... Su denominación es impropia, es una reminiscencia de la etapa anterior a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente cuando los jueces tenían facultades investigatorias, para cuyo cumplimento se instruyó un grupo de empleados a su servicio, encargado de ejecutar y cumplir sus órdenes.

I. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan constituir delitos del orden federal, sólo cuando debido a las circunstancias del caso aquéllas no puedan ser formuladas directamente ante el Ministerio Público, al que la Policía Federal Investigadora informará de inmediato acerca de las mismas y de las diligencias practicadas. Las diversas policías, cuando actúen en auxilio del Ministerio Público Federal, inmediatamente darán aviso a éste, dejando de actuar cuando él lo determine:

II. y III. ...

IV. ...

I. a III. ...

IV. ...

No podrá consignarse a ninguna persona si existe como única prueba la confesión. La Policía Investigadora podrá rendir informes pero no obtener confesiones; si lo hace, éstas carecerán de todo valor probatorio.

I. Cadena de custodia: Procedimiento que tiene como objetivo mantener la rastreabilidad de la muestras tomadas por la Procuraduría, distinguiendo responsabilidades en las diferentes etapas de manejo de las mismas.

II. Cause: Cárcava o canal que se forma como resultado de la acción del agua fluyendo en el terreno. Para fines de aplicación de la presente ley, la magnitud de dicha cárcava o cauce incipiente deberá ser de cuando menos de 2.0 metros de ancho por 0.75 metros de profundidad;

III. Ley: Ley Orgánica de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente;

IV. Muestreo: Proceso por el cual se obtiene una porción suficiente de material o sustancias representativa, útil para llevar a acabo su análisis con el objetivo de servir como testigo o medio probatorio después de registrarse mediante una cadena de custodia.

V. Normatividad ambiental: La contenida en los tratados internacionales de los que México sea Estado parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley General de Vida Silvestre, la correspondiente a la prevención y control de la contaminación del agua contenida en la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, aquella en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como las normas de orden público en materia ambiental y la contenida en los reglamentos, normas y demás disposiciones jurídicas expedidas con fundamento en dichos ordenamientos;

VI. Política de justicia ambiental: El conjunto de directrices, programas de acción, prácticas y normas que corresponden a las políticas públicas cuyo objeto, contenido, orientación y factores de coerción, se dirigen a la prevención y control de los actos violatorios de la normatividad ambiental, al resarcimiento de los daños ocasionados a causa de éstos, y a la resolución de los conflictos en materia ambiental;

VII. Procuraduría: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente;

VIII. Procurador: Procurador federal de Protección al Ambiente;

IX. Programa: Programa Federal de Procuración de Justicia Ambiental;

X. Reglamento: El o los reglamentos de la Ley Orgánica de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente;

XI. Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

XII. Seguridad pública: La función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y los derechos de las personas;

XIII. Servicio profesional de carrera: El servicio profesional de carrera de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y

XIV. Unidad de Análisis. La Unidad de Análisis para la Planeación Estratégica de la Procuraduría.

I. Los bienes muebles e inmuebles que le transfiera el gobierno federal;

II. Los recursos que le sean asignados anualmente conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente;

III. Los donativos, aportaciones, adquisiciones, créditos, préstamos y cooperaciones técnicas en numerario o en especie, que obtenga de cualquier dependencia o entidad gubernamental, institución privada u organismos nacionales o internacionales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

IV. Los ingresos que obtengan por los servicios que preste y por las actividades que realice, y

V. Los demás bienes, recursos y derechos que adquiera por cualquier título.

I. Vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, así como establecer mecanismos, instancias y procedimientos administrativos en lo relativo a:

II. Vigilar la conducta de los particulares y cerciorarse de que se ajusten a la normatividad ambiental, previniendo así la alteración del orden público o social;

III. Recibir, investigar y atender o, en su caso, determinar y canalizar ante las autoridades competentes, las denuncias por incumplimiento de las disposiciones jurídicas a las que hace referencia la fracción I de este artículo;

IV. Ejercer las atribuciones de la Secretaría en materia de inspección y vigilancia y establecer políticas y lineamientos administrativos para tal efecto;

V. Sustanciar los procedimientos administrativos en el ámbito de su competencia y emitir las resoluciones derivadas de los mismos; en su caso, solicitar a las autoridades correspondientes la revocación, modificación, suspensión o cancelación de autorizaciones, permisos, licencias, concesiones, certificaciones, cuando las actividades autorizadas se conviertan en un riesgo para el equilibrio ecológico o perturben significativamente el proceso ecológico o por violaciones al normatividad ambiental, así como también, en la misma hipótesis solicitar la cancelación de la inscripción en los registros de la secretaria;

VI. Verificar exclusivamente el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en la materia, durante la sustanciación de los procedimientos y actos administrativos, que versen sobre presuntas violaciones a la legislación materia de su competencia.

VII. Resolver sobre las solicitudes de revocación, modificación y conmutación de multas, en los términos previstos en las disposiciones jurídicas aplicables;

VIII. Determinar e imponer las medidas técnicas, correctivas, de seguridad o de urgente aplicación, así como las sanciones que sean de su competencia en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

IX. Imponer los medios de apremio previstos en esta ley y en la normatividad ambiental;

X. Realizar los actos de investigación administrativa y análisis de información previstos por esta ley, determinar las infracciones a la normatividad ambiental y, en su caso, hacerlas del conocimiento de las autoridades correspondientes cuando no sean de su competencia;

XI. Denunciar o querellarse ante el Ministerio Público de la Federación por lo actos, hechos u omisiones que impliquen la probable comisión de delitos contra el ambiente o la gestión ambiental;

XII. Realizar, en el ámbito de su competencia, la coadyuvancia y el seguimiento en los procedimientos originados por las querellas y denuncias formuladas al Ministerio Público de la Federación, así como recurrir en dichos casos el no ejercicio de la acción penal;

XIII. Ejercer por sí o en representación de terceros, las acciones necesarias ante los órganos jurisdiccionales para la obtención de la reparación de los daños y deterioros ambientales, y para la defensa del derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

XIV. Demandar ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la anulación de las resoluciones y actos administrativos emitidos por la Secretaría, cuando contravengan o hayan sido emitidos en contravención a la normatividad ambiental o disposiciones jurídicas del orden público;

XV. Conocer e investigar administrativamente los actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a la normatividad ambiental, o aquellos respecto de los cuales pudiera querellarse o presentar denuncia ante el Ministerio Público;

XVI. Certificar la legal procedencia para el traslado de ejemplares, partes y derivados de primates y psitácidos nativos de México, mamíferos marinos, quelonios y especies acuáticas sujetas a protección por la legislación federal y las normas oficiales mexicanas; así como verificar la documentación que ampare su traslado dentro de territorio nacional;

XVII. Certificar la legal procedencia para el traslado de recursos forestales maderables y no maderables dentro de territorio nacional;

XVIII. Asegurar el cumplimiento de las restricciones no arancelarias en las materias competencia de la Secretaría, así como emitir el registro de verificación correspondiente;

XIX. Coordinar la atención de contingencias y emergencias ambientales o que afecten los recursos naturales, así como la participación de las demás autoridades federales, entidades federativas, municipales, del Distrito Federal y delegacionales, cuando así proceda en el ejercicio de sus atribuciones;

XX. Vigilar el cumplimiento de las acciones que se lleven a cabo respecto de posprogramas relativos de las declaratorias de zonas de restauración, en áreas que presenten procesos de degradación, desertificación o graves desequilibrios ecológicos;

XXI. Promover la vigilancia comunitaria y participativa, particularmente de los titulares de los predios en los que se cuente con una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, así como de las organizaciones de los titulares de aprovechamiento forestal que se encuentren en las unidades de manejo forestal, pudiéndose para ello auxiliarse en la promoción que para tal efecto realicen las promotorías de desarrollo forestal a que se refiere la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable;

XXII. Coordinar el control de la aplicación de la normatividad ambiental con otras autoridades federales, así como de las entidades federativas, municipios, del Distrito Federal y delegaciones que lo soliciten;

XXIII. Suscribir convenios de colaboración con otras autoridades. Para tal efecto, las dependencias del Ejecutivo federal, en su esfera de competencia, estarán obligadas a prestar el auxilio que la Procuraduría requiera para el eficaz y eficiente ejercicio de las acciones de inspección y vigilancia y de las acciones de policía;

XXIV. Participar en el Servicio Nacional forestal y presidir el Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia Forestal a que se refiere la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable;

XXV. Asegurar la atención de las solicitudes de las autoridades competentes o de los particulares, respecto de la formulación de opiniones y dictámenes técnicos de daños, deterioro o perjuicios ocasionados al medio ambiente;

XXVI. Emitir recomendaciones a las autoridades competentes para la debida aplicación de la normatividad ambiental y para el desarrollo y aplicación de la política de justicia en la materia, y dar seguimiento a dichas recomendaciones;

XXVII. Emitir sugerencias a los órganos jurisdiccionales, así como a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión en los términos previstos por la ley;

XXVIII. Promover y procurar, cuando proceda, la conciliación de intereses o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos entre particulares y en sus relaciones con las autoridades, en asuntos derivados del ejercicio de las disposiciones jurídicas aplicables en las materias competencia de la Secretaría;

XXIX. Ejercer las atribuciones de la Secretaría en materia de auditorías y peritajes ambientales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;

XXX. Intervenir en foros, paneles, y mecanismos de cooperación internacionales, así como ejercer las acciones en materia de asuntos internacionales respecto de las materias de su competencia;

XXXI. Acceder a la información contenida en los registros y bases de datos de las unidades administrativas de la Secretaría, a efecto de investigar y detectar posibles infracciones a la normatividad ambiental;

XXXII. Expedir reconocimientos y, en su caso, certificaciones, a las personas físicas y jurídicas que cumplan con la normatividad ambiental;

XXXIII. Coordinar y concretar la ejecución de instrumentos económicos y financieros que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de la política ambiental, en el ámbito de su competencia;

XXXIV. Establecer lineamientos y criterios así como proponer al Secretario, las políticas, programas y proyectos de orden técnico en el ámbito de su competencia;

XXXV. Definir la política de justicia ambiental en el ámbito de su competencia;

XXXVI. Ejecutar, en el ámbito de su competencia, los procesos estratégicos de planeación, programación y presupuestación;

XXXVII. Diseñar y operar, con la participación y coordinación de los sectores público, privado y social, instrumentos económico-jurídicos para la captación de recursos financieros y materiales;

XXXVIII. Celebrar los actos jurídicos, convenios y contratos que se requieran para el ejercicio de sus atribuciones;

XXXIX. Participar, en coordinación con la Secretaría y demás autoridades competentes, en la elaboración de anteproyectos de normas oficiales mexicanas, estudios, programas y proyectos para la protección, defensa y restauración del medio ambiente y los recursos naturales;

XL. Aprobar y supervisar la operación de los laboratorios reprueba acreditados en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

XLI. Aprobar y supervisar la operación de las unidades de verificación acreditadas y organismos de certificación acreditados en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

XLII. Instrumentar el Servicio Profesional de Carrera de la Procuraduría;

XLIII. Crear órganos y grupos de trabajo de consulta y asesoría para la más eficaz atención de los asuntos de su competencia;

XLIV. Determinar la circunscripción territorial y sede de las delegaciones, mediante acuerdo que se publicará en el Diario Oficial de la Federación;

XLV. Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública de conformidad con la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables;

XLVI. Salvaguardar el derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, y fomentar la participación de la población en el estímulo y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurídicas contenidas en la normatividad ambiental, así como brindarle asesoría en asuntos de protección y defensa del ambiente, la vida silvestre y los recursos naturales competencia de la Secretaría, y

XLVII. Las demás que confieran las disposiciones jurídicas aplicables para el cumplimiento de sus atribuciones, así como las que deriven de las instrucciones emanadas por el Secretario del Ramo.

I. El procurador;

II. Subprocuradurías;

III. Unidades de análisis para la planeación estratégica;

IV. Direcciones generales;

V. Delegaciones en las entidades federativas yen la zona metropolitana del valle de México;

VI. Investigadores administrativos;

VII. Inspectores federales;

VIII. Peritos, y

IX. Direcciones, subdirecciones, jefaturas de departamento, unidades administrativas y los servidores públicos que se establezcan en el Reglamento de esta ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

III. Acreditar un modo honesto de vivir;

IV. Ser licenciado en derecho y acreditar conocimientos suficientes en materia ambiental;

V. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional, expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello;

VI. Demostrar no tener interés comercial o accionista o haber sido, en los últimos cinco años miembro del consejo de administración de alguna empresa nacional o extranjera;

VII. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal, y

VIII. Haber residido en el país durante los tres años anteriores al día de la designación.

I. Transgreda en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la Ley Orgánica de la Procuraduría y que afecten las atribuciones de la misma;

II. Cuando haya sido sentenciado por un delito grave que amerite pena corporal, y

III. Cuando se compruebe que tiene algún tipo de interés comercial, accionista o ha sido en los últimos cinco años miembro del consejo de administración de alguna empresa nacional o extranjera.

I. Representar legalmente a la Procuraduría ante cualquier autoridad federal, estatal, municipal y organismos descentralizados, así como ejercer las funciones que a esta correspondan;

II. Proponer el proyecto del Reglamento Interno de la Procuraduría;

III. Elaborar los programas y planes de trabajo a los que se sujetará el funcionamiento de la Procuraduría;

IV. Elaborar y publicar dentro de los tres primeros meses al inicio de sus funciones el Programa Federal de Procuración de Justicia Ambiental.

V. Proponer el proyecto de presupuesto de la Procuraduría, atendiendo a las previsiones del ingreso y del gasto público del sector y enviarlo oportunamente al titular del Ejecutivo federal, para que ordene su incorporación al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente;

VI. Proponer los manuales de organización y de procedimientos de la Procuraduría;

VII. Proponer y conducir el proceso de desconcentración de funciones a las unidades de la Procuraduría;

VIII. Promover la participación de los sectores público, social y privado, en la definición y ejecución de las políticas y programas de la Procuraduría;

IX. Planear, dirigir y administrar el funcionamiento de la Procuraduría, así como ejecutar los actos de autoridad necesarios para el debido cumplimiento del objeto y ejercicio de las atribuciones del organismo;

X. Emitir las recomendaciones y resoluciones de índole administrativa y de interés social que se refieren a esta ley;

XI. Denunciar ante el Ministerio Público de la Federación los hechos que puedan ser constitutivos de ilícitos o delitos ambientales;

XII. Definir, establecer y mantener los sistemas de información, evaluación y control necesarios para el desempeño de las funciones de la Procuraduría;

XIII. Expedir copias certificadas de los documentos sobre asuntos que competan a la Procuraduría, de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;

XIV. Delegar facultades a los subprocuradores, sin perjuicio de su ejercicio directo, mediante acuerdos que serán publicados en el Diario Oficial de la Federación;

XV. Nombrar, promover y remover libremente a los servidores públicos de la Procuraduría; y

XVI. Las demás que se le asignen en los ordenamientos jurídicos aplicables.

I. Representar los intereses de la sociedad y brindarle asesoría en asuntos competencia de las unidades administrativas de su adscripción;

II. Acordar con el procurador la atención de posprogramas y el despacho de los asuntos de las unidades administrativas de su adscripción;

III. Desempeñar las condiciones que el procurador les encomiende y representar a la Procuraduría en los actos que él mismo determine;

IV. Someter a la consideración del procurador los proyectos de acuerdos e instrumentos jurídicos de colaboración administrativa y los convenios de concertación en las materias competencia de las unidades administrativas de su adscripción;

V. Proponer proyectos de recomendaciones para el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en materia de la política de justicia ambiental, protección al ambiente y los recursos naturales, a las dependencias o entidades de la administración pública federal, estatal, municipal, Gobierno del Distrito Federal y sus delegaciones;

VI. Solicitar ante las autoridades competentes, en lo que corresponda a las unidades administrativas de su adscripción, la revocación, modificación suspensión o cancelación de autorizaciones, permisos, asignaciones, licencias o concesiones cuando las actividades autorizadas se conviertan en un riesgo para el equilibrio ecológicos, lo perturben significativamente o contravengan las disposiciones jurídicas aplicables;

VII. Establecer las políticas, criterios, sistemas y procedimientos de carácter técnico que deban regir en las unidades administrativas de su adscripción;

VIII. Apoyar técnicamente la desconcentración y la delegación de facultades en las unidades administrativas bajo su responsabilidad;

IX. Planear, programar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades administrativas a ellos adscritas y proponer su reorganización, fusión o extinción, conforme a las políticas emitidas por el procurador y con apego a las disposiciones jurídicas aplicables;

X. Coordinar a las unidades administrativas a su cargo y establecer mecanismos de investigación e interrelación para el correcto desempeño de sus responsabilidades;

XI. Someter a la consideración del procurador los manuales de organización interna, procedimientos y servicios de las unidades administrativas a su cargo;

XII. Proponer al procurador la delegación de facultades en servidores públicos subalternos;

XIII. Formular los anteproyectos de programa presupuestal que les correspondan, verificado con su correcta y oportuna ejecución por parte de las unidades administrativas de su adscripción;

XIV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades y aquellos que les sean otorgados por la delegación o les correspondan por suplencia;

XV. Recibir en acuerdo ordinario a los directores generales de su adscripción y en acuerdo extraordinario a cualquier otro servidor público subalterno, así como conceder audiencias al público, conforme a los manuales administrativos correspondientes;

XVI. Proporcionar la información, datos y cooperación técnica requerida por otras dependencias o entidades de la administración pública federal, así como por otras unidades administrativas de la Secretaría;

XVII. Celebrar los actos jurídicos que se requieran para el ejercicio de las atribuciones conferidas a las unidades administrativas de su adscripción, de conformidad con la legislación aplicable y previa revisión de la Subprocuraduría Jurídica y en su caso de la unidad responsable de la administración de la Procuraduría;

XVIII. Promover y coordinar programas dirigidos a la profesionalización de los servidores públicos adscritos a la Procuraduría;

XIX. Formular, evaluar, supervisar y dar seguimiento a los programas, procedimientos y acciones operativas instauradas por las delegaciones;

XX. Participar en el ámbito de su competencia en el establecimiento y operación de sistemas de gestión de calidad en la subprocuraduría de su responsabilidad y en las delegaciones;

XXI. Ejercer todas y cada una de las facultades conferidas a las direcciones generales de su adscripción, cuando asó lo considere pertinente;

XXII. Vigilar que las unidades administrativas a su cargo den cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental;

XXIII. Suscribir las resoluciones de los recursos administrativos presentados en contra de los actos emitidos por las unidades administrativas de su adscripción;

XXIV. Suscribir documentos en ausencia del procurador en relación con los asuntos de su competencia, y

XXV. Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables, así como las encomendadas por el procurador para el cumplimiento de sus fines.

I. Apercibimiento;

II. Multa de tres a trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, y

III. En caso de que persista la causa generadora del medio de apremio, podrán imponerse nuevas multas por cada día que transcurra son que se obedezca el mandato respectivo, así como arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.

I. No se acepten las recomendaciones de la Procuraduría o las acepten parcialmente, y

II. Las recomendaciones se incumplan total o parcialmente.

I. Promover, celebrar, ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos que readopten en el marco del sistema Nacional de Seguridad Pública de conformidad con la ley de la materia;

II. Participar en las instancias y servicios a que se refiere la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y,

III. Participar en las instancias de suministro, intercambio y sistematización de información, en los términos previstos por la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

``I. Celebrar alianza, tratado ó coalición con otro Estado, ni con potencias extranjeras. Exceptuase la coalición, que pueden celebrar los Estados fronterizos, para la guerra ofensiva ó defensiva contra los bárbaros''

``(...) la creciente presencia de los estados federales en las relaciones internacionales demostraba la existencia de múltiples canales de comunicación entre actores subnacionales gubernamentales y no gubernamentales sin la supervisión obligada del gobierno central.'' ⁶

``a) grado de autonomía; b) capacidad o habilidad para movilizar recursos, ejercer influencia y alcanzar objetivos; y c) continuidad en la importancia de las funciones desarrolladas'' ⁹

``(...) ha sido hasta hoy una promesa vana el precepto que consagra la federación de los Estados que forman la República Mexicana, estableciendo que ellos, deben de ser libres y soberanos en cuanto a su régimen interior, ya que la historia del país demuestra que, por regla general y salvo raras ocasiones, esa soberanía no ha sido más que nominal, porque ha sido el Poder central el que siempre ha impuesto su voluntad, limitándose las autoridades de cada Estado a ser los instrumentos ejecutores de las órdenes emanadas de aquél'' ¹⁰

``El procedimiento (...) para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes''

a) el reconocimiento por parte del Poder Ejecutivo de que los Estados llevan a cabo relaciones con el exterior;

b) el acto jurídico que debe sustentar cualquier acción y compromiso con el exterior, pero que actualmente no se reconoce;

c) la idea de que estas acciones con el exterior se vinculan con el desarrollo local.

``(1) El mantenimiento de las relaciones con Estados extranjeros compete a la Federación.

(2) Antes de concertar un tratado que afecte la situación particular de un Land, éste será oído con la debida antelación.

(3) En tanto que los estados federados tengan competencia para legislar, podrán con el consentimiento del Gobierno federal, concluir tratados con Estados extranjeros.''

``Los Consejos de la Comunidad francesa y de la Comunidad flamenca regularán por decreto, cada uno en lo que le concierne, las materias personalizables, así como respecto a ellas, la cooperación entre las Comunidades y la cooperación internacional, incluyendo la conclusión de tratados. Una ley aprobada con la mayoría prevista en el artículo 4, último párrafo, determinará tales materias personalizables, así como las formas de cooperación y las modalidades de conclusión de tratados''

``El Consejo de la Comunidad de habla alemana regula por decreto:

1.4. la cooperación entre las comunidades, así como la cooperación internacional, incluida la conclusión de los tratados (...). Estos decretos tienen fuerza de ley en la región de lengua alemana.''

``Acuerdo Interinstitucional: el convenio regido por el Derecho Internacional Público, celebrado por escrito entre cualquier dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualesquiera que sea su denominación, sea que se derive o no de un tratado previamente aprobado''

``Así la situación, no nos queda sino preguntarnos una vez más, y sin encontrar respuesta satisfactoria, por qué razón el legislador tuvo la ocurrencia de consagrar en una ley reglamentaria los famosos ``acuerdos interinstitucionales'' que no son sino acuerdos ejecutivos o llamados también acuerdos en forma simplificada.

Lo grave es que con ello se está tratando de convalidar algo que por su propia naturaleza está viciado de origen, ya que no puede ser convalidada en una ley secundaria una figura jurídica que no es contemplada en forma alguna dentro del marco de nuestra Constitución. ¿Por qué no haber pensado en reformar la carta magna a través del procedimiento prescrito?''. ¹⁶

``Artículo Único. Se reforman los artículos 76 fracción I, 117 fracción I constitucionales, para quedar como sigue:

76. ``Son facultades exclusivas del Senado:

Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso; además aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión, así como los acuerdos de cooperación técnica suscritos por las entidades federativas en el estricto ámbito de sus competencias legislativas''

``El término cooperación internacional se refiere al conjunto de acciones que derivan de los flujos de intercambio que se producen entre sociedades nacionales diferenciadas en la búsqueda de beneficios compartidos en los ámbitos del desarrollo económico y el bienestar social, o bien, que se desprenden de las actividades que realizan tanto los organismos internacionales que integra el Sistema de las Naciones Unidas como aquellos de carácter regional, intergubernamentales o no gubernamentales, en cumplimiento de intereses internacionales particularmente definidos. La cooperación internacional así descrita se entiende como la movilización de recursos financieros, humanos, técnicos y tecnológicos para promover el desarrollo internacional'' ¹⁷

``Los estados no pueden, en ningún caso:

I. Celebrar alianza o coalición con otro Estado. Podrán celebrar con la aprobación del Senado acuerdos de cooperación en materia de ciencia y tecnología, cultura, económicos, turísticos y todos aquellos que tiendan al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y promuevan el desarrollo.''

I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos; y los acuerdos de cooperación internacional para el desarrollo que las entidades federativas suscriban en el estricto ámbito de sus respectivas competencias;

I. Celebrar alianza o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras, salvo los acuerdos de cooperación internacional para el desarrollo que suscriban en el estricto ámbito de sus respectivas competencias.

I. Nombre, domicilio y edad de la persona que pretende adoptar, así como los del menor en cuestión.

II. El nombre y domicilio de quienes ejercen sobre él la patria potestad o tutela, o de las personas o institución pública o privada que lo hayan acogido y acompañarán certificado médico de buena salud.

III. Anexar los documentos necesarios para acreditar todos los requisitos, incluido el certificado de idoneidad emitido por la institución respectiva, que contendrá los estudios médico, psicológico, socioeconómico y de trabajo social realizados por quien autorice.

• Entre los principales factores de riesgo asociados al uso de la tarjeta de crédito, están el elevado costo que suponen las tasas de interés, y principalmente la gran facilidad con que se entregan los plásticos.

• El segundo foco de atención tiene que ver con el índice de morosidad en dos instituciones: GE Capital y Banco Azteca. El primero cuadruplica al promedio del índice de morosidad del sistema al reportar a diciembre pasado un indicador de mora del 8.11%; el segundo, Banco Azteca, duplica al del promedio con un índice de morosidad del 7.46%. Es de llamar la atención que estos bancos relativamente jóvenes dentro del sistema financiero demuestran a una edad temprana serios problemas de morosidad.

• En un análisis del sector realizado por el Banxico ²¹, se observó que la probabilidad de incumplimiento de las tarjetas de crédito se duplicó durante 2006. Este aumento es atribuible, en parte, a la estrategia seguida por algunos bancos de bancarizar a sectores de la población considerados de mayor riesgo y sobre los que no existe información en los burós de crédito. Durante 2006, la banca emitió alrededor de 8.7 millones de tarjetas de crédito, el 40.0% de las cuales se otorgó a personas sin antecedentes crediticios. Como consecuencia de esta estrategia la banca ha tenido que asumir un monto creciente de pérdidas en la cartera de consumo, situación que se refleja en un incremento de los castigos como proporción de la cartera total. La rentabilidad del crédito al consumo permite a la banca reconocer estas pérdidas contra reservas. Como se observa en las siguientes gráficas, se destaca que hay una posible volatilidad en el cumplimiento del pago de las tarjetas de crédito.

• La economía mundial continuó expandiéndose a paso firme durante el primer semestre del año. Aunque en Estados Unidos el crecimiento se desaceleró durante el primer trimestre, los indicadores recientes sugieren un repunte al segundo trimestre. ²²

• En general, la inflación sigue bien contenida en medio de esta expansión vigorosa, aunque algunos países de mercados emergentes y en desarrollo sufrieron una presión inflacionaria creciente generada sobre todo por la energía y los alimentos. El petróleo volvió a marcar máximos históricos debido a las limitaciones de la capacidad productiva de reserva, en tanto que los precios de los alimentos subieron empujados por la escasez de la oferta y el uso más intensivo de biocombustibles. Con este telón de fondo, el crecimiento mundial está proyectado en 5.2% para 2007 y 2008. ²³

• El riesgo global sigue siendo ligeramente negativo, pero los riesgos han variado individualmente. Como el crecimiento es firme y sostenido, la oferta está cada vez más restringida y el riesgo de inflación se ha agravado, lo cual incrementa las probabilidades de que los bancos centrales deban endurecer más la política monetaria. Sigue siendo preocupante la posibilidad de una subida abrupta de los precios del petróleo. Como se señala en la actualidad de los mercados financieros, también han empeorado los riesgos en esa esfera ya que la calidad del crédito se ha deteriorado en algunos sectores y la volatilidad de los mercados se ha agudizado. ²⁴

• El mercado de la vivienda sigue atravesando una etapa de corrección en Estados Unidos, se han incrementado un poco los riesgos en torno a la demanda interna.

I. ...

II. ...

III. Los límites máximos que una institución de crédito podrá tener de cartera vencida en su cartera de crédito total.

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. Los consejeros, funcionarios, empleados de la Institución de crédito o quienes intervengan directamente en la autorización o realización de operaciones y otorgamiento de crédito, que por su toma de decisiones genere un incremento desmedido en la cartera vencida de la mencionada Institución de crédito. Los límites de la cartera de crédito vencida de las Instituciones de crédito serán establecidos mediante disposiciones de carácter general por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

I. ...

...

...

II. ...

...

...

III. ...

...

...

IV. Cuando las instituciones de banca múltiple mantengan un índice de capitalización superior en un veinticinco % o más, al requerido de conformidad con las disposiciones aplicables, no se aplicarán medidas correctivas mínimas ni medidas correctivas adicionales.

I. Cuando las instituciones de crédito no cumplan con los índices de morosidad y cobertura establecidos mediante reglas de carácter general por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ésta deberá ordenar la aplicación de las medidas correctivas mínimas siguientes:

I. ...

...

II. ...

...

III. ...

...

...

XXXVIII. ...

...

XXXIX. Emitir disposiciones de carácter general para la clasificación de las instituciones de crédito, tomando como base el índice de morosidad y el Índice de Cobertura, conforme a las disposiciones aplicables de cartera vencida y sus provisiones, emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

``La tierra no se concibe como una mercancía; es un recurso productivo indispensable, pero es más que eso: es un territorio común, que forma parte de la herencia cultural recibida. Ahí, en ese espacio concreto se manifiestan en diversas formas las fuerzas superiores: ahí están las entidades favorables y las maléficas, a las que hay que propiciar, los sitios sagrados, los peligros, las referencias. La tierra es un ente vivo, que reacciona ante la conducta de los hombres; por eso, la relación con ella no es puramente mecánica sino que se establece simbólicamente a través de innumerables ritos y se expresa en mitos y leyendas. Frecuentemente, la imagen que se tiene del mundo está organizada a partir de ese territorio propio, que ocupa el centro del universo. En los pueblos desplazados queda en la memoria colectiva el recuerdo del territorio primigenio y la aspiración de recuperarlo, aún cuando hoy se tengan otras tierras y se pueda ir viviendo''. ²

Desde esa perspectiva, para los pueblos indígenas la tierra es el elemento fundamental dentro del cual se inscribe la identidad colectiva, no representa sólo una especial adaptación productiva, sino también una compleja relación simbólica. Parte del conjunto de representaciones colectivas que dan vida a las conciencias étnicas se refieren a los territorios propios como marcos físicos y simbólicos de la experiencia grupal. ``La tierra es cultura en la medida en que ofrece un marco propicio para las relaciones productivas y simbólicas de la sociedad, incluso, ya que el territorio es el resultado de la articulación entre la población y su espacio, puede llegar a ser movible si la población se desplaza''. ³

(...)

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

``Es esencial que se conozca y comprenda la relación especial profundadamente espiritual de los pueblos indígenas con sus tierras, como algo básico en su existencia como tal y en todas sus creencias, costumbres, tradicionales y cultura''.

``Desde la creación del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, las poblaciones indígenas han puesto de relieve el carácter fundamental de la relación que mantienen con sus tierras ancestrales. Lo han hecho en el contexto de la necesidad urgente de que las sociedades no indígenas entiendan la importancia espiritual, social, cultural, económica y política que revisten para las sociedades indígenas sus tierras, territorios y recursos para asegurar su supervivencia y vitalidad. Para comprender la profunda relación que les une a sus tierras, territorios y recursos, es necesario reconocer las diferencias culturales que existen entre ellas y las poblaciones no indígenas, en especial en los países donde viven. Las poblaciones indígenas han instado a la comunidad internacional a que asigne un valor positivo a esta relación característica''.

``Cabe señalar que, como lo han explicado los pueblos indígenas, es difícil separar el concepto de la relación de esos pueblos con sus tierras, territorios y recursos del concepto de sus diferencias y valores culturales. La relación con la tierra y con todo ser viviente es fundamental para las sociedades indígenas''.

1. Todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen así mismo a su desarrollo económico, social y cultural.

2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional, basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.

3. Los Estados parte en el presente pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones.

I. Los pueblos indígenas, los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas, respetando en todo momento los derechos de los pueblos y comunidades sobre sus territorios. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes, que los bienes que se pretende adquirir no afecten asentamientos de pueblos y comunidades indígenas, cuyo desarrollo dependa del beneficio de los recursos naturales a explotar y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud de lo mismo. En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas.

..........................

II a III.................

IV . Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos pero únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto y, en caso de que se encuentren en territorios indígenas, deberá respetarse, en todo momento, sus derechos.

...................

...................

V................

VI. Los estados y el Distrito Federal y los municipios de toda la república, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos, respetando el derecho de los pueblos y comunidades indígenas sobre sus territorios.

Las leyes de la federación y de los estados en sus respectivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. En caso de tratarse de tierras ocupadas por poblaciones indígenas, deberá tomarse su consentimiento libre, previo e informado para llegar a cuerdos sobre dichas restricciones. El precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas.

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VII.....................

El Estado protegerá en todo momento la integridad de los territorios pertenecientes a pueblos indígenas, así como las aguas y recursos naturales que existan dentro de los mismos.

La ley sancionará toda intromisión no autorizada por los pueblos o las comunidades indígenas, en sus territorios o todo uso no autorizado de los mismos y los recursos naturales existentes, por personas ajenas a ellos; la ley deberá tomar medidas para impedir tales infracciones. No se realizarán actividades militares en territorios de los pueblos indígenas.

El Estado deberá garantizar a los pueblos indígenas interesados, condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la población, para la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico; y para el otorgamiento de los medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya poseen.

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VIII..............

IX...................

X a XV............

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XVI a XVII...............

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XVIII a XIX.................

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XX.................

15. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la asamblea general en su resolución 2200 A. (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con su artículo 49. Ratificado por México en 1981 y desde esa fecha vigente como parte del orden jurídico mexicano. 16. Informe de conclusiones finales y recomendaciones del Comité de Derechos Humanos. Chile, CCPR/C/CHL/CO/5/CPR/.1,(15/03/2007). 17. Diario Oficial de la Federación, 24 de enero de 1991. 18. A/61/L67. Aprobada por la asamblea general el 13 de septiembre de 2007. 19 El caso Awas Tingni contra Nicaragua. Nuevos horizontes para los derechos humanos de los pueblos indígenas, Instituto de Derechos Humanos, Universidad de Deusto, Bilbao, España, 2003, pp. 254 y 255. 20. Caso comunidad indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, Sentencia del 29 de marzo de 2006. Serie C (No. 146) (2006), párrs. 138-139. 21. Ibid. 22. Ibid.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Wenceslao Herrera Coyac. Insértese su iniciativa íntegra en el Diario de los Debates. Si usted quisiera que se integraran también los diálogos que expresó en lengua natural le pediría que nos lo hiciera llegar por favor, por escrito, para evitar errores de redacción y sintaxis.Túrnese su iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales con la opinión de las Comisiones de Reforma Agraria y de Asuntos Indígenas.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se le concede ahora el uso de la palabra a la diputada Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, para presentar iniciativa que reforma los artículos 3o. y 60-Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

La diputada Irma Piñeyro Arias: Gracias, señor Presidente. Con su permiso, compañeras diputadas y compañeros diputados.

En México la política económica promueve el libre mercado y la competencia entre las empresas; sin embargo, una de las responsabilidades del Estado y, en particular, del Poder Legislativo, consiste en vigilar que el desarrollo económico no afecte los intereses de los ciudadanos.

La telefonía móvil, también llamada celular, fue inventada en 1947. Consiste en un dispositivo electrónico de comunicación con mayores ventajas que un teléfono convencional de línea fija.

En sus inicios la telefonía móvil fue elitista y un lujo, utilizada por un pequeño sector de la población. A nivel mundial su demanda ha sido vertiginosa. En México para el año 2000 registró una gran evolución, con cerca de 14 millones 78 mil usuarios en un mercado, acaparado por empresas telefónicas nacionales y extranjeras que a su libre criterio y de manera discrecional han fijado las tarifas de cobro de este servicio.

En la actualidad es indispensable para millones de mexicanos este servicio, y su demanda ha ido en incremento, el que es constante y acelerado, ya que las últimas cifras reportadas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones señalan que en el primer semestre de este año es de 21.7 por ciento en el número de usuarios de telefonía celular, lo que representa la cifra de 61 millones, 99 mil usuarios en un país de más de 100 millones de habitantes. Es decir que 57 por ciento de la población nacional tiene acceso a un teléfono celular.

Cada mes se agregan alrededor de 800 mil nuevas líneas en el mercado celular mexicano. La facturación de este servicio en México cada día es más elevada. Las empresas prestadoras del servicio tienen su propio sistema de cobro, los más comunes son el de prepago y el de pospago. El primero caracterizado por el ingreso de una tarjeta con tiempo aire para realizar llamadas desde el celular.

El segundo, se determina a dejar al usuario el libre uso del celular con un cobro a fin de mes al que se aplica el esquema de redondeo, por el tiempo utilizado de acuerdo con la tarifa establecida. En la actualidad, la mayoría de los usuarios de telefonía móvil prefiere el prepago.

En el segundo trimestre de 1999 se introdujo en el mercado el programa El que llama paga, con el que se incrementó el número de usuarios de telefonía celular, de 4 millones 909 mil, a 6 millones 144 mil en tan sólo un trimestre.

No sólo las empresas de telefonía móvil fueron beneficiadas al obtener más clientes, sino también los usuarios, en el sentido de que ya no es indispensable tener tiempo aire disponible para poder recibir llamadas.

El redondeo es un sistema de cobro que a las compañías celulares les ha permitido obtener ganancias extraordinarias por un tiempo de servicio que no prestaron.

Según algunas estimaciones, cada usuario hace un promedio de 5 llamadas de su celular por día. De esas llamadas, la mayoría de los usuarios utiliza 30 segundos, que es cobrado como minuto completo. En este escenario se calcula que los 61 millones de usuarios están pagando 30 segundos de tiempo no utilizado; es decir, pagan en promedio 2.85 pesos más, ya que el minuto tiene un costo aproximado de 5.70 pesos.

Esto implica que cada cliente paga por las 5 llamadas 14.25 pesos al día por un servicio que no recibió, lo que significa que 61 millones de usuarios le ingresan a las empresas de telefonía celular al día 869 millones de pesos, y al año representan aproximadamente 317 mil millones de pesos y utilidades extraordinarias.

Esta iniciativa, propone evitar que se apliquen tarifas de redondeo, ya que este sistema de cobro afecta la economía de 61 millones de usuarios, porque basta que realicen la llamada para que la empresa cobre el minuto completo.

Por lo expuesto, someto a la aprobación de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XVII y XVIII al artículo 3o. y se adiciona el artículo 60-Bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones

Para quedar en los siguientes términos:

Artículo primero. Se adicionan las fracciones XVII y XVIII de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entenderá por...

XVII. Servicio de telefonía celular al sistema de comunicación de alta tecnología telefónica que se trasmite de manera inalámbrica, utilizando ondas electromagnéticas que viajan por aire.

XVIII. Tarifa es la cantidad que se cobra por comunicación o información emitida o recibida.

Artículo segundo. Se adiciona el artículo 60-Bis a la Ley mencionada en el artículo precedente, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 60 Bis. Los cobros que se realicen por los servicios prestados en la telefonía celular o móvil se aplicarán por tiempo consumido. La base de la unidad de medida para el cobro de la tarifa será el segundo.

Gracias. Señora Presidenta. Ruego que esta iniciativa sea incorporada íntegramente en el Diario de los Debates. La entrego a la Secretaría para sus trámites correspondientes. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 3 y 60 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo de la diputada Irma Piñeyro Arias , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Irma Piñeyro Arias , diputada de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XVII y XVIII al artículo 3 y el artículo 60 Bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México la política económica promueve el libre mercado y la competencia entre las empresas; sin embargo, una de las responsabilidades del Estado y, en particular, del Poder Legislativo consiste en vigilar que el desarrollo económico no afecte los intereses de los ciudadanos. La telefonía móvil, también llamada celular, fue inventada en 1947; consiste en un dispositivo electrónico de comunicación, con mayores ventajas que un teléfono convencional de línea fija.

En sus inicios la telefonía móvil fue elitista y un lujo, utilizada por un pequeño sector de la población. A nivel mundial su demanda ha sido vertiginosa. En México, en el año 2000 registró una gran evolución, con cerca de 14 millones 78 mil usuarios, en un mercado acaparado por empresas telefónicas nacionales y extranjeras que, a su libre criterio y de manera discrecional, han fijado las tarifas de cobro de este servicio.

En la actualidad este servicio es indispensable para millones de mexicanos; su demanda ha ido en incremento, el cual es constante y acelerado, ya que las últimas cifras reportadas por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) señalan que en el primer semestre de este año la telefonía celular representa 21.7 por ciento, lo que significa la cifra de 61 millones 99 mil usuarios, en un país de más de cien millones de habitantes, es decir que el 57 por ciento de la población nacional tiene acceso a un teléfono celular. Cada mes, se agregan alrededor de 800 mil nuevas líneas en el mercado celular mexicano.

La facturación de este servicio en México cada día es más elevada, las empresas prestadoras del servicio tienen su propio sistema de cobro. Los más comunes son el de prepago y el de postpago. El primero caracterizado por el ingreso de una tarjeta con tiempo aire para realizar llamadas. El segundo se determina por dejar al usuario el libre uso del celular, con un cobro al fin de mes, en el esquema de redondeo, el tiempo utilizado de acuerdo a la tarifa establecida. En la actualidad la mayoría de los usuarios de telefonía móvil prefiere el prepago.

Las empresas prestadoras de este servicio, han creado diferentes planes de postpago, en los cuales, para acrecentar la demanda de este medio, presentan a los usuarios opciones de acuerdo con sus condiciones y capacidades de pago.

En el segundo trimestre de 1999 se introdujo en el mercado el programa ``el que llama paga'', con el que se incrementó el número de usuarios de telefonía celular de 4 millones 939 mil a 6 millones 144 mil, en tan sólo un trimestre. No sólo las empresas de telefonía móvil fueron beneficiadas al obtener más clientes, sino también los usuarios, en el sentido de que ya no es indispensable tener tiempo aire disponible para poder recibir llamadas.

A la par de esto, es preciso referir que los registros en las tarifas de pago han disminuido 64 por ciento en promedio de 1997 a diciembre de 2005.

Hasta el 2006, el 48 por ciento del total de los ingresos de telecomunicaciones fueron aportados por el mercado de telefonía móvil, acorde con los informes presentados por la Cofetel, por lo que para este año se espera aumenten los ingresos generados en este mercado.

El redondeo es un sistema de cobro que ha permitido a las compañías de celulares obtener ganancias extraordinarias por un tiempo de servicio que no prestaron. Según algunas estimaciones, cada usuario hace en promedio cinco llamadas de su celular por día, de las cuales la mayoría utiliza 30 segundos, que son cobrados como minuto completo.

En este escenario, se calcula que los 61 millones de usuarios están pagando 30 segundos de tiempo no utilizado; es decir, pagan en promedio 2.85 pesos más, ya que el minuto tiene un costo aproximado de 5.70 pesos. Esto implica que cada cliente pague por las cinco llamadas 14.25 pesos al día, por un servicio que no recibió. Esto significa que 61 millones de usuarios proporcionan a las empresas de telefonía celular al día 869 millones de pesos, y al año aproximadamente 317 mil millones de pesos de ganancias extraordinarias.

La legislación actual ha permitido a las empresas de telefonía celular establecer precios por la prestación del servicio, y aunque la telefonía móvil ha avanzado en tecnología y número de usuarios, se sigue permitiendo que las compañías tengan plena libertad para disponer criterios y tarifas de facturación sobre el uso del tiempo medido de los teléfonos celulares.

Esta iniciativa propone una regulación en el cobro del servicio y evitar que se apliquen tarifas de redondeo, ya que este sistema de cobro es injusto, porque basta que el usuario haga la llamada para que la empresa cobre el minuto completo, lo cual resulta un atentado económico para los consumidores.

Por lo expuesto, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, someto a la aprobación de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan las fracciones XVII y XVIII al artículo 3o. y el artículo 60 Bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar en los siguientes términos:

Artículo Primero.- Se adicionan las fracciones XVII y XVIII al artículo 3o. de la Ley Federal de Telecomunicaciones, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 60 Bis a la ley mencionada en el artículo precedente, para quedar de la siguiente forma;

Artículo 60 Bis. Los cobros que se realicen por los servicios prestados en telefonía celular o móvil se aplicará por tiempo consumido. La base de la unidad de medida para el cobro de la tarifa será el ``segundo''.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Irma Piñeyro Arias.Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.

LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DE LA FEDERACION

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió del diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa que reforma el artículo 54 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Iniciativa que reforma el artículo 54 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, a cargo del diputado Enrique Cárdenas del Avellano , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Enrique Cárdenas del Avellano , diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se que reforma el artículo 54 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Entre otros objetivos de la revisión de la Cuenta Pública y su fiscalización, que efectúa la Auditoría Superior de la Federación --de conformidad con los artículos 74, fracción IV, párrafo cuarto, y 79, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con las fracciones VIII y IX del artículo 14 Ley de Fiscalización Superior de la Federación-- está fincar las responsabilidades a que haya lugar y la imposición de las sanciones resarcitorias correspondientes en los términos de la propia ley.

De igual forma, el ordenamiento en cita, en su artículo 48, establece que

De la trascripción anterior se desprende que el fincamiento de responsabilidad resarcitoria y la imposición de sanción, que en el ámbito de sus facultades constitucionales la Auditoría Superior de la Federación, son a los servidores públicos, persona física o moral, que en la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos federales, hayan causado un quebranto estimable en dinero a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales y, el procedimiento que se sigue para tal efecto, es el señalado en el numeral 53 del ordenamiento en cita, a la vez que el artículo 54 de la propia Ley de Fiscalización Superior de la Federación, establece que, en las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en ese Capítulo, así como en la apreciación de las pruebas, y desahogo del recurso de reconsideración, se observarán las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Pero resulta que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no es aplicable en materia de responsabilidades de los servidores públicos, tal como se establece en el tercer párrafo del artículo 1o., que a la letra dice:

Con base en lo anteriormente escrito podemos deducir, con un simple ejercicio de lógica elemental que, si tenemos como primera premisa que

La Ley de Fiscalización Superior de la Federación tiene entre sus objetivos determinar las responsabilidades y fincar las sanciones correspondientes a los servidores públicos y/o personas físicas o morales que ocasionen un quebranto estimable en dinero a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, así como resarcir a estos los daños y/o perjuicios ocasionados por los sujetos antes mencionados.

Y como segunda premisa, que:

La Ley de Fiscalización Superior de la Federación establece que en el procedimiento que se lleve a cabo para fincar responsabilidades y sanciones a los servidores públicos y/o personas físicas o morales se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (que determina, como ya quedó establecido, que en materia de responsabilidades no tiene aplicación para los servidores públicos).

Podemos concluir que existe una contradicción porque, mientras que la Ley de Fiscalización Superior de la Federación dispone que se aplicará supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ésta establece que los servidores públicos no son sujetos en materia de responsabilidades en cuanto a su campo de aplicación.

Actualmente en la práctica tanto la autoridad como algunos abogados expertos en la materia, se valen de esa falla legal porque existe una ambigüedad, que se manifiesta cuando cada parte la invoca a favor de sus respectivos intereses; es decir, la Auditoría Superior de la Federación en ocasiones, la invoca para resolver los asuntos de su competencia y fincar responsabilidades fijando sanciones; y en el mundo del litigio la utilizan para recurrirse las resoluciones de la auditoría, lo que genera en ambos casos que los procesos se sigan en otras instancias, retardando la aplicación de la justicia.

La norma debe ser explícita, clara y precisa para no dejar duda de su aplicación; por ello, el objetivo de la presente iniciativa es reformar el artículo 54 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, abrogando la Ley de Procedimiento Administrativo en cuanto a la aplicación del Capítulo III, intitulado ``Del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias'', para que se aplique en su caso, el Código Federal de Procedimientos Civiles en su artículo 54, que a la letra dice:

Artículo 54. En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en este capítulo, así como en la apreciación de las pruebas, y desahogo del recurso de reconsideración, se observarán las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Pero según esta iniciativa debe decir:

Artículo 54. En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en este capítulo, así como en la apreciación de las pruebas y desahogo del recurso de reconsideración, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Además, hemos de invocar que Ley de Fiscalización Superior de la Federación determina en su artículo 6o. que, en lo conducente, se aplicarán, entre otras leyes, las disposiciones relativas del derecho común, sustantivas y procesales, esto es, el Código Federal Civil y el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Por otra parte, también el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de conformidad con su artículo 2o., que así lo establece.

Como refuerzo de este aserto, es de señalarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció a este respecto tesis jurisprudencial bajo el rubro de

Tesis que tiene aplicación en el caso que nos ocupa, porque es un procedimiento federal administrativo el que inicia la Auditoría Superior de la Federación para determinar responsabilidades y fincar sanciones a los servidores públicos, con base en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, como ya se mencionó. Por lo que, de aprobarse la presente reforma, se aplicaría de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles a los ordenamientos administrativos; es decir, a la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en los términos que así lo admitan estas Leyes.

De lo contrario se continuaría con el peregrinar de ir de ley en ley, para saber cuál es la aplicable al caso concreto, y se seguiría con la supletoriedad de la supletoriedad, como actualmente ocurre con la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

A mayor abundamiento existe la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2002, cuyo artículo segundo transitorio derogó los títulos primero, por lo que se refiere a la materias de responsabilidades administrativas, tercero y cuarto de la ley de los servidores públicos, únicamente por lo que respecta al ámbito federal, pero se sigue aplicando a los servidores públicos de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local del Distrito Federal.

De igual forma, la Auditoría Superior de la Federación es competente para aplicar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de conformidad con lo señalado en la fracción VII del artículo 3o. del ordenamiento en cita. Como tampoco se ignora lo establecido en el numeral 47 de la ley en comento, el cual establece que

En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en los títulos segundo y tercero de la ley, así como en la apreciación de la pruebas, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Luego entonces no tiene razón de ser que jurídicamente se diga todavía, en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, que en la apreciación de las pruebas y desahogo del recurso de reconsideración se observarán las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, porque ello permite, como ya se dijo, que se retarde la aplicación de la justicia, alargando los proceso, ya sea la Auditoría Superior de la Federación o los litigantes.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a la consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único.- Se reforma el artículo 54 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación para quedar como sigue:

Artículo 54. En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en este capítulo, así como en la apreciación de las pruebas y desahogo del recurso de reconsideración, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de la Función Pública.

LEY GENERAL QUE ESTABLECE LAS BASES DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió del diputado Gerardo Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Gerardo Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del PRI

Gerardo Octavio Vargas Landeros , diputado federal por el Distrito II, Ahome, Los Mochis, Sinaloa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con arreglo en la siguiente:

Exposición de Motivos

El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de la población; de no hacerlo, el patrimonio, la integridad física y la vida de las personas estarán en constante riesgo.

El desarrollo pleno de los seres humanos requiere un ambiente seguro, tranquilo, libre de riesgos; desafortunadamente, en México no sucede así. Es claro que las estrategias y programas hasta hoy instrumentados por las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, no han dado resultados.

En los últimos años hemos visto un incremento de los hechos antisociales en México como consecuencia de distintos factores, entre los que no se puede soslayar la situación económica del país, pero tampoco los pocos o nulos resultados de la autoridad en esta materia.

Hemos visto operativos y programas espectaculares pero no resultados.

La ``cifra negra'' es muy alta y la denuncia de delitos demasiado baja. Los pocos ciudadanos que acuden a presentar una denuncia rápidamente pierden la esperanza de que algún día se haga justicia.

Es urgente que la autoridad y las instancias encargadas de la seguridad pública lleven a cabo una profunda reforma en las estructuras de los cuerpos policíacos pero también que éstos se coordinen adecuadamente. Esta coordinación implica desde la realización de operativos conjuntos, hasta el intercambio de información y el involucramiento de la sociedad en asuntos que la afectan directamente.

Desde hace casi 13 años se han venido llevando a cabo una serie de acciones para mejorar la seguridad en el país; reformas constitucionales, nuevas leyes, nuevas instancias, entre otras, pero éstas no han sido del todo exitosas.

En 1994 se reformaron los artículos 21 y 73, fracción XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para elevar la seguridad pública a rango constitucional y crear el Sistema Nacional de Seguridad Pública como instancia interinstitucional de coordinación entre la Federación, entidades federativas y municipios, así como para otorgarle facultades al Congreso en la materia.

En 1995 surgió la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1995.

En 1999 se creó la Policía Federal Preventiva, con el fin de agrupar a las distintas policías existentes en el país a nivel federal.

Otra innovación importante fue la creación de la Secretaría de Seguridad Pública en el año 2000.

La crisis de inseguridad que afecta a México ha provocado que nos cuestionemos si las instituciones que a lo largo del tiempo se han creado y que están encargadas de velar por la seguridad de los mexicanos están funcionando adecuadamente.

Si bien estas instituciones fueron concebidas con el ánimo de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en cuanto a su seguridad se refiere, también es cierto que con el paso del tiempo es necesario reformarlas y adecuarlas a las nuevas realidades que se presentan.

Por ejemplo, el crimen organizado y la delincuencia común han demostrado cambios en su forma de operar y, en muchas ocasiones la sofisticación con la que lo hacen rebasa por mucho la capacidad de actuación y reacción de las autoridades.

Querer mantener a las instituciones bajo los mismos esquemas en que fueron creadas significaría ir en contra de sus propios objetivos.

Adecuar el marco jurídico que rige la seguridad pública en nuestro país, permitirá que nuestras autoridades enfrenten los nuevos retos que en la materia han ido surgiendo en los últimos años.

Un problema que a lo largo de los años ha venido creciendo y que requiere atención inmediata es el de la inseguridad que se vive en las escuelas y sus entornos.

Sin duda, un ambiente escolar seguro y sano es la base para un adecuado desarrollo de nuestra juventud.

La escuela y la familia ejercen una influencia determinante en la vida futura de niños y jóvenes; son los cimientos de una formación libre de vicios y prácticas criminales.

Además de sus hogares, los niños y jóvenes pasan la mayor parte de su tiempo en los centros educativos.

De ahí la importancia de garantizar la seguridad en los planteles educativos y de fomentar los valores que les permitan a nuestros niños y jóvenes llevar una vida libre de violencia y adicciones.

En la Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005, la población mayor de 18 años que asiste a la escuela la ubica en la cuarta posición entre los lugares más inseguros, después de la calle, el transporte público y los mercados.

Los riesgos que hay en torno a las escuelas se resumen en delincuencia, violencia, inseguridad en general y venta de drogas a niños y jóvenes.

El contacto con las drogas en escuelas primarias y secundarias es cada vez más frecuente; niños y jóvenes están familiarizados como nunca antes, con las drogas. La mayoría de ellos las han visto, cuando menos una vez, físicamente; una buena parte sabe de alguien que las consume o bien, las ha consumido e inclusive estaría dispuesto a comprar o vender en caso necesario.

La ubicación de escuelas en zonas altamente peligrosas en donde se cometen delitos relacionados con el narcotráfico, la prostitución, el robo, el pandillerismo, entre otros, corrompe y contamina el ambiente en el que niños y jóvenes se desarrollan.

A raíz de la creciente inseguridad en el ámbito escolar, el Ejecutivo Federal creó el Programa Escuela Segura, con la participación de la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Seguridad Pública.

Dicho programa tiene como eje la seguridad escolar encaminada a proveer ambientes seguros que permitan el desarrollo integral de los alumnos. Representa un esfuerzo importante para asistir a las familias, a los niños y jóvenes y a las escuelas en riesgo para prevenir la delincuencia en los planteles públicos de primaria y secundaria. Incluye fortalecer a las comunidades educativas con acciones de vigilancia, con policías de proximidad, ayuda psicológica y médica para los estudiantes víctimas de las drogas.

El PND 2007-2012 señala, como medida preventiva en materia de adicciones, acciones en el sistema educativo y para el rescate de los espacios públicos. Es decir, plantea, entre otras cosas, reforzar la seguridad y la cultura de prevención en las escuelas, con la participación de maestros, padres de familia y la comunidad en general, a fin de lograr escuelas seguras libres de amenazas y dando prioridad a las escuelas que se encuentran en las zonas con mayor incidencia delictiva.

Tanto los objetivos planteados en el PND 2007-2012 como el Programa Escuela Segura representan medidas adecuadas que, sin duda, lograrán resultados en materia de seguridad escolar, sin embargo, como en todo problema relacionado con la inseguridad, la coordinación entre las diferentes dependencias y entre los distintos órdenes de gobierno resulta fundamental.

Sin una coordinación adecuada resultará sumamente difícil, si no es que imposible, enfrentar una problemática tan compleja que involucra tanto a autoridades en diferentes materias como a la comunidad, especialmente a los padres de familia.

Para lograr este objetivo, esta iniciativa propone adicionar los artículos 9 y 10 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública a efecto de que las autoridades competentes de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, se coordinen para implementar programas y acciones para garantizar la seguridad en el entorno escolar; y para que la coordinación en materia de seguridad pública comprenda también a la seguridad en las escuelas y su entorno, respectivamente.

Se propone asimismo adicionar una fracción al artículo 12 para incluir, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, al secretario de Educación Pública; de esta manera, este funcionario podrá incidir e influir de manera directa, en la determinación de lineamientos para el establecimiento de políticas en materia de seguridad escolar, en la formulación de propuestas y otras acciones que ameritan su inclusión en dicho consejo.

La falta de información clara y confiable sobre el número de delitos y la frecuencia con que se cometen, así como de su magnitud, naturaleza y consecuencias, representa un gran obstáculo para que la autoridad pueda implementar estrategias y acciones que permitan enfrentar de manera eficaz la inseguridad.

Los organismos del Estado encargados de la seguridad pública requieren de estadísticas lo más apegadas a la realidad para que, con base en ellas, tomen las decisiones que le den seguridad a los millones de mexicanos que a diario se ven afectados por la criminalidad.

Esta información debe de ser la base para determinar y establecer estrategias de prevención y combate a la delincuencia, así como para cuantificar y evaluar las medidas que ya han sido adoptadas.

Para evitar este problema es insoslayable que el Estado mejore, amplíe y haga más efectivos los mecanismos en la materia. Sin duda, la coordinación entre autoridades para tener información estadística bien ordenada y sistematizada es una puerta de acceso para investigaciones serias sobre causas y efectos del delito.

Un reclamo constante de la sociedad y de las organizaciones civiles especializadas en la seguridad pública ha sido que la información estadística que emiten las autoridades de los tres ámbitos de gobierno es, en la mayoría de los casos, incompleta, parcial y de baja calidad; lo cual la hace carente de credibilidad y confiabilidad frente a los ojos de la comunidad.

Por esta razón es necesario que la comunidad pueda participar, dentro de los Consejos de Coordinación para la Seguridad Pública que establece la ley objeto de esta iniciativa, confrontando, conociendo y opinando sobre la información estadística que emitan las autoridades federales y locales en materia de seguridad pública.

La presente iniciativa propone adicionar el artículo 50 para que la comunidad, conjuntamente con las autoridades evalúen la información estadística en materia de seguridad pública.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta H. Asamblea la presente

Iniciativa con proyecto de decreto

Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos 9, 10, 12 y 50 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 9. Las autoridades competentes de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, se coordinarán para:

Artículo 10. La coordinación comprenderá las materias siguientes:

Artículo 12. ...

Artículo 50. Dentro de los Consejos de Coordinación para la Seguridad Pública que prevé esta ley, se promoverá la participación de la comunidad, para:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.

Vamos a pasar al capítulo de dictámenes de primera lectura. Si algún diputado quiere que se lea su iniciativa y se turne a comisión sin pasar a la tribuna, los esperamos aquí arriba para que lo puedan hacer y se pueda turnar su iniciativa, si así lo desean.

LEY DE CONCURSOS MERCANTILES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de dictámenes.

En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se les dispensa la lectura.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

«Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 24 de la Ley de Concursos Mercantiles

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a esta LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictaminación la iniciativa citada al rubro del presente dictamen.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39, fracción XII, y 45, numeral 6, incisos d), e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea, el presente dictamen basándose en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el 8 de marzo de 2007, los secretarios de la misma dieron cuenta al Pleno de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 24, tercer párrafo del la Ley de Concursos Mercantiles, presentada por el diputado Jesús de León Tello del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio del derecho conferido por la fracción II, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Economía''.

Tercero. Mediante oficio CE/339/07, del 9 de marzo de 2007, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Economía del contenido de esta iniciativa.

Cuarto. El legislador propone lo siguiente:

Consideraciones

Primera. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la iniciativa de referencia.

Segunda. Que el artículo 5 de nuestra carta magna señala que ``nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial'', ``nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin pleno consentimiento...'', estas ideas principales contenidas en el instrumento jurídico por excelencia, nos permiten observar de manera clara una garantía individual consistente en un pago justo por la realización de un trabajo.

Tercera. Que el artículo 333 de la Ley de Concursos Mercantiles, claramente señala que el visitador tendrá ``derecho al cobro de los honorarios'' por la realización de las funciones que la misma ley le confiera, siendo aplicable para la determinación de dicho pago el régimen determinado por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM).

Cuarta. Que la exposición de motivos de la iniciativa que crea la Ley de Concursos Mercantiles actual, señala como objetivo central proporcionar la normatividad pertinente para maximizar el valor de una empresa en crisis mediante su conservación. Con lo cual se protege el empleo de sus elementos humanos y se evita la repercusión económica negativa a la sociedad, siendo además el caso de que si la empresa no pudiese recuperarse de tal esfuerzo, se deberían contener las normas que permitiesen preservar el valor económico de la empresa o de los bienes y derechos que la integran mediante un procedimiento de liquidación ordenada que maximizara el producto de la enajenación y diera trato equitativo al comerciante y sus acreedores, así la intencionalidad fue la certeza jurídica y un procedimiento de liquidación equitativo.

Quinta. Que el cuerpo del dictamen de la Ley de Concursos Mercantiles reconoce el carácter social de los créditos a favor de la clase trabajadora, en plena congruencia con la preponderancia de la legislación específica en materia laboral, por lo que privilegia con una ampliación de dos años a estos. De igual manera considera trascendente el proceso de visita que practicará al comerciante que presente una declaración de concurso mercantil o cuando sea demandado por sus acreedores, pues además de verificar la procedencia de la declaración de concurso mercantil, tendrá por objeto recomendar la conveniencia de dictar medidas cautelares para la protección de la empresa y de los intereses de los acreedores.

Sexta. Que la fracción IX del artículo 43 de la Ley de Concursos Mercantiles, es clara en cuanto a la orden de suspender durante la etapa de conciliación todo mandamiento de embargo o ejecución contra los bienes y derechos del comerciante, con las excepciones previstas en el artículo 65, mismo que señala que ``cuando el mandamiento de embargo o ejecución sea de carácter laboral, la suspensión no surtirá efectos respecto a lo dispuesto en la fracción XXIII, del apartado A, del artículo 123 constitucional y sus disposiciones reglamentarias, considerando los salarios de los dos años anteriores al concurso mercantil...'', con esto se deja clara la preferencia que se le da a los acreedores laborales que estén llevando el proceso mediante esa vía.

Séptima. Que el artículo 66 de la Ley de Concursos Mercantiles es claro al expresar que ``el auto de admisión de la demanda de concurso mercantil tendrá entre sus propósitos, con independencia de los demás que señala esta ley, asegurar los derechos que la constitución, sus disposiciones reglamentarias y esta ley garantizan a los trabajadores, para efectos de su pago con la preferencia a que se refieren tales disposiciones y la fracción I, del artículo 224, de la presente ley. La sentencia de concurso mercantil no será causa para interrumpir el pago de las obligaciones laborales ordinarias del comerciante.'', dejando ver la importancia y certeza que esta legislación tiene respecto a los acreedores laborales y la preferencia y protección extensiva de las prestaciones por concepto de relaciones de trabajo.

Octava. Que el artículo 67 de la misma ley señala que en caso de que las autoridades laborales ordenen el embargo de bienes del comerciante, para asegurar créditos a favor de los trabajadores por salarios y sueldos devengados en dos años inmediatos anteriores o por indemnizaciones, quien en términos de esta ley esté a cargo de la administración de la empresa del comerciante será el depositario de los bienes embargados, y tan pronto dicha persona cubra o garantice a satisfacción de las autoridades laborales dichos créditos, el embargo deberá ser levantado.

Novena. Que en el artículo 311, fracción VII, de la ley antes mencionada, se confiere a el IFECOM la atribución para establecer el régimen aplicable a la remuneración de los visitadores, por los servicios que presten en los procedimientos de concurso mercantil. Es de entender que el visitador, por la naturaleza del mismo, no cobra sus honorarios de la garantía otorgada, toda vez que la misma se devuelve a la declaración del concurso; sino que cobrará como acreedor en el concurso, como es señalado por el artículo 224, fracción V, de la misma ordenanza, que a la letra dice ``son créditos contra la masa y serán pagados en el orden indicado...'' ``V. Los honorarios del visitador, conciliador y síndico, y los gastos en que éstos hubieren incurrido, siempre y cuando fueren estrictamente necesarios para su gestión y hayan sido debidamente comprobados conforme a las disposiciones que emita el instituto.'', pero cabe señalar que aún estos tendrán un orden de prelación posterior al de los acreedores laborales, por lo que la naturaleza de la garantía solo es de certeza del comerciante respecto a demandas en falso o por presión de acreedores para llegar a arreglos más rápidos en cuanto a sus créditos, y no por aseguramiento del pago de honorarios del visitador, a menos que sea el caso de que la demanda sea falsa y al no declarar el concurso quien pagaría el trabajo del visitador.

Décima. Que los diputados que integran la Comisión de Economía que dictamina, reconocen y concluyen que, la importancia de un procedimiento de concurso mercantil con amplia certeza jurídica tanto para el comerciante como para el acreedor, y un proceso equitativo y justo es el espíritu del legislador en materia de concursos mercantiles; teniendo además muy en cuenta que en materia concursal existe el prorrateo en cuanto a los pagos de créditos laborales, no pagando créditos al cien por ciento y otros sin pago. Siendo clara la importancia que en esta legislación se da al trabajador y a su derecho a cobro de créditos, esta comisión considera que eliminar obstáculos al acceso a la justicia o facilitar el mismo es el caso preciso que esta iniciativa persigue.

En virtud de lo expuesto en las consideraciones de este dictamen, la Comisión de Economía somete a la consideración de esta honorable asamblea para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 24 de la Ley de Concursos Mercantiles.

Artículo único. Se reforma el último párrafo del artículo 24 de la Ley de Concursos Mercantiles, para quedar como sigue:

Artículo 24.- ...

...

En caso de que la demanda la presente el ministerio público, o un trabajador que en su carácter de acreedor cuente con un crédito laboral que conste en laudo firme, no se requerirá la garantía a la que se refiere este artículo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es de primera lectura.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Alejandro Oswaldo Pérez Frías, Edgar Leonardo Valenzuela Arroyo, Eduardo Arvizu Sánchez, Miguel Alfredo Calvillo Bonilla, María Elena Flores Ochoa, María Concepción Marroquín Torres, Fernando Gómez Luna, Rubén Sánchez Solano y Sergio Ramírez Torres para que puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de Australia en México y en la Embajada de Estados Unidos de América en México y sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua; en Guadalajara, Jalisco; en Monterrey, Nuevo León; y en Tijuana, Baja California, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el día 27 de septiembre del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Alejandro Oswaldo Pérez Frías para que pueda prestar servicios como chofer mensajero en la Embajada de Australia en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Rubén Sánchez Solano para que pueda prestar servicios como voucher examiner en la Sección de Finanzas en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Sergio Ramírez Torres para que pueda prestar servicios como técnico electrónico en la Sección de Seguridad en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Edgar Leonardo Valenzuela Arroyo para que pueda prestar servicios como auxiliar de Visas en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Eduardo Arvizu Sánchez para que pueda prestar servicios como Asistente de Visas en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano Miguel Alfredo Calvillo Bonilla para que pueda prestar servicios como asistente de Servicios a la Ciudadanía en el Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Séptimo. Se concede permiso a la ciudadana María Elena Flores Ochoa para que pueda prestar servicios como auxiliar en la Sección Consular en el Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Octavo. Se concede permiso a la ciudadana María Concepción Marroquín Torres para que pueda prestar servicios como empleada del Departamento de Administración en el Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Artículo Noveno. Se concede permiso al ciudadano Fernando Gómez Luna para que pueda prestar servicios como asistente consular en el Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Es de primera lectura.

CONDECORACIONES

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con las minutas proyecto de decreto que conceden permiso a los ciudadanos doctor Andrés Lira González y licenciado Héctor Rivero Borrell Miranda para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de la República Francesa y de Finlandia, respectivamente.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de acuerdo con lo que establecen la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano doctor Andrés Lira González para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano licenciado Héctor Rivera Borrell Miranda para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del León de Finlandia Caballero de Primera Clase, que le otorga el gobierno de Finlandia.

Es de primera lectura.

VIOLENCIA DE GENERO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El siguiente punto del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta. Se autoriza.

«Dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo relativo al combate de la violencia de género contra las irregulares en la frontera sur

Honorable asamblea:

A la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo relativo al combate de la violencia de género contra las mujeres irregulares en la frontera sur, presentada por la diputada Holly Matus Toledo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Comisión de Equidad y Género, con fundamento en el artículo 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

Esta comisión dictaminadora desarrolló su trabajo conforme al siguiente procedimiento:

I. Antecedentes.

Mediante la comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa del turno que corresponde a cada iniciativa o proposición, registradas en el orden del día de la sesión del 26 de abril de 2007, publicada en Gaceta Parlamentaria el 11 de mayo de 2007, se turnó a la a la Comisión de Equidad y Género para su estudio y posterior dictamen, la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Holly Matus Toledo relativo al combate de la violencia de género contra las mujeres irregulares en la frontera sur.

II. Contenido del punto de acuerdo.

De la proposición presentada se desprenden los siguientes elementos:

Lo promovente señala que según informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), actualmente las mujeres constituyen casi la mitad del total mundial de migrantes internacionales: 95 millones. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma que, de los 12.3 millones de personas que realizan trabajos forzados en todo el mundo, la mayoría está constituida por mujeres y niñas: son un 56 por ciento de quienes están siendo objeto de explotación económica bajo coacción y un 98 por ciento de quienes están sujetos a explotación sexual comercial forzada.

Refiere que la situación migratoria en la frontera sur de nuestro país ha empeorado y se ha complicado de tal forma que las mujeres y niñas migrantes no sólo tienen que enfrentar los abusos, extorsiones, vejaciones y humillaciones de los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), policía federal, estatal, municipal y guardias de seguridad privada que trabajan en los trenes de mercancías; sino también de las redes de tráfico de personas, comúnmente llamados polleros o coyotes y de la actuación de bandas de delincuentes, conocidas como mara salvatrucha.

Cita la autora de la proposición un estudio en el que se refiere que un 46 por ciento de las mujeres migrantes habían sufrido algún tipo de violencia, y un 23 por ciento de ellas manifestaron que los principales perpetradores habían sido los oficiales de aduana; seguían los agentes de la policía federal con 10 por ciento; la policía judicial y municipal 10 por ciento; y finalmente, los miembros de las fuerzas armadas con 6 por ciento. Menciona también que la mujer migrante es víctima de violencia sexual con mayor frecuencia que los hombres, en una proporción de 100 a 1.

Por otra parte, menciona que para garantizar el cumplimiento de los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 22, 23, 24, 25, 26, 42 y 49 de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es necesario instrumentar mecanismos, acciones y estrategias que permitan la plena vigencia de los derechos humanos de mujeres y niñas migrantes.

Finalmente, la proposición contiene el siguiente punto de acuerdo:

III. Consideraciones.

Las y los integrantes de la Comisión de Equidad y Género coinciden con los planteamientos expuestos por la promovente y coinciden en la preocupación manifestada sobre la problemática que enfrentan las mujeres migrantes en la frontera sur de nuestro país. De igual forma, las dictaminadoras destacan la siguiente información:

En el mes de julio de 2007, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al Instituto Nacional de Migración y al Ayuntamiento de Tapachula en relación a que unos 300 menores y adultos guatemaltecos radicados en Tapachula son víctimas de explotación laboral y sexual. Según la recomendación 25/2005, emitida a la comisionada del INM, Cecilia Romero Castillo, y al presidente municipal de Tapachula, Ángel Barrios Zea, en el basurero local trabajan en condiciones infrahumanas 23 niños y niñas menores de edad, así como 91 adultos, todos indígenas de origen guatemalteco. De ese escrito se desprende que laboran en dicho lugar mujeres lactando, niños, adultos y personas de la tercera edad, los cuales lo hacían entre animales de carroña como zopilotes, desechos biológicos infecciosos, sustancias tóxicas y restos de animales en estado de putrefacción, pero sin equipo adecuado para su protección.

El documento hace énfasis en que las mujeres que se dedican a la prostitución en el parque central de esta ciudad, son obligadas a pagar cierta cantidad de dinero a policías municipales para que no sean molestadas o encarceladas por desempeñar el sexoservicio.

En días pasados se dio a conocer un informe de la organización Fin de la Prostitución Infantil, la Pornografía y el Tráfico de Niños con Fines Sexuales (Ecpat, por sus siglas en inglés), en el que se denuncia que un gran número de jóvenes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua son vendidas a unos 200 dólares, cada una, y son usadas en la explotación sexual y en actividades diversas en otras zonas de territorio mexicano, como albañilería, comercio ambulante y seleccionadoras de basura.

También menciona el informe que tras ser llevadas a Tapachula, las mujeres son redistribuidas a localidades en Veracruz, Distrito Federal, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Sonora y Sinaloa, que sirven de escalas previas antes de proseguir viaje a Estados Unidos. Según Ecpat 58 por ciento de las víctimas son guatemaltecas y el resto son salvadoreñas y hondureñas, de acuerdo con el estudio, que determinó que sólo en Tapachula hay mil 552 bares y burdeles en los que laboran.

El informe estableció que 45 por ciento de las mujeres sufrieron abuso sexual desde antes de cumplir 12 años de edad y que 98 por ciento tiene entre 15 y 17 años de edad. La clientela, agregó Villarreal, son mayoritariamente mexicanos y extranjeros de todas las edades, con inadecuado manejo de su sexualidad y con cultura machista. Remata señalando que las mujeres no sólo son prostituidas en el sur de México, sino que algunas son compradas para que laboren en el mercado mexicano del servicio doméstico, comercio, agricultura, construcción, mendicidad o para seleccionar basura.

En ese sentido, la dictaminadora coincide en la grave problemática que sufren las mujeres migrantes en la frontera sur de nuestro país; sin embargo, estima que para alcanzar el objetivo manifestado en la proposición, debe exhortarse a las autoridades involucradas para que adopten las medidas necesarias para atender y solucionar los problemas que enfrentan las mujeres migrantes, toda vez que los esfuerzos que han realizado no han sido suficientes. De igual forma, es necesario que informen de esas medidas a esta soberanía, con la finalidad de que se conozcan las acciones y, en un ejercicio de coordinación entre los poderes y con pleno respeto al ámbito de competencia, coadyuvar en la solución de la materia que nos ocupa.

Por otra parte, considera la dictaminadora que es procedente remitir copia del presente dictamen así como de la proposición que le dio origen, a los titulares de los Poderes Ejecutivos y a las legislaturas locales de las entidades federativas de la frontera sur, para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones realicen las acciones que para tal efecto consideren. Y estima oportuno aprobar el punto tercero de la proposición original, toda vez que la mayor problemática es en el estado de Chiapas.

Por lo antes expuesto, la Comisión de Equidad y Género, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular del Instituto Nacional de Migración para que adopte las medidas necesarias para atender y solucionar los problemas que enfrentan las mujeres migrantes en la frontera sur de nuestro país. Asimismo, solicita al Instituto Nacional de Migración que remita a esta soberanía la información correspondiente de las medidas adoptadas con motivo del presente acuerdo en un plazo de 30 días naturales.

Segundo. En razón de que el mayor número de aseguramientos de mujeres y niñas migrantes irregulares se producen en el estado de Chiapas, se exhorta al Ejecutivo de dicha entidad federativa para que integre el Sistema Estatal de Prevención, Erradicación y Sanción de la Violencia contra las mujeres, con base al artículo 49 fracción VI de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Tercero. Remítase copia del presente dictamen y de la proposición con punto de acuerdo que le dio origen a los titulares de los Poderes Ejecutivos y a las legislaturas locales de las entidades federativas de la frontera sur, para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones realicen las acciones que para tal efecto consideren.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión este punto de acuerdo. Se han registrado para participar en el mismo la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia, la diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD y la diputada Mónica Arriola, de Nueva Alianza.

La diputada Maricela Contreras Julián (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Le dan sonido a la curul de la diputada Maricela.

La diputada Maricela Contreras Julián (desde la curul): Gracias. Me gustaría que me permitiera la palabra, a nombre de la Comisión de Equidad y Género, que fue quien dictaminó esta iniciativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está bien, diputada, pase, por favor. Usted tendría el uso de la palabra en primer lugar. Tiene la palabra la diputada Maricela Contreras, a nombre de la Comisión de Equidad y Género.

La diputada Maricela Contreras Julián: Con su permiso, diputada Presidenta. El dictamen que hoy nos ocupa merece especial atención y su inmediata resolución, pues estamos hablando de que se encuentra en riesgo la integridad física y psicológica de muchas mujeres migrantes que cruzan la frontera sur de nuestro país. Y en ese sentido quisiera plantear que ojalá se pudiera cambiar el texto, porque no son mujeres irregulares, son mujeres migrantes.

La Comisión de Equidad de Género solicita el apoyo de todas y todos ustedes para aprobar este texto. A la titular del Instituto Nacional de Migración, pues en días pasados se ha dado a conocer el informe de la organización Fin de la Prostitución Infantil y Pornografía y el Tráfico de Niños con Fines Sexuales (ECPAT, por sus siglas en inglés), en el que se denuncia que un gran número de jóvenes de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua son vendidas a unos 200 dólares, cada una, y son usadas en explotación sexual y en actividades diversas en otras zonas del territorio mexicano como albañilería, comercio ambulante y seleccionadoras de basura.

También menciona el informe que tras ser llevadas a Tapachula, las mujeres son redistribuidas a localidades en Veracruz, Distrito Federal, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Sonora y Sinaloa, que sirven de escalas previas antes de proseguir su viaje a Estados Unidos.

De ahí que también esta Comisión haya considerado exhortar, en específico al gobernador de Chiapas, para que instale el Sistema Estatal de Prevención, Erradicación y Sanción de la Violencia contra las Mujeres, además de remitir este dictamen a las titulares y los titulares de los Poderes Ejecutivos de los estados de la frontera sur para que tomen las medidas, a efecto de que se detenga toda la violencia que se genera en esta región de México.

En la Comisión de Equidad y Género partimos de la premisa de apoyar toda acción en beneficio de las mujeres en nuestro país, en especial de aquéllas que buscan erradicar la violencia de género.

De ahí que con las consideraciones expuestas en el dictamen que estamos analizando buscáramos la mejor manera de aprobar el punto de acuerdo, a efecto de que este grave problema no quedará sin la pronta y debida atención por parte de la Cámara de Diputados con la entrada en vigor de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Precisamente la violencia es una forma de discriminación que impide el pleno goce de todos los derechos que les son reconocidos a las mujeres, por lo que la violencia sexual, psicológica, física y económica que viven las mujeres migrantes se acentúa con el carácter de su estatus migratorio en el país.

Además de que amenaza su salud, productividad y la integración social y económica a una sociedad, sin que la condición migratoria debiera ser un pretexto para que se presente esta situación.

Sin embargo, la situación migratoria de las personas no es una condición para que el Estado no respete ni garantice los derechos humanos, pues debe aplicarse el principio de no discriminación. Éste debe traducirse en que todo trato diferente que se establezca para las personas migrantes, debe ser en el marco jurídico internacional de los derechos humanos. Es decir, no deben violarse los derechos internacionalmente reconocidos a las migrantes y a los migrantes, sea o no legal su estación.

Compañeras y compañeros, no debemos permitir que la política migratoria de nuestro país por un lado condene los maltratos que reciben nuestras connacionales y nuestros connacionales en el vecino país del norte.

Y que por el otro, las mismas prácticas sean reproducidas por algunas autoridades mexicanas con las personas que cruzan la frontera sur de México. Conductas que refiriéndose a mujeres se manifiestan en abusos sexuales, maltratos laborales, violencia en todas sus formas y falta de respeto a sus derechos humanos.

La Ley contra la Trata de Personas, recientemente aprobada también en el Senado y que está próxima a publicarse, será una herramienta útil para combatir la delincuencia organizada que trafica con personas y que afecta con agravios adicionales a las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Finalmente, solicitamos su voto a favor de este dictamen, pues la violencia que se ejerce contra las mujeres no merece una actitud ni pasiva ni negativa. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Maricela Contreras. Tiene el uso de la palabra la diputada Martha Angélica Tagle, del Grupo Parlamentario de Convergencia

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Con el permiso de la Presidencia.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: En México estamos en contra del maltrato, discriminación, xenofobia y exclusión que padecen millones de mexicanos que emigran principalmente a Estados Unidos de Norteamérica.

Durante muchos años, el gobierno, las organizaciones sociales y las personas en lo individual han luchado por lograr un mejor trato en el paso fronterizo a los mexicanos que han decidido marcharse por falta de oportunidades.

En la actualidad ya no sólo están partiendo los hombres, ahora son miles de mujeres las que arriesgan su vida en la búsqueda de mejores oportunidades y condiciones de vida para ellas y sus hijos.

La mirada está siempre puesta al norte, con la esperanza de trabajar y salir de la miseria que les ha obligado a dejar sus lugares de origen y a su familia, sin saber que la realidad es otra.

No se trata sólo de cruzar, una vez vencida la fuerza de la naturaleza del río Bravo, se tiene que saltar una valla física, cultural y social. Los primeros pasos del otro lado de la frontera son como una suerte echada. Así, caminando por el otro lado, se está a merced de los cazadores de inmigrantes, grupos de xenófobos que se divierten con la cacería humana de personas indefensas.

Pero ahí no termina el peligro, la policía fronteriza o en su caso la de los condados no se caracterizan por su amabilidad, profesionalismo o su entrenamiento de primer mundo, sino por la falta de sensibilidad y la manera en que impunemente violan los derechos en el mejor de los casos de los migrantes sin distinción alguna.

Otros, por decirlo de alguna manera, no corren la misma suerte, en el acto son ejecutados ---tanto por los grupos de cazadores como por la misma policía---, argumentando que opusieron resistencia.

En esto todos estamos de acuerdo en que es una situación inaceptable. Sí es una situación inaceptable en la frontera norte con nuestros paisanos. También es inaceptable que nosotros hagamos lo mismo en la frontera sur.

De acuerdo con el punto que se está tratando hoy, sale a la luz que está sucediendo también lo mismo en la frontera sur de nuestro país; es decir, en el estado de Chiapas, donde miles de mujeres centroamericanas y sudamericanas padecen una violencia sistemática de grupos organizados, como de corporaciones e instituciones insensibles al padecimiento y la pobreza que estas mujeres han sufrido a lo largo de su viacrucis en la búsqueda de lograr el sueño americano.

Por eso, a nombre del Grupo Parlamentario de Convergencia, pedimos su voto a favor de este punto de acuerdo. Y al mismo tiempo, solicitamos que en estos trabajos se coordinen con la Fevin de la PGR, para que con la sensibilidad que tienen puedan atender los casos de mujeres que han sido víctimas de violencia y abuso sexual en la frontera sur de nuestro país.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Martha Angélica Tagle Martínez.

Esta Presidencia le da más cordial bienvenida a nombre del pleno, a los alumnos de la ciudad de Orizaba, Veracruz. Sean bienvenidos en esta visita que realizan con nosotros.

Tiene el uso de la palabra, la diputada Holly Matus Toledo , del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Holly Matus Toledo: Con su permiso, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputada.

La diputada Holly Matus Toledo: Compañeras diputadas y compañeros diputados, de manera constante el Ejecutivo, el Legislativo y la sociedad civil han emitido pronunciamientos exigiendo el respeto de los derechos humanos de las migrantes y los migrantes en la frontera norte.

Irónicamente exigimos en el norte, pero nos olvidamos de los mil 138 kilómetros de frontera sur, en donde ---de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Migración--- el número de migrantes asegurados ha aumentado en 74 por ciento.

Nos encontramos ante un fenómeno masivo que implica un cambio en la naturaleza del proceso migratorio en la frontera sur de nuestro país. Día a día, se constatan extremos dramáticos, que conmueven e indignan y desafían a la conciencia de la humanidad, la cual ---en múltiples ocasiones y lamentablemente--- permanece impávida.

Es ofensivo ver, presenciar, escuchar o vivir, las constantes, sistemáticas y reiteradas violaciones de los derechos esenciales de las mujeres migrantes.

Según un informe del Fondo de Población de Naciones Unidas, actualmente las mujeres constituyen casi la mitad del total mundial de migrantes internacionales, 95 millones.

La Organización Internacional del Trabajo afirma que, de los 12.3 millones de personas que realizan trabajos forzados en todo el mundo, la mayoría está constituida por mujeres y niñas.

Sin embargo, hay que asentar que la situación migratoria en la frontera sur de nuestro país ha empeorado y se ha complicado de tal forma que las mujeres y niñas migrantes no sólo tienen que enfrentar el desplazamiento, el desapego, la angustia de dejarlo todo.

También se enfrenta a los abusos, extorsiones, vejaciones y humillaciones de los agentes de inmigración, de la policía federal, estatal y municipal, y guardias de seguridad privada, así como de las redes de tráfico de personas comúnmente llamados ``polleros'' o ``coyotes'' y de la actuación de bandas de delincuentes conocidos como ``Maras Salvatruchas''.

Ser migrante, ser pobre y ser mujer incrementa la posibilidad de sufrir violencia. La vulnerabilidad a la que son sometidas estas mujeres y niñas es producto de su doble condición, además de una cuestión de género, es producto de la criminalización de la migración en nuestro país.

No sólo son mujeres y niñas, además son migrantes ilegales y son tratadas como delincuentes por las autoridades y por la población mexicana, cuando no debería de ser así.

Debemos apoyar este punto de acuerdo y a eso las invitamos, para poder tener congruencia. Es incongruente que en México se defienda internacionalmente los derechos de los migrantes, pero se viole de manera brutal en el territorio mexicano. Es hipócrita una política que censure la migración ilegal, pero que se beneficia de ella. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Holly Matus. Tiene el uso de la palabra la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

La diputada Mónica Arriola: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras legisladores, la violencia es una parte insoslayable en la vida de las mujeres migrantes. El 80 por ciento de este grupo son víctimas de explotación sexual, lo que ha convertido a nuestra frontera sur en el nicho perfecto para el comercio sexual. Sobre todo para quienes buscan mujeres con cuerpos de niñas y caras bien maquilladas para disimular su corta edad.

El Grupo Interagencial de Género de las Naciones Unidas en México informó que tan sólo en Chiapas cada semana se registran alrededor de 7 violaciones a mujeres migrantes, pero la cifra puede ser hasta 30 veces mayor, por los muchos delitos que no son denunciados.

Estados como Chiapas dan clara muestra de un sistema de justicia penal que carece de perspectiva de género y derechos humanos, completamente al margen de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Las mujeres que migran a otro país enfrentan una doble discriminación, primero como mujeres y después como migrantes, lo que limita su acceso, por un lado a programas sociales y a servicios de salud, y por el otro, a una sana integración a la vida reproductiva.

La violencia contra las mujeres migrantes representa un alto costo para la sociedad. Por ello, Nueva Alianza se pronuncia a favor de poner orden en la frontera sur, para evitar que se siga gestando esta larga cadena de abusos en contra de ellas, la cual se manifiesta en violencia de género, trata de personas, explotación laboral, agresión sexual y discriminación.

Nos sumamos al exhorto hecho en Inmujeres para que se instrumenten en la frontera acciones y estrategias necesarias que permitan la vigencia de los derechos humanos de mujeres, niñas y migrantes, y al Ejecutivo estatal para que integre el sistema estatal de prevención, erradicación y sanción de la violencia contra mujeres. Muchas gracias, compañeros.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Mónica Arriola. Tiene el uso de la palabra la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

La diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Con su venia, señora Presidenta. Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacionalhemos reconocido la problemática que acontece en la frontera sur donde, como ya se ha mencionado, mujeres y niños son expuestos todos los días a bandas de delincuentes, como las maras; a la extorsión de los polleros y, por supuesto, a las redes de delincuencia organizada de trata de personas y de explotación sexual comercial infantil.

Sin embargo, esta problemática no se limita exclusivamente al estado de Chiapas, esta problemática está identificada en toda la frontera sur.

Nosotros nos sumamos a este punto de acuerdo, pero también queremos hacer un llamado al Instituto Nacional de Migración, para que se incluya la supervisión de los demás estados de la frontera sur. En este sentido queremos dar el respaldo a este punto de acuerdo y nos sumamos. Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Laura Angélica Rojas Hernández. Tiene el uso de la palabra la diputada Elsa Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario Alternativa.

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Con su permiso, señora Presidenta. Honorable asamblea, las terribles condiciones económicas que obligan a miles de habitantes centroamericanos a buscar fortuna en el norte del continente son dramáticas por sí mismas, pero ya en nuestro territorio los migrantes de esa región se convierten de inmediato en el jugoso botín de toda clase de actividades lucrativas ilegales y criminales.

La violencia ejercida contra las mujeres y las niñas en la frontera sur es de una crudeza pocas veces vista en la historia, incluso en épocas de guerra. Esclavismo laboral y sexual, infantil y juvenil; prostitución forzada de mujeres; torturas; violaciones y toda clase de malos tratos en centros de detención que violan disposiciones normativas nacionales e internacionales.

Corrupción generalizada de autoridades y trata de personas a gran escala son moneda corriente en nuestra frontera con Centroamérica. Sin embargo, la indiferencia de numerosas autoridades ante la gravedad y variedad que adquiere la violencia contra las mujeres en la frontera sur demuestra, una vez más, que la defensa de sus derechos tiene peso únicamente en la retórica del gobierno y nunca o casi nunca en su ejercicio.

Es necesario recordar, nuevamente, que entre las dependencias más señaladas como victimarias y violadoras de los derechos humanos fundamentales se encuentran las del Instituto Nacional de Migración y las policías federales y estatales, lo que hace indispensable, tal y como este punto de acuerdo propone, involucrar de inmediato y con un compromiso verdadero al Poder Ejecutivo federal y a los estados fronterizos del sur.

En consecuencia, Alternativa Socialdemócrata apoya plenamente el punto de acuerdo que se nos presenta y alerta sobre la necesidad adicional de apoyar la descriminalización formal de los migrantes que ingresan a nuestro territorio nacional, tal y como fue votado y enviado a la Cámara de Senadores mediante la iniciativa presentada, entre otras personas, por el compañero diputado José Jacques y Medina , del PRD, en abril de este mismo año.

Compañeros y compañeras, debemos ser consecuentes. Pedimos un trato justo y humanitario para nuestros migrantes en la frontera norte, como sin duda es nuestra obligación, pero parecemos olvidar que estos reclamos jamás serán creíbles para nuestros vecinos del norte mientras nosotros mismos seamos incapaces de respetar los derechos humanos dentro de nuestras propias fronteras.

Mostremos voluntad genuina, apoyemos acciones concretas y exijamos resultados. Éste es un imperativo ético sobre el que Alternativa no dejará de insistir. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Elsa Conde Rodríguez.

En virtud de que no se ha registrado ningún orador más se considera suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación... La diputada Martha Hilda González Calderón , si le dan sonido. Diputada, ¿con qué objeto?

La diputada Martha Hilda González Calderón (desde la curul): Si me permite hacer uso de la palabra también, para externar la opinión sobre este punto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Claro, diputada. Si gusta pasar en este momento.

La diputada Martha Hilda González Calderón: Muchas gracias, señora Presidenta. El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucionales sensible también a este dictamen que la Comisión de Equidad y Géneroha puesto a consideración de esta asamblea.

Ya lo decía quien me antecedió en el uso de la palabra: desde esta tribuna se ha mencionado mucho cuáles son las violaciones a los derechos humanos que mujeres, niñas y niños han padecido en la frontera norte de este país.

Pero toca a nosotros dar el ejemplo de que se respeten dichos derechos humanos de aquellas personas que, por necesidad, tienen que incursionar en la frontera sur de nuestro territorio nacional.

Por eso vemos con mucha preocupación las violaciones que se dan y por supuesto nos sumamos de manera categórica al dictamen que la Comisión de Equidad y Género somete a la consideración de esta honorable legislatura.

Nos queda muy claro que niñas que son sometidas a la prostitución, que niños también que son forzados a trabajar en áreas de desechos, que mujeres que tienen que venir saliendo de condiciones terribles de sus países necesitan también tener la protección del Estado mexicano.

Por eso, con un reconocimiento al trabajo comprometido que están haciendo las compañeras de la Comisión de Equidad y Género, nos sumamos a este dictamen. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputada Martha Hilda González Calderón. ¿No hay ningún orador más que se vaya a inscribir en este punto? Entonces se considera suficientemente discutido. Consulte la Secretaría en votación económica a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese. Continúe la Secretaría, por favor.

ISOSA

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Dictamen de la Comisión de la Función Pública, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la Función Pública a investigar en ejercicio de sus atribuciones los vínculos entre ISOSA y la Administración General de Aduanas

Honorable Asamblea:

La Comisión de Función Pública de esta honorable Cámara de Diputados, con base en las facultades que le confieren los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f); y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a su consideración el dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de la Función Pública para que investigue los vínculos entre ISOSA y la Administración General de Aduanas.

Antecedentes

La proposición que se dictamina fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2174-I del miércoles 17 de enero de 2007, y presentada por el diputado Raúl Cervantes Andrade , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En esa misma fecha la Presidencia de la Comisión Permanente la turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de la Función Pública.

Recibida en la comisión, y una vez sometida la proposición a estudio y análisis, se preparó un proyecto de dictamen en sentido positivo, que fue presentado a la consideración y discusión del pleno de este órgano legislativo, que lo aprobó en la sesión de fecha 19 de septiembre de 2007, con 20 votos a favor, ninguno en contra, una abstención y sin votos particulares.

Consideraciones

I. El objeto del punto de acuerdo que se dictamina es que esta honorable Cámara de Diputados exhorte al titular del Poder Ejecutivo federal a instruir a la Secretaría de la Función Pública para que investigue los vínculos entre ISOSA y la Administración General de Aduanas, los términos de su contrato, la forma en la que se adjudicó y en que opera y, de encontrarse irregularidades, proceda conforme a la ley, y que los resultados de dichas indagaciones se hagan del conocimiento de esta Cámara.

II. ISOSA (Integradora de Servicios Operativos, SA de CV) es una empresa privada que presta servicios de procesamiento electrónico de datos y de despacho aduanero a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y del Servicio de Administración Tributaria, así como otros a las empresas del sector público. Con posterioridad el fideicomiso Aduanas I, que se constituyó en 1993 para la modernización aduanal, como una exigencia derivada de las negociaciones del TLC; se decidió crear un fideicomiso en donde se incorporó el cobro del derecho de trámite aduanero para importadores y exportadores, abriendo para ello una cuenta en Nacional Financiera.

III. En 2004, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpuso la controversia constitucional 84/2004 en contra de la Auditoría Superior de la Federación, objetando sus facultades constitucionales para solicitar información y fiscalizar los recursos del derecho de trámite aduanero, con el argumento de que la naturaleza de los recursos manejados por ISOSA eran ``privados'' y, por tanto, no eran objeto de revisión y fiscalización. El 14 de agosto de 2006, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer su fallo al respecto, con votación de ocho a tres, negando la posibilidad de auditar al mencionado fideicomiso y, por consecuencia, a ISOSA.

IV. El presente proyecto tiene por objeto que la Secretaría de la Función Pública investigue los vínculos entre ISOSA y la Administración General de Aduanas, mas no que se audite a la empresa en cuestión, ya que para el diputado proponente así como para la fracción parlamentaria que representa, es imperante que se garantice a los ciudadanos que: ``...esta administración no manipulará información en los medios de comunicación y que se desenvolverá con estricto apego a derecho...''

V. El pasado 7 de mayo del año en curso se creó en esta honorable Cámara de Diputados la Comisión de Investigación de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria en cuanto al origen, cobro, destino e impacto que tiene en las finanzas el pago del derecho de tramite aduanero, presidida por el diputado Pablo Trejo Pérez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Aún cuando el objetivo general de la comisión investigadora en comento, plasmado en su programa de trabajo 2007-2009, radica en analizar, debatir y, en su caso, proponer un informe que documente y concluya si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las entidades paraestatales que hayan participado en el cobro, administración, destino e impacto de los derechos de trámite aduanero se ajustaron al marco jurídico vigente, si afectaron o no a la hacienda pública y si existen evidencias o conductas que deban ser del conocimiento de las autoridades para que inicien las investigaciones correspondientes, incluyendo a la empresa Integradora de Servicios Operativos, SA de CV (ISOSA); el exhorto propuesto vendría a complementar y apoyar el trabajo realizado por esta comisión especial, respetando el ámbito competencial de cada una de las comisiones.

VI. La Administración General de Aduanas es una unidad del SAT, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a ella corresponde organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera, de conformidad con lo establecido en la fracción XII del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

VII. Por otra parte, a la Secretaría de la Función Pública corresponde realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la coordinadora del sector correspondiente, auditorías y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para establecer acciones que propicien la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla genere; todo lo anterior con fundamento en las fracciones VII y XXV del artículo 37 de la Ley Orgánica de la administración Pública Federal.

Con fundamento en lo anterior, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Dictamen

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que, en ejercicio de sus atribuciones, investigue los vínculos entre ISOSA y la Administración General de Aduanas; los términos de su contrato; la forma en la que se adjudicó y opera; y, de encontrarse irregularidades, proceda conforme a la ley.

Segundo. Que los resultados de dichas indagaciones se hagan del conocimiento de esta honorable Cámara de Diputados.

PRESUPUESTO CARRETERO

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Dictamen de la Comisión de la Función Pública, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública que investigue los contratos suscritos entre la empresa Facopsa y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Honorable Asamblea:

La Comisión de Función Pública de la honorable Cámara de Diputados, con base en las facultades que le confieren los artículos 39 y 45 numeral 6 incisos e) y f); y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a su consideración: ``Dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública, que investigue los contratos suscritos entre la empresa Facopsa y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes''.

Antecedentes

La proposición que se dictamina fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2179-II del miércoles 24 de enero de 2007, y presentada por el diputado Raúl Cervantes Andrade , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En esa misma fecha la Presidencia de la Comisión Permanente la turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de la Función Pública.

Recibida en la comisión, y una vez sometida la proposición a estudio y análisis, se preparó un dictamen por la afirmativa, que fue sometido a la consideración y discusión del Pleno de la comisión, que lo aprobó en la sesión de fecha 19 de septiembre de 2007, con 21 votos a favor, ninguno en contra, sin abstenciones ni votos particulares.

Análisis de la proposición

I. De acuerdo al texto de la proposición, se presume que la empresa de Fabricación y Colocación de Pavimentos, SA de CV, (Facopsa), ha desviado el presupuesto carretero, en condiciones poco claras, dejando obras inconclusas por las cuales cobró por anticipado.

En consecuencia la proposición de referencia tiene por objeto que la Secretaría de la Función Pública investigue los contratos suscritos entre la empresa Facopsa y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya que para el diputado proponente ``...entre los casos que más llamaron la atención de la opinión pública a fines de sexenio pasado, destaca una secuela de vinculaciones ligadas al tráfico de influencias, la asignación irregular de contratos, la tolerancia a la evasión fiscal, entre otras...''

II. Es importante señalar que el proponente sólo cita como referencia en su proyecto que al señor Mares Hernández: ``...se (le) ligó con el despojo de El Tamarindillo, en Michoacán, con las cabañas de Los Pinos y con el arreglo con presumibles fondos públicos de los ranchos del señor Fox''. En ningún momento cita específicamente irregularidades en tramos carreteros determinados.

Ésta comisión dictaminadora considera que la proposición es procedente, con fundamento en la fracción XVII del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que habla acerca del despacho de asuntos que atiende la Secretaría de la Función Pública:

De igual modo, es aplicable, al caso que nos ocupa, el artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al señalar que las personas que manejen recursos federales serán sujetos a esta ley pese a que no posean el carácter de servidor público:

Conclusión

Partiendo del análisis de la proposición que se dictamina, los diputados y las diputadas integrantes de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, creemos que es fundamental promover la cultura de la legalidad y la rendición de cuentas ya que sólo de este modo mejoraremos la gestión de la administración pública federal. En virtud de lo cual, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Dictamen

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que realice una investigación --de conformidad con las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal--, sobre los contratos suscritos entre la empresa Facopsa y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que pueda establecer posibles irregularidades y, en su caso, se finquen las sanciones pertinentes.

Asimismo, en caso de encontrarse irregularidades, en cumplimiento a la legislación aplicable, se precise el daño al erario y se definan plazos y montos para su reintegro a la Tesorería de la Federación.

Segundo. En caso de existir algún avance sobre estas investigaciones, se informe a esta Cámara, a la brevedad, sobre el estado que guarda dicha investigación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo oradores, se reserva para su votación.

LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Dictamen de la Comisión de la Función Pública, con punto de acuerdo para exhortar a la Auditoría Superior de la Federación y a la Comisión de la Función Pública a revisar y evaluar la aplicación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal

Honorable Asamblea:

La Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, con base en las facultades que le confieren los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Auditoría Superior de la Federación y a la Comisión de la Función Pública a revisar y evaluar la aplicación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

Antecedentes

La proposición que se dictamina fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2179-II, del miércoles 24 de enero de 2007, y presentada el 1 de febrero de 2007 ante la Comisión Permanente por el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , y por la senadora María de Lourdes Rojo e Inchuástegui, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente la turnó para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de la Función Pública, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

Una vez recibida y previo estudio, se preparó un proyecto de dictamen a favor, el cual fue presentado a la consideración y discusión de esta comisión, la que lo aprobó en sesión de fecha 19 de septiembre de 2007, con 21 votos a favor y ninguno en contra, sin abstenciones ni votos particulares.

Contenido de la proposición

Los legisladores proponentes, en la exposición de motivos se refieren al desarrollo que se ha dado en la materia de servicio profesional de carrera y al avance que ha significado la promulgación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, debido a que ``el nombramiento de funcionarios en la administración pública fue durante muchos años el mecanismo para pagar favores, otorgar prebendas y resolver compromisos contraídos durante las campañas electorales''.

La proposición hace especial énfasis en el debate que tuvo lugar en la Cámara de Senadores y que se suscitó con motivo de la iniciativa que desemboco en la promulgación de la mencionada ley.

Los legisladores proponen el siguiente acuerdo:

Consideraciones

Primera. Que la Auditoría Superior de la Federación no es competente para revisar y evaluar la aplicación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal como plantean los proponentes.

El artículo 16 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación establece de manera clara las atribuciones con que cuenta la Auditoría Superior de la Federación, que esencialmente son el instrumento a través del cual la auditoría cumple su principal encomienda, la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública, en los términos de lo establecido en el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

De acuerdo con lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación no es competente para revisar y evaluar la aplicación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal como plantean los proponentes, por lo que es inviable que se lleve a cabo el exhorto de la proposición.

Segunda. En cuanto a la problemática planteada por el proponente respecto al servicio profesional de carrera, es conveniente señalar que tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como la de Función Pública han venido trabajando de manera coordinada en el desarrollo e implantación de esquemas tendentes a homologar, estandarizar y agilizar los procesos en la administración pública federal, a fin de lograr un gobierno más eficiente en el ejercicio del gasto.

Por ello se ha adoptado un sistema de presupuesto basado en resultados para la administración pública federal, que consiste en un conjunto de procesos e instrumentos que permitirán que las decisiones involucradas en el presupuesto incorporen sistemáticamente consideraciones sobre los resultados de la aplicación de los recursos públicos.

Asimismo, la Secretaría de la Función Pública y la de Hacienda y Crédito Público pondrán en marcha el Programa de Mejoramiento de la Gestión, el cual se traduce en compromisos de modernización de las dependencias y las entidades de la administración pública federal, el programa tiene por objeto promover la transformación de la gestión mediante acciones interrelacionadas que permitan

Adicionalmente a lo anterior, la Secretaría de la Función Pública ha venido impulsando y dando particular observancia al acuerdo de austeridad emitido el pasado 4 de diciembre de 2006 por el titular del Poder Ejecutivo federal, por el cual la administración pública federal está ajustando el gasto de operación de las dependencias y de las entidades paraestatales, a través de una serie de acciones específicas en materia de control de recursos humanos y estandarización de estructuras y procedimientos que mejorarán el presupuesto y el control de los recursos públicos, así como la gestión pública.

Con base en lo anterior, una de las acciones que ya están en proceso es la implantación del modelo de transformación y metodología para la aplicación de la reconfiguración de las estructuras de la administración pública federal. Con ello, entre otras cosas, se evaluarán y perfilarán los puestos de mando de las dependencias y de las entidades, lo que permitirá reducir el gasto sin afectar la operación y la calidad de los bienes y los servicios que se presta el sector público.

Tercera. Respecto al segundo punto de la proposición, es importante señalar que, de acuerdo con la fracción VI Bis del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública es la encargada de operar el Sistema del Servicio Profesional de Carrera, por lo que es correcto el exhorto planteado por los proponentes:

Cuarta. Es del conocimiento de esta comisión que hubo otra proposición en el mismo sentido que la que nos ocupa, presentada por el diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla , el martes 6 de febrero de 2007, ante la Comisión Permanente. Dicha proposición fue dictaminada por la Primera Comisión de la Permanente, el 25 de julio de 2007, de la siguiente manera:

En virtud de lo anterior, la Comisión de la Función Pública podrá revisar y evaluar la aplicación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal una vez que cuente con la información que envíen las secretarías referidas en el acuerdo aprobado por la Comisión Permanente.

Quinta. Aunado a lo anterior, esta comisión considera que, con objeto de agilizar y profundizar en el análisis que respecto a la aplicación de la ley del servicio profesional, es relevante que acuda ante esta comisión el titular de la Unidad de Servicio Profesional de Carrera y Recursos Humanos de la Administración Pública Federal.

Conclusión

En virtud de lo anterior, esta comisión dictaminadora somete a la consideración de esta soberanía el siguiente

Dictamen

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al secretario de la Función Pública para que, en el marco de sus atribuciones, instruya al funcionario encargado de la implantación del Sistema del Servicio Profesional de Carrera, para que comparezca ante la Comisión de la Función Pública a explicar los procedimientos que se han seguido en el marco del mismo, en los términos expuestos en el exhorto dirigido a esa secretaría por la Comisión Permanente el 25 de julio de 2007.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo, y se ha inscrito en este punto el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del PRD, para posicionar respecto al mismo. ¿No está? Tiene el uso de la palabra el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, para hablar respecto al punto de Función Pública con punto de acuerdo para exhortar a la Auditoría Superior de la Federación y a la Comisión...

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (desde la curul): Señora Presidenta, declino.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Declina? No habiendo oradores en este punto se reserva para su votación. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobados los puntos de acuerdos. Comuníquense.

LEY DE AVIACION CIVIL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos relativos a iniciativas. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta,

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se autoriza. Continúe la Secretaría, por favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 15 de la Ley de Aviación Civil

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura el presente dictamen, a partir de los siguientes antecedentes de trámite y consideraciones de resolución.

Antecedentes

1. En la sesión ordinaria de fecha 25 de mayo de 2005 se dio cuenta a la asamblea de la Cámara de Diputados de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 15 de la Ley Aviación Civil, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

2. En la misma sesión y fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades, instruyó el turno de la iniciativa a la Comisión de Comunicaciones para su estudio y dictamen.

3. La Comisión de Comunicaciones procedió a la revisión del expediente legislativo, al análisis de la iniciativa y a la elaboración del presente dictamen, con base en las siguientes

Consideraciones

Considera el legislador ponente que la Ley de Aviación Civil del 12 de mayo de 1995, hoy vigente, que reemplazó su antecesora con la misma denominación, de 1940, tuvo como propósito, en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, a cuya iniciativa se debe su redacción, implantar las mejores condiciones para que, en la política económica del neoliberalismo, se eliminaran las supuestas o reales sobrerregulaciones y la protección de la industria nacional porque, según la exposición de motivos que la presentaba, en el sector de la industria aérea se generó una actitud poco competitiva.

La nueva ley, entonces, obedecía a la política de desregulación de 1991 y su contenido se inscribía en las directrices recomendadas por los organismos internacionales de crédito como condiciones para los países que quisieran acceder a dichos recursos o renegociar su abultada deuda.

El espíritu de liberalización alcanzó las tarifas y, a su vez, alentó la proliferación de líneas aéreas pequeñas que incursionaron en un mercado que, pese a los augurios prometedores de su crecimiento, prácticamente se encontraba paralizado; y las optimistas predicciones se derrumbaron, dándose como consecuencia una serie de fracasos financieros, con desafortunados accidentes aéreos.

En el corto y mediano plazos se han cerrado varias nuevas líneas aéreas, dejando, como generalmente ocurre, al Estado los adeudos más significativos en materia fiscal, de seguridad social, servicios aeroportuarios, combustible. Todo ello son consecuencias que, en conjunto, están gravitando en la deuda pública de la nación y en las entrañas del IPAB que sirvió para cerrar los expedientes de investigación, por los no pocos fraudes habidos en todo este experimento zedillista.

Hoy todavía, la continuidad de esta política inclina a pensar que por lo que se refiere a la mayoría de las líneas pequeñas de capital privado, su proyección a futuro es ciertamente dudosa por cuanto a que, con un mercado nacional afectado por la falta de crecimiento y la invasión de empresas internacionales.

Las cuales mediante ``permisos'' y ``acuerdos bilaterales'' encubren la clara tendencia al acuerdo de cielos abiertos que México no ha signado. Las posibilidades de éxito de esas líneas pequeñas nacionales no están a la vista. No se puede ocultar tampoco la acumulación de pasivos por los adeudos que acumulan a diversas entidades gubernamentales y que habrán de considerarse en un futuro próximo en los presupuestos federales.

La tónica de la Ley de Aviación Civil era facilitar al máximo la concurrencia en el mercado aéreo nacional, cuando las estadísticas mostraban que éste no ha crecido: así, en 2000 era de 24 millones 175 mil pasajeros; y en 2003, de 24 millones 171 mil. Es lógico, entonces, que las predicciones no se hicieron con datos reales.

Sin embargo, para el logro del objetivo que el cuerpo legislativo preveía, las condiciones para operar a los nuevos concesionarios fueron de tal manera laxas que por ello, como señalamos, se dieron los accidentes y siniestros que pudieron ser evitados, incluido el cuantioso quebranto del erario nacional y cuantiosas responsabilidades civiles que no se cubrieron a particulares afectados.

Con esa tendencia neoliberal se estableció en la ley que si bien la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, tienen atribuciones claras para supervisar, verificar y controlar las operaciones relacionadas con las aeronaves y las instalaciones complementarias, también lo es que tales facultades se otorgaron con excesivas limitaciones.

Al extremo de que, aun en graves condiciones de riesgo para autorizar el vuelo de una aeronave si se sorprende la violación de normas y medidas de seguridad, se podrá infraccionar y hasta suspender el vuelo, pero la concesión quedará intocada hasta que la reincidencia ocurra múltiples veces.

Aun así, con la falta de personal técnico y la imposibilidad de mantener continua la vigilancia de infractores crónicos, la labor de resguardo de la seguridad en la operación de vuelos se vuelve una responsabilidad pesada para la autoridad en la especialidad.

A todo esto se debe agregar la posibilidad de largos litigios, ya que no es remoto que, incluso, se le descalifique por exceso en el cumplimiento interponiendo recursos administrativos y hasta por vía de amparo se relativice su importancia.

La seguridad de los pasajeros y sus bienes mediante la adopción de medidas de seguridad de estándares internacionales y la supuesta capacitación y adiestramiento del personal técnico aeronáutico, todo ello son enunciados que sin la correlativa capacidad legal y el aprovisionamiento presupuestario suficiente, quedan en buenos propósitos incumplidos que no tardarán en reflejarse en otra tragedia de accidente aéreo previsible si no se toman las medidas correspondientes.

Es por todos conocido que, incluso, hay empresas aéreas que manejan regímenes de intimidación a su personal técnico y a sus mismos pilotos, cuando no acceden a alterar sus bitácoras para ocultar fallas o diferimiento en el reemplazo de piezas de las aeronaves.

Sin embargo, por el exceso de trabajo de la Dirección General de Aeronáutica Civil estas situaciones no se pueden comprobar flagrantemente y el dispositivo de seguridad se incumple, con el consiguiente riesgo, ya no sólo para los pasajeros sino para las mismas ciudades como la de México, donde sobrevuelan estos equipos con daños potenciales humanos inimaginables.

En tales condiciones se hace indispensable dotar de mayores atribuciones a la Dirección General de Aeronáutica Civil, no sólo para llevar a cabo con mayor amplitud el otorgamiento y la verificación de los certificados de aeronavegabilidad, con la facultad de revocar las concesiones y permisos cuando la línea o empresa aérea no cumpla los requisitos legales para la óptima seguridad en sus operaciones.

Por tal motivo, proponemos que se explicite claramente que cuando un concesionario o permisionario transgreda las medidas de seguridad en materia de aeronavegabilidad como establece la fracción X del artículo 15 de la Ley de Aviación Civil, no requiera la acumulación de tres sanciones para proceder a la revocación y pueda proceder de inmediato ante una infracción grave.

Con base en las consideraciones expuestas y con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones somete a la consideración de esta asamblea que resulta improcedente aprobar el decreto propuesto en esta iniciativa, toda vez que la redacción del segundo párrafo de la fracción XIII del artículo 15 de la Ley de Aviación Civil es la misma que en sus términos propone la iniciativa de referencia, aprobada de fecha 6 de junio de 2006 y, en consecuencia, que es de resolver lo siguiente

Dictamen

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 15 de la Ley de Aviación Civil, a cargo del diputado Jesús González Schmal, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentada el 25 de mayo de 2005 en la Cámara de Diputados. En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto resuelto y totalmente concluido. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 30 de la Ley Federal de Telecomunicaciones

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones somete a la consideración del Pleno de esta Asamblea de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura el presente dictamen, a partir de los siguientes antecedentes de trámite y consideraciones de resolución.

Antecedentes

1. En la sesión ordinaria del 8 de marzo de 2005 se dio cuenta a la asamblea de esta Cámara de Diputados de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 30 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, presentada por el diputado federal Jesús Martínez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia.

2. En la misma sesión y fecha, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, en uso de sus facultades, instruyó el turno de la iniciativa a esta Comisión de Comunicaciones para su estudio y dictamen.

3. Esta Comisión de Comunicaciones procedió a la revisión del expediente legislativo, al análisis de la iniciativa y la elaboración del presente dictamen, con base en las siguientes

Consideraciones

1. La reforma propuesta al primer párrafo del artículo 30 de la Ley Federal de Telecomunicaciones pretende que se establezca como condición para el otorgamiento de concesiones sobre derechos de emisión y recepción de señales y bandas de frecuencias asociadas a sistemas satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar servicios en el territorio nacional, que el concesionario haya registrado previamente el satélite ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Deja intacta, por otro lado, la condición de que además deba tratarse de países con los que el nuestro haya suscrito tratados que comprendan reciprocidad para los satélites mexicanos y se restringe el supuesto previsto vigente, que sólo condiciona el otorgamiento de concesión de que se trata del país de origen de la señal, es decir, independientemente de que se tenga registrado o no el satélite ante el organismo internacional indicado.

La medida de establecer como criterio para otorgar concesiones tratándose de derechos de emisión de recepción de señales y bandas de frecuencias asociadas a sistemas extranjeros de satélite, y que puedan prestar servicios en el territorio nacional, con la condición de que un satélite haya sido registrado por el país de que se trate ante un organismo de colaboración multilateral en materia de telecomunicaciones, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, no es en sí una medida inadecuada, pero sí lo es impráctica e inaplicable, pues sería restrictiva en cuanto al fin con que el legislador proveyó la disposición normativa contenida en el articulo 30 de la ley.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones tiene, entre otras, la atribución, adjudicación y registro de las asignaciones de las posiciones geoestacionarias y órbitas satelitales, así como coordinar los esfuerzos para eliminar interferencias perjudiciales entre las estaciones de telecomunicación de los diferentes países.

Dicho organismo contribuye al desarrollo de las telecomunicaciones mediante el desarrollo de un registro público internacional.

El registro de satélites operados por gobiernos y concesionarios que prestan servicios de comunicación por esa vía, ciertamente es una medida que hipotéticamente contribuiría a dar mayor certidumbre jurídica, debido a la intervención de un organismo internacional con capacidad de arbitraje técnico, aspecto útil en el caso de las controversias que eventualmente pudieran resultar con motivo de la prestación de servicios, para lo que las concesiones deben sujetarse a acuerdos de voluntades, celebrados para la transmisión de señales vía satélite, y tales convenios comprendan términos de reciprocidad entre los países que los suscriben.

Debe reconocerse que hay siempre cierto margen de incertidumbre respecto a la interpretación y aplicación de tratados y normas aplicables de alcance extraterritorial, por lo que es conveniente hipotéticamente, procurar la adopción de medidas que tiendan a la reducción del margen de incertidumbre.

Aunque la medida se justifica, resulta contraproducente en la práctica y limitativa de las opciones y la acción de la autoridad mexicana competente en materia de regulación de servicios de telecomunicaciones y comunicación vía satélite.

Es previsible el efecto desfavorable que en la práctica tendría la modificación propuesta, en términos de restringir las opciones para la provisión de servicios de emisión y recepción vía satélite, por lo que se refiere a aquellos que son prestados o sólo pudieran ser prestados mediante señal satelital emitida en otro país o países.

En efecto, el actual texto del artículo 30 de la ley hace alusión al origen de la señal para determinar el país responsable de un satélite, lo cual es incorrecto debido a que la señal puede provenir de diversos países y no necesariamente del responsable del satélite en cuestión. La propuesta permitiría eliminar en principio la incongruencia indicada.

Sin embargo, debe considerarse, aunque haya sido omitido en la exposición de motivos de la iniciativa, que un trámite previo para el registro internacional consiste en la denominada ``debida diligencia administrativa'', que consiste en enviar la información relativa al satélite que entraría en operación, tales como fabricante, persona moral que hace el lanzamiento, lugar y fecha en que tiene lugar el mismo. El envío de esa información asegura que se trata de un satélite real antes de proceder al registro.

No debe perderse de vista que el registro internacional tiene lugar mucho tiempo después de que el satélite entra en operación, debido al tiempo que suele llevarle a la Unión Internacional de Telecomunicaciones realizar el proceso; en otras palabras, ha sido una práctica común que los satélites entren en operación aún sin haberse completado el registro.

Por consiguiente resulta inaplicable e impráctico establecer en la norma jurídica aplicable esa condición expresa aunque sea deseable, pues se corre el riesgo de impedir la operación de servicios se transmisión de señal satelital proveniente de otro país o un satélite extranjero en perjuicio de los interesados en el territorio nacional.

Esta comisión concluyó que, si bien la modificación pudiera justificarse, resulta inoperante y tiene efectos desfavorables para la prestación de servicios de comunicación vía satélite, en el caso de flujo de señales que resultan de la operación por parte de concesionarios de otros países con los que nuestro país haya suscrito tratados internacionales de reciprocidad en la materia.

En todo caso, para subsanar el inconveniente señalado y lograr la ventaja que representaría una medida en la orientación propuesta en la iniciativa, convendría explorar la posibilidad de introducir el concepto ``administración notificante'', establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, noción que alude al país responsable durante el tiempo que lleve el proceso desde su inicio hasta su conclusión, para efectos de establecerla como criterio restrictivo en el texto normativo del artículo 30 de la ley, lo cual, sin embargo, merecería investigación, análisis y discusión acerca de la valoración de esta posibilidad.

De las consideraciones hechas por esta comisión que dictamina se concluye que resulta inconveniente para el interés general aprobar la modificación del texto normativo del artículo 30 de la Ley Federal de Telecomunicaciones vigente, tal como ha sido propuesto en la iniciativa que se dictamina.

Con base en las consideraciones expuestas y con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Comunicaciones somete a la consideración de esta asamblea que resulta improcedente aprobar el decreto propuesto en esta iniciativa y, en consecuencia, que es de resolver lo siguiente:

Dictamen

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 30 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, presentada por el Diputado Jesús Martínez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentada el 8 de marzo de 2005 en esta Cámara de Diputados. En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto resuelto y totalmente concluido. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se reserva para su votación en conjunto.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 14 y adiciona un décimo segundo transitorio a la Ley Federal de Telecomunicaciones

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones somete a consideración del Pleno de esta asamblea de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura el presente dictamen, a partir de los siguientes antecedentes de trámite y consideraciones de resolución.

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del 14 de abril de 2005, se dio cuenta a la asamblea de esta Cámara de Diputadosm, de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 y adiciona un artículo décimo segundo transitorio a la Ley Federal de Telecomunicaciones, presentada por el diputado federal José Javier Osorio Salcido, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

2. En la misma sesión y fecha, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, en uso de sus facultades, instruyó el turno de la iniciativa a esta Comisión de Comunicaciones para su estudio y dictamen.

3. La Comisión de Comunicaciones procedió a la revisión del expediente legislativo, al análisis de la iniciativa y la elaboración del presente dictamen, con base en las siguientes:

Consideraciones

1. El proponente señala que el desarrollo y modernización de la red de telecomunicaciones en el país mantiene retos enormes y amplias oportunidades de progreso tanto para la industria, como para los responsables del diseño e instrumentación de políticas públicas en esta materia.

Considera que resulta fundamental mantener como uno de los objetivos prioritarios en las acciones del gobierno promover que en todo el país cada mexicano tenga acceso a más y mejores servicios de telecomunicaciones, con precios competitivos y de calidad.

La expansión que se ha tenido en la inversión en las telecomunicaciones del país, ha mantenido un crecimiento dinámico, contrario a la desaceleración que registró la economía nacional en los últimos años.

Añade que en el sector comunicaciones, el impulso se origina por el dinamismo de los servicios satelitales, de trunking, de telefonía de larga distancia y celular, redes de datos, telegráficos, de correo y mensajería. Compete al Estado el dominio y promoción del uso eficiente del espectro radioeléctrico y las posiciones orbítales que le corresponden al país. Para ello, es conveniente crear aquellas condiciones con las cuales la iniciativa privada participe con el Estado para el desarrollo de los sistemas de comunicaciones.

El propósito de la iniciativa se sustenta, de acuerdo al legislador, en una demanda social que han expresado los concesionarios de servicio móvil de radiocomunicación especializada de flotillas, que consiste en la asignación de frecuencias adicionales, según lo establecen los títulos de concesión para la prestación del servicio, contemplando mejores condiciones de calidad y capacidad.

Por lo tanto, el objetivo de la propuesta legislativa consiste en hacer valer el derecho establecido en los títulos de concesión que alude a la potestad del concesionario de solicitar por vez única la asignación de frecuencias adicionales a los concesionarios del servicio móvil de radiocomunicaciones especializada de flotillas, cumpliendo con lo señalado en sus títulos de concesión respectivos y que fueron otorgados antes de la expedición de la presente Ley Federal de Telecomunicaciones.

2. Del análisis realizado por esta comisión legislativa se desprende que, la iniciativa lo único que pretende es que el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, asigne directamente a los concesionarios de servicio móvil de radiocomunicación especializada de flotillas, bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico adicionales a las que ya tienen asignadas, mediante los títulos de concesión respectivos, sin que para ello medie procedimiento de licitación pública ni pago de contraprestación al gobierno federal, establecido en el artículo 14 de la Ley Federal de Telecomunicaciones vigente.

Contrario a lo que señala la exposición de motivos de la iniciativa que nos ocupa, esta comisión tiene claro que es precisamente a través del procedimiento de licitación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, que se propicia un entorno competitivo y equitativo, se promueve y se consolida el mercado, a efecto de que los servicios de telecomunicaciones se presten con mejores precios, diversidad y calidad; todo con el propósito primordial de que se beneficien los usuarios, se den oportunidades de inversión a los particulares y se creen más empleos en el país.

En consecuencia, el procedimiento de licitación, por ser transparente, otorga certeza a los participantes del mercado, da la oportunidad de que los concesionarios existentes amplíen su capacidad de infraestructura con adelantos tecnológicos que satisfagan la demanda en el suministro de las telecomunicaciones.

De las consideraciones hechas por esta comisión que dictamina, se concluye que resulta inconveniente para el interés general aprobar la modificación del texto normativo del artículo 14, así como la adición de un artículo décimo segundo transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones vigente.

Con base en las consideraciones expuestas y con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Comunicaciones somete a la consideración de esta asamblea, que resulta improcedente aprobar el decreto propuesto en esta iniciativa y, en consecuencia, que es de resolver lo siguiente:

Dictamen

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 14 y adiciona un artículo décimo segundo transitorio a la Ley Federal de Telecomunicaciones, presentada por el diputado federal José Javier Osorio Salcido, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentada el 14 de abril de 2005 en ésta honorable Cámara de Diputados. En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto resuelto y totalmente concluido. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se reserva para su votación en conjunto.

LEY FEDERAL QUE REGULA EL CORREO ELECTRONICO

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que expide la Ley Federal que Regula el Correo Electrónico

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones somete a consideración del Pleno de esta asamblea de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura el presente dictamen, a partir de los siguientes antecedentes de trámite y consideraciones de resolución.

Antecedentes

1. En la sesión ordinaria de fecha 29 de septiembre 2004 se dio cuenta a la Asamblea de esta Cámara de Diputados de la iniciativa que expide la Ley Federal que Regula el Correo Electrónico, presentada por el diputado federal Jorge Legorreta Ordorica, en nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades, instruyó el turno de la iniciativa a esta Comisión de Comunicaciones, para su estudio y dictamen.

3. Esta Comisión de Comunicaciones procedió a la revisión del expediente legislativo, al análisis de la iniciativa y la elaboración del presente dictamen, con base en las siguientes:

Consideraciones

1. El proponente refiere en su exposición de motivos que con el uso de Internet y, a su vez, del correo electrónico (e-mail, en inglés), se han dado avances como la transferencia de datos, sin embargo, también se han desarrollado gradualmente prácticas que están resultando nocivas para todos los usuarios del servicio, particularmente los correos electrónicos, sean personales, empresariales, comerciales, etcétera.

El correo electrónico tipo spam se considera actualmente como uno de los mayores problemas de seguridad informática, dándose casos en que hasta una tercera parte de los mensajes son de esa clase.

El correo spam se define como el mensaje electrónico no solicitado por el receptor, usualmente distribuido mediante una lista de direcciones, cuyo contenido generalmente es de publicidad de productos o servicios; también puede ser de tipo comercial o de otro propósito, como el político, religioso, de hostigamiento, pirámides, advertencias de virus falsos que pueden denominarse ``correo basura''.

Actualmente, ésta práctica tiene auge, debido a la facilidad que brindan las redes electrónicas para hacer llegar publicidad en poco tiempo y bajo costo de dinero a una gran cantidad de potenciales clientes. Desde el punto de vista de un usuario de Internet, recibir spam se convierte en una molestia, peor aún si el usuario es menor de edad, esta expuesto a invitaciones a sitios no aptos para él, en el menos peligroso de los casos.

Las características más sobresalientes de un correo tipo spam es que son mensajes informativos no solicitados y generalmente anuncian un sitio Web con contenido pornográfico de cualquier tipo, o explican una forma para ganar dinero (``hágase millonario con sólo hacer click, o al abrir este correo''), o un listado de productos para su venta, o bien regalan viajes u otras promociones que se convierten en fraudes (``usted se ha hecho ganador de un viaje todo pagado, para reclamarlo haga click aquí''). Además este tipo de envíos se realizan de manera masiva, es decir, que se reparten a miles de personas distintas a la vez, e incluso se llegan a repetir periódicamente.

Otra de las características de este tipo de correos es que el campo ``from:'' o ``de:'', es decir, el que envía dicho correo, generalmente contiene cualquier nombre ficticio, que no existe o es falsa la dirección de respuesta o ``reply''. De igual manera los títulos de los correos contienen mala gramática, errores de ortografía, o bien se exagera en los signos de puntuación, ortografía o exclamación, se detectan la mayoría por ser títulos con combinaciones de nombres, letras o números.

2. Dentro de este tipo de correos existen diversas clasificaciones, con la idea de diferenciarlos se encuentran:

3. Cabe destacar, que con el envío de este tipo de correos existen varios afectados, que son:

El usuario del correo electrónico que lo recibe, que pierde tiempo y dinero al descargar mensajes que no ha solicitado; asimismo es molestado permanentemente con publicidad de cosas que no le interesan, y finalmente puede llegar un determinado momento en que dentro de su cuenta reciba más spam , que correos deseados.

El servidor al que pertenece la empresa o la persona que administra la cuenta de correo electrónico: en primer lugar porque el spam causa saturación del servidor, como ejemplo: imaginemos el envío de un millón de correos spam en tandas de 8 mil a 10 mil mensajes. Además si desde ese lugar se envían correos spam , el servidor puede ingresar a listas negras que existen dentro de Internet; de este modo, los administradores de Internet que consulten esas listas, bloquearán el acceso de todos los correos provenientes de ese servidor.

Finalmente, todos los usuarios de Internet resultan afectados, el estar transitando más de 500 millones de correos spam diariamente en todo el mundo, genera costos millonarios para todos los usuarios, en función de tiempo de conexión. De igual manera el incremento en el tráfico basura en las redes empeora la calidad de las comunicaciones, y esto a futuro, puede llevar a que muchos usuarios dejen de usarlas.

Se han empezado a descubrir nuevas formas de spam , aprovechando el sistema de mensajería de los teléfonos celulares y las PDA (personal digital agenda o agenda personal digital), práctica que ya se da en países más avanzados.

Las desventajas o daños que causa al usuario de Internet el correo spam , son:

Por otra parte, la práctica de recolección y tráfico de direcciones, se basa en el engaño a los clientes y en falsas promociones para conseguir direcciones de usuarios. Y finalmente, la existencia de un mercado de direcciones de correo electrónico para hacer spam ha abaratado enormemente la posibilidad de diseminar virus de todo tipo.

Las direcciones de correo electrónico víctimas del spam se obtienen aprovechando las redes de computadoras mediante programas llamados ``web spiders'' (arañas de red), para recorrer rápidamente páginas publicadas en Internet y extraer las direcciones de correo publicadas.

Otra de las formas es capturar datos de correos que viajan por Internet, donde las direcciones del remitente y del destinatario viajan en forma de texto plano, en cada correo que circula por la red, el contenido del mensaje puede traer direcciones de correo de otras personas, como cuando se reenvía un correo de tipo cadenas.

Estas direcciones capturadas, se recopilan en bases de datos que se venden por unos cuantos dólares o se intercambian entre ``spamers'', y como consecuencia constantemente aparecen nuevos.

El proponente señala que sabe de la imposibilidad de regular la red, debido a que no tiene una pertenencia y su extensión es extraterritorial; sin embargo pretende con la iniciativa regular los servicios de conexión a la red y las conductas en la transmisión de los mensajes de correo electrónico, sancionando todas aquellas que signifiquen falsificación o alteración en la información que contengan, y todo tipo de engaño.

Del mismo modo pretende sancionar la duplicidad y la usurpación de identidad; para ello propone crear una comisión de regulación del correo electrónico tipo spam con facultades para llevar registros, rastreo e investigaciones de oficio o basadas en denuncias o quejas.

Establece delitos especiales equiparables al Título V del Código Penal Federal, ``Delitos en Materias de Vías de Comunicación y Correspondencia''.

Esta comisión ordinaria considera pertinente hacer las siguientes precisiones: El objeto de la Ley Federal de Telecomunicaciones es regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones y la comunicación vía satélite, siendo la Cofetel el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes encargado de regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 3o. fracción XIV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, se entiende por telecomunicaciones toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se realice a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos u otros sistemas electromagnéticos, entre los cuales no está el acceso o conexión a la Internet, máxime si, como se señala en la iniciativa del entonces diputado Jorge Legorreta Ordorica, estaba convencido de la imposibilidad de regular la red, debido a que ``no tiene una pertenencia y su extensión es extraterritorial...''

En éste sentido, hoy día el servicio de acceso a la Internet es considerado como un servicio de valor agregado y no como un servicio final de telecomunicaciones, por lo que en términos del artículo 33 de la ley, para su prestación los proveedores de acceso a Internet sólo deben registrarse ante la comisión, señalando la red pública de telecomunicaciones que usarán para la prestación del servicio.

Ahora bien, como se desprende del análisis realizado a la iniciativa en comento, el spam como mensaje masivo no solicitado, además de ser una molestia para el usuario de correo electrónico y un problema de seguridad informática, también ha sido utilizado como vehículo para la realización de conductas fraudulentas (premios, viajes, servicios bancarios falsos), sin embargo, cabe señalar que los proveedores del servicio de acceso o conexión a Internet, como prestadores de un servicio de valor agregado, no están en posibilidad de detectar o evitar el envío de mensajes masivos no solicitados, porque estos mensajes no se generan en el servicio de valor agregado que ofrecen a sus usuarios, es decir, en el acceso o conexión a Internet.

Asimismo, se considera que los mecanismos para inhibir el envío y recepción de spam tienen que ver, como se plantea en la iniciativa de mérito, con los derechos de los consumidores de Internet, y en tal virtud, también recaen en el ámbito de aplicación de la Ley Federal de Protección al Consumidor, por lo que también requieren de promoción de una cultura de información y prevención dirigida a los usuarios consumidores de Internet.

En este sentido, la Comisión de Comunicaciones podría impulsar, en un ejercicio de prospectiva regulatoria, que se exploren procedimientos para fijar un política que regule las redes de Internet o para proteger a los usuarios del servicio en coordinación con a Procuraduría Federal de Protección al Consumidor.

Es importante hacer notar que la iniciativa esta orientada a regular servicios informáticos o conductas relacionadas con equipos de computación, por lo tanto, en nuestra opinión la aplicación de la ley o de la Ley de Vías Generales de Comunicación como ordenamientos supletorios a una norma que regule el correo electrónico no encontraría sustento, puesto que hoy día no regulan servicios informáticos ni el envío o recepción de correos electrónicos a través de computadoras personales.

4. Sin duda la propuesta de ley que regula el correo electrónico resulta novedosa, toda vez que la federación en relación con la materia se encuentra rezagada; si bien es cierto que el entorno de Internet es un espacio creado y diseñado por el hombre, podría parecer que se trata de un entorno privado y no consensuado en el contexto social y, por tanto, fuera de la Constitución.

Las consecuencias de este fenómeno son de gran trascendencia, porque debe existir un ámbito de regulación global, así como la extensión de nuevas fórmulas, de nuevos procedimientos de regulación privada y un derecho más flexible que permita su modificación.

Considerando que la materia de correos electrónicos y la Internet son un asunto ``global'', porque no existen fronteras para definir jurisdicciones, es necesario discutir a nivel internacional la forma de combatir estas prácticas nocivas a través de la cooperación y la armonización de leyes para tal fin.

Debido a que las fuentes normativas de Internet tienen poca relación con los orígenes clásicos del derecho se debe discutir su estructura y su regulación, ya sea consensual o contractual.

La regulación conlleva a un cambio de valores en la base del sistema jurídico, valores generados por usuarios y grupos que interactúan con el Estado y los propietarios y gestores de infraestructuras. Estos valores surgen de la diversidad y del pluralismo, definen la accesibilidad a la información, adquieren en Internet valores jurídicos fundamentales como el derecho a la integridad física o intimidad de sus ideas.

Se está de acuerdo con la necesidad de regular; sin embargo, se bebe tener en cuenta que existen impedimentos técnicos que no dependen de la voluntad de legislar. Según se desprende del proyecto de ley, su objetivo es limitado, ya que se intenta regular exclusivamente los aspectos derivados del correo spam, sin que se tome en cuenta la afectación que produce, por ejemplo, el bombardeo de mensajes electrónicos denominado mail bombing '' y los generados por ``virus'' o ``gusanos'', que también llegan a ocasionar daños a los sistemas de cómputo, además, la falta de regulación específica impide clasificar el spam como acto de sabotaje o fraude, debido a que en ocasiones no es fácil distinguirlo con un correo legítimo.

En este contexto, los aspectos regulados en la propuesta de ley son incompletos, porque deben estar involucradas cuestiones como el comercio electrónico, la comisión de diversos delitos, infracciones al derecho de propiedad intelectual, la protección de la confidencialidad y el pleno ejercicio de los derechos personales como la libertad de expresión.

En cuanto a la creación de una comisión de regulación del correo electrónico, la cual será presidida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, según lo dispuesto en la propuesta, dicha comisión debe funcionar en términos de lo dispuesto por la misma ley, pero ésta es omisa al respecto, en ese sentido, si bien es cierto que existe la necesidad de contar con un organismo que funja como auditor informático y, al mismo tiempo, concentre información relativa al monitoreo, identificación y localización de manifestaciones delictuosas; para tal fin se delimitan sus funciones, y compaginarse con las que actualmente tiene la Secretaría de Seguridad Pública y el Ministerio Público Federal.

Cabe señalar que el proyecto es deficiente, ya que no es posible tipificar conductas ilícitas independientes a los tipos penales clásicos como el fraude, cuando las mismas sean cometidas a través del uso de computadoras o el envío de correos electrónicos, ya que eso implicaría elevar a rango de delito el uso de un medio comisivo determinado. En todo caso, se deben revisar los tipos penales de mayor incidencia que son cometidos a través de sistemas de cómputo y el envío de correos electrónicos, con el objetivo de determinar la incorporación de las descripciones penales correspondientes.

Por lo expuesto, es de concluirse que el proyecto presenta deficiencias legales y de técnica legislativa, además de no contemplar todos los supuestos que deben considerarse para regular el correo electrónico. No menos importante es que se debe regular las conductas ilícitas que deriven de la utilización de los correos electrónicos, por lo que se requieren reformas procesales en materia penal y en relación con el valor jurídico de los mensajes electrónicos.

Con base en las consideraciones expuestas y con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Comunicaciones somete a la consideración de la asamblea que resulta improcedente aprobar el decreto propuesto en esta iniciativa y, en consecuencia, que es de resolver lo siguiente:

Dictamen

Único. Se desecha la iniciativa que expide la Ley Federal que Regula el Correo Electrónico presentada por el diputado federal Jorge Legorreta Ordorica, a nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de fecha 29 de septiembre 2004. En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto resuelto y totalmente concluido. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura el presente dictamen, a partir de los siguientes antecedentes de trámite y consideraciones de resolución.

Antecedentes

1. En la sesión ordinaria del 13 de abril de 2004 se dio cuenta a la asamblea de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, presentada por el diputado federal Jesús Martínez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia.

2. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara, en uso de sus facultades, instruyó el turno de la iniciativa a la Comisión de Comunicaciones para su estudio y dictamen.

3. Esta Comisión de Comunicaciones procedió a la revisión del expediente legislativo, al análisis de la iniciativa y la elaboración del presente dictamen, con base en las siguientes

Consideraciones

1. A partir de las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones, aprobadas por esta soberanía y publicadas por el Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006, adicional a las facultades de sanción previstas en el artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones a favor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Telecomunicaciones podrá proponer a la secretaría la imposición de sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, de conformidad con la fracción XV del artículo 9-A de la citada ley.

Esa medida significa un importante avance para que el proceso de imposición de sanciones obedezca a una motivación técnica, imparcial, y adecuadamente fundada por parte de la secretaría del ramo administrativo del Poder Ejecutivo federal.

El legislador en la reforma, deja claro que es conveniente que la secretaría mantenga la facultad de sancionar aunque deba considerar la opinión técnica y especializada del órgano desconcentrado de la secretaría, a cuyo cargo se establece la función de regulación, promoción y supervisión del desarrollo eficiente y la amplia cobertura social de las telecomunicaciones y la radiodifusión en el país. De ese modo, se contribuye a que el Estado pueda garantizar que consideraciones de un orden distinto al técnico, se sobrepongan en el criterio de la autoridad central encargada de la política y la función pública en el ámbito de las telecomunicaciones.

2. La propuesta señalada en la iniciativa, consistente en trasladar la facultad de sancionar de la secretaría hacia la Comisión Federal de Telecomunicaciones en esa materia, resulta jurídica y administrativamente incongruente con la naturaleza de éste último órgano, en tanto desconcentrado de la Secretaría y dado que ésta última es la única dependencia a la que corresponde ejercer la facultad de sanción según lo dispuesto en la ley.

Cabe señalar que la potestad reglamentaria que concede la Constitución y las leyes en materia de telecomunicaciones al titular del Ejecutivo federal, en cada ramo de la administración pública, ha sido otorgada atendiendo al principio de concentración y unidad de mando, a partir del cual se proveen jurídicamente los supuestos y las condiciones para evitar que los particulares, en especial los agentes del mercado, puedan evitar y eludir la acción y los efectos de regulación de la autoridad gubernamental y administrativa.

La función de regulación exige que la acción de la autoridad permita efectivamente fomentar y orientar el desarrollo del sector telecomunicaciones, considerado estratégico para el desarrollo nacional. Esa es la razón por la que los diversos puntos de vista, propuestas e iniciativas de ley fueron objeto de una amplia e intensa discusión en al menos los cuatro últimos años y cuyo debate se centró principalmente en la cuestión de hasta qué punto es conveniente concentrar o descentralizar la capacidad del Ejecutivo federal, para proveer y modificar la política pública, en respuesta a los cambios y la rápida evolución de este sector, íntimamente vinculado al desarrollo de la competitividad económica de las empresas y la economía nacional.

Ese debate, en el que el Poder Legislativo federal ha sido un activo protagonista, se ha resuelto sólo parcialmente y eso indica que los avances en este campo deben ser necesariamente graduales, así como que deben evaluarse cuidadosamente la aplicación y los efectos de la modificación al marco jurídico.

En éste ámbito en especial, el legislador ha sido especialmente consciente de que los cambios al marco legal repercuten de manera decisiva en el desarrollo del sector de telecomunicaciones y, que en consecuencia la política pública del Estado debe ser conducida con un manejo escrupuloso, de manera que no limite el fomento de la actividad y no pierda la capacidad de conducción de la rectoría, pues se trata de adecuar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, de las redes de telecomunicaciones y de la comunicación vía satélite, bienes públicos todos ellos de alto impacto en la vida de la sociedad mexicana y de su población.

3. La Comisión Federal de Telecomunicaciones es un órgano desconcentrado con autonomía técnica de gestión y resolución, especializado en materia de regulación del desarrollo de las telecomunicaciones. En ese orden de ideas, a partir de su creación contempla entre sus funciones dictar resoluciones técnicas que permitan a la secretaría, autoridad del ramo, ejercer por su conducto la función de sancionar en una materia altamente especializada y compleja. Esa facultad está ciertamente limitada y regulada por la propia ley, así como por los reglamentos que el Ejecutivo federal dicta en esa materia.

El acto de sanción es resultado de la facultad expresa otorgada a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y, en consecuencia, es un acto sustanciado y ejecutado por la secretaría, en cuanto a su objeto material y su procedimiento jurídico. Es ésta misma dependencia del Poder Ejecutivo federal, a la que corresponde resolver y declarar la revocación de concesiones y permisos, atendiendo a lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 38 de la ley, así como la verificación del cumplimiento de la misma, los reglamentos y demás disposiciones aplicables, conforme al artículo 67 de la ley.

En este ámbito y materia, la atribución conferida a la Comisión Federal de Telecomunicaciones es la de emitir opinión a la secretaría del ramo, de la que es órgano desconcentrado, tratándose de revocación de concesiones y permisos, conforme a la fracción IV del articulo 9-A y la de proponer la imposición de sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, de conformidad a la fracción XV del mismo artículo, en atención a las facultades conferidas a la comisión para vigilar la debida observancia a lo dispuesto en los títulos de concesión y permisos otorgados en la materia y para ejercer la supervisión y verificación, de manera que se asegure que la prestación de los servicios de telecomunicaciones se realicen con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

Cabe señalar que de conformidad al artículo 15 fracción XX del Reglamento Interno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, se establece la facultad del pleno del órgano de gobierno de la misma para resolver sobre los recursos administrativos que interpongan los particulares en contra de las resoluciones que dicte.

Conforme al marco jurídico vigente, resulta incongruente e inconsistente dotar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones de la facultad de imponer sanciones, ya que corresponde a la secretaría, sin perjuicio de que para determinar las mismas deba atender la propuesta de la comisión, que de ese modo opera como entidad de apoyo para perfeccionar el ejercicio de la función de sanción, una de las acciones que proveen y contribuyen a la regulación de la actividad de los particulares y de los órganos de gobierno y administración.

Para trasladar la facultad de imponer sanciones de la secretaría a la comisión en este ramo, se requeriría no sólo modificar en su conjunto la Ley Federal de Telecomunicaciones, sino diversas normas del ordenamiento jurídico aplicable.

Con base en las consideraciones expuestas y con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones somete a la consideración de la asamblea, que resulta improcedente aprobar el decreto propuesto en esta iniciativa y, en consecuencia, es de resolver con forme al siguiente

Dictamen

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, presentada por el diputado Jesús Martínez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentada el 13 de abril de 2004 en la Cámara de Diputados. En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto resuelto y totalmente concluido. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que nos se registran oradores se reserva para su votación.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 50 de la Ley Federal de Telecomunicaciones

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura el presente dictamen, a partir de los siguientes antecedentes de trámite y consideraciones de resolución.

Antecedentes

1. En la sesión ordinaria de fecha 21 de octubre de 2004 se dio cuenta a la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso General de la Iniciativa del proyecto de decreto que adiciona el artículo 50 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, presentada por el Congreso de Chihuahua.

2. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, en uso de sus facultades, instruyó el turno de la iniciativa a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen.

3. La Comisión de Comunicaciones procedió a la revisión del expediente legislativo, al análisis de la iniciativa y a la elaboración del presente dictamen, con base en las siguientes

Consideraciones

1. La adición del artículo 50 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para establecer que ``los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, proporcionalmente, en forma gratuita, deberán prestar el servicio y el aparato telefónico para recibir llamadas a las instituciones públicas y privadas que presten servicios de emergencia, y que en ningún caso se podrá restringir el servicio a los usuarios para llamar a los números telefónicos de emergencia'', es inviable y carece de idoneidad, toda vez que la prestación de servicios de emergencia por instituciones públicas ya se ha instaurado en el territorio nacional de conformidad con la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual en su artículo 48 establece que ``el Consejo Nacional promoverá que la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios establezcan un servicio de comunicación que reciba los reportes de la comunidad sobre las emergencias, faltas y delitos de que tenga conocimiento''.

El servicio tiene comunicación directa con las instituciones de seguridad pública, salud, protección civil y las demás asistenciales y privadas. Adicionalmente, dentro del marco de las telecomunicaciones, se tiene el artículo 11 del Reglamento de Telecomunicaciones, que establece que ``los concesionarios y permisionarios de redes y servicios de telecomunicaciones deberán dar curso preferente a los mensajes o avisos que soliciten auxilio, debiendo comunicar éstos con la mayor brevedad posible a las autoridades competentes del lugar o región de que se trate, y de ser el caso, dar las facilidades y participar en la prestación de la ayuda''.

Los títulos de concesión definen este tipo de servicios, y los usuarios pueden acceder a los números de emergencia, por lo que esta comisión no considera necesaria la modificación de la Ley Federal de Telecomunicaciones como plantea el proponente.

En consecuencia, esta comisión, al tomar en cuenta que el propósito de la ley es promover el uso eficiente de las redes, determina que no es conveniente realizar la adición propuesta por la iniciativa en comento.

2. Una disposición que establezca una obligatoriedad de tener acceso a servicios de emergencia por parte de usuarios de servicios prestados mediante redes de telecomunicaciones no comprendería la determinación de las modalidades de tales servicios, como tampoco la gratuidad de éstos, sino tan sólo garantizar el acceso en condiciones equitativas y según las tarifas que determinen los operadores a que se haya concesionado el servicio de operar las redes.

El servicio de llamada de emergencia es prestado por cuenta de los concesionarios de servicios de telefonía celular, como un servicio más que comprende los contratados con los usuarios. A mayor abundamiento, los artículo 49, 50 y 51 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que disponen lo conducente en cuanto a la participación de la población, comprenden lo planteado por el legislador.

Por lo expuesto se concluye que la medida propuesta no puede ser soportada en la norma jurídica vigente. Se concluye que aunque pudiera reconocerse que la propuesta ha sido formulada con la clara intención de producir un beneficio social y gratuito a la población, en materia de seguridad pública, la utilización de la comunicación telefónica móvil no es necesariamente una manera factible de lograrlo.

Con base en las consideraciones expuestas y con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones somete a la consideración de esta asamblea que resulta improcedente aprobar el decreto propuesto en esta iniciativa y, en consecuencia, que es de resolver lo siguiente

Dictamen

Único. No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 50 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, presentada por el Congreso de Chihuahua el 21 de octubre de 2004. En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto resuelto y totalmente concluido. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. No se ha registrado ningún orador, por lo que se reserva para su votación en conjunto.

VOLUMEN III

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 3, 11, 31 y décimo tercero transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura el presente dictamen, a partir de los siguientes antecedentes de trámite y consideraciones de resolución.

Antecedentes

1. En sesión ordinaria de fecha 28 de abril de 2005 se dio cuenta a la asamblea de la Cámara de Diputados, de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a fin de que la Cofetel defina las condiciones en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otorgará los permisos sobre actualización de canales de frecuencias para prestar el servicio de radio comunicación privada, presentada por el diputado federal José Javier Osorio Salcido, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

2. En la misma sesión y fecha, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, en uso de sus facultades, instruyó el turno de la iniciativa a esta Comisión de Comunicaciones para su estudio y dictamen.

3. La Comisión de Comunicaciones procedió a la revisión del expediente legislativo, al análisis de la iniciativa y la elaboración del presente dictamen, con base en las siguientes

Consideraciones

1. El proponente señala en la exposición de motivos contenida en cuerpo de la iniciativa que la comunicación por radio entre civiles es indispensable y es obligación de las autoridades otorgar seguridad jurídica a los usuarios, manifiesta además que en México, la radiocomunicación es una alternativa económica y eficiente, pero no cuenta con un marco jurídico que regule apropiadamente dicha actividad.

En el texto de la Ley Federal de Telecomunicaciones, vigente desde 1995, no fue incluido el tema de la radiocomunicación terrestre y como resultado la industria de este ramo se ha convertido en un caos a raíz de la inexistencia de un marco jurídico que la regule, lo cual ha provocado la congelación de permisos y licencias de operación de sistemas de radiocomunicación.

Hemos observado que, por falta de una adecuada regulación de esta tecnología, se ha afectado el desarrollo de las actividades económicas en el país, ya que se ha obligado a las empresas a utilizar otras alternativas de comunicación, más onerosas y no óptimas para sus necesidades.

Es por ello que resulta fundamental mantener como uno de los objetivos prioritarios en las acciones del gobierno el promover que en todo el país, cada mexicano tenga acceso a más y mejores servicios de telecomunicaciones, con precios competitivos y de calidad.

El servicio de radiocomunicación privada ofrece, mediante la utilización compartida de bandas de frecuencia, aprovechar el espectro radioeléctrico y el desarrollo de aplicaciones de comunicación económicas, flexibles y oportunos para las empresas.

Asimismo, este servicio cumple una función significativa en el desarrollo de redes privadas, principalmente en aquellas economías con las que México ha establecido acuerdos comerciales. Es por ello que el Estado debe tener el dominio sobre el espectro radioeléctrico y las posiciones orbitales asignadas a México, supervisando y promoviendo un uso adecuado.

A fin de hacer cumplir esta función, se deben plasmar las condiciones adecuadas para que se incentive a la inversión en el desarrollo de las actividades tan fundamentales que representan las Telecomunicaciones. Deben existir reglas claras.

La Ley Federal de Telecomunicaciones tiene entre sus propósitos principales la promoción del desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, mantener y fortalecer el carácter rector del Estado y fomentar la diversidad de servicios bajo condiciones competitivas en precios, diversidad y calidad para los usuarios.

Sin embargo, todavía el servicio de radiocomunicación privada no se ha podido desarrollar como lo demandan los usuarios y como lo proveen los oferentes nacionales, debido entre otras causas a que no existen canales institucionales claros, ya que el marco jurídico que los rige no reconoce las particularidades de la asignación de vías para este servicio, lo que ha detenido la puesta en marcha de subastas para cada red privada, las que son importantes para la prestación de este servicio, ya que su cobertura es de áreas geográficas muy específicas.

Es importante que se reconozca que el servicio de radiocomunicación privada hará viable para el consumidor la comunicación, ya que de recurrirse a otro servicio le resultaría más costoso, impidiéndose la comunicación. De disponerse del servicio, inmediatamente se fomenta la economía, en beneficio del país.

2. Del análisis de la propuesta de reforma efectuado por el legislador así como del articulado de referencia, se infiere que la misma ha sido superada con la reforma a la ley, efectuada de fecha 11 de abril de 2006, en virtud de que se establecen con claridad las atribuciones de la autoridad reguladora, así como el uso de las bandas atribuidas a tal servicio.

De las consideraciones hechas por la comisión que dictamina, se concluye que resulta inconveniente para el interés general aprobar la modificación de los artículos 3, 11, 31 y decimotercero transitorio, de la Ley Federal de Telecomunicaciones vigente.

Con base en lo expuesto y con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones somete a la consideración de la asamblea que resulta improcedente aprobar el decreto propuesto en esta iniciativa y, en consecuencia, que es de resolver lo siguiente

Dictamen

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 3, 11, 31 y decimotercero transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones, presentada por el Diputado Federal José Javier Osorio Salcido, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentada el 28 de abril de 2005 en la Cámara de Diputados. En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto resuelto y totalmente concluido. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no hay oradores inscritos, se reserva para su votación en conjunto.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 72 de la Ley Federal de Telecomunicaciones

Honorable Asamblea

Con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones somete a la consideración del Pleno de esta asamblea de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura el presente dictamen, a partir de los siguientes antecedentes de trámite y consideraciones de resolución.

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del 29 de noviembre de 2005, se dio cuenta a la asamblea de esta Cámara de Diputados, de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 72 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, presentada por el diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

2. En la misma sesión y fecha, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, en uso de sus facultades, instruyó el turno de la iniciativa a esta Comisión de Comunicaciones para su estudio y dictamen.

3. Esta comisión legislativa procedió a la revisión del expediente legislativo, al análisis de la iniciativa y la elaboración del presente dictamen, con base en las siguientes

Consideraciones

1. El legislador proponente argumenta que por dar cumplimiento a la obligación del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, y en virtud de que es sabido que en los centros penitenciarios se gestan muchos crímenes tales como secuestros, robos, homicidios, etc., las autoridades responsables de los centros penitenciarios, es decir, las Secretarías de Seguridad Pública federal y estatales, deben tener plena facultad para restringir el uso de aparatos de comunicación, entre otras medidas, para impedir en lo posible la coordinación delictiva y la actuación del crimen organizado desde los mismos centros de reclusión.

Que se ha dicho que la utilización de bloqueadores de telefonía celular como medida restrictiva, que en la actualidad ya se aplica en los centros penitenciarios del Distrito Federal, es violatoria de la Ley Federal de Telecomunicaciones; por ello es que se presenta la iniciativa para evitar que algunos jefes de las bandas de delincuentes sigan operando desde prisión a través de la telefonía celular, pues debe prevalecer el interés público y el derecho a la seguridad de los ciudadanos sobre el relativo derecho a la comunicación de quienes se encuentran recluidos por la comisión de delitos.

2. Del análisis efectuado por esta comisión legislativa se desprende que, en términos de lo previsto en el artículo 1 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, siendo de orden público tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, de las redes de telecomunicaciones y de la comunicación vía satélite.

De igual forma, es importante precisar que la fracción X, del artículo 3, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, expresamente señala que los equipos terminales de telecomunicación de los usuarios, en la especie teléfonos móviles, no forman parte de las redes de telecomunicaciones, por lo que más allá de la homologación de estos equipos terminales, el uso que de ellos hagan los usuarios de telefonía móvil no recae dentro del ámbito regulario de las telecomunicaciones.

En el entendido de que, conforme al artículo 4 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, son vías generales de comunicación el espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones y los sistemas de comunicación vía satélite; en relación a lo previsto en los artículos 72 y 73 de la propia ley, entre otros supuestos, aquellas personas que por cualquier medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación respectivas, redes públicas de telecomunicaciones y/o espectro radioeléctrico, perderán en beneficio de la nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que resulte.

Lo anterior es acorde con el tipo penal establecido en la fracción VI, del artículo 167, del Código Penal Federal, según el cual se impondrá multa de uno a cinco años de prisión y de cien a diez mil días a quien dolosamente con fines de lucro, interrumpa o interfiera las comunicaciones alámbricas, inalámbricas, telefonía móvil, o de fibra óptica, sean telegráficas, telefónicas o satelitales, por medio de las cuales se transfieran señales de audio, video o datos.

La Comisión Federal de Telecomunicaciones informa que con este objeto fungió como facilitadora en el proceso de negociación del convenio de concertaciones celebrado el 29 de noviembre de 2005 entre las Secretaría de Seguridad Pública Federal y los operadores móviles IUSACELL, NEXTEL, UNEFON, TELCEL Y Telefónica Móviles, cuyo objeto es la instalación de equipos de bloqueo de señales de telefonía celular, de acceso inalámbrico fijo o móvil y de radiocomunicación especializada de flotillas, en las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de 800 Mhz. y 1900 Mhz., en Centros de Readaptación Social (CERESOS), instrumento que además prevé la posibilidad de adhesión de las entidades federativas, para sus respectivos CERESOS.

De lo anterior se infiere que, por lo que hace a la instalación de equipos bloqueadores, con el citado convenio ya se tiene el instrumento para inhibir en centros penitenciarios y de readaptación social, federales y locales, no solo señales de telefonía celular, sino también las de acceso inalámbrico fijo o móvil y las de radiocomunicación especializada de flotillas.

Sin una reforma que incluya la modificación del artículo 167, fracción VI, del Código Penal Federal, se considera que para poder inhibir las señales descritas seguirá siendo necesario el consentimiento de los concesionarios de estas bandas de frecuencias, con independencia del fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia al interior de dichos centros, para que los internos tengan acceso a equipos móviles de comunicación.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Comunicaciones somete a la consideración de esta asamblea que resulta improcedente aprobar el decreto propuesto en esta iniciativa y, en consecuencia, que es de resolver lo siguiente

Dictamen

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 72 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, presentada por el diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 29 de noviembre de 2005, en esta honorable Cámara de Diputados. En consecuencia se ordena archivar el presente expediente como asunto resuelto y totalmente concluido. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no hay oradores inscritos, se reserva para su votación en conjunto.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura el presente dictamen, a partir de los siguientes antecedentes de trámite y consideraciones de resolución.

Antecedentes

1. En sesión ordinaria de fecha 1 de diciembre de 2005 se dio cuenta a la asamblea de la Cámara de Diputados de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

2. En la misma sesión y fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en uso de sus facultades, instruyó el turno de la iniciativa a la Comisión de Comunicaciones para su estudio y dictamen.

3. Esta comisión legislativa procedió a la revisión del expediente legislativo, al análisis de la iniciativa y a la elaboración del presente dictamen, con base en las siguientes

Consideraciones

1. El legislador proponente expresa que cuando se privatizó el servicio de telefonía del país, en beneficio de un cuestionado empresario, se argumentó que esto traería una mejor tarifa para los usuarios del servicio.

Que esta empresa es en la práctica un monopolio, que mantiene sujeto al usuario a sus caprichos e incluso se ha adueñado de la representación del usuario, al solicitar de manera unilateral retirar el servicio que éste ha contratado con otra prestadora. Tenemos conocimiento de cientos de estos casos.

Que el país necesita de la diversidad de la oferta para combatir los monopolios que hoy se pretenden erguir como los hacedores del nuevo México, olvidando que fueron ellos beneficiados de aquellos de que ahora reniegan, promoviendo la confusión entre el pueblo de México.

2. Del análisis efectuado por esta comisión legislativa se desprende que la adición que se propone del artículo 5 es improcedente porque no está relacionada con la intención del propio artículo; asimismo, hace referencia a cuestiones vinculadas con condiciones de contratación entre particulares que recaen dentro del ámbito de las relaciones entre particulares diversos de los objetivos de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Respecto a la propuesta de adición del artículo 7, ésta resulta redundante, toda vez que esas acciones se encuentran ya dispuestas en el propio artículo 7, que señala: ``Fomentar una sana competencia entre los diferentes prestadores de servicios de telecomunicaciones a fin de que éstos se presten con mejores precios, diversidad y calidad en beneficio de los usuarios''.

Con relación a la propuesta de reforma de la fracción XII, la redacción propuesta corresponde a las facultades de la autoridad reguladora que a la ley administrativa.

Referente a la política de precios prevista en las propuestas de reformas de las fracciones VII y VIII de los artículos 24 y 26, es conveniente destacar que la Ley Federal de Telecomunicaciones privilegia el principio de libertad tarifaría, en el entendido de que ésta promueve una provisión eficiente de los servicios y crea incentivos para que los proveedores ofrezcan sus servicios en las mejores condiciones de calidad, competitividad, seguridad y permanencia; y en los casos en que exista un operador con poder sustancial en el mercado relevante, o competencia desleal comprobada, la autoridad no sólo podrá determinar, de acuerdo con la propia ley, los techos tarifarios de los servicios sino --también-- limitar su programa de expansión.

La inserción al artículo 27 no es consistente con los intereses del mercado, toda vez que la productividad económico-financiera del negocio se refleja en los 30 años concesionados; además, transcurridos dos plazos iguales se tiene el riesgo de que los títulos de concesión sean obsoletos y la regulación no sea aplicable en observancia, desarrollo y eficiencia.

Sobre la fracción adicional del artículo 38, el cobro injustificado al usuario no debe ser causal de revocación de una concesión, toda vez que dicha relación se rige por el contrato suscrito entre concesionarios y usuario. En consonancia con los argumentos antes expuestos, tales cuestiones se ventilan ante la Profeco. De esa manera, el artículo se refiere a causales de revocación estrechamente relacionadas con las telecomunicaciones y por violaciones de los concesionarios de los títulos de concesión o que atenten contra las vías generales de comunicación o redes públicas, derivado de lo cual se considera que la adición propuesta es improcedente.

Relativo a la propuesta de modificación del artículo 53 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, aunque pudiera ser incorporada, no es de utilidad, toda vez que la propia ley posibilita la participación de concesionarios en el capital social de una comercializadora, si así lo autoriza la secretaría, siendo regla general que los concesionarios de redes públicas no puedan participar directa o indirectamente en el capital de una comercializadora, la excepción es que la secretaría lo autorice.

Con base en las consideraciones expuestas y con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones somete a la consideración de esta asamblea que resulta improcedente aprobar el decreto propuesto en esta iniciativa y, en consecuencia, que es de resolver lo siguiente:

Dictamen

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Pedro Ávila Nevárez, de la LIX Legislatura federal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentada el 1 de diciembre de 2005 en la Cámara de Diputados. En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto resuelto y totalmente concluido. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no hay oradores inscritos, se reserva para su votación en conjunto.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 74 de la Ley Federal de Telecomunicaciones

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones somete a la consideración del Pleno el siguiente dictamen con proyecto de decreto, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones.

Antecedentes

1. En la sesión ordinaria del 27 de abril de 2004 se dió cuenta a la Asamblea de la LIX Legislatura de esta Cámara de Diputados, de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 74 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, presentada por el Diputado Federal Jesús Martínez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia.

2. En la misma sesión, la Mesa Directiva de la Cámara, en uso de sus facultades, instruyó el turno de la Iniciativa a la Comisión de Comunicaciones para su estudio y dictamen.

3. Esta Comisión de Comunicaciones procedió a la revisión del expediente legislativo, al análisis de la Iniciativa y la elaboración del presente Dictamen, con base en las siguientes

Consideraciones

1. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ha aprobado, un conjunto de reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones orientadas a adecuar las funciones públicas de regulación del desarrollo de las telecomunicaciones, de fomento de la inversión y de provisión de normas que induzcan una sana competencia entre prestadores de servicios y, a la vez, coberturas, precios y tarifas adecuadas en beneficio de los usuarios. Reformas que fortalecen la capacidad de la autoridad competente en la materia y, al mismo tiempo, reducen márgenes de discrecionalidad en el ejercicio de la función reguladora.

2. El legislador ha establecido la normatividad para regular de una manera más eficaz e integral las vías generales de comunicación, acorde con los cambios en el desarrollo económico, tecnológico y social de las mismas y de los requerimientos que tales cambios suponen para una adecuada regulación del uso, aprovechamiento y explotación de esos bienes públicos, cuya rectoría corresponde al Estado.

Las facultades y atribuciones conferidas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la colocan como autoridad competente del ramo administrativo del Poder Ejecutivo federal. La función regulativa es desempeñada de manera unívoca por la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en su carácter de órgano desconcentrado con autonomía plena de resolución respecto de las funciones y tareas que tiene asignadas, específicamente en el artículo 9-A de la ley.

La norma jurídica en materia de telecomunicaciones establece que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es el área del Ejecutivo federal a quien compete diseñar y ejecutar la política y la función pública en materia de telecomunicaciones, en función de la rectoría que corresponde al Estado.

La legislación vigente asegura que la regulación de las telecomunicaciones sea ejercida con apego a principios de imparcialidad, eficacia y efectividad, con base en criterios técnicos y sociales que sustentan del mejor modo posible la acción de la autoridad, en un ámbito donde han tenido lugar cambios en las tecnologías, en la operación para la prestación de servicios y en los patrones de uso, aprovechamiento y consumo de los bienes y servicios que se proporcionan a través de las redes públicas de telecomunicaciones. Las atribuciones que permiten establecer los requisitos y términos a que deben sujetarse prestadores de servicios y usuarios en general.

3. Se hace énfasis en los aspectos anteriores porque la comisión dictaminadora considera que no debe perderse de vista la personalidad jurídica y la naturaleza administrativa del órgano regulador, lo que resulta relevante para justificar la resolución que se emite.

La relación administrativa establecida entre la secretaría y la Comisión Federal de Telecomunicaciones muestra de manera inequívoca que, dadas las atribuciones delimitadas y conferidas en la propia ley, ambas dependencias gubernamentales puedan complementar y desarrollar de manera integral la función pública del Estado, de regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, de las redes de telecomunicaciones y de la comunicación vía satélite.

En efecto, de conformidad con la ley, la Comisión Federal de Telecomunicaciones apoya y complementa, la potestad resolutiva y la facultad administrativa conferidas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la que corresponde la función pública primaria de proveer al ejercicio de la rectoría del Estado en el ámbito de las telecomunicaciones, consideradas un bien público y de interés colectivo.

La comisión apoya esa función, en cuanto a todos los aspectos técnicos y tecnológicos, al diseño de la política pública, de los programas, mecanismos y acciones de regulación, vigilancia y fomento que al Estado corresponde proveer y ejercer de acuerdo a la ley.

Es así que la Comisión Federal de Telecomunicaciones tiene la atribución para, por una parte, opinar acerca de la procedencia de otorgar, modificar, dar prórroga, ceder y revocar concesiones y permisos conforme a la fracción IV del artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones y, por otra parte, para vigilar la debida observancia a lo dispuesto en los títulos de concesión y permisos otorgados en la materia, ejerciendo funciones de supervisión y verificación, a fin de asegurar que la prestación de los servicios de telecomunicaciones se realicen con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables (fracción XIII del mismo artículo).

Adicionalmente, la ley otorga a la Comisión Federal de Telecomunicaciones la atribución para establecer obligaciones específicas relacionadas con las tarifas, calidad de servicio e información incorporando criterios sociales y estándares internacionales a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que tengan poder sustancial en el mercado relevante de conformidad con la Ley Federal de Competencia Económica (fracción XI del artículo 9-A de la citada ley).

Entre las disposiciones legales aprobadas debe considerarse, para los efectos del presente dictamen, el otorgamiento de la atribución al comisionado presidente del órgano de gobierno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para que pueda resolver los recursos administrativos que se promueven en contra de los actos y resoluciones que emitan las unidades administrativas, con excepción de los que emita el Pleno de dicha comisión, según lo dispuesto en la fracción VI del artículo 9-E de la ley indicada. De esa manera, se asegura la autonomía resolutiva y la capacidad ejecutora de la comisión, a la vez que se fortalece el carácter colegiado de sus resoluciones.

4. El acto de revocación es sustanciado y ejecutado por la Secretaria, en su objeto y procedimiento, dependencia del gobierno federal que resuelve y declara la revocación, conforme a los dos últimos párrafos del artículo 38 de la ley. En esta materia, corresponde a la Comisión Federal de Telecomunicaciones opinar en cuanto a la revocación de concesiones y permisos, conforme a la fracción IV del artículo 9 A.

Atendiendo a lo dispuesto en la ley de la materia, la atribución conferida a la Comisión Federal de Telecomunicaciones es para opinar en los casos de revocación y así esta plenamente determinado, de tal manera que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considera la dicha opinión, tanto para imponer sanciones como para revocar concesiones y permisos, lo que efectivamente resulta consistente con las atribuciones conferidas a ese organismo, de conformidad con el artículo 9-A de la ley.

Desde ese punto de vista, la modificación del artículo 74 no es procedente ya que la facultad recae en de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para resolver y declarar la revocación de concesiones y permisos que hayan sido otorgadas y a que haya lugar, más aún, sería redundante modificar un artículo para puntualizar las atribuciones perfectamente delimitadas por la ley.

Tal como el propio promovente afirma, en la exposición de motivos de la Iniciativa, la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones es distinta a la de la Comisión Federal de Competencia, pero precisamente por esa razón no es congruente la comparación que entre ellas se establece, como tampoco se sostiene que la primera deba gozar de una autonomía similar a la de la segunda, que en cualquier caso es limitada y está delimitada, en tanto que ambas son órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo Federal.

Más importante aún es considerar que dado el carácter jurídico y administrativo de la revocación y, en la medida en que toda resolución respecto a la revocación corresponden a la secretaría, resulta congruente y consistente que sea ésta quien resuelva ante los recursos administrativos de revisión que sean interpuestos, lo cual no prejuzga que la Secretaría considere la opinión de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, cuya resolución es limitada y tiene exclusivamente el alcance de constituir una opinión que permita perfeccionar la acción legal de la secretaría en la materia.

5. Por otra parte, no hay evidencia que permita demostrar que la autonomía resolutiva de que goza la Comisión Federal de Telecomunicaciones, al emitir las opiniones que le competen, pueda necesariamente resultar irrelevante, socavada o alterada debido a la carencia de atribución para declarar por sí misma la resolución de revocación de concesiones y permisos, aún en el caso de que ese órgano hubiese opinado en ese sentido.

Por el contrario, la opinión que emita la Comisión Federal de Telecomunicaciones en el caso de la revisión de recursos interpuestos contra los actos administrativos de la Secretaría, deja a salvo la autonomía y la imparcialidad técnica de la comisión ante la secretaría y, de ese modo, cumple con el papel asignado a la primera para proveer a ésta última de los elementos técnicos y de juicio especializado para que pueda actuar y resolver en cada caso.

6. Cabe señalar que el artículo 74 de la Ley Federal de Telecomunicaciones indica que para declarar la revocación de las concesiones y permisos, y la imposición de sanciones previstas en la ley, así como para la interposición del recurso de revisión, se estará a lo previsto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Por su parte, el artículo 86 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, señala que el escrito de interposición del recurso de revisión deberá presentarse ante la autoridad que emitió el acto impugnado (en la especie la comisión) y será resuelto por el superior jerárquico (secretario de Comunicaciones y Transportes o por delegación, el subsecretario de Comunicaciones), salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso será resuelto por él mismo (hipótesis que no se surte en la comisión, puesto que el pleno como órgano de gobierno de la comisión es un órgano colegiado).

Bajo el esquema actual, los únicos recursos de revisión que puede resolver la comisión a través de su órgano de gobierno que es el pleno, son aquellos interpuestos en contra de actos administrativos ejecutados por unidades administrativas de la propia comisión, que cuenten con dicha facultad prevista en el Reglamento Interno de la Comisión, puesto que si actúan por mandato del pleno, el recurso recaerá no sólo contra el acto material de ejecución, sino también contra el acto administrativo por el que el pleno lo ordenó y entonces el recurso será resuelto por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la luz del citado artículo 86.

El espíritu de la iniciativa es que la comisión resuelva todos los recursos de revisión que sean interpuestos contra sus actos administrativos. Para ello y por las razones arriba mencionadas, esa posibilidad solo podría surtirse para el caso de los actos realizados por unidades administrativas de la comisión en ejercicio de facultades previstas en el Reglamento Interno de la Comisión, a efecto de que fuera el pleno de la comisión en su carácter de órgano de gobierno el que los resolviera.

Sin embargo, para los actos ordenados o ejecutados por el Pleno de la Comisión, el recurso de revisión necesariamente tendrá que ser resuelto por el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la luz de lo establecido en el referido articulo 86, puesto que la naturaleza colegiada del pleno impide que sean considerados como actos provenientes del titular de una dependencia, más aún si la iniciativa no precisa en qué casos la comisión resolverá los recursos administrativos.

Por lo tanto, al remitirnos al artículo 86 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tenemos que dicho artículo es preciso al indicar que la autoridad que resolverá el recurso de revisión es el superior jerárquico de la autoridad emisora del acto impugnado.

De las consideraciones hechas por la comisión ordinaria que dictamina se concluye que no resulta procedente que la Comisión Federal de Telecomunicaciones en el texto normativo del artículo 74 de la ley, resuelva tanto para efecto de la declaración de la revocación de concesiones y permisos como para la imposición de sanciones, mucho menos en cuanto a la modificación de las atribuciones perfectamente delimitadas por el texto de la legislación vigente, preservándolo en sus términos.

Con base en las consideraciones expuestas y con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones somete a la consideración de esta asamblea que resulta improcedente aprobar los decretos propuestos en esta iniciativa y, en consecuencia, que es de resolver lo siguiente

Dictamen

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, presentada por el diputado federal Jesús Martínez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentada el 27 de abril de 2004 en la honorable Cámara de Diputados. En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto resuelto y totalmente concluido. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Dictamen de la Comisión de Comunicaciones, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones

Honorable Asamblea:

Con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura el presente dictamen, a partir de los siguientes antecedentes de trámite y consideraciones de resolución.

Antecedentes

1. En la sesión ordinaria del 11 de diciembre de 2003 se dio cuenta a la asamblea de la Cámara de Diputados, de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un capítulo 1-A con la denominación ``De la Comisión Federal de Telecomunicaciones'' y sus respectivas secciones y artículos del 9-A al 9-M, se adicionan los artículos 51-A al 51-K con sus respectivas secciones y subsecciones; se reforman los artículos 50, 51 y la denominación de la actual sección segunda del capítulo IV ``De la Cobertura Social de las Redes Públicas'', presentada por el diputado federal Jorge Legorreta Ordorica, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

2. En la misma sesión y fecha, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, en uso de sus facultades, instruyó el turno de la iniciativa a la Comisión de Comunicaciones para su estudio y dictamen.

3. Esta Comisión de Comunicaciones procedió a la revisión del expediente legislativo, al análisis de la iniciativa y la elaboración del presente dictamen, con base en las siguientes

Consideraciones

1. Las reformas y adiciones propuestas pretendían lograr los consensos necesarios en los temas relativos a la autoridad regulatoria y a la cobertura social de los servicios de telecomunicaciones, urgentes en aquel momento ya que en palabras del proponente se debía dotar de una mayor autonomía a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). En relación a la cobertura social, no se observaba que existieran instrumentos legales suficientes para promover de manera decidida cerrar la llamada brecha digital que existe en nuestro país, y que ahoga el desarrollo cultural, económico y social de tantas comunidades apartadas.

Actualmente se cuenta con un marco jurídico distinto que permite al Ejecutivo federal, dar mejores resultados a la sociedad, sobre todo en los temas que aborda la iniciativa; la cobertura social de las redes públicas y el fortalecimiento de la facultad reguladora de la Cofetel.

La iniciativa de mérito es anterior a las reformas que sufrió la ley el 11 de abril de 2006, en este sentido las propuestas en ella contenidas tales como elevar a rango de ley las atribuciones de la comisión, incorporar un quinto comisionado, el establecimiento de un mecanismo de objeción del Senado de la República para los nombramientos de comisionados, además de todo lo relativo a los programas y fondo de cobertura social, previstos en la legislación vigente.

Adicionalmente, la actual ley, con las reformas del 11 de abril fue más allá que la iniciativa, puesto que prevé como atribución de la comisión todo lo relativo a servicios de radiodifusión, incluyendo el traspaso de recursos humanos, financieros y materiales de la extinta Dirección General de Radio y Televisión, mismos que pasaron a formar parte de la Cofetel.

En tal virtud, no se considera viable la aprobación de la citada iniciativa, ya que existen las condiciones para lograr el objetivo planteado por el legislador a través de la legislación actual.

2. La Ley Federal de Telecomunicaciones vigente, tiene como objetivo promover la disponibilidad en todo el territorio nacional de los diferentes servicios de telecomunicaciones, mediante la oferta de más y mejores opciones para los consumidores, a precios accesibles.

Existen nuevos procedimientos para dar mayor transparencia al otorgamiento de concesiones, se brindan herramientas para superar los nuevos retos que enfrenta el país, ante un mercado en competencia, en un mundo globalizado. Los rezagos existen, pero se esta procurando que los servicios de telecomunicaciones lleguen a todos los mexicanos y puedan tener acceso a las tecnologías de la información.

Sin duda, las instituciones jurídicas en materia de telecomunicaciones han cambiado, para responder a las necesidades de la población en México, con el fin de que cuenten con una mayor penetración y diversidad de servicios de telecomunicaciones.

3. Por lo que hace al tema relacionado con el órgano regulador, el mismo goza de mayor autonomía y atribuciones de acuerdo a las reformas de referencia, estableciendo medidas regulatorias necesarias para el desarrollo de las telecomunicaciones en el país.

La Comisión Federal de Telecomunicaciones como órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuenta con autonomía técnica, operativa, de gasto, de gestión y para dictar sus resoluciones; sus decisiones son colegiadas y esta dotado de amplias facultades. Por consiguiente, resulta inaplicable e impráctico establecer en la norma jurídica las reformas y adiciones que se pretendían, razón por la cual la comisión concluye que si bien las modificaciones pudieron justificarse en el momento histórico en que se plantearon resultan inoperantes actualmente.

Con base en las consideraciones expuestas y con fundamento en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 60, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Comunicaciones somete a la consideración de esta asamblea que resulta improcedente aprobar el decreto propuesto en esta iniciativa y, en consecuencia, que es de resolver lo siguiente

Dictamen

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un capitulo 1-A con la denominación ``De la Comisión Federal de Telecomunicaciones'' y sus respectivas secciones y artículos del 9-A al 9-M, se adicionan los artículos 51-A al 51-K con sus respectivas secciones y subsecciones; se reforman los artículos 50, 51 y la denominación de la actual sección segunda del capitulo IV ``De la Cobertura Social de las Redes Públicas'', presentada por el diputado federal Jorge Legorreta Ordorica, a nombre del Grupo Parlamentario del PVEM, de fecha 11 de diciembre de 2003. En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto resuelto y totalmente concluido. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

LEY DE DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona un Capítulo Segundo Bis al Título Tercero de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados perteneciente a la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un capítulo segundo Bis al Título Tercero de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que a nombre de diversos diputados integrantes de la LIX Legislatura, presentó el diputado Emilio Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Esta comisión, elaboró el presente dictamen con fundamento en el artículo 39, numerales 1, 2 fracción III y numeral 3; los artículos 44, 45 numeral 1, 4, 6 incisos d) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 55, 56, 60, 87, 88 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y lo somete a la consideración de esta honorable Asamblea, de acuerdo con los siguientes

I. Antecedentes

Primero. Con fecha 11 de octubre de 2005, el diputado Emilio Serrano Jiménez, a nombre de diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática pertenecientes a la LIX Legislatura, presentó la iniciativa que adiciona un capítulo segundo Bis al Título Tercero de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23 fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la iniciativa que nos ocupa para su estudio y dictamen a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Con base en los antecedentes expuestos, la comisión hace de su conocimiento el siguiente

II. Contenido de la iniciativa

1. El objetivo de la iniciativa que presentó el diputado Emilio Serrano Jiménez es adicionar una fracción XII al artículo 3o. y un capítulo segundo Bis al Título Tercero de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en los siguientes términos

1. En la exposición de motivos propone establecer que: ``Para el ingreso en un asilo deberá contarse con el consentimiento escrito libre y espontáneo ante dos testigos de la confianza del adulto mayor. De lo contrario el familiar y los que laboren en el asilo serán responsables del delito de privación ilegal de la libertad con una sanción de 6 a 10 años de prisión y multa de 1 mil a 3 mil días de salario mínimo. (artículo 9 Bis 1)

2. El legislador establece que: ``Cualquier delito o abuso en el mandato conferido que se cometa por personal al servicio del asilo en contra de las personas adultas mayores se castigará con el doble de la sanción prevista por la legislación penal aplicable''. (Artículo 9 Bis 6)

III. Consideraciones

1. De acuerdo con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en su artículo 3º señala son personas adultas mayores: ``Todas aquellas que cuentan con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional''.

2. El legislador propone determinar la responsabilidad de las familias y de los que laboren en el asilo como un delito de privación ilegal de la libertad, así como para imponer sanciones de 6 a 10 años de prisión, multa de 1 mil a 3 mil días de salario mínimo y castigos con el doble de la sanción prevista por la legislación penal aplicable sin embargo, el delito de privación ilegal de la libertad, así como las sanciones ya están tipificados en el Código Penal Federal, que al respecto establece:

La pena de prisión se aumentará hasta en una mitad, cuando la privación de la libertad se realice con violencia, cuando la víctima sea menor de dieciséis o mayor de sesenta años de edad, o cuando por cualquier circunstancia, la víctima esté en situación de inferioridad física o mental respecto de quien la ejecuta.

Por lo que las sanciones que se proponen por su naturaleza son en materia penal y no de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

3. Respecto a la adición del artículo 3º referente a la definición de asilo, la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA-1997, para la Prestación de Servicios de Asistencia Social para Menores y Adultos Mayores, define al albergue para adultos mayores en su numeral 4.3 como: ``Albergue para adultos mayores, al establecimiento donde se proporcionan temporalmente servicios de alojamiento a adultos mayores, en tanto son reubicados a otras instituciones o a su familia''.

Igualmente, la norma oficial mexicana NOM-167-SSA-1997 dispone de las medidas que deberán observarse a favor de las personas adultas mayores estableciendo la obligación de contar con un reglamento interno, eficiente y un desarrollo integral para los usuarios. Establece como obligación contar con manuales técnicos administrativos, y un programa general de trabajo, todo ello orientado a mejorar la atención a los adultos mayores, estimular su interacción, participación social, promoviendo acciones para actividades recreativas y fomentar el derecho a la persona y a sus pertenencias, otorgándole vigilancia protección y seguridad.

En cuanto a los recursos humanos, la NOM-167-SSA-1997 establece: ``Personal medico, enfermera, psicólogos, trabajador social, intendente y vigilante las 24 horas del día''. También regula las características que deben tener las instalaciones sobre todo en lo referente a la seguridad, los servicios que presta, alimentos, calzado:

Para la distribución de los espacios en la vivienda se deben analizar los diferentes movimientos de personal, usuario, público, interrelación de áreas para facilitar el desplazamiento autosuficiente del adulto mayor.

Por último, la norma dispone que: ``Las casas hogar y albergues para adultos mayores deben estar vinculadas y promover el desarrollo de programas de la comunidad, para facilitar al usuario su reincorporación a la vida familiar, productiva, laboral y social mediante su atención en los centros de día y casas de bienestar social. Estos centros deberán diseñar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar programas que favorezcan la incorporación del adulto mayor a la vida productiva y gozar de los beneficios económicos del producto de su actividad''.

Finalmente, la misma la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece que para el mejor funcionamiento: ``Las instituciones públicas y privadas, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención a las personas adultas mayores, deberán ajustar su funcionamiento a lo dispuesto por las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, normas técnicas y los reglamentos que se expidan para este efecto''(artículo 48) y el incumplimiento de esta disposición: ``Será sancionado administrativamente por la Secretaría de Salud y por el instituto, conforme a sus atribuciones, de conformidad con la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y por las autoridades locales, según lo previsto en las leyes estatales correspondientes''(artículo 49).

Por lo tanto, no existe falta de regulación para los establecimientos que prestan servicios de asistencia social a las personas adultas mayores, por lo que las reformas son innecesarias.

7. Se pretende otorgar al INAPAM facultades de vigilancia en los citados establecimientos, sin embargo, ya se encuentran previstas dentro de las atribuciones de dicho instituto, conforme al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en los términos de las fracciones siguientes:

Asimismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ya confiere estas funciones a la Secretaría de Salud que a la letra dice:

8. En el artículo 9 Bis se establece que: ``En presencia de una denuncia por maltrato contra un adulto mayor en el hogar, asilo, trabajo o cualesquiera otro, denuncia del propio afectado o un tercero, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores deberá realizar una visita por conducto de una trabajadora social, ante la negativa a esta visita se solicitará el uso de la fuerza por conducto del Ministerio Público'', sin embargo al establecer que será trabajadora social la que realizará las visitas, se entiende que si es trabajador social no surtirá los mismos efectos.

9. La iniciativa propone crear diversas reglas de operación que por su naturaleza son propias de un reglamento y no de una ley, ya que una ley es una norma jurídica de carácter obligatorio y general dictada por el poder legítimo para regular conductas o establecer órganos necesarios para cumplir con determinados fines, su inobservancia conlleva a una sanción por la fuerza pública. Se caracteriza por ser general, abstracta e impersonal. En sentido normativo es todo enunciado que impone cierta conducta como debida ¹ mientras que el reglamento es una disposición de carácter legislativo, expedida por el Ejecutivo, que se aplica a todas las personas cuya situación recae bajo su campo de acción. El objeto de los reglamentos es facilitar el mejor cumplimiento de la ley.

El reglamento no puede ir contra el contenido de a ley, pues de ser así carecería de valor jurídico.

La diferencia que existe entre la ley y reglamento, además de su jerarquía, la encontramos en su origen, pues la primera emana del Poder Legislativo, mientras que el segundo del Poder Ejecutivo. ²

Los diputados integrantes de esta comisión consideran que el tema es importante, pero la propuesta planteada es materia de reglamento o manual de procedimientos por lo que la esencia de la iniciativa se considerará en una reforma integral a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

De la legislación expuesta se concluye que la propuesta implica una duplicidad de preceptos jurídicos por lo que es de desecharse, suscribiendo el siguiente.

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo segundo Bis al Título Tercero de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores presentada por el diputado Emilio Serrano Jiménez, a nombre de diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fecha 11 de octubre de 2005.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Notas: 1) De Pina, Rafael. Diccionario de derecho, página 94.2) Flores Gómez, González, Fernando. Nociones de derecho positivo mexicano, página 59.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.

LEY DE DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 30 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados perteneciente a la LX Legislatura fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 30 de la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores, presentada por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Esta comisión elaboró el presente dictamen con fundamento en los artículos 39, numerales 1, 2, fracción III, y 3, 44 y 45, numerales 1, 4 y 6, incisos d) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, 56, 60, 87, 88 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y lo somete a la consideración de esta honorable asamblea, de acuerdo con los siguientes

I. Antecedentes

Primero. En sesión ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados celebrada el dos de febrero de dos mil seis, el diputado a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 30 de la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores.

Segundo. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la iniciativa que nos ocupa para su estudio y dictamen a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Con base en los antecedentes expuestos, los integrantes de esta comisión hacemos de su conocimiento el siguiente

II. Contenido de la iniciativa

1. El objetivo de la iniciativa que presenta el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari es reformar el artículo 30 de la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores, en los siguientes términos:

Texto actual

Texto propuesto

III. Consideraciones

1. Los adultos mayores son uno de los grupos vulnerables que más discriminación padecen, como lo documenta y detalla la primera Encuesta Nacional de Discriminación, que realizaron la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), que muestra la discriminación de los adultos mayores, y en general tiende a considerárseles como grupo desprotegido. ¹

2. La iniciativa en estudio propone la adición de un último párrafo al artículo 30 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, de la siguiente manera:

Asimismo, serán invitados permanentes al Consejo Directivo con derecho a voz, pero no a voto, un representante de cada uno de los siguientes órganos públicos: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en Instituto Nacional de las Mujeres.

La reforma resulta innecesaria, ya que el último párrafo del artículo 31 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores prevé que el órgano de gobierno del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores invite, previa aprobación de la mayoría de sus asistentes, a los representantes de otras dependencias e instituciones públicas federales, estatales o municipales, los que tendrán derecho a voz y no a voto en la sesión o sesiones correspondientes, como se confirma a continuación:

De lo anterior se deriva que tanto el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación como el Instituto Nacional de las Mujeres pueden incorporarse al Consejo Directivo del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores como invitados permanentes, tal y como indica el artículo 31, sin necesidad de modificar el artículo 30 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

3. Se puede afirmar que el espíritu de la ley es dar oportunidad a representantes de diversas dependencias a asistir a las reuniones del Consejo Directivo y no sólo particularizarlo en el Instituto Nacional de las Mujeres y en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ya que el objetivo del Inapam es resolver los problemas que enfrenta la población de adultos mayores a nivel general y no particular, dando la posibilidad de que también acudan representantes de otros organismos, como el Instituto Nacional Indigenista, el Instituto Nacional de Migración, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y Jubilados de Pemex, sólo por nombrar algunos.

Por las razones expuestas, los integrantes de esta comisión concluyen que es de desecharse, y suscriben el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 30 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentada por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en sesión celebrada el 2 de febrero de 2006.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Conste.

Nota: 1 Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, Conapred-Sedesol, mayo de 2005.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.

LEY GENERAL QUE ESTABLECE LAS BASES DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la LX Legislatura le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Esta comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 72 y 73, fracción XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1, 2, fracción XXXV, y 3, y 45, numerales 6, incisos e) a g), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 60, 65, 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen en sentido negativo, con base en los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 24 de enero de 2007 el diputado Felipe González Ruiz , integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Título Tercero, para denominarlo ``De la Prevención del Delito'', recorriéndose la denominación y contenidos de los actuales Títulos Tercero y Cuarto, para quedar como Cuarto y Quinto, respectivamente; se adicionan una fracción XII al artículo 22, los artículos 48 Bis y 48 Ter, y se deroga el tercer párrafo del artículo 3o. de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

2. Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y dictamen.

3. En reunión de fecha 25 de septiembre de 2007 se sometió a consideración de los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública el proyecto de dictamen respectivo, que fue aprobado por unanimidad.

Contenido de la iniciativa

El autor de la iniciativa manifiesta en la exposición de motivos que sólo conociendo a ciencia cierta las principales causas de la delincuencia se podrá saber con exactitud qué medidas, planes y acciones implantar para impedir su actualización.

En tal virtud manifiesta que la ``prevención constituye uno de los aspectos más importantes que se deben considerar en el diseño de toda política pública en materia de delincuencia, ya que a través de ésta se evita a la sociedad futuros costos provenientes de la sanción y rehabilitación de conductas criminales''.

Por tales circunstancias propone adicionar la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuerpo normativo encargado de establecer los procedimientos de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en materia de seguridad pública, a efecto de establecer previsiones legales relacionadas con el establecimiento de políticas preventivas del delito.

Es por lo anterior que propone adicionar los artículos 48 Bis y 48 Ter dentro de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para establecer de manera expresa en este cuerpo legal diversas atribuciones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, relacionadas con el combate de las causas que generan la comisión de conductas antisociales y delitos, y el fomento de una adecuada cultura ciudadana en materia preventiva.

A su vez, propone trasladar el contenido y alcance del tercer párrafo del artículo 3o. vigente, que implica un postulado de la ley en materia preventiva del delito, al referido Título Tercero, a efecto de lograr una mejor sistematización de la ley, con la creación de un título especifico en materia preventiva del delito. Por lo que propone el diputado promovente derogar el tercer párrafo del artículo 3o. de la mencionada ley.

También propone cambiar la denominación actual del Título Tercero de la referida ley, relativo a la participación de la comunidad, a efecto de denominarlo ``De la Prevención del Delito'', recorriéndose en consecuencia el contenido de los actuales Capítulos Tercero y Cuarto, para quedar como Capítulos Cuarto y Quinto, respectivamente.

Lo anterior, destaca el promoverte, retomando la legítima preocupación de la sociedad para lograr condiciones reales de seguridad y, en virtud de que una política preventiva tiene que partir de un principio de acción conjunta entre el gobierno y la sociedad en una relación de corresponsabilidad, pero de apertura y transparencia de las entidades gubernamentales.

Una vez expuestos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados que suscribimos el presente dictamen exponemos las siguientes

Consideraciones

La delincuencia hoy día preocupa a la sociedad y a las autoridades, tanto federales como estatales y municipales, observamos que ante esto falta implantar las acciones suficientes que disminuyan el problema. Sin embargo, al realizar el estudio de la iniciativa que nos ocupa encontramos que existe diversa normatividad que contempla la prevención del delito, por lo que consideramos oportuno destacar lo siguiente:

Por lo antes expuesto, los diputados y las diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública sometemos a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada por el diputado Felipe González Ruiz el 24 de enero de 2007.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se reserva para su votación en conjunto.

LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Dictamen de las Comisiones Unidas de la Función Pública, y de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 21, fracción V, primer párrafo, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de la Función Pública y de Justicia de la LX Legislatura les fue turnada, para su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21, fracción V, primer párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Estas Comisiones Unidas de la Función Pública y de Justicia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e), f), g), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 58, 60, 65, 85, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 19 de octubre de 2006, la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21, fracción V, primer párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Segundo. La Mesa Directiva, en esa misma fecha, mediante oficio número D.G.P.L. 60-II-3-104, acordó se turnara a las Comisiones Unidas de la Función Pública y de Justicia y Derechos Humanos.

Contenido de la iniciativa

Expone la autora de la iniciativa que el problema de la corrupción ha traído consecuencias negativas que han impedido el desarrollo armónico del país, y que han afectado principalmente a las esferas de la administración pública, generando desconfianza en la autoridades y las instituciones. Su propuesta tiene la finalidad de evitar el abuso de funcionarios en el ejercicio del cargo, así como evitar que los órganos internos de control de las dependencias apliquen injustificadamente sanciones a servidores públicos que presuntamente hayan cometido infracciones o faltas administrativas, sin haber comprobado el hecho.

Señala que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, otorga a los órganos internos de control facultades que violan garantías constitucionales, ya que si iniciado el procedimiento, los órganos internos de control consideran suspender a un servidor público, lo hacen sin motivar debidamente su resolución, dejando al trabajador en absoluto estado de indefensión aunque la ley señale que la suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute, pues en sí la suspensión es una sanción por lo que debe aplicarse posterior al citatorio, pues con ello el trabajador al menos conocerá los hechos en que se le involucra.

Asimismo, propone cambiar las palabras presunto responsable , por considerarla exclusiva del ámbito penal.

Finalmente, plantea que la temporalidad de la suspensión no sea ilimitada, pues considera que el artículo 21 de la ley que pretende reformar no menciona el tiempo que debe durar la sanción.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de las Comisiones Unidas de la Función Pública y de Justicia exponemos las siguientes

Consideraciones

Primera. En virtud del decreto publicado el 5 de diciembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación por el que se reforman y adicionan los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dividió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en dos comisiones: Comisión de Justicia y Comisión de Derechos Humanos, quedando a cargo de la Comisión de Justicia la emisión del dictamen de la iniciativa a la que se ha hecho referencia.

Segunda. De lo expuesto en la iniciativa que nos ocupa, se advierte que las propuestas de la autora consisten en cuatro hipótesis materia de reformas al artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos:

Tercera. Estas comisiones coinciden con la proponente, en cuanto a que los regímenes democráticos deben asegurar un ejercicio transparente de la función pública y debe combatirse la corrupción, porque es un grave problema que se opone a los valores colectivos, convirtiéndose en un lastre que ha obstaculizado el desarrollo armónico del país.

De ahí que nuestro orden jurídico establece un régimen de responsabilidades de los servidores públicos, que en la carta magna se establece en su título cuarto, y en materia de responsabilidades administrativas en su ley reglamentaria, que es precisamente a la que se refiere la iniciativa materia de este dictamen.

Cuarta. No es posible coincidir con la argumentación de la iniciante, por cuanto afirma que el texto de la fracción V, del artículo 21, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos viola garantías constitucionales; toda vez que, sea previa o posterior al citatorio, la suspensión temporal que se impone al presunto infractor resulta ser una medida preventiva para preservar el correcto desempeño de la función pública; pero sobre todo, que para determinar esta medida el órgano que la decrete debe necesariamente como imperativo fundar y motivar su resolución, pues a ello está obligado en términos de lo dispuesto expresamente por la fracción V, del artículo 3, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Lo anterior hace evidente que de ninguna manera se deja en estado de indefensión al servidor público imputado, preservando la garantía de seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 constitucionales.

En este orden de ideas, resulta importante destacar que la suspensión temporal es una medida preventiva que se determina debidamente fundada y motivada, como un mecanismo reparador que prevé el mismo ordenamiento jurídico, ya que en el caso de que el servidor público no resultare responsable de los hechos que se le imputan, la dependencia o entidad donde preste sus servicios lo restituirá en el goce de sus derechos y le serán cubiertas las percepciones que debió recibir durante el tiempo de la suspensión.

En principio, la medida es potestativa y así lo dispone el artículo 21 de la ley en estudio, y la misma está condicionada a la pertinencia de que no entorpezca las investigaciones sobre responsabilidad administrativa, todo ello sin que la suspensión temporal prejuzgue sobre la responsabilidad del presunto infractor, según lo prevé la multicitada fracción V, del artículo 21.

Quinta. En lo relativo a sustituir el término de presunto responsable por el de servidor público , estas comisiones coinciden en que la primera expresión aludida no es privativa del derecho penal, sino que también es empleada dentro del derecho administrativo sancionador o derecho disciplinario, ya que tiene una connotación del reconocimiento y vigencia del principio de inocencia a favor de quien se presume es infractor de la norma jurídica y abona a favor de un estado democrático de derecho, respetuoso de las garantías individuales y los derechos humanos.

Además, debe decirse que la proponente sólo plantea la modificación de dicho término en el artículo 21, fracción V; sin embargo, la misma expresión es utilizada por el legislador en los artículos 16, penúltimo párrafo; 21, fracciones I, II, IV y párrafo tercero; y 31, todos ellos del mismo dispositivo legal.

Sexta. Finalmente, las comisiones dictaminadoras estimamos que no es procedente fijar el término máximo de treinta días en la medida de la suspensión temporal en razón de ser ilimitado según la autora de la iniciativa; pues si bien es cierto que el artículo 21 no establece plazo, también lo es que el artículo 13 de la misma ley establece que la suspensión del empleo, cargo o comisión será por un período no menor de tres días ni mayor a un año; es decir, sí existe un término claramente señalado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de las Comisiones Unidas de la Función Pública y de Justicia, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21, fracción V, primer párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está a discusión el punto de acuerdo. No se registró ningún orador, se reserva para su votación en conjunto.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los puntos presentados.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en el artículo vigésimo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al pleno la modificación del orden del día para la incorporación y trámite correspondiente en el primer turno posible del siguiente asunto:

• Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a las denuncias presentadas por el presunto ejercicio indebido del servicio público en la Presidencia de la república durante la gestión del ciudadano Vicente Fox Quesada. Firman los integrantes de la Junta de Coordinación Política.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si es de modificarse el orden del día.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política.

Las ciudadanas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se autoriza. Proceda la Secretaría a dar lectura a la proposición.

VICENTE FOX QUESADA

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se crea la Comisión Especial para dar seguimiento a las denuncias presentadas por el presunto ejercicio indebido del servicio público en la Presidencia de la República durante la gestión del ciudadano Vicente Fox Quesada

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Por lo anterior, se somete ala consideración del Pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. Se constituye la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a la procuración de justicia vinculada al ejercicio de la función pública durante la gestión administrativa del ex presidente Vicente Fox Quesada en relación a los señalamientos del incremento de su patrimonio.

Segundo. El objetivo de la comisión especial será el que se deriva del artículo primero de este acuerdo.

Tercero. Dicha Comisión Especial podrá allegarse la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo estime necesario con las autoridades responsables, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, de conformidad con el marco normativo aplicable.

Cuarto. La comisión podrá solicitar a la Auditoría Superior de la Federación la realización de auditorías o revisiones que le permitan determinar la veracidad o falsedad de los señalamientos realizados, cuyos resultados deberán ser publicitados en su oportunidad.

Quinto. La comisión estará integrada por 5 miembros, propuestos por los grupos parlamentarios, en las siguiente proporción: 2 diputados del Partido Acción Nacional, 1 diputado del Partido de la Revolución Democrática, 1 diputado del Partido Revolucionario Institucional y 1 diputado del Partido Verde Ecologista de México.

Las diputadas y diputados que integran la comisión son:

Sexto. La Comisión Especial estará vigente hasta el 11 de abril de 2008, pudiendo extenderse su periodo si existiera alguna auditoría en curso sólo por el tiempo en que esta concluya.

Al final de su actuación deberá presentar un informe de actividades ante la Junta de Coordinación política.

Transitorio

Único. Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá ser publicado de inmediato en la Gaceta Parlamentaria.

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por negativa sírvanse manifestarlo.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Presidenta, faltan los nombres.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputado. Ya estamos corrigiendo ahorita el error. Discúlpeme, Secretaria. Antes de pasar a la votación vamos a dar el nombre de los diputados que se han inscrito para posicionar respecto a este punto. Vamos a dar lectura a los nombres. Después nos dicen quién falto. Después de que empiece a pasar el primer orador ya no apuntaríamos a nadie.

Están apuntados el diputado Antonio Xavier López Adame , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Víctor Valencia de los Santos, del Grupo Parlamentario del PRI; el diputado Javier González Garza , del PRD; y el diputado Juan José Rodríguez Prats , del PAN. ¿Alguien faltó de algún partido? El diputado Pablo Arreola Ortega, del Grupo Parlamentario del PT.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Arreola Ortega, del Grupo Parlamentario del PT. Tiene el uso de la palabra el diputado Antonio Xavier López Adame , en lo que viene el diputado Pablo Arreola Ortega, por favor.

El diputado Antonio Xavier López Adame: Con su venia, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Antonio Xavier López Adame: En el Partido Verde celebramos la apertura que existe, por primera vez, en esta Cámara de Diputados, para hacer una comisión que investigue el posible enriquecimiento ilícito y las dudas que existen en el pueblo de México sobre el patrimonio del ex presidente y, por supuesto, de su familia.

Lo celebramos porque es un acontecimiento inusitado, no se había dado en este país exactamente después de que terminará la gestión del presidente.

Lamentamos, no obstante, el hecho de que se quisiera o que desde un origen se pretenda acotar tanto los alcances o las funciones de este tipo de comisión. En cualquier caso, en el Partido Verde siempre hemos sabido actuar de manera institucional y con apego a la ley y ésa será nuestra actitud dentro de esta comisión.

Vamos a proponer una agenda de trabajo, que junto con los demás miembros de la comisión, porque los tiempos no nos dan para mucho, tendremos que ser muy eficaces y actuar rápido.

Yo sí quisiera solicitar que la información que resulte de aquí sea lo más transparente y lo más pública porque nos debemos a los ciudadanos. El señor ex presidente Vicente Fox ha hecho gala de su pretendida vocación democrática. Yo creo que éste es el momento, precisamente, para mostrar qué tan demócrata es, precisamente porque la rendición de cuentas es prácticamente un sinónimo de explicar y los ciudadanos en este momento están demandando explicaciones y con esa vocación en el Partido Verde vamos a formar parte de esta comisión. Es cuanto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Antonio Xavier López Adame. ¿Ha llegado el diputado Pablo Arreola Ortega? Por favor, tiene el uso de la palabra, diputado Pablo Arreola Ortega, del Grupo Parlamentario del PT.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Con su permiso, señora Presidenta.

Creo que el punto que estamos tratando en estos momentos es de suma importancia para nuestro país. La manera como ha presentado Fox y su familia ---de manera desvergonzada, sin miramientos y con una desfachatez ante el pueblo de México--- la riqueza que ostentan actualmente va en contra de los principios elementales de la vida que deben llevar los funcionarios públicos.

Yo creo que la decisión que vamos a tomar hoy es fundamental y va a ayudar para que se aclaren muchas cosas respecto a cómo se da el manejo de los recursos públicos y cómo los lleva a cabo quien lleva las riendas del país.

A nosotros, al Partido del Trabajo, no nos fue comentado y entregado este acuerdo, por lo cual nosotros no lo suscribimos, pero sí estamos de acuerdo con él. Nosotros estamos pidiendo, solicitando también, que formemos parte de esta comisión de investigación.

Por eso, bienvenido este acuerdo y esperemos que esto sirva para aclarar muchas cosas que están pendientes de Fox y de toda su familia.

Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Pablo Arreola Ortega. Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Valencia de los Santos, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos: Con su permiso, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos: Con su permiso, compañeros diputados y compañeras diputadas. Quiero agradecer a mis compañeros diputados y compañeras diputadas esta iniciativa que fue presentada por mi grupo parlamentario y veo que en los consensos que hemos tenido al platicar de una manera respetuosa, responsable, en una inquietud social que se ha presentado, no solamente en los medios de comunicación, y que hoy vemos que existe voluntad política ---lo celebro--- de transparentar y de buscar de qué manera podemos nosotros, como representantes populares, ser congruentes con el compromiso que tenemos con la sociedad.

Hoy vemos que la propuesta que hace la Junta de Coordinación Política en la que se me propone como presidente de esta comisión especial, igual que a mis compañeros y mi compañera diputada, pues habremos de hacerlo con una gran responsabilidad. Sabemos que esto se presta para el morbo, para la especulación.

Sin embargo, estamos conscientes que la gente nos está observando. La ciudadanía a la que nos debemos está muy pendiente del desempeño que habremos de tener en esta Comisión. Por eso, independientemente de los trabajos que habremos de iniciar una vez que sea aprobada esta comisión por esta asamblea, esta comisión ---como ustedes saben--- está conformada, está propuesta de manera plural, estará seguramente apegada estrictamente a derecho.

Buscaremos y tendremos el propósito de buscar a través de este marco de legalidad las aclaraciones, la transparencia de la que hemos estado, todos, seguramente pendientes y buscando ser congruentes con esta alta responsabilidad, para que las autoridades competentes a través de la información que habrá de fluir seguramente con responsabilidad a través de las instancias, de las autoridades también y de las instituciones competentes.

Para que ellas sean las que en un momento dado presenten, también ante las instancias competentes, porque reitero aquí lo que se ha dicho, y también de mi parte lo reconozco, nosotros no somos ministerio público, somos simplemente, y tenemos una facultad que está constitucionalmente bien definida, pero también es cierto, que hay exigencias de la sociedad, hay dudas, hay una clara y un derecho que tienen los ciudadanos de conocer y entender si hubo o no hubo alguna situación irregular que pudiera estar por aclararse. Eso nos corresponderá en su momento si este pleno lo define así.

Por eso debo decirles a mis compañeras y compañeros, reiterarles, que actuaremos conforme a las leyes, sin juicios sumarios ni linchamientos mediáticos anticipados. No buscaremos ni estaremos siendo protagónicos de algo que no nos corresponde para que los ciudadanos tengamos plena certidumbre respecto al manejo de los recursos públicos de la pasada administración.

Y también estaremos plenamente apegados a la verdad, sin atender intereses de grupos o de partidos. Ese es compromiso que empeñamos ante la nación, ante quienes nos debemos que son nuestros representados y ante esta altísima tribuna que es la que representa a los intereses de nuestro pueblo. Muchas gracias.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): Presidenta, ¿puedo hacer una pregunta al diputado?

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Acepta usted la pregunta, diputado?

El diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos: Adelante, compañero diputado.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputado Pablo Arreola, aceptó la pregunta.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): Gracias. Señor diputado, en su intervención hace el comentario de que esta comisión se forma de manera plural. Y mi grupo parlamentario no firmó este acuerdo en función de que al PT no se le incluye, y a otros partidos también no se les están incluyendo en esta comisión.

De ahí pues, mi pregunta es, si usted habla de que va a haber participación e inclusión en esta comisión, ¿por qué no se incluyó a los demás grupos parlamentarios?

El diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos: Con mucho gusto le contesto y con mucho respeto, señor compañero diputado. No fue una facultad de su servidor, es de la Junta de Coordinación Política.

Solamente, usted recordará, que nosotros hicimos la propuesta, la iniciativa de la creación de la Comisión y en ese mismo sentido que fuera plural, pero esto es una facultad estrictamente de la Junta de Coordinación Política.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias diputado Víctor Valencia de los Santos. Tiene el uso de la palabra el diputado Javier González Garza, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Javier González Garza: Muchísimas gracias, compañera Presidenta. Tranquilo, pinche güey.

Es obvio que éste es un tema complicado porque se trata de un asunto que deberíamos tomarlo con mucha responsabilidad.

En primer lugar, lo que quiero decir es que el Congreso de la Unión, y específicamente esta Cámara de Diputados, tiene el derecho de averiguar, tiene el derecho de investigar y tiene el derecho de formar una comisión con estos propósitos. Entonces, lo único que estamos haciendo es ejercer ese derecho.

Es obvio, en mi opinión, que la formación de esta comisión de investigación no sería necesaria si la Secretaría de la Función Pública funcionase. Si esa secretaría cumpliera con sus deberes, obvio que nosotros no tendríamos necesidad de formar una comisión de esta naturaleza.

Naturalmente que el problema de fondo tiene que ver con cómo se van a resolver a nivel de los tres gobiernos ---el gobierno de la república, de los estados y de los municipios--- los nombramientos de los contralores.

Estoy absolutamente convencido de que no tiene ningún sentido que el Ejecutivo, de cualquiera de los niveles, nombre al que va a ser su contralor, porque entonces se pervierte de inicio la función misma, porque hoy tenemos un contralor, un secretario de la Función Pública, que es nombrado justo por la persona a la que va a controlar. Entonces eso es lo que no funciona.

Creo que éste es un asunto de tremenda importancia que deberíamos anotarlo para la reforma del Estado. Hay muchas propuestas que se pueden hacer para que, en los tres niveles de gobierno, no sea el Ejecutivo en turno el que nombre a su contralor. Puede ser la segunda fuerza, puede ser que la nombre el Congreso o puede ser otra. Que se elija, pero que no sea directamente nombrado por la persona a la que van a controlar.

¿Cuál es el asunto que nosotros vemos en concreto? Efectivamente hay un ambiente, dadas las últimas informaciones, en donde sí tenemos informaciones de varias declaraciones patrimoniales que no coinciden. Uno.

Dos. Extracción o no de documentos oficiales de Los Pinos.

Tres. Tenemos información de contratistas del Estado que al mismo tiempo eran contratistas privados en el rancho, supuestamente. Porque lo que quiero aclarar, lo que yo quiero aclarar es que yo no estoy aquí para acusar a Fox o a nadie. Éste no es el problema.

El problema es cómo se ha venido haciendo este asunto, y lo que es muy importante es que esto se pueda aclarar. ¿Por qué? Porque las relaciones de los contratistas del aeropuerto, de la megabiblioteca y del rancho... hay que ver de qué se tratan todos esos asuntos.

¿Qué es lo que creo que va a ser muy importante? Que el Congreso de la Unión, a través de esta comisión, emprenda con toda seriedad y responsabilidad una investigación que pueda aclarar la situación, de tal suerte que veamos rápidamente si estos asuntos van a tener como consecuencia ir a alguna de las instancias o no. Es obvio que el Congreso de la Unión no tiene funciones de Ministerio Público, no tiene estas funciones.

Pero estoy absolutamente convencido de que es no sólo función del Congreso sino, por sanidad de la república, éste es un asunto que deberíamos abordar con seriedad y que nos comprometamos todos a que sea un trabajo serio, profesional y que se llegue hasta donde se tenga que llegar.

Por tanto, estamos totalmente de acuerdo en que se constituya esta comisión. Muchísimas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Javier González Garza.

Esta Presidencia saluda la presencia del grupo de mujeres del municipio de Chignahuapan que nos visita hoy. Sean ustedes bienvenidas.

Tiene el uso de la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats , del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Juan José Rodríguez Prats: Con su permiso, señora Presidenta. Empecemos con las coincidencias. Yo le tomo la palabra a quien va a presidir esta comisión, en su promesa y su oferta de comportarse conforme a derecho y ser muy escrupuloso en sus declaraciones y en respetar los ordenamientos que regulan el trabajo de las comisiones especiales.

Yo le tomo la palabra a Javier González Garza , que qué bueno que recoja aquí una viejísima iniciativa del Partido Acción Nacional presentada en 1985, en donde precisamente lo que se busca es fortalecer al auditor superior de la Federación y no a una contraloría interna.

Ésta es una propuesta que festejo mucho, señor diputado, que leyendo sus asesores hayan encontrado este antecedente del Partido Acción Nacional desde 1985 y creo que debe ser un tema ---coincido también--- de la reforma del Estado.

Señalemos algunas aclaraciones. No, señor diputado del Partido Ecologista, sí hay antecedentes históricos:

El Congreso mexicano ha tratado de la peor manera a tres presidentes mexicanos: a Benito Juárez García, que en 1961 y, casi nada, encabezado por Ignacio Manuel Altamirano y Vicente Riva Palacio, salió ---en 1861, perdón, les agradezco la aclaración--- en 1861, diciembre del 61, salió una comisión de 51 diputados, encabezados por Ignacio Manuel Altamirano y Vicente Riva Palacio, presentaron una moción de censura pidiéndole su renuncia al presidente Benito Juárez. Los historiadores todavía no coinciden si se salvó por un voto. Fueron 52 que le dieron un voto de confianza a Benito Juárez, o 54.

Otro presidente muy maltratado por el Congreso, en la XXVI Legislatura, en los 15 meses que tuvo Francisco I. Madero en el poder. Le regatearon la autorización de 20 millones para el ejército, y llegó una comisión de senadores, inclusive, a pedirle la renuncia, encabezados nada menos que por Emilio Rabasa.

Sí hay estos dos antecedentes. Yo creo que este Congreso, el Congreso mexicano, se ha comportado en forma por demás agresiva en contra de esos tres presidentes: Benito Juárez, Francisco I. Madero y Vicente Fox. Y éste es un dato histórico perfectamente verificable, perfectamente verificable, verificable. Vean la historia, métanse a la historia, no hablen nada más por hablar.

A veces aquí vienen oradores que me recuerdan aquella frase de Adolfo Suárez: ``Las palabras entran por los oídos, pasan por la lengua, pero no se detienen en el cerebro''.

Aquí hubo afirmaciones ---fíjense ustedes lo grave y por eso me desagradó mucho la intervención del señor diputado del Partido Revolucionario Institucional---, ya hubo afirmaciones condenatorias. No se ha instalado la comisión y ya se rinde un veredicto. Fíjense ustedes cómo, señores diputados, muchas veces este tipo de decisiones no están orientadas por principios, sino por un tremendo encono.

Quiero irme a lo jurídico. Se dice por parte del diputado Javier González Garza que esta Cámara tiene el derecho, pero nunca dio el sustento. Y después acepta que es responsabilidad de la Secretaría de la Función Pública. Entonces lo procedente sería un exhorto al secretario de la Función Pública para que cumpla su trabajo, no crear una comisión. Fíjense ustedes cómo, a confesión de parte, relevo de pruebas.

Pero hay un artículo en la Constitución, que nos hemos olvidado de él, y es el artículo 16, en su párrafo primero: ``Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento''.

Está claro que las comisiones especiales ---artículo 39 de la Ley Orgánica, esto derivó en 1999 se incorpora este articulado--- tienen la función las comisiones especiales de fortalecer el trabajo legislativo, no de invadir la competencia de otros poderes.

Argumentos. Hoy en el pleno del grupo de panistas ---del grupo parlamentario--- se hablaba de lo ético, se hablaba de lo jurídico y se hablaba de lo político. Y fíjense ustedes qué grave. Cuando se dice lo político, cuando se habla de lo político, tal parece que se desvanece la ética, se desvanece lo jurídico, se desvanece lo histórico. Fíjense ustedes a qué grave degradación hemos llegado.

La política ---y Acción Nacional lo dijo desde su origen--- tiene que ser vinculada a la ética. Cuando hablamos de lo político ya no nos podemos orientar por nada. Precisamente un presidente del PAN, Raúl González Schmal, decía: ``o a la política se le vincula con los más fundamentales valores éticos, o deviene el maquiavelismo puro. O se le subordina a los fines existenciales de la persona humana, o degenera en un pragmatismo, ayuno de principios al servicio de la vanidad y de la concupiscencia del poder''. Ése es el riesgo que se está corriendo al tomar estas decisiones.

No compliquemos la política, no enredemos el derecho. A ustedes no les están orientando los principios. Les está orientando el encono. Desde aquí los interpelo. Díganme el fundamento para formar esta comisión.

El diputado Emilio Ulloa Pérez (desde la curul): Señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado Juan José Rodríguez Prats, ¿me permite? Está un diputado desde hace un momento pidiendo que le den la palabra. ¿Me permite, por favor, preguntarle qué es lo que desea el diputado? Le dan sonido por favor a la curul del diputado Ulloa.

El diputado Emilio Ulloa Pérez (desde la curul): Una pregunta al orador, por favor.

El diputado Juan José Rodríguez Prats: Con muchísimo gusto, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Le acepta la pregunta, diputado.

El diputado Emilio Ulloa Pérez (desde la curul): Gracias, señora Presidenta. Simple y sencillamente quiero preguntar al diputado Prats su opinión sobre el comentario delsecretario de Gobernaciónde que se calle el señor Fox. ¿Cuál es su comentario sobre esto?

El diputado Juan José Rodríguez Prats: Qué bueno que me lo pregunta usted, señor diputado. Le agradezco, es muy pertinente su pregunta. Discrepo con el señor secretario de Gobernación. Eso correspondía al viejo sistema político en donde tenían tanta pena de cómo se había ejercido el poder, que tenían que callar.

Hoy no. El presidente Vicente Fox fue un buen presidente. Y a ustedes fundamentalmente les debería interesar defender al primer presidente que surge de la alternancia. Porque con sus actitudes, a los que ayudan son a los de en medio. Piénsenlo, piénsenlo, porque están buscando la involución del sistema político.

Vicente Fox fue buen presidente. Y con todos los pronósticos que había al inicio de su sexenio, de que al no emerger del Partido Revolucionario Institucional, que por 71 años había gobernado México ---con un saldo que ahí la historia determinará---, se hablaba de fuga de capitales, de conflictos entre trabajo y capital, se hablaba de resquebrajamiento de la gobernabilidad... Y el presidente puede rendir un informe, y lo va a confirmar la comisión, de que cumplió su deber. Y si no se avanzó en muchas materias fue por mezquindad de no aprobar las reformas estructurales que tuvieron los partidos de oposición.

Retorno, señora diputada...

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado, discúlpeme que lo siga interrumpiendo, pero también el diputado Víctor Valencia le quiere hacer otra pregunta. ¿Usted acepta?

El diputado Juan José Rodríguez Prats: Con mucho gusto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Por favor, le dan sonido a la curul del diputado Víctor Valencia, del Grupo Parlamentario del PRI. Adelante, diputado.

El diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos (desde la curul): Señor diputado Rodríguez Prats, si me acepta la pregunta... me apenó mucho escuchar de usted la comparación que hizo del licenciado Benito Juárez con el ex presidente Vicente Fox. Le quiero preguntar si verdaderamente cree usted que tenga el mismo valor histórico y que haya sido tan brillante el desempeño de Benito Juárez como el de Vicente Fox.

El diputado Juan José Rodríguez Prats: Fíjese, señor diputado, que no me escuchó usted bien. Yo no comparé a Benito Juárez, a Francisco I. Madero y a Vicente Fox. Di un dato histórico. Di un dato histórico. Los tres presidentes más maltratados por el Congreso mexicano... Y esto lo sostengo, lo tengo escrito, inclusive. Hay un libro que editó la Cámara, de la relación del Congreso con Benito Juárez, en donde consta esa moción de censura. En donde consta esa moción de censura.

Toda la historia de la XXVI Legislatura de Francisco I. Madero ---donde estaba Moheno---, le pedían la renuncia de secretarios. Simplemente lo estoy dando un dato verificable, y lo discutimos en el terreno que usted quiera.

Los tres presidentes más maltratados por el Congreso mexicano son Benito Juárez, Francisco I. Madero y Vicente Fox. No los estoy comparando. No los estoy comparando. Es un dato histórico que usted puede confirmar...

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado, le van a seguir interrumpiendo. Si nos permite, por favor. El diputado Ríos Camarena, seguramente quiere hacer una pregunta. Le dan sonido, por favor.

El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena (desde la curul): Yo quisiera, sin ánimo de entablar una polémica estéril, sino de definir funciones, yo quisiera preguntar, porque no lo entiendo, si el Partido Acción Nacional, su bancada, firmó o no el acuerdo de la formación de esta comisión especial.

Porque si lo firmó, entonces parece ser que lo que está diciendo es que la Función no tiene función porque corresponde a la Contraloría; y en consecuencia, el Congreso no tiene facultades. Yo quiero que se me aclare si firmaron o no la formación de esa comisión. Y si la firmaron, entonces por qué desde la tribuna se mantiene una actitud francamente hostil al sentimiento general de los diputados que integramos esta legislatura. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Juan José Rodríguez Prats: Me parece muy aguda y muy certera su apreciación. Efectivamente, mi discurso está estructurado para primero de exponer los argumentos jurídico-ético-político-históricos de por qué esta comisión no tiene razón de ser; pero después voy a fundamentar por qué el Grupo Parlamentario del PAN asume su decisión y vota a favor.

Consciente de lo que estoy diciendo, si me tiene usted un poco de paciencia se le aclarará su duda.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado. Diputado Rodríguez Prats, está pidiendo la palabra otro diputado. ¿Acepta usted? Seguramente es otra pregunta. Diputado Chanona.

El diputado Juan José Rodríguez Prats: Sí, claro. Claro que sí.

El diputado Alejandro Chanona Burguete (desde la curul): Gracias, señora Presidenta. Diputado, quisiera comentarle lo siguiente. El planteamiento que usted está haciendo debería irse también al corazón de qué esperamos de la comisión que estamos aprobando.

Es un asunto de método, de objetivos y de los instrumentos de que se puedan allegar para hacer una indagación coadyuvante, para no extralimitar sus facultades y contribuir a la verdad jurídica de si hubo o no enriquecimiento inexplicable del ahora, yo diría, ex presidente que usted caracteriza como de los más golpeados.

Sin embargo, en la última parte de su presentación, así como usted criticaba cualquier juicio sumario tempranero, anticipado, es decir, no podemos presumir su culpabilidad porque no se ha investigado, también usted se atrevió a decir que está seguro de que va a salir libre de cualquier problema. ¿No le parece que, en un ánimo de imparcialidad, no debemos ni de exonerarlo de manera prematura ni de culparlo de manera prematura? Yo creo que sería equilibrado, y la pregunta concreta: ¿estaría de acuerdo en que ni inocente ni culpable?

El diputado Juan José Rodríguez Prats: Señor diputado, desde el derecho romano hay un principio, la buena fe se presume. Lo que se tiene que probar, lo que ustedes van a tener que probar son las imputaciones que han hecho, pero hay una presunción de inocencia, que es precisamente en lo que yo me estoy sustentando.

Vicente Fox cumplió su deber como presidente. Están claras y transparentes sus cuentas, y definitivamente a mí me permite poder afirmar que va a salir airoso.

Mire usted, la tolerancia tiene un límite, la tolerancia tiene límite de que se busque la verdad. Definitivamente ahí es donde la tolerancia llega a un umbral, cuando lo que no se quiere es buscar la verdad sino escandalizar.

Por eso nosotros estamos insistiendo en que se rindan cuentas y que se investigue, pero repito, me parece muy acertada la actitud del señor presidente del PRI, de no hacer imputaciones, porque eso sí es grave, éstas se tienen que probar. Lo demás es una presunción de inocencia, que es un principio jurídico desde el derecho romano, señor licenciado.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado Juan José Rodríguez Prats, ¿le permite una pregunta a la diputada Claudia Cruz?

El diputado Juan José Rodríguez Prats: Por mí, encantado, pero sinceramente... Pues bueno, adelante.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: A ver, diputada Claudia Cruz, adelante.

La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago (desde la curul): Muchas gracias, diputado. Es una pregunta a lo que es claramente a los ojos del pueblo de México. Nosotros tenemos información de que existen tres versiones, por ejemplo, de la declaración patrimonial del ex presidente Vicente Fox.

Una de hace dos años, otra que tenemos de hace unos días, que está en la página de la Secretaría de la Función Pública, y la última que encontramos ayer en la página de Visión México, donde está el Centro Fox y ésta lo enlaza con la Presidencia de la República. Tenemos tres versiones de la declaración patrimonial del ex presidente Fox, que evidentemente es responsabilidad de él presentarla.

Dice usted que no hay una serie de elementos para, en efecto, en la presunción de inocencia también sospechar que ¿ahí hay un delito? Gracias.

El diputado Juan José Rodríguez Prats: Señora diputada, ¿por qué no acompañó usted al senador Ricardo Monreal a presentarla al Ministerio Público? Las vías están abiertas. Presenten al Ministerio Público. Ahí está la autoridad competente para investigar cualquier presunción. Háganlo. Esto es lo que queremos. Precisamente ahí está el argumento del Partido Acción Nacional.

No llegamos para hacer las cosas igual, no somos los mismos. ¡Esto que quede claro! Por eso el voto de Acción Nacional será a favor, porque estamos en otro sistema. La transición ha concluido. Estamos consolidando la democracia y el PAN llegó con una oferta, llegó con una congruencia, llegó con una tradición democrática, llegó con un mensaje de honestidad y por eso...

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado Rodríguez Prats, disculpe que lo interrumpa...

El diputado Juan José Rodríguez Prats: Quiero concluir.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Ya no acepta preguntas el diputado Juan José Rodríguez Prats, por favor permítanle concluir. Continúe, diputado.

El diputado Juan José Rodríguez Prats: Por esa razón, después de una discusión ruda, difícil dentro del grupo, decidimos dar el voto a favor. Y qué bueno que aquí, de parte de los oradores que me antecedieron, se ha reconocido esa nueva actitud política, ese cambio sustancial, ahí sí estoy de acuerdo. Ese cambio que nos está señalando que la verdad tiene que aflorar.

La comisión podrá crearse por mayoría; la verdad no se decide por mayoría, la verdad habrá de emerger y estoy seguro de que aquí ustedes tendrán que reconocer la honestidad y el buen gobierno que hizo Vicente Fox.

Ahí tienen, señores cómo el encono es lo que habla. Termino, señora Presidenta, con una frase de un gran educador, de un gran pensador norteamericano, George Santayana, que dice: ``No hay tiranía peor que la de una conciencia retrógrada o fanática que oprime a un mundo que no entiende en nombre de otro mundo, que es inexistente''. Muchas gracias, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Juan José Rodríguez Prats. Tiene el uso de la palabra el diputado Javier González Garza, por alusiones personales.

El diputado Javier González Garza: Muchísimas gracias, compañera Presidenta. Evidentemente el juicio popular alrededor de lo que fue la Presidencia de Vicente Fox se ha hecho y se está haciendo, pero además hay otros juicios. Como es el caso del Tribunal Federal Electoral, en donde con todas sus letras dice que el señor Fox intervino, intervino en la elección y cometió delitos. Dice también que no sabe cuántos votos y, por tanto, no se mete a hacer otras cosas.

Evidentemente este asunto de la culpabilidad de Fox en ciertos casos públicos ---en mi opinión--- está absolutamente claro. Pero subí por un punto concreto que es, a la mejor tenemos acuerdo. Dicen que en 1985 el PAN hizo la presentación alrededor de cómo resolver éstos asuntos. Bueno, estuvieron seis años en el gobierno y no hubo forma de resolverlo. Lo que digo es que en este momento lo podríamos resolver.

Estamos de acuerdo en que las contralorías o la Secretaría de la Función Pública sean nombradas de otra manera. Si estamos de acuerdo, hagámoslo. Porque al final de cuentas lo que está pasando, si también hay una Ley de Responsabilidades y una ley que protege a los ciudadanos respecto al enriquecimiento ilícito. Y como el señor Fox se ha encargado de decir o demostrar una serie de cosas, de valores que no vienen registrados en sus declaraciones...

Entonces, bueno, se empieza el asunto. Y hay un ambiente en donde de pronto Fox contesta: es que todo eso no es mío, es de los hermanos y de no sé que, tal, tal, tal. El hecho concreto es que el que empezó con esas cosas fue él. O sea, quiero decir, nadie más.

Y lo que hay es una urgencia de que un conjunto de gente, una comisión independiente... por eso estamos nombrando la comisión hoy, porque suponemos, pensamos, creemos y les pedimos a la comisión nombrada que aborden el trabajo profesional e independiente, para poder entrar ha hacer algo que la Secretaría de la Función Pública no hizo. En todos los meses de Martínez, en la Secretaría de la Función Pública, no conocemos ningún resultado de esa secretaría.

Entonces, el problema central es que ustedes dicen: no somos iguales. Pero la bronca es que están funcionando igualito, porque se están tapando las cosas. ¿Cuál es el asunto concreto? Dejemos trabajar a la comisión ---yo insisto---, no hagamos de esta tribuna un Ministerio Público. Estoy totalmente de acuerdo con eso, hagámoslo. Pero si podemos resolver los problemas, vamos resolviéndolos.

Yo los llamó a que resolvamos el problema de las contralorías en serio, desde ahora. No hay un encono, no es eso. Fox ya demostró quién es y cómo se comporta. Y por tanto, lo que yo digo es que dejemos trabajar tranquilamente a la comisión para ver cuáles son...

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado Javier González Garza, ¿me permite? Disculpe que le interrumpa. Diputado Chanona. Le dan sonido, por favor, a la curul del diputado Chanona.

El diputado Alejandro Chanona Burguete (desde la curul): Presidenta, ¿le puede preguntar al diputado González Garza si me acepta una pregunta?

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿Le acepta una pregunta, diputado?

El diputado Javier González Garza: Con todo gusto.

El diputado Alejandro Chanona Burguete (desde la curul): Diputado González Garza. El orador que le antecedió ---citando a los clásicos del derecho--- dice que se es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Presumamos que definitivamente es correcto; sin embargo, el trabajo de coadyuvancia de esta Cámara ---por ejemplo, con relación a las fuentes que pudieran ser prueba fundamental del asunto del ex presidente--- se refiere a los dictámenes de las Cuentas Públicas.

Esta Cámara se ha caracterizado por la dilación para los dictámenes de la Cuenta Pública y su aprobación de 2002 a 2005, que están en el corazón de lo que van a investigar con relación a este lastimado ex presidente, y que muchos puntos de acuerdo fueron presentados por mi compañero de la bancada de Nueva Alianza, el diputado Cárdenas.

Yo le pregunto, ¿no es acaso importante que desde esta tribuna, desde la Presidencia y desde el pleno, que agilicemos esto? Porque de otra manera, ¿no cree usted que están entorpeciendo nuestros compañeros de Acción Nacional, en particular, porque presiden la comisión, el que estas Cuentas Públicas sean dictaminadas a la brevedad?

Por su respuesta, gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado González Garza.

El diputado Javier González Garza: Evidentemente estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, con que justo el problema de las Cuentas Públicas sea discutido y que no se siga frenando la situación. Estoy totalmente de acuerdo.

Yo espero que los compañeros del PAN puedan abrir ese asunto y que se puedan discutir las Cuentas Públicas sin un acuerdo previo. Que se discutan las Cuentas Públicas. Sobre si están esperando un acuerdo previo para poder entrar a la discusión, no. Así nos vamos a seguir.

Ojalá se pudiese ventilar la situación con toda tranquilidad para poder. Estoy totalmente de acuerdo. A lo mejor ahí hay mucha información de esto mismo. Entonces, ojalá tengamos esa voluntad de todos.

No estoy aquí para hablar, para dar mi opinión sobre el señor Fox. Ése es un problema...

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado, ¿me permite, por favor? Hay otros diputados que quieren hacerle preguntas.

El diputado Javier González Garza: Con todo gusto.

El diputado Emilio Ulloa Pérez (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputados, vamos a dar oportunidad a dos preguntas más, para que podamos concluir el debate y continuar la sesión. ¿Les parece correcto? Sí, por favor, el diputado Emilio Ulloa estaba pidiendo la palabra. Adelante, diputado Emilio Ulloa.

El diputado Emilio Ulloa Pérez (desde la curul): Señor diputado, gracias por permitirme preguntarle. Con base en lo que en estos momentos está circulando de que el señor Fox censura y cuestiona la creación de esta comisión. ¿Cuál es su opinión sobre esos comentarios del señor Fox?

El diputado Javier González Garza: Sí. Me parece evidente lo que Fox está tratando de hacer, cosa que no puede lograr, y no puede lograr tampoco el PAN dentro de la Cámara porque aquí hay un acuerdo de todo mundo. El PAN entendió que era un acuerdo mayoritario, por eso se está haciendo la comisión.

El PAN no quería que se abriera la comisión. Fox lo que hace es tratar de descalificar desde antes de que se forme. Lo siento, la comisión se va a formar y va a trabajar en este asunto.

Yo espero que se haga con profesionalismo y que veamos los asuntos, efectivamente, de verdad, que hay en todas esas acusaciones.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): Presidenta, por favor.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí. El diputado Pablo Arreola Ortega, por favor.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): Gracias, señora Presidenta. Para preguntarle, compañero diputado, ¿cuál es la razón de la no inclusión de todos los grupos parlamentarios en esta comisión? Y, aparte de ello, sí hay que hacer una valoración muy objetiva de esta comisión, y viene a colación por lo que comentó el diputado Rodríguez Prats...

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado, ¿me permite que también la diputada Claudia Cruz haga su pregunta.

El diputado Javier González Garza: Sí.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): Y se refiere a lo siguiente. Recuerdo bien que se formó también una comisión especial para revisar el caso del Fobaproa, y después, ahora, IPAB. Y hubo un resultado muy interesante de parte de la comisión, y todos estos resultados quedaron a final de cuentas en el aire. Todavía hay muchas irregularidades que el IPAB no ha podido arreglar. Lo ha dejado por intereses y por contubernio para solapar situaciones de irregularidad en el manejo del IPAB.

Entonces yo sí quisiera, también, que en esta comisión el resultado fuera objetivo, profesional, pero que también tuviera una situación vinculatoria para que sirva de base para lo que pueda proceder más adelante.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante diputada Claudia Cruz, por favor.

La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago (desde la curul): Gracias, diputado, ¿usted sí sabe que las comisiones de investigación de esta Cámara de Diputados funcionan, sobre todo, cuando las instituciones no están funcionando, cuando la Procuraduría General de la Repúblicano funciona, cuando la Secretaría de la Función Públicano funciona? ¿Y que al mismo tiempo estas comisiones permiten el equilibrio entre poderes para que no haya abuso de poder de uno a otro y, sobre todo, sobre los mexicanos y las mexicanas?

El diputado Javier González Garza: Sí, voy a empezar por la última pregunta. Efectivamente lo sé, tan lo sé que lo que empecé diciendo en mi intervención es que es una desgracia que el Congreso tenga que armar comisiones de investigación porque las instancias competentes no funcionan, y para nadie es un secreto que no sólo la Secretaría de la Función Pública, sino una serie de secretarías, en particular la PGR, que hemos llevado muchos casos a la PGR, tampoco están funcionando, porque se van tapando las cosas. Y me parece entonces que las comisiones del Congreso tienen esa posibilidad. Una posibilidad real para poder equilibrar la información.

Por otra parte, ¿por qué la comisión es así? En la Junta de Coordinación Política discutimos primero el número y entonces siempre hay una discusión entre si es plural o es representativa, y tenemos un acuerdo en general de que sean las dos cosas en lo posible.

¿Cuál fue? ¿Cómo se votó? Se votó que fuera de cinco. Al ser de cinco ya se tronó el asunto. ¿Por qué? Porque va a haber partidos que no están, porque somos ocho. Entonces, al ser de cinco, lo que se hizo fue, dos del PAN, uno del PRD, uno del PRI y uno de los otros partidos.

Entonces, sé que no es representativa, no están todos los partidos, pero así fue como se resolvió. Nos podríamos seguir discutiendo si por qué nosotros tenemos sólo 20 por ciento de la representación y no 25. Pero la verdad, en mi opinión, es que lo más importante es que la comisión trabaje profesionalmente, porque en mi opinión, sin hacer acusaciones, hay mucha tela de donde cortar allá adentro.

Luego, claro, el Fobaproa y el IPAB, esas irregularidades, esta comisión como tal... ya voy, no se pongan así, chingao, pues si ya voy. Pues ya no pregunten, ya voy.

El problema es que la comisión de investigación efectivamente no es vinculatoria, pero puede sacar a la luz y llevar a las instancias pruebas contundentes si es que las encuentra y, por tanto, es muy importante.

Entonces, me parece que el objetivo de la comisión debe ser ése. Entonces, compañera Presidenta, terminando, me parece, ojalá que esta discusión nos dé pie para resolver problemas de fondo, que tienen que ver con los cambios estructurales del Estado mexicano, en donde podamos hacer acuerdos para resolverlos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Javier González Garza. Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la propuesta.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la propuesta.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado. Comuníquese.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se acaban de recibir dos comunicaciones de la Cámara de Senadoresque contienen proposiciones con punto de acuerdo relativas a que se asignen mayores recursos federales en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Antonio Mejía Haro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 se etiqueten recursos fiscales a la rama productiva de chile seco en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, el que se anexa.

«El suscrito, senador Antonio Mejía Haro, integrante el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del Senado de la República y conforme a lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, por el que el Senado de la República exhorta la honorable Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se etiqueten recursos fiscales a la rama productiva del chile seco en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El chile es originario de México, junto con el maíz y el frijol; fue base de la alimentación de las culturas mesoamericanas. Actualmente sigue siendo uno de los cultivos más importantes en la agricultura de riego del país. Los chiles secos representan aproximadamente 40 por ciento de los chiles que se cultivan. Por su aportación en la producción de este tipo de chiles destacan los estados de la región centro-norte: Zacatecas, con 52 por ciento; San Luis Potosí, 23 por ciento; Chihuahua, 10 por ciento; Durango, 9 por ciento; Jalisco, 4 por ciento; y Querétaro y Nayarit, con 1 por ciento, respectivamente.

En 2003 se cosecharon 51 mil 354 hectáreas de chiles secos, con una producción de 77 mil 988 toneladas, con un rendimiento de 1.52 toneladas por hectárea y un valor de mil 997 millones de pesos.

La importancia económica y social del cultivo del chile seco radica en su elevada participación en el valor de la producción agrícola regional. Por ejemplo, para Zacatecas representa 35 por ciento del PIB agrícola. De igual manera, este cultivo representa una de las principales fuentes de empleo en el medio rural, ya que se requieren 150 jornales por hectárea.

Igual que en otros sistemas-producto, los productores de chiles secos enfrentan problemas por falta de recursos económicos; altos costos de los insumos, como semillas, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, diesel y energía eléctrica. Asimismo, enfrentan problemas fitosanitarios, y carencia de asistencia técnica, de crédito y de comercialización, debido a las importaciones indiscriminadas, irregulares y desleales provocadas por el contrabando técnico y bronco, así como por las triangulaciones de chile seco procedente de China y de Perú, vía Estados Unidos de América para no pagar aranceles.

Otra situación que debe considerarse es que países como Perú, por sus ventajas agroclimáticas, tienen rendimientos de 6 toneladas por hectárea, cuando en México los rendimientos promedio son de 1.6 toneladas. Además, la mano de obra en Perú y en China es más barata que en México.

Para mejorar la competitividad de esta rama productiva es importante incrementar los rendimientos unitarios, bajar costos de producción, mejorar la calidad y dar valor agregado al producto.

Para ello se requiere el apoyo de los gobiernos federal y estatal para que, junto con los productores, resuelvan el problema de las importaciones desleales, mejoren los canales de comercialización y el manejo poscosecha para una mejor presentación y empaque, y dar valor agregado mediante la agroindustria y diversificación de productos. De igual manera, para implantar programas de combate de plagas y enfermedades, asistencia técnica, mecanización y de tecnificación del riego, entre otras acciones.

Compañeras senadoras y senadores: Es necesario poner la atención debida a este cultivo ya que, de no hacerlo, desaparecerá en tan sólo unos años, como ha sucedido con otros.

Por ello consideramos necesario que en el PEF de 2008 se etiqueten recursos fiscales a esta rama productiva, dirigidos a implantar acciones como las referidas, lo cual permita mejorar la productividad y competitividad de nuestros productores de chiles secos.

Por lo mencionado, someto a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta a la honorable Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se etiqueten recursos fiscales a la rama productiva del chile seco en el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, el senador José Luis García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a evaluar la posibilidad de asignar mayores recursos federales al estado de Quintana Roo en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

« Ayer se celebró un aniversario más de la declaración del estado de Quintana Roo como entidad libre y soberana de nuestra república.

El 8 de octubre de 1974 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que dejó atrás para siempre el estatus de simple territorio federal y dio paso a la constitución de Quintana Roo como un nuevo estado, al cumplir a cabalidad con todos los meritos políticos, económicos y administrativos, así como con todos los requisitos legales establecidos en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Hogar de numerosos grupos indígenas y cuna de importantes pueblos originarios; región de raíces indiscutiblemente mayas. Lugar lleno de historia, tradición e identidad.

Ubicación geográfica privilegiada y tesoros marinos y forestales inigualables.

Todos ellos, elementos fundamentales que convierten a Quintana Roo en uno de los estados de la República Mexicana con mayor diversidad cultural y riqueza natural.

Ahora bien, la trascendencia del estado de Quintana Roo va mucho más allá de su esencia prehispánica.

En nuestros días, Quintana Roo se ha consolidado como uno de los estados más importantes para la economía nacional, ocupando el primer lugar nacional en cuanto a tasa media de crecimiento, así como en tiempo de duplicación de la población, siendo uno de los tres estados que contribuyen con el 41 por ciento del producto interno bruto total nacional.

En efecto, Quintana Roo, Campeche y Baja California Sur se han colocado como tres de las 20 regiones con mayor crecimiento al interior de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), impulsadas por el aumento de su población, el incremento de la tasa de empleo y el nivel de especialización, principalmente en áreas ligadas al turismo.

Desafortunadamente, y pese a lo positivo del diagnóstico anterior, el crecimiento económico de Quintana Roo no ha sido acompañado por niveles de desarrollo que permitan que el bienestar llegue a la gente.

Fuera del complejo turístico de Cancún, las colonias donde viven los trabajadores, que son quienes hacen posible que la industria y la economía funcionen, no tienen los servicios urbanos necesarios y viven en verdaderas condiciones de marginación y pobreza.

Adicionalmente, tan sólo en las dos últimas décadas las migraciones desde los estados vecinos de Yucatán y de Campeche, así como el crecimiento natural han propiciado un incremento substancial de la población maya que habita en Quintana Roo, no sólo en la región maya, sino especialmente en los centros turísticos y en las ciudades, planteando nuevos retos al combate a la marginación socioeconómica que padece la población indígena de Quintana Roo, y derivando en legítimos reclamos de respeto a la cultura y a las formas de organización tradicionales que aún subsisten.

En suma, la población del estado de Quintana Roo crece a más del doble del promedio nacional, y factores como la migración interna y una tasa alta de natalidad en las comunidades indígenas, vuelven cada vez más difícil satisfacer las necesidades básicas de los quintanarroenses.

Si a lo anterior agregamos la concentración sectorial y el hecho de que el turismo aporte el 95 por ciento del producto interno bruto de Quintana Roo, entonces entenderemos por qué es importante y urgente impulsar la inversión en infraestructura y servicios básicos en todos y cada uno de los municipios de la entidad.

Quintana Roo es uno de los ejemplos más significativos de las disparidades propiciadas por el injusto e inequitativo sistema federal vigente en nuestro país.

La disparidad entre la contribución de Quintana Roo al producto interno bruto nacional y la cantidad de recursos que la federación asigna anualmente a la entidad sólo abona a incrementar la desigualdad y atenta de manera flagrante en contra del desarrollo y el bienestar de sus habitantes.

Por ello, con motivo de la conmemoración de un aniversario más del triunfo del movimiento cívico gestado a favor de la autonomía de Quintana Roo, he hecho uso de la tribuna con el único objeto de compartir con ustedes estas reflexiones sobre mi estado natal. Una entidad noble y solidaria, que sin duda forma parte fundamental del patrimonio de todas y todos los mexicanos.

Por todo lo anteriormente expuesto y en estricto apego a los principios de justicia y equidad que deben dar sustento a nuestro régimen federal, me permito someter a su amable consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados, a efecto de que en el ejercicio de sus facultades constitucionales en materia presupuestal, evalúe la posibilidad de asignar mayores recursos federales al estado de Quintana Roo, en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, tomando en cuenta su tasa de crecimiento poblacional y su aportación al producto interno bruto nacional, así como la dimensión y las características de las necesidades elementales de los quintanarroenses.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ZONAS CON SINIESTRALIDAD RECURRENTE

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió del diputado Antonio Medellín Varela, del Grupo Parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públicaincremente para el ejercicio fiscal de 2008 los recursos asignados al programa de Agricultura Sostenible en Zonas con Siniestralidad Recurrente (Piasre).

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que incremente para el ejercicio fiscal de 2008 los recursos asignados al Programa de Agricultura Sostenible en Zonas con Siniestralidad Recurrente, a cargo del diputado Antonio Medellín Varela , del Grupo Parlamentario del PAN Considerando

Que de la totalidad del territorio nacional el 53.95 por ciento esta formado por zonas áridas, semiáridas o subhúmedas secas, donde las precipitaciones son escasas y erráticas, y el potencial para realizar actividades agrícolas productivas es extremadamente bajo, ya que de cada una de 10 cosechas solamente se logra recoger una satisfactoriamente.

Son un millón 56 mil 830 kilómetros los que presentan este panorama en el que la productividad va de escasa a nula, situación que propicia la falta de arraigo de los ciudadanos de estas regiones de nuestro México, esta situación la vemos reflejada con la emigración anual de alrededor de 400 mil mexicanos originarios de las áreas rurales, con la intención de encontrar una mejor futuro, tanto a los centros de población urbanos como a Estados Unidos de América.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación define la desertificación como ``el conjunto de factores geológicos, climáticos, biológicos y humanos que provocan la degradación de la calidad física y biológica de los suelos de las zonas áridas y semiáridas, poniendo en peligro la biodiversidad natural y la supervivencia de las comunidades humanas''. La desertificación es un efecto progresivo del cambio climático.

Pero el principal problema es sin duda el ambiental, presentado en estas áreas territoriales por la erosión y deforestación, que desgastan las mencionadas superficies territoriales y dejan una tierra muerta. No permitamos que el desierto nos gane la tierra productiva.

El suelo es el principal activo de un país; sin él no hay vegetación, sin ésta difícilmente hay agua de lluvia y sin esta última sólo tenemos miseria.

Los territorios muertos son fuente de pobreza y desesperanza para millones de mexicanos.

La pérdida de los suelos productivos de nuestro país se incrementa año con año; 100 mil hectáreas se abandonan anualmente a causa de los suelos improductivos; se deforestan de 300 a 500 mil hectáreas en este mismo periodo, el 85 por ciento de los predios ganaderos son afectados por el sobrepastoreo, además de la sobreexplotación de recursos forestales no maderables.

Actualmente es aplicado por parte de la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagaqrpa), el Programa Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva en Zonas de Siniestralidad Recurrente, que opera e implanta sus acciones con base en planes rectores, los cuales son realizados sobre un estudio de las condiciones específicas de cada una de las microcuencas o regiones.

Éste es uno de los pocos programas que consideran acciones directas y prácticas para la preservación de los recursos naturales, siendo hasta la fecha el complemento ideal para las acciones realizadas por la Comisión Nacional Forestal.

El modelo de inversión estratégico para prevenir, proteger, conservar y restaurar los suelos se divide entre las siguientes áreas de acción:

El presupuesto asignado a este programa para el 2007 fue de 468.1 millones de pesos, que si los dividimos entre los 28 estados en los cuales aplica el programa que nos ocupa obtenemos la cantidad de 16.7 millones de pesos, que de ser aplicada anualmente en esta misma proporción resulta a todas luces insuficiente para abatir el enorme reto que representa combatir la pérdida de nuestros suelos productivos.

Para tener resultados tangibles en esta lucha contra el desierto es necesario acelerar el trabajo a partir del siguiente ejercicio presupuestal; los efectos positivos en el campo mexicano serán tangibles en un periodo de entre 10 y 20 años.

Es importante que se apliquen acciones preventivas en las zonas de alta siniestralidad dirigidas hacia una reconversión territorial, con la consecuente elevación en la producción y los niveles de vida e ingreso per capita en cada una de las comunidades que, al día de hoy se encuentran en serio riesgo.

Es por esto que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y con la plena convicción de mejorar las condiciones de nuestro campo mexicano, propongo al Pleno de la Cámara de Diputados la adopción del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Solicitar a la comisión de presupuesto y cuenta pública que se incrementen los recursos asignados al Programa de Agricultura Sostenible en Zonas con Siniestralidad Recurrente, implantado por la Sagarpa-Conaza para el ejercicio fiscal 2008 en 2 mil 143 millones de pesos, que serán aplicados en inversiones a mejoras territoriales, manejo integral de agostaderos, reconversión productiva e infraestructura de apoyo contra la desertificación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

TIBURON BLANCO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió del diputado Diego Cobo Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, punto de acuerdo relativo al aprovechamiento no extractivo de tiburón blanco en Isla de Guadalupe.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Proposición con punto de acuerdo, relativo al aprovechamiento no extractivo de tiburón blanco en Isla de Guadalupe, a cargo del diputado Diego Cobo Terrazas , del Grupo Parlamentario del PVEM

Diego Cobo Terrazas , diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 4, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 20, 23, y 25 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59, y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones jurídicas aplicables, se permite someter ante esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, solicitando el mismo sea considerado como de urgente y obvia resolución debido a la gravedad de la problemática que entraña, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El gran tiburón blanco (Carcharodon carcharias ) es una especie de tiburón lamniforme que se encuentra en las aguas cálidas y templadas de casi todos los océanos. Esta especie es la única que sobrevive en la actualidad del género Carcharodon.

Los tiburones blancos se caracterizan por su cuerpo fusiforme y gran robustez, en contraste con las formas aplastadas que suelen lucir otros tiburones. El morro es cónico, corto y grueso; en su punta se concentra una gran cantidad de terminaciones nerviosas, hecho que se manifiesta en algunos ejemplares a través de numerosos lunares en la nariz, y que en caso de ser golpeado con fuerza puede hacer huir al tiburón. La boca, muy grande y redondeada, tiene forma de arco o parábola con dos hileras de dientes principales, y dos o tres más en continuo crecimiento que suplen la frecuente caída de dientes con otros nuevos y se van reemplazando por nuevas hileras a lo largo de los años.

Los orificios nasales (narinas) son muy estrechos, mientras que los ojos son pequeños, circulares y completamente negros. En los costados se sitúan cinco hendiduras branquiales, dos aletas pectorales bien desarrolladas y de forma triangular y otras dos, cerca de la aleta caudal, mucho más pequeñas. La caudal está muy desarrollada, al igual que la gran aleta dorsal de su lomo, de forma inconfundible para cualquiera. Otras dos aletas pequeñas (segunda dorsal y anal) cerca de la cola, completan el aspecto de este animal.

Sin embargo, pese a que por sus características físicas el tiburón blanco es considerado como un gran depredador que se distribuye en gran parte de los océanos del mundo, su escaso potencial reproductivo lo hace una especie vulnerable, basta mencionar que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (IUCN por sus siglas en ingles), ha detallado que la abundancia en las poblaciones de tiburón blanco, así como la talla de esta especie, ha declinado en últimos años ¹ , estimando que de seguir esta tendencia su viabilidad podría estar en grave riesgo.

No obstante lo anterior existen pocos lugares en el mundo cuyas características ambientales son tan particulares que cuentan con poblaciones tan grandes de tiburones blancos que sobre pasan el promedio, estos lugares han sido fácilmente denominados como ``santuarios de tiburón blanco''. México tiene la fortuna de que dentro de su mar territorial se localice uno de estos santuarios, particularmente en las costas de la isla Guadalupe.

Esta es una de las islas más extensas de México, ya que cuenta con una superficie aproximada de 253.8 kilómetros cuadrados, se localiza a 241 kilómetros de la costa de la península de Baja California, en el océano Pacífico.

En isla Guadalupe también se ubica la colonia más grande de elefante marino (Mirounga angustirostris ) del Pacífico, una de las únicas poblaciones en el mundo de lobo fino de Guadalupe (Arctocephalus townsendl ), sirviendo también como un importante sitio de reproducción, refugio y alimentación de una gran variedad de especies de mamíferos marinos, aves acuáticas y peces.

Gracias a esta importante diversidad biológica, el 21 de abril de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de área natural protegida de esta isla bajo la categoría de ``Reserva de la Biosfera''.

Cabe señalar que la isla Guadalupe se encuentra prácticamente inhabitada, pues sólo se localiza una pequeña estación de investigación, un destacamento de la armada de México y una comunidad temporal de pescadores denominada Sociedad Cooperativa de Participación Estatal Abuloneros y Langosteros SCL, quienes se dedican primordialmente a la extracción de abulón, el cual es colectado de forma manual por buzos de dicha comunidad.

Sin embargo y como se ha mencionado con anterioridad, la ubicación geográfica de isla Guadalupe, el clima, sus aguas claras y abundantes poblaciones de mamíferos marinos, la han posicionado como uno de las lugares con mayor población de tiburones blancos del mundo, lo que ha traído como consecuencia que en los últimos años se haya desarrollado una gran actividad turística en sus costas, basada en la observación de estos peces.

Este tipo de actividades son en su mayoría realizadas por empresas turísticas que operan desde los Estados Unidos o Cabo San Lucas, en Baja California Sur, las cuales llegan a cobrar por sus viajes entre 2 mil 350 y 2 mil 900 ² dólares por persona, garantizando en sus paquetes, que van a poder observar tiburones blancos cazando en su estado natural, e incluso dando saltos junto a los turistas por encima del agua.

Así también se tiene conocimiento que existe un vínculo muy estrecho entre funcionarios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a cargo de la administración de la Reserva de la Biosfera de isla Guadalupe y los prestadores de servicios turísticos para facilitarles la obtención de autorizaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la observación de tiburones.

Asimismo las técnicas que utilizan para atraer a los tiburones a sus embarcaciones ponen el riesgo el equilibrio ecológico de la zona, ya que todos los observadores utilizan sanguaza para atraer a los tiburones y carnada para verlos comer, cabe señalar que esta sanguaza esta compuesta por sangre de diversos animales pudiendo ser de pescado, aves o mamíferos sacrificados en rastro, y en algunos casos con restos de viseras.

En algunos casos estas embarcaciones derraman la sanguaza en la noche, para que la esencia permanezca en el mar y al día siguiente aseguren a los turistas la presencia de tiburones blancos alrededor de estos. Otro de sus métodos --aunque utilizado en menor medida-- es el uso de señuelos con forma de pinnípedo (lobo, foca o elefante marino), combinado con grasa de mamífero marino, situación que a todas luces es violatoria de la legislación penal federal.

Si consideramos que por su naturaleza, el olfato de estos animales es tan potente que la presencia de una sola gota de sangre a kilómetros de distancia sirve para atraerlos, al tiempo que se vuelven mucho más agresivos, resulta totalmente lógico que en los últimos años se haya reportado que el uso de la sanguaza ha sido tan indiscriminado que es muy común que los tiburones de la región lleguen a tales niveles de modificación de conducta natural, debido a la excitación que produce esta liberación de sanguaza a su medio, y ataquen excesivamente a los mamíferos marinos que habitan la zona.

En este sentido la sobreexcitación de los tiburones también genera un gran riesgo para los pescadores de abulón y langosta de la cooperativa, ya que como se menciono realizan su trabajo manualmente. De hecho, se conoce que recientemente algunos buzos de abulón han muerto y se tienen dudas fundadas de que su muerte haya estado relacionada con la presencia de tiburón blanco, en coincidencia con barcos que los azuzan. Adicionalmente, tenemos conocimiento de que a principios de septiembre una embarcación acudió a la isla a realizar el avistamiento de tiburón blanco llevando consigo dos jaulas sumergibles, y que la cantidad de sanguaza vertida en el mar para atraer a los tiburones blancos fue tal, que un tiburón blanco que emergió, lo hizo con tal fuerza y excitación, resultado de la sanguaza, que golpeo violentamente con una de las jaulas sumergibles para después caer al fondo del mar, posiblemente lesionado de muerte.

Además de esto en la isla Guadalupe la mayoría de los observadores se fondean al norte de la isla, cerca de las colonias de elefante marino, muy lejos de la vigilancia del destacamento de la Armada. Estas actividades se realizan no pocas veces disfrazadas de actividades de pesca deportiva. Así, existe poca o nula vigilancia costera en la isla. Quienes se dan cuenta de la presencia de estos barcos son los propios pescadores de la isla. Sin embargo, debido a que en la isla está prohibida la introducción de alcohol y hay cierta escasez de víveres, golosinas, entre otros, se ha propiciado un problema de tráfico de alcohol e incluso de estupefacientes y víveres a cambio de abulón y langosta entre barcos de pesca deportiva u observadores de tiburón y los pescadores, situación que no existía antes o se daba con menor frecuencia.

Como he mencionado esta isla se encuentra decretada como área natural protegida, por lo que independientemente de las atribuciones de inspección y vigilancia que tiene la Secretaría de Marina, corresponde a la Comisión Nacional de Áreas Naturales protegidas su administración regulando en todo momento el tipo de actividades que dentro de su poligonal se realizan. Desafortunadamente se tiene presunciones fundadas de que personal de la comisión se encuentra incentivando la observación de tiburones blancos y por consecuencia consintiendo las prácticas de atracción con distintos tipos de sebo para estos peces, en algunos casos, coludiéndose directamente con los prestadores de servicios turísticos y tratando de interceder por ellos ante los pescadores de la cooperativa a fin de que estos eviten realizar sus actividades durante los días que los barcos acuden a la zona a realizar el vertimiento de sanguaza para la observación del tiburón blanco. Legisladores del Partido Verde Ecologista de México, contamos con información en este sentido que demuestra la participación en tales prácticas de la bióloga Rebeca Kobelkowsky quien es una de las encargadas del la Reserva de la Biosfera isla Guadalupe por parte de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas.

Derivado de todo lo anterior, resulta preocupante que los tiburones blancos estén cambiando sus conductas naturales, dentro de un área natural protegida, derivada del fomento de actividades de aprovechamiento no extractivo realizadas por quienes deberían de encargarse de preservar el entorno natural en su estado más silvestre. Esta situación es grave, toda vez que estos animales se hacen más agresivos, familiarizándose además las embarcaciones como fuente de alimento. Con esto, el riesgo para los pescadores crece, lo mismo que para elefantes marinos y el lobo fino de Guadalupe, especies que se salvaron de la extinción gracias a las políticas de conservación que el Ejecutivo impuso en el pasado y que debido a las actuaciones de la propia Conanp pudiera ponerse en riesgo todo lo que se ha logrado conservar hasta la fecha.

La pesca de abulón y langosta en la isla es una de las pesquerías más sustentables del país, con buenos rendimientos para los pescadores, por lo que no hay una necesidad apremiante de desarrollar actividades económicas alternas, que además generan graves daños al equilibrio ecológico de la zona y violentan el espíritu del decreto de la reserva.

Debo advertir que la sanguaza se podría considerar como un residuo peligroso e incluso potencialmente infeccioso, por o cual su nula regulación para su uso como atrayente, podría derivar en la propagación de virus o agentes patógenos que resulten potencialmente infectantes y perjudiciales para la fauna marina y terrestre de la región.

Finalmente quiero manifestar que la observación de tiburones no es la única actividad que genera un impacto negativo a este ecosistema, ya que la pesca recreativa también representa un impacto potencial, tengo conocimiento de que para realizar la pesca recreativa las embarcaciones compran permisos que la Comisión Nacional de Pesca expide en los Estados Unidos principalmente en San Diego y que generalmente no contemplan limitaciones para la realización de estas actividades dentro de las áreas naturales protegidas.

Es preocupante que para las embarcaciones que zarpan de puertos estadounidenses, realizan sus actividades en mar mexicano regresan a puertos estadounidenses, lo que trae como consecuencia que nunca toquen suelo mexicano, eludiendo los puestos inspección en México, ya que siempre permanece en alta mar.

Resulta reprobable que el gobierno mexicano no actué enérgicamente contra estas actividades; no es posible que embarcaciones mexicanas y menos extranjeras, realicen este tipo de actividades dentro de un área natural protegida provocando un grave daño al equilibrio de nuestros ecosistemas, poniendo en riesgo a pescadores mexicanos, recibiendo no solo la venia, sino el total apoyo de algunas autoridades mexicanas, que en teoría son las principales responsables de la conservación de nuestros ecosistemas; por esto el suscrito diputado a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, me permito someter a la consideración del Pleno, para su turno y en su caso, aprobación la siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Esta LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que no autorice aprovechamientos no extractivos para el avistamiento de tiburón blanco en la Reserva de la Biosfera de ``isla Guadalupe'', en tanto no se determine sí estas prácticas modifican la conducta de esta especie generando un riesgo para su población, la fauna marina de la región y los pescadores locales.

Segundo. Esta LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que por medio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente realice operativos en altamar, en coordinación con al Secretaría de Marina, a fin de vigilar que las embarcaciones que acuden a la Reserva de la Biosfera de Isla Guadalupe cumplan la normatividad ambiental en la materia, así como respeten las restricciones establecidas en el decreto por el que se declara área natural protegida, con la categoría de Reserva de la Biosfera, la zona marina y terrestre que incluye a la Isla Guadalupe, de jurisdicción federal, así como a las demás superficies emergidas que se encuentran dentro de la misma, localizada en el Océano Pacífico, frente a la costa de la Península de Baja California.

Notas: 1) Red List of the International Union for Conservation of Nature or Natural Resources. 2) Club Cantamar Liveabord trips.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCION

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió punto de acuerdo suscrito por integrantes de la Comisión Especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución, por el que se exhorta a los Congresos locales de los estados a que designen una comisión homóloga para impulsar la celebración de los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a designar una comisión homóloga para impulsar los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución

Los suscritos diputados Jorge Godoy Cárdenas , Emilio Ulloa Pérez y la María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil , a nombre de todos los integrantes de la Comisión Especial de Apoyo a los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana de la LX Legislatura, con fundamento en lo estipulado por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

En el año 2010, los mexicanos tendremos un año, donde celebraremos los dos movimientos más importantes de nuestra historia.

Es en ese año, cuando celebraremos todos los mexicanos el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, respectivamente.

Ambos acontecimientos nos invitan a todos a hacer un alto en nuestra historia. Un alto donde la reflexión y preparación nos ayuden a definir cómo y de qué manera queremos celebrar estas festividades. Lo anterior no puede ser al azar, sino que debe de tener como eje central la unidad que permita a todos los mexicanos, darnos cuenta del país que deseamos para el futuro.

Por lo anterior, el 19 de junio de 2006, el entonces presidente Vicente Fox Quezada, instaló formalmente la Comisión Organizadora para la Conmemoración del 2010: Año del Bicentenario del Movimiento de la Independencia Nacional y Año del Centenario de la Revolución Mexicana, y designó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, como presidente de dicha comisión.

Después de la renuncia del ingeniero Cárdenas en marzo de 2007, el presidente Felipe Calderón asumió de manera personal la titularidad de la comisión organizadora de los festejos, recayendo los trabajos en una coordinación ejecutiva del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, por medio de su titular, el maestro Sergio Vela.

El 17 de septiembre del año en curso, el gobierno federal convocó a los mexicanos a celebrar con miles de actos en todo el país, el bicentenario de la Independencia (1810) y el centenario de la Revolución (1910-1917), designando al doctor Rafael Tovar y de Teresa como coordinador de esas actividades.

El Poder Legislativo, por su parte a través del honorable Congreso de la Unión declaro el 2010 como ``Año del Bicentenario del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del Inicio de la Revolución Mexicana'', publicado en el Diario Oficial, el 16 de junio de 2006.

En el marco de la conmemoración del bicentenario del inicio de la guerra de Independencia y el centenario del inicio de la Revolución Mexicana, a celebrarse en el año 2010, la junta de coordinación política de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, consideró oportuno proponer al Pleno, la creación de una comisión especial, que permita la participación activa y coordinada, con las autoridades federales, estatales, municipales, instituciones educativas y organizaciones civiles encargadas de organizar dichos festejos.

El 29 de marzo de 2007, se instaló formalmente la Comisión Especial de Apoyo a los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, integrada por 15 diputados de los diferentes grupos parlamentarios representados en esta Cámara: seis del GPPAN, cuatro del GPPRD, y tres del GPPRI y uno por los grupos parlamentarios del PVEM y de Convergencia.

Esta comisión definió como misión ``Fomentar la unidad de los mexicanos, a través de las celebraciones de los movimientos de Independencia y de la Revolución, para que fortalezca los valores que han forjado nuestra identidad nacional''.

La visión que se definió para realizar sus trabajos es ``que el Poder legislativo impulse y motive a que cada mexicano, para que se sienta orgulloso de su historia, aprendiendo de su pasado, para hacer crecer el futuro de nuestra nación''.

Dentro de los objetivos trazados por la misma es el de ``establecer vínculos de coordinación y cooperación con los Poderes Ejecutivo, Judicial, autoridades estatales, municipales, instituciones educativas y organizaciones civiles encargadas de dichos festejos''.

Con base en estos planteamientos, es de suma importancia que todos los estados se sumen a estos festejos. Un medio indiscutible es a través de los Congresos locales. Cada uno, representante de su estado, tiene una gran riqueza histórica y cultural.

Cada uno de estos Congresos tienen mucho que aportar, sus tradiciones locales, sus hombres y mujeres que participaron en ambos movimientos con sus talentos. La suma de los Congresos locales en estos trabajos sería una muestra palpable, que más allá de nuestras posibles diferencias, nos une nuestra historia y que todos podemos caminar en el mismo sentido, a favor de nuestra nación.

Cada Congreso local tiene mucho que hablar, tiene mucho que compartir, tiene mucho que enseñar a favor de los mexicanos.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Unico. Se exhortar a los Congresos locales de los estados a que designen una comisión homologa, para impulsar y apoyar los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

ALHONDIGA DE GRANADITAS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió punto de acuerdo suscrito por integrantes de la Comisión Especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución, por el que se exhorta al INAH para que, en coordinación con el gobierno del estado de Guanajuato, trabajen para que la Alhóndiga de Granaditas se convierta en el Museo Nacional de la Independencia.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INAH a trabajar con el gobierno del estado de Guanajuato para que la alhóndiga de Granaditas se convierta en museo nacional de la Independencia, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución

Los suscritos diputados federales, Margarita Arenas Guzmán y Martín Stefanonni Mazzocco , en nombre de los integrantes de la Comisión Especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana de la LX Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la honorable asamblea el presente punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La alhóndiga de Granaditas es un antiguo almacén de grano ubicado en la ciudad mexicana de Guanajuato. Este edificio histórico fue construido como reemplazo de una edificación de ese tipo situada junto al río de la ciudad. Se construyó entre los años 1798 y 1809, por órdenes de Juan Antonio de Riaño y Bárcena, español peninsular que era el intendente de la ciudad en la época del Virreinato de la Nueva España.

La palabra ``alhóndiga'' proviene del árabe y significa almacén de granos. Originalmente este bello edificio fue construido para albergar los granos de la comunidad, ya que Guanajuato era considerada eminentemente una ciudad minera y por la naturaleza de su topografía no podía producir sus alimentos; de ahí la importancia de la alhóndiga.

Se le llamó ``alhóndiga de granaditas'' debido a que la construcción fue edificada sobre los terrenos de una hacienda donde había muchos árboles de granada.

Edificio del siglo XVIII construido con cantera tallada y mampostería, almacén de granos en el último periodo de la Colonia Española y escenario de una de las batallas más importantes de la Guerra de Independencia en el siglo XIX.

La historia se da cuando las tropas insurgentes de Miguel Hidalgo y Costilla amenazaron con tomar la ciudad de Guanajuato en la Guerra de Independencia de México; Riaño se hizo fuerte en la alhóndiga el 28 de septiembre de 1810, junto con muchos españoles peninsulares, algunos criollos ricos y la guarnición militar destacada en Guanajuato.

Riaño creía que la fortaleza del edificio y su ubicación haría muy fácil repeler los ataques de los mexicanos. Las fuerzas de Riaño resistieron inicialmente la invasión, mas el pueblo se posesionó de los cerros que dominaban la Alhóndiga y comenzaron a lanzar piedras. Riaño murió como consecuencia de este ataque.

Debido a la imposibilidad de penetrar las puertas de la alhóndiga, que estaban muy bien construidas, se propuso quemar la puerta oriente para que las tropas insurgentes pudieran entrar a atacar a los realistas.

Fue un minero guanajuatense, Juan José Martínez, alias El Pípila, el asignado a ésta tarea. Era un hombre extraordinariamente fuerte para una persona de su tamaño, debido a su trabajo como barretero de la mina de Mellado.

El Pípila se colocó una losa de cantera sobre la espalda para repeler la lluvia de balas y piedras, se acercó a la puerta oriental, la untó con petróleo y otras grasas, y le aplicó una tea encendida; en poco tiempo la puerta ardió y los mexicanos insurgentes penetraron al edificio. La mayor parte de los españoles que se refugiaban en la alhóndiga murieron; para el final del día cientos de cadáveres fueron enterrados.

La alhóndiga de Granaditas alberga desde 1958 el Museo Regional de Guanajuato, considerado como uno de los más grandes y ricos de la república, toda vez que cuenta con un acervo inventariado de nueve mil 275 objetos de gran valor histórico y cultural.

En sus 18 salas de exposición, 15 permanentes y tres temporales, se exhiben lo mismo piezas arqueológicas prehispánicas y objetos históricos de la Colonia y la época de la Independencia que muestras de pintura, escultura, fotografía, cerámica, mineralogía, producción industrial antigua y artesanías, además de que cuenta con auditorio, biblioteca, librería, hemeroteca, fototeca, archivo y tienda de publicaciones.

La alhóndiga de Granaditas, además de su riqueza actual como museo, es un lugar de conocimiento popular y representa uno de los hechos históricos que permanece en la mente de cada mexicano. El Pípila es inclusive un sobrenombre que forma parte de nuestros diálogos populares y que ha sido usado por generaciones. Ambos son ya parte, de la cultura popular de los mexicanos.

Este monumento, junto con la riqueza de su historia y el arraigo que tiene con todos los mexicanos, es idóneo para ser considerado museo nacional, por su representación histórica y porque se encuentra dentro del marco de la conmemoración del bicentenario del inicio de la guerra de Independencia y el centenario del inicio de la Revolución Mexicana, por celebrarse en el año 2010.

Esta celebración no podía pasar inadvertida para la Cámara de Diputados, que a través de la Junta de Coordinación Política de su LX Legislatura consideró oportuno proponer al Pleno la creación de una comisión especial que permita la participación activa y coordinada, con las autoridades federales, estatales, municipales, instituciones educativas, organizaciones civiles, encargadas de organizar dichos festejos.

El 29 de marzo de 2007 se instaló formalmente la Comisión Especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución, integrada por 15 diputados de los diferentes grupos parlamentarios.

Dentro de los objetivos de la comisión de la actual legislatura está generar todas aquellas acciones que permitan poner los cimientos de los festejos para el 2010 y establecer vínculos de coordinación y cooperación con los poderes Ejecutivo, Judicial, autoridades estatales, municipales, instituciones educativas y organizaciones civiles, encargadas de dichos festejos.

La alhóndiga de Granaditas, sin duda es muestra de valor y decisión de entrega y coraje y sobre todo de una lucha donde la unidad fue fundamental para poder lograr el objetivo trazado. Esa unidad es la que hoy nos permite seguir de pie, trabajando por el México que todos deseamos y queremos.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhortar al INAH a trabajar en coordinación con el gobierno del estado de Guanajuato para que la alhóndiga de Granaditas se convierta en museo nacional de la Independencia.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura.

BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCION

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió punto de acuerdo suscrito por integrantes de la Comisión Especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exterioresy a las Comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y del Senado a que incluyan el tema de los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana dentro de sus agendas y encuentros internacionales.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE y a las Comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y del Senado a incluir en sus agendas y encuentros internacionales el tema de los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de apoyo a los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución

Los suscritos diputados federales Alan Notholt Guerrero , Samuel Aguilar Solís y Carlos Bracho González, a nombre de todos los integrantes de la Comisión Especial de Apoyo a los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana de la LX Legislatura, con fundamento en lo estipulado por los artículos 58 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

El 19 de junio de 2006, el entonces presidente Vicente Fox Quezada, instaló formalmente la Comisión Organizadora para la Conmemoración del 2010: Año del Bicentenario del Movimiento de la Independencia Nacional y Año del Centenario de la Revolución Mexicana, y designó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, presidente de dicha comisión.

Después de la renuncia del ingeniero Cárdenas, en marzo de 2007, el ejecutivo asumió de manera personal la titularidad de la comisión organizadora de los festejos, recayendo los trabajos en una coordinación ejecutiva que asumió el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, por medio de su titular, el maestro Sergio Vela.

El 17 de septiembre del año en curso el gobierno federal convocó a los mexicanos a celebrar con miles de actos en todo el país el bicentenario de la Independencia (1810) y el centenario de la Revolución (1910-1917), designando al doctor Rafael Tovar y de Teresa como coordinador de esas actividades.

El Poder Legislativo, por su parte, a través del honorable Congreso de la Unión, declaró el 2010 como ``Año del bicentenario del inicio del movimiento de Independencia nacional y del centenario del inicio de la Revolución mexicana'', publicado en el Diario Oficial, el 16 de junio de 2006.

En el marco de la conmemoración del bicentenario del inicio de la guerra de Independencia y el centenario del inicio de la Revolución mexicana, a celebrarse en el año 2010, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, consideró oportuno proponer al pleno la creación de una comisión especial que permitiera la participación activa y coordinada de las autoridades federales, estatales, municipales, instituciones educativas y organizaciones civiles encargadas de organizar dichos festejos.

El 29 de marzo de 2007 se instaló formalmente la Comisión Especial de Apoyo a los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, integrada por 15 diputados de los diferentes grupos parlamentarios representados en esta Cámara: seis del PAN, cuatro del PRD, y tres diputados del PRI, así como uno por grupos parlamentarios del PVEM y de Convergencia.

Dentro de los objetivos de la comisión está ``generar una mayor cercanía con los pueblos hermanos de Latinoamérica, en un ambiente de respeto y cooperación mutua''.

Acorde a los anterior, el 26 de julio del presente, en Viña del Mar, Chile, se concretó el acuerdo en el marco de la X Conferencia Iberoamericana de Cultura, donde representantes de México, Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Chile, que asistieron a la cita ministerial, firmaron una carta de intenciones para celebrar de manera conjunta, los doscientos años de su independencia.

Los siete países se comprometieron a ``promover la realización de actividades conjuntas'' y a potenciar la creación o fortalecimiento de institucionalidades específicas en cada país que se dediquen a conmemorar sus aniversarios de independencia. Las siete naciones latinoamericanas, que celebran el bicentenario de su independencia entre los años 2009 y 2010, convinieron organizar actos conjuntos conmemorativos y celebraciones, así como elaborar publicaciones conjuntas.

Los siete países acordaron también ``coordinar actividades políticas, económicas, sociales y culturales relativas al bicentenario que involucren la participación de sus provincias''.

En este mismo ánimo, el presidente del gobierno español, José Luís Rodríguez Zapatero aseguró que ``España quiere estar con humildad al lado de México y de todos los países latinoamericanos en la conmemoración del bicentenario, una humildad no exenta de compromiso, una humildad comprometida ante todo con el futuro''.

Esta ocasión debemos verla como la gran oportunidad de fortalecer los lazos que México tiene con todos los pueblos al sur del continente.

La lengua, nuestras tradiciones, nuestras historias y leyendas, forman ese gran mosaico de riqueza que cada país y pueblo hermano tiene para compartir y mostrar. América es el continente que transmite a través de su gente la esperanza de un mejor porvenir, la esperanza de mejores días para todos.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y Senadores, para que incluyan el tema de los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución mexicana, dentro de sus agendas y encuentros internacionales.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

ESTADO DE VERACRUZ

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió del diputado Celso Pulido Santiago, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación y al Congreso local que revisen el posible desvió de recursos públicos federales en el reciente proceso electoral del estado de Veracruz.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF y al Congreso local que investiguen el posible desvío de recursos públicos federales en el reciente proceso electoral del estado de Veracruz, a cargo del diputado Celso Pulido Santiago, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, en calidad de urgente resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 2 de septiembre se realizaron en el estado de Veracruz elecciones para renovar autoridades municipales y a los diputados del Congreso del Estado.

Dicha elección estuvo plagada por un cúmulo de irregularidades a los diversos ordenamientos jurídicos en materia electoral.

El gobernador del estado Fidel Herrera Beltrán, orquestó y comandó el fraude electoral cometido el 2 de septiembre, desde la implantación de la campaña Fidelidad por Veracruz , mediante la cual utilizó los recursos públicos del gobierno del estado, para favorecer de manera indiscriminada a los candidatos de su partido. Con este uso faccioso de recursos, los resultados de las elecciones fueron atípicos, pues la autoridad electoral del estado de Veracruz fue omisa ante el cúmulo de irregularidades durante el proceso electoral y la jornada del domingo.

Es evidente, que el gobernador utilizó los peores vicios de ``mapachería'' electoral para favorecer a su partido. El reparto de despensas, dinero, útiles escolares, fueron repartidos para influir decisivamente en el sufragio libre de los electores.

Además, el reparto con tintes partidistas de la ayuda para los damnificados del huracán Dean que afectó gran parte del territorio del estado a través de la campaña Fidelidad por Veracruz , fue un factor determinante para ayudar a la causa del gobernador y de su partido, fue una elección de Estado, de carro completo, al viejo estilo del fraude electoral.

Con todas estas irregularidades, es claro que la utilización de recursos públicos a fines diferentes para los que fueron presupuestados, tuvo como resultado la desaparición de la equidad en la contienda electoral. El gobernador fue el jefe de la campaña priista en Veracruz. El avance democrático que se venía observando, queda borrado por las actitudes autoritarias, patrimonialistas y regresivas de este personaje.

Además de este derroche de recursos públicos, y de la descarada violación de los topes de campaña por parte de los candidatos del PRI en las diversas campañas, sin dejar de anotar la fuerte inversión de cantidades de dinero de dudosa procedencia; no podemos dejar de resaltar el fuerte clima de violencia electoral en contra de los partidos de oposición. Numerosos líderes sociales y partidistas fueron amedrentados, y en ocasiones lastimados físicamente por gente al servicio del gobernador; la violencia en el estado fue responsabilidad directa de Fidel Herrera Beltrán, pues es él quien debe generar las condiciones de tranquilidad en el estado para que las elecciones pudieran desarrollarse en paz, lo que no sucedió.

Por lo anteriormente expuesto, propongo a la consideración de esta alta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Con base el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, una revisión del uso de recursos públicos federales y su posible desvío por parte del gobierno del estado de Veracruz, durante el periodo que comprendió el proceso electoral reciente en la entidad.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Veracruz a constituir, con carácter de urgente, una comisión de diputados locales para investigar el posible desvío de recursos públicos estatales por parte del gobierno de la entidad, a las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

ESTADO DE MICHOACAN

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: También se recibió del diputado Jorge Quintero Bello, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar un punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Electoral delEstado de Michoacána que promueva la participación electoral de los grupos indígenas en la entidad en los próximos comicios, a celebrarse en el mes de noviembre del año en curso.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Electoral del Estado de Michoacán a promover la participación de los grupos indígenas de la entidad en los comicios por celebrase en noviembre próximo, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Jorge Quintero Bello , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la presente proposición de punto de acuerdo por el cual se exhorta al Instituto Electoral del Estado de Michoacán a promover la participación electoral de los grupos indígenas en la entidad en los próximos comicios, por celebrarse el once de noviembre del año en curso, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Que el 11 de noviembre de 2007 se celebrarán elecciones para gobernador, Congreso local y ayuntamientos en el estado de Michoacán. El éxito y participación en estos comicios es una tarea conjunta entre el Instituto Electoral del Estado de Michoacán y la sociedad de esta entidad.

2. Que son loables los esfuerzos y logros del Instituto Federal Electoral y los institutos electorales estatales para asegurar y promover una activa participación de los ciudadanos en los diferentes procesos electorales.

Sin embargo, es necesario redoblar esfuerzos con miras a lograr una mayor participación e interés en grupos sociales que, por diversas razones, han sido relegados del quehacer electoral de nuestro país.

3. Que uno de estos grupos es constituye la población indígena. De acuerdo con datos proporcionados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la población autóctona en nuestro país es de 12 millones 707 mil, lo cual representa un 10.5 por ciento de la población total de nuestro país.

Michoacán es un claro reflejo de ese componente demográfico, ya que su población indígena asciende a 199 mil 245, un total del 5 por ciento de la población en la entidad. ¹

4. Que son los purépechas el grupo indígena dominante en el estado de Michoacán. Geográficamente se encuentran en la región norcentral, extendiéndose a lo largo de un área de 6 mil kilómetros cuadrados, de los 60 mil que conforman el territorio michoacano.

La zona de asentamiento purépecha se divide en cuatro regiones: la del lago de Pátzcuaro, la cañada de los once pueblos, la meseta y la ciénega de Zacapu.

La distribución del grupo purépecha se da sobre todo en 22 municipios del estado; no obstante esto, recientes trabajos etnográficos señalan que los 109 mil 361 hablantes púrepechas se encuentran dispersos en 99 de los 113 municipios del estado.

5. Que a pesar de la importancia geográfica y poblacional ya expuesta, los indígenas en Michoacán se encuentran en una situación de desigualdad frente al resto de la población en el estado. El goce y disfrute de algunos derechos fundamentales se encuentra condicionado por distintos aspectos, que van desde la lengua hasta las condiciones sociopolíticas heredadas por la política de integración utilizada en el pasado.

6. Que el derecho a una participación política activa es una de las prerrogativas más importantes para el progreso político y democrático de los pueblos indígenas. Este derecho, consagrado en el artículo 35, fracción I, de la Constitución, y en el artículo 4o., fracción I, del Código Federal de Procedimientos Electorales, señala lo siguiente: votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación del ciudadano, que se ejerce para integrar los órganos del Estado de elección popular. Los grupos indígenas en Michoacán, se encuentran muy relegados de los procesos electorales.

7. Que este derecho político se encuentra en ocasiones condicionado, o bien, es muchas veces ignorado y desestimado por los pueblos indígenas. Existe un rezago respecto al empadronamiento y concientización de la importancia de las elecciones y participación política.

8. Que la participación electoral indígena podría mejorar de orquestar campañas focalizadas para promover el registro en el padrón electoral; así como la conveniencia y las virtudes de participar en las jornadas electorales como motor del desarrollo democrático y del propio devenir de las comunidades indígenas.

9. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 98 de la Constitución Política del Estado de Michoacán es el Instituto Electoral del Estado de Michoacán el encargado de organizar y preparar el desarrollo y promoción de las elecciones en el estado.

Por su parte el Código Electoral para el estado de Michoacán señala en sus artículos 101 y 102 que es tarea del instituto contribuir a la vida democrática del Estado y asegurar el derecho de participación política y electoral de los ciudadanos.

10. Que atendiendo a los señalamientos antes expuestos y a la vocación democrática del Instituto Electoral del Estado de Michoacán, consideramos apropiado que para las próximas elecciones de noviembre de 2007 dicho instituto tenga contemplada una campaña decidida y directa para promover la participación política de las comunidades indígenas.

Se deben realizar futuros esfuerzos para incrementar el empadronamiento de los miembros de las comunidades indígenas; de igual forma, deberá hacerse extensiva la información a fin de que estos grupos comprendan el alcance y dimensión de la próxima jornada electoral.

11. Que la consolidación democrática dependerá en gran medida de la forma en que se armonicen los procesos electorales estatales. Para ello se debe garantizar la participación política de todos los estratos sociales de nuestro país.

El proceso electoral puede resultar una experiencia ejemplar en el que se orqueste de manera equitativa y robusta la participación de toda la sociedad michoacana.

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Con pleno respeto a la autonomía del Instituto Electoral de Michoacán, esta honorable asamblea debe exhortar a dicho organismo para que instaure y coordine una campaña de información y concientización, con miras a promover la participación electoral de los grupos indígenas del estado en las próximas elecciones de noviembre.

Nota: 1 Según datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y del Conapo. http://www.cdi.gob.mx/indicadores/encuadro01.pdf

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

PESCA DE CAMARON Y JAIBA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió también del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que, a través de la Sagarpa y del Programa Oportunidades, revise las Normas 002 y 039, relativas a la pesca de camarón y jaiba.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar mediante la Sagarpa y el programa Oportunidades las NOM 002 y 039, relativas a la pesca de camarón y de jaiba, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal por el distrito II, Ahome, Los Mochis, Sinaloa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El tema que hoy traigo a tribuna, a pesar de su importancia, ha sido escasamente atendido por el Poder Ejecutivo y por los legisladores. Por los ingresos y divisas que genera es un asunto de alta trascendencia, no en balde la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables que aprobamos en fechas pasadas califica a la pesca y a la acuacultura como asuntos prioritarios y de seguridad nacional en los que el Estado mexicano debe efectuar una verdadera planeación y gestión integral de los recursos pesqueros y acuícolas.

Me refiero específicamente a las diferentes pesquerías de camarón y de jaiba que producen más de 300 mil empleos tanto en su fase extractiva como durante el procesamiento, distribución y comercialización de los productos que derivan de su aprovechamiento en las bahías del litoral del océano Pacifico del Golfo de California así como del mar Caribe.

En esto, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) tiene la obligación de promover el aprovechamiento racional y la protección del hábitat de los recursos pesqueros, con el propósito de garantizar que dicha actividad sea sustentable. Para tal fin la Sagarpa esta facultada por ley para elaborar normas que regulen las pesquerías, entendidas estas como el conjunto de sistemas de producción pesquera que en todo o en parte comprenden las diversas fases en que se desarrolla tal actividad económica.

Es importante señalar que el sector pesquero en el país es uno de los más lastimados e ignorados por la administración pública federal y este Congreso, tan sólo el pasado mes de diciembre, en el proceso de discusión y aprobación que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007 hubo una asignación irrisoria de recursos.

El Ejecutivo federal y este honoroble Congreso de la Unión deben contemplar en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación recursos suficientes para cubrir las necesidades reales del sector pesquero evitando la marginación que existe actualmente.

Si bien es cierto que actualmente existen programas para apoyar a los pescadores, entre ellos el del subsidio al diesel marino y el de reestructuración a las tarifas eléctricas para uso acuícola, también lo es que estos son insuficientes y que la Secretaría de Desarrollo Social, a través del Programa Nacional Oportunidades, debe implantar acciones adicionales que permitan mejorar la calidad de vida y de bienestar de la población pesquera, no sólo de los padres de familia que se dedican a esta actividad en alguna de sus fases productivas sino también de las madres e hijos que de generación en generación van incorporándose a dicho mercado laboral.

La actual Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables aprobada por esta soberanía y publicada por el Ejecutivo federal el 24 de julio de 2007 tiene entre otros objetivos promover el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores y acuícultores de todo el país a través de los programas que en la materia instrumente el Ejecutivo federal. Asimismo faculta a la Sagarpa para establecer las bases del aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas a través de la planeación y regulación normativa del aprovechamiento de los recursos pesqueros durante todo su ciclo biológico.

El aprovechamiento de las diversas especies de camarón y de jaiba está actualmente pasando por diversos conflictos generados muchas veces por una omisión en las normas, más concretamente en las normas oficiales mexicanas.

Para el caso particular de la captura de camarón, la norma oficial mexicana 002 debería contener y garantizar que los principios de equidad y proporcionalidad se hagan efectivos para todos los pescadores, sean ribereños o de altamar, situación que a la fecha no lo contempla. Creemos que esto es de elemental justicia ya que el derecho al trabajo es de todos los ciudadanos.

Para el caso de la pesca de jaiba, desde hace aproximadamente tres años, diversos pescadores de Sonora y Sinaloa se han percatado de que embarcaciones provenientes de Asia arriban a nuestros mares con el fin de capturar jaiba enhuevada, la cual empacan y congelan en cantidades desmedidas sin que las autoridades intervengan. Para darnos cuenta del tamaño del daño basta con reflexionar que al capturar las jaibas hembras conjuntamente con su hueva se rompe la cadena reproductiva y el ciclo de vida de millones de larvas.

Por ello solicitamos de manera respetuosa a la Sagarpa, a través de Conapesca, para que intervenga en el asunto y detenga la explotación de jaiba enhuevada por parte de embarcaciones asiáticas.

En ambos casos no estamos pidiendo algo fuera de la ley, por el contrario, queremos que ésta se aplique y se cumpla, que se fortalezca a través del perfeccionamiento de las normas oficiales mexicanas que regulan la materia. En este proceso de adecuación y actualización de las NOM el Congreso debe participar con sus comentarios, así como el Ejecutivo participa con comentarios que nosotros recibimos del personal de enlace de las diferentes secretarías, ya que el Congreso es el espacio nato que recibe y atiende la problemática que viven los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta soberanía se apruebe de urgente y obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y demás autoridades competentes para que en el próximo proceso de revisión a la norma oficial mexicana NOM-002-PESC-1993 se incorporen los principios de equidad y proporcionalidad para la pesca del camarón, sea ribereña o de alta mar.

Segundo. Se exhorta a la secretaría referida en el punto anterior para que en el proceso de revisión de la norma oficial mexicana NOM-039-PESC-2003 se regule el fenómeno de la depredación de la jaiba hembra en etapa reproductiva, que se viene dando indiscriminadamente por embarcaciones asiáticas.

Tercero. Se exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social y al titular del Programa Nacional Oportunidades para que incorporen programas específicos para el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores y sus familias.

Cuarto. Se solicita al titular del Poder Ejecutivo para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se etiqueten recursos suficientes para atender las necesidades reales del sector pesquero.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Pesca.

EX TRABAJADORES FERROCARRILEROS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: También se recibió de la diputada Aída Marina Arvizu Rivas, del Grupo Parlamentario de Alternativa, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicoy al IMSSa que emprendan las acciones necesarias para realizar el pago de pensiones y jubilaciones de los ex trabajadores ferrocarrileros.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a la SHCP y al IMSS a emprender las acciones necesarias para pagar pensiones y jubilaciones de los ex trabajadores ferrocarrileros, a cargo de la diputada Aída Marina Arvizu Rivas , del Grupo Parlamentario de Alternativa

La que suscribe, Aída Marina Arvizu Rivas , legisladora del Grupo Parlamentario Alternativa en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para lo cual presenta las siguientes

Consideraciones

1. En el año 1994 el gobierno federal emitió decreto por medio del cual se liquidaba la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, para cuyo efecto se creó el Fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6, mediante la firma del contrato correspondiente de fecha 19 de diciembre de 1997, que tenía como finalidad liquidar los activos de la empresa ferrocarrilera mediante la creación de los capitales constitutivos de las pensiones de los 56 mil 372 ex trabajadores ferrocarrileros.

2. El Fideicomiso denominado FERRONALESJUB, en donde actuaba como fideicomitente Ferrocarriles Nacionales de México y como Fiduciaria Nacional Financiera SNC, se constituyó con un capital inicial de 50 mil pesos otorgado por la empresa y, por la transferencia realizada por la Tesorería de la Federación por un monto de 13 mil 529 millones 700mil de pesos, producto de la licitación de las redes ferroviarias, con lo cual se aseguraba el pago vitalicio de pensiones jubilatorias y demás prestaciones a los ex trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México.

3. El 28 de junio de 2001 se publica en el Diario Oficial de la Federación las bases para llevar a acabo la liquidación de Ferrocarriles de México, en donde se establece que ``el liquidador será designado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en su carácter de coordinadora del sector''.

4. La Secretaría de Comunicaciones designa en agosto de 2001, al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC (Banobras) como liquidador responsable de la liquidación de Ferrocarriles Nacionales, y quien realizará las funciones establecidas en el artículo segundo del decreto por el que se extingue dicha dependencia

5. El 24 de agosto de 2000, se acordó la incorporación dentro del fondo para el pago vitalicio de pensiones a trabajadores jubilados del organismo a 731 trabajadores jubilados de la estructura sindical a efectos de que las pensiones jubilatorias sean cubiertas con cargo al fondo del FERRONALESJUB 5012-6.

6. El 26 de septiembre de 2000, se modificó por tercera ocasión el contrato que crea el citado fideicomiso, pero esta vez en su totalidad, presentando una redacción distinta de la cláusula cuarta, para quedar como sigue, ``la finalidad de este fideicomiso es construir un mecanismo a través del cual se realice la administración de los recursos del fideicomiso hasta donde alcancen para el pago a los fideicomisarios de las pensiones jubilatorias y demás conceptos previstos en dicho contrato''.

7. De acuerdo con el artículo 4 del decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado, el gobierno federal deberá actuar en todo momento como garante, a fin de que el patrimonio de dicho fidecomiso resulte suficiente para hacer frente a las obligaciones y cumplir con sus finalidades para el que fue creado. Al respecto, la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, en su artículo transitorio quinto establece:

8. Derivado de préstamos otorgados al gobierno federal y la poca claridad en las amortizaciones de intereses al capital social, a la utilización de los recursos para fines distintos al pago de pensiones de los jubilados y a la creación de otros fideicomisos con cargo al capital social de fideicomiso en comento, se ha generado un ambiente de desconfianza e incredulidad de que el patrimonio del referido disponible, que al 30 de junio de 2006 ascendía a 10 mil 509 millones, 957 mil 969.35 pesos, sea suficiente para cubrir el pago de las jubilaciones y prestaciones a las que tienen derecho tanto los trabajadores como los ex trabajadores.

9. Ante esta realidad, numerosos grupos de ex trabajadores ferrocarrileros, afectados por la falta de liquidez del fideicomiso mediante el cual debieron haber sido liquidados y pensionados desde hace años, se han organizado para, de manera individual y en conjunto, demandar de las autoridades judiciales y administrativas correspondientes su intervención, como lo es el caso de numerosas demandas y laudos laborales ante los distintos tribunales del trabajo a lo largo y ancho de todo el país, en donde a la fecha se ventilan por lo menos 55 demandas contra el fideicomiso señalado.

10. El Movimiento Democrático Popular y Ferrocarrilero AC, que aglutina a trabajadores y ex trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, logró el establecimiento de mesas de diálogo con las Delegaciones estatales del Instituto Mexicano del Seguro Social. No obstante el trabajo en estas mesas se encuentra detenido, originalmente por el cambio de autoridades que representó el nuevo gobierno federal, pero a un año de que tomara posesión el presidente Felipe Calderón, no queda del todo claro las causas de la negativa.

9. La opacidad en el manejo, la administración y el destino de los recursos del fideicomiso han generado en los ex trabajadores jubilados la suspicacia y la incertidumbre por la liquidez y viabilidad futura del mismo y del cual dependen casi 46 mil jubilados y sus familias.

10. Es el caso que, a casi diez años de la firma del contrato que da origen al Fideicomiso, ni la existencia del fideicomiso, ni el gobierno federal, ni las autoridades del trabajo, ni el IMSS, ni nadie en este país ha logrado que se cumpla la ley, la cual establece que una vez que se privatiza una empresa, como lo fue el caso de Ferrocarriles Nacionales, sus trabajadores sean debidamente liquidados y pensionados. Miles de ex trabajadores ferrocarrileros y sus familias han emprendido una lucha constante para exigir lo que les corresponde.

Como representantes populares, debe ser de la mayor importancia para nosotros intervenir en este caso para que las instancias correspondientes del gobierno federal hagan lo que les corresponde para que éste problema nacional sea resuelto a la brevedad. Es el caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien tiene todas las facultades para presupuestar los recursos necesarios para realizar el pago de las jubilaciones que hasta el día de hoy continúan pendientes de pago.

Es necesario también que el Instituto Mexicano del Seguro Social asuma que hay pendientes de pago cientos de pensiones por enfermedades profesionales y que es su responsabilidad y obligación proceder a su pago de forma inmediata.

Por las consideraciones antes vertidas, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, destine los recursos necesarios para garantizar el pago de pensiones y jubilaciones de los ex trabajadores de la desaparecida empresa Ferrocarriles Nacionales mediante el fideicomiso FERRONALESJUB 5012-6.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dar seguimiento, en el ámbito de su competencia, al presente asunto, y a la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social reanude las mesas de negociación en las diferentes Delegaciones estatales del IMSS para acordar el pago de pensiones y jubilaciones de los ex trabajadores de Ferrocarriles Nacionales.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social.

NIÑOS Y JOVENES CON DIABETES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió de la diputada Aída Marina Arvizu Rivas, del Grupo Parlamentario Alternativa, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públicaa que considere en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, recursos para un programa especial para la salud de niños y jóvenes con diabetes.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 recursos destinados a un programa especial para la salud de los niños y los jóvenes con diabetes, a cargo de la diputada Aída Marina Arvizu Rivas , del Grupo Parlamentario de Alternativa

La suscrita, Aída Marina Arvizu Rivas , diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

La diabetes es una enfermedad crónica y degenerativa que aparece cuando el páncreas no produce suficiente o el cuerpo no puede utilizar adecuadamente la insulina, hormona que se encarga de transformar los alimentos en energía útil para el organismo, lo que provoca que el azúcar en la sangre (glucosa) sobrepase los niveles normales.

Es un problema médico reconocido desde hace más 3 mil 500 años, pues en 1535 a.C., en un papiro se describe una enfermedad caracterizada por el flujo de grandes cantidades de orina y se indican remedios para tratarla.

En el siglo I de la era actual, el filósofo griego Arateus de Capadocia designó esta enfermedad como diabetes, que en griego diabetes significa ``correr a través'', por una de sus características, la de ``paso'' o eliminación de grandes cantidades de orina.

En el año 1775 se clasificó la diabetes en dos tipos: diabetes mellitus o diabetes vera (por el sabor a miel de la orina) y diabetes insípida (porque no presenta la orina dulce).

Existen cuatro clases de diabetes mellitus:

Consideraciones

Motivación

La diabetes en México es un problema de salud pública, derivado de que la padece el 10 por ciento de la población, y está asociado con el hecho de que el 40 por ciento tiene problemas de obesidad. Los datos indican que 6.5 millones de personas están diagnosticadas y se estima que existen cerca de 4 millones que padecen la enfermedad sin saberlo. De los casos diagnosticados se calcula que cerca de 5.5 millones viven en zonas urbanas.

Entre 5 y 10 por ciento de las personas con diabetes sufre la tipo I (insulinodependiente o juvenil), es decir de 525 mil a 1 millón 50 mil individuos.

Del 90 al 95 por ciento, de 9 millones 450 mil a 9 millones 975 mil personas, padece la del tipo II (no insulinodependiente).

En el caso de las mujeres embarazadas, entre 2 por ciento y 5 por ciento de ellas presenta diabetes gestacional.

De 105 mil a 210 mil personas desarrollan otros tipos de diabetes en el contexto de otras enfermedades o trastornos (entre 1 y 2 por ciento de los casos).

Se estima que en 10 años la población con problemas de diabetes aumentará en 30 por ciento, con las consecuentes repercusiones en su salud, economía y estilo y calidad de vida, lo que la convertirá en una verdadera pandemia.

La diabetes ocupa, en nuestro país, el primer lugar en causas de muerte por enfermedad, considerándose que 14 de cada 100 fallecimientos le son atribuibles.

Se calcula que en el 2010 alrededor de 60 por ciento de los fallecimientos serán ocasionados por diabetes, así como por otras enfermedades crónicas y degenerativas.

La edad de quienes la padecen disminuye cada día, pues se extiende entre niños y adolescentes, lo que llevará a un incremento de diabetes tipo I.

Según el Anuario de morbilidad de la Secretaría de Salud, en el ejercicio 2005 se presentaron 410 mil 700 nuevos casos de diabetes mellitus, de los cuales 13 mil 300 fueron del tipo I y 397 mil 400 del tipo II.

Indica el primer Informe de Gobierno, presentado el 1 de septiembre del año en curso por el actual Ejecutivo federal, que en el periodo enero-julio se presentaron 231 mil 21 casos de diabetes mellitus, sin que se desglosen los tipos contabilizados (tipo I, tipo II, gestacional y otros).

Fundamentación

El acceso a la salud es una responsabilidad del gobierno federal, de los estatales y de los municipales.

Lo anterior se desprende de lo ordenado por los siguientes artículos constitucionales:

Artículo 2o., apartado B, segundo párrafo: ``Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades [la Federación, los Estados y los Municipios] tienen obligación de... III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil''.

Artículo 4o., tercer párrafo: ``Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución''.

El párrafo sexto de artículo 4o. indica que ``los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral''.

Artículo 73: ``El Congreso tiene facultad:... XVI. Dictar leyes sobre... salubridad general de la República''.

La base primera de la fracción XVI dispone que ``el Consejo de Salubridad General dependerá directamente del presidente de la república, sin intervención de ninguna secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país''.

El acceso a la salud es materia de la Ley General de Salud, que reglamenta, según señala su artículo 1o., ``el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social''.

El artículo 3o. de la referida ley indica que ``...es materia de salubridad general... II. La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables; II bis. La Protección social en salud;... IV. La atención materno-infantil; IV Bis. El programa de nutrición materno-infantil en los pueblos y comunidades indígenas;... XIV. La orientación y vigilancia en materia de nutrición;... XVIII. La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes.

En lo que se refiere a la distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, corresponde al gobierno federal, según el artículo 13, apartado A, fracciones I y VII Bis, de la ley reglamentaria ``dictar las normas oficiales mexicanas a que quedará sujeta la prestación, en todo el territorio nacional, de servicios de salud en las materias de salubridad general y verificar su cumplimiento'' y ``regular desarrollar coordinar evaluar supervisar las acciones de protección social en salud''.

Con objeto de establecer los procedimientos para la prevención, tratamiento y control de la diabetes, de observancia obligatoria en el territorio nacional para los establecimientos y profesionales de la salud de los sectores público, social y privado que presten atención a la diabetes, la Secretaría de Salud expidió la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-1994, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de diciembre de 1994, la cual fue modificada el 18 de enero de 2001, según la publicación correspondiente.

Es menester señalar que en la norma referida los procedimientos de prevención, tratamiento, diagnóstico y tratamiento de la diabetes tipo I (insulinodependiente o juvenil) son demasiados escuetos, ya que en el numeral 13 sólo se hace mención a lo siguiente:

``13. 2 Diabetes tipo 1.

13.2.1. Los pacientes con sintomatología sugestiva, o diagnóstico de diabetes tipo 1, son referidos al segundo nivel de atención [las unidades hospitalarias que atienden problemas de salud que, a causa de su complejidad, no pueden ser atendidos en el primer nivel de atención (las unidades hospitalarias de primer contacto del paciente con los servicios de salud, que llevan a cabo las acciones dirigidas al cuidado del individuo, la familia, la comunidad y su ambiente. Sus servicios están enfocados básicamente a la promoción de la salud, a la detección y al tratamiento temprano de las enfermedades)] o al especialista.

13.2.2. Solamente cuando el paciente se presente con gran descompensación y no sea posible referirlo de inmediato al especialista, es tratado provisionalmente en el primer nivel de atención.''

Acciones del Estado

Planes y programas federales de acción

Dentro del Programa Nacional de Salud 2001-2006, la Secretaría de Salud implantó diversos programas de acción para enfrentar los problemas emergentes mediante la definición explícita de prioridades, entre los que se encuentra el Programa de Acción para la Prevención y Control de la Diabetes; sin embargo este programa deja fuera de atención a la población que sufre de diabetes tipo I (insulinodependiente o juvenil), al establecer como uno de sus objetivos ``proteger la salud, prevenir o retardar la aparición de la diabetes y las complicaciones de mayor prevalencia entre las poblaciones adulta y adulta mayor, así como elevar la calidad de vida en este grupo poblacional''.

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 se establece como uno de los ejes de acción el de ``igualdad de oportunidades'', dentro del que se insertan los programas y acciones en materia de Salud.

En el PND se reconoce que ``...las muertes por enfermedades no transmisibles, los padecimientos asociados a una larga vida --como la diabetes y la hipertensión--, así como las lesiones por accidentes o violencia, representan hoy el 85 por ciento de todas las muertes que se registran en México. Estos padecimientos son complejos y de tratamiento costoso''.

También señala que ``...el acceso a servicios de salud no alcanza aún a toda la población, y pagar por servicios privados resulta más difícil para la mayoría''.

El PND fija como uno de los objetivos en materia de salud, reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables ; sin embargo, ninguna de las tres estrategias diseñadas para el cumplimiento del objetivo descrito se refiere al caso del grupo vulnerable constituido por los niños y jóvenes que sufren la diabetes mellitus tipo I, que requieren de atención focalizada para el tratamiento de esta enfermedad.

El 22 de agosto del año en curso, el Secretario de Salud dio a conocer los lineamientos generales del Programa Nacional de Salud 2007-2012, señalando que el objetivo de la Secretaría de Salud de ``mejorar las condiciones de salud de la población'' se logrará mediante el cumplimiento de una serie de metas estratégicas, entre las que se encuentran ``reducir 20 por ciento la velocidad de crecimiento de la mortalidad por diabetes mellitus respecto a la tendencia observada en el periodo 1995-2006'' y ``bajar el 10 por ciento la prevalencia de consumo inicial de drogas ilegales, de los 12 a los 17 años''. De lo anterior, se observa que se omite la atención focalizada de los niños y jóvenes que padecen la diabetes mellitus tipo I.

Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se instrumentarán diversos programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que atenderán los temas prioritarios para el desarrollo nacional, entre los que se encuentra la salud.

Sin embargo a la fecha no se ha publicado el correspondiente Programa Nacional de Salud 2007-2012, por lo que no es posible saber si el sector público dará la importancia que requiere a la atención de niños y jóvenes con diabetes mellitus tipo I, aún cuando debe mencionarse que en el sexenio pasado uno de los programas prioritarios en materia de salud fue el de diabetes mellitus.

En el informe de labores de la Secretaría de Salud, correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2006 al 31 de agosto de 2007 se indica que ``se estableció la estrategia nacional para la promoción de salud, que encamina nuestros esfuerzos en el otorgamiento de un paquete garantizado de servicios de promoción de la salud y prevención de enfermedades a todas las personas y familias, y permitirá, de esta manera, atender problemas tan serios como la obesidad y sobrepeso, enfermedades que en corto plazo generan efectos en la salud como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares, cada vez más frecuentes en la población y con un gran impacto en los presupuestos asignados, los cuales serán insuficientes si este problema no se enfrenta con la participación consciente de la población''.

En concordancia con lo anterior, la dirección del Programa de Salud del Adulto y del Anciano de la Secretaría de Salud informa que ``a partir de 2008 el gobierno federal lanzará la estrategia nacional para la promoción de salud para combatir la obesidad y la diabetes, que se han colocado en los primeros lugares de incidencia y mortalidad en el país; sin embargo, los programas de salud dirigidos a los niños y jóvenes son omisos en cuanto al tratamiento de estas enfermedades.

Planteamiento del problema

La enfermedad evoluciona de manera silenciosa en un periodo de 7 a 10 años, antes de presentar síntomas francos; la desnutrición infantil, la obesidad, el sedentarismo y la herencia genética aumentan la predisposición y el riesgo de padecer la enfermedad.

En el caso de la diabetes mellitus tipo I (insulinodependiente o juvenil) la enfermedad se desarrolla por el ataque del sistema inmune contra las células beta del páncreas que se encargan de producir insulina. Este proceso tiene varias etapas: primero, una susceptibilidad o predisposición genética, y luego un factor desencadenante ambiental (infección viral, estrés, etcétera), tras el cual aparece la respuesta inmunológica del organismo mediante la cual las células beta son destruidas.

Por los datos proporcionados, tanto de instituciones de salud oficiales del país como de las internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, se cataloga ya a la diabetes como una pandemia que, comparada con otros padecimientos de tipo crónico, es uno de los que con más mortalidad y mala calidad de vida afectan a la población, no sólo porque puede ser causa de fallecimiento prematuro, sino porque puede también reducir las expectativas de realización de una vida normal y plena.

La diabetes no distingue edad, condición social o económica, sexo, raza o color: cualquier persona está expuesta a contraer el padecimiento.

En la actualidad la tasa de crecimiento de la enfermedad está aumentando entre la población en condición de pobreza o marginada.

La respuesta a este grave problema de salud pública requiere de un enfoque integral que incluya prevención, manejo clínico y educación.

Sin embargo, desde el gobierno han sido demasiado escasos, insuficientes y hasta nulos los recursos y avances para encarar este enorme reto de salud pública. Incluso durante el sexenio pasado, por razones que no se conocen, se optó por cancelar el único proyecto de tratamiento integral y de desarrollo de una cura que existía en México, en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, con el respaldo de la Universidad Nacional Autónoma de México, cortando de tajo las esperanzas de millones de personas en el país.

El padecimiento descrito, que afecta a millones de personas en México, posee otro rasgo característico: en mucho, su evolución y desenlace estará en función de la información, cuidados y tratamiento que reciban quienes lo padecen.

La diabetes no es un certificado de defunción, ni de mala calidad de vida; lo es si las personas que la padecen no cuentan con la información, los cuidados y el tratamiento adecuado, es decir con los recursos necesarios para su control.

Esos recursos no están disponibles para millones de enfermos que viven en la pobreza y marginación, sobre todo para los cientos de miles de jóvenes con diabetes mellitus tipo I o insulinodependiente.

Si bien la diabetes es un padecimiento que hasta hoy no tiene cura, sí puede ser controlado y, en función de ello, las personas podrán realizar sus vidas más saludables y plenas.

Uno de los principales obstáculos para mejorar la calidad de vida de los menores diabéticos, es la falta de atención y recursos para llevar a cabo los cuidados y el tratamiento adecuado.

Enfrentar la diabetes es un desafío que no sólo implica fortaleza de ánimo y espiritual sino que también afecta, con frecuencia catastróficamente, los recursos económicos de la familia, y cuándo no los hay requiere en una sociedad democrática el respaldo del sector público y hasta el privado.

Los niños y jóvenes diabéticos carecen de un respaldo institucional real y los recursos para su atención son insuficientes. El sector salud ha sido indiferente a las necesidades de atención integral que requiere el tratamiento de la diabetes, sobre todo en niños y jóvenes: inexistencia de especialistas y de equipos de salud integrales, carencia de medicamentos y equipo; casi puede asegurarse que los ha dejado a su suerte.

El problema a que nos estamos refiriendo se debe a que existe una insuficiente atención integral a los menores diabéticos, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en España, Argentina o Cuba, entre otros (para no hablar de países con mayores índices de calidad de vida), en donde la legislación protege en realidad el derecho a la salud de sus menores.

En estos países, cada año se entrega a los menores insulinodependientes un juego completo de medicamentos y equipo para monitorear la glucosa durante un año. Además de que se disponen de centros especiales de atención de tipo integral al que acceden por el sólo hecho de ser ciudadanos, niños o jóvenes y diabéticos.

Las causas del problema son:

Los efectos de este vacío e indiferencia del sector público son:

Propuesta

Por lo antes expuesto, es necesario implantar un programa especial para la salud de los niños y jóvenes con diabetes de orden federal que se inserte en el rubro de salubridad general en materia de protección social en salud, a cargo del gobierno federal, según lo establecido en la fracción II Bis del artículo 3o. de la Ley General de Salud y que represente, en rigor, para muchos menores un respaldo para que puedan convertirse en personas saludables, elevar su calidad de vida y lograr realizar sus potencialidades personales.

En otras palabras, el programa pretende el logro de vidas plenas para estos menores; más recursos y cultura de atención en torno al padecimiento, que implicarán mejores herramientas para que logren enfrentar con éxito la diabetes.

Para ello es necesario:

Con ello se puede lograr:

Con ello mejorará la calidad de vida de los menores diabéticos y se coadyuvará al desarrollo de sus potencialidades para que logren una vida plena, tal como establece la Carta de los Derechos de los Niños de la Organización de las Naciones Unidas, firmada por México.

Dado que en el país entre el 5 y el 10 por ciento de las personas con diabetes sufre la de tipo I (insulinodependiente o juvenil), es decir de 525 mil a 1 millón 50 mil individuos, se requiere atender este problema de salud pública de manera gradual. Por ello se propone que en los próximos cinco años se dote de recursos a la Secretaría de Salud para que diseñe y aplique a un programa especial de atención a los niños y jóvenes con diabetes.

Dicho programa sería objeto de actualización anual en la medida que se vayan modulando sus características y definiendo, con mayor precisión, el universo de sus usuarios.

Los recursos necesarios para financiar este programa especial provendrán de las disponibilidades finales que se determinen para la Ley de Ingresos de la Federación de 2008, habida cuenta de los ajustes que se realicen como resultado de las estimaciones en la recaudación derivadas de la reforma hacendaria y del precio de barril de petróleo de exportación.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar en la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 la inclusión de un programa especial para la salud de los niños y jóvenes con diabetes de orden federal que se inserte en el rubro de salubridad general en materia de protección social en salud, a cargo del Gobierno Federal, según lo establecido en la fracción II Bis del artículo 3o. de la Ley General de Salud, que deberá implantar el área correspondiente de la Secretaría de Salud con el propósito de

En lo que concierne al equipo terapéutico es necesario considerar recursos en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 por la cantidad de 964 millones 110 mil pesos (novecientos sesenta y cuatro millones ciento diez mil pesos), para atender en 2008 --arranque del programa-- a 105 mil beneficiarios:

El equipo terapéutico se dotaría a los usuarios a través de una cartilla nacional de salud de menores con diabetes, que se integraría al sistema de cartillas nacionales de salud, del que forman parte las siguientes: de vacunación, de salud de la mujer, de salud del hombre y de salud del adulto mayor, atendiendo a que son instrumentos a través de los cuales se lleva el seguimiento personalizado y continuo de las acciones de prevención, detección, tratamiento y control de enfermedades los usuarios, en cada etapa de su vida, permitiéndoles crear conciencia del autocuidado de la salud.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: También se recibió de la diputada Aída Marina Arvizu Rivas, del Grupo Parlamentario Alternativa, punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públicaque considere en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 recursos para que la Sedena aplique un programa sobre perspectiva de género y cultura de la paz para sus efectivos.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que considere en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 recursos a fin de que la Sedena aplique un programa sobre perspectiva de género y cultura de la paz para sus efectivos, a cargo de la diputada Aída Marina Arvizu Rivas , del Grupo Parlamentario de Alternativa

La que suscribe, Aída Marina Arvizu Rivas , legisladora federal del Grupo Parlamentario Alternativa Socialdemócrata, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante los últimos años el país ha observado un incremento considerable en la presencia de los efectivos del Ejército mexicano en la vida cotidiana de la población, derivado de distintas razones como son el combate al narcotráfico y delincuencia organizada; el apoyo a comunidades en casos de desastre y o por combate a grupos guerrilleros asentados principalmente en zonas serranas del país.

Más allá de si estamos o no de acuerdo con tal diversificación de tareas y del uso de las fuerzas armadas para fines distintos a aquéllos para los que se ha formado el Ejército Nacional, es un hecho que tal presencia ha traído consigo en más de una ocasión, situaciones de tensión, conflicto, e incluso agresión a la población civil por parte de miembros de dicha institución.

La tendencia internacional ha sido depositar en manos de civiles las secretarías de la Defensa y a resguardar, más que a exponer, al ejército, evitando colocarlos en contextos protagónicos como sucede en la actualidad en México. En todo caso, es un hecho que resulta necesario y urgente aplicar medidas que abonen a que la participación del Ejército no traiga consigo violaciones a los derechos humanos. El ejército esta para servir y no puede justificarse bajo ningún concepto el abuso de su fuerza o que la misma sirva como medio de intimidación en aquellas zonas en que se encuentren destacamentados.

Más aún, es indispensable aportar los mecanismos necesarios para que los elementos del ejército dejen de comportarse como si estuviesen en guerra y reproduzcan, incluso en tiempos de paz, las deleznables conductas históricas mediante las cuales el ejército hace de las mujeres, botín de guerra.

Está debidamente documentado que durante la última década, elementos del Ejército han aprovechado su condición de destacamento en zonas localizadas del país, para agredir física, verbal y sexualmente a las mujeres.

Se exponen a continuación algunas denuncias de lo anterior en orden cronológico:

A excepción del caso de Castaños, en el que el Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata ha dado seguimiento y ha informado puntualmente a la sociedad, en todas las denuncias la justicia militar es quien juzga a los soldados-delincuentes y, en la mayoría de los casos, los agresores no son llevados a juicio.

Si bien el citado caso Castaños ha sido el primero en la aplicación del fuero civil en casos de delitos cometidos por miembros del Ejército, la sentencia, emitida el pasado 10 de octubre del presente año sólo condenó a cuatro de los ocho militares y, aun en algunos de estos casos, tales sentencias distan de ser justas. Esto nos debe llevar a reformas legales que permitan regular el fuero militar que permita ampliar la capacidad de la autoridad civil en casos como los arriba citados.

Sin embargo, sabemos que las medidas más eficaces son las que se destinan no a la reparación y el castigo, sino a la prevención. Es por ello que queremos acompañar tales acciones legislativas con medidas de orden preventivo.

Con fecha 7 de marzo del presente año, la que suscribe, sostuve una entrevista con el general Guillermo Galván Galván secretario de la Defensa Nacional. Hice de su conocimiento la preocupación, lo mismo de Alternativa Socialdemócrata, que de mujeres feministas, organizaciones no gubernamentales y sociedad en general, ante el cada vez más alarmante aumento de delitos cometidos por miembros del Ejército Nacional contra mujeres e insistí en que es necesario sensibilizar, mediante la capacitación y el seguimiento, a todos y cada uno de los integrantes del Ejército Mexicano. La perspectiva de género ha demostrado su vigencia y ha traído consigo la toma de conciencia por parte de individuos, grupos e instituciones de que, en la medida en que ha permeado, se han generado cambios en conductas discriminatorias que culturalmente se han reproducido durante décadas pero que es posible revertir.

Así pues, en dicha reunión el secretario hizo un compromiso con su servidora, mismo que hicimos del conocimiento de la sociedad mediante comunicados y conferencias de prensa, de que integraría en la formación curricular del Ejército Mexicano la sensibilización en perspectiva de género. A la par, en Alternativa nos comprometimos a solicitar el presupuesto etiquetado necesario y suficiente que permita incluir en la formación de todos los integrantes del ejército, tal capacitación.

Éste sería un hito más en la historia del país y sentaría las bases para que otros países sigan un ejemplo de civilidad tan contundente como el que el señor secretario de la Defensa Nacional ha manifestado.

Es indispensable dotar a la Sedena de los recursos económicos necesarios para llevar a los hechos la aplicación de un programa de educación para la equidad de género y la cultura de la paz al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Es este el momento de demostrar que es posible la estrecha colaboración entre el Poder Legislativo y la Secretaría de la Defensa Nacional. Destinar una partida para los efectos que se han expuesto, es una muestra de la disposición de éste poder de colaborar con tal secretaría pero, aún más, es una muestra de la sensibilidad de la. Cámara de contribuir a que en todas las instituciones del país la perspectiva de género sea un eje transversal y, por lo tanto, del serio compromiso que tiene con las mujeres del país.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se destinen de manera adicional un monto de $200 000 000.00 (doscientos millones de pesos 00/100) al Ramo 07, Secretaría de la Defensa Nacional, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, recursos suficientes y etiquetados para que la Secretaría de la Defensa Nacional desarrolle un programa de capacitación con perspectiva de género y de la cultura de la paz para todos sus efectivos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se recibió también del diputado Carlos Torres Torres , del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, punto de acuerdo para que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que presupueste el proyecto de la red carretera para la Ruta del Vino, ubicada en Ensenada, Baja California. Túrnese a la Comisión de... Me dicen que solicitaron que se pospusiera. No se está turnando. Se pospone para su exposición.

CAMARA DE DIPUTADOS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió del diputado Manuel Ramos Covarrubias, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, punto de acuerdo por el que solicita a la Junta de Coordinación Políticade esta soberanía que no se considere aumento en la dieta de los diputados para efecto del anteproyecto de presupuesto anual de la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal de 2008.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política que no considere un aumento de la dieta de los diputados en el anteproyecto de presupuesto anual de esta soberanía para el ejercicio fiscal de 2008, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal por el estado de Baja California, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, tomando en consideración los siguientes

Considerandos

El presidente Felipe Calderón Hinojosa ha dado la primera muestra de austeridad al disminuir los salarios de los altos mandos del Ejecutivo federal. Nosotros, representantes populares, como integrantes del Poder Legislativo de la Unión, encargado de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, somos testigos de las innumerables exigencias de recursos públicos que los gobiernos estatales y municipales nos plantean para cubrir las demandas de sus ciudadanos, demandas que en su mayoría no pueden ser atendidas por falta de recursos financieros; así pues, nos hemos dado a la tarea de exigir la aplicación de una política económica disciplinada, racional, prudente, y responsable basada en la austeridad republicana y la transparencia en la utilización de los recursos financieros.

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el Artículo 34, inciso d): ``A la Junta de Coordinación Política le corresponde presentar al pleno, para su aprobación, el anteproyecto de presupuesto anual de la Cámara''. La Junta de Coordinación Política, expresión de la pluralidad que vive la cámara y desde donde se impulsa el entendimiento y la convergencia necesaria para llegar a acuerdos, debe ser un órgano ético y responsable, capaz de guiar de manera congruente y mesurada el quehacer legislativo de la máxima tribuna de nuestra nación.

El pasado 14 de diciembre de 2006, presenté un punto de acuerdo exhortando a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que no se asignara ningún aumento a nuestras dietas, ni siquiera el relativo a la inflación, en el Presupuesto de Egresos 2007.

No obstante, este año recibimos un aumento del 4 por ciento en nuestras remuneraciones, argumentando que el incremento se debió al índice inflacionario que se presentó en 2006; así pues, se dijo que dicho aumento no representaba, de ninguna manera, un incremento real al sueldo de los diputados. Con este acto, una vez más la ciudadanía, que reclamaba nuestra solidaridad, se sintió ignorada, pues no resultó ético habernos aprobado un aumento justificado cuando pudimos y debimos destinar esos recursos a la atención de la gente más necesitada de nuestro país.

Por otro lado, se espera que seamos los artífices de las reformas que buscan transparentar y hacer eficiente el trabajo y el buen uso de los recursos públicos; sin embargo, debemos reconocer que la institución a la cual representamos, por desgracia, es una de las instituciones de nuestro país donde menos se practican estas dos premisas.

Nuestra labor legislativa sigue siendo cuestionada por la opinión pública, para la cual somos sinónimo de ineficiencia, corrupción y oportunismo. No sé qué tan justa sea tal percepción de nosotros, pero seguramente a base de desarrollar nuestro trabajo solidario y comprometido con el interés general de nuestra nación y la búsqueda del bien común de cada uno de los mexicanos, lograremos revertir esa mala imagen que padecemos.

Sé que a cada uno de nosotros le anima el espíritu de servicio.

Sé que nuestra labor legislativa nos ha permitido estar en contacto directo con la población más necesitada de cada uno de nuestros distritos; para eso es que, con toda la congruencia y espíritu republicano, hemos instalado, oficinas de atención ciudadana, cuya transparencia está a toda prueba, en las que hemos conocido y recogido las más dolorosas y sentidas necesidades y demandas que nuestra gente padece y plantea a causa de su precaria situación económica.

Sé que todos los mexicanos esperan solidaridad, congruencia y eficiencia en el desempeño de nuestra labor legislativa, por lo que no podemos seguir siendo indiferentes e insensibles con el malestar ciudadano.

El próximo mes de noviembre nos encontraremos revisando, analizando, discutiendo, modificando y aprobando el Presupuesto de Egresos de la Federación ¿Cómo podremos tener la calidad moral para exigir de los otros dos poderes de la unión, austeridad y transparencia en su gasto corriente si no predicamos con el ejemplo?

Es por lo anterior, estimados diputados y diputadas, que estoy aquí, frente a ustedes, para exhortarlos a poner en práctica la congruencia, y reconocer que nuestra actual dieta es suficiente para vivir cómodamente y lograr un sustento decoroso para nuestras familias. Debemos hacer el ejercicio de pensar que millones de mexicanos viven con un escaso ingreso que los mantiene sumidos en la pobreza extrema.

Debemos ser conscientes de que el servicio al otro es una vocación que, cuando se vive, no tiene finalidad de lucro, sino todo lo contrario, nos exige cumplir a cabalidad los principios de disciplina y austeridad. Nunca más debe usarse como medio para enriquecerse, sino para enaltecer a la persona. No olvidemos que estamos aquí para servir y no para ser servidos.

Pretender aprobar un aumento, así sea para reconocer la inflación, es incongruente e inmoral, considerando que millones de mexicanos, año con año, ven disminuidos sus salarios en términos reales; salarios y prestaciones, ínfimamente menores a los que nosotros recibimos como legisladores.

Estoy seguro de que sabrán valorar las bondades que la presente medida traerá para la buena imagen de nuestro desempeño parlamentario, la solidaridad manifiesta a los que menos tienen; y que su aprobación nos proporcionará una legítima satisfacción.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, para que sea considerada como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión que no prevea aumento alguno en la dieta y apoyos económicos de los diputados para efectos del anteproyecto de presupuesto anual de la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2008.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

ESTADO DE NUEVO LEON

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió del diputado Juan Manuel Villanueva Arjona, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públicaa que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 incluya una partida destinada al Fideicomiso Estatal de Apoyo a la Producción Cinematográfica de Nuevo León (Promocine).

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 una partida destinada al Fideicomiso Estatal de Apoyo a la Producción Cinematográfica de Nuevo León, a cargo del diputado Juan Manuel Villanueva Arjona , del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura, Juan Manuel Villanueva Arjona , presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, basado en las siguientes

Consideraciones

1. El gremio de Cineastas de Nuevo León, es una agrupación integrada con el auspicio del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, agrupa a mas de 100 directores, guionistas, productores, actores, cinematógrafos, sonidistas, editores, diseñadores de arte, músicos para cine y demás áreas de la realización cinematográfica.

Actualmente, Nuevo León es el segundo polo de producción cinematográfica, representando en el año 2006 el 20 por ciento de la producción cinematográfica de México.

El fideicomiso estatal de Apoyo a la Producción Cinematográfica de Nuevo León, Promocine, es el único fondo en México que existe para apoyar la producción cinematográfica regional.

2. Afortunadamente podemos decir que actualmente México ha salido del bache de producción, y cuenta con alrededor de 75 películas al año.

Sin embargo, es necesario --en reconocimiento a este trabajo y a la relevancia que tiene-- que logremos mayor apoyo económico para que estas producciones nacionales logren sortear la problemática que enfrentan para su comercialización y distribución.

Es necesario contar con mejores equipos, laboratorios, foros, con tecnología avanzada del cine digital, nuevas escuelas y nuevos planteles de formación que complementen los existentes.

Es por ello que en virtud de lo aquí expuesto, me permito presentar ante esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se incluya un partida destinada al Fideicomiso Estatal de Apoyo a la Producción Cinematográfica de Nuevo León.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE VERACRUZ

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió del diputado Antonio del Valle Toca, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de Estado competentes para que declaren y habiliten como aeródromo internacional al aeropuerto nacional El Tajín, ubicado en el estado de Veracruz.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las secretarías de Estado competentes a declarar y acondicionar como aeródromo internacional el aeropuerto nacional El Tajín, Veracruz, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del PAN

Antonio del Valle Toca , diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone al Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión punto de acuerdo a fin de exhortar a las secretarías de Estado correspondientes a que se declare y habilite como aeródromo internacional para la entrada en el país y salida de él de aeronaves mexicanas o extranjeras, tanto del servicio público como privado, de transporte regular y no regular, el denominado ``El Tajín'', situado en Poza Rica, Veracruz de Ignacio de la Llave, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Por lo anterior, someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que se exhorte a las secretarías de Estado competentes para refrendar la propuesta donde se declare y habilite como aeródromo internacional para la entrada y salida al país de aeronaves mexicanas o extranjeras, tanto del servicio público como privado, de transporte regular y no regular, al denominado ``El Tajín'', ubicado en el municipio de Poza Rica, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Transportes.

CONSUMO DE VINO NACIONAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió del diputado Carlos Alberto Torres Torres, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicoa que otorgue un estímulo fiscal a los productores vitivinícolas nacionales, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públicaa que destinen recursos en el próximo ejercicio fiscal para el fomento, promoción y difusión del consumo de vino nacional.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a otorgar un estímulo fiscal a los productores vitivinícolas nacionales; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a destinar en el próximo año recursos para el fomento, la promoción y la difusión del consumo de vino nacional, a cargo del diputado Carlos Alberto Torres Torres , del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal Carlos Alberto Torres Torres , integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La labor destacada de los empresarios mexicanos es la piedra angular del desempeño económico del país, por ser los responsables de generar los empleos y el dinamismo que requiere la economía.

El exitoso desempeño de las empresas e industrias nacionales se interrumpe con las constantes reformas de las normas federales y locales, los altos costos de transacción que esto representa y la complejidad en la interpretación de dichos cambios.

Tal es el caso de las normas tributarias que rigen el país, las que se han hecho complejas con el paso del tiempo, dado el constante cambio legislativo efectuado año con año, lo que da lugar a un régimen fiscal engorroso, rígido y costoso para la industria nacional.

Muestra de lo anterior es el caso de la industria vitivinícola nacional que, ante los múltiples cambios llevados a cabo en las normas que dan vida al sistema tributario nacional, en específico lo concerniente al impuesto especial sobre producción y servicios, ha visto mermado su desempeño, llevándola a mostrar importantes caídas en sus principales indicadores.

La industria vitivinícola nacional está compuestas por grandes y pequeños productores, quienes comparten la necesidad de un sistema de apoyo a sus diversas áreas de producción, logística, comercial, financiero-contable, etcétera, ya que para mantenerse en el mercado requieren elaborar un producto de calidad, que sea entregado a tiempo y venderlo a un precio competitivo.

Instaurar una empresa o negocio lucrativo en la industria vitivinícola resulta un proceso complejo, debido al tiempo en que la inversión tarda en convertirse en producción y, a su vez, en ingresos para las empresas. En otras palabras: los productos vinícolas deben permanecer al menos un año en las barricas, un año embotellados y un año para su comercialización y generación de ingresos a las empresas, sin mencionar el tiempo que tarda el proceso viticultor.

Aunado al arduo y largo proceso entre las cadenas mencionado, también se enfrenta la amenaza de los productos extranjeros, que ocupan 72 por ciento en la comercialización nacional y que provienen de países que gozan de ventajas naturales, como el caso chileno y el argentino, que --a su vez-- les permiten vender sus excedentes a un menor precio, dejando sin oportunidad a los productos nacionales.

Pese a esas dificultades, de acuerdo con cifras presentadas por la Asociación Sistema Producto Vid, 4 de cada 10 actividades industriales tienen relación comercial con la industria de vinos y licores, repercutiendo más allá de sus fronteras manufactureras, al pertenecer a toda una cadena empresarial de bienes y servicios como los sectores turístico y restaurantero, por mencionar dos ejemplos.

Además de los beneficios económicos propiciados por el buen desempeño de la industria vitivinícola nacional, en cuestiones de salud el consumo moderado de vino favorece al sistema circulatorio, inhibe la formación de trombos y disminuye el llamado ``colesterol malo'' (LDL) e incrementa el ``bueno'' (HDL).

Desafortunadamente, como se mencionaba, esta industria se halla en decadencia a causa de los bajos márgenes de utilidad y la sobrerregulación tributaria que hay sobre ella, lo que ha hecho que la industria pierda poco a poco su competitividad y protagonismo en la economía nacional.

De acuerdo con cifras presentadas por la Asociación Sistema Producto Vid de Baja California, en 2000 se tenían empleadas en la industria casi 28 mil personas, que a junio de 2006 habían descendido a poco menos de 22 mil. Tal caída en el empleo generado en esta industria nacional es consecuencia en gran medida del régimen tributario a que tienen que someterse las productoras de vino nacional.

No es únicamente el impuesto de 40 por ciento con que se gravan los productos vitivinícolas nacionales, consistente en 25 por ciento de IEPS y 15 por ciento adicional de IVA, sino --también-- la complejidad en trámites impuestos por la misma normatividad. Por citar algunos ejemplos, se tiene el gravamen al faltante de materias primas o inventarios, en los cuales sólo son permitidas mermas de 5 por ciento sobre las bebidas alcohólicas que se añejen en barricas; la obligación de presentar un informe anual en marzo, de los bienes que se produjeron, enajenaron o importaron, respecto a su consumo por entidad federativa; el requisito de adherir marbetes con un costo de 25 centavos, y precintos con valor cercano a 1 peso, que a su vez generan trámites adicionales para la empresa, como el presentar reportes anuales con las características de los equipos utilizados la producción, destilación o envase de los productos, así como de los números de folio de marbetes y precintos, obtenidos, generados, utilizados, destruidos e inutilizados.

A partir del 1 de abril de 1999 se logró que se considerara en la legislación del impuesto especial sobre producción y servicios el vino como bebida alcohólica producto de la fermentación, diferenciándolo de las bebidas alcohólicas destiladas y eximiendo a los productores de ciertas obligaciones normativas. Dicho logro perdió efectividad en enero de 2002 cuando, producto de la miscelánea fiscal aprobada, se regresó a considerar el vino como bebida alcohólica producto de la destilación, generando nuevas obligaciones a los empresarios vitivinicultores, como la inscripción ante el padrón de contribuyentes de bebidas alcohólicas de las entidades correspondientes.

El excesivo requerimiento de trámites y obligaciones genera aumento de costos y, por ende, menor margen de utilidad a la industria. Eso propicia un precio alto como efecto de los impuestos especiales, contrae la producción y comercialización de vinos y licores, disminuye las ventas y genera desempleo e incentiva el mercado ilegal en la industria vitivinícola nacional, cuando la respuesta de la industria vitivinícola, por el contrario, ha buscado reducir los márgenes de utilidad para mantener los precios en condiciones competitivas y generar una cultura de competencia basada en la calidad y no en el precio, limitando nuevas inversiones al disminuir la competitividad de las empresas nacionales por volumen de ventas.

En virtud de lo expuesto y con base en los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a elaborar un estudio a conciencia sobre las repercusiones económicas de la exención en el pago del impuesto especial sobre producción y servicios a la enajenación de los productos vitivinícolas nacionales, generando la distinción en la normatividad correspondiente de ser productos generados mediante procesos de fermentación y no de destilación, como se encuentra especificado actualmente, con el objetivo primordial de fomentar y beneficiar la producción vitivinícola nacional.

Segundo. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a crear un nuevo programa en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, en específico en el presupuesto destinado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, además de otorgar recursos suficientes a efecto de lograr un eficiente fomento, promoción y difusión del consumo de vino nacional.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese el primer punto a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y el segundo punto a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió del diputado Francisco Javier Gudiño Ortiz, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públicaa que incremente en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 los recursos destinados a la Secretaría de Relaciones Exteriorespara apoyar el servicio de los consulados de Estados Unidos de América.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a incrementar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 los recursos destinados a la SRE para apoyar el servicio de los consulados en Estados Unidos de América, a cargo del diputado Francisco Javier Gudiño Ortiz , del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Francisco Javier Gudiño Ortiz , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía propuesta con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a incrementar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2008 los recursos destinados a la Secretaría de Relaciones Exteriores para otorgar más apoyo a los consulados de México en Estados Unidos, particularmente para que se otorgue apoyo legal a nuestros connacionales que así lo requieran, conforme a las siguientes

Consideraciones

El fenómeno de la migración en México tiene múltiples vertientes: desde los mexicanos que deciden cruzar nuestras fronteras para buscar en otros países mejores oportunidades de vida, hasta los extranjeros para quienes nuestro país es lugar de tránsito, generalmente hacia Estados Unidos, o incluso lugar de destino.

En otras palabras, somos un país de origen, tránsito y destino de trabajadores migratorios y sus familias que afecta tanto a nacionales mexicanos residentes en el exterior, así como a los que se encuentran dentro del territorio mexicano.

En el caso de los mexicanos que han decidido cruzar nuestra frontera, nos encontramos muchas de las veces, a personas que no pueden disfrutar cabalmente de la protección jurídica del país de destino o tránsito porque su situación les niega cualquier reconocimiento jurídico.

Esto agrava la situación de por sí vulnerable de quienes, por razones múltiples, toman la decisión de abandonar sus estados de origen y, en su travesía o destino, se encuentran en riesgo permanente de ser violentados, extorsionados, vejados sin contar prácticamente con defensa alguna.

Compañeras y compañeros legisladores, en el caso de nuestros connacionales, es un hecho que los mismos son objeto de abuso y no cuentan con los medios para poder hacer una debida defensa de sus derechos que garantice el respeto irrestricto de los mismos, mucho menos pensar de sus derechos laborales.

En este contexto, para Acción Nacional el tema migratorio resulta una prioridad, ya que no podemos permitir que un gran número de nuestros connacionales sean víctimas de tratos humillantes, ilegales y violatorios de normas mínimas, a las que se agrega el abuso por parte de las autoridades de Estados Unidos.

No obstante los problemas por los que atraviesan los migrantes en nuestro vecino país del norte, las representaciones consulares de México en ese país en ocasiones no les pueden prestar atención suficiente, ya sea por falta de personal o recursos materiales limitados, y si alguno de nuestros connacionales requiere auxilio inmediato y acude a los consulados a realizar diligencias, solicitar protección o simplemente orientación, no reciben este tipo de servicios como se merecen, a pesar de que, gracias a su enorme trabajo y esfuerzo apoyan a la vida económica de nuestro país con el envío de grandes cantidades de remesas.

Debemos recordar que una de las principales funciones de las oficinas consulares es precisamente proteger a los mexicanos que se encuentren fuera de nuestro país, así como atender y asesorar jurídicamente a nuestros connacionales ante las autoridades extranjeras.

Asimismo, otro de los servicios que tienen gran importancia es el de protección, que asiste aquellos mexicanos que se encuentran detenidos para poderse comunicar con las autoridades consulares por vía telefónica con llamadas por cobrar; asesorar jurídicamente a los mexicanos, cuando éstos lo soliciten, a través de abogados consultores de las representaciones; asumir la representación de los mexicanos que por estar ausentes o por otros motivos se encuentren imposibilitados de hacer valer personalmente sus intereses, entre muchos otros, servicios que tienen derecho a recibir nuestros connacionales, pero que en ocasiones, por falta de personal y recursos los consulados no pueden proporcionar de manera adecuada y oportuna.

No debemos permitir que todos los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos de América se vean afectados por desconocer cuáles son sus derechos o por no ser respetados por empleadores y autoridades sin escrúpulos.

Como legisladores debemos ser enérgicos y solidarios con nuestros connacionales y velar porque en el próximo presupuesto que se discutirá se asignen mayores recursos a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que le amplíe el personal en aquellas representaciones consulares que así lo requieran y, a su vez, pueda asignar mayor personal del área legal, que dé una adecuada defensa a los mexicanos que se encuentran en el vecino país del norte, ya sea porque radican en el mismo legalmente o bien porque andan en busca de una forma digna de trabajo que por desgracia no pueden encontrar en nuestro territorio.

Es nuestro deber garantizar el respeto pleno de los derechos humanos de nuestros connacionales; necesitamos brindar nuestro apoyo proporcionando servicios consulares dignos que defiendan verdaderamente sus intereses, no puede ser que a la fecha haya mexicanos que piensen que no son sujetos de derechos y permitan ser explotados o que se aprovechen de ellos por ser indocumentados, o peor aún, que teniendo legal estancia en aquel país no gocen de derechos plenos por desconocimiento de los mismos.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que dentro del proceso de análisis, discusión, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 aumente los recursos destinados a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a efecto de que amplíe el personal en aquellas representaciones consulares que así lo requieran y a su vez puedan asignar mayor personal del área legal que dé una adecuada defensa a los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos de América.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió del diputado Francisco Javier Murillo Flores, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Públicaa que revise y promueva los procesos de programación detallada y microplaneación, y que asigne los recursos presupuestales para nuevas plazas de docentes en los diferentes niveles y modalidades.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a revisar y promover que el presupuesto destinado a la ejecución del calendario de construcción de espacios educativos como resultado del proceso de programación detallada, microplaneación y sustituciones se ajuste al calendario escolar, a cargo del diputado Francisco Javier Murillo Flores , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito Francisco Javier Murillo Flores diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, y con fundamento en los artículos 58 y 60 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este pleno la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, a que en el ámbito de sus facultades revise y promueva con las instancias de los gobiernos federal y estatales que el presupuesto para la ejecución del calendario de obra de la construcción de espacios educativos como resultado del proceso de programación detallada, microplaneación, y sustituciones se realice acorde y congruente con el calendario escolar, y con esto los alumnos de educación básica puedan contar al primer día de clases del nuevo ciclo escolar con el aula, taller o laboratorio correspondiente y con esta acción contribuir a elevar la calidad de la educación de nuestro país.

El compromiso indeclinable por elevar la calidad de la educación es una preocupación permanente que nos obliga a realizar un análisis minucioso serio y comprometido sobre lo que estamos haciendo y dejando de hacer todos los actores sociales en esta amplia área de oportunidad de los tres niveles de gobierno.

Plantearé hechos muy concretos que en educación se traducen en indicadores educativos, esto es, elementos y rasgos que se pueden evaluar y conforme a sus resultados podemos darnos cuenta si se lograron o no los objetivos y propósitos planteados y a la vez orientar nuestras decisiones.

En el contexto de la calidad de la educación de ninguna manera pudiera dejar de tocar el indicador del aprovechamiento escolar, y lo que hace más preocupante este aspecto, son los resultados del ciclo escolar 2006-2007 que ha publicado y difundido recientemente la Secretaría de Educación Pública de la prueba ENLACE. Examen Nacional de Logro Académico en Centros Escolares, instrumento aplicado de manera censal a todos los alumnos de México de 3º a 6º de primaria y 3º de secundaria, donde el sistema educativo de nuestro país se ubica en niveles que no son nada halagadores y por el contrario, insisto muy preocupantes, de ahí que debemos ser concientes de que en este indicador, de aprovechamiento escolar, intervienen muchos elementos que impactan positiva o negativamente.

En este punto de acuerdo no voy a hablar de subjetividades, sino de cosas concretas, palpables y medibles que influyen en el aprovechamiento escolar, quiero referirme a un fenómeno que se presenta reiteradamente año tras año en muchas de las escuelas oficiales de educación básica de nuestro país, que consiste en que en un gran porcentaje de instituciones educativas al principio del ciclo escolar no cuentan con los elementos indispensables mínimos para laborar normalmente en el nuevo ciclo escolar; me refiero al componente de los espacios educativos: llámese aulas, talleres, laboratorios, etc. elemento irreductible que el estado Mexicano está obligado a proporcionar y que se requiere para que una escuela trabaje con regularidad al principio y durante todo el ciclo escolar.

Si partimos que en una escuela pública, como sucede en muchas de nuestro país, el primer día de clases del ciclo escolar, cuenta con sus libros de texto gratuitos, con maestros preparados, con alumnos listos para iniciar un nuevo ciclo escolar; pero no cuenta con el espacio educativo (aula, equipo, mobiliario taller, laboratorio, etc.) para que inicie las labores escolares en ese nuevo año; tenemos en consecuencia que habrá alumnos y maestros trabajando en espacios educativos adaptados que no cumplen con los requisitos técnico pedagógicos mínimos indispensables, esto en el mejor de los casos, o lo mas grave aun, reunidos dos o mas grupos en un mismo salón de clase sin ser la modalidad de escuela multigrado, hechos que invariablemente inciden negativamente en el aprovechamiento escolar y la calidad de la educación.

Toda esta problemática debido a que hasta esta fecha la construcción de los nuevos espacios educativos se inicia generalmente después del arranque del ciclo escolar, esto en el mejor de los escenarios cuando se prevén recursos o hay economías del rubro, pero en la realidad cotidiana la construcción ocurre hasta muy entrado el año del próximo ejercicio fiscal, propiciando con esto un desfase que repercute en una deficiente atención a infinidad de educandos de preescolar, primaria y secundaria de todo nuestro país, situación que se ve reflejada en el bajo porcentaje de aprovechamiento escolar, y en consecuencia en la deficiente calidad de su educación.

La Secretaría de Educación Pública, como rectora de la educación de nuestro país posee las facultades para regularizar, normalizar y armonizar el proceso de construcción de espacios educativos para que acorde con el inicio del ciclo escolar los alumnos de educación básica cuenten con aula, taller o laboratorio y el correspondiente mobiliario.

Los procesos de planeación deben realizarse con un enfoque eminentemente estratégico, es el caso que tomando como fundamento que la principal finalidad de las inscripciones anticipadas, tiene como principal intención contar con los elementos que ayuden a la autoridad a hacer proyecciones acerca de cuántos alumnos requerirán nuevos espacios educativos el próximo ciclo escolar.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de ésta H. Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La H. Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que realice una revisión minuciosa a los procesos de construcción de espacios educativos a efecto de que ajuste y armonice los tiempos para que las entidades federativas a más tardar el 15 de junio cuenten con el dictamen correspondiente en cuanto a la terminación y entrega recepción de obra por parte de la instancia responsable de esta fase del proceso. Para que los centros educativos en los diferentes niveles y modalidades de educación básica cuenten con toda oportunidad al primer día de clases del próximo ciclo escolar con los espacios educativos correspondientes.

Segundo. La H. Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública y esta a su ves lo haga extensivo a las autoridades educativas de las entidades federativas a que en este contexto todos los centros escolares al inicio del ciclo escolar cuenten con los espacios educativos construidos y equipados con los accesorios necesarios, de tal manera que al primer día del nuevo ciclo escolar no existan alumnos sin aula taller o laboratorio.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

ESTADO DE TAMAULIPAS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió también del diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públicaa que considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 mayores recursos al Programa IMSS-Oportunidades en el estado de Tamaulipas.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 mayores recursos para el programa IMSS-Oportunidades en Tamaulipas, a cargo del diputado Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 mayores recursos para el programa IMSS-Oportunidades en Tamaulipas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En Tamaulipas, el Programa IMSS-Oportunidades cuenta con una infraestructura de servicios de salud equivalente a 104 unidades médicas rurales de primer nivel de atención y 2 hospitales rurales --en Soto la Marina y Ciudad Tula--, que otorgan servicios de segundo nivel. Además, cuenta con 10 unidades móviles para cubrir al mismo número de localidades apartadas y dispersas, denominadas microrregiones, cuya población no rebasa los 500 habitantes.

Con dicha infraestructura proporciona atención médica integral a 234 mil 502 personas, que representan 24 por ciento de la población sin seguridad social en el estado. Así, el IMSS-Oportunidades es un pilar fundamental de la seguridad social en la entidad, al otorgar servicios médicos a la población abierta y en condiciones de marginación.

Por su ubicación geográfica, acuden a las unidades médicas del sur de la entidad huastecos y totonacos procedentes de Veracruz y San Luis Potosí, quienes son atendidos gratuitamente, al igual que todos aquellos mexicanos que acuden a las clínicas del IMSS-Oportunidades.

Gracias a su modelo de atención integral a la salud, cuyos ejes fundamentales son la atención médica integral --en primero y segundo nivel-- y la participación corresponsable de la comunidad, el IMSS-Oportunidades promueve acciones preventivas y de autocuidado de la salud, a través de la estrategia Prevenimss y de una red de promotores voluntarios.

El programa es una pieza clave para combatir las enfermedades generadas por la pobreza en la entidad, dentro de las cuales destacan los padecimientos digestivos por inadecuado saneamiento básico, las infecciones respiratorias agudas, la desnutrición, la alta incidencia de dengue clásico y el riesgo de dengue hemorrágico.

Por otro lado, destaca que --durante este año y a fin de mejorar la atención a los beneficiarios del Programa-- el IMSS-Oportunidades emprendió la construcción de 3 hospitales más en la entidad, ubicados en las localidades de Miguel Alemán, San Carlos e Hidalgo.

En el caso de Miguel Alemán se encuentra aproximadamente a cien metros de la frontera, de tal suerte que es un paso importante de personas que demandan atención médica. En dicha región sólo se cuenta con una unidad de medicina familiar de 2 consultorios, perteneciente al IMSS en el régimen ordinario, lo cual es insuficiente para la demanda de servicios de salud.

Además, para un segundo nivel es preciso derivar actualmente a los pacientes a Reynosa o Nuevo Laredo; por lo que, con el nuevo hospital del IMSS-Oportunidades existirá la posibilidad de evitar tal situación. Beneficiará aproximadamente a 20 mil derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS) y a miles de tamaulipecos que carecen de seguridad social.

No obstante lo anterior, resulta imperante fortalecer la capacidad resolutiva de las unidades médicas ya existentes, pues no sólo se atiende a población abierta, sino también a derechohabientes del IMSS. Además, se prevé que en los próximos años se otorgará también la atención médica a los beneficiarios del sistema de protección social en salud (seguro popular) y a los niños recién nacidos a partir del 1o. de diciembre de 2006, en el marco de la estrategia del Seguro Médico para una nueva generación.

En este contexto, el pasado 18 de julio el Consejo Técnico del IMSS aprobó el anteproyecto de presupuesto de la institución para el ejercicio fiscal 2008, que estimaba ingresos propios por 207 mil 370 millones de pesos (mdp), egresos por 198 mil 377 mdp y un monto de acumulación de reservas equivalente a 8 mil 993 mdp, considerando una restricción de gasto en rubros como materiales, suministros y conservación, que representa en términos reales un 3.9 y 3.6 por ciento respectivamente en relación con el cierre esperado de 2007.

El referido anteproyecto fue remitido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para su análisis y, en su caso, modificación y aprobación, esta dependencia comunicó que la meta de acumulación de reservas financieras a que se refiere la fracción VIII del artículo 275 de la Ley del Seguro Social es de 17 mil 815 millones de pesos.

En este sentido la Dirección General del IMSS ha señalado que una constitución de reservas equivalentes al promedio de los últimos cinco años 13 mil 794 mdp colocaría al IMSS en una situación de insuficiencia financiera en la que sus gastos serían mayores a sus ingresos; en consecuencia, de no ajustar sus egresos o incrementar sus ingresos durante 2008, la constitución de reservas aprobada por la SHCP de 17 mil 815 mdp generaría un déficit financiero de 8 mil 822 mdp.

Llevado el escenario al extremo, los 8 mil 822 mdp menos impedirían al IMSS cubrir sus facturas por conceptos tan básicos como consumo eléctrico o de agua de julio a diciembre de 2008. Algo similar ocurrirá con el consumo de oxigeno o la contratación de servicios médicos integrales.

Dicho en otras palabras, el IMSS-Oportunidades requiere ampliar su capacidad financiera para cubrir los requerimientos que implican las nuevas unidades y las ya existentes en materia de médicos especialistas, medicamentos, material biológico, y equipamiento.

En materia de equipamiento y capacidad de las unidades médicas, vale la pena destacar que --en promedio-- éstas cuentan con más de 15 años de antigüedad, y que desde entonces no se han realizado inversiones o inyectado recursos frescos que permitan mejorar la infraestructura, ampliar la capacidad instalada o modernizar los equipos, como los carros rojos, la red de frío o las salas de rayos X.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, propongo a esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, a otorgar mayores recursos al programa IMSS-Oportunidades en Tamaulipas.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE TAMAULIPAS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió de la diputada Beatriz Collado Lara, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de Tamaulipas a que proponga a la Fraternidad Cultural Tamaulipeca en el Valle de México, Asociación Civil, para la entrega de la presea Licenciado Emilio Portes Gil, edición 2007, al alumno ganador en matemáticas para nivel primaria de la prueba Enlace 2007.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Tamaulipas a proponer a la Fraternidad Cultural Tamaulipeca en el Valle de México, AC, que la presea Licenciado Emilio Portes Gil, edición 2007, se entregue al alumno ganador en matemáticas de primaria en la prueba Enlace 2007, a cargo de la diputada Beatriz Collado Lara , del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada federal, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta, ante esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Año con año, la presea ``Licenciado Emilio Portes Gil'', es otorgada por la Fraternidad Cultural Tamaulipeca en el Valle de México, AC, asociación que da cabida a las y los tamaulipecos interesados y sobresalientes en la cultura y las artes, proyectando a los nuevos valores tamaulipecos y dando espacio para las manifestaciones artísticas de diferente índole en su sede, la Casa de Cultura de Tamaulipas en el Distrito Federal.

Dicha presea es instituida para premiar a quienes se hayan distinguido por su ciencia o virtud en grado eminente y como servidores de nuestra patria o de la humanidad y la propone Don Ricardo Delgado García, presidente de la Fraternidad Cultural Tamaulipeca en el Valle de México, AC.

El pasado mes de abril se llevó a cabo la aplicación de las pruebas ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares 2007), correspondiente al ciclo escolar 2006-2007, acerca de 11 millones de estudiantes de tercero a sexto de primaria y tercero de secundaria.

Dicha prueba está hecha para conocer los resultados de alumnos, grupos y escuelas por modalidad educativa, por entidad y a nivel nacional, a fin de obtener información sobre el funcionamiento de la educación en México.

La Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares valora los conocimientos y habilidades que poseen los alumnos en las asignaturas de Español y Matemáticas, asignaturas que han sido consideradas en diversos estudios internacionales como fundamentales en la educación básica.

En el procedimiento de esta evaluación participaron funcionarios de la subsecretaría de Educación Básica (SEB), del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y de la Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP), profesores y especialistas de Español y Matemáticas, Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM), Sociedad Mexicana Matemática (SMM), Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Universidad del Claustro de Sor Juana (UCSJ), Centro de Investigación y Docencia Económicas, (CIDE), Sociedad Mexicana Matemática (SMM), Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT), Universidad Complutense de Madrid, Instituto de Evaluación e Ingeniería Avanzada, (IEIA), entre otras.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), al dar a conocer los resultados de las pruebas realizadas a estudiantes de nivel básico, informó que en sexto grado de primaria en Matemáticas, el máximo puntaje fue 931, el cual fue obtenido por Andrés Ocampo Montero, alumno de la escuela primaria pública Venustiano Carranza de Tampico, Tamaulipas.

Previamente, Andrés Ocampo Montero ganó la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2007 y obtuvo el primer lugar a nivel estatal.

Por ello y tomando en cuenta el empeño y la dedicación del estudiante Andrés Ocampo Montero, es necesario reconocer e incentivar de esta forma a nuestros estudiantes nacionales por su gran esfuerzo y digno ejemplo a la sociedad mexicana y en especial de la juventud.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 de del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a su soberanía sea puesta a discusión inmediatamente esta proposición con punto de acuerdo por considerarse de urgente y obvia resolución.

Transitorio

Único. Esta Cámara de Diputaos exhorta al gobernador del estado de Tamaulipas a efecto de que proponga a la Fraternidad Cultural Tamaulipeca en el Valle de México, AC, para la entrega de la presea Licenciado Emilio Portes Gil, edición 2007, al alumno ganador en Matemáticas para nivel primaria, de la prueba ENLACE 2007, Andrés Ocampo Montero, estudiante de la escuela primaria pública Venustiano Carranza, del municipio de Tampico, Tamaulipas.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

DISTRITO FEDERAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió de la diputada Guadalupe Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo para que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se consideren recursos para el Programa de Recuperación del Suelo de Conservación delDistrito Federal, y para el Programa de Desarrollo Agrícola de Tláhuac y Milpa Alta, en elDistrito Federal.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 se consideren recursos para los Programas de Recuperación del Suelo de Conservación del Distrito Federal, y de Desarrollo Agrícola de Tláhuac y Milpa Alta, Distrito Federal, a cargo de la diputada Guadalupe Flores Salazar , del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El incremento de la población de la Ciudad de México inició en la región un proceso de alteración del ambiente que continúa hasta nuestros días. Estos cambios se observan en la pérdida de la mayoría de los cuerpos de agua; la desaparición, reencauzamiento o entubado de casi todas las corrientes de agua permanentes o temporales; la disminución drástica de la cobertura vegetal y, como consecuencia, la merma en la biodiversidad y la erosión de los suelos; y el abatimiento de los mantos acuíferos hasta poner en riesgo la viabilidad de la metrópoli.

El Distrito Federal cuenta con una superficie del orden de 150 mil hectáreas, se localiza dentro de una cuenca hidrográfica que rebasa sus fronteras. El suelo de conservación del Distrito Federal ocupa 87 mil 310 hectáreas, lo que corresponde al 59 por ciento del territorio y está constituido por bosques 39 mil 713 hectáreas; por matorrales 4 mil 020 hectáreas, y el uso agropecuario se extiende en 30 mil 785 hectáreas. El suelo de conservación constituye un área de gran relevancia dentro de la cuenca, ya que en él se generan servicios ambientales que son indispensables para la viabilidad de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Dentro de estos servicios sobresalen la recarga del acuífero, la captura de carbono, la producción de oxígeno y la retención de suelo fértil. Todos ellos ligados directamente con el mantenimiento del ciclo hidrológico y por ende con aproximadamente el 70 por ciento del agua que abastece al Distrito Federal.

El suelo de conservación en la Ciudad de México es el eje del equilibrio ambiental de la zona metropolitana del valle de México. La pérdida de cada hectárea de suelo de conservación representa que los mantos acuíferos de la región, dejen de favorecer la recarga de alrededor de 2 millones 500 mil litros de agua cada año. En el territorio del Distrito Federal prácticamente ya no hay reservas territoriales para la expansión urbana. El suelo de conservación no es, no puede ser opción para el crecimiento urbano. El costo de la pérdida de los servicios ambientales que presta hará inviable el equilibrio ecológico no sólo de la ciudad, sino de toda la cuenca del valle de México.

El suelo es un recurso natural no renovable y constituye uno de los principales elementos del patrimonio natural. Su pérdida o deterioro, como sucede con la desertificación, conlleva a graves consecuencias ambientales, sociales y económicas, ya que es el soporte donde se desarrolla la vida. El suelo actualmente está sometido a una presión cada vez mayor. Gran parte de los procesos de degradación de las tierras está asociado con las prácticas agropecuarias no sustentables y con los cambios de uso de suelo no autorizados de terrenos forestales a usos agrícolas, pecuarios o habitacionales en zonas no aptas para ello.

El deterioro ambiental que ocasiona la degradación del suelo es inestimable; sólo para dar una idea, en México el efecto de la erosión hídrica, considerando la pérdida de productividad de soya, maíz, sorgo y trigo, se ha evaluado en mil millones de dólares (magulis, 1992), las graves consecuencias ambientales, productivas y económicas causadas por la degradación del suelo, obligan a la articulación de esfuerzos públicos y privados, hacia un programa común de combate a esta degradación.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), del año 2003, se estima que en México existen 93 millones 500 mil hectáreas afectadas por algún proceso de degradación del suelo causada por actividades antropogénicas, lo que representa aproximadamente el 47 por ciento del territorio nacional continental. Si se tienen en cuenta los desiertos naturales, la cifra aumenta hasta un 71 por ciento. Estos datos confirman que la degradación del suelo es una de las más importantes amenazas medioambientales de México y que, por tanto, es necesario que se desarrollen y dirijan acciones para revertir su deterioro. Se estima que el sector rural del Distrito Federal sufre una deforestación de 500 hectáreas anuales, debido fundamentalmente al cambio de uso de suelo, la tala clandestina, los incendios forestales, provocados principalmente para aumentar la productividad de los pastos destinados al ganado, las plagas y enfermedades forestales.

Para contribuir a la conservación del suelo y a la recuperación de los que en alguna medida se han deteriorado, para el año 2005, se contó con recursos federales por la cantidad de 94 millones 885 mil 600 pesos para la operación del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, cuyo propósito fue dar sustento a los programas de recuperación del suelo de conservación del Distrito Federal, y de restauración de suelo y agua de la zona sujeta a conservación ecológica de Xochimilco del Distrito Federal. Los recursos que se utilizaron, fueron del presupuesto autorizado para el ejercicio 2005 establecido en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2004.

Asimismo, en diciembre de 2006 el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, en el anexo 7 del Programa Especial Concurrente (PEC) para el Desarrollo Rural Sustentable, ramo 16 ``Medio ambiente y recursos naturales'', el rubro ``Otros programas'', con un monto de mil 100 millones de pesos, dentro de los que se consideró el Programa de Recuperación del Suelo de Conservación del Distrito Federal. En ese tenor, el 10 de agosto de 2007 la Semarnat a través de la Comisión Nacional Forestal y el Gobierno del Distrito Federal, conscientes de la necesidad de revertir las tendencias de degradación del territorio de la Ciudad de México suscribieron los criterios de ejecución y operación del Programa de Recuperación del Suelo de Conservación del Distrito Federal como parte integral del Acuerdo Específico de Coordinación para realizar Obras y Acciones de los Programas Forestales dirigidos al Suelo de Conservación en el Distrito Federal, y constituyen la base normativa requerida para la operación de los recursos por 225 millones de pesos que derivan del Programa Especial Concurrente 2007 de la Semarnat, los cuales están orientados para la realización de proyectos, obras y acciones para la recuperación, restauración, protección y conservación de los ecosistemas del suelo de conservación de la Ciudad de México.

Por otra parte, una de las demarcaciones con características rurales es la delegación Tláhuac, que no ha escapado al grave deterioro provocado por el acelerado proceso de urbanización e industrialización, que trae como consecuencia afectación del ambiente y es cada vez más notorio el proceso de erosión del espacio rural. Tláhuac ha tenido una tradición agrícola y cultural campesina que se remonta desde épocas prehispánicas, donde se crearon importantes sistemas de producción en función de los recursos naturales disponibles para alimentar a poblaciones que con el tiempo tomaron las características urbanas. De acuerdo al Plan Rector de Producción y Conservación de la Microregión Tláhuac, elaborado en el año 2004 por la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural del Gobierno del Distrito Federal, los cultivos principales que se producen son maíz, hortalizas, fríjol, amaranto y avena, entre otros.

De la superficie total del suelo de conservación y del área rural de Tláhuac que es de 6 mil 545 hectáreas (7.50 por ciento del Distrito Federal), las actividades preponderantes son la agricultura y la ganadería, que tienen el 87 por ciento y el 18 por ciento de la superficie ocupada. Más de 5 mil 400 productores se dedican a estas actividades. La superficie agrícola es mayoritariamente de temporal. A pesar de la mancha urbana, las familias que habitan en la región agrícola de Tláhuac han mantenido su cultura y costumbres muy ligadas a las actividades agropecuarias. Los pueblos de Tláhuac que se dedican a la agricultura, basan su producción en una relación entre recursos naturales y la producción agrícola.

Los sistemas de cultivo en Tláhuac se realizan gran parte en las chinampas. Originalmente, las chinampas eran alimentadas de agua de los manantiales que nacen en las partes altas, lo que en la actualidad esto se ha modificado. Las aguas de los manantiales han sido desviadas para abastecer de agua potable a la ciudad. La existencia y el funcionamiento de las chinampas se ven amenazadas por el creciente avance de la mancha urbana. Las chinampas también registran graves problemas de deterioro por las plagas que afectan el ahuejote y el sauce llorón, por el azolve a consecuencia del derrumbe de los bordes y por un proceso de secado del lago, así como por el incremento del nivel de salinidad.

Por la importancia social y económica de las comunidades rurales de Tláhuac para la ciudad, y por la mejora continua de las condiciones de vida sus habitantes, la actividad agrícola debe continuar y fortalecerse, para lo cual es necesario el reconocimiento por parte de las instancias oficiales, de la urgente necesidad de atender y promover el desarrollo del campo en Tláhuac y este proceso de recuperación debe incluir la puesta en marcha de programas de reforestación, financiamiento de cultivos, construcción de infraestructura hidráulicas para riego y apoyo en asistencia técnica. Los retos en materia de desarrollo del campo en una de las zonas con mayores grados de marginación consisten sin duda alguna, en la protección del ambiente y la conservación del suelo agrícola de Tláhuac.

Asimismo, otra demarcación que cuenta con una superficie de 28 mil 800 hectáreas es Milpa Alta. Sus pueblos tienen una larga historia de luchas por conservar la tierra. El área forestal es de 27 mil hectáreas de propiedad comunal. Las tierras de labor, 10 mil hectáreas también son de propiedad comunal. De acuerdo con el uso de suelo, el territorio de la delegación está dividido así: usos forestales 49 por ciento, usos agrícolas 41 por ciento y área urbana 10 por ciento. Por su parte, la propiedad ejidal suma mil 795 hectáreas, constituidas por seis núcleos. De esta manera, el 97 por ciento de este territorio es de propiedad comunal y el resto, ejidal o privada.

Los recursos que provee la región representan una parte sustantiva de la supervivencia de los habitantes de Milpa Alta. Los bosques cobijan en su interior una gran variedad de plantas, arbustos y malezas que en su mayoría han sido aprovechados ancestralmente por los pobladores. En términos de producción agrícola, Milpa Alta es una delegación muy importante del valor total de la producción en el Distrito Federal. El 98 por ciento de la producción agrícola es de temporal. Aunque esta producción se concentra en el nopal, acompañan a este cultivo el trigo, la cebada, el amaranto, la papa, el frijol, el maíz, etcétera. Sin embargo, se enfrenta con serios problemas para el desarrollo óptimo de estas actividades, como la falta de disponibilidad de riego, la atomización de las tierras, la falta de vocación agrícola de muchas tierras por su gran pedregosidad, las heladas frecuentes en las zonas más altas, los grandes deslaves por la carencia de terrazas, la falta de crédito o el financiamiento restringido o a destiempo y la falta de asistencia técnica, entre otros problemas.

De las doce comunidades que integran Milpa Alta, diez cultivan el nopal-verdura. Si bien el nopal aparece como uno de los cultivos más rentables, esto depende de factores como el número de hectáreas destinadas, la capacidad de inversión y, sobre todo, los canales de comercialización establecidos. En conjunto, estos problemas han orillado a los productores a dejar de producir, abandonar sus parcelas y dedicarse a otras actividades. Las consecuencias atraviesan los problemas sociales, el impacto económico de las familias, la pérdida de cultura e identidad, etcétera. En el terreno ambiental, esto genera la erosión por viento y lluvia, y la pérdida de materia orgánica y el arrastre de los materiales arcillosos del suelo.

Ante esta situación, se considera que para combatir la marginalidad en la que se encuentran diversos pueblos agrícolas de Milpa Alta, es indispensable impulsar programas que reúnan características de rentabilidad económica y de sustentabilidad ambiental, donde el eje integral sea la conservación de los recursos naturales y, en suma, el mantenimiento de esta riqueza natural que brinda alimentos, agua, aire e identidad a los milpaltenses. Por ello, se hace necesario apoyar el desarrollo del campo milpaltense.

En tal virtud, ante estos escenarios planteados, resulta impostergable que en el presupuesto 2008 se destine un monto presupuestal de 300 millones de pesos para el Programa de Recuperación del Suelo de Conservación del Distrito Federal con recursos del Programa Especial Concurrente (PEC), así como también destinar un monto presupuestal específico de 60 millones de pesos a fin de implementar un programa para la preservación y desarrollo agrícola en Tláhuac y Milpa Alta.

Con base a lo expuesto, me permito proponer a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a las Comisiones de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública que se destine en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 un monto de 300 millones de pesos para el Programa de Recuperación del Suelo de Conservación del Distrito Federal.

Segundo. Se solicita asimismo a las Comisiones de Desarrollo Rural, Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública que se destine en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 un monto de 60 millones de pesos, para un programa de desarrollo agrícola en Tláhuac y Milpa Alta, Distrito Federal.

Tercero. Se solicita incluir el Programa de Recuperación de Suelo de Conservación del Distrito Federal dentro del Programa Especial Concurrente en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

ESTADO DE GUERRERO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió del diputado Modesto Brito González, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo para que en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se realicen estudios de factibilidad y proyectos de ejecución para fortalecer el Programa Nacional de Infraestructura Carretera en el estado de Guerrero.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que, en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, se realicen estudios de factibilidad y proyectos de ejecución para fortalecer el Programa Nacional de Infraestructura Carretera en Guerrero, a cargo del diputado Modesto Brito González , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal Modesto Brito González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática integrante del LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante el Pleno de esta soberanía al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Que Guerrero es uno de los estados más atrasados en infraestructura carretera, siendo ésta una realidad constatada cotidianamente. Que no ha existido un programa de la administración pública federal responsable que active la inversión para la construcción de carreteras interconectadas que comuniquen más fácilmente un estado de la república, que geográficamente se encuentra accidentado y le permita con ello sentar las bases de una nueva realidad socioeconómica. Asimismo, se ha destacado que la carretera denominada Autopista del Sol no reúne los estándares de seguridad y calidad que representa una autovía que valga lo que se cobra por circular en ella. El desempeño de esta autopista debe ser revisado y ajustado a las exigencias técnicas que determina la orografía por donde esta pista está trazada e incluso suspender el pago del uso de los tramos carreteros, en aquellos donde el servicio y las condiciones materiales del camino no son eficientes, hasta en tanto se adecuen las condiciones para su uso con seguridad y calidad.

Es por ello básico reconocer que la infraestructura en comunicaciones es una de las bases del crecimiento económico de cualquier estado, nación o región. Determinando que una buena inversión en carreteras y comunicaciones produce como consecuencia el incremento del PIB de manera sustantiva, por supuesto en el mediano plazo.

Esto quiere decir que la inversión en infraestructura en nuestros días no debe estar condicionada a los vaivenes de la práctica política; por el contrario, representa la realización de esfuerzos por la construcción de un acuerdo entre fuerzas políticas distintas que establezcan las bases estructurales del desarrollo regional más allá de simples discursos declarativos, propiciando y definiendo con ello la formulación de un plan estratégico de infraestructura para Guerrero, cuya meta, en el cumplimiento de objetivos sea 2020, como el horizonte temporal de construcción y habilitación de infraestructura mínima de alta calidad. Esto derivaría en un verdadero esfuerzo para iniciar una política que remonte la situación de subdesarrollo de Guerrero y del sur del país, que incluya nuevas líneas de ferrocarril, que lamentablemente son hoy el punto negro del transporte en México.

Segunda. Que variadas voces se han manifestado por transformar la situación actual del estado de Guerrero, para afrontar de manera contundente las condiciones de pobreza existentes. Por otro lado, el estado de Guerrero ocupa, de acuerdo con datos de la organización internacional Sí Paz, ``el segundo lugar nacional a nivel de marginación por sus viviendas (Fuente: INEGI, 2000). Es el segundo Estado con mayor índice de analfabetismo en las mujeres (más de 23 por ciento, comparado con 9.5 por ciento a nivel nacional; Chiapas ocupa el primer lugar, con 25.5 por ciento, y Oaxaca el tercero. con 22 por ciento). En Guerrero, para muchas personas, sobre todo indígenas, y aún más, mujeres, el derecho a la educación no se cumple por varios motivos. La situación de pobreza obliga a los niños a trabajar para mejorar la economía familiar. Además, muchas comunidades aisladas no cuentan con las infraestructuras adecuadas para dispensar la educación: falta de aulas, mobiliario, libros, servicios básicos, falta de maestros, clases sobrellenas, por ejemplo''.

Asimismo, la comunicación por caminos y carreteras en el estado ha resultado sumamente complicada y, por tanto costosa; esto provoca que 23 municipios no tengan acceso por vías pavimentadas, situación que genera el rezago que prevalece en el desarrollo del Estado. ¹

Realidad que no debe prevalecer a inicios del siglo XXI.

Asimismo, se proponen de parte de actores sociales, del gobierno, partidos y líderes de opinión acciones para propiciar la creación de iniciativas políticas que favorezcan la atención inmediata de la federación hacia el sur, como un medio para resolver las condiciones de miseria existentes. El estado de Guerrero debe ser considerado en consecuencia con una visión política que supere las reflexiones inerciales y conservadoras de tipo centralista fortaleciendo la elaboración de un nuevo pacto social y político en beneficio de las regiones nacionales marginadas.

Tercera. Que fue presentado en la segunda quincena de julio del año en curso el Plan Nacional de Infraestructura que, entre otras cosas, pretende ``hacer de México una de las principales plataformas logísticas del mundo con costos competitivos, particularmente de transporte y de energía. Que pretende mejorar el acceso de los mexicanos, especialmente de quienes menos tienen a los servicios públicos y que promueva un desarrollo regional equilibrado sin menguar la competitividad creciente en el norte del país, pero dando especial atención a superar el rezago del centro, del sur y del sureste de México''.

Que las intenciones de este programa son propiciar una inversión de cerca de 2 billones de pesos durante el periodo de 2007-2012. Es decir, un gasto en un escenario básico de 420 mil millones de pesos por año, teniendo como pretensión construir y modernizar 17 mil kilómetros de caminos y carreteras.

Éste es uno de los planteamientos que sostienen la base de esta propuesta, que se presentó ``como una estrategia clara de visión de largo plazo'', pero sólo para 2012. Sin embargo, añade, las naciones que han logrado el crecimiento económico son las que comenzaron a invertir hace años en una red de infraestructura de carreteras modernas. Por cierto, reconoce la importancia de los litorales, que en el caso de Guerrero cuenta con dos puertos de importancia. En el mencionado plan se apunta asimismo que actualmente Barbados, Chile, Panamá y Jamaica están por encima de nosotros en inversión de infraestructura, en el caso de China, ésta invierte el doble de lo que invierte México, en proporción a su producto interno bruto.

Según este dicho, imaginemos cómo está entonces el sur del país y el estado de Guerrero.

Dicha propuesta fue presentada como detonante de la inversión para la infraestructura nacional, que merece ser comentada en los siguientes términos:

Cuarta. Que es facultad exclusiva del Congreso determinar las bases sobre las cuales el Ejecutivo puede celebrar empréstitos, sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos y reconocer y pagar la deuda nacional. Que también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que ningún empréstito podrá realizarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos. Que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo, una vez aprobadas las contribuciones para cubrirlo. Y que dicho procedimiento aún no ha iniciado ante esta soberanía. Y que una de las funciones del Poder Legislativo es la del control sobre el Poder Ejecutivo.

Quinta. Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece los procedimientos expresos para la integración y formulación de las diversas etapas del Presupuesto de la Federación basado entre otras cosas, en la evaluación del desempeño y de los resultados realizados por los ejecutores del gasto. Asimismo, a la Cámara de Diputados, le corresponde aprobar o modificar los proyectos y programas de inversión en infraestructura presentados en el proyecto de Presupuesto de la Federación por el Ejecutivo.

Sexta. Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que a toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta del financiamiento o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

En este sentido se propone que el financiamiento de las obras señaladas en esta proposición con punto de acuerdo se aborden utilizando los recursos provenientes del plan de austeridad operativa del gobierno federal anunciado el 3 de diciembre de 2006, en el cual se estimó ahorro para este año por el orden de 25 mil 500 millones en gastos burocráticos y que según la Secretaría de la Función Pública en agosto de este año se realizaron ahorros adicionales en dicho programa.

Séptima. Que es necesario fortalecer la infraestructura de comunicaciones en el estado de Guerrero y comunique las siete regiones del estado con un sistema de carreteras modernas ampliadas y nuevas. Que éstas posean puentes seguros, y túneles, sobre sus numerosas montañas y ríos. Que las vías rápidas permitirán reducir tiempos de viaje entre ciudades y pueblos.

Que Guerrero necesita concretar un ambicioso proyecto de autopistas y carreteras de dos carriles de seis metros en cada cuerpo con acotamientos, que permitan la conectividad y la velocidad en la comunicación basada en actual tecnología de ingeniería de caminos, que permite hoy construir carreteras seguras y unir poblaciones.

Que es indispensable la edificación de infraestructura con sentido social que garantice el bienestar para todos y permita que los presupuestos destinados a infraestructura sean de alta calidad y no obras truqueadas con mantenimiento ineficiente, como el caso lamentable de la Autopista del Sol.

Por lo fundado y expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se conmina respetuosamente a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que se contemplen en el análisis, discusión, y modificación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, y en su caso la aprobación de los montos adicionales para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ejecute la realización de los estudios necesarios y dictámenes correspondientes, y en su caso la construcción ampliación y rehabilitación inmediata de los siguientes tramos carreteros con las medidas arriba recomendadas, que permitan una infraestructura moderna y segura de caminos pavimentos que sean ejes alimentadores para los caminos rurales del estado de Guerrero, mismo que deberá ser parte del programa de infraestructura nacional:

Segundo. Se exhorta al gobierno del estado Guerrero para que en el marco de sus atribuciones elabore o presente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes los proyectos ejecutivos que obran en sus archivos, sobre los tramos carreteros arriba señalados para ser incluidos en el proyecto carretero del estado y sean tomados en la política de gasto de infraestructura carretera nacional.

Nota: * Acabu.comunicación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió de la diputada Irma Piñeyro Arias, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, adopte medidas para garantizar el cumplimiento de las disposiciones señaladas en la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la ONU.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a adoptar, por conducto de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, medidas que garanticen el cumplimiento de lo dispuesto en la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la ONU, a cargo de la diputada Irma Piñeyro Arias , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La diputada federal Irma Piñeyro Arias del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo para que instruya a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que en coordinación con las demás dependencias concurrentes, se adopten las medidas necesarias para implementar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Los pueblos indígenas de todo el mundo, particularmente de países en vías de desarrollo, han denunciado a lo largo de décadas, de manera persistente, las violaciones en sus derechos humanos, la pérdida de libertades personales, así como el despojo de sus tierras y recursos naturales.

En este contexto la Asamblea General de las Naciones Unidas del pasado 13 de septiembre del presente año, aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que marca un importante hito histórico que establece el respeto a los derechos de los pueblos indígenas del mundo, que incluyen la propiedad de sus tierras, acceso a los recursos naturales de sus territorios, la preservación de sus conocimientos tradicionales.

La Declaración, de 46 artículos, en que se les otorgan a los pueblos originarios derechos, la mayoría de ellos tomados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como de otros tratados, determina obligaciones a los países para garantizar el cumplimiento de las disposiciones, entre las que sobresalen la preservación de lenguas, tradiciones, cultura, no discriminación ni explotación, trabajo, acceso al desarrollo, educación y salud, respeto a sus instituciones y formas de organización y gobierno. Sin duda el derecho internacional ha dado un paso importante en el reconocimiento de los derechos colectivos.

La protección de los pueblos indígenas, no obstante, según lo atestiguan los diferentes mecanismos de defensa de los derechos humanos, está entre los más vulnerables. La carta, tras su primera presentación en 1982 ante la entonces Comisión de Derechos Humanos de la ONU, varios países occidentales y africanos preocupados por la repercusión de la Declaración en su soberanía lograron impedir su avance mediante continuos llamados a su renegociación.

En 2006, después de ser adoptada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, lograron aplazar de nuevo su consideración hasta este año del 61 periodo de sesiones de la Asamblea General. La Declaración fue adoptada por 143 de los 192 países, representados en el organismo entre ellos México, y la abierta oposición de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Entre los puntos de la Declaración se destaca que ``los Estados deberán otorgar reconocimiento legal y protección'' a las tierras, territorios y recursos que son tradicionalmente propiedad de los indígenas, así como a las áreas ``ocupadas, usadas o adquiridas'' por estos pueblos. También que los pueblos indígenas tienen el derecho al resarcimiento, lo cual puede incluir la restitución o, cuando no es posible, una compensación justa y equitativa por sus tierras y recursos, ``que han sido confiscados, tomados, ocupados, usados o dañados sin su libre, previo e informado consentimiento''.

El documento obliga a los Estados a solicitar de los pueblos indígenas la aprobación para cualquier proyecto que afecte a sus tierras, territorios y otros recursos. E incluye, para estos pueblos, el derecho al autogobierno en los temas relacionados con sus asuntos internos y locales, así como procedimientos y formas para autofinanciarse.

En este sentido, la Declaración asiente que los territorios donde viven los indígenas no pueden ser utilizados con fines militares ni, como era frecuente en el pasado, para el depósito de residuos tóxicos, principalmente en los países desarrollados.

La Declaración de la ONU sostiene que los más de 370 millones de indígenas en el mundo no deben ser sujetos de ``ningún acto de genocidio u otro acto de violencia'', ni se debe proceder al traslado forzado de niños de un grupo a otro. Tampoco pueden ser desplazados de sus tierras o territorios, mientras que su reubicación no puede ser llevada a cabo sin consentimiento previo, tras una decisión tomada con libertad.

Los pueblos indígenas siguen siendo expulsados de sus territorios so pretexto del establecimiento de zonas protegidas o parques nacionales. El desplazamiento forzado de sus bosques tradicionales, como resultado de leyes que favorecen los intereses de empresas comerciales, es un factor fundamental en el empobrecimiento de esas comunidades. Según las Naciones Unidas, alrededor de 60 millones de personas indígenas de todo el mundo dependen casi por entero de los bosques para sobrevivir.

En América Latina hay más de 650 pueblos indígenas reconocidos por los estados, que a su vez presentan una diversidad de realidades territoriales y demográficas, y poseen diferentes rangos sociopolíticos dentro de los países donde se asientan. El común denominador negativo es el avasallamiento histórico al que han sido sometidos, y la persistencia de distintas formas de discriminación que les afecta todavía, y que se expresa en el hecho de que estos pueblos sufren con mayor intensidad que el resto de la población condiciones de marginalidad territorial, exclusión socio-económica y falta de acceso a instancias de poder político.

No obstante que países del Continente Americano han estado a la cabeza con reformas constitucionales, en relación con la tierra, sin embargo, los procedimientos para otorgar los títulos han sido lentos y complejos y, en muchos casos, los títulos concedidos a las comunidades no se respetan en la práctica. La privatización de las tierras indígenas ha venido aumentando. La mayor parte de los recursos naturales --minerales, agua, fuentes potenciales de energía y otros más-- se encuentran dentro de los territorios de los pueblos indígenas. El acceso a esos recursos y su propiedad y utilización sigue siendo una cuestión contenciosa. Las leyes aprobadas permiten la apropiación privada de tierras ricas en recursos naturales.

Hoy la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, resultado de más de dos decenios de negociaciones, subraya que el control de las tierras, y los recursos por los pueblos indígenas les permitirá mantener y fortalecer sus instituciones, sus culturas y sus tradiciones y promover su desarrollo de conformidad con sus aspiraciones y necesidades.

Sin embargo, aunque la Declaración firmada en la Asamblea General de la ONU no es un documento jurídicamente vinculante, sí representa a nivel mundial y particularmente para nuestro país un instrumento dinámico en las normas internacionales, que ayudará a proteger a los indígenas contra la discriminación, marginación y reconocimiento y ejercicio de sus derechos. La Declaración hace hincapié en la importancia de la educación bilingüe y alude a la implementación de medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de las condiciones económicas y sociales de los ancianos, mujeres y menores indígenas, en particular.

Por ello, el titular de Naciones Unidas urgió a los gobiernos y la sociedad civil a integrar de inmediato a sus agendas de derechos humanos y desarrollo los asuntos relacionados con las garantías de los indígenas, mediante la elaboración de políticas y programas para garantizar que la Declaración se convierta en una realidad.

En México el ejercicio colectivo de los derechos indígenas requiere cambios estructurales que permitan la construcción de un Estado pluricultural.

La reforma constitucional de 2001 que modificó los artículos 1, 2, 4, 18 y 115, fue un paso muy importante para avanzar en la construcción de una nueva relación entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad. Sin embargo, los pueblos indígenas aún demandan el respeto a su cultura y tradiciones, el reconocimiento de sus derechos colectivos y su inclusión en todas las formas de participación social, política y económica. Con justa razón exigen a los tres poderes del Estado Mexicano y a los 3 niveles de gobierno ser tomados en cuenta cuando se regula y legisla respecto de sus tierras, formas de organización, lenguas, recursos naturales, sistemas normativos internos, participación, desarrollo y consulta.

Asimismo, si bien es cierto que ha habido avances como lo dispuesto por la constitución política federal que señala que podrán elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, todavía queda pendiente garantizar el respeto de los derechos humanos de los indígenas, así como por el cumplimiento y la adopción de mecanismos eficaces para erradicar la discriminación, fomentar la tolerancia y el pleno cumplimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Hoy por hoy, ser indígena en México significa estar ubicado en la línea de extrema pobreza; significa vivir en tierras en donde el atraso se ha mantenido durante décadas; significa emigrar, abandonar la tierra, la cultura, sus afectos para sobrevivir.

La situación en la que viven los indígenas de México es un ejemplo de los claroscuros que prevalecen en la sociedad; y nos obliga a replantear nuestro modelo de desarrollo, a incorporar sus reclamos en las políticas públicas para fomentar una cultura de respeto, con mecanismos que impidan lesionar más sus intereses como la práctica común de autorizar la explotación de los recursos existentes en sus tierras. Una asignatura pendiente en el desarrollo legislativo.

En nuestro país, de acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Declaración apoyada por 143 países beneficiará a 12 millones de personas indígenas, que constituyen más de la décima parte de la población mexicana, que ocupa el octavo lugar en el mundo en cuanto a diversidad cultural. Los pueblos y comunidades indígenas integran cerca del 12.7% de la población nacional, distribuidos en cerca de 20 mil localidades, de acuerdo a cifras de la propia Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

En virtud de lo anterior, esperamos una respuesta positiva, con el propósito de sumarnos con acciones a la protección y el reconocimiento de nuestros pueblos indígenas, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, exhorta al Ejecutivo y somete a la consideración de esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo para que instruya a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que en coordinación con las demás dependencias concurrentes, se adopten las medidas necesarias para implementar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas.

CIENCIA Y TECNOLOGIA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públicapara que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 considere recursos para ciencia y tecnología.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a considerar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 recursos para ciencia y tecnología, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los recientes acontecimientos sobre el extraordinario desempeño de los tres alumnos mexicanos que ganaron el primer lugar en el concurso mundial de geografía nos hace reflexionar sobre los grandes pendientes que tiene nuestro país en temas de educación, ciencia y tecnología.

Principalmente el rubro de ciencia y tecnología en México ha sufrido en los últimos años un severo retroceso en la agenda nacional, que se ha reflejado en las asignaciones presupuestarias. A escala internacional se ha manifestado el continuo declive de México en las clasificaciones internacionales de competitividad, principalmente por lo que se refiere al aspecto tecnológico. ¹ De ahí que sea necesario promover y financiar nuevas estrategias científicas y tecnológicas que involucren a los centros de investigación, las universidades y las empresas privadas, y dar prioridad a la formación de recursos humanos, como un valioso aporte del gobierno para el desarrollo económico del país.

En México, el número total de investigadores por cada mil personas empleadas en el país es 10 veces menor que el promedio de las naciones que pertenecen a la OCDE. México tiene 10.7 computadoras por cada 100 habitantes, solamente arriba de Turquía. El coeficiente de inventiva es de 0.05 por debajo de Argentina y Chile. ² Las cifras de México señalan que el gasto per cápita en investigación y desarrollo por habitante pasó de 43.4 dólares para 2003 a 42.2 en 2004, que lo sitúa como el país con el gasto de investigación y desarrollo más bajo en la OCDE. ³

Esos rezagos han propiciado que diversas organizaciones internacionales como la UNESCO, ⁴ la OCDE y el Banco Mundial recomienden invertir en el rubro de ciencia y tecnología entre el 1 y 1.5 del producto interno bruto (PIB). Esta recomendación, igualmente, ha encontrado eco en diversos sectores nacionales, como el académico, el empresarial y hasta los gobiernos estatales que integran la Conago, que subrayan la importancia estratégica de llegar a un presupuesto federal en materia de ciencia y tecnología que alcance 1 por ciento del PIB.

Sin embargo, en esta materia nuestro país retrocede. El gasto federal para ciencia y tecnología en México, de 2005 a 2007, pasó de 0.37 por ciento ⁵ a 0.35 por ciento respecto al PIB, aún muy alejado del 1 por ciento que se ha recomendado. En su composición, de 2005 a 2006, el gasto destinado al Conacyt bajó de 29 por ciento de este gasto a sólo 18.5 por ciento.

Así, desde 2004 hasta 2007, el gasto programable federal destinado al Conacyt como porcentaje del PIB se han mantenido en apenas 0.1 por ciento. ⁶ En 2007 vio disminuir recursos en áreas sustantivas y temas tan importantes como la investigación científica (5.4 por ciento), el desarrollo tecnológico (5 por ciento), y los servicios científicos y tecnológicos (4.7 por ciento)

La actual Ley de Ciencia y Tecnología señala explícitamente en el artículo 9 Bis la aspiración de alcanzar al menos 1 por ciento en inversión pública en ciencia y tecnología; y como prevé el artículo segundo transitorio del decreto de la reforma del artículo 9 Bis de esta ley, es indispensable retomar el incremento gradual del presupuesto en este rubro, de manera tal que se incrementen todas las actividades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Por todo esto es indispensable recomendar que en la próxima discusión sobre el Presupuesto federal de 2008 se considere un aumento sustantivo a este rubro, que repercuta de manera gradual el gasto del Conacyt y permita que se retome un aumento en el gasto federal para ciencia y tecnología. La propuesta es que este gobierno al finalizar su sexenio realmente se acerque al 1 por ciento del PIB nacional señalado en la ley.

Por eso se solicita que se otorgue para el gasto federal en ciencia y tecnología por lo menos 0.5 del PIB nacional, donde el Conacyt reciba el 35 por ciento de estos recursos.

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a considerar en la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 el aumento de recursos destinados a ciencia y tecnología en un porcentaje de 0.5 del PIB nacional, donde el Conacyt reciba 35 por ciento de estos recursos.

Notas: 1 Número de solicitudes de patentes por residentes por cada 10 mil habitantes. 2 Bazdresch P., Carlos y Romo M., David. El impacto de la ciencia y la tecnología en el desarrollo de México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, diciembre de 2005, página 34. 3 Conacyt. Informe general del estado de la ciencia y la tecnología 2006, México en el mundo, página 233. 4 Ídem, página 237. 5 Conacyt. Capítulo I, ``Gasto en actividades científicas y tecnológicas'', página 5; y Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2006.