats, Juan José | Ausente | |
| 173 Rodríguez Uresti, Enrique | Ausente | |
| 174 Rojas Hernández, Laura Angélica | Favor | |
| 175 Román Isidoro, Demetrio | Favor | |
| 176 Romo Jiménez, Martha Angélica | Favor | |
| 177 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto | Favor | |
| 178 Rueda Gómez, Francisco | Favor | |
| 179 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto | Favor | |
| 180 Salas Contreras, Marcos | Ausente | |
| 181 Salazar Madera, Mario Alberto | Favor | |
| 182 Salum del Palacio, Jorge Alejandro | Favor | |
| 183 Sánchez Domínguez, Alejandro | Favor | |
| 184 Sánchez Gil, Carlos René | Favor | |
| 185 Sánchez Juárez, Claudia | Favor | |
| 186 Sánchez Trujillo, José Víctor | Favor | |
| 187 Sandoval Munguia, Juan Manuel | Favor | |
| 188 Serrato Castell, Luis Gerardo | Favor | |
| 189 Shej Guzmán Sara | Favor | |
| 190 Solano Muñoz, José de Jesús | Favor | |
| 191 Stefanonni Mazzocco, Martín | Favor | |
| 192 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette | Favor | |
| 193 Torres Gómez, Artemio | Ausente | |
| 194 Torres Herrera, Víctor Manuel | Favor | |
| 195 Torres Torres, Carlos Alberto | Favor | |
| 196 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe | Favor | |
| 197 Valladolid Rodríguez, Antonio | Favor | |
| 198 Vasconcelos Rueda, Antonio | Favor | |
| 199 Vázquez Martínez, Alberto | Favor | |
| 200 Vega Corona, Antonio | Favor | |
| 201 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo | Favor | |
| 202 Verástegui Ostos, César Augusto | Favor | |
| 203 Verdín Saldaña, Jaime | Ausente | |
| 204 Victoria Alva, Juan | Favor | |
| 205 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca | Favor | |
| 206 Villanueva Arjona, Juan Manuel | Ausente | |
| 207 Zambrano Elizondo, Javier Martín | Favor | |
| Favor: 143 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 1 | ||
| Ausentes: 63 | ||
| Total: 207 | ||
| PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA | ||
|---|---|---|
| 1 Aguirre Alcaide, Víctor | Ausente | |
| 2 Alavez Ruiz, Aleida | Favor | |
| 3 Almazán González, José Antonio | Ausente | |
| 4 Almonte Borja, Ramón | Favor | |
| 5 Alonso Flores, Lourdes | Favor | |
| 6 Alonso Razo, Humberto Wifredo | Favor | |
| 7 Altamirano Toledo, Carlos | Favor | |
| 8 Alva Olvera, Maribel Luisa | Favor | |
| 9 Álvarez Ramón, Silbestre | Ausente | |
| 10 Amaro Corona, Alberto | Favor | |
| 11 Aragón Castillo, Irene | Ausente | |
| 12 Arellano Pulido, Miguel Ángel | Favor | |
| 13 Arreola Calderón, Juan Dario | Favor | |
| 14 Barreiro Pérez, Armando | Favor | |
| 15 Batres Guadarrama, Valentina Valia | Favor | |
| 16 Bautista Bravo, Alliet Mariana | Favor | |
| 17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh | Favor | |
| 18 Brito González, Modesto | Favor | |
| 19 Calzada Vázquez, Francisco Javier | Ausente | |
| 20 Campos Aburto, Amador | Favor | |
| 21 Cárdenas Hernández, Raymundo | Ausente | |
| 22 Cervantes Rodríguez, Aurora | Favor | |
| 23 Chávez García, Higinio | Favor | |
| 24 Condado Escamilla, Cuitlahuac | Favor | |
| 25 Contreras Julián, Maricela | Ausente | |
| 26 Cruz Santiago, Claudia Lilia | Favor | |
| 27 Cuevas Córdova, Othón | Ausente | |
| 28 Dagdug Lützow, Moisés Félix | Ausente | |
| 29 De la Rosa García, Juan Hugo | Ausente | |
| 30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado | Favor | |
| 31 Dehesa Mora, Daniel | Favor | |
| 32 Del Toro, Mario Enrique | Favor | |
| 33 Díaz Contreras, Adriana | Favor | |
| 34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz | Favor | |
| 35 Espejel Lazcano, Jaime | Favor | |
| 36 Fernández Balboa, Mónica | Ausente | |
| 37 Flores Maldonado, César | Favor | |
| 38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro | Favor | |
| 39 Franco Melgarejo, Rafael | Ausente | |
| 40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo | Favor | |
| 41 García Rodríguez, Víctor Hugo | Ausente | |
| 42 Garzón Contreras, Neftalí | Ausente | |
| 43 González Garza, Javier | Favor | |
| 44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio | Favor | |
| 45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis | Favor | |
| 46 Hernández Gaytán, Daisy Selene | Ausente | |
| 47 Hernández Hernández, Sergio | Favor | |
| 48 Hernández Manzanares, Javier | Favor | |
| 49 Hernández Silva, Benjamín | Favor | |
| 50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia | Ausente | |
| 51 Jacques y Medina, José | Favor | |
| 52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia | Favor | |
| 53 Landero López, Pedro | Ausente | |
| 54 Lemarroy Martínez, Juan Dario | Ausente | |
| 55 Leyva Piñón, Ana Yurixi | Ausente | |
| 56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel | Favor | |
| 57 López Barriga, Erick | Favor | |
| 58 López Becerra, Santiago | Favor | |
| 59 López Rojas, Alberto | Favor | |
| 60 López Torres, María Soledad | Favor | |
| 61 Lozano Lozano, Andrés | Ausente | |
| 62 Luna Munguía, Alma Lilia | Favor | |
| 63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar | Favor | |
| 64 Márquez Tinoco, Francisco | Favor | |
| 65 Martínez Hernández, Alejandro | Favor | |
| 66 Martínez Martínez, Carlos Roberto | Favor | |
| 67 Martínez Martínez, Francisco | Favor | |
| 68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo | Favor | |
| 69 Martínez Vargas Octavio | Favor | |
| 70 Matías Alonso, Marcos | Ausente | |
| 71 Matus Toledo, Holly | Ausente | |
| 72 Mayans Canabal, Fernando | Favor | |
| 73 Mendoza Arellano, David | Favor | |
| 74 Mendoza Flores, Roberto | Favor | |
| 75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio | Favor | |
| 76 Mendoza Mendoza, Irineo | Favor | |
| 77 Monreal Ávila, Susana | Favor | |
| 78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén | Favor | |
| 79 Morales Sánchez, Efraín | Favor | |
| 80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe | Favor | |
| 81 Narcía Álvarez, Héctor | Favor | |
| 82 Navarro López, Carlos Ernesto | Favor | |
| 83 Navarro Quintero, Miguel Ángel | Ausente | |
| 84 Ojeda Hernández, Concepción | Favor | |
| 85 Oliva Fragoso, Silvia | Favor | |
| 86 Orcí Martínez, Juan Adolfo | Favor | |
| 87 Ortega Martínez, Antonio | Ausente | |
| 88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia | Ausente | |
| 89 Pacheco Llanes, Ramón Félix | Favor | |
| 90 Pedraza Chávez, Isidro | Favor | |
| 91 Pedrozo Castillo, Adrián | Favor | |
| 92 Peña Sánchez, Miguel Ángel | Favor | |
| 93 Pérez Cruz, Raciel | Favor | |
| 94 Pulido Santiago, Celso David | Favor | |
| 95 Ramos Becerril, Rafael Plácido | Ausente | |
| 96 Ramos Castellanos, Martín | Favor | |
| 97 Rasgado Corsi, Gloria | Favor | |
| 98 Ríos Gamboa, Raúl | Favor | |
| 99 Romero Gutiérrez, Odilón | Favor | |
| 100 Ruiz Sánchez, Salvador | Favor | |
| 101 Saavedra Coronel, José Antonio | Favor | |
| 102 San Martín Hernández, Juan Manuel | Ausente | |
| 103 Sánchez Barrios, Carlos | Ausente | |
| 104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías | Ausente | |
| 105 Sánchez Camacho, Alejandro | Ausente | |
| 106 Sánchez Camacho, David | Ausente | |
| 107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis | Favor | |
| 108 Sánchez Ramos, Francisco | Favor | |
| 109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc | Ausente | |
| 110 Santos Arreola, Francisco Javier | Favor | |
| 111 Solares Chávez, Miguel Ángel | Favor | |
| 112 Soriano Sánchez, Rosa Elva | Favor | |
| 113 Soto Ramos, Faustino | Ausente | |
| 114 Soto Sánchez, Antonio | Favor | |
| 115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso | Favor | |
| 116 Torres Baltazar, María Elena | Favor | |
| 117 Torres García, Daniel | Favor | |
| 118 Trejo Pérez, Pablo | Favor | |
| 119 Ulloa Pérez, Emilio | Ausente | |
| 120 Vallejo Estevez, Mario | Favor | |
| 121 Varela López, Víctor Gabriel | Ausente | |
| 122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio | Favor | |
| 123 Villanueva Albarrán, Gerardo | Ausente | |
| 124 Villicaña García, Rafael | Favor | |
| 125 Zavaleta Salgado, Ruth | Favor | |
| 126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto | Ausente | |
| 127 Zepeda Hernández, Martín | Favor | |
| Favor: 90 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 37 | ||
| Total: 127 | ||
| PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ||
|---|---|---|
| 1 Abramo Masso, Yerico | Favor | |
| 2 Aguilar, Diego | Favor | |
| 3 Aguilar Solís, Samuel | Ausente | |
| 4 Aispuro Torres, José Rosas | Ausente | |
| 5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio | Ausente | |
| 6 Aldana Prieto, Luis Ricardo | Favor | |
| 7 Amador Gaxiola, Daniel | Ausente | |
| 8 Amador Leal, Narcizo Alberto | Favor | |
| 9 Ayala Almeida, Joel | Favor | |
| 10 Badillo Martínez, Roberto | Favor | |
| 11 Barajas López, Ramón | Ausente | |
| 12 Barajas del Toro, Salvador | Favor | |
| 13 Barba Hernández, Alfredo | Ausente | |
| 14 Beltrán Montes, Israel | Ausente | |
| 15 Benítez Ojeda, Luis Enrique | Favor | |
| 16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio | Ausente | |
| 17 Biebrich Torres, Carlos Armando | Ausente | |
| 18 Blanco Pajón, José Luis | Favor | |
| 19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando | Favor | |
| 20 Camacho Quiroz, César Octavio | Ausente | |
| 21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo | Favor | |
| 22 Carballo Bustamante, Andrés | Favor | |
| 23 Cárdenas del Avellano, Enrique | Favor | |
| 24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo | Favor | |
| 25 Cerrillo Garnica, José Luis | Favor | |
| 26 Cervantes Andrade, Raúl | Ausente | |
| 27 Chaurand Arzate, Carlos | Favor | |
| 28 Colín Guadarrama, María Mercedes | Ausente | |
| 29 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías | Favor | |
| 30 De la Garza Treviño, Jorge Luis | Favor | |
| 31 Díaz Athié, Antonio de Jesús | Favor | |
| 32 Díaz Solorzano, Elmar Darinel | Ausente | |
| 33 Domínguez Domínguez, Nemesio | Favor | |
| 34 Duarte Jáquez, César Horacio | Ausente | |
| 35 Escajeda Jiménez, José Rubén | Ausente | |
| 36 Escalante Jasso, Aracely | Favor | |
| 37 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías | Favor | |
| 38 Estefan Chidiac, Charbel Jorge | Ausente | |
| 39 Flores Sandoval, Patricio | Favor | |
| 40 Gamboa Patrón, Emilio | Favor | |
| 41 Garza Garza, Horacio Emigdio | Ausente | |
| 42 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen | Favor | |
| 43 Gloria Requena, Tomás | Ausente | |
| 44 Gómez Lugo, Elda | Favor | |
| 45 González Calderón, Martha Hilda | Ausente | |
| 46 González García, Sergio | Favor | |
| 47 González Salum, Miguel Ángel | Favor | |
| 48 González Zarur, Mariano | Favor | |
| 49 Guerrero García, Javier | Ausente | |
| 50 Guerrero Juárez, Joel | Favor | |
| 51 Herrera Ale, Juana Leticia | Ausente | |
| 52 Herrera Coyac, Wenceslao | Favor | |
| 53 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando | Ausente | |
| 54 Lagunes Gallina, Gerardo | Favor | |
| 55 Lescieur Talavera, Jorge Mario | Ausente | |
| 56 López Balbuena, Guillermina | Favor | |
| 57 Madrid Tovilla, Areli | Ausente | |
| 58 Martínez Rodríguez, Lorena | Ausente | |
| 59 Martínez Rocha, Arturo | Favor | |
| 60 Méndez Lanz, Víctor Manuel | Favor | |
| 61 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso | Favor | |
| 62 Merodio Reza, Lilia Guadalupe | Favor | |
| 63 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl | Ausente | |
| 64 Montalvo Gómez, Pedro | Favor | |
| 65 Morales García, Elizabeth | Ausente | |
| 66 Mota Hernández, Adolfo | Favor | |
| 67 Muñoz Serna, Rogelio | Ausente | |
| 68 Murat, José | Favor | |
| 69 Ochoa González, Arnoldo | Favor | |
| 70 Ojeda Camacho, Gilberto | Ausente | |
| 71 Olivares Monterrubio, Alejandro | Favor | |
| 72 Olivares Ventura, Héctor Hugo | Ausente | |
| 73 Ordaz Jiménez, Ismael | Favor | |
| 74 Orihuela Bárcenas, José Ascención | Favor | |
| 75 Orihuela Trejo, José Amado | Favor | |
| 76 Ortiz del Carpio, Víctor | Ausente | |
| 77 Ortiz Proal, Mauricio | Ausente | |
| 78 Padilla Gutiérrez, Héctor | Favor | |
| 79 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz | Favor | |
| 80 Palma César, Víctor Samuel | Favor | |
| 81 Parás González, Juan Manuel | Ausente | |
| 82 Patrón Montalvo, Jesús Manuel | Ausente | |
| 83 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela | Ausente | |
| 84 Pérez Valdés, Daniel | Ausente | |
| 85 Pinete Vargas, María del Carmen | Ausente | |
| 86 Quiñones Canales, Lourdes | Favor | |
| 87 Ramírez Martínez, José Edmundo | Ausente | |
| 88 Ramírez Stabros, Jesús | Ausente | |
| 89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo | Favor | |
| 90 Rivera Bedoya, Juan Francisco | Favor | |
| 91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda | Abstención | |
| 92 Rojas Gutiérrez, Carlos | Ausente | |
| 93 Ruiz Chávez, Sara Latife | Favor | |
| 94 Salas López, Ramón | Favor | |
| 95 Sánchez Hernández, Eduardo | Favor | |
| 96 Sandoval Paredes, Sergio | Favor | |
| 97 Serrano Escobar, Enrique | Favor | |
| 98 Sosa Castelán, Gerardo | Ausente | |
| 99 Toledo Luis, Jorge | Favor | |
| 100 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo | Ausente | |
| 101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio | Ausente | |
| 102 Vega Ortiz, María Oralia | Ausente | |
| 103 Velasco Pérez, Juan Carlos | Ausente | |
| 104 Villa Villa, Isael | Favor | |
| 105 Villanueva Abraján, Patricia | Favor | |
| 106 Zatarain González, Carlos Ernesto | Favor | |
| Favor: 60 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 1 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 45 | ||
| Total: 106 | ||
| PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO | ||
|---|---|---|
| 1 Arévalo González, José Antonio | Favor | |
| 2 Chozas y Chozas, Olga Patricia | Favor | |
| 3 Cobo Terrazas, Diego | Favor | |
| 4 Elizondo Garrido, Francisco | Favor | |
| 5 Estrada González, Faustino Javier | Favor | |
| 6 García Noriega, María Guadalupe Josefina | Favor | |
| 7 González Martínez, Jorge Emilio | Ausente | |
| 8 Lavara Mejía, Gloria | Favor | |
| 9 López Adame, Antonio Xavier | Favor | |
| 10 López Ramírez, Sergio Augusto | Favor | |
| 11 Notholt Guerrero, Alan | Favor | |
| 12 Portilla Diéguez, Manuel | Favor | |
| 13 Puente Salas, Carlos Alberto | Favor | |
| 14 Ramírez Cerda, Ana María | Ausente | |
| 15 Salgado Amador, Manuel Salvador | Favor | |
| 16 Sesma Suárez, Jesús | Favor | |
| 17 Velasco Rodríguez, Verónica | Favor | |
| Favor: 15 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 2 | ||
| Total: 17 | ||
| CONVERGENCIA | ||
|---|---|---|
| 1 Abad de Jesús, Juan | Favor | |
| 2 Aguilera Rico, José Luis | Favor | |
| 3 Cárdenas Márquez, Elías | Favor | |
| 4 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús | Ausente | |
| 5 Chanona Burguete, Alejandro | Favor | |
| 6 Del Río Virgen, José Manuel | Favor | |
| 7 Esteva Salinas, Alberto | Favor | |
| 8 Godoy Cárdenas, Jorge | Favor | |
| 9 López Lena Cruz, Humberto | Favor | |
| 10 Salvatori Bronca, María del Carmen | Favor | |
| 11 Samperio Montaño, Juan Ignacio | Favor | |
| 12 Sansores San Román, Layda Elena | Favor | |
| 13 Tagle Martínez, Martha Angélica | Abstención | |
| 14 Uscanga Cruz, Robinson | Favor | |
| 15 Valdés Chávez, Ramón | Ausente | |
| 16 Varela Lagunas, Tomás José Luis | Ausente | |
| 17 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc | Abstención | |
| Favor: 12 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 2 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 3 | ||
| Total: 17 | ||
| PARTIDO DEL TRABAJO | ||
|---|---|---|
| 1 Aguilar Jiménez, Rubén | Ausente | |
| 2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo | Favor | |
| 3 Cantú Garza, Ricardo | Favor | |
| 4 Cervantes Rivera, Jaime | Favor | |
| 5 Garay Ulloa, Silvano | Ausente | |
| 6 Herrera Solís, Anuario Luis | Favor | |
| 7 Maciel Ortiz, María Mercedez | Favor | |
| 8 Peregrino García, Abundio | Ausente | |
| 9 Romero Guzmán, Rosa Elia | Ausente | |
| 10 Solís Parga, Rodolfo | Favor | |
| 11 Vela González, Joaquín Humberto | Favor | |
| Favor: 7 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 4 | ||
| Total: 11 | ||
| PARTIDO NUEVA ALIANZA | ||
|---|---|---|
| 1 Arriola Gordillo, Mónica | Favor | |
| 2 Cárdenas Fonseca, Manuel | Ausente | |
| 3 Castillo Nájera, Ariel | Favor | |
| 4 Dávila Esquivel, Humberto | Favor | |
| 5 Gómez Pasillas, Jacinto | Ausente | |
| 6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel | Favor | |
| 7 Luna Becerril, Blanca | Favor | |
| 8 Luna Rodríguez, Silvia | Favor | |
| 9 Piñeyro Arias, Irma | Favor | |
| Favor: 7 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 2 | ||
| Total: 9 | ||
| PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL | ||
|---|---|---|
| 1 Arvizu Rivas, Aida Marina | Contra | |
| 2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe | Contra | |
| 3 García Méndez, Armando | Favor | |
| 4 Hernández Valadés, Delio | Ausente | |
| 5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo | Ausente | |
| Favor: 1 | ||
| Contra: 2 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 2 | ||
| Total: 5 | ||
| DIPUTADOS SIN PARTIDO | ||
|---|---|---|
| 1 Castellanos Hernández, Félix | Favor | |
| Favor: 1 | ||
| Contra: 0 | ||
| Abstención: 0 | ||
| Quorum: 0 | ||
| Ausentes: 0 | ||
| Total: 1 | ||