Nombre: Juana Lorenza Acosta.

Puesto: Auxilias de limpieza.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Nombre: Tricia Olivares Fernández.

Puesto: Operador de conmutados.

Lugar de trabajo: Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California

Nombre: Juan Guillermo Molar del Ángel.

Puesto: Inspector de campo.

Lugar de trabajo: Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América en Reynosa, Tamaulipas.

Nombre: Juan Ignacio Vélez Contreras.

Puesto: Inspector de campo.

Lugar de trabajo: Departamento de Agricultura de Estados Unidos en Reynosa, Tamaulipas.

Nombre: Miriam Pamela Moreno Escobar.

Puesto: Supervisor de programa.

Lugar de trabajo: Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América en Reynosa, Tamaulipas.

Por lo anterior, me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a ésta de Gobernación, tramitar ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, apartado c), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las personas que se citan a continuación puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en que solicitan que se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales.

Al mismo tiempo se informa que la persona que se cita a continuación solicita la cancelación del permiso que le fue concedido para prestar servicios al gobierno de los Estados Unidos de América.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Las solicitudes de permiso túrnense a la Comisión de Gobernación. Y por lo que se refiere a la ciudadana que deja de prestar servicios, remítase a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para su conocimiento.

FLOTA ATUNERA

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número DGPL 60-II-5-899 signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgada y Patricia Villanueva Abraján , presidenta y secretaria respectivamente, de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño para los fines procedentes copia del similar número 112.2.-247 suscrito por la licenciada Elisa Podesta Rivas, directora general adjunta de Estudios Interinstitucionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio de ese cuerpo colegiado.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

En atención a su oficio número SEL/300/3545/07 del 4 de septiembre de 2007, a través del cual nos remite copia del punto de acuerdo aprobado, mediante el cual exhorta para que modifiquen la norma oficial mexicana NOM-EM-04-PESC-2001, donde se establecen las reglas de operación de la flota atunera, para restringir sus operaciones de pesca y su acercamiento a una distancia de 20 millas náuticas de las costas con el fin de evitar el daño a las poblaciones de tortuga marina, mantarayas y ballenas.

Por lo anterior, anexo al presente encontrara fotocopia del oficio número DGOPA/07895/180807/040049 del 18 de septiembre del año en curso, signado por el director de general de Ordenamiento Pesquero y Acuícola de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, el doctor Martín Botello Ruvalcaba, para los fines que estime procedentes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciada Elisa Podesta Rivas, directora general adjunta de Estudios Interinstitucionales de la Coordinación General de Estudios Interinstitucionales de la Sagarpa.--- Presente

Con relación a su oficio número 112.2.-187 en el que solicita la información para dar respuesta al punto de acuerdo enviado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgada y Patricia Villanueva Abraján , presidenta y secretaria de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, enviado mediante oficio número DGPL 60-II-5-899 dirigido al secretario de Gobernación en el que se ``exhorta a la Sagarpa, la Semarnat, la Conapesca y al Instituto Nacional de Pesca para modificar la norma oficial mexicana NOM-EM-04-PESC-2001 incluyendo la restricción de las operaciones de pesca de la flota atunera a una distancia 20 millas náuticas de las costas con el fin de evitar el daño a las poblaciones de tortugas marinas, mantarayas y ballenas y la competencia desleal de dichas embarcaciones sobre los pescadores ribereños del Golfo de Tehuantepec'', le comento lo siguiente:

La NOM-EM-04-PESC-2001 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de agosto del 2001 tuvo inicialmente una vigencia de 6 meses de acuerdo con el artículo 48 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, sin embargo dado el aviso de prórroga publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de marzo de 2002 estuvo vigente por seis meses más.

Consecuentemente, esta secretaría publicó el aviso de prórroga de la NOM-EM-04-PESC-2001 en el Diario Oficial de la Federación el 4 de marzo de 2002, el cual perdió su vigencia en el mismo plazo de 6 meses de acuerdo al artículo 48 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y el artículo 35 de su reglamento.

Por tal motivo, el punto de acuerdo propuesto por esa legislatura de la Cámara de Diputados no podrá integrarse a dicho ordenamiento legal ya que no se encuentra vigente.

Sin embargo, se ha solicitado la opinión técnica del Instituto Nacional de la Pesca sobre esta medida de ordenación para su consideración en el contexto de la elaboración de regulaciones para la pesquería de atún, específicamente para las operaciones de dicha flota atunera.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

BIOSFERA CHAMELA-CUIXMALA

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-1-813, signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Santiago Gustavo Pedro Cortés , presidenta y secretario, respectivamente, de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 16/RQ/CI-1142/2007, suscrito por el licenciado Max Kaiser Aranda, titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Secretaría de la Función Pública, mediante el cual atiende el punto de acuerdo señalado en el oficio de ese cuerpo colegiado.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de la Función Pública.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Con fecha veintiuno de septiembre del año en curso se recibió en este Órgano Interno de Control bajo mi responsabilidad copia del oficio número SEL/300/3604/07 de fecha diez de los corrientes, suscrito por usted, mediante el cual amablemente remitió al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el día seis de este mes, exhortando a esta autoridad administrativa para que realice la investigación del procedimiento de autorización de las manifestaciones de impacto ambiental de los proyectos IEL La Huerta y Tambora.

En relación con lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que con fecha dieciocho de abril del año en curso se radicó en el área de quejas de este Órgano Interno de Control el expediente administrativo de investigación PDE-43/2007, en el cual se está recabando la información relativa al procedimiento de autorización de las manifestaciones de impacto ambiental de los mencionados proyectos, a fin de contar con los elementos de convicción necesarios para determinar si existieron o no irregularidades administrativas en el mismo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-1334, signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Santiago Gustavo Pedro Cortés , Presidenta y Secretario, respectivamente, de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número DGF/0248 12007, suscrito por el ciudadano Rubem Hofliger Topete, Encargado del despacho de la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio de ese cuerpo colegiado.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/300/3602/07, recibido en esta dirección general el 18 de septiembre del 2007, mediante el cual participa que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de su Presidenta, la ciudadana Ruth Zavaleta Salgado , y el Secretario, Santiago Gustavo Pedro Cortés , han comunicado al licenciado Francisco Javier Ramírez Acuña, secretario de Gobernación, el Punto de Acuerdo aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo el 6 de septiembre del año en curso, que a la letra dice:

Una vez analizado el contenido de ese punto de acuerdo, y a la luz de la legislación que determinan las atribuciones y competencias de la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y los instrumentos financieros que componen su oferta de atención frente a los fenómenos naturales, me permito obsequiar algunas consideraciones y conclusiones.

Así, mediante la declaratoria de referencia, se activaron los recursos del Fonden para dar atención inmediata a la población afectada; cabe señalar que dichas declaratorias amparan y cubren con recursos del fondo los gastos para atender las necesidades prioritarias e inmediatas de la población damnificada.

Como se aprecia, el procedimiento regulado en los lineamientos para emitir declaratorias de emergencia y la utilización del fondo revolvente para atender los efectos negativos del fenómeno perturbador, es compartido entre la federación y la entidad federativa bajo los principios de corresponsabilidad y complementariedad que sustentan las acciones del Fonden, no así la distribución de los insumos, que son responsabilidad exclusiva de entidad federativa requirente.

a. Canalizar a los fideicomisos denominados Fondos de Desastres Naturales de las entidades federativas, los recursos en coparticipación correspondientes al gobierno federal, por cuenta y orden de éstas, para todas aquellas obras y acciones donde concurran el gobierno federal, los estados, municipios y el Distrito Federal.La ejecución de dichos recursos estará condicionada a la aportación de las coparticipaciones de los gobiernos locales en los porcentajes previstos en las presentes reglas, con excepción de los anticipas a que se refiere el numeral 24;b. Apoyar, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación previstos en estas reglas, en la mitigación de los daños a las viviendas de la población de bajos ingresos que no tienen posibilidades de contar con algún tipo de aseguramiento público o privado, afectadas por un desastre natural;c. Apoyar, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación previstos en estas reglas, en la reparación o, en su caso, reconstrucción, por los medios que determinen el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, según corresponda; los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos considerados como tales por ley o por declaratoria;d. Apoyar de manera transitoria a las dependencias y entidades de la administración pública federal de los tres órdenes de gobierno, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación previstos en estas reglas, la reparación de su infraestructura asegurada, en términos de lo dispuesto en el numeral 6 de estas reglas;e. Apoyar la restitución parcial o total de los daños ocasionados por un fenómeno perturbador en la infraestructura federal, incluyendo los bienes de dominio público de la federación, cuyo uso o aprovechamiento no haya sido objeto de concesión o cualquier otra figura análoga por la cual se otorgue el uso, goce o explotación de un bien de dominio público de la federación, y que no se encuentren asegurados a causa de algunos de los supuestos previstos en el numeral 5 de estas Reglas;f. Apoyar, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación previstos en estas reglas, a la restitución parcial o total de los daños ocasionados por un fenómeno perturbador en la infraestructura (incluyendo los bienes de dominio público o privado) de las entidades federativas, municipios y delegaciones del Distrito Federal, cuyo uso o aprovechamiento no haya sido objeto de concesión o cualquier otra figura análoga por la cual se otorgue el uso, goce o explotación de un bien de dominio público, y que no se encuentre asegurada, de acuerdo con lo que establezcan las leyes respectivas y que correspondan a la infraestructura básica que se utiliza para prestar servicios a la población, siempre que la falta de aseguramiento se encuentre debidamente justificada en términos de lo dispuesto en el numeral 5 de estas reglas;g. Apoyar, de acuerdo con los porcentajes de coparticipación previstos en las presentes reglas, las acciones tendientes a restituir total o parcialmente los daños causados por desastres naturales en recursos forestales, áreas naturales protegidas, zonas costeras, cauces de ríos y lagunas;h. Canalizar recursos al Fideicomiso Preventivo a cargo de la Secretaría de Gobernación, en términos de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley General de Protección Civil;i. Constituir un fondo revolvente a favor de la Secretaría de Gobernación, en términos de lo dispuesto en la fracción I de este numeral, yj. Al cierre del ejercicio fiscal de cada año, aportar el recurso no ejercido de este programa, al Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, conforme se establezca en la normatividad aplicable. -- Presentación y entrega de los resultados de cuantificación y evaluación de daños elaborados en conjunto por el estado y las contrapartes de las dependencias y entidades federales;-- El gobierno del estado entrega a la Secretaría de Gobernación o de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la documentación en la que señale la insuficiencia de recursos para atender el desastre natural.-- La entrega de la solicitud de declaratoria de desastre natural emitida por la entidad federativa.-- Entrega de la solicitud de anticipos por el gobierno del estado.

3. Antecedentes

Ya conocida, de manera muy general, la operación de este Fondo se informa que a la fecha se han dado los siguientes pasos en la entidad federativa de en comento:

De tal manera que viendo el actual estado de las cosas y en atención a cada una de sus solicitudes, le informamos que habrá de esperar la nueva fecha para conocer de qué manera y con qué montos se atenderá y apoyará los daños ocurridos en Baja California Sur.

En el caso que nos ocupa, la atención realizada en el estado de Baja California Sur en ocasión del ciclón tropical Henriette, se determinó sujetándose estrictamente a la normatividad aplicable y en ámbito de las atribuciones de la Secretaría de Gobernación; por lo que esta dirección general seguirá actuando con la premura y diligencia que exija el caso, y que así se haga efectiva la inmediatez que las circunstancias requieren para que los recursos del Fonden resulten un elemento fundamental para atemperar los efectos y daños ocasionados por los fenómenos naturales.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

ESTADO DE YUCATAN

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio No. D.G.P.L. 60-II-2-880 signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Santiago Gustavo Pedro Cortés , Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, con el presente les adjunto, para los fines procedentes, copia del similar No. RPY.- 407/2007 suscrito por el biólogo Alfredo Arellano Guillermo, director regional de la península de Yucatán y Caribe mexicano de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio de ese cuerpo colegiado.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Hago referencia a su similar con número de control SEL/300/3606/07 del 7 de septiembre de 2007, dirigida al ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y turnada para su atención a esta de mi cargo, en el que hace del conocimiento de esta dependencia el punto de acuerdo de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en el que se exhorta al ``titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que por medio del titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas elabore y publique a la brevedad el programa de manejo del área de protección de flora y fauna Yum Balam''.

Con relación a dicho punto, me permito comentarle lo siguiente:

Toda vez que existe dentro de la CONANP un procedimiento para ampliar esta área natural protegida y para modificar su categoría de manejo a reserva de la biosfera, y considerando que está en proceso la planeación del programa de ordenamiento ecológico local del municipio Lázaro Cárdenas, la publicación del programa de manejo de Yum Balam, al que hace referencia el exhorto, se encontraba en estado de espera para compatibilizarlo con ambos procesos.

No obstante, y en virtud de los planteamientos realizados por la Cámara de Diputados, y para evitar dejar sin regulaciones específicas en tanto se concluyen los citados procedimientos, se ha enviado, para su revisión del área jurídica, la propuesta del programa de manejo de dicha área y se procede al trámite de autorización ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Economía. Lo anterior, es requisito para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

ESTADO DE HIDALGO

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-1332, signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y María Eugenia Jiménez Valenzuela , Presidenta y Secretaria, respectivamente, de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número 412.- 0491, suscrito por el ingeniero Víctor Celaya del Toro, director general de Estudios para el Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio de ese cuerpo colegiado.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-1332, por medio del cual comunica al secretario de Hacienda y Crédito Público los puntos de acuerdo de la sesión celebrada por la Cámara de Diputados el 4 de septiembre de 2007 que las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y María Eugenia Jiménez Valenzuela , Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión comunican al titular de la Secretaría de Gobernación

Al respecto, me permito comentarle que este asunto fue remitido a la Subsecretaría de Desarrollo Rural para su atención procedente, informándole en lo que concierne a la Sagarpa de lo siguiente.

En cuanto a la publicación de la declaratoria en los municipios de Hidalgo afectados por el paso del huracán Dean, le comento que por tratarse de un fenómeno climático con afectación en diversos sectores económicos será publicada en los próximos días por la Segob como declaratoria de desastre natural, con base en la cual se están activando los recursos del FAPRACC.

Respecto a las acciones que esta secretaría ha emprendido con el gobierno del estado para atender las afectaciones, le menciono que se han dado por dos vías: la primera mediante el seguro agrícola catastrófico que el gobierno de Hidalgo contrató en el presente año con recursos del FAPRACC para 228 mil 163 hectáreas de cultivos de maíz, cebada, frijol, avena, trigo, cítricos, café, maguey, manzano, durazno y nopal tunero en 84 municipios para diversos fenómenos climáticos, entre ellos los relacionados con la presencia de huracanes (lluvia e inundación), por lo que en primera instancia con la activación de dicho seguro se atiende la mayor parte de las afectaciones originadas por el paso del huracán Dean.

Por otra parte, también se apoyará con recursos del programa FAPRACC a productores afectados por el fenómeno de vientos (riesgo no cubierto por el seguro catastrófico), para lo cual se instaló un comité estatal de evaluación de daños que, con fecha 20 de septiembre de 2007, entregó a la Sagarpa el reporte final de los daños y el padrón de productores afectados, con base en el cual el gobernador solicitó ese día los apoyos del programa.

A la fecha se encuentran aprobados mediante el acuerdo número CTN/FAPRACC 06/02-9/02107 (anexo a este oficio) y en proceso de ser radicados los recursos federales a la cuenta del gobierno del estado una vez que sea firmado el anexo técnico correspondiente, estos recursos con la aportación estatal suman 1 millón 928 mil 593.00 pesos, destinados a apoyar 2 mil 21.1 hectáreas de maíz y 5 mil 320 jornales, en beneficio de 2 mil 848 productores afectados.

Sin otro particular por el momento, reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

ESTADO DE HIDALGO

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-1332, signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y María Eugenia Jiménez Valenzuela , Presidenta y Secretaria, respectivamente, de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número DGF/0281/2007, suscrito por el ciudadano Rubem Hofliger Topete, encargado del despacho de la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio de ese cuerpo colegiado.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Ciudadano Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/300/3541/07, recibido en esta dirección general el 12 de septiembre de 2007, mediante el cual participa que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión ha remitido un oficio con número D.G.P.L. 60-II-6-1332, signado por su Presidenta, Ruth Zavaleta Salgado , y la Secretaria María Eugenia Jiménez Valenzuela , y en el que comunican al licenciado Francisco Javier Ramírez Acuña, Secretario de Gobernación, el punto de acuerdo tomado por el pleno de ese órgano legislativo el4 de septiembre del año en curso, que a la letra dice:

Me permito ahora, en atención a los petitorios que componen el exhorto inserto en el numeral primero del punto de acuerdo en cuestión y específicamente a los temas relativos a esta Secretaría de Gobernación, a darles debida respuesta a la luz de la legislación que determina las atribuciones y competencias de esta Dirección General del Fonden y los instrumentos financieros que componen su oferta de atención frente a los fenómenos naturales:

En materia de desastre, la Secretaría de Gobernación no autoriza ni tiene a su cargo los recursos del Fonden, así como tampoco actúa como ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado, dado que sólo le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los recursos del Fonden desde la ocurrencia del desastre hasta la autorización de los recursos, y siempre en franco ceñimiento al marco jurídico correspondiente. Es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que autoriza, con cargo al programa Fonden, una vez validados los recursos solicitados para la atención de un desastre natural en particular, autorizando ese gasto, ya sea del Ramo General 23, ``Provisiones Salariales y Económicas'', del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007; o bien, convoca a sesión del Comité Técnico del Fideicomiso Fonden para que los recursos sean aprobados con cargo al patrimonio de éste, a efecto de que la entidad federativa --a través de las instancias estatales ejecutoras correspondientes-- puedan disponer de los recursos del Fonden para iniciar de inmediato las acciones de reconstrucción o apoyo autorizadas, previa aportación de la coparticipación que le corresponda ante el Fideicomiso Fonden estatal.

No obstante lo anterior, presentamos a continuación una breve reseña en relación a la declaratoria de desastre en el Estado de Hidalgo, en ocasión del paso del huracán Dean:

Actualmente se está en proceso de integración de la documentación por parte de las dependencias federales involucradas para que esta Secretaría pueda enviar la solicitud global de recursos a su autorización correspondiente.

Finalmente, por lo que hace al resto de ese documento, le indico que no corresponde a esta unidad administrativa su dilucidación o respuesta.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

ESTADO DE SONORA

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En atención al oficio número D.G.P.L.60-II-6-1343, signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y Patricia Villanueva Abraján , Presidenta y Secretaria, respectivamente, de ese órgano legislativo, con el presente les acompaño, para los fines procedentes, copia del similar número DGF/0282 /2007 suscrito por el Rubem Hofliger Topete, encargado del despacho de la Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, mediante el cual da respuesta al punto de acuerdo señalado en el oficio de ese cuerpo colegiado.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/300/3654/07, recibido en esta dirección general el 24 de septiembre del 2007, mediante el cual participa que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión ha remitido un oficio con número D.G.P.L. 60-II-6-1343, signado por su Presidenta, ciudadana Ruth Zavaleta Salgado , y la Secretaria Patricia Villanueva Abraján , y en el que comunican al licenciado Francisco Javier Ramírez Acuña, secretario de Gobernación, el punto de acuerdo tomado por el Pleno de ese órgano legislativo el 11 de septiembre del año en curso, que a la letra dice:

Se desprende del contenido del punto de acuerdo arriba referido que el petitorio se resume en la asignación de ``recursos suficientes y oportunos del Fonden'' para los municipios de ese estado de Sonora afectados por el paso del huracán Henriette.

A ese respecto es preciso hacer algunos señalamientos por lo que hace a esta Secretaría de Gobernación y, más concretamente, al Fonden. Lo anterior en franca liga a la normatividad aplicable, concretamente el cuerpo normativo que dispone los requisitos y procedimientos para acceder a los recursos del programa Fonden o Fideicomiso Fonden, en caso de declaratoria de desastre; es decir, el acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (ROF) --Diario Oficial de la Federación, 19 de septiembre de 2006:

Una vez visto lo anterior, se reseñan brevemente los pasos que se han dado en el caso del procedimiento de declaratoria de desastre en el estado de Sonora, en ocasión del huracán denominado Henriette:

Es apreciable entonces que, en el caso que nos ocupa, la atención operada en el estado de Sonora en ocasión del ciclón tropical Henriette se determinó sujetándose estrictamente a la normatividad aplicable y en ámbito de las atribuciones de la Secretaría de Gobernación, encontrándose actualmente, el proceso en la integración de la documentación por parte de las dependencias federales involucradas, para que esta secretaría pueda enviar la solicitud global de recursos a su autorización correspondiente.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 31 a la iniciativa de la Ley de Ingreso de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

«La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, senadora de la república por el estado de Tlaxcala a la LX Legislatura e integrante del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 31 a la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

En días pasados recibimos del Ejecutivo federal el paquete económico para el ejercicio fiscal 2008, en el que se incluye la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2008, donde se observa que los ingresos presupuestales totales registran una variación real entre la iniciativa y la Ley de Ingresos aprobada para 2007 de 3.3 por ciento (154 mil millones aproximadamente), no obstante se estima una reducción de 1.1 por ciento respecto al cierre esperado (56 mil millones aproximadamente).

En cuanto a los ingresos petroleros, se espera que para el cierre de 2007 la producción será de 3 millones 162 mil barriles diarios, mientras que para 2008 se especula que podría alcanzar una producción de 3 millones 129 mil barriles diarios, sufriendo una caída derivada de la disminución esperada de la producción y de la creciente demanda interna de energéticos.

Se estima que la recaudación federal participable para 2008 ascenderá a 1 billón 394 mil millones de pesos, lo que representará un incremento de 5.7 por ciento respecto a 2007.

En materia de estímulos fiscales contempla un monto de 4 mil 500 millones de pesos asignados a Ciencia y Tecnología, lo que en el ejercicio fiscal 2007 no se contemplaba.

Sin embargo, en materia de transparencia observamos que existe un retroceso en comparación con la iniciativa de la Ley de Ingresos que presentó el año pasado el Ejecutivo federal; ejemplo de ello es que no se contempla la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice un diagnóstico integral de la situación actual de las haciendas públicas estatales y municipales, así como diversas propuestas para el fortalecimiento de las haciendas públicas de los tres órdenes de gobierno, que tengan como objetivos fundamentales dar mayor eficiencia al uso de los recursos públicos y hacer más eficaz el impacto de dichos recursos en la población.

Este estudio resulta de gran relevancia, como él mismo lo indica, pues el cumplimiento del derecho de acceso a la información favorece la transparencia, el conocer uso y destino de recursos públicos, sus resultados y su desempeño; propicia que la sociedad evalúe la gestión gubernamental, la eficiencia y la calidad de las instituciones y sus servicios.

El documento contiene aspectos importantes como la evolución de los ingresos estatales, diagnóstico sobre la deuda pública de las entidades federativas y municipios, relevancia económica de los incentivos, diagnóstico de los esquemas de pensiones en México, así como los resultados de los programas de fiscalización, entre otros.

La presente iniciativa pretende establecer la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante convenio con cada una de las entidades federativas realice el estudio que muestre el diagnóstico integral de la situación actual de las haciendas públicas estatales y municipales, y además incorpora como propuesta que éste sea remitido a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la Unión y no sólo a la Cámara de Diputados como actualmente se encuentra contemplado, ya que si bien la Cámara de Diputados tiene como facultades exclusivas la aprobación y fiscalización del gasto público, también el Senado de la República de conformidad con lo establecido en el artículo 73 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuenta con facultades para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto, sin realizar funciones de fiscalización, pero sin impedimento jurídico para que pueda dar seguimiento a los ingresos y al gasto, pues el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria contempla la entrega al Congreso de la Unión de informes trimestrales con desglose mensual de los ingresos obtenidos y la ejecución del Presupuesto de Egresos, así como de la situación económica y de las finanzas públicas del ejercicio.

Por ello resulta conveniente que las comisiones del Senado de la República realicen el estudio y pronunciamiento respecto de los informes que las secretarías de despacho están obligadas a remitir al Congreso de la Unión, ya que resulta importante recabar la información necesaria para conocer oportunamente los objetivos de quienes ejercen la función pública y conocen los problemas que aquejan a los sectores sociales tratando de atender acorde con la naturaleza de sus funciones.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 31 a la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 para quedar como sigue:

Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante convenio con cada una de las entidades federativas, deberá realizar estudio que contenga diagnóstico integral de la situación actual de las haciendas públicas estatales y municipales, así como diversas propuestas para el fortalecimiento de las haciendas públicas de los tres órdenes de gobierno, que tenga como objetivos fundamentales dar mayor eficiencia al uso de los recursos públicos y hacer más eficaz el impacto de su aplicación en la población. Para la realización de dicho estudio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá seguir los lineamientos técnicos que establezcan las Comisiones de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la Unión antes del 15 de febrero de 2008.

La realización del estudio a que se refiere el párrafo anterior será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y deberá publicarse en su página de Internet, así como entregarse al Congreso de la Unión a más tardar el 15 de mayo de 2008.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Antonio Mejía Haro, a nombre propio y de la senadora Claudia Corichi García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implementar un programa de reconocimiento de la ampliación de plazas académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y a la Cámara de Diputados para que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008, se asigne una partida especial superior al 2007 para el rescate financiero de las universidades públicas del país.

La presidencia dispuso que el primer resolutivo de dicho punto de acuerdo se turnara a la Comisión de Educación y el segundo a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

«Los suscritos, senadores Antonio Mejía Haro y Claudia Corichi García, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del Senado de la República, conforme a lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el cual el Senado de la República exhorta al Ejecutivo federal a implementar un programa de reconocimiento de la ampliación de plazas académicas y administrativas, producto del incremento del número de programas académicos y de la matrícula estudiantil de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y a la honorable Cámara de Diputados para que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2008, se asigne una partida especial superior a la de 2007 para el rescate financiero de las universidades públicas del país, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Al seno de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) se debaten temas cruciales en torno a la educación superior como: ampliar la cobertura con equidad, mayor pertinencia y responsabilidad social, mejorar la calidad educativa, innovar y transformar los modelos de enseñanza- aprendizaje, fortalecer las capacidades académicas y de organización, potenciar la generación y aplicación de conocimientos, formar recursos humanos de alto nivel, renovar la vinculación, la extensión y la difusión de la cultura, ampliar el financiamiento y mejorar su distribución.

El financiamiento es indispensable para lograr los objetivos anteriores, ya que actualmente no existe una política de Estado que garantice a las universidades públicas fuentes permanentes y estables de financiamiento, ni existen criterios claros y equitativos para el otorgamiento de los recursos.

El modelo de asignación del presupuesto ordinario para las universidades públicas implementado por la federación hace diez años, ha resultado desfavorable, ya que consiste en otorgar el subsidio del año anterior, más el incremento inflacionario, ignorando el crecimiento natural de las instituciones en los programas académicos de licenciatura y posgrado y de la matrícula; lo que conduce a problemas financieros de las universidades, al no reconocerles por parte de la SEP el incremento justificado de las plazas académicas y administrativas.

La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) es un claro ejemplo de los problemas que generan las restricciones económicas impuestas por el gobierno federal a las universidades públicas.

En los últimos dos sexenios, la Universidad Autónoma de Zacatecas ha sido llevada al borde de una crisis financiera. Como otras entidades, la UAZ ha recibido transferencias del gobierno federal en el marco de los convenios de apoyo financiero a la educación superior; sin embargo, estos apoyos han disminuido año con año sin que medie explicación alguna.

Esto hace que actualmente el subsidio ordinario sólo cubra el 70 por ciento de las obligaciones contractuales, reconocidas por las instancias laborales. Desde hace 12 años no se reconoce una sola plaza de trabajadores administrativos, ni de funcionarios, y en diez años sólo se han reconocido 123 plazas de profesores de tiempo completo por la vía del Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP).

En contraste, en este mismo periodo se ha duplicado la población estudiantil, la oferta educativa pasó de 55 a 85 programas académicos de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Se ha incrementado el número de profesores con postgrado, con perfil PROMEP y en el Sistema Nacional de Investigadores. La acreditación de programas académicos de calidad se ha triplicado. Además la Universidad Autónoma de Zacatecas se ha descentralizado, ampliando sus tareas aparte de la capital del estado a 10 municipios de la entidad.

Para dar cobertura a estas necesidades educativas durante esos años, la planta docente tuvo un crecimiento de un 21 por ciento; similar crecimiento se dio con el personal administrativo, mientras que la plantilla de funcionarios decreció en un 7 por ciento.

Para disminuir la crisis financiera de la Universidad Autónoma de Zacatecas se han hecho modificaciones estructurales y profundas a los contratos colectivos de trabajo del personal académico y administrativo para incrementar los años de servicio de 25 a 30 años, para bajar el aguinaldo de 90 a 40 días; se eliminaron las jubilaciones dinámicas para los profesores que ingresaron a la institución a partir de agosto de 1991. En aras de la transparencia y para dar certidumbre en el ejercicio de los recursos se practican auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Sin embargo, de poco sirven todos estos esfuerzos, si no buscamos soluciones de fondo al problema financiero de la UAZ, como sería: el reconocimiento por parte de la SEP del incremento natural y justificado de plazas académicas y administrativas contratadas en un periodo de diez años y la recuperación de las plazas de jubilados; con el compromiso de la universidad de que en lo sucesivo, todo programa académico nuevo para implementarse deberá contar además de la aprobación del Consejo Universitario con la autorización de las plazas demandadas por parte de la SEP.

Para ello, las autoridades universitarias plantean el crecimiento del presupuesto ordinario en 400 millones de pesos, o bien el reconocimiento de la diferencia en el número de plazas académicas y administrativas que paga la universidad y las que reconoce la SEP.

Para disminuir los pasivos laborales, la rectoría de la UAZ puso a consideración de la SEP un proyecto de ventanilla de venta de prestaciones para los 800 profesores con derecho a jubilación dinámica (los que ingresaron antes de agosto de 1991), consistente en que el profesor interesado y de manera voluntaria reciba en estos momentos el 29 por ciento a que tiene derecho por su antigüedad y a cambio renuncie al bono de gratificación por jubilación, al complemento de salario por jubilación y cuando se jubile sólo recibirá lo que establece la Ley del ISSSTE.

Las acciones anteriores deben complementarse con el fortalecimiento presupuestario significativo para las universidades públicas de programas como: Programa del Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), Fondo de Jubilaciones y Pensiones, Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), entre otros.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta al Ejecutivo federal, a través de los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública a implementar un programa de reconocimiento de la ampliación de plazas académicas y administrativas, producto del incremento en un periodo de diez años del número de programas académicos y de la matrícula estudiantil de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Segundo. El Senado de la República exhorta a la honorable Cámara de Diputados, para que en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2008, se asigne una partida especial superior al 2007 para el rescate financiero de las universidades públicas del país.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió de la Senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta para que en la conformación del decreto de Presupuesto de Egresos para el 2008, se considere un incremento presupuestal al fideicomiso de gastos catastróficos dependiente del sistema de protección social en salud federal en materia de VIH.

La Presidencia dispuso que dicha propuesta se turnara a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

«La que suscribe, senadora María Elena Orantes López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta Cámara, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la propuesta con punto de acuerdo que se fundamenta con base en los siguientes

Antecedentes

I. Contexto del VIH/sida en el mundo

La ONUSIDA estimó que a nivel mundial existen 39.5 millones de personas que viven con VIH, de los cuales 37.2 millones son adultos, (siendo mujeres 17.7 millones), y 2.3 millones menores de 15 años.

En todo el mundo cada día se infectan por el VIH alrededor de 11 mil personas: 4.3 millones de personas contrajeron la infección en el 2006.

Lo alarmante es que aproximadamente el 40 por ciento de las nuevas infecciones por VIH, se producen en jóvenes de entre 15 y 24 años.

Tan solo el año pasado el sida causó 2.9 millones de muertes en todo el mundo.

América Latina y el Caribe tienen una epidemia más reciente, pero el número de infecciones por VIH rebasó la cifra de 1.7 millones de infecciones (1.7 millones en América Latina y 250 mil producidas en el Caribe).

Existen datos de que el Caribe se ha convertido en la segunda región más afectada por la epidemia del sida, después de la África subsahariana, con una prevalencia del 1.2 por ciento en población adulta.

Los niveles de infección son elevados entre los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres (HSH), el comercio sexual, y con brotes del virus entre los consumidores de drogas inyectables; asimismo, la proporción de mujeres que viven con el VIH continúa creciendo.

II. Diagnóstico y prospectiva del VIH/sida en México

En México, los casos de VIH-sida notificados desde 1983 (año en que inició esta epidemia en el país) hasta 2006 suman 107 mil 625, de las cuales el 83 por ciento son hombres y el 17 por ciento son mujeres. Pero se estima que las personas viviendo con VIH-sida son 182 mil.

Las personas de 15 a 44 años de edad constituyen el grupo más afectado con 78.7 por ciento de los casos registrados.

Por cada cinco casos acumulados de VIH/sida en hombres se ha observado un caso en mujeres; y en lo casos sexuales esta relación se conserva.

México se clasifica como un país con una epidemia de sida concentrada en los grupos que mantienen prácticas de riesgo: 13.5 por ciento de prevalecía de VIH en hombres que tienen sexo con hombres, 15.0 por ciento en trabajadores del sexo comercial y 3.9 por ciento en hombres usuarios de drogas inyectables.

La incidencia de la enfermedad en 2006 fue de 5 mil 102 nuevos pacientes.

Actualmente se encuentran en tratamiento 37 mil 669 pacientes en organizaciones de salud públicas.

III. El VIH/sida materia de salud y legal

México aún no cuenta con una ley sobre VIH/sida como muchos otros países. Sin embargo, en las estrategias de la Secretaría de Salud contra el VIH/sida se basan en 4 ejes principales:

1. Acceso universal

2. Programas de prevención en México

3. Discriminación

IV. México sede de la Conferencia Internacional de Sida, 2008

Consideraciones

Los avances logrados hasta ahora en torno al acceso universal en prevención, atención integral, derechos humanos y cambios estructurales en la lucha contra el sida, son dignos de reconocimiento.

Asimismo, las acciones realizadas hasta ahora para lograr el acceso universal a la prevención del VIH han estado basadas en la evidencia científica y bajo el marco del Estado laico que nos rige.

Lo que nos toca es lograr que como Poder Legislativo coadyuvemos con el Ejecutivo federal en mantener y avanzar en políticas y presupuestos de prevención del VIH/sida basadas en las evidencias científicas y no en los prejuicios o en razonamientos de tipo ideológico.

Por otro lado, las políticas públicas y presupuestos de prevención del VIH deben ser orientadas de acuerdo a la Metas del Milenio que fijan ``detener y revertir la epidemia del VIH/sida para el 2015'', así como las metas de la Declaración de Compromisos sobre el Sida de Naciones Unidas (Ungass) y los compromisos internacionales en la materia, a los que México se ha sumado.

Es necesario también, aumentar los recursos destinados a la prevención del VIH hasta alcanzar los 660 millones de pesos por año conforme a los criterios del Onusida.

Otro aspecto a destacar, es el relativo a que la educación en la sexualidad es una de las armas más importantes para combatir el VIH/sida, por lo que es necesario que el sistema educativo en México fortalezca una educación en sexualidad integral basada en las evidencias científicas y en el respeto a los derechos humanos. Una educación en sexualidad con enfoque de género, diversidad y de respeto al Estado laico conforme lo marca la Constitución.

Se debe también reevaluar los contenidos de los temas relacionados a VIH/sida en las currículas de todas las escuelas de medicina del país.

Respecto al acceso universal a la atención integral, se ha logrado la cobertura universal de medicamentos antirretrovirales a personas afectadas por el VIH/sida. A fin de mantener y avanzar hacia la Meta del Milenio, es necesario que la Cámara de Diputados destine el presupuesto asignado a dichos medicamentos regularizable para garantizar el presupuesto suficiente que cubra año con año la nueva demanda. Señalamos, sin embargo, que existen muchos aspectos pendientes. El acceso universal a los tratamientos debe acompañarse de una atención integral en los hospitales y centros de salud que contemple la cobertura universal de medicamentos para infecciones oportunistas, así como para los estudios clínicos y pruebas de laboratorio.

El derecho constitucional a la protección de la salud no se agota con el acceso universal a los tratamientos antirretrovirales, contempla también la calidad de la atención. La forma como se están prescribiendo los tratamientos antirretrovirales en las diversas instituciones públicas de salud está poniendo en riesgo la vida y la salud de las personas tratadas. Necesitamos personal médico capacitado, sensibilizado y libre de prejuicios. Es necesaria la coordinación de todas las instituciones de salud del país para mejorar la atención de las personas con VIH y acabar con la duplicidad de esfuerzos y la dilapidación de recursos. La Guía de Atención del VIH/sida elaborada por el Conasida que es obligatoria desde el decreto del 14 de noviembre de 2004, tiene que hacerse cumplir en todas las instituciones, hospitales y centros de atención.

La meta de reducir la mortalidad por sida no podrá alcanzarse si se continúa diagnosticando a las personas en las salas de urgencia de los hospitales, con cuadros avanzados de sida. Es necesario promover el diagnóstico temprano del VIH y otorgar tratamiento oportuno a las personas que resulten positivas. Pero para que resulte eficaz la promoción de las pruebas de detección, debe acompañarse de consejería y del respeto irrestricto a los derechos humanos. No se podrá controlar la epidemia en el país si la gran mayoría de las personas que están afectadas lo desconocen.

Es importante destacar que la situación en el Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS) es crítica y apremiante. La atención a las personas que se da en esta institución no se basa en la Guía de atención, algunos de sus médicos emiten prescripciones médicas erróneas y algunas de sus delegaciones incluso compran medicamentos que ya no son recomendados ni en México ni en otros países como terapias para tratamiento del VIH/sida; existen frecuentes y constantes desabastos de medicamentos antirretrovirales lo que genera mayores resistencias virales que impactarán no solo en la vida y salud de los personas, sino también en los presupuestos públicos al necesitar comprar terapias de rescate que son más costosas.

Por otra parte, el IMSS no cuenta con un programa estructurado de VIH/sida a pesar de que atiende la mayor proporción de personas con VIH/sida del país. Las metas y compromisos del país no podrán ser alcanzadas si las autoridades del IMSS continúan con la misma actitud negligente hacia esta problemática. Hacemos un llamado urgente al gobierno federal para que revise y modifique el esquema en que el IMSS aborda el VIH/sida antes de que siga dañando y poniendo en riesgo la salud de miles de mexicanos derechohabientes.

En cuanto al acceso universal y los cambios estructurales, es necesario que se mantenga la estructura del Conasida como instancia de definición de la política pública, y que se le dote de carácter vinculatorio para todas las instancias gubernamentales ahí representadas; a fin de que sus resolutivos vayan conformando una política de Estado en torno al VIH/sida.

Es necesario el avance en el cumplimiento de las Metas del Milenio, retomando los objetivos planteados en el Plan de Acción del VIH/sida 2001-2006, con el fin de dar continuidad a las políticas de salud.

La defensa y protección de los derechos humanos son el punto de partida en el que se debe sustentar la respuesta a los desafíos que nos plantea la epidemia del VIH. No podremos cumplir con la meta del milenio de detener esta epidemia en el 2015 si no combatimos el estigma y la discriminación hacia las personas que viven con VIH/sida, y hacia los grupos más desprotegidos y vulnerables de la epidemia.

Por ello, las campañas contra la homofobia y de equidad de género emprendidas por el Censida y el Conapred deben ser reforzadas y multiplicadas. En este sentido, la Cámara de Diputados debe destinar recursos suficientes al Conapred encargado de conducir la política contra la discriminación en el país.

No podemos dejar de mencionar que en el 2008, México será la sede de la Conferencia Internacional de Sida, el evento mundial más importante sobre el tema que ha llegado a congregar a más de 25 mil delegados de todo el mundo. Por primera vez este evento se realiza en un país de América Latina y México será la puerta para que el mundo conozca las características de la epidemia en esta región tan invisible en esta lucha. Tenemos una gran responsabilidad con todos los países de la región. Debemos fortalecer el liderazgo internacional del país en la lucha contra el sida.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se hace un atento exhorto al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al año 2008, se considere un incremento presupuestal al Fideicomiso de Gastos Catastróficos del Sistema de Protección Social en Salud, perteneciente al Sistema de Protección Social en Salud, acorde al número de personas que requieren tratamiento por VIH. Asimismo, que el presupuesto aprobado para dicho fideicomiso en dicha materia se considere como prioritario y se etiquete para la cobertura con medicamentos para los pacientes con VIH, así como la contratación de personal especializado y campañas de prevención y difusión.

Segundo. Se hace un exhorto al Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS) para que siga la Guía de Atención en las terapias para el tratamiento del VIH/sida en esta institución, así como para crear un programa que coordine, ejecute e implante las políticas de atención de VIH/sida de acuerdo a la normativa emitida por la SSA.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tramite una autorización especial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que los 196 millones de pesos del presupuesto de egresos 2007 destinados a infraestructura carretera en Oaxaca sean reetiquetados para el 2008.

La Presidencia dispuso que el primer resolutivo de dicho punto de acuerdo se turnara a la Cámara de de Diputados, mismo que se anexa.

«El suscrito, senador Adolfo Toledo Infanzón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tramite una autorización especial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que los 196 millones de pesos del Presupuesto de Egresos 2007 destinados a infraestructura carretera en Oaxaca sean reetiquetados para el 2008, con base en las siguientes

Consideraciones

Señor presidente, señoras senadoras y señores senadores:

La infraestructura física constituye indudablemente uno de los pilares básicos del crecimiento de cualquier estado, nación o región. Dentro de ésta, las carreteras tienen una especial importancia ya que son la principal vía para el intercambio de bienes, servicios y personas convirtiéndose en verdaderas impulsoras de la competitividad económica y el desarrollo social. Es por tanto indispensable para todos los estados contar con infraestructura carretera adecuada.

Mayor importancia cobra este tema en estados como Oaxaca que ocupa uno de los primeros lugares en pobreza y marginación, por lo que es primordial impulsar su desarrollo a través de la infraestructura y realizar la inversión necesaria en este rubro.

Sabemos que un factor determinante del atraso de los estados de sur es la insuficiencia y deficiencia de su infraestructura carretera, lo que provoca una falta de integración al interior de los estados y con el resto del país.

Se requiere de manera primordial actuar en este ámbito ya que la falta de infraestructura impide mejorar la calidad de vida de las personas y su desarrollo productivo.

Por ello, los legisladores oaxaqueños, en respuesta al compromiso con nuestros representados, ponemos especial atención cada año en la asignación de recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación destinado a construcción y conservación de carreteras. Pero no sólo basta con asignar y etiquetar recursos, sino lo más importante es ejercerlos para que los proyectos se vean concretados.

Compañeras y compañeros senadores, es inadmisible que una vez que ya ha sido aprobada una partida y destinada para proyectos carreteros en un estado como el que represento, sean los esquemas burocráticos de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda y Crédito Público, las limitantes para que un pueblo vea concretados sus esfuerzos de desarrollo.

Es inadmisible que el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes en Oaxaca informe que serán devueltos un monto de 196 millones de pesos que estaban destinados para infraestructura carretera porque no tramitó el oficio de autorización ante la Secretaría de Hacienda para el ejercicio de los recursos y que ahora nos diga que ante la cercanía del cierre del ejercicio fiscal 2007 no puede tramitar dicho oficio, realizar el proceso licitatorio y ejecutar las obras antes del 31 de diciembre.

Es inadmisible que en un estado del sur mexicano, que históricamente se ha visto marginado, el desarrollo y el crecimiento económico se vean detenidos por estas razones.

Por lo anterior, señoras senadoras y señores senadores, vengo a esta tribuna a solicitar que no dejemos perder estos recursos junto con las aspiraciones de desarrollo de nuestras comunidades.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a ustedes la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tramite una autorización especial ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que los 196 millones de pesos del Presupuesto de Egresos 2007 destinados a infraestructura carretera en Oaxaca sean reetiquetados para el 2008 para que el Centro SCT en Oaxaca pueda realizar los procesos licitatorios en el último trimestre del 2007 e iniciar obras en el primer bimestre del 2008.

Segundo. Que las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes informen a esta soberanía el destino de los 196 millones de pesos que el Centro SCT Oaxaca ha informado que serán devueltos.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales me permito remitir a usted expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Por el que se reforma y adiciona la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación

Artículo Único. Se reforman el primer párrafo, las fracciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII y Se adiciona una nueva fracción X; todos del artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación para quedar como sigue:

Artículo 11. Los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para la niñez y la juventud.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: ¿Falta algún diputado o alguna diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Le informo a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 407 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarla por cédula. Es cuanto.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señora Secretaria.

Esta Presidencia informa que contamos con la presencia del Grupo Comunitario Franja Férrea, del estado de México. También tenemos alumnas y alumnos del Centro Escolar Frida Kahlo, y niñas y niños del municipio de Valle de Chalco, estado de México. Les damos una cordial bienvenida.

12 OCTUBRE 1492

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: El siguiente punto del orden del día es el posicionamiento con motivo del 12 de octubre. Se han registrado para referirse al tema las siguientes diputadas y los siguientes diputados: Mónica Arriola, del Partido Nueva Alianza; Rosa Elia Romero Guzmán, del Partido del Trabajo; José Luis Varela Lagunas, de Convergencia; Guadalupe García Noriega, del Partido Verde Ecologista de México; Ismael Ordaz Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional; Humberto Wilfrido Alonso Razo, del Partido de la Revolución Democrática; Alejandro Sánchez Domínguez, por parte del Partido Acción Nacional.

Tiene la palabra la diputada Mónica Arriola, del Partido Nueva Alianza.

La diputada Mónica Arriola: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores...

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputada.

La diputada Mónica Arriola: El 12 de octubre de 1492es una fecha de unión, de contacto y de encuentro entre dos civilizaciones que vieron marcada su historia y transformada su visión, para dar paso a un conglomerado del cual, en la actualidad, todos somos parte.

El paso del tiempo ha visto nacer y desaparecer innumerables civilizaciones e imperios. En todas las ocasiones surgieron grandes personajes que intervinieron de forma decisiva en el devenir de los acontecimientos.

Hombres como José Vasconcelos y Justo Sierra entendieron que el mestizaje no representó la aniquilación de la cultura prehispánica, sino la posibilidad de construir una historia en donde confluyera la cosmovisión de dos mundos.

Para Nueva Alianza es de suma importancia entender que con este encuentro hemos ganado todos: conocimiento, solidaridad y respeto. Es lo que debe prevalecer en la enseñanza de este día.

Como claramente explica Vasconcelos en su ensayo La raza cósmica, el significado de este día adquiere importancia para las mexicanas y los mexicanos, en tanto es visto como una apuesta para integrarse en una raza universal.

El Día de la Raza es mucho más que una fecha en el calendario cívico. Tiene un valor real conmemorativo y de gran riqueza histórica para los latinoamericanos, ya que se logró la enseñanza de comenzar a moldear lo que hoy es nuestra identidad, conocida como la hispanidad que es, justamente, la comunidad formada por las 23 naciones que compartimos una misma lengua y una misma cultura.

En Nueva Alianza le apostamos a que las futuras generaciones mediante la educación aprendan que la tolerancia y el respeto hacia otras culturas es parte básica de la formación de todo ser humano.

Por ello celebramos que se siga conmemorando este día como un reconocimiento a la fusión y enriquecimiento de las dos culturas. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputada Mónica Arriola. Tiene la palabra la diputada Rosa Elia Romero Guzmán, del Partido del Trabajo.

La diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Con el permiso de la Presidencia.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputada.

La diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Compañeras diputadas y compañeros diputados, el pasado 12 de octubre se dio el 515 aniversario del llamado ``encuentro de dos mundos''.

El 12 de octubre de 1492 comenzó el genocidio, el robo de sus recursos naturales y la subordinación y sobreexplotación de los pueblos indios. Toda la riqueza, representada por el oro y la plata de América, que saquearon los españoles, sirvió para amasar fortunas en Europa y para impulsar el desarrollo del sistema capitalista.

Para nosotros significó y significa ruina, pobreza y atraso, a tal grado que a más de 500 años de la conquista muchos de los países latinoamericanos siguen sumidos en la más oscura ignorancia y el abandono. Nuestros pueblos indios no tienen nada que festejar, porque de los 70 millones de mexicanos que viven en pobreza, 12 millones de ellos son indígenas.

Sin embargo, a pesar de que constituyen la base sobre la que se fundó nuestra cultura nacional y, en general, de nuestro continente, continúan siendo objeto de exclusión y marginación social. Prácticamente nada ha cambiado en los últimos siglos para los indios de América.

Es más, la sobreexplotación a la que siguen sometidos son las razones fundamentales por las que se han levantado en armas en Bolivia, Ecuador, México, Perú y otras partes de América. Porque en el marco del sistema capitalista las exigencias para defenderse del despojo y la expropiación de sus tierras se han tornado cada vez más violentas. En nuestro país los ejemplos de ello salen sobrando, ahí están Chenalhó, El Bosque, Aguas Blancas, Zongolica y Oaxaca, entre otros.

Por qué no decirlo, el ALCA y el Plan Puebla-Panamá son la amenaza más organizada, compleja y amplia que se ha puesto en operación de manera reciente para despojarlos de sus tierras y someterlos a la lógica del trabajo asalariado y a la sobreexplotación laboral.

Como puede verse, nuestros pueblos indígenas no tienen nada que celebrar, porque ningún día que se instituya a nombre de ellos puede resarcir la deuda social que se tiene con estas comunidades. Tampoco se puede detener la amenaza permanente a la que se encuentran sometidos.

Por eso, desde esta tribuna las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo queremos decir que, el único mecanismo eficaz para empezar a pagar esta deuda histórica que tenemos con los pueblos indios es impulsar la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena, propuesta por la Cocopa, así como el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar.

Lo que hizo el gobierno foxista no sirvió para nada, porque no se cumplieron en su totalidad los acuerdos alcanzados con el EZLN en San Andrés. Sigue pendiente reconocer la autonomía y el usufructo de los recursos naturales de las tierras donde se asientan las comunidades indígenas, así como el respeto a sus tradiciones y cultura.

También es necesario que los gobiernos de los países colonialistas indemnicen a todos los pobladores indígenas y a los nativos de las naciones que fueron sometidos a la conquista y que sufrieron el saqueo de sus riquezas materiales.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, hoy, más que nunca, se hace necesario que desde esta Cámara de Diputados destinemos más recursos presupuestales al gasto social a favor de los pueblos indígenas, porque de nada va a servir que aquí estemos rememorando una fecha trágica de estos pueblos si no pasamos a los hechos y hacemos algo por ellos. Es cuanto.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputada Romero Guzmán. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Varela Lagunas, del Partido Convergencia.

El diputado Tomás José Luis Varela Lagunas: Con su venia, señor Presidente. Señores legisladores, honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión:

Hoy, 12 de octubre, hay poco que celebrar y mucho que reflexionar y proponer. Al conmemorarse un aniversario más de la llegada de Cristóbal Colón a las tierras americanas, lo digno de celebración escasea y la fecha es ocasión propicia para la reflexión y, nacidas de ella, también un conjunto de propuestas cuya puesta en práctica puede contribuir al abatimiento de los efectos negativos de la Conquista y el coloniaje, sobrevivientes en el México contemporáneo y a punto de cumplirse 200 años del inicio de nuestra Independencia.

En reiteradas ocasiones la fracción parlamentaria de Convergencia ha señalado las prácticas discriminatorias, segregacionistas y hasta racistas que sobreviven en el seno de la sociedad y en las estructuras e instituciones del Estado. La existencia de un neocolonialismo de parte de la sociedad mestiza sobre los pueblos de las culturas originarias la padecen los indígenas en su tierra, pero también degradan y corrompen a los victimarios, y son un escollo en la construcción de una sociedad y Estado democráticos.

En tanto los viejos lastres coloniales permanezcan enraizados y la interculturalidad no sea el fundamento de la relación con los pueblos originarios sólo podremos hablar demagógicamente de una nación democrática.

Hoy nos enorgullecemos de poseer una de las siete maravillas del mundo. Y a la par, el índice de mortalidad materno-infantil y el déficit de peso y talla en la niñez indígena son similares a naciones africanas sumidas en guerras intestinas y en el subdesarrollo.

Es legítimo aspirar y suponer que en una nación civilizada y democrática la existencia de leyes específicas para segmentos de población en razón de cultura, etnia, edad y género saldrían sobrando bajo el principio de igualdad ante la ley. Este escenario dista mucho de ser cierto en México, como en muchas otras partes del mundo, aun en aquellos países que se autoproclaman paradigmas de la democracia.

Lo anterior explica que en el concierto internacional y específicamente en el marco de la Organización de las Naciones Unidas se establezcan convenciones y emitan declaratorias tendientes a la protección de segmentos de población tradicionalmente discriminados. La más reciente, relativa a los derechos de los pueblos indígenas del mundo.

Desde esta tribuna invito y exhorto a la Comisión de Asuntos Indígenas ---por cierto, hoy ausente de este recinto parlamentario---, a las coordinaciones de las fracciones parlamentarias y al seno de este pleno, para que de inmediato nos aboquemos al análisis de la declaratoria y a las eventuales incorporaciones y adecuaciones de la legislación nacional.

Propongo la conveniencia de reemplazar en nuestra Carta Magna, y a incorporar aquí, la Declaratoria de las Naciones Unidas que invoca más la coexistencia y convivencia de culturas y, con ello, daremos un claro mensaje didáctico a la nación.

Propongo, además, que en el artículo 3o. constitucional se incorpore como criterio de interculturalidad en la educación, sumándose a los laicismos y nacionalistas, ya que uno de los grandes fines educativos es la convivencia armónica de los individuos y las culturas. Que esta fecha no se celebre, se conmemore dignamente, emprendiendo de nuestra parte acciones tendientes a superar los vicios del neocolonialismo que se prolongan como un signo inamovible hoy mismo.

Las florituras y lirismos las guardamos para las fiestas literarias, al fin y al cabo al indígena le hacen lo que el viento a Juárez. Evitemos la retórica que suena a demagogia. Emprendamos acciones concretas. Emprendamos lo que hoy nuestros pueblos indígenas requieren, que es nuestra solidaridad y es nuestro deseo que se vuelva una sociedad igualitaria. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado José Luis Varela. Tiene el uso de la palabra la diputada Guadalupe García Noriega, del Partido Verde Ecologista de México.

La diputada María Guadalupe Josefina García Noriega: Con su venia, señor Presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, esta fecha es singular y significativa y debe ser conmemorada bajo una rígida óptica histórica, y tiene que ser analizada con una amplia visión de futuro. A 515 años después del arribo a este continente, cada americano es parte de ese encuentro entre culturas, donde sus orígenes y raíces viven aún.

Todo país debe tener claro cuáles son sus orígenes, pero reflexionando sobre el presente reconocemos que nuestra región permanece subyugada. Desde luego que no se trata de un coloniaje como el del siglo XVI, sino de un sometimiento a factores como la pobreza, el hambre, la desigualdad, la devastación de nuestros recursos naturales y el desprecio por nuestros pueblos originales. El principal problema de naciones como México es el haber negado recurrentemente ese pasado indígena.

Más de 50 por ciento de la población total de México vive en situación de pobreza. Más de 20 millones se encuentran en zonas rurales, la mayoría está compuesta por indígenas. Este grupo vive en la indigencia más abrumadora.

Los pueblos originarios sobreviven bajo amenazas como la discriminación, la iniquidad ante las leyes, la miseria, la falta de acceso a los medios de comunicación, los conflictos interétnicos y el olvido.

Millones de indígenas de las diversas comunidades permanecen relegados del progreso nacional pues cada vez más se enfrentan a mayores limitaciones que el mundo moderno les impone; las desventajas, en lugar de hacerse menores, se hacen cada vez más agudas y apremiantes. Tenemos enormes desafíos que hemos de resolver con creatividad, tolerancia y reflexión, pero sobre todo, sobre todo con premura.

Con el descubrimiento de América, los europeos advirtieron una diversidad impensable; no obstante, más de cinco siglos después, la realidad sobre los diferentes pueblos que la habitan no ha sido respetuosamente entendida y atendida.

Los gobiernos del mundo, por dispares que parezcan, tienen problemas comunes: el cambio climático, el terrorismo, la contaminación, el armamentismo, el sida, el narcotráfico, la trata, la migración, por mencionar sólo algunos. Pero todos ellos perjudican de igual manera a la humanidad.

Resulta preeminente que alimentemos nuestra entereza y que rescatemos lo que verdaderamente es el pueblo. Seamos precursores de las grandes transformaciones. Sólo con acciones podremos salir de este nefasto coloniaje mental que aún impera.

Fomentemos el desarrollo en todas sus acepciones desde la escuela, desde los centros académicos, desde las organizaciones de la sociedad civil y de gobierno debemos promover el verdadero desarrollo nacional. Fortalezcamos nuestras raíces, nuestra idiosincrasia, nuestras tradiciones, para otorgarles a todas ellas su justo valor.

Seamos capaces de encontrar la unidad en la diversidad. Establezcamos los instrumentos e instituciones para que todos los indígenas reciban debida atención gubernamental y que, además, reciban las más amplias facilidades para que mejoren sus condiciones de vida. De esta manera, también salvaremos la diversidad biológica y cultural de la que nuestro país es depositario.

Hagamos un llamado para que, en este aniversario del 12 de octubre, se obsequie un reconocimiento a nuestro pasado que sirva para comprender qué tipo de país queremos ser.

Cuando Cristóbal Colón llegó a América se maravilló de las riquezas que encontró en este territorio. En este siglo que despunta promovamos un redescubrimiento de nuestra América, pero vayamos más allá, los invitamos a impulsar un autodescubrimiento de nuestra América para que podamos enseñarle al resto del mundo que este continente tiene un vigor excepcional.

No olvidemos que en cada uno de nosotros se encuentra la fortaleza para comenzar la batalla, por un nuevo futuro en el que nunca más tengamos choques entre civilizaciones. Muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputada Guadalupe García. Tiene el uso de la palabra el diputado Ismael Ordaz Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Ismael Ordaz Jiménez: Con su permiso, señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.

El diputado Ismael Ordaz Jiménez: Distinguidos colegas diputadas y colegas diputados, nabee-riale-ladxi-dua-gugapa-diuxe-laatu, -ne-didxa-zaa- didxa-zaa-nga- gule-nea-sakeca-rugapa-diuxe- giraavini- rinii-didxa --gadxe-lo-guidxi-layuu-dii.

Traduzco: Es mi deseo saludarles en mi lengua materna, el zapoteco. Saludo también a los pueblos de lengua indígena de este planeta tierra.

Conmemoramos una fecha que es trascendente para la historia de la humanidad por muchos motivos.

Hace ya 515 años dos mundos distantes, distintos y que por milenios se habían ignorado mutuamente, tuvieron un primer contacto que transformó por completo la economía, la sociedad, la cultura y la política en ambos mundos, muy especialmente en esta parte del planeta.

Hubo, es cierto, un enriquecimiento mutuo a partir de ese momento. América aportó y sigue aportando la inconmensurable riqueza de sus recursos naturales. Y aunque los europeos fueron desde el primer momento tras el oro y la plata, cuya cuantía cambió radicalmente la geopolítica de entonces, fueron principalmente los productos culturales de nuestro continente los que alimentaron el auge y la expansión capitalista de las naciones europeas, especialmente con alimentos y materias primas esenciales como el maíz, la papa, la grana cochinilla, el añil, el palo de Campeche.

Mayor fue, por supuesto, el aporte cultura europeo, pero no para todos los americanos, ni gratuitamente. Las relaciones humanas fueron desde el primer momento el lado oscuro y denigrante del encuentro de los dos mundos. Los conquistadores dudaron incluso de la condición humana de los nativos americanos. Y todo lo que se llevaron fue mediante el saqueo, el robo, la esclavitud y la muerte de millones de americanos.

Por eso, es inevitable señalar en esta conmemoración que en nuestro país todavía queda una cultura de discriminación a los indígenas y por extensión a las clases sociales más pobres.

Desde el inicio los malentendidos y los desencuentros han sido la constante entre ambos mundos. Empezó por la creencia errónea de haber llegado a las indias orientales, error del que surgió un equívoco mayor. A partir de él, dieron en llamar ``indios'' a los aborígenes americanos, ignorando los gentilicios con los que miles de pueblos americanos se identifican a sí mismos y se distinguen entre ellos.

Los llamados ``indios'' no son indios, son mixtecos, purépechas, rarámuris, quechuas, y como tales quieren ser reconocidos.

Hoy vivimos otros tiempos y pugnamos por hacer de la comunidad de naciones del planeta una sociedad regida por valores y leyes que expresen la maduración moral y política de la humanidad.

Juárez abrió las puertas de un nuevo derecho internacional con su famoso apotegma: ``Entre los hombres como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz''. A partir de entonces cayó en desuso el derecho a las guerras de conquista y a la apropiación de tierras ajenas. Con el concurso de las Naciones Unidas estamos a punto de dar por extinguidas las relaciones coloniales entre pueblos diferentes.

El 13 de septiembre la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, casi por unanimidad, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas del Mundo, una declaración que hace justicia a más de 350 millones de seres humanos surgidos a la condición de indígenas a partir de los correspondientes procesos coloniales que los privaron de sus tierras y de su condición de hombres libres.

El Grupo Parlamentario del PRI saluda ese hecho histórico y aspira a que su espíritu y su esencia sean recogidas por todas las legislaciones nacionales. Esperamos, sobre todo, que en nuestro país se cumpla cabalmente con el mandato del artículo 2o. constitucional que sienta las bases para el desarrollo integral de los pueblos indios y su derecho a la libre autodeterminación de sus formas de gobierno, y en su proceso de desarrollo de pueblos libres y diferentes que constituyen el sustento de nuestra identidad nacional.

Con ese espíritu conmemoramos los mexicanos, y esta soberanía, el 12 de octubre, no como el Día de la Raza, porque negamos la superioridad o la inferioridad de ninguna de las muchas razas del ser humano. No como el Día de la Hispanidad, al cual tienen perfecto derecho los españoles, pero no nosotros los pueblos americanos surgidos del colonialismo con ansias inagotables de libertad, de rechazo a toda sujeción, a toda dependencia y a toda servidumbre, y plenamente convencidos de nuestra identidad nacional, propia e inconfundible.

Vamos adelante a luchar por un pueblo unido, pluriétnico, pluricultural, donde la justicia social y la justicia a secas, sean una realidad. Muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Ismael Ordaz.

Esta Presidencia informa que contamos con la visita de alumnas y alumnos de la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México, campus Aragón. También nos visitan alumnas y alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, campus San Juan del Río, así como alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, de la Universidad de Valle Dorado y del Liceo Universitario del Valle. A todas y a todos les damos una cordial bienvenida.

Tiene la palabra el diputado Humberto Alonso Razo , del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Humberto Wilfrido Alonso Razo: Chari sesï jimbó tata juramuti sesï neranski iaminduecha tatas juramitis. Diputadas y diputados, ji vandas purepecha jimbó.

En el idioma purépecha, en el idioma madre, pido permiso para hacer uso de esta tribuna. Con su permiso, señor Presidente.

El 12 de octubre, día de la resistencia y dignidad de los pueblos indígenas. Honorable asamblea, me dirijo a ustedes con la finalidad de recordar el 12 de octubre de 1492, fecha infausta para millones de habitantes de este país, descendientes de los habitantes originarios de éste, nuestro México.

Este día marcó el inicio del exterminio de innumerables pueblos indígenas que desaparecieron de la faz de la tierra por los efectos de la Conquista, así como la explotación de los sobrevivientes y el saqueo de las riquezas naturales.

Hoy, en los albores del siglo XXI, los 63 pueblos indígenas existentes a lo largo de este país, con una población de 13 millones de habitantes sobrevivientes de esta trágica historia, no han visto sus aspiraciones colmadas. Aún el Estado mexicano los mantiene en una situación de exclusión del desarrollo, destinando políticas y programas asistencialistas, clientelares, sin considerar sus propias aspiraciones y derecho a mantener la identidad indígena.

El actual gobierno federal, sin mayor empacho y mostrando sus posiciones retrógradas, etnocidas, donde los derechos colectivos no existen, impulsa políticas y programas que regresan a los viejos esquemas del integracionismo indigenista, negador del derecho a la identidad y a los derechos indígenas, como ha declarado el titular de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

En el Congreso de la Unión se ha detenido una profunda reforma que reconozca los derechos colectivos de los pueblos indígenas. No ha quedado claro que la única pretensión que tenemos los pueblos indígenas ha sido, y es, ser parte constitutiva de este Estado. Que reconozca nuestras verdaderas composiciones multiétnicas en donde nuestras formas de gobierno, territorio y sistemas normativos sean conocidos y reconocidos por la Constitución.

Aspiraciones que, por cierto, están contenidas en la reciente aprobación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, de la ONU de su pasada asamblea general, en donde el Estado mexicano votó a favor y fue actor activo.

En congruencia entonces, es nuestra responsabilidad homologar la legislación nacional al tenor de los contenidos de esta declaración y colocarnos a la vanguardia de la defensa y el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, a la vez que resarcir la deuda histórica del Estado mexicano, con estos pueblos que tanto han aportado y aportan al desarrollo nacional.

Por otro lado, es necesario que en el marco de esa Declaración y en justicia, los pueblos indígenas sobrevivientes al exterminio de la Conquista y a las poblaciones africanas descendientes de los esclavos que llegaron con el conquistador y que hoy son parte de esta nación, que este 12 de octubre no sea conmemorado como el Día de la Raza y aniversario del descubrimiento de América.

Nombre que surgió en el siglo XIX, adoptándose oficialmente durante el régimen del presidente Álvaro Obregón a sugerencia del maestro José Vasconcelos, en un contexto social y político del país, en donde se instauró el indigenismo integracionista como política del Estado, que dio como resultado, a mediados del siglo pasado, la creación del extinto Instituto Nacional Indigenista, cuya función central fue que el indio dejara de ser indio, como condición para su integración al desarrollo nacional a través de sus centros de coordinadores indigenistas, bajo la consideración de que solo debía haber un solo México y no el mosaico multiétnico que existe y existirá.

Por tal motivo enviaré en breve a esta soberanía una reforma a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, que modifica el inciso a), párrafo cuadragésimo octavo, de su artículo 18, con el objetivo de oficializar el día 12 de octubre, como el Día de la Resistencia y la Dignidad de las Culturas Indígenas de México.

Seguro estoy de que el ánimo incluyente y visionario de esta asamblea adoptará con entusiasmo la iniciativa que he anunciado, además de fortalecer nuestras acciones legislativas para que en la reforma del Estado los derechos colectivos de los pueblos indígenas estén contenidos en la legislación, en concordancia con la Declaración de los Pueblos Indígenas, de la Organización de las Naciones Unidas.

Por todo ello, juchari uinapikua ka juchri juramukua: por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Alonso Razo. Le solicito a usted, diputado Alonso Razo, igualmente al diputado Ismael Ordaz Jiménez, si son tan amables de hacernos llegar el discurso en la parte de la lengua originaria para ser insertada en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Sánchez Domínguez , del Partido Acción Nacional.

El diputado Alejandro Sánchez Domínguez: Con su anuencia, señor Presidente. Diputadas y diputados, el 12 de octubre de 1492, ahora también llamado ``Día de la Raza'', ``de la Hispanidad'', representa no solamente una nueva era en la historia, sino el inicio de la gestación de la patria iberoamericana en el parto de las naciones que la constituyen, entre ellas el nacimiento difícil y doloroso del México nuestro.

El significado de esta fecha convierte el avistamiento de Pedro de Triana en el inicio de una nueva época de la humanidad, y con el grito desesperado de ``tierra a la vista'' se dio también un salto en la evolución del género humano. Cristóbal Colón, el gran navegante nunca tuvo la posibilidad de valorar las enormes consecuencias de su gran hazaña.

A partir de entonces los habitantes nuevos y antiguos de las consideradas tierras nuevas por los europeos hubieron de superar una infinidad de obstáculos. Los prejuicios ideológicos acerca de si los habitantes del nuevo mundo eran o no seres humanos, las sangrientas guerras de conquista, los nuevos gobiernos impuestos por las potencias de ultramar, la evangelización, el nuevo lenguaje. Y todo ello acompañado por la mezcla de las culturas y las sangres, que fue conformando un nuevo tipo de humano, un sincretismo cultural al que José Vasconcelos llamaría ``la raza cósmica''.

Ante las realidades encontradas, desconocidas entonces para el europeo, se abrían nuevos horizontes para el conocimiento de las ciencias y las artes y nuevos procesos sociales que en nuestro territorio se fueron conformando ya en la etapa colonial, desde la fundación de la Villa Rica de la Vera Cruz, en 1519, y hasta el grito de la Independencia, en 1810, en el que ya se vislumbraba la conformación de una nueva nacionalidad, de una patria nueva en la que si bien existen cosas positivas que celebrar, existen también, junto a éstas, retrasos que deberían afrentarnos.

La guerra de Independencia representa el dolor de nuestro alumbramiento como el México que fuimos y que hemos llegado a ser. Sin embargo, nuestro proceso de integración sociocultural, nuestro mestizaje, es todavía incompleto. Compartimos identidad y convivimos contradicciones y costumbres de diversas etnias. Por tanto, somos una nación plural y diversa a la que le falta lograr la plena integración donde predominen los rasgos que nos unen.

No obstante la discriminación heredada de otros tiempos, que ya debía haber sido superada en nuestro país, subsiste y se renueva generación tras generación. Por ello, al día de hoy es común que entre grupos indígenas se afirme que éste no es un día de fiesta para ellos, sino de lucha y resistencia por una sociedad más justa. Porque no se puede hablar del encuentro de dos mundos cuando se conservan prejuicios que lastiman la dignidad de la persona humana.

En esta fecha, 500 años después del descubrimiento de América y casi 200 de vida independiente, tiempo en el que se dio el proceso histórico por el que hoy estamos aquí, nos vanagloriamos de las grandes civilizaciones que existieron en la época prehispánica y de las grandes aportaciones que dieron no sólo a México sino al mundo, como su arquitectura, el urbanismo, los descubrimientos científicos, tecnológicos y astronómicos, en fin una diversidad impresionante.

También presumimos de las majestuosas y exquisitas obras hechas por los conquistadores como lo son las ciudades coloniales, una de las cuales es catalogada como patrimonio cultural de la humanidad, pero nos hemos puesto a pensar: ¿qué hemos logrado como país independiente? ¿Qué estamos legando a México y al mundo en la actualidad?

Es momento de reflexionar y, por ello, los quiero exhortar sobre el gran reto que como líderes de esta nación tenemos, ya que nos falta mucho para considerarnos como un país justo, en el que podamos convertir las potencialidades heredadas en acciones, que nos lleven a una realización cada vez más plena y, con ello, podamos evitar el dolor evitable proveniente de la injusticia y de la discriminación, y también así poder ayudar a nuestras naciones hermanas latinoamericanas a cumplir con el mismo objetivo.

Es cuanto, Presidente. Gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Alejandro Sánchez.

CODIGO PENAL FEDERAL Y DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se concede el uso de la tribuna al diputado Carlos Armando Reyes López, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federaly del Código Federal de Procedimientos Penales.

El diputado Carlos Armando Reyes López: Con su permiso, señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.

El diputado Carlos Armando Reyes López: El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por conducto del suscrito, diputado federal Carlos Armando Reyes López, y en ejercicio de la facultad que otorgan los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 253, 254 y 368 Quáter del Código Penal Federal; y se reforman los artículos 18 y 27 de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

El tamaño y la complejidad de la cadena de distribución de Pemex Refinación ha identificado a lo largo de los últimos años diversos puntos susceptibles que han sido vulnerados por bandas delictivas para extraer y comercializar ilícitamente los productos destilados.

Esta actividad se presenta a gran escala por la instalación de tomas clandestinas, la extracción en válvulas de ductos, el contrabando, la sustracción de productos en refinerías, terminales de almacenamiento y distribución, así como por la ordeña y robo de autotanques.

Reportes de la paraestatal señalan que algunos transportistas venden productos adulterados sin el conocimiento de los propietarios de las estaciones de servicio. En otras ocasiones son los mismos dueños los que añaden solventes o algún producto químico a los combustibles para elevar el volumen e incrementar sus ganancias.

El cambio de grado es otra forma con la que los dueños de las estaciones se benefician con el diferencial del precio de venta, al ofrecer al consumidor gasolina Magna como Premium. Asimismo, se han detectado ventas de diesel marino en lugar de Pemex Diesel con la consecuente ganancia e incremento en su utilidad.

El mercado negro de combustibles ha crecido en forma considerable en los últimos años. Recientemente la paraestatal declaró que el número de tomas clandestinas se incrementó en 100 por ciento, al pasar de 110 en 2004 a 220 en 2006, y en lo que va de 2007 han sido detectadas 192 tomas clandestinas.

De acuerdo con una estimación econométrica realizada por Pemex, donde se compara el pronóstico de la demanda actual con el costo de venta real, durante el periodo 2004-2006, Pemex habría obtenido una recuperación potencial de 51 mil 900 barriles de gasolina y diesel, con un valor de 15 mil 994 millones de pesos.

Por otro lado, es de conocimiento público el esfuerzo de las autoridades por el combate al despacho de litros incompletos realizados por las gasolineras. La visita oportuna por parte de las autoridades tuvo un efecto positivo en el combate a esta actividad; sin embargo, el grupo interdisciplinario integrado por la Profeco, Pemex y el SAT determinó que el despacho del combustible con un faltante de 5 por ciento es equivalente a una defraudación de 20 mil millones de pesos anuales.

Si hacemos la suma correspondiente a los últimos seis o siete años, podemos concluir que esta actividad ilícita le ha costado al país más de 100 mil millones de pesos, cantidad aproximada a la que se discutió en la pasada reforma fiscal.

Dada la magnitud del problema, y a fin de reducir de manera significativa las pérdidas por actos ilícitos en 2004, Pemex Refinación propuso reforzar una serie de medidas específicas para su combate en el transporte y la comercialización de productos mediante el proyecto integral Combate al Mercado Ilícito de Combustibles.

Por lo anterior, se proponen reformas al Código Penal Federal y al Código de Procedimientos Penales, con las siguientes especificaciones:

Se reforma el artículo 53 del Código Penal; asimismo, se fortalece la redacción de la fracción IV del artículo 53, las reformas al artículo 54 y 368 Quáter del Código Penal, y la reforma a las fracciones XVIII y XXVII del Código Federal de Procedimientos establece la gravedad de las reformas a los artículos anteriormente señalados.

En mérito de lo anterior, y considerando que las reformas propuestas serán herramientas que permitan enfrentar de manera integral la problemática abordada a lo largo de esta exposición de motivos, me permito solicitar, por obvio de tiempo, la inserción íntegra de esta iniciativa en el Diario de los Debates, y que se proceda a ser entregada a la comisión o comisiones correspondientes. Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López , del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por conducto del suscrito diputado federal Carlos Armando Reyes López , en ejercicio de la facultad que otorgan los artículos, 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55, fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan los artículos 253, 254, 368 Quáter del Código Penal Federal; y se reforman los incisos 18 y 27 de la fracción I del articulo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El tamaño y complejidad de la cadena de distribución de PEMEX Refinación ha identificado a lo largo de los últimos años diversos puntos susceptibles que han sido vulnerados por bandas delictivas para extraer y comercializar ilícitamente los productos destilados.

Esta actividad se presenta a gran escala por la instalación de tomas clandestinas, la extracción en válvulas de ductos, el contrabando, la sustracción de productos en refinerías, terminales de almacenamiento y distribución; así como por la ordeña y robo de autotanques.

Reportes de la paraestatal señalan que algunos transportistas venden productos adulterados sin el conocimiento de los propietarios de las estaciones de servicio. En otras ocasiones, son los mismos dueños los que añaden solventes o algún producto químico a los combustibles para elevar el volumen e incrementar sus ganancias.

El cambio de grado es otra forma con la que los dueños de las estaciones se benefician con el diferencial del precio de venta, al ofrecer al consumidor gasolina magna como premium. Asimismo, se han detectado ventas de diesel marino en lugar de PEMEX diesel con la consecuente ganancia e incremento de su utilidad.

El mercado negro de combustibles ha crecido en forma considerable en los últimos años. Esta actividad se realiza principalmente en los estados de México, Veracruz, Nuevo León, Puebla, Hidalgo, Tamaulipas y Tabasco y se ha convertido actualmente en un problema de grandes dimensiones para PEMEX.

Recientemente la paraestatal declaró que ``el número de tomas clandestinas se incrementó en un cien por ciento al pasar de 110 en 2004, a 220 en 2006 y en lo que va del 2007 han sido detectadas 192 tomas clandestinas.''

De acuerdo con una estimación econométrica realizada por PEMEX en donde se compara el pronóstico de la demanda actual con el costo de venta real, durante el periodo 2004-2006, ``PEMEX habría obtenido una recuperación potencial de 51 mil 900 barriles de gasolina y diesel, con un valor de 15 mil 994 millones de pesos.''

Por otro lado, es de conocimiento público el esfuerzo de las autoridades por combatir el despacho de litros incompletos realizado por las gasolineras. La visita oportuna por parte de las autoridades tuvo un efecto positivo en el combate a esta actividad. Sin embargo, el grupo interdisciplinario integrado por la PROFECO, PEMEX y el SAT, determinó que el despacho de combustible con un faltante de 5 por ciento, es equivalente a una defraudación de 20 mil millones de pesos anuales.

Si hacemos la suma correspondiente a los últimos 6 o 7 años, podemos concluir que esta actividad ilícita le ha costado al país más de 100 mil millones de pesos. Cantidad aproximada a la que se discutió en la reforma fiscal.

Dada la magnitud del problema, y a fin de reducir de manera significativa las perdidas por actos ilícitos, en el año 2004 Pemex Refinación propuso reforzar una serie de medidas especificas para su combate en el transporte y la comercialización de productos meditante el proyecto integral `` Combate al mercado ilícito de combustible'', integrado por 10 proyectos de infraestructura para reducir la incidencia de esta actividad. ¹

Aún cuando se reconoce el esfuerzo de la paraestatal y del gobierno federal al intensificar las acciones tendientes a combatir el robo de combustible, la prevención ha superado la capacidad de PEMEX y el robo del hidrocarburo sigue en ascenso.

Hoy más que nunca el tema merece la atención y respaldo de todos los legisladores. Debemos materializar el trabajo que se ha desarrollado durante las últimas legislaturas y subrayar la importancia del impacto en las finanzas públicas. No debemos perder de vista la magnitud del problema y frenar la evolución del mercado ilícito de combustible.

Paralelo a esta iniciativa y a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hago referencia a las explosiones en ductos de PEMEX en los estados de Veracruz y Tlaxcala, ocurridas el pasado 10 de septiembre. Rechazando enérgicamente este tipo de conductas, así como la irresponsabilidad de los implicados al poner en riesgo la vida de miles de mexicanos. Sirva esta intervención para exhortar a la autoridad competente para castigar a los responsables con el máximo rigor de la ley.

Destaca, por supuesto, el impacto económico que se generó a causa de esta situación, donde las empresas productoras de vehículos de exportación no pudieron hacer frente a los compromisos de sus corporativos mundiales y se afectó a más de 11 mil trabajadores. Por otro lado, se calculó que 2 mil 500 empresas fueron afectadas, especialmente los sectores del vidrio, alimentos, automotriz, metalmecánica, cemento, entre otros, cuyo costo estimado por día fue de 100 millones de dólares.

El momento coyuntural nos invita a legislar en favor de la soberanía nacional, es tiempo de establecer penas más severas para frenar tanto el robo de hidrocarburos como la reincidencia de grupos radicales en la destrucción del patrimonio nacional.

Por lo anterior, se propone reformas al Código Penal Federal y al Código de Procedimientos Penales, con las siguientes especificaciones.

Se reforma el artículo 253 del Código Penal, para incrementar de cinco a doce años la pena de los delitos que estén relacionados con la interrupción en producción, generación, transformación y distribución de la energía eléctrica o del gas natural, considerados delitos contra la riqueza nacional y fundamentado en el impacto económico que observamos recientemente con las explosiones ocurridas en los ductos de PEMEX. De esta manera, se propone el endurecimiento de las penas que tengan que ver con actos que podemos considerar como terrorismo.

Asimismo, se fortalece la redacción de la fracción IV, del artículo 253 en lo referente a la sanción a quien altere o reduzca de manera ilícita las mercancías, con lo que se buscaría sancionar la adulteración de combustibles sin importar el solvente o producto químico que se emplee para modificar de manera ilícita los combustibles producidos por PEMEX.

Las reformas a los artículo 254 y 368 Quáter del Código Penal plantean un incremento de la pena de cinco a doce años, al que sustraiga o altere los equipos de las instalaciones de la industria petrolera o de energía eléctrica. Así como el aprovechamiento de hidrocarburos o sus derivados. Asimismo, se especifica la sanción que se impondrá a las estaciones por la venta de combustibles en cantidades menores a lo establecido por los instrumentos de suministro y se puntualiza la sanción por el cambio de grado de los combustibles, es decir la venta de PEMEX magna por PEMEX premium o el diesel marino en lugar de PEMEX diesel, por citar algunos ejemplos.

La reforma a las fracciones 18 y 27 del Código Federal de Procedimientos, establece la gravedad de las reformas a los artículos anteriormente señaladas.

En mérito de lo anterior, y considerando que las reformas propuestas serán herramientas que permitan enfrentar de manera integral la problemática abordada a lo largo de esta exposición de motivos, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adicionan los artículos 253, 254, 368 Quáter, del Código Penal Federal, y se reforman los incisos 18 y 27, de la fracción I, del artículo 194, del Código Federal de Procedimientos Penales .

Artículo primero . Se reforma el párrafo primero y fracción IV, se adicionan dos párrafos a la fracción I, y se adicionan un párrafo quinto y sexto del numeral 253; se adicionan un párrafo tercero y cuarto al artículo 254, y se reforma el numeral 368 Quáter, para quedar como sigue:

Artículo 253.- Son actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacional:

Artículo 254 . Se equiparan a los delitos contra el consumo y riqueza nacional, los siguientes:

Artículo 368 Quáter. Se impondrán de tres a diez años de prisión y de quinientos a diez mil días de multa, al que:

l. Sustraiga o aproveche hidrocarburos o sus derivados, cualquiera que sea su estado físico, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente puede autorizarlo, de los equipos o instalaciones de la industria petrolera a que se refiere la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

La sanción que corresponda se aumentará en una mitad cuando se realice en los ductos o sus instalaciones afectos a la industria petrolera, o cuando el responsable sea o haya sido servidor público de dicha industria.

Artículo segundo. Se reforma los incisos 18) y 27), de la fracción l, del artículo 194, del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 194... ...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en la fracción III, del artículo 386 Quáter, del Código Penal Federal, el cual entrará en vigor seis meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo . Las Secretarías de Energía y de Economía deberán expedir las normas oficiales mexicanas a que se refiere la fracción III, del artículo 368 Quáter, del Código Penal Federal en un plazo que no exceda los seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. PEMEX deberá contar con un instrumento que permita garantizar que el producto que ingresa a los depósitos de las estaciones de venta al público, no se encuentra adulterado o reducido, en un plazo que no exceda de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Nota:

1) Corridas de Diablo Espesor Cero . Descubrir mediante la detección de perdidas de espesor, los sitios en que se han instalado tomas clandestinas en los poliductos a fin de desmantelarlas.

Celaje aéreo diurno. Vigilar los derechos de vía más vulnerables para detectar de manera rápida y sorpresiva actividades ilícitas a efecto de desalentarlas.

Rastreo permanente de autotanques. Detectar, mediante sistemas a control remoto de geoposicionamiento satelital, desviaciones de la ruta de entrega de unidades propiedad de PEMEX y descargas en sitios no autorizados.

Medición en línea. Detectar inconsistencias en la medición de volúmenes de combustibles en su entrega recepción (balances) en instalaciones de PEMEX refinación.

Sistema Integral de Medición y Control de Terminales (SIMCOT ). Detectar inconsistencias en la medición, control y facturación en línea del movimiento de productos al controlar los volúmenes despachados para evitar el sobrellenado, facturar en línea a los autotanques, llevar registro de las operaciones de despacho y de los volúmenes en tanques.

Sistema SCADA. Vigilar la operación de los ductos, detectar las bajas de presión e identificar la aparición de nuevas tomas clandestinas.

Sistema de Circuito Cerrado de TV (CCTV). Monitorear en tiempo real las terminales de almacenamiento y distribución en puntos donde podría haber sustracción de producto, llevaderas, casas de bombas, tanques y accesos a las instalaciones.

Laboratorios móviles. Vigilar la calidad de los productos en las estaciones de servicio y desalentar la venta de productos adulterados.

Control de dispensarios en estaciones de servicio . Vigilar que las expendedores de destilados (franciatarios) comercialicen el producto que compran a PEMEX, concensuando calidad y volumen, evitando la adulteración de los productos.

Trazabilidad de combustibles. Garantizar la autenticidad de los productos en las estaciones de servicio, evitando el contrabando y la adulteración de productos.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputado Armando Reyes. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Túrnese a la Comisión de Justicia.

ARTICULOS 4 Y 73 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se concede el uso de la tribuna al diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo, para presentar iniciativa que reforma los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores:

Los suscritos, diputados federales Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo , María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil , María Gabriela González Martínez , Alejandro Landero Gutiérrez , Juan Manuel Villanueva Arjona , Marcela Cuen Garibi , María Mercedes Corral Aguilar , Ramón Landeros González , Jaime Verdín Saldaña , Yolanda Mercedes Garmendia Hernández , María Esperanza Morelos Borja y Antonio Medellín Varela , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y la diputada Irma Piñeyro Arias , del Partido Nueva Alianza, someten ante esta soberanía la presente iniciativa.

En sus conclusiones, la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales de 1982 define la cultura como el conjunto de rasgos definitivos, distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además, las artes y las letras, los modos de vida, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su Informe sobre Desarrollo Humano 2004, en el que valoriza las libertades culturales, afirma que si el mundo desea lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio y erradicar definitivamente la pobreza, primero debe enfrentar con éxito el desafío de construir sociedades inclusivas y diversas en términos culturales.

De manera similar, la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO, adoptada en 2005, resalta la importancia de la diversidad cultural para la plena realización de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos universalmente reconocidos.

De acuerdo con estas posiciones de organismos y convenciones internacionales, el acceso y la participación en la vida cultural son un derecho inherente de las personas de toda comunidad y los gobiernos están obligados a crear las condiciones necesarias para el pleno goce de este derecho.

México se caracteriza por una gran diversidad cultural manifiesta en todos los ámbitos de la vida social, que debe ser incluida en los principios esenciales de una política cultural de Estado, ajena a la homogeneización y el dogma de una corriente única de pensamiento.

Desde el inicio de la pasada administración, el Ejecutivo federal tenía claro que uno de los requerimientos normativos para situar a la política cultural como prioridad en la agenda nacional y darle medios necesarios para el logro de sus objetivos, era promover una reforma constitucional a fin de garantizar el derecho de todo mexicano al acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, así como la promulgación de una ley en materia cultural que estableciera el marco para la formulación de políticas culturales y la distribución de competencias de cada uno de sus principales campos de acción.

De igual manera, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se incluye, como uno de los objetivos, lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.

En este contexto, no hay duda que las políticas culturales, motor de la diversidad cultural, deben crear las condiciones propicias para la elaboración y la difusión de bienes y servicios culturales diversificados.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, las reformas a las leyes secundarias son impostergables, pero nos veríamos imposibilitados de llevarlas a cabo si no concretamos la reforma constitucional que les dé sustento y reflejen los principios que contengan las políticas culturales.

Actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción V del artículo 3o. establece la obligación del Estado mexicano de alentar el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Pese a que esta disposición jurídica es un adelanto importante, adolece de una trascendental característica: no genera un verdadero derecho vinculante. La cultura, en concreto los bienes y servicios culturales ya no pueden verse exclusivamente bajo la óptica de una obligación del Estado, sino también desde la perspectiva de un derecho subjetivo de los ciudadanos.

A fin de garantizar el derecho al acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales de los ciudadanos, es necesario establecerlo expresamente en la Constitución, de manera tal que esté sólidamente sustentado en los derechos mencionados.

En Acción Nacional nos hemos distinguido por la oposición a establecer derechos meramente declarativos ---termino, señor Presidente--- que no cuenten con los mecanismos e instrumentos que permitan su cabal cumplimiento. Lo que nos obliga a presentar esta propuesta de reforma constitucional, incluyendo, en el artículo 73, la facultad del Congreso de legislar en la materia para que, de esta manera, se puedan cumplir los fines previstos en el párrafo noveno del artículo 4o., a través de una ley de materia cultural.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, los exhorto a sumarse a esta iniciativa a fin de contribuir a situar la política cultural como prioridad en la agenda nacional, y darle los medios necesarios para el logro de los objetivos.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto

Artículo único. Se adiciona el párrafo noveno al artículo 4o., y la fracción XXIX, inciso o), al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. Toda persona tiene el derecho al acceso, participación y disfrute de la creación cultural y de los bienes y servicios culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y el desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural y con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y la participación a cualquier manifestación y expresión cultural.

Artículo 73. Inciso XXIX-O. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la federación, estados, municipios y el Distrito Federal coordinarán sus acciones en materia de cultura, y los mecanismos de participación de los sectores social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo noveno del artículo 4o. de esta Constitución.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente. Le solicito que inserte el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo , María Elena de las Nieves Noriega Blanco, María Gabriela González Martínez , Alejandro Landero Gutiérrez , Juan Manuel Villanueva Arjona , Marcela Cuen Garibi , María Mercedes Corral Aguilar , Ramón Landeros González , Jaime Verdín Saldaña , Yolanda Mercedes Garmendia Hernández , María Esperanza Morelos Borja y Antonio Medellín Varela , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten ante esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan el párrafo noveno al artículo 4o. y la fracción XXIX-O al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales de 1982, cultura es el ``conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias''.

Diversos organismos internacionales han vuelto la mirada hacia la cultura en los últimos años, considerándola factor fundamental del bienestar humano, además de una base importante del desarrollo sustentable.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su importante Informe sobre Desarrollo Humano 2004, en el que valoriza las libertades culturales, afirma: ``Si el mundo desea lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio y erradicar definitivamente la pobreza, primero debe enfrentar con éxito el desafío de construir sociedades inclusivas y diversas en términos culturales''.

Por otro lado, la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO, adoptada en 2005, es un instrumento jurídico internacional vinculante para las partes, que entró en vigor el 18 de marzo de 2007. ¹

El objetivo de dicha convención es reforzar los cinco eslabones inseparables de una misma cadena: la creación, la producción, la distribución/diseminación, el acceso y el disfrute de las expresiones contenidas en las actividades culturales, los bienes y los servicios. En particular, la convención trata de

Esta convención constituye --junto con la de 1972 relativa a la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, y la de 2003 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial-- uno de los tres pilares de la conservación y promoción de la diversidad creativa, resaltando la importancia de la diversidad cultural para la plena realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otros instrumentos universalmente reconocidos.

De acuerdo con estas posiciones de organismos y convenciones internacionales, el acceso y la participación en la vida cultural son un derecho inherente de las personas de toda comunidad, y los gobiernos están obligados a crear las condiciones necesarias para el pleno goce de este derecho. Específicamente, el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos ² menciona el derecho de las personas a tomar parte en la vida cultural. En este sentido, se deben emprender acciones a fin de dar respuesta a las necesidades y los derechos de los ciudadanos, y coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones del gobierno.

La cultura nacional es el conjunto de rasgos, manifestaciones, expresiones y creaciones de la comunidad nacional que les da origen y que permite el desarrollo integral del ser humano otorgándole la capacidad de reflexionar, decidir e incidir en sus proyectos de vida.

México se caracteriza por una gran diversidad cultural, la cual le da en el mundo el lugar de una nación con un patrimonio, expresiones y potencial cultural verdaderamente extraordinarios. La diversidad cultural se manifiesta en todos los ámbitos de la vida social y debe ser incluida en los principios esenciales de una política cultural de Estado, ajena por completo a la homogeneización y al dogma de una corriente única de pensamiento.

Desde el inicio de la pasada administración, el Ejecutivo federal, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, tenía claro que uno de los requerimientos normativos para situar la política cultural como prioridad en la agenda nacional y darle medios necesarios para el logro de sus objetivos era promover una reforma constitucional para garantizar el derecho de todo mexicano al acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, así como la promulgación de una ley en materia cultural que estableciera el marco para la formulación de las políticas culturales y la distribución de competencias en cada uno de sus principales campos de acción.

Por otro lado, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se establece: ``El Gobierno de la República prestará especial atención a las políticas públicas que inciden en el arte, la cultura, el deporte y la recreación, al considerarlas actividades centrales para la salud y vitalidad de la sociedad. Se realizarán esfuerzos importantes por ampliar el alcance y la profundidad de la acción pública en materia de cultura y arte''.

Además, se incluye como uno de los objetivos ``lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos''. No hay duda de que las políticas culturales, verdadero motor de la diversidad cultural, deben crear condiciones propicias para la elaboración y la difusión de bienes y servicios culturales diversificados.

Pese al reconocido papel positivo que el Estado mexicano ha desempeñado en diversos organismos internacionales, muchos de los resolutivos y de las disposiciones internaciones en torno de la cultura y la política cultural aún no alcanzan a expresarse con precisión en nuestra sociedad, ni a plasmarse completamente en el marco normativo de la materia. ``Así ha ocurrido, por ejemplo, con el reconocimiento a nivel constitucional del derecho a la cultura o con la profundización de los rasgos que caracterizan la promoción de una más plena democracia cultural: participación, equidad, promoción de nuevos agentes culturales, descentralización, actualización de la normatividad, establecimiento de garantías ciudadanas, integración de los objetivos del desarrollo a la cultura''. ³

Son necesarias reformas de las leyes secundarias del sector; pero si no se concreta la reforma constitucional, difícilmente se contará con el sustento de dichas reformas, y los principios que reflejen y contengan las políticas culturales. Actualmente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción V del artículo 3o., establece la obligación del Estado mexicano de alentar el fortalecimiento y la difusión de nuestra cultura. ``Pese a que esta disposición jurídica es un adelanto importante, carece de una trascendental característica, no genera un verdadero derecho vinculante. La cultura, en concreto los bienes y servicios culturales, ya no puede verse exclusivamente desde la óptica de una obligación del Estado sino, también, desde la perspectiva de un derecho subjetivo de los ciudadanos''. ⁴

En decir, no basta que se encuentre establecida exclusivamente la obligación del Estado en materia de difusión cultural, ya que no garantiza que los ciudadanos accedan a los bienes y servicios culturales y disfruten de ellos. Para garantizar el derecho al acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales de todos los ciudadanos es necesario establecerlo de manera expresa en la Constitución, de forma tal que esté solidamente fundamentado desde el punto de vista de los derechos fundamentales.

Por otro lado, la fracción XXV del artículo 73 constitucional faculta al Congreso para legislar en materia de vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos cuya conservación sea de interés nacional. Esta fracción, además de presentar una limitación --ya que quedan sin protección otras categorías de patrimonio tangible e intangible--, no incluye la facultad para establecer las bases de coordinación en materia de cultura entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, ni los mecanismos de participación de los sectores social y privado.

Con base en estos argumentos y en busca de subsanar la carencia de una regulación completa de la cultura respecto a las necesidades del país y a las demandas de la sociedad, propongo adicionar un párrafo noveno al artículo 4o. constitucional para que toda persona tenga derecho a la cultura, al acceso, participación y disfrute de la creación cultural y de los bienes y servicios culturales; y adicionar la fracción XXIX-O al artículo 73 para que el Congreso tenga la facultad de expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal coordinarán acciones en materia de cultura, y los mecanismos de participación de los sectores social y privado.

Compañeras y compañeros legisladores, en Acción Nacional nos hemos distinguido por la oposición a establecer derechos meramente declarativos que no cuenten con los mecanismos o instrumentos que permitan su cabal cumplimiento. Ello nos obliga a presentar esta propuesta de reforma constitucional incluyendo en el artículo 73 la facultad del Congreso de legislar en la materia para que, de esa manera, se plasmen los mecanismos legales con objeto de que se puedan cumplir los fines previstos en el párrafo noveno del artículo 4o. a través de una ley en materia cultural.

Los exhorto a sumarse a esta iniciativa a fin de contribuir a situar la política cultural como prioridad en la agenda nacional y darle los medios necesarios para el logro de sus objetivos.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se adicionan el párrafo noveno al artículo 4o. y la fracción XXIX-O al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. ...

...

...

...

...

...

...

Toda persona tiene derecho al acceso, participación y disfrute de la creación cultural y de los bienes y servicios culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y el desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural y con pleno respeto de la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y la participación a cualquier manifestación y expresión cultural.

Artículo 73. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1 www.unesco.org 2 Artículo 27. 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 3 Eduardo Nipón, La cultura como política de Estado, Departamento de Antropología-UAM, 2005. 4 Francisco Javier Dorantes, Derecho cultural mexicano, Fundap. 2004.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Lemus. Insértese el texto en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria ytúrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se concede el uso de la tribuna al diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma los artículos 6 y 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

El diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo: Con su permiso, señor Presidente.

El suscrito, Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , diputado federal por el VIII Distrito del estado de Chiapas, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al artículo 6o. y reforma el artículo 18, fracción X, inciso a), de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, al tenor de los siguientes antecedentes

Si bien es cierto que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores fue creada para el interés social de todos aquellos mexicanos y aquellas mexicanas que cuenten con 60 años o más, y también para mejorar las circunstancias de carácter social que impiden al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de las personas en estado de necesidad o desventaja física y mental hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva, es importante mencionar que las personas adultas mayores, en muchas ocasiones, carecen de los medios económicos para poder llevar a cabo sus actividades diarias, sin dejar de mencionar que en ocasiones muchas de estas personas son abandonadas y olvidadas en las casas-hogar especializadas para gente adulta mayor, sin recibir el ingreso correspondiente.

Sin embargo, es momento y estamos a tiempo de girar nuestras vidas hacia ese sector social que si bien es cierto ha tenido un crecimiento gradual en los últimos años, en tiempos futuros y con base a la pirámide poblacional que presenta nuestro país, ese sector tendrá un crecimiento exponencial hasta llegar a impactarse o ser aún mayor que el número de población infantil en México.

Exposición de motivos: en su comunicado de fecha 24 de mayo de 2006, el INEGI da a conocer los resultados definitivos de su conteo de población y vivienda donde publica que la población de la tercera edad crece en términos absolutos y relativos. Es así que durante el último quinquenio la población de 60 años y más se incrementó en 1.4 millones, pasando a representar de 7.1 por ciento del total en el año 2000, a 8.1 por ciento en el presente.

De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) residen en México 8.5 millones de personas de 60 años o más, y para 2030 se espera que sean 20.7 millones; y para la mitad del siglo alcanzarán 33.8 millones. Esto se reflejará en el aumento de las proporciones de adultos mayores en las próximas décadas.

Sin embargo, la problemática continúa, ya que actualmente por cada 28 personas de la tercera edad hay 100 menores de 15 años, y en menos de 30 años ---en el 2035--- habrá la misma cantidad de niños y de viejos, mientras que en el 2050 el país tendrá 165 adultos mayores por cada 100 niños.

Por lo anterior, los tres niveles de gobierno necesitan hacer mayor hincapié en la creación de programas sociales para adultos mayores, no sólo para apoyos económicos que son de suma importancia para este estrato social, sino también para la generación de empleos. Y así poder crear en ellos una cultura de ocupación temporal basada en el trabajo, y por ende generarían un ingreso que les permitiría tener una mejor calidad vida.

Los recursos pueden ser sustentados principalmente por el gobierno federal en 50 por ciento, los estados con 35 y los municipios con 15. Todo esto derivado de que en el 2008, al alza de la gasolina, dicho impuesto podrá ser dirigido en pro del bienestar del mexicano, sin importar el estatus social ni la edad a la que pertenezca, pero sobre todo, cumpliendo el objetivo del Ejecutivo de proveer recursos a los que menos tienen.

En tal virtud, someto a la consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al artículo 6o. y reforma el artículo 18, fracción X, inciso a), de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Único. Se adiciona una fracción IV al artículo 6o. y se reforma al artículo 18, fracción X, inciso a), de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 6o. El Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas mayores. Asimismo, deberá establecer programas para asegurar a todos los trabajadores una preparación adecuada para su retiro. Igualmente proporcionará:

IV. Financiamiento: Crear un fondo que aporte al sostenimiento y mejora continua de todas aquellas instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas mayores destinado a mejorar la infraestructura de los inmuebles y para verificar las condiciones de funcionamiento, capacitación de su personal, modelo de atención y garantizar las condiciones de calidad de vida.

Dicho fondo será sustentado principalmente por el gobierno federal en 50 por ciento, los estados con 35 por ciento, y los municipios con 15 por ciento. Dichos recursos serán otorgados a todos y cada uno de aquellos asilos, casas hogar y albergues afiliados al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Artículo 18. Corresponde a las instituciones públicas del sector salud garantizar a las personas adultas mayores:

X. Los cuidados proporcionados a las personas adultas mayores por la familia, por los responsables de su atención y cuidado, o, en su caso, por las instituciones públicas o privadas que tengan a su cargo a estas personas, comprenderán los siguientes aspectos:

a) Las personas adultas mayores tendrán el derecho de ser examinados cuando menos dos veces al año para el mantenimiento de su salud y mejoramiento de su calidad de vida; además de recibir los tratamientos tanto médicos y psicoemocionales que requieran en caso de enfermedad.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 6 y 18 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , diputado federal por el VIII distrito de Chiapas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con sustento en lo previsto por los artículos 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al artículo 6o. y reforma al artículo 18 fracción X, inciso a), de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Si bien es cierto que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores fue creada para el interés social de todos aquellos mexicanos y mexicanas que cuenten con 60 años o más para mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como para la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

Es importante mencionar que las personas adultas mayores, en ocasiones también carecen de los medios económicos para poder llevar a cabo sus actividades diarias, sin dejar de mencionar que en ocasiones muchas de éstas personas son abandonadas y olvidadas en las casas hogar especializadas para gente adulta mayor, sin recibir el ingreso que le corresponde por parte de su familia, quienes sólo se encargan de pagar el costo que les genera la manutención de la persona en la casa hogar, sin tomar en cuenta los gastos secundarios que pudiese llegar a generar la estancia del individuo.

Sin embargo, es momento y estamos a tiempo de girar la vista hacia ese sector social, que si bien es cierto ha tenido un crecimiento gradual en los últimos años, en tiempos futuros y con base en la pirámide poblacional que presenta México, este sector tendrá un crecimiento exponencial, hasta llegar a empatarse o a ser aun mayor que el de la población infantil.

Exposición de Motivos

En su comunicado número 087/06 con fecha del 24 de mayo de 2006, el INEGI da a conocer los resultados definitivos del su segundo Conteo de Población y Vivienda 2005, donde publica que ``la población de la tercera edad crece en términos absolutos y relativos. Es así que durante el último quinquenio, la población de 60 años y más se incrementó en 1.4 millones, pasando a representar del 7.1 por ciento del total en el año 2000, al 8.1 por ciento en el presente'' ¹.

Sin embargo la problemática continúa, ya que ``actualmente, por cada 28 personas de la tercera edad hay 100 menores de 15 años, en menos de 30 años (2035) habrá la misma cantidad de niños y de viejos, mientras que en 2050 el país tendrá 165 adultos mayores por cada 100 niños'' ³ .

Es por lo anterior que los tres niveles de gobierno necesitan hacer mayor hincapié en la creación de programas sociales para adultos mayores, no sólo para apoyos económicos que son de suma importancia para este estrato social, sino también para la generación de empleos. Y así poder crear en ellos una cultura de ocupación temporal basada en el trabajo, y por ende generarían un ingreso que les permitiría tener una mejor calidad vida.

A pesar de existir programas de apoyos federales y estatales para las personas adultas mayores, en ocasiones muchas de ellas quedan excluidas debido a que --en su mayoría-- los programas tienen un cupo limitado de personas.

Como mencionaba anteriormente, las casas hogar son y han sido siempre utilizadas como refugio de todas aquellas personas adultas mayores que han sido relegadas de su núcleo familiar, debido al desprecio y a no querer tener responsabilidades mayores de cuidar a una persona adulta mayor. Además de tomar ventaja de dicha situación y de despojar de sus propios bienes, sin importar sus aptitudes y facultades mentales e intelectuales, dejándolos en total soledad y pobreza.

Es por ello que es necesario centrar la atención en el tratamiento de todas aquellas instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas mayores, específicamente en su financiamiento ya que ello permite la verificación de las condiciones de funcionamiento, capacitación de su personal, modelo de atención y condiciones de calidad de vida.

A raíz de esta inquietud surge la oportunidad de generar la creación de un fondo que aporte al sostenimiento y mejora continua de estos centros dedicados al cuidado del adulto mayor para garantizar la calidad y dignidad de la vida en este segmento de ciudadanos. Dicho fondo puede ser sustentado principalmente por el gobierno federal en un 50 por ciento, los estados con un 35 por ciento, y los municipios con un 15 por ciento, para asegurar que los recursos depositados en él lleguen a todos y cada uno de aquellos asilos, casas hogar y albergues afiliados al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Inapam.

Cabe mencionar que estos recursos podrán ser obtenidos de un rubro de desarrollo social que puede ser otorgado del ingreso originado gracias al impuesto que generará --a partir del 2008-- el alza de la gasolina, así dicho impuesto podrá ser un impuesto integral en pro del mejoramiento al bienestar del mexicano, sin importar el estrato social ni la edad a la que pertenezca, pero sobre todo cumpliendo el objetivo del Ejecutivo de proveer recursos a los que menos tienen.

Con los recursos obtenidos se podrá dotar a estas instituciones de manera anual de una cuota destinada a mejorar la infraestructura de los inmuebles y los servicios aportados por éstos para atención y cuidado de las personas de la tercera edad que se encuentran desprotegidas; y de esta manera garantizar el apoyo a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Tomando en cuenta siempre las necesidades de los individuos que más necesitan de apoyo, sugerimos el cumplimiento de esta iniciativa para garantizar el bienestar y la prosperidad de aquellos que han dado tanto a la sociedad mexicana y que hoy necesitan un soporte para continuar de manera integral con su rol dentro de su comunidad.

Ante las situaciones previamente mencionadas, es importante recalcar la necesidad imperante en éste tipo de instituciones de ofrecer no sólo atención y cuidados básicos, sino también médicos y psico-emocionales ya que en gran parte de estos dos últimos factores, dependerá la calidad de vida de las personas de la tercera edad.

En cuanto a lo que se refiere al cuidado médico, éste debe garantizar la prevención y detección temprana de padecimientos en los adultos mayores a través de chequeos o revisiones periódicas dentro de cada uno de estos inmuebles. Los fondos otorgados a cada uno de ellos deben considerar como principal rubro la atención médica continua, por medio de consultas e incluso el suministro de cierto tipo de medicamentos indispensables para los pacientes.

Por su parte, el cuidado psico-emocional permitirá a las personas mayores de 60 años recibir tratamiento integral para que a través de terapias, pláticas y consultas con especialistas, se garantice la salud mental y emocional de cada individuo. Tomando en cuenta la importancia que tiene para cada una de estas personas la motivación constante, así como el apoyo y seguimiento a técnicas que les aseguren la estimulación necesaria para hacerlos sentir una parte importante y productiva dentro de la sociedad.

En tal virtud, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona una fracción IV al articulo 6o. y reforma el artículo 18 fracción X inciso a), de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Único. Se adiciona una fracción IV al articulo 6o. y se reforma al articulo 18 fracción X inciso a), de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue

Artículo 6o. El Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas mayores. Asimismo, deberá establecer programas para asegurar a todos los trabajadores una preparación adecuada para su retiro. Igualmente proporcionará:

Articulo 18. Corresponde a las instituciones públicas del sector salud, garantizar a las personas adultas mayores:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1) INEGI, Segundo Conteo de Población y Vivienda 2005 2) Conapo, Comunicado para la prensa 30/07 México, DF. Lunes 27 de agosto de 2007. 3) Conapo, Comunicado para la prensa 30/07 México, DF. Lunes 27 de agosto de 2007.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Elías Cordero. Esta Presidencia informa que la iniciativa del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, que reforma los artículos 6o. y 18 de la Ley de Derechos de la Personas Adultas Mayores,se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

La siguiente iniciativa, presentada por el diputado Omar Antonio Borboa Becerra , del Grupo Parlamentario del PAN, se pospone a petición del mismo.

La siguiente iniciativa de reforma al artículo 75 de la Ley General de Educación, suscrita por los diputado María Gabriela González Martínez y Alejandro Landero Gutiérrez , del Grupo Parlamentario del PAN, se retira del orden del día.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se concede el uso de la tribuna al diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el título sexto de la Ley Federal del Trabajo.

El diputado Efraín Morales Sánchez: Con el permiso de la Presidencia.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.

El diputado Efraín Morales Sánchez: El que suscribe, diputado Efraín Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la normatividad vigente, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el capítulo 14 Bis al título sexto de la Ley Federal del Trabajo, con objeto de establecer tutela laboral a las y los sexoservidores, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

Un Estado moderno, democrático, exige crear y reformar las bases sociales, políticas, económicas, culturales y legales a fin de insertar a todos los grupos de la sociedad en el ámbito público que les garantice las condiciones para el ejercicio cabal de sus derechos humanos y garantías sociales.

En este marco se inscribe la importancia de rescatar a un sector de nuestra sociedad, cuya actividad ha sido objeto no sólo de marginación, sino de toda clase de abusos.

Tal es el caso del sector del sexoservicio en nuestro país, para el cual no han sido efectivos los derechos humanos que la propia evolución de la sociedad ha establecido, pues al igual que en otras latitudes este sector padece una larga historia de rechazo, desprecio y estigmatización. Lo que ha contribuido significativamente a la degradación de aquellas personas que, independientemente de las circunstancias, han elegido el sexoservicio como su modo de vida y fuente de ingresos, es decir, como su actividad laboral.

Por ello, pese a establecerse nacional e internacionalmente la libertad como un derecho fundamental del ser humano, debemos reconocer la inexistencia en México de un marco jurídico que, de forma específica y clara, reconozca esta actividad atendiendo a la libertad y derecho de elección de cada individuo y a la garantía individual de trabajo que la propia Constitución Política establece en su artículo 5o.

Artículo que al respecto dice: ``A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial''.

Pese a que en gran parte del país se ha reglamentado el sexoservicio, es decir, se han establecido obligaciones a las y los sexoservidores y pese a que penalmente se castiga el delito de lenocinio y de trata de personas, carecemos de una política legislativa que establezca derechos para este sector.

Por tanto, resulta imperante que consideremos el sexoservicio como cualquier trabajo lícito regido por el estado de derecho, a fin de que se incorpore a los regímenes y mecanismos que garanticen el acceso equitativo y oportuno a los beneficios de la educación, salud y vivienda, entre otros, que propicien su mejor nivel y calidad de vida.

Ya que de lo contrario esta actividad seguirá controlada por grupos de criminales proxenetas y autoridades corruptas, quienes hasta ahora se han beneficiado de las grandes ganancias derivadas de este oficio, las cuales se estima que a nivel mundial ascienden a aproximadamente a 12 mil millones de dólares anuales.

En tanto el sexoservicio lo ejerza voluntaria y libremente una persona mayor de edad, como su actividad laboral, se trata de una decisión personal que el Estado no debe reprimir, en tanto no afecte los derechos y libertades de los demás.

Por el contrario, son decisiones que el Estado debe proteger, tal y como lo refiere John Stuart Mill, respecto a que la única finalidad por la cual el poder puede con pleno derecho ser ejercido sobre un miembro de la comunidad civilizada contra su voluntad, es evitar que perjudique a los demás, su propio bien, físico, moral, no es razón suficiente. La única parte de la conducta de cada uno por la que él es responsable ante la sociedad, es la que se refiere a los demás.

En la parte que le concierne meramente a él, su independencia es derecho absoluto sobre si mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu, el individuo es soberano.

En suma, la presente iniciativa tiene por objeto establecer el sexoservicio como una actividad laboral tutelada por la ley y con ello favorecer la dotación de derechos laborales mínimos hacia este sector.

Al mismo tiempo, se pretende contribuir a erradicar la explotación de la que es objeto este grupo social, principalmente por proxenetas y autoridades públicas corruptas.

Es importante señalar que de ninguna forma esta iniciativa promueve el ejercicio del sexoservicio ni la legalización de los establecimientos que otras normas relacionadas con esta práctica sancionan.

Por el contrario, se parte de la idea general respecto a que es una actividad con una vasta presencia en nuestro país, a la cual no podemos cerrar los ojos y negar que está inmersa en grandes problemas que no tan sólo afectan a los sujetos, sino que alientan otras graves prácticas y procedimientos que atentan física y materialmente contra la colectividad debido a su falta de reconocimiento específico en nuestro estado de derecho.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo XIV Bis, al título sexto de la Ley Federal del Trabajo.

Solicito a la Mesa Directiva de esta Cámara que se inserte íntegramente la iniciativa en el Diario de los Debates. Por su atención muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Efraín Morales Sánchez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 55, fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el capítulo XIV Bis al Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Un Estado moderno y democrático debe incorporar, cada vez más, en su gama de derechos, a los grupos o sectores sociales marginados, en aras de proteger el orden constitucional establecido.

Para ello, se exige que el Estado cree las bases sociales, políticas, económicas, culturales y legales, a fin de insertar a esos grupos de la sociedad, que reclaman derechos y libertades, en un espacio público que no sólo sea vigilante pasivo de tales derechos, sino que construya y garantice las condiciones para su ejercicio cabal, y que sean el marco para el surgimiento y ejecución de normas y prácticas sociales e institucionales.

Ejercer auténticamente las libertades de los individuos es un principio irrenunciable del Estado moderno y democrático. Ejercicio, que de acuerdo a Thomas Hill Green ¹ , implica vivir en apego a principios dictados por la razón, ya que sólo ello permite gozar del reconocimiento de los derechos, los cuales nacen verdaderamente cuando la sociedad les otorga sentido y significado.

En este marco de reconocimiento, ejercicio y garantía de derechos y libertades de los individuos, se inscribe la importancia de rescatar a un sector de la sociedad, cuya actividad considerada la más antigua del mundo, ha sido objeto no sólo de segregación o marginación, sino de toda clase de abusos y atropellos a sus derechos humanos. Me refiero a las sexoservidoras y sexoservidores, para quienes hasta ahora no han permeado los derechos humanos que la propia evolución de la sociedad ha establecido, a través de diversas generaciones. La primera de éstas contempla las libertades clásicas, es decir, derechos personales, civiles y políticos, como el derecho a la integridad física y moral; a la libertad personal; a la seguridad personal; a la igualdad ante la ley; a la libertad de movimiento y al libre tránsito; a la justicia, entre otros. Por su parte, los derechos de la segunda generación, de naturaleza social, económica y cultural, se refieren al derecho a la seguridad económica; a la alimentación; al trabajo; a la seguridad social; a la salud; a la vivienda; a la educación, entre otros.

La Declaración francesa de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, documento esencial de la historia del constitucionalismo moderno, establece que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos; que el fin de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre; que estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión; que la libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudica al otro; y que el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que aseguren a los restantes miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos, y estos límites sólo pueden estar determinados por la ley.

De acuerdo al doctor Miguel Carbonell ² , no hay Estado constitucionalista, si no existe el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales a favor de la libertad humana. Razón por la cual, muchos de los postulados de la Declaración francesa, sirvieron de marco y espíritu para la creación de la Constitución Política de 1917.

Pese a ello, para diversos sectores de la sociedad, como es el caso del sexoservicio, tales preceptos son letra muerta, por tanto, inoperantes también son algunos postulados de la Constitución Política, como es el artículo 1o., tercer párrafo, en el que se establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas; toda vez que en el país, el sexoservicio, comercio sexual, o como comúnmente nombramos, prostitución, tiene una larga historia de rechazo y desprecio por parte de la sociedad en general, y de las autoridades, en particular. Ambos, sociedad y autoridades, nos hemos dado a la tarea de criminalizar y estigmatizar esta actividad, por tanto, hemos contribuido significativamente a la vulneración y degradación de todos aquellos quienes, independientemente de las circunstancias, han elegido el sexoservicio, como su modo de vida y fuente de ingresos, es decir, como su actividad laboral.

Pese a establecerse, internacional y nacionalmente, la libertad como un derecho fundamental del ser humano, debemos reconocer la inexistencia de un marco jurídico que, de forma específica y clara, reconozca, norme y dignifique la actividad del sexoservicio como cualquiera otra, atendiendo a la libertad y derecho de elección de cada individuo, y atendiendo a la garantía individual de trabajo que la Constitución Política, establece en el artículo 5o., que a la letra dicta su primer párrafo: A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

Si aunado a tal ausencia, consideramos las precarias condiciones socioeconómicas de las sexoservidoras y sexoservidores, podemos inferir, entonces, una alta debilidad en este sector, así como la presencia de elevados factores de riesgo, como la alta tasa de seropositivos; el alto grado de transmisión del VIH; el elevado número de parejas sexuales; el bajo nivel socioeconómico; el uso de anticonceptivos hormonales; la presencia de otras infecciones de transmisión sexual; la estigmatización y escaso acceso a los servicios de salud y educativos; el elevado consumo de alcohol y drogas; la transfusión sanguínea; parejas infectadas, entre otros, lo que finalmente desemboca en la práctica de graves conductas antisociales al interior y exterior de este grupo social, e indudablemente, en el abuso y extorsión por parte de diversas autoridades públicas.

En este sentido, cabe mencionar un estudio realizado por investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública ³ en el año 2006, el cual concluyó que la organización del comercio sexual femenino en la Ciudad de México se manifiesta a través de diferentes expresiones, según el sitio donde se ejerce. Por ejemplo, las sexoservidoras de la vía pública ingresan a la actividad mucho más jóvenes y tienen un nivel socioeconómico y de escolaridad mucho más bajo, respecto a las sexoservidoras que ejercen su actividad en lugares cerrados, como bares y estéticas. Así también, señala el estudio, que la migración de sexoservidoras a la Ciudad de México, provenientes del interior de la República Mexicana, tiende a ubicarse en la vía pública, donde existen mayores posibilidades de contraer enfermedades de transmisión sexual.

Aunque no existen cifras oficiales respecto al sexoservicio, algunos estudios y fuentes revelan la existencia de, aproximadamente, 50 mil sexoservidoras en la vía pública de la Ciudad de México, de las cuales el 50 por ciento oscila entre los 16 y 24 años de edad; sólo el 30 por ciento cuenta con primaria concluida, y el 80 por ciento son madres solteras. Por su parte, en Tijuana, existen alrededor de 6 mil 500 personas dedicadas al sexoservicio registradas con tarjeta sanitaria, y se calcula que 1 mil personas más operan al margen de esta reglamentación; en la Ciudad de Monterrey se habla de 20 mil personas dedicadas a esta actividad, de las cuales el 60 por ciento son mujeres y el 40 por ciento hombre, es decir, se trata de un fenómeno que cada vez adquiere presencia y expansión en el país.

En suma, el sector del sexoservicio, está potencialmente expuesto a contraer enfermedades de transmisión sexual, al mismo tiempo que es víctima cotidiana de diversas autoridades públicas, quienes mediante detenciones ilegales y extorsiones, amedrentan y lesionan a este grupo social; problemática que se agudiza en el caso del sexoservicio en la vía pública. Actividad que, evidentemente, no sólo es propia de mujeres, ya que encontramos un considerable número de hombres ejerciéndola. Algunos estudios revelan que, a nivel mundial, el 90 por ciento del sexoservicio es ejercido por mujeres; 7 por ciento por transexuales, y 3 por ciento por hombres.

Por otra parte, es importante destacar que a nivel mundial, esta actividad se enmarca en tres esquemas respecto a su práctica de reglamentación: abolicionista y prohibicionista.

El primero, como su nombre lo indica, reglamenta el sexoservicio mediante la fijación de áreas en las cuales se puede ejercer, es decir, ``zonas de tolerancia'' o ``zonas rojas'', que bajo el argumento de proteger la salud de la sociedad, establece medidas higiénicas para la prevención y control de enfermedades de transmisión sexual. Para ello, opera un registro con carácter de obligatorio para la totalidad de las sexoservidoras y sexoservidores, el cumplimiento de exámenes médicos periódicos, y prohíbe ejercerla en sitios distintos a los autorizados. Este esquema considera el fenómeno de la prostitución como un hecho inevitable, aceptado por la sociedad, y en este sentido, la regulación se aboca a establecer un sistema de control público de las personas que ejercen el sexoservicio. Al respecto, en México, en estados como Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Zacatecas, el sexoservicio se rige por este esquema de reglamentación.

Sin embargo, mayoritariamente el país se rige por el esquema abolicionista, el cual no persigue la prohibición del sexoservicio, más bien, trata de reprimir la explotación ejercida por terceros, es decir, el comercio sexual ligado al tráfico de personas con fines de explotación. A través de este esquema, el ordenamiento jurídico despenaliza el sexoservicio y la persona que la ejerce es considerada víctima de la propia actividad. Así, la norma penal tipifica, exclusivamente, la conducta de quienes a través de la explotación sexual, se benefician.

En este sentido, es claro el Código Penal Federal, respecto al delito de lenocinio y trata de personas, que en el artículo 206 establece que el lenocinio se sancionará con prisión de dos a nueve años y de 50 a 500 días multa.

A su vez, el artículo 206 Bis del mismo código, establece que comete el delito de lenocinio: I. Toda persona que explote el cuerpo de otra por medio del comercio carnal, se mantenga de este comercio u obtenga de él un lucro cualquiera; II. Al que induzca o solicite a una persona para que con otra, comercie sexualmente con su cuerpo o le facilite los medios para que se entregue a la prostitución, y III. Al que regentee, administre o sostenga directa o indirectamente, prostíbulos, casas de cita o lugares de concurrencia expresamente dedicados a explotar la prostitución, u obtenga cualquier beneficio con sus productos. El artículo 207 del código, establece que comete el delito de trata de personas quien promueva, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba a una persona para someterla a cualquier forma de explotación, ya sea explotación sexual, trabajos o servicios impuestos de manera coercitiva, o para que le sean extirpados cualquiera de sus órganos, tejidos o sus componentes, dentro o fuera del territorio nacional.

Finalmente, bajo el esquema prohibicionista, el Estado sanciona penalmente a todas las partes involucradas en el sexoservicio, es decir, a quien lo ejercen, al proxeneta ⁴ , y al cliente. Bajo este régimen, las y los sexoservidores se consideran delincuentes y no víctimas. Esquema que, en teoría, no se sigue en el país.

Sea reglamentación o abolición, en México estos esquemas no han abierto el camino para la erradicación de abusos, extorsiones y violación de los derechos de quienes ejercen el sexoservicio ya que, a través de la reglamentación, se establecen básicamente obligaciones, y a través de la abolición, se castiga penalmente el delito de lenocinio y trata de personas, pero en ninguno de estos esquemas, se estipulan derechos a las y los sexoservidores. En tanto no se establezca legalmente esta actividad como cualquiera otra, es decir, en tanto no exista tutela laboral, el abuso, la extorsión y la trasgresión a sus derechos, será una constante, por tanto, indirectamente seguiremos fomentando que se acreciente este sector marginado y segregado.

Resulta imperante, entonces, que consideremos el sexoservicio como cualquier trabajo lícito, regido por el estado de derecho, ya que de lo contrario, esta actividad seguirá controlada por grupos de criminales, proxenetas y autoridades, quienes hasta ahora se han beneficiado de las grandes ganancias derivadas de este oficio, las cuales se estima que, a nivel mundial, ascienden, aproximadamente, a 12 mil millones de dólares anuales, superando incluso, las ganancias provenientes del tráfico de armas y de drogas.

En un estado de derecho, democrático y moderno, a nadie debe impedirse gozar de los derechos mínimos, sea cual sea la forma concreta que adopta la prestación de un servicio lícito. Por ello, en tanto el sexoservicio lo ejerza por necesidad, voluntaria y libremente una persona mayor de edad como su actividad laboral, se trata de una decisión personal que el Estado no debe reprimir, en tanto no afecte los derechos y libertades de los demás, por el contrario, son decisiones que el Estado debe proteger.

Ya lo refería John Stuart Mill ⁵ , que la única finalidad por la cual el poder puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre un miembro de la comunidad civilizada contra su voluntad, es evitar que perjudique a los demás. Su propio bien, físico o moral, no es razón suficiente. La única parte de la conducta de cada uno por la que él es responsable ante la sociedad es la que se refiere a los demás. En la parte que le concierne meramente a él, su independencia es derecho absoluto. Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu, el individuo es soberano.

Debemos, entonces, separar los principios morales, de los jurídicos, tal y como lo plantea Jürgen Habermas ⁶ , para quien el desarrollo del Estado moderno obliga a la separación y diferenciación del régimen moral y régimen jurídico. No debemos olvidar que en un Estado moderno y democrático, el derecho resulta ser el orden para la convivencia armónica, en la que el respeto a la diversidad y a la equidad de género, no debe ser el camino para la salvación espiritual.

El sexoservicio, a través de los diversos sitios donde se ejerce, vía pública, clubes, domicilios privados, hoteles, salones de masaje, servicios de acompañamiento, entre otros, es una actividad que coincide con algunos preceptos de la Ley Federal del Trabajo, que en su artículo 8o. consigna que trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. Así también, cumple con lo establecido en el artículo 20 que establece por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.

En suma, en atención a hacer valer las libertades de elección del ser humano, y con el objetivo de contribuir a erradicar la trasgresión de los derechos humanos de todas aquellas personas que se dedican al sexoservicio, la presente iniciativa tiene por objeto establecer este oficio como un trabajo o actividad tutelado por ley, es decir, circunscribirlo a la tutela laboral, y con ello favorecer la dotación de derechos laborales mínimos hacia este sector, que hasta ahora padece un importante grado de marginación. Al mismo tiempo, se pretende contribuir a erradicar la explotación, de la que es objeto este grupo social, principalmente por el proxeneta y autoridades públicas.

Es importante señalar que de ninguna forma esta iniciativa promueve el ejercicio del sexoservicio, ni la legalización de los establecimientos que otras normas, relacionadas con esta práctica sancionan. Más bien, se parte de la idea general respecto a que es una actividad con gran presencia en el país, a la cual no podemos cerrar los ojos y negar que esta inmersa en grandes problemas, principalmente, debido a su falta de reconocimiento específico en nuestro estado de derecho.

Lo que se propone hoy es compatible con el espíritu de la legislación constitucional, base para el diseño de políticas públicas en apego al valor supremo de libertad de decisión de cada persona, me refiero al artículo 5o. de ese ordenamiento, así como al artículo 123, que en su primer párrafo establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Artículos, ambos, que consagran el derecho humano fundamental al trabajo, el cual debe repercutir benéficamente a la sociedad, a la vez que debe remunerar dignamente al trabajador.

El derecho al trabajo digno y socialmente útil implica necesariamente la función del Estado, porque además, es un deber social. Asimismo, cabe decir que instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976), establecen el derecho de toda persona a la libre elección de su trabajo, a ser aceptado, y tomar medidas para garantizar tal derecho.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el capítulo XIV Bis al Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo

Único. Se adiciona un capítulo XIV Bis al Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue

Ley Federal del Trabajo Título Sexto Trabajos Especiales Capítulo XIV Bis Sexoservicio

Artículo 350 Bis. Las disposiciones de este capítulo se aplican a todas aquellas personas que ejercen el sexoservicio.

Artículo 350 Bis 1. Se entiende por sexoservicio, la actividad que ejerce aquella persona, quien a cambio de alguna retribución económica o de otro tipo, ofrece sus servicios sexuales.

Artículo 350 Bis 2. Las y los sexoservidores deberán atender las disposiciones contenidas en la normatividad que regule de forma específica el desempeño de esta actividad.

Artículo 350 Bis 3. Queda estrictamente prohibido a todo menor de dieciocho años, ejercer el sexoservicio como su actividad laboral.

Artículo 350 Bis 4. Queda prohibida la intermediación de personas en la contratación del sexoservicio.

Artículo 350 Bis 5. El Estado deberá incorporar a las y los sexoservidores a los regímenes y mecanismos necesarios a fin de garantizar, a través de las dependencias de seguridad social y la administración pública federal y local, correspondientes, así como los diversos programas sociales, el acceso equitativo y oportuno a los beneficios de la educación, salud, y vivienda, entre otros, con el objeto de propiciar el mejoramiento en el nivel y calidad de vida de quienes se dedican a esta actividad.

Artículo 350 Bis 6. La normatividad local reglamentará esta actividad, a fin de establecer las correspondientes obligaciones y otros derechos respecto a su ejercicio.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1) Pensador Liberal del Siglo XIX.

2) Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, cuya área de investigación concierne a los derechos humanos, y cuya línea de investigación concierne al derecho constitucional.

3) Titulado: Heterogeneidad en la Expresión del Comercio Sexual Femenino en la Ciudad de México .

4) Persona que recibe un porcentaje de los beneficios de la prostitución, por actuar como intermediario entre la o el sexoservidor y el cliente.

5) Filósofo y economista inglés, principal representante del neoempirismo inglés del siglo XIX.

6) Pensador y filósofo alemán de la teoría crítica de la conocida como escuela de Frankfurt.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputado Efraín Morales. Insértese íntegro el texto de la presente iniciativa. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria ytúrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

LEY DE AEROPUERTOS

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos.

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Compañeras diputadas y compañeros diputados. En virtud de que la presente iniciativa se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito que el texto íntegro de la misma se inserte en el Diario de los Debates.

No obstante, deseo hacer algunas reflexiones sobre el contenido de la iniciativa. El sector aeroportuario ha venido arrastrando una problemática por el proceder de los grupos concesionarios, motivando la atención reiterada de diputados y senadores en la LVIII, LIX y en la actual LX Legislatura, con la solicitud de investigar los términos en que se otorgaron los concesiones y revisar en lo posible, el incumplimiento de las condiciones contenidas en las mismas.

Los argumentos para promover las bondades de la inversión privada en los aeropuertos mexicanos señalaban que habría un mejor servicio, se fomentaría el desarrollo regional, habría más empleos y se modernizarían los aeropuertos. Desafortunadamente en los hechos ni ha habido tal fomento del desarrollo ni las inversiones que están previstas se llevaron a cabo y menos los servicios mejoraron.

La delicada situación en los aeropuertos que han sido concesionados se presenta en gran parte por la existencia de un ordenamiento jurídico redactado en términos del menor costo para los inversionistas, con el mayor beneficio.

La Ley de Aeropuertos ha resultado ser un instrumento protector de los intereses de ciertos grupos que encuentran en sus disposiciones los mecanismos necesarios para hacer nula cualquier posibilidad seria de revisión, ya no de los términos en que se otorgó la concesión, sino del cumplimiento de las obligaciones que contrajeron al recibirla.

En este contexto la Comisión Federal de Competencia ha externado su preocupación por la situación insostenible en el Sistema Aeroportuario Mexicano y ha presentado un importante análisis orientado a promover la aplicación de los principios de competencia y libre concurrencia en la proveeduría de servicios aeroportuarios.

Por lo anterior, creo importante plantear en la presente iniciativa las siguientes propuestas:

Uno. Las mejores experiencias internacionales en términos de logros en reducciones tarifarias y calidad de los servicios se basan en el diseño de un marco regulatorio eficiente, la instauración de reguladores autónomos independientes, el fortalecimiento de una política de competencia y la protección a los usuarios.

Por ello, en la presente iniciativa se propone una Comisión Federal de Servicios Aeroportuarios que asumiría las atribuciones y facultades en materia de regulación de los servicios aeroportuarios, cuyos integrantes serían propuestos por el Ejecutivo federal y deberían ser aprobados por la Cámara de Diputados. Los miembros de la comisión durarían en su encargo cinco años.

Dos. Consecuentemente, con lo anterior se debe lograr una revisión quinquenal más transparente, considerando la elaboración del Programa Maestro de Desarrollo, así como la aprobación de la Comisión Federal de Servicios Aeroportuarios, y la opinión de la Comisión Federal de Competencia.

Tres. Por otra parte, si consideramos que el nivel de las tarifas por los servicios aeroportuarios es artificialmente alto debido al criterio de asignación a los grupos aeroportuarios, a los términos de implementación de las bases de regulación y que el resultado buscado con la privatización fue incrementar los ingresos gubernamentales por las licitaciones y no generar las mejores tarifas para los usuarios.

La presente iniciativa establece que dentro de las bases de regulación tarifaria se atiendan los criterios que pretenden influir en la eficiencia económica y se reconozcan en una sola bolsa los ingresos por servicios aeroportuarios y comerciales, procurando la intervención del caso a la Cofesa y la Cofeco.

Cuatro. Con el propósito de eliminar la barrera en que se erigen los horarios de despegue y aterrizaje en aeropuertos saturados para nuevos competidores, la presente iniciativa faculta a la Comisión Federal de Servicios Aeroportuarios a contemplar el sistema de subasta como un mecanismo que no favorezca a las aerolíneas establecidas y sí eficiente la asignación de horarios.

Con tal fin, dicha comisión podrá definir a la brevedad las reglas de participación en las subastas y atendería la opinión de la Comisión Federal de Competencia para garantizar el proceso de competencia y libre concurrencia.

Adicionalmente se da la mayor intervención posible a la Comisión Federal de Servicios Aeroportuarios en el proceso de otorgamiento de concesiones, ya sea por licitación o por asignación directa, estableciendo la obligación de contar con la opinión favorable de la misma y de la Comisión Federal de Competencia.

Con esto se evitaría que en futuras legislaciones o asignaciones de aeropuertos un mismo grupo o persona concentre más de un aeropuerto en la misma ciudad, y en el otorgamiento de concesiones se da prioridad al principio de asignación basada en el menor precio por los servicios.

Se establece como principio, en materia de concesiones, el que la Secretaría y la Comisión Federal de Servicios Aeroportuarios velen puntualmente por el carácter estratégico del sistema aeroportuario, buscando en todo momento el mayor beneficio para dicho sistema en términos de eficiencia, otorgando garantías suficientes a la inversión sin que ello represente un lucro excesivo, un daño o perjuicio para el país o se vulnere la soberanía nacional.

Dentro de las facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el otorgamiento de las concesiones, deberá anteponerse siempre el interés nacional, absteniéndose en todo momento de favorecer a algún inversionista en lo individual, como ha venido ocurriendo.

En la iniciativa se detallan otros planteamientos que van en función de la experiencia que hemos tenido nosotros en la revisión de los trabajos de los grupos aeroportuarios, particularmente del GAP, y también coincidimos con los planteamientos que hace la Comisión de Competencia Económica.

En virtud de que se encuentra íntegra esta iniciativa que ha sido publicada, ruego a la Presidencia que se incluya en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Aeropuertos, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, Cuauhtémoc Velasco Oliva , en mi carácter de diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 2, 4, 6, 11, 14, 17, 21, 23, 33, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 50, 51, 55, 57, 58, 60, 61, 67 y 71 de la Ley de Aeropuertos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Compañeros diputados y diputadas: el 9 de febrero de 1998 se publicaron, en el Diario Oficial de la Federación, los Lineamientos generales para la apertura a la inversión en el Sistema Aeroportuario Mexicano, con el propósito de que la participación a la inversión en el Sistema Aeroportuario Mexicano se desarrolle conforme a los objetivos establecidos por el gobierno federal, definiendo las diferentes fases del proceso de reestructuración de dicho sistema.

Fue hasta el año de 1998, que Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) administró y operó 60 aeropuertos, atendiendo las necesidades de infraestructura y proporcionado por sí, o por conducto de terceros, los servicios aeroportuarios; sin embargo, con la tendencia a permitir la participación de inversión privada en la mayoría de las actividades de la economía del país, inició el proceso de otorgamiento de concesiones.

Con tal fin, se constituyeron 4 empresas como sociedades controladoras, con un capital de mil millones de pesos sufragados con cargo al presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que dichas sociedades constituyeran una sociedad concesionaria por cada grupo controlador.

Dentro de nuestro orden jurídico y de este proceso, la Ley de Aeropuertos ha pretendido fomentar la modernización de la infraestructura a través de la participación de capitales privados, nacionales y extranjeros, mediante concesiones otorgadas hasta por 50 años, prorrogables.

En dicho ordenamiento se establece que el estado seguirá ejerciendo la rectoría del espacio aéreo, radio ayudas, telecomunicaciones e información aeronáutica.

Pese a ello, la Ley de Aeropuertos, contempla la concesión de aeropuertos a particulares, a través de licitación pública o de asignación directa a entidades de la administración pública federal o empresas de participación estatal o municipal mayoritaria.

Uno de los principios fundamentales en la Ley de la materia es el relativo a propiciar la participación de inversionistas y operadores de calidad, capacidad y solvencia técnica, operativa, administrativa, financiera y moral. Así como respetar los derechos de los trabajadores conforme a la ley y asegurar para el Estado, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

A partir de ello, se plantearon diversas alternativas de agrupamiento de aeropuertos y se eligió la distribución de aeropuertos en cuatro grupos regionales: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Sureste: 9 aeropuertos, Pacífico: 12 aeropuertos y Centro Norte: 13 aeropuertos.

En su momento se afirmó que esta alternativa se eligió por ser la que mejor satisface los objetivos y criterios del proceso de apertura a la inversión, por conciliar los intereses de los usuarios y cumplir con las expectativas del mercado.

Los argumentos para promover las bondades de la inversión privada en los aeropuertos mexicanos señalaban que deberían privatizarse para que hubiera un mejor servicio, que se fomentara el desarrollo regional, que hubiera más empleos y que los aeropuertos se modernizaran.

Desafortunadamente, en los hechos ni ha habido tal modernización, ni las inversiones que estaban previstas se llevaron a cabo y menos los servicios mejoraron.

Evidentemente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), como autoridad aeroportuaria, ha incumplido, por acción u omisión, con algunas de sus facultades, particularmente las relativas a supervisar el cumplimiento de la ley en el otorgamiento de concesiones y permisos, al no verificar debidamente y resolver, en su caso, la modificación, terminación o revocación de concesiones, establecidas en el artículo 6 de la Ley de Aeroportuarios, pese a las reiteradas demandas, peticiones de locatarios y puntos de acuerdo que se han presentado en la LVIII, LIX y actual LX Legislatura, solicitando investigar los términos en que se otorgaron las concesiones y revisar el posible incumplimiento de las condiciones contenidas en las mismas.

Uno de esas acciones u omisiones, por citar un caso, es el relativo al Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que fue constituido en 1998 como parte de la apertura del Sistema Aeroportuario Mexicano, y que actualmente detenta 12 concesiones por 50 años cada una para operar, mantener y desarrollar otras tantas terminales de la región Centro-Pacífico del país, entre las que se encuentran las de Tijuana, Hermosillo, León, Morelia, Aguascalientes, Mexicali y Los Mochis.

Particularmente el GAP ha despertado numerosas dudas sobre la efectividad de la concesión dentro del esquema de modernización del sistema aeroportuario, a fin de poder determinar que se hayan alcanzado a plenitud los propósitos por los cuales se privatizaron los aeropuertos. El GAP ha sido beneficiado en los siguientes términos:

Lo expuesto se presenta en gran parte por la existencia de un ordenamiento jurídico redactado en términos del menor costo para los inversionistas con el mayor beneficio. La Ley de Aeropuertos ha resultado ser un instrumento protector de los intereses de ciertos grupos que encuentran en sus disposiciones los mecanismos necesarios para hacer nula cualquier posibilidad seria de revisión, ya no de los términos en que se otorgó la concesión, sino del cumplimiento de las obligaciones que contrajeron al recibirla.

En este contexto, la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), ha realizado un importante análisis ¹ orientado a promover la aplicación de los principios de competencia y libre concurrencia en la proveeduría de servicios aeroportuarios.

En su estudio la Cofeco establece que ``es importante asegurar que los aeropuertos enfrenten incentivos y reglas claras con el propósito de, por un lado, asegurar que los servicios que ofrecen a las aerolíneas y los pasajeros se proporcionen con calidad, eficiencia y competitividad y, por otro, evitar que otorguen un trato preferencial o discriminen a determinadas aerolíneas o proveedores de servicios de apoyo''. ²

Dentro de los datos a considerar del estudio, tenemos que los aeropuertos del país atendieron aproximadamente 69 millones de pasajeros en 2005, 59% de los cuales fueron pasajeros en servicio regular en rutas nacionales, 34% en servicio regular en rutas internacionales, 5% en servicios de fletamiento y 1% en aviación general.

1. Ausencia de competencia.

Un dato que evidencia la poco afortunada política de apertura implementada en el sistema aeroportuario mexicano los representa el hecho de que los pasajeros transportados en rutas nacionales crecieron 1.6 % en promedio, en tanto que los pasajeros en rutas internacionales lo hicieron en 8% en promedio. Conforme al estudio en comento ``Una de las razones que explica este diferencial de tasas de crecimiento entre rutas nacionales e internacionales es la escasa competencia entre aerolíneas mexicanas...''

Podía decirse que la principal característica de la operación aeroportuaria, es su concentración. De todos los aeropuertos del país, 5 son los más importantes en términos de pasajeros atendidos con 67.6% del mercado (Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuana).

La propia Cofeco, entre 1999 y 2000, emitió 3 resoluciones en el sentido de que no existían las condiciones razonables de competencia en los 34 aeropuertos que forman parte de los grupos aeroportuarios licitados.

2. Rentabilidad de aeropuertos.

Por otra parte, los estados financieros de los grupos aeroportuarios mexicanos muestran estructuras atípicas, esto es, la capacidad de generación de utilidades es relativamente elevada comparada con otros aeropuertos del mundo, pero la rentabilidad es relativamente baja. Existe un bajo nivel de pasivos respecto del capital contable.³

En este sentido, en el período 2001 -- 2006 las utilidades netas de los grupos aeroportuarios fueron positivas todos los años y las utilidades han mostrado una tendencia creciente: La tasa de crecimiento de las utilidades netas entre 2001 y 2006 fue de 18.3% para el Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR); de 29.8% para el Grupo Aeroportuario Centro -- Norte (GACN) y de 21.1% Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) en promedio anual.

En su análisis, al separar el comportamiento de los ingresos y los gastos de operación por pasajero, la Cofeco explica la evolución de las utilidades netas. En el período entre 2001 y 2006 todos los grupos aeroportuarios registraron un aumento consistente en los ingresos por pasajero: ASUR en 4.8%, GACN en 1.1% y GAP de 3.8% promedio anual.

Sin embargo, los gastos de operación por pasajero mostraron un comportamiento diferente: El gasto de operación por pasajero de GACN tuvo una reducción de 2.9% promedio anual, lo que sumado al incremento de sus ingresos permitió ser el grupo con la mayor tasa de crecimiento de utilidades netas; para el GAP los gastos de operación de mantuvieron constantes con una tasa de 0.4%; en tanto los de ASUR se incrementaron en 3.4%. Salvo el GACN, el incremento en las utilidades netas de los grupos aeroportuarios fue consecuencia del incremento de ingresos y no por una mayor eficiencia operativa.

En ese período 2001 -- 2006, los grupos aeroportuarios registraron una utilidad de operación acumulada importante: ASUR de $4,016 millones de pesos; GACN de $2,298 millones y el GAP de 5,220 millones; utilidad de operación que como porcentaje de los ingresos representó 36.3%, 29.6% y 37.8% para ASUR, GACN y GAP, respectivamente, frente al 28% que en promedio este mismo indicador representó para 50 aeropuertos internacionales representativos. ⁴

En consecuencia, la rentabilidad en el mismo período fue de 5.2% para ASUR; 5.7% para GACN y 3.5% para el GAP.

¿Que significa esto? Que los concesionarios han encontrado en la operación de los aeropuertos mexicanos un negocio por demás rentable para ellos, sin que esto se vea reflejado en la modernización de los aeropuertos, la mejora de los servicios y en tarifas menos onerosas.

3. Regulación tarifaria.

La problemática que actualmente se encuentra a discusión, además de la operatividad del sistema aeroportuario mexicano, es la relativa a las tarifas. El nivel de las tarifas de los servicios aeroportuarios es artificialmente alto. Esta situación es consecuencia, en gran parte, por la facultad que la Ley de Aeropuertos otorga a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para establecer bases de regulación tarifaria de los servicios aeroportuarios y porque el criterio de adjudicación de las licitaciones fue asignar el grupo aeroportuario a aquel postor que ofreció el precio más alto por participación accionaria, en lugar de declarar ganador al que ofreciera los costos más bajos por proveer el servicio.

En el esquema en el que las bases de regulación tarifaria toman la forma de una tarifa máxima conjunta, cada concesionario es libre de fijar los precios de los servicios aeroportuarios específicos, siempre que los ingresos por esos servicios divididos por las unidades de tráfico no excedan la tarifa máxima permitida.

Conforme al estudio de la Cofeco, considerando la metodología reconocida a nivel internacional para comparar tarifas de aeropuertos, los aeropuertos del país se ubican en las posiciones intermedias de la 17 a la 37, de entre 50 aeropuertos internacionales representativos. De acuerdo a estos criterios, ``los precios de los servicios aeroportuarios en México son relativamente altos en el contexto internacional''.

El factor de referencia, que es parte importante en el esquema regulatorio como mecanismo utilizado para reducir ganancias excesivas a través de la corrección de las tarifas a niveles más adecuados; contrariamente a lo deseado, en el esquema regulatorio mexicano no ha cumplido completamente con los objetivos para el cual fue diseñado.

Lo anterior queda de manifiesto al comprobar que 31 de los 34 aeropuertos privatizados tuvieron un incremento en la tarifa máxima en términos reales. El factor de eficiencia debería entonces reflejarse en tarifas decrecientes cuando no existan cambios significativos en las perspectivas de crecimiento e inversión de un aeropuerto.

Ante reveladores datos, la respuesta de la SCT, contradiciendo argumentos debidamente sustentados y en un papel más de abogado defensor de los grupos aeroportuarios que de autoridad en materia aeroportuaria, rechazó de inmediato que en México se cobren las tarifas más altas del mundo en servicios aeroportuarios, desestimando las propuestas orientadas a mejorar el esquema de precios en el sector.

Ante tal despropósito, la Cofeco respondió con un dato por demás revelador: En promedio 58% del costo de un boleto de avión es por cargos de servicios aeroportuarios e impuestos gubernamentales (La Jornada, 3 de octubre de 2007). Basta decir que los servicios aeroportuarios regulados representan entre 70% y 81% de sus ingresos, entre ellos destacan los provenientes de la Tarifa por Uso de Aeropuerto (TUA), que representan alrededor del 80% de los ingresos regulados y más de la mitad de los ingresos totales. ⁵

El costo de servicios aeroportuarios en aeropuertos internacionales, tomando como base el costo total para el pasajero y la aerolínea de los servicios aeroportuarios para un avión Boeing 737-300 de 133 asientos con un factor de ocupación de 75%, que incluye tarifa por uso de aeropuerto (TUA), tarifa de aterrizaje, plataforma por dos horas, revisión de seguridad y abordadores mecánicos, ubica las tarifas de la siguiente manera:

En $4,153 dólares en el aeropuerto de Nueva Jersey; $4,077 dólares en el de Nueva Cork; $3,338 en el de Vancouver; $3,050 en el de Ámsterdam; $3,019 en el de Sydney o $2,088 en el de Tokio Narita (Dólares ajustados por poder de paridad de compra).

Mientras que los costos de servicios aeroportuarios nacionales se colocan en $4,147 dólares en el de Minatitlán; $4,070 dólares en el de Mérida; $4,052 dólares en el de Huatulco; $3,984 dólares en el de Hermosillo; $3,921 dólares en el de Guadalajara; $3,785 dólares en el de Monterrey; $3,732 dólares en el de Puerto Vallarta o $3,400 dólares en el de Tijuana (Dólares ajustados por poder de paridad de compra).

Es decir, que los costos en aeropuertos internacionales son relativamente más bajos que los de los aeropuertos mexicanos.

En este contexto, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés), ha señalado que las elevadas tarifas que se aplican en los aeropuertos de México constituyen un obstáculo para el desarrollo de la actividad turística en el país.

En voz de Giovanni Bisignani, Director General de IATA, la mayor organización mundial de compañías de aviación, ha quedado precisado que la rentabilidad que obtienen principalmente los grupos aeroportuarios privados en México, es del 50% como flujo de operación, frente a proporciones que varían de 5 a 8% en otras partes del mundo.

Adicionalmente, señala IATA, desde su privatización, las tarifas mexicanas han ocupado en forma permanente el tope máximo permitido y en la práctica adquieren un carácter de monopolios. Además resulta contradictorio el elevado nivel de ganancias debido a las altas tarifas que obtienen los propietarios (privados y públicos) de los aeropuertos que operan en nuestro país, con un bajo nivel de inversión para mejorar su eficiencia.

Ante este panorama, resulta muy difícil que se sustente un mayor crecimiento del turismo en México, por la precaria inversión en infraestructura.

Igualmente, el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), ha señalado que la competitividad del sector aéreo mexicano no despega, entre otras razones, por las altas tarifas aeroportuarias y por los impuestos sobre boletos de avión.⁶ De acuerdo con el organismo internacional citado, México se ubica en el sitio 114 de 124 países evaluados en materia de impuestos sobre boletaje y cargos aeroportuarios.

Nuestro país se encuentra entre las naciones peor evaluadas frente a otras, como la India, lugar 7; China, lugar 21; Corea en el 28; Brasil en el 85; y Chile en el 102, de aquellos que tienen mayores costos financieros.

México obtuvo una calificación de 50.8 puntos de un total de 100 en impuestos a los boletos aéreos y tarifas aeroportuarias, donde 0 significa el máximo costo.

Por su parte el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), ha advertido que resulta inadmisible que el costo del pasaje de avión en el país para vuelos nacionales, puede ser similar o superior al de vuelos internacionales.

Por ello, ante las deficiencias regulatorias en la operación de los aeropuertos, que redundan en tarifas altas, en detrimento de los usuarios que deben pagarlas como parte del costo del boleto y, adicionalmente, la situación actual del sistema aeroportuario nacional demanda una revisión de las disposiciones legales aplicables, en virtud de que si aspiramos a contar con instalaciones seguras y modernas, servicios eficientes, competitivos y no discriminatorios, así como con condiciones mínimas de operación y tarifas de acuerdo a las necesidades del país; tenemos que abordar una reforma puntual de la Ley de Aeropuertos para revisar todos aquellos aspectos que hoy impiden la modernización de los aeropuertos, pasando por su administración, operación, explotación y construcción.

Esta reforma debe pasar también por verificar el cumplimiento por parte de la autoridad aeroportuaria y un efectivo esquema que sancione la violación e incumplimiento de las condiciones del título de concesión y de la Ley de la materia.

Hasta la fecha ha sido claro que las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de los términos de la concesión han eludido su responsabilidad de comprobar el respeto de los compromisos propios de la misma, aun cuando ya desde esta misma tribuna se ha planteado la necesidad de revisar esta situación.

Ante lo antes señalado, con el propósito de velar que toda participación de inversión privada, nacional o extranjera, se apegue plenamente a las disposiciones legales en materia de concesiones aeroportuarias y que la autoridad cumpla a cabalidad su labor de supervisión, en Convergencia nos preocupa que un instrumento legal que pretende contribuir a resolver los problemas del sistema aeroportuario mexicano como es la figura de la concesión, sea utilizado para vulnerar los derechos de terceros, su otorgamiento se traduzca en un daño al patrimonio nacional y la consecuencia inmediata, es decir, la privatización, sirva para desplazar a los inversionistas nacionales.

Por lo anteriormente expuesto, creemos importante abordar en la presente iniciativa, las siguientes propuestas:

1. Las mejores experiencias internacionales en términos de logros en reducciones tarifarias y calidad de los servicios, deben basarse en el diseño de un marco regulatorio eficiente; instaurar reguladores autónomos e independientes; fortalecer la aplicación de una política de competencia y proteger a los consumidores.

Por ello, la presente iniciativa establece la Comisión Federal de Servicios Aeroportuarios (COFESA), que asumirá las atribuciones y facultades en materia de regulación de los servicios aeroportuarios, cuyos integrantes serán propuestos por el Ejecutivo Federal y serán aprobados por la Cámara de Diputados.

La Comisión Federal de Servicios Aeroportuarios es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, encargado de regular, promover, y supervisar del desarrollo eficiente de los servicios aeroportuarios y actividades complementarias, además de contar con autonomía plena para emitir sus opiniones y dictar sus resoluciones en los términos de la Ley.

Los miembros de la Comisión durarán en su cargo cinco años y serán designados por la Cámara de Diputados de entre las propuestas hechas por el titular del Ejecutivo Federal.

Con este ente regulador se busca una mejor definición de las políticas aeroportuarias, planeación y regulación de la aviación y de los aeropuertos que redunde en normas tarifarias más transparentes y en una efectiva protección a los consumidores.

2. Consecuentemente con lo anterior, se puede lograr una revisión quinquenal más transparente, considerando en la elaboración del Programa Maestro de Desarrollo (PDM), la aprobación de la Comisión Federal de Servicios Aeroportuarios y la opinión de los usuarios a través de un proceso de revisión y discusión que involucre a todos los interesados, sin menoscabo de la intervención que actualmente corresponde a la SCT.

Con esto se asegura que el contenido del PDM, obligatorio una vez aprobado, necesariamente, tanto por la SCT como por la COFESA, obligue a los concesionarios a invertir los montos totales previstos en el programa.

3. Por otra parte, si atendemos a que el nivel de las tarifas por los servicios aeroportuarios es artificialmente alto debido al criterio de asignación a los grupos aeroportuarios y de la implementación de las bases de regulación y que el resultado buscado fue incrementar los ingresos gubernamentales por las licitaciones y no con el propósito de generar mejores tarifas para los usuarios; la presente iniciativa establece que, dentro de las bases de regulación tarifaria, se atiendan los criterios que pretenden influir en la eficiencia económica y se reconozcan en una sola bolsa los ingresos por servicios aeroportuarios y comerciales.

4. Con el propósito de eliminar la barrera en que se erigen los horarios de despegue y aterrizaje en aeropuertos saturados para nuevos competidores, con la presente iniciativa se fortalece el sistema de subasta como un mecanismo que no favorezca a las aerolíneas establecidas y si eficiente la asignación de horarios.

Con tal fin, se establece la obligación de definir a la brevedad las reglas de participación en las subastas, se publique periódicamente la información sobre las mismas para el conocimiento de los usuarios y se escuche necesariamente la opinión de la Comisión Federal de Competencia para garantizar el proceso de competencia y libre concurrencia.

5. Adicionalmente, se da la mayor intervención posible a la Comisión Federal de Competencia en el proceso de otorgamiento de concesiones, ya sea por licitación o por asignación directa, estableciendo la obligación de contar con la opinión favorable de la misma, así como en materia de permisos. Con esto se evitará que en futuras licitaciones o asignaciones de aeropuertos un mismo grupo o persona concentre más de un aeropuerto en la misma ciudad y, en el otorgamiento de concesiones, se da prioridad al principio de asignación basada en el menor precio al usuario.

6. Se establece como principio en materia de concesiones el que la Secretaría y la Comisión Federal de Servicios Aeroportuarios, velen puntualmente por el carácter estratégico del sistema aeroportuario, buscando en todo momento el mayor beneficio para dicho sistema, en términos de eficiencia, otorgando garantías suficientes a la inversión, sin que ello represente un lucro excesivo, un daño o perjuicio para el país o se vulnere la soberanía nacional.

7. Dentro de las facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el otorgamiento de las concesiones deberá anteponerse siempre el interés nacional, absteniéndose en todo momento de favorecer a algún inversionista en lo individual.

8. Igualmente, respecto a la atribución de la Secretaría de vigilar, supervisar, inspeccionar y verificar, los aeródromos civiles, estas acciones debe realizarlas vigilando estrictamente el cumplimiento de las disposiciones y obligaciones contenidas en la Ley.

9. Con el propósito de combatir la prestación del servicio con matices discriminatorios, se establece la obligación de la autoridad de procurar la participación igualitaria de inversionistas y comerciantes nacionales.

10. Por otra parte, se sanciona el incumplimiento de las obligaciones fiscales y de otros ordenamientos aplicables de carácter federal, estatal y/o municipal, cuando pongan en riesgo la prestación de los servicios aeroportuarios.

11. A fin de inhibir el trato discriminatorio, se sanciona el permitir o tolerar, por acción u omisión, este tipo de trato, a personas físicas o morales cualesquiera que sea su calidad en actividades turísticas, productivas o comerciales.

12. Del mismo modo, se sanciona no cumplir las acciones conducentes a la ejecución del programa maestro o el programa indicativo de inversiones, en los plazos y montos comprometidos.

13. Se plantean una serie de hipótesis nuevas en materia de revocación: i) Consentir y/o recibir pagos injustificados, con recursos públicos o privados u otro beneficio económico, no contemplado en la Ley, sus reglamentos o en el título de concesión o permiso respectivo; ii) el incumplimiento de las obligaciones fiscales y de otros ordenamientos aplicables de carácter federal, estatal y/o municipal, cuando pongan en riesgo la prestación de los servicios aeroportuarios; iii) Del mismo modo, se sanciona no cumplir las acciones conducentes a la ejecución del programa maestro o el programa indicativo de inversiones, en los plazos y montos comprometidos, y iv) permitir o tolerar, por acción u omisión, trato discriminatorio, a personas físicas o morales cualesquiera que sea su calidad en actividades turísticas, productivas o comerciales.

Se cambia el criterio de aplicación de las causales de revocación, procediendo ésta cuando previamente se hubiese sancionado al concesionario o permisionario, por lo menos en una ocasión, en lugar de tres ocasiones.

14. Se establece la obligación de los concesionarios y permisionarios de aeródromos civiles deberán recabar, considerar y aplicar en sus proyectos de construcción, ampliación y/o remodelación la opinión de las autoridades, concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo y de los prestadores de servicios cautivos ó potenciales que brindarán atención al público en general, antes de realizar las obras correspondientes.

15. Con el propósito de recoger el mayor número posible de opiniones en la elaboración del programa maestro de desarrollo, antes de ser autorizado por la Secretaría deberá escucharse la opinión de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Comisión Consultiva Local, del Comité Local de Operación y Horarios y del Comité Local de Seguridad en el ámbito de su competencia. Además de que el mismo y el título se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y, en por lo menos, un periódico de circulación en la entidad federativa en donde se ubique el aeropuerto.

16. Igualmente, se establece la necesidad de hacer del conocimiento de la Comisión Consultiva Local, Comité Local de Operación y Horarios y Comité Local de Seguridad, el programa indicativo de inversiones en materia de construcción, conservación y mantenimiento, en el que se incluyen medidas específicas relacionadas con la seguridad y la protección al ambiente.

17. Por otra parte, a fin de dar transparencia y seguridad a los trabajos de construcción o reconstrucción en los aeródromos civiles, se faculta a la Secretaría a través del Comandante Local para que verifique que las obras se realicen de acuerdo a las normas de seguridad aplicables, en el tiempo establecido y con la calidad que garantice la eficiencia de las operaciones y servicios. Para lo cual se obliga al administrador y comandante a presentar por escrito al Comité de Operación y Horarios, Comisión Consultiva Local, Comité Local de Operación y Horarios y al Comité Local de Seguridad, los programas y reportes que permitan a los usuarios ejercer el seguimiento de los trabajos.

18. En materia de administración, dentro de las atribuciones de los concesionarios y permisionarios, se plantea involucrar a las autoridades y concesionarios o transportistas del servicio aéreo para que en coordinación con los primeros, procedan a planear, programar y efectuar las acciones necesarias para la operación, desarrollo y promoción del aeródromo civil.

19. También la presente iniciativa contempla la participación de la Secretaría a través del comandante del aeropuerto en la supervisión de las acciones conducentes a la ejecución del programa maestro de desarrollo o el programa indicativo de inversiones.

20. A fin de evitar cualquier trato discriminatorio se establece la obligación de los concesionarios de coordinar las operaciones y demás servicios que se presten en el mismo, sobre bases equitativas y no discriminatorias, con apego a la Ley, debiendo velar en todo momento en igualdad de circunstancias la participación de inversionistas y personal nacional.

21. En abono al acceso a la información y la transparencia se obliga a los concesionarios y permisionarios a proporcionar la información estadística requerida por las autoridades competentes o los prestadores de servicios y usuarios del aeródromo civil.

22. La Ley de Aeropuertos contempla la existencia de una comisión consultiva limitada, motivo por el cual, con la presente iniciativa, se involucra a los principales actores del sector aeroportuario para que coadyuven en la promoción del aeropuerto recomendando, opinando y emitiendo encomiendas en relación con aquellos aspectos que afecten la actividad urbana, turística, productiva y comercial. Agregándose la obligación del administrador del aeropuerto de informar periódica, consistente y oportunamente a la Comisión sobre el programa maestro de desarrollo y sus modificaciones, así como los principales proyectos de inversión para la expansión y modernización del aeropuerto.

23. Por otra parte, igualmente en el marco de la transparencia y control de las concesiones otorgadas y por otorgarse, respecto a la obligación de los concesionarios o permisionarios de asegurar que los aeródromos civiles cuenten con la infraestructura, instalaciones, equipo, señalización, servicios y sistemas de organización, adecuados y suficientes para que la operación se lleve a cabo sobre bases de seguridad, eficiencia y calidad, se establece la facultad del Comité de Operación y Horarios y los integrantes del Consejo Consultivo, de contar, como parte de sus archivos, con una copia del título de concesión o permiso y estar disponible para la consulta de sus miembros.

24. En materia de seguridad, adicionalmente a la responsabilidad de los concesionarios o permisionarios de controlar los accesos y tránsito de personas, vehículos y bienes en zonas restringidas del aeródromo civil, así como de que las áreas cercanas a los equipos de ayuda a la navegación aérea instalados dentro de los mismos, se mantengan libres de obstáculos que puedan afectar su operación, se establece la posibilidad de lo concesionarios o permisionarios de asegurar que el personal a cargo de los controles y tránsito cuenten con la capacitación, equipo y demás requisitos exigidos por las autoridades federales y estatales.

25. Continuando con el proceso de vigilancia de la actuación de los concesionarios y permisionarios, se obliga al administrador aeroportuario a comunicar al Consejo Consultivo, cuando, por caso fortuito o de fuerza mayor, suspenda la prestación de los servicios aeroportuarios, con el fin de preservar la seguridad de las personas y de los bienes, el tiempo estimado para el restablecimiento del o los servicios, reportando los avances a los concesionarios o permisionarios del transporte aéreo y demás proveedores de servicios complementarios y comerciales, hasta su solución satisfactoria.

26. En cuanto a la facultad de la Secretaría de establecer requisitos para la acreditación técnica del personal a cargo de los servicios aeroportuarios y complementarios, se obliga a la autoridad aeroportuaria a presentar un programa anual de acreditación, notificando el resultado de su gestión a la Secretaría y a los Comités de Operación y Honorarios, y Seguridad.

27. Para los casos de la suspensión de los servicios si las contraprestaciones no son pagadas, los concesionarios o permisionarios, así como los prestadores de servicios podrán suspender dichos servicios comunicándolo previamente, a fin de evitar abusos.

28. Se establece expresamente la necesidad de que el concesionario provea lo necesario para que el aeropuerto cuente con servicios aeroportuarios a nivel de clase mundial en costos, operación, servicios, seguridad y nivel de calidad. Con tal fin, el concesionario podrá limitar el número de los prestadores de servicios complementarios considerando la opinión del Comité de Operación y Horarios del aeropuerto, además de la correspondiente del Consejo Consultivo.

29. Adicionalmente, se reconoce la facultad de la Secretaría de establecer y vigilar la ejecución de programas que permitan conocer los índices de satisfacción de los clientes usuarios de los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales. Publicando semestralmente los resultados en el Diario Oficial de la Federación, mismos que serán presentados por la autoridad aeroportuaria al Comité de Operación y Horarios, para recabar las recomendaciones, opiniones y encomiendas de los integrantes del mismo, así como de los miembros del Consejo Consultivo, definiendo junto con ellos acciones locales para su mejora continúa.

30. Los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales de alto impacto e interés del público en general, no podrán dejar de prestarse, y cuando esto ocurra, el concesionario del aeropuerto, previo acuerdo del Comité de Operación y Horarios, y del Consejo Consultivo, deberá hacerlo, directamente o a través de los terceros que él designe y contrate, hasta en tanto prevalezca dicha situación. Lo anterior será vigilado para su cumplimiento por la autoridad aeroportuaria.

31. En el entendido de que la prestación de los servicios comerciales no debe constituir un obstáculo para la prestación de los servicios aeroportuarios y complementarios, ni deben poner en peligro la seguridad del aeródromo civil, o la operación de las aeronaves, se propone que la autoridad aeroportuaria presente al Comité de Operación y Horarios y al Consejo Consultivo, los casos que detecte y aquellos que le sean reportados para determinar en el seno de los mismos las alternativas de solución, mismas que vigilarán hasta su conclusión.

32. Respecto a las áreas que se destinen a la prestación de los servicios comerciales serán descritas en el programa maestro de desarrollo o en el programa indicativo de inversiones, según sea el caso, y para modificarlas se requerirá de autorización previa de la Secretaría, oyendo y atendiendo, antes de autorizar, las opiniones, recomendaciones y encomiendas del Comité de Operación y Horarios, y de los integrantes del Consejo Consultivo.

33. Con la finalidad de dar certidumbre en las decisiones fundamentales al interior se los aeropuertos, con la presente iniciativa se propone como integrantes del comité de operación y horarios, a un representante de la Cámara de Comercio, uno de la autoridad municipal y uno de la autoridad estatal, quienes se suman a los actuales integrantes.

34. Igualmente, con el propósito de democratizar la integración del comité de operación y horarios, se propone que sea presidido por la persona que, previa elección de los integrantes del Comité de Operación y Horarios, haya resultado designada por mayoría de votos, cuyo funcionamiento y operación se ajustará a al reglamento aprobado por los integrantes del Comité de Operación y Horarios, con la participación del Consejo Consultivo.

35. Finalmente, también en materia de seguridad, se contempla la facultad de que la vigilancia interna en los aeródromos civiles sea responsabilidad del concesionario o permisionario, conforme a las necesidades que determinen los Comités de Seguridad, Operación y Horarios y las del propio Consejo Consultivo, así como por las disposiciones legales aplicables en la materia y a los lineamientos que al efecto establezca la Secretaría. Debiendo la administración del aeropuerto atender de inmediato los acuerdos de los comités.

Cuando en situaciones de emergencia o cuando se ponga en peligro la paz interior o la seguridad nacional, las autoridades federales competentes prestarán en forma directa la vigilancia para preservar la seguridad de las aeronaves, pasajeros, carga, correo, instalaciones y equipo, notificando de inmediato por la autoridad del aeropuerto a los usuarios en general.

En consecuencia, por constituir los aeropuertos mexicanos un sector estratégico para la soberanía del país y en virtud de las irregularidades citadas, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente

Iniciativa de ley que reforma los artículos 2, 4, 6, 11, 14, 17, 21, 23, 33, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 50, 51, 55, 57, 58, 60, 61, 67 y 71 y se adiciona un artículo 6 Bis a la Ley de Aeropuertos.

Artículo Único. Se reforman los artículos 2, 4, 6, 11, 14, 17, 21, 23, 33, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 50, 51, 55, 57, 58, 60, 61, 67 y 71 y se adiciona un artículo 6 Bis a la Ley de Aeropuertos, para quedar como sigue:

Artículo 2.

Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

Artículo 4.

Los aeródromos civiles se rigen por lo previsto en la presente Ley, por los tratados internacionales y, a falta de disposición expresa, se aplicará:

Artículo 6.

La Secretaría, como autoridad aeroportuaria, tendrá las siguientes atribuciones, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la administración pública federal:

Capítulo III De la Comisión Federal de Servicios Aeroportuarios Naturaleza y Objeto

Artículo 6 Bis.

También será su objeto supervisar y regular a las personas físicas y demás personas morales, cuando realicen actividades relacionadas con las aerolíneas y los servicios aeroportuarios.

Capítulo IV De Las Facultades Capítulo V De las Bases de Organización Capítulo VI De la Junta de Gobierno

Habrá quórum con la presencia de por lo menos nueve miembros de la Junta. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los presentes y el Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.

Capítulo VII De la Presidencia

Artículo 10.

...

...

En el otorgamiento de las concesiones la Secretaría deberá velar puntualmente la no vulneración del carácter estratégico del sistema aeroportuario mexicano, procurando en todo momento el mayor beneficio para el mismo, en términos de eficiencia en la administración, operación y, en su caso, construcción de los aeropuertos, otorgando en todo caso las garantías suficientes a la inversión, sin que ello represente un excesivo beneficio para el concesionario o un daño o perjuicio al patrimonio nacional o se vulnere la soberanía nacional.

En materia de concesiones, deberá atenderse al esquema de asignación que garantice el menor precio para el usuario.

Artículo 11.

Las concesiones a que se refiere esta sección se otorgarán mediante licitación pública, conforme a lo siguiente:

Artículo 12.

La Secretaría podrá otorgar concesiones, sin sujetarse a licitación pública, debiendo contar obligatoriamente, para el otorgamiento de la misma, con la opinión favorable de la Comisión Federal de Servicios Aeroportuarios y de la Comisión Federal de Competencia, en los siguientes casos:

Artículo 17.

La Secretaría otorgará permisos a personas físicas, o personas morales constituidas conforme a las leyes mexicanas, para la administración, operación, explotación y, en su caso, construcción de aeródromos civiles distintos a los aeropuertos, debiendo contar obligatoriamente para el otorgamiento de los permisos con la opinión favorable de la Comisión Federal de Servicios Aeroportuarios y de la Comisión Federal de Competencia.

Artículo 21.

Para el otorgamiento de concesiones y permisos previstos en esta Ley, se deberá contar con la opinión de una comisión intersecretarial, y de la opinión favorable de la Comisión Federal de Servicios Aeroportuarios y de la Comisión Federal de Competencia, que tendrá por objeto conocer las propuestas que al efecto presente la Secretaría, para lo cual deberá atender principalmente a criterios de capacidad jurídica, administrativa y financiera de los posibles concesionarios o permisionarios.

Artículo 23.

Cuando cualquier persona o grupo de personas adquiera, directa o indirectamente, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, el control de una sociedad concesionaria o permisionaria de un aeródromo civil, se requerirá notificar a la Secretaría y a la Comisión Federal de Servicios Aeroportuarios y a la Comisión Federal de Competencia. En caso de que la Secretaría, la Comisión Federal de Servicios Aeroportuarios y la Comisión Federal de Competencia dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación respectiva, no objeten dicha adquisición, se entenderá como aprobada.

Artículo 27.

XVI. Contravenir las disposiciones de carácter fiscal y otros ordenamientos aplicables de carácter federal, estatal y/o municipal, que ponga en riesgo la prestación de los servicios aeroportuarios o complementarios o los interrumpan, total o parcialmente, con multa de mil a cincuenta mil días de salario; XVII. Permitir o tolerar, por acción u omisión, trato discriminatorio a personas físicas o morales, cualquiera que sea su calidad en actividades turísticas, productivas o comerciales, con multa de mil a treinta mil días de salario; y

Artículo 33.

La Secretaría podrá autorizar, debiendo contar obligatoriamente con la opinión favorable de la Comisión Federal de Servicios Aeroportuarios y de la Comisión Federal de Competencia, dentro de un plazo de noventa días naturales, contado a partir de la presentación de la solicitud, la cesión total de los derechos y obligaciones de las concesiones o permisos, siempre que el cesionario cumpla con los requisitos que esta Ley exige para ser concesionario o permisionario, se comprometa a realizar las obligaciones que se encuentren pendientes y asuma las condiciones que al efecto establezca la Secretaría.

Artículo 36.

La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general, establecerá las condiciones de construcción y conservación de los aeródromos civiles.

Los concesionarios y permisionarios de aeródromos civiles deberán recabar, considerar y aplicar en sus proyectos de construcción, ampliación y/o remodelación la opinión de las autoridades, concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo y de los prestadores de servicios cautivos ó potenciales que brindarán atención al público en general, antes de realizar las obras correspondientes, asimismo, adoptarán las medidas necesarias que permitan atender de manera adecuada a las personas con discapacidad, así como a las de edad avanzada.

Artículo 38.

El concesionario deberá elaborar un programa maestro de desarrollo, revisable cada cinco años, el cual una vez autorizado por la Secretaría, debiendo contar obligatoriamente con la opinión favorable de la Comisión Federal de Servicios Aeroportuarios y de la Comisión Federal de Competencia, procurando en su elaboración se considere la opinión de todos los sectores involucrados, previa opinión de la Secretaría de la Defensa Nacional, Comisión Consultiva Local, Comité Local de Operación y Horarios y Comité Local de Seguridad en el ámbito de su competencia, con base en las políticas y programas establecidos para el desarrollo del sistema aeroportuario nacional y su interrelación con otros modos de transporte, será parte integrante del título de concesión. El Programa Maestro y Título se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y, en por lo menos, un periódico de amplia circulación en la entidad federativa en donde se encuentre el aeropuerto.

Artículo 39.

El permisionario de un aeródromo de servicio al público deberá elaborar un programa indicativo de inversiones en materia de construcción, conservación y mantenimiento, en el que se incluyan medidas específicas relacionadas con la seguridad y la protección al ambiente, y hacerlo del conocimiento de la Secretaría, Comisión Consultiva Local, Comité Local de Operación y Horarios y Comité Local de Seguridad, así como contar obligatoriamente con la opinión favorable de la Comisión Federal de Servicios Aeroportuarios y de la Comisión Federal de Competencia.

Artículo 40.

Para realizar trabajos de construcción o reconstrucción en los aeródromos civiles, distintos de aquéllos incluidos en los programas a que se refieren los artículos 38 y 39 de esta Ley, se requerirá autorización previa de la Secretaría, previa opinión de la Comisión Federal de Servicios Aeroportuarios y de la Comisión Federal de Competencia.

...

La Secretaría a través del Comandante Local verificará que las obras se realicen de acuerdo a las normas de seguridad aplicables, en el tiempo establecido y con la calidad que garantice la eficiencia de las operaciones y servicios, el administrador y comandante deberán presentar por escrito al Comité de Operación y Horarios, Comisión Consultiva Local, Comité Local de Operación y Horarios y Comité Local de Seguridad, los programas y reportes que permitan a los usuarios ejercer el seguimiento de los trabajos.

Artículo 43.

En materia de administración corresponderá a los concesionarios y permisionarios, entre otros:

Artículo 44.

En cada aeropuerto, el concesionario deberá constituir una comisión consultiva formada, entre otros, con representantes del gobierno estatal y municipal, así como de las cámaras de comercio, turismo e industria de la región, de los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo que operen en el aeropuerto y del administrador aeroportuario.

La comisión consultiva coadyuvará en la promoción del aeropuerto recomendando, opinando y emitiendo encomiendas en relación con aquellos aspectos que afecten la actividad urbana, turística, productiva y comercial, así como el equilibrio ecológico de la zona, para lo cual el administrador del aeropuerto deberá informar periódica, consistente y oportunamente a la Comisión sobre el programa maestro de desarrollo y sus modificaciones, así como los principales proyectos de inversión para la expansión y modernización del aeropuerto.

Los documentos anteriores formarán parte de los archivos de la Comisión Consultiva y Comité de Operación y Horarios, y estarán disponibles para los integrantes de los mismos.

La organización y funcionamiento de las comisiones consultivas se determinará en el reglamento respectivo, procurando en todo momento contemplar la intervención de la Comisión Consultiva y de los Comités en los ámbitos de competencia que la presente Ley establece.

Artículo 46.

Corresponderá a los concesionarios o permisionarios, conforme a las disposiciones aplicables y con base en el título de concesión o permiso respectivo, asegurar que los aeródromos civiles cuenten con la infraestructura, instalaciones, equipo, señalización, servicios y sistemas de organización, adecuados y suficientes para que la operación se lleve a cabo sobre bases de seguridad, eficiencia y calidad.

Como marco de referencia para la comandancia, autoridades, concesionarios y permisionarios del transporte aéreo, el Comité de Operación y Horarios y los integrantes del Comisión Consultivo, deberán contar, como parte de sus archivos, con una copia del título de concesión o permiso y estar disponible para la consulta de sus miembros.

Artículo 47.

Los concesionarios o permisionarios deberán responsabilizarse del control de los accesos y tránsito de personas, vehículos y bienes en zonas restringidas del aeródromo civil, así como de que las áreas cercanas a los equipos de ayuda a la navegación aérea instalados dentro de los mismos, se mantengan libres de obstáculos que puedan afectar su operación.

Los concesionarios o permisionarios se asegurarán de que el personal a cargo de los controles y tránsito citados en el párrafo anterior, cuenten con la capacitación, equipo y demás requisitos exigidos por las autoridades federales y estatales.

La comandancia verificará el cumplimiento de esta disposición atendiendo las recomendaciones de los concesionarios o permisionarios del transporte aéreo.

Artículo 50.

El administrador aeroportuario podrá, en caso fortuito o de fuerza mayor, suspender por el tiempo estrictamente necesario la prestación de los servicios aeroportuarios, con el fin de preservar la seguridad de las personas y de los bienes. En estos casos, invariablemente reportará de inmediato a la autoridad aeroportuaria y al Comité de Operación y Horarios, las causas que motivaron tal medida, así como el tiempo estimado para el restablecimiento del o los servicios, esta actividad será supervisada estrechamente por la autoridad aeroportuaria, reportando los avances a los concesionarios o permisionarios del transporte aéreo y demás proveedores de servicios complementarios y comerciales, hasta su solución satisfactoria, comunicando a la brevedad al Comisión Consultiva tales circunstancias.

Artículo 51.

La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general, deberá establecer requisitos para la acreditación técnica del personal a cargo de los servicios aeroportuarios y complementarios.

La autoridad aeroportuaria presentará un programa anual de acreditación, notificando el resultado de su gestión a la Secretaría y a los Comités de Operación y Honorarios, y Seguridad.

Artículo 55.

En los aeródromos civiles de servicio al público, las contraprestaciones por los servicios deberán pagarse de contado, salvo que en los contratos correspondientes se estipule lo contrario.

Si las contraprestaciones no son pagadas, los concesionarios o permisionarios, así como los prestadores de servicios podrán suspender, previo aviso, la prestación de los mismos, únicamente por el servicio de que se trate y conforme a lo establecido en los contratos respectivos. En ningún caso se podrá negar el servicio de aterrizaje a los usuarios en los aeródromos civiles.

Artículo 57.

El concesionario proveerá lo necesario para que el aeropuerto cuente con servicios aeroportuarios a nivel de clase mundial en costos, operación, servicios, seguridad y nivel de calidad, así como opciones competitivas de servicios complementarios que permitan a los usuarios seleccionar al prestador de servicios que convenga a sus intereses.

Por razones de disponibilidad de espacio, eficiencia operativa y seguridad, el concesionario podrá limitar el número de los prestadores de servicios complementarios, después de escuchar y considerar la opinión del comité de operación y horarios del aeropuerto a que se refiere el artículo 61 de esta Ley, además de la correspondiente de la Comisión Consultiva. En este caso, el concesionario, con participación de los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo, adjudicará los contratos correspondientes a los prestadores que ofrezcan las mejores condiciones para una operación eficiente y segura del aeropuerto, así como de calidad y precios para los usuarios.

La Secretaría establecerá y vigilará la ejecución de programas que permitan conocer los índices de satisfacción de los clientes usuarios de los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales. Publicando semestralmente los resultados en el Diario Oficial de la Federación, mismos que serán presentados por la autoridad aeroportuaria al Comité de Operación y Horarios, para recabar las recomendaciones, opiniones y encomiendas de los integrantes del mismo, así como de los miembros del Comisión Consultiva, definiendo junto con ellos acciones locales para su mejora continua.

Artículo 58.

Los servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales de alto impacto e interés del público en general, no podrán dejar de prestarse. En el caso de aeropuertos donde los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo no los proporcionen, el concesionario del aeropuerto, previo acuerdo del Comité de Operación y Horarios, y de la Comisión Consultiva, deberá hacerlo, directamente o a través de los terceros que él designe y contrate, hasta en tanto prevalezca dicha situación. Lo anterior será vigilado para su cumplimiento por la autoridad aeroportuaria. Para los demás aeródromos civiles, que no sean aeropuerto, corresponderá a los permisionarios prestar los servicios complementarios, directamente o a través de terceros.

Artículo 60.

La prestación de los servicios comerciales no debe constituir un obstáculo para la prestación de los servicios aeroportuarios y complementarios, ni la de éstos respecto a los aeroportuarios; ni poner en peligro la seguridad del aeródromo civil, o la operación de las aeronaves. En caso de que esto ocurra, la Secretaría ordenará las adecuaciones necesarias. La autoridad aeroportuaria presentará al Comité de Operación y Horarios y a la Comisión Consultiva, los casos que detecte y aquellos que le sean reportados para determinar en el seno de los mismos las alternativas de solución, mismas que vigilarán hasta su conclusión.

Las áreas que se destinen a la prestación de los servicios comerciales serán descritas en el programa maestro de desarrollo o en el programa indicativo de inversiones, según sea el caso, y para modificarlas se requerirá de autorización previa de la Secretaría, oyendo y atendiendo, antes de autorizar, las opiniones, recomendaciones y encomiendas del Comité de Operación y Horarios, y de los integrantes del Comisión Consultiva.

Artículo 61.

En cada aeropuerto se constituirá un comité de operación y horarios que estará integrado por el concesionario del aeropuerto a través del administrador aeroportuario, por el comandante de aeródromo y por las demás autoridades civiles y militares que intervienen en el mismo, debiendo formar parte del mismo un representante de la Cámara de Comercio, uno de la autoridad municipal y uno de la autoridad estatal, así como por los representantes de los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo que operen en el aeropuerto y de los prestadores de servicios comerciales de acuerdo a lo establecido en el reglamento correspondiente.

Dicho comité será presidido por la persona que, previa elección de los integrantes del Comité de Operación y Horarios, haya resultado designada por mayoría de votos y su funcionamiento y operación se ajustará a un reglamento interno aprobado por los integrantes del Comité de Operación y Horarios, con la intervención del Comisión Consultiva, que se incluirá en las reglas de operación del aeropuerto.

Artículo 67.

La Secretaría podrá establecer bases de regulación tarifaria y de precios para la prestación de los servicios aeroportuarios, en base a criterios que aseguren que las tarifas guarden relación razonable con los costos y que el factor de eficiencia promueva una reducción de costos en beneficio de los usuarios y para los arrendamientos y contraprestaciones relacionadas con los contratos que los concesionarios o permisionarios celebren con los prestadores de servicios complementarios, cuando no existan condiciones razonables de competencia, de acuerdo con la opinión de la Comisión Federal de Competencia para que ésta verifique el cumplimiento de dichos criterios.

Artículo 71.

La vigilancia interna en los aeródromos civiles será responsabilidad del concesionario o permisionario y se prestará conforme a las necesidades que determinen los Comités de Seguridad, Operación y Horarios y las del propio Consejo Consultivo, así como por las disposiciones legales aplicables en la materia y a los lineamientos que al efecto establezca la Secretaría, la cual podrá contar con un cuerpo encargado de verificar que la seguridad y vigilancia en los mismos se lleve a cabo conforme a las disposiciones establecidas.

La administración del aeropuerto atenderá de inmediato los acuerdos de los comités citados en el primer párrafo de este artículo y la autoridad del aeropuerto vigilará las acciones de la administración hasta su cumplimiento.

En situaciones de emergencia o cuando se ponga en peligro la paz interior o la seguridad nacional, las autoridades federales competentes prestarán en forma directa la vigilancia para preservar la seguridad de las aeronaves, pasajeros, carga, correo, instalaciones y equipo. Tal determinación será notificada de inmediato por la autoridad del aeropuerto a los usuarios en general.

Artículo 81.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En tanto la Secretaría, con la opinión favorable de la Comisión Federal de Servicios Aeroportuarios y de la Comisión Federal de Competencia, emite las bases de regulación tarifaria, contemplando los criterios establecidos en la presente Ley, seguirán aplicándose las expedidas con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto.

Tercero. A más tardar en 180 días, contados a partir de la entrada en vigor de este ordenamiento, deberá aprobarse el nombramiento de los integrantes de la Comisión Federal de Asuntos Aeroportuarios.

Cuarta. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá en un término de 60 días realizar las adecuaciones reglamentarias contenidas en las reformas de la presente iniciativa.

Notas: 1 Comisión Federal de Competencia (Cofeco), opinión sobre servicios aeroportuarios, 1 de octubre de 2007, México. 2 Idem, Cofeco, p. 3 3 Cofeco, ob. Cit. P. 8 4 Cofeco, Ob. Cit. p. 9 5 Cofeco, Ob. Cita. P. 13 6 Foro Económico Mundial, Reporte de Competitividad de Viajes y Turismo 2007, publicado en Reforma, 6 de octubre de 2007.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Velasco. Insértese el texto en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Transportes.

La siguiente iniciativa, presentada por el diputado Jorge Justiniano González Betancourt , del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, se retira del orden del día.

ARTICULO 4 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se concede el uso de la tribuna a la diputada Aurora Cervantes Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Aurora Cervantes Rodríguez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados:

La suscrita, diputada Aurora Cervantes Rodríguez , a nombre de diputados y diputadas de los Grupos Parlamentarios del PRD, PAN, PRI y Convergencia, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar los derechos humanos de las familias de los migrantes.

México es un país en el que año con año emigran hombres, mujeres y niños en calidad de indocumentados a los Estados Unidos de América en busca de ingresos suficientes para brindar sustento y un mejor nivel de vida a su familia que, en la mayoría de los casos, vive en la pobreza.

En el periodo 1995-2000 las entidades con mayor peso relativo de migrantes con destino a Estados Unidos continúan siendo las de mayor tradición migratoria. De acuerdo con el peso relativo de las mujeres y de los hombres migrantes, respecto a su población residente, Zacatecas ocupó el primer lugar tanto en cuanto a la población de mujeres con 1.9 por ciento, como en cuanto a la de hombres con 8 por ciento. El segundo lugar lo ocupó Michoacán, seguido de Morelos.

Este fenómeno implica múltiples dimensiones jurídicas, sociales, políticas, económicas, culturales, psicológicas, tanto en las personas que abandonan su país como en sus familiares que se quedan.

Empero, emigrar a otros países no significa resolver los problemas que pudieron dar origen a la partida. Las condiciones de vida para las familias que se quedan muchas veces empeoran, debiendo enfrentar, además del problema económico, la educación de los hijos y el duelo por la separación del ser querido, que se fue y no regresa, bien porque fundó otra familia o debido a la muerte ocasionada por las dificultades del paso a Estados Unidos. Las instituciones del Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, aún no cuentan con un marco legal que se adecué a tal realidad, garantice los derechos humanos de estas familias y coadyuve a apalear la problemática que viven.

La realidad en que viven imposibilita a quienes integran las familias de los migrantes a acceder a una serie de derechos fundamentales, tales como el derecho al desarrollo, a la vivienda, a la salud, a la protección y asistencia de la familia, a la educación, a la cultura, al trabajo, a la seguridad social y a tener una vida digna. El valor cardinal de estos derechos, también llamados económicos, sociales y culturales, no debe ser minimizado.

Conforme al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en vigor en nuestro país desde junio de 1981, el Estado mexicano se comprometió a adoptar las medidas necesarias, inclusive las legislativas, para lograr la plena efectividad de los derechos en él reconocidos.

Por ello, es nuestra obligación reformar nuestro orden jurídico fundamental, a fin de actualizar los derechos planteados garantizando su respeto y ejercicio. En consecuencia, al garantizar los derechos de las personas que integran las familias de los migrantes, estaremos dando también contenido, calidad y sustancia a los derechos fundamentales.

Asimismo, en la resolución 2001/56 de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, sobre la protección de los migrantes y de sus familias, se alienta a los Estados de origen a que promuevan y protejan los derechos humanos de las familias de los trabajadores migrantes que permanecen en sus países de origen y presten especial atención a los niños y a los adolescentes cuyos padres han emigrado.

Consideramos urgente y necesario que el Estado mexicano garantice la protección de los derechos de las personas que integran las familias de los migrantes, por encontrarse en mayor grado de vulnerabilidad.

Por lo que se propone reformar el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se integren a la gama de derechos humanos que tutela, se propicie la armonización de las normas jurídicas secundarias a que haya lugar, se logre una reforma legislativa integral y se brinde una respuesta real y efectiva a la situación de las familias de los migrantes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, ponemos a consideración el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución de la Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos de las familias de los migrantes.

Artículo único. Se adiciona un párrafo décimo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Párrafo décimo. Esta Constitución reconoce los derechos de los migrantes mexicanos y sus familias. En consecuencia, el Estado garantizará el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Solicito a la Presidencia que se integre el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Aurora Cervantes Rodríguez , del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Aurora Cervantes Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar los derechos humanos de las familias de los migrantes, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El fenómeno de la migración de personas a otros países implica múltiples dimensiones, como las jurídicas, sociales, políticas, económicas, culturales y psicológicas, en las personas que abandonan su país y en sus familiares que se quedan.

La principal razón por la que nuestros connacionales emigran al extranjero es laborar y obtener el ingreso suficiente para brindar sustento y un mejor nivel de vida a su familia, que en la mayoría de los casos vive en la pobreza.

Este fenómeno se ha incrementado, principalmente en los países considerados del tercer mundo, y México no es la excepción. Nuestros connacionales emigran principalmente a Estados Unidos de América y, en menor proporción, a Canadá, en calidad de indocumentados y en situaciones infrahumanas, poniendo en riesgo su integridad física, siendo víctimas de delitos como trata de personas, homicidio, principalmente de mujeres, violación y robo.

Empero, emigrar a otros países no significa resolver los problemas que pudieron dar origen a la partida. Las condiciones de vida para las familias que se quedan muchas veces empeoran, debiendo enfrentar, además del problema económico, la educación de los hijos y el duelo por la separación del ser querido que se va y no regresa, bien porque fundó otra familia o debido a la muerte ocasionada por las dificultades del paso a Estados Unidos.

En el periodo 1995-2000, las entidades con mayor peso relativo de migrantes con destino a Estados Unidos continúan siendo las de mayor tradición migratoria. De acuerdo con el peso relativo de los migrantes respecto a su población residente, Zacatecas ocupó el primer lugar en cuanto a la población de mujeres, con 1.9 por ciento, y de hombres, con 8 por ciento, el segundo lugar lo ocupó Michoacán, seguido de Morelos.

Otras entidades con pesos relativos importantes de migrantes con destino a Estados Unidos de América son Jalisco, Durango, Nayarit, Colima, Guerrero, Guanajuato y San Luis Potosí. ¹

Asimismo, debemos considerar que la emigración internacional creció de manera sostenida durante los años ochenta y noventa. En el periodo 2001-2006, poco más de 577 mil personas migraron a Estados Unidos por año, una cantidad 2.5 veces mayor que la neta anual del periodo 1981-1986. ²

Paralelamente, las familias que se quedan en el país, también llamadas ``de origen'', tienen que enfrentar complejos cambios en su ya de por sí resquebrajada realidad, hijos e hijas, esposas, esposos, padres o madres ancianas se quedan viviendo un proceso íntimo, familiar, pero no ajeno a la relación estrecha existente entre las políticas públicas y las vidas privadas de los ciudadanos y sus familias.

Para la familia, la certidumbre en el amor de la persona ausente en su atención a distancia se convierte en un factor que les permite conservar la seguridad de que siempre contarán con su apoyo y sostén. Al no ser así, la familia abandonada necesita fuentes de seguridad que la sustituyan. De ahí la necesidad de generar cambios legislativos que propicien políticas públicas que sirvan, además de paliativo al dolor, de apoyo tangible por el grado de desprotección en que subsisten y les garanticen el acceso a los derechos humanos y garantías individuales tuteladas por la Constitución Política.

Asimismo, prevalece en la familia la angustia de sentirse mutilados: han perdido a una persona que les garantizaba su identidad como familia integrada, con un sentido de pertenencia, de filiación. También el entorno familiar cambia: la madre o el padre se ven obligados a imponer normas y disciplina a los hijos, en particular a los adolescentes. Muchas mujeres cumplen los dos papeles, pero eso implica para ellas una sobrecarga emocional que a veces perjudica su estabilidad. A otras las rebasa la rebeldía adolescente de los hijos, quienes con frecuencia abandonan la escuela y caen en adicciones que los perjudican para toda la vida. En condiciones de abandono, las familias que se quedan pierden el sentido de identidad y sufren una desintegración que las conduce al conflicto intrafamiliar destructivo. El que abandona también se autodestruye: reniega de su origen y pierde identidad. Éste es un proceso emocional con un pronóstico de secuelas muy lesivas para su integridad.

En cambio, quienes logran superar el trauma de la migración crean una nueva realidad familiar que dará lugar a la reorganización y consolidación del sentimiento de identidad en ambos grupos (los que se van y los que se quedan), lo que les permitirá mantener fuertes sus vínculos. Los actores del drama nacional que tienen esta fuerza mantienen siempre el amor a la patria y a la familia. Desde donde están contribuyen con su comunidad, conservan su cultura, pero también se integran productivamente al nuevo entorno, aportando toda su riqueza como seres humanos y como mexicanos. Un ejemplo de ellos es la Federación de Clubes Zacatecanos en el Sur de California.

En Zacatecas, con altos índices de migración en todos los ámbitos, regiones y sectores de su sociedad, se han realizado diversos análisis del fenómeno de la migración, como el que realizó el Instituto de la Mujer Zacatecana en 2005 para conocer la situación que viven las mujeres jefas de familia del medio rural abandonadas por un hombre que se fue a Estados Unidos, en las que destacó lo siguiente:

1. El problema que representa para las mujeres de las regiones con cabecera en Río Grande, Pinos, Sombrerete, Ojocaliente, Tlaltenango, Concepción del Oro, Jalpa, Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas es la situación que viven las madres solas por la migración de los varones que se van por largos periodos y muchas veces nunca vuelven, lo que las deja ante el reto de ser a la vez madres y proveedoras. La afirmación general es que necesitan la ayuda del Estado en el sentido de que las instituciones consideren programas diseñados para atender a sus familias en situación de vulnerabilidad.

Actualmente, las instituciones del Estado mexicano, en los tres niveles de gobierno, aún no cuentan con un marco legal que se adecue a tal realidad, garantice los derechos humanos de estas familias y coadyuve a paliar la problemática que viven.

2. El segundo asunto que destaca en las demandas de las mujeres de la zona rural es el problema de la depauperada economía agrícola. Muchas mujeres no manifiestan interés por temas como la violencia o la equidad. Sólo demandan auxilio, pues no han podido vender el producto de su cosecha, o no es suficientemente redituable su venta, de tal manera que dicen estar padeciendo una pobreza realmente grave. Estas voces angustiadas que demandan auxilio provienen de mujeres abandonadas por su pareja, debido a la migración o a otros factores.

La realidad planteada evidencia el cambio de papeles familiares y de la economía rural, donde las mujeres se convierten en cabeza de familia, el cambio de función de madre nutricia al de proveedora reviste especial importancia, pues ellas en su sociedad rural administran la economía familiar, operan los proyectos productivos y deciden el rumbo de las remesas cuando las reciben.

La vida de estas zacatecanas no es diferente de la de las mujeres del resto del país, quienes junto con sus familias viven el fenómeno de la migración con igualdad de carencias y desprotección jurídica e institucional.

Asimismo, podemos citar el ejemplo de las indígenas de Xalpatlahuac, en la montaña de Guerrero, donde los varones, hijos o esposos, suelen emigrar a Nueva York, mientras las mujeres ocupan espacios de participación política en el ayuntamiento y en el trabajo comunitario, al tiempo que distribuyen los recursos económicos y disponen el gasto familiar.

La problemática que afecta a las familias de los migrantes se circunscribe a lo siguiente:

Esta realidad, someramente planteada, imposibilita a quienes integran las familias de origen de los migrantes a acceder a una serie de derechos fundamentales, como al desarrollo, a la vivienda, a la salud, a la protección y asistencia de la familia, a la educación, a la cultura, al trabajo, a la seguridad social, a tener una vida digna. El valor cardinal de estos derechos, también llamados ``económicos, sociales y culturales'', no debe minimizarse.

Conforme al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en vigor en el país desde junio de 1981, el Estado mexicano se comprometió a adoptar las medidas necesarias, incluso legislativas, para lograr la plena efectividad de los derechos en él reconocidos. ³ Por ello es nuestra obligación reformar el orden jurídico fundamental, a fin de actualizar los derechos planteados, garantizando su respeto y ejercicio. En consecuencia, al garantizar los derechos de las personas que integran las familias de los migrantes estaremos dando contenido, calidad y sustancia a los derechos fundamentales.

En la resolución 2001/56 de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, sobre la protección de los migrantes y de sus familias, se ``alienta a los Estados de origen a que promuevan y protejan los derechos humanos de las familias de los trabajadores migrantes que permanecen en sus países de origen y presten especial atención a los niños y a los adolescentes cuyos padres hayan emigrado...''

Consideramos urgente que el Estado mexicano garantice la protección de los derechos de las familias de los migrantes, por encontrarse en mayor grado de vulnerabilidad, por lo que se propone reformar el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se integren a la gama de derechos humanos que tutela, propicie la armonización de las normas jurídicas secundarias que haya lugar, se logre una reforma legislativa integral, y se brinde una respuesta real y efectiva a la situación de las familias de los migrantes.

Por lo expuesto y fundado, ponemos a consideración el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos de las familias de los migrantes

Único. Se adiciona un párrafo décimo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, et al., Mujeres y hombres en México, 2004, Aguascalientes, Aguascalientes, marzo de 2004, página 55.

2 Consejo Nacional de Población, La situación demográfica en México, México, 2006, página 91.

3 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 2.1 http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/34/pr/pr39.pdf

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputada Cervantes. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY DE COMPETENCIA ECONOMICA

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se concede el uso de la tribuna al diputado José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Competencia Económica.

El diputado José Antonio Almazán González: Con su venia, diputado Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en razón del tiempo no daré lectura completa a esta iniciativa, por lo que de antemano solicito que todo el texto de la misma se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates.

Como todos estamos enterados, la actual escalada inflacionaria en artículos de consumo popular está profundizando la pérdida en el poder adquisitivo de los trabajadores asalariados en México.

Asimismo, el reciente aumento a las gasolinas va a generar un alto impacto inflacionario que se va a reflejar, en primer lugar, en el transporte que utilizan estos combustibles, y en cadena se va a reflejar en el alza de los precios de las mercancías que son transportadas, y en general, el incremento en el precio de los bienes y servicios cuyos precios no son controlados, desatando una grave espiral inflacionaria.

Al respecto hay que señalar que el artículo 28, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

``Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses.''

Está muy claro que este párrafo establece la facultad del Estado para no permitir el disparo de los precios de consumo popular, y por tanto, establecer el control de precios como una protección al poder adquisitivo de los trabajadores asalariados.

Sin embargo, el gobierno federal, aplicando una ley secundaria, en este caso la Ley Federal de Competencia Económica, le da una negativa a los sindicatos planteando que solamente podrán sujetarse los precios siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva; es decir, cuando existan monopolios que dicten los precios de estos artículos básicos.

Asimismo, en términos económicos es urgente que el Ejecutivo establezca un control de precios para artículos de consumo popular, en virtud de la escalada inflacionaria que se ha venido dando en lo que va de este año, que de acuerdo con el seguimiento que hemos dado a 20 artículos básicos, éstos han tenido un incremento de más de 20 por ciento en el periodo comprendido del 1 de diciembre del año pasado al 4 de septiembre de éste.

Si comparamos este incremento desmedido a los precios con el aumento que se le otorgó a los salarios mínimos generales, de 3.9 a partir del 1 de enero, así como 4.28 en promedio otorgado a los salarios contractuales, todo ello de acuerdo con datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a julio de este año, se hace evidente la insuficiencia de los salarios frente a los desmedidos precios de los artículos básicos.

Incluso este proceso inflacionario se hace más severo, como se ha dado a conocer por los medios de difusión, a raíz del aumento reciente tanto a las gasolinas como al diesel, los cuales entrarán en vigor en octubre próximo y que se han visto reflejados ya en el alza a diversos artículos como el pan blanco, en la carne de res, etcétera, lo que de acuerdo con cifras oficiales encareció en más de 34 por ciento los productos básicos.

Es decir, en nueve meses los productos que integran la canasta básica registraron un aumento de 7.5 veces respecto a los salarios concedidos a los trabajadores. Precisamente por ello presento esta iniciativa de ley que reforma el artículo 7o. de la Ley Federal de Competencia Económica, para que en términos de congruencia jurídica se ajuste esta ley secundaria a la norma constitucional que fija el artículo 28, para establecer un control de precios a productos básicos.

Asimismo, esta iniciativa busca eliminar un obstáculo jurídico que ha hecho posible que un puñado de hipermillonarios se beneficie de la liberalización de los precios de artículos de consumo popular, profundizando los niveles de pobreza de millones de trabajadores asalariados. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Competencia Económica, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado José Antonio Almazán González , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley Federal de Competencia Económica, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La actual escalada inflacionaria en artículos de consumo popular esta profundizando la pérdida en el poder adquisitivo de los trabajadores asalariados. Asimismo, el reciente aumento a las gasolinas va a generar un alto impacto inflacionario, que se reflejará en primer lugar en el transporte que utiliza estos combustibles y en cadena se reflejará en el alza de los precios de las mercancías que son transportadas y en general en el incremento del precio de los bienes y servicios, cuyos precios no son controlados, desatando una grave espiral inflacionaria.

En febrero del presente año varios gremios de trabajadores, entre otros el Sindicato Mexicano de Electricistas, solicitaron formalmente al secretario del Trabajo y Previsión Social, licenciado Javier Lozano Alarcón, un incremento salarial de emergencia, en virtud de que desde aquél mes los incrementos salariales otorgados a los sueldos mínimos y a los contractuales habían sido pulverizados por los precios exagerados que tenían algunos productos en ese momento, como la leche Liconsa, que se incrementó con respecto al 1º de diciembre de 2006 en un 14.3 por ciento; igualmente, la tortilla en un 21.4 por ciento; el huevo en un 30 por ciento; el pollo en 17.4 por ciento; el azúcar blanca en 14.3 por ciento; así como la carne de res en 12.3 por ciento. La respuesta del secretario del Trabajo en el mismo mes de febrero fue en sentido negativo, argumentando fundamentalmente lo siguiente:

Según él, jurídicamente existe impedimento legal para aplicar control de precios a los artículos de consumo popular, en virtud de la Ley Federal de Competencia, cuyo artículo 7o., numeral I, establece que:

1. Corresponde exclusivamente al Ejecutivo federal determinar mediante decreto los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante de que se trate. La comisión determinará mediante declaratoria si no hay condiciones de competencia efectiva.

• Por lo tanto (concluyó en su respuesta) que ``la emisión de un decreto que establezca o fije precios para determinados bienes y servicios, requiere de una declaratoria de inexistencia de condiciones de competencia por parte de la Comisión Federal de Competencia''.

2. Como argumento económico, en su respuesta el secretario del Trabajo y Previsión Social planteó que ``la experiencia muestra los controles de precios son negativos'' y ``acumula distorsiones en el mercado''.

Al respecto hay que señalar que el artículo 28, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que ``las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses''.

Es muy claro que este párrafo establece la facultad del estado para no permitir el disparo de los precios de consumo popular y, por tanto, establecer control de precios, como una protección al poder adquisitivo de los trabajadores asalariados.

Sin embargo, el gobierno federal aplicando una ley secundaria (en este caso la Ley Federal de Competencia Económica), le da una negativa a los sindicatos, planteando que solamente ``podrán sujetarse los precios, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva'', es decir, cuando existan monopolios que dicten los precios de esos artículos básicos.

Sin embargo, se le olvida al secretario del Trabajo y a la patronal y a quienes comparten esta visión que de, acuerdo con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución Política es la ley suprema, por lo que todas las demás, sean secundarias y reglamentarias, se tendrán que ajustar a ella.

¿A quien beneficia la liberalización de los precios de productos de consumo popular?

Asimismo, en términos económicos, es urgente que el ejecutivo establezca un control de precios para artículos de consumo popular, en virtud de la escalada inflacionaria que se ha venido dando en lo que va de este año, que de acuerdo con el seguimiento que hemos dado a 20 artículos básicos, éstos han tenido un incremento de más del 22 por ciento, en el periodo del 1 de diciembre de 2006 al 4 de septiembre de 2007. Si comparamos este incremento desmedido de los precios con el aumento que se otorgó a los salarios mínimos generales de 3.9 por ciento a partir del 1 de enero, así como el 4.28 por ciento en promedio otorgado a los salarios contractuales (de acuerdo a datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a Julio de 2007), se hace evidente lo insuficiente de los salarios frente a los desmedidos precios de los artículos básicos. Incluso este proceso inflacionario se hace más severo, como se ha dado a conocer por los medios de difusión, a raíz del aumento reciente tanto a las gasolinas como al diesel, los cuáles entrarán en vigor en el mes de octubre próximo, y que se han visto reflejados ya en alza a diversos artículos como el pan blanco, en la carne de res, etcétera, lo que de acuerdo a cifras oficiales, encareció en 34.17 por ciento a los básicos, es decir, en nueve meses los productos que integran la canasta básica registraron un aumento de 7.5 veces con respecto a los salarios concedidos a los trabajadores.

Además, es de dominio público que en México las dietas impuestas a los trabajadores, se basan en fríjol, tortillas, sopas de pasta, aceites y productos industriales de los llamados ``alimentos chatarra'', como refrescos, frituras, etcétera, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán. En el caso de la tortilla, que es el alimento básico de los hogares pobres, el aumento que ha sufrido en este año, además de constituir un severo golpe a los bolsillos de los trabajadores, ha beneficiado a las grandes empresas harineras trasnacionales como Maseca, Minsa, Cargill, etcétera, que se llevan un botín económico que ``representa más de 3 mil millones de dólares en México'', de acuerdo a datos proporcionados por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la facultad de Economía de la UNAM.

Por lo tanto, queda claro que la negativa de establecer el mecanismo de control de precios a determinados productos básicos, solamente beneficia a los grandes empresarios y comerciantes trasnacionales y nacionales, a los cuáles solamente les interesa el lucro, la ganancia y la sobreexplotación de los obreros y de los trabajadores en general.

Precisamente por ello, es que presento esta iniciativa de Ley que reforma el artículo 7o. de la Ley Federal de Competencia Económica, para que en términos de congruencia jurídica, se ajuste esta ley secundaria a la norma constitucional que fija el artículo 28, para establecer un control de precios a productos básicos. Asimismo, esta iniciativa busca eliminar un obstáculo jurídico que ha hecho posible que un puñado de hipermillonarios se beneficie de la liberalización de los precios de artículos de consumo popular, profundizando los niveles de pobreza de millones de trabajadores asalariados.

Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de la Cámara de Diputados la siguiente

Iniciativa que reforma el artículo 7o. de la Ley Federal de Competencia Económica, para quedar como sigue:

Artículo 7o. Para la imposición, en los términos del artículo 28 constitucional, de precios a los productos y servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular, se estará a lo siguiente:

I. Corresponde exclusivamente al Ejecutivo Federal determinar mediante decreto los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante de que se trate. La Comisión determinará mediante declaratoria si no hay condiciones de competencia efectiva. En el caso de los artículos, materias y productos que la secretaría de economía considere necesarios para la economía nacional o el consumo popular, se establecerá por esta secretaría en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor, un control de precios, a efecto de que se establezcan precios máximos a dichos artículos.

II. La Secretaría, en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias, fijará los precios que correspondan a los bienes y servicios determinados conforme a la fracción anterior, con base en criterios que eviten la insuficiencia en el abasto.

La Secretaría y la Procuraduría Federal del Consumidor, podrá concertar y coordinar con los productores o distribuidores las acciones o modalidades que sean necesarias en esta materia, procurando minimizar los efectos sobre la competencia y la libre concurrencia.

La Procuraduría Federal del Consumidor, bajo la coordinación de la Secretaría, será responsable de la inspección, vigilancia y sanción, respecto de los precios que se determinen conforme a este artículo, de acuerdo con lo que dispone la Ley Federal de Protección al Consumidor. Asimismo, esta Procuraduría cuando detecte violación a las normas establecidas en este artículo, por parte de empresarios o comerciantes, tendrá la facultad de detener con la Secretaría de Economía, alzas a los productos necesarios para la economía nacional o de consumo popular.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Segundo. Se abrogan todas las leyes y disposiciones que se opongan al presente ordenamiento.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Almazán, Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.Túrnese a la Comisión de Economía.

ARTICULOS 4, 25, 26, 27 Y 115 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se concede el uso de la tribuna al diputado Juan Manuel San Martín Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Juan Manuel San Martín Hernández: Con su permiso, señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.

El diputado Juan Manuel San Martín Hernández: Compañeras diputadas y compañeros diputados, hago uso de esta tribuna para presentar iniciativa de reformas a nuestra ley fundamental, solicitándole, señor Presidente, que se inscriba íntegra esta iniciativa en el Diario de los Debates, así como lo que expondré a continuación.

La presente iniciativa tiene como finalidad sentar bases jurídicas con implicaciones de política pública, para responder a los problemas derivados de la desarticulación prevaleciente entre los programas habitacionales y la precaria planeación urbana, misma que carece de aplicaciones efectivas, tanto por la prioridad gubernamental de favorecer a los inversionistas que controlan la oferta habitacional, como por la inexistente regulación de los procesos urbanos en nuestro país.

Los postulados que fundamentan esta iniciativa de reformas a nuestra ley fundamental se insertan en cuatro principios legislativos, que considero indispensable concretar en un nuevo orden constitucional.

Primero. El derecho a la vivienda en México requiere definiciones amplias, en sincronía con el derecho internacional aplicable y con preceptos constitucionales ya vigentes en el orden jurídico nacional. Recordemos que México suscribió, en su calidad de Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1981.

Que en el numeral uno de su artículo 11 reconoce el derecho de toda persona a la vivienda adecuada, lo que conlleva a un sentido más amplio que la noción del derecho de la familia a la vivienda digna y decorosa acotada en el quinto párrafo del artículo 4o. de la Carta Magna.

De este modo estaremos en condiciones de dar coherencia a este mandato constitucional con otros derechos postulados en el referido artículo 4o. enfocados a la persona, como consta en lo relativo a los derechos al esparcimiento de los hijos, a la salud y al medio ambiente.

No olvidemos que el artículo 1o. de la propia Carta Magna refiere la no discriminación al individuo.

Por otra, adicionamos al quinto párrafo del artículo en comento la ineludible obligación del Estado para velar por el ejercicio del derecho irrestricto a la vivienda.

Segundo. Partiendo de una concepción multidimensional del desarrollo, proponemos que un componente central del desarrollo nacional debe ser la calidad de vida que involucre las garantías sociales enunciadas en la Constitución, razón por la cual en el artículo 25 proponemos vincular este aspecto en las responsabilidades del Estado en su carácter de rector del propio desarrollo de nuestro país.

Tercero. En concordancia con lo anterior, consideramos necesario incorporar el equilibrio territorial y regional como un aspecto medular del sistema de planeación que postula el artículo 26 de nuestra ley fundamental.

Lo anterior, en concordancia con el derecho de la nación a imponer a la propiedad privada las modalidades que dicta el interés público, lo cual debe ser reforzado estableciendo en el tercer párrafo del artículo 27 constitucional la regulación de los proyectos que afectan el desarrollo urbano y metropolitano, considerando que en las ciudades y zonas metropolitanas vive aproximadamente 80 por ciento de la población nacional.

Cuarto. Finalmente, y tomando en cuenta que el artículo 115 constitucional establece las atribuciones del municipio, atribuciones en materia de planeación territorial, resulta inaplazable consolidar la aplicación del principio del interés público como eje de la política de desarrollo urbano, facultando a éste orden de gobierno para supervisar y velar el acatamiento de las disposiciones legales aplicables en materia de licencias y permisos de construcción.

Por otra parte, para avanzar en el federalismo democrático se requiere que lo estipulado en el tercer párrafo del artículo 27, arriba mencionado, incorpore la coordinación entre las entidades federativas y los municipios, a fin de superar las omisiones y contradicciones observadas en materia de ordenamiento territorial y vivienda, consolidando así la concurrencia y coordinación en este rubro de la política pública, en la perspectiva de contribuir a dar mayor solidez a los soportes normativos del derecho a la ciudad y a la vivienda.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a ustedes ---compañeras legisladoras y compañeros legisladores--- su apoyo a la presente iniciativa a fin de que renovemos los soportes legislativos de la hasta ahora débil política de ordenamiento territorial en la cual deben insertarse los programas de vivienda, acatando el derecho a la vivienda adecuada, digna y decorosa.

Por su atención, compañeras y compañeros, muchísimas gracias. Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Manuel San Martín Hernández , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal Juan Manuel San Martín Hernández , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 en su fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos años se han agudizado diversos problemas en nuestro país, sobre todo por la abdicación de quienes ocupan los espacios institucionales del Estado mexicano respecto a las obligaciones que le ordena la Constitución; así, tenemos que los aspectos relacionados con vivienda se inscriben en ámbitos más amplios de la crisis social en nuestro país, como son la calidad de vida y la prácticamente inexistente regulación de los procesos territoriales.

La persistencia del enfoque de política que privilegia el llamado libre mercado, además de implicar la desarticulación estructural de las instituciones nacionales, tiene consecuencias negativas para la sociedad mexicana, siendo preocupante el hecho de que a pesar de consagrarse en la Carta Magna el derecho a la vivienda digna y decorosa, tal garantía social está condicionada a las inercias del capitalismo subdesarrollado, que profundiza las desigualdades y reduce el papel del Estado a simple facilitador o intermediario de poderosas empresas que lucran en una perspectiva corruptora y especulativa con el derecho a la vivienda, obteniendo ganancias excesivas a costa de las necesidades sociales.

No es un asunto solamente de localización de los nuevos conjuntos habitacionales producidos en escala industrial por consorcios que se benefician de la inexistencia de políticas públicas, lo que les permite acaparar suelo ante la nula creación de reservas territoriales por parte de las instituciones públicas en los tres órdenes de gobierno; la localización es sin duda un grave problema, al extender la mancha urbana en zonas carentes de agua, infraestructura, equipamiento, vialidad y transporte, pero en el fondo remite a la crisis estructural de la desarticulación entre la legislación vigente en materia de desarrollo urbano y vivienda y las políticas y programas que deberían instrumentarse conforme a las disposiciones jurídicas.

Sin embargo, es claro que en el propio marco legal existen desfases y contradicciones que deben ser atendidos y resueltos por el legislador. De no actuar, los diputados seríamos corresponsables de esta situación; es cierto que desde hace varios años los organismos nacionales de vivienda, el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios han desmantelado sus estructuras de supervisión y asesoría, para limitarse al otorgamiento de facilidades para los inversionistas, careciendo de una visión integral respecto a la calidad de vida, el desarrollo urbano y la vivienda.

El resultado de esta modalidad de gestión cuasipública es que la planeación territorial es letra muerta, en el mejor de los casos expresa los intereses empresariales, pero en general muestra que el ordenamiento territorial se ha subordinado a las directrices de las políticas sectoriales, en este caso carentes de vinculación con los derechos sociales, toda vez que no se define claramente la obligación del Estado de garantizar el derecho a la vivienda digna y decorosa.

Superar lo anterior implica modernizar efectivamente la gestión pública, que en las democracias occidentales tiene como un principio rector la planeación territorial, insertando los programas habitacionales en una estrategia nacional y regionalizada de suelo.

Acotar esta situación que perjudica a las familias y al desarrollo urbano y metropolitano implica mitigar los efectos adversos del caos habitacional sobre los centros de población en materia de transporte y vialidad, infraestructura, servicios públicos, equipamiento, medio ambiente y recursos naturales (destacando el caso de agua), así como establecer bases jurídicas para prevenir los múltiples problemas relacionados con esta modalidad de producción habitacional empresarial, de carácter masivo, desarticulada de los programas urbanos y que conlleva una expansión periférica caótica de las ciudades.

Los municipios no pueden hacerse responsables de los servicios públicos dado que en la mayor parte de los megadesarrollos habitacionales no existe infraestructura, ni agua ni transporte suficiente, razón por la cual los costos se socializan mientras que las ganancias son acaparadas por los desarrolladores. La capacidad de cabildear de los grandes corporativos inmobiliarios se incrementa dada la descoordinación entre los tres órdenes de gobierno, los municipios otorgan licencias de construcción y autorizan el uso del suelo, los gobiernos estatales intervienen en aspectos normativos complementarios, el gobierno federal no ejerce las facultades que le confiere la Ley General de Asentamientos Humanos por carecer de estructuras adecuadas, los organismos nacionales de vivienda otorgan los créditos adaptando su funcionamiento y estructura institucional a las determinaciones del capital inmobiliario. Hace falta consolidar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, sobre todo entre estados y municipios, fortaleciendo así el pacto federal en un ámbito aplicado de políticas públicas, no solamente en el discurso bien intencionado.

En la Declaración de principios del Partido de la Revolución Democrática se asume el compromiso de garantizar el derecho a la vivienda digna y decorosa para toda la población, promoviendo la integración de un sistema nacional de vivienda regido por principios federalistas, donde concurran los tres órdenes de gobierno.

En la Agenda Legislativa 2006-2009 el grupo parlamentario plantea la reivindicación del derecho a la vivienda para evitar que se convierta en negocio de intermediarios financieros, constructoras y ``malos funcionarios'', así como promover y fortalecer mecanismos de control para evitar abusos y especulación por parte de los empresarios e industriales en los rubros de suelo y vivienda. También se necesario consolidar estrategias y políticas que articulen coherentemente las políticas de asentamientos humanos y vivienda. Lo anterior implica el establecimiento de las bases para que las políticas, programas, financiamiento y operación se integren a partir de la responsabilidad pública ineludible, sin condicionarse a la lógica lucrativa y especulativa del mercado tal y como actualmente opera.

Respecto al ordenamiento territorial consideramos prioritario legislar para la regulación de las zonas metropolitanas del país, lo que requiere sentar bases legales para la formulación de políticas públicas cimentadas en la planeación del desarrollo urbano.

La iniciativa de reformas y adiciones que presento hoy a esta soberanía popular se basa en una visión de Estado de la problemática de la ciudad y de la vivienda, y tiene una orientación jurídica y programática que pretende dar respuesta a los diversos problemas urbano-metropolitanos y habitacionales referidos en términos generales en los párrafos precedentes.

Con esta iniciativa de reformas a la ley fundamental queremos dar respuesta a una situación que trasciende el corto plazo, reconociendo que la crisis del Estado de bienestar en México no se ha resuelto con medidas de ajuste estructural que lejos de contribuir a resolver los problemas han generado conflictos que están limitando las posibilidades del desarrollo nacional.

Como representantes populares tenemos la obligación de asumir que la legislación es un componente central de las políticas públicas del Estado mexicano, por lo que debemos pugnar por lograr la autonomía de las leyes respecto a las reglas del juego del sistema político basadas en acuerdos y pactos extralegales y respecto al manejo autoritario de los recursos que favorece a los grupos de poder económico, todo ello en perjuicio del pueblo mexicano. El trabajo legislativo debe expresar el interés general con base en el cual las leyes establezcan los principios de una convivencia social civilizada así como las formas previstas para resolver conflictos y atender las necesidades sociales en una perspectiva de desarrollo integral y no de acciones dispersas de carácter asistencial y clientelar del neopopulismo de derecha.

Por lo anterior, debemos reivindicar al Poder Legislativo como garante del estado de derecho, no sujeto a las presiones de las elites, que en tanto grupos con intereses particulares deben subordinarse al mandato constitucional.

Con esta iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se busca fortalecer el marco jurídico con una propuesta moderna y democrática, basada en la justicia social como soporte de política pública, alentando una verdadera política de Estado en materia de ordenamiento territorial y vivienda.

En síntesis, las premisas o ejes de esta iniciativa son los siguientes:

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta soberanía, pidiéndoles respetuosamente a ustedes, colegas diputados, el apoyo a la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforman el quinto párrafo del artículo 4, el primer párrafo del artículo 25, el primer párrafo del Apartado A del artículo 26, el tercer párrafo del artículo 27, los incisos a) y f) de la fracción V y el último párrafo del artículo 115, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como se expone a continuación

Artículo 4. ...

...

Toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo, estableciendo la obligación del Estado para garantizar el pleno ejercicio de este derecho, que será atendido con carácter de interés público, no subordinado al lucro.

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, contribuya a garantizar calidad de vida, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

Artículo 26. ...

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural, así como para el equilibrio territorial y regional de la nación.

Artículo 27. ...

...

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población regulando los proyectos inmobiliarios y de obra pública que afectan el desarrollo urbano y metropolitano;

...

Artículo 115. ...

Transitorios

Primero. Este decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las entidades federativas harán compatibles sus marcos legislativos con las disposiciones de esta reforma constitucional.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado San Martín. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES - LEY DE VIVIENDA - LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Tiene la palabra la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la Ley de Vivienda, y de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

La diputada Rosa Elva Soriano Sánchez: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a este pleno a presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo tercero de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el artículo 3o. de la Ley de Vivienda, y la fracción VII del artículo 5o. de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, con base en la siguiente exposición de motivos:

El 4 de diciembre del 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al párrafo tercero del artículo 1o. de nuestra Carta Magna. El espíritu de esta reforma fue eliminar el concepto capacidades diferentes de la Constitución, y cambiarlo por el concepto las discapacidades.

Dicha reforma derivó, porque tanto la Organización Mundial de la Salud como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones especializadas en este rubro señalan que el término capacidades diferentes es incorrecto, porque todos tenemos capacidades refiriéndonos al desarrollo de habilidades y todos tenemos alguna capacidad diferente.

El concepto de capacidades diferentes nació en el sexenio anterior, toda vez que el Ejecutivo, con el ánimo de saltar las virtudes o habilidades de las personas con discapacidad, estableció el término capacidades diferentes, sin considerar que todas las personas tenemos capacidades diferentes, por lo que su propuesta terminó etiquetando, diferenciando y discriminando a las personas con discapacidad.

El diccionario de la Real Academia Española señala que el término capacidad, viene del latín capacitas, que tiene varios significados, entre los que destacan: ``actitud'', ``talento'', ``cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo'', ``actitud para ejercer personalmente un derecho y el cumplimiento de una obligación''.

Por ello, es incorrecto usar dicho término para las personas que tengan alguna discapacidad, toda vez que todos los seres humanos tenemos capacidades diferentes.

En el ámbito internacional, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad señala que estas personas tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que todos, y estos derechos, incluido el de no verse sometidos a discriminación, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano.

El artículo 1o., numeral 1, del mismo documento señala que el término discapacidad significa ``deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social''.

El artículo 3o., numeral 1, del mismo ordenamiento, señala que los Estados parte se comprometen a:

``1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación...''

Por tanto, considerando que los conceptos y términos alusivos a las personas con discapacidad deben ser expresados en un mismo sentido y significado, desde la Carta Magna hasta la legislación general, evitando con ello confusiones y malas interpretaciones por parte de los juzgadores, se debe armonizar nuestra legislación ya que no se trata solamente de un término mal empleado sino que es toda una conceptualización la que esta iniciativa quiere modificar.

Por ello, la iniciativa que presento hoy viene a contribuir a la armonización de la legislación mexicana, toda vez que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1o., párrafo tercero, fue reformado para dar paso al concepto de discapacidad, eliminando con ello el concepto capacidades diferentes de nuestra Carta Magna.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, me permito proponer ante este pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley de Vivienda, y la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Ciudadano Presidente, por economía procesal, solicito que se inscriba íntegro el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado Presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; de Vivienda; y Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, a cargo de la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez , del Grupo Parlamentario del PRD

Rosa Elva Soriano Sánchez , diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el artículo 3 de la Ley de Vivienda y la fracción VII, del artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad

Civil, con base en la siguiente

Exposición de motivos

La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, señala que ``las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas; y que estos derechos, incluido el de no verse sometidos a discriminación fundamentada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano''. ¹

El artículo I, numeral 1, del mismo documento señala que el término de ``discapacidad'' significa ``una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social''.

Asimismo, el artículo III, numeral 1, señala que, para lograr los objetivos de esta convención, los estados parte se comprometen a:

`` 1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa...''

Sin embargo, el 4 de diciembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al párrafo tercero del artículo 1 de nuestra carta magna.

El espíritu de dicha reforma fue eliminar el concepto ``capacidades diferentes'' de la Constitución y cambiarlo por el concepto ``las discapacidades''. Dicha reforma derivó porque tanto la Organización Mundial de la Salud, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones especializadas en ese rubro, señalan que este término de ``capacidades diferentes'', es incorrecto, porque todos tenemos capacidades, refiriéndonos al desarrollo de habilidades, y todos tenemos alguna capacidad diferente. ²

El concepto de ``capacidades diferentes'' nació en el sexenio anterior toda vez que el Ejecutivo, con el ánimo de exaltar las virtudes o habilidades de las personas con discapacidad, estableció el término de ``capacidades diferentes'', sin considerar que todas las personas tenemos capacidades diferentes, por lo que su propuesta terminó etiquetando, diferenciando y discriminando a las personas con discapacidad, muestra de ello se encuentra en el capítulo 7 denominado Área de orden y respeto, numeral 7.3.5 Población y protección civil del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se señala que:

El diccionario de la Real Academia Española señala que el término capacidad viene del latín capacitas, atis, mismo que tiene varios significados entre los que destacan:

De todos estos significados, los que utilizaremos son los marcados en el inciso b) y e) mismos que señalan a la capacidad como la aptitud, talento, cualidad que dispone alguien para el buen ejercicio de algo, y aptitud para ejercer personalmente un derecho y el cumplimiento de una obligación.

Por ende, es incorrecto usar el término de capacidades diferentes para las personas que tengan alguna discapacidad toda vez que todos los seres humanos tenemos capacidades diferentes , es decir, aptitudes, talentos y cualidades para ejercer o desempeñar algo.

Cabe mencionar que la Ley General de las Personas con Discapacidad, en su artículo 2, fracción X reconoce el concepto de ``persona con discapacidad'' y coincide con lo establecido por la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

Asimismo, el término correcto, reconocido y avalado internacionalmente es personas con discapacidad. Por lo tanto, una ley general no puede contravenir un precepto constitucional y sobre todo, porque se contrapone a la misma ley general específica de la materia.

Por lo tanto, considerando que los conceptos y términos alusivos a las personas con discapacidad deben estar expresados en un mismo sentido y significado, desde la carta magna hasta la legislación general, evitando con ello confusiones y malas interpretaciones por parte de los juzgadores. Se debe armonizar nuestra legislación, ya que no se trata solamente de un término mal empleado sino que es toda una conceptualización la que esta iniciativa quiere modificar.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones arriba mencionadas, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley de Vivienda y la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para quedar como sigue:

Artículo primero. Se reforma el párrafo primero del artículo 3 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Artículo 3. Son sujetos de los derechos que establece esta ley, las mujeres y los hombres que se encuentren en territorio nacional, que por razón de su sexo, independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, religión, opinión o discapacidad , se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta ley tutela.

...

Artículo segundo. Se reforma el párrafo primero del artículo 3 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Ley de Vivienda

Artículo 3. Las disposiciones de esta ley deberán aplicarse bajo principios de equidad e inclusión social de manera que toda persona, sin importar su origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad , la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias o el estado civil pueda ejercer su derecho constitucional a la vivienda.

...

...

...

...

Artículo tercero. Se reforma la fracción VII, del artículo 5, de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para quedar como sigue:

Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil

Artículo 5. Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento son las siguientes:

Transitorio

Único. Las presentes reformas entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1) Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, ratificada por México en Junio de 2000. 2) Exposición de motivos de la reforma al artículo primero, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Septiembre 22 de 2005.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputada Soriano. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates ytúrnese a las Comisiones Unidas de Equidad y Género, de Vivienda, y de Participación Ciudadana.

LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se concede el uso de la tribuna al diputado Gerardo Priego Tapia, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

El diputado Gerardo Priego Tapia: Con su permiso, Presidente. Quisiera pedirle también que por cambios menores me permita inscribir este texto dentro del Diario de los Debates; cambios muy menores que hice a esta presentación.

Quisiera comentarles hoy algo que todos recordamos. En el mundo hoy existen más de 200 países, de ésos solamente 12 son considerados megadiversos, y albergan en conjunto entre 60 y 70 por ciento de la biodiversidad total del planeta.

México es precisamente uno de ellos. México se encuentra, pues, entre los nueve países con el mayor grado de diversidad cultural y de diversidad biológica. México ocupa el primer lugar en el mundo en riqueza de reptiles, el segundo en mamíferos y el cuarto en anfibios y plantas. En términos generales se puede decir que México tiene por lo menos 10 por ciento de la diversidad terrestre de todo el planeta.

Además de la explotación agropecuaria, la fauna silvestre en el país es aprovechada de diversas maneras, la más común son los distintos tipos de cacería, como la de subsistencia para alimentación doméstica, deportiva, con fines comerciales, de control de plagas y la cacería ritual, practicada por grupos indígenas para la reafirmación y preservación de tradiciones.

Otra forma de uso de la fauna silvestre es la captura y aprovechamiento de las aves canoras y de ornato, la cual, según estimación del Instituto de Ecología, proporciona empleo a aproximadamente 3 mil 400 familias en todo el país, aunque la captura solamente se permite en 26 estados.

Para poder realizar una legislación integral en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable es necesario tomar en cuenta que la mayoría de las comunidades en nuestro país tienen una relación directa con la biodiversidad, algunas han mantenido las prácticas ancestrales en cuanto a los medios de apropiación de la biodiversidad, la pesca, la caza, la cosecha y recolección y algunas prácticas agrícolas. Por supuesto, también las prácticas forestales.

Sin embargo, muchas comunidades han sucumbido ante presiones externas y han abandonado las prácticas tradicionales, menos destructivas, que son para adoptar otras que ocasionan impactos irreversibles en los ambientes naturales del país.

El futuro de cualquiera de estas comunidades y de sus economías locales está ligado directamente al aprovechamiento de sus recursos sustentables y recursos biológicos.

Así pues, es necesario buscar que en la sociedad mexicana se promueva y arraigue una cultura de uso y valoración de la biodiversidad como recurso vital para el mantenimiento y mejora de nuestra calidad de vida; es decir, lograr que se reconozcan y valoren aquellos bienes y servicios de la biodiversidad que forman parte de la vida diaria de los mexicanos para integrarlos de manera explícita a la economía del país.

De igual modo debemos promover que una mayor parte de los componentes de nuestra biodiversidad nativa se integre de forma sustentable a la actividad económica.

Es importante señalar que ante la doble problemática de conservación y uso comercial sustentable, tenemos que establecer lineamientos que puedan servirnos para atacar en ambos frentes, sin que por ello pongamos uno subordinado al otro.

No existe hoy en México una identificación real del número de especies que tienen algún uso comercial en nuestro país. Si bien la Ley General de Vida Silvestre, promulgada en el año 2000, ha tenido como objetivo la conservación de las especies de vida silvestre y su hábitat, mediante la protección y la exigencia de niveles óptimos de aprovechamiento sustentable, lo cierto es que este ordenamiento jurídico no contempla identificación de especies que estén siendo usadas comercialmente o que de acuerdo con su característica tengan algún potencial de uso comercial.

Es prioritario promover el uso sustentable de nuestra biodiversidad, que tengamos identificadas las especies que tienen este potencial de uso comercial, esto por varios motivos.

Al tener identificados los nichos de potencialidad de desarrollo se pueden planificar políticas públicas más eficientes y enfocadas a la realidad de la población, permite identificar nichos poco explotados o aquellos sobreexplotados. Además, si esto es fundamental para la conservación, nos permite identificar aquellas especies que pueden verse afectadas si su uso comercial no se da de manera sustentable.

En este sentido es que se expresa la presente iniciativa en un momento crucial para nuestro país, donde es necesario proteger de manera integral la biodiversidad, al mismo tiempo que el uso sustentable de los recursos es prioritario para la solución de complejos problemas sociales y económicos.

En un país con 45 millones de personas en pobreza, saber cuáles son precisamente las especies que pueden ser usadas comercialmente de una manera sustentable, es muy importante para el país.

Y aquí recuerdo a todos los estados que están cerca del Golfo de México o tienen relación con el golfo, el caso, por ejemplo, del cocodrilo moreleti. En el estado de Tabasco el cocodrilo moreleti es un cocodrilo que se da de manera natural, está en todas las lagunas y pantanos del estado, pero al mismo tiempo en un estado de 2 millones de habitantes con comunidades en algún grado de pobreza, no hay una relación entre esta abundancia de la naturaleza y lo que sustentablemente pudiéramos aprovechar para efecto de beneficiar a quienes tienen los ingresos más sacrificados en el estado, en el sureste y repito, en todos los estados cercanos al golfo.

Por eso hoy presento este decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

Único. Se reforman los artículos 5, 9, 16 y 49; se adiciona párrafo a los artículos 39, 83 y 92; se adiciona la fracción XIX, pasando las actuales fracciones XIX a la LXV a ser la XX a la LXVI del artículo 3o.; se adiciona inciso g) al artículo 46; y se adiciona el artículo 61 Bis, todos de la Ley General de Vida Silvestre.

Por su atención, muchísimas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Gerardo Priego Tapia , diputado federal de la LX Legisladora del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, párrafo 1, inciso c), 42, párrafo 1, y 43, párrafos 2 y 3, de la Ley Orgánica del Congreso General, somete a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

En el mundo hay más de 170 países, pero sólo 12 son considerados megadiversos y albergan en conjunto entre 60 y 70 por ciento de la biodiversidad total del planeta. México es uno de estos países.

Entre las causas que hacen de México un país de gran diversidad biológica están la topografía, la variedad de climas y una compleja historia tanto geológica, biológica como cultural. Estos factores han contribuido a formar un mosaico de condiciones ambientales y microambientales que promueven una gran variedad de hábitat y de formas de vida.

Así México se encuentra entre los nueve países con el mayor grado de diversidad cultural y biológica.

De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), México es el país con mayor diversidad ecológica de Latinoamérica y el Caribe, al estar presentes dentro de sus límites políticos los cinco tipos de ecosistemas, 9 de los 11 tipos de hábitat (82 por ciento) y 51 de las 191 ecorregiones identificadas (26.7 por ciento).

Junto con Brasil, Colombia e Indonesia, México se encuentra en los primeros lugares de las listas de riqueza de especies. Ocupa el primer lugar en el mundo en riqueza de reptiles, el segundo en mamíferos y el cuarto en anfibios y plantas. En términos generales se puede decir queen nuestro país se encuentra al menos 10 por ciento de la diversidad terrestre del planeta.

El número total de especies conocidas en México es de 64 mil 878 apróximadamente, aunque si consideramos el número de especies que se esperaría encontrar en los mismos grupos, la estimación del número total de especies en México es de 212 mil 932 especies, cantidad que seguramente se superará en la medida que el conocimiento sobre dichos grupos y de otros se profundice.

Aunado a esto, nuestro país es considerado uno de los centros de domesticación de plantas más importantes del mundo. Se estima que más de 118 especies de plantas, pertenecientes a 70 géneros y 39 familias, han sido domesticadas en nuestro país. Por otra parte, la contribución de México a las razas domesticadas es menor, pero no por ello menos importante; se han producido 12 razas de seis especies: 2 de caballos, 3 de cerdos, 1 de cabras, 4 de ovejas y 2 de ganado vacuno. Entre ellas, resalta la situación del cerdo cuino, originario de México y cuya población se encuentra en estado crítico, dado que existen menos de 100 hembras reproductivas de raza pura.

Además de la explotación agropecuaria, la fauna silvestre en el país es aprovechada de distintas maneras. La más común son los distintos tipos de cacería, como la de subsistencia (para alimentación doméstica), deportiva, con fines comerciales (la cual se considera ilegal), de control de plagas y la cacería ritual (practicada por grupos indígenas para la reafirmación y preservación de las tradiciones que forman parte de su cultura).

Otra forma de uso de la fauna silvestre es la captura y el aprovechamiento de aves canoras y de ornato, la cual, según estimaciones del Instituto Nacional de Ecología (Dirección General de Vida Silvestre), proporciona empleo aproximadamente a 3 mil 400 familias en todo el país; aunque la captura solamente se permite en 26 estados, el transporte y la venta abarca toda la república.

Además de los productos y subproductos de especies de fauna doméstica, la industria peletera nacional utiliza productos y subproductos de fauna silvestre nacional y exótica. En lo que respecta a las especies nacionales, destacan las pieles de tiburón (Charcarinus leucas, Charcarinus limbatus) y cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii); en el caso de las especies exóticas, resaltan las pieles de avestruz (Struthio camelus), venado (Odocoileus virginianus texanus, Odocoileus hemionus, Cervus elaphus), serpientes (Enitris bucorti, Homalopsis buccatta) y anguila (Aguilla anguilla y Conger conger).

Cabe destacar que varias especies de este tipo de fauna silvestre se encuentran en alguna categoría de riesgo tabto a nivel nacional como internacional.

Actualmente se encuentran registradas un total de 434 empresas dedicadas al aprovechamiento de ejemplares, productos y subproductos de fauna silvestre nacional y exótica, de las cuales solamente 180 se dedican al aprovechamiento y a la comercialización de pieles de fauna silvestre nacional y exótica, 101 son importadoras, 26 exportadoras y 53 importadoras y exportadoras.

El uso y aprovechamiento de los recursos naturales y en específico de la diversidad biológica representan para los países con alta diversidad biológica uno de los ejes fundamentales para su desarrollo. Este hecho debe ir acompañado de la implantación de mercados diversificados que privilegien la calidad y los valores agregados de los productos obtenidos de manera directa y de los servicios derivados del aprovechamiento indirecto.

En México, este hecho no es la excepción, sin embargo el desarrollo de una producción mono específica junto con la importación y dependencia de tecnología ha dado como resultado poner en riesgo y en algunos casos la desaparición de la diversidad biológica.

Para poder realizar una legislación integral en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable, es necesario tomar en cuenta que la mayoría de las comunidades de nuestro país tiene una relación directa con la biodiversidad. Algunas han mantenido las prácticas ancestrales en cuanto a los medios de apropiación de la biodiversidad: la pesca, la caza, la cosecha y recolección, y algunas prácticas agrícolas (cultivos mixtos de variedades criollas, resultado de años de selección y en muchos casos de franca domesticación) y prácticas forestales tradicionales de bajo impacto ambiental. Sin embargo, muchas comunidades han sucumbido ante presiones externas y han abandonado las prácticas tradicionales, menos destructivas, para adoptar otras que ocasionan impactos irreversibles en los ambientes naturales del país. El futuro de cualquiera de estas comunidades y de sus economías locales está ligado directamente al aprovechamiento sustentable de los recursos biológicos.

Así pues, es necesario buscar que en la sociedad mexicana se promueva y arraigue una cultura de uso y valoración de la biodiversidad como recurso vital para el mantenimiento y mejora de nuestra calidad de vida. Es decir, lograr que se reconozcan y valoren aquellos bienes y servicios de la biodiversidad que forman parte de la vida diaria de los mexicanos, para integrarlos de manera explícita a la economía del país.

De igual modo, debemos promover que una mayor parte de los componentes de nuestra biodiversidad nativa se integren de forma sustentable a la actividad económica.

El acelerado ritmo de deterioro y destrucción de los recursos naturales es prueba irrefutable para demostrar que con los patrones vigentes de producción y consumo, y de no revertirse las actuales tendencias, el daño será tal que México se convertirá en una de las naciones con mayor pérdida de biodiversidad en el mundo.

Así, resulta crítico determinar, como país, qué queremos en cuanto a disponibilidad, uso, calidad y cantidad de los recursos naturales a largo plazo, es decir, cuántos y cuáles recursos queremos conservar. La evaluación económica de las aportaciones de la biodiversidad será sin duda un apoyo importante para la argumentación y toma de decisiones.

El documento La diversidad biológica de México: estudio de país , elaborado por la Conabio, en colaboración con diversos especialistas, analiza las condiciones actuales de la biodiversidad nacional. El estudio revela que las actividades humanas ejercen una marcada influencia en la disminución del número de especies, en el tamaño y la variabilidad genética de las poblaciones silvestres, y que provocan la pérdida irreversible de hábitat y ecosistemas.

Es importante señalar que ante la doble problemática de conservación y explotación sustentable, tenemos que establecer lineamientos que puedan servirnos para atacar en ambos frentes, sin que por ello pongamos uno subordinado al otro. Ya anteriormente he expresado la numeralia sobre la explotación de la biodiversidad de nuestro país. Sin embargo no existe una identificación real del número de especies que se explotan en nuestro país. Si bien la Ley General de Vida Silvestre, promulgada en el año 2000, ha tenido como objetivo la conservación de las especies de vida silvestre y su hábitat mediante la protección y la exigencia de niveles óptimos de aprovechamiento sustentable; lo cierto es que este ordenamiento jurídico no contempla la identificación de especies que estén siendo explotadas comercialmente o que de acuerdo a sus características tengan algún potencial de explotación comercial.

Es prioritario para promover el uso sustentable de nuestra biodiversidad que tengamos identificadas las especies que tienen este potencial de explotación comercial, esto por varios motivos. Al tener identificados los nichos de potencialidad de desarrollo se pueden planificar políticas públicas más eficientes y enfocadas a la realidad de la población, permite identificar nichos poco explotados o aquellos sobreexplotados, además, y esto es fundamental para la conservación, nos permite identificar aquellas especies que pueden verse afectadas si su explotación no se da de manera sustentable.

En ese sentido es que se expresa la presente iniciativa, en un momento crucial para el país, donde es necesario proteger de manera integral nuestra biodiversidad, al mismo tiempo que el uso sustentable de los recursos es prioritario para la solución de complejos problemas sociales y económicos.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre

Único. Se reforman los artículos 5, 9, 16 y 49; se adiciona párrafo a los artículos 39, 83 y 92; se adiciona fracción XIX, pasando las actuales fracciones XIX a XLV a ser XX a XLVI del artículo 3, se adiciona inciso g) al artículo 46 y se adiciona el artículo 61 Bis, todos de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entenderá por

Artículo 5. ...

En la formulación y la conducción de la política nacional en materia de vida silvestre se observarán, por parte de las autoridades competentes, los principios establecidos en el artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Además, dichas autoridades deberán prever

Artículo 9o. Corresponde a la federación

Artículo 16. La Secretaría contará con un consejo técnico consultivo nacional para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, cuyas funciones consistirán en emitir opiniones o recomendaciones en relación con la identificación de las especies en riesgo y la determinación de especies y poblaciones prioritarias para la conservación y las especies y poblaciones con potencial para la explotación sustentable, el desarrollo de proyectos de recuperación, la declaración de existencia de hábitat críticos, así como con el otorgamiento de los reconocimientos y premios a los que se refiere el artículo 45 de la presente ley.

...

...

...

...

Artículo 39.

...

...

En el caso del aprovechamiento sustentable, las especies y poblaciones explotadas deberán estar incluidas como especies y poblaciones con potencial para la explotación sustentable de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley y las disposiciones que de ellas se deriven.

Artículo 46. La Secretaría coordinará el sistema nacional de unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, el cual se conformará por el conjunto de dichas unidades y tendrá por objeto

Artículo 49. El subsistema nacional de información sobre la vida silvestre tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la información relacionada con la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre nacional y su hábitat, incluida la información relativa a

Artículo 61 Bis. La Secretaría, previa opinión del consejo, elaborará las listas de especies y poblaciones con potencial para la explotación sustentable y las publicará en el Diario Oficial de la Federación.

La inclusión de especies y poblaciones a dicha lista procederá si las mismas se encuentran en al menos alguno de los siguientes supuestos:

Las listas a que se refiere este artículo serán actualizadas por lo menos cada tres años, debiendo publicarse la actualización en el Diario Oficial de la Federación. En el caso de que las especies enlistadas se encuentren incluidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, su comercialización se llevará a cabo de acuerdo con esa convención, lo dispuesto en la presente ley y las disposiciones que de ellas se deriven.

Artículo 83.

...

...

En caso de que el aprovechamiento se dé por comercialización de ejemplares, partes y derivados de la Vida Silvestre, estos deberán provenir de las enlistadas en la lista de especies y poblaciones con potencial para la explotación sustentable, de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley y las disposiciones que de ellas se deriven.

Artículo 92.

...

...

En el caso de que el aprovechamiento se dé por medio de la comercialización de ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre, éstos deberán provenir de las enlistadas en la lista de especies y poblaciones con potencial de explotación sustentable, de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley y las disposiciones que de ella se deriven.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación la primera lista de especies y poblaciones con potencial de explotación sustentable en un plazo no mayor de 18 meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, señor diputado.Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Destacamos la presencia en este salón de sesiones y les damos la bienvenida a los estudiantes del Centro Universitario de la UAEM, del estado de México, a los estudiantes de la Universidad de Hidalgo, a los jóvenes del Colegio de Bachilleres 17, delegación Tláhuac, y a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenidos todos ustedes. Denle sonido a la curul del diputado Díaz Garibary.

El diputado Felipe Díaz Garibay (desde la curul): Gracias, señor Presidente. A propósito de la iniciativa que acaba de presentar mi compañero, diputado Gerardo Priego, solamente quisiera hacer un exhorto, que finalmente se hiciera un exhorto a través de este órgano legislativo, a efecto de que tanto el área de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad PúblicaFederal y la del estado de Michoacán tomaran participación en el asunto de que el río Duero, en el municipio de Vista Hermosa, en el estado de Michoacán, a la altura de la comunidad El Capulín, hay varios cocodrilos en una zona donde no es habitual que existan.

La sociedad está alarmada, sobre todo los pescadores que están en esa zona. Eso me lo reportaron ayer en un recorrido que hacía yo en esos municipios. Ojalá que a través de esta Cámara pudiera hacer un exhorto a las autoridades correspondientes. Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se toma nota para los efectos correspondientes. Continuamos.

VOLUMEN II

ARTICULO 114 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la tribuna al diputado José Inés Palafox Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado José Inés Palafox Núñez: Con su permiso, señor Presidente. Amigas legisladoras y amigos legisladores:

El que suscribe, José Inés Palafox Núñez , diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del PAN del esta LX Legislatura, con las facultades que le otorga el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de este honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de reforma a nuestra Carta Magna, para efecto de modificar el primer párrafo del artículo 114 constitucional, para ampliar el plazo de inicio de procedimiento del juicio político en contra de los servidores públicos.

Históricamente ha habido infinidad de servidores públicos en todos los niveles de gobierno que por negligencia, o por malos manejos, han incurrido en responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, ocasionando con esto un quebranto a la administración para la que laboraron y que por tener una ley obsoleta en el presente artículo, les ha permitido seguir causando daño al gobierno del cual dependen.

Dado que por tener sólo un plazo de un año para que se les pueda iniciar juicio político, en la gran mayoría de las ocasiones pasa el año y las mismas autoridades se dedican a proteger a los servidores públicos, además de que el plazo de un año para iniciar el juicio político es muy poco tiempo, término que en la mayoría de las ocasiones es insuficiente para detectar irregularidades.

Nuestra sociedad requiere de servidores públicos honestos y bien preparados que realmente se dediquen a servir y no busquen de administración en administración para servirse. Es el momento de que dicho precepto constitucional cuente con un plazo más rígido que permita una mejor investigación de los resultados de cada servidor público que ha terminado con su encomienda.

En tal sentido, la presente iniciativa se refiere al perfeccionamiento del término de la prescripción para hacer exigible la responsabilidad política en que puedan incurrir determinados servidores públicos, incluyendo ésta como aquel tipo de responsabilidad en que pueden incurrir servidores públicos previsto por el primer párrafo del artículo 110 constitucional, cuando su conducta violenta los intereses públicos fundamentales y su correcto despacho, así como en la que incurren los funcionarios estatales previstos en el segundo párrafo referido en el artículo 110, cuando incurran en violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales que de ella emanen o por el mal manejo de los recursos o los fondos federales.

La misma cuestión ocurre en el caso de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos cuyo plazo de prescripción para el fincamiento de dichas responsabilidades es de tres años por regla general y de cinco tratándose de infracciones graves, de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Inclusive el propio texto constitucional dispone al respecto, en el artículo 114, que la prescripción por responsabilidad administrativa que deriva de una infracción grave no podrá ser menor de tres años.

Lo anterior demuestra la necesidad de encontrar criterios uniformes de responsabilidad de los servidores públicos, ya que constitucionalmente los límites de prescripción de la responsabilidad administrativa y penal del propio texto constitucional los fija en tres años como mínimo, cuando en otro tipo de responsabilidad los fija en un año a partir de que el servidor público ha dejado su cargo.

La finalidad de la presente propuesta es tener un plazo más acorde para identificar a aquellos funcionarios que han incurrido en responsabilidad para que sean sujetos a juicio político, haciendo así que dichos servidores públicos no se dediquen a andar de puesto en puesto en cualquier nivel de gobierno de que se trate, y por supuesto, evitar que nuestros tres niveles de gobierno tengan quebrantos en perjuicio de la sociedad mexicana.

Actualmente es claro que son mínimos los procedimientos de juicio político en contra de servidores públicos que incurrieron en responsabilidad durante su encargo, puesto que los plazos para iniciarlos prescriben al año del término de su gestión, plazo que en realidad es demasiado corto, ya que en la mayoría de los casos un año es insuficiente para detectar dichas irregularidades, y por ende, castigar a los referidos servidores públicos.

La propuesta de ampliar el término de tres años es porque se considera que es el plazo suficiente para detectar las irregularidades, además de que se cuenta con una Ley de Transparencia que nos permite, de manera eficaz, contar con información obligatoria.

Es tiempo de que nuestro gobierno cuente con funcionarios honestos y preparados y que la mejor manera de garantizárselo a los mexicanos es con esta reforma que permite tener más tiempo para detectar a los malos funcionarios.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto

Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 114 constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 114. El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de los tres años siguientes de finalizada su gestión en dicho cargo. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un año, a partir de dictarse la resolución respectiva y que la misma sea inatacable.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado José Inés Palafox Núñez , con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta una iniciativa de reforma a nuestra Carta Magna, para efectos de modificar el primer párrafo del artículo 114 constitucional, para efectos de ampliar el plazo de inicio del procedimiento de Juicio Político en contra de los servidores públicos, así como el plazo para la aplicación de sanciones, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Dentro del sistema de responsabilidades de los servidores públicos a que alude el Título Cuarto constitucional, la llamada responsabilidad política en que pueden incurrir determinados servidores públicos en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, constituye un mecanismo importante de control y, en su caso, sanción de todo servidor público federal que, con su conducta viola los intereses públicos fundamentales y su correcto despacho o en su caso, de aquellos servidores públicos estatales que incurran en violación de disposiciones federales o que realicen un mal manejo de los recursos o fondos federales.

Dicha responsabilidad se encuentra regulada en nuestra Carta Magna, en la figura denominada ``juicio político'', por medio de la cual se desprenden las denuncias entabladas en contra de determinados servidores públicos que presuntamente han encuadrado su actuar público en algunas de las causas de procedencia de dicho mecanismo de control político-constitucional.

En tal sentido, la presente iniciativa se refiere al perfeccionamiento del término de la prescripción para hacer exigible la responsabilidad política en que puedan incurrir determinados servidores públicos, incluyendo ésta como aquel tipo de responsabilidad en que pueden incurrir los servidores públicos previstos por el primer párrafo del artículo 110 constitucional, cuando su conducta violenta los intereses públicos fundamentales y su correcto despacho, así como en la que incurren los funcionarios estatales previsto por el segundo párrafo del referido artículo 110, cuando éstos inciden en violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales que de ella emanen o por el mal manejo a los recursos o fondos federales.

Actualmente en todas las administraciones (federal, estatal o municipal) es muy común encontrar que en administraciones pasadas ciertos funcionarios han incurrido en irregularidades a la ley, ocasionando con ello un quebranto al patrimonio de la dependencia para la que laboraron, lo que en la mayoría de las ocasiones deriva del mal uso de recursos de dichas dependencias donde se desempeñaron durante su encargo. En efecto, mientras que en materia penal la prescripción de la acción respecto a los probables delitos en que pudiera incurrir un servidor público, por regla general, prescriben en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de libertad que señala la ley para el delito de que se trate, pero que en ningún caso será menor de tres años, de acuerdo con lo previsto por el artículo 105 del Código Penal Federal, en el caso de juicio político que incluso puede implicar violaciones sistemáticas a la Constitución y derechos fundamentales de las personas, dicha prescripción es de un año después de que el servidor público ha dejado el encargo respectivo, lo cual resulta cuestionable a la luz de una adecuada rendición de cuentas.

El mismo contraste ocurre en el caso de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, cuyo plazo de prescripción para el fincamiento de dicha responsabilidad es de tres años por regla general y de cinco cuando se trata de infracciones graves de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, e inclusive el propio texto constitucional dispone al respecto, en su artículo 114, que la prescripción por responsabilidad administrativa derivada de infracciones graves no podrá ser menor a 3 años.

Lo anterior demuestra la necesidad de encontrar criterios uniformes de responsabilidad de los servidores públicos, ya que constitucionalmente los límites de prescripción de la responsabilidad administrativa y penal, el propio texto constitucional los fija en tres años como mínimo, cuando en otro tipo de responsabilidad establece que es de un año a partir de que el servidor público ha dejado su cargo.

Inclusive, cabe señalar que en el caso de la declaración de procedencia, la posible solicitud de desafuero va en función de la regla de prescripción penal fijada al efecto, que en la mayoría de los casos excede incluso los señalados tres años, en virtud de que existen delitos que se castigan hasta con sesenta años de prisión, cuyo término medio aritmético serían treinta y cinco años, periodo en que podría quedar latente dicha solicitud, si se realizara cuando el imputado fuera alguno de los servidores públicos previstos por el artículo 111 constitucional.

Es muy común que un servidor público siempre aspire a algún puesto de elección popular, luego entonces es muy importante regular de manera más severa dicho ordenamiento, ya que de esta manera se impediría su postulación como candidato de manera real a aquel servidor público que hubiera incurrido en responsabilidad durante su anterior encomienda y, por ende, se le daría la posibilidad a la ciudadanía de elegir a alguien apto para determinado cargo.

Es evidente que en muchos de los casos, estas actitudes son un exceso político de los servidores públicos, y que en esencia sólo buscan el bien personal, olvidándose del bien común para el que fueron propuestos, es por eso que se considera de suma importancia que todos los servidores públicos cuenten con plazos mas rígidos para que puedan ser sujetos a procedimientos de juicio político con términos legales mas acordes con la actualidad.

Actualmente, es claro que son mínimos los procedimientos de juicio político en contra de servidores públicos que incurrieron en responsabilidad durante su encargo, puesto que los plazos para iniciarlos prescriben al año del término de su gestión, plazo que en realidad es demasiado corto, ya que en la mayoría de los casos, un año es insuficiente para detectar dichas irregularidades y por ende castigar a los referidos servidores públicos.

En tal virtud se estima que la iniciativa de mérito, versa sobre uno de los aspectos poco explorados por el marco normativo vigente del Título Cuarto aplicable a la figura de juicio político, concretamente en el tema relativo al ámbito temporal de exigibilidad de la responsabilidad política conocida en otras palabras como la prescripción de la acción de responsabilidad política.

El objetivo de la presente iniciativa es realmente tener más tiempo para detectar a aquellos servidores públicos ineficientes y corruptos y, por supuesto, tener el tiempo suficiente para impedirles que sigan prestando sus servicios al gobierno, ya sea federal, estatal o municipal.

En otras palabras, la iniciativa en comento pretende evitar que, por cuestiones procesales --que dado el texto vigente limita la interposición de denuncias de juicio político al constreñirlo a solo un año después de que el servidor público haya dejado el encargo respectivo--, se haga nugatorio este mecanismo de control político ante el actuar excesivo de un determinado servidor público en el ejercicio de su encargo.

En efecto, sin duda alguna, la propuesta en comento se inscribe en la búsqueda de mecanismos efectivos que hagan posible la exigibilidad de la probable responsabilidad política en que incurren determinados servidores públicos en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, ampliando el período de prescripción para poder entablar una denuncia de juicio político, una vez que el servidor público correspondiente ha dejado de ejercer su empleo, cargo o comisión que dio motivo a la interposición de la denuncia de juicio político correspondiente.

Luego entonces, se presenta la presente reforma constitucional que consiste en modificar el primer párrafo del artículo 114 constitucional, para efectos de ampliar el plazo para poder iniciar la substanciación del procedimiento de juicio político cuando el servidor público imputado ha finalizado el ejercicio del encargo, a tres años en lugar de un año.

Por lo antes fundado y expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que modifica el primer párrafo del artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 114. El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el periodo en que el servidor publico desempeñe su cargo y dentro de los tres años siguientes de finalizada su gestión en dicho cargo. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Palafox Núñez.Túrnese la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la tribuna al diputado Alberto Amaro Corona, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

El diputado Alberto Amaro Corona: Con su venia, señor Presidente.

El suscrito, diputado federal Alberto Amaro Corona , de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quiere manifestar que en México se destinan muchos recursos públicos para la educación, pero insuficientes.

Año con año, el Ejecutivo federal propone y el Poder Legislativo autoriza ---con algunos cambios--- la distribución al gasto educativo. Es poca la atención que el Legislativo ha puesto para establecer formas de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas sobre cada uno de los programas federales.

Es el momento de tomar medidas que hagan del sector educativo un espacio de evaluación real de todos los programas y actores involucrados. Nuestra visión de país pasa por un cambio impostergable de la vida pública nacional. Ninguna acción de gobierno debe escapar del escrutinio público, mucho menos la educación.

Es común hablar de las deficiencias de infraestructura educativa: 45 por ciento de las escuelas públicas urbanas tiene como principal problema las cuarteaduras de techos y paredes, 38 por ciento tienen en mal funcionamiento los sanitarios y 35 por ciento de las aulas padece goteras.

¿Quiero decir, que el presupuesto que anualmente se destina para subsanar esta problemática, no se aplica? ¿Es un abuso pedir cuotas a los padres de familia para el mantenimiento de las mismas escuelas? ¿Cómo se mide esta deficiencia? ¿Quien y cómo aporta la información?

Quiero, compañeras y compañeros, pasar directamente a la reforma y adiciones de los diferentes artículos que estoy proponiendo, de la Ley General de Educación. Quiero comenzar con el párrafo de la fracción II, del artículo 7o., para quedar como sigue:

Artículo 7o. ...

I. ...

II. Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos; y sobre todo, favorecer la instrumentación de los mismos conocimientos.

XIII. Fortalecer la conciencia que hay entre los mexicanos que viven en el extranjero y por ello la necesidad de fomentar actitudes solidarias con ellos y sus familias.

XIV. Infundir el conocimiento y la práctica de valores que fortalezcan actitudes que apunten a contener el papel nocivo de los contenidos de los medios de comunicación electrónicos.

Artículo 10. La educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios es un servicio público, por lo que sus decisiones y acciones deberán estar marcadas por el mayor beneficio para las comunidades y ciudadanos más desprotegidos.

Artículo 12. ...

III. Elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, así como del Poder Legislativo.

Artículo 13. ...

II. Proponer a la Secretaría los contenidos regionales que hayan que incluirse en los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, con la correspondiente consulta de las autoridades municipales.

Se reforma el artículo 15 y queda como sigue:

El ayuntamiento de cada municipio podrá, sin perjuicio de la concurrencia de las autoridades educativas federales y locales, promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad. También podrá realizar actividades de las enumeradas en la fracción V y VII del artículo 14, con el apoyo del gobierno del estado.

Se adiciona un tercer párrafo en el artículo 29, para quedar como sigue:

La evaluación deberá ajustarse a los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que conlleva toda acción pública, además se definirán esquemas de participación de los estados y municipios.

Se adiciona la fracción VIII Bis y la de la fracción X Bis del artículo 33, para quedar como sigue:

VIII Bis. De manera especial se instrumentará un programa de becas para hijos de migrantes.

X Bis. Otorgarán estímulos a aquellas organizaciones sociales que apoyen la educación de hijos de migrantes.

Se reforma el artículo 34, para quedar como sigue:

Además de las actividades enumeradas en el artículo anterior, el Ejecutivo federal llevará a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales apoye con recursos específicos a los gobiernos de aquellas entidades federativas con mayores rezagos educativos, previa celebración de convenios en los que concierten las proposiciones de financiamiento y las acciones específicas que las autoridades educativas deben realizar para reducir y superar dicho rezago. En dichos programas compensatorios se deberán priorizar aquellos dirigidos a hijos o familiares de migrantes.

Se reforma el artículo 35, para quedar como sigue:

En el ejercicio de su función compensatoria y sólo tratándose de actividades que permitan mayor equidad educativa, la Secretaría podrá, en forma temporal, impartir de manera concurrente educación básica y normal en las entidades federativas. De manera especial, se deberá considerar aquellos municipios con altos grados de intensidad migratoria.

Se reforma el segundo párrafo del artículo 39, para quedar como sigue:

De acuerdo con las necesidades educativas específicas de la población, también podrá impartirse educación con programas o contenidos particulares para atender dichas necesidades. En especial deben considerarse programas y contenidos sobre problemática migratoria.

Se reforma el párrafo tercero del artículo 48, para quedar como sigue:

Las autoridades educativas locales propondrán, para consideración y en su caso autorización de la Secretaría, contenidos regionales y migratorios que, sin mengua de carácter nacional de los planes y programas citados, permitan que los educandos adquieran un mejor conocimiento de la historia, los ecosistemas y demás aspectos propios de la entidad y municipios respectivos.

Se reforma el artículo 49, para quedar como sigue:

El proceso educativo se basará en los principios de libertad, equidad y responsabilidad, que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas.

Compañeros y compañeras, estas iniciativas de reforma y adiciones son a varios artículos y sólo quiero concluir mencionándolos.

Se adiciona la fracción VI del artículo 57, se reforma el artículo 58, se reforma la fracción V del artículo 65, se reforma el artículo 66, se reforma la fracción III del artículo 67, se adiciona un último párrafo del artículo 69, se adiciona un párrafo del artículo 70, se adiciona un párrafo del artículo 71, se adiciona un párrafo del artículo 72 y se reforma el artículo 73.

Quiero decirles que es una iniciativa que invade varios artículos de la Ley General de Educación, por lo cual pido respetuosamente al Presidente de esta Mesa que se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal Alberto Amaro Corona , de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

En México se destinan muchos recursos públicos para la educación. Año con año el Ejecutivo Federal propone y el Poder Legislativo autoriza, con algunos cambios, la distribución del gasto educativo. Es poca la atención que este último ha puesto para establecer formas de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas sobre cada uno de los programas federales. Es el momento de tomar medidas que hagan del sector educativo un espacio de evaluación real en todos sus programas y actores involucrados.

Es recurrente la referencia a la deficiente infraestructura en todo el sistema educativo nacional, pero hay que decir que tampoco se definen los sistemas de medición de resultados de los programas ni los indicadores del desempeño de las autoridades educativas y magisteriales en los tres órdenes de gobierno. Hace falta un monitoreo detallado del funcionamiento real de cada una de las partes que integran el sistema educativo. No es suficiente con incrementar los presupuestos si no existe transparencia y mecanismos de rendición de cuentas.

En la educación convergen diversas problemáticas, así como actores, que no son sujetos de responsabilidades públicas y sociales. Por supuesto, existe la coincidencia en que la educación debe ser una apuesta de futuro que involucra lo mismo a los padres de familia que a los medios de comunicación, a los poderes del estado, a los órdenes de gobierno, al sindicato de la educación, a los maestros y a las organizaciones sociales.

Nuestra visión de país pasa por un cambio impostergable de la vida pública nacional. Ninguna acción de gobierno debe escapar al escrutinio público, mucho menos la educación. Por ello es que nos alarman las cifras sobre el rezago educativo nacional: son 5 millones 802 mil 100 los mexicanos analfabetas, donde el 50 por ciento está en las edades de 55 años en adelante; son 10 millones 199 mil 850 que no terminaron la primaria; y 15 millones 280 mil 460 los que no concluyeron la secundaria.

En el mismo sentido, la situación de pobreza de muchos hogares profundiza el rezago educativo: entre los 15 y los 34 años de edad el promedio de estudios no rebasa los 7 años; y esta situación es más alarmante en el grupo de edad que va de los 55 años en adelante, donde el promedio de años de estudio es apenas de 1.5 años. ¿Cómo le hacemos como país? ¿Qué responsabilidades debemos asumir cada uno de los actores involucrados?

Los niveles de deserción son muy agudos desde la secundaria, pero muy marcadamente en el nivel medio superior: según cifras de la autoridad educativa, el porcentaje de deserción en secundaria es de 7.1 por ciento, y en el nivel medio superior es de 16.3 por ciento; la reprobación es de 18 por ciento en secundaria y se va al doble, el 36 por ciento, en nivel medio superior. Quiere decir que la juventud se estanca y no avanza. La pregunta es ¿hacia dónde se dirige esa multitud de jóvenes, qué oportunidades le ofrece el país?

Yo estoy convencido de que el maestro mexicano tiene un gran sentido de compromiso social, pero también me consta que existen rezagos y carencias en la actualización de los profesores. El sistema está desvinculado de los nuevos métodos de enseñanza aprendizaje y del uso de las tecnologías de la información. En esas condiciones, ¿qué tipo de enseñanza trasmiten a las nuevas generaciones, aquéllas que son herederas de la Internet y el correo electrónico?

Una de las grandes lagunas de la Ley General de Educación tiene que ver con las formas de comunicación entre las autoridades educativas y los padres de familia: no hay posibilidad de que se retroalimente el proceso educativo, la escuela no escucha a los padres de familia. ¿Hasta dónde es posible que se consideren los puntos de vista y los reclamos legítimos de los padres de familia?

La prueba Enlace demuestra que el sistema educativo nacional requiere ya de la participación de todos los actores involucrados e interesados en la educación, incluido, por supuesto, el poder legislativo, en el diseño y aplicación de los indicadores sobre calidad en la educación. ¿Requiere un rediseño organizacional el Instituto Nacional de Evaluación Educativa? ¿La prueba Enlace es un instrumento que no revela con fidelidad el nivel de la calidad educativa?

El uso de las tecnologías de la información es en muchos casos la opción de llevar educación a los municipios más alejados del país. Sabemos que solamente el 18 por ciento de los hogares mexicanos cuentan con computadora y que únicamente el 8 por ciento tiene acceso a Internet. Existen programas como Enciclomedia o el de Telesecundaria que, no obstante que son muy útiles y recomendables, no se han desplegado sus verdaderos beneficios y bondades por actos de corrupción y de ineficiencia administrativa. ¿Dónde se desperdician tantos recursos y oportunidades?

La educación media superior registra a 3 millones 658 mil 754 alumnos cuya vinculación con el mercado laboral y las opciones productivas es apenas germinal. Dentro de las opciones en este nivel educativo late una cuestión estratégica: ¿qué planes de estudio se definen y para qué tipo de empresas, para qué sectores de la economía?

La inseguridad y la violencia en las escuelas forma parte de la vida social en su conjunto; y en ello hay una responsabilidad gubernamental y de la sociedad en su conjunto, pero también de los medios de comunicación. ¿Cómo contribuyen los medios de comunicación en que el 40 por ciento de los alumnos de primaria y secundaria hayan sido víctimas de robo dentro de la escuela? ¿Qué dicen los medios de comunicación de que el 17 por ciento de los alumnos de primaria y 14 por ciento de los de secundaria hayan sido lastimados físicamente por otros alumnos?

Es un lugar común hablar las deficiencias de la infraestructura educativa: el 45 por ciento de las escuelas públicas urbanas tienen como principal problema las cuarteaduras de techos y paredes; el 38 por ciento tiene en mal funcionamiento los sanitarios; y el 35 por ciento de las aulas padece goteras. ¿Quiere decir que el presupuesto que anualmente se destina para subsanar esta problemática no se aplica? ¿Es un abuso pedir cuotas a los padres de familia para el mantenimiento de las mismas escuelas? ¿Cómo se mide esta deficiencia, quién y cómo aporta la información?

Uno de los aspectos más sensibles de la educación tiene que ver con la cobertura y la equidad social: si cada año en promedio salen 400 mil mexicanos hacia Estados Unidos en busca de empleo, ¿cómo se modifica la situación educativa de sus familias y la de ellos mismos? ¿Qué oportunidades educativas existen en uno y otro lado de la frontera? ¿Quién responde por su educación? Debemos tener presente que al problema de la intensidad migratoria no escapa ninguna entidad federativa pero tampoco más del 50 por ciento de los municipios del país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa, para quedar como sigue:

Único. Se reforma la fracción II y se adicionan las fracciones XIII y XIV al artículo 7; se reforman los artículos 10, 12, 13 y 15; se adiciona un párrafo tercero al artículo 29; se adicionan las fracciones VIII Bis y X Bis al artículo 33; se reforman los artículos 34, 35, 39, 48 y 49; se adiciona la fracción VI al artículo 57; se adiciona el artículo 58; y se reforman la fracción V del artículo 65, la fracción III del artículo 66, las fracciones III y V y el último párrafo del artículo 67, el último párrafo de los artículos 69, 70, 71, 72 y 73 de la Ley General de Educación, en los siguientes términos:

Artículo 7. ...

Artículo 10. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, es un servicio público; por lo que sus decisiones y acciones deberán estar marcadas por el mayor beneficio para las comunidades y ciudadanos más desprotegidos

Constituyen el sistema educativo nacional:

Artículo 12. ...

Artículo 13. ...

Artículo 15. El ayuntamiento de cada municipio podrá, sin perjuicio de la concurrencia de las autoridades educativas federal y locales, promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad. También podrá realizar actividades de las enumeradas en las fracciones V a VIII del artículo 14, con el apoyo del gobierno del estado.

Artículo 29. Corresponde a la secretaría la evaluación del sistema educativo nacional, sin perjuicio de la que las autoridades educativas locales realicen en sus respectivas competencias.

Dicha evaluación, y la de las autoridades educativas locales, serán sistemáticas y permanentes. Sus resultados serán tomados como base para que las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adopten las medidas procedentes.

La evaluación deberá ajustarse a los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que conlleva toda acción pública; además, se definirán esquemas de participación de los estados y municipios.

Artículo 33. ...

Artículo 34. Además de las actividades enumeradas en el artículo anterior, el Ejecutivo Federal llevará a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales apoye con recursos específicos a los gobiernos de aquéllas entidades federativas con mayores rezagos educativos, previa celebración de convenios en los que se concierten las proporciones de financiamiento y las acciones específicas que las autoridades educativas locales deban realizar para reducir y superar dichos rezagos. En dichos programas compensatorios se deberán priorizar aquéllos dirigidos a hijos o familiares de migrantes.

La Secretaría evaluará los resultados en la calidad educativa de los programas compensatorios antes mencionados.

Artículo 35. En el ejercicio de su función compensatoria, y sólo tratándose de actividades que permitan mayor equidad educativa, la Secretaría podrá en forma temporal impartir de manera concurrente educación básica y normal en las entidades federativas. De manera especial se deberá considerar aquéllos municipios con altos grados de intensidad migratoria.

Artículo 39. En el sistema educativo nacional quedan comprendidas la educación inicial, la educación especial y la educación para adultos.

De acuerdo con las necesidades educativas específicas de la población, también podrá impartirse educación con programas o contenidos particulares para atender dichas necesidades. En especial deberán considerarse programas y contenidos sobre la problemática migratoria.

Artículo 48. La secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de conformidad a los principios y criterios establecidos en los artículos 7 y 8 de esta ley.

Para tales efectos, la secretaría considerará las opiniones de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, expresadas a través del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación a que se refiere el artículo 72.

Las autoridades educativas locales propondrán para consideración y, en su caso, autorización de la secretaría, contenidos regionales y migratorios que --sin mengua del carácter nacional de los planes y programas citados-- permitan que los educandos adquieran un mejor conocimiento de la historia, la geografía, las costumbres, las tradiciones, los ecosistemas y demás aspectos propios de la entidad y municipios respectivos.

...

Artículo 49. El proceso educativo se basará en los principios de libertad, equidad y responsabilidad que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas.

Artículo 57. ...

Artículo 58. - Las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios deberán inspeccionar y vigilar los servicios educativos respecto de los cuales concedieron dichas autorizaciones o reconocimientos, a través de un sistema de indicadores del desempeño.

...

Artículo 65. ...

Artículo 66. ...

Artículo 67. ...

Las asociaciones de padres de familia se abstendrán de intervenir en los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos.

La organización y el funcionamiento de las asociaciones de padres de familia, en lo concerniente a sus relaciones con las autoridades de los establecimientos escolares, se sujetarán a las disposiciones que la autoridad educativa federal señale, respetando o salvaguardando el derecho que tienen los padres de familia de velar por la educación de sus hijos.

Artículo 69. ...

...

En los casos de escuelas públicas y particulares, los Consejos deberán exigir a las autoridades educativas un informe sobre el manejo de los recursos públicos, poniendo especial énfasis en el mejoramiento de la infraestructura y en la calidad educativa.

Artículo 70. ...

...

Dicho Consejo promoverá de manera primordial que las autoridades educativas informen sobre el manejo de los recursos públicos destinados al mejoramiento de infraestructura.

Será responsabilidad del presidente municipal que en el consejo se alcance una efectiva participación social que contribuya a elevar la calidad y la cobertura de la educación.

En el Distrito Federal los consejos se constituirán por cada delegación política.

Artículo 71. ...

...

Dicho Consejo será corresponsable de que los recursos públicos se destinen al mejoramiento de la educación, por lo que estarán obligados a rendir informes públicos que reflejen los beneficios concretos.

Artículo 72. ...

...

Dicho Consejo tendrá la principal responsabilidad de transparentar el uso de los recursos públicos a través de informes públicos que den cuenta de los beneficios por centro escolar, comunidad, municipio y entidad federativa.

Artículo 73. Los consejos de participación social a que se refiere esta sección se abstendrán de intervenir en los aspectos laborales de los establecimientos educativos y no deberán participar en cuestiones políticas ni religiosas, pero sí deberán solicitar informes sobre el manejo de los recursos públicos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Insértese íntegramente en el Diario de los Debates.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la tribuna al diputado Javier Guerrero García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

El diputado Javier Guerrero García: Con su permiso, señor Presidente. Es sin duda importante fortalecer en este periodo de cambios la presencia del federalismo, a pesar de la limitada idea de que la federación debe cobijar y proteger a los estados y que redunda en un trato de minoría de edad para las propias entidades. La visión federalista se ha estado consolidando y abriendo camino.

Éste es el móvil fundamental de esta iniciativa: dar los pasos para avanzar en un federalismo más útil para los ciudadanos, en fortalecer las haciendas locales para impulsar un mejor gobierno local.

A partir del 1 de enero de 2005 entró en vigor el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, con objeto de evitar que se cuestionara la constitucionalidad de la base de dicho impuesto. Sin embargo, aun y cuando no se buscaba afectar los ingresos que por concepto de dicho impuesto les corresponden a las entidades federativas, sí se dio la circunstancia de que éstos fueron, en los hechos, afectados negativamente.

Esto se dio porque mediante dichas reformas se modificó la periodicidad de la actualización de las tarifas contenidas en la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. Al Modificar dicha periodicidad se eliminó la disposición que actualizaba la propia base del impuesto para los vehículos usados, es decir, el valor de dichos vehículos.

La consecuencia fue que al calcular el impuesto aplicable a los vehículos usados, si se les aplica la depreciación que les corresponde dependiendo del año modelo, se pierde la actualización del valor de dichos bienes generando con ello una disminución considerable en la base del impuesto, y por consiguiente, una disminución en los ingresos que por concepto del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos reciben las entidades federativas.

Esta disminución en la recaudación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos impacta de manera significativa a los ingresos de las entidades, ya que en algunos casos representa una recaudación mayor a la que obtienen por otro tipo de impuestos. Dado que el nivel de la reforma mencionada, que además incluyó a los automóviles destinados al transporte eléctricos, aeronaves y motocicletas usados, no era reducir los ingresos que recibieran las entidades federativas por concepto del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, se propone reformar la ley en la materia para corregir la situación descrita con anterioridad.

Esta propuesta no pretende incrementar las tarifas aplicables para el cálculo del impuesto que se debe pagar por la tenencia o uso de vehículos, sino establecer adecuadamente los mecanismos de ajuste que reconozcan el efecto inflacionario en los valores que se toman como base para la determinación del citado impuesto y con ello evitar la disminución de los ingresos que perciben las entidades federativas por la recaudación de la citada contribución.

El cálculo promedio de lo que se está perdiendo en recaudación es de 30 por ciento, al no darse la actualización en el precio base que determina la diferencia entre la depreciación propia de los vehículos y la actualización del valor real de estos procesos inflacionarios.

Hay además otro elemento importante en esta propuesta. Uno de los vehículos que han venido en aumento de uso y aceptación de los ciudadanos, es la motocicleta, no sólo por su carácter de mayor movilidad en el medio urbano sino por su economía y su importancia ecológica.

La motocicleta ha aumentado en uso también por ser un vehículo muy versátil para la distribución de mercancías perecederas y de consumo inmediato, así como para mensajería y movilidad postal.

Hay en la actual ley un trato desigual frente a otro tipo de vehículos. El límite de base de cálculo de su tenencia es reducido, lo que hace que su registro ---sobre todo en las entidades y en los municipios--- sea eludido, en tanto los costos de registro de estos vehículos no son proporcionales a los valores comparables de otros medios de transporte.

Por ello, se considera conveniente proponer el incremento de los límites de ingresos de la tarifa aplicable a las motocicletas nuevas, a efecto de que un grupo mayor de estos vehículos vea disminuir su carga impositiva. Lo anterior, a fin de facilitar la adquisición de este tipo de vehículos para actividades comerciales de distribución, de seguridad, entre otras.

En este sentido, se propone que en el primer rango de la tarifa queden comprendidas las motocicletas cuyo valor total sea de hasta 200 mil pesos. Esta medida beneficiaría hasta 90 por ciento del parque vehicular de motocicletas del país.

Por último, es fundamental resaltar que la entrada en vigor de las modificaciones propuestas no afecta a los ciudadanos en los pagos del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, efectuado conforme a las disposiciones vigentes.

Estos cambios propuestos permitirán sólo ajustar, en la medida de lo posible, la situación del parque vehicular nacional en razón de los valores reales de los vehículos en tenencia, propiciando así una transición adecuada de las facultades fiscales de los estados en el camino hacia un federalismo fiscal real y útil para los ciudadanos.

En este tenor, señor Presidente, le hago entrega de la iniciativa con las reformas correspondientes. Es cuanto, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a cargo del diputado Javier Guerrero García , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Javier Guerrero García , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, y 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al Pleno de la honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, de acuerdo con la siguiente

Exposición de motivos

Con fecha 1 de diciembre de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ``decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos'', que entró en vigor el 1 de enero de 2005.

Las reformas a la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, tuvieron por objeto evitar que se cuestionara la constitucionalidad de la base de dicho impuesto, pero en ningún momento se buscó afectar los ingresos que por concepto de dicho impuesto les corresponden a las entidades federativas.

Además, se modificó la periodicidad de la actualización de las tarifas contenidas en la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. Sin embargo, al modificar dicha periodicidad, se eliminó la disposición que actualizaba la propia base del impuesto para los vehículos usados, es decir, el valor de dichos vehículos.

Lo anterior ha traído como consecuencia que al momento de calcularse el impuesto aplicable a los vehículos usados, se les aplique la depreciación que les corresponde por el año modelo, pero se pierde la actualización del valor de dichos bienes, lo que genera una disminución considerable en la base del impuesto y por consiguiente en los ingresos que reciben las entidades federativas.

Por lo que hace a los automóviles destinados al transporte, eléctricos, aeronaves y motocicletas, usados, también se suprimió el mecanismo para actualizar el impuesto correspondiente.

La disminución en la recaudación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, impacta de manera significativa los ingresos de las propias entidades federativas, ya que en algunos casos representa una recaudación mayor a la que obtienen por los impuestos locales de predial y de nóminas.

Tomando en consideración que la intención de la reforma que entró en vigor el 1 de enero de 2005 antes aludida, no pretendió reducir los ingresos que recibieran las entidades federativas por concepto del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, se propone reformar la ley de la materia, para corregir la situación descrita con anterioridad.

En efecto, la reforma propuesta no pretende incrementar las tarifas aplicables para el cálculo del impuesto que se debe pagar por la tenencia o uso de vehículos, sino establecer adecuadamente los mecanismos de ajuste que reconozcan el efecto inflacionario en los valores que se toman como base para la determinación del citado impuesto y, con ello, evitar la disminución de los ingresos que perciben las entidades federativas por la recaudación de la citada contribución.

Lo anterior es necesario, ya que si bien el procedimiento establecido en la ley de la materia para el cálculo del impuesto de los vehículos usados prevé la depreciación que les corresponde en función del año modelo, así como la referencia al artículo 14-C para la actualización del valor depreciado, existe una imposibilidad técnica para llevar a cabo dicha actualización, lo cual genera una pérdida de recaudación por inflación de hasta el 30 por ciento.

También se considera importante resaltar que la entrada en vigor de las modificaciones antes mencionadas no repercute en los pagos del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos efectuados conforme a las disposiciones vigentes, ya que dichos pagos son de carácter definitivo y no dan lugar a la aplicación retroactiva de aquéllas.

Por otra parte, se considera conveniente proponer el incremento de los límites de ingresos de la tarifa aplicable a las motocicletas nuevas, a efecto de que un grupo mayor de estos vehículos vea disminuida su carga impositiva; lo anterior, con el fin de facilitar la adquisición de este tipo de vehículos para actividades comerciales, de distribución, de seguridad, entre otras. En este sentido, se propone que en el primer rango de la tarifa queden comprendidas las motocicletas cuyo valor total sea de hasta 200 mil pesos.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos

Artículo único. Se reforman los artículos 14, en su tarifa; 15-B, primer párrafo, excepto su tabla, segundo párrafo, y la fracción II; 15-C, primer párrafo, inciso b), y 15-D, primer párrafo, inciso b); y se adicionan los artículos 15-B, con un penúltimo párrafo y 15-C, con un penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, para quedar como sigue:

``Artículo 14 .

Artículo 15-B. Tratándose de vehículos de fabricación nacional o importados, a que se refieren los artículos 5, fracción IV, y 14-B de esta ley, así como de aeronaves y motocicletas, excepto automóviles destinados al transporte de hasta quince pasajeros, el impuesto será el que resulte de multiplicar el importe del impuesto causado en el ejercicio fiscal inmediato anterior por el factor de ajuste. Dicho factor será el que resulte de multiplicar el factor de actualización por el factor de depreciación que corresponda conforme a los años de antigüedad del vehículo, de acuerdo con la siguiente:

Para los efectos del párrafo anterior, tratándose de vehículos cuya enajenación como vehículo nuevo o cuya importación se hubiera realizado con posterioridad al mes de enero del año inmediato anterior, se considerará como impuesto causado, el que se obtenga de dividir el impuesto pagado en dicho año, entre el factor que corresponda al mes en que se enajenó o importó el vehículo, de conformidad con la tabla a que se refiere el último párrafo del artículo 1 de esta ley.

El factor de actualización a que se refiere este artículo, será el correspondiente al periodo comprendido entre el mes de diciembre del penúltimo año y el mes de diciembre inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación, durante el mes de diciembre de cada año.

Artículo 15-C.

Artículo 15-D.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2008.

Segundo. Los montos de las cantidades establecidas en el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, se encuentran actualizadas al mes de diciembre de 2007.

Presidencia del diputado Cristián Castaño Contreras

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Javier Guerrero García.Túrnese su iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Saludamos a los estudiantes de la Universidad del Distrito Federal y a los ciudadanos regidores del ayuntamiento de Ensenada, Baja California, Adela Lozano López y Rocío López Gorosave. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se concede el uso de la tribuna al diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 75 de la Ley General de Educación.

El diputado Manuel Portilla Diéguez: Con su permiso, diputado Presidente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosen su artículo 3o., establece el derecho a recibir educación gratuita y laica. Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, manifiesta que toda persona tiene derecho a la educación, y deberá ser gratuita al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental.

La educación es el motor del desarrollo de cualquier país, debido a que incrementa la calidad de vida de la población al momento de obtener una mejora del ingreso por el pago de un trabajo calificado, ya sea técnico o profesional. En las comunidades rurales y marginadas contribuye a eliminar el rezago educativo y el acceso a mejores fuentes de empleo.

Asimismo, la educación desde temprana edad fomenta la sana competencia entre los estudiantes hasta el momento de su incursión en la vida laboral. Un mayor nivel educativo influye en el comportamiento social, debido a que fomenta y refuerza el civismo, la democracia, la equidad de género, y contribuye a disminuir las tasas de delincuencia y corrupción.

La formación de los estudiantes desde la educación básica debe ir de acuerdo con las necesidades que exige el mercado laboral de cada región, aunado a la creación de nuevas carreras técnicas y profesionales que desahoguen la sobresaturación en las licenciaturas como derecho, administración de empresas, psicología y contaduría, entre otras.

Por ende, para combatir el rezago educativo no basta tener una amplia red de cobertura, sino incrementar la calidad de la educación para agilizar el desarrollo del país. Existe una gran concentración de nichos educativos en muy pocas ciudades y municipios del país, provocando el incremento de la brecha educativa entre estados y regiones, aunado a la desigualdad en el acceso a recibir educación de calidad.

En ese sentido, no cabe duda que la educación es un tema fundamental para el desarrollo del país, y cuando por alguna circunstancia se violenta temporal o definitivamente la garantía constitucional relativa al derecho a la educación, por una parte se propicia una deficiencia en los estudiantes.

Lo que sin duda, a largo plazo, se verá reflejado en el acceso a la planta laboral con un salario bajo. Toda vez que no cuentan con los conocimientos necesarios que le permitan competir en un mercado laboral altamente demandante. Lamentablemente, en nuestro país hemos sido testigos de circunstancias que aun sin proponérselo han violentado la garantía educacional consagrada en el artículo 3o. constitucional.

Por ejemplo, con el ausentismo de personal y las constantes huelgas en las escuelas, aun cuando la fracción X del apartado B del artículo 123 de nuestra Carta Magna dice que los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes, así como hacer uso del derecho de huelga.

Por tanto, no podemos ignorar que este derecho constitucional, de asociarse en defensa de sus intereses comunes, ha sido utilizado en detrimento de los alumnos que ven cancelada la impartición de las clases.

Del mismo modo, la forma en que se ha manejado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha provocado corrupción dentro de la organización y ha reflejado en la sociedad misma el poco nivel educativo con el que cuenta nuestro país, dejando a un lado el objetivo primordial que es el de la educación de los alumnos.

Al respecto, es importante aclarar que no nos oponemos al derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes, pero no tolerar por ello que se afecte el futuro de los niños y jóvenes que representan el progreso de este país.

Por tanto, se busca a través de la presente iniciativa de reforma erradicar la impunidad en los centros de enseñanza por parte de algunos trabajadores de la educación. Debido a que lo establecido actualmente en la Ley General de Educación, en el último párrafo del artículo 75, cobija y entorpece la aplicación de sanciones e infracciones a elementos que no cumplan sus obligaciones laborales.

Por tanto, para combatir la impunidad, actos de corrupción, ausentismo injustificado, falta de transparencia, negación a sistemas de evaluación, entre otros, es necesario el cumplimiento de la Ley General de Educación, a través de la aplicación de un sistema de sanciones e infracciones que sea justo y equitativo, en donde se pueda corregir a los que prestan servicios educativos sin excepción, dando como resultado una mayor eficiencia de calidad del personal que imparte educación en las escuelas del país.

Es cuanto, diputado Presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 75 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del PVEM

Manuel Portilla Diéguez, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 3o. fracción VIII; 71, fracción II; 72; 73 fracciones XXV y XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a las comisiones que correspondan, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto con base en la siguiente

Exposición de Motivos

``Que las leyes generales comprenden a todos, sin excepción de cuerpos privilegiados y que estos sólo lo sean en cuanto el uso de su ministerio''...

Artículo 13 de Los Sentimientos de la Nación

José María Morelos y Pavón, septiembre 1813

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3o., establece el derecho a recibir educación gratuita y laica. El Estado --federación, estados y municipios-- impartirá la educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria. Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26 manifiesta que toda persona tiene derecho a la educación y deberá ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental.

La educación es el motor del desarrollo de cualquier país, debido a que incrementa la calidad de vida de la población al momento de obtener una mejora del ingreso por el pago de un trabajo calificado, ya sea técnico o profesional. En las comunidades rurales y marginadas, contribuye a eliminar el rezago educativo y el acceso a mejores fuentes de empleo. Asimismo, la educación desde temprana edad fomenta la sana competencia entre los estudiantes hasta el momento de su incursión en la vida laboral. Un mayor nivel educativo influye en el comportamiento social, debido a que fomentan y refuerzan el civismo, la democracia, la equidad de género y contribuye a disminuir las tasas de delincuencia y corrupción.

De la misma forma, Ignacio Llamas Huitrón, profesor del Universidad Autónoma Metropolitana, de la Unidad Iztapalap, argumenta que la educación básica como educación esencial en los países en desarrollo, ayuda a disminuir los embarazos no deseados y las enfermedades relacionadas con la higiene y la nutrición. También ayuda a mejorar los canales de comunicación para resolver los problemas de manera no violenta entre los grupos sociales. Por último, la educación de las mujeres tiene un papel fundamental en la sociedad, ya que a mayor escolaridad es mayor la tasa de incorporación al trabajo y menor el número de hijos. ¹

Por tanto, la educación básica da pie para la construcción de una política educativa sólida en el país, que conlleva a la mejoría del nivel académico de las generaciones de estudiantes. Por ende, es necesario mejorar los sistemas de formación de docentes, con una planificación específica en cada entidad federativa, debido que las necesidades y los énfasis son diferentes en cada estado. ² La descentralización de la educación en el país tiene la finalidad de establecer un proyecto federalista en donde cada estado pueda decidir gran parte del currículo de la educación básica, con el objetivo de mejorar la calidad de la educación y evitar la deserción escolar.

La formación de los estudiantes desde la educación básica debe ir de acuerdo a las necesidades que exige el mercado laboral de cada región, aunado a la creación de nuevas carreras técnicas y profesionales que desahoguen la sobresaturación en licenciaturas como derecho, administración de empresas, psicología y contaduría, entre otras. ³

En México, si bien es cierto que el sistema educativo ha mejorado en términos cuantitativos, en donde el 98 por ciento de los niños entre 6 y 11 años asisten a la escuela y solo el 10 por ciento de la población no sabe leer ni escribir. Sin embargo, para combatir el rezago educativo, no basta con tener una amplia red de cobertura, sino incrementar la calidad de la educación para agilizar el desarrollo del país. Asimismo, existe una gran concentración de nichos educativos en muy pocas ciudades y municipios del país, provocando el incremento de la brecha educativa entre estados y regiones, aunado a la desigualdad en el acceso a recibir educación de calidad.

En ese sentido, no cabe duda que la educación es un tema fundamental para el desarrollo del país y cuando por alguna circunstancia se violenta temporal o definitivamente la garantía constitucional relativa al derecho a la educación, por una parte se propicia una deficiencia en los educandos, lo que sin duda, a largo plazo, se verá reflejado en el acceso a la planta laboral con un salario bajo, toda vez que no cuentan con los conocimientos necesarios que les permitan competir en un mercado laboral altamente demandante. Por otra parte, los niveles de calidad educativa permanecerán estancados.

Lamentablemente, en el país hemos sido testigos de circunstancias que aun sin proponérselo han violentado la garantía a la educación consagrada en el artículo 3o. constitucional. Incluso cuando en la fracción X, del Apartado B del artículo 123 de la Carta Magna dice que los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo al cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de una o varias dependencias de los poderes públicos, cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que este artículo consagra. Por tanto, no podemos ignorar que éste derecho constitucional de asociarse en defensa de sus intereses comunes, ha sido utilizado en detrimento de los alumnos que ven cancelada la impartición de las clases. Del mismo modo, la forma en que se ha manejado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ha provocado corrupción dentro de la organización y ha reflejado en la sociedad misma el poco nivel educativo con el que cuenta el país, dejando a un lado el objetivo primordial que es el de la educación de los alumnos.

Al respecto, es importante aclarar que en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México no nos oponemos al derecho de asociarse para la defensa de sus interese comunes, pero no toleraremos que por ello se afecte el futuro de los niños y jóvenes que representan el progreso del país. Por tanto, se busca a través de la presente iniciativa de reforma, erradicar la impunidad en los centros de enseñanza por parte de algunos trabajadores de la educación, debido a que lo establecido actualmente en la Ley General de Educación en el último párrafo del artículo 75, cobija y entorpece la aplicación de sanciones e infracciones a elementos que no cumplan con sus obligaciones laborales.

Por ende, en la Ley General de Educación no deben existir tratos preferenciales para ningún grupo específico de trabajadores, debido que puede atentar contra el progreso de la educación en el país. Asimismo, debe establecerse un trato basado en la equidad, con beneficios y responsabilidades de manera proporcional a capacidades iguales, evitando la desigualdad de oportunidades y la discriminación.

Por tanto, para combatir la impunidad, actos de corrupción, ausentismo injustificado, falta de transparencia, negación a sistemas de evaluación, entre otros, es necesario el cumplimiento de la Ley General de Ecuación a través de la aplicación de un sistema de sanciones e infracciones que sea justo y equitativo, en donde se pueda corregir a los que prestan servicios educativos sin excepción, esto hará más eficiente la calidad del personal que imparta educación en las escuelas del país.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, respetuosamente sometemos a su consideración el siguiente:

Decreto mediante el cual se deroga el último párrafo del artículo 75 de la Ley General de Educación.

Artículo Único. Se deroga el último párrafo del artículo 75 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1) Llamas Huitrón, Ignacio 2007 El papel de la educación en el desarrollo ; en Educación, ciencia, tecnología y competitividad, Editorial Porrúa. México, 2007. 2) Díaz de Cossío, Roger, Una mirada a la educación mexicana y a lo que podría ser; en: Solana Fernando, compilador; Educación, visiones y revisiones ; editorial Siglo Veintiuno, México, 2006.

3) Puntos de la Agenda Educativa que presentó la Secretaria de Educación, licenciada Josefina Vázquez Mota, ante la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago 2007.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Manuel Portilla Diéguez.Túrnese su iniciativa a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO - LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se recibió de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa que reforma los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Iniciativa que reforma los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Mónica Arriola, diputada de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito que se turne a la Comisión de Gobernación, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el marco de la Reforma Fiscal integral fueron propuestas diversas modificaciones a las leyes respectivas para lograr la optimización y transparencia de la contratación de obras públicas, con las cuales se pretende lograr que el gasto público federal sea de mayor calidad, garantizando el actuar legal y la certeza jurídica para los privados contratantes.

Por ello, a fin de garantizar la eficiencia en la contratación pública, no basta enfocar sólo las reformas en la administración pública, sino hacer lo propio en el ámbito privado. En concreto, en materia contractual con la administración pública, la solución a las controversias se vuelve un tema recurrente en los tribunales, con especial énfasis en las indemnizaciones a las que se condena dependiendo de la parte responsable de la rescisión del contrato que se trate.

Tradicionalmente, en materia de contratos administrativos dentro de los gastos derivados de los contratos de obra pública, se contempla el pago de estimaciones o los respectivos ajustes en los costos de la obra en cuestión. De esta forma, dentro del rubro de gastos financieros se incluyen, entre otros, conceptos tales como intereses, gastos y comisiones bancarias, pagadas por gastos por fluctuaciones de las tasas de cambio, multas, sanciones, morosidad, indemnizaciones, descuentos por pronto pago, bonificaciones concedidas a los clientes y la cancelación de cuentas por cobrar, cuando no se ha creado la provisión correspondiente.

Una de las causales más frecuentes de controversia es la generación de éstos por no poner a disposición del contratista, conforme a lo estipulado en el contrato, los anticipos para la compra y producción de materiales de construcción, adquisición de equipos y demás insumos necesarios para la obra, de ahí que se demande el pago de los gastos financieros al contratista (administración pública) y su costo se cubra por los servidores públicos responsables del atraso del pago y se busque además fincar la responsabilidad que conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos corresponda.

Es sabido que este incumplimiento de pago es originado, recurrentemente, por la tardía liberación y radicación de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la Tesorería de la Federación, por lo que sólo resulta procedente lo establecido en las disposiciones señaladas, en el caso que habiéndose autorizado y radicado los recursos correspondientes por morosidad, negligencia o ineptitud de los servidores públicos, no se efectúen los pagos correspondientes

En primera instancia, la discusión sobre sí es posible la renuncia del contratista para la liquidación de gastos financieros, fue planteada a partir de una tesis aislada ¹ que señala que la procedencia en el pago de éstos debe quedar pactada de manera expresa en el contrato de obra pública. A partir de ésta fue denunciada la contradicción de la tesis ² número 86/2007, que dio lugar a la tesis jurisprudencial 144/2007, que a la letra dice:

Gastos financieros. Es procedente condenar al pago de los mismos si se acredita el incumplimiento de los pagos de estimaciones y ajustes de costos, aun cuando las partes no lo hayan pactado expresamente en el contrato de obra pública (interpretación del artículo 69 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas). El artículo 69 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas sostiene que cuando se incumple en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la dependencia o entidad, a solicitud del contratista, ``deberá'' pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación. Por consiguiente, es procedente condenar al pago de gastos financieros cuando se reclama tal prestación, si se acredita que se ha incumplido con los pagos de estimaciones y ajustes de costos, aún y cuando las partes no lo hayan pactado expresamente en el contrato de obra pública, pues, de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, ésta es de orden público y, por lo tanto, resulta evidente que las partes no pueden eximir o renunciar a su cumplimiento ni modificar o alterar su contenido, ya sea por omisión o pacto expreso en el contrato de obra pública. De modo que las consecuencias legales establecidas en el artículo 69 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas constituyen en sentido estricto deberes jurídicos y, por lo tanto, su cumplimiento no puede ser optativo para las partes, pues, como se dijo, jurídicamente, son una obligación.

De la tesis de jurisprudencia invocada se desprenden varias conclusiones:

En primer lugar, que no procede aplicar de manera supletoria la legislación civil de forma que, análogamente a los contratos civiles, se deben establecer de manera expresa los contenidos mínimos que estos instrumentos deben contener y que se refieran a tiempo y lugar de entrega de los tiempos para la ejecución de los trabajos, normalización, forma y plazo de pago, penas convencionales, anticipos y garantías, estableciendo que las disposiciones de la ley en comento son de orden público.

En segundo lugar, justo porque son de orden público las disposiciones, no son renunciables o sujetas de modificación por pacto entre las partes del contrato, con especial énfasis en el caso de los particulares que contratan con la administración pública y que por la calidad del contratante se encuentran en franca desventaja al momento de demandar el cumplimiento de alguna obligación.

Cabe recalcar que, aún y cuando la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas se encuentra abrogada por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, es aplicable la jurisprudencia en comento, ya que lo dispuesto en el artículo 69 de la norma abrogada se mantiene en los mismos términos en el artículo 51 de la vigente.

De esta forma, la parte conducente establece lo siguiente:

Artículo 51. La fecha de pago al proveedor que las dependencias y entidades estipulen en los contratos quedará sujeta a las condiciones que establezcan las mismas; sin embargo, no podrá exceder de cuarenta y cinco días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato.

En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, la dependencia o entidad, a solicitud del proveedor , deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor (lo resaltado es propio).

Asimismo, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados establece, en el artículo 55, la misma fórmula, razón por la cual resulta aplicable de manera análoga la jurisprudencia:

Artículo 55. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la dependencia o entidad, a solicitud del contratista , deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del contratista (lo resaltado es propio).

De esta forma, a fin de dar mayor seguridad jurídica a los contratantes y al tenor de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es preciso adecuar el marco normativo tanto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, como en la Ley de Obra Pública, para que ésta no inhiba los procesos de contratación, sino que impulse los compromisos que en materia de infraestructura asumirán el gobierno y la cadena productiva de la industria de la construcción en lo sucesivo.

Por ello, propongo la reforma al artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados y el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a fin de evitar que en los contratos en lo particular pueda modificar o renunciar la obligación del Estado de pagar los gastos financieros en los que se incurran, bajo la consideración que lo dispuesto en ambas leyes son disposiciones de orden público y no quedan al albedrío de las partes su modificación o renuncia por pacto (incluso expreso) posterior. Asimismo, al dejar clara esta disposición, se evita a las partes contratantes accionar tanto la vía administrativa como la judicial para solución de controversias, incurriendo en costos innecesarios e incrementándolos para ambas partes.

Por lo anteriormente expuesto, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, someto a la aprobación de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados.

Primero. Se reforma el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 51. ...

En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, la dependencia o entidad, a solicitud del proveedor, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, sin que la liquidación de los mismos sea renunciable o modificable por pacto entre las partes . Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor.

... ...

...

Segundo. Se reforma el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados, para quedar como sigue:

Artículo 55. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la dependencia o entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, sin que la liquidación de los mismos sea renunciable o modificable por pacto entre las partes . Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del contratista.

...

...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1 Contratos administrativos de obra pública. Los gastos financieros que se produzcan por falta de cumplimiento en los pagos de estimaciones o en el ajuste de precios, sólo son exigibles si se pactaron expresamente. Novena época, tesis 1.7o.A.306.A. Tesis Aislada en materia administrativa. 2 Contradicción de Tesis 86/2007 -- PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Noveno ambos en Materia Civil y Séptimo en Materia Administrativa, todos del Primer Circuito. 12 de septiembre de 2007. Cinco Votos. Ponente José Ramón Cossío Díaz.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese a la Comisión de la Función Pública.

CODIGO DE JUSTICIA MILITAR

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se concede el uso de la tribuna a la diputada Marina Arvizu Rivas, del Grupo Parlamentario de Alternativa, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Justicia Militar.

La diputada Aída Marina Arvizu Rivas: Gracias, señor Presidente.

Los relatos de abuso sexual en Latinoamérica son conocidos y algunos son emblemáticos. Las denuncias esporádicas, especialmente cuando los responsables pertenecen a fuerzas policíacas o militares, cuesta mucho hacer denuncias públicas, tanto por factores sociales como por el miedo de las mujeres a ser estigmatizadas.

Más aún cuando se dan en el contexto de una guerra, convencional o no, donde las violaciones a los derechos humanos son comunes y las vejaciones sexuales son consideradas un mal menor por quienes sólo quieren sobrevivir.

En un conflicto armado, en una situación de tensión política o policiaca, la violencia menos visible es la violencia sexual contra las mujeres. Miles de historias se guardan en lo más íntimo, ya sea por vergüenza o por temor a las represalias. Mujeres de México, Colombia, Chile, Perú y el resto del continente comparten un secreto común: el de haber sobrellevado estas torturas durante algún episodio de la historia de sus países.

La historia del Ejército y las Fuerzas Armadas es, sin lugar a dudas, la historia de México, al ser una expresión del pueblo y símbolo del patriotismo. Sin embargo, en los últimos tiempos la actuación del Ejército y las Fuerzas Armadas se ha visto lesionada cuando alguno de sus miembros ha faltado al honor militar y a la responsabilidad que tiene con el pueblo de México.

En el contexto de nuestro país las mujeres sufren de manera específica las consecuencias de la militarización al crearse un clima de inseguridad e intimidación, sobre todo en las regiones donde existen antecedentes de organización indígena-campesina, y hasta hace muy poco, de crimen organizado.

Según los informes de Amnistía Internacional, de 1994 a la fecha se han documentado 60 agresiones sexuales contra mujeres indígenas, campesinas y urbanas por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas, sobre todo en los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca.

Impunidad y racismo encontraron las hermanas Méndez Santiz, tres mujeres tzeltales violadas en un retén militar en Altamirano, Chiapas, en marzo de 1994. Delfina Flores y Aurelia Méndez, mujeres tlapanecas de Guerrero, fueron violadas por 5 soldados el 3 de diciembre de 1997.

Las 12 mujeres indígenas de la zona de Loxicha, Oaxaca, violadas por efectivos del Ejército Mexicano en 1997. Las mujeres nahuas Victoriana Vázquez Sánchez y Francisca Santos, también de Guerrero, interceptadas y violadas por militares en casas abandonadas en abril de 1999.

Valentina Rosendo, agredida sexualmente por 8 soldados del 41 Batallón de Infantería en Barranca del Bejuco, Acatepec, Guerrero, en febrero de 2002. Inés Fernández Ortega, violada en su casa por once soldados el 22 de marzo de 2002 en Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, en Guerrero.

Las 23 mujeres agredidas sexualmente en Atenco, por fuerzas de seguridad en mayo de 2006. Las 13 mujeres de Castaños, Coahuila, que el 11 de julio de 2006 fueron víctimas de una violación tumultuaria por parte de 13 soldados. Y recientemente las 4 menores violadas en Nocupétaro, Michoacán. Y no podemos olvidar el caso de Ernestina Ascencio.

Los cuerpos de las mujeres se han convertido en campo de batalla para un sistema y un gobierno patriarcales que desarrollan una guerra no declarada contra nosotras. La violación es una colonización que degrada la sexualidad de las mujeres.

Análisis de género en otras regiones del mundo señalan que en contextos de conflicto político militar la sexualidad femenina tiende a convertirse en un espacio simbólico de lucha política y la violación sexual se instrumenta como una parte para demostrar poder y dominación sobre los hombres del grupo enemigo, cualquiera que éste sea. Chiapas, Atenco, Castaños, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Michoacán, no son una excepción.

Las violaciones sexuales a mujeres por parte de integrantes del Ejército, en general, no han recibido justicia.

A excepción del caso de Castaños, en todas las denuncias la justicia militar es quien ha juzgado a los soldados delincuentes.

El fuero de guerra se encuentra arraigado en la tradición jurídica mexicana y es dable para poder juzgar a quienes cometen delitos contra la disciplina militar. En este contexto el Constituyente del 17 redactó el artículo 13 constitucional, el cual es muy claro respecto a los lineamientos que debe seguir dicho fuero al señalar que los tribunales militares sólo y de manera exclusiva pueden atender de delitos y faltas contra la disciplina militar. Éste es sin lugar a dudas el límite y criterio de los alcances de la jurisdicción militar.

Lo anterior nos da claridad para establecer que el artículo 57 del Código de Justicia Militar se excede, otorga y amplía la jurisdicción militar, lo cual contraviene el espíritu del Constituyente.

Quiero ser muy precisa y dejar en claro que no podemos juzgar a una institución tan noble como es el Ejército y las Fuerzas Armadas, por elementos que no respondieron a la confianza que les fue conferida por la sociedad y por las instituciones.

Sin embargo, atendiendo este criterio, la presente iniciativa propone reformar el artículo 57 del código, para que cuando en delitos del orden común o federal concurran militares y civiles, ambos sean juzgados por tribunales del fuero común o federal, quedando a disposición de esta autoridad, sin perjuicio de que los militares sean procesados por la disciplina militar.

Si bien es claro que la reparación del daño resulta de una sentencia jurisdiccional, llama la atención que la jurisdicción militar se reserva conocer delitos del fuero común, pero paradójicamente rechace conocer las reclamaciones en vía penal de las víctimas u ofendidos por la reparación del daño.

Consecuentemente, también esta iniciativa prevé el establecimiento de un fondo de compensación que no pretende sustituir la reparación del daño ni se ajusta a sus lineamientos, sino que busca disminuir de manera significativa e inmediata el impacto del delito en quienes fueron víctimas en la comisión de un ilícito por parte de militares.

El caso más representativo es el de las mujeres de Castaños, toda vez que han presentado estrés postraumático significativo, y la conducta delictiva les generó conflictos familiares y sociales.

Por tanto, es urgente y de obvia justicia social que el Estado las auxilie y compense el perjuicio que les causó la comisión del delito, con independencia de la llamada reparación del daño.

Por ello, de conformidad con lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de decreto que reforma los artículos 57, fracción II, incisos a) y e), 58, 83, fracción VI; adiciona un quinto párrafo al artículo 80, adiciona una fracción VIII al artículo 422 y un segundo párrafo al artículo 435; asimismo, adiciona al artículo 436 un Bis y un Ter, del Código de Justicia Militar.

Por su atención, gracias. Pido que se inserte mi intervención íntegra en el Diario de los Debates.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, a cargo de la diputada Marina Arvizu Rivas , del Grupo Parlamentario de Alternativa

La suscrita, diputada federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa, con fundamento en los artículos 71 fracción II, 73 fracción XIV, 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122 numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el Código de Justicia Militar, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los relatos de abuso sexuales en Latinoamérica son conocidos y algunos casos emblemáticos. Las denuncias son esporádicas, especialmente cuando los responsables pertenecen a fuerzas policíacas o militares. Cuesta mucho hacer denuncias públicas, tanto por factores sociales como por el miedo de las mujeres a ser estigmatizadas. Más aun cuando se dan en el contexto de una guerra o dictadura, donde las violaciones a los derechos humanos son situaciones comunes, y las vejaciones sexuales son consideradas un mal menor por quienes sólo quieren sobrevivir.

En un conflicto armado o en una situación de tensión política, la violencia menos visible es la violencia sexual contra las mujeres. Miles de historias se guardan en lo más íntimo ya sea por vergüenza o por temor a represalias. Mujeres de México, Colombia, Chile, Perú y el resto del continente comparten un secreto común, el de haber sobrellevado estas torturas durante algún episodio de la historia de sus países.

La historia del Ejército y las Fuerzas Armadas, es sin lugar a duda, la historia de México, al ser una expresión del pueblo y símbolo de su patriotismo. Sin embargo, en los últimos tiempos la actuación del Ejército y las Fuerzas Armadas se ha visto lesionada, cuando alguno de sus miembros, faltando al honor militar y a la responsabilidad que tienen con el pueblo de México.

Independientemente de lo que representa que dentro de una institución tan sólida y tan importante para mantener la soberanía y en algunos casos la propia democracia, haya efectivos que no realcen la institución y la denostén con su conducta delictiva, contra civiles.

En el contexto de México, las mujeres sufren de manera específica las consecuencias de la militarización del país, al crearse un clima de inseguridad e intimidación, sobre todo las regiones donde existen antecedentes de organización indígena y campesina.

La denuncia de la violación de una anciana náhuatl de 73 años, Ernestina Ascencio Rosario, por parte de cuatro efectivos del Ejército en la Sierra de Zongolica, en Veracruz, el pasado 25 de febrero, pone en evidencia el rechazo de la población ante la presencia del Ejército en sus comunidades. El debate nacional que este incidente provocó ha convertido al cuerpo de Ernestina en una arena de pugnas políticas entre los gobiernos federal, estatal, municipal, donde la justicia parecería ser la última prioridad de funcionarios y gobernantes.

Este caso no es algo aislado. Según informes de Amnistía Internacional, desde 1994 a la fecha se han documentado 60 agresiones sexuales contra mujeres indígenas, campesinas y urbanas por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas, sobre todo en Guerrero, Chiapas y Oaxaca.

Impunidad y racismo, encontraron las hermanas Méndez Sántiz, tres mujeres tzetales violadas en un retén militar en Altamirano, Chiapas, en marzo de 1994; Delfina Flores Aguilar y Aurelia Méndez Ramírez, tlapanecas, de Zopilotepec, Atlixtac de Álvarez, Guerrero, quienes fueron violadas por cinco soldados el 3 de diciembre de 1997; las 12 mujeres indígenas de la zona de Loxichas, Oaxaca, violadas por efectivos del Ejército Mexicano de 1997; las mujeres nahuas Victoriana Vázquez Sánchez y Francisca Santos Pablo, de Tlacoachixtlahuaca, Guerrero, interceptadas y violadas por militares en casa abandonadas en abril de 1999, Valentina Rosendo cantú agredida sexualmente por ocho soldados del 41 Batallón de Infantería, en barranca de Bejuco, Acatepec, Guerrero, en febrero de 2002; Inés Fernández Ortega, violada en su casa por 11 soldados el 22 de marzo de 2002, en barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, Guerrero; las 23 mujeres agredidas sexuales en Atenco, estado de México, por fuerzas de seguridad en mayo de 2006; las 13 mujeres de Castaños, Coahuila que el 11 de julio de 2006 fueron víctimas de una violación tumultuaria por parte de 20 soldados.

Más que de casos aislados cometidos por enfermos mentales, estas cifras y estos nombres dan cuenta de una política de intimidación que utiliza la violencia sexual como arma de desmovilización política o de reprobación social.

Los cuerpos de las mujeres se han convertido en campo de batalla para un sistema y gobierno patriarcales que desarrolla una guerra no declarada contra las mujeres, el movimiento indígena o la protesta social. Como lo plantea Maylei Blackwell, la violación es una colonización que degrada la sexualidad de las mujeres.

Análisis de género en otras regiones militarizadas como el de Davida Wood en Palestina o de Dette Denich en Sarajevo, señalan que en contextos de conflicto político militar la sexualidad femenina tiende a convertirse en un espacio simbólico de lucha política y la violación sexual se instrumenta como una forma de demostrar poder y dominación sobre el enemigo. Chiapas, Atenco, Castaños, Guerrero y Oaxaca no son una excepción.

La militarización y la paramilitarización afectan de manera específica a las mujeres en esta guerra sucia no declarada. Desde una ideología patriarcal, que sigue considerando a las mujeres como objetos sexuales y como depositarias del honor familiar, la violación, la tortura sexual, y las mutilaciones corporales son un ataque a todos los hombres del grupo enemigo. Al igual que los soldados serbios, algunos integrantes de las Fuerzas Armadas militares del Estado mexicano, ``se apropian de los cuerpos de las mujeres simultáneamente como objetos de violencia sexual y como símbolos en una lucha contra sus enemigos hombres, reproduciendo esquemas de los patriarcados tradicionales, en los que la ineficacia de los hombres para proteger a sus mujeres, controlar su sexualidad y sus capacidades reproductivas, era considerada como un símbolo de debilidad del enemigo'' (Dette Denich, en el libro colectivo Feminism, Nationalism and Militarim, 1995).

Las violaciones sexuales a mujeres por parte de integrantes del Ejército Mexicano, en general no han recibido justicia. Tampoco existe seguimiento por los Poderes de la Unión y algunos expedientes están en manos de organismo internacionales. El gobierno mexicano, en los casos conocidos y documentados, no ha dado respuesta.

Algunas denuncias sin justicia por orden cronológico son las siguientes

El 4 de junio de 1994 militares violan a tres indígenas tzetzales. En julio la Sedena ``rechaza enérgicamente las falsas imputaciones'' en un boletín. A 13 años de los acontecimientos, no se ha hecho justicia, no se sabe en dónde están los responsables. Los hechos sucedieron cerca de Altamirano, Chiapas, cuando las tzetzales fueron atacadas, tenían 12, 15 y 17 años de edad. Se produjeron al menos 2 recomendaciones para que los militares fueran juzgados en los tribunales civiles. No se ha hecho. El caso está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, le da seguimiento la abogada Martha Figueroa.

El 3 de diciembre de 1997, Delfina Flores Aguilar, de 28 años, y Aurelia Méndez Ramírez, de 31, indígenas tlapanecas, de Zopilotepec, Atlixtac de Álvarez Guerrero, denunciaron haber sido violadas por cinco soldados. Le da seguimiento, sin respuesta de las autoridades el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinollan.

En 1997, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) Oaxaca recibió la denuncia de 12 mujeres que habían sido violadas por soldados del Ejército Mexicano en la zona Loxicha, el caso no prosperó por intimidación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), quién advirtió que tendrían que demostrar los hechos o de lo contrario irían a la cárcel.

El 21 de abridle 1999, Victoriana Vázquez Sánchez de 50 años y Francisca Santos Pablo, de 33 años del barrio Nuevo San José, Tlacoachixtlahuaca, Guerrero, fueron interceptadas y violadas en casa abandonadas. No se abrió expediente. Le dan seguimiento el Centro de Derechos humanos de la Montaña de Tlachinollan.

El 16 de febrero de 2002, Valentina Rosendo Cantú también fue agredida sexualmente por ocho soldados del 41 Batallón en Barranca Bejuco, Acatepec, Guerrero. El caso está en espera de un dictamen en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El 22 de marzo de 2002, en barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, Guerrero, Inés Fernández Ortega, de 27 años, fue violada en su casa por 11 soldados.

El 11 de julio de 2006, más de 20 soldados asaltaron la zona de tolerancia del municipio de Castaños, Coahuila, violaron a 13 mujeres.

El 3 de mayo, 4 menores y una adulta fueron abusadas sexualmente por un operativo militar en Nocupétaro Michoacán. La denuncia fue levantada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quién el 15 de mayo informó a la opinión pública que contaba con pruebas científicas de los abusos. Sugirió que el caso fuera atendido, investigado y sancionado por Justicia Militar. No ha emitido una recomendación.

A excepción del caso de Castaños, en todas las denuncias, la justicia militar es quién juzga a los soldados-delincuentes.

Por su parte, Amnistía Internacional sostiene que hasta ahora ninguno de los responsables ha sido llevado ante los tribunales, quizá con la pálida excepción del ya citado caso de Castaños, Coahuila. Dicho organismo, además, ha señalado que el Estado tiene el deber de hacer frente a la violencia contra las mujeres, porque ha firmado acuerdos y tratados internacionales que así lo establecen.

El fuero de guerra se encuentra arraigado en la tradición jurídica mexicana, y es dable, para poder juzgar a quienes comenten delitos contra la disciplina militar, en ese contexto el constituyente de 1917 redacto el artículo 13 constitucional, el cual es muy claro respecto a los lineamientos que debe de seguir dicho fuero.

La presente iniciativa de ley con proyecto de decreto, pretende reforzar y ajustar la garantía constitucional prevista juntamente en el artículo 13 de nuestra Carta Magna, el cual con toda claridad señala: ``que los tribunales militares sólo y de manera exclusiva pueden conocer de los delitos y faltas contra la disciplina militar'', este es sin lugar a dudas el limite y criterio de los alcances de la jurisdicción militar, lo que no se incluye en esta jurisdicción consecuentemente es materia de la jurisdicción civil, de los tribunales del fuero común y federal.

El precepto constitucional invocado, en ningún momento señala que algún elemento perteneciente a las fuerzas armadas, podría ser juzgado bajo la jurisdicción militar, por delitos del orden común, previstos y sancionados en las leyes penales locales o federales.

Lo anterior, nos da claridad para establecer, sin lugar a duda que el artículo 57 del Código de Justicia militar se excede y otorga, y amplía la jurisdicción militar, lo cual contraviene el espíritu del constituyente. En ese sentido la Suprema Corte señala:

``No basta que un delito haya sido cometido por un individuo perteneciente al Ejercito, porque si no afecta de manera directa la disciplina militar, ni constituyen un delito cometido en ejercicio de funciones militares, o contra el deber o decoro militar o contra la seguridad o existencia del Ejercito, no puede caer bajo la competencia de los tribunales de fuero de guerra.''

(Semanario Judicial de la federación, Quinta Época tomo VII página 1140).

Amparo penal en revisión 7638/45. Tapia José Santiago y coags. 23 de enero de 1946. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Registro número 304430, Localización: Quinta Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, LXXXVII, página: 510. Tesis Aislada, Materia(s): Penal.

En ese orden de ideas, la limitativa que señala el precepto constitucional no da lugar a interpretaciones, ``cuando en un delito o falta de orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda'', el termino ``complicado un paisano'' va más allá de una coautoría entre un civil y un militar, hablar de coautoría es hablar del desempeño de funciones que configuran la comisión de un delito, de tal manera, que si hubiese deseado el legislador expresar una concurrencia de responsabilidades en la comisión del delito, la esencia y espíritu del precepto constitucional hubiera quedado plasmado concretamente.

Cuando los delitos son cometidos por miembro del Ejército contra civiles, tienen el carácter de victimas u ofendidos del delito, consecuentemente se actualiza la última fracción del artículo 13 constitucional ``esta complicado un paisano'', y justamente para este supuesto el artículo define que conozca la autoridad civil que corresponda. En congruencia hace necesario la reforma a los preceptos del Código de Justicia Militar, para dar mayor claridad y certeza jurídica a las victimas u ofendidos de estos delitos.

En otro orden de ideas, no podemos juzgar a una institución tan noble como es el Ejército y las Fuerzas Armadas, por elementos que no respondieron a la confianza que les fue conferida por la sociedad y por las instituciones mismas; sin embargo, el Estado mexicano debe responder ante los ciudadanos de manera solidaria, por el impacto del delito ocasionado.

Es claro que la reparación del daño resulta de una sentencia jurisdiccional, y le corresponde a quien cometió el delito, el Código de Justicia Militar prevé que la reparación del daño debe gestionarla la victima u ofendido del delito ante los tribunales civiles, cuando la mayoría de las legislaciones penales estatales ya prevén la reparación del daño en el proceso penal.

En este renglón, llama la atención que la jurisdicción militar se reserve conocer delitos del fuero común, pero rechace paradójicamente conocer las reclamaciones en la vía penal de las victima u ofendidos por la reparación del daño.

Consecuentemente, la presente iniciativa en su parte medular, prevé el establecimiento de un Fondo de Compensación que no pretende sustituir a la reparación del daño, ni se ajusta a sus lineamientos, sino que busca disminuir de manera significativa e inmediata el impacto del delito en quienes fueron victimas en la comisión de un delito por militares.

Es claro que la victima no puede esperar al final de un proceso penal, de una sentencia condenatoria e iniciar posteriormente la reclamación de la reparación del daño, y no puede esperar por el impacto del delito en las diferentes esferas de su vida.

El caso más representativo del impacto del delito, se encuentra ejemplificado en las trece mujeres agredidas en Castaños Coahuila por militares, toda vez que han presentado un estrés postraumático significativo, la conducta delictiva les genero conflictos familiares y sociales, es urgente y de obvia justicia social que el Estado las auxilie, y compense el daño que viven, con independencia a la reparación del daño, ya que el Fondo de Compensación que se prevé en la presente iniciativa en el artículo 436 Bis, y 436 Ter no será en numerario, sino en especie, a través de un fideicomiso y con la determinación de un consejo que evalué la compensación otorgada.

De conformidad con lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma los artículos 57, fracción II, incisos a) y e); 58; 83, fracción VI; adiciona un quinto párrafo al artículo 80; adiciona una fracción VIII al artículo 422 y un segundo párrafo al artículo 435, así como la adición de los artículos 436 Bis y 436 Ter, del Código de Justicia Militar

Único. Se reforman los artículos 57, fracción II, incisos a) y e); 58; 83, fracción VI; adiciona un quinto párrafo al artículo 80; adiciona una fracción VIII al artículo 422 y un segundo párrafo al artículo 435, así como la adición de los artículos 436 Bis y 436 Ter, del Código de Justicia Militar, para quedar como sigue

Artículo 57. Son delitos contra la disciplina militar:

Artículo 58. Cuando en virtud de lo señalado en el artículo anterior, los tribunales militares conozcan de delitos del orden común, que se cometan entre militares, aplicarán el Código Penal vigente, del lugar de comisión del ilícito, y tratándose de delito federal, la legislación penal vigente conducente.

Artículo 80. Los representantes del Ministerio Público, en caso de notoria urgencia, cuando se trate de delito grave así señalado en el artículo 799 de este código y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda substraerse a la acción de la justicia, podrán bajo su responsabilidad ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motivaron su proceder, lo anterior siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial militar por razón de la hora, lugar o circunstancia.

En los casos de delitos flagrantes y en los urgentes, ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en casos de delincuencia organizada, que serán aquellos en los que tres o más personas se organizan bajo las reglas de disciplina y jerarquía para cometer de modo violento y reiterado o con fines predominantemente lucrativos algunos de los delitos señalados por la ley como graves.

Cuando el indiciado fuese detenido o se presentare voluntariamente, el Ministerio Público en la averiguación previa, tendrá la obligación de hacerle saber las garantías consagradas en las fracciones I, II, V, VII y IX del artículo 20 constitucional.

Cuando proceda la libertad caucional del inculpado, el Ministerio Público cumplirá con el procedimiento establecido en los artículos 803 al 810 de este código.

Para los efectos del artículo anterior, en los casos de delitos de orden común o federal, donde se encuentre un civil involucrado, el Ministerio Público, pondrá a disposición de la autoridad civil competente, sin dilación alguna al militar probable responsable, con las actuaciones que corresponda, so pena de incurrir en responsabilidad.

Artículo 83. Son atribuciones y deberes de los agentes adscritos a los juzgados:

Artículo 422. Será castigado con pena de seis meses de suspensión de empleo, el funcionario o empleado que cometa alguno de los delitos siguientes:

Artículo 435. La facultad...

La declaración que se tenga como verdad legal, se realizará con estricto a lo señalado en el artículo 57.

Artículo 436 Bis. Para los casos en que se haya cometido un delito del orden común o federal., por un militar que se encuentre en activo, en contra de un civil independientemente, de que se encuentre en servicio, en campaña o hayan abandonado el servicio temporal o definitivamente, las Secretarías de la Defensa Nacional y la de Guerra y Marina según corresponda, conformarán un Fondo de Compensación para las víctimas u ofendidos, mediante el fideicomiso respectivo y con los recursos que le aporte a la Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, ISSFAM.

El Fondo de Compensación para víctimas u ofendidos civiles del delito, no sustituye en ningún caso la reparación del daño, aunque tenga por objeto disminuir el impacto del delito, pudiendo configurar para el mismo quienes haya denunciado hechos o abstenciones que pudiesen constituir algún ilícito previsto y sancionado por las leyes penales, civiles del orden común o federal.

Resultando procedente el recobro al inculpado, hasta un 25 por ciento del apoyado otorgado a la víctima u ofendido.

Artículo 436 Ter. El fondo operara bajo los siguientes criterios y con apego al reglamento y ordenanza que se expida para su debido funcionamiento e integración del consejo de dicho fondo:

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Segundo. Dentro de los 90 días siguientes a su publicación, se expedirá el reglamento y ordenanza respectivo para la operación del fondo de compensación para víctimas u ofendidas civiles del delito.

Tercero. Dentro de los 30 días a la publicación del presente, el Supremo Tribunal Militar, remitirá a las autoridades civiles y correspondientes los procedimientos incoados en materia penal contra efectivos militares, por delitos dentro de la disciplina militar, donde exista alguna víctima del delito civil.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Así se hará. Muchas gracias, diputada Marina Arvizu Rivas.Se turna a la Comisión de Defensa Nacional.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se recibió del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, iniciativa que reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Iniciativa que reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado José Martín López Cisneros , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal por el estado de Nuevo León, José Martín López Cisneros , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el articulo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal. Lo anterior con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Esta iniciativa propone asignar un porcentaje de referencia de la recaudación federal participable, para contar con la certidumbre de un monto mínimo de recursos federales en materia de seguridad publica, así como prever recursos para los municipios y demarcaciones territoriales, que eviten la concentración de los recursos en las entidades federativas.

La administración municipal, necesita participar con mejores herramientas en el ámbito del índice delictivo, sobre todo, cuando es la instancia administrativa más cercana a la población y que en términos presupuestales se encuentra abandonada.

Como todos sabemos, actualmente el Ramo 33 está conformado por ocho fondos:

Con la creación del Ramo 33 se dotó a las entidades federativas y municipios de mayor certeza jurídica y certidumbre en la disponibilidad de los recursos, y más responsabilidades sobre el uso y vigilancia de los mismos.

Esto de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, los 8 fondos que conforman actualmente el Ramo 33, se asignan, distribuyen y aplican para cubrir necesidades sociales relacionadas con la educación, salud, infraestructura social, seguridad publica, entre otras.

De acuerdo al artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, los estados y el Distrito Federal reciben recursos de este fondo, los cuales tienen como destino exclusivamente:

El reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública, es decir, los cuerpos policíacos.

Ahora bien, el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, establece que los montos asignados se determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF, con base a los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública establece, considerando:

El número de habitantes, índice de ocupación penitenciaria, tasa de crecimiento de indicadores y sentenciados, avance en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura.

La asignación de los recursos del Fondo de aportaciones para la Seguridad Publica, se constituye anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación. La Secretaría de Seguridad Pública formula a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una propuesta para la integración de dicho fondo.

La forma en que se han asignado los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública cada año, inhibe la planeación de acciones estratégicas de mediano plazo al no contar con la certeza sobre el monto de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, generando con ello inseguridad.

En el periodo de 2000-2007 inclusive han variado los recursos de dicho fondo, como ejemplo, tenemos que se asignaron:

Esto, en relación a un estudio elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la honorable Cámara de Diputados, con cifras de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En consecuencia, toda vez que la asignación de los recursos del FASP se determina anualmente en el PEF, sin existir un procedimiento con un sustento técnico para definir el monto global de estos recursos, por lo que cada año inhibe la planeación de acciones estratégicas de mediano plazo, generando en consecuencia inseguridad, al no contara con la certeza sobre el monto de recursos que serán aprobados en el PEF para este rubro.

Lo que la propuesta proyecta, consiste en asegurar un piso de recursos federales con base en el monto de recursos aprobados para el Ejercicio Fiscal de 2007, y que corresponden al 0.004 por ciento de la recaudación federal participable, con el propósito de contar con una base de operación para el fortalecimiento del área de la seguridad pública.

Otro aspecto importante que se ha observado en las revisiones efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación, se refiere a la centralización de los recursos, aunado a esto, destaca el hecho de que los estados no ejercen en su totalidad los recursos ministrados por la Secretaría de Hacienda.

La Auditoría Superior de la Federación --en los trabajos de revisión y fiscalización del gasto del Ramo 33-- correspondientes a la Cuenta Pública de 2005, ha encontrado que en muchos estados de la república todavía no se consolidan los sistemas para el control de estos recursos.

Por consecuencia, en materia de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas, el FASP, al igual de los demás fondos del Ramo 33, presentan serias deficiencias en el ejercicio y aplicación de los recursos, según reporta la Auditoría Superior en las Cuentas Públicas.

Los resultados obtenidos por la Auditoría Superior, reflejan una constante reincidencia en el tipo y cantidad de observaciones hechas sobre la aplicación de los recursos federales transferidos. De la revisión efectuada a estos fondos en la Cuenta Pública 2005, se derivaron 2 mil 328 observaciones, cuya cuantificación monetaria ascendió a 2 mil 813 millones de pesos.

Por lo anteriormente expresado, se requiere una propuesta de modificación al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica, que garantice certidumbre, transparencia y evite la discrecionalidad en la asignación de recursos por parte de los estados a los municipios.

Esto debido a la ausencia evidente de los municipios, desde el ordenamiento jurídico no se contempla la canalización de recursos hacia los ayuntamientos y esta instancia de gobierno es parte fundamental de la seguridad pública, como lo señala el artículo 21 de constitucional.

Al ser este, el municipio, la primera instancia de gobierno a la que asiste el ciudadano en busca de solución a sus necesidades primarias, tanto en el ámbito social, como en el ya referido de la seguridad, en el ámbito de su competencia.

Podemos resumir la iniciativa que se somete a la consideración de esta honorable asamblea, conforme a lo siguiente:

Compañeros legisladores, representantes de la nación:

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito José Martín López Cisneros diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, considero de necesidad clara y urgente, la reforma al artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el articulo 44 de la Ley de Coordinacion Fiscal

Artículo Único. Se reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 44. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.004 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el articulo 2 de esta ley, según que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio.

Del total del monto resultante, un 50 por ciento será destinado al Fondo para la Seguridad Pública de las Entidades Federativas y el 50 por ciento restante se destine al Fondo para la Seguridad Pública Municipal. La Secretaría de Seguridad Pública formulará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta para la integración de dicho fondo.

Este fondo se enterará mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los primeros 10 meses del año a los estados y al Distrito Federal, de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquéllas de carácter administrativo, salvo que no se cumpla lo dispuesto en este artículo.

Para los efectos del entero a que se refiere el párrafo anterior, no procederán los anticipos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7o. de esta ley.

Los estados y el Distrito Federal reportarán trimestralmente a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el ejercicio de los recursos del fondo y el avance en el cumplimiento de las metas, así como las modificaciones realizadas a los convenios de colaboración y sus anexos técnicos en la materia; en este último caso deberán incluirse los acuerdos del respectivo Consejo Estatal de Seguridad Pública o el acuerdo correspondiente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como la justificación sobre las adecuaciones a las asignaciones previamente establecidas.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y surtirá efectos para lo concerniente al ejercicio presupuestal siguiente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Dígame, diputada Arvizu.

CODIGO DE JUSTICIA MILITAR

La diputada Aída Marina Arvizu Rivas (desde la curul): Por favor, turne mi iniciativa con opinión a la Comisión de Equidad y Género.

LEY DE AGUAS NACIONALES

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se concede el uso de la tribuna a la diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

La diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con su permiso, señor Presidente. Diputadas y diputados, el recientemente galardonado Premio Nobel de la Paz señaló que la crisis del clima no es asunto político, sino un reto moral para toda la humanidad.

El cambio climático como efecto del calentamiento global resulta de la quema de combustibles fósiles en su mayoría, está produciendo en México graves daños. Esto lo podemos constatar con las últimas inundaciones ocurridas en los estados de Hidalgo y Veracruz. Tan sólo en esta última entidad se evacuaron alrededor de 100 mil posibles afectados por las lluvias provocadas por el huracán Lorenzo.

En mi estado, Chihuahua, las lluvias de 2006 provocaron el desbordamiento de los diques para contener el agua proveniente de las sierra de Juárez, causando la muerte de 6 personas y el desalojo de más de 600 familias de diferentes colonias.

Las múltiples inundaciones que ocurren en todo el territorio nacional resultan del mal manejo de la cubierta vegetal. Me llevan a presentar hoy, ante esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para adicionar, modificar y reformar la Ley de Aguas Nacionales, a fin de proveer de mantenimiento continuo a las presas, cuencas y otros receptores para el flujo continuo de agua y que no se produzcan inundaciones que afecten gravemente a la población más vulnerable.

Más allá de los discursos no existe una política pública de prevención integral por causas hidrometeorológicas que permitan la coordinación de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad en general. Por lo que los invito, compañeros legisladores, a efectuar las reformas necesarias al marco legal, que permitan establecer las bases de una verdadera política eficiente y eficaz de todas las instancias públicas y privadas, en beneficio de los mexicanos.

De ser aprobada la presente iniciativa, se establecería la competencia del Ejecutivo federal en materia de prevención de inundaciones, así como la participación de los gobiernos estatales y municipales en el ejercicio del presupuesto otorgado para el mantenimiento de las cuencas.

Por otra parte, también que los consejos de cuencas tengan la facultad de ejecutar acciones que se definan como parte de la prevención de inundaciones, fomentando una cultura de mantenimiento y cuidado del medio ambiente que evite las inundaciones.

Por lo tanto, estimo que es necesario modificar la Ley de Aguas Nacionales en sus artículos 6o. y 9o., para que los tres niveles de gobierno respondan con eficacia y se eviten los efectos devastadores que ocasionan los fenómenos hidrometeorológicos en las diversas regiones del país, que lamentablemente lastiman a las poblaciones más pobres de México.

Solicito a la Presidencia que se inserte de forma íntegra en el Diario de los Debates la presente iniciativa.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza , del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita Lilia Guadalupe Merodio Reza , diputada Federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El objetivo de la presente iniciativa es definir con precisión la competencia del Ejecutivo federal en materia de prevención de inundaciones, así como la participación de los gobiernos estatales y municipales, a través de los consejos de cuenca, conforme a lo establecido en la fracción XV del artículo 3, y 13 de la Ley de Aguas Nacionales, para orientar las acciones para la definición de la prevención de las inundaciones, impulsando una cultura de mantenimiento y cuidado ambiental alrededor de las cuencas hidrológicas.

El fenómeno de las inundaciones es producto, principalmente, de las fuertes lluvias. Este fenómeno se produce bajo diversos factores meteorológicos y por la acción indiscriminada del hombre y a consecuencia de la propia naturaleza de las cuencas, causes de corriente, cuerpos receptores, vasos de lago, lagunas o esteros y diques, con el depósito de basura o el arrastre de troncos, ramas y de más materiales que obstruyen los drenajes naturales y artificiales.

Según algunas estimaciones a nivel mundial, las inundaciones provocan las mayores pérdidas en vidas humanas en comparación con otros fenómenos naturales (Kingma, 1990). En nuestro país constituyen uno de los fenómenos que causan anualmente pérdidas humanas, perdidas materiales y afectaciones en las actividades económicas en las localidades establecidas en áreas con riesgo de ser inundadas.

El peligro que representan las inundaciones sobre el entorno humano, presenta actualmente mayores dimensiones de las que manifestaba en el pasado, resultado de las alteraciones que el hombre realiza sobre la naturaleza, de acuerdo con una investigación del Instituto de Geografía de la UNAM. Este fenómeno de depredación forestal ha propiciado el acarreo de material que llevan las corrientes a las lagunas, diques y otros receptores, convirtiéndose en un alto riesgo de inundación.

Durante los últimos años, y de acuerdo con los expertos académicos e investigadores, la alteración climática y otros fenómenos, como El Niño, han alterado las condiciones atmosféricas y se ha resentido ésta con enormes precipitaciones pluviales u otros fenómenos, como los huracanes, que rebasan las capacidades de los tres órdenes de gobierno, para prevenir o establecer medidas que salvaguarden a la población y a sus bienes de las inundaciones.

Esta situación ha merecido la aplicación de grandes presupuestos, tanto del Fondem como de otros recursos para la reconstrucción de infraestructura, que han afectado a los programas tanto federales como estatales. Esta soberanía el año pasado aprobó una partida de recursos para enfrentar estos gastos.

Las acciones que ejerce la naturaleza son inevitables, y el resultado de éstas, en la mayoría de casos, son cuantiosos daños para las localidades que resultan afectadas. El papel del gobierno versa únicamente sobre políticas encaminadas a subsanar el daño. Sin embargo, no existe una política de prevención de inundaciones, y poco se ha hecho con respecto del mantenimiento y desasolve de las cuencas, presas y otros receptores de agua, que se han visto afectados por el desbordamiento de sus límites.

De acuerdo con el Programa Nacional de Infraestructura del Ejecutivo Federal 2007, sólo se tenía hasta 2006 a 4 millones 700 mil habitantes en Protección a Centros de Población y 93 mil hectáreas en Protección de Áreas Productivas; asimismo, reconoce la falta de un verdadero control de inundaciones y por eso proyecta la inversión en este renglón. En sus metas, establece como punto III, ``mantener, conservar y ampliar la infraestructura hidráulica para la protección de centros de población y áreas productivas''.

Se pretende que para el 2012, la protección se extienda a 6 millones de habitantes y 150 mil hectáreas agrícolas que se apoyarían con obras de protección contra inundaciones. Sin embargo, sólo se prevén 3 obras para el control de inundaciones: en el Río Panuco y Tamesí, Río Grijalva, y ríos y costa de Chiapas. En cuanto a inversión proyectada para control de inundaciones se estima para 2007-2012 sólo 9 mil millones de pesos.

De acuerdo con las estadísticas registradas, de 1988 a 1999, ya que no se tiene otro registro, los fenómenos hidrometereológicos produjeron 2 mil 967 pérdidas humanas y 4 millones 450 mil dólares de pérdidas. En 2005, tan sólo los huracanes Stan y Wilma dejaron pérdidas de 31 mil 600 millones de dólares, según el INEGI.

En el caso de Chihuahua, las lluvias ocasionadas durante julio de 2006 en Ciudad Juárez, ocasionaron el desbordamiento de los diques que se tiene para contener las aguas que provienen de la Sierra de Juárez, provocando inundaciones que ocasionaron la muerte de 6 personas y el desalojo de más de 600 familias de diferentes colonias. Hasta la fecha estos diques no han recibido mantenimiento.

En el periodo del 27 de julio al 3 de agosto de 2006 se registraron lluvias torrenciales en el municipio de Juárez. Dicho fenómeno meteorológico arrasó más de 310 colonias, 45 de las cuales registraron inundaciones, y se estima que más de 20 mil personas resultaron damnificadas; se dañó la infraestructura urbana (vialidades, pavimentos y drenaje), dejando un escenario catastrófico de difícil descripción.

La actual Ley de Aguas Nacionales no establece con claridad una política de prevención de inundaciones como competencia del Ejecutivo federal; adicionalmente, es necesaria una cultura de mantenimiento de las cuencas hidrológicas como parte de dicha política, en cuya ausencia, es difícil la implementación de acciones y medidas orientadas a la prevención como base sustantiva de cualquier tarea realizada por el Estado mexicano. Sólo se menciona el mantenimiento como parte del aprovechamiento integral del agua, su regulación y control y la preservación de su calidad y cantidad. Como prevención, se hace referencia a la participación en el Sistema Nacional de Protección Civil y el apoyo a los planes y programas en situaciones de emergencia causada por fenómenos hidrometeorológicos.

Con lo antes mencionado, se comprende que no se establece una política de prevención que permita a los tres órdenes de gobierno acceder a los recursos para el mantenimiento de la cuenca hidrológica, ya que no basta solamente el control de avenidas y obras carreteras, como una política de prevención de inundaciones, debido a que, como se estableció en la investigación citada, la deforestación ha producido constante acarreo de material a los causes y receptores, como presas, lagos y lagunas, siendo factor esto en el aumento del peligro de inundaciones.

Es decir, más allá de los discursos y actos políticos, el problema está presente, y no se ve en el horizonte inmediato una política de prevención que permita la coordinación de los tres órdenes de gobierno. Si esto no se traduce en reformas al marco legal, a las leyes y ordenamientos que permitan ir estableciendo el camino hacia una verdadera política de protección e incluya a los estados de manera eficiente y eficaz en la conformación de políticas públicas en beneficio de los mexicanos, seguiremos atendiendo sólo las emergencias.

Por lo anterior expuesto y fundado, presento a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas diposciciones de la Ley de Aguas Nacionales.

Único. Se reforman los artículos 13 y 13 Bis 3, y se adicionan una fracción XI al artículo 6, y párrafo último ala fracción XIV del artículo 9, todos de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Ley de Aguas Nacionales

Artículo 6. Compete al Ejecutivo federal:

Artículo 9. ``La comisión'' es un órgano administrativo desconcentrado de ``la secretaría'', que se regula conforme a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de su reglamento interior.

....

Artículo 13. ``La comisión'', previo acuerdo de su consejo técnico, establecerá Consejos de Cuenca, órganos colegiados de integración mixta, conforme a la fracción XV del artículo 3 de esta ley. La coordinación, concertación, apoyo, consulta y asesoría referidas en la mencionada fracción están orientadas a formular y ejecutar programas y acciones para la mejor administración de las aguas, el desarrollo de la infraestructura hidráulica y de los servicios respectivos, la preservación de los recursos de la cuenca, de prevención contra inundaciones y demás que se establecen en este capítulo y en los reglamentos respectivos. Los Consejos de Cuenca no están subordinados a ``la comisión'' o a los organismos de cuenca.

....

Artículo 13 Bis 3. Los Consejos de Cuenca tendrán a su cargo:

Trasitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Publíquese íntegramente, como lo ha solicitado la diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza, y túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Se pospone la iniciativa que presentaría el diputado Antonio Valladolid Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 105 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se concede ahora el uso de la palabra al diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros: Con su permiso, señor Presidente. Amigas diputadas y amigos diputados. En México uno de los principios fundamentales del orden jurídico es el de la supremacía constitucional, tutelado en el artículo 133, que significa la garantía de que ninguna ley de carácter secundario se encuentra por encima de nuestra Carta Magna.

El orden establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se rompe no sólo cuando se violan las garantías individuales de los gobernados, sino también cuando los órganos legislativos emiten normas de carácter general contrarias al pacto federal.

La Constitución federal requiere normas de carácter procesal para llevar a cabo su justa aplicación, por lo que el medio procesal eficaz para protegerla es la llamada acción de inconstitucionalidad, la cual es estudiada y forma parte del derecho procesal constitucional.

El espíritu jurídico de la presente iniciativa tiene que ver con la protección irrestricta de la Constitución, pues está claro que el estado social del derecho o el estado constitucional está basado en los principios de la legalidad.

El concepto genérico de la defensa de la Constitución se desdobla en dos categorías fundamentales: la protección de la Constitución y de las garantías constitucionales. La protección de la Constitución se integra por todos los actores políticos, económicos, sociales e incluso de técnica jurídica incorporados a los textos fundamentales, con la finalidad de limitar el poder y lograr el funcionamiento de los poderes públicos.

El estudio de las garantías constitucionales cobra especial relevancia en México a partir de la reforma constitucional de 97 y especialmente la de 94, debido a que la Suprema Corte de Justicia materialmente realiza las funciones de un tribunal constitucional, a pesar de conservar todavía algunas competencias de mera legalidad, conociendo ésta de las acciones de inconstitucionalidad.

La intención de la presente participación es reformar el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, con objeto de que haya coherencia para la aplicación de la iniciativa que propuse, reformar el artículo 115 de la carta suprema, en noviembre del año pasado, con la finalidad de ampliar el término para la presentación de la demanda de las acciones de inconstitucionalidad.

De conformidad con lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo único. Se reforma el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II, para quedar como sigue:

Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de 45 días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

Transitorio. Único. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Le solicito, señor Presidente, de manera respetuosa, que se incluya esta participación en el Diario de los Debates. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal por el distrito dos de Ahome, Los Mochis, del estado de Sinaloa, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que le confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 4, en la fracción I, inciso f), y se adicionan dos nuevos incisos, el m) y el n), a dicha fracción; y se adiciona un nuevo inciso XV al artículo 12 de la Ley de Asistencia Social, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

En México, uno de los principios fundamentales del orden jurídico es el de ``supremacía constitucional'', tutelado en el articulo 133, que significa la garantía de que ninguna ley de carácter secundario se encuentra por encima de la Carta Magna.

El orden establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se rompe no sólo cuando se violan las garantías individuales de los gobernados, sino también cuando los órganos legislativos emiten normas de carácter general contrarias al pacto federal vulnerando el principio de supremacía de la Constitución.

La Constitución federal requiere normas de carácter procesal para llevar a cabo su justa aplicación, por lo que el medio procesal eficaz para protegerla es la llamada ``acción de inconstitucionalidad'', la cual es estudiada y forma parte del derecho procesal constitucional, representando de esta manera una de las vertientes para lograr la efectividad de las disposiciones de carácter fundamental.

El espíritu jurídico de la presente iniciativa tiene que ver con la protección irrestricta de la Constitución, pues está claro que el estado social del derecho o estado constitucional está basado en los principios de legalidad y constitucionalidad.

El concepto genérico de la defensa de la Constitución se desdobla en dos categorías fundamentales: a) la protección de la Constitución; y b) las garantías constitucionales.

La protección de la Constitución se integra por todos los factores políticos, económicos, sociales e incluso de técnica jurídica incorporados a los textos fundamentales con la finalidad de limitar el poder y lograr el funcionamiento equilibrado de los poderes públicos.

Las garantías constitucionales, por su parte, comprenden los instrumentos predominantemente procesales y establecidos generalmente en el propio texto fundamental, teniendo como finalidad la reintegración del orden constitucional cuando ha sido desconocido o violado por los órganos de poder.

El estudio de las garantías constitucionales cobra especial relevancia en México a partir de la reforma constitucional de 1997 y especialmente la de 1994, debido a que la Suprema Corte de Justicia materialmente realiza las funciones de un tribunal constitucional, a pesar de conservar todavía algunas competencias de mera legalidad, conociendo ésta de las acciones de inconstitucionalidad.

La intención de la presente participación es reformar el articulo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, con objeto de que haya coherencia para la aplicación de la iniciativa en que propuse reformar el artículo 105 de la carta suprema, en noviembre de 2006, con la finalidad de ampliar el término para la presentación de la demanda de las acciones de inconstitucionalidad.

Pues el término para la interposición de la acción de inconstitucionalidad, desde mi óptica, es uno de los problemas más graves en cuanto a justicia constitucional mexicana, ya que el breve plazo del cual disponen los sujetos legitimados para la interposición de la acción no permite analizar la inconstitucionalidad de los actos del poder público.

Los artículos 105, fracción II, de la Carta Magna y 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales se propone reformar, señalan que el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional sean publicados en el correspondiente medio oficial, aun cuando antes de ser publicada haya iniciado su vigencia, tal como señala además la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis jurisprudencial P./J.2/99:

El hecho de que la norma general impugnada haya iniciado su vigencia o se haya llevado a cabo el primer acto de aplicación de la misma antes de su publicación resulta irrelevante para efectos del cómputo para la interposición de la acción de inconstitucionalidad ya que, conforme a los artículos 105, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del precepto constitucional citado, el plazo para promoverla es de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a aquel en que la ley cuya invalidez se reclama fue publicada en el medio oficial correspondiente¹

El medio oficial de publicación de las leyes federales, así como de toda norma de carácter general emitida por la Cámara de Diputados o la de Senadores y de los tratados internacionales, es el Diario Oficial de la Federación; el medio oficial de publicación de las leyes estatales es el Diario Oficial de cada estado, sin que constituya una relevancia por tomar en cuenta la diferencia con relación al plazo a partir del cual se puede llevar a cabo la interposición de la acción.

Por tanto, del análisis del plazo para interponer la acción de inconstitucionalidad, reitero, es uno de los graves defectos por lo que a la institución se refiere en este país, puesto que es un plazo extraordinariamente breve, los pocos estudios al respecto coinciden en ello, Brage Camazano entre una exposición muy crítica y certera de ello apunta, entre otras consideraciones al respecto, que se trata de un plazo tan corto que

En el mismo sentido opina Carpizo, cuando dice:

Efectivamente, es entre otras razones un plazo sumamente reducido, sobre todo si consideramos que en ocasiones la inconstitucionalidad de una ley no es fácilmente observable, en ocasiones la inconstitucionalidad se manifiestas o es apreciable mucho tiempo después de su publicación.

Por otra parte, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que estudiar la acción presentada por los legitimados para ello, debe tomar en cuenta los conceptos de invalidez que éstos hayan puesto de manifiesto, los cuales en un plazo tan corto no pueden tener la solidez necesaria ni mucho menos la deseada, así, tomando en cuenta la importancia que puede tener la declaración de inconstitucionalidad de una ley o de uno o varios preceptos de ésta.

Por ello, como legisladores, debemos dar más importancia a la natural necesidad de un plazo más amplio para poder dotar a toda acción de conceptos de invalidez más sólidos, los cuales en definitiva no pueden ser aportados en el plazo establecido actualmente.

De conformidad con lo expuesto, me permito someter a la consideración de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles.

Transitorio

Único. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas 1 Semanario Judicial de la Federación, novena época, tomo IX, febrero de 1999, página 287. 2 Brage Camazano, Joaquín, La acción de inconstitucionalidad, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1998, páginas 204 y 205. 3 Carpizo, Jorge, ``Reformas constitucionales al Poder Judicial federal y a la jurisdicción constitucional del 31 de diciembre de 1994'', en Nuevos estudios constitucionales, Porrúa, México, 2000, páginas 216 y 217.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros.Túrnese a la Comisión de Justicia y atiéndase su petición.

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETROLEO - LEY DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGIA - LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se recibió del diputado Miguel Ángel González Salum, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; de la Comisión Reguladora de Energía; y Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Miguel Ángel González Salum , del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con los artículos 71, fracción II, y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con los artículos 55, fracción II, y 56, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Miguel Ángel González Salum , a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta a esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, reforma el artículo 1, y adiciona un párrafo al numeral VII, del artículo 3, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, adiciona un párrafo al artículo 1, y reforman los artículos 7, 25, 31, numeral X, y 34, numeral VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

Exposición de Motivos

México es un país productor de petróleo con grandes reservas de gas natural no asociado que deben de ser explotados prioritariamente para la satisfacción de las necesidades de la población y la planta productiva generadora de empleo de nuestra nación.

El gas natural en el México de hoy se ha convertido en un elemento indispensable para satisfacer las necesidades más imperantes de los sectores de escasos recursos y de la población en general, así como de la modernización industrial.

Recientemente hemos visto cómo se presentan de manera recurrente problemas con el gas natural, tanto para el uso domestico como para el uso industrial, por el permanente y desmedido incremento de sus precios y tarifas. Esto crea verdaderos problemas sociales por el impacto que tienen en la economía familiar y en los costos de producción, sobre todos en las micro, pequeñas y medianas industrias del país.

A la fecha se ha tratado de solucionar el problema con los directamente involucrados en la fijación de los precios y tarifas, y en general con el manejo del sector energético del país. Esfuerzo que siempre ha sido infructuoso. Las autoridades competentes argumentan que estos precios y tarifas se fijan atendiendo al precio de referencia de los BTU, para Texas, de Estados Unidos de América, que es la más cara del mundo; o bien que sus costos de inversión fueron superiores a los planeados, sobre todo en cuanto a la reparación de ductos.

México atraviesa por un acelerado crecimiento en la demanda energética, registrando tasas superiores a los indicadores demográficos y a los económicos. El gas natural es un producto cuya demanda ha estado creciendo en todo el mundo. De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Energía (Sener), el consumo de energía crecerá en México los próximos 10 años a una tasa promedio anual del 6 por ciento, mientras que el consumo de gas natural crecerá el 10 por ciento anual. Un crecimiento en la demanda energética es característico de países con economías emergentes, en donde existe un rezago en infraestructura.

Este crecimiento también se refleja en el consumo del sector industrial y social (doméstico). Esto provocará que la demanda nacional del energético enfrente un grave problema. La oferta de gas crecerá en este mismo periodo a una tasa de 7.4 por ciento, lo que se traduce en un déficit de gas natural que será cubierto con importaciones que representarán 23.7 por ciento de la demanda total.

La construcción de ciclos combinados de gas natural en la producción de electricidad es uno de los principales factores de aceleramiento en el crecimiento del consumo de este hidrocarburo. Actualmente se encuentran en proceso de construcción o programados alrededor de 19 mil MW, de los cuales el 85 por ciento utilizarán gas natural como combustible.

Hasta 1995, Petróleos Mexicanos era la única empresa autorizada para construir, operar y ser propietaria de gasoductos en México, así como la única entidad con facultades para producir, importar, exportar y comercializar gas natural en territorio nacional.

Con la intención de desarrollar una política de aprovechamiento de gas natural, en 1995 el gobierno mexicano impulsó una serie de reformas legales e institucionales tendientes a redefinir la industria. En suma, se distinguen aquellas actividades exclusivas a PEMEX, tales como la exploración, la explotación y las ventas de primera mano de este combustible, de las que permiten la participación de los particulares (transporte, almacenamiento y distribución de gas natural).

La reforma de 1995 se diferenció de la mayoría de los procesos de reestructuración en otros sectores, ya que en lugar de privatizar totalmente las actividades de la industria, buscó incorporar un esquema de convivencia entre el sector público (PEMEX) y el privado, dentro del marco constitucional vigente.

Como resultado, la empresa estatal participaría en la cadena de suministro del combustible como oferente de gas mediante las ventas de primera mano, permisionario de transporte del Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) y comercializador.

A partir de la estrategia propuesta, durante 1995 se introdujeron reformas a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo (la Ley Reglamentaria), y se expidieron tanto el Reglamento de Gas Natural (el reglamento) como la Ley de la Comisión Reguladora de Energía (Ley de la CRE), donde se establecieron los lineamientos generales del marco regulador de la industria de gas natural.

Esta medida fue complementada con la asignación de nuevas funciones y atribuciones a la Comisión Reguladora de Energía y con la expedición del Reglamento de Gas Natural, en noviembre de 1995. Este organismo, de acuerdo a la ley, es quien se encarga entre otras cosas de promover el desarrollo eficiente de las ventas de primera mano de gas natural y licuado de petróleo, el transporte, almacenamiento y distribución del gas natural. Todas estas actividades son reguladas. Tendrá entre otras atribuciones la de expedir las metodologías para la determinación de sus precios, salvo que existan condiciones de competencia efectiva a juicio de la Comisión Federal de Competencia.

Estos dos parámetros: la regulación y las tarifas, son el eje central de la propuesta de iniciativa de reforma a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, así como a la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal.

Cuando se habla de des regular un sector de la actividad económica, es dable pensar que esto signifique suprimir todo tipo de norma y dejar librado el funcionamiento de dicho sector a las reglas del mercado. No siempre des regular significa dejar actuar libremente las reglas del mercado, porque las condiciones específicas y naturales del lugar y algunas actividades del sector hacen que el mercado pueda en ocasiones mostrar imperfecciones importantes que lo hacen por si solo incapaz de regularse con eficacia.

Como regla general podríamos admitir que siempre hay regulación en el mundo real, ya sea dirigida por el regulador clásico y monopólico o por el mercado, o por un sistema intermedio entre los dos anteriores.

La industria energética es naturalmente competitiva. La producción y refinación de petróleo, la distribución y venta de productos petroleros, la generación de energía eléctrica son claros ejemplos de esto.

La nueva regulación ha incorporado a los objetivos clásicos nuevos conceptos que tienden a evitar aquellos efectos no deseados. Se pide que, a mediano plazo, el área regulada cumpla con ciertas metas de inversión que acompañen el crecimiento del mercado y logren aumentar la eficiencia. La innovación tecnológica en el sector regulado debe ser tarea prioritaria que la regulación fomente para que ésta no se transforme en factor limitante de la evolución del sector.

La política energética del gobierno debe ser, en la medida de lo posible, una política de estado que elabore reglas de juego que den seguridad jurídica a los regulados. La coherencia entre política energética y normas regulatorias es obviamente condición necesaria para que un sistema regulatorio alcance sus objetivos.

Esta iniciativa propone un nuevo elemento en la Administración Pública Federal, las autoridades reguladoras autónomas por ley . Los órganos reguladores han venido apareciendo como auxiliares del estado en las diferentes áreas prioritarias (energía, comunicaciones, simplificación administrativa, competencia, etc.), han cumplido con las tareas necesarias de regulación, principalmente en estas áreas que son fundamentales para el país.

Sin embargo, la participación de estos órganos ha sido limitada principalmente por las condiciones de su naturaleza, al estar sujetas a condiciones financieras que limitan su tarea, y a la falta de autonomía para poder arbitrar entre el monopolio del Estado y los intereses del sector privado y el desarrollo con bienestar de la nación. Convertir a la Comisión Reguladora de Energía en una autoridad reguladora por ley, cuyas decisiones adquieran esta naturaleza, que pueda intervenir con la fortaleza que se requiere, pero al mismo tiempo estar sujeta a la ley en cuanto a decisiones de autoridad en beneficio de los usuarios de los servicios regulados, con la responsabilidad de garantizar el dominio inalienable de los recursos energéticos por parte del Estado, y a su vez, promover el fortalecimiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país, es la intención de esta reforma.

Se requiere fortalecer a la Comisión Reguladora de Energía, como autoridad reguladora, dotándola de patrimonio propio, independencia financiera, autoridad para formar y evaluar a su personal técnico, capacidad para usar sus autogenerados y de contratación de sus especialistas en los diferentes ramos necesarios para realizar su función. Sólo contando con un órgano regulador que enfrente los retos que se avecinan, podremos garantizar el uso eficiente de los hidrocarburos y la infraestructura necesaria para el desarrollo del país y el beneficio de la población.

México cuenta con abundantes reservas de gas natural seco y asociado; con los costos de producción más bajos de Norteamérica; y con inversiones en gas muy rentables, con márgenes muy elevados que no tiene ningún consumidor del país. Sin embargo las ventajas de su riqueza petrolera no se han aprovechado en las ultimas dos décadas. Por el contrario, se ha limitado a un mínimo la exploración y la producción de gas y se ha seguido una formula de precios con serias fallas y limitaciones, lo cual ha puesto en una situación vulnerable al país, así como en riesgo de desmantelamiento a diversas cadenas productivas, con los correspondientes efectos negativos para nuestra economía.

Sin un mercado libre en México, los precios fueron establecidos con base en los del sur de Texas, reflejando estacionalidad y especulación ajenas a México. Actualmente, bajo este mecanismo y a pesar de contar con los costos más bajos, México se encuentra entre los países con los precios mas elevados del mundo.

De acuerdo con estudios de la industria acerera, a pesar de ser un país con reservas de gas asociado que produce gas natural a bajo costo, el precio que pagan los consumidores es muy alto. De 1999 a 2004 se aumentó en 217 por ciento el precio del gas natural, de 2002 a 2003 se aumento un 74 por ciento y de 2003 a 2006 un 30 por ciento, y se estima que para 2008 continúen los precios altos. De mantener este comportamiento podremos enfrentar poca competitividad de la industria nacional ante otros países. Esto desincentivaría la inversión nacional y extranjera, produciría el cierre de empresas y pérdida de fuentes de empleo además de que encarecería la generación de energía en las plantas cogeneradoras.

En los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, las propias circunstancias nos han puesto en el centro de este debate, sobre todo por el conflicto generado con el proveedor y los empresarios; y por tener una gran reserva de gas natural en la Cuenca de Burgos. Esto último nos plantea una contradicción, ya que, como otros estados productores de energéticos, estaremos enfrentando un aumento de tarifas como se está proyectando a nivel nacional.

Por eso proponemos una tarifa que equilibre la viabilidad financiera del permisionario y el bienestar social, siempre con una visión nacionalista que lleve por premisa los intereses de la nación.

Nuestra propuesta es que: Para la determinación y autorización de las tarifas de transporte, almacenamiento y distribución del gas natural y gas licuado de petróleo a los permisionarios, la comisión deberá salvaguardar la prestación de los servicios públicos, fomentar una sana competencia, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad del suministro. Se deberá informar de manera oportuna y publica, antes de la aplicación de nuevas tarifas, a los usuarios finales de ésta revisión, para que aporten las observaciones pertinentes, que deberán ser incorporadas a los criterios para autorizar dichas tarifas.

Es decir, permitir la ganancia del prestador del servicio garantizando el equilibrio con los intereses del usuario, estableciendo como prioridad el beneficio social con base en el desarrollo sustentable del país a través de sus riquezas del subsuelo. Se propone también revisar y modificar la metodología para fijar el precio de la venta de primera mano, para optimizar los costos y enfrentar al mercado internacional con mayores fortalezas.

Transparentar la estructura de costos e impulsar una nueva política de precios y tarifas que ayude a mejorar la competitividad de la industria nacional en los mercados internacionales. Que cumpla con su función social permitiendo mayores niveles de bienestar, todo ello sin menoscabo de la viabilidad financiera de los operadores del suministro.

Por lo anterior expuesto, presento a ésta honorable soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto

Primero. Se reforma el artículo 16 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el ramo del petróleo, para quedar como sigue:

Artículo 16.

La aplicación de esta ley corresponde a la Secretaría de Energía, con la participación de la Comisión Reguladora de Energía, quien será autoridad reguladora autónoma por ley, en términos de las disposiciones reglamentarias.

Segundo. Se reforma el artículo 1, numeral I, y se adiciona un párrafo al numeral VII, del artículo 3 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía para quedar como sigue:

Artículo 1. La Comisión Reguladora de Energía, autoridad reguladora autónoma por ley, gozará de autonomía técnica, operativa y política e independencia financiera en los términos de esta ley.

Artículo 3. Para el cumplimiento de su objeto, la comisión tendrá las atribuciones siguientes:

Tercero. Se adiciona un párrafo al artículo 1, se reforman los artículos 7, 25 31, numeral X, y 34, numeral VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, para quedar como sigue:

Artículo 1.

...

...

Dentro de la administración pública centralizada, se considerarán también a las autoridades reguladoras autónomas por ley, mismas que sujetarán el cumplimiento de su objeto, el ejercicio de sus atribuciones y los procedimientos de designación de sus funcionarios a la Leyes del Congreso de la Unión, que las crean.

...

Artículo 7. El presidente de la república podrá convocar a reuniones de secretarios de estado, comisionados titulares de las autoridades reguladoras autónomas por ley, jefes de departamentos administrativos y demás funcionarios competentes, cuando se trate de definir o evaluar la política del gobierno federal en materias que sean de la competencia concurrente de varias dependencias, o entidades de la administración pública federal. Estas reuniones serán presididas por el titular del Ejecutivo federal y el secretariado técnico de las mismas estará adscrito a la presidencia de la república.

Artículo 25. Cuando alguna secretaría de estado o departamento administrativo o autoridad reguladora autónoma por ley necesite informes, datos o la cooperación técnica de cualquier otra dependencia, ésta tendrá la obligación de proporcionarlos, atendiendo en lo correspondiente a las normas que determine la Secretaría de la Contraloría General de la Federación.

Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

Artículo 34. A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

Transitorio

Único. El Ejecutivo federal adecuará, a más tardar dentro de los sesenta días siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las presentes reformas, las disposiciones reglamentarias respectivas.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía y de Gobernación.

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de dictámenes.

En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

«Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008

Octubre 16, de 2007.

HONORABLE ASAMBLEA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción I y 72, apartado H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal presentó ante esta H. Cámara de Diputados la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008.

Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES

Con fecha 8 de septiembre de 2007, el Ejecutivo Federal, presentó la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008.

El 11 de septiembre de 2007, la mesa directiva de esta H. Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la iniciativa en comento para su estudio y dictamen.

Para lo anterior, se llevaron a cabo diversas consultas y reuniones de trabajo con representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y diversos sectores interesados en la materia.

Esta Comisión tomó en consideración los criterios generales de política económica que presentó el Ejecutivo Federal y los que diversos analistas e instituciones especializados estiman para el ejercicio fiscal 2008.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

La propuesta del Ejecutivo Federal de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 estima obtener un total de 2,416,917.6 millones de pesos por concepto de ingresos presupuestales, de los cuales 1,661,111.4 millones de pesos corresponden a ingresos del Gobierno Federal; 731,806.2 millones de pesos a ingresos de organismos y empresas, y 24,000 millones de pesos a financiamientos.

Así mismo, en la propuesta del Ejecutivo Federal se estima una recaudación federal participable por 1 billón 394 mil 954.9 millones de pesos.

Por otra parte, en cuanto al endeudamiento neto interno la Iniciativa propone autorizar al Ejecutivo Federal un monto de endeudamiento neto interno hasta por 220 mil millones de pesos, así como un monto de desendeudamiento neto externo de al menos 500 millones de dólares de los Estados Unidos de América y la contratación de financiamientos con organismos financieros internacionales de carácter multilateral por un monto de hasta 1,500 millones de dólares de los Estados Unidos de América.

La Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal mantiene en lo esencial el esquema aplicable a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, modifica los montos correspondientes a los anticipos diarios y semanales y elimina la exención de presentación de pagos provisionales a cuenta del derecho ordinario sobre hidrocarburos, con el propósito de que el régimen fiscal aplicable a dicho organismo opere en los términos planteados en la Ley Federal de Derechos.

Adicionalmente, en la Iniciativa se propone continuar con la tasa de recargos aplicable a los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. En tal sentido, se plantea que la tasa sea de 1 por ciento mensual tratándose de pago en parcialidades hasta de 12 meses; de 1.25 por ciento mensual tratándose de pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses y hasta de 24 meses; y de 1.50 por ciento cuando el pago sea a plazos en parcialidades superiores a 24 meses.

El Ejecutivo Federal propone en la Iniciativa sujeta a dictamen prever nuevamente que tratándose de mercancías o vehículos de procedencia extranjera, embargados precautoriamente por las Entidades Federativas, que pasen a propiedad del Fisco Federal en cumplimiento de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrados entre la Federación y las Entidades Federativas, no se transferirán al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de acuerdo a lo señalado por la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, con lo cual se podrá dar cumplimiento a los compromisos en materia de incentivos establecidos en dichos convenios. Igualmente en dicha Iniciativa se plantea incluir nuevamente una disposición en la que se ratifican los convenios que se hayan celebrado entre la Federación por una parte y las Entidades Federativas, sus organismos autónomos y los Municipios, incluyendo también a los organismos descentralizados de las propias Entidades Federativas, por la otra, en los cuales se finiquiten adeudos entre ellos.

Por otra parte, en la Iniciativa en estudio se plantea que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda otorgar el destino específico de los ingresos que obtengan las dependencias de la Administración Pública Federal por concepto de productos y aprovechamientos, cuyo cobro haya sido autorizado por dicha Secretaría.

Así mismo, en la Iniciativa se propone continuar con el tratamiento diferenciado que, para el manejo de ingresos, se establece para las dependencias, entidades y órganos autónomos por disposición constitucional, en lo que se refiere a la determinación de las obligaciones de entero, registro e informe sobre los ingresos que se generen.

Adicionalmente, en el documento sujeto a dictamen se plantea continuar con el esquema de actualización del monto de los productos y aprovechamientos que las dependencias de la Administración Pública Federal cobran de manera regular, vía un factor que se aplicará a la última modificación que se hubiere efectuado y hasta que se emita la autorización respectiva.

De igual manera, se propone continuar sancionando por la concentración extemporánea de los ingresos que se recauden por parte de las dependencias por los diversos conceptos a que se refiere la Iniciativa de mérito, con una carga financiera por concepto de indemnización al Fisco Federal, la cual resultará de aplicar la tasa anual determinada, sobre el importe no concentrado oportunamente.

En materia de fideicomisos, el Ejecutivo Federal propone prever de nueva cuenta que ante la falta de disposición expresa dentro del contrato respectivo, los ingresos remanentes a la extinción de los mismos se podrán destinar a la dependencia que aportó los recursos o a la dependencia o entidad que concuerde con los fines del fideicomiso extinto, así como establecer la posibilidad de destinar a gasto de inversión en infraestructura los ingresos excedentes que se obtengan por concepto de recuperaciones de capital.

La Iniciativa plantea que el tratamiento de los ingresos por enajenación de acciones, cesión de derechos y desincorporación de entidades, sea igual al aplicable en 2007, en el sentido de permitir descontar los gastos necesarios para llevar a cabo dichos procedimientos, precisando que tratándose de operaciones que le sean encomendadas al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en los términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, se podrá descontar además un porcentaje por concepto de gastos indirectos de operación.

La exposición de motivos de la Iniciativa en revisión señala que a efecto de agilizar la terminación de los procesos de desincorporación de las entidades paraestatales que cuentan con la garantía del Gobierno Federal, se propone que el liquidador o responsable del proceso pueda utilizar los recursos disponibles de los mandatos y demás figuras análogas encomendadas al mismo liquidador o responsable por el propio Gobierno Federal, para el pago de los gastos y pasivos de los procesos de desincorporación, previa opinión favorable de la coordinadora de sector, del mandante o de quien haya constituido la figura análoga y de la Comisión Intersecretarial de Desincorporación.

Así mismo, en la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal se propone posibilitar la utilización de los recursos remanentes de los procesos de desincorporación concluidos para el pago de los gastos y pasivos de otros procesos que, al momento de la referida conclusión, sean deficitarios, previa opinión favorable que emitan la o las coordinadoras de sector y la Comisión Intersecretarial de Desincorporación.

Por otra parte, y acorde con lo señalado en el Código Federal de Procedimientos Penales, en la Iniciativa sujeta a dictamen se propone determinar que los ingresos provenientes de la enajenación de bienes decomisados y de sus frutos a que hace referencia la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público sean destinados en partes iguales al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Salud.

Adicionalmente, se plantea conservar la disposición que faculta a las autoridades fiscales para la cancelación de los créditos fiscales por incosteabilidad, así como permitir la no determinación de créditos fiscales por infracción a disposiciones aduaneras, si por las circunstancias del infractor o de la comisión de la infracción, el crédito fiscal aplicable no excediera a 3,500 unidades de inversión o su equivalente en moneda nacional al 1 de enero de 2008.

Como en años anteriores en la Iniciativa de referencia se proponen diversos estímulos fiscales para el ejercicio fiscal 2008.

Finalmente, con el propósito de que los ahorradores no generen saldos elevados a cargo al acumular en la declaración anual los ingresos por intereses, en el documento en análisis se propone adecuar la tasa de retención anual de 0.5 por ciento a 0.85 por ciento aplicable a los intereses pagados por las instituciones que componen el sistema financiero.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

De la revisión que de manera conjunta se realizó con las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en relación con la estimación de los ingresos públicos para el ejercicio fiscal de 2008, esta Comisión en principio considera adecuada la estimación del monto de ingresos efectuada por el Ejecutivo Federal. Sin embargo, por lo que se refiere al precio ponderado acumulado del barril de petróleo crudo de exportación, la que dictamina estima que el precio que debe considerarse es de 49.00 dólares de los Estados Unidos de América, en lugar del precio señalado por el Ejecutivo Federal, como resultado de la actualización de las variables que intervienen en la determinación del precio de referencia de acuerdo con la fórmula establecida en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como una producción adicional de 5 mil barriles diarios de petróleo. Por otra parte, debido a la aprobación de la Reforma Integral de la Hacienda Pública presentada por el Ejecutivo Federal el 20 de junio de 2007, resulta necesario estimar los ingresos que obtendrá el Gobierno Federal por concepto del impuesto empresarial a tasa única, por el impuesto a los depósitos en efectivo y por las modificaciones aprobadas en materia del impuesto especial sobre producción y servicios. Además, resulta necesario modificar la estimación de ingresos para reflejar la mejor actividad económica y la mayor eficiencia recaudatoria que propiciará la Reforma Integral de la Hacienda Pública.

A su vez, derivado de la aprobación de la iniciativa que contiene el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, en materia de hidrocarburos, y deroga y reforma diversas disposiciones del decreto que reforma diversas disposiciones del Título Segundo, Capítulo XII, de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2005, presentada por el Senador Carlos Lozano de la Torre, a nombre propio y de un total de 26 diputados y senadores, resulta necesario adecuar el rubro ``derechos a los hidrocarburos'' contenido en el artículo 1o., Apartado A, fracción III, numeral 3 de la propuesta de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, con el propósito de incluir el derecho único sobre hidrocarburos; sustituir la denominación del derecho para el fondo de investigación científica y tecnológica en materia de energía por el derecho para la investigación científica y tecnológica en materia de energía, y los consecuentes ajustes a las estimaciones tanto del derecho ordinario sobre hidrocarburos como de los derechos antes mencionados.

Por otro lado, para garantizar plenamente el financiamiento de los programas y proyectos de inversión aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, esta Dictaminadora considera necesario aumentar a 28,000 millones de pesos los recursos que del derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización, a que se refiere el artículo 256 de la Ley Federal de Derechos, se destinen a ese fin.

En adición a lo señalado en los párrafos que anteceden y derivado de la aprobación de las modificaciones referidas, es necesario eliminar del artículo 1o., Apartado A, fracción I, numeral 2 y fracción III, numeral 3, rubro F de la propuesta de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, el impuesto al activo y el derecho adicional, respectivamente.

Así mismo, se reducen los ingresos propios de la Comisión Federal de Electricidad por 7,800 millones de pesos derivado de la disminución de las tarifas eléctricas.

Por otra parte, esta Comisión considera adecuado que el Ejecutivo Federal siga fijando el precio máximo de venta de primera mano y al usuario final del gas licuado de petróleo, hasta en tanto la Comisión Federal de Competencia emita resolución firme sobre las condiciones de competencia en el mercado, dado que se trata de un insumo de primera necesidad y de gran importancia para la economía del país. No obstante, la que dictamina considera que el Ejecutivo Federal debe quedar facultado para establecer precios máximos en esta materia cuando por las condiciones imperantes del mercado, se considere necesario a fin de evitar aumentos desproporcionados en el precio al usuario final, por lo que determina procedente modificar el quinto párrafo del artículo 1o. de la iniciativa que se dictamina.

En consecuencia, el citado artículo 1o. debe quedar en los siguientes términos:

Derivado de los ingresos fiscales a obtener, esta Comisión estima que durante el ejercicio de 2008 se obtendrá una recaudación federal participable por 1 billón 531 mil 883.7 millones de pesos, en beneficio de las Entidades Federativas y Municipios.

Adicionalmente, esta Comisión considera razonable que se continúen aprovechando los términos y condiciones de los financiamientos de los organismos financieros internacionales, a fin de lograr que se alcancen las metas planteadas en el paquete económico de al menos 500 millones de dólares de desendeudamiento externo, así como de endeudamiento externo con organismos financieros internacionales de carácter multilateral por un monto de hasta 1,500 millones de dólares, fortaleciendo el manejo y administración de pasivos que permitan mejorar la composición y los términos de la estructura de la deuda pública externa.

Por otra parte, esta Comisión considera conveniente establecer en el artículo 5o. de la Ley que se dictamina que en el caso de los proyectos de inversión financiada condicionada relativos a la Comisión Federal de Electricidad, a que se hace referencia el artículo 4o. de la Ley y el propio artículo 5o., éstos se ejercerán con apego a la estimación que realice la Secretaría de Energía sobre la evolución del margen operativo de reserva del Sistema Eléctrico Nacional, en los términos siguientes:

Esta Dictaminadora considera jurídicamente procedente que se continúe con la tasa de recargos aplicable a los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. En tal sentido, la tasa de recargos en caso de prórroga para el pago de créditos fiscales será de 1 por ciento mensual tratándose de pago en parcialidades hasta de 12 meses; de 1.25 por ciento mensual tratándose de pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses y hasta de 24 meses; y de 1.50 por ciento cuando el pago sea a plazos en parcialidades superiores a 24 meses.

Así mismo, es de resaltar la necesidad de continuar con el tratamiento de los ingresos por enajenación de acciones, cesión de derechos y desincorporación de entidades, en el sentido de permitir descontar los gastos necesarios para llevar a cabo dichos procedimientos, así como aprobar los mecanismos propuestos para contar con mayores recursos que permitan llevar a su conclusión los procesos de desincorporación de entidades, con el propósito de evitar erogaciones adicionales a cargo del Gobierno Federal.

Por otra parte y en virtud de la aprobación de la iniciativa que contiene el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, en materia de hidrocarburos, y se derogan y reforman diversas disposiciones del Decreto que reforma diversas disposiciones del Título Segundo, Capítulo XII, de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2005, y como consecuencia de la revisión del precio de exportación de la mezcla mexicana de petróleo, resulta necesario realizar el ajuste a los pagos diarios y semanales que por concepto del derecho ordinario sobre hidrocarburos deberá efectuar Pemex-Exploración y Producción, y de los pagos diarios que por concepto del impuesto especial sobre producción y servicios a que se refiere el artículo 2o.-A, fracción I de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios deberá efectuar Pemex-Refinación, dentro del artículo 7o. de la propuesta de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008. De igual forma, se realizan ajustes en relación con las declaraciones del derecho adicional a que se refiere el artículo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Capítulo XII del Título Segundo de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2005.

En consecuencia, dicho precepto debe quedar en los siguientes términos:

Por otra parte, esta Comisión estima conveniente establecer un mecanismo que permita a los Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal regularizarse en el pago de sus adeudos por concepto de energía eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad o Luz y Fuerza del Centro, el cual se propone incorporar en el artículo 15 de la Ley objeto de dictamen de la siguiente forma:

Esta Dictaminadora estima conveniente mantener en la Ley objeto del presente Dictamen algunos de los estímulos fiscales vigentes en la Ley de Ingresos de la Federación para el presente ejercicio fiscal, a fin de fomentar actividades que son de interés general, ya que promueven el crecimiento económico del país y el empleo, así como una más justa distribución del ingreso y la riqueza; apoyan e impulsan a las empresas de los sectores públicos y privados de la economía, con criterios de equidad social y productividad, con el consecuente beneficio de los diversos sectores de la población, en términos del artículo 25 constitucional. Entre dichos estímulos destacan:

En materia de ciencia y tecnología, esta Dictaminadora considera acertado darle continuidad al estímulo fiscal consistente en el otorgamiento del monto de 4,500 millones de pesos por los gastos e inversiones que realicen las empresas por esta actividad, a fin de que 1,000 millones de pesos se destinen a proyectos de investigación y desarrollo de tecnología en fuentes alternativas de energía, así como a proyectos de investigación y desarrollo de tecnología de la micro, pequeña y mediana empresa; 1,000 millones de pesos a proyectos de creación de infraestructura especializada para centros de investigación cuyos proyectos hayan sido dictaminados como proyectos orientados al desarrollo de productos, materiales o procesos de producción que representen un avance científico o tecnológico; 1,000 millones de pesos a proyectos vinculados con instituciones de educación superior y centros públicos de investigación; y 1,500 millones de pesos que se distribuirán entre el resto de los solicitantes. Dicha medida coadyuvará al desarrollo de las empresas en el rubro tecnológico.

Así mismo, por lo que se refiere al impuesto especial sobre producción y servicios, la que dictamina estima acertado mantener el estímulo fiscal para los diversos sectores de contribuyentes que adquieran diesel para su consumo final, entre los cuales destacan el sector agrícola, ganadero, pesquero y minero, así como para uso automotriz en vehículos que se destinen exclusivamente al transporte público y privado de personas o de carga, consistente en permitir el acreditamiento de dicho impuesto causado por Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios por la enajenación del propio diesel.

En el mismo sentido, esta Comisión considera procedente conservar el estímulo fiscal a los contribuyentes que se dediquen exclusivamente al transporte terrestre de carga o pasaje que utilizan la red nacional de autopistas de cuota, consistente en permitir un acreditamiento de los gastos realizados en el pago de los servicios por el uso de la carretera de cuota hasta en un 50 por ciento del monto erogado por ese concepto.

En otro aspecto, la que dictamina conviene en proporcionar un apoyo fiscal a los contribuyentes que utilicen el diesel marino especial como combustible en embarcaciones destinadas al desarrollo de la marina mercante.

Adicionalmente, dada la importancia de los hidrocarburos para el desarrollo nacional, esta Dictaminadora estima oportuno conservar la exención del pago del derecho de trámite aduanero a las personas que importen gas natural. Igualmente se considera conveniente seguir conservando la exención en materia de impuesto sobre automóviles nuevos, tratándose de automóviles eléctricos e híbridos.

Así mismo, en virtud de la aprobación de la Reforma Integral de la Hacienda Pública planteada por el Ejecutivo Federal, resulta necesario eliminar del artículo 16 de la propuesta de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, las disposiciones y referencias que se efectúen en materia del impuesto al activo.

Por otra parte, los servicios de televisión restringida por microondas (MMDS) constituyen un medio de comunicación e información que puede llegar a poblaciones de difícil acceso, en las cuales no llegan otros prestadores de servicios de telecomunicaciones en razón de la vía que utilizan, esto es, el espectro radioeléctrico y la infraestructura.

En años recientes, los prestadores de servicios de televisión restringida por microondas han realizado inversiones para modernizar su infraestructura introduciendo nuevas tecnologías, lo cual les brinda la posibilidad de prestar los servicios de telefonía y de Internet y les ha permitido prestar mejores servicios, de mayor calidad y a precios accesibles, en beneficio de los usuarios.

Adicionalmente, cabe mencionar que los servicios de banda ancha constituyen una oportunidad para incrementar la diversidad y penetración de los servicios de telecomunicaciones con tarifas accesibles para los usuarios, además de que se optimiza el uso del espectro radioeléctrico, el cual constituye un recurso natural limitado que forma parte de los bienes de dominio público de la Nación.

El espectro radioeléctrico en donde están comprendidas las bandas de frecuencias de MMDS, se ubica entre los 2500-2690 Megahertz, lo que representa un total de 190 Megahertz, por lo que con esta cantidad de espectro es posible prestar servicios de banda ancha.

Así mismo, la introducción de la tecnología de banda ancha Wifax y WiMax, actualmente utilizadas a nivel mundial, requiere de inversiones adicionales a las ya realizadas por los prestadores de servicios de televisión restringida por microondas.

En virtud de lo anterior, la que dictamina estima necesario impulsar la prestación de servicios de banda ancha por los prestadores de servicios de televisión restringida por microondas, de manera tal que se beneficien núcleos de población más amplios, mediante el otorgamiento de un estímulo fiscal.

Lo anterior cumple con los postulados previstos en el artículo 25 de la Constitución Federal, pues a través de dicho estímulo y siempre bajo los criterios de equidad social y productividad, se apoyará e impulsará a las empresas del sector privado de la economía, a efecto de hacer más eficientes y accesibles los recursos productivos.

Esta Comisión considera que a través del apoyo a este sector, se fomentará la conservación de los recursos productivos, a través de la optimización del uso del espectro radioeléctrico que, como se señaló, es un recurso natural limitado que forma parte de los bienes de dominio público de la Nación.

Además, con esta medida se otorgan condiciones que fomentan el desenvolvimiento del sector privado, lo cual redunda en el desarrollo económico nacional, pues gracias a la tecnología que utiliza este servicio se pueden alcanzar regiones remotas del territorio nacional, lo que no sucede con otro tipo de tecnologías.

En otro orden de ideas, esta Dictaminadora estima que con el establecimiento del referido estímulo se cumple el mandato contenido en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la obligación del Estado de garantizar el derecho a la información.

Ello, en virtud de que los servicios de televisión restringida por microondas constituyen un medio de comunicación e información que puede llegar a poblaciones de difícil acceso, por lo que al apoyar su desarrollo, dichas poblaciones se verán beneficiadas con ese servicio.

Por otro lado, el otorgamiento del estímulo de referencia a los servicios de televisión restringida por microondas resulta acorde con la Estrategia 14.6 del Plan Nacional de Desarrollo, misma que consiste en desarrollar mecanismos y condiciones necesarias a fin de incentivar una mayor inversión en la creación de infraestructura y en la prestación de servicios de telecomunicaciones.

No obstante que en el sector de servicios por televisión restringida por microondas, se han realizado inversiones para modernizar su infraestructura, introduciendo nuevas tecnologías que han permitido el mejoramiento de los servicios, se estima que con el otorgamiento del estímulo que nos ocupa, se debe generar una mayor inversión y un desarrollo más rápido de la infraestructura necesaria para la introducción de la banda ancha Wifax y Wimax, cuidando particularmente que el beneficio de estas tecnologías alcancen a la población de menos ingresos.

El Gobierno Federal vigilará y se asegurará, mediante el establecimiento de programas específicos con los prestadores de servicios de televisión restringida por microondas, que el estímulo de mérito se traduzca en un amplio desarrollo de la tecnología en las zonas marginadas del país.

Por último, también se estima que con el otorgamiento de la presente medida, se fomenta el desarrollo de la tecnología y, con ello, se provoca que existan tarifas accesibles a los usuarios, lo que redundará en beneficio del desarrollo económico nacional y en el acceso que tiene la población a los avances tecnológicos.

En consecuencia, el artículo 16 debe quedar como a continuación se indica:

Adicionalmente, esta Dictaminadora estima conveniente facultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para otorgar estímulos fiscales y subsidios relacionados con la importación de artículos de consumo e importación de equipo y maquinaria a las regiones fronterizas, así como a las cajas de ahorro y sociedades de ahorro y préstamo, en virtud de que en ambos casos se trata de aspectos prioritarios por considerarse de interés nacional.

Por otra parte, esta Comisión estima adecuado facultar a las autoridades fiscales a que cancelen los créditos fiscales por incosteabilidad, en los términos que se precisan dentro del texto de la propia iniciativa, así como la no determinación de los créditos por infracción a las disposiciones aduaneras, cuando por las circunstancias del infractor o de la comisión de la infracción, el crédito fiscal aplicable no exceda a 3,500 unidades de inversión al 1 de enero de 2008.

En materia de transparencia, esta Comisión estima necesario establecer: (i) la obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de incluir diversa información en los Informes Trimestrales Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, y (ii) medidas que otorguen transparencia en los datos utilizados para el cálculo de las estimaciones de los gastos fiscales de las donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para lo cual se establece la obligación para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de acompañar al Presupuesto de Gastos Fiscales un reporte de las donatarias autorizadas en el que se señalen los donativos deducibles obtenidos y las Entidades Federativas en las que realizan sus actividades.

De acuerdo con lo anterior, se propone adecuar los artículos 23 y 28, así como adicionar un artículo 31, todos de la Ley de Ingresos de la Federación que se dictamina, en los siguientes términos:

Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a la consideración de la H. Cámara de Diputados la siguiente:

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008

Capítulo I De los Ingresos y el Endeudamiento Público

Artículo 1o. En el ejercicio fiscal de 2008, la federación percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas que a continuación se enumeran:

En términos del artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de manera excepcional, para dar cumplimiento a lo autorizado en el último párrafo del transitorio vigésimo primero del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, el Ejecutivo federal registrará el pasivo correspondiente y podrá realizar las operaciones necesarias para su financiamiento conforme al artículo 2o. de esta Ley.

Cuando una ley que establezca alguno de los ingresos previstos en este artículo, contenga disposiciones que señalen otros ingresos, estos últimos se considerarán comprendidos en la fracción que corresponda a los ingresos a que se refiere este artículo.

Se faculta al Ejecutivo federal para que durante el 2008, otorgue los beneficios fiscales que sean necesarios para dar debido cumplimiento a las resoluciones derivadas de la aplicación de mecanismos internacionales para la solución de controversias legales que determinen una violación a un tratado internacional.

El gas licuado de petróleo seguirá sujeto a los precios máximos al usuario final y de venta de primera mano que, por razones de interés público y en tanto no exista la correspondiente resolución firme de la Comisión Federal de Competencia, fije el Ejecutivo federal, sin que se requiera trámite o requisito adicional alguno. Esta facultad también la podrá ejercer el Ejecutivo federal cuando por las condiciones imperantes del mercado se considere necesario evitar aumentos desproporcionados en el precio al usuario final.

El Ejecutivo federal informará al Congreso de la Unión de los ingresos pagados en especie o en servicios, por contribuciones, así como, en su caso, el destino de los mismos.

Derivado del monto de ingresos fiscales a obtener durante el ejercicio de 2008, se estima una recaudación federal participable por 1 billón 531 mil 883.7 millones de pesos.

El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informará al Congreso de la Unión, trimestralmente, dentro de los 30 días siguientes al trimestre vencido, sobre los ingresos percibidos por la Federación en el ejercicio fiscal de 2008, en relación con las estimaciones que se señalan en este artículo.

En el caso de que durante el ejercicio fiscal de 2008 disminuyan los ingresos por la recaudación total de los impuestos, respecto de los valores referidos en el artículo 1, fracción I, de esta Ley o disminuyan los ingresos por concepto del derecho ordinario sobre hidrocarburos a que se refiere el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos derivado de la disminución de la plataforma de extracción o de exportación de petróleo crudo, respecto de los valores que sirvieron de base para las estimaciones contenidas en el presente artículo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá destinar parcial o totalmente la recaudación obtenida por el derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización a que se refiere el artículo 256 de la Ley Federal de Derechos, para compensar dichas disminuciones, antes de destinarlo al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.

Durante el ejercicio fiscal de 2008, de los recursos que genere el derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización a que se refiere el artículo 256 de la Ley Federal de Derechos, 28,000 millones de pesos se destinarán a financiar programas y proyectos de inversión aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. El resto de los recursos se destinará a lo que establecen las leyes Federal de Derechos y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Se estima que el pago en especie, durante el ejercicio fiscal de 2008, en términos monetarios, del impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la Nación, establecido en la Ley que Establece, Reforma y Adiciona las Disposiciones Relativas a Diversos Impuestos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1968 ascenderá al equivalente de 2,740.5 millones de pesos.

La aplicación de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, se hará de acuerdo a lo establecido en los artículos correspondientes del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008.

Artículo 2o. Se autoriza al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores, en los términos de la Ley General de Deuda Pública y para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, por un monto de endeudamiento neto interno hasta por 220 mil millones de pesos, así como por el importe que resulte conforme al Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, para dar cumplimiento a lo autorizado en el último párrafo del transitorio vigésimo primero de dicho decreto. Así mismo, se podrá contratar endeudamiento interno adicional al autorizado, siempre que se obtenga una disminución de la deuda pública externa por un monto equivalente al del endeudamiento interno neto adicional asumido. El Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar créditos o emitir valores en el exterior con el objeto de canjear o refinanciar obligaciones del Sector Público Federal a efecto de obtener un monto de desendeudamiento neto externo de al menos 500 millones de dólares de los Estados Unidos de América, así como para contratar financiamientos con organismos financieros internacionales de carácter multilateral por un monto de endeudamiento neto hasta 1,500 millones de dólares de los Estados Unidos de América. El cómputo de lo anterior se realizará, en una sola ocasión, el último día hábil bancario del ejercicio fiscal de 2008 considerando el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, así como la equivalencia del peso mexicano con otras monedas que dé a conocer el propio Banco de México, en todos los casos en la fecha en que se hubieren realizado las operaciones correspondientes.

También se autoriza al Ejecutivo federal para que, a través de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emita valores en moneda nacional y contrate empréstitos para canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública. Así mismo, el Ejecutivo Federal queda autorizado para contratar créditos o emitir valores en el exterior con el objeto de canjear o refinanciar endeudamiento externo.

El Ejecutivo federal queda autorizado, en caso de que así se requiera, para emitir en el mercado nacional, en el ejercicio fiscal de 2008, valores u otros instrumentos indizados al tipo de cambio del peso mexicano respecto de monedas del exterior, siempre que el saldo total de los mismos durante el citado ejercicio no exceda del 10 por ciento del saldo promedio de la deuda pública interna registrada en dicho ejercicio y que, adicionalmente, estos valores o instrumentos sean emitidos a un plazo de vencimiento no menor a 365 días.

Las operaciones a las que se refieren el segundo y tercer párrafos de este artículo no deberán implicar endeudamiento neto adicional al autorizado para 2008.

Del ejercicio de las facultades a que se refiere este artículo, el Ejecutivo Federal dará cuenta trimestralmente al Congreso de la Unión, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los 30 días siguientes al trimestre vencido, especificando las características de las operaciones realizadas. En caso de que la fecha límite para informar al Congreso de la Unión sea un día inhábil la misma se recorrerá hasta el siguiente día hábil.

El Ejecutivo federal también informará trimestralmente al Congreso de la Unión en lo referente a aquellos pasivos contingentes que se hubieran asumido con la garantía del Gobierno Federal durante el ejercicio fiscal de 2008, incluyendo los avales distintos de los proyectos de inversión productiva de largo plazo otorgados.

Se autoriza al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a contratar créditos o emitir valores con el único objeto de canjear o refinanciar exclusivamente sus obligaciones financieras, a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones financieras. Los recursos obtenidos con esta autorización únicamente se podrán aplicar en los términos establecidos en la Ley de Protección al Ahorro Bancario incluyendo sus artículos transitorios. Sobre estas operaciones de canje y refinanciamiento se deberá informar trimestralmente al Congreso de la Unión.

El Banco de México actuará como agente financiero del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, para la emisión, colocación, compra y venta, en el mercado nacional, de los valores representativos de la deuda del citado Instituto y, en general, para el servicio de dicha deuda. El Banco de México también podrá operar por cuenta propia con los valores referidos.

En el evento de que en las fechas en que corresponda efectuar pagos por principal o intereses de los valores que el Banco de México coloque por cuenta del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, éste no tenga recursos suficientes para cubrir dichos pagos, en la cuenta que para tal efecto le lleve el Banco de México, el propio Banco deberá proceder a emitir y colocar valores a cargo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por cuenta de éste y por el importe necesario para cubrir los pagos que correspondan. Al determinar las características de la emisión y de la colocación, el Banco procurará las mejores condiciones para el Instituto dentro de lo que el mercado permita.

El Banco de México deberá efectuar la colocación de los valores a que se refiere el párrafo anterior en un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que se presente la insuficiencia de fondos en la cuenta del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Excepcionalmente, la Junta de Gobierno del Banco de México podrá ampliar este plazo una o más veces por un plazo conjunto no mayor de tres meses, si ello resulta conveniente para evitar trastornos en el mercado financiero.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, se dispone que, en tanto se efectúe la colocación referida en el párrafo anterior, el Banco de México podrá cargar la cuenta corriente que le lleva a la Tesorería de la Federación, sin que se requiera la instrucción del Tesorero de la Federación, para atender el servicio de la deuda que emita el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. El Banco de México deberá abonar a la cuenta corriente de la Tesorería de la Federación el importe de la colocación de valores que efectúe en términos de este artículo.

Se autoriza a las sociedades nacionales de crédito que integran el Sistema Banrural contempladas en el Transitorio Tercero de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, todas en liquidación, para que en el mercado interno y por conducto de su liquidador, contrate créditos o emita valores con el único objeto de canjear o refinanciar sus obligaciones financieras, a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago y, en general, a mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones financieras. Las obligaciones asumidas en los términos de esta autorización estarán respaldadas por el Gobierno Federal en los términos previstos para los pasivos a cargo de las instituciones de banca de desarrollo conforme a sus respectivas leyes orgánicas.

Con la finalidad de que el Gobierno Federal dé cumplimiento a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 3 y segundo transitorio del ``Decreto por el que se expropian por causa de utilidad pública, a favor de la Nación, las acciones, cupones o los títulos representativos del capital o partes sociales de las empresas que adelante se enlistan'', publicado en el Diario Oficial de la Federación los días 3 y 10 de septiembre de 2001, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, conforme a las disposiciones aplicables, establecerá el instrumento adecuado para tal efecto, el cual, sin perjuicio de los recursos que reciba para tal fin en términos de las disposiciones aplicables, se integrará por los que se enteren por parte del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero o de cualquier otro ente jurídico.

Se autoriza a la banca de desarrollo, a los fondos de fomento y al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, un monto conjunto de déficit por intermediación financiera, definida como el crédito neto otorgado al sector privado y social más el déficit de operación de las instituciones de fomento, de 32,821.5 millones de pesos, de acuerdo a lo previsto en los Criterios Generales de Política Económica para 2008 y a los programas establecidos en el Tomo VI del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008.

El monto autorizado a que hace referencia el párrafo anterior podrá ser adecuado previa autorización del Órgano de Gobierno del banco o fondo de que se trate o del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y con la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; debiendo informarse al Congreso de la Unión cada trimestre sobre las modificaciones que, en su caso, hayan sido realizadas.

Los montos establecidos en la Sección C, fracción IX del artículo 1o. de esta Ley, así como el monto de endeudamiento neto interno consignado en este artículo, se verán, en su caso, modificados en lo conducente como resultado de la distribución, entre Gobierno Federal y los organismos y empresas de control directo, de los montos autorizados en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008.

Artículo 3o. Se autoriza para el Distrito Federal la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para un endeudamiento neto de 1 mil 500 millones de pesos para el financiamiento de obras contempladas en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2008. Así mismo, se autoriza la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y otras formas de crédito público para realizar operaciones de canje o refinanciamiento de la deuda pública del Distrito Federal.

Los financiamientos a que se refiere este artículo se sujetarán a lo siguiente:

Artículo 4o. En el ejercicio fiscal de 2008, la Federación percibirá los ingresos por proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión financiada directa y condicionada por 954,917.2 millones de pesos, de acuerdo con la siguiente distribución:

Artículo 5o. Se autoriza al Ejecutivo Federal a contratar proyectos de inversión financiada en los términos de los artículos 18 de la Ley General de Deuda Pública y 32, párrafos segundo a sexto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del Título Cuarto, Capítulo XIV, del Reglamento de este último ordenamiento por 52,867.6 millones de pesos que corresponden a proyectos de inversión directa y condicionada, de acuerdo con la siguiente distribución:

En el caso de los proyectos de inversión financiada condicionada relativos a la Comisión Federal de Electricidad, a que se hace referencia en este precepto y en el artículo 4o. de esta ley, se ejercerán con apego a la estimación que realice la Secretaría de Energía sobre la evolución del margen operativo de reserva del Sistema Eléctrico Nacional, dicho indicador en su magnitud y metodología deberá ser enviado para conocimiento del Congreso de la Unión a través de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

Artículo 6o. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar las compensaciones que deban cubrir los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, por los bienes federales aportados o asignados a los mismos para su explotación o en relación con el monto de los productos o ingresos brutos que perciban.

Capítulo II

De las Obligaciones de Petróleos Mexicanos

Artículo 7o. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios estarán obligados al pago de contribuciones y sus accesorios, de productos y de aprovechamientos, excepto el impuesto sobre la renta, de acuerdo con las disposiciones que los establecen y con las reglas que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además, estarán a lo siguiente:

Capítulo III

De las Facilidades Administrativas y Estímulos Fiscales

Artículo 8o. En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán recargos:

Las tasas de recargos establecidas en la fracción II de este artículo incluyen la actualización.

Artículo 9o. Se ratifican los acuerdos expedidos en el Ramo de Hacienda, por los que se haya dejado en suspenso total o parcialmente el cobro de gravámenes y las resoluciones dictadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la causación de tales gravámenes.

Asimismo, se ratifican los convenios que se hayan celebrado entre la Federación por una parte y las entidades federativas, organismos autónomos por disposición Constitucional de éstas, organismos públicos descentralizados de las mismas y los municipios, por la otra, en los cuales se finiquiten adeudos entre ellos. También se ratifican los convenios que se hayan celebrado o se celebren entre la Federación por una parte y las entidades federativas, por la otra, en los cuales se señalen los incentivos que perciben las propias entidades federativas y, en su caso, los Municipios, por las mercancías o vehículos de procedencia extranjera, embargados precautoriamente por las mismas, que pasen a propiedad del fisco federal.

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, no se aplicará lo dispuesto en el artículo 6 bis de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

Artículo 10. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar los aprovechamientos que se cobrarán en el ejercicio fiscal de 2008, por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público o por la prestación de servicios en el ejercicio de las funciones de derecho público por los que no se establecen derechos.

Para establecer el monto de los aprovechamientos a que hace referencia este artículo, por la prestación de servicios y por el uso o aprovechamiento de bienes, se tomarán en consideración criterios de eficiencia económica y de saneamiento financiero, de los organismos públicos que realicen dichos actos, conforme a lo siguiente:

Durante el ejercicio fiscal de 2008, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante resoluciones de carácter particular, aprobará los montos de los aprovechamientos que cobren las dependencias de la Administración Pública Federal, salvo cuando su determinación y cobro se encuentre previsto en otras leyes. Para tal efecto, las dependencias interesadas estarán obligadas a someter para su aprobación, durante los meses de enero y febrero de 2008, los montos de los aprovechamientos que se cobren de manera regular. Los aprovechamientos que no sean sometidos a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate a partir del 1o. de marzo de 2008. Así mismo, los aprovechamientos cuya autorización haya sido negada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución respectiva.

Las autorizaciones para fijar o modificar las cuotas de los aprovechamientos que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio fiscal de 2008, sólo surtirán sus efectos para dicho año y, en su caso, dicha Secretaría autorizará el destino específico para los aprovechamientos que perciba la dependencia correspondiente.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca un aprovechamiento con motivo de la garantía soberana del Gobierno Federal, el mismo se podrá destinar a la capitalización de los bancos de desarrollo o fomentar acciones que permitan cumplir con el mandato de dicha banca.

Los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere el Apartado A, fracción VI, numerales 11, 19, inciso D y 23, inciso D, del artículo 1o. de esta Ley, por concepto de participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía, de desincorporaciones y de otros aprovechamientos, respectivamente, se podrán destinar, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a gasto de inversión en infraestructura.

En tanto no sean autorizados los aprovechamientos a que se refiere este artículo para el ejercicio fiscal de 2008, se aplicarán los vigentes al 31 de diciembre de 2007, multiplicados por el factor que corresponda según el mes en el que fueron autorizados o, en el caso de haberse realizado una modificación posterior, a partir de la última vez en la que fueron modificados en dicho ejercicio fiscal, conforme a la siguiente tabla:

En el caso de aprovechamientos que, en el ejercicio inmediato anterior, se hayan fijado en por cientos, se continuarán aplicando durante 2008 los por cientos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encuentren vigentes al 31 de diciembre de 2007, hasta en tanto dicha Secretaría no emita respuesta respecto de la solicitud de autorización para 2008.

Los aprovechamientos por concepto de multas, sanciones, penas convencionales, cuotas compensatorias, recuperaciones de capital, así como aquellos a que se refiere la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y los accesorios de los aprovechamientos, no requieren de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su cobro.

Tratándose de aprovechamientos que no hayan sido cobrados en el ejercicio inmediato anterior o que no se cobren de manera regular, las dependencias interesadas deberán someter para su aprobación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto de los aprovechamientos que pretendan cobrar, en un plazo no menor a diez días anteriores a la fecha de su entrada en vigor.

Las dependencias de la Administración Pública Federal, deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar en el mes de marzo de 2008, los conceptos y montos de los ingresos que por aprovechamientos hayan percibido, así como de los enteros efectuados a la Tesorería de la Federación por dichos conceptos, durante el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Asimismo, las dependencias a que se refiere el párrafo anterior, deberán presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un informe durante los primeros quince días del mes de julio de 2008, respecto de los ingresos y su concepto que hayan percibido por aprovechamientos durante el primer semestre del ejercicio fiscal en curso, así como de los que tengan programado percibir durante el segundo semestre del mismo.

Artículo 11. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar, mediante resoluciones de carácter particular, las cuotas de los productos que pretendan cobrar las dependencias durante el ejercicio fiscal de 2008, aun cuando su cobro se encuentre previsto en otras leyes.

Las autorizaciones para fijar o modificar las cuotas de los productos, que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio fiscal de 2008, sólo surtirán sus efectos para dicho año y, en su caso, dicha Secretaría autorizará el destino específico para los productos que perciba la dependencia correspondiente.

Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias interesadas estarán obligadas a someter para su aprobación, durante los meses de enero y febrero de 2008, los montos de los productos que se cobren de manera regular. Los productos que no sean sometidos a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate a partir del 1o. de marzo de 2008. Así mismo, los productos cuya autorización haya sido negada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución respectiva.

En tanto no sean autorizados los productos a que se refiere este artículo para el ejercicio fiscal de 2008, se aplicarán los vigentes al 31 de diciembre de 2007, multiplicados por el factor que corresponda según el mes en que fueron autorizados o, en el caso de haberse realizado una modificación posterior, a partir de la última vez en la que fueron modificados en dicho ejercicio fiscal, conforme a la siguiente tabla:

En el caso de productos que, en el ejercicio inmediato anterior, se hayan fijado en por cientos, se continuarán aplicando durante 2008 los por cientos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encuentren vigentes al 31 de diciembre de 2007, hasta en tanto dicha Secretaría no emita respuesta respecto de la solicitud de autorización para 2008.

Los productos por concepto de penas convencionales, los que se establezcan como contraprestación derivada de una licitación, subasta o remate, los intereses, así como aquellos productos que provengan de arrendamientos o enajenaciones efectuadas tanto por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales como por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y los accesorios de los productos, no requieren de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su cobro.

Los ingresos provenientes de las enajenaciones realizadas por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, respecto de los bienes propiedad del gobierno federal que hayan sido transferidos por la Tesorería de la Federación, serán depositados, hasta por la cantidad que determine la Junta de Gobierno de dicho organismo, en un fondo que se destinará a financiar, junto con los recursos fiscales y patrimoniales del organismo, las operaciones de éste, y el remanente será enterado a la Tesorería de la Federación en los términos de las disposiciones aplicables.

Cuando las enajenaciones a que se refiere el párrafo anterior tengan por objeto títulos valor asociados a proyectos de infraestructura, los recursos en numerario que se obtengan podrán ser utilizados por acuerdo de la Junta de Gobierno del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en los procesos de desincorporación de entidades, a través de su extinción o liquidación, para el pago de los conceptos derivados de dichos procesos; al remanente se le dará el destino que corresponda conforme a las disposiciones aplicables.

Tratándose de productos que no se hayan cobrado en el ejercicio inmediato anterior o que no se cobren de manera regular, las dependencias interesadas deberán someter para su aprobación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el monto de los productos que pretendan cobrar, en un plazo no menor a diez días anteriores a la fecha de su entrada en vigor.

Las dependencias de la administración pública federal deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar en el mes de marzo de 2008, los conceptos y montos de los ingresos que por productos hayan percibido, así como de los enteros efectuados a la Tesorería de la Federación por dichos conceptos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior.

Asimismo, las dependencias a que se refiere el párrafo anterior, deberán presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un informe durante los primeros quince días del mes de julio de 2008 respecto de los ingresos y su concepto que hayan percibido por productos durante el primer semestre del ejercicio fiscal citado, así como de los que tengan programado percibir durante el segundo semestre del mismo.

Artículo 12. Los ingresos que se recauden por parte de las dependencias de la Administración Pública Federal o sus órganos administrativos desconcentrados por los diversos conceptos que establece esta Ley deberán concentrarse en la Tesorería de la Federación el día hábil siguiente al de su recepción y deberán reflejarse, cualquiera que sea su naturaleza, tanto en los registros de la propia Tesorería como en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

El incumplimiento en la concentración oportuna a que se refiere el párrafo anterior, generará a las citadas dependencias o a sus órganos administrativos desconcentrados, sin exceder sus presupuestos autorizados, la obligación de pagar cargas financieras por concepto de indemnización al Fisco Federal. La tasa anual aplicable a dichas cargas financieras será 1.5 veces la que resulte del promedio aritmético de las tasas de rendimiento equivalentes a las de descuento de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días, en colocación primaria, que dé a conocer el Banco de México dentro del periodo que dure la falta de concentración. En el caso de que por cualquier motivo se dejen de colocar los mencionados Certificados de la Tesorería de la Federación, se utilizará la tasa de interés que el Banco de México dé a conocer en sustitución de la tasa de rendimiento de los mismos.

El monto de las cargas financieras se determinará dividiendo la tasa anual aplicable antes descrita entre 360 y multiplicando por el número de días transcurridos desde la fecha en que debió realizarse la concentración y hasta el día en que la misma se efectúe. El resultado obtenido se multiplicará por el importe no concentrado oportunamente.

No será aplicable la carga financiera a que se refiere este artículo cuando las dependencias acrediten ante la Tesorería de la Federación la imposibilidad práctica del cumplimiento oportuno de la concentración, debiendo contar siempre con la validación respectiva del órgano interno de control de la dependencia de que se trate.

Se ratifica la procedencia de la concentración de los ingresos recaudados en el ejercicio de 2007 en la Tesorería de la Federación, por parte de las dependencias de la Administración Pública Federal o sus órganos administrativos desconcentrados que se haya realizado conforme a lo dispuesto en el presente artículo.

Las entidades sujetas a control directo, los poderes Legislativo y Judicial, el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sólo registrarán los ingresos que obtengan por cualquier concepto en el rubro correspondiente de esta Ley y deberán conservar a disposición de los órganos revisores de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, la documentación comprobatoria de dichos ingresos.

Para los efectos del registro de los ingresos a que se refiere el párrafo anterior, se deberá presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la documentación comprobatoria de la obtención de dichos ingresos, o bien, de los informes avalados por el órgano interno de control o de la comisión respectiva del órgano de gobierno, según sea el caso, especificando los importes del impuesto al valor agregado que hayan trasladado por los actos o las actividades que dieron lugar a la obtención de los ingresos.

Las entidades sujetas a control indirecto, deberán informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre sus ingresos, a efecto de que se esté en posibilidad de elaborar los informes trimestrales que establece esta Ley y se reflejen dentro de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

No se concentrarán en la Tesorería de la Federación los ingresos provenientes de las aportaciones de seguridad social destinadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, los que podrán ser recaudados por las oficinas de los propios Institutos y por las instituciones de crédito que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debiendo cumplirse con los requisitos contables establecidos y reflejarse en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Igualmente, no se concentrarán en la Tesorería de la Federación los ingresos provenientes de las aportaciones y de los abonos retenidos a trabajadores por patrones para el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Los ingresos que obtengan las instituciones educativas, planteles y centros de investigación de las dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, de postgrado, de investigación y de formación para el trabajo del sector público, por la prestación de servicios, venta de bienes derivados de sus actividades sustantivas o por cualquiera otra vía, incluidos los que generen sus escuelas, centros y unidades de enseñanza y de investigación, formarán parte de su patrimonio, en su caso, serán administrados por las propias instituciones y se destinarán para sus finalidades y programas institucionales, de acuerdo con las disposiciones presupuestarias aplicables, sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.

Para el ejercicio oportuno de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá establecer un fondo revolvente que garantice su entrega y aplicación en un plazo máximo de diez días hábiles, contados a partir de que dichos ingresos hayan sido concentrados en la Tesorería de la Federación.

Las instituciones educativas, los planteles y centros de investigación de las dependencias que prestan servicios de educación media superior, superior, de postgrado, de investigación y de formación para el trabajo del sector público, deberán informar semestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el origen y aplicación de sus ingresos.

Los ingresos que provengan de proyectos de comercialización de certificados de reducción de gases de efecto invernadero, como dióxido de carbono y metano, se destinarán a las entidades de control presupuestario directo que los generen, para la realización del proyecto respectivo.

Las contribuciones, productos o aprovechamientos a los que las leyes de carácter no fiscal otorguen una naturaleza distinta a la establecida en las leyes fiscales, tendrán la naturaleza establecida en las leyes fiscales. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo previsto en este artículo, en su parte conducente.

Los ingresos que obtengan las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal, a los que las leyes de carácter no fiscal otorguen una naturaleza distinta a los conceptos previstos en el artículo 1o. de esta Ley, se considerarán comprendidos en la fracción que les corresponda conforme al citado artículo.

Lo señalado en el presente artículo se establece sin perjuicio de la obligación de concentrar los recursos públicos al final del ejercicio, en la Tesorería de la Federación, en los términos del artículo 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Los recursos públicos remanentes a la extinción de un fideicomiso que se hayan generado con cargo al presupuesto de una dependencia, deberán ser concentrados a la Tesorería de la Federación, bajo la naturaleza de aprovechamientos, y se podrán destinar a la dependencia que aportó los recursos o a la dependencia o entidad que concuerden con los fines para los cuales se creó el fideicomiso, salvo aquellos que en el contrato de fideicomiso esté previsto un destino distinto. Así mismo, los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere el Apartado A, fracción VI, numeral 19, con excepción del inciso D, del artículo 1o. de esta Ley, por concepto de recuperaciones de capital, se podrán destinar, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a gasto de inversión en infraestructura.

Artículo 13. Los ingresos que se recauden por concepto de bienes que pasen a ser propiedad del Fisco Federal se enterarán a la Tesorería de la Federación, hasta el momento en que se cobre la contraprestación pactada por la enajenación de dichos bienes.

Tratándose de los gastos de ejecución que reciba el Fisco Federal, éstos se enterarán a la Tesorería de la Federación hasta el momento en el que efectivamente se cobren, sin clasificarlos en el concepto de la contribución o aprovechamiento del cual son accesorios.

Los ingresos que se enteren a la Tesorería de la Federación por concepto de bienes que pasen a ser propiedad del fisco federal o gastos de ejecución, serán los netos que resulten de restar al ingreso percibido, las erogaciones efectuadas para realizar la enajenación de los bienes o para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución que dio lugar al cobro de los gastos de ejecución, así como las erogaciones a que se refiere el párrafo siguiente.

Los ingresos netos por enajenación de acciones, cesión de derechos y desincorporación de entidades son los recursos efectivamente recibidos por el Gobierno Federal, una vez descontadas las erogaciones realizadas tales como comisiones que se paguen a agentes financieros, contribuciones, gastos de administración, de mantenimiento y de venta, honorarios de comisionados especiales que no sean servidores públicos encargados de dichos procesos, así como pagos de las reclamaciones procedentes que presenten los adquirentes o terceros, por pasivos ocultos, fiscales o de otra índole, activos inexistentes y asuntos en litigio y demás erogaciones análogas a todas las mencionadas. Los ingresos netos a que se refiere este párrafo se concentrarán en la Tesorería de la Federación, y deberán manifestarse tanto en los registros de la propia Tesorería como en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a la enajenación de acciones y cesión de derechos cuando impliquen contrataciones de terceros para llevar a cabo tales procesos, las cuales deberán sujetarse a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Además de los conceptos señalados en los párrafos tercero y cuarto del presente artículo, a los ingresos que se obtengan por la enajenación de bienes, incluyendo acciones, por la enajenación y recuperación de activos financieros y por la cesión de derechos, todos ellos propiedad del Gobierno Federal, o de cualquier entidad transferente en términos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como por la desincorporación de entidades, se les podrá descontar un porcentaje, por concepto de gastos indirectos de operación, que no podrá ser mayor del 5 por ciento, a favor del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, cuando a éste se le haya encomendado la ejecución de dichos procedimientos. Este porcentaje será autorizado por la Junta de Gobierno de la citada entidad y se destinará a financiar, junto con los recursos fiscales y patrimoniales del organismo, las operaciones de éste.

En los procesos de desincorporación de entidades, a través de su extinción o liquidación, cuyas operaciones se encuentren garantizadas por el Gobierno Federal, el liquidador designado o responsable del proceso respectivo podrá utilizar los recursos disponibles de los mandatos y demás figuras análogas encomendadas al mismo por el Gobierno Federal, para el pago de los gastos y pasivos de dichos procesos de desincorporación previa opinión favorable, en cada caso, de la coordinadora de sector, del mandante o quien haya constituido la figura análoga y de la Comisión Intersecretarial de Desincorporación. Para los efectos anteriores, se constituirán los instrumentos jurídicos correspondientes que aseguren la transparencia y control en el ejercicio de los recursos.

Previa opinión favorable que, en cada caso, emita la o las coordinadoras de sector y de la Comisión Intersecretarial de Desincorporación, podrán utilizarse los recursos remanentes de procesos de desincorporación concluidos para el pago de los gastos y pasivos de los procesos de desincorporación que, al momento de la referida conclusión, sean deficitarios, para lo cual los recursos correspondientes deberán identificarse por el liquidador o responsable del proceso en una subcuenta específica.

Cuando los pasivos de las entidades a que se refiere el séptimo párrafo de este artículo tengan como acreedor al Gobierno Federal o a alguna entidad paraestatal de la Administración Pública Federal, operará de pleno derecho la extinción de dichos pasivos sin necesidad de autorización alguna, y los créditos quedarán cancelados de las cuentas públicas. En los mismos términos se extinguirán los créditos o derechos que sobre el Gobierno Federal o alguna entidad paraestatal de la Administración Pública Federal tengan esas entidades, siempre y cuando no sean deficitarias.

Los ingresos provenientes de la enajenación de bienes decomisados y de sus frutos, a que se refiere la fracción I del artículo 1o. de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, serán destinados en partes iguales, al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Salud. Dichos recursos serán entregados conforme a lo dispuesto en el artículo 89 de la citada Ley.

Artículo 14. Se aplicará lo establecido en esta Ley a los ingresos que por cualquier concepto reciban las entidades de la Administración Pública Federal paraestatal que estén sujetas a control en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de su Reglamento y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, entre las que se comprende de manera enunciativa a las siguientes:

Las entidades a que se refiere este artículo deberán estar inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes y llevar contabilidad en los términos de las disposiciones fiscales, así como presentar las declaraciones informativas que correspondan en los términos de dichas disposiciones.

Artículo 15. Se faculta a las autoridades fiscales para que lleven a cabo la cancelación de los créditos fiscales cuyo cobro les corresponda efectuar, en los casos en que exista incosteabilidad.

Para que un crédito se considere incosteable, la autoridad fiscal evaluará los siguientes conceptos: monto del crédito, costo de las acciones de recuperación, antigüedad del crédito y probabilidad de cobro del mismo.

La Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria establecerá, con sujeción a los lineamientos establecidos en los párrafos primero, segundo y cuarto de este artículo, el tipo de casos o supuestos en que procederá la cancelación a que se refiere este artículo.

La cancelación de los créditos a que se refieren los párrafos anteriores de este artículo no libera de su pago.

Cuando con anterioridad al 31 de diciembre de 2007, una persona hubiere incurrido en infracción a las disposiciones aduaneras, en los casos a que se refiere el artículo 152 de la Ley Aduanera y a la fecha de entrada en vigor de esta Ley no le haya sido impuesta la sanción correspondiente, dicha sanción no le será determinada, si por las circunstancias del infractor o de la comisión de la infracción, el crédito fiscal aplicable no excede a 3,500 unidades de inversión o su equivalente en moneda nacional al 1 de enero de 2008.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregará un informe detallado a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, que deberá ser enviado a más tardar el 31 de octubre de 2008, de las personas físicas y morales que hayan sido sujetas a la aplicación de los párrafos anteriores de este artículo y los procesos deliberativos de la Junta de Gobierno del Servicio de Administración Tributaria para determinar los casos de incosteabilidad. Dicho informe deberá contener al menos lo siguiente: sector, actividad, tipo de contribuyente y porcentaje de cancelación.

Así mismo, el informe a que se refiere el párrafo anterior deberá contener el reporte de las causas que originaron la incosteabilidad de cobro.

De conformidad con las reglas que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor de esta Ley, tomando en cuenta la situación financiera de los Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, según corresponda, podrán aplicar los pagos corrientes que reciban de dichos Municipios o demarcaciones territoriales, por concepto de suministro de energía eléctrica, a la disminución de adeudos históricos que registren al cierre del mes de diciembre de 2007. Lo anterior, siempre y cuando las Entidades Federativas a las que pertenezcan los Municipios o demarcaciones territoriales contemplen en su legislación local el destino y afectación de aportaciones federales que puedan utilizarse al pago de dichos servicios.

En caso de incumplimiento por parte de los Municipios o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal a sus obligaciones de pago por suministro de energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, según corresponda, podrán solicitar al gobierno local respectivo, previa acreditación del incumplimiento, la retención y pago del adeudo con cargo a las aportaciones federales que correspondan al Municipio o demarcación territorial de que se trate. Sólo podrá solicitarse la retención y pago señalados cuando el adeudo tenga una antigüedad mayor a 90 días naturales.

La Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro podrán ceder, afectar y, en términos generales, transferir los recursos derivados de la retención a que se refiere el párrafo anterior a fideicomisos u otros mecanismos de fuente de pago o de garantía constituidos para el financiamiento de infraestructura prioritaria relacionada con el suministro de energía eléctrica.

Artículo 16. En materia de estímulos fiscales, durante el ejercicio fiscal de 2008, se estará a lo siguiente:

1. 1,000 millones de pesos se destinarán a proyectos de investigación y desarrollo de tecnología en fuentes alternativas de energía, así como a proyectos de investigación y desarrollo de tecnología de la micro, pequeña y mediana empresa.2. 1,000 millones de pesos se destinarán a proyectos de creación de infraestructura especializada para centros de investigación cuyos proyectos hayan sido dictaminados como proyectos orientados al desarrollo de productos, materiales o procesos de producción que representen un avance científico o tecnológico.3. 1,000 millones de pesos se destinarán a proyectos que estén vinculados con instituciones de educación superior y centros públicos de investigación. Para estos efectos, existirá vinculación cuando más del 20% del gasto total del proyecto haya sido ejercido a través de dichas instituciones o centros.4. 1,500 millones de pesos se distribuirán entre el resto de los solicitantes.En el caso de que al 31 de octubre de 2008 las solicitudes de estímulo fiscal correspondientes a los numerales 1, 2 y 3 de este inciso no fueran suficientes para asignar los montos establecidos, los remanentes podrán ser utilizados para incrementar el monto establecido en el numeral 4 anterior. 1. Copia del despacho o despachos expedidos por la Capitanía de Puerto respectiva, a las embarcaciones de su propiedad o bajo su legítima posesión en las que haya utilizado el diesel marino especial por el que hayan aplicado el estímulo fiscal a que se refiere la presente fracción, en el que deberá constar el puerto y fecha de arribo.En el caso de embarcaciones a las que la Capitanía de Puerto les haya expedido despachos de entradas y salidas múltiples, se deberá anexar copia de dichos despachos en los que deberá constar la fecha de cada una de las ocasiones en que entró y salió del puerto la embarcación.Tratándose de embarcaciones que sólo realizan navegación interior, los contribuyentes deberán presentar copia del informe mensual rendido a la Capitanía de Puerto sobre el número de viajes realizados.Los duplicados de los documentos mencionados en este inciso deberán contener el sello y la firma originales de la autoridad marítima que los expida.2. Escrito en el que se mencione el número de la inscripción del contribuyente en el Registro Público Marítimo Nacional como empresa naviera, manifestando la siguiente información de cada una de las embarcaciones propiedad de la empresa o que se encuentren bajo su legítima posesión en las que hayan utilizado el diesel marino especial por el que hayan aplicado el estímulo fiscal a que se refiere esta fracción:i). Nombres de las embarcaciones;ii). Matrículas de las embarcaciones;iii). Eslora y tonelaje de registro bruto de cada embarcación;iv). Capacidad de carga de combustible, yv). Cálculo promedio de su consumo de combustible en millas náuticas por galón.3. Copias simples de los comprobantes fiscales expedidos a favor del contribuyente por la adquisición del diesel marino especial, correspondientes al periodo que abarque la declaración provisional, definitiva o del ejercicio, en que se aplicó el estímulo fiscal.

Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para emitir las reglas generales que sean necesarias para la aplicación del contenido previsto en este artículo.

Artículo 17. Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para otorgar los estímulos fiscales y subsidios siguientes:

Se aprueban los estímulos fiscales y subsidios con cargo a impuestos federales, así como las devoluciones de impuestos concedidos para fomentar las exportaciones de bienes y servicios o la venta de productos nacionales a las regiones fronterizas del país en los por cientos o cantidades otorgados o pagadas en su caso, que se hubieran otorgado durante el ejercicio fiscal de 2007.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para conceder los estímulos a que se refiere este artículo escuchará, en su caso, la opinión de las dependencias competentes en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expedirá las disposiciones necesarias para el cumplimiento de lo establecido por este artículo en materia de estímulos fiscales y subsidios.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará trimestralmente al Congreso de la Unión sobre el costo que representan para el erario federal, por concepto de menor recaudación, los diversos estímulos fiscales a que se refiere este artículo, así como los sectores objeto de este beneficio.

Artículo 18. Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones federales, distintos de los establecidos en el Código Fiscal de la Federación, ordenamientos legales referentes a organismos descentralizados federales que prestan los servicios de seguridad social, Decretos Presidenciales, tratados internacionales y las leyes que establecen dichas contribuciones, así como los reglamentos de las mismas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones federales, se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto la creación o las bases de organización o funcionamiento de los entes públicos o empresas de participación estatal, cualquiera que sea su naturaleza.

Se derogan las disposiciones que establezcan que los ingresos que obtengan las dependencias por concepto de derechos, productos o aprovechamientos, tienen un destino específico, distintas de las contenidas en el Código Fiscal de la Federación, en la presente Ley y en las demás leyes fiscales.

Así mismo, se derogan las disposiciones contenidas en leyes de carácter no fiscal que establezcan que los ingresos que obtengan las dependencias, incluyendo a sus órganos administrativos desconcentrados, o entidades, por concepto de derechos, productos, o aprovechamientos, e ingresos de cualquier otra naturaleza, serán considerados como ingresos excedentes en el ejercicio fiscal en que se generen.

Artículo 19. Los ingresos acumulados que obtengan en exceso a los previstos en el calendario que publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los ingresos contemplados en el artículo 1o. de esta Ley, los poderes Legislativo y Judicial, de la Federación, los Tribunales Administrativos, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las dependencias del Ejecutivo Federal y sus órganos administrativos desconcentrados, así como las entidades sujetas a control directo, se deberán aplicar en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de esta Ley.

Para determinar los ingresos excedentes de la unidad generadora de las dependencias a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se considerará la diferencia positiva que resulte de disminuir los ingresos acumulados estimados en la Ley de Ingresos de la Federación de la dependencia, a los enteros acumulados efectuados por dicha dependencia a la Tesorería de la Federación, en el periodo que corresponda.

Se entiende por unidad generadora de los ingresos de la dependencia, cada uno de los establecimientos de la misma en los que se otorga o proporciona, de manera autónoma e integral, el uso o aprovechamiento de bienes o el servicio por el cual se cobra el aprovechamiento o producto, según sea el caso.

Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, emita dictámenes y reciba notificaciones, de ingresos excedentes que generen las dependencias y entidades.

Artículo 20. Los ingresos excedentes a que se refiere el artículo anterior, se clasifican de la siguiente manera:

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la facultad de fijar o modificar en una lista la clasificación de los ingresos a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo. Dicha lista se dará a conocer a las dependencias y entidades, a más tardar el último día hábil de enero de 2008 y durante dicho ejercicio fiscal, conforme se modifiquen.

Artículo 21. Quedan sin efecto las exenciones relativas a los gravámenes a bienes inmuebles previstas en leyes federales a favor de organismos descentralizados sobre contribuciones locales, salvo en lo que se refiere a bienes propiedad de dichos organismos que se consideren del dominio público de la Federación.

Artículo 22. Para los efectos de lo dispuesto por los artículos 58 y 160, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, durante el ejercicio fiscal de 2008 la tasa de retención anual será del 0.85 por ciento.

Capítulo IV De la Información, la Transparencia, y la Evaluación de la Eficiencia Recaudatoria, la Fiscalización y el Endeudamiento

Artículo 23. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluirá en los Informes Trimestrales Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública a que se refiere el artículo 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la información relativa a los requerimientos financieros y disponibilidades de la Administración Pública Centralizada, de órganos autónomos, del sector público federal y del sector público federal consolidado, incluyendo a las entidades paraestatales contempladas en los Tomos V y VI del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, así como de las disponibilidades de los fondos y fideicomisos sin estructura orgánica.

Adicionalmente, en los informes a que se refiere el párrafo anterior se deberá incluir la información relativa a los ingresos obtenidos por cada uno de los proyectos de inversión financiada directa y condicionada en el Tomo V del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008; así como la información relativa al superávit de cada uno de los organismos y empresas de control directo que establece el apartado C del artículo 1o. de esta Ley.

Así mismo, con el objeto de evaluar el desempeño en materia de eficiencia recaudatoria, se deberá incluir en el Informe a que se refiere el primer párrafo de este artículo, la información correspondiente a los indicadores que a continuación se señalan:

Por única ocasión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá incluir en el informe de recaudación neta, un reporte de Grandes Contribuyentes agrupados por cantidades en los siguientes rubros: Empresas que consolidan fiscalmente; empresas con ingresos acumulables en el monto que señalan las leyes; sector financiero; sector gobierno; empresas residentes en el extranjero y otros. Las empresas del sector privado, además, deberán estar identificadas por el sector industrial, primario y/o de servicios al que pertenezcan.

Así mismo, los informes trimestrales deberán contener los montos recaudados en cada periodo por concepto de los derechos de los hidrocarburos, estableciendo los ingresos obtenidos específicamente por la extracción de petróleo crudo, de gas natural en rubros por separado, en concordancia con lo dispuesto en el Capítulo XII del Título Segundo de la Ley Federal de Derechos.

Artículo 24. En la recaudación y el endeudamiento público del Gobierno Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las entidades, estarán obligadas a proporcionar a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de las disposiciones que apliquen, la información en materia de recaudación y endeudamiento que éstas requieran legalmente.

El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo será sancionado en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 25. Con el propósito de coadyuvar a conocer los efectos de la política fiscal en el ingreso de los distintos grupos de la población, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá realizar un estudio de ingreso-gasto con base en la información estadística disponible que muestre por decil de ingreso de las familias su contribución en los distintos impuestos y derechos que aporte, así como los bienes y servicios públicos que reciben con recursos federales, estatales y municipales.

La realización del estudio será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y deberá ser entregado a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y publicado en la página de Internet de dicha Secretaría, a más tardar el 15 de marzo de 2008.

Artículo 26. Los estímulos fiscales y las facilidades que prevea la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009 se otorgarán con base en criterios de eficiencia económica, no discriminación, temporalidad definida y progresividad.

Para el otorgamiento de los estímulos deberá tomarse en cuenta si los objetivos pretendidos pudiesen alcanzarse de mejor manera con la política de gasto. Las facilidades y los estímulos se autorizarán en la Ley de Ingresos de la Federación. Los costos para las finanzas públicas de las facilidades administrativas y los estímulos fiscales se especificarán en el presupuesto de gastos fiscales.

Artículo 27. Los datos generales que a continuación se citan, de las personas morales y de las personas físicas que realicen actividades empresariales o profesionales de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta, que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y el Servicio de Administración Tributaria, obtengan con motivo del ejercicio de sus atribuciones, podrán ser comunicados entre dichos organismos con objeto de mantener sus bases de datos actualizadas.

La información así obtenida no se considerará comprendida dentro de las prohibiciones y restricciones que establece el Código Fiscal de la Federación, pero será considerada confidencial para los efectos de la Ley de Información Estadística y Geográfica y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

La información estadística que se obtenga con los datos a que se refiere el presente artículo podrá ser objeto de difusión pública.

Artículo 28. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá publicar en su página de Internet y entregar a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, así como al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de dicho órgano legislativo y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores antes del 30 de junio de 2008, el Presupuesto de Gastos Fiscales.

El Presupuesto de Gastos Fiscales comprenderá al menos, en términos generales, los montos que deja de recaudar el erario federal por conceptos de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades, estímulos, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal. Dicho presupuesto deberá contener los montos referidos estimados para el ejercicio fiscal de 2009 desglosado por impuesto y por cada uno de los rubros que la ley respectiva contemple.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, deberá acompañar el Presupuesto de Gastos Fiscales, con un reporte de donatarias autorizadas, en el que se deberá señalar, para cada una, los donativos deducibles obtenidos y las Entidades Federativas en las que se ubiquen las mismas, clasificándolas por tipo de donataria. Para la generación de este reporte, la información se obtendrá, entre otras fuentes, de la que las donatarias autorizadas estén obligadas a presentar en el dictamen fiscal simplificado a que se refiere el Código Fiscal de la Federación.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante convenio con cada una de las Entidades Federativas, deberá realizar un estudio en que se demuestre el efecto de la Reforma Integral de la Hacienda Pública en la situación de las haciendas públicas estatales y municipales.

La realización del estudio a que se refiere el párrafo anterior, deberá publicarse en la página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como entregarse a la Cámara de Diputados a más tardar el último día hábil de mayo de 2009.

Artículo 29. Con el propósito de transparentar la formación de pasivos financieros del Gobierno Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá hacer llegar a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, a más tardar el 30 de abril de 2008, una definición de los balances fiscales, junto con la metodología respectiva, en que se incluya de manera integral todas las obligaciones financieras del Gobierno Federal, así como los pasivos públicos, pasivos contingentes y pasivos laborales.

Artículo 30. En el ejercicio fiscal de 2008, toda Iniciativa en materia fiscal, incluyendo aquellas que se presenten para cubrir el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, deberá incluir en su exposición de motivos el impacto recaudatorio de cada una de las medidas propuestas. Así mismo, en cada una de las explicaciones establecidas en dicha exposición de motivos se deberá incluir claramente el artículo del ordenamiento de que se trate en el cual se llevarían a cabo las reformas.

Toda Iniciativa en materia fiscal que envíe el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión observará lo siguiente:

Estas disposiciones deberán incluirse en la exposición de motivos de la Iniciativa, las cuales deberán ser tomadas en cuenta en la elaboración de los dictámenes que emitan las Comisiones respectivas en el Congreso de la Unión. La Ley de Ingresos de la Federación únicamente incluirá las estimaciones de las contribuciones contempladas en las leyes fiscales.

La iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, deberá especificar la memoria de cálculo de cada uno de los rubros de ingresos previstos en dicha Iniciativa, así como las proyecciones de estos ingresos para los próximos cinco años.

Artículo 31. Con la finalidad de transparentar el calendario mensual de ingresos que, en términos del artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, debe publicar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Diario Oficial de la Federación 15 días hábiles después de la publicación de esta Ley, dicha dependencia deberá entregar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, así como al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de dicho órgano legislativo, la metodología y criterios adicionales que hubiese utilizado para dicha estimación, misma que deberá ser incluida en citada publicación.

Transitorios

Primero. La presente Ley entrará en vigor el 1o. de enero de 2008.

Segundo. Se aprueban las modificaciones a la Tarifa de los Impuestos Generales a la Importación y Exportación efectuadas por el Ejecutivo Federal durante el año de 2007, a las que se refiere el informe que en cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131 Constitucional, ha rendido el propio Ejecutivo al Congreso de la Unión.

Es de primera lectura.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos

15 de octubre de 2007

HONORABLE ASAMBLEA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción I y 72, apartado H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal presentó ante esta H. Cámara de Diputados la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

ANTECEDENTES

Con fecha 8 de septiembre de 2007, el Ejecutivo Federal, presentó la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.

El 11 de septiembre de 2007, la mesa directiva de esta H. Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la iniciativa en comento para su estudio y dictamen.

Para lo anterior, se llevaron a cabo diversas consultas y reuniones de trabajo con representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y diversos sectores interesados en la materia.

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA DEL EJECUTIVO

Señala la iniciativa del Ejecutivo Federal que el propósito de la propuesta de modificaciones a la Ley Federal de Derechos, sometida a consideración en 2007, fue dar continuidad a la política fiscal en materia de derechos que ha prevalecido durante los últimos años, que consiste en avanzar en la adecuación de la citada Ley a las condiciones económicas prevalecientes en el país, incrementar el efecto racionalizador en la prestación de los servicios públicos por los que se cobran derechos, así como impulsar la aplicación de medidas estrictamente sustentables para el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la Nación.

La Iniciativa que ahora se somete a consideración del Poder Legislativo, resulta congruente con los criterios señalados, mediante la propuesta de adición de nuevos derechos, así como la modificación de algunos vigentes, a efecto de eliminar los rezagos en los montos de los mismos en relación con los costos totales de los servicios que se proporcionan e inducir medidas que brinden mayor certeza a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de derechos.

Servicios Migratorios

Un objetivo de las políticas públicas es el mejoramiento continuo de los servicios prestados en materia migratoria. Es por ello que se requiere tomar las medidas adecuadas para la recuperación oportuna de los costos erogados con motivo de su prestación. Para tal efecto, se plantea que el pago de los derechos por la expedición de la calidad migratoria de no inmigrante se efectúe a la entrada del extranjero al territorio nacional, lo cual garantizará que el Instituto Nacional de Migración cuente oportunamente con los ingresos para el desarrollo de las funciones que tiene encomendadas.

Asimismo, se propone que los recursos que se obtengan por la recaudación de los artículos 8, fracciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 9, 10, 12, 13, 14 y 14-A de la Ley Federal de Derechos se destinen a programas de modernización, equipamiento e infraestructura para mejorar el control fronterizo en la línea divisoria internacional del sur del país y a mejorar las instalaciones, equipos, mobiliario, sistemas y la calidad integral de los servicios en materia migratoria que presta el Instituto Nacional de Migración.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

La constante evolución y apertura a nivel internacional del sistema financiero, así como de los mercados bursátiles, genera la necesidad de revisar el régimen sobre la determinación y cobro de las cuotas correspondientes a los servicios prestados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que deriva en su actualización, mediante la implementación de un sistema basado en la asignación de cuotas acorde con las mejores prácticas observadas en el ámbito internacional.

En este contexto, se han llevado a cabo esfuerzos importantes a fin de ajustar la determinación y cálculo de las cuotas aplicables a los servicios de inspección y vigilancia que realiza la citada Comisión a los participantes en los mercados financieros, cuya implementación se inició a partir del ejercicio fiscal de 2004.

Conforme a lo anterior, el Ejecutivo Federal considera necesario efectuar algunas precisiones derivadas de la experiencia observada durante 2007. Así, el Ejecutivo Federal propone la actualización y ajuste de los factores que se utilizan como referencia para la determinación de los derechos de mérito, así como la actualización de los importes mínimos y cuotas fijas correspondientes.

La iniciativa propone adicionar una cuota para las actividades de supervisión que realiza la Comisión al inicio de las operaciones de las casas de bolsa en virtud de que, con fundamento en el artículo 116 de la Ley del Mercado de Valores, previo al inicio de sus operaciones, las casas de bolsa deben acreditar ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el cumplimiento de ciertos requisitos.

De igual forma, se propone una cuota aplicable a la inscripción de valores fiduciarios sobre bienes distintos de acciones, cuyo activo principal se encuentre respaldado por valores inscritos en el Registro Nacional de Valores, en virtud de que los intermediarios del mercado de valores han desarrollado nuevos vehículos para emitir certificados bursátiles que se encuentran respaldados por valores ya inscritos en el citado Registro. Estos nuevos esquemas resultan recurrentes en emisiones de certificados bursátiles respaldados por hipotecas.

Por lo expuesto, la iniciativa propone reducir el factor de cobro de derechos por concepto de inscripción para los valores fiduciarios cuyo activo se conforme principalmente por otros valores inscritos en el Registro Nacional de Valores, estableciendo un tope como cuota máxima por concepto de inspección y vigilancia de este tipo de valores.

Ahora bien, la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, en su artículo 190 señala que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estará facultada para supervisar las operaciones y la contabilidad del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), contando para ello con las mismas facultades respecto de las instituciones de banca de desarrollo, incluida la de establecer las reglas prudenciales a las que deberá sujetarse el citado Fondo.

Por lo tanto, se propone incluir al FOVISSSTE en el listado que establece la cuota que deben pagar los fondos y fideicomisos públicos sujetos a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en virtud de la supervisión y vigilancia que ésta llevará a cabo.

Relaciones Exteriores

En virtud de que para el siguiente año se cambiará la vigencia de los pasaportes, de 1, 5 y 10 años a 1, 3, 6 y 10 años, el Ejecutivo Federal considera indispensable efectuar las modificaciones correspondientes a los derechos derivados de la expedición de los mismos.

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

Derivado de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Ejecutivo Federal estima necesario adecuar el artículo 31-B de la Ley Federal de Derechos, a fin de que éste contemple al PENSIONISSSTE dentro del cobro de derechos por concepto de la inspección y vigilancia que efectúa la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Para estos efectos, el artículo 106 de la citada Ley prevé que el PENSIONISSSTE estará sujeto para su operación, administración y funcionamiento, a la regulación y supervisión de la Comisión referida, debiendo cumplir con las disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y con las reglas de carácter general que emita dicha Comisión aplicables a las administradoras de fondos para el retiro. En este sentido, al tener la misma regulación que las citadas administradoras, se considera procedente recuperar los costos que implicará la relevante supervisión por parte de la Comisión a la citada institución pública.

Servicios Aduaneros

Con la finalidad de adecuar la Ley Federal de Derechos a la regulación en materia aduanera, se propone incorporar el concepto de prórroga dentro de los derechos que hoy se causan sólo por el otorgamiento de concesiones y autorizaciones que otorga la Administración General de Aduanas, lo anterior, a fin de recuperar los costos que implica la prestación de los servicios correspondientes.

Certificación Digital en Actos de Comercio

En el año de 2003 el Congreso de la Unión aprobó, dentro de la Ley Federal de Derechos, una Sección al Capítulo IV referente a los derechos de certificación de firma electrónica en actos de comercio, a fin de recuperar los costos que la autoridad eroga para acreditar como prestadores de servicios de certificación de firma electrónica a las personas que reúnan los requisitos legales conforme a la regulación en materia mercantil.

No obstante, de acuerdo con lo señalado por el Ejecutivo Federal, surge la necesidad de efectuar algunas precisiones a los derechos correspondientes a fin de regular la correcta terminología aplicable a la actividad que realizan los mencionados prestadores de servicios, toda vez que su labor se enfoca a establecer los mensajes de datos o registros necesarios que confirmen el vínculo entre un firmante y los datos de creación de la propia firma electrónica mediante la emisión de certificados digitales, es por ello que se propone modificar el término ``prestador del servicio de certificación de firma electrónica'' por ``prestador del servicio de certificación para la emisión de certificados digitales''.

Adicionalmente, se propone incorporar los derechos relacionados con la acreditación de un prestador de servicios de certificación, para el servicio de conservación de datos u otros servicios adicionales relativos a la firma electrónica.

Servicios proporcionados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

En virtud de que en la actualidad el artículo 86-A de la Ley Federal de Derechos prevé el pago de un derecho por la expedición del certificado zoosanitario internacional para la importación de animales vivos, sus productos y subproductos, el cual incluye la previa verificación, inspección, control y vigilancia sanitaria, se considera que el actual artículo 85-A del mismo ordenamiento jurídico, no tiene una justificación, toda vez que este derecho sólo es procedente en los casos en que el interesado lo solicite, por lo que se propone su derogación.

Reforma Agraria

Derivado del Acuerdo por el que se declara el cierre operativo y conclusión del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), se somete a consideración la modificación del artículo 187 de la Ley Federal de Derechos concerniente a la exención del pago de los derechos por diversos servicios que presta el Registro Agrario Nacional para dicho Programa.

Lo anterior, a fin de contemplar en sustitución del PROCEDE por el Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar, y en seguimiento de las acciones que aplicará la Secretaría de la Reforma Agraria para la correcta regularización en la tenencia de la tierra en beneficio de los núcleos agrarios.

Medio Ambiente

Con motivo de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, el Ejecutivo Federal considera conveniente efectuar algunos ajustes a los derechos correspondientes a las actividades de prevención y control de la contaminación, así como a los relativos a la importación y exportación de los residuos.

En este sentido, plantea incluir dentro del derecho por la autorización para la instalación y operación de sistemas de reciclaje de residuos peligrosos, al coprocesamiento, el cual se define dentro de la Ley sectorial en materia de residuos, como el proceso de integración ambientalmente seguro de residuos generados por una industria o fuente conocida como insumo a otro proceso productivo.

De igual forma, la iniciativa propone establecer el derecho relativo a la autorización para la instalación y operación de sistemas para la disposición final de residuos peligrosos. Al respecto, se señala que actualmente el derecho correspondiente aplica únicamente por la autorización para el confinamiento de residuos, sin embargo, con la entrada en vigor del citado Reglamento, se establecieron diversas causales para la disposición final de los residuos dentro de su manejo integral, siendo una de sus posibilidades el propio confinamiento, por lo que resulta necesario reflejar dentro de la Ley Federal de Derechos la terminología adecuada.

Por otro lado, el Ejecutivo plantea una reducción de los derechos de prevención de la contaminación para aquellos contribuyentes que utilicen microgeneradores de residuos que implementen de manera organizada sistemas de recolección y transporte de residuos que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, ya que al actuar de manera conjunta presentarán solicitudes únicas para la autorización en el manejo de dichos residuos, logrando así un beneficio colectivo tanto en la implementación coordinada de los sistemas como en la reducción de su pago de derechos.

Asimismo, el Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos contempla la regulación para la importación de otros residuos previstos en el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación y establece que quienes pretendan importar residuos que no tengan las características de peligrosidad previstas en los tratados internacionales deberán obtener autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, siguiendo el mismo procedimiento que se lleva a cabo para los residuos peligrosos. En ese sentido, la iniciativa estima necesario incluir en la Ley Federal de Derechos el pago de un derecho por el trámite para la recepción, estudio de la solicitud y, en su caso, expedición de la autorización correspondiente, en los mismos términos en los que se encuentra implementado actualmente el pago de derechos para la importación y exportación de residuos peligrosos.

Otro de los derechos que se proponen en la iniciativa, es el relativo a los servicios por la aprobación del programa de remediación de pasivos ambientales, es decir, aquellos sitios contaminados por la liberación de materiales o residuos peligrosos que no fueron remediados oportunamente para impedir la dispersión de contaminantes, pero que implican una obligación de llevar a cabo la remediación.

Lo anterior en virtud de que, para llevar a cabo dicha aprobación, se requiere que las autoridades ambientales tengan personal especializado en diversas áreas técnicas como: caracterización de sitios contaminados, tipos de perforación, análisis de muestreos, pruebas de campo, entre otros, lo cual implicará allegarse de los recursos necesarios a fin de brindar un servicio adecuado y contar con mayores elementos para evaluar si los citados programas se encuentran acordes con la normatividad vigente.

En materia ambiental, la iniciativa propone efectuar cambios menores en los derechos derivados del uso, goce o aprovechamiento de bienes en Áreas Naturales Protegidas, consistentes en utilizar los nombres correctos de las propias áreas, así como precisar las cuotas correctas aplicables para determinadas áreas; lo anterior a fin de facilitar las labores de la autoridad ambiental en la vigilancia del cobro y entero de las contribuciones.

Finalmente, se plantea establecer que cuando el contribuyente presente una solicitud única para la prestación de dos o más trámites relativos a los servicios que presta la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales establecidos de la Sección Quinta a la Novena del Título Primero de la Ley Federal de Derechos, sólo se cobre el derecho de mayor monto de los trámites solicitados, lo anterior de acuerdo a la política sectorial en materia ambiental que tiene como finalidad fomentar la simplificación administrativa y la reducción de costos en los trámites únicos.

Cuerpos Receptores de las Descargas de Aguas Residuales

Con la finalidad de promover el desarrollo, construcción y mantenimiento de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales, la iniciativa propone modificar el derecho por el uso, goce o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales. En este sentido, plantea reducir el número de contaminantes de 16 a 2 dentro del esquema actual de límites máximos permisibles a que hace referencia el Capítulo concerniente de la Ley Federal de Derechos, siendo éstos la Demanda Química de Oxígeno y los Sólidos Suspendidos Totales, por ser los más representativos de las aguas residuales, disminuyendo con esta medida el costo de los análisis correspondientes.

De igual forma, se propone una simplificación en el cálculo del derecho, al limitarse a la determinación de la concentración de contaminantes que rebasen los límites máximos permisibles en kilogramos, en relación con el volumen trimestral descargado, aplicándose la cuota que corresponda según el tipo de cuerpo receptor establecido en la propia Ley.

Un punto medular de la propuesta, es el relacionado con la asignación de los pagos que se realicen por concepto del derecho por descarga de aguas residuales. Al respecto, se propone que la asignación de los pagos se realicen a los contribuyentes para que efectúen las acciones necesarias para el tratamiento de sus aguas residuales, para lo cual deberán presentar ante la Comisión Nacional del Agua un programa de acciones, el cual tendrá como finalidad mejorar la calidad de las aguas residuales, ya sea mediante cambios en los procesos productivos o para el control y tratamiento de las descargas, a fin de no rebasar los límites máximos permisibles establecidos en la Ley Federal de Derechos.

En otro orden de ideas, a fin de que las autoridades fiscales cuenten con mayores elementos en el ejercicio de sus facultades de comprobación, se propone mejorar y ampliar los supuestos de determinación presuntiva del derecho a cargo de los contribuyentes, lo cual coadyuvará a garantizar un apropiado uso y aprovechamiento de los cuerpos receptores derivado de las descargas de las aguas residuales.

De igual forma, la iniciativa propone un esquema de condonación de créditos fiscales sujeto a la construcción y aplicación de sistemas de tratamiento de aguas residuales, a fin de incentivar la realización y terminación de las obras de saneamiento que requiere el país y las cuales se muestran como un agregado de suma importancia dentro de la política ambiental, por lo que se propone que aquellos contribuyentes que quieran gozar de este beneficio tendrán que concluir las obras mencionadas a más tardar el 31 de diciembre de 2012.

Finalmente, menciona la iniciativa que el esquema de cobro que se presenta constituiría un mecanismo de apoyo a la política hidráulica del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, al permitir la construcción de infraestructura de saneamiento de las aguas residuales con los consecuentes beneficios en la salud pública, la mejora hacia los grupos sociales más desprotegidos, el fortalecimiento de los organismos operadores y el fomento del desarrollo sustentable del país.

Bienes Culturales de la Nación

El Ejecutivo Federal propone diversas modificaciones a los derechos relativos al uso, goce o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la Nación de carácter cultural, con el propósito de contar con mayores elementos jurídicos y financieros que coadyuven a su mantenimiento y conservación.

En este sentido, plantea incorporar un nuevo concepto de cobro relativo al pago de los derechos por el acceso a los museos propiedad de la Nación que se encuentren administrados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, tal y como sucede con los administrados tanto por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

De igual forma somete a consideración del Poder Legislativo, el establecimiento del derecho por el uso, goce o aprovechamiento de los bienes administrados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Conviene señalar que este derecho se encuentra vigente para los inmuebles bajo la administración del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el cual ha sido de utilidad para la autoridad al dotarla de los recursos suficientes para el cuidado de los propios bienes.

Por otro lado, es conveniente subrayar que las modificaciones a la Ley Federal de Derechos que se incluyen en el presente dictamen son también el resultado del análisis de cada una de las iniciativas que sobre esta materia fueron turnadas a esta Comisión, mismas que fueron analizadas individualmente en el sentido que adelante se señala. Las iniciativas relacionadas con la materia objeto de dictamen se enuncian a continuación:

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

1. Iniciativa del Ejecutivo Federal

En la Iniciativa del Ejecutivo Federal se plantean cambios y adiciones a la Ley Federal de Derechos con el propósito de fortalecer las medidas de carácter impositivo encaminadas a fomentar el correcto uso, goce y aprovechamiento de los bienes de dominio público de la Nación, de tal manera que dichos bienes se encuadren dentro de los parámetros de sustentabilidad y conservación que señalan las leyes sectoriales. Asimismo, contempla incrementar la racionalización en la prestación de los servicios públicos por los que se cobran derechos, en la medida de que el pago de estos represente una alta eficiencia en la prestación de los mismos. Cabe señalar que dentro de la propuesta del Ejecutivo Federal, también se presentan cambios menores, en el sentido de ajustar las cuotas de los derechos a la realidad económica del país, inducir medidas que otorguen certeza y seguridad jurídica tanto al contribuyente como a los prestadores de servicios públicos, así como adecuar los derechos a las leyes sectoriales en las cuales se encuentra el fundamento jurídico para su prestación.

Procurando la mejora continua de los servicios prestados en materia migratoria, al ser uno de los puntos estratégicos para la seguridad nacional y el desarrollo turístico, esta Dictaminadora considera oportuno que el pago de los derechos por la expedición de la calidad migratoria de no inmigrante se efectúe a la entrada del extranjero al territorio nacional, lo cual coadyuve a que el Instituto Nacional de Migración cuente con los ingresos para el desarrollo de sus funciones.

Asimismo, la que dictamina coincide en destinar los recursos que se obtengan por la recaudación de los artículos 8, fracciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 9, 10, 12, 13, 14 y 14-A de la Ley Federal de Derechos a programas de modernización para mejorar el control fronterizo en el sur del país y a mejorar la calidad integral de los servicios que presta el mencionado Instituto.

Por otra parte, esta Comisión manifiesta su interés en continuar con el ajuste gradual de las cuotas de los derechos que se encuentran obligados a cubrir las entidades y sujetos del sistema financiero, derivados de la prestación de los servicios de inspección y vigilancia que proporciona la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

En este mismo tema, la dictaminadora consciente de la importancia de reflejar dentro del esquema de derechos las modificaciones efectuadas a la legislación secundaria, considera propicio adicionar una cuota para las actividades de supervisión que realiza la mencionada Comisión al inicio de las operaciones de las casas de bolsa.

Por otro lado, derivado de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007, la cual señala en su artículo 190 que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estará facultada para supervisar las operaciones y la contabilidad del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), esta Comisión coincide en la necesidad de incluir al mencionado Fondo al listado que establece la cuota que deben pagar los fondos y fideicomisos públicos sujetos a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en virtud de la estricta supervisión y vigilancia que ésta llevará a cabo.

Por otro lado, en virtud de que para el siguiente año se prevé cambiar los periodos de vigencia de los pasaportes, la que dictamina considera necesario efectuar las modificaciones correspondientes a los derechos derivados de su expedición, en el sentido de reflejar dentro del cuerpo de la Ley Federal de Derechos la vigencia señalada en el cuerpo normativo que regula la emisión de los citados instrumentos de identificación internacional.

Ahora bien, con motivo de la expedición de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Comisión dictaminadora juzga necesario adecuar el artículo 31-B de la Ley Federal de Derechos, a fin de que éste contemple al PENSIONISSSTE dentro del cobro de derechos por concepto de la inspección y vigilancia que efectúa la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Lo anterior, ya que la Ley de mérito señala en su artículo 106 que el PENSIONISSSTE estará sujeto para su operación, administración y funcionamiento a la regulación y supervisión de la Comisión referida, debiendo cumplir con las disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y con las reglas de carácter general que emita dicha Comisión aplicables a las administradoras de fondos para el retiro. En este sentido, al tener la misma regulación que las citadas administradoras, la que dictamina considera procedente que la Comisión citada recupere los costos erogados por la supervisión.

En materia de certificación de firma electrónica, el Ejecutivo Federal propone en su Iniciativa efectuar algunas precisiones a los derechos que en esta materia se pagan, en el sentido de utilizar la correcta terminología aplicable a la actividad que realizan los prestadores de los servicios correspondientes, es por ello que propone modificar el término ``prestador del servicio de certificación de firma electrónica'' por ``prestador del servicio de certificación para la emisión de certificados digitales''. Conforme lo anterior, esta Comisión no tiene inconveniente en realizar los ajustes necesarios a los derechos de certificación de firma electrónica en actos de comercio.

En otro aspecto y en virtud de la publicación del Acuerdo por el que se declara el cierre operativo y conclusión del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE), esta Dictaminadora considera necesario efectuar las modificaciones pertinentes a las disposiciones en materia de derechos que reflejan la exención del pago de los derechos por diversos servicios que presta el Registro Agrario Nacional para dicho Programa, a fin de contemplar en las mismas al Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar, en sustitución del programa antes citado.

En materia ambiental, esta Comisión considera procedentes los ajustes correspondientes a los derechos por las actividades de prevención y control de la contaminación, así como a los relativos a la importación y exportación de los residuos, lo anterior, derivado de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. En este sentido, se coincide con la necesidad de integrar una reducción de los derechos de prevención de la contaminación para aquellos contribuyentes que utilicen microgeneradores de residuos y que implementen de manera organizada sistemas de recolección y transporte de residuos que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, ya que al actuar de manera conjunta presentarán solicitudes únicas para la autorización en el manejo de dichos residuos, logrando así un beneficio colectivo tanto en la implementación coordinada de los sistemas como en la reducción de su pago de derechos.

Otro tema en materia ambiental, derivado de la entrada en vigor del Reglamento señalado, es el concerniente a contemplar dentro del esquema de cobro de derechos relativos a residuos, a aquellos previstos en los tratados internacionales como es el caso del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, que aunque no reúnan características de peligrosidad debe ser controlada su importación. Por lo que la que dictamina considera procedente su incorporación a la Iniciativa presentada.

Esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, estima de suma importancia la incorporación del derecho relativo a los servicios por la aprobación del programa de remediación de pasivos ambientales, el cual es coincidente con la política ambiental diseñada por el Gobierno Mexicano, toda vez que los servicios mencionados requieren de una alta especialización en diversas áreas técnicas para llevar a cabo un estricto análisis que refleje a la efectiva aplicación del programa correspondiente.

En la misma tesitura, las Áreas Naturales Protegidas, han sido concebidas como uno de los elementos claves para la preservación del ecosistema mexicano y, en los últimos años, se han colocado como un destino privilegiado para realizar actividades turísticas de diversa índole, es por ello, que cualquier modificación que impacte benéficamente en la conservación de las mismas, como lo son las propuestas en la Iniciativa sujeta a dictamen, resultan procedentes para la que dictamina.

Con relación a las modificaciones planteadas respecto del derecho por el uso, goce o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, esta Dictaminadora juzga oportuna la propuesta de reducir el número de contaminantes de 16 a 2 dentro del esquema actual de límites máximos permisibles a que hace referencia el Capítulo concerniente de la Ley Federal de Derechos, por ser los más representativos de las aguas residuales, facilitando el cálculo del derecho y disminuyendo con esta medida el costo de los análisis correspondientes.

Sin que lo anterior signifique que se afectará la calidad del agua, puesto que en el segundo párrafo del artículo 278 de la Ley Federal de Derechos, que se propone reformar, se establece que el pago que se efectúe del derecho correspondiente no exime a los responsables de las descargas de aguas residuales de cumplir con los límites máximos permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas y con las condiciones particulares de sus descargas, de conformidad con la Ley de Aguas Nacionales, de tal suerte que la reforma propuesta impacte exclusivamente en el ámbito fiscal, permaneciendo sin cambio el control administrativo respecto de la contaminación de aguas residuales.

Asimismo, la Comisión destaca la propuesta de asignación de pagos para los contribuyentes del citado derecho que cumplan con los programas que se acuerden con la Comisión Nacional del Agua, debido a que fomenta las acciones necesarias para el tratamiento de sus aguas residuales, ya sea mediante cambios en los procesos productivos o para el control y tratamiento de las descargas, a fin de no rebasar los límites máximos permisibles establecidos en la Ley Federal de Derechos.

En lo relativo a las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, en el sentido de ampliar los supuestos de determinación presuntiva, esta Comisión considera adecuada dicha propuesta, ya que coadyuvará a la consecución de los fines de los derechos al garantizar un apropiado uso y aprovechamiento de los cuerpos receptores derivado de las descargas de las aguas residuales.

El esquema de condonación de créditos fiscales que para efectos del derecho por el uso, goce o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales plantea el Ejecutivo Federal, el cual tiene como objetivo incentivar la realización y terminación de las obras de saneamiento que requiere el país y las cuales se muestran como un agregado de suma importancia dentro de la política ambiental, resulta relevante para esta Comisión, ya que persigue la construcción y aplicación de sistemas de tratamiento de aguas residuales y sujeta a quienes opten por adherirse a los beneficios de éste, a concluir las obras mencionadas a más tardar el 31 de diciembre de 2012.

No obstante lo anterior, esta Comisión considera necesario precisar que los usuarios municipales que se hayan acogido a los beneficios descritos en el párrafo anterior serán elegibles para el programa federal que la Comisión Nacional del Agua establezca en materia de realización de obras y acciones de saneamiento y tratamiento de aguas residuales. Para estos efectos, se adiciona un último párrafo al Artículo Quinto de las disposiciones transitorias.

Asimismo, se estima conveniente reducir a 90 días el plazo que tendrá la Comisión Nacional del Agua para emitir las disposiciones de carácter general que sean necesarias para la correcta y debida aplicación del programa de condonación a que se refiere el transitorio quinto, así como las reglas de operación para efectos de la asignación de los recursos por concepto de los derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales.

De acuerdo con lo anterior, se proponen los siguientes ajustes al quinto transitorio:

Finalmente, la que dictamina estima viable instrumentar un nuevo concepto de pago de derechos por el acceso a los museos propiedad de la Nación que se encuentren administrados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, situación que ha sido considerada oportuna en años anteriores, para el caso de los museos y zonas arqueológicas administrados tanto por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Es de señalar que las exenciones en el pago de los derechos también son coincidentes con los esquemas adoptados para los Institutos mencionados, las cuales compatibilizan con las políticas educativas dedicadas al fomento de la cultura.

2. Iniciativas de Legisladores

Por su parte, la iniciativa que reforma el artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos, presentada por el Diputado Amador Campos Aburto , propone que el derecho de no inmigrante lo paguen todos los turistas que ingresen al país, cubriendo cuotas distintas dependiendo de la vía de ingreso ya sea marítima, aérea o terrestre, así como incluir la obligación de pagar el derecho al ingreso al territorio nacional.

Del análisis efectuado a la Iniciativa antes citada, esta Comisión considera que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 1o. del ordenamiento jurídico en cuestión, los derechos por la prestación de servicios que se establecen en el mismo, deberán estar relacionados con el costo total del servicio, incluso el financiero, lo cual no ocurre en la especie, en virtud de que para la expedición de la autorización en la que se otorga la calidad migratoria de no inmigrante a extranjeros, en la característica migratoria de turista, el derecho por el servicio migratorio no debe de estar diferenciado basándose en la vía de ingreso al país (aérea, marítima o terrestre), sino por el costo por la expedición de la autorización, razón por la cual resulta no procedente dicha propuesta.

Asimismo, respecto a la propuesta de modificación del último párrafo del artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos, en la cual se pretende que el pago del derecho previsto en las fracciones I, III y VIII de dicho numeral se efectúe cuando el extranjero ingrese al territorio nacional, es menester señalar que la misma se estima procedente y que resulta coincidente con la Iniciativa del Ejecutivo Federal.

Por otro lado, el 18 de septiembre pasado, el Diputado Manuel Cárdenas Fonseca , presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, mediante la cual propone destinarle al Consejo de Promoción Turística de México, la totalidad de los ingresos generados por la aplicación del derecho de no inmigrante derivado de la calidad migratoria de turista.

Sobre el particular, la que dictamina considera conveniente modificar el primer párrafo del artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, a fin de destinar un 20% del derecho de no inmigrante a que se refiere la fracción I del artículo 8o. de la propia Ley al Instituto Nacional de Migración, en un 80% al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país, el cual transferirá el 10% de la recaudación total del derecho al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine, con el objeto de mejorar los destinos turísticos del país, para quedar de la siguiente manera:

En adición, esta Comisión recibió para su dictamen la propuesta de reforma del artículo 20 de la Ley Federal de Derechos, presentada por el Diputado José Jacques Medina, la cual tiene como objeto otorgar facilidades a las personas que requieran viajar al extranjero para atenderse de alguna enfermedad y que sean patrocinadas por alguna asociación, fundación, organismo o país, mediante la exención del pago del derecho por la expedición de pasaportes ordinarios y documentos de identidad o viaje con validez hasta por un año, el cual se encuentra establecido en la actual fracción II del artículo 20 de la Ley Federal de Derechos.

La que dictamina se abocó al estudio de la citada Iniciativa, observando que en la actual Ley Federal de Derechos existen diversas exenciones para el pago de los derechos por la expedición de pasaportes entre los cuales destaca la reducción del 50% en la cuota del derecho a los trabajadores agrícolas, a las personas mayores de sesenta años, así como a las que padezcan cualquier tipo de discapacidad comprobada, por lo que se considera que de seguirse incrementando las exenciones en la materia, se podría generar la distorsión del esquema de pago de derechos en detrimento de la prestación del servicio.

De igual forma, se estima que la exención propuesta no contempla mecanismos para determinar que una persona se encuentra dentro del propio supuesto de exención, lo cual genera incertidumbre jurídica primordialmente para la autoridad, por lo que no se considera procedente la Iniciativa en comento.

Continuando con el análisis de las Iniciativas enumeradas, la que reforma el último párrafo del apartado A) del artículo 223 de la Ley Federal de Derechos, del Senador Silvano Aureoles Conejo, propone incrementar el financiamiento de la investigación básica y aplicada que requiere el sector hídrico, aprovechando parte de la recaudación de los derechos de agua a fin de que dichos ingresos se inviertan en la investigación, el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos calificados.

Al respecto, se destaca que una de las atribuciones de la Comisión Nacional del Agua, de conformidad con el artículo 9, fracción XXX de la Ley de Aguas Nacionales, es la de promover y, en su caso, realizar la investigación científica y el desarrollo tecnológico en materia de agua, así como la formación y la capacitación de recursos humanos. En este sentido, se estima que dicha finalidad debe cubrirse mediante el presupuesto correspondiente que le es asignado a dicho órgano desconcentrado, el cual debe prever el financiamiento para el desarrollo de cada una de las atribuciones que conforme a la Ley de Aguas Nacionales tiene encomendadas. En tal virtud, esta Comisión considera no procedente la Iniciativa en estudio.

En este mismo tema, la Diputada Marina Arvizu Rivas presentó la Iniciativa que reforma el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos, con la finalidad de establecer el pago de derechos por la prestación de servicios ambientales mediante contribuciones compensatorias a cargo de los usuarios en las poblaciones y áreas de riego que reciban los recursos hidrológicos de que han venido disfrutando y capitalizando, a fin de constituir fondos financieros por servicios ambientales para la protección de las fuentes de agua y el equilibrio de los ecosistemas regionales.

Esta Dictaminadora considera que la Iniciativa presentada por la Diputada Arvizu Rivas, no especifica si la aplicación de la contribución compensatoria se refiere a un servicio público otorgado por el Estado o bien al uso o aprovechamiento de un bien del dominio público, ya que el artículo 223 apartado A que se pretende reformar, se encuentra en la sección relativa a los derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público.

Asimismo, no determina con claridad cuál es el concepto de cobro, el objeto, la base y la metodología para establecer el derecho que se propone, siendo que una de las bases para el cobro de los derechos es establecer la base de la contribución a fin de que el Estado determine cuánto le cuesta proporcionar el servicio al particular o, en su caso, el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público y, en el caso que nos ocupa, no existen elementos técnicos ni económicos que sustenten dicha propuesta.

Adicionalmente, esta Comisión considera que la Ley Federal de Derechos no es el instrumento idóneo para establecer una contribución adicional al derecho señalado en el artículo 223 apartado A de la mencionada Ley, como es la contribución compensatoria por concepto de servicios ambientales.

Por otra parte, el Diputado Amador Campos Aburto , presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma el artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos, con la que se pretende crear para efectos del pago del derecho por el uso, goce o aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre, dos tipos de subzonas a fin de determinar si el uso de la misma se efectúa dentro de playas urbanas o rústicas.

Al respecto, es de destacar que actualmente las zonas y usos ya se encuentran determinados atendiendo el tipo de aprovechamiento que en la zona federal marítimo terrestre se efectúe, así como el grado de explotación del bien de dominio público. En este sentido, actualmente la Ley Federal de Derechos contempla 3 distintos usos, con cuotas diferentes entre ellos, con diferencias con base en la zona en que se efectúa el aprovechamiento, por lo que se estima que introducir un elemento más para efectos del cálculo del derecho, distorsionaría y desvirtuaría el esquema, en detrimento de su propia recaudación. En ese sentido, esta Comisión no considera procedente la propuesta de Iniciativa de referencia.

Por su parte, la Iniciativa que reforma el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, presentada por el Diputado Nabor Ochoa López , tiene por objeto modificar el artículo 232-D de la Ley Federal de Derechos, a fin de reclasificar al Municipio de Manzanillo, Colima, en una zona tarifaría menor para efectos del pago del derecho por el uso, goce o aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, pasando de la actual zona VIII a la zona VII.

Sobre el particular, cabe mencionar que la clasificación de zonas exige un sustento técnico y económico efectuado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual considera elementos tales como el valor económico de la zona, el impacto ambiental, el nivel de suelos, el desarrollo turístico, los usos de la zonas, entre otros, a fin de considerar en cada una de ellas a los municipios que comprenden las mismas. Es por ello que, a juicio de esta Dictaminadora las rezonificaciones deben basarse única y exclusivamente en los criterios que la autoridad administradora del bien ha considerado para efectos de la integración del derecho, y no así en elementos ajenos a los mismos, toda vez que los derechos deben guardar relación con el uso, goce o aprovechamiento de que se trate y, en el caso que nos ocupa, no existen elementos técnicos ni económicos de las autoridades competentes que acrediten el cambio de zona. En tal virtud, esta Comisión no considera procedente la Iniciativa presentada.

En relación a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada por el Senador Tomás Torres Mercado, se propone adicionar un derecho a cargo de las empresas o sociedades mineras aplicando la tasa de 1 por ciento sobre su producción bruta. Lo anterior, a efecto de que se atienda el entorno ecológico y la problemática de los municipios donde se encuentren los depósitos minerales. Conforme a lo anterior, la que dictamina no considera procedente dicha propuesta ya que en la actualidad las personas que desarrollan trabajos relacionados con la exploración o explotación de sustancias o minerales que regula la Ley Minera ya cubren los derechos respectivos.

Respecto a la Iniciativa que reforma los artículos 254 y 258 de la Ley Federal de Derechos, relativa a la materia de hidrocarburos, que presentó el Diputado Raúl Cervantes Andrade , esta Comisión considera que en virtud de que el pasado 14 de septiembre se aprobaron por el H. Congreso de la Unión, modificaciones al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos, en las que se contemplaron diversas iniciativas y propuestas que sobre el tema en su momento los legisladores de los distintos grupos parlamentarios vertieron, la Iniciativa que nos ocupa no es procedente.

La iniciativa que reforma el artículo 261 de la Ley Federal, presentada por los diputados Fernando Moctezuma Pereda y Arturo Martínez Rocha , propone adicionar a los municipios en cuyo territorio existan instalaciones de refinación, centros de proceso, y terminales marítimas y los municipios en que, por incidentes en la infraestructura de dicha empresa, hayan sufrido algún daño ambiental, dentro de los supuestos previstos por la ley, para efectos de su rehabilitación.

Al respecto, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público no considera procedente la iniciativa en cuestión, en virtud de que se distorsiona la finalidad del beneficio a los municipios colindantes con fronteras o litorales por los que salen materialmente del país los hidrocarburos, dado que son los que se ven mayormente afectados en distintos aspectos por dicha actividad de exportación, pudiendo ocasionar de considerarse la propuesta una afectación en las finanzas públicas de estos municipios por la disminución tangible de la participación por este concepto.

México cuenta con grandes atractivos en sus costas; sin embargo, los mismos no se han explotado suficientemente a través del fomento del turismo de cruceros, por lo que es necesario fortalecer la infraestructura turística de los municipios costeros a los que arriban dichos cruceros a efecto de mejorar la calidad de los servicios y que, en consecuencia, se atraiga mayor turismo de este tipo, por ello, la Comisión dictaminadora considera conveniente adicionar una fracción IX y un último párrafo al artículo 8o., y reformar el artículo 16, ambos de la Ley Federal de Derechos, y adicionar un segundo párrafo a la fracción IV del Artículo Segundo transitorio de la iniciativa que se dictamina, a fin de establecer el derecho por los servicios que presta el Instituto Nacional de Migración por la expedición de la autorización de la característica migratoria de visitante local que se otorga hasta por 3 días, independientemente del número de puertos que se visiten en cada viaje, exentando al propio tiempo a quienes ingresen al país bajo esta misma característica migratoria por vía terrestre.

Asimismo, se propone destinar los ingresos que se generen por este concepto en un 95% a los municipios en proporción al número de visitantes que reciban, a fin de ser aplicado en obras de infraestructura y programas de conservación, mantenimiento, limpieza y vigilancia de las zonas costeras, con base en los convenios que al efecto se celebren con las Entidades Federativas y los municipios respectivos, y en un 5% al Instituto Nacional de Migración para la prestación del servicio a que se refiere la citada fracción.

En consecuencia, dichas modificaciones quedarían de la siguiente forma:

Transitorios

Finalmente, con el objeto de precisar el destino de los recursos derivados de la reforma al régimen fiscal de Pemex, la que dictamina considera necesario reformar el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, en materia de hidrocarburos y se derogan y reforman diversas disposiciones del Decreto que reforma diversas disposiciones del Título Segundo, Capítulo XII, de la Ley Federal de Derechos, publicado el 21 de diciembre de 2005; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 01 de octubre de 2007, en la siguiente forma:

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a la consideración del Pleno el siguiente:

DECRETO

QUE POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS

ARTÍCULO PRIMERO. Se REFORMAN los artículos 8o., último párrafo; 12; 16; 18-A; 20, fracciones II y III, y el actual último párrafo; 24, fracción III; 29, fracción VII; 29-B, fracciones I, incisos a), numeral 1, segundo párrafo, b), numerales 1, segundo párrafo, 2, segundo párrafo y 3, segundo párrafo, c), segundo párrafo, d), segundo párrafo, e), segundo párrafo, f), segundo párrafo, g), segundo párrafo, h), segundo párrafo, i), numerales 1, segundo párrafo y 2, segundo párrafo, j), numeral 1, segundo párrafo y k), primer párrafo, y IV, primer párrafo; 29-D, fracciones I, incisos a) y b), II, incisos a), b) y c), III, incisos a) y b) y último párrafo, IV, incisos a) y b) y último párrafo, V, incisos a), b) y c) y último párrafo, VI, incisos a) y b) y último párrafo, VII, incisos a), b) y c), VIII, segundo párrafo, X, incisos, a), b) y c), XI, inciso a), y tercer párrafo, XII, incisos, a), b) y c) y último párrafo, XIII, incisos, a), b) y c) y último párrafo, XIV, inciso b), XV, inciso b) y último párrafo, XVI, inciso b), XVII, inciso b), XVIII, incisos, a), b) y c) y tercer párrafo, y XIX, segundo párrafo; 29-E, fracciones II, segundo párrafo, III, segundo párrafo, IV, segundo párrafo, V, segundo párrafo, VI, segundo párrafo, XI, segundo párrafo, XII, segundo párrafo, XIV, segundo párrafo, XVIII, segundo párrafo, XX, segundo párrafo, XXI, incisos a) y b), XXII, incisos a) y b) y XXIII, segundo párrafo; 29-F, fracciones I, incisos a), numeral 1, segundo párrafo, c), segundo párrafo y e), segundo párrafo y III; 31, fracción I, primer párrafo; 31-B; 32; 33; 40, inciso l) y segundo párrafo; 49, fracción III, primer párrafo; 78; 162, apartados A y B; 167, primer párrafo; 171-A, primer párrafo y fracción II; 187, apartados A, fracciones I y VII, B, fracción I, E, fracción I, primer párrafo y F, fracción IV; 194-K, segundo párrafo; 194-L, segundo párrafo; 194-T, fracciones II, III, IV, VII y VIII; 194-T-1, primer párrafo, fracción I y último párrafo; 195-A, fracciones I, incisos a) y b), II y III, incisos a), b) y c); 198, fracción I, en el apartado correspondiente al Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California; 198-A, fracción I y la denominación del Parque Nacional Yaxchilán; 263, penúltimo párrafo; 276; 277; 278, segundo párrafo; 278-B, fracciones I, incisos a) y b), II, III, primer párrafo, incisos b), primer párrafo, d) y e), IV, incisos b), Tabla C ``Efluentes no Municipales'' y segundo párrafo y c), cuarto y sexto párrafos, y V; 278-C; 281-A, segundo y tercer párrafos; 282, fracciones V y VII; 282-C, Tabla IV y último párrafo; 283; 284, primer párrafo, fracciones I, II y VI, y último párrafo; 285; 288-E, primer párrafo, y 288-G; se ADICIONAN los artículos 8o. fracción IX y último párrafo; 20, fracción I y último párrafo, pasando el actual último párrafo a ser penúltimo párrafo; 29, fracciones XXI y XXII; 29-B, fracción I, inciso a), numeral 3 e inciso l); 29-E, fracciones XVI, incisos a) y b) y XXI, último párrafo; 29-F, fracción I, incisos a), numeral 3 y g); 29-K, fracción V, penúltimo párrafo; 40, penúltimo párrafo; 61-A; 61-B; 61-C; 105, último párrafo; 192-C, fracción V; 194-T, último párrafo; 194-T-5; 194-T-6; 194-X; 195-A, fracción I, inciso c); 278-A, rubro denominado ``CUERPOS RECEPTORES TIPO A'' comprendiendo primero y segundo párrafos y un último párrafo al rubro denominado ``CUERPOS RECEPTORES TIPO B''; 278-B, fracciones IV, inciso d), VI, VII y VIII; 279; 288-A-2; 288-A-3, y 288-D-1, y se DEROGAN los artículos 4o., décimo primero, décimo segundo, décimo tercero y décimo cuarto párrafos; 29-E, fracción XVI, segundo párrafo; 29-M; 31, último párrafo; 56, fracción III, inciso b); 57, fracción IV, inciso b); 58, fracción III, inciso b); 85-A; 186, fracción IX; 191-D; 278-A, último párrafo; 278-B, fracción IV, inciso b), último párrafo; 282-A, y 282-D, de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:

Artículo 4o. ...

(Se deroga décimo primer párrafo).

(Se deroga décimo segundo párrafo).

(Se deroga décimo tercer párrafo).

(Se deroga décimo cuarto párrafo).

...

Artículo 8o. ...

IX. Visitante Local $56.00

...

El pago del derecho previsto en las fracciones I, III y VIII de este artículo, deberá efectuarse al ingreso del extranjero a territorio nacional.

El derecho a que se refiere la fracción IX de este artículo, se recaudará a través de las oficinas autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria y su importe se destinará en un 95% a los municipios en proporción al número de visitantes que arriben a los puertos ubicados en cada municipio, a fin de ser aplicado en obras de infraestructura y programas de conservación, mantenimiento, limpieza y vigilancia de las zonas costeras, con base en los convenios que al efecto se celebren con las Entidades Federativas y los municipios respectivos, y en un 5% al Instituto Nacional de Migración para la prestación del servicio a que se refiere la citada fracción.

Artículo 12. Por la prestación de los servicios migratorios en aeropuertos a pasajeros de vuelos internacionales que abandonen el territorio nacional, se cobrará la cuota de $47.50

El derecho de servicios migratorios a que se refiere el presente artículo se pagará a la salida de pasajeros de vuelos internacionales.

Artículo 16. Los asilados políticos, refugiados y visitantes distinguidos, no pagarán los derechos por internación al país, ni por reposición de documentos, establecidos en los artículos precedentes de esta Sección.

Artículo 18-A. Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción I del artículo 8o. de la presente Ley, se destinarán en un 20% al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona, y en un 80% al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país, el cual trasferirá el 10% de la recaudación total del derecho al Fondo Nacional de Fomento al Turismo para los estudios, proyectos y la inversión en infraestructura que éste determine con el objeto de mejorar los destinos turísticos del país.

Los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos establecidos en los artículos 8, fracciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 9, 10, 12, 13, 14 y 14-A de esta Ley, serán destinados a programas de modernización, equipamiento e infraestructura para mejorar el control fronterizo en la línea divisoria internacional del sur del país y a mejorar las instalaciones, equipos, mobiliario, sistemas y la calidad integral de los servicios en materia migratoria que presta el Instituto Nacional de Migración.

Artículo 20. ...

...

Tratándose de la expedición de pasaportes ordinarios con validez hasta por seis años para trabajadores agrícolas que, con base en memorandums de entendimiento firmados por el Gobierno Mexicano con otros países, presten servicios en el exterior, se pagará el 50% de las cuotas establecidas en las fracciones I a III de este artículo, según corresponda.

Los derechos que se obtengan por concepto de las fracciones anteriores en los servicios que sean prestados en el territorio nacional, se destinarán en un 15% a la Secretaría de Relaciones Exteriores para mejorar los servicios y operación de las delegaciones de dicha dependencia.

Artículo 24. ...

...

Artículo 29. ...

Artículo 29-B. ...

1. ...1.4191 al millar por los primeros $520'376,695.00 del capital contable de la emisora, y 0.7096 al millar por el excedente sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de: . $6'122,079.00...3. Emitidas por sociedades controladoras de grupos financieros, instituciones de crédito, casas de bolsa, casas de cambio, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, sociedades financieras de objeto limitado, sociedades financieras de objeto múltiple y demás entidades financieras autorizadas:1.4191 al millar por los primeros $520'376,695.00 del capital contable de la emisora, y 0.7096 al millar por el excedente sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de: $6'122,079.00. 1. ...1.0643 al millar por los primeros $440'746,051.00 sobre el monto emitido, y 0.5322 al millar por el excedente sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de: $5'185,248.002. ...0.5322 al millar por los primeros $440'939,500.00 del monto emitido, y 0.2661 al millar por el excedente sin que los derechos a pagar en el primer año contado a partir de la obtención de la autorización por programa excedan del resultado de multiplicar 0.5322 al millar por los primeros $440'939,500.00 del monto autorizado, y 0.2661 al millar por el excedente.3. ...0.2661 al millar del monto emitido por tipo de valor y en proporción a su plazo sin que los derechos a pagar por este concepto en un ejercicio excedan de: $603,163.00 1.5768 al millar respecto del monto total del capital social mínimo fijo. 1. ...0.54 al millar por los primeros $495'602,793.00 sobre el monto emitido y 0.27 al millar por el excedente sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de $5'830,622.002. ...0.27 al millar del monto emitido sin que los derechos a pagar por año excedan de: $677,996.00 1. ...0.27 al millar del monto emitido sin que los derechos a pagar por año excedan de: $600,368.00

Artículo 29-D. ...

Artículo 29-F. ...

1. ...0.7676 al millar respecto al capital social más reservas de capital sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de: $382,314.00...3. Emitidas por sociedades controladoras de grupos financieros, instituciones de crédito, casas de bolsa, casas de cambio, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, sociedades financieras de objeto limitado, sociedades financieras de objeto múltiple y demás entidades financieras autorizadas:0.7676 al millar respecto al capital social más reservas de capital sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de: $382,314.00... Por acciones, la cuota señalada en la fracción I, inciso a), numerales 1 a 3, de este artículo, según corresponda y 0.6396 al millar respecto al monto en circulación de cada emisión de títulos de crédito o valores inscritos que otorguen a sus titulares derechos de crédito, de propiedad o de participación, sobre bienes o derechos muebles o inmuebles sin que los derechos a pagar por este concepto excedan de: $119,472.61

Artículo 29-K. ...

Artículo 29-M. (Se deroga).

Artículo 31. ...

...

(Se deroga último párrafo).

Artículo 31-B. Las Administradoras de Fondos para el Retiro, las instituciones públicas que realicen funciones similares a éstas, las Empresas Operadoras de la Base de Datos Nacional SAR y las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro pagarán el derecho de inspección y vigilancia que se efectúa en éstas, conforme a las siguientes cuotas:

Artículo 32. Por el estudio de la solicitud y, en su caso, el registro o la revalidación del registro de agentes promotores en el Registro de Agentes Promotores de las Administradoras de Fondos para el Retiro o de instituciones públicas que realicen funciones similares, que proporciona la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, se pagarán derechos conforme a la cuota de: $176.75

Artículo 33. Por la presentación del examen de postulación a agente promotor o de revalidación del registro de agente promotor, con el cual se evaluarán los conocimientos requeridos para ejercer la actividad de agente promotor en las Administradoras de Fondos para el Retiro o en instituciones públicas que realicen funciones similares, se pagarán derechos conforme a la cuota de: $267.80

Artículo 40. ...

Los derechos a que se refieren los incisos b), c), d), e), h), k), l), m) y n) de este artículo se pagarán anualmente. Los derechos a que se refieren los incisos a), f), g), i) y j) de este artículo se pagarán por única vez.

Por la prórroga de las autorizaciones a que se refieren los incisos b), c), h), i), k) y n) de este artículo, así como por la renovación de las autorizaciones a que se refieren los incisos a) y m) de este artículo, se pagarán las mismas cuotas que se establecen para cada inciso.

...

Artículo 49. ...

...

Artículo 56. ...

Artículo 57. ...

Artículo 58. ...

Artículo 61-A. Por el análisis de la solicitud y, en su caso, por el otorgamiento de los permisos de construcción y operación de las instalaciones a que se refiere el artículo 1 del Reglamento de Trabajos Petroleros, en materia de refinación del petróleo, elaboración y procesamiento del gas y de petroquímicos básicos, y demás actividades relacionadas, se pagará el derecho conforme a la cuota de: $4,977.20

Artículo 61-B. Por el análisis de la solicitud y, en su caso, por el otorgamiento de los permisos de desmantelamiento de las instalaciones a que se refiere el artículo 1 del Reglamento de Trabajos Petroleros, en materia de refinación del petróleo, elaboración y procesamiento del gas y de petroquímicos básicos, y demás actividades relacionadas, se pagará el derecho conforme a la cuota de: $2,404.70

Artículo 61-C. Por la revisión y verificación en la realización de pruebas hidrostáticas derivadas de la construcción o mantenimiento de ductos, y pruebas hidrostáticas o de hermeticidad para circuitos en instalaciones de transformación industrial en materia de refinación del petróleo, elaboración y procesamiento del gas y de petroquímicos básicos, y demás actividades relacionadas, se pagará el derecho conforme a la cuota de: $1,434.79

Artículo 78. Por los servicios en materia de acreditación de prestador de servicio de certificación para la emisión de certificados digitales, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:

Artículo 85-A. (Se deroga).

Artículo 105. ...

Los estudios para la asignación de las frecuencias que vayan a ser utilizadas durante las visitas al país de jefes de estado y misiones diplomáticas extranjeras, cuyas autorizaciones sean gestionadas por conducto de las embajadas en el país o por la Secretaría de Relaciones Exteriores estarán exentas del pago del derecho previsto en este artículo.

Artículo 162. ...

B. Por el estudio y trámite de la solicitud y, en su caso, la inscripción de los navieros y agentes mexicanos, así como de los operadores, se pagará por concepto de derecho de Registro Marítimo Nacional la cuota de . $1,054.83

...

Artículo 167. Por el estudio y trámite de la solicitud y, en su caso, expedición, prórroga, renovación, modificación, ampliación o cesión de concesiones, permisos o autorizaciones para el uso o aprovechamiento de obras marítimo portuarias; así como para la prestación de servicios portuarios en las vías generales de comunicación por agua, se pagará el derecho de solicitud correspondiente, conforme a las siguientes cuotas:

...

Artículo 171-A. Por la autorización para ejercer como Agente Naviero Consignatario de Buques, Agente Naviero General o Agente Naviero Protector, se pagará el derecho de agente naviero, conforme a las siguientes cuotas:

...

Artículo 186. ...

...

Artículo 187. ...

...

Articulo 191-D. (Se deroga).

Artículo 192-C. ...

Artículo 194-K. ...

Por la solicitud y, en su caso, autorización de la modificación de los programas de manejo a que se refiere este artículo se pagará el 35% de la cuota según corresponda, tomando como base el total de los volúmenes autorizados pendientes de aprovechar.

...

Artículo 194-L. ...

Por la solicitud y, en su caso, autorización de la modificación de los programas de manejo a que se refiere este artículo se pagará el 35% de la cuota según corresponda, tomando como base el total de los volúmenes autorizados pendientes de aprovechar.

...

Artículo 194-T. ...

...

Los contribuyentes que utilicen microgeneradores organizados y que presenten las solicitudes a que se refiere la fracción I del presente artículo pagarán el 50% de la cuota establecida en este artículo.

Artículo194-T-1. Por la recepción, estudio de la solicitud y, en su caso, autorización por primera vez para importar y exportar residuos peligrosos y otros residuos que se encuentren previstos en tratados internacionales de los que México sea parte, que no tengan características de peligrosidad, se pagarán derechos, conforme a las siguientes cuotas:

...

Por los trámites subsecuentes y solicitudes de prórroga y modificación a la autorización se pagará el 50% de la cuota establecida en este artículo.

Artículo 194-T-5. Por la recepción, análisis y, en su caso, registro de cada plan de manejo de residuos peligrosos, se pagará la cuota de $1,000.00

Por la solicitud de modificación o integración al registro, se pagará el 50% de la cuota establecida en el presente artículo.

Artículo 194-T-6. Por la recepción, análisis y, en su caso, aprobación del programa de remediación de pasivos ambientales, se pagará la cuota de:

Tratándose de la solicitud de autorización para la transferencia de sitios contaminados se pagará la cuota de $3,000.00

Artículo 194-X. Cuando los solicitantes, con base en el artículo 109-Bis 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y conforme a los lineamientos de carácter general que emita la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presenten una solicitud única para dos o más trámites o servicios establecidos de la Sección Quinta a la Sección Novena del presente Capítulo para la autorización de un proyecto, sólo pagarán el derecho más alto que corresponda a los trámites y servicios solicitados.

Artículo 195-A. ...

...

Artículo 198. ...

...

Artículo 198-A. ...

...

Artículo 263. ...

En el caso de sustitución de concesiones o asignaciones por las causas previstas en la Ley Minera, la vigencia para efectos del pago del derecho sobre minería se computará para las concesiones a partir de la fecha de inscripción en el Registro Público de Minería de la concesión original que se sustituye y para las asignaciones, a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

...

Artículo 276. Están obligados a pagar el derecho por uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, las personas físicas o morales que descarguen en forma permanente, intermitente o fortuita aguas residuales en ríos, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, así como los que descarguen aguas residuales en los suelos o las infiltren en terrenos que sean bienes nacionales o que puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos, en términos de lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 277. Para los efectos del presente Capítulo se consideran:

Artículo 278. ...

El pago del derecho a que se refiere este artículo no exime a los responsables de las descargas de aguas residuales de cumplir con los límites máximos permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas y con las condiciones particulares de sus descargas, de conformidad con la Ley de Aguas Nacionales.

Artículo 278-A. ...

CUERPOS RECEPTORES TIPO ``A'':

Todos los que no se señalan como tipos B o C; así como los suelos y terrenos referidos en el artículo 276 de esta Ley.

Tratándose de las descargas efectuadas desde plataformas marinas o fuentes móviles se aplicarán las cuotas establecidas para los cuerpos receptores tipo A.

...

Todos los Estuarios y Humedales Naturales, y todos los Embalses Naturales o Artificiales, a excepción de los que se clasifican como tipo C.

...

(Se deroga último párrafo).

Artículo 278-B. ...

Artículo 278-C. Para calcular el monto del derecho a pagar por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales se considerará, trimestralmente, el volumen de las aguas residuales descargadas, las concentraciones de contaminantes que rebasen los límites máximos permisibles establecidos, así como el tipo de cuerpo receptor donde se efectúen, de la siguiente forma:

El monto del derecho a pagar será enterado por el contribuyente en los términos del artículo 283 de esta Ley.

Artículo 279. Los ingresos que se obtengan por concepto del derecho por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, correspondientes al artículo 278-C de esta Ley, se destinarán a la Comisión Nacional del Agua para la realización de los programas que al efecto establezca dicha Comisión, en una cantidad equivalente hasta por el monto cubierto, en el ejercicio de que se trate, para la realización de obras y acciones de saneamiento y dotación de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, conforme a lo siguiente:

Los contribuyentes del derecho por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales podrán solicitar a la Comisión Nacional del Agua autorización para realizar un programa de acciones en materia de saneamiento y tratamiento de aguas residuales y, en su caso, dicha Comisión les asignará recursos para su realización, siempre que no exceda el monto cubierto por el contribuyente de conformidad con el artículo 278-C de esta Ley.

El programa de acciones referido en el párrafo anterior, tendrá como fin mejorar la calidad de las aguas residuales, ya sea mediante cambios en los procesos productivos o para el control o tratamiento de las descargas, a fin de no rebasar los límites máximos permisibles establecidos en esta Ley, y mantener o mejorar la calidad de sus descargas de aguas residuales.

Para los efectos del párrafo anterior, los contribuyentes están obligados a presentar ante la Comisión Nacional del Agua, un informe, bajo protesta de decir verdad, de los avances del programa de acciones presentado ante dicho órgano desconcentrado, en los primeros diez días de los meses de julio del mismo año y enero del siguiente, en las formas establecidas para ello.

La Comisión Nacional del Agua en términos del instructivo para la presentación y seguimiento del programa de acciones que para tal efecto publique en el Diario Oficial de la Federación, vigilará el cumplimiento en el avance de las acciones comprometidas por los contribuyentes.

En el caso de que los contribuyentes no presenten alguno de los informes señalados en el párrafo anterior, en los plazos establecidos para ello, no gozarán del beneficio contenido en este artículo, por lo que hace al periodo omitido.

La Comisión Nacional del Agua vigilará que los recursos entregados se ejerzan para los fines establecidos en el presente artículo y en caso de que los contribuyentes no acrediten tal situación, deberán reintegrar a la Comisión los recursos asignados, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que dicha autoridad se lo comunique a los contribuyentes, para lo cual se señalará en la resolución correspondiente el importe respectivo, con la actualización y recargos causados a partir de la fecha en que recibieron los recursos, en términos de los artículos 17-A, 21 y demás aplicables del Código Fiscal de la Federación.

Cuando los recursos asignados no sean devueltos por el contribuyente en el plazo establecido para tal efecto, el importe señalado en la resolución dictada, tendrá el carácter de crédito fiscal y será exigible a través del procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables.

Artículo 281-A. ...

A fin de hacer efectiva dicha disminución, los contribuyentes deberán presentar ante las oficinas de la Comisión Nacional del Agua, para su verificación y sellado, el original de la factura de compra de los aparatos de medición y de su instalación, que deberán cumplir con los requisitos fiscales a que se refiere el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.

El monto a acreditar, deberá asentarse en la declaración provisional trimestral o bien en la declaración del ejercicio fiscal que corresponda, debiendo precisar en la declaración respectiva la fecha de adquisición y el costo total de los aparatos de medición y de su instalación debidamente comprobado. Cuando el monto a acreditar sea mayor al derecho a cargo, el excedente se descontará en las siguientes declaraciones provisionales trimestrales o anuales.

Artículo 282. ...

...

Artículo 282-A. (Se deroga).

Artículo 282-C. ...

Este porcentaje de descuento se aplicará al monto del derecho a que se refiere el Capítulo VIII del Título II de esta Ley sin incluir el que corresponda al uso consuntivo del agua. En este caso, a la declaración del pago del derecho por uso o aprovechamiento de aguas nacionales, se deberán acompañar los resultados de la calidad del agua, emitidos por un laboratorio acreditado ante la entidad de acreditamiento autorizada por la Secretaría de Economía y aprobado por la Comisión Nacional del Agua.

Artículo 282-D. (Se deroga).

Artículo 283. ...

Los contribuyentes que efectúen descargas permanentes o intermitentes estarán obligados a presentar la declaración a que se refiere el párrafo anterior.

...

Artículo 284. La Comisión Nacional del Agua o el Servicio de Administración Tributaria procederán a la determinación presuntiva del derecho federal a que se refiere el presente Capítulo, en los siguientes casos:

Artículo 285. Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, la autoridad fiscal estará a lo siguiente:

Artículo 288-A-2. Están obligadas al pago del derecho por el acceso a los museos propiedad de la Federación y administrados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, las personas que tengan acceso a los mismos, conforme a las siguientes cuotas:

El pago del derecho a que se refiere este precepto deberá hacerse previo al ingreso a los recintos correspondientes.

De las 9:00 horas a las 17:00 horas, no pagarán el derecho a que se refiere este artículo las personas mayores de 60 años, menores de 13 años, jubilados, pensionados, discapacitados, profesores y estudiantes en activo, así como los pasantes o investigadores que cuenten con permiso del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para realizar estudios afines a los museos a que se refiere este artículo. Asimismo, estarán exentos del pago de este derecho quienes accedan a los museos los domingos.

Artículo 288-A-3. Están obligadas a pagar el derecho por el uso o aprovechamiento de inmuebles, las personas físicas y morales que usen o aprovechen bienes sujetos al régimen del dominio público de la Federación en los museos, bibliotecas, recintos culturales y artísticos y demás inmuebles administrados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, conforme a lo que a continuación se señala:

El pago de los derechos a que se refieren las fracciones III, IV y V de este artículo se efectuará previamente a la realización del evento.

Las cuotas a que se refieren las fracciones III, IV y V de este artículo se incrementarán proporcionalmente a partir de la terminación de la cuarta hora de acuerdo con la duración total del evento.

Para los efectos de este artículo, no estarán obligados al pago de los derechos al que el mismo se refiere las instituciones públicas que realicen conjuntamente con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, eventos culturales, educativos, cívicos o de asistencia social, así como las que realicen actividades de promoción, difusión y comercialización culturales, educativas, cívicas o de asistencia social, previa celebración de un convenio.

Artículo 288-D-1. Por el uso, goce o aprovechamiento, con fines comerciales para filmación, videograbación y tomas fotográficas de museos, bibliotecas, recintos culturales y artísticos y demás inmuebles administrados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se pagará el derecho de filmación y tomas fotográficas conforme a las siguientes cuotas:

No pagarán los derechos establecidos en este artículo las instituciones públicas que realicen conjuntamente con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, eventos culturales, educativos, cívicos o de asistencia social, así como las que realicen actividades de promoción, difusión y comercialización culturales, educativas, cívicas o de asistencia social, previa celebración de un convenio.

Artículo 288-E. Por el uso, goce o aprovechamiento, para uso o reproducción por fotografía impresa o en soporte digital, de fotografías a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, para fines sancionados por las autoridades competentes del mismo Instituto así como del citado Consejo, se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:

...

Artículo 288-G. Los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos a que se refiere el presente Capítulo se destinarán al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, según corresponda, para la investigación, restauración, conservación, mantenimiento, administración y vigilancia de las unidades generadoras de los mismos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se REFORMA el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, en materia de hidrocarburos y se derogan y reforman diversas disposiciones del ``Decreto que reforma diversas disposiciones del Título Segundo, Capítulo XII, de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2005'', el cual a su vez fue publicado en ese órgano de difusión el 1 de octubre de 2007, en la siguiente forma:

Artículo Quinto. La disminución en el pago por concepto del derecho ordinario sobre hidrocarburos que obtenga PEMEX Exploración y Producción, derivada de la aplicación del régimen fiscal contenido en el presente Decreto, en comparación con los montos que hubiera cubierto con el régimen vigente hasta el 2007, se destinará a inversión en infraestructura de Petróleos Mexicanos en la industria petrolera, de conformidad con lo que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2008, con excepción de la adición de la fracción IX y del último párrafo al artículo 8o., así como la reforma al artículo 16, ambos de la Ley Federal de Derechos, mismos que entrarán en vigor a partir del 1 de julio de 2008.

Segundo. Durante el año de 2008, se aplicarán en materia de derechos las siguientes disposiciones:

Tercero. No estarán obligados al pago del derecho a que se refiere el artículo 288-A-3 de la Ley, los concesionarios o permisionarios cuyos títulos se encuentren vigentes a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, durante su periodo de vigencia.

Cuarto. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley Federal de Derechos, el pago del derecho por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales utilizadas en los municipios del territorio mexicano que a continuación se señalan, durante el ejercicio fiscal de 2008 se efectuará de conformidad con las zonas de disponibilidad de agua como a continuación se indica:

ZONA 6.

Estado de Oaxaca: Excepto los municipios comprendidos en las zonas 4, 5, 7, 8 y 9.

ZONA 7.

Estado de Oaxaca: Abejones, Concepción Papalo, Guelatao de Juárez, Natividad, Nuevo Zoquiapam, San Francisco Telixtlahuaca, San Juan Atepec, San Jerónimo Sosola, San Juan Bautista Atatlahuca, San Juan Bautista Jayacatlán, San Juan del Estado, San Juan Evangelista Analco, San Juan Chicomezuchil, San Juan Quiotepec, San Juan Tepeuxila, San Miguel Aloapam, San Miguel Amatlán, San Miguel Chicahua, San Miguel Huautla, San Miguel del Río, San Pablo Macuiltiangis, San Pedro Jaltepetongo, San Pedro Jocotipac, Santa Ana Yareni, Santa Catarina Ixtepeji, Santa Catarina Lachatao, Santa María Apazco, Santa María Ixcatlán, Santa María Jaltianguis, Santa María Papalo, Santa María Texcaltitlán, Santa María Yavesia, Santiago Apoala, Santiago Huauclilla, Santiago Nacaltepec, Santiago Tenango, Santiago Xiacui, Santos Reyes Pápalo, Tecocuilco de Marcos Pérez, Teotitlán del Valle y Valerio Trujano.

ZONA 8.

Estado de Oaxaca: Loma Bonita.

Estado de Puebla: Chalchicomula de Sesma y Esperanza.

Estado de Tabasco: Jalpa de Méndez, Nacajuca y Paraíso.

ZONA 9.

Todos los municipios del Estado de Chiapas.

Estado de Oaxaca: Acatlán de Pérez Figueroa, Asunción Cacalotepec, Ayotzintepec, Capulalpam de Méndez, Chiquihuitlán de Benito Juárez, Cosolopa, Cuyamecalco Villa de Zaragoza, Eloxochitlán de Flores Magón, Huautepec, Huautla de Jiménez, Ixtlán de Juárez, Mazatlán Villa de Flores, Mixitlán de la Reforma, San Andrés Solaga, San Andrés Teotilalpam, San Andrés Yaá, San Baltazar Yatzachi El Bajo, San Bartolomé Ayautla, San Bartolomé Zoogocho, San Cristóbal Lachirioag, San Felipe Jalapa de Díaz, San Felipe Usila, San Francisco Cajonos, San Francisco Chapulapa, San Francisco Huehuetlan, San Ildefonso Villa Alta, San Jerónimo Tecoatl, San José Chiltepec, San José Independencia, San José Tenango, San Juan Bautista Tlacoatzin, San Juan Bautista Tuxtepec, San Juan Bautista Valle Naci, San Juan Coatzospam, San Juan Comaltepec, San Juan Cotzocon, San Juan Juquila Vijanos, San Juan Lalana, San Juan Petlapa, San Juan Tabaá, San Juan Yae, San Juan Yatzona, San Lorenzo Cuaunecuiltitla, San Lucas Camotlán, San Lucas Ojitlán, San Lucas Zoquiapam, San Mateo Cajonos, San Mateo Yoloxochitlán, San Melchor Betaza, San Miguel Quetzaltepec, San Miguel Santa Flor, San Miguel Soyaltepec, San Miguel Yotao, San Pablo Yoganiza, San Pedro Cajonos, San Pedro Ixcatlán, San Pedro Ocopetatillo, San Pedro Ocotepec, San Pedro Sochiapam, San Pedro Teutila, San Pedro y San Pablo Ayutla, San Pedro Yaneri, San Pedro Yolox, Santa Ana Ateixtlahuaca, Santa Ana Cuauhtémoc, Santa Cruz Acatepec, Santa María Alotepec, Santa María Chilchotla, Santa María Jacatepec, Santa María La Asunción, Santa María Temaxcalapa, Santa María Teopoxco, Santa María Tlahuitoltepec, Santa María Tlalixtac, Santa María Yalina, Santiago Atitlán, Santiago Camotlán, Santiago Choapam, Santiago Comaltepec, Santiago Jocotepec, Santiago Lalopa, Santiago Laxopa, Santiago Texcalcingo, Santiago Yaveo, Santiago Zacatepec, Santiago Zoochila, Santo Domingo Albarradas, Santo Domingo Roayaga, Santo Domingo Xagacía, Tamazulapam Del Espíritu Santo, Tanetze De Zaragoza, Totontepec Villa De Morelos, Villa Díaz Ordaz, Villa Hidalgo y Villa Talea De Castro.

Estado de Puebla: Coyomeapan, Eloxochitlan, San Sebastián Tlacotepec, Zoquitlan.

Estado de Tabasco: Balancan, Cárdenas, Centro, Cunduacán, Centla, Comalcalco, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jonuta, Macuspana, Tacotalpa, Teapa y Tenosique.

Estado de Veracruz: Alvarado, Ángel R. Cabada, Catemaco, Ignacio De La Llave, Ixmatlahuacan, José Azueta, Lerdo De Tejada, Omealca, Saltabarranca, Tatahuicapan De Juárez, Tierra Blanca y Tlalixcoyan y los municipios que no estén comprendidos en las zonas 6, 7 y 8.

Quinto. Para los efectos de lo dispuesto en el Capítulo XIV del Título II de la Ley, se estará a lo siguiente:

Los usuarios municipales que se hayan acogido a los beneficios de la fracción IV de este artículo, serán elegibles para el programa federal que la Comisión Nacional del Agua establezca en materia de la realización de obras y acciones de saneamiento y tratamiento de aguas residuales.

Sexto. A las cuotas de los derechos por servicios prestados por oficinas autorizadas en el extranjero, contenidas en las fracciones I, II y III del artículo 20 de la Ley Federal de Derechos, reformadas mediante el presente Decreto, no les será aplicable el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 2004.

Las cuotas de los derechos por servicios prestados por oficinas autorizadas en el extranjero a que se refiere el párrafo anterior, deberán ajustarse a partir del 1 de enero de 2008, en la misma proporción en que fluctúe el valor de la moneda extranjera en relación con la nacional, tomando como referencia inicial el tipo de cambio publicado por el Banco de México el día 26 de diciembre de 2007. Para los ajustes subsecuentes, se tomará como referencia el tipo de cambio con el que se calculó la fluctuación del último ajuste que se haya efectuado.

Las cuotas de los derechos por servicios prestados por oficinas autorizadas en el extranjero a que se refiere este artículo, no se actualizarán de conformidad con el artículo 1o. de la Ley Federal de Derechos.

Es de primera lectura.

LEY DE CONCURSOS MERCANTILES

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 24 de la Ley de Concursos Mercantiles.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 24 de la Ley de Concursos Mercantiles

Honorable asamblea:

A la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, correspondiente a esta LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictaminación la iniciativa citada al rubro del presente dictamen.

Esta comisión, con fundamento en los artículos 39, fracción XII, y 45, numeral 6, incisos d), e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea, el presente dictamen basándose en los siguientes

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada en esta Cámara de Diputados, el 8 de marzo de 2007, los secretarios de la misma dieron cuenta al Pleno de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 24, tercer párrafo del la Ley de Concursos Mercantiles, presentada por el diputado Jesús de León Tello del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio del derecho conferido por la fracción II, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. El presidente de la Mesa Directiva acordó dar el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Economía''.

Tercero. Mediante oficio CE/339/07, del 9 de marzo de 2007, se dio cuenta a los integrantes de la Comisión de Economía del contenido de esta iniciativa.

Cuarto. El legislador propone lo siguiente:

Consideraciones

Primera. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía, con las atribuciones antes señaladas se abocó a dictaminar la iniciativa de referencia.

Segunda. Que el artículo 5 de nuestra carta magna señala que ``nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial'', ``nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin pleno consentimiento...'', estas ideas principales contenidas en el instrumento jurídico por excelencia, nos permiten observar de manera clara una garantía individual consistente en un pago justo por la realización de un trabajo.

Tercera. Que el artículo 333 de la Ley de Concursos Mercantiles, claramente señala que el visitador tendrá ``derecho al cobro de los honorarios'' por la realización de las funciones que la misma ley le confiera, siendo aplicable para la determinación de dicho pago el régimen determinado por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM).

Cuarta. Que la exposición de motivos de la iniciativa que crea la Ley de Concursos Mercantiles actual, señala como objetivo central proporcionar la normatividad pertinente para maximizar el valor de una empresa en crisis mediante su conservación. Con lo cual se protege el empleo de sus elementos humanos y se evita la repercusión económica negativa a la sociedad, siendo además el caso de que si la empresa no pudiese recuperarse de tal esfuerzo, se deberían contener las normas que permitiesen preservar el valor económico de la empresa o de los bienes y derechos que la integran mediante un procedimiento de liquidación ordenada que maximizara el producto de la enajenación y diera trato equitativo al comerciante y sus acreedores, así la intencionalidad fue la certeza jurídica y un procedimiento de liquidación equitativo.

Quinta. Que el cuerpo del dictamen de la Ley de Concursos Mercantiles reconoce el carácter social de los créditos a favor de la clase trabajadora, en plena congruencia con la preponderancia de la legislación específica en materia laboral, por lo que privilegia con una ampliación de dos años a estos. De igual manera considera trascendente el proceso de visita que practicará al comerciante que presente una declaración de concurso mercantil o cuando sea demandado por sus acreedores, pues además de verificar la procedencia de la declaración de concurso mercantil, tendrá por objeto recomendar la conveniencia de dictar medidas cautelares para la protección de la empresa y de los intereses de los acreedores.

Sexta. Que la fracción IX del artículo 43 de la Ley de Concursos Mercantiles, es clara en cuanto a la orden de suspender durante la etapa de conciliación todo mandamiento de embargo o ejecución contra los bienes y derechos del comerciante, con las excepciones previstas en el artículo 65, mismo que señala que ``cuando el mandamiento de embargo o ejecución sea de carácter laboral, la suspensión no surtirá efectos respecto a lo dispuesto en la fracción XXIII, del apartado A, del artículo 123 constitucional y sus disposiciones reglamentarias, considerando los salarios de los dos años anteriores al concurso mercantil...'', con esto se deja clara la preferencia que se le da a los acreedores laborales que estén llevando el proceso mediante esa vía.

Séptima. Que el artículo 66 de la Ley de Concursos Mercantiles es claro al expresar que ``el auto de admisión de la demanda de concurso mercantil tendrá entre sus propósitos, con independencia de los demás que señala esta ley, asegurar los derechos que la constitución, sus disposiciones reglamentarias y esta ley garantizan a los trabajadores, para efectos de su pago con la preferencia a que se refieren tales disposiciones y la fracción I, del artículo 224, de la presente ley. La sentencia de concurso mercantil no será causa para interrumpir el pago de las obligaciones laborales ordinarias del comerciante.'', dejando ver la importancia y certeza que esta legislación tiene respecto a los acreedores laborales y la preferencia y protección extensiva de las prestaciones por concepto de relaciones de trabajo.

Octava. Que el artículo 67 de la misma ley señala que en caso de que las autoridades laborales ordenen el embargo de bienes del comerciante, para asegurar créditos a favor de los trabajadores por salarios y sueldos devengados en dos años inmediatos anteriores o por indemnizaciones, quien en términos de esta ley esté a cargo de la administración de la empresa del comerciante será el depositario de los bienes embargados, y tan pronto dicha persona cubra o garantice a satisfacción de las autoridades laborales dichos créditos, el embargo deberá ser levantado.

Novena. Que en el artículo 311, fracción VII, de la ley antes mencionada, se confiere a el IFECOM la atribución para establecer el régimen aplicable a la remuneración de los visitadores, por los servicios que presten en los procedimientos de concurso mercantil. Es de entender que el visitador, por la naturaleza del mismo, no cobra sus honorarios de la garantía otorgada, toda vez que la misma se devuelve a la declaración del concurso; sino que cobrará como acreedor en el concurso, como es señalado por el artículo 224, fracción V, de la misma ordenanza, que a la letra dice ``son créditos contra la masa y serán pagados en el orden indicado...'' ``V. Los honorarios del visitador, conciliador y síndico, y los gastos en que éstos hubieren incurrido, siempre y cuando fueren estrictamente necesarios para su gestión y hayan sido debidamente comprobados conforme a las disposiciones que emita el instituto.'', pero cabe señalar que aún estos tendrán un orden de prelación posterior al de los acreedores laborales, por lo que la naturaleza de la garantía solo es de certeza del comerciante respecto a demandas en falso o por presión de acreedores para llegar a arreglos más rápidos en cuanto a sus créditos, y no por aseguramiento del pago de honorarios del visitador, a menos que sea el caso de que la demanda sea falsa y al no declarar el concurso quien pagaría el trabajo del visitador.

Décima. Que los diputados que integran la Comisión de Economía que dictamina, reconocen y concluyen que, la importancia de un procedimiento de concurso mercantil con amplia certeza jurídica tanto para el comerciante como para el acreedor, y un proceso equitativo y justo es el espíritu del legislador en materia de concursos mercantiles; teniendo además muy en cuenta que en materia concursal existe el prorrateo en cuanto a los pagos de créditos laborales, no pagando créditos al cien por ciento y otros sin pago. Siendo clara la importancia que en esta legislación se da al trabajador y a su derecho a cobro de créditos, esta comisión considera que eliminar obstáculos al acceso a la justicia o facilitar el mismo es el caso preciso que esta iniciativa persigue.

En virtud de lo expuesto en las consideraciones de este dictamen, la Comisión de Economía somete a la consideración de esta honorable asamblea para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación el siguiente

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 24 de la Ley de Concursos Mercantiles.

Artículo único. Se reforma el último párrafo del artículo 24 de la Ley de Concursos Mercantiles, para quedar como sigue:

Artículo 24.- ...

...

En caso de que la demanda la presente el ministerio público, o un trabajador que en su carácter de acreedor cuente con un crédito laboral que conste en laudo firme, no se requerirá la garantía a la que se refiere este artículo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

Se ha registrado para hablar a favor del dictamen el diputado Jesús de León Tello , por lo que se le concede el uso de la palabra.

El diputado Jesús de León Tello: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a pedirles su apoyo y su aprobación a este dictamen de reforma al artículo 24 de la Ley de Concursos Mercantiles, que tiene que ver con un mecanismo más ágil de apoyo a los trabajadores, para que puedan acudir a los juzgados de distrito y llamar a cuentas, a través del juicio de concursos mercantiles, a aquellas empresas, a aquellos establecimientos que a través de la práctica tratan de eludir el pago de unas prestaciones laborales.

Esta reforma tiene que ver con la exención de fijar una garantía de mil 500 días de salario mínimo que le exige la ley a cualquier persona que quiera acudir ante un juzgado para iniciar este tipo de procedimientos.

Creemos que exigir este requisito no solamente hace nugatorio el derecho del trabajador de hacer efectivas prestaciones que ya fueron litigadas, que ya fueron ganadas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y que a pesar de que el laudo contiene una cantidad líquida para ser efectiva, algunas empresas buscan, a través de cambios de domicilio, desaparecer. Y los requisitos que marca la misma ley a una persona moral hacen prácticamente nugatorio este derecho.

Esta reforma es de dotar de este mecanismo al trabajador, poder solicitar no solamente que acudan a la demanda a defenderse en el procedimiento de concurso mercantil, sino también, si de las mismas actuaciones se desprende la comisión de un delito en fraude de acreedores, se pueda iniciar un proceso penal en contra de los socios de estas personas morales, que tendrán la obligación de responder con su patrimonio propio y hacerle frente a estas prestaciones laborales. Creo que es de gran avance.

Actualmente la ley exenta de este requisito cuando la parte que inicia el procedimiento es el Ministerio Público. Creemos que no solamente se debe exentar a esta representación social, sino también a la clase trabajadora dotarle de estos mecanismos para que pueda hacer efectiva una prestación.

Después de que lleve a cabo un procedimiento laboral por más de tres, cuatro años, obtiene su laudo y se encuentra con la imposibilidad de hacerlo efectivo. Este mecanismo les permitirá a aquellos socios de las personas morales obligarlos a cubrir dichas prestaciones que ya se encuentran en un lado firme con cantidad líquida.

Por eso, compañeros diputados, les pido el voto a favor del dictamen, y una felicitación a los integrantes de la Comisión de Economía. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Jesús de León Tello. Consulte la Secretaría a la asamblea si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido, en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto, en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Actívese el micrófono de la diputada Violeta Lagunes Viveros.

La diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros (desde la curul): Violeta Lagunes, a favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: La diputada Valentina Batres.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): La propuesta es a favor. Quisiera, a nombre de mi grupo parlamentario, que nos dieran dos minutos para rectificar nuestra votación a favor de la propuesta.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Señores diputados, el sistema electrónico de votación ha sido cerrado. Quien quisiera expresar el sentido de su voto, lo puede hacer desde su curul. No puede haber un voto grupal. Voy a pedir que los diputados que quieran expresar el sentido de su voto lo hagan saber, porque no es posible volver a abrir el sistema electrónico de votación.

Pido a la gente de apoyo parlamentario que nos auxilie para hacer, con la mayor agilidad posible, que los diputados que quieran expresar el sentido de su voto lo puedan hacer de manera expedita. Vamos a empezar de abajo para arriba, señores diputados, para que pueda haber un orden y evitar que después vaya a faltar algún diputado de expresar el sentido de su voto.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Iniciamos con el Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Susana Monreal Ávila (desde la curul): A favor.

El diputado Silvano Garay Ulloa (desde la curul): A favor.

El diputado Camerino Eleazar Márquez Madrid (desde la curul): A favor.

La diputada Aurora Cervantes Rodríguez (desde la curul): A favor.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): A favor.

El diputado Moisés Félix Dagdug Lützow (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Adolfo Orcí Martínez (desde la curul): A favor.

El diputado José Murat (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Permítame, diputada Secretaria. ¿Con qué objeto, diputado José Murat?

El diputado José Murat (desde la curul): Para el sentido de mi voto.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: ¿Para el sentido de su voto? Si me permite desahogar los diputados que han pedido previamente la palabra. ¿Tiene alguna otra moción? Sonido a la curul del diputado José Murat, por favor.

El diputado José Murat (desde la curul): Que se abra otra vez el mecanismo electrónico, porque somos varios quienes no hemos podido emitir nuestro voto. No sé si técnicamente sea posible. Si esto fuera válido, es más práctico. Muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado José Murat. Ha sido realizada una votación y declarado por la Secretaría cerrado el sistema electrónico de votación. El repetir de manera electrónica dejaría un mal precedente, diputado, por eso es que estamos recogiendo la votación nominal de los diputados que así lo solicitaron. Continúe.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Continuamos, señor Presidente.

El diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza (desde la curul): A favor.

La diputada María Soledad López Torres (desde la curul): A favor.

El diputado Rafael Elías Sánchez Cabrales (desde la curul): A favor.

El diputado Roberto Mendoza Flores (desde la curul): A favor.

El diputado Alberto López Rojas (desde la curul): A favor

La diputada Alma Lilia Luna Munguía (desde la curul): A favor.

El diputado Raciel Pérez Cruz (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Martínez Martínez (desde la curul): A favor.

La diputada Irene Aragón Castillo (desde la curul): A favor.

El diputado Celso David Pulido Santiago (desde la curul): A favor.

El diputado Cuitláhuac Condado Escamilla (desde la curul): A favor.

La diputada Daisy Selene Hernández Gaytán (desde la curul): A favor.

La diputada Sonia Noelia Ibarra Fránquez (desde la curul): A favor.

El diputado Raymundo Cárdenas Hernández (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde la curul): A favor.

El diputado Martín Zepeda Hernández (desde la curul): A favor.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (desde la curul): A favor.

El diputado Higinio Chávez García (desde la curul): A favor.

El diputado Armando Barreiro Pérez (desde la curul): A favor.

La diputada Lourdes Alonso Flores (desde la curul): A favor.

El diputado Irineo Mendoza Mendoza (desde la curul): A favor.

La diputada Concepción Ojeda Hernández (desde la curul): A favor.

El diputado Andrés Lozano Lozano (desde la curul): A favor.

El diputado Alberto Amaro Corona (desde la curul): A favor.

El diputado Rafael Villicaña García (desde la curul): A favor.

El diputado Humberto Wilfrido Alonso Razo (desde la curul): A favor.

La diputada Rosa Elva Soriano Sánchez (desde la curul): A favor.

El diputado Raúl Ríos Gamboa (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Javier Santos Arreola (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Manuel San Martín Hernández (desde la curul): A favor.

El diputado José Antonio Saavedra Coronel (desde la curul): A favor.

La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago (desde la curul): A favor.

La diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (desde la curul): A favor.

El diputado Efraín Morales Sánchez (desde la curul): A favor.

La diputada Silvia Oliva Fragoso (desde la curul): A favor.

Diputado Silbestre Álvarez Ramón (desde la curul): A favor.

El diputado Rutilio Cruz Escandón Cadenas (desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Aguilera Rico (desde la curul): A favor.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): A favor.

El diputado José Murat (desde la curul): A favor.

El diputado Emilio Gamboa Patrón (desde la curul): A favor.

La diputada Maricela Contreras Julián (desde la curul): A favor.

La diputada María Elena Torres Baltazar (desde la curul): A favor.

El diputado Víctor Gabriel Varela López (desde la curul): A favor.

El diputado José Jacques y Medina (desde la curul): A favor.

El diputado Mario Vallejo Estévez (desde la curul): A favor.

La diputada Nelly Asunción Hurtado Pérez (desde la curul): A favor.

La diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela (desde la curul): A favor.

El diputado Gustavo Fernando Caballero Camargo (desde la curul): A favor.

El diputado Juan de Dios Castro Muñoz (desde la curul): A favor.

El diputado Daniel Torres García (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Sánchez Jiménez (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Diputado Presidente, se emitieron 310 votos en pro, 0 en contra y 34 abstenciones.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Secretaria. Solicito que para los registros de votación de la Cámara de Diputados se ajuste a los videos de los que cuente la Secretaría.

Aprobado en lo general y en lo particular, por 310 votos, el decreto que reforma el último párrafo del artículo 24 de la Ley de Concursos Mercantiles. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: El siguiente punto del orden del día es la discusión de los dictámenes relativos a las solicitudes de ciudadanos.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura de los dictámenes. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se les dispensa la lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Alejandro Oswaldo Pérez Frías, Edgar Leonardo Valenzuela Arroyo, Eduardo Arvizu Sánchez, Miguel Alfredo Calvillo Bonilla, María Elena Flores Ochoa, María Concepción Marroquín Torres, Fernando Gómez Luna, Rubén Sánchez Solano y Sergio Ramírez Torres para que puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de Australia en México y en la Embajada de Estados Unidos de América en México y sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua; en Guadalajara, Jalisco; en Monterrey, Nuevo León; y en Tijuana, Baja California, respectivamente.

En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el día 27 de septiembre del año en curso, se turnó a la suscrita Comisión, para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

Considerando

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Alejandro Oswaldo Pérez Frías para que pueda prestar servicios como chofer mensajero en la Embajada de Australia en México.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Rubén Sánchez Solano para que pueda prestar servicios como voucher examiner en la Sección de Finanzas en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Sergio Ramírez Torres para que pueda prestar servicios como técnico electrónico en la Sección de Seguridad en la Embajada de Estados Unidos de América en México.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Edgar Leonardo Valenzuela Arroyo para que pueda prestar servicios como auxiliar de Visas en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano Eduardo Arvizu Sánchez para que pueda prestar servicios como Asistente de Visas en el Consulado de Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano Miguel Alfredo Calvillo Bonilla para que pueda prestar servicios como asistente de Servicios a la Ciudadanía en el Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Séptimo. Se concede permiso a la ciudadana María Elena Flores Ochoa para que pueda prestar servicios como auxiliar en la Sección Consular en el Consulado de Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo Octavo. Se concede permiso a la ciudadana María Concepción Marroquín Torres para que pueda prestar servicios como empleada del Departamento de Administración en el Consulado de Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.

Artículo Noveno. Se concede permiso al ciudadano Fernando Gómez Luna para que pueda prestar servicios como asistente consular en el Consulado de Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

CONDECORACIONES

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con las minutas proyecto de decreto que conceden permiso a los ciudadanos doctor Andrés Lira González y licenciado Héctor Rivero Borrell Miranda para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de la República Francesa y de Finlandia, respectivamente.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de acuerdo con lo que establecen la fracción III del apartado C) del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano doctor Andrés Lira González para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de la Legión de Honor, en grado de Caballero, que le otorga el gobierno de la República Francesa.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano licenciado Héctor Rivera Borrell Miranda para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del León de Finlandia Caballero de Primera Clase, que le otorga el gobierno de Finlandia.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Está a discusión el dictamen en lo general.

No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se va proceder a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y el anteriormente reservado en un solo acto. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico de votación por cinco minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.

(Votación)

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: Ciérrese el sistema de votación electrónica. Se emitieron 308 votos en pro, 2 en contra y 5 abstenciones.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobados los proyectos de decreto por 308 votos. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

ESTADO DE NUEVO LEON

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se recibió comunicación del gobierno del estado de Nuevo León, con relación al tema de ciencia y tecnología en el proceso de discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno del Estado de Nuevo León.--- Poder Ejecutivo.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

José Natividad González Parás, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y coordinador de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Conferencia Nacional de Gobernadores, comparezco ante usted con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de solicitar de manera respetuosa, que por su conducto puedan ser turnados a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, los asuntos que se expresan en este documento y que se refieren al tema de Ciencia y Tecnología, sobre los cuales resultará de gran importancia la intervención de los legisladores federales, en el proceso de discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008.

Por esta razón, me permito sintetizar los rubros de interés a los que me refiero en el párrafo anterior, como sigue:

1. Uno por ciento del producto interno bruto, como gasto nacional en ciencia y tecnología

En el proceso de revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008; la equidad y la pertinencia, sean los criterios básicos para la asignación de recursos económicos a la ciencia, la tecnología y la innovación, a partir de la premisa de que la asignación al gasto público correspondiente a este sector, contribuya de manera sustantiva a alcanzar la meta del 1 por ciento del producto interno bruto, PIB, de acuerdo al artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología.

2. Establecimiento de un fondo especial para el fortalecimiento de los sistemas estatales de ciencia y tecnología

Es inminente lograr la asignación específica de recursos en materia de ciencia, tecnología e innovación para las entidades federativas dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008.

Dada la destacada labor de los estados en el fomento a la actividad científica y tecnológica, es necesario fortalecer este desarrollo, logrando el compromiso de todos los actores para el impulso federalista de nuestro país en materia de ciencia y tecnología.

Es por esta razón, que se solicita el establecimiento de un fondo especial para el fortalecimiento de los sistemas estatales de ciencia y tecnología; fondo que --se propone-- se integre en el Ramo 38 y que tome como base la cantidad de 3 mil 500 millones de pesos, que proviene de ``La Declaración de San Luis'', emitida por la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, AC (Rednacecyt).

Sobre este mismo tema, deseamos manifestar nuestro respaldo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2350, el pasado jueves 27 de septiembre de 2007.

3. Fondos mixtos a través del Conacyt

Son un instrumento de apoyo para el desarrollo científico y tecnológico estatal y municipal, a través de un fideicomiso constituido con aportaciones del gobierno del estado o municipio y el gobierno federal a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Estos fondos permiten a los gobiernos de los estados y a los municipios destinar recursos a investigaciones científicas y a desarrollos tecnológicos, orientados a resolver problemáticas estratégicas especificadas por el propio estado, con la coparticipación de recursos federales; así como, canalizar recursos para coadyuvar al desarrollo integral de la entidad mediante acciones científicas y tecnológicas.

Por lo anterior, se solicita el fortalecimiento del Programa de Fondos Mixtos con recursos económicos debidamente etiquetados para el ejercicio fiscal 2008, por lo menos 500 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos autorizados al Conacyt, a fin de promover en forma efectiva, el desarrollo y la consolidación de las capacidades científicas y tecnológicas de los estados y municipios.

Lo anterior, para que por el amable conducto se turne la presente solicitud a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Ciencia y Tecnología de la Cámara, para los efectos legislativos a que haya lugar.

4. Estímulos fiscales

Como un mecanismo para incentivar el gasto de las empresas privadas en proyectos de investigación científica, se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta (ISR) por los proyectos en investigación y desarrollo tecnológico que realicen en el ejercicio, consistente en aplicar un crédito fiscal del 30 por ciento, contra el impuesto sobre la renta causado en la declaración del ejercicio en que se determine dicho crédito, en relación con los gastos e inversiones en investigación y desarrollo de tecnología.

Por lo que se solicita se alienten las inversiones que en materia de investigación y desarrollo tecnológico desarrollan las empresas que actualmente son sujetas de estímulos fiscales.

La solicitud consiste en que el monto total de estímulos fiscales a distribuir entre las empresas, particularmente las pequeñas y medianas, no deberá ser menor a los 5 mil millones de pesos.

5. Fondo especial para el establecimiento de los Parques Estatales de Investigación e Innovación Tecnológica

El propósito es conformar un fondo de 2 mil millones de pesos, que estimule la creación de parques de investigación e innovación tecnológica en las diversas entidades federativas, que respondan a la necesidad de generar conocimiento y aplicaciones tecnológicas en ámbitos específicos de interés para el desarrollo local, es decir concentrar y fomentar un esfuerzo de innovación y desarrollo tecnológico y facilitar la transferencia tecnológica al sector productivo.

Los recursos se obtendrán de los excedentes del petróleo y o del impuesto empresarial de tasa única (IETU).

6. Fondo para el desarrollo de la industria del software (Prosoft)

La Secretaría de Economía convocó a representantes de los diferentes órdenes de gobierno, la academia y el sector empresarial para definir el programa sectorial de competitividad de la empresa de la tecnología de la información (TI), de ese trabajo colegiado se definió el Programa para el Desarrolló de la Industria del Software (Prosoft).

El Prosoft se lanzó con una visión de largo plazo con metas a alcanzarse en 10 años (2002-2012) para que México entrara como jugador de clase mundial innovando y desarrollando tecnología, actualmente hay 30 entidades federativas con una estrategia alineada al Prosoft como política pública.

Existen 121 universidades vinculadas al Prosoft las cuales han sido apoyadas con el programa.

El crecimiento de este sector pasó de -1 por ciento en el año 2002 al 14 por ciento en el 2006.

El impacto de las exportaciones de tecnologías de la información pasó de una cifra poco representativa a tener un incremento del 186 por ciento.

En el año 2007 se autorizaron 462.8 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para el 2008 en la propuesta del PEF que presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al honorable Congreso de la Unión, no contempló recursos para este programa. Por lo que le solicitamos sea incluido en el PEF de 2008 un aumento del 25 por ciento, recomendación que realizó el Banco Mundial, para ser competitivos a nivel mundial en esta industria.

Agradeciendo de antemano sus finas atenciones, quedo a sus apreciables ordenes.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se recibió de la Cámara de Senadoresiniciativa de decreto por el que se adiciona un artículo tercero transitorio a la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federaciónpara el Ejercicio Fiscal de 2008, presentada por el senador Antonio Mejía Haro, del Grupo Parlamentario del PRD.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Antonio Mejía Haro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo tercero transitorio a la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se remitiera a la Cámara de Diputados, la que se anexa.

«El que suscribe, senador Antonio Mejía Haro, integrante a la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo tercero transitorio a la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con el TLCAN, el 1 de enero de 2008 se abrirán nuestras fronteras a las importaciones libres de aranceles de maíz, frijol, leche en polvo y azúcar, lo que significará, si no hacemos nada, el tiro de gracia para el campo mexicano, si consideramos la superficie destinada y el número de productores que se dedica a estas actividades.

El maíz, junto con el frijol, ocupa más de 60 por ciento de la superficie nacional sembrada y su cultivo se lleva a cabo por casi 4 millones de productores. La mayor parte de ellos (90 por ciento) cultiva estos granos básicos para la alimentación de los mexicanos en condiciones de temporal, con limitaciones de agua y escasa tecnificación, lo cual se manifiesta en pobres rendimientos unitarios.

Los rendimientos unitarios para maíz y frijol en Estados Unidos son de 9.2 y 1.9 toneladas por hectárea, mientras que en México son de 2.9 y de 0.65, respectivamente.

Como es por todos aceptado, en materia de granos y específicamente en maíz y frijol no podemos competir con nuestros socios del norte, por la enorme brecha en productividad y tecnológica que nos separa respecto a Estados Unidos y Canadá, por las desventajas agroclimáticas y de disposición de recursos, como capital, tierra y agua, y por las diferencias en las políticas agropecuarias de apoyos verdaderamente significativos de inversión y subsidios al campo, implantadas por los gobiernos de nuestros socios comerciales.

Ante los efectos previstos del TLCAN en el sector agropecuario, las organizaciones campesinas forzaron al gobierno federal a que signara el Acuerdo Nacional para el Campo, en abril del 2003, donde el Ejecutivo federal se comprometió a

Sin embargo, a más de cuatro años de signado el Acuerdo Nacional para el Campo, se reconoce que el Poder Ejecutivo no ha cumplido los compromisos adquiridos.

Compañeras senadoras y senadores, no podemos dejar de lado nuestra agricultura, ante la falta de voluntad del Ejecutivo federal de revisar y renegociar el Capítulo VII Agropecuario del TLCAN, en lo referente a productos sumamente sensibles a la apertura comercial, como maíz y frijol, el Congreso de la Unión debe facultar al Ejecutivo para restringir las importaciones de maíz blanco y frijol en los términos del artículo 131 constitucional.

El artículo 131, fracción II, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito, en beneficio del país...

En este marco se inscribe la presente iniciativa, para incluir un artículo tercero transitorio en la Ley de Ingresos de la Federación de 2008, el cual tendría como objeto mitigar los efectos de la desgravación total que se avecina el 1 de enero de 2008, donde el maíz blanco y el frijol quedarían sin protección.

Con la adición de este artículo, en tanto se revisa el TLCAN en el Capítulo Agropecuario en materia de granos básicos, como el maíz blanco y el frijol, se protegerían de manera temporal la producción interna y el empleo rural, se reduciría la emigración y se contribuiría a garantizar la paz social en el campo y la seguridad alimentaria y nutricional de la población mexicana.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se adiciona un artículo tercero transitorio a la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, para quedar como sigue:

Primero. y Segundo. ...

Tercero. Se instruye al Ejecutivo federal, de conformidad con el artículo 131 constitucional, para establecer a partir del 1 de enero de 2008 un mecanismo permanente de administración de las importaciones y exportaciones de maíz blanco y frijol, así como sus derivados y subproductos, a efecto de proteger la producción interna y el empleo rural, reducir la emigración, asegurar el abasto nacional y garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población. Para tal efecto, el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Economía y con la participación de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Desarrollo Social, y de Salud, así como con la participación de los sectores productivos y sociales involucrados, establecerá una comisión intersecretarial e intersectorial para la administración del comercio exterior de dichos productos, considerados básicos y estratégicos para la seguridad y soberanía alimentaria en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Las importaciones de maíz blanco y frijol, así como sus derivados y subproductos, únicamente podrán ser autorizadas en casos comprobados de desabasto nacional, previa consulta en el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable. Asimismo, las exportaciones de dichos productos sólo podrán ser autorizadas en casos comprobados de superávit nacional, previa consulta en el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.

Para el efecto de lo establecido en el presente artículo, el Ejecutivo federal publicará en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 31 de enero de 2008, previa consulta en el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, el reglamento para la constitución y el funcionamiento del comité arriba indicado, así como los lineamientos para la administración de las importaciones y exportaciones de los productos básicos y estratégicos para la seguridad alimentaria objeto del presente artículo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se recibió oficio de la Cámara de Senadores, en el que transcribe acuerdo aprobado en relación con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008.

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente punto de acuerdo:

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

RECESO

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras (a las 15:27 horas): Con las facultades que me confiere el artículo 23, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, se decreta un receso y se cita para mañana, miércoles 17 de octubre, a las 11: 00 horas.

(Receso)

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

VOLUMEN III

REINICIO DE SESION

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (a las 11:26 horas del miércoles 17 de octubre): Se reanuda la sesión. Proceda la Secretaría a dar lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política.

LIV ANIVERSARIO DEL VOTO DE LA MUJER

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 36, numeral I, inciso c) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar le por acuerdo de este órgano de gobierno, se agenden los asuntos que se anexan al orden del día de la sesión del día miércoles 17 de octubre del año en curso.

Asimismo, se acordó solicitarle de la manera más atenta si para ello no existe inconveniente, que al inicio de la sesión se desahogue el posicionamiento con motivo del ``LIV aniversario del Voto de la Mujer'', hasta por cinco minutos por cada grupo parlamentario, en forma creciente.

Lo anterior los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa ciudadana Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Esta Presidencia recibió del diputado Carlos Torres Torres, del Grupo Parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportesa que presupueste el proyecto de la red carretera para la ruta del vino, ubicada en Ensenada, Baja California.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a presupuestar el proyecto de la red carretera para la ruta del vino, en Ensenada, Baja California, a cargo del diputado Carlos Torres Torres , del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal Carlos Alberto Torres Torres , integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Ubicada en la parte norte del estado de Baja California, la Ruta del Vino goza del clima mediterráneo ideal para el cultivo de la vid. Hay pocos microclimas en México que combinan esas características únicas de altitud, tierra, temporadas, tiempo y temperatura.

Los primeros pobladores de esta región fueron de las culturas Kiliwa y Kumiai, seguidos de misioneros ibéricos y mexicanos quienes abrieron brecha para la llegada de inmigrantes de Rusia, Europa y del resto de México. Todas estas influencias ayudaron a crear el carácter único de la Ruta del vino.

Los valles de Calafia, Guadalupe y San Antonio de las Minas son el corazón de la Ruta del Vino que se extiende también hacia el norte al valle de las Palmas y hacia el sur a los valles de Santo Tomás y San Vicente Ferrer.

Los vinos blancos bajacalifornianos son hechos con mucha dedicación, a partir de uvas Chenin Blanc, Colombard, Sauvignon Blanc y Chardonnay, de hecho, en la región se encuentra la única bodega en el continente que elabora un vino blanco 100 por ciento Chasselas, uva predilecta de Suiza. Mientras los tintos utilizan típicamente uvas cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc, grenache, carignan, barbera, nebbiolo y zinfandel.

La Ruta del vino ofrece una gama amplia de atracciones que van desde las más pequeñas vinícolas familiares, hasta los productores a gran escala. Por lo que se encuentran desde pequeños restaurantes campestres familiares, hasta la más fina mesa además de sitios para acampar, ranchos, centros artesanales, museos, hoteles tipo bed & breakfast, boutiques de vinos, galerías de arte, cultura indígena y sitios naturales.

En esta región se puede disfrutar de unas vacaciones divertidas, activas, exóticas o románticas en un lugar interesante y seguro. Uno de los eventos más importantes de la región, las fiestas de la vendimia se llevan a cabo, generalmente en los primeros 10 días de agosto. Durante estas fechas hay eventos, como cenas de gala, conciertos y exposiciones. Cada vitivinícola hace su propio evento en compañía de sus vinos.

La cultura dentro de la Ruta del vino es un ingrediente extra, resultado de un interesante mestizaje. Aquí se puede conocer la herencia precolombina, española, rusa y mexicana. Así, se encuentran museos sobre la antigua colonia rusa, sobre la cultura kumiai, panteones, arte rupestre, sitios históricos de la misión dominica, vestigios de minas o de los morteros fijos utilizados en la molienda de granos por los habitantes indígenas de esta zona.

Pero además, la topografía de Baja California es el producto del impacto de distintas fuerzas naturales que juntas han creado sitios naturales bellos e interesantes, lo que permite en la misma zona geográfica tener diferentes ofertas ecoturísticas. Desde ojos de agua, cascadas de 30 metros de altura, aguas termales o sitios para practicar el rapel.

El esfuerzo realizado por los vitivinocultores y empresarios bajacalifornianos, es digno de aplaudirse. La región de viñedos de Baja California, sufre una importante escasez de agua, mucha se utiliza para abastecer los requerimientos de Ensenada. Esto afecta profundamente el cultivo de la uva y no permite el crecimiento de los viñedos. Actualmente los vitivinicultores continúan trabajando para llegar a un acuerdo con las entidades de gobierno para encontrar una solución.

Uno de los principales retos de los viticultores bajacalifornianos, es disminuir la concentración de los minerales en el agua, lo cual se refleja en el vino (con un sabor salino). Ya que la península de Baja California emergió del mar, razón por la que la tierra presenta una fuerte concentración de sales minerales. Por este motivo la calidad del cultivo depende mucho del ciclo de lluvias, ya que a mayor cantidad de lluvia, menor concentración de minerales en el agua y viceversa.

Pese a ello, la industria es reconocida a nivel mundial por la calidad de su producción, por lo que debe ser un compromiso del gobierno del estado y de la federación apoyarla para su desarrollo.

Uno de los factores requeridos para impulsar este desarrollo integral de la región vitivinícola, tanto turístico como industrial es, sin duda, la existencia de un eje carretero suficientemente seguro y rápido. A través, de la ampliación y habilitación de la red carretera de la Ruta del vino, otorgando seguridad y mejor vialidad a la Ruta del vino, agilizando el transporte del producto e invitando a mayor número de visitantes, a través de vialidades confortables.

En la actualidad la red terrestre de la Ruta del vino, comprende carreteras y caminos, lo que limita el aprovechamiento global del complejo. Existen tramos con estudios y proyectos realizados, que se encuentran en pavimentación, como el camino que une al poblado de Francisco Zarco (conocido como Guadalupe) con la salida del Tigre (kilómetro 84 de la carretera libre Tijuana-Ensenada).

Otros, con partida asignada pero sin convocatoria para liberar la obra como los 6.5 kilómetros hasta el poblado de El Porvenir. Unos más, como el tramo siguiente del poblado El Porvenir hasta la salida del camino del Tigre, en el kilómetro 84 de la carretera Tijuana-Ensenada, que no tienen partida asignada y consideran que probablemente, se obtenga hasta el próximo año.

Finalmente, unos más que no se encuentran en ningún proyecto, ni cuentan con estudios realizados, y únicamente se contempla el mantenimiento del camino, como el camino que va del kilómetro 88.2 a conectar con el poblado del ejido El Porvenir, que es un tramo de 6 kilómetros; así como los accesos a San Antonio de las Minas (kilómetro 92 --aproximadamente-- de la carretera Tecate-Ensenada ) para conectar con el camino del Tigre, este tramo que tiene también aproximadamente 4 kilómetros y de la carretera Tecate-Ensenada, en el kilómetro 84 al poblado del ejido El Porvenir, con un tramo aproximado de 6 kilómetros.

En la actualidad, las características de la red terrestre desmerecen con las exigencias de los vehículos de autotransporte modernos, principalmente de pasaje y carga, y para el caso de los vehículos particulares, el camino no ofrece la seguridad deseada.

En virtud de lo expuesto y con base en los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que canalice, a la brevedad, los recursos económicos para el proyecto de la red carretera para la Ruta del vino, ubicado en la ciudad de Ensenada, Baja California, con el fin de impulsar el desarrollo turístico y económico de la región vitivinícola de Baja California.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Transportes.

COMISION NACIONAL DEL AGUA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Esta Presidencia recibió del diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del PRI, punto de acuerdo por el que se solicita a esta soberanía integre un comité para que se investiguen las irregularidades que están cometiendo funcionarios de la Conagua, derivados del Tratado de Distribución de Aguas Internacionales.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a esta soberanía que integre un comité para que investigue las irregularidades que funcionarios de la Conagua están cometiendo respecto al Tratado de Distribución de Aguas Internacionales, a cargo del diputado Enrique Cárdenas del Avellano , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito Enrique Cárdenas del Avellano , diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que el artículo 27 constitucional establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponden originalmente a la nación.

Que debido a las múltiples violaciones sistemáticas, al Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Norteamérica en 1944; a la Ley de Aguas Nacionales; y a la Norma Oficial Mexicana NOM-011-CNA-2000, que están cometiendo funcionarios públicos de la Comisión Internacional de Limites y Aguas, así como de la Comisión Nacional del Agua.

Que pese a las múltiples advertencias que mediante puntos de acuerdo del Pleno del Senado de la República y recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han emitido a la Comisión Nacional del Agua, ésta continúa acreditando a los Estados Unidos de América, agua de las presas y de los afluentes no aforados, distintos a los establecidos en el citado tratado, y antes de tiempo, en perjuicio directo del país y de miles de familias del bajo Río Bravo.

Que pese a las múltiples gestiones realizadas por el titular del Ejecutivo estatal de Tamaulipas, en sendos oficios que ha girado a la Cancillería Mexicana para que tomen cartas en el asunto, ésta no ha hecho nada, pues tan sólo como ejemplo, México ha anticipado más de 315 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos de América en el ciclo 27, en franca violación al tratado de 1944, afectando con ello las presas internacionales la Amistad y Falcón.

Que de acuerdo a datos oficiales, y conforme a los compromisos suscritos en 1944, del volumen comprometido para los cinco años del ciclo 27, que es de 2 mil 158 millones 605 mil metros cúbicos se han entregado mil 803 millones 312 mil metros cúbicos, teniendo todavía como volumen faltante 355 millones 293 mil metros cúbicos; acciones que por insuficiencia de caudal han provocado que se tenga que echar mano de escurrimientos que no corresponden a la cuenca con la que se ha de dar cumplimiento al tratado.

Que funcionarios de la Comisión Nacional del Agua han permitido la sobreexplotación de la Cuenca al sobreconcesionarla, autorizando alumbramientos y otorgando títulos; pues sin tomar en cuenta la disponibilidad de agua, no han respetado las vedas vigentes, toleran el acaparamiento de agua en la parte alta de la cuenca y ocasionan el incumplimiento del tratado internacional de 1944, al no permitir el escurrimiento de los volúmenes de aguas comprometidos en el citado tratado, pese a que por dos años consecutivos los embalses del Río Conchos se han mantenido con un volumen superior a los 2 mil 500 millones de metros cúbicos

Que es preocupante el incumplimiento del acta número 309 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, donde se estableció el compromiso de transferir los volúmenes ahorrados de agua por la modernización del Río Conchos e iniciar su conducción hacia el Río Bravo, en enero de cada año.

Que el día 30 de septiembre del presente año, vence el ciclo 27 de operación del tratado, con un déficit pendiente de cubrir, bajo pretexto de una supuesta sequía no aceptada por la Comisión Internacional de Límites y Aguas.

Que en profesión de nuestro respeto a la legalidad estamos a favor del cumplimiento del tratado de 1944, no por la violación a éste; y

Que de conformidad con el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta honorable cámara es competente para formar comités de investigación y trabajo, por lo que someto a la consideración de este honorable Pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita, a esta honorable Cámara de Diputados, integre un comité para que investigue las irregularidades que están cometiendo los funcionarios de la Comisión Nacional del Agua, derivadas del Tratado de Distribución de Aguas Internacionales suscrito por nuestro país en el año de 1944.

Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en virtud de que se está cometiendo un daño irreparable a nuestro país, porque de continuar con las irregularidad registradas hasta ahora, tendremos un déficit de agua en constante aumento y cada vez será más difícil dar cumplimiento al multicitado tratado internacional, y se seguirá perjudicando a los habitantes que viven en la zona afectada, solicito que la presente proposición sea de urgente y obvia resolución.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

PEMEX - ESTADO DE VERACRUZ

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió también del diputado Robinson Uscanga Cruz, del Grupo Parlamentario de Convergencia, punto de acuerdo para la realización de un acuerdo Pemex-gobierno del estado de Veracruz y municipios que cuentan con este tipo de instalaciones, para su desarrollo económico, social y ambiental.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que se realice un acuerdo Pemex-gobierno del estado de Veracruz y municipios que cuentan con instalaciones de la paraestatal, para su desarrollo económico, social y ambiental, a cargo del diputado Robinson Uscanga Cruz , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, diputado Robinson Uscanga Cruz , diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo para la realización de un acuerdo entre Petróleos Mexicanos ( Pemex) y el gobierno del estado de Veracruz y municipios que cobijan ese tipo de instalaciones, para el desarrollo económico, social y ambiental, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Veracruz es pieza fundamental en el desarrollo energético del país; actualmente, la entidad es la principal productora de petroquímicos básicos, el segundo en extracción de petróleo y gas.

Asimismo, tiene liderazgo en la construcción de plataformas petroleras e instalaciones portuarias especializadas para la importación de gasolinas.

Por su más de 14 mil kilómetros de ductos de gas, gasolina y otros productos, se abastecen refinerías, centros procesadores de gas, centros de venta localizados en otras regiones del país, además de fortalecerse día a día como mercado final de estos productos.

La importancia de Veracruz en este rubro es evidente si consideramos que en este territorio, Pemex cuenta con más de 350 instalaciones en 72 municipios y brinda ocupación directa a 50 mil trabajadores.

Sin embargo, a pesar de esta notoria contribución, el Estado de Veracruz no ha logrado construir una relación equilibrada que permita traducir la riqueza energética en desarrollo social y calidad de vida, en armonía con nuestro entorno natural.

En los últimos años, en territorio veracruzano se han acentuado accidentes y actos que han incrementado los pasivos ambientales de Pemex con la entidad y genera descontento de las comunidades que conviven con esta actividad.

Tan sólo durante 2007, en el estado de Veracruz se han registrado 12 siniestros, considerando derrames de gasolinas, petróleo, fugas de gas, combustóleo y las explosiones por actos de sabotaje ocurridas el 10 de septiembre; los municipios de Xalapa, Álamo, Cotaxtla, Alvarado, Minatitlán, Coatzacoalcos, Naranjos, Orizaba, Santiago Tuxtla, La Antigua, Actopan, Omealca, Nogales, Tihuatlán, entre otros, han sido testigos de esta realidad.

En este momento, México tiene la oportunidad histórica de revertir esta relación injusta, garantizar la seguridad e integridad de la población, y aprovechar la palanca del desarrollo energético en progreso y bienestar.

El futuro del país tiene en Veracruz a su principal aliado; los proyectos prioritarios en materia energética para los próximos años se encuentran en este territorio:

Estos proyectos permitirán canalizar varios miles de millones de dólares y generar efectos positivos en la actividad económica.

Para garantizar que esta inversión contribuya al desarrollo del país, resulta indispensable construir desde ahora un ``Acuerdo'' que refleje la agenda institucional de trabajo entre Pemex, el Gobierno del Estado de Veracruz y los municipios que cobijan este tipo de instalaciones, con compromisos reales y acorde a la contribución nacional.

El acuerdo que exhorto al honorable Pleno requiere incluir de manera expresa lo siguiente:

Este acuerdo es posible y será positivo para el país; es el inicio de una relación y sinergia duradera, que promueva la inversión y modernidad, y que atienda los justos reclamos de la población.

Por las consideraciones expuestas, pongo a consideración del Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Petróleos Mexicanos a suscribir acuerdo con el gobierno del estado de Veracruz y municipios que cobijan este tipo de instalaciones para el desarrollo económico, social y ambiental, en congruencia con los proyectos estratégicos e inversiones estipulados en dicho territorio.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ESTADO DE NUEVO LEON

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió también del diputado Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públicaa que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 asigne recursos para la rehabilitación y modernización de la carretera federal número 54, en el tramo que comprende las ciudades de Monterrey-Ciudad Mier.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a asignar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 recursos para rehabilitar y modernizar el tramo Monterrey-Ciudad Mier de la carretera federal número 54, a cargo del diputado José Martín López Cisneros , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal José Martín López Cisneros integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Compañeras y Compañeros Legisladores, solicité intervenir en esta tribuna para manifestar la preocupación por las necesidades y carencias debido a la falta de infraestructura carretera que prevalece en el estado de Nuevo León, sobre todo en las zonas rurales, razón por cual considero de suma importancia plantear lo siguiente.

La construcción y rehabilitación de vías de comunicación federales en las zonas rurales ha sido un reclamo constante de sus autoridades municipales, pero sobre todo, de sus habitantes, para su debido desarrollo sustentable; por lo que debemos poner atención especial a esta problemática.

Es menester señalar que la rehabilitación, modernización, rescate de caminos y carreteras, serán útiles para el estado, pero sobre todo para las comunidades rurales, lo que traerá como consecuencia el impulso al comercio, la agricultura y la ganadería en regiones apartadas de la zona conurbada de la ciudad de Monterrey.

No debemos dejar de pasar esta oportunidad para apoyar el desarrollo sustentable en las zonas rurales, en aras de apoyar a sus cohabitantes para su mejor traslado a la ciudad mediante una adecuada infraestructura vial.

Particularmente, me refiero a la carretera federal número 54 del tramo que comprende Monterrey -Ciudad Mier, cuyo camino se encuentra muy dañado, lo que dificultad la circulación por dicha via a causa de la falta de mantenimiento. Tomando en consideración que esta avenida constituye una de las principales vías de comunicación para los habitantes de los municipios de Cerralvo, General Treviño, Doctor González, Doctor Coss, Parás, Agualeguas, Los Herreras, Los Aldamas, Los Ramones, Melchor Ocampo; así como un sin número de comunidades rurales y ejidos del estado.

Actualmente, esta carretera federal requiere de una inversión aproximada de 380 millones de pesos (trescientos ochenta millones de pesos) para su rehabilitación y modernización. Sin embargo, según datos proporcionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el proyecto de Presupuesto de Egresos Federal para el Ejercicio Fiscal de 2008, presentado por el Gobierno Federal a la honorable Cámara de Diputados, la partida de modernización para esta vía en particular, contempla una inversión de solo 50 millones de pesos (Cincuenta Millones de pesos), cantidad que resulta insuficiente a la requerida para su conclusión.

En este sentido, solicito que en la revisión y análisis que en este momento se efectúa al Presupuesto Federal para el Ejercicio Fiscal de 2008, considere incrementar la inversión para la rehabilitación a la carretera federal número 54 del tramo que comprende los municipios de Monterrey-Ciudad Mier.

Ustedes saben, compañeros diputados, que contar con vías de comunicación adecuadas es la base del desarrollo económico, cultural y social de un país, así es que considero que no debemos perder --como representantes sociales y funcionarios públicos--, el sentido social y el bien común que deben perseguir nuestras acciones.

Por lo anteriormente expuesto, solicito su respaldo y someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, se considere el incremento a la inversión para la rehabilitación y modernización de la carretera federal número 54 en el tramo que comprende las ciudades de Monterrey-Ciudad Mier.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Tiene la palabra el diputado Gustavo Mendívil Amparán , del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo con relación a la situación que guarda la presa Plutarco Elías Calles, en el municipio de San José de Gracia, Aguascalientes.

¿No se encuentra el diputado? Vamos a dejarlo pendiente. Tiene la palabra la diputada Yadhira Yvette Tamayo Herrera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita a la Cofetel crear un registro nacional de terminales de telefonía celular.

Vamos a continuar dando nombres y el diputado que esté va a pasar y los que no, los vamos a turnar solamente.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que realice una auditoría a los recursos destinados a los programas sociales de la Sedesol correspondientes al ejercicio fiscal de 2006.

El diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Con su permiso, compañera diputada. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en virtud de la reducción del tiempo y de que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, me permito plantear de manera general el objetivo de este punto de acuerdo, que es con el objetivo fundamental de que a los mexicanos, que a la sociedad mexicana le quede claro el uso de los recursos que realizó la Secretaría de Desarrollo Socialen el ejercicio de 2006.

Y para eso estamos presentando este punto de acuerdo, con el objetivo de que se haga una auditoría por parte de la Secretaría de la Función Pública. El punto de acuerdo es con el objetivo precisamente de que la Auditoría Superior de la Federación haga esta auditoría y que pueda transparentarse el uso de los recursos que fueron utilizados de manera ilegal, ilícita, en el pasado proceso electoral federal de 2006.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, un compromiso que nosotros adquirimos con la sociedad mexicana es velar por sus intereses, representar con toda claridad el manejo y el uso de los recursos públicos.

Por eso pido a esta soberanía, compañeras diputadas y compañeros diputados, que tengan a bien aprobar este punto de acuerdo que presento, parar que le quede claro a los mexicanos de qué forma se utilizaron los recursos públicos y que en el futuro ninguna secretaría, ningún funcionario público, ninguna instancia del gobierno, de los tres niveles, haga mal uso de los recursos públicos.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, el punto de acuerdo

Único. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, para que en ejercicio de sus atribuciones proceda a realizar una auditoría a los recursos destinados a los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social correspondientes al ejercicio fiscal de 2006. Es cuanto, compañera diputada.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a auditar los recursos destinados a los programas sociales de la Sedesol correspondientes al ejercicio fiscal de 2006, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado Miguel Peña Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta al pleno de esta honorable cámara, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo con el objeto de que se exhorte a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría a los recursos destinados a los programas sociales de Sedesol correspondientes al ejercicio fiscal 2006.

Consideraciones

Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorte a la Auditoría Superior de la Federación para que en ejercicio de sus atribuciones proceda a realizar una auditoría a los recursos destinados a los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social, correspondientes al ejercicio fiscal 2006.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En consecuencia, está a discusión la proposición. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo...

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputada Salvatori, me permite, por favor.

Le quiero pedir al ponente, aunque estamos votando ya ---toda vez que no es clara la votación por la poca afluencia que tenemos---, si podemos posponer este punto que es de urgente resolución y también todos los demás puntos de urgente resolución hasta que tengamos un mayor quórum en este pleno, para poderlos votar.

Si nos permiten posponer esta votación para más tarde, para cuando haya un mayor quórum, para poderlos votar. Si está de acuerdo el pleno. Consulte por favor la Secretaría al pleno si está de acuerdo con esta propuesta.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Las diputadas y los diputados...

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Permítame, diputada. Diputado Peña Sánchez.

El diputado Miguel Ángel Peña Sánchez (desde la curul): Señora diputada, compañeros diputados, ha sido votado por el pleno y por mayoría se aprobó. Yo solicito...

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se aprobó la urgente resolución, se aprueba que se vote ahorita, pero el punto no se aprobó. Si usted revisa la votación, no lo van a aprobar. Por eso estoy pidiendo que haya un mayor quórum, porque tampoco sería válida la votación como la estamos llevando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, diputado Curiel.

El diputado Leobardo Curiel Preciado (desde la curul): Yo considero que todos deberíamos estar aquí. Estos puntos de acuerdo de obvia resolución son situaciones que se están presentando en el país y que nosotros nomás estamos amortiguando.

Yo creo que se le debe dar seguimiento y salir. Hay campesinos a los que ya desalojaron en Puerto Vallarta y todavía estamos esperando a que salga el punto de obvia resolución.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Yo estoy de acuerdo con usted, diputado. Sólo pedimos que haya mayor afluencia de diputados. Están llegando de sus reuniones. Si nos permiten que los de urgente resolución se puedan votar después de los posicionamientos de la una de la tarde, para que votemos todos los que estamos posponiendo ahorita. Después de la una de la tarde empezaríamos a votar los de urgente resolución. ¿Le parece, diputado? Así lo haríamos.

Termine de consultar, la Secretaría, si se aprueba que se voten después de la una de la tarde los puntos de acuerdo de urgente resolución, nada más.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se aprueba que se voten los puntos de acuerdo de urgente resolución después de la una de la tarde.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputados. Vamos a continuar. Voy a ir nombrando los de urgente resolución y los normales. Van a ir pasando a posicionar los normales. Los de urgente resolución los vamos a empezar a votar a partir de la una de la tarde.

Se recibió del diputado Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del PRI, punto de acuerdo por el que se crea un fondo especial de apoyo para recuperación de desastres para las entidades federativas. Está propuesto para urgente resolución.

Tiene la palabra el diputado Mario Salazar Madera , del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo para que se apoye a la designación del Lago de Chapala como sitio Ramsar.

Miren, diputados, sí quiero que quede claro, para que no nos vayan a reclamar los diputados: los puntos de urgente resolución los vamos a empezar a mencionar a partir de la una.

Pero los puntos de acuerdo normales, que no son de urgente resolución, no los vamos a agendar a partir de la una, los vamos a posponer a la siguiente sesión, porque no están presentes los diputados. No están aquí para pasar. Los vamos a posponer hasta el final de la lista.

Se recibió del diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que esta soberanía se da por enterada de las observaciones del Ejecutivo federal al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales para fortalecer el federalismo fiscal, y se propone discutirlo como lo señala el inciso c) del artículo 72 constitucional. Está para urgente resolución.

ESTADO DE GUERRERO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El diputado Armando Barreiro Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD, presenta punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno para que destinen recursos presupuestales para la rehabilitación del acueducto de El Chorro y la pavimentación del circuito carretero Bajos del Ejido-Tixtlancingo-Agua Zarca-Platanillo-Ocotillo en el estado de Guerrero. Tiene la palabra para este caso el diputado Armando Barreiro Pérez.

El diputado Armando Barreiro Pérez: Con su permiso, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Armando Barreiro Pérez: Toda vez que tenemos muy poco tiempo para hacer referencia a este punto, solicito de usted que el texto completo sea incluido en el Diario de los Debates, toda vez que ya ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, a lo largo de toda esta legislatura uno de los puntos fundamentales que hemos venido abordando en diferentes vertientes ha sido la problemática del agua; la importancia que ésta tiene para el desarrollo de las sociedades y el grave peligro en el que se encuentra el preciado líquido para el desarrollo de las comunidades.

Es el caso que toca, entre otros, este punto de acuerdo en donde los pueblos del oriente del municipio de Coyuca de Benítez y el poniente del municipio de Acapulco han venido solicitando desde hace varios años la posibilidad de regularizar el abasto del preciado líquido, que por razones y conflictos derivados de los usos y costumbres de algunos de los pueblos de estos municipios en el estado de Guerrero ha traído como consecuencia la interrupción del mismo, afectando a más de 20 pueblos y comunidades para servirse de él.

Es el caso de El Chorro, que es un escurrimiento de agua superficial, de flujo permanente, que se localiza a mil 300 metros sobre el nivel del mar en el oriente del municipio de Coyuca de Benítez, a unos 30 kilómetros del puerto de Acapulco y que tiene sus orígenes sobre los terrenos comunales de Ixtlatzingo.

En alguna ocasión, hace un par de años, por estos conflictos a los que he hecho alusión se ha interrumpido el suministro del agua, por lo que ahora, habiendo ya en su mayor parte subsanado estos conflictos, los pueblos de estos municipios están de acuerdo en que les sea posible la reparación o la construcción de un nuevo acueducto que pueda abastecer de agua a sus comunidades.

Y de la misma manera, se está solicitando el que sean condonados o marcados con facilidades para su pago los adeudos del agua que se tienen con la Camapa, para poder regularizar también el abasto al municipio de Coyuca de Benítez.

Por otra parte, también en este punto de acuerdo se aborda la posibilidad de la construcción total de la carretera y los caminos rurales de estas comunidades, y que para estos efectos estaríamos nosotros beneficiando a seis poblaciones rurales como Ocotillo, Texca, Loma Larga, Lomas del Aire, El Pelillo y El Zapote.

Por todo ello y por el tiempo que se me ha agotado, y para concluir diputada Presidenta, quisiera poner a su consideración el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, de manera respetuosa también al gobierno del estado de Guerrero y a los gobiernos de los municipios de Coyuca de Benítez y Acapulco de Juárez, a destinar los recursos presupuestales para la rehabilitación total del acueducto El Chorro y abastecer de agua primordialmente a los pueblos de la región, así como crear un fondo que permita realizar estudios hidrogeológicos regionales y comunitarios para determinar fuentes alternativas de suministro de agua.

Segundo. Que esta Cámara exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la misma manera al gobierno del estado de Guerrero y a los municipios de Coyuca y Acapulco a destinar los recursos presupuestales necesarios para pavimentar los 25 kilómetros que comprenden el circuito carretero Bajos del Ejido-Tixtlancingo-Agua Zarca-Platanillo-Ocotillo.

Tercero. Que está Cámara exhorte a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Comisión Nacional Forestal, así como de manera respetuosa al gobierno del estado de Guerrero, a que trabajen conjuntamente en las medidas de conservación, restauración y manejo sustentable de los recursos naturales en la microcuenca El Chorro, así como en los estudios técnicos y sociales para declarar dicha microcuenca área nacional protegida.

Y por último, que esta Cámara exhorte también de igual manera a la Semarnat, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, para que acuerden la forma para poder liquidar el adeudo referido del gobierno municipal de Coyuca, que tiene con la citada dependencia federal.

Por su apoyo, por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno a destinar recursos presupuestarios a la rehabilitación del acueducto El Chorro y la pavimentación del circuito carretero Bajos del Ejido-Tixtlancingo-Aguazarca-Platanillo-Ocotillo, en Guerrero, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del PRD ante la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

``El Chorro'' es un escurrimiento de agua superficial de flujo permanente que se localiza a mil 300 metros sobre el nivel del mar, en el oriente del municipio de Coyuca de Benítez, a unos 30 kilómetros del puerto de Acapulco. La Sierra de las Compuertas constituye su principal área natural de recarga de agua, debido a su abundante vegetación. Las lluvias se precipitan, se almacenan y se infiltran tierras abajo para dar cuerpo a la cascada de ``El Chorro'' sobre los terrenos comunales de Tixtlancingo.

El flujo principal de Tixtlancingo y una parte de los afluentes secundarios de ese sistema de recarga natural, que incluyen escurrimientos del ejido Platanillo, La Providencia, Taxajeras y otros alimentan a los ríos Aguacoxtla y Del Valle que desembocan en la laguna de Coyuca, en Coyuca de Benítez, y en los ríos El Zapote y La Sabana que a su vez desembocan en la laguna de Tres Palos, a orillas de la ciudad de Acapulco.

A mediados del siglo pasado el gobierno federal construyó una pequeña presa para tomar agua y llevarla, mediante un acueducto de 18 pulgadas de diámetro a la ciudad de Acapulco, construyéndose otras presitas afluentes.

La concesión y Administración del sistema ``El Chorro'' fue otorgada por 50 años a un organismo público federal que con el tiempo se desconcentro al gobierno del estado y finalmente a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA).

Este sistema hidráulico fue de los primeros que abasteció de manera sistemática a Acapulco hasta finales de los años 90. En virtud del alto costo que hoy día representa la rehabilitación del Acueducto, ``El Chorro'', la CAPAMA da el mantenimiento para que solo fluya el agua para las comunidades rurales más próximas, en tanto que abastece de agua a las poblaciones urbanas a través de pozos someros construidos en los ríos La Sabana y Papagayo, cercanos a Acapulco.

Cuando la CAPAMA, planteaba rehabilitar el acueducto y renovar la concesión del uso del agua ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y utilizar esa fuente de agua para las colonias urbanas de la periferia poniente de la ciudad, un sector de pobladores de Tixtlancingo y Platanillo, pregonando ser los legítimos dueños del agua, exigieron a la CAPAMA una indemnización por el uso del agua, en dinero o en obras sociales.

Frente a la presión de estos pobladores, en el 2003 la CAPAMA y las administraciones municipales pasadas de Coyuca de Benítez y Acapulco, se comprometieron a pavimentar el tramo carretero Bajos del Ejido-Tixtlancingo, sin embargo, sólo se atendieron 800 metros. Como respuesta al engaño gubernamental los habitantes de ambas comunidades volvieron nuevamente contra la CAPAMA.

Así, el 17 de abril del 2006 dichos pobladores rompieron la tubería del acueducto en el punto denominado Monte Alegre (ejido de Platanillo) e instalaron un plantón permanente, para así presionar a la CAPAMA a efecto de que cumplieran sus demandas, entre ellas la pavimentación de sus caminos de acceso.

Este acto no valió para la CAPAMA quien considera que este acueducto ya esta caduco y no representa una fuente de agua para la ciudad. Además de que existe un adeudo, del ayuntamiento de Coyuca de Benítez a la Comisión Nacional del Agua, de aproximadamente 3 millones 174 mil 316 pesos más multas por descargas de aguas negras.

Por tal motivo se ha retrasado la programación de recursos federales para solucionar este conflicto, sin considerar que se está perjudicando de esta manera a 6 poblados rurales (Ocotillo, Texca, Lomalarga, Lomas del Aire, El Pelillo y el Zapote), y a 10 poblados más que pretendían resolver su carencia de agua a través de este sistema hidráulico. Se afecta a más de 12 mil pobladores de la región, principalmente a los grupos más vulnerables, quienes ya sufren enfermedades gastrointestinales, y de piel por la falta de agua.

Resultado de esta medida de presión injusta, violatoria del derecho humano al agua, por parte de los responsables del corte de agua y en contra de los más de 16 pueblos afectados. Estos se han agrupado formando la ``Organización Regional Unión de Pueblos del oriente de Coyuca de Benítez y Poniente de Acapulco'', a efecto de buscar una solución a este conflicto.

El conflicto de agua que se vive en el oriente de Coyuca de Benitez y el poniente de Acapulco, no les ha importado a las autoridades que debieran garantizar el servicio de agua a la población, y solo se han mantenido a la expectativa, por lo que también son responsables de la violación de un derecho humano básico, ignorando que el agua es un patrimonio común de la humanidad, que debe ser garantizado por los gobernantes.

En la microcuenca de ``El Chorro'', se ha acelerado el agotamiento del agua en los últimos años como resultado de las prácticas humanas inadecuadas, como son la tala inmoderada de árboles, la quema irracional de montes para la agricultura y ganadería, el uso irracional de agroquímicos y la destrucción de la vegetación natural, por lo que ha alterado el clima y el ciclo natural de recarga del agua.

Frente a este sombrío panorama, agudizado aún más por el actual conflicto, en donde el recurso agua es un simple rehén, es necesario impulsar comunidad y gobierno medidas orientadas a restaurar, conservar y aprovechar los diversos recursos naturales ahí existentes.

La microcuenca ``El Chorro'' es de las pocas del estado de Guerrero que mantiene una vegetación de tipo selva baja caducifolia, forma parte de una cuenca hidrológica regional, y es el pulmón verde más cercano a la ciudad de Acapulco, que además de proveer el servicio de recarga de agua, procesa bióxido de carbono, purifica el oxígeno y contribuye a la conservación de la biodiversidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por conducto de la Comisión Nacional del Agua, de manera respetuosa, al gobierno del estado de Guerrero, y a los gobiernos de los municipios de Coyuca de Benítez y Acapulco de Juárez, a destinar los recursos presupuestales para la rehabilitación total del acueducto ``El Chorro'' y abastecer de agua primordialmente a los pueblos de la región, así como crear un fondo que permita realizar estudios hidrogeológicos regionales y comunitarios para determinar fuentes alternativas de suministro de agua.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes, de manera respetuosa, al gobierno del estado de Guerrero, y a los gobiernos de los municipios de Coyuca de Benítez y Acapulco de Juárez, a destinar los recursos presupuestales necesarios para pavimentar los 25 kilómetros que comprenden el circuito carretero Bajos del Ejido-Tixtlancingo-Aguazarca-Platanillo-Ocotillo.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por conducto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Comisión Nacional Forestal, así como de manera respetuosa al gobierno del estado de Guerrero por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de Guerrero, a que trabajen conjuntamente en las medida de conservación, restauración y manejo sustentable de los recursos naturales en la microcuenca ``El Chorro'', así como en los estudios técnicos y sociales para declarar dicha microcuenca área natural protegida.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de La Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por conducto Comisión Nacional del Agua y de manera respetuosa al gobierno del municipio de Coyuca de Benítez, para que acuerden la forma para liquidar por parte del referido gobierno municipal, el adeudo que tiene con la citada dependencia federal.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Armando Barreiro.Túrnese a las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos, de Transportes, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

LAGO DE CHAPALA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió del diputado Mario Salazar Madera, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, punto de acuerdo por el que se apoya la designación del lago de Chapala como sitio Ramsar.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se apoya la designación del lago de Chapala como sitio Ramsar, a cargo del diputado Mario Alberto Salazar Madera , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo a efecto de que se apoya la designación de el Lago de Chapala como sitio Ramsar, bajo las siguientes

Consideraciones

La Convención Ramsar, relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, surgió en la ciudad de Ramsar, Irán en 1971, suscrita por México el 30 de julio de 1986 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto del mismo año, lo que le ubica como suprema ley (artículo 133 constitucional).

La unión de más de 160 países del mundo a través de la Convención, tiene como objetivo lograr la conservación, gestión, restauración y uso racional de los humedales, así como de las aves acuáticas; busca resaltar el valor de los humedales como patrimonio cultural e histórico, arqueológico, antropológico; genera sinergias interinstitucionales y es punto de aplicación efectiva de políticas transversales para la sustentabilidad.

Los firmantes adquieren el compromiso de conservar los humedales, y reconocer sus funciones fundamentales como reguladores de los regímenes de aguas y como hábitat de una flora y fauna características.

Un humedal es un sitio donde domina el agua, permanente o temporal, incluye ciénagas, pantanos, ríos, estanques de agua salada, estuarios y aguas costeras de poca profundidad; humedales pueden ser naturales o artificiales.

Los humedales permiten la regulación de caudales, así como la recarga de los mantos acuíferos, por lo que se consideran básicos para obtener agua potable a largo plazo. Los de agua dulce mantienen el 40 por ciento de todas las especies mundiales.

Prestan una amplia gama de servicios ambientales fundamentales, como peces y fibras, abastecimiento de agua, purificación del agua, protección de la costa, ricos ecosistemas, oportunidades de recreación; son decisivos para el bienestar del ser humano. Los servicios prestados por los humedales, han sido discutiblemente valuados en 14 billones de dólares anuales.

Un humedal es considerado de importancia internacional, entre otros, si sustenta una población de 2 mil o más aves acuáticas, si sustenta especies vulnerables o en peligro crítico, si es un ejemplo representativo, raro o único de un tipo de humedal, si sustenta especies autóctonas y con ello contribuye a la diversidad biológica del mundo.

Designar como un sitio Ramsar a Chapala contribuye a su cuidado, conservación, preservación, protección y aprovechamiento sustentable; propicia además un esfuerzo concertado para el ordenamiento de las actividades en torno al lago.

Jalisco cuenta con 4 sitios Ramsar, la laguna de Sayula, la laguna de Zapotlán, la laguna de Atotonilco y la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala. México cuenta con 65 humedales de importancia internacional, y es segundo lugar mundial, después de Reino Unido.

De esta manera, por tratarse de una designación amigable, con beneficio político, social, cultural, económico y ambiental, puede ubicársele como un primer paso que impulse el proyecto estratégico estatal, no sólo se trata de un hecho aislado, pues representa una acción concreta de renombre internacional.

Es de destacar que Jalisco es uno de los tres estados de la república que cuenta con un Comité Estatal para la protección de los Humedales, y el único que ha logrado la participación intersectorial, para la gestión y manejo de los sitios Ramsar, con recursos para investigación, protección y obra pública directa.

Los humedales son reguladores de clima, su conservación combate el calentamiento global, son sitios de resguardo para aves migratorias, de preservación de especies, por lo que trascienden fronteras.

La naturaleza no tiene fronteras, el ser humano se las marca, y asume un rol de deidad sobre la Tierra que Dios jamás le entregó.

A las aves no les podemos marcar fronteras ni imponer muros; al conservar el lago se conserva su hogar, su vida, se garantiza su supervivencia; de igual manera puede evitarse la extinción de una especie que la naturaleza eligió para existir aquí y sólo aquí, en este rincón del planeta; aquí y sólo aquí, para regocijo y alimento del ser humano, que ahora afronta el reto de asumir con inteligencia su responsabilidad ante la tierra que Dios le brinda.

Por lo anterior se propone a esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Esta asamblea apoya la designación del lago de Chapala como sitio Ramsar, solicitando se exhorte a las autoridades correspondientes a llevar a cabo las gestiones para completar dicho nombramiento.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

FONDO ESPECIAL DE APOYO PARA LA RECUPERACION DE DESASTRES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió del diputado Edmundo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI, punto de acuerdo por el que se crea un fondo especial de apoyo para recuperación de desastres para las entidades federativas.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea un fondo especial de apoyo de recuperación de desastres para las entidades federativas, a cargo del diputado Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

México es una de las naciones del mundo que tienen una exposición de elevado riesgo frente a los desastres naturales. Su inigualable ubicación geopolítica, favorable para las comunicaciones y el comercio, también es un factor adverso en el caso de ciclones, huracanes, tormentas tropicales, sismos y otros eventos. La abrupta extensión montañosa, la forma del territorio, su situación frente a los dos mayores océanos y su asentamiento en placas continentales de elevada movilidad hacen recurrente la incidencia de los desastres.

Sin embargo, esta afirmación no constituye materia para la especulación geográfica o estadística. Refleja un continuo drama humano y un escollo permanente para los esfuerzos locales de desarrollo social y económico, principalmente para los estados situados en el sureste del país. Al sur de México, caracterizado por la desigualdad social, la pobreza, la frágil infraestructura social y económica, también se le suma la menor capacidad de resistencia social a estos fenómenos, por el elevado número de poblaciones asentadas en zonas de elevado peligro y por el predominio de viviendas con materiales improvisados, fruto de los círculos viciosos de la pobreza.

Para la gente del sur de México, la vida transcurre entre el acecho de la pobreza y el azote de las tragedias naturales. Este riesgo aumentará por efecto de lo que ahora comúnmente señalamos como calentamiento global.

La información en torno al impacto del deterioro de los ecosistemas mundiales revela que la temperatura del mundo ascenderá dos grados en los próximos 10 años y acentuará el deshielo de los casquetes polares, incrementado el flujo de las corrientes marinas, fuente de los huracanes.

Como base de esta predicción, que tiene pleno fundamento científico, se encuentra el hecho de que hasta hace poco más de 10 años se presentaban un máximo de 3 huracanes por año, mientras que ahora se dan entre 10 a 15 y todos con probabilidad de ubicarse en la categoría 5, que es la de más alta peligrosidad.

El mayor riesgo se presenta en casi la mitad de los municipios del país, en donde se asientan alrededor de 20 millones de personas.

Lamentablemente el marco constitucional de protección civil, prevención de riesgos y atención para la rehabilitación de las zonas afectadas ha sido rebasado desde hace mucho tiempo. Es una verdad de dominio público que los instrumentos básicos son el Fondo Nacional de Desastres Naturales y la actuación del Ejército, a través del Plan DN-III. Las fuerzas armadas han cumplido con escrúpulo su misión y gozan del más alto reconocimiento social. No obstante, en el caso de la autoridad civil, que tiene la responsabilidad mayor tanto constitucional como políticamente, su papel es, a todas luces, insuficiente.

Los recursos del Fonden, que son para este año de 1 mil 126 millones de pesos, la exigua capacidad tecnológica del Servicio Meteorológico Nacional, la ausencia de capacitación, el poco personal disponible para esas tareas, la centralización de la información, de las acciones y de los recursos, así como la desvinculación con la sociedad civil, a pesar de que la Ley prevé mecanismos amplios de suma de esfuerzos, constituyen los elementos básicos para obtener un diagnostico concluyente y para dar lugar a la búsqueda de nuevas alternativas.

Los cambios en esta materia deben tener origen en el ejercicio de las facultades del Poder Legislativo, tanto en materia de regulación del Sistema Nacional de Protección Civil, como en la creación de nuevos mecanismos de financiamiento, con mayor suficiencia y con un enfoque de descentralización federalista.

Sólo esto permitirá superar la visión inmediatista del Fonden, para entrar en el marco institucional necesario para la atención de los desastres con una perspectiva de mediano y largo plazo, que no se agote en el auxilio coyuntural a los damnificados, sino que persevere en el tiempo para reconstruir la infraestructura, la actividad productiva, las comunicaciones, el empleo y el desarrollo regional, local y municipal.

Con voluntad política esto será posible. La experiencia de Cancún, en donde los tres niveles sumaron esfuerzos y se subsanó la limitación del Fonden, evidencia que podemos entrar a una etapa más integral y verdaderamente útil para apoyar el esfuerzo de la sociedad y de los gobiernos de los estados.

Para ilustrar la necesidad que motiva esta proposición citamos el caso de los daños del más reciente fenómeno, el huracán Dean, que afectó a 63 municipios en 8 entidades federativas, a saber Hidalgo, Campeche, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. La rehabilitación de esta amplia zona exige muchos meses y un volumen suficiente de recursos. Con la estructura presupuestal actual, tanto el gobierno federal como las entidades afectadas tendrán que sustraer recursos de actividades fundamentales, para dedicarlos a subsanar la devastación, lo cual reducirá el cumplimiento de los planes estatales de desa-rrollo ordenados por la sociedad y autorizados por los Congresos locales.

De esta suerte, la presente propuesta busca establecer en el Título Segundo del Presupuesto de Egresos de la Federación, que norma nuestro federalismo financiero, un nuevo fondo participable a las entidades federativas y etiquetado expresamente para la recuperación de las zonas siniestradas, sobre la base de la recurrencia de estos fenómenos en prácticamente las mismas áreas del territorio nacional.

Se sugiere que el monto de dicho fondo se establezca a partir de propuestas y consultas con los estados señalados y que sea financiado con recursos previstos para infraestructura social, habida cuenta del legítimo derecho de las comunidades afectadas de recibir tales recursos, aun cuando sea por el motivo menos deseable, como es el de los desastres naturales.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública integre en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2008, dentro del Título Segundo, un fondo especial de apoyo para la recuperación de desastres para las entidades federativas. Su monto deberá establecerse a partir de un procedimiento de consulta y propuesta con las entidades federativas que sufren la afectación recurrente de huracanes y se deberá destinar para la rehabilitación productiva y social de mediano y largo plazos de dichas regiones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se retira del orden del día la propuesta del diputado Arnoldo Ochoa González , del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita a la SEP que informe a esta soberanía sobre el destino de los recursos provenientes del programa Redondeo, operado por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio.

TRABAJO LEGISLATIVO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra la diputada Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos que modifique los lineamientos de asistencia e inasistencia de los diputados a las sesiones, a efecto de cumplir el compromiso ético de su función.

La diputada Mónica Fernández Balboa: Con su venia, señora Presidenta. El 23 de noviembre de 2006se acordó aplicar en esta Cámara, de manera permanente, el principio ético en las actividades, y se constituyó el Comité de Ética para que estudiara y propusiera las mejores prácticas en la materia, teniendo como principal objetivo el de mejorar la imagen de los legisladores frente a la nación, combatir la corrupción y transparentar la rendición de cuentas.

Esto ha sido un hecho inédito en la historia del Congreso y un gran paso que todos los diputados dimos, de todos los grupos parlamentarios. Cabe resaltar que en el Comité de Ética acordamos que el actuar con base en valores y convicciones democráticas implica asumir, por quienes ejercen la elevada función de representar al pueblo, las consecuencias y responsabilidades de sus actos.

En este sentido, como legisladores, hemos sido sensibles a la exigencia social de cambiar de actitud y el comportamiento de los legisladores. Entre otras cosas, ustedes recuerdan que a principio de este periodo ordinario aprobamos por unanimidad en esta Cámara, la iniciativa de la diputada Álvarez en el sentido de sancionar a los legisladores que no asistan al trabajo en comisiones.

Sin embargo, en esta Cámara de Diputados, también el último día del periodo ordinario pasado, aprobamos por unanimidad un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política donde se disculpa que los diputados estemos en este salón de sesiones. En este punto de acuerdo que nos pasaron de última hora se señala que los legisladores nada más estemos en el pleno para pasar lista y en las votaciones.

En este sentido, quiero decirles que debemos ser los primeros en acatar las leyes, y tanto en nuestra Carta Magna, en los artículos 63 y 64, así como en la Ley Orgánica del Congreso General, se hace énfasis en la importancia de la asistencia y permanencia de los legisladores durante el desarrollo de los trabajos plenarios, previendo sanciones en caso de que no cumplan con este deber.

Por tal motivo, este punto de acuerdo es un exhorto.

Primero. A la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos para que proponga al pleno la modificación de este acuerdo que fue aprobado el último día del periodo ordinario pasado, en el que se establecen los lineamientos para acreditar la justificación de las inasistencias de las diputadas y los diputados, y para garantizar que éstos cumplan con el compromiso ético en su función legislativa.

Segundo. Es un exhorto a que, como legisladores, cumplamos nuestra obligación de permanecer en las sesiones de principio a fin, en congruencia con lo dispuesto en la normatividad aplicable en la materia, absteniéndonos de buscar la manera de contravenirla, y nada más recordarles que en este asunto, ningún acuerdo, puede estar por encima de nuestra normatividad.

Yo los exhorto a que estemos aquí presentes en las sesiones y estemos atentos para, además, con el respeto que se merecen todos los compañeros que suben a la tribuna, podamos estar al tanto de todo el acontecer y de todo el quehacer legislativo.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos a modificar los lineamientos de asistencias e inasistencias de los diputados a las sesiones, a efecto de cumplir el compromiso ético de su función, a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa , del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Federal Mónica Fernández Balboa , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, incisos b), e) y h), y 66 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 80 y 202 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 2, fracción XI, y 14 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, me permito someter a consideración del Pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los diputados a cumplir el principio de ética en esta honorable Cámara, en atención a las siguientes

Consideraciones

En esta legislatura, el 23 de noviembre del 2006 se acordó aplicar de manera permanente el principio ético en las actividades de la Cámara de Diputados, para lo cual se constituyó un Comité de Ética para que estudiara y propusiera las mejores prácticas en la materia, en estricto apego a la normatividad, teniendo como principal objetivo mejorar la imagen de los legisladores frente a la nación, combatir la corrupción y transparentar la rendición de cuentas.

Siendo este un hecho inédito en la historia del Congreso, un gran paso que los diputados dimos, con la convergencia de todas la fuerzas políticas representadas en esta honorable Cámara: PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza, Convergencia, PT y el Partido Socialdemócrata y Campesino de México, en el que nos comprometimos a observar como principios la ética, legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, transparencia, equidad y eficiencia en el ejercicio de la función parlamentaria. Cabe resaltar que acordamos ``que actuar con base en valores y convicciones democráticas implica asumir, por quienes ejercen la elevada función de representar a su pueblo, las consecuencias y responsabilidades de sus actos''.

En este sentido, como legisladores hemos sido sensibles a la exigencia social de cambiar la actitud y comportamiento de los legisladores, lo que es consecuencia de descuidos en el manejo de los asuntos y recursos públicos encomendados. Toda vez que nuestra institución ha sido golpeada por actitudes carentes de transparencia de los mismos miembros; y la sociedad mexicana ha reclamado de diversas formas que tomemos cartas en el asunto; y al ser menester que nosotros, como legisladores, escuchemos las voces de los mexicanos, asumimos este acuerdo para aplicar de manera permanente el principio de ética, honestidad, integridad, transparencia, liderazgo y rendición de cuentas, siendo premisas básicas para determinar la aprobación o censura de un comportamiento o conducta dentro del Congreso.

En el entendido de que los diputados tenemos asignado un rol en el combate a la corrupción mediante el ejercicio de la adecuada vigilancia de la Cuenta Pública, es que debemos hacer uso de todos los instrumentos de control posibles que eviten la desviación de recursos, programas o conductas de funcionarios públicos en demérito de la sana administración de los asuntos gubernamentales.

Lo anterior es de aplaudirse, y orgullosos asumir nuestro compromiso con entera pasión, así como ocurre en otros países, donde ya funciona la comisión de ética en su Congreso, y se les faculta para sancionar a nuestros homólogos que incurren en actos inmorales o ilegales; como también a los que incumplen con su trabajo, como es el caso de Perú.

Por lo antes expuesto, es incongruente el acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, que establece los lineamientos para acreditar la justificación de las inasistencias de las diputadas y diputados que fue aprobado por el Pleno el día 25 de septiembre del año 2006.

Como legisladores debemos ser los primeros en acatar las leyes y, tanto en nuestra Carta Magna, en los artículos 63 y 64, como en la Ley Orgánica del Congreso General, en su artículo 23, numeral 1, inciso n), y en el Reglamento para el Gobierno Interior, en lo dispuesto en los artículos 45, 47, 48, 49 y 50, se hace énfasis en la importancia de la asistencia y permanencia de las legisladoras y legisladores durante el desarrollo de los trabajos plenarios, previendo sanciones en caso de que no cumplan este deber. Y es de extrañamos que, en vez de estar cumpliendo y acatando esta normatividad vigente estemos buscando formas para evadirla o cumplir a medias con nuestro trabajo de legisladores.

En las actividades de la Cámara de Diputados, la ética es una condición indispensable si queremos recuperar plenamente la confianza ciudadana en la Cámara y en la política en general. Los mexicanos ya están cansados del doble discurso; por una parte, enarbolamos una bandera de preocupación por mejorar el cumplimiento de nuestras funciones, y por el otro lado nos damos permiso de no realizarlas.

Por todo lo anterior, la suscrita integrante del Partido de la Revolución Democrática, exhorta a la Cámara de Diputados, a cumplir el compromiso ético y, en tal sentido, que se adicione el acuerdo por el que se establecen los lineamientos para acreditar las justificaciones de las inasistencias de las y los diputados, que fue aprobado por el Pleno el 26 de septiembre de 2006.

Por lo que se exhorta a la Cámara de Diputados a contemplar lo siguiente:

Primero. Se exhorta a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos a proponer al Pleno la modificación del acuerdo de ésta en el que se establecen los lineamientos para acreditar la justificación de las inasistencias de las diputadas y diputados, para garantizar que éstos cumplan con el compromiso ético en su función legislativa.

Segundo. Un exhorto a que, como legisladores cumplamos con nuestra obligación de permanecer en las sesiones de principio a fin. En congruencia con lo dispuesto por la normatividad aplicable en la materia, absteniéndonos de buscar la manera de contravenirla.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputada Mónica Fernández Balboa. Túrnese a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

CANAL 22

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta el Ejecutivo federal a que modifique el decreto de creación de Televisión Metropolitana, Sociedad Anónima, de Capital Variable (Canal 22), para que transmita programas con contenidos dedicados a la concientización, educación y difusión de temas ambientales. Adelante, diputado.

El diputado Manuel Portilla Diéguez: Gracias. Con su permiso, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Manuel Portilla Diéguez: El tema medioambiental hoy en día ha cobrado gran importancia, razón por la cual en todo el mundo se están tomando medidas para revertir los efectos del cambio climático y de los altos índices de contaminación.

Lograr que los ciudadanos tengan una conciencia ecológica para que contribuyan impetuosamente en el cuidado y conservación de nuestros recursos naturales se ha convertido en un gran reto para el Estado, que ---sin duda alguna--- se puede lograr mediante la educación y difusión del problema, para que los individuos estén conscientes de las repercusiones y de que piensen aún más en las acciones que van en contra del bienestar de nuestro medio ambiente.

Es muy conocido que el alcance de los medios tecnológicos es ilimitado y, por ende, se convierte en una de las herramientas más importantes para lograr la concientización de la población sobre las consecuencias que seguiremos teniendo en caso de no tomar en serio nuestro ecosistema.

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta legislatura propone la utilización de los recursos tecnológicos ya existentes para difundir el problema y la solución por medio de la televisión, principalmente del Canal 22, con la incorporación, en su barra de programaciones, de 48 horas a la semana de programas con contenidos ambientales.

Fue elegido el Canal 22 porque en los dos últimos años se ha incrementado en un 600 por ciento respecto a las 10 barras más vistas, ocupando su producción nacional 49 por ciento del total de su programación con un auditorio potencial de 36 millones de personas que reciben la señal a nivel nacional en 437 poblaciones del país.

Es importante destacar que en México tenemos una carencia de educación ambiental, ya que la información difundida por los principales medios de comunicación, en televisión mexicana, solamente manejan 3 por ciento de su programación anual en temas ambientales, mientras que en entretenimiento destinan más de 32 por ciento.

Por lo anterior, la existencia del problema ambiental en nuestro país y la capacidad para realizar televisión de gran nivel se pueden conjugar para dar paso a la difusión, tanto de la problemática como de las acciones para solventarla, ya que de la programación ecológica no solamente se nos tienen que dar a conocer las riquezas naturales, sino que debe instruir cómo cuidar, proteger y no contaminar nuestro medio ambiente.

La educación es y debe ser un instrumento que permita que sus ciudadanos no sólo tengan conciencia, sino que lleven a cabo una participación activa en el rescate y mantenimiento del medio ambiente.

Con esta propuesta se enriquecerá la perspectiva y el pensamiento intelectual de los individuos. Este es un proyecto que enfoca la importancia de la cultura, entendida como un conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico.

En tal virtud, y con base en los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal a que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo las adecuaciones al decreto de creación de Televisión Metropolitana, SA de CV, (Canal 22), a fin de que, en su barra de programación, se transmitan cuando menos 48 horas a la semana de programas con contenido ambiental a fin de crear conciencia, educar y difundir los problemas de temas ambientales en nuestro país.

Segundo. Asimismo, se exhorta al Ejecutivo federal a que, dentro del Consejo Directivo de Televisión Metropolitana, SA de CV, sean incluidos la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Ecología, a fin de garantizar la calidad de los contenidos de los programas de medio ambiente.

Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a modificar el decreto de creación de Televisión Metropolitana, SA de CV (Canal 22), a fin de que transmita programas con contenidos dirigidos a crear conciencia y a la educación y difusión de temas ambientales, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez , del Grupo Parlamentario del PVEM

Jesús Sesma Suárez , diputado a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, solicita que se turne a la Comisión de Radio Televisión y Cinematografía, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en lo siguientes

Considerandos

El tema de medio ambiente hoy día ha cobrado gran importancia. En México y en todo el mundo se están tomando medidas a fin de lograr revertir los efectos del cambio climático. Uno de los grandes retos de los Estados es lograr que sus ciudadanos alcancen un grado de conciencia medio ambiental tal, que les permita sentar las bases para un desarrollo sustentable.

La difusión del problema y la educación es y debe ser una herramienta que permita a los Estados lograr que sus ciudadanos no solo tengan conciencia, sino que lleven a cabo una participación activa en el rescate y mantenimiento del medio ambiente.

Hoy día los medios tecnológicos han permitido que diversos temas puedan ser difundidos a todo el mundo. Sus alcances son ilimitados, aún en países en vías de desarrollo como nuestro país. Por ello, como instrumento de difusión debe ser utilizada la televisión, a fin de lograr penetrar en las conciencias de los ciudadanos mexicanos en la problemática ambiental. Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta Legislatura propone la utilización de recursos tecnológicos ya existentes que pueden permitir la difusión del problema con la consiguiente conformación de conciencia para la acción ciudadana en este tema. Por ello se pretende que la televisión, principalmente, el canal 22, contenga dentro de su barra de programación 48 horas por lo menos de programas con contenido medioambiental.

A este respecto, en el mundo tenemos muchos ejemplos de canales cuyo contenido es preponderantemente ecológico, de ahí que canales como Discovery Channel, Animal Planet, National Geographic Channel, entre otros, contienen programas que permiten conocer por una parte las bellezas de la naturaleza y por la otra la problemática que la tierra enfrenta en su conjunto frente a los graves problemas ambientales ocasionados por el hombre.

En nuestro país existen antecedentes, si bien no relacionados con el medio ambiente, si con aspectos culturales y educativos que permiten al Estado llevar a cabo la concientización de los ciudadanos a través de contenidos que enriquecen la vida y el pensamiento del individuo. Estos ejemplos lo constituyen los canales Once TV, del Instituto Politécnico Nacional, y el 22, que han demostrado, a través de su existencia, que en nuestro país se puede realizar programas con contenidos que ayudan al televidente en general, a enriquecer su acervo cultural y su conciencia ciudadana.

El Canal Once tuvo sus orígenes hace más de 48 años. Considerada la empresa de televisión pública más antigua de América Latina, ha servido como base para que la comunidad politécnica tenga un medio, de gran influencia, para transmitir su pensar, sentir y avances como casa de desarrollo nacional.

La función social del Canal Once ha permitido que a través de su programación, también diversos grupos o segmentos de la sociedad mexicana, encuentren un medio de difusión de sus ideales y valores.

Así, la población en general ha encontrado en este buen ejemplo de televisión, diversa programación acorde a sus necesidades y valores. Este canal tiene audiencia en diversas ciudades del país, como lo son:

Acapulco, Guerrero XHACG 7 Aguascalientes, Aguascalientes XHCGA 5 y 6 Cancún, Quintana Roo XHNQR 5 Culiacán, Sinaloa XHSIN 5 Chetumal, Quintana Roo XHLQR 7+ Chihuahua XHCHI-TV 20 Estado de Morelos XHCIP 6 Playa del Carmen, Quintana Roo XHCZQ 9 Saltillo, Coahuila XHSCE 13+ San Luis Potosí, San Luis Potosí XHSLP 4 Tepic, Nayarit XHTPG 10 Tijuana, Baja California XHTJB 3

Valle de Bravo, Estado de México XHVBM 7

Con ello, cumple, en mayor medida su finalidad de enriquecer a los mexicanos, desde la perspectiva cultural e intelectual.

Por su parte, el Canal 22, producto de la conciencia y búsqueda de un sector de la población cultural mexicana, ha encontrado arraigo entre el teleauditorio.

Emisora del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes del Gobierno de México, inició sus actividades en el año de 1993. Sus transmisiones han tenido como finalidad la cultura. Surgida como respuesta a la solicitud de más de mil 200 integrantes de la comunidad cultural y artística mexicana para que el Estado mexicano impulsara la difusión de programación con contenido artístico y cultural ha permitido un nuevo lenguaje audiovisual en la producción de programación televisiva en nuestro país.

Como consecuencia del trabajo realizado en los últimos tres año, la producción nacional ocupa actualmente el 49 por ciento del total de su programación, con un auditorio potencial de 36 millones de personas que reciben nuestra señal a nivel nacional en 437 poblaciones de la república vía cable, SKY y DirecTV, los 20 Sistemas Estatales y 3 Regionales y la ciudad de México y su zona conurbada en el valle de México.

Así, los niveles de audiencia de Canal 22 se han incrementado los últimos dos años en 600 por ciento con respecto a las 10 barras más vistas.

Prácticamente todas las manifestaciones culturales integran su carta de programación: artes plásticas, música, literatura, historia, danza, cine, animación, miniseries, programas infantiles, informativos y de investigación periodística. Su producción televisiva también ha considerado el apoyo a la producción independiente en México. Con ello, los nuevos creadores audiovisuales del país han encontrado el respaldo y el foro para sus realizaciones.

A todo lo anterior, se suman notables esfuerzos por cumplir con la misión de creación y difusión de las actividades culturales. Específicamente se destaca el establecimiento de la cátedra de televisión cultural Canal 22-Universidad Iberoamericana, y en el mismo sentido la creación de la Videoteca Universal Canal 22, en colaboración con Educal para poner a la venta una colección de videos con producciones de la televisora en formato DVD.

Por lo anterior, tenemos dos fundamentos reales y tangibles para promover, en nombre de mi grupo parlamentario, el presente punto de acuerdo: por una parte, la existencia del problema medioambiental en nuestro país, y por la otra la capacidad para realizar televisión de gran nivel y que nos permita la difusión tanto de la problemática como las acciones para solventarlo. Así, consideramos que la televisión es un gran instrumento para la educación (ejemplo de ello son las telesecundarias) en nuestro país.

En tal virtud, y con base en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que, en el ámbito de su competencia lleve a cabo las adecuaciones al decreto de creación de Televisión Metropolitana, SA de CV (Canal 22), a fin de que, en su barra de programación, se transmitan cuando menos 48 horas a la semana de programas con contenido ambiental a fin de crear conciencia, educar y difundir los problemas de temas ambientales en nuestro país.

Segundo. Asimismo, se exhorta al Ejecutivo federal para que, dentro del consejo directivo de Televisión Metropolitana, SA de CV, sean incluidos la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Ecología, a fin de garantizar la calidad de los contenidos de los programas de medio ambiente.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Manuel Portilla Diéguez.Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Esta Presidencia envía un saludo y agradece la presencia de los invitados especiales para la premiación del Primer Concurso de Ensayo Coyotepec, y los jóvenes estudiantes del Programa Estudiantil Juventud Siglo XXI, AC, de Los Cabos, Baja California Sur. Sean bienvenidos.

PEMEX

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para que se cree una Comisión de Investigación que tendrá como objeto revisar y analizar los accidentes ocurridos en las instalaciones de Pemex.

El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Compañeras diputadas y compañeros diputados, la situación de Pemex, a nuestro juicio, ha llegado a un preocupante nivel de gravedad. Al maltrato presupuestal que ha sufrido la paraestatal, ahora se agregan los atentados en los gasoductos, que afectan seriamente su funcionamiento.

En el primer caso, la insuficiencia de recursos originó la reducción en el gasto de mantenimiento en las instalaciones de Pemex, ocasionando el incremento de derrames y fugas de hidrocarburos.

En 96 y en 97 esa paraestatal canalizó a este rubro arriba de 30 mil millones de pesos, pero en 99 lo redujo a 20 mil millones de pesos y actualmente es de aproximadamente 11 mil 500 millones de pesos, para este año de 2007.

Más de 60 mil kilómetros de la red de ductos de la paraestatal se encuentran en una situación obsoleta e insegura, porque ya rebasaron su periodo de vida útil de 30 años y requieren de una inversión de 15 mil millones de dólares, según el Colegio de Ingenieros Civiles de México.

La situación de la paraestatal, que además no es clara, se perfila con toda nitidez en esta comunicación que recibimos en respuesta a un punto de acuerdo que presentamos en la Comisión Permanente, para que se entregaran recursos a Pemex para que se invirtiera en mantenimiento, se gastara en mantenimiento y no hubiera tantos accidentes.

Y la respuesta es francamente escalofriante, porque dice ---eran dos puntos---: Con relación al punto número 2 le informo que el 18 de mayo de 2007 la Secretaría de Hacienda autorizó a Petróleos Mexicanos la modificación presupuestal en la que el rubro de mantenimiento pasó ---óigase bien--- de 4 millones de peso asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007, a 4 mil 649.5 millones de pesos.

De acuerdo con esta modificación, oficialmente para este año tenían 4 millones de pesos, y gracias a esta gestión de la Cámara de Diputados se aumentó en más de 4 mil millones de pesos.

A esta situación de continuos accidentes por la falta de mantenimiento se agregan ahora los atentados a las instalaciones petroleras. Traigo aquí la relación completa de todos los atentados y de todo lo que esto significó para Pemex.

Hemos estado viendo en la prensa el daño que le ocasionaron a muchas empresas, inclusive, que tienen inversiones importantes en nuestro país, mismas que ya están pensando llevarse a otro país.

Yo creo, y nuestra fracción parlamentaria considera, que este tipo de situaciones deben reclamar la atención de la Cámara de Diputados por la significación y el alcance que tienen. Es por eso que estamos proponiendo un punto de acuerdo para la creación de una comisión especial que tenga como objetivo revisar y analizar los accidentes ocurridos en las instalaciones de Pemex.

Y en segundo lugar, para que dicha comisión dé seguimiento a las averiguaciones de los hechos que originaron las explosiones en las instalaciones de la paraestatal y particularmente en la red de ductos en materia de mantenimiento y seguridad de los mismos, y así rendir un informe detallado a esta Cámara. Es cuanto, señora Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, para que se cree una comisión de investigación sobre los accidentes ocurridos en las instalaciones de Pemex, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículos 93, párrafo 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 34, inciso c, y 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para crear una comisión de investigación encargada de analizar y revisar los accidentes ocurridos en las instalaciones de Pemex.

Consideraciones

La situación de Pemex ha llegado a un preocupante nivel de gravedad, el descuido presupuestal que golpea a la paraestatal la ha colocado en una situación peligrosa que compromete la operación y desenvolvimiento del sector petrolero. Ahora se agregan los atentados en los gasoductos, que afectan seriamente su financiamiento

En el primer caso, la reducción en el gasto de mantenimiento en las instalaciones de Pemex ha ocasionado un incremento de accidentes graves por derrames y fugas de hidrocarburos. En 1996 y 1997 se canalizaron a este rubro niveles por arriba de 30 mil millones de pesos, pero en 1999 decreció a 20 mil millones de pesos y actualmente es de aproximadamente 11 mil 500 millones de pesos.

La mayoría de estos accidentes que se ha registrado en Tabasco y en los límites de este estado con Veracruz ponen en peligro no sólo la seguridad de los ductos, sino también la conservación del medio ambiente. Más de 60 mil kilómetros de la red de ductos de la paraestatal se encuentran en una situación obsoleta e insegura, porque ya rebasaron su periodo de vida útil de 30 años En este renglón se requiere de una inversión de 15 mil millones de dólares, según el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).

Del 2004 al 2006 se observa un progresivo incremento de siniestros graves (10 accidentes en Veracruz y 1 en Tabasco), sin que la Procuraduría General de la República haya consignado a un solo servidor público de la paraestatal, de alrededor de 60 que estaban bajo investigación; no obstante, no debemos soslayar que estos accidentes han sido consecuencia de las deplorables condiciones en que se encuentran los ductos e instalaciones de Pemex.

Este consecuente acrecentamiento de accidentes preocupa a todo el país, y se refleja en diversos pronunciamientos presentados por compañeros diputados y senadores.

Ante esa delicada situación se añade ahora los atentados a las instalaciones petroleras:

El pasado 5 de julio de 2007 se suscitaron tres explosiones en el gasoducto Guanajuato-Guadalajara (Salamanca-Valle de Santiago-Celaya), que ocasionaron desabasto de gas natural y LP en el occidente del país y el desalojo de 5 mil habitantes.

El 10 de julio de 2007, una explosión en el gasoducto en Querétaro afectó la distribución de gas en todo el estado en los tres días posteriores, y no se sabe las causas que motivaron la conflagración.

En el último siniestro ( 10 de septiembre de 2007, se presentaron seis explosiones en gasoductos de Pemex, ubicados en Veracruz y Tlaxcala, que representaron

Por otra parte, Pemex y los gobiernos federal y estatal atribuyen las últimas explosiones a actos premeditados y no accidentales, perpetrados por el Ejército Popular Revolucionario (EPR), grupo que en julio pasado, mediante un correo electrónico reivindicó como suyas las fugas de ductos en Salamanca-Valle de Santiago-Celaya-Querétaro.

Y del último suceso (Veracruz y Tlaxcala), la principal línea de investigación de la Procuraduría General de la República asienta que fue un grupo guerrillero el que ocasionó las detonaciones, ya que en uno de los ductos se encontró una pinta con las siglas del Ejército Popular Revolucionario (EPR), a lo que se agrega un comunicado en el que la Comandancia General del Ejército Popular Revolucionario asume la responsabilidad del siniestro en demanda de la liberación de sus compañeros detenidos y desaparecidos desde el 25 de mayo del presente (Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez).

Sorprendentemente, después de que se atribuyen los atentados al grupo guerrillero se ha observado un sepulcral silencio, al no darse a conocer los resultados de las investigaciones efectuadas, ni se ha consignado a ningún funcionario relacionado con las averiguaciones previas, y pareciera que con el señalamiento de las acciones del EPR ahí se agota el problema.

Además, en julio el gobierno federal encargó a la empresa estadounidense SY Coleman Corporación la creación y operación de un centro de vigilancia aérea para monitorear instalaciones estratégicas del país, incluidas las energéticas, correspondiendo el resguardo y la seguridad nacional únicamente al Ejército, a la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana.

Este contexto, es inadmisible esta situación, ya que deja muchas preguntas sin respuesta: ¿cómo es que el EPR ha logrado efectuar estos atentados?, ¿cómo se explica su crecimiento y efectividad?, ¿hay otros intereses que están buscando alterar la paz pública?, ¿hay colusión con funcionarios de Pemex?, ¿el sistema de seguridad nacional está en crisis y es incapaz de detener la ola de atentados en contra de México?, ¿qué medidas hay que tomar para prevenir hechos similares? y ¿se tienen que encargar las empresas extranjeras de la vigilancia y el resguardo de la infraestructura estratégica del país? ¿Qué no corresponde el resguardo y seguridad al Ejército, la Marina y la Fuerza Armada?

Por eso, en el Grupo Parlamentario de Convergencia se considera que es urgente y necesario crear una comisión de investigación que se encargue de averiguar las causas de las explosiones en los gasoductos de Pemex en Guanajuato, Querétaro y Veracruz-Tlaxcala.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se crea una comisión de investigación que tendrá como objetivo revisar y analizar los accidentes ocurridos en las instalaciones de Pemex.

Segundo. Dicha comisión dará seguimiento a las averiguaciones de los hechos que originaron las explosiones en las instalaciones de la paraestatal, y particularmente en la red de los ductos en materia de mantenimiento y seguridad de los mismos y rendir un informe detallado a esta Cámara.

Tercero. La comisión investigadora cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y funcionará en la LX Legislatura o hasta que agote su objetivo.

Cuarto. En tal sentido, el titular de Petróleos Mexicanos, el Procurador General de la República, y el titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), deberán proporcionar a dicha Comisión de Investigación, toda la información con que cuenten de los atentados y las medidas adoptadas por Pemex; los avances en las investigaciones por parte de la PGR y las acciones que el sistema de seguridad nacional ha tomado y aplicara ante esta delicada problemática.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva.Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

Tiene la palabra el diputado Jesús Arredondo Velázquez , del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que los órganos que conforman dicha institución se abstengan de tomar fotografías e impresiones de huellas dactilares de probables responsables que estén sujetos a investigación por su presunta participación en un hecho ilícito. No se encuentra.

COCA ZERO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el diputado José Luis Aguilera Rico, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Saludque emita declaratoria y las sanciones correspondientes ante el producto de Coca-Cola denominado ``Coca Zero''.

El diputado José Luis Aguilera Rico: Muchas gracias, Presidenta. Con el permiso de la Mesa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado José Luis Aguilera Rico: Gracias. Con la siguiente exposición de motivos.

El pasado 4 de septiembre del presente año se llevó a cabo la confirmación de las sustancias que contiene el producto de Coca-Cola denominado ``Coca-Cola Zero'', que se comercializa en nuestro país y que contiene un endulzante prohibido ya en Estados Unidos de Norteamérica, esto desde hace casi 40 años; y que esta sustancia puede tener efectos cancerígenos.

En estos resultados, que se hicieron a través del Instituto Politécnico Nacional, y difundidos en los medios de comunicación, tanto en la prensa nacional como internacional, se detectó en el producto que se consume, se detectó el uso del ciclamato de sodio, que no se permite en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios en Estados Unidos de Norteamérica desde octubre de 1969. Dicha información también fue difundida en diversas entrevistas en los medios de comunicación.

Y la catedrática de la Escuela Nacional de Ciencia Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, la doctora Laura Olguín, explicó que el ciclamato de sodio puede provocar cáncer si se consume en forma excesiva.

La presencia del compuesto mencionado, dicen, ya está controlada en los productos como la Coca-Cola Zero, que contiene 25 miligramos sobre 100 gramos en cada una de las latas de 355 mililitros, según los datos proporcionados por la empresa refresquera.

Pero según lo dicho por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, un ser humano no debe consumir más de 11 miligramos del ciclamato de sodio para cada kilo de su peso corporal.

Esto es una muestra clara que debe tomarse en cuenta por la Secretaría de Salud federal y hacer un llamado enérgico a las secretarías estatales, respectivamente.

El refresco contiene endulzantes que son nocivos para el ser humano. Y la página de Internet que maneja Coca-Cola en México dice todo, también, lo contrario. Ante estas características y los fuertes señalamientos, lo hemos tomado, precisamente, como un punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Salud del gobierno federal que emita dicha declaratoria y, en su caso, haga las sanciones correspondientes ante el producto de Coca-Cola denominada ``Coca-Cola Zero''.

Y, en su caso, también solicitamos, diputada Presidenta, que se pueda inscribir esto en el Diario de los Debates, y en su caso, retirarla del mercado consumidor.

Para terminar, diputada Presidenta, quisiéramos solicitar, después de haber sostenido una reunión con atletas de alto rendimiento y en mi calidad de secretario de la Comisión de Juventud y Deporte, independientemente de turnarla a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, pudiera también turnarse a la Comisión de Juventud y Deporte para su análisis y su discusión, y también tomar en cuenta la opinión de la Comisión de Juventud y Deporte. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Salud emita declaratoria y sanciones correspondientes ante el producto de Coca-Cola denominado Coca Zero, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico , del Grupo Parlamentario de Convergencia

José Luis Aguilera Rico , diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura, con fundamento en lo establecido en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía punto de acuerdo, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El martes 4 de septiembre del año en curso se llevó a cabo la confirmación de las sustancias que contiene el producto Coca-Cola Zero que se comercializa en nuestro país y contiene un endulzante prohibido en Estados Unidos de América desde hace casi 40 años, pues puede tener efectos cancerígenos. En estos datos previos, es de llamar la atención que el contenido del refresco que se vende en establecimientos de México ya es consumido por jóvenes y niños, donde preocupa el uso de ciclamato de sodio, que no se permite en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios en Estados Unidos de América desde octubre de 1969.

Información internacional de la Food and Drug Administration, instancia oficial que prohibió el ciclamato de sodio en EU, señala que la sustancia puede causar cáncer; también se ha estudiado su relación con casos de esterilidad entre los consumidores.

En entrevistas con diversos medios de comunicación, Laura Olguín, catedrática de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, explicó que el ciclamato de sodio puede provocar cáncer si se consume de forma excesiva. La presencia del compuesto mencionado, dicen, ya está controlada en productos como la Coca Cola Zero, que contiene 25 miligramos sobre 100 gramos en cada una de sus latas de 355 mililitros, según los datos proporcionados por Coca-Cola.

Pero según lo dicho por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, un ser humano no debe consumir más de 11 miligramos de ciclamato de sodio por cada kilogramo de su peso corporal. Esto es una muestra clara que debe tomar en cuenta la Secretaría de Salud y hacer un llamado enérgico a las secretarías de los estados de la república, respectivamente.

El refresco contiene endulzantes que no son nocivos para el ser humano, según la página de Internet de Coca-Cola Zero en México. Pero no dichas por instancias de salud.

Como una característica fuerte y con este ejemplo es urgente el llamado como legisladores federales a las instancias de salud federal, ya que el ciclamato de sodio tiene la capacidad de endulzar un producto hasta 600 veces más que el azúcar normal en combinación con otros compuestos.

Por ello, conforme a derecho y con la ley orgánica del Poder Legislativo, someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal emita declaratoria y sanciones correspondientes ante el producto Coca-Cola denominado Coca Zero y, en su caso, retirarlo del mercado consumidor.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado José Luis Aguilera Rico.Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud, y de Juventud y Deporte.

Tiene la palabra el diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo para que esta soberanía le conceda al ciudadano Benito Ricardo Ramírez Espíndola ser el iniciador de la conmemoración del Día de la Bandera. No estando el diputado en la sesión, se pospone.

BANDERA NACIONAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a que, a través de la Sedena y en coordinación con los gobiernos estatales, se instaure una Bandera Nacional monumental en cada capital de los estados de la república.

El diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada: Con su permiso, señora Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a instaurar mediante la Sedena y en coordinación con las administraciones estatales una Bandera Nacional monumental en las capitales de los estados.

El suscrito, diputado federal, Luis Fernando Rodríguez Ahumada , miembro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La identificación como pueblo y como nación, proviene de nuestra historia, de nuestras luchas, de nuestros sacrificios, pasados y presentes, de unificarnos como un pueblo libre y soberano. Así, a lo largo de nuestra historia, la necesidad de constituirnos como un país republicano y democrático, hizo que los mexicanos adoptáramos símbolos que nos identifican y nos unen. De entre ellos, la bandera nacional puede considerarse el símbolo por excelencia de la unidad y la soberanía nacional.

En 1810, el pueblo se levantó en armas acaudillado por Miguel Hidalgo, quien tomó de la iglesia de Atotonilco un lienzo con la imagen de la virgen de Guadalupe, el cual se convirtió en la bandera del sentimiento libertador, misma que se constituye, como el origen de nuestro actual lábaro patrio.

Más adelante, otro sacerdote, cercano a la realidad social prevaleciente, José María Morelos y Pavón, daría a nuestro país la primera constitución, la proclamación de nuestra independencia y la ideología que cimentó las bases para el crecimiento político de nuestro país. Morelos también se acompañó de una bandera, la cual según su pensar reflejaba el espíritu nacional de libertad.

Y a lo largo de nuestro periodo independiente, diversas banderas fueron izadas en nuestro país, reflejo de esa búsqueda de identificación nacional.

Nuestra bandera nacional es un orgullo para todos los mexicanos, va en nuestra sangre, en nuestro sentir. Es reflejo de nuestro nacionalismo. Por ello, es importante que este símbolo patrio ondee en nuestros suelos, para así, seguir dirigiéndonos bajo la orientación soberana, republicana e independista que lo caracterizan.

Por ello, es muy positivo que en los últimos años se hayan instalado algunas banderas monumentales en ciertos puntos de la república y es precisamente el motivo de este punto de acuerdo, impulsar la instalación de megabanderas en todo el territorio nacional, que lejos de representar un gasto innecesario ante tantas carencias sociales de nuestro país, sea ello visto, como una inversión para consolidar el sentimiento nacional que siempre nos debe acompañar a todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto presento ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, para que en cooperación con los gobiernos de los estados, instaure una Bandera Nacional Monumental, en cada capital de los estados de la república, donde no exista alguna.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Fernando Rodríguez Ahumada.Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Defensa Nacional.

En vista de que las dos siguientes propuestas son del diputado Obdulio Ávila y no se encuentra en la sesión, se posponen.

Tiene la palabra la diputada Alma Hilda Medina Macías , del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a que informe a esta soberanía sobre la situación que guardan los braceros migrantes del estado de Aguascalientes. No se encuentra la diputada Alma Hilda Medina, continuamos.

LAGO DE CHAPALA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Gudiño Ortiz, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que considere a la ribera de Chapala, Jalisco, en el programa de Pueblos Mágicos.

El diputado Francisco Javier Gudiño Ortiz: Con su permiso, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado Francisco Javier Gudiño Ortiz: Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar la ribera de Chapala, Jalisco, en el programa Pueblos Mágicos, suscrito por el diputado Francisco Javier Gudiño Ortiz, del Grupo Parlamentario del PAN.

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura Francisco Javier Gudiño Ortiz , e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 55, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta asamblea la siguiente.

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a considerar la ribera de Chapala, Jalisco, en el programa Pueblos Mágicos que promueve la Secretaría de Turismo, en virtud de que cumple con los requisitos culturales, históricos y de infraestructura para su adecuado desempeño y desarrollo, a través de la siguiente exposición de motivos.

Enclavada en la parte central de Jalisco, Chapala significa ``el lugar de búcaros u ollas pequeñas''. También ``el lugar mojado o empapado''. Del mismo modo, el lugar de los chapulines sobre el agua. Es la población que da el nombre al lago más importante de México, municipio del estado de Jalisco, México, ubicado en la zona central del estado, Chapala es también el nombre de la cabecera municipal y del lago más grande del país.

En sus orígenes Chapala, o Chapalan, fue un asentamiento prehispánico cuya antigüedad más remota es encontrada en el siglo XII de nuestra era, cuando una migración de tribus de origen náhuatl, provenientes del noreste del país, tocaron estas latitudes encontrando la ribera norte del lago sumamente poblada, como lo refiere el fray Antonio Tello, fraile iconista franciscano.

Fruto de la labor evangelizadora, los franciscanos fray Miguel de Bologna, fray Martín de Jesús o de la Coruña, fray Juan de Amolón, se constituyeron en 1531 con zacate y adobe el convento y el hospital del lugar que ocupa la Capilla de Nuestra Señora del Rosario de Ajijín y la iglesia de Tlacayapan, San Antonio, en 1548 en el convento de Chapalan o Chapala.

De 1825 a 1838, perteneció a la tercera región de La Barca, posteriormente la primer región de Guadalajara. El 27 de marzo de 1824 se le concede el título de Vía a Chapala en la proposición quinta del Plan de División Territorial del estado. Es a partir de 1885 cuando Chapala comienza a desarrollarse como centro turístico por el Decreto 747, del 30 de diciembre de 1896. Se erigen en siete regiones los municipios de Chapala, Tlajomulco, Ixtlahuacán de los Membrillos, Teocuicatl, Tizapán el Alto, siendo Chapala la cabecera.

Además, las fincas de estilo europeo construidas entre los años 1878 y 1920 tomaron asiento hacia el oriente y poniente de la parroquia de San Francisco de Asís sobre la orilla y sobre la calle que desemboca al embarcadero, constatando así la arquitectura como un paisaje.

Frente al primer hotel, el Arzapalo, cubierto por el mirador del Restaurante Beer Garden, la Casa Baniff ---hoy Restaurante Cazadores---, la casa del arquitecto Luis Barragán al costado sur del Supermercado, sobre la avenida Madero; el hotel Palmera; posteriormente el Hotel Lido, hoy convertido en el palacio municipal.

El lago se ubica a mil 492 metros sobre el nivel del mar. Su extensión es de mil 750 kilómetros cuadrados y cuenta con una capacidad de embalse de aproximadamente 8 mil millones de metros cúbicos. Es el lago natural más importante de la República Mexicana, ubicado en los cantones de Chapala y La Barca. Alrededor del agua existen pequeños manantiales de aguas termales, siendo los principales los de Chapala y Tizapán el Alto. Cuenta con dos islas: la de Mezcala y la isla de los Alacranes.

El lago de Chapala es una de las zonas turísticas más importantes del estado. Los servicios turísticos han formado espacios muy especializados, de renombre internacional, como Ajijic. Se cuenta además con otros atractivos: balnearios con aguas termales, templos, construcciones coloniales, riqueza artesanal y gastronómica, cascos de haciendas, fiestas populares y la combinación de atractivos paisajes.

En general, la ribera de Chapala es una de las zonas turísticas del estado más importantes. En ella se asientan 43 establecimientos de hospedaje, con mil 69 habitaciones, las cuales representan 3 por ciento respecto al estado.

El objetivo principal de este punto de acuerdo es proteger, conservar y equilibrar el desarrollo de la ribera fortaleciendo la afluencia turística de Chapala y la región, con el proyecto de desarrollo integral de Chapala que permita consolidar la afluencia local, regional, nacional e internacional. La ribera del lago, y el municipio, representan un importante activo económico.

Reconocemos que se requiere la participación de casi todos los sectores productivos y como tal, debe encauzarse la participación entre los distintos sectores involucrados en la actividad turística, en especial en áreas como infraestructura, transporte, abasto de alimentos y servicio urbanísticos.

Por lo expuesto y con base en el óptimo estado de conservación de sus balnearios termales, templos, construcciones coloniales, riqueza artesanal, gastronómica, cascos de haciendas, fiestas populares y la combinación de atractivos paisajes, consideramos procedente y justificado el siguiente punto de acuerdo.

Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Turismo, a considerar a la ribera de Chapala, Jalisco, en el programa Pueblos Mágicos que promueve dicha secretaría.

Lo anterior, en virtud de que un servidor, al igual que los alcaldes y habitantes de la región, hemos constatado desde hace muchos años y estamos convencidos de que dicha zona cuenta con un rico patrimonio cultural y natural, digno de ser considerado dentro de los criterios adoptados por Sectur para designar a Chapala en el programa Pueblos Mágicos.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el 17 de octubre de 2007. Diputado Francisco Javier Gudiño. Muchas gracias, señora Presidenta.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar en el programa Pueblos Mágicos la ribera de Chapala, Jalisco, a cargo del diputado Francisco Javier Gudiño Ortiz , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado federal de la LX Legislatura, Francisco Javier Gudiño Ortiz , e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a considerar la rivera de Chapala, Jalisco, en el programa Pueblos Mágicos, que promueve la Secretaría de Turismo, en virtud de que cumple los requisitos culturales, históricos y de infraestructura para su adecuado desempeño y desarrollo, a través de la siguiente

Exposición de Motivos

Enclavado en la parte central de Jalisco, Chapala ``el lugar de bucaneros u ollas pequeñas'' o ``el lugar mojado o empapado'' o ``el lugar de los chapuzones sobre el agua'', es la población que da nombre al lago más importante de México. Municipio del estado de Jalisco, ubicado en la zona central del estado, Chapala es también el nombre de la cabecera municipal y del Lago más grande del país.

En sus orígenes Chapalac o Chapallan, fue un asentamiento prehispánico cuya antigüedad mas remota es encontrada en el siglo XII de nuestra era, cuando una migración de tribus de origen náhuatl provinentes del noroeste del país, tocaron estas latitudes, encontrando la ribera norte del lago sumamente poblada, como lo refiere Fray Antonio Tello, fraile y cronista franciscano.

Fruto de la labor de evangelización de los franciscanos, Fray Miguel de Bolonia, Fray Martín de Jesús o de la Coruña y Fray Juan de Amolón, se construyeron en 1531 -con zacate y adobe- el convento y el hospital en el lugar que ocupa la capilla de Nuestra Señora del Rosario de Axixic, la iglesia de Tlayacapán (San Antonio) y, en 1548, el Convento de Chapallan (Chapala).

De 1825 a 1838 perteneció a la tercer región de la barca, posteriormente a la primer región de Guadalajara. El 27 de marzo de 1824, se le concede el título de Villa a Chapala, en la proposición quinta del Plan de División Territorial del Estado.

Es a partir de 1885 cuando Chapala se empieza a desarrollar como centro turístico. Por el decreto 747 del 30 de diciembre de 1896, se erigen en 5 regiones las municipales de: Chapala, Tlajomulco, Ixtlahucán de los Membrillos, Tuxcueca, y Tizapan el Alto; siendo Chapala la Cabecera.

Además, las fincas estilo europeo, construidas entre los años de 1878 y 1920, tomaron asiento hacia el oriente y poniente de la parroquia de San Francisco de Asís, sobre la orilla y sobre la calle que desemboca en el embarcadero, contrastando así la arquitectura con el paisaje; frente al primer hotel ``El Arzapalo'' -cubierto por el Mirador del Restaurante Beer Garden-, la casa Braniff -hoy restaurante Cazadores-, la casa del arquitecto Luís Barragán --al costado sur del Supermercado sobre la avenida Madero-, el Hotel Palmera (hoy Hotel Nido) y el Hotel Niza (hoy Banco HSBC), ambos sobre la avenida Madero.

El lago se ubica a mil 500 metros sobre el mar. Su extensión es de mil 750 kilómetros cuadrados y cuenta con una capacidad de embalse de aproximadamente 8 mil millones de metros cúbicos. Durante muchos años fue el lago más importante de la república, ubicado en los cantones de Chapala y la Barca.

Alrededor del lago existen pequeños manantiales de aguas termales, siendo los principales los de Chapala y Tizapan el Alto. Cuenta con dos islas: la de Mezcalá, constituida como una fortaleza durante la independencia, y la isla de los Alacranes, uno de los centros ceremoniales huichol.

El lago de Chapala es una de las zonas turísticas más importantes del estado. Los servicios turísticos han formado espacios muy especializados de renombre internacional como Ajijic. Se encuentra además con otros atractivos: balnearios termales, templos y construcciones coloniales, riqueza artesanal y gastronomía, cascos de hacienda, fiestas populares y la combinación de atractivos paisajes.

En general, la ribera del Lago de Chapala, es una de las zonas turísticas del estado más importantes. En ella se asientan 43 establecimientos de hospedaje con mil 69 habitaciones, las cuales representan el 3 por ciento con respecto al estado, sólo uno de los negocios es de cinco estrellas y la mayor capacidad se concentra en los no clasificados y apartamentos.

El objetivo principal de este punto de acuerdo es proteger, conservar y equilibrar el desarrollo de la ribera, fortaleciendo la afluencia turística de Chapala y la región, con el proyecto de desarrollo integral de Chapala, que permita consolidar la afluencia local, regional, nacional e internacional para detonar el desarrollo de la ribera del lago y del municipio, para así estimular la redistribución económica de la región, dando como resultado el posicionamiento de un atractivo adicional a lo ya existente.

Reconocemos que se requiere la participación de casi todos los sectores productivos, y como tal, debe encauzarse la participación entre los distintos sectores involucrados en la actividad turística, en especial, en áreas como infraestructura, transporte, abasto de alimentos y servicios urbanos.

Por lo expuesto, y con base en el óptimo estado de conservación de sus balnearios termales, templos y construcciones coloniales, riqueza artesanal y gastronómica, cascos de haciendas, fiestas populares y la combinación de atractivos paisajes, se considera procedente y justificado el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Turismo, a considerar la Ribera de Chapala en el programa Pueblos Mágicos, que promueve dicha secretaría, en virtud de que cumple con los requisitos históricos, culturales y de infraestructura para su correcto desempeño y desarrollo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Francisco Javier Gudiño Ortiz. Túrnese a la Comisión de Turismo.

Tiene la palabra el diputado Omar Antonio Borboa Becerra , del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profeco y a la Cofetel para que solucionen el problema de cobros indebidos por servicios 01 900. Se pospone esta propuesta.

Tiene la palabra el diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. En su lugar va a pasar el diputado Mauricio Duck, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades electorales federales y estatales a que resuelvan de manera imparcial y justa los medios de defensa interpuestos que calificarán y solventarán la elección realizada en el estado de Veracruz, el pasado 2 de septiembre del año en curso. Se pospone también esta presentación.

Tiene la palabra... Se pospone el siguiente punto en virtud de que no está el diputado Borboa.

ESTADO DE PUEBLA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el diputado José Luis Contreras Coeto, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo porque se solicita al gobierno del estado de Puebla y al gobierno municipal de Tepeaca que destinen un espacio físico, adecuado para el tianguis prehispánico que se instala en dicho municipio.

Compañeros diputados, después de la presentación del diputado José Luis Contreras Coeto se va a iniciar con el posicionamiento respecto al evento del voto de la mujer, por parte de los grupos parlamentarios.

El diputado José Luis Contreras Coeto: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, someto a consideración el siguiente punto de acuerdo.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a los gobiernos estatal de Puebla y municipal de Tepeaca que destinen un espacio físico adecuado para el tianguis prehispánico que se instala en dicha localidad, a cargo del diputado José Luis Contreras Coeto , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado federal en la LX Legislatura José Luis Contreras Coeto , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de ese H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno del estado de Puebla y al gobierno municipal de Tepeaca, realicen las gestiones necesarias para destinar un espacio físico adecuado para las personas que concurren y realizan el trueque en el tianguis prehispánico que se instala los viernes de cada semana en el municipio de Tepeaca. En razón de los siguientes

Considerandos

1. El municipio de Tepeaca se localiza en la parte central del estado de Puebla. Limita al norte con Nopalucan, al sur con Cuapiaxtla de Madero, Tecali de Herrera y Santo Tomás Hueyotlipan, al oriente con Acatzingo y Los Reyes de Juárez y al poniente con Acajete, Cuautinchán y Tecali de Herrera.

2. En la cabecera de dicho municipio se celebra los viernes de cada semana un tianguis de origen prehispánico, considerado el más antiguo de Latinoamérica, ya que desde el año 1466, fue instaurado por los mexicas que conquistaron este municipio.

3. Es importante mencionar que dicho mercado es tradicional ya que aun conserva detalles, como el ``trueque'' que se realiza entre agricultores, comerciantes y compradores, para adquirir un bien, un servicio o producto sin mediar dinero, sólo mediante el intercambio de productos y mercancías; la mayoría de las veces no pueden realizar esta actividad prehispánica por el hecho de no tener un lugar donde establecerse.

4. Que es un tianguis muy importante ya que asisten comerciantes y compradores de diversos municipios, estados del país y de la región, y por su magnitud se puede adquirir ahí diversos bienes y productos de consumo, ya sean: agrícolas, artesanales, textiles, perecederos, animales, entre otros, considerado de esta forma uno de los mas grandes de nuestro país.

5. Que dentro de las actividades realizadas por el municipio se encuentran las del comercio, agricultura, ganadería, con un promedio del setenta y ocho por ciento del ingreso a las arcas del gobierno y de los ciudadanos, siendo para muchos comerciantes una fuente importante para el abasto de sus familias, ya sea por medio del trueque o por la venta directa.

6. Que es de suma importancia para el estado dicho mercado ya que forma parte del abasto de los municipios que concurren a dicho lugar con el fin de ejercer el comercio, además de que conserva muchas tradiciones mexicanas y sobre todo el caudal económico que se recauda semana tras semana es imprescindible para la realización de actividades a favor de las comunidades que se encuentran en pobreza o pobreza extrema.

7. Que la realización del tianguis se hace en las explanadas que se ubican a un costado de la central de abastos de la ciudad de Tepeaca, y en las áreas de rodamiento de la misma, ocupadas por diversas organizaciones de comerciantes, y como consecuencia no tienen un espacio físico, las personas de escasos recursos económicos, que concurren a desarrollar el trueque de productos y mercancías.

8. Que por tal motivo es de suma importancia, que las instancias de gobierno estatal y municipal, en primera que conserven nuestras tradiciones prehispánicas, ya que es parte de nuestra historia y parte de nuestra identidad como mexicanos, en segunda lugar preservar la costumbre de origen prehispánico en el tianguis de Tepeaca la actividad del trueque y en tercera se le asigne un espacio físico o instalaciones únicamente a los comerciantes que realizan la actividad del trueque en el tianguis para un mejor desarrollo de las actividades y de este modo la tradición prehispánica no se convierta en un cacicazgo por parte de los lideres de las diferentes organizaciones de comerciantes, manchando de esta forma nuestra cultura.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita al gobierno del estado de Puebla y al gobierno municipal de Tepeaca, realicen las gestiones necesarias para destinar un espacio físico adecuado para las personas que concurren y realizan el trueque en el tianguis prehispánico que se instala los viernes de cada semana en el municipio de Tepeaca.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado José Luis Contreras Coeto.Túrnese a la Comisión de Cultura.

LIV ANIVERSARIO DEL DERECHO AL VOTO DE LA MUJER

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene el uso de la palabra la diputada Silvia Luna Rodríguez, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, sobre el posicionamiento del LIV aniversario del voto de la mujer.

La diputada Silvia Luna Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, es innegable que la condición jurídica de la mujer a nivel mundial ha logrado cambios fundamentales.

Las mujeres hemos desplegado grandes esfuerzos de reflexión y acción, en la búsqueda del reconocimiento expreso y específico de nuestros derechos. Sin embargo, la equidad, la legítima, fundamental, esencial igualdad de género no ha sido todavía conquistada en nuestro país.

Pero debemos estar satisfechas de estos avances, producto del trabajo, la voluntad y la dedicación de muchas mujeres y de muchos hombres también, pero ---de manera señalada--- de mujeres que nos han puesto el ejemplo, que nos han trazado el camino.

Para Nueva Alianza, el derecho al voto, además de su valor intrínseco, tiene una importante carga simbólica, porque constata e hizo realidad la ciudadanía de las mujeres. Aunque es cierto que hoy los derechos humanos, civiles, políticos y económicos de las mujeres están contenidas en las declaraciones, leyes y tratado, nuestro mundo cotidiano revela una realidad diversa y contradictoria.

En la gran mayoría de las legislaciones internas e internacionales se puede constatar que aún las cuestiones específicas de las mujeres siguen recibiendo un tratamiento secundario y marginal.

El logro más visible de las mujeres hoy es el haber colocado en la agenda pública mundial la temática de su situación en todos los aspectos, especialmente la referida a la violencia de género, considerándola como un grave problema social. Ser mujer en el mundo de hoy no es tarea fácil, constituye un gran desafío en una larga lucha por el pleno reconocimiento y vigencia de nuestros derechos.

Buscamos obtener nuestra propia visibilidad como ser social, cultural, político y productor de riqueza y tener voz y voto en todas las instancias de deliberación para la integración y plena participación de las mujeres en la construcción de un nuevo mundo más equitativo.

Para lograr lo anterior, las mujeres debemos atrevernos a romper definitivamente las cadenas que nos atan, pues, como dice una de las más bellas frases de Octavio Paz, ``la mujer vive presa en la imagen que la sociedad masculina le impone''. Por tanto, sólo puede elegir rompiendo consigo misma si se atreve a amar, a elegir; si se atreve a ser ella misma. Debe romper esa imagen con que el mundo la encarcela.

México era uno antes de 1953 y es otro después de ese año, cuando se reconoció oficialmente el derecho de las mujeres a elegir a sus gobernantes, a ser electas, pero ese reconocimiento no fue un obsequio ni una concesión, sino el resultado de movimientos universales y locales a favor de la igualdad.

Cuando por fin, aquel 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial el nuevo texto del artículo 34 constitucional. Son ciudadanos de la república los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguiente requisitos:

I. Haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son.

II. Tener un modo honesto de vivir.

Se inició un proceso que se empezó a reflejar con mayor fuerza hasta los años setenta, cuando las mujeres empezaron a ejercer su derecho en un mundo que vivía una revolución ideológica, cultural y política de amplio impacto en todas las naciones.

En esos años se construyó el concepto de género como categoría de análisis para explicar los mecanismos de opresión y a partir de ahí se abrió la posibilidad de superarlos. Lo que en la práctica sembró la semilla de la democracia entendida como la igualdad de géneros.

En una mirada retrospectiva en la lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer, debemos dar el justo reconocimiento a los avances, pero al mismo tiempo continuar la batalla social que concluya un día con la afirmación categórica de que los fines han sido alcanzados.

Pues si el Congreso de la Unión se integra por representantes populares y la mayoría de la población de nuestro país es del género femenino, entonces lo deseable es que este sector se encuentre representado en un porcentaje congruente, a sabiendas de que esta representación es determinada por los electores mediante el ejercicio del derecho político por antonomasia: el derecho al voto.

A 54 años de un hecho histórico nos queda todavía un buen trecho por recorrer a las mujeres mexicanas para hacer plenamente efectivo nuestro derecho a la equidad. Muchas gracias.

Presidencia del diputado Cristián Castaño Contreras

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias a usted, diputada Silvia Luna Rodríguez. Se concede ahora el uso de la palabra a la diputada Marina Arvizu Rivas, del Grupo Parlamentario de Alternativa.

La diputada Aída Marina Arvizu Rivas: Gracias, Presidente. He pensado que cada vez que celebramos un año más del aniversario del sufragio femenino en México, las mujeres reflexionamos una y otra vez en lo que esto nos ha costado: de las luchas que hemos dado a través de la historia, de lo que hemos invertido generaciones de mujeres demócratas para llegar hasta el día de hoy.

Hace 54 años apenas que las mujeres en México tenemos derecho a votar y ser votadas ---aunque esto de ser votadas está en duda. Después de tantos años, las mujeres mexicanas todavía no tenemos garantizado nuestro derecho a la elegibilidad, así que el asunto de ser votadas en igualdad de condiciones que los varones está muy lejos de ser una realidad cotidiana.

Quienes estamos aquí hoy, las mujeres ``empoderadas'' en esta Cámara, entre comillas, somos mujeres-muestra, todas, en nuestro íntimo sentir, pensar y vivir, sabemos que estar aquí en esta legislatura ha significado, en términos de costo en otros ámbitos de nuestra vida, fuertes costos que los varones no tienen que pagar.

Hoy quiero hablarles a mis compañeras diputadas, a estas mujeres que ---como yo--- están convencidas de que para construir una nación donde hombres y mujeres puedan transitar del mundo privado al mundo público y del público al privado, lo único que debiera requerirse es la voluntad de cada persona para hacerlo, y que este tránsito es la condición sine qua non para acabar con la desigualdad y la pobreza en la que la discriminación de género ha colocado a las mujeres de este país.

Les hablo a mis compañeras diputadas, a las que saben que compartir con las mujeres la riqueza y el poder ---sí, señores, el poder--- será la garantía del mejoramiento de vida de las generaciones actuales y de las generaciones futuras; a las que están convencidas de que las mujeres nos hemos convertido en nuevos sujetos políticos multifacéticos y maravillosos; que tenemos una visión del mundo ilustrada y un proyecto de nación cuyo eje fundamental son las relaciones humanas igualitarias, porque, en efecto, no somos ni más buenas ni más pacíficas ni más honradas.

Estas características, como otras, son dadas por la condición humana, no por la condición de género, porque ésta última es una construcción cultural, un invento del patriarcado, para decirnos a las mujeres qué debemos hacer, cómo debemos sentir y cómo debemos construir las definiciones de nuestro propio ser.

En el terreno de lo político hemos avanzado, aunque a veces parece que la democracia representativa no es precisamente nuestra mejor aliada.

Hemos logrado conquistas impensables, no graciosas concesiones. Sin embargo, nos falta mucho para lograr la igualdad entre los géneros. Nos falta mucho para lograr que nuestra diferencia no se traduzca, como hasta hoy, en desigualdad social. Nos falta mucho para lograr que las mujeres no sigan siendo víctimas en todos los ámbitos de la vida por su condición de género.

Y entonces, es nuestra responsabilidad, como diputadas, contribuir de manera concreta, desde nuestra trinchera, a cerrar esa brecha en la búsqueda de nuestros objetivos.

Dicen que las oportunidades sólo se presentan una vez, diputadas de esta legislatura. La coyuntura política nos coloca una oportunidad impensable para contribuir, desde este espacio, al mejoramiento de las condiciones de la vida de las mujeres de México. Les propongo a todas empujar juntas dos asuntos muy puntuales, pero trascendentes, los cuales abonarán a las buenas cuentas que deberemos entregar a las mujeres que representamos.

Primero, hagamos de este Presupuesto de Egresos de la Federación que estamos por aprobar, un presupuesto que incluya la perspectiva de género de manera transversal. Ya Hacienda escuchó nuestras demandas, agarrémosle la palabra, apoyemos a las mujeres mexicanas con acciones afirmativas que se traduzcan en el mejoramiento de sus condiciones de vida. Recuerden que amor que no se refleja en el presupuesto, no es amor. No sólo pidiendo más recursos para los programas que existen, revisemos concienzudamente y con mirada de mujer, hagamos propuestas de vanguardia.

La segunda cosa que les quiero proponer. Como ustedes saben, la perspectiva de género ha estado ausente en la reforma del Estado. Habrá aquí quienes me digan que no es cierto, que existen propuestas en las mesas de trabajo de los distintos temas que reflejan los asuntos de género. Sí, es verdad, pero todas estas demandas son de la ciudadanía, de lo cual aquí no nos hemos hecho cargo de manera responsable y seria.

Empecemos, compañeras, con la reforma electoral, planteemos nuestras demandas. La paridad es una de las muchas que podemos poner en la mesa de la discusión. Además, recuerden que tenemos el compromiso de todos los coordinadores de los grupos parlamentarios hecho en este pleno, cuando votamos las reformas constitucionales, así que nuevamente tomémosle la palabra y hagamos cumplir su compromiso con las mujeres de México.

Compañeras, trabajemos en la coincidencia y dejemos de lado la diferencia. Votar una reforma electoral que refleje las necesidades, las aspiraciones y las exigencias de las mujeres, será una buena forma de celebrar el 54 aniversario de sufragio femenino en México, y reconozcamos que las mujeres, al igual que los hombres, buscamos el poder para transformar la vida, nuestra vida. Y digo nuestra vida, y cuando digo esto, por supuesto que en el imaginario femenino también están ellos, los hombres. Muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Marina Arvizu Rivas. Se le concede ahora el uso de la palabra a la diputada Rosa Elia Romero Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

La diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, desde que se inició el tránsito del régimen de la comunidad primitiva al esclavismo, las mujeres hemos tenido que luchar contra todas las adversidades que imponen los sistemas clasistas.

Primero fue contra los prejuicios que la sociedad impuso contra nosotras. Esa lucha comenzó en el propio seno de la familia, que no les permitía desarrollarse libremente creando su propia identidad. Había una serie de restricciones que iban desde la forma de vestirse hasta la forma de actuar ante la sociedad.

Todavía, en pleno siglo XXI, hay regiones del planeta en que las mujeres aún no logran tener plenos derechos y libertades. Hemos tenido que luchar fuertemente para tener derechos a las distintas modalidades de propiedad. Eso mismo ocurrió con el derecho a votar y a ser votadas.

Conforme la lucha fue favoreciendo se empezaron a abrir algunos espacios que reconocieron nuestro derecho a participar en la vida económica, social y política, como cualquier ciudadano. En nuestro país, fue larga la búsqueda de la aceptación de los derechos políticos de las mujeres.

En 1953, se reconoció tardíamente el derecho de las mujeres a votar y a ser votadas. Hoy estamos celebrando el 54 aniversario de la consagración de este derecho, porque hasta ese año se estableció en los artículos 34 y 115 el reconocimiento de esta atribución. Dicha reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 1953, ese reconocimiento no fue gratuito, porque en un sistema político donde una clase, o sectores de clase, dominan a los demás, nada es gratis.

Este triunfo fue producto de una correlación de lucha que favoreció a las mujeres y que se venía dando en el mundo desde fines del siglo XIX. Esto fue el comienzo en el campo político.

Después de los años 60, del siglo pasado, comenzamos a pelear porque se nos dieran mayores oportunidades en el campo laboral, producto de la modernización capitalista que había alcanzado nuestro país y que no reconocía el derecho de las mujeres de ser incorporadas al trabajo productivo.

Ahora estamos enfrentando problemas más complejos frente al conjunto de la sociedad, que se niega a admitir plenamente los aportes vitales que hemos hecho al país y que seguimos haciendo.

La desigualdad salarial en las actividades económicas y el derecho a acceder a los cargos más importantes de representación popular son dos ejemplos en los que todavía tenemos una muralla que derribar.

Para las mujeres petistas está claro que el simple acceso de las mujeres hacia algunas posiciones políticas no es suficiente para romper con todas las barreras que aún tenemos enfrente. El verdadero campo de batalla de nuestra lucha son los paradigmas de un sistema económico y político que posibilita que unos cuantos sean beneficiarios de él, dominen a toda la sociedad, incluidos hombres y mujeres explotados.

Éste es el verdadero desafío de los años por venir. Ésta es la verdadera prueba de fuego, para que el triunfo que logramos con el reconocimiento al derecho de votar y hacer votadas no sea una victoria sin sentido. Es cuanto.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Rosa Elia Romero Guzmán. Se le concede ahora el uso de la palabra a la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Convergencia.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Con el permiso de la Presidencia. El 17 de octubre de 1953, el Estado mexicano reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser electas, cuando se promulgó la reforma a los artículos 34 y 115 de nuestra Constitución.

Dicho acontecimiento fue el fruto de más de medio siglo de lucha, de mujeres convencidas de que para hablar de desarrollo era fundamental que se les tomara en cuenta en la toma de decisiones.

Yucatán fue el primer estado donde se reconoció el derecho a votar de la mujer, con un decreto promulgado por el gobernador de entonces, Felipe Carrillo Puerto, en 1922.

Elvira Carrillo Puerto, Beatriz Peniche de Ponce y Raquel Dzib Cicero fueron las tres primeras diputadas locales de la historia de México. El voto de la mujer se reconoció posteriormente en la legislación de San Luis Potosí en 1923 y en Chiapas en 1925.

El reconocimiento del derecho de las mujeres al sufragio es, sin duda, un hecho trascendental que sentó las bases para la incorporación de más de la mitad de la población a la vida cívica y a los procesos políticos de nuestro país.

Con ese reconocimiento hace 54 años ---hace apenas 54 años--- a las mujeres se nos consideró como ciudadanas. A 54 años de este acontecimiento, las mujeres hemos asumido como ningún otro el papel de ser ciudadano.

Las mujeres son hoy en día quienes más acuden a votar, son quienes más participan en las campañas electorales, son quienes además aceptan la responsabilidad de presidir las mesas directivas en el día de la jornada electoral. Y sin embargo, a pesar de ello sólo 20 por ciento, un poco más de 20 por ciento de esta Cámara, está integrada por mujeres.

Hasta la fecha sólo hemos tenido cinco gobernadoras. Y qué decir de los municipios donde apenas llegamos a 3 por ciento de presidentas municipales, sin duda existe un déficit democrático muy importante.

Las cuotas ya no nos son suficientes. Ahora tenemos que estar unidas, como lo hemos dicho aquí, desde el Grupo Parlamentario de Convergencia, para luchar por la paridad.

La paridad debe ser un principio de las democracias modernas. Pero no hablemos de la paridad como un simple porcentaje, no. La democracia paritaria es un paradigma político cuyos fundamentos políticos van más allá de las acciones afirmativas como los sistemas de cuotas.

La paridad no es una cuestión de repartirnos el botín político en partes iguales. La paridad, como paradigma político, arremete contra la dominación y discriminación histórica que sólo fomenta una ciudadanía de segunda para las mujeres.

Lo que la democracia paritaria busca es romper con un sistema patriarcal basado en prácticas autoritarias, antidemocráticas, que nada tienen que ver con la promoción del ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos de las mujeres y hombres en nuestro país.

Incluir la perspectiva de género como uno de los ejes transversales de las políticas de gobierno, y en particular en la vida política del país, no es una concesión. Significa que el Estado asume las responsabilidades que ha adquirido al ratificar los diversos tratados internacionales que México ha ratificado ante la comunidad internacional.

En suma, la incorporación de los acuerdos firmados y ratificados por México en nuestras leyes reflejará la disposición y compromiso del Estado de garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres y no sólo de los derechos civiles y políticos.

En Convergencia estamos convencidos de que para que exista un verdadero motivo de la celebración de este 17 de octubre el Estado tiene que propiciar que se generen las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas necesarias para que las mujeres puedan ejercer plenamente su ciudadanía.

El ejercicio de los derechos civiles y políticos no puede seguir siendo un privilegio de aquellas quienes tenemos acceso a la educación, a la salud, al empleo, a la cultura. Tenemos que ver más adelante y trascender el discurso.

Celebremos este 54 aniversario, como lo dijo la diputada Marina Arvizu, legislando para otorgar a las mujeres el espacio que les corresponde en la conducción de la nación en todos los ámbitos, tanto públicos como privados, y en todas y cada una de las esferas de la vida laboral, comunitaria, y en todos los niveles de la actuación pública: en las elecciones federales, estatales y municipales, en condiciones de paridad para garantizar la igualdad.

Hemos llegado al momento en que nuestro sufragio, no sólo el de las mujeres, debe estar respaldado por los principios ciudadanos que nos permitan vivir y desarrollarnos en un ambiente de relaciones sanas, justas y equitativas en las familias, en el trabajo y en la comunidad. Sin mujeres no hay democracia. Muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Martha Angélica Tagle Martínez. Se concede ahora el uso de la palabra a la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas. María Guadalupe García Noriegaen su lugar.

La diputada María Guadalupe Josefina García Noriega: Gracias, señor Presidente; con su venia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, quisiera comenzar mi intervención con una reflexión del revolucionario venezolano Miranda, que data del siglo XVIII.

Él decía: ``Por qué en un gobierno democrático la mitad de los individuos no están directa o indirectamente representados. Siendo así que ellas, las mujeres, se hayan igualmente sujetas a esa severidad de las leyes que los hombres han hecho conforme a su voluntad''. Fin de la cita.

Los hombres lo sabían, pero las mujeres tuvimos que luchar mucho y esperar aún más. Hoy se cumplen 54 años del sufragio femenino en México gracias a las reformas a los artículos 34 y 115 de la Carta Magna, que facultan a las mexicanas a votar y ser votadas en elecciones federales.

Si bien es cierto que el sufragio femenino ha sido fundamental en el proceso de democratización de la sociedad, la presencia de las mujeres en la participación social, comunitaria y ciudadana aún se expresa de manera poco visible en los espacios de representación y toma de decisiones, sea en los ámbitos Ejecutivo, Judicial y Legislativo, así como en el terreno de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, de los medios de comunicación y de las instituciones públicas y privadas.

Sin lugar a dudas, el reconocimiento de nuestros derechos nos ha llevado a la ruptura de inercias que no permitían trascender en el mundo práctico y, sobre todo, en el mundo político.

Hay que reflexionar que el sector de la mujer representa 51.8 por ciento de la población. Que si bien tiene necesidades particulares y también su voto constituye una obligación constitucional, no es más que un derecho del mismo rango que obliga al establecimiento de políticas públicas que satisfagan sus necesidades.

No es accidental que, consecuencia de la desatención que se ha dado a las mujeres, se presente el fenómeno de la pobreza femenina o de la pobreza en las mujeres. Por eso, no es circunstancial que las mujeres hayamos buscado cargos de representación con el objeto de continuar con la búsqueda del reconocimiento, de la equidad y de la igualdad que debe darse en todos los seres humanos. Sin embargo, la realidad demuestra que aún seguimos subrepresentadas.

Recordemos, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, que una democracia que se realiza sin la participación activa de la mujer es una democracia incompleta. Cito a Norberto Bobbio: ``El desarrollo de un pueblo se mide por la condición de sus mujeres''.

Con este nuevo aniversario del voto de la mujer se nos da una oportunidad más para refrendar el compromiso no sólo de nosotras las mujeres, sino también de aquellos hombres abiertos de mente para tomar en sus manos y en sus decisiones la actividad, el pensamiento y el esfuerzo de las mujeres.

No es suficiente que las condiciones favorezcan solamente en ley a la mujer. Todavía falta encontrar y derribar todas esas trabas para que el ejercicio de esa ley se vuelva realidad en el día a día, que nos permita continuar con nuestra construcción de una sociedad más justa.

Y más allá de los votos, está pendiente atender la feminización de la pobreza, que cabe reconocer, sigue persistiendo en un contexto de desigualdad entre hombres y mujeres que, junto con la violencia y la exclusión, son un pesado lastre en el que transita una mujer hacia una sociedad aparentemente más igualitaria. Y así como la pobreza, tenemos que acabar con todos aquellos problemas sociales que agudizan por siempre o hace muchos años, la condición de ser mujer.

Compañeros diputados y compañeras diputadas, refrendemos nuestro compromiso con las mujeres. Fortalezcamos los liderazgos femeninos, promovamos la participación de las mujeres y su potenciación en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad, para tener mujeres que puedan estar en la toma de decisiones y puedan acceder al poder que, como saben, es indispensable para el logro de la igualdad y el desarrollo. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada María Guadalupe García Noriega. Esta Presidencia saluda a los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y a los integrantes del grupo Novelistas y Economistas Grupo Novec. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

Se le concede el uso de la palabra a la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez: Con su permiso, señor Presidente. Cincuenta y cuatro años, poco tiempo para hablar de democracia y de igualdad. Sin embargo, la posibilidad de votar y ser electas, como un legítimo derecho ciudadano para las mujeres mexicanas, que fue reconocido el 17 de octubre de 1953, dentro del gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines, representó ese momento la concreción de una demanda colectiva impulsada años atrás por organizaciones de mujeres promotoras de este derecho a nivel federal.

Contar con una memoria clara y firme como mujeres, acerca del proceso que implicó poder votar, es importante para no perder de vista que los derechos nunca derivan de una concesión voluntaria. Se han conseguido a base de muchos esfuerzos.

Hablar del derecho al voto y del derecho a ser electa, en los diferentes cargos de elección popular, es hablar de una serie de peldaños y una serie de tramos y trechos que nos hace falta por recorrer.

Arribar a esta etapa conlleva también a revalorar esfuerzos previos que en diferentes ocasiones se han hecho en nuestro país. En el año de 1975 se realizó la primera Conferencia Mundial de la Mujer y es declarado el Decenio Internacional de la Mujer por la ONU.

En 1981 se ratifica por México la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación hacia las Mujeres.

En 1995, como resultado de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Beijing, se incluye el requerimiento de implantar desde la legislación y desde los gobiernos, acciones positivas dentro de las dos esferas de especial atención de la plataforma de acción mundial.

En 1998 se instala el Parlamento de Mujeres de México, que es un espacio inédito que se construyó para impulsar avances a favor de los derechos humanos de las mujeres.

En 2000 se firma el primer pacto entre mujeres candidatas de los distintos partidos políticos nacionales, así como estuvieron presentes organizaciones feministas.

En diciembre del 2001 se ratifica, por el Senado de la República, el protocolo facultativo de la CEDAW.

En 2002 se reforma el Cofipe y se establece el sistema de cuotas por el género para ser aplicadas en las elecciones del 2003.

En el 2005 se llevó a cabo la reunión del Parlamento de Mujeres, que de alguna manera busca fomentar una mayor participación también desde los estados de la república.

Una de las cuestiones más recientes que tenemos y que se hizo aquí en esta Legislatura en marzo del 2007, la firma del Pacto Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con la participación de ambas cámaras y del Instituto Nacional de las Mujeres.

Pero para los siguientes períodos, para lo que viene, es importante hacer un llamado a todos los actores políticos y sobre todo ahora en la reforma electoral, para que pasemos del discurso a los hechos y para que en la reforma electoral se impulse el criterio de paridad en materia de representación política, por medio de reformas al Cofipe, que se garanticen no sólo a nivel de candidaturas sino también en los cargos de elección popular que se obtengan al final de las contiendas.

También tenemos que promover, desde el marco de la reforma del Estado, la capacitación para mujeres desde los partidos políticos nacionales, por lo que desde aquí hacemos un llamado para que en el presupuesto se etiquete un porcentaje obligado para tal actividad.

Es una tarea pendiente que tenemos los diputados y diputadas de esta legislatura, el avanzar en políticas de conciliación familiar y laboral, en calidad de un sistema interinstitucional básico para la equidad de género a nivel nacional.

Finalmente, creemos que es importante eficientar la relación y los resultados entre el Instituto Nacional de las Mujeres y las Comisiones de de Equidad y Género de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

Como pueden ver, tenemos tareas pendientes que podemos hacer los diputados federales y diputadas de esta legislatura. Nos hace falta mucho para avanzar pero podemos hacerlo. Muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez. Se le concede ahora el uso de la palabra a la diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del PRD.

La diputada Holly Matus Toledo: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la lucha por el derecho de las mujeres a compartir y competir en igualdad de condiciones con los varones, por acceder a las prerrogativas del gobierno representativo y para ser consideradas como parte activa y determinante en la democracia mexicana, no es algo nuevo.

En México se reconoce como antecedente de esta lucha la Carta de las Mujeres Zacatecanas al Congreso Constituyente de 1824. Las mujeres tuvieron que pugnar por la creación de un marco jurídico para acabar con la situación de desigualdad que ha prevalecido desde la primera Constitución Política de México en el siglo XIX, hasta la Constitución vigente de 1917.

Históricamente las mujeres hemos participado en la construcción de México, trabajando sin descanso en la crianza de los hijos, en las labores domésticas, en el cuidado de los miembros de las familias, y fuera de casa en el campo, cultivando una tierra que nunca nos ha pertenecido; en las fábricas, principalmente en las textiles, recibiendo generalmente pago inferior a la de los compañeros trabajadores por realizar el mismo trabajo.

En la Revolución, soldaderas Adelitas y Marietas participaron activamente en el movimiento. Algunas dejaron las faldas para portar los pantalones de mando y convertirse en oficiales. Pero la Revolución aún no ha hecho justicia a las mujeres. No reconoció ni reconoce aún todos los derechos.

La Revolución concluyó y logró acuñar en la Constitución de 1917, los derechos sociales de los trabajadores del campo y de la ciudad, no así el de las mujeres.

En enero de 1916 las conclusiones del Congreso Feminista destacaron que la mujer del porvenir podría desempeñar cualquier cargo público que no exigiera coraza ni constitución física, pues no habiendo diferencia alguna entre su estado intelectual y el del hombre, era tan capaz como éste de ser elemento dirigente de la sociedad.

Posteriormente surgieron nuevas asociaciones femeninas cuyo principal objetivo era obtener los derechos políticos plenos.

El Partido Feminista Revolucionario y el Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias también llevaron a cabo tres congresos nacionales de obreras y campesinas de donde surgió el Frente Único pro Derechos de la Mujer.

Durante la campaña presidencial del general Lázaro Cárdenas se conformó el Frente de Mujeres Mexicanas y anunció en Veracruz que colocaría a las mujeres en el mismo plano que a los hombres, porque no sería justo que estuviéramos reclamando su presencia en los actos sociales si no las hemos colocado en un plano de igualdad política. Está asignatura sigue estando pendiente.

Pese a ello México reconoció los derechos políticos de sus mujeres hasta 1953, después de que la Organización de Naciones Unidas recomendara en 1952 a todos los países que como México, iban a la zaga en el reconocimiento de los derechos políticos de su población femenina.

Aun ahora hay partidos que se niegan a que haya un número igual de candidatos de cada género a puestos de elección popular.

Se argumenta muchas veces que las mujeres no estamos preparadas para ocupar dichos cargos, por lo que hay que incluirlas en las suplencias o en las candidaturas que de antemano se consideran perdidas, cubriendo tramposamente el requisito legal.

La paridad por hoy no es considerada como prioridad y más aún atenta contra los privilegios de los hombres.

Actualmente las mujeres sólo ocupamos 30 por ciento de las jefaturas de departamentos en el sector público, 15 por ciento de direcciones generales. De 31 entidades federativas y un Distrito Federal, sólo contamos con dos gobernadoras.

Después de la elección de 2006, la participación y representación política no ha variado mucho. En este Congreso nuestra representación es solamente de 22.6 por ciento en comparación con el 77.4 por ciento de los compañeros varones.

Las mujeres somos la mitad del mundo y queremos la mitad del poder. La intencionalidad, colaborar en la construcción de una sociedad más congruente, más justa, más democrática, sin discriminación e intolerancia en un marco de justicia y de equidad, en donde todos y todas tengamos la misma igualdad de oportunidades.

Sólo la congruencia nos salva. Atrevámonos a legislar dentro de la reforma del Estado, para poder garantizar la justicia social. Muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Holly Matus Toledo. Se le concede ahora el uso de la palabra a la diputada María Soledad Limas Frescas, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

La diputada María Soledad Limas Frescas: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el reconocimiento pleno de los derechos de la mujer ha tenido un gran auge a finales del siglo XX.

La construcción de un México de igualdad, en donde hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades, se ha consolidado fuertemente y se vislumbra una evolución positiva, en la que el tema de género no sea un impedimento para el desarrollo de la mujer en el ámbito laboral, social y político.

Hoy, al conmemorar el 54 aniversario del sufragio femenino en México, el Partido Acción Nacional hace un reconocimiento a la mujer mexicana. Reconocimiento a su labor como mujer que ha enriquecido y ha forjado la patria. A la mujer que desde el anonimato ha luchado por el respeto de su dignidad y de sus derechos.

Es evidente que la mujer está llamada a formar parte de la estructura viva y operante en la construcción de nuestra patria. Por eso hoy reconocemos y exaltamos la labor de tantas mujeres que lucharon en la conquista del voto femenino, reconocido oficialmente el 17 de octubre de 1953 al publicarse en el Diario Oficial de la Federación, el reconocimiento de la ciudadanía femenina y con esto, su derecho a votar y a ser votada.

Esta larga lucha en la que estamos implicadas ha consistido, precisamente, en que se nos abran espacios de participación y estemos debidamente representadas. Que se nos reconozca nuestra contribución en la historia de la humanidad, ya que se ha luchado para que se reconozcan nuestros derechos y se respete nuestra dignidad.

Son muchas las mujeres a quienes les debemos lo anterior, pero no me atrevo a mencionar los nombres, ya que no sería justo para muchas de ellas que han quedado en el anonimato. Sin embargo, no estamos seguras de que ese reconocimiento y esa participación sea la meta de todos nuestros esfuerzos.

Al hablar de representación debemos preguntarnos, ¿estamos lo suficientemente representadas? ¿Basta con tener a alguien al enfrente, e impulsar la cuotas de género? ¿Con un porcentaje de mujeres en las cúpulas de poder, diremos entonces, que hay representación?

Me atrevo a mencionar que el género femenino intuye una representación mucho más profunda. No debemos objetar la lucha para alcanzar las cuotas del género. Reconocemos que es una meta que debemos conquistar, pero creo que no es suficiente.

Nuestro ser mujer no puede conformarse con concesiones. Hay algo dentro de nosotras que nos invita a participar más ampliamente en todos los contextos. Y en este sentido, desde que existió la primera mujer sobre la tierra, hay una forma de representación que permanece vigente con el transcurrir del tiempo, y es la influencia que tiene la mujer en la persona concreta del hombre. Porque cuando no ha sido posible que una mujer encabece una nación ha influido en el hombre que gobierna a los pueblos.

Queremos que se respeten las cuotas de género, pero no olvidemos que nuestro protagonismo es colectivo y va mucho más allá de las individualidades. Moldea a la sociedad desde lo más hondo y la transforma imperceptible, pero profundamente.

Quizá sea hora de reescribir la historia, reconociendo el mérito a innumerables mujeres que, desde la oscuridad de su hogar, moldearon a los hombres que transforman su tiempo. Pues sin su labor, oculta pero contundente, estos hombres nunca hubieran sido lo que fueron.

No es suficiente la cuota de género, tampoco basta con que la mujer tenga derecho al trabajo, no se trata simplemente de imitar al varón. La mujer debe participar en todo su esplendor para la transformación de la humanidad, para transformar el mundo en un hogar y en un lugar para todas y para todos. Ahí es donde nuestro sello femenino tiene su más plena realización.

Por lo mismo, no queremos renunciar a la maternidad, para alcanzar un puesto y esta sutil distinción nos debe llevar a reorientar las políticas públicas para un auténtico desarrollo familiar y social.

No podemos convertir la conquista del reconocimiento de los derechos de la mujer en una lucha de clases, una lucha en donde se enfrenten hombres contra mujeres. La lucha por nuestros derechos debe partir de un principio muy firme, los derechos provienen de la dignidad.

Precisamente porque somos personas tenemos derechos y queremos hacerlos valer. Afirmar nuestro ser mujer es confirmar que no somos inferiores en ningún sentido y así queremos ser respetadas.

La fuerza de la mujer está dada porque en su naturaleza se le ha confiado el género humano y sólo en la conciencia de la entrega que esto significa es posible, incluso, bajo las condiciones de discriminación social en lo que pueda encontrarse la mujer se levanta y se convierte en punto de partida para una sociedad más justa y mucho más humana.

En el Partido Acción Nacional estamos a favor de las mujeres, a favor de su incorporación a la vida pública, de su incorporación en los espacios de poder y en los puestos de toma de decisiones, como lo ha manifestado desde sus inicios.

Ello, impulsando el desarrollo de la mujer en la vida interna del partido. Proponiendo las primeras candidaturas femeninas y en los puestos de elección popular. Conquistando las primeras presidencias municipales femeninas en la historia de México, así como diferentes gubernaturas encabezadas por las mujeres. Conquistando la primera vicepresidencia femenina en la Cámara o creando desde el Ejecutivo el Instituto Nacional de las Mujeres, el Inmujeres.

En el Partido Acción Nacional apoyamos el pleno ejercicio de la ciudadanía en las mujeres, ya que desde sus inicios enarboló en su plataforma el voto ciudadano de la mujer. Fue el primer partido en postular a una mujer candidata a un gobierno estatal en Aguascalientes y tuvo la primera mujer diputada federal en 1964.

Este impulso al desarrollo de la mujer también se ha dado en la vida interna del partido, incorporando desde sus inicios una sección femenil, así como reconociendo espacios para las mujeres como consejeras y en puestos de decisión.

Para finalizar, hacemos votos para que llegue el día en que los derechos humanos sean los derechos de la mujer. El día en que, al hablar de equidad, no se generen confrontaciones.

El día en que no sea necesario poner una denuncia para que un hombre deje de golpear a su esposa. El día en que la mujer no se sienta presionada a limitar su maternidad por cuestiones laborales. El día en que la mujer, no sea un obstáculo para tener acceso a un puesto en el poder. El día en que la mujer tenga acceso a todas las oportunidades y el pleno ejercicio a todos sus derechos, porque sin derechos de la mujer no hay derechos humanos.

No olvidemos que en la conquista de los derechos de la mujer está la conquista de una sociedad más justa y mucho más humana. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada María Soledad Limas Frescas.

ESTADO DE VERACRUZ

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Continuando con la presentación de puntos de acuerdo, se le concede el uso de la palabra al diputado Mauricio Duck, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades electorales, federales y estatales resuelvan de manera imparcial y justa los medios de defensa interpuestos que calificarán y solventarán la elección realizada en el estado de Veracruz el pasado 2 de septiembre del año en curso.

El diputado Édgar Mauricio Duck Núñez: Con su venia, señor Presidente en funciones. Este punto de acuerdo fue presentado por el diputado Antonio del Valle Toca. Y como coordinador de los diputados federales del PAN del estado de Veracruz y a nombre del diputado del Valle y de los diputados de Veracruz, presento el siguiente punto de acuerdo, bajo las siguientes consideraciones.

Las elecciones del pasado 2 de septiembre del año en curso, realizadas dentro del estado de Veracruz, fueron las más sucias de la historia del estado, donde la intervención del gobierno del estado y su gobernador han sido y fueron de manera descarada, sostenida, permanente, desde el inicio del proceso y, desde luego, hasta el final de la jornada electoral.

La acreditación de los presuntos delitos electorales ocurridos en todas las secciones, en todos los distritos, municipios, casillas, cualquier región del estado, cualquier ciudad y población, son irregularidades e ilegalidades que, por supuesto, han dañado terriblemente el proceso electoral.

Es importante sostener, y por supuesto que se demuestre por las vías legales, la sujeción permanente del Instituto Electoral veracruzano, en función de obedecer la táctica y la estrategia diseñada desde el gobierno del estado.

La campaña desarrollada a lo largo de los últimos meses en este estado fue una campaña que rebasó los miles de millones de pesos, por lo menos, y que evidentemente la malversación en cualquier tipo de despensa, electrodoméstico, material de construcción, animales, apoyos agrícolas, en cualquiera de éstos, se tipifica el exagerado gasto emanado del gobierno del estado de Veracruz para las campañas en favor de su partido.

Además, por si esto fuera poco, en la última etapa de las campañas electorales fueron de amenaza, de amedrentar, de generar un estado de consternación y sobresalto. En la última semana de agosto en Veracruz se vivió un estado de terror, mismo que fue creciendo conforme se acercaba la jornada electoral, de tal manera que vieron ingresar al estado de Veracruz, a cientos de ciudadanos de otras partes del país, armados, y que evidentemente generaron prácticamente en todos los municipios esas campañas de antipatía y terror.

La forma de actuar, horas antes de la jornada electoral, fue la de detonar sus armas de fuego durante varias ocasiones. Esto provocó que se llegara al miedo entre los votantes. Son éstos los elementos que Acción Nacional ha acreditado dentro del proceso jurídico para demostrarle a la opinión pública nacional, y al propio estado de Veracruz, que desafortunadamente es y fue una campaña de Estado basada en la compra de votos y en una campaña del terror para bajar la participación ciudadana.

Hemos impugnado los distritos y municipios donde hemos perdido. Nosotros ya acudimos a las instancias legales oportunas y correspondientes, tanto en la estatal como en la federal.

Descartamos cualquier uso radical, cualquier toma de carretera, cualquier toma de palacios. Esas vías están descartadas, pero no los medios de defensa establecidos en la Constitución y en las leyes. A ellos acudimos como el deber ser lo marca. Por todo ello, solicitamos:

Único. Que se exhorte a las autoridades electorales, tanto locales como federales, a que de acuerdo con sus facultades legales, resuelvan de manera imparcial, justa y en estricto apego a derecho, los medios de defensa interpuestos que calificarán y solventarán esa elección. Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades electorales federales y a las estatales a resolver de manera imparcial y justa los medios de defensa interpuestos que calificarán y solventarán los comicios realizados en Veracruz el 2 de septiembre del año en curso, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del PAN

Antonio del Valle Toca , diputado federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propone al Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión punto de acuerdo a fin de exhortar a las autoridades electorales, tanto a las federales como a las estatales, a que de acuerdo con sus facultades legales resuelvan de manera imparcial y justa los medios de defensa interpuestos que calificaran y solventarán la elección del estado de Veracruz, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Que las elecciones del 2 de septiembre del año en curso realizadas en Veracruz son las elecciones ``más sucias'' de la historia del estado, donde la intervención del gobernador ha sido de manera descarada, sostenida, permanente desde el inicio del proceso y desde luego hasta el final de la jornada electoral la noche del pasado domingo.

2. Que la acreditación de los delitos electorales ocurridos en todas las secciones, en todos los distritos, municipios, casillas cualquier región del estado, cualquier ciudad y población, son irregularidades e ilegalidades que por supuesto han dañado terriblemente el proceso electoral.

3. Que es importante sostener y por supuesto que se demuestre por las vías legales la sujeción permanente del Instituto Electoral Veracruzano en función de obedecer la táctica y la estrategia diseñada desde el gobierno del estado.

4. Que la campaña desarrollada a lo largo de los últimos meses en el estado es una campaña que rebasa mil millones de pesos por lo menos y que evidentemente la malversación en cualquier tipo de despensa, de electrodoméstico, de material de construcción, de animales y de otros de carácter agrícola, en cualquiera de éstos se tipifica el exagerado gasto emanado desde el gobierno del estado para las campañas de su partido. Además, por si esto fuera poco, en la última etapa de las campañas electorales fueron de amenaza, de amedrentación, de generar un ``estado de consternación y sobresalto''.

5. Que en la última semana en Veracruz se vivió un estado de terror, que fue creciendo conforme se acercaba la jornada electoral; de tal manera que se vieron ingresar en el estado miles de ciudadanos de otras partes de México, armados, que generaron prácticamente en todos los municipios esas campañas de antipatía y de terror.

6. Que la forma de actuar horas antes de la jornada electoral fue detonar sus armas de fuego durante varias ocasiones para que llegara el miedo a los votantes y que disminuyera la participación electoral. El día de la jornada se dio el bloqueo de caminos en las zonas rurales, capturas de familias y panistas con la finalidad de inhibir al voto de Acción Nacional.

7. Que son éstos los elementos que Acción Nacional irá demostrando durante el proceso jurídico para demostrar a la opinión pública nacional que, desafortunadamente, es una campaña de Estado, basado en la compra de los votos y en la campaña de terror para bajar la participación ciudadana.

8. Que impugnaremos en todos los distritos y municipios que perdamos. Vamos a acudir por la instancia legal en el proceso correspondiente tanto estatal como federal, que descartamos cualquier uso radical, cualquier toma de carretera, cualquier toma de palacio, esa vías están descartadas, pero los medios de defensa que están establecidos en la Constitución y en las leyes a ellos haremos el uso con la mayor frecuencia posible.

Por lo anterior, someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que se exhorte a las autoridades electorales, tanto federales como estatales, a que de acuerdo con sus facultades legales resuelvan de manera imparcial y justa los medios de defensa interpuestos que calificarán y solventarán la elección del estado de Veracruz.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado.Túrnese a la Comisión de Gobernación.

ESTADO DE AGUASCALIENTES

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Jesús Ramírez Stabros, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo con relación a la situación que guarda la presa Plutarco Elías Calles, en el municipio de San José de Gracia, Aguascalientes.

El diputado Jesús Ramírez Stabros: Gracias, Presidente. Compañeras y compañeros.

«Proposición con punto de acuerdo, sobre la situación que guarda la presa Plutarco Elías Calles, en San José de Gracia, Aguascalientes.

El suscrito, Jesús Ramírez Stabros , diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este Pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La presa Plutarco Elías Calles, construida entre 1927 y 1928 en el municipio de San José de Gracia, en el estado de Aguascalientes es una verdadera obra de la ingeniería mexicana en la que se invirtieron recursos federales incalculables a precios actuales, por la desaparecida Comisión Nacional de Irrigación.

Resultaría interminable enunciar todos y cada uno de los beneficios de esa magna obra pública para los habitantes de una importante región de ese estado, ya que es el elemento principal para las actividades agropecuarias que conforman el distrito de riego 01 de México.

Es inaceptable, que en los últimos tres meses, durante el pleno período pluvial, se mantenga abierta la compuerta de la Presa referida, lo que nos permite deducir, que la Comisión Nacional del Agua, no estaría aplicando en forma correcta, la legislación federal en materia del uso del agua.

Nos parece inconcebible, que durante la temporada de lluvias se esté permitiendo la salida de volúmenes impresionantes del vital líquido, sin que se informe sobre los motivos que justifiquen tal hecho, por lo que estimamos se está poniendo en grave riesgo la operación del distrito de riego 01 del país, con la consecuente afectación a decenas de miles de familias que habitan en los municipios de Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, Cosío y Tepezalá, entre otras regiones del estado de Aguascalientes y que pudiera derivar en un grave problema público.

Por lo anterior, se hace necesario y urgente que la Cámara de Diputados se pronuncie enérgicamente en el sentido de exigir a la Comisión Nacional del Agua un informe detallado sobre la situación actual que guarda la presa de referencia, en cuanto a su capacidad y nivel de almacenamiento, fechas de apertura de compuertas para la irrigación de la superficie que conforma el distrito de riego, así como respecto de la situación jurídica actual de la construcción de instalaciones permanentes en su vaso.

Solicitamos una respuesta inmediata del director general de la Comisión Nacional del Agua, ya que no es aceptable, desde ningún punto de vista, que el asunto que nos ocupa, pudiera diluirse, configurando un acto más de negligencia o de impunidad que afectaría a un amplio sector de la población aguascalentense.

Diputadas y diputados:

Me permito llamar su atención, para que no descuidemos este asunto de la mayor importancia, el cuidado del agua y del medio ambiente son asignaturas de la más alta prioridad nacional.

Impulsemos las políticas públicas que permitan que la infraestructura hidráulica del país cumpla con los objetivos para los que fue construida, es decir, para que se almacene, distribuya y haga buen uso del agua.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de la Cámara de Diputados, como de urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al director general de la Comisión Nacional del Agua para que informe a la brevedad, a esta soberanía, sobre la situación que guarda la presa Plutarco Elías Calles, ubicada en el municipio de San José de Gracia, del estado de Aguascalientes, respecto a su capacidad de almacenamiento, apertura de su compuerta durante los meses de junio, julio y agosto del presente año, así como respecto del estatus jurídico en que se encuentran las construcciones definitivas en su vaso.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Jesús Ramírez Stabros. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se considera entonces de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición y se abre el registro de oradores.

En virtud de que no existen oradores inscritos, se considera suficientemente discutida. Consulta la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobada. Comuníquese.

Esta presidencia saluda a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.

TELEFONIA CELULAR

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Yadhira Ivette Tamayo Herrera, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar punto de acuerdo por el que solicita a la Cofetel crear un registro nacional de terminales de telefonía celular.

La diputada Yadhira Ivette Tamayo Herrera: Con su permiso, Presidente. Como todos sabemos, los teléfonos celulares son hoy muy populares. Hoy en México tenemos más teléfonos celulares que fijos.

Para 2006 teníamos 56 millones de usuarios de teléfonos celulares, o sea, más de la mitad de la población mexicana y cada día son miles y miles de líneas las que se activan.

Ha habido un vertiginoso crecimiento por la reducción de tarifas y por el popular uso de los servicios de mensaje cortos, que incluso nosotros usamos todos los días. Este gran crecimiento por supuesto lleva consigo un crecimiento muy grande en cuanto a los ilícitos que se cometen con estos teléfonos celulares.

Todos hemos conocido casos de secuestros, de extorsiones y, por supuesto, del mercado de robo de celulares. Los de más gravedad son los secuestros. Hay una patente incapacidad de rastrear las llamas telefónicas que tienen las autoridades y es por el registro inadecuado de éstas.

También hay extorsiones de las que oímos hablar de ellas muy frecuentemente. Gente a la que llaman a su casa, que le sacan información diciéndole que hablan por sorteos, por encuestas, etcétera o gente que se asume como autoridad y que dice: oye, tenemos aquí, ---por ejemplo, hay delincuentes que dicen---: hablo de la aduana y tengo aquí a su sobrino fulanito de tal que está pasando el río Bravo porque quiere ir a California. Yo soy de Michoacán, y en Michoacán pasan esos asuntos todos los días.

Se burla de la gente, se abusa de la gente a través de estos teléfonos celulares que han servido para que estas personas se aprovechen y obtengan un beneficio indebido. Hemos oído también hablar de la copia o clonación de los teléfonos celulares.

En México vemos que este fenómeno de la telefonía móvil, que es muy creciente, vuelvo a repetir, no ha sido investigado. Existen investigaciones de mercado que hacen las empresas, por supuesto, para beneficio de su empresa, pero no hay información al respecto para que puedan hacerse políticas públicas que sirvan para regular este tema, para legislar sobre este tema, sobre el uso debido de los teléfonos celulares y ésta es la problemática que motiva que hoy yo presente este punto de acuerdo ante todos ustedes.

Advertimos que no hay reglamentos ni sanciones formales para el uso indebido de celulares y es de urgente discusión este tema. También vemos que es importante una legislación adecuada para el uso de este tipo de aparatos para combatir los delitos realizados con ellos.

Así, considerando que la Comisión Federal de Telecomunicaciones tiene una facultad regulatoria que le confiere el numeral 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones, con esa atribución vengo hoy a pedir el siguiente punto de acuerdo para que se exija a las empresas que reporten toda activación y desactivación de líneas para regular la venta de telefonía celular y que dicho registro se remita a Cofetel, o sea a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para los efectos legales y regulatorios correspondientes.

Con objeto de establecer un control de la telefonía móvil, a través de la tecnología celular, vengo ante ustedes a someter a su consideración, de urgente y obvia resolución ---por lo cual pido que me apoyen, por favor, para esto--- el siguiente punto de acuerdo.

Que quedaría así: se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y con fundamento en sus atribuciones regulatorias, obligue a los concesionarios de empresas de telefonía móvil a llevar un registro de usuarios de comunicación móvil fidedigno y, que a su vez, dicho registro sea remitido a la Cofetel para los efectos legales correspondientes.

Es cuanto, compañeros. Muchas gracias. Solicito a la Mesa Directiva que inserte el punto de acuerdo en los términos de mi documento. Gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cofetel que cree un registro nacional de terminales de telefonía celular, a cargo de la diputada Yadhira Ivette Tamayo Herrera, del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los teléfonos inalámbricos son populares y cada vez hay más personas que los utilizan, hoy en día hay más teléfonos celulares que fijos, si bien estos aparatos inalámbricos ofrecen un sin número de ventajas; en México hasta 2006 existían 56 millones de usuarios de teléfono celular, es decir, más del 50 por cierto de la población y diariamente miles de líneas son activadas.

Gracias a la reducción de tarifas y a la creciente popularidad en el servicio de mensajes cortos este mercado ha tenido un vertiginoso crecimiento y aún no llega a su etapa madura, también, a través de éstos se están dando una serie de ilícitos, tales como el secuestro o la extorsión, sin mencionar el mercado de celulares robados, cabe señalar que el delito de mayor gravedad es el caso de los secuestros que ante la incapacidad de rastreo de líneas telefónicas y un registro adecuado de éstas, comúnmente terminan en consecuencias fatales.

En el caso de las extorsiones o los fraudes, el hampa ha encontrado un método eficaz para cometer sus crímenes, a través de la copia o clonación de un teléfono celular, a partir de los números de identificación y el de número de serie electrónica, posteriormente, se realizan llamadas a negocios o domicilios de las posibles víctimas, en las cuales mediante engaños, obtienen información de su entorno socioeconómico, haciéndose pasar por empleado de alguna empresa o institución, que realiza sondeos de opinión, promociones, actualización de datos, oferta de servicios, entre otros. De esta forma se pueden hacer llamadas ilegales que son cobradas al teléfono celular al que se copio la información.

En México, el fenómeno de la telefonía móvil no se ha investigado a profundidad y sólo las empresas dedicadas a la venta de estos servicios han hecho estudios para el beneficio de su mercado, sin embargo han omitido reportar estadísticas sobre el uso delictivo del celular y las medidas que deben de tomarse para evitarlo.

De lo anterior se advierten que no hay reglamentos, ni sanciones formales para el uso indebido de celulares y es urgente una discusión sobre el tema; es de suma importancia exista una legislación adecuada para el uso de este tipo de aparatos de telefonía celular, a fin de combatir los delitos realizados por medio de teléfonos celulares.

Considerando que la Comisión Federal de Telecomunicaciones, con las facultades regulatorias que le confiere la Ley Federal de Telecomunicaciones en el numeral 9-A, cuenta con atribuciones suficientes obligar a las empresas concesionarias de telefonía móvil a crear un registro fidedigno de usuarios de telefonía móvil en el que se exija a las empresas que reporten toda activación y desactivación de líneas y así regular la venta de telefonía celular, y que dicho registro se remita a la Cofetel para efectos legales y regulatorios correspondientes.

En tal virtud y con el objetivo de establecer un control de la Telefonía móvil a través de tecnología celular, someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y con fundamento en sus atribuciones regulatorias obligue a los concesionarios de empresas de telefonía móvil a llevar un registro de usuarios de comunicación móvil fidedigno y que a su vez, dicho registro sea remitido a la Cofetel para los efectos correspondientes.

Transitorio

Único. El presente decreto surtirá efectos al siguiente día de su aprobación.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Yadhira Yvette Tamayo. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa. Es mayoría calificada.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. Se ha registrado para hablar en pro de ella el diputado Juan Francisco Rivera Bedoya.

El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya: Con su permiso, señor Presidente. Como presidente de la Comisión de Seguridad quiero secundar la propuesta de mi compañera, la señorita diputada que acaba de hacer uso de la palabra, por la importancia que tiene la propuesta.

Se nos ha informado que son cerca de 70 millones de teléfonos celulares que se manejan en el país sin ningún control. En las últimas investigaciones del crimen organizado se han detectado en bandas organizadas hasta 200, 300 teléfonos que no tienen un control.

Para la debida organización y control del uso de estos teléfonos, que a veces cambian nada más con el chip y no tienen un registro, es importante que se tome muy en cuenta esta propuesta que considero fundamental para integrarla a los programas de seguridad nacional. Muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Rivera Bedoya. Al no estar inscrito ningún otro legislador para hablar respecto a la proposición, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobada. Comuníquese.

LEY DE COORDINACION FISCAL - LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS - LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Tiene la palabra el diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que esta soberanía se da por enterada de las observaciones del Ejecutivo federal al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales para fortalecer el federalismo fiscal y se propone discutirlo como lo señala el inciso c) del artículo 72 constitucional.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Gracias, Presidente. Para ahorrarme la lectura de algunas cosas y paren el reloj, en términos del artículo 113 le solicito que instruya a la Secretaría a efecto de que le dé lectura al artículo 72 de la Constitución, además los párrafos A, B y C; el artículo 89 de la Constitución y la fracción I.

Además, tomado de la página de la Presidencia un discurso o un razonamiento de Felipe Calderón, solicito también que se le dé lectura a lo que está resaltado en negritas, del punto de acuerdo que estoy presentando, que vienen contenidos en las páginas 3 y 4.

Le solicitaría por favor y para que paren el reloj y me recuperen el tiempo, toda vez que lo estoy planteando en estos términos, del artículo 113 para que sean leídos por escrito antes de iniciar mi intervención.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Solicito a la Secretaría que dé lectura al artículo 72 constitucional, incisos A, B y C, como lo ha solicitado el diputado Juan Guerra Ochoa. Y del artículo 89 constitucional, la fracción I.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.

Apartado A. Aprobado un proyecto en la cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta la aprobaré se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviera observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente.

Apartado B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la cámara de su origen, dentro de 10 días útiles, a no ser que corriendo este término hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá de hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido.

Apartado C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto con sus observaciones a la cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la cámara revisora. Si por ésta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

Fracción I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo a la esfera administrativa a su exacta observancia;

Del texto del documento del diputado: El Congreso determinó que fuera la federación la que aplicara directamente un impuesto especial a la gasolina y al diesel, consistente en un incremento mensual de dos centavos por litro y cuyos recursos se transferirían en su totalidad a los gobiernos de los estados, no a la federación.

En este contexto, un aumento a las gasolinas generaría un impacto aún mayor en los bolsillos de los mexicanos, especialmente de las familias con menores ingresos y debemos evitarlo.

Para evitar esta afectación, he decidido detener la entrada en vigor del aumento al precio a la gasolina en los términos solicitados por los legisladores, sin embargo, para mi gobierno es prioritario el respaldar la economía popular y evitar que se genere una escalada de precios que perjudique a la gente. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Continúe el orador con su intervención.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Sí, inicio, muchas gracias. Esto que se leyó está en la página oficial de la Presidencia, nada más resaltamos algunas cosas. Y lo quiero señalar porque hay ya antecedentes de que no es necesario que se envíe un escrito o se le notifique por escrito a la Cámara, para que, en el caso de estarse violando una ley, la Corte pueda intervenir y declarar la ilegalidad.

Ésta es una acción que ya emprendió esta Cámara. Más que acción, controversia. Fue un acuerdo de toda la Cámara frente a la violación de la ley que estaba haciendo el presidente Fox, con motivo de unos spots, o sea, no fue necesario que se le notificara oficialmente a la Cámara, sino por el hecho de existir, que se tomó y prosperó la controversia constitucional.

De manera que, les quiero decir que si esto está en una página oficial, este Congreso, para evitar que se siga con la inconstitucionalidad en la que estamos, donde ni se publicó en lo inmediato la ley, como lo mandata la Constitución, y donde a pesar de que no se giró un escrito a la Cámara, hay en una página. Que se tomen esas observaciones como lo que son, porque están en una página oficial.

De manera que la Cámara tendría dos opciones: o modifica el transitorio porque la observación es de tiempo, el transitorio que establecía que ``todo entrará en vigencia en enero, excepto lo que se refiere a las gasolinas'', o lo modifica. O bien, si quiere superar esa observación y dejarlo igual, tendría que votarla por dos tercios.

Pero no puede ser la Cámara omisa al respecto. No puede la Cámara decir: ``como no me mandó un escrito, aunque esté en una página oficial, yo no me doy por enterada''. Porque aquí la estamos enterando, con este punto de acuerdo. A la Cámara le estamos estableciendo que se dé por enterada y que actúe conforme a la Constitución y no que esté dejando que la Presidencia se salga de la Constitución y, por consiguiente, esta Cámara también esté en la inconstitucionalidad.

Les quiero decir una cosa más: le estamos haciendo un favor porque con las gasolinas, que nada más provocaron inflación, van a recaudar, según lo que viene en la Ley de Ingresos, que también sería otro acto inconstitucional, van a recaudar 8 mil millones de pesos.

Y resulta que nada más cuando se anunció esto, cuando Felipe Calderón anunció esto y dejaron de actualizarse las tarifas de las energías, del sistema energético: gasolinas, etcétera, esta actualización que se estaba dando en precio, resulta que ya perdió, por esta suspensión, 14 mil millones de pesos en este año...

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Permítame el orador. ¿Con qué objeto, diputado Rutilio Cruz?

El diputado Rutilio Cruz Escandón Cadenas (desde la curul): Para hacerle una pregunta al orador.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Diputado Juan Guerra, ¿acepta usted una pregunta del diputado Rutilio Cruz?

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Sí, con muchísimo gusto.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Adelante, diputado.

El diputado Rutilio Cruz Escandón Cadenas (desde la curul): De acuerdo con lo que está explicando ---diputado--- quisiera saber su opinión. ¿Entonces el impuesto sobre la gasolina debe ser o no debe ser considerado formalmente en el Presupuesto, en la Ley de Ingresos y en la Ley de Egresos?

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: Como en México las leyes no surten efecto hasta que no son publicadas por el Ejecutivo, no hay ninguna ley todavía que se presuma como tal.

Hay un proceso de aprobación de un decreto de ambas Cámaras, pero para que sea considerada como ley, para que tenga plena vigencia, tendría que ser publicada.

De no ser publicado, no hay ninguna razón ni fundamentación para que se incorpore en la Ley de Ingresos, por una razón elemental, porque cualquiera puede especular que podría pasar cualquier cosa y nunca publicarse esa ley y no tendría por qué haberse introducido si no ha sido publicada y no está vigente como ley.

Es un absurdo realmente, es un absurdo éste en el que han caído, un absurdo ahora, que lo debatiremos luego de quererlo meter y yo les digo que esto es ilegal, esto es inconstitucional porque no hay leyes vigentes en este país que no hayan sido publicadas por el Ejecutivo, ése es el asunto. Entonces, no tenemos todavía una ley vigente.

Lo que tenemos es una violación de la Constitución, porque Felipe Calderón ni manda formalmente ---y a la Cámara, aquí la estamos dando por enterada---, pero ni manda en concreto, sino que hace un conjunto de observaciones. Por otro lado, tampoco la publica de inmediato como lo establece la Constitución.

Entonces, para subsanar esta circunstancia, le digo a la Cámara: démonos por enterados de que ha sido observado. Tenemos dos opciones: o se supera con el voto de dos terceras partes, o se hacen las modificaciones que al caso se remiten de la entrada en vigencia, que es una observación de tiempo. Que eso es lo que debería hacerse si se quiere mantener.

Insisto, y si no quieren, la verdad es que ya lo inútil, lo demagógico del gasolinazo ya está más que probada. No son más que 8 mil millones. Ya se están perdiendo 14 mil millones. El aumento que se le está dando en la Ley de Ingresos de un dólar por barril es superior a la suma que se va a recaudar en el próximo año. Es decir, se recurrió a eso para provocar inflación. Si no suspendemos eso ---que lo podemos hacer---, lo que va a ocurrir es que en enero van a tener otro asunto de crecimiento de la inflación.

Por eso le pido a la Presidencia, que le dé lectura la Secretaría al punto de acuerdo, en concreto, para que se ponga a consideración de este pleno.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Proceda la Secretaría a dar cuenta, únicamente de los resolutivos de la proposición presentada por el diputado Juan Guerra.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez:

«Proposición con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se da por enterada de las observaciones del Ejecutivo federal sobre el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales para fortalecer el federalismo fiscal y se propone discutirlo como señala el inciso c) del artículo 72 constitucional, a cargo del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario deL PRD, somete a consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados se da por enterada de las observaciones del Ejecutivo federal al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales, para fortalecer el federalismo fiscal, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El 20 de junio de 2007 la Cámara de Diputados recibió la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones fiscales, para fortalecer el federalismo fiscal, presentada por el Ejecutivo federal en la del Congreso de la Unión. Dicha iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

2. En el proceso de dictamen se tomaron en consideración otras iniciativas turnadas a esta Comisión para su estudio, relacionadas con la materia. Entre las iniciativas dictaminadas se encuentra la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada, por el diputado Christian Martín Lujano Nicolás del Partido Acción Nacional, de fecha 3 de septiembre de 2007, a fin de gravar la venta final de gasolina y diesel y crear un fondo de compensación para las 10 entidades federativas con menor producto interno bruto per cápita no minero y no petrolero.

3. La Comisión de Hacienda y Crédito Público presentó el dictamen correspondiente en la sesión de la Cámara de Diputados celebrada el 13 de septiembre de 2007. El dictamen fue aprobado por 313 votos a favor, 154 votos en contra y 2 abstenciones. Específicamente el proyecto de decreto reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, abroga la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. En esta última ley se introduce un gravamen a la Gasolina Magna de 36 centavos adicionales por litro, a la Gasolina Premium UBA de 43.92 centavos por litro, así como al diesel de 29.88 centavos por litro, entre otras medidas.

En esa misma fecha la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales, para fortalecer el federalismo fiscal fue turnada al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

4. El Senado de la República discutió y aprobó el proyecto de decreto contenido en la minuta citada por 77 votos a favor, 27 en contra y 1 abstención, en su sesión plenaria del 14 de septiembre de 2007. El proyecto de decreto fue remitido al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

5. El Ejecutivo de la Unión recibió el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales, para fortalecer el federalismo fiscal el 18 septiembre de 2007, a las 12:09 horas, según consta en copia del acuse que obra en nuestro poder.

6. El 26 de septiembre de 2007, a las 9:00 horas, Felipe Calderón Hinojosa, titular del Poder Ejecutivo federal, anunció en ceremonia oficial celebrada en el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, observaciones al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales, para fortalecer el federalismo fiscal. En el acto señaló que un aumento a las gasolinas generaría un impacto negativo en los bolsillos de los mexicanos y particularmente de los más pobres, por lo que había decidido detener la entrada en vigor del nuevo impuesto a las gasolinas.

El texto de las observaciones presentadas por el Ejecutivo fue el siguiente:

7. Este mensaje, con las observaciones al proyecto de decreto, fue trasmitido por radio y televisión, en versión resumida, la noche del mismo 26 de septiembre de 2007, en cadena nacional. ²

Consideraciones

1. El artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula el procedimiento legislativo para discutir y aprobar los proyectos de ley o decreto emitidos por el Congreso de la Unión, así como la participación del Ejecutivo Federal en el mencionado proceso legislativo. En éste se señala la facultad del Ejecutivo de hacer observaciones a los proyectos de ley o decreto que expida el Poder Legislativo:

Por otra, parte la fracción I del artículo 89 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga al Ejecutivo a publicar los proyectos de ley o decreto que expida el Legislativo:

2. El veto, como se le conoce en la doctrina jurídica, es la facultad del Ejecutivo de hacer observaciones a los proyectos de ley o decreto que expida el Congreso de la Unión. Es un acto de colaboración entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y un mecanismo a través del cual la Constitución evita que un Poder se sobreponga a otro, estableciendo así un sistema de pesos y contrapesos. Es decir, que si la función esencial del Poder Legislativo es la de expedir leyes, al Poder Ejecutivo se le confiere la facultad, mediante el ejercicio del veto, de neutralizar, temporalmente, todo acto legislativo que considere lesivo. A través del veto el Ejecutivo participa en el proceso legislativo.

3. El veto tiene por objeto producir que el Ejecutivo suspenda la entrada en vigor de un acto que, por ejemplo, de promulgarse, podría afectar la administración o economía del país. Es un acto que constituye una parte del proceso legislativo ordinario y concluye cuando el Ejecutivo Federal promulga o publica un proyecto de ley o decreto que le envía el Congreso de la Unión.

Dice Emilio O. Rabasa que el ``veto es la facultad de impedir, no de legislar, y como una ley nueva trae la modificación de la existente, la acción del veto, al impedirla no hace sino mantener algo que ya está en la vida de la sociedad.'' ³ Es decir, tiene efectos suspensivos sobre el proceso legislativo.

4. Ahora bien, el inciso B del artículo 72 constitucional establece que se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, dentro de diez días útiles; a no ser que, corriendo este término hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido. Antes, en su inciso A, el artículo señala que una vez aprobado el proyecto de ley o decreto por el Congreso se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente.

5. Para nosotros es claro que la decisión del Felipe Calderón Hinojosa fue vetar el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales, para fortalecer el federalismo fiscal, en virtud de lo siguiente:

6. El Ejecutivo no podría aducir, sin apartarse del texto constitucional, que, al indicar en sus observaciones, que ``he decidido detener la entrada en vigor del aumento al precio de las gasolinas'', aplicó al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales, para fortalecer el federalismo fiscal, el denominado ``veto de bolsillo'', porque esta figura no existe en la legislación mexicana.

Como lo señala Jorge Carpizo:

``El veto de bolsillo (pocket veto ) es una figura conocida por el derecho constitucional norteamericano, y consiste en que si pasan los diez días fijados y presidente no presenta observaciones, el proyecto se convierte automáticamente en ley, a menos que la legislatura concluya su período o empiece una etapa de vacaciones dentro de este término, y el presidente omita la firma del proyecto 'olvidándolo en el bolsillo'. Generalmente, se expresan las razones por las cuales se hace uso del veto de bolsillo. Así, de los 260 vetos de bolsillo que Roosevelt interpuso, en 258 casos se manifestaron las causas. Y de los 447 que se dieron de 1934 a 1963, sólo en cuatro se omitieron los argumentos.

En México no es posible la existencia del veto de bolsillo. El inciso B del artículo 72 es muy claro

Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen, dentro de diez días útiles; a no ser que, corriendo este término hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido.(las cursivas son nuestras )'' ⁴

José María Serna de la Garza coincide con Jorge Carpizo en que el ``veto de bolsillo'' no es posible en México, porque éste daría un poder adicional a la institución presidencial dentro del proceso legislativo, no considerado en la Constitución. ⁵

7. Dentro de las atribuciones constitucionales del Poder Legislativo se encuentran las de control sobre los actos del Ejecutivo, que permiten la colaboración y equilibrio entre los Poderes de la Unión. Por este motivo, la Cámara de Diputados está obligada a pronunciarse sobre la determinación del Ejecutivo de detener la entrada en vigor del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales, para fortalecer el federalismo fiscal.

Por lo antes expuesto y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, el legislador suscrito somete a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados, se da por enterada de las observaciones del Ejecutivo federal al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales, para fortalecer el federalismo fiscal, expedido por el Congreso de la Unión, y que le fue remitido para sus efectos constitucionales el 18 de septiembre de 2007.

Segundo. Como Cámara de origen y en términos del inciso C del artículo 72 constitucional, la Cámara de Diputados acuerda someter a discusión del Pleno las observaciones del Ejecutivo al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones fiscales, para fortalecer el federalismo fiscal, con objeto de confirmarlo por las dos terceras partes de los votos de los legisladores presentes.

Notas: 1 Disponible en www.multimedia.calderon.presidencia.gob.mx 2 Ibid. 3 Diccionario universal de términos parlamentarios, Miguel Ángel Porrúa, México, veto, pp.1062-1065. 4 Ver Capítulo VII, ``Facultades del presidente en el procedimiento legislativo'', del libro de Jorge Carpizo, El presidencialismo mexicano, Siglo XXI Editores, México, 19966, pp. 82-98 5 Serna, José María, La reforma del Estado en América Latina: los casos de Brasil, Argentina y México, IIJ, (serie Estudios Jurídicos, núm. 3), UNAM, México, 1998, pp. 281-292.

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Secretaria. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Hay mayoría, diputado Presidente; pero no dos terceras partes.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se requieren las dos terceras partes para el procedimiento de urgente resolución, señores diputados.Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

ESTADO DE TABASCO

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Tiene la palabra el diputado Moisés Dagdug Lützow, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de la Función Pública, a que instruya una auditoría sobre los recursos que ha recibido el gobierno del estado de Tabasco, por parte de Pemex, desde la creación de la Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y el Desarrollo Social.

El diputado Moisés Félix Dagdug Lützow: Con su venia, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SFP a instruir una auditoría sobre los recursos que ha recibido el gobierno de Tabasco por Pemex desde la creación de la Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y el Desarrollo Social

El que suscribe, diputado federal Moisés Dagdug Lützow , con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde los años setenta se han creado en Tabasco una serie de instituciones gubernamentales para encargarse del manejo de recursos que PEMEX ha autorizado para contener el descontento social provocado por los efectos negativos de la actividad petrolera en Tabasco.

Pemex canaliza recursos destinados al desarrollo social y al mejoramiento de las condiciones de vida de la población asentada en las cercanías de las instalaciones petroleras, previa autorización de su Consejo de Administración. Estos recursos se entregan principalmente a gobiernos estatales y municipales y en menor medida a Asociaciones Civiles. En el caso de Tabasco, la instancia estatal que administra los recursos entregados al gobierno estatal es la Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y el Desarrollo Social (Cimades), la cual fue constituida el 28 de abril de 1995.

Cimades es un órgano público descentralizado del gobierno estatal cuyo propósito fundamental es conciliar las actividades de Pemex con el desarrollo social de Tabasco; realizar funciones de arbitraje en conflictos ambientales y reclamaciones hacia Pemex (como una segunda instancia), propicia la participación social y de los tres niveles de gobierno en la asignación de los recursos otorgados por Pemex.

Es decir, la Cimades es la instancia que se encarga de la aplicación de los recursos que Pemex otorga al gobierno del estado de Tabasco y que, según su estructura orgánica, debe contribuir a construir condiciones adecuadas para que la paraestatal pueda realizar sus actividades en la entidad sin enfrentarse a los reclamos sociales. Pero al mismo tiempo debe fungir como una segunda instancia para decidir sobre las reclamaciones de comunidades afectadas por las actividades petroleras. Al tener que conciliar dos funciones surgen confusiones y conflictos que han socavado no sólo la eficiencia de la institución sino también su credibilidad.

Igualmente, resulta preocupante el hecho de que el Consejo Directivo, que es el máximo órgano de decisión en la Cimades, esté presidido por el Gobernador en turno y que el resto de los miembros sean los titulares de varias secretarias que forman parte del Poder Ejecutivo estatal. Esta estructura proporciona al gobernador mucho margen de maniobra para la decisión del manejo, aplicación y evaluación de los recursos, convirtiendo al Gobierno del Estado en juez y parte del reparto de los beneficios petroleros en Tabasco. La falta de mecanismos adecuados de rendición de cuentas y contraloría social facilita, adicionalmente, el uso indebido de estos recursos porque dificulta fincar responsabilidades y fijar sanciones.

Se tienen datos de que Tabasco es la entidad que entre 1995 y 2006 recibió más de 2 mil 300 millones de pesos de apoyo social de Pemex (seguido por Campeche), así como el hecho de que es un Estado que no contó con una Ley Estatal de Transparencia y acceso a la información hasta el 28 de diciembre de 2006 hace del monitoreo de los recursos asignados a Tabasco por Pemex que sea un caso para revisar a fondo.

En ese sentido, a más de 10 años de haberse creado la Cimades es evidente la falta de información sobre los criterios de asignación y el destino de los recursos en el Estado de Tabasco. Cobijados por la falta de canales institucionales adecuados que permitan una verdadera rendición de cuentas sobre la utilización de los recursos que esta institución estatal maneja, Cimades recrea el largo camino de instituciones que reciben recursos por parte de Pemex y lo destinan de manera discrecional sin dar explicaciones a la sociedad.

Hay que señalar que estos recursos han sido manejados por el gobierno estatal sin rendir cuentas sobre su uso a los tabasqueños. Esta situación junto con la insuficiente fiscalización de los recursos aportados por Pemex, por parte de la federación, hace reconocer usos discrecionales de los mismos. Cimades ha funcionado como detonadora de la descomposición social en Tabasco, ya que al administrar de manera facciosa grandes cantidades de efectivo y donativos en especie otorgados por la paraestatal ha permitido contener el descontento social, dando solo humillantes migajas a los directamente afectados.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al director de Pemex tenga a bien informar a esta soberanía el importe de los recursos que ha entregado a la Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y el Desarrollo Social.

Segundo. Se exhorta al Congreso de Tabasco a revisar el decreto que da origen a la creación del Cimades, en la que participen Petróleos Mexicanos, académicos y representantes de la sociedad civil tabasqueña para tener como resultado un modelo alternativo de administración de los recursos que otorga Pemex, que asegure más transparencia en el ejercicio de dichos recursos.

Tercero. Se exhorta al secretario de la Función Pública, para que conforme a sus facultades instruya lo conducente a objeto de que se realice una auditoria minuciosa de los recursos que ha recibido el Gobierno del Estado de Tabasco, desde la creación de la Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y el Desarrollo Social, y en caso de encontrar malversación de fondos se finquen responsabilidades en contra de quien o quienes resulten responsables.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente u obvia resolución.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Es mayoría calificada, mayoría por la afirmativa, es mayoría calificada, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se considera entonces de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición y se abre el registro de oradores.

Al no haber oradores inscritos, se considera suficientemente discutida la proposición. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobada, comuníquese.

ESTADO DE SONORA

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Ernesto Navarro López, para presentar proposición sobre el conflicto laboral en la mina de Cananea, Sonora, suscrita por él mismo, por la diputada Rosario Ortiz, el diputado Antonio Almazán, y el propio que hará uso de la voz.

El diputado Carlos Ernesto Navarro López: Con su permiso, diputado Presidente. Ayer, una manifestación de mineros enfrente del palacio de Hermosillo, Sonora, demandó la intermediación del gobierno del estado en este conflicto laboral de los trabajadores mineros con al empresa Minera México.

Esta huelga de los mineros de Cananea, Sonora, inició hace más de 70 días. Tiene un reclamo fundamental que tiene que ver con la exigencia de mejores condiciones de seguridad y de higiene en el centro de trabajo.

Grupo México argumenta que dicha situación no existe, ya que sus empresas laboran en total seguridad y para eso ha contado con la protección de las autoridades laborales.

Una evidencia de la colusión entre Grupo México y las autoridades laborales fue el hecho de que el encargado del despacho laboral patronal, anunció que la huelga de Cananea, Taxco y Sombrerete serían declaradas inexistentes horas antes de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje lo hiciera. Es decir, el abogado de la empresa da a conocer lo que después van a resolver las autoridades laborales.

En el caso de Cananea, ellos lograron un amparo definitivo el pasado 16 de agosto emitido por el jurado quinto de distrito en materia laboral. Desgraciadamente esta resolución no fue acatada, y Grupo México buscó dividir al movimiento e intentó continuar la operación normal de trabajo, hecho que ocasionó un enfrentamiento entre mineros sindicalizados y personal contratado por la empresa.

Antes, en Nacozari hubo otro enfrentamiento auspiciado por la empresa, en la cual murió el minero Reynaldo Hernández González. Hasta el momento no se han deslindado responsabilidades de este asesinato en Nacozari, y en Cananea se profundiza la tensión por el conflicto que se vive.

Es necesario recordar que Grupo México es responsable de la muerte de 65 mineros ocurrida el 19 de febrero de 2006 en las instalaciones de la mina de carbón Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila, por no ofrecer las medidas mínimas de seguridad para laborar ahí y soslayar las denuncia que vaticinaban una tragedia como la que efectivamente ocurrió.

Hace unos días, un grupo de legisladores federales, entre ellos el diputado José Antonio Almazán, la diputada Rosario Ortiz y su servidor acudimos hasta Cananea para realizar un recorrido por las distintas áreas de producción, concentración y perforación, con la finalidad de conocer las condiciones imperantes de inseguridad que acontecen.

De acuerdo con los testimonios de los trabajadores, y a lo que observamos en el centro de trabajo, concluimos que la empresa no está cumpliendo su obligación. Incluso la salud de los trabajadores está en peligro. Ellos afirman que no se les han practicado análisis de sangre para detectar cuánto es el nivel de plomo que tienen en ella.

En este lugar se manejan sustancias muy peligrosas como el ácido sulfúrico, cobalto o plomo, y los trabajadores constantemente están expuestos a su inhalación o al contacto físico con ellas, incluyendo fuentes radioactivas.

Existen derramas permanentes de líquidos como aceite, agua y productos químicos. Hay también cables de electricidad expuestos sin el plástico protector que podrían ocasionar que alguien pudiera electrocutarse; estructuras dañadas y sin mantenimiento; recolectores de polvo obsoletos ya que han terminado su vida útil, así como poca higiene en los comedores, entre otras cosas más. En fin, numerosas condiciones propicias para que ocurra una tragedia.

Los mineros aducen que Grupo México se niega a realizar la reparación general de las estructuras y a solventar todos los desperfectos porque eso conllevaría a detener la producción 6 horas. Por cierto, bastante alta la producción de cobre y la empresa dice que dejarían de ganar 3.5 millones de dólares.

Tan sólo en el primer trimestre de este año Grupo México reportó ganancias por más de 11 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 48 por ciento respecto de ese mismo lapso el año pasado.

Tal y como lo aseguró en su momento el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, quien vivió de cerca el siniestro de Pasta de Conchos, esas ganancias son a costa de la seguridad de los mineros de todo el país, que trabajan para la empresa de Germán Larrea.

Minera México produce, concentra 55 por ciento del cobre nacional...

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Concluya su intervención, diputado.

El diputado Carlos Ernesto Navarro López: Voy a concluir, Presidente. Y en estos reclamos bastaría solamente con un día, de lo que se dice que pierde la empresa, para resolver el problema.

Ayer se agravó la atención en Cananea, por la Distribuidora de Gas de Occidente, la cual suministra todo el gas natural que se utiliza en la ciudad. Amenazó con cortar a todos los pobladores el suministro de gas, buscando que la gente les reclame a los mineros en este conflicto.

Y en función de estas consideraciones les hago la siguiente propuesta.

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al licenciado Javier Lozano Alarcón, secretario de Trabajo y Previsión Social, a que en el marco de sus atribuciones y con estricto apego a la ley, atienda las demandas de los trabajadores de la mina de cobre Mexicana de Cananea, en Sonora, integrantes de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, e instruya que se verifique el cumplimiento de las obligaciones patronales en materia de seguridad e higiene en dicho centro de trabajo.

Segundo. Finalmente, exhorta a las partes involucradas en este conflicto a encontrar por la vía del diálogo una solución a este conflicto en un marco de respeto a los derechos individuales y colectivos, consagrados en el artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo, el contrato colectivo de trabajo vigente y las demás disposiciones que sean aplicables.

Pido en particular el respaldo de los diputados de Acción Nacional para que nos puedan respaldar en este punto de acuerdo urgente.

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la STPS a atender el conflicto laboral en la mina de cobre de Cananea, Sonora; y al gobernador de ese estado, a respetar el derecho de manifestación de los integrantes de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, Rosario Ortiz Magallón , José Antonio Almazán González y Carlos Navarro López , diputados federales e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para denunciar las condiciones de inseguridad y falta de higiene que persisten en las minas propiedad del Grupo México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 30 de julio los trabajadores de la mina de cobre Mexicana de Cananea, Sonora, pertenecientes a la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, emplazaron a huelga a la empresa Industrial Minera México, SA de CV, subsidiaria de Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco.

Su principal petición está basada en exigir mejores condiciones de seguridad e higiene tal como lo establece la Constitución Política del país, la Ley Federal del Trabajo y su propio contrato colectivo.

Sin embargo, Grupo México argumenta que dicha situación no existe, ya que sus empresas laboran en total seguridad.

Una evidencia de la colusión entre Grupo México y las autoridades laborales fue el hecho de que el encargado del despacho laboral patronal anunció que las huelgas en Cananea, Taxco y Sombrerete serían declaradas inexistentes horas antes de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje lo hiciera.

En lo que respecta a los trabajadores de la mina en Cananea, ellos lograron un amparó definitivo el pasado 16 de agosto, emitido por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Laboral.

Desgraciadamente, esta resolución no fue acatada y Grupo México buscó dividir el movimiento e intentar continuar con la operación normal de trabajo, hecho que ocasionó un enfrentamiento entre sindicalizados y personal contratado por la empresa que resultó en la muerte del minero Reynaldo Hernández González.

Hasta el momento no se han deslindado responsabilidades del asesinato, ni se ha dado castigo a los responsables.

Es necesario recordar que Grupo México es responsable de la muerte de 65 mineros ocurrida el 19 de febrero de 2006 en las instalaciones de la mina de carbón Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila, por no ofrecer las medidas mínimas de seguridad para laborar ahí y soslayar las denuncias que vaticinaban una tragedia como la que efectivamente ocurrió.

Por otra parte, en mi carácter de representante popular, originario de Sonora, fui invitado por los representantes de los mil 300 mineros que trabajan en la mina de cobre Mexicana de Cananea para que constatara las condiciones de inseguridad y falta de higiene que subsisten en este momento en aquel lugar.

Por tal motivo, un grupo de legisladores federales, entre ellos José Antonio Almazán González , Rosario Ortiz Magallón y un servidor, acudimos el viernes de la semana pasada hasta aquella cuidad para realizar un recorrido por las distintas áreas de producción, concentración y perforación, con la finalidad de conocer las condiciones imperantes de inseguridad que acontecen.

De acuerdo a los testimonios de los trabajadores y a lo que observamos en el centro de trabajo, concluimos que la empresa no está cumpliendo con su obligación. Incluso la salud de los trabajadores está en peligro, ellos afirman que no se les han practicado análisis de sangre para detectar cuánto es el nivel de plomo que tienen en ella. En este lugar se manejan sustancias muy peligrosas como el ácido sulfúrico, cobalto, plomo y los trabajadores constantemente están expuestos a su inhalación o al contacto físico con ellas, incluyendo fuentes radioactivas.

Existen derrames permanentes de líquidos como aceite, agua y productos químicos. Hay también cables de electricidad expuestos, sin el plástico protector, que podrían ocasionar que alguien pueda electrocutarse, estructuras dañadas y sin mantenimiento, recolectores de polvo obsoletos ya que ha terminado su vida útil, así como poca higiene en los comedores, entre otras cosas más. En fin, numerosas condiciones propicias para que ocurra una tragedia.

Los mineros aducen que Grupo México se niega a realizar la reparación general de las estructuras y a solventar todos los desperfectos, porque eso conllevaría a detener la producción, por cierto bastante alta, del cobre y ellos dejarían de ganar más dinero.

Tan sólo en el primer trimestre de este año Grupo México reportó ganancias por más de 11 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 48 por ciento respecto de ese mismo lapso el año pasado. Tal y como lo aseguró en su momento el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, quién vivió de cerca el siniestro de Pasta de Conchos, esas ganancias son a costa de la seguridad de los mineros de todo el país que trabajan para la empresa de Germán Larrea.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al licenciado Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, para que, en el marco de sus atribuciones y con estricto apego a la ley, atienda las demandas de los trabajadores de la mina de cobre Mexicana de Cananea, Sonora, integrantes de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, e instruya a que se verifique el cumplimiento de las obligaciones patronales en materia de seguridad e higiene en dicho centro de trabajo.

Segundo. Así mismo, exhorta al gobierno constitucional del estado de Sonora a respetar las manifestaciones que, en ejercicio de las garantías individual que consagra nuestra Constitución, realicen los trabajadores a que alude el punto anterior.

Tercero. Finalmente, exhorta a las partes involucradas en este conflicto a encontrar por la vía del diálogo una solución a este conflicto en un marco de respeto a los derechos individuales y colectivos consagrados en el artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo, el contrato colectivo de trabajo vigente y las demás disposiciones que sean aplicables.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Carlos Ernesto Navarro López. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

No hay dos terceras partes, Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Si les parece, para que no haya duda, pedimos la votación nominal para certificar que efectivamente existan las dos terceras partes. Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación para certificar el procedimiento de la asamblea.

Permítame, diputada Secretaria. ¿Con qué objeto, diputado Carlos Ernesto?

El diputado Carlos Ernesto Navarro López (desde la curul): Para reclamar el mismo trato que se les ha dado a los puntos que antecedieron. Se solicitó la votación de urgente u obvia resolución, votamos visiblemente los legisladores que estamos en el salón y fueron dos terceras partes de urgente resolución.

En este punto, que es muy urgente, muy necesario para contribuir al diálogo, dos diputados están en contra y no hay dos terceras partes. Veo parcialidad en la Mesa Directiva y solicito el mismo trato.

Si van a someter a votación nominal éste, voy a pedir que en todos los anteriores pase lo mismo, porque no estamos aquí dos terceras partes del pleno, en esta sala, y se decreta que están las dos terceras partes porque son temas de interés de otros diputados.

Presidente, con todo respeto pido que no haya parcialidad, pido que se levante, en votación económica, como se hizo en los anteriores, y sean decretadas las dos terceras partes, como lo hicieron con los anteriores puntos.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Entiendo su preocupación, diputado. Le comento que la atribución para certificar la votación de la asamblea, exclusivamente, le corresponde a los secretarios de la Mesa Directiva.

Ante la declaración de la diputada Secretaria o de la Secretaría de la Mesa Directiva en cuanto a la votación, tendría que someterme exclusivamente a lo que ha dicho la diputada. En virtud de que ha habido algunos cuestionamientos por no tener la certeza de las dos terceras partes, es que estoy pidiendo que se abra el sistema para certificarlo.

En caso de que no estuvieran de acuerdo para que, por el sistema electrónico, se certificaran las dos terceras partes, nos tendríamos que someter a lo que ha expresado ya la Secretaría de la Mesa Directiva.

Vamos a repetir la votación de forma económica. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, no hay dos terceras partes.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: En caso de no considerarse, como lo ha expresado la Secretaría, de urgente resolución, se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Adelante, diputado Navarro.

El diputado Carlos Ernesto Navarro López (desde la curul): Señor Presidente, le solicito a usted que quede asentada en el Diario de los Debates mi protesta, la inconformidad por la parcialidad, insisto, en la que se están abordando los temas.

Si tenemos un acuerdo parlamentario para que aquí desahoguemos los puntos de acuerdo de urgente resolución y nadie ha solicitado, en tema de interés de Acción Nacional, por ejemplo, que se constaten las dos terceras partes, en un ánimo de acuerdos parlamentarios que se tienen, así lo estuvimos haciendo.

Pero evidentemente hay una parcialidad ---en este caso la diputada Secretaria no actuó como actuó en los anteriores temas---; yo protesto, reclamo que entonces todos los puntos de urgente u obvia resolución, con que un diputado aquí lo demande, tengan que venir todos los diputados a votar, rompiendo los acuerdos que tenemos, por una visión parcial que busca, en dado caso, darles un trato a los diputados de Acción Nacional, diferente a los diputados de los otros partidos.

Asiento mi protesta y creo que eso no va a ayudar a resolver ningún punto de acuerdo en lo que sigue, de manera económica.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Cuando algún legislador lo solicite o haya duda respecto de la votación económica, con todo gusto se hará de manera nominal, diputado Juan Guerra.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde la curul): Gracias. Yo sí quiero, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, censurar la actitud de la Vicepresidencia en funciones de Presidencia.

Las maniobras no se hacen de la Presidencia, no se puede asumir la Presidencia para favorecer al grupo al que perteneces.

Eso podría haberlo solicitado, lo podría haber solicitado algún miembro de Acción Nacional ---de la bancada--- y romper el acuerdo que teníamos, pero lo que no se puede es esa parcialidad y maniobrar desde la Presidencia. La Presidencia no es para eso, si se quiere dar a respetar, aunque sólo sea Vicepresidente, hoy en funciones de Presidente.

De manera que, sí censuro acremente esa maniobra parcial a favor de Acción Nacional que se acaba de hacer. Porque no podemos ---el pleno--- estar sujetos a que cuando usted esté en funciones de Presidente se le ocurra para proteger a su grupo pedir votación, y cuando no, no. Para eso no se ejerce la Presidencia.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: A ver, diputado Juan Guerra. Se solicitó una votación económica, la Secretaría expresó que no había las dos terceras partes. Varios de sus legisladores protestaron por esta expresión de la Secretaría. Por eso solicité que, si estaban de acuerdo, se podría abrir el sistema electrónico para constatar las dos terceras partes.

Mi obligación inmediata era someterme a la expresión de la Secretaría. Y, en virtud de que la Secretaría determinó que no había esas dos terceras partes, se hizo únicamente en consideración de los legisladores de su bancada ---diputado Juan Guerra--- que así protestaron. La conducción de la sesión y de todos los asuntos seguirán siendo de manera institucional.

ESTADO DE GUERRERO

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se le concede el uso de la palabra al diputado Ramón Almonte Borja, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernacióna que declare zona de desastre y contingencia climatológica a diversos municipios del estado de Guerrero, afectados por el paso de la tormenta tropical Henriette, y a que se destinen recursos del Fonden y del Fapracc para su atención, suscrito por él mismo y por el diputado Jesús Evodio Velázquez Aguirre, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Ramón Almonte Borja: Con su permiso, Presidente. Pudiera pensarse el hecho de que el punto de acuerdo que sometemos a la consideración de esta soberanía se encuentra desfasado, en atención a que fue presentado desde el 3 de septiembre, pero por las actividades de este pleno, hasta esta fecha nos dan la oportunidad de poder plantearlo a ustedes, señores diputados y señoras diputadas.

No está desfasado, en atención a que si bien es cierto que el pasado 29 de agosto de 2007 la tormenta tropical Henriette provocó muchos daños materiales en la infraestructura del gobierno y muchos daños en el patrimonio de muchas familias guerrerenses, de manera muy especial en 23 municipios.

Y si bien es cierto que la Secretaría de Gobernación declaró zona de desastre a tres municipios del estado de Guerrero ---Acapulco de Juárez, Coyuca de Benítez y San Marcos---, también es cierto que ese desastre no solamente estuvo limitado a esos tres municipios, sino que fue parte de los 23 que consideró el gobierno del estado.

VERIFICACION DE QUORUM

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Permítame un segundo, diputado. Diputada Mónica Fernández ¿con qué objeto? Sonido a su curul.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Gracias, Presidente. Perdón al compañero diputado por la interrupción, pero dado que es un tema tan importante y de interés creo que no solamente de todos los diputados sino de todos los mexicanos, le solicito amablemente si pudiera pedir la verificación del quórum, porque ya casi no hay nadie en la sesión.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Si están de acuerdo, que termine la intervención el diputado y entonces procedemos a la verificación del quórum. Continúe diputado, por favor.

ESTADO DE GUERRERO

El diputado Ramón Almonte Borja: Gracias, Presidente. Señalaba el hecho de que, efectivamente, la Secretaría de Gobernacióndeclaró zona de desastre solamente a tres municipios y no a los 23 considerados por el gobierno del estado.

Además, desde la contingencia provocada precisamente por la tormenta tropical Henriette, suscitada el día 29 de agosto de 2007, hasta esta fecha el Fonden y el Fapracc no han mandado los recursos suficientes para restaurar los daños provocados por esa contingencia climatológica.

Luego entonces, no solamente basta que la Secretaría de Gobernación declare zona de desastre A determinados lugares de la república, sino que para aplicar o para eficientar precisamente en justicia, en bien de los mexicanos, se deben mandar con prontitud los recursos que requieran las entidades federativas y los municipios para restaurar esos daños.

El Fonden, el director general del Fonden argumenta que la falta del suministro de esos recursos es porque las dependencias federales no han emitido los dictámenes correspondientes; sin embargo, el hecho de que los delegados federales en nuestra entidad federativa de Guerrero no hayan cumplido con atingencia y con oportunidad la obligación que deben cumplir, eso no es obstáculo para que el Fonden remita de manera inmediata los recursos que estamos requiriendo en Acapulco de Juárez, de manera fundamental.

Porque aquellos que han visitado el puerto en las últimas fechas saben que tres de las principales vialidades de nuestro puerto están totalmente destruidas y que muchos de los habitantes de ese municipio, de ese puerto de manera especial, no cuentan ni con lo suficiente para poder reponer sus bienes, sus enseres personales, sus enseres de familia.

Luego entonces, propongo a esta soberanía que apoyen a los guerrerenses. Les pido que votemos el presente acuerdo como de obvia o urgente resolución para el efecto de que el Fonden y el Fapracc remitan los recursos suficientes para la restauración de los daños en Guerrero, de manera oportuna y de manera inmediata.

El punto de acuerdo lo sustento en los siguientes términos:

Primero. Se solicita se declare estado de emergencia y se declaren como zonas de desastre natural y de contingencia climatológica a 23 de los municipios del estado de Guerrero, y de manera especial al municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.

Segundo. Se exhorte al secretario de Gobernación y al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que de inmediato procedan a emitir la declaratoria de desastre referida, y ordenen la aplicación de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y del Fondo para atender a la Población Rural afectada por las Contingencias Climatológicas (Fapracc), de manera respectiva en el estado de Guerrero, a 23 de sus municipios, y de manera especial al municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, los cuales fueron afectados por el desastre derivado del paso de la tormenta tropical Henriette; recursos éstos contenidos en la Ley de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2007, derivados del Ramo 23, Anexo 10 y del Ramo 08, Anexo 07.

Tercero. Se exhorte a los titulares de las dependencias federales mencionadas a que consideren la inclusión de mayores recursos para atender las tareas de reconstrucción en sus correspondientes proyectos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2008, en atención a que los recursos que hemos destinado con este objeto han resultado insuficientes para atender los reclamos de todas las entidades federativas en esta materia.

Por el tiempo, señor Presidente, solicito que el texto íntegro del punto de acuerdo propuesto se inserte en el Diario de los Debates. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a declarar zona de desastre y contingencia climática diversos municipios de Guerrero afectados por el paso de la tormenta tropical Henriette, y a destinar recursos del Fonden y del FAPRACC para su atención, suscrita por los diputados Ramón Almonte Borja y Jesús Evodio Velázquez Aguirre , del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos Ramón Almonte Borja y Jesús Evodio Velázquez Aguirre , diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos al Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Con el objeto de que se exhorte respetuosamente al gobierno federal, para destinar recursos económicos del Fondo de Desastres Naturales, asimismo, al secretario de Gobernación Francisco Javier Ramírez Acuña y al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a emitir declaratoria de desastre y declaratoria de contingencia climatológica, respectivamente, de los 18 municipios del estado de Guerrero y de manera especial el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, que padecen graves afectaciones como consecuencia de las intensas precipitaciones pluviales y las consecuencias derivadas de las mismas consistentes en inundaciones y deslizamientos de tierra resultantes del paso de la tormenta tropical Henriette por la entidad federativa indicada.

Nos fundamos para hacerlo en las siguientes consideraciones de hechos y de derecho:

En mérito de lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía en Pleno, con el carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se declare estado de emergencia y se declaren como zonas de desastre natural los 18 municipios del estado de Guerrero y de manera especial el municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.

Segundo. Se exhorte a los secretarios de Gobernación, ciudadano Francisco Javier Ramírez Acuña, y de la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Alberto Cárdenas Jiménez, para que de inmediato procedan a emitir la declaratoria de desastre referida y ordenen la aplicación de recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC), de manera respectiva al estado de Guerrero, a sus 18 municipios y de manera especial al municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, los cuáles fueron afectados por el desastre derivado del paso de la tormenta tropical Heriette, recursos estos contenidos en la Ley de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2007, derivados del Ramo 23, Anexo 10 y Ramo 08, anexo 07.

Tercero. Se exhorte a los titulares de las dependencias federales mencionadas, para que consideren la inclusión de mayores recursos para atender las tareas de reconstrucción en sus correspondientes proyectos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2008.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Ramón Almonte Borja. Cúmplase su solicitud de integrar el texto completo en el Diario de los Debates. Y solicito a la Secretaría que consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presiente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se considera entonces de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. Se abre el registro de oradores.

Se le concede el uso de la palabra al diputado Pedro Montalvo, para hablar a favor de la proposición. Si están de acuerdo, señores diputados, terminando la votación de esta proposición vamos a proceder a consultar, a verificar el quórum, como lo mandata el artículo 27 de nuestro acuerdo parlamentario.

El diputado Pedro Montalvo Gómez: Con su permiso, Presidente. La intervención nuestra va en el sentido afirmativo sobre este tema porque, evidentemente, cuando hay una contingencia como las que ha vivido permanentemente, yo diría tiro por viaje, cada año en Veracruz, no tiene sentido que haya un fondo programado y presupuestado en este Congreso y que tenga tanto problema para que baje después de que ha sido escénico el hecho de la contundencia del embate climático, la necesidad urgente de llegar el recurso al más necesitado, a reparar infraestructura, a hacer cada vez más evidente que el Estado mexicano está pendiente del recurso para el ciudadano y que tarde tanto.

En primera, la posición nuestra es para que las declaratorias sean más rápidas. Sean más rápidas es de ``ya''.

Pero otro tema que también quiero proponer aquí, al honorable Congreso, es de que en esta ocasión que tenemos del presupuesto el recurso del Fonden no necesariamente vaya a pari passo el peso por peso que le piden al Estado para que finalmente llegue, que se presupueste y baje al 100 por ciento como un tema federal.

Acordémonos, finalmente, que de cada peso que este Estado mexicano tiene, 80 por ciento va centralizado a la república y el otro 20 al estado y al municipio. Y en un momento de desgracia no puede pedírsele el pari passo al Estado y mucho menos en la época que normalmente se da el asunto climatológico, porque ya va al cierre del ejercicio anual, me refiero a las precipitaciones pluviales que son los huracanes y que finalmente todo está convenido, está acreditado, está plenamente identificado en infraestructura y el gobierno del estado, el que sea, difícilmente pude acceder al peso por peso.

Por eso démonos la oportunidad, ahora que vamos a tener el presupuesto, para que los recursos del Fonden previamente identificados por las contingencias, previamente declaradas por las delegaciones federales, lo más rápido vaya al 100 por ciento verdaderamente a resarcir el daño al estado, a la infraestructura, al municipio, a la gente que requiere la mano de este gobierno y por eso insisto que tenemos esta oportunidad, bien vale la pena que nos demos el aplauso todos para este presupuesto que cerrará en próximos días. Es cuanto.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutida la proposición.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Suficientemente discutida. Consulte ahora la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobada. Comuníquese.

INGENIO AZUCARERO EL POTRERO

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Naciónatraiga el juicio de amparo promovido el 17 de agosto por el sindicato de trabajadores de la empresa Ingenio El Potrero, SA, contra la Junta Especial No. 10 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Si me permite previamente la diputada. En términos del artículo 27 del acuerdo parlamentario, se pide a la Secretaría abrir el registro electrónico por 10 minutos para verificar el quórum. Mientras tanto, continuará el desarrollo de la sesión. Permítame, diputada Elsa Conde, nada más para instruir la apertura del sistema.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para la verificación del quórum.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Adelante, diputada Conde.

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Gracias, señor Presidente. Agradezco al diputado Agustín Mollinedo Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, al diputado David Pulido Santiago, del Partido de la Revolución Democráticay a la diputada Irma Piñeyro, del Partido Nueva Alianza, sumarse a este punto de acuerdo de obvia o urgente resolución.

Expongo un caso ante ustedes, paradigmático. El conflicto que enfrenta el sindicato de trabajadores de Ingenio El Potrero, SA, con registro de la Secretaría del Trabajo y que en 1998 demandó a su empresa y al Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana por la titularidad del contrato colectivo, argumentando representar el interés de la mayoría de los trabajadores.

La demanda fue seguida del despido de más de 180 trabajadores, quienes lograron su reinstalación cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales el artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo y el correspondiente del contrato mencionado.

Se ordenó entonces un recuento, en el que votaron en forma abierta mil 98 trabajadores, 249 en un acto de valentía lo hicieron a favor del sindicato actor y el resto a favor del sindicato demandado, no por convicción, sino por el temor a las represalias sufridas por sus compañeros, cuyos salarios fueron congelados en una categoría inferior y se les privó de sus derechos escalafonarios y de diversas prestaciones.

En 2004 el sindicato de la empresa presentó una nueva demanda, reiterando su reclamo original, y la autoridad ordenó otro recuento, en el que se debe garantizar que el voto de los trabajadores en el recuento sea secreto. En los términos de la resolución número 578 de la Organización Internacional del Trabajo, que expresa textualmente el derecho a la garantía del voto secreto y que, de acuerdo con el artículo 133 constitucional, tiene rango de ley suprema en nuestro país.

Pero el artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo obliga a que los votos de los trabajadores sean públicos y abiertos. Así que la autoridad laboral ordenó el desahogo del segundo recuento mediante voto público y no secreto, con lo cual los derechos de los trabajadores se vieron nuevamente violentados.

¿Qué ordenamiento debe privar? No es nuestro papel juzgar sobre la constitucionalidad del artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo, pero sí lo es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Único. Que se solicite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su conocimiento y resolución, que ejerza la facultad de atracción que le confiere la fracción I del artículo 182 de la Ley de Amparo, y atraiga el juicio de amparo presentado el pasado 17 de agosto por los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Ingenio El Potrero ante el Tribunal Colegiado del Primer Circuito, reclamando que la aplicación del artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo es inconstitucional.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCJN que atraiga el juicio de amparo promovido el pasado 17 de agosto por el sindicato de trabajadores del ingenio El Potrero, SA, contra la Junta Especial número 10 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa

La que suscribe, Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , legisladora federal del Grupo Parlamentario Alternativa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para lo cual presenta las siguientes

Consideraciones

1. El Sindicato de Trabajadores de la empresa ingenio El Potrero, SA, agrupa a los trabajadores de dicha empresa, como su nombre lo indica, y como señalan sus propios estatutos. Es un sindicato de empresa y cuenta con registro de la Secretaría del Trabajo.

2. El Sindicato de Trabajadores de la Industria azucarera y Similares de la República Mexicana, tiene firmado con la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera y por tanto con el ingenio El Potrero, SA, la titularidad de la administración del Contrato Ley de las Industrias Azucarera, Alcoholera y Similares de la República Mexicana, vigente en esa industria, y, por tanto, en la empresa ingenio El Potrero, SA.

3. El Sindicato de Trabajadores de la empresa ingenio El Potrero, SA, mediante escrito de fecha 15 de junio de 1998, presentado el mismo día ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Secretaría Auxiliar de Conflictos Colectivos, instauró demanda en contra del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana y del ingenio El Potrero, SA, reclamando a la citada organización sindical que se declare judicialmente que el sindicato actor representa el interés de la mayoría de los trabajadores en esa empresa y por lo tanto es el administrador del Contrato Ley Azucarero.

4. La demanda de titularidad de contrato fue inmediatamente seguida del despido de más de 180 trabajadores los que, demandando a la empresa y a dicho sindicato, en forma individual lograron su reinstalación al declarar la Suprema Corte de Justicia de la Nación como inconstitucional el artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo y el correspondiente del Contrato ley mencionado, en su resolución del juicio de Amparo directo en revisión 1124/2000.

5. Ambas partes ofrecieron en el juicio señalado, el recuento, con el objeto de que los trabajadores sindicalizados de la empresa demandada manifestasen su voluntad de pertenecer al Sindicato de Trabajadores de la Empresa Ingenio el Potrero, SA. Este recuento se llevó a cabo el 19 de febrero del 2001. Votaron en forma abierta , 1 mil 98 trabajadores, de los cuales 249, en un acto de valentía, lo hicieron a favor del sindicato actor y 849 a favor del sindicato demandado, no por convicción sino por no ser perjudicados de la manera en que reiteradamente lo han venido siendo quienes se han negado a apoyar al Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana. Reinstalados dichos trabajadores, y toda vez que por haberse llevado a cabo el recuento de manera abierta fueron perfectamente ubicados quienes votaron en contra, se les privó de derechos escalafonarios, de prestaciones como becas y premios de puntualidad y productividad. Al privarlos de su derecho escalafonario se les congeló el salario en una categoría inferior, toda vez que es el sindicato el que establece los ascensos, jubilaciones, retiros, entre otros.

6. Con fecha 11 de mayo del 2004, nuevamente el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Ingenio El Potrero, SA, presentó demanda ante la honorable Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Secretaría Auxiliar de Conflictos Colectivos en contra del ingenio El Potrero, SA, y del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana y su sección 23, reclamando del citado ingenio el reconocimiento de que el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Ingenio El Potrero, SA, es el único administrador del Contrato Ley de las Industrias Azucarera, Alcoholera y Similares de la República Mexicana.

7. Con el propósito de que los trabajadores sindicalizados de la empresa demandada manifestasen su voluntad de pertenecer al Sindicato de Trabajadores de la Empresa Ingenio el Potrero, SA, se ofreció un nuevo recuento, solicitando textualmente:

Esta prueba se relaciona con los hechos 2 a 5 de la demanda, y para su desahogo constitucional, esta Junta deberá garantizar que el voto de los trabajadores en el recuento sea secreto, en los términos de la resolución número 578 de la organización internacional del trabajo,...

Requiriendo asimismo que: Primero, se califique a los votantes y después, se emita el voto en forma secreta...

8. Mediante el auto de admisión de las pruebas, de fecha veintitrés de enero del dos mil siete, dictado en los autos del Juicio Especial Número IV-136/2006, de la Secretaría Auxiliar de Conflictos Colectivos de la Junta Especial número diez de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se desecharon las pruebas ofrecidas, que tenían por objeto acreditar qué trabajadores podían votar en el recuento. Este auto fundó su negativa en la aplicación del artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo, y ordenó el desahogo del recuento de manera tal que los trabajadores tuvieron que votar públicamente y no en forma secreta.

9. Por lo anterior, el pasado 17 de agosto los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Ingenio El Potrero, SA, presentaron una demanda ante el honorable Tribunal colegiado del primer circuito, reclamando que la aplicación del artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo es inconstitucional, solicitando se deje insubsistente el laudo y acuerdo reclamados para que en su lugar se dicte otro acuerdo de admisión de la prueba en el que se ordene que, primero, se califique a los votantes y después, se emita el voto en forma secreta.

10. Como se ha manifestado anteriormente, en el ofrecimiento de pruebas del juicio que se ha señalado en el cuerpo de estas consideraciones, se solicitó de la Junta la garantía de que el voto de los trabajadores en el recuento fuese secreto, fundando los trabajadores su petición en los términos de la resolución número 578 de la Organización Internacional del Trabajo, que, de acuerdo con el artículo 133 constitucional, tiene rango de Ley Suprema en nuestro país y que textualmente dice:

11. No obstante, el artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo obliga que los votos de los trabajadores sean públicos y abiertos, por lo que siempre se sabe por quién votaron y, por tanto, si han o no de ser castigados, violentándose de esa forma su libertad de sindicación.

12. Es prudente en este punto señalar que, si bien es cierto la autoridad juzgadora realizó su trabajo y aplicó la ley Federal del Trabajo tal y como está obligada a hacerlo en virtud de su mandato y sus funciones jurisdiccionales, también es cierto que con ese acuerdo un número importante de trabajadores se vieron obligados votar presionados, sintiéndose amenazados con el castigo ejemplar que sufrían ya desde hacía seis años los primeros socios del sindicato quejoso.

Traigo este caso ante esta soberanía, en virtud de que el tema nos plantea, como legisladores y ciudadanos mexicanos responsables, es de la mayor trascendencia y de vital importancia: la libertad sindical, conquista de la Revolución Mexicana de 1910 y consagrada el artículo 123, Apartado A, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hay más de 32 millones de trabajadores asalariados en industrias, comercios o servicios. Todos ellos están sujetos a un régimen de asociación sindical que no respeta ni garantiza su libertad de sindicación, en virtud de los mecanismos indirectos de presión que no hemos sido capaces de combatir ni erradicar.

13. La justicia federal ha definido el concepto de importancia trascendente , como los que trascienden al interés superior de la nación que son aquellos que afectan, en último análisis, al interés mismo de la colectividad y otros que sólo afectan al interés público, sin que se estime que son de importancia trascendente. La tesis dice:

14. No es nuestro papel juzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo, esa es materia del Poder Judicial, pero la relevancia y trascendencia del tema es tal, que considero de la mayor importancia que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien conozca y resuelva sobre este asunto. No me queda la menor duda de que estamos frente a un caso paradigmático. El pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene consecuencias jurídicas de la mayor importancia y un caso como el que se plantea, amerita la intervención directa del supremo poder juzgador del país.

Es interés superior de la nación restituir a los trabajadores en su libertad de asociación, en su derecho al voto secreto en las elecciones gremiales, y devolver a los asalariados de México, que constituyen el 60 por ciento de la población económicamente activa, la condición ciudadana plena en el ámbito de su vida gremial y es por ello que merece un asunto así que se dicte una tesis jurisprudencial del pleno de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, que siente un precedente de mayor peso en este asunto y que una sola ejecutoria de un Tribunal Colegiado no podría lograr.

Dada la importancia y trascendencia que tiene la materia sobre la que ha de decidir el Tribunal que conozca de este asunto, considero de superior importancia pedir a la honorable Cámara de Diputados, solicite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que atraiga el presente juicio de amparo directo para su conocimiento y resolución.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su conocimiento y resolución, ejerza la facultad de atracción que le confiere la fracción I del artículo 182 de la Ley de Amparo y atraiga el juicio de amparo presentado el pasado 17 de agosto, por los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Ingenio El Potrero, SA, ante el honorable Tribunal colegiado del primer circuito, reclamando que la aplicación del artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo es inconstitucional.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez. Consulte la Secretaría a la asamblea si considera de urgente u obvia resolución.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Hay dos terceras partes, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se considera de urgente u obvia resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición. Y se han inscrito para hablar en pro de ella el diputado Celso Pulido, del Grupo Parlamentario del PRD, y el diputado Agustín Mollinedo, de Acción Nacional. Por lo que se le concede el uso de la palabra, en primer término, al diputado Celso Pulido, del Grupo Parlamentario del PRD.

El diputado Celso David Pulido Santiago: Gracias. Con su permiso, señor Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, pocas son las oportunidades y pocos los temas en los que encontramos oportunidad de reivindicarnos con nuestros representados. Éste es uno de ellos.

Compañera Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , en esta ocasión hago uso de la tribuna para manifestar mi total apoyo a favor del punto de acuerdo que acaba usted de dar a conocer al pleno de esta soberanía, en los términos presentados, por una poderosa razón: soy veracruzano y mi estado es el primer productor de caña de azúcar, y por lo mismo, el estado con la mayor cantidad de ingenios en el país.

Conozco bien la problemática obrera y la problemática del hombre trabajador del campo, especialmente la de los productores de caña, así como la de los trabajadores de los ingenios. Muchos de ellos no sólo padecen las malas políticas para el campo, sino también las injustas resoluciones que se dictan en los tribunales encargados de impartir justicia en las problemáticas obrero-patronales.

Por ello, compañeras diputadas y compañeros diputados, les exhorto a votar a favor de este punto de acuerdo para que, entre otras razones, conste a los trabajadores de Ingenio El Potrero, la solidaridad de la LX Legislatura, no sólo con su problemática, sino también con la causa y la lucha, que sin duda, es la de muchos trabajadores de los ingenios de nuestro país.

De igual manera, me uno al exhorto y solicitud del punto de acuerdo para hacer un llamado respetuoso a la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en uso de la facultad que le confiere el artículo 182 de la Ley de Amparo, realice lo conducente y se imparta justicia a este ejemplar grupo de trabajadores del ingenio antes mencionado.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Celso Pulido. Se le concede ahora el uso de la palabra al diputado Agustín Mollinedo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Agustín Mollinedo Hernández: Con su permiso, señor Presidente. Vengo en nombre de mi bancada, el Partido Acción Nacional, a unirme al punto de acuerdo de urgente u obvia resolución que pone a consideración la diputada Elsa Conde Rodríguez.

Soy nativo del municipio de Atoyac, donde existe y está establecido el ingenio El Potrero, pero además de ser cañero, soy nieto de un fundador del Sindicato Azucarero, que hoy día preside un líder corrupto, como es Enrique Ramos, que ha perseguido a todos los trabajadores.

En el ingenio El Potrero fue precisamente donde se inició el movimiento de los sindicatos independientes azucareros. ¿Y por qué hasta la fecha no ha sido ese sindicato independiente establecido? Porque desgraciadamente todos y cada uno de los trabajadores han sido perseguidos, y cuando ha habido recuentos, los han hecho abiertamente, con amenazas y coaccionando muchos votos, aplicando la necesidad de todos los trabajadores.

Por eso exhortamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que, por favor, y con el voto de todos nuestros compañeros aquí presentes, en la Cámara de Diputados, se dé una inmediata resolución al punto de acuerdo de nuestra compañera. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Al no haber más oradores inscritos se considera suficientemente discutida la proposición. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobada, comuníquese.

AUTOPISTAS CONCESIONADAS

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Tiene el uso de la palabra el diputado Gustavo Mendívil Amparán, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta al Comité Técnico del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas a que autorice a Capufe expedir a residentes las laminillas que les permitan el paso preferente en la carretera federal 15.

El diputado Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, no voy a leer mi punto de acuerdo. Y le solicito a la Presidencia que por encontrarse publicado en Gaceta, ordene que se inserte en el Diario de los Debates íntegro.

Voy a más bien a tratar de explicar a mis compañeros diputados y compañeras diputadas y, al mismo tiempo, demandar su apoyo para un hecho que estamos viviendo en Sonora y que difícilmente, difícilmente se repite en alguna otra parte del país.

Les voy a platicar la historia de la carretera de Sonora. La carretera de Sonora, la carretera federal número 15, así conocida, México-Nogales, hace algunos años fue ampliada a 4 carriles. Fue ampliada a 4 carriles y una vez concluida la obra, ésta se concesionó y se le pusieron casetas de cobro. ¿Qué significa esto? Significa que la carretera, otrora libre, se convierte en carretera de cuota sin llenar las especificaciones de una autopista.

Vengo de una región del estado, al sur del mismo, en el que los municipios colindantes se comunican exclusivamente por la carretera. No hay otra alternativa, no hay otro camino alterno para comunicar. Voy a mencionar a dos de los municipios más importantes, el municipio de Cajeme, Ciudad Obregón, Sonora, con el municipio de Navojoa, cabecera de mi distrito. Y los habitantes de uno y otro municipio, para comunicarnos, tenemos que pagar cuota.

Se instituyó la posibilidad de tener tarjeta de residente, pero el Fideicomiso de Apoyo al Rescate Carretero, los integrantes del Comité Técnico de este Fideicomiso decidieron ser ellos quienes decidan quién tiene la categoría de residente o no. Desde aquí, desde la Ciudad de México, estos señores deciden si yo soy residente de mi municipio o no, para poder transitar por una carretera otrora libre.

Yo entiendo, como seguramente ustedes entenderán, que una autopista concesionada se construye ex profeso y que es válido que se cobre una cuota, porque esta carretera viene a dar mayor seguridad, comodidad, etcétera.

Estamos hablando, en este caso, de la carretera federal número 15. Y quiero decirles que lo más agraviante del caso es que en un tramo no mayor de 100 kilómetros existen 3 casetas de cobro, 3 puentes de peaje: al sur de Navojoa a 25 kilómetros, al norte de Navojoa a 35 kilómetros, y adelantito de Ciudad Obregón, cada uno con tarifas cercanas a los 60 pesos.

Los habitantes del sur de Sonora, los habitantes básicamente del municipio de Cajeme y Navojoa, y los municipios en derredor, han demandando insistentemente desde hace 10 años, al menos, la desaparición de una caseta: el puente de peaje identificado como número 149, establecido en Fundición, para poder provocar ese tránsito libre entre estos dos municipios. Esto es lo que venimos a demandar.

Venimos a demandar la desaparición de la caseta de Fundición. Los habitantes del sur de Sonora no aguantan más y les han advertido a los integrantes del Comité Técnico del Farac que, si no toma las medidas del caso, habrán de hacerse justicia por su propia mano. Esto es, habrán de impedir el cruce por los municipios.

Porque sucede, señoras y señores, que la carretera cruza por el centro de los municipios, allá en la carretera cobra Farac, pero por los municipios pasan deteriorando los pavimentos de las ciudades y no les queda un solo peso de los ingresos de las casetas. Así pues, si indigna de por sí el cobro de peajes, con mayor razón cuando se trata de una carretera que nació libre y que se hizo prisionera de las casetas que puso y opera Capufe.

Pido el apoyo de ustedes para exhortar a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso de Apoyo al Rescate Carretero (Farac), para que en la próxima sesión ordene la remoción, la supresión, la desaparición de la caseta del puente de peaje número 149, en Fundición.

Por el apoyo de ustedes, para que se haga justicia a los habitantes del sur de Sonora, muchísimas gracias. En votación de urgente u obvia resolución. Muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Comité Técnico del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas a autorizar a Capufe para expedir a residentes las laminillas que les permitan el paso preferente en la carretera federal 15, a cargo del diputado Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Gustavo Mendívil Amparan, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución General de la República, en relación con los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite poner a consideración de esta soberanía popular proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. A finales de la década de los ochenta, en el periodo de gobierno del estado de Sonora comprendido de 1985 a 1991, con el esfuerzo de los sectores productivos, el de los gobiernos municipales (que contribuyeron sacrificando participaciones), del gobierno del estado y del federal, la carretera federal 15, en su tramo Estación Don-Nogales, fue ampliada a cuatro carriles, obra sin duda celebrada por todos los sonorenses por los naturales beneficios que acarrearía al estado.

II. Durante el siguiente periodo de gobierno (1991-1997), el Ejecutivo del estado obtuvo para éste la concesión de la carretera federal 15, en su tramo Estación Don-Nogales, instalando sobre ella cuatro casetas o puentes de peaje, ubicadas, a saber, dos en el municipio de Navojoa, una aproximadamente a 25 kilómetros al sur de esta ciudad, en el punto conocido como La Jaula, y la otra a 35 kilómetros al norte de la misma población en el punto denominado Fundición; una tercera caseta de cobro se estableció a X kilómetros al norte de ciudad Obregón, en el punto conocido como Esperanza, y la cuarta a poco más de veinte kilómetros al norte de Hermosillo. Como puede verse, la distancia entre las casetas ubicadas en territorio del municipio de Navojoa no supera los 60 kilómetros, y la distancia que media entre la caseta al sur de Navojoa y la del norte de Ciudad Obregón apenas alcanza los cien kilómetros.

III. Adicionalmente, en el mismo periodo se construyeron dos libramientos: uno que permite evitar pasar por las ciudades de Empalme y Guaymas, y el otro que rodea la ciudad de Magdalena de Kino, sobre cada uno de ellos se colocó un puente de peaje.

IV. Vale hacer notar, para quienes desconocen la geografía sonorense, que la carretera federal 15, de la que estamos hablando, está trazada sobre un amplio valle, por lo que su ampliación no supuso la solución a ningún problema orográfico que hiciera especialmente peligrosa la carretera. Igualmente, debe quedar asentado que la carretera no tiene especificaciones de autopista dado que no cuenta siquiera con acotamientos, encontrándose evaluada apenas sobre los trescientos puntos, en las escalas que maneja la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Finalmente debemos precisar que no existe ninguna vía alterna que comunique los mismos puntos que enlaza esta carretera.

V. Para la operación de la recién concesionada carretera, el gobierno del estado creó un fideicomiso, a través del cual se administraban los recursos que la misma generaba. Este fideicomiso implementó un mecanismo para reconocer a los residentes de los municipios más afectados por la instalación de las casetas de cobro, e incluso hizo compromisos de inversión con los gobiernos de esos municipios, a efecto de apagar los brotes de inconformidad que se manifestaron ante la medida.

VI. Seguramente la necesidad de hacer más obra de la que los recursos ordinarios y los que la carretera le producía, llevó al gobierno del estado a la contratación de créditos con la banca privada, ofreciendo en garantía de pago el flujo de dinero que generaban las seis plazas de cobro instaladas a lo largo del tramo carretero, en la forma que ya se describió.

VII. Ante la debacle financiera que produjo la crisis de 1994, la deuda del estado de Sonora, tal como ocurriera con otros gobiernos y con los particulares, se vio disparada a niveles espectaculares, por lo que, aprovechando que parte de esa deuda estaba respaldada por los ingresos que se captaban en los seis puntos de cobro, fue incorporada al esquema de rescate que implementó el gobierno federal para las autopistas concesionadas a particulares que, igual se habían visto afectados por la crisis, de tal manera que la carretera federal 15, tramo Estación Don-Nogales, se entregó a los activos del FARAC (Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas) y su operación a Capufe (Caminos y Puentes Federales).

VIII. Los sonorenses, ajenos la gran mayoría a esos movimientos, siguieron reclamando, primero al estado, luego a Capufe, el trato preferente al cruzar por los puentes de peaje así como el cumplimiento de diversos compromisos de inversión a favor de los municipios más afectados, especialmente el de Navojoa, que --como ya se dijo-- quedó entre dos de estas casetas, destacando como algo fundamental en sus demandas la desaparición de una de ellas: la que se encuentra al norte y que Capufe identifica como puente de peaje número 149 Fundición, ya que la interacción con el vecino municipio de Cajeme (Ciudad Obregón) es intensa y de diversa naturaleza: económica, social, educativa, etcétera. Y, como ya se dijo, no existe ninguna vía alterna para comunicar ambos municipios.

IX. Los municipio de Navojoa y los ubicados al oriente y poniente del mismo (Álamos, Etchojoa y Huatabampo, Sonora) con una población, entre todos, de más de doscientos cincuenta mil, sufren las consecuencias económicas que les imponen con una caseta o puente de peaje en cada uno de sus accesos norte y sur, sin vías alternas, ya que el costo de 58 pesos por cada cruce y, en ambas, necesariamente lo resiente el comerciante y prestador de servicios, en detrimento de una población ubicada en la zona más empobrecida del estado.

X. Después de poco más de diez años los habitantes del sur del estado de Sonora, particularmente los del valle del Mayo y del Yaqui sólo han variado en su lucha el nivel de enojo con que reclaman no importa a qué autoridad y que amenaza ya con desbordarse, especialmente por las de escasas a nulas respuestas que el operador actual, Capufe, ha dado a sus demandas, limitado como está, a su vez, por las decisiones de un Comité Técnico del FARAC, que ni siquiera tiene asiento para el director, titular de Capufe, lo que lógicamente le impide darse cuenta a cabalidad de las distintas condiciones que privan en el tramo carretero, menos del nivel de encono social que ha provocado su fría actitud ante los reclamos, por demás justos de los sonorenses, particularmente los del sur del estado, de los valles del Mayo y del Yaqui.

XI. No es necesaria mucha pericia jurídica para concluir con la abierta inconstitucionalidad que supone la existencia de tales casetas de cobro colocadas sobre la que, en cualquier otro estado de la república constituye la vía libre alterna a las autopistas, o sea, la carretera federal, y que, como agravante mayor, el municipio de Navojoa soporta en número de dos. No obstante ello, sin tener precisa la fecha, a principios del año anterior (2006) los integrantes del Comité Técnico de FARAC acordaron que sólo ellos aprobarían la expedición de laminillas a residentes de los municipios afectados por las autopistas, materia del rescate. Por ende, tal disposición la hicieron aplicable para los ciudadanos literalmente cercados por casetas de cobro establecidas sobre la carretera federal 15 que, a estas alturas de la narración, ha quedado claro, no es una autopista ni participa de las mismas características o especificaciones de las que rescató el gobierno federal.

XII. La disposición anterior exacerbó los ánimos de los sonorenses, que habiendo tramitado la laminilla de paso preferencial, tenían esperando por ella hasta doce meses, hasta que, sólo para los residentes de Navojoa, en abril pasado se liberaron cerca de cuatro mil laminillas, empero la determinación de que sólo los miembros del Comité Técnico están facultados para autorizar la expedición, se mantiene, con el consecuente malestar por el tiempo que hay que esperar para que les reconozcan la condición de residentes de su propio municipio.

XIII. El pasado 24 de agosto, el titular de Capufe en el país sostuvo una reunión en la ciudad de Navojoa, en la que participaron los presidentes municipales de las regiones del Yaqui y Mayo, lo mismo que representantes de los sectores sociales y productivos, coincidiendo todos en la siguiente demanda: Exigir a los integrantes del Comité Técnico de FARAC para que en su próxima reunión de septiembre incluyan en la agenda el tema de las laminillas de los residentes de ambas regiones y, al efecto acuerde autorizar a Capufe para que, tal como lo estuvo haciendo durante el 2005, expida sin dilación laminillas que le soliciten los residentes, igualmente programarse para que en un plazo no mayor a los seis meses remover la plaza de cobro número 149, de Fundición.

Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General del los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente solicito a esta soberanía que, previa calificación del presente asunto como de urgente y obvia resolución, aprobar en esta misma sesión el siguiente

Punto de Acuerdo

Se exhorta a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas para que en su próxima sesión se incluya en la agenda y se apruebe la autorización a Caminos y Puentes Federales (Capufe) para que, en su carácter de operador de la carretera federal 15 expida directamente a los residentes las laminillas que les autoriza el paso preferente por las plazas de cobro colocadas sobre la referida carretera federal, en el tramo Estación Don-Nogales, particularmente las identificadas con los números 148, 149 y 150.

Asimismo, se exhorta a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso de Apoyo para el Recate de Autopistas Concesionadas (FARAC), para que, en un plazo no mayor a seis meses, remueva la plaza de cobro número 149, Fundición.»

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Gustavo Mendívil Amparán. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta a la asamblea...

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: A ver, permítame, diputado Secretario. Con qué objeto, diputado Félix Holguín. Sonido a su curul.

El diputado Armando Jesús Félix Holguín (desde la curul): Señor Presidente, únicamente para pedir al diputado Gustavo Mendívil, si me acepta, como apoyándolo en su punto de acuerdo, sumarme con él.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Diputado Mendívil, ¿está usted de acuerdo en que suscriba también el diputado Félix Holguín su proposición?

El diputado Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán: Sí, por supuesto, el diputado Félix Holguín, ex presidente municipal de Cajeme entiende perfectamente este planteamiento. Claro que sí. Agradecemos su apoyo y el de todos los compañeros diputados.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Muchas gracias, diputado. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.

Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se considera, entonces, de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición.

Al no haber oradores inscritos, se considera suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobada. Comuníquese.

ESTADO DE QUINTANA ROO

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Tiene el uso de la palabra el diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, para presentar puntos de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que, a través de la Semarnat y de las dependencias pertinentes, intervenga en la recuperación y prevención de efectos secundarios en las zonas forestales dañadas por el huracán Dean, en el estado de Quintana Roo, suscrito por los diputados Sara Latife Ruiz Chávezy Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui.

El diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui: Honorable legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes consideraciones.

Quintana Roo es un estado que hace unos cuantos días fue nuevamente abatido, por el huracán Dean, y muy en particular en comunidades rurales de la zona sur de Quintana Roo.

Quintana Roo es cierto que es la primera fuerza económica en materia de turismo de nuestro país, pero también tiene la actividad forestal, que es la segunda en importancia en el estado, y además Quintana Roo tiene ejidos reconocidos a nivel nacional, certificados por el buen manejo que le dan a los bosques, transmitiendo esta cultura de buen manejo a las nuevas generaciones.

En Quintana Roo hace unos cuantos días el huracán Dean devastó los bosques de Quintana Roo. Un huracán de categoría 5, que a su paso destrozó toda la flora y la fauna de casi 1 millón 300 mil hectáreas. Todavía tenemos los daños a la vista y tenemos mucho trabajo por hacer en Quintana Roo, sobre todo por el daño ecológico.

Pero además, estamos expuestos nuevamente a los problemas de los incendios forestales. Asimismo, a reactivar de una manera inmediata y compartida con los órdenes de gobierno la actividad forestal, porque la gente de los ejidos forestales se está muriendo de hambre, porque no tiene forma de poder sacar tantos árboles que están acostados en la tierra, por falta de recursos y por falta de actividades inmediatas que permitan la recuperación económica de esta gente, que tanto lo necesita.

Este punto de acuerdo lo solicité hace aproximadamente mes y medio, y hasta ahora tengo la oportunidad de subir a exponerlo. Algo tenemos que hacer para que los puntos de acuerdo que sean de urgente resolución y que sean para beneficio de nuestros ciudadanos tengan una mayor oportunidad de subirse a esta tribuna de una manera más expedita, más inmediata.

Por ello presento este punto de acuerdo para apoyar la actividad forestal, y sobre todo la actividad del medio ambiente en el estado de Quintana Roo.

Primero. Solicitar al Ejecutivo federal, a través de las secretarías correspondientes, que se liberen los recursos faltantes de los fondos nacionales de desastres naturales para atender de inmediato la recuperación de selvas y manglares, y para rescatar y recuperar la vida silvestre del estado de Quintana Roo.

Segundo. Que la Semarnat y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) activen de inmediato los programas y recursos económicos necesarios para apoyar la reforestación, la prevención de incendios forestales y la asistencia técnica a productores.

Tercero. Que se anticipen este año cuando menos 50 por ciento de los recursos orientados a los productores de plantaciones forestales debido a que las reglas de operación actuales no lo permiten, y que se orienten a actividades de recuperación de los recursos forestales.

Cuarto. Que las instancias pertinentes consideren y prevean recursos económicos suficientes para el Presupuesto de Egresos de 2008 para hacer frente a una posible segunda contingencia forestal.

Solicito, con todo respeto, que sea turnado el presente documento a la Comisión de Medio Ambiente, a la Comisión de Presupuesto, a la Comisión de Desarrollo Económico, a la Comisión de Asuntos Forestales, y que se envíe de manera inmediata al Diario de Debates.

Quiero pedirles, compañeras y compañeros, su voto a favor de este punto de acuerdo que es verdaderamente de urgente resolución, en función de que en esta actividad forestal viven alrededor de 15 mil quintanarroenses. Por su atención, muchas gracias.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a intervenir, mediante la Semarnat y demás dependencias competentes, en la recuperación y prevención de efectos secundarios en las zonas forestales dañadas por el huracán Dean en Quintana Roo, suscrita por los diputados Sara Latife Ruiz Chávez y Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui , del Grupo Parlamentario del PRI

En representación de las comunidades rurales más afectadas por los embates del huracán Dean en el estado de Quintana Roo, ocurrido en días pasados, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos nos permitimos presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Desde el 17 de agosto de 2007, varias entidades federativas de nuestro país se vieron afectadas por el paso del huracán Dean, sobre todo, en municipios y comunidades enclavados en zonas rurales.

2. El Sistema Nacional de Protección Civil pronostica más de ocho huracanes en nuestras costas del Caribe mexicano y del Golfo de México durante los meses de septiembre hasta noviembre, y prevé que estados lejanos a las costas, como Hidalgo y Puebla, sufran sus secuelas, como está ocurriendo en Chiapas, con el paso de Félix, que afortunadamente no dañó más a nuestro país.

3. Considerando solamente los estados de Veracruz y Quintana Roo, las autoridades federales estiman que los destrozos causados por el huracán Dean en infraestructura carretera, viviendas, agricultura y turismo, alcanzarán mil millones de pesos en cada estado. La misma situación ocurre en municipios de las demás entidades federativas.

4. En Quintana Roo, no sólo las ciudades de Chetumal, Bacalar y Mahahual sufrieron daños. Más de 250 comunidades de los municipios de Othón P. Blanco, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto se vieron severamente afectadas. Los daños se traducen en más de 72 mil personas damnificadas; destrucción de 917 mil 935 hectáreas de selva mediana; 270 mil 109 hectáreas de selva baja y fragmentada, así como 76 mil 564 hectáreas de manglar --organismo altamente indispensable para la conservación de nuestros mares--, y 122 mil 973 hectáreas de sabana; el 70 por ciento de la extensión forestal dedicada a la captación de goma natural de mascar de exportación quedo destruida, afectando a más de 2 mil familias mayas.

5. Es evidente la vulnerabilidad del campo frente a fenómenos meteorológicos, y en el caso del huracán Dean se ha trastocado el equilibrio de nuestra naturaleza y las fuentes de empleos de miles de familias dedicados a la explotación sustentable de maderas preciosas, la apicultura, el cultivo de granos, la pesca y el turismo ecológico. Se requiere la intervención gubernamental en la inversión de una infraestructura agrícola más eficiente y segura, ante fenómenos climáticos.

6. Lo verdaderamente preocupante, compañeras y compañeros diputados, radica en la existencia de una acumulación significativa de material combustible, que en caso de incendios forestales evitaría el rápido desplazamiento de personas para combatirlo y su propagación sería de grandes proporciones y desastrosas consecuencias.

Por ello se debe impedir esa acumulación de material combustible y permitir que las comunidades rurales puedan hacer uso de la selva caída, y aprovechar los recursos madereros con la mayor brevedad.

La recuperación y reforestación natural de zonas destruidas llevará años y la población afectada no puede esperar. Por ello, se requiere de la pronta intervención de las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para apoyar la reforestación, sobre todo de los manglares caídos, que representan la fuente del equilibrio natural de humedades y toda zona costera.

Por lo anterior, me permito someter ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita al titular del Ejecutivo federal que, a través de la Secretaría de Gobernación, se liberen los recursos necesarios del Fondo Nacional de Desastres Naturales para atender de inmediato la pronta reforestación.

Segundo. Que la Semarnat, junto con la Comisión Nacional Forestal activen de inmediato programas conducentes a la prevención de incendios forestales y de asistencia técnica a productores agropecuarios, así como de reforestación de selvas y manglares, considerando que el estado de Quintana Roo posee extensas áreas protegidas.

Tercero. Que las instancias pertinentes, consideren y prevean los recursos económicos suficientes en el Presupuesto de Egresos de 2008 para hacer frente a una segunda contingencia forestal, los incendios. El problema se plantea con tiempo suficiente, compañeros diputados, no podemos esperar que nos alcancen los desastres.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Confirma el diputado Eduardo Elías Espinosa que está solicitado de urgente resolución. Por tanto, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

No hay dos terceras partes, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

CALIDAD DEL AGUA

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ector Ramírez Barba, para presentar punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades correspondientes a que tomen las medidas necesarias para garantizar la potabilidad y calidad adecuada del agua que se distribuye para consumo humano, suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Ector Jaime Ramírez Barba: Muchas gracias, señor Presidente. La enteritis y otras enfermedades diarreicas ocupan el segundo lugar entre las 20 principales causas de enfermedad nacional desde 1985 y las enfermedades infecciosas intestinales desde el año 2000.

En 2006 fallecieron solamente 3 mil 655 mexicanos, 37 por ciento de ellos menores de 5 años, por esta enfermedad. Durante este año se han presentado 3.4 millones de enfermedades infecciosas intestinales. El agua limpia sin contaminantes contribuyó primordialmente al control del brote de cólera que recordamos todos y que inició en 1991, logrando así que el último caso de cólera se presentara en el año 2001.

Sin embargo, compañeros diputados, se ha registrado un incremento de 22.6 por ciento en el número de brotes de enfermedad diarreica y 31.5 por ciento en el brote de hepatitis. A nivel nacional, a partir de 2005 y 2006, en este mismo periodo se ha registrado un incremento considerable del aislamiento del vibrio cólera y del ``vibrio parahemofílico'' en muestras de agua y alimentos.

Los brotes y las defunciones registrados ocurren con mayor frecuencia en poblaciones marginadas en área rural o urbana que carecen de agua de calidad para consumo humano.

En todos los estudios de brote de enfermedad diarreica aguda, la principal fuente de transmisión fue el consumo de agua contaminada, donde el cloro residual se encontraba fuera de norma.

México tiene una población de 103 millones de habitantes. Sólo 89 millones cuentan con agua entubada y 89 por ciento de éstos deben recibir agua con cloración efectiva. De los 11 millones que carecen del servicio de agua entubada, 69 por ciento se encuentra en zonas rurales y los restantes en zonas marginadas de las ciudades. Asimismo, 8 millones de habitantes utilizan agua directamente de norias o pozos someros, río, lago, arroyo. Casi 2 millones de habitantes reciben agua de pipa.

Dado que las enfermedades infecciosas intestinales ocupan un lugar importante en la enfermedad en el país, principalmente en la población más susceptible, como los menores de cinco años, la Secretaría de Salud en coordinación con la Comisión Nacional del Agua se ocupa de la vigilancia de la calidad para el uso y consumo humano, a fin de contribuir a la prevención de enfermedades infecciosas y parasitarias.

La desinfección del agua tiene el propósito de asegurar que el consumidor reciba agua salubre, mediante la destrucción e inactivación de la gran mayoría de los agentes que producen la enfermedad, manteniendo una barrera protectora sobre ellos cuando se introducen en el sistema de distribución, suprime el posible crecimiento de las bacterias y de esta forma protege a los mexicanos de las enfermedades diarreicas.

Hay una norma oficial mexicana. Corresponde a la Secretaría de Salud, en coordinación con los gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal, las comisiones nacionales de agua y saneamiento y con la Comisión Nacional del Agua, vigilar el cumplimiento de la norma.

Aunado a lo anterior, México por sus características geográficas es un país susceptible al embate de fenómenos naturales, principalmente las lluvias y huracanes. A través del tiempo, y debido al calentamiento global, la frecuencia de este tipo de meteoros se ha ido incrementando entre el 2005 y el 2006.

Los huracanes y las lluvias traen, entre otras consecuencias, inundaciones y afectaciones a las redes de agua potable cuyo mantenimiento e instalación en general no es adecuado, debiendo tomar medidas preventivas y correctivas como la cloración de los depósitos de agua, compra e instalación de bombas potabilizadoras de agua, y distribución de desinfectantes como cloro y plata coloidal casa por casa, para evitar que las consecuencias de los fenómenos naturales deriven en emergencias sanitarias generando brotes que pongan en riesgo la salud de la población y la muerte, como ya ocurrió, de más de 3 mil 600 mexicanos.

Por lo antes expuesto y derivado de los recientes brotes de enfermedades diarreicas, de origen bacteriano y viral, asociadas a la calidad de agua de consumo humano, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Único. De urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y municipales, a la Comisión Nacional del Agua, a las Comisiones Estatales y Municipales del Agua, a la Secretaría de Salud federal y a las Secretarías de Salud de las entidades federativas a tomar medidas necesarias en sus respectivos ámbitos de competencia y fortalecer la coordinación intersectorial de los diferentes órganos de gobierno para garantizar la potabilidad del agua que se distribuye para consumo humano, con el propósito de garantizar que la misma tenga calidad adecuada, es decir que cumpla con los límites permisibles en cuanto a sus características microbiológicas, todo ello para evitar y prevenir la transmisión de enfermedades gastrointestinales como el cólera, la hepatitis A y el rotavirus, entre otras.

Es cuanto, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades federales, a las estatales y a las municipales correspondientes a tomar las medidas necesarias a fin de garantizar la potabilidad del agua que se distribuye para consumo humano y evitar la transmisión de enfermedades gastrointestinales, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los diputados Ector Jaime Ramírez Barba , José Antonio Muñoz Serrano , Margarita Arenas Guzmán , Jorge Quintero Bello y Ángel Humberto García Reyes , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f), 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Las enteritis y otras enfermedades diarreicas ocupan el segundo lugar entre las 20 principales causas de enfermedad nacional desde 1985, y las enfermedades infecciosas intestinales desde 2000.

En 2006 ocuparon el decimoséptimo lugar entre las primeras 20 causas de mortalidad general, traduciéndose en 3 mil 655 defunciones, de las que 37 por ciento se presentó en menores de cinco años. Durante 2007 se han presentado 3.4 millones de enfermedades infecciosas intestinales.

El agua limpia sin contaminantes contribuyó primordialmente al control del brote de cólera que inició en 1991, logrando así que el último caso de cólera se presentara en 2001. Sin embargo, se ha registrado un incremento de 22.6 por ciento en el número de brotes de enfermedad diarreica, y de 31.5 por ciento en el número de brotes de hepatitis A, a escala nacional entre 2005 y 2006, y en el mismo periodo se ha registrado un incremento considerable en el aislamiento de Vibrio cholerae y de Vibrio parahaemolyticus en muestras de agua y alimentos.

Los brotes y las defunciones registrados ocurren con mayor frecuencia en poblaciones marginadas, en áreas rurales o urbanas que carecen de agua de calidad para consumo humano.

En todos los estudios de brote de enfermedad diarreica aguda, la principal fuente de transmisión fue el consumo de agua contaminada, donde el cloro residual se encontraba fuera de norma.

México tiene una población de 103.26 millones de habitantes, y sólo 89.22 millones cuentan con agua entubada, y 89 por ciento de éstos debe recibir agua con cloración efectiva. De los 11 millones que carecen de servicio de agua entubada, 69 por ciento se encuentra en zonas rurales; y los restantes, en zonas marginadas de las ciudades. Asimismo, 8.31 millones de habitantes utilizan agua directamente de norias o pozos someros, ríos, lagos o arroyos, 1.75 millones de habitantes reciben agua de pipa y de 0.74 millones no está especificado.

Dado que las enfermedades infecciosas gastrointestinales ocupan un lugar importante de morbilidad en el país, principalmente en la población más susceptible, como los menores de cinco años, la Secretaría de Salud, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, se ocupa de la vigilancia de la calidad del agua para uso y consumo humanos, a fin de contribuir en la prevención de enfermedades infecciosas y parasitarias.

La desinfección del agua tiene el propósito de asegurar que el consumidor reciba agua salubre, mediante la destrucción o inactivación de la gran mayoría de agentes patógenos, manteniendo una barrera protectora que actúa sobre ellos cuando se introducen en el sistema de distribución, suprime el posible crecimiento microbiológico y, de esta forma, protege de posibles enfermedades a la población.

La vigilancia de la calidad bacteriológica del agua se realiza mediante la determinación de cloro residual libre. El cloro es un indicador fundamental, cuya presencia en la línea de distribución señala de manera inequívoca la eficiencia de la desinfección.

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SSA1-1998, ``Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento público'', la vigilancia de la calidad del agua debe incluir mediciones de cloro residual libre en red de distribución, señalando el número de muestras mínimas que deben realizarse de acuerdo con la población abastecida. Con esa vigilancia se asegura cubrir cada localidad, desde las poblaciones con menos de 2 mil 500 habitantes como las de más de 500 mil, de manera que se incrementen las determinaciones y su frecuencia cuanto mayor es la población abastecida.

La normatividad relativa al agua destinada a uso y consumo humanos que se suministra a la población es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, y aplicable a todos los organismos operadores de los sistemas de abastecimiento público.

Corresponde a la Secretaría de Salud, en coordinación con los gobiernos estatales, los municipales y del Distrito Federal, las Comisiones Estatales de Agua y Saneamiento y la Comisión Nacional del Agua, vigilar el cumplimiento de la norma en sus respectivos ámbitos de competencia.

Aunado a lo anterior, México, por sus características geográficas, es un país susceptible al embate de los fenómenos naturales, principalmente lluvias intensas y huracanes. A través del tiempo y debido al calentamiento global, la frecuencia de este tipo de meteoros se ha ido incrementando: durante 2005, 2006 y lo que va de 2007 se han atendido 148, 151 y 109 emergencias, respectivamente.

Los huracanes y las lluvias intensas traen consigo, entre otras consecuencias, inundaciones y afectaciones en las redes de agua potable cuyo mantenimiento e instalación en general no son adecuados, debiendo tomar medidas preventivas y correctivas, como cloración de depósitos de agua, compra e instalación de plantas potabilizadoras de agua y distribución de desinfectantes como cloro y plata coloidal casa por casa para evitar que las consecuencias de los fenómenos naturales deriven en emergencias sanitarias generando brotes que pongan en riesgo la salud de la población.

Por lo expuesto, y derivado de los recientes brotes de enfermedades diarreicas de origen bacteriano y viral asociadas a la calidad de agua de consumo humano, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. De urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y a los municipales, a la Comisión Nacional del Agua, a las Comisiones Estatales y a las Municipales del Agua, a la Secretaría de Salud federal y a las Secretarías de Salud de las entidades federativas a tomar las medidas necesarias en sus respectivos ámbitos de competencia, y fortalecer la coordinación intersectorial de los diferentes órganos de gobierno, para garantizar la potabilidad del agua que se distribuye para consumo humano, con el propósito de garantizar que ésta tenga calidad adecuada, es decir, que cumpla los límites permisibles en cuanto a sus características microbiológicas, todo ello para prevenir y evitar la transmisión de enfermedades gastrointestinales, como el cólera, la hepatitis ``A'' y el rotavirus entre otras.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Ector Ramírez Barba. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo .

Diputado Presidente, hay dos terceras partes por la afirmativa, es mayoría calificada.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión la proposición y se ha inscrito de manera previa para hablar en pro de ella, el diputado Humberto Dávila Esquivel, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

El diputado Humberto Dávila Esquivel: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la Organización de las Naciones Unidas ha ubicado a nuestro país en los últimos lugares de calidad del agua, ocupando México el lugar 106 de 120 países evaluados.

En varios estados de la República Mexicana casi toda el agua se va a los arroyos. Situación que deriva en la contaminación a la naturaleza y enfermedades entre la población.

El agua sucia que sale del uso doméstico, de industrias, escuelas y hospitales, se vierte en el río Tula; de ahí pasa al río Panuco y finalmente desemboca en el Golfo de México.

La contaminación que se genera en las grandes urbes y en especial en el Distrito Federal y su área metropolitana, afecta directamente a varios estados de la república, entre ellos San Luis Potosí, Hidalgo, Tamaulipas y a las aguas del Golfo de México.

De esta manera estamos contaminando las fuentes de abastecimiento de otras poblaciones, ya que contaminado el líquido con que riegan los cultivos, en consecuencia, tanto ellos como nosotros ingerimos a menudo frutas y verduras contaminadas por nuestros propios desechos.

Como bien se refiere en el punto de acuerdo, existe una norma oficial expedida por la Secretaría de Salud, pero ésta resulta insuficiente ante el escenario que se nos presenta.

Por poner un ejemplo, estudios del Instituto de Ecología de la UNAM han evidenciado que en el agua que se bebe en las zonas urbanas y conurbadas es común encontrar una bacteria asociada con las úlceras de estómago y duodenales, así como cáncer gástrico.

La prevalencia de esta enfermedad alcanza a 90 por ciento de los adultos mexicanos, lo que nos da una pauta de la necesidad urgente de coordinar acciones concretas entre las dependencias respectivas en los diferentes órganos de gobierno para reducir los riesgos de infección.

Un tratamiento eficiente del agua implica que este recurso llegue a los puntos de consumo sin bacterias coliformes, no importando cuán contaminada haya estado el agua desde su extracción.

Por eso es preciso este exhorto y más considerando que actualmente el gobierno federal está tres veces y medio por debajo de las necesidades de inversión para el saneamiento del agua.

Actualmente se requieren alrededor de 30 mil millones de pesos anuales para trabajar en el problema de escasez del agua, problema que afecta a 12 millones de mexicanos y 33 mil comunidades.

Asimismo, consideramos imperante y urgente que se vigilen constantemente los niveles de cloro del agua a todo lo largo de las redes de distribución, con énfasis especial en las zonas donde se detectan roturas de las mismas.

En este sentido, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza estamos conscientes de esta realidad y por ello nos sumamos a esta solicitud de articular acciones conjuntas que garanticen a la población un suministro de agua en las condiciones que se necesitan y se merecen. Por su atención, compañeros, muchas gracias.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Al no haber más oradores inscritos se considera suficientemente discutida la proposición. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la misma.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobada. Comuníquese.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se informa a la asamblea que la diputada Presidenta ha dejado pendiente el siguiente trámite y se retoma el mismo, de la proposición presentada por el diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que realice una auditoría sobre los recursos destinados a los programas sociales de la Sedesol correspondientes al ejercicio fiscal de 2006.

Esta proposición ya fue presentada en tribuna, ya se consultó a la asamblea si se consideraba de urgente resolución y no habiéndose registrado oradores para su discusión, sólo resta que se consulte a la asamblea si se aprueba. En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse dicha proposición.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo .

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobada. Comuníquese.

REVISION CARRETERA

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo para que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacionalatienda el exhorto formulado por la Cámara de Diputados, a fin de modernizar los puntos de revisión carretera.

El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros: Con su permiso, señor Presidente.

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de que el titular de la Sedena atienda el exhorto formulado por la Cámara de Diputados para modernizar los puntos de revisión carreteros

Gerardo Octavio Vargas Landeros , diputado federal por el segundo distrito de Ahome, Los Mochis, Sinaloa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de las Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El problema de la inseguridad que vive nuestro país ha llevado a las autoridades a implantar diversos programas tendentes a combatir la delincuencia en todos sus ámbitos y modalidades. Uno de ellos son los puntos de revisión carreteros (Precos) en el que la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante retenes ubicados a lo largo de las carreteras federales, realiza operativos para detectar personas que pretendan ingresar o salir ilegalmente del territorio nacional así como interceptar el tráfico de sustancias y bienes tales como narcóticos, armas u otros objetos cuya posesión, transportación y comercialización están prohibidos.

Desde hace más de una década, los Precos han buscado elevar los niveles de seguridad de las personas para que su tránsito se aleje de cualquier hecho o acto ilícito. Sin embargo, la preocupación que hoy presento por segunda ocasión a esta Alta Tribuna deriva de una exigencia que comparte la sociedad en su conjunto y sus diversas actividades, como son comerciantes, productores hortofrutícolas, transportistas de carga y usuarios del transporte público de pasaje.

Este reclamo social ya ha sido cuestionado en diversas ocasiones tanto por autoridades estatales, empresarios y transportistas así como por esta Cámara de Diputados, sin que a la fecha se haya atendido o, por lo menos, enviado alguna respuesta a las peticiones y quejas que derivan del mal funcionamiento los Precos.

El que suscribe la presente proposición con punto de acuerdo en sesión celebrada el 13 de marzo de 2007 subió a tribuna a exponer el caso de la carretera Internacional número 15 México-Nogales, en la que los Precos operados por personal del Ejército Mexicano no cuenta con las instalaciones ni el equipo adecuado para realizar las inspecciones y el manejo cuidadoso de los productos que se exportan bajos las normas de calidad que exige nuestro principal socio comercial en el extranjero.

En dicha sesión fue aprobado por unanimidad y con carácter de urgente y obvia resolución el exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal para que implantara acciones con el fin de modernizar los Precos, sumándose a mi petición más de 20 diputados federales de todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara de Diputados.

Por lo anterior, consideramos trascendental hacer un nuevo exhorto al secretario de la Defensa Nacional para que informe por escrito a esta soberanía las razones por las cuales la dependencia a su cargo no ha podido atender las múltiples quejas y recomendaciones tanto de esta honorable Cámara de Diputados como de las autoridades estatales y los particulares afectados.

Es importante mencionar que en días pasados el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional acudió a esta soberanía para solicitar un incremento en el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2008, por más de 2 mil 500 millones de pesos, es decir una variación real en comparación con el presupuesto asignado este año de 4.2 por ciento, sin que su propuesta describa que acciones se realizarán para la modernización inmediata de los puntos de revisión carreteros.

Finalmente, quiero dejar claro que no estamos en contra de que nuestras Fuerzas Armadas cuenten con mayores recursos para el próximo ejercicio fiscal, ya que, efectivamente, son indispensables para mejorar su infraestructura material y humana; sin embargo, exigimos que se atienda este problema que afecta a miles de mexicanos que transitan por la red de carreteras de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al secretario de la Defensa Nacional para que, de manera inmediata, atienda la solicitud hecha por el Pleno de la honorable Cámara de Diputados desde el pasado 13 de marzo de 2007, informando por escrito a esta soberanía sobre las acciones realizadas para la modernización de los puntos de revisión carreteros.

Segundo. Se solicita respetuosamente al secretario de la Defensa Nacional que incorpore en su Programa Operativo 2008 mecanismos para la modernización de los puntos de revisión carreteros que incluyan tecnología de punta que permita hacer eficientes y optimizar las acciones que viene realizando el Ejército Mexicano sin afectar los derechos humanos de la población.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

El diputado Armando Jesús Félix Holguín (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: ¿Con qué objeto, diputado Félix Holguín?

El diputado Armando Jesús Félix Holguín (desde la curul): Señor Presidente, para pedirle al señor diputado Vargas Landeros si me permite sumarme a ese punto de acuerdo, porque se me hace muy importante, ya que vienen las vacaciones decembrinas y viene la gente que vive fuera de nuestro país. Es importante darle todas esas facilidades en los Precos, y la gente batalla muchísimo, y como sonorense quisiera sumarme también a ese punto de acuerdo, si él está de acuerdo.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Diputado Vargas ¿acepta usted la solicitud?

El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros (desde la curul): Sí.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Concedida, diputado Félix Holguín. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Hay dos terceras partes, diputado Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se considera de urgente resolución y, en consecuencia, está a discusión la proposición. Al no haber...

El diputado Roberto Badillo Martínez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Perdón, diputado Badillo, ¿quiere usted hacer uso de la palabra a favor de la proposición?

El diputado Roberto Badillo Martínez (desde la curul): Para lo siguiente, señor Presidente: únicamente para aclararle al diputado que el señorsecretario de la Defensa Nacionalno vino a pedir aquí aumento del presupuesto. Yo soy de la Comisión de Defensa y estoy seguro de lo que estoy diciendo.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Muchas gracias por la aclaración, diputado Badillo. ¿Algún legislador que quiera hablar a favor o en contra de la proposición?

Al no haber oradores inscritos, se considera suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Aprobada. Comuníquese.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Esta Presidencia informa que se acaban de recibir cinco oficios de la Cámara de Senadores, relativos al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2008.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se dio cuenta con propuesta con punto de acuerdo presentado por la senadora Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2008 se contemplen recursos presupuesta les suficientes para que la Secretaría de Relaciones Exteriores pueda dar efectiva protección a los derechos de los migrantes a través de los programas de protección consular.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

«Quien suscribe, senadora Claudia Corichi García integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en los siguientes

Considerandos

La enorme y continua migración de mexicanos hacia otros países, especialmente hacia los Estados Unidos de América, es un hecho de la realidad nacional que nadie puede dudar.

Quienes deciden salir del país en busca de mejores oportunidades de vida y empleo, se encuentran con situaciones que ponen en riesgo su seguridad, su integridad física y sus vidas. Finalmente, quienes logran cruzar la frontera y establecerse en Estados Unidos encuentran fuertes obstáculos para desenvolverse y ocupar puestos de trabajo seguros y estables.

Otra problemática que enfrentarán los migrantes, es que el próximo año será un año electoral en los Estados Unidos y aunado a la previsible recesión económica que se vaticina por la crisis hipotecaría, ambos temas siempre repercuten en el trato y la violación de derechos humanos de nuestros paisanos radicados en aquel país.

Esta realidad debe provocar una constante adecuación de las estructuras institucionales y programas a efecto de que los derechos de los migrantes sean respetados, debiendo ser ese respeto a sus derechos una parte fundamental en la manera en que debe conducirse la política exterior del Estado mexicano.

La protección consular se encuentra determinada en diversos ordenamientos normativos, tanto de derecho internacional como de derecho interno.

Dicha protección consular puede consistir entre otras: Brindar asistencia consular, asegurar el respeto a los derechos de los migrantes, evitar injusticias o arbitrariedades por parte de autoridades extranjeras, evitar la persecución o discriminación por motivos de su origen nacional o cualquier otra causa.

Asimismo, en términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, corresponde a los jefes de oficinas consulares:

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se establece como estrategia para proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el exterior, el fortalecimiento de la capacidad de protección, asistencia jurídica y gestión de la red consular mexicana.

En general, las actividades de protección y asistencia consular por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores se inscriben en cuatro programas:

De este modo, y con base en lo expuesto, resulta evidente el importante papel que los programas de protección consular juegan en la protección de los derechos de los migrantes. Sin embargo la capacidad operativa de dichos programas resulta muchas veces insuficiente para la debida protección de nuestros connacionales migrantes, así como para su debida asistencia jurídica y para la correcta gestión de los asuntos que atañen a sus intereses, por lo cuál resulta necesario que la Secretaría de Relaciones Exteriores cuente con los recursos necesarios para la efectiva operación de dichos programas.

Por lo anteriormente mencionado, someto a su consideración, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta a la honorable Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 se contemplen recursos presupuestales suficientes para que la Secretaría de Relaciones Exteriores pueda dar efectiva protección a los derechos de los migrantes a través de los programas de protección consular, particularmente a través de los consulados en Estados Unidos de América.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha el senador Heladio Ramírez López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados que trate de manera preferente la asignación de recursos a los Fondos Nacional de Desastres Naturales, y para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, en concordancia con la magnitud de sus funciones y responsabilidades.

La Presidencia dispuso que dicho punto de acuerdo se remitiera a la Cámara de Diputados, mismo que se anexa.

«Por acuerdo de esta soberanía, ha quedado constituida y hoy ha sido instalada, la Subcomisión de Desastres Naturales en el seno de la Comisión de Desarrollo Rural que me honro en presidir.

Es un hecho que expresa con claridad el alto nivel de conciencia y de previsión que anima a quienes integramos este Senado, acerca del calentamiento global.

Hoy ya no cabe duda alguna sobre este fenómeno y sus inminentes y serios efectos sobre el comportamiento climático que indudablemente afectan severamente la seguridad y el bienestar del hombre.

La evidencia científica es abrumadora e irrefutable y los hechos mismos que estamos presenciando en los tiempos que corren, nos anuncian un recrudecimiento de las anomalías climáticas, tales como la intensificación de las sequías y los incendios forestales en unas partes, y de las tormentas, precipitaciones pluviales y destructivas inundaciones en otras.

Para un país como el nuestro, ubicado en uno de los cuatro lugares del planeta más expuestos a la dureza de los fenómenos climáticos y telúricos, el calentamiento del planeta representa la inminencia de fenómenos catastróficos mayores que los que ya nos son habituales.

Ello nos obliga a prepararnos con más intensidad para enfrentar esas catástrofes anunciadas; a fortalecer las instituciones encargadas de prevenir y atender los efectos destructivos de esos eventos, y a movilizar la conciencia y la organización de nuestro pueblo en una cultura de la prevención y la solidaridad.

Al mismo tiempo, nos exige corregir errores y cubrir vacíos y omisiones todavía presentes en las respuestas que, frente a los desastres recientes, han mostrado las instituciones y programas vigentes.

Una de estas omisiones más notorias ha sido, sin duda, la atención justa y oportuna de los daños causados por los recientes huracanes que han pasado por nuestro país y por las poblaciones campesinas, golpeando la vida y la débil economía de las más pobres, dispersas y ubicadas en lugares remotos o de difícil acceso. Esta ha sido justamente la razón por la que nuestra Comisión de Desarrollo Rural propuso a esta soberanía la creación de la Subcomisión de Desastres Naturales.

Nuestra aspiración es perfeccionar y fortalecer los mecanismos de respuesta de la nación ante las grandes catástrofes sean causadas por la naturaleza o por la irresponsabilidad o inconciencia del hombre, de manera que la acción preventiva o reparadora del Estado sea siempre oportuna, apropiada, pero, sobre todo, regida por un criterio de justicia que privilegie la atención de los sectores más pobres y desvalidos, como lo manda la fracción quinta del artículo 14 de la Ley de Protección Civil.

La ciencia y la tecnología modernas son capaces, desde hace ya un buen tiempo, de predecir con antelación de horas y de días, y con gran precisión, el comportamiento del clima. Sabemos cuándo y por dónde vendrán los huracanes, y también la velocidad y la fuerza con que avanzan.

Es inexcusable que existiendo ese conocimiento, los responsables de la seguridad y el bienestar de la nación: el Estado en su conjunto, incluidos nosotros los legisladores, no seamos capaces de tomar las debidas precauciones y salvaguardas que eviten los daños de esas catástrofes anunciadas. No podemos ni debemos poner en segundo término a las instituciones e instancias a las que en los papeles de las leyes hemos asignado la responsabilidad de prevenir y reparar esos daños. Debemos hacer nuestras las urgencias que representan la vida, la salud y los bienes de los mexicanos amenazados por las catástrofes naturales, especialmente los más débiles y desprotegidos como son la gran mayoría de los campesinos e indígenas.

Por eso creo que es imperativo, desde el Poder Legislativo, crear las condiciones indispensables para que el Estado cuente con los recursos financieros y tecnológicos que hagan posible la minimización de los daños, la prevención y la respuesta pronta y oportuna en los casos de desastres de gran magnitud.

Con estos propósitos y por las razones señaladas, me permito señor Presidente proponer a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Solicitar, por conducto de la Junta de Coordinación Política de este honorable Senado de la República, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación preste especial consideración a las asignaciones destinadas al Fondo para la Prevención de Desastres naturales y al Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas de manera que les sea posible fortalecer su capacidad operativa en concordancia con la magnitud de las tareas que les corresponden.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Heladio Ramírez López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó propuesta con punto de acuerdo por el que, en el marco del Día Mundial de la Alimentación, se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados tratamiento presupuestal a Liconsa y Diconsa adecuado a sus responsabilidades sociales, y se requiera a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor que informen sobre las medidas gubernamentales que están tomando para contener el alza de precios de los productos básicos.

La Presidencia dispuso que el primer resolutivo de dicho punto de acuerdo se turnara a la Cámara de Diputados y el segundo de ellos a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, mismo que se anexa.

«En 1996, en el seno de la FAO, se celebró la primera Cumbre Mundial de la Alimentación, durante la cual prácticamente todos los países del mundo asumieron el compromiso de bajar en 15 años, por lo menos a la mitad, los 800 millones de hambrientos que habían entonces en el mundo. A 11 años de ese compromiso, el número de hambrientos no sólo no ha descendido, sino ha aumentado a 854 millones. Más de 6 millones de niños siguen muriendo anualmente por desnutrición, antes de cumplir los 5 años. En América latina 53 millones padecen hambre y, en varios países de África, la ausencia de alimentos se dibuja en el rostro de los niños, mujeres y hombres, que estiran la mano en espera de la solidaridad internacional.

Mientras tanto, la preocupación de habitantes, particularmente de países desarrollados, se centra en buscar productos para adelgazar, es decir, combatir la sobrealimentación, al mismo tiempo que en los Estados Unidos se gasta 41 mil millones de dólares para la atención y el cuidado de sus mascotas.

Ello refleja el signo de la desigualdad y la iniquidad que prevalecen en el mundo. La injusta distribución del ingreso genera cada día fuertes tensiones sociales, pues mientras los ricos derrochan, los excluidos, los miserables de la calle, se disputan las sobras arrojadas a los botes de la basura.

El problema alimentario es el reflejo de las omisiones o errores del Estado, porque, debiendo ser una prioridad, al campo se le ha minimizado, reduciendo sus presupuestos. Si el campo entra en crisis, ésta tiene sus nefastas consecuencias en la alimentación de la población, particularmente en la más pobre.

¿Actualmente el problema es de producción de alimentos? ¡No! Esencialmente es un problema de distribución y de cambios inesperados en las estrategias gubernamentales. Es decir, es un problema político que soslaya los valores éticos.

No puede olvidarse que las causas profundas de este problema están en la pobreza, en la desigual distribución de la riqueza y los conocimientos, en el atropello de un modelo de desarrollo que saquea la naturaleza, arremete contra el medio ambiente, contamina las aguas, agota en los mares los alimentos para el hombre, al mismo tiempo que ha ido derrochando los recursos no renovables, atentando así contra el futuro de todos.

Las perspectivas en nuestro país no escapan a esta realidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del 2006, elaborada por el INEGI, 44.7 millones de mexicanos viven en condiciones de ``pobreza de patrimonio'' y 14.4 millones se encuentran en situación de ``pobreza alimentaria'', es decir, que sus ingresos no alcanzan siquiera para adquirir los alimentos indispensables. De estos últimos, dos de cada tres personas se ubican en las zonas rurales.

No sabemos a ciencia cierta si esta nueva moda de clasificar a los pobres, no esconde hambrientos entre los que ahora se llaman simplemente ``pobres de capacidades'' o ``pobres de patrimonio''. Tampoco contamos con estadísticas confiables sobre la población afectada por regímenes nutricionales inadecuados, o que sufre carencias alimentarias por la mala calidad o el escaso contenido nutricional de los alimentos que consumen.

Ocurre esta hambruna, silenciosa, pero con enorme potencial de injusticia y explosividad social, en un país como México, el cual, --según lo señala la FAO--, como todos los demás países latinoamericanos, excepto Haití, tiene una oferta alimenticia que excede sus necesidades, pero que, por las distorsiones que ocasiona un mercado que, más que a las necesidades alimentarias reales y concretas de sus pueblos, responde, y no nos sorprendemos por ello, a principios de acumulación y lucro. En promedio, señala la FAO, la región produce un tercio más de los alimentos que consume.

Lo que corrobora hoy esta información de ese organismo internacional, es la desmesurada escalada de precios que viene experimentando en estos días nuestro país, en los productos de consumo popular, especialmente en los alimentos esenciales.

Mientras a nivel mundial, los precios de los alimentos subieron en 22% entre diciembre de 2006 y septiembre de este año, en México, en el mismo periodo, el precio de la canasta básica subió de 844 pesos a más de 1722, es decir, más del 100%. Aun más, a partir del anuncio del alza en el precio de los combustibles, la especulación con los alimentos se ha multiplicado. La escalada de precios de los productos básicos hoy prácticamente no tiene control, pese a los discursos gubernamentales. Simplemente el bolillo subió 50%, el litro de leche 30%, la carne 25%, el huevo 20%, seguramente por el alza internacional de los precios del sorgo, el trigo y el maíz. Hay también alzas en educación, según lo señala el Banco de México.

Los mexicanos pobres, según los datos de la ONU, viven con apenas dos dólares al día y el valor real de los salarios no sólo no crece sino retrocede. En la práctica, para los pobres no hay derecho a la alimentación.

Por estas razones y consideraciones, señor Presidente, y como una contribución a la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, a la Campaña Mundial contra el Hambre y a la mejor alimentación de nuestro pueblo, me permito presentar a esta honorable Asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Solicitar, a través de la Junta de Coordinación Política de esta H. Cámara de Senadores, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, que en el Presupuesto de Egresos del próximo año prevea un tratamiento presupuestario adecuado a sus responsabilidades sociales, tanto para Liconsa para que el precio de la leche se mantenga a bajos costos en beneficio de las clases populares, como para Diconsa, para que esta paraestatal pueda abastecer y surtir adecuadamente a las tiendas rurales que tienen que ver con el abasto de las familias campesinas, evitando así no sólo el encarecimiento de los productos básicos que ofrece esa empresa del gobierno, sino la escasez que agrava el hambre.

Segundo. Requerir a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que informen a esta soberanía sobre las medidas que está tomando el gobierno de la República, para contener el alza de los precios de los productos básicos de la canasta familiar y, en su caso, cuáles son las medidas que prevé el gobierno para compensar los efectos de las alzas que ya se están produciendo, en la economía de las familias más pobres y vulnerables.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente punto de acuerdo:

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente punto de acuerdo:

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnense a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY DE AGUAS NACIONALES

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se recibió del diputado Carlos Augusto Bracho González, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua a que expida las adecuaciones reglamentarias acordes con el decreto de reformas a la Ley de Aguas Nacionales.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a expedir las adecuaciones reglamentarias acordes con el decreto de reformas de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Carlos Augusto Bracho González , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Carlos Augusto Bracho González , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta Cámara el presente punto de acuerdo.

Exposición de Motivos

Como es de nuestro conocimiento, el agua es un elemento indispensable para vivir en todo ser humano, por lo cual deberíamos tener una cultura acerca de su importancia, distribución y cuidado. Lamentablemente no es así, y con ella se desatan una serie de irregularidades y omisiones, que en un corto plazo nos llevará a un grave problema.

En México, existen acuíferos sobreexplotados, extrema desigualdad e iniquidad en el acceso y usufructo del agua, contaminación creciente de cuerpos de agua superficial y subterránea, concentración de las concesiones de uso y explotación, baja disposición para el consumo humano básico y entre otros escasa autoridad para ordenar su manejo y uso de acuerdo a criterios de carácter sustentable.

Recientemente, en diciembre de 2003, el Pleno de esta Cámara aprobó diversas reformas de la Ley de Aguas Nacionales, que entraron en vigor en marzo de 2004, con su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Tales reformas poseen como propósito central lograr elevar la eficacia y eficiencia con que se maneja y se usa el agua en México, a partir de establecer de modo estratégico instrumentos y mecanismos que permitan una gestión sustentable del agua.

Sin embargo, estas disposiciones normativas han sido hasta hoy letra muerta, con un argumento que esta instancia debería considerar como inadmisible.

Resulta que las autoridades que se encargan de vigilar y aplicar el marco normativo federal han sido omisas o tal vez tardías en plantear un nuevo reglamento adecuado a la reformada Ley de Aguas Nacionales.

Sustentando esto con el artículo transitorio tercero del decreto de las reformas que señala que en un plazo no mayor de 12 meses a partir de su entrada en vigor se expedirían los reglamentos relativos a aquéllas.

Entre la aprobación de las reformas de la Ley de Aguas Nacionales y hoy han transcurrido más de 3 años, es decir más de mil 200 días. En este lapso, los propios transitorios de la ley reformada son ya caducos, por lo que la cuestión es que la Comisión Nacional del Agua promueva la elaboración y sanción del nuevo Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, de modo que permita cumplir lo que la misma ley le ordena.

La reforma plantea que para el ejercicio de su autoridad, la Comisión Nacional del Agua se apoyará en los consejos de cuenca, aunque en realidad el ejercicio de la autoridad de la Comisión Nacional del Agua sigue careciendo de un sostén social que le implique mayor capacidad para la resolución de los problemas hídricos. Así, los problemas sólo continúan administrándose, pero no resolviéndose, y la sociedad y los usuarios están al margen de las decisiones en materia de agua.

También se plantea en la reforma la estructura de los consejos de cuenca para que sea transformada por una más plural y colegiada, actualmente se sigue limitando a la representación social e interinstitucional.

Otra de las adecuaciones que se crea a la asamblea de usuarios es que se transforma a una entidad de consulta permanente del consejo de cuenca y el universo de los usuarios representados en una cuenca o acuífero. Hasta ahora, los consejos de cuenca siguen funcionando con representantes de los usuarios que carecen de representación, además de que éstos y la sociedad carecen de un medio institucional de interlocución permanente con la autoridad del agua.

Se crea una gerencia de operación de los consejos de cuenca, la posibilidad de que los asuntos del agua tengan mayor competencia social y que no sólo atañan a la burocracia central, estriba en la posibilidad operativa que posean las figuras que descentralizan y trasladan mayores capacidades a la sociedad para realmente apoyar el ejercicio de la autoridad y promover un desarrollo sustentable. Esto sigue sin reflejarse objetivamente por la carencia de reglamento.

La esencia de las reformas de la Ley de Aguas Nacionales en materia de participación social e interinstitucional es construir acuerdos eficaces y eficientes entre gobiernos y sociedad para encarar una problemática que rebasa a ambos.

La escasa capacidad para frenar los procesos de deterioro de los cuerpos de agua y de los procesos que originan la propia disposición de ésta es para lo que se crean las figuras de consejos de cuenca y sus órganos de auxilio, como un instrumento que mediante la discusión, el diálogo y el acuerdo se lleven a cabo las medidas pertinentes que hagan posible conciliar los intereses que gravitan en torno al agua, que son muy considerables, ya que del agua depende no únicamente parte de la economía nacional sino la vida de nuestros pueblos.

Las reformas de la ley citada suponen que las capacidades institucionales; es decir, de conducción apegada a la ley y al bien común, se fortalecen en sumo grado:

Se rezagó en más de tres años la adecuación del reglamento que haga operable los postulados que dan pie a lo establecido en la ley para bien del país y para bien, sobre todo de quienes más expuestos están a la escasez de agua.

Por lo expuesto, y por la importancia que el agua representa para todos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Punto de acuerdo para girar un atento exhorto a la Comisión Nacional del Agua para que expida las adecuaciones reglamentarias acordes con el decreto de reformas de la Ley de Aguas Nacionales.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.

REGISTRO FEDERAL DE ARMAS

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se recibió del diputado Gerardo Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del PRI, punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de la Defensa Nacionala que implante acciones para modernizar el procedimiento del Registro Federal de Armas.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Sedena a implantar acciones para modernizar el procedimiento relativo al Registro Federal de Armas, a cargo del diputado Gerardo Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del PRI

Gerardo Octavio Vargas Landeros , diputado federal por el segundo distrito de Ahome, Los Mochis, Sinaloa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de las Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La inseguridad que se vive en nuestro país ha llevado a las autoridades a la creación de diversas instituciones, normas y convenios de colaboración tendentes a combatir la delincuencia en todos sus ámbitos y modalidades. Derivado de lo anterior, la Federación, los Estados y los municipios han celebrado diversas reuniones y signado múltiples convenios de colaboración y coordinación para hacer eficiente el manejo de los recursos, en particular aquellos destinados para la infraestructura y el equipamiento de las corporaciones policiales.

Cada año la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y los gobiernos estatales, a través de los secretarios del ramo competentes firman convenios para hacerse de recursos y adquirir armamento y equipo cuyo fin es el mejoramiento de la actuación de los cuerpos policiales de sus estados y sus municipios; sin embargo, el trámite administrativo se vuelve engorroso y demasiado lento, no sólo en la etapa de asignación de recursos, sino también en la etapa de su ejercicio.

Un ejemplo claro lo vemos con lo que ocurre dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Primero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal envía los recursos a las entidades federativas; después, la secretaría o tesorería estatal valida el depósito y los turna a las instancias responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia, previa requisición y de conformidad con el calendario respectivo.

Por su parte, estas autoridades realizan la adquisición de las armas y cartuchos, siempre bajo la vigilancia de la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual tiene un papel escencial para garantizar su inscripción en el Registro Federal de Armas.

La Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la instancia que autorizará la posesión y portación de armas en los términos y con las limitaciones establecidos en la ley que regula la materia.

Tanto la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos como su reglamento facultan a la Sedena para establecer, mediante disposiciones administrativas generales, los términos y condiciones relativos a la adquisición de armas y municiones que realicen las dependencias y entidades de los estados, el Distrito Federal y los municipios. Sin embargo dichas disposiciones generales son obsoletas y no permiten hacer una entrega pronta a las autoridades locales para que éstas, a su vez, cumplan cabalmente con su función de dotar de seguridad a la población.

Tenemos aquí una cuestión importante que debemos atender, máxime que la seguridad pública en los estados y en los municipios se encuentra en crisis ante el embate de la delincuencia organizada y la superioridad de su armamento.

Independientemente de la cuestión presupuestal, que expondremos en otra ocasión a esta asamblea, creemos que la Sedena debe revisar y modernizar sus procesos de control y registro de armas nacional, así como descentralizar o delegar funciones y responsabilidades, no concentrar todo el trámite en una sola dirección general; o reestructurar ésta, ya que desde hace varios años ha sido rebasada operativamente.

La importancia de este asunto nos lleva a hacer un atento exhorto al secretario de la Defensa Nacional para que fortalezca y modernice la estructura de la dependencia a su cargo, en particular, a la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos.

En estos tiempos en que el terrorismo y la violencia están presentes, nadie puede negar la trascendencia que tiene para un país un buen proceso de control y registro del armamento; sin embargo, ello no choca con la modernización de los procesos de registro y la capacitación del personal operativo en el uso de las tecnologías de la información. Ambas acciones servirán para hacer eficiente la actuación de las de las Fuerzas Armadas y, en consecuencia, el respeto a las instituciones y a los derechos de los gobernados.

Para concluir quiero mencionar el caso de Sinaloa, un estado golpeado constantemente por el crimen organizado que necesita ser fortalecido no sólo con la profesionalización de sus policías municipales, sino también con la entrega pronta del armamento y las municiones por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Mientras discutimos este asunto, muchos delincuentes viajan con armas de alto poder sin que nadie los detenga y nuestros policías municipales y estatales salen a la calle con revólveres y escasas municiones para hacerles frente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al secretario de la Defensa Nacional a implantar, en ejercicio de sus atribuciones legales, acciones inmediatas para modernizar el procedimiento del Registro Federal de Armas.

Segundo. Se solicita respetuosamente al secretario de la Defensa Nacional que instruya al personal bajo su mando para que realice la entrega inmediata del armamento y las municiones que soliciten las instancias encargadas de la seguridad pública en los ámbitos estatal y municipal.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese a la Comisión de la Defensa Nacional.

RASTROS CAPRINOS

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se recibió del diputado Antonio Medellín Varela, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, punto de acuerdo para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Públicaincremente, para el ejercicio fiscal de 2008, los recursos asignados al programa Procaprinos y para los rastros TIF, así como a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable para que elabore y publique las reglas de operación para el mismo programa.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Proposición con punto de acuerdo, a fin de que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública incremente en 2008 los recursos asignados al programa Procaprinos y a los rastros TIF; y de que la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable elabore y publique las reglas de operación de dicho programa, a cargo del diputado Antonio Medellín Varela , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Antonio Medellín Varela , legislador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la comisión responsable de elaborar el dictamen del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 a incrementar de manera sustancial los recursos asignados a los programas Procaprino y Rastros TIF y Registrados operados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); que la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable emita las reglas de operación necesarias para la implantación del Procaprino; que se consideren como sujetos del programa de los rastros TIF caprinos los rastros registrados caprinos, conforme a las siguientes

Consideraciones

El sector de productores caprinos en el país es uno de los más relegados del sector agropecuario. La cría de la especie Capra hircus, mejor conocida por todos nosotros como ``cabras'' o ``chivos'', se da en lugares áridos y semidesérticos, donde el clima y la vegetación no permiten el desarrollo de casi ninguna otra actividad ganadera.

Las personas que se dedican a criar ganado caprino generalmente se encuentran en condiciones económicas difíciles, ya que por ser una tierra poco generosa para otro tipo de actividad pecuaria o agrícola, la cría de cabras es una de las pocas que pueden realizarse en sus lugares de origen.

De conformidad con un punto de acuerdo que esta soberanía tuvo a bien aprobar en el primer periodo ordinario del primer año de ejercicio de esta legislatura, en 2007 se consideró por primera vez el sector caprino como una actividad específica distinta de los ovinos, lo cual es un avance considerable, ya que la situación y problemática de ambos es distinta en cada segmento; por tanto, requiere un manejo y una atención individual para cada uno de ellos.

Ante el escenario actual que presenta la actividad pecuaria en México, es necesario establecer un programa de desarrollo rural integral para el sector caprino que replique los instrumentos actualmente operando para otras especies producto, que genere nuevos instrumentos de vinculación estratégica entre los productores, sus organizaciones y los apoyos gubernamentales, y que establezca mecanismos de evaluación ad hoc para su desenvolvimiento.

Se destinaron en este Presupuesto para el fortalecimiento del sistema-producto caprino de la Sagarpa para el ejercicio fiscal de 2007 la cantidad de 50 millones de pesos, de los que al día de hoy, según cifras de la propia secretaría, se han ejercido 48 millones 905 mil 725 pesos.

Esa cifra, dada la situación de rezago que vive el sector, es a todas luces insuficiente para poder enfrentar de manera efectiva el rezago en materia de organización de productores, lo que deriva en una débil e informal cadena productiva primaria.

La mencionada partida presupuestal fue aplicada a través del Programa de Fomento Ganadero de ejecución nacional en la Alianza para el Campo. Lo anterior, en virtud de que a la fecha no han sido publicadas las reglas de operación para el programa Procaprino.

Otro de los problemas ante los cuales los productores se enfrentaron fue el de que, por la falta de reglas de operación sobre el Programa Rastros TIF Caprinos, no fue posible que fueran beneficiados con los apoyos específicos de ese rubro por alrededor de 28 millones de pesos considerados en el Presupuesto de Egresos de 2008. Esto hace necesario que sean incluidos en este rubro los rastros caprinos registrados, a fin de que sea posible acceder a los recursos destinados a ese renglón.

Por las consideraciones expuestas, pongo a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Que se otorgue la cantidad de 150 millones de pesos para el programa Procaprino, a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Segundo. De igual manera, a la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, para que se elaboren y publiquen las reglas de operación del programa Procaprino.

Tercero. Se destine la cantidad de 100 millones de pesos al Programa Rastros TIF y Registrados.

Cuarto. Que sean considerados los rastros caprinos registrados para participar en el Programa Rastros TIF, a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

TRABAJOS LEGISLATIVOS

El diputado Carlos Ernesto Zatarain González (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Diputado Zatarain, ¿con qué objeto?

El diputado Carlos Ernesto Zatarain González (desde la curul): Únicamente hubo un diputado ---diputado Carlos Zatarain---, hubo un diputado que pidió verificación del quórum, y quiero justificar a muchos de nuestros compañeros y compañeras, porque ahorita hay reuniones importantes de comisión.

La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene comparecencia con el secretario de la Semarnat. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública desde las 11 de la mañana está sesionando.

Entonces, es importante justificar eso, 294 diputados, pero una gran mayoría está trabajando en comisiones. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras Efectivamente, diputado Zatarain, en el transcurso de la mañana se desarrollaron 24 reuniones de comisiones.

Proceda la Secretaría a dar lectura del orden del día de la próxima sesión.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 18 de octubre de 2007.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los congresos de los estados de Aguascalientes y Coahuila.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Oficios de la Cámara de Senadores

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley Federal de Derechos.

Sesión solemne para inscribir en el Muro de Honor la leyenda ``Constituyentes de Apatzingán''.

Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras (a las 15:13 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana, jueves 18 de octubre, a las 11:00 horas a sesión ordinaria, y a sesión solemne, para inscribir en el Muro de Honor la leyenda ``Constituyentes de Apatzingán'', a las 13:30 horas. Se les informa que el sistema electrónico de asistencia estará abierto desde las 9: 30 horas.

--------------- O ---------------

RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 7 horas 39 minutos, con receso de 19 horas 58 minutos.
• Quórum a la apertura de sesión: 331 diputados.
• Asistencia al cierre de registro: 407 diputados.
• Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1.
• Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobados: 1.
• Proposiciones con punto de acuerdo: 22.
• Acuerdos aprobados: 8.
Diputados por grupo parlamentario que participaron durante la sesión: 84PAN-25, PRD-22, PRI-18, PVEM-4, Convergencia-6, PT-2, Nueva Alianza-4, Alternativa-3.
• Se recibió:
• 1 oficio del Congreso del estado de Guerrero, con el que informa la aprobación del proyecto de decreto que reforma los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral;
• 1 invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno delDistrito Federal, a ceremonia cívica conmemorativa;
• 1 oficio de la Comisión de Marina, con el que comunica que considera atendida la proposición con punto de acuerdo en relación con el servicio de pilotaje o practicaje en territorio nacional, presentada en la Cámara de Diputados;
• 1 oficio del Congreso del estado de Coahuila, con el que remite acuerdo por el que expresa su respaldo para que, dentro de la reforma electoral, se contemple el cambio de los actuales consejeros del Instituto Federal Electoral;
• 1 oficio del Congreso del estado de Guerrero, relacionado con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008;
• 1 oficio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familiade Nuevo León, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados;
• 4 oficios de la Junta de Coordinación Política, con los que comunica cambios en la integración de las Comisiones de: Fomento Cooperativo y Economía Social; Población, Fronteras y Asuntos Migratorios; Pesca; Especial de la Reforma del Estado; Participación Ciudadana; Juventud y Deporte; Especial sobre no discriminación, nuevos sujetos y nuevos derechos; Especial de los pueblos que viven en el bosque; Fortalecimiento al Federalismo; Especial para el estudio de las políticas para la migración interna; Ciencia y Tecnología; Especial para conocer las políticas y la procuración de justicia vinculada a los feminicidios del país; Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; Bicameral de Seguridad Nacional; Especial de promoción del acceso digital a los mexicanos; Especial de seguimiento a los fondos aportados por los trabajadores mexicanos braceros; Justicia; Especial de defensa de los derechos sociales de acceso al agua y la protección de ambientes acuáticos; Salud; Comité de Información, Gestoría y Quejas; Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género; Especial Cuenca-Lerma-Chapala-Santiago; y del Comité de Competitividad;
• 1 oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que remite información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas;
• 2 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite solicitudes de permiso constitucional para que 26 ciudadanos puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros; e informa que una ciudadana deja de prestar servicios a gobierno extranjero;
• 1 oficio de la Junta de Coordinación Política, con motivo del LIV aniversario del voto de la mujer;
• 7 oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados;
• 4 oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite el mismo número de puntos de acuerdo relativos al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008
• 1 oficio del gobierno de Nuevo León, relacionado con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejericio Fiscal de 2008;
• 1 minuta con proyecto de ley;
• 2 iniciativas de senadores del PRD;
• 5 iniciativas del PAN;
• 6 iniciativas del PRD;
• 5 iniciativas del PRI;
• 1 iniciativa del PVEM;
• 1 iniciativa de Convergencia;
• 2 iniciativas de Alternativa.
• Dictámenes primera lectura:
• 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley de Ingresos de la Federaciónpara el Ejercicio Fiscal de 2008;
• 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
• Dictámenes aprobados:
• 1 de la de la Comisión de Economía, que reforma el último párrafo del artículo 24 de la Ley de Concursos Mercantiles;
• 1 de la Comisión de Gobernación, que concede permiso a nueve ciudadanos puedan para prestar servicios en la Embajada de Australia en México y en la Embajada de Estados Unidos de América en México y sus consulados, en Ciudad Juárez, Chihuahua; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León, y Tijuana, Baja California;
• 1 de la Comisión de Gobernación, que concede permiso a dos ciudadanos para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de la República Francesa y de Finlandia, respectivamente.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Aguilera Rico, José Luis(Convergencia) Coca Zero: 327
• Almazán González, José Antonio(PRD) Ley de Competencia Económica: 137
• Almonte Borja, Ramón(PRD) Estado de Guerrero: 363
• Alonso Razo, HumbertoWilfrido (PRD) 12 octubre 1492: 90
• Amaro Corona, Alberto(PRD) Ley General de Educación: 160
• Arriola, Mónica (Nueva Alianza) 12 octubre 1492: 86
• Arriola, Mónica (Nueva Alianza) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público - Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 173
• Arvizu Rivas, Aída Marina(Alternativa) Código de Justicia Militar: 176
• Arvizu Rivas, Aída Marina(Alternativa) LIV aniversario del derecho al voto de la mujer: 335
• Badillo Martínez, Roberto(PRI) Revisión carretera: 385
• Barreiro Pérez, Armando(PRD) Estado de Guerrero: 312
• Bracho González, Carlos Augusto(PAN) Ley de Aguas Nacionales: 391
• Cárdenas del Avellano, Enrique(PRI) Comisión Nacional del Agua: 305
• Cervantes Rodríguez, Aurora(PRD) Artículo 4 constitucional: 133
• Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe(Alternativa) Ingenio azucarero El Potrero: 368
• Contreras Coeto, José Luis(PAN) Estado de Puebla: 333
• Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías(PRI) Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores: 102
• Curiel Preciado, Leobardo(PAN) Secretaría de Desarrollo Social: 311
• Dagdug Lützow, Moisés Félix(PRD) Estado de Tabasco: 357
• Dávila Esquivel, Humberto(Nueva Alianza) Calidad del agua: 382
• De León Tello, Jesús(PAN) Ley de Concursos Mercantiles: 291
• Díaz Garibay, Felipe(PAN) Ley General de Vida Silvestre: 155
• Duck Núñez, Édgar Mauricio (PAN) Estado de Veracruz: 343
• Escandón Cadenas, Rutilio Cruz(PRD) Ley de Coordinación Fiscal - Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos - Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios: 350
• Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías(PRI) Estado de Quintana Roo: 376
• Félix Olguín, Armando Jesús (PAN) Autopistas concesionadas: 376
• Félix Olguín, Armando Jesús (PAN) Revisión carretera: 384
• Fernández Balboa, Mónica(PRD) Trabajo legislativo: 319
• Fernández Balboa, Mónica(PRD) Verificación de quórum: 364
• García Noriega, María Guadalupe Josefina(PVEM) 12 octubre 1492: 88
• García Noriega, María Guadalupe Josefina(PVEM) LIV aniversario del derecho al voto de la mujer: 338
• González Salum, Miguel Ángel(PRI) Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo - Ley de la Comisión Reguladora de Energía - Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: 193
• Gudiño Ortiz, Francisco Javier(PAN) Lago de Chapala: 329
• Guerra Ochoa, Juan Nicasio(PRD) Estado de Sonora: 363
• Guerra Ochoa, Juan Nicasio(PRD) Ley de Coordinación Fiscal - Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos - Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios: 349
• Guerrero García, Javier(PRI) Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos: 166
• Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio(PAN) Artículos 4 y 73 constitucionales: 97
• Limas Frescas, María Soledad(PAN) LIV aniversario del derecho al voto de la mujer: 341
• López Cisneros, José Martín(PAN) Estado de Nuevo León: 308
• López Cisneros, José Martín(PAN) Ley de Coordinación Fiscal: 183
• Luna Rodríguez, Silvia(Nueva Alianza) LIV aniversario del derecho al voto de la mujer: 334
• Matus Toledo, Holly(PRD) LIV aniversario del derecho al voto de la mujer: 340
• Medellín Varela, Antonio(PAN) Rastros caprinos: 394
• Mendívil Amparán, Gustavo Ildefonso(PRI) Autopistas concesionadas: 372
• Merodio Reza, Lilia Guadalupe(PRI) Ley de Aguas Nacionales: 187
• Mollinedo Hernández, Agustín(PAN) Ingenio azucarero El Potrero: 372
• Montalvo Gómez, Pedro(PRI) Estado de Guerrero: 367
• Morales Sánchez, Efraín(PRD) Ley Federal del Trabajo: 106
• Murat , José(PRI) Ley de Concursos Mercantiles: 292
• Navarro López, Carlos Ernesto(PRD) Estado de Sonora: 359, 362
• Ordaz Jiménez, Ismael(PRI) 12 octubre 1492: 89
• Palafox Núñez, José Inés(PAN) Artículo 114 constitucional: 157
• Peña Sánchez, Miguel Ángel(PRD) Secretaría de Desarrollo Social: 309, 311
• Portilla Diéguez, Manuel (PVEM) Canal 22: 321
• Portilla Diéguez, Manuel (PVEM) Ley General de Educación: 170
• Priego Tapia, Gerardo(PAN) Ley General de Vida Silvestre: 149
• Pulido Santiago, Celso David(PRD) Ingenio azucarero El Potrero: 371
• Ramírez Barba, Ector Jaime(PAN) Calidad del agua: 379
• Ramírez Martínez, Edmundo(PRI) Fondo Especial de Apoyo para la Recuperación de Desastres para las Entidades Federativas: 317
• Ramírez Stabros, Jesús(PRI) Estado de Aguascalientes: 345
• Reyes López, Carlos Armando(PAN) Código Penal Federal - Código Federal de Procedimientos Penales: 92
• Rivera Bedoya, Juan Francisco(PRI) Telefonía celular: 348
• Rodríguez Ahumada, Luis Fernando(PAN) Bandera Nacional: 328
• Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda(PRI) LIV aniversario del derecho al voto de la mujer: 339
• Romero Guzmán, Rosa Elia(PT) 12 octubre 1492: 86
• Romero Guzmán, Rosa Elia(PT) LIV aniversario del derecho al voto de la mujer: 336
• Salazar Madera, Mario(PAN) Lago de Chapala: 315
• San Martín Hernández, Juan Manuel(PRD) Artículos 4, 25, 26, 27 y 115 constitucionales: 140
• Sánchez Domínguez, Alejandro(PAN) 12 octubre 1492: 91
• Soriano Sánchez, Rosa Elva(PRD) Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres - Ley de Vivienda - Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil: 145
• Tagle Martínez, Martha Angélica(Convergencia) LIV aniversario del derecho al voto de la mujer: 337
• Tamayo Herrera, Yadhira Ivette (PAN) Telefonía celular: 346
• Torres Torres, Carlos(PAN) Estado de Baja California: 303
• Uscanga Cruz, Robinson(Convergencia) Pemex-Estado de Veracruz: 306
• Varela Lagunas, Tomás José Luis(Convergencia) 12 octubre 1492: 87
• Vargas Landeros, Gerardo Octavio(PRI) Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional: 190
• Vargas Landeros, Gerardo Octavio(PRI) Registro Federal de Armas: 392
• Vargas Landeros, Gerardo Octavio(PRI) Revisión carretera: 383
• Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc(Convergencia) Ley de Aeropuertos: 112
• Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc(Convergencia) Pemex: 324
• Zatarain González, Carlos Ernesto(PRI) Trabajos legislativos: 395

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	CÉDULA
2 Aguilar López José Alejandro	ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés	ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	OFICIAL COMISIÓN
5 Álvarez Bernal María Elena	ASISTENCIA
6 Amezola Fonceca Gerardo	ASISTENCIA
7 Aranda Orozco Gerardo	ASISTENCIA
8 Arellano Arellano Joel	ASISTENCIA
9 Arenas Guzmán Margarita	OFICIAL COMISIÓN
10Arizméndi Uribe Efraín	OFICIAL COMISIÓN
11 Armendáriz García Pedro	PERMISO MESA DIRECTIVA
12 Arredondo Ibarra Salvador	ASISTENCIA
13 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
14 Ávila Mayo Obdulio	OFICIAL COMISIÓN
15 Barradas Miravete Gregorio	INASISTENCIA
16 Barrios Rodríguez Juan Enrique	ASISTENCIA
17 Bello Pérez Alfonso Othón	ASISTENCIA
18 Berber Martínez Antonio	ASISTENCIA
19 Bermúdez Viramontes Andrés	ASISTENCIA
20 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	ASISTENCIA
21 Borboa Becerra Omar Antonio	OFICIAL COMISIÓN
22 Borrego Estrada Felipe	PERMISO MESA DIRECTIVA
23 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
24 Buganza Salmerón Gerardo	ASISTENCIA
25 Campos Galván María Eugenia	PERMISO MESA DIRECTIVA
26 Carbajal Méndez Liliana	ASISTENCIA
27 Carbajal Tejada Rogelio	ASISTENCIA
28 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
29 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	ASISTENCIA
30 Castaño Contreras Cristián	ASISTENCIA
31Castro De la Rosa Osiel	ASISTENCIA
32 Castro Muñoz Juan de Dios	ASISTENCIA
33Castro Romero Ma. Sofía Del Perpetuo	ASISTENCIA
34 Ceja Romero Ramón	ASISTENCIA
35 Chávez García Daniel	ASISTENCIA
36 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
37 Contreras Coeto José Luis	ASISTENCIA
38 Corral Aguilar María Mercedes	ASISTENCIA
39 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
40 Curiel Preciado Leobardo	ASISTENCIA
41 Dávila Fernández Adriana	ASISTENCIA
42 Dávila García Francisco	ASISTENCIA
43 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
44 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
45 Degante Romero Silvia Emilia	ASISTENCIA
46Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
47 Del Valle Toca Antonio	ASISTENCIA
48 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	ASISTENCIA
49 Deschamps Falcón Ángel Rafael	ASISTENCIA
50 Díaz García José Antonio	ASISTENCIA
51 Díaz Garibay Felipe	ASISTENCIA
52 Díaz Gordillo Martha Cecilia	ASISTENCIA
53 Díaz Mena Joaquín Jesús	ASISTENCIA
54 Díaz de León Torres Leticia	PERMISO MESA DIRECTIVA
55 Domínguez Servién Francisco	ASISTENCIA
56 Duck Núñez Edgar Mauricio	CÉDULA
57 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
58 Enríquez Martínez Luis Rodolfo	ASISTENCIA
59 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
60 Espinosa Piña José Luis	ASISTENCIA
61 Félix Holguín Armando Jesús	ASISTENCIA
62 Felton González Carlos Eduardo	ASISTENCIA
63 Fernández Cabrera Adrián	ASISTENCIA
64Fernández Ugarte Ma. del Carmen	ASISTENCIA
65 Figueroa Ortega David	ASISTENCIA
66 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro	ASISTENCIA
67 Flores Grande Arturo	PERMISO MESA DIRECTIVA
68 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
69 Fraile García Francisco Antonio	ASISTENCIA
70 Franco Cazarez Ricardo	OFICIAL COMISIÓN
71 Fuentes Ortíz José Guillermo	ASISTENCIA
72 García González Carlos Alberto	ASISTENCIA
73 García Müller Martha Margarita	ASISTENCIA
74 García Reyes Ángel Humberto	OFICIAL COMISIÓN
75 García Reyes Beatriz Eugenia	PERMISO MESA DIRECTIVA
76 García Vivián Raúl	ASISTENCIA
77 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	ASISTENCIA
78 Gómez Leyva Silvio	ASISTENCIA
79 González Betancourt Jorge Justiniano	ASISTENCIA
80 González Martínez María Gabriela	INASISTENCIA
81 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
82 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
83 González Ruiz Felipe	ASISTENCIA
84González Sánchez Ma. Dolores	INASISTENCIA
85Gudiño Ortíz Francisco Javier	ASISTENCIA
86 Guerrero Torres José Gildardo	ASISTENCIA
87 Gutiérrez Lagunes María Victoria	ASISTENCIA
88 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
89 Hurtado Pérez Nelly Asunción	ASISTENCIA
90 Iragorri Durán Enrique	ASISTENCIA
91Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	ASISTENCIA
92 Jiménez Ramos María Esther	ASISTENCIA
93 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	ASISTENCIA
94 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	CÉDULA
95 Landero Gutiérrez Alejandro	ASISTENCIA
96 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
97 Lara Compeán David	ASISTENCIA
98 Larios Córdova Héctor	ASISTENCIA
99 Laviada Hernández Iñigo Antonio	ASISTENCIA
100 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	ASISTENCIA
101 Leura González Agustín	ASISTENCIA
102 Lezama Aradillas René	ASISTENCIA
103 Limas Frescas María Soledad	ASISTENCIA
104 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	ASISTENCIA
105 López Cisneros José Martín	ASISTENCIA
106 López Reyna Omeheira	ASISTENCIA
107 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
108 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel	ASISTENCIA
109 Lujano Nicolás Christian Martín	ASISTENCIA
110 Maawad Robert Luis Xavier	ASISTENCIA
111 Macías Zambrano Gustavo	ASISTENCIA
112 Madrazo Limón Carlos	ASISTENCIA
113Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	ASISTENCIA
114 Malagón Ríos Martín	ASISTENCIA
115 Malcos Amaro María Ofelia Gloria	ASISTENCIA
116 Maldonado González David	ASISTENCIA
117Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	ASISTENCIA
118 Martínez Díaz María de Jesús	ASISTENCIA
119 Martínez Valero Dora Alicia	INASISTENCIA
120 Medellín Varela Antonio	ASISTENCIA
121 Medina Macias Alma Hilda	ASISTENCIA
122 Medina Rodríguez Delber	CÉDULA
123 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
124 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
125 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
126 Mendoza Morales Lucía Susana	ASISTENCIA
127 Minjares Jiménez José Manuel	ASISTENCIA
128 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	ASISTENCIA
129 Mollinedo Hernández Agustín	ASISTENCIA
130 Monraz Ibarra Miguel Ángel	ASISTENCIA
131 Montes Sánchez Fabián Fernando	ASISTENCIA
132Mora Cuevas Marisol	INASISTENCIA
133 Morales Ramos José Nicolás	ASISTENCIA
134 Morelos Borja María Esperanza	ASISTENCIA
135 Moreno Álvarez Mario Eduardo	OFICIAL COMISIÓN
136 Morgan Franco Rocío del Carmen	CÉDULA
137 Muñoz Serrano José Antonio	ASISTENCIA
138 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
139 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
140 Navarro Sugich Carlos Alberto	ASISTENCIA
141 Nordhausen González Jorge Rubén	ASISTENCIA
142Noriega Blanco Vigil María Elena de las	ASISTENCIA
143 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
144 Olvera Higuera Edgar Armando	ASISTENCIA
145 Orozco Ruiz Velazco Marco Heriberto	ASISTENCIA
146Ortega Martínez Ma. del Pilar	ASISTENCIA
147Ortíz Hernández Eduardo	ASISTENCIA
148 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
149 Padilla Orozco Raúl Alejandro	PERMISO MESA DIRECTIVA
150 Palafox Núñez José Inés	ASISTENCIA
151 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
152 Parra Jiménez Dolores María del Carmen	ASISTENCIA
153 Parra Noriega Luis Gustavo	ASISTENCIA
154 Pérez Cuéllar Cruz	ASISTENCIA
155 Perroni Merino Gloria María	ASISTENCIA
156 Peyrot Solís Marco Antonio	ASISTENCIA
157 Plascencia Alonso Francisco Javier	OFICIAL COMISIÓN
158 Priego Tapia Gerardo	ASISTENCIA
159 Pulido Pecero Pedro	ASISTENCIA
160 Quintero Bello Jorge	OFICIAL COMISIÓN
161 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
162 Ramírez Pech Edgar Martín	OFICIAL COMISIÓN
163 Ramírez Villarreal Gustavo	ASISTENCIA
164 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
165 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
166 Rincón Vargas Mirna Cecilia	CÉDULA
167 Rivera Rivera José Guadalupe	ASISTENCIA
168 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
169 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	ASISTENCIA
170 Rodríguez Jiménez Ricardo	ASISTENCIA
171 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
172 Rodríguez Uresti Enrique	OFICIAL COMISIÓN
173 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
174 Rojas Hernández Laura Angélica	ASISTENCIA
175 Román Isidoro Demetrio	ASISTENCIA
176 Romo Jiménez Martha Angélica	ASISTENCIA
177 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	ASISTENCIA
178 Rueda Gómez Francisco	ASISTENCIA
179 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	ASISTENCIA
180 Salas Contreras Marcos	ASISTENCIA
181 Salazar Madera Mario Alberto	ASISTENCIA
182 Salum del Palacio Jorge Alejandro	ASISTENCIA
183 Sánchez Domínguez Alejandro	ASISTENCIA
184 Sánchez Gil Carlos René	ASISTENCIA
185 Sánchez Juárez Claudia	ASISTENCIA
186 Sánchez Trujillo José Víctor	PERMISO MESA DIRECTIVA
187Sandoval Munguia Juan Manuel	ASISTENCIA
188 Serrato Castell Luis Gerardo	ASISTENCIA
189Shej Guzmán Sara	ASISTENCIA
190 Solano Muñoz José de Jesús	ASISTENCIA
191 Stefanonni Mazzocco Martín	ASISTENCIA
192 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	ASISTENCIA
193 Torres Gómez Artemio	ASISTENCIA
194 Torres Herrera Víctor Manuel	ASISTENCIA
195 Torres Torres Carlos Alberto	ASISTENCIA
196Valenzuela García María Gloria	INASISTENCIA
197 Valladolid Rodríguez Antonio	OFICIAL COMISIÓN
198 Vasconcelos Rueda Antonio	ASISTENCIA
199 Vázquez Martínez Alberto	ASISTENCIA
200 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
201 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	ASISTENCIA
202 Verástegui Ostos César Augusto	INASISTENCIA
203 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
204 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
205 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	ASISTENCIA
206 Villanueva Arjona Juan Manuel	ASISTENCIA
207 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 173
Asistencias por cédula: 6
Asistencias comisión oficial: 13
Permiso Mesa Directiva: 8
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 7
Total diputados: 207

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1Aguirre Alcaide Victor	ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida	ASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio	ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6Wilfrido Alonso Razo Humberto	ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos	ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre	ASISTENCIA
10 Amaro Corona Alberto	ASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene	ASISTENCIA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	INASISTENCIA
13Arreola Calderón Juan Dario	ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando	ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	ASISTENCIA
17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	PERMISO MESA DIRECTIVA
18 Brito González Modesto	ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador	PERMISO MESA DIRECTIVA
21 Cárdenas Hernández Raymundo	ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	ASISTENCIA
23 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
24Condado Escamilla Cuitlahuac	ASISTENCIA
25 Contreras Julián Maricela	CÉDULA
26 Cruz Santiago Claudia Lilia	ASISTENCIA
27 Cuevas Córdova Othón	ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	ASISTENCIA
29 De la Rosa García Juan Hugo	ASISTENCIA
30De los Santos Molina Joaquín	OFICIAL COMISIÓN
31 Dehesa Mora Daniel	ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	INASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica	ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César	ASISTENCIA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo	ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	OFICIAL COMISIÓN
43 González Garza Javier	ASISTENCIA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	ASISTENCIA
47 Hernández Hernández Sergio	ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier	ASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín	ASISTENCIA
50Nohelia Ibarra Franquez Sonia	ASISTENCIA
51 Jacques y Medina José	ASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
53 Landero López Pedro	INASISTENCIA
54Lemarroy Martínez Juan Darío	ASISTENCIA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	ASISTENCIA
57 López Barriga Erick	PERMISO MESA DIRECTIVA
58 López Becerra Santiago	ASISTENCIA
59 López Rojas Alberto	ASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad	ASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia	ASISTENCIA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar	ASISTENCIA
64 Márquez Tinoco Francisco	PERMISO MESA DIRECTIVA
65 Martínez Hernández Alejandro	ASISTENCIA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto	ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Francisco	ASISTENCIA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo	OFICIAL COMISIÓN
69 Martínez Vargas Octavio	ASISTENCIA
70 Matías Alonso Marcos	ASISTENCIA
71 Matus Toledo Holly	ASISTENCIA
72 Mayans Canabal Fernando Enrique	ASISTENCIA
73 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
74 Mendoza Flores Roberto	ASISTENCIA
75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	ASISTENCIA
76 Mendoza Mendoza Irineo	ASISTENCIA
77 Monreal Ávila Susana	ASISTENCIA
78 Montalvo Rojas Victorio Rubén	PERMISO MESA DIRECTIVA
79 Morales Sánchez Efraín	ASISTENCIA
80 Morales Vázquez Carlos Orsoe	ASISTENCIA
81Narcía Álvarez Héctor	ASISTENCIA
82 Navarro López Carlos Ernesto	ASISTENCIA
83 Navarro Quintero Miguel Ángel	OFICIAL COMISIÓN
84 Ojeda Hernández Concepción	ASISTENCIA
85 Oliva Fragoso Silvia	ASISTENCIA
86 Orcí Martínez Juan Adolfo	ASISTENCIA
87 Ortega Martínez Antonio	OFICIAL COMISIÓN
88 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	OFICIAL COMISIÓN
89Pacheco LLanes Ramón Félix	ASISTENCIA
90 Pedraza Chávez Isidro	ASISTENCIA
91 Pedrozo Castillo Adrián	ASISTENCIA
92 Peña Sánchez Miguel Ángel	ASISTENCIA
93 Pérez Cruz Raciel	ASISTENCIA
94 Pulido Santiago Celso David	ASISTENCIA
95 Ramos Becerril Rafael Plácido	OFICIAL COMISIÓN
96 Ramos Castellanos Martín	CÉDULA
97 Rasgado Corsi Gloria	ASISTENCIA
98 Ríos Gamboa Raúl	ASISTENCIA
99 Romero Gutiérrez Odilón	ASISTENCIA
100Ruíz Sánchez Salvador	CÉDULA
101 Saavedra Coronel José Antonio	ASISTENCIA
102 San Martín Hernández Juan Manuel	ASISTENCIA
103 Sánchez Barrios Carlos	ASISTENCIA
104 Sánchez Cabrales Rafael Elías	ASISTENCIA
105 Sánchez Camacho Alejandro	ASISTENCIA
106 Sánchez Camacho David	ASISTENCIA
107Sánchez Jiménez V. Luis	ASISTENCIA
108 Sánchez Ramos Francisco	PERMISO MESA DIRECTIVA
109 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	ASISTENCIA
110 Santos Arreola Francisco Javier	ASISTENCIA
111 Solares Chávez Miguel Ángel	ASISTENCIA
112 Soriano Sánchez Rosa Elva	ASISTENCIA
113 Soto Ramos Faustino	ASISTENCIA
114 Soto Sánchez Antonio	ASISTENCIA
115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	ASISTENCIA
116 Torres Baltazar María Elena	ASISTENCIA
117 Torres García Daniel	ASISTENCIA
118 Trejo Pérez Pablo	OFICIAL COMISIÓN
119 Ulloa Pérez Emilio	ASISTENCIA
120 Vallejo Estevez Mario	ASISTENCIA
121 Varela López Víctor Gabriel	PERMISO MESA DIRECTIVA
122 Velázquez Aguirre Jesús Evodio	ASISTENCIA
123 Villanueva Albarrán Gerardo	ASISTENCIA
124 Villicaña García Rafael	ASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth	ASISTENCIA
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	ASISTENCIA
127 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 106
Asistencias por cédula: 3
Asistencias comisión oficial: 8
Permiso Mesa Directiva: 7
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 3
Total diputados: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	ASISTENCIA
2 Aguilar Diego	ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel	OFICIAL COMISIÓN
4 Aispuro Torres José Rosas	INASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	OFICIAL COMISIÓN
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel	ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel	CÉDULA
10 Badillo Martínez Roberto	ASISTENCIA
11Barajas Del Toro Salvador	ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón	ASISTENCIA
13 Barba Hernández Alfredo	ASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel	ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	ASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio	CÉDULA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	ASISTENCIA
23Cárdenas Del Avellano Enrique	PERMISO MESA DIRECTIVA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	PERMISO MESA DIRECTIVA
25Cerrillo Garnica José Luis	CÉDULA
26 Cervantes Andrade Raúl	ASISTENCIA
27 Chaurand Arzate Carlos	ASISTENCIA
28 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
29 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías	ASISTENCIA
30De la Garza Treviño Jorge Luis	ASISTENCIA
31 Díaz Athié Antonio de Jesús	ASISTENCIA
32 Díaz Solorzano Elmar Darinel	ASISTENCIA
33 Domínguez Domínguez Nemesio	PERMISO MESA DIRECTIVA
34 Duarte Jáquez César Horacio	ASISTENCIA
35 Escajeda Jiménez José Rubén	ASISTENCIA
36 Escalante Jasso Aracely	ASISTENCIA
37 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	ASISTENCIA
38 Estefan Chidiac Charbel Jorge	ASISTENCIA
39 Flores Sandoval Patricio	INASISTENCIA
40 Gamboa Patrón Emilio	ASISTENCIA
41 Garza Garza Horacio Emigdio	ASISTENCIA
42 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	PERMISO MESA DIRECTIVA
43 Gloria Requena Tomás	ASISTENCIA
44 Gómez Lugo Elda	OFICIAL COMISIÓN
45 González Calderón Martha Hilda	ASISTENCIA
46 González García Sergio	ASISTENCIA
47 González Salum Miguel Ángel	ASISTENCIA
48 González Zarur Mariano	ASISTENCIA
49 Guerrero García Javier	ASISTENCIA
50 Guerrero Juárez Joel	ASISTENCIA
51 Herrera Ale Juana Leticia	PERMISO MESA DIRECTIVA
52 Herrera Coyac Wenceslao	ASISTENCIA
53 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	ASISTENCIA
54 Lagunes Gallina Gerardo	ASISTENCIA
55 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
56López Balbuena Guillermina	ASISTENCIA
57Madrid Tovilla Arely	PERMISO MESA DIRECTIVA
58 Martínez Rocha Arturo	INASISTENCIA
59 Martínez Rodríguez Lorena	OFICIAL COMISIÓN
60 Méndez Lanz Víctor Manuel	ASISTENCIA
61 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	ASISTENCIA
62 Merodio Reza Lilia Guadalupe	ASISTENCIA
63Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	ASISTENCIA
64 Montalvo Gómez Pedro	ASISTENCIA
65 Morales García Elizabeth	ASISTENCIA
66 Mota Hernández Adolfo	ASISTENCIA
67 Muñoz Serna Rogelio	CÉDULA
68 Murat José	ASISTENCIA
69 Ochoa González Arnoldo	ASISTENCIA
70 Ojeda Camacho Gilberto	ASISTENCIA
71 Olivares Monterrubio Alejandro	ASISTENCIA
72 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
73 Ordaz Jiménez Ismael	ASISTENCIA
74 Orihuela Bárcenas José Ascención	ASISTENCIA
75 Orihuela Trejo José Amado	ASISTENCIA
76Ortiz Del Carpio Víctor	ASISTENCIA
77 Ortiz Proal Mauricio	ASISTENCIA
78 Padilla Gutiérrez Héctor	ASISTENCIA
79 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	ASISTENCIA
80 Palma César Víctor Samuel	OFICIAL COMISIÓN
81 Parás González Juan Manuel	PERMISO MESA DIRECTIVA
82 Patrón Montalvo Jesús Manuel	ASISTENCIA
83 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	ASISTENCIA
84 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
85 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
86 Quiñones Canales Lourdes	ASISTENCIA
87 Ramírez Martínez José Edmundo	ASISTENCIA
88 Ramírez Stabros Jesús	PERMISO MESA DIRECTIVA
89 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	ASISTENCIA
90 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
91 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	ASISTENCIA
92 Rojas Gutiérrez Carlos	ASISTENCIA
93Ruíz Chávez Sara Latife	CÉDULA
94 Salas López Ramón	ASISTENCIA
95 Sánchez Hernández Eduardo	ASISTENCIA
96 Sandoval Paredes Sergio	PERMISO MESA DIRECTIVA
97 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
98 Sosa Castelán Gerardo	OFICIAL COMISIÓN
99 Toledo Luis Jorge	ASISTENCIA
100Valencia De los Santos Víctor	OFICIAL COMISIÓN
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio	ASISTENCIA
102Vega Ortíz María Oralia	OFICIAL COMISIÓN
103 Velasco Pérez Juan Carlos	ASISTENCIA
104 Villa Villa Isael	ASISTENCIA
105 Villanueva Abraján Patricia	ASISTENCIA
106 Zatarain González Carlos Ernesto	ASISTENCIA
Asistencias: 81
Asistencias por cédula: 5
Asistencias comisión oficial: 8
Permiso Mesa Directiva: 9
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 3
Total diputados: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	ASISTENCIA
2 Chozas y Chozas Olga Patricia	ASISTENCIA
3 Cobo Terrazas Diego	ASISTENCIA
4 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
5 Estrada González Faustino Javier	ASISTENCIA
6García Noriega Ma. Guadalupe Josefina	ASISTENCIA
7 González Martínez Jorge Emilio	ASISTENCIA
8 Lavara Mejía Gloria	CÉDULA
9 López Adame Antonio Xavier	ASISTENCIA
10 López Ramírez Sergio Augusto	ASISTENCIA
11 Notholt Guerrero Alan	ASISTENCIA
12 Portilla Dieguez Manuel Salvador	ASISTENCIA
13 Puente Salas Carlos Alberto	ASISTENCIA
14 Ramírez Cerda Ana María	OFICIAL COMISIÓN
15Salgado Amador Manuel Salvador	ASISTENCIA
16 Sesma Suárez Jesús	ASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica	ASISTENCIA
Asistencias: 15
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 17

CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	ASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías	OFICIAL COMISIÓN
4 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	ASISTENCIA
5 Chanona Burguete Alejandro	ASISTENCIA
6 Del Río Virgen José Manuel	ASISTENCIA
7 Esteva Salinas Alberto	ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge	ASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto	ASISTENCIA
10 Salvatori Bronca María del Carmen	ASISTENCIA
11 Samperio Montaño Juan Ignacio	ASISTENCIA
12 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
13 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
14 Uscanga Cruz Robinson	INASISTENCIA
15 Valdés Chávez Ramón	OFICIAL COMISIÓN
16 Varela Lagunas Tomás José Luis	ASISTENCIA
17 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	ASISTENCIA
Asistencias: 14
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	CÉDULA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo	ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime	OFICIAL COMISIÓN
5 Garay Ulloa Silvano	CÉDULA
6 Herrera Solís Anuario Luis	ASISTENCIA
7Maciel Ortiz Ma. Mercedes	OFICIAL COMISIÓN
8 Peregrino García Abundio	OFICIAL COMISIÓN
9 Romero Guzmán Rosa Elia	ASISTENCIA
10 Solís Parga Rodolfo	CÉDULA
11 Vela González Joaquín Humberto	ASISTENCIA
Asistencias: 5
Asistencias por cédula: 3
Asistencias comisión oficial: 3
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 11

NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T.	ASISTENCIA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel	INASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto	ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel	OFICIAL COMISIÓN
7 Luna Becerril Blanca	ASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia	ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma	ASISTENCIA
Asistencias: 7
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 9

ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	ASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	ASISTENCIA
3 García Méndez Armando	ASISTENCIA
4 Hernández Valadés Delio	ASISTENCIA
5 Pedro Cortés Santiago Gustavo	ASISTENCIA
Asistencias: 5
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández Félix	ASISTENCIA
Asistencias: 1
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 1

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Diputado
1 Barradas Miravete Gregorio
2 González Martínez María Gabriela
3 González Sánchez Ma. Dolores
4 Martínez Valero Dora Alicia
5 Mora Cuevas Marisol
6 Valenzuela García María Gloria Guadalupe
7 Verástegui Ostos César Augusto
Faltas por grupo: 7

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Arellano Pulido Miguel Ángel
2 Díaz Contreras Adriana
3 Landero López Pedro
Faltas por grupo: 3

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Aispuro Torres José Rosas
2 Flores Sandoval Patricio
3 Martínez Rocha Arturo
Faltas por grupo: 3

CONVERGENCIA
Diputado
1 Uscanga Cruz Robinson
Faltas por grupo: 1

NUEVA ALIANZA
Diputado
1 Castillo Nájera Ariel
Faltas por grupo: 1

---

VOTACIONES

De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 24 de la Ley de Concursos Mercantiles (en lo general y en lo particular).

PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino	Favor
2 Aguilar López, José Alejandro	Ausente
3 Alcalde Virgen, Moisés	Favor
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges	Ausente
5 Álvarez Bernal, María Elena	Favor
6 Amezola Fonceca, Gerardo	Favor
7 Aranda Orozco, Gerardo	Favor
8 Arellano Arellano, Joel	Favor
9 Arenas Guzmán, Margarita	Ausente
10 Arizméndi Uribe, Efraín	Ausente
11 Armendáriz García, Pedro	Ausente
12 Arredondo Ibarra, Salvador	Favor
13 Arredondo Velázquez, Jesús	Ausente
14 Ávila Mayo, Obdulio	Ausente
15 Barradas Miravete, Gregorio	Ausente
16 Barrios Rodríguez, Juan Enrique	Ausente
17 Bello Pérez, Alfonso Othón	Favor
18 Berber Martínez, Antonio	Favor
19 Bermúdez Viramontes, Andrés	Favor
20 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier	Favor
21 Borboa Becerra, Omar Antonio	Ausente
22 Borrego Estrada, Felipe	Ausente
23 Bracho González, Carlos Augusto	Favor
24 Buganza Salmerón, Gerardo	Ausente
25 Campos Galván, María Eugenia	Ausente
26 Carbajal Méndez, Liliana	Favor
27 Carbajal Tejada, Rogelio	Favor
28 Cárdenas Sánchez, Esmeralda	Favor
29 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto	Ausente
30 Castaño Contreras, Cristián	Favor
31 Castro de la Rosa, Osiel	Ausente
32 Castro Muñoz, Juan de Dios	Favor
33 Castro Romero, María Sofia	Favor
34 Ceja Romero, Ramón	Favor
35 Chávez García, Daniel	Ausente
36 Collado Lara, Beatriz	Favor
37 Contreras Coeto, José Luis	Favor
38 Corral Aguilar, María Mercedes	Ausente
39 Cuen Garibi, Marcela	Favor
40 Curiel Preciado, Leobardo	Favor
41 Dávila Fernández, Adriana	Favor
42 Dávila García, Francisco	Favor
43 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio	Favor
44 De León Tello, Jesús	Favor
45 Degante Romero, Silvia Emilia	Favor
46 Del Toro del Villar, Tomás	Favor
47 Del Valle Toca, Antonio	Favor
48 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique	Favor
49 Deschamps Falcón, Ángel Rafael	Favor
50 Díaz de León Torres, Leticia	Ausente
51 Díaz García, José Antonio	Favor
52 Díaz Garibay, Felipe	Favor
53 Díaz Gordillo, Martha Cecilia	Ausente
54 Díaz Mena, Joaquín Jesús	Favor
55 Domínguez Servién, Francisco	Favor
56 Duck Núñez, Edgar Mauricio	Favor
57 Enríquez Flores, Armando	Favor
58 Enríquez Martínez, Luis Rodolfo	Ausente
59 Escaroz Soler, Gerardo Antonio	Favor
60 Espinosa Piña, José Luis	Favor
61 Félix Holguín, Armando Jesús	Favor
62 Felton González, Carlos Eduardo	Favor
63 Fernández Cabrera, Adrián	Favor
64 Fernández Ugarte, Carmen	Favor
65 Figueroa Ortega, David	Favor
66 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro	Favor
67 Flores Grande, Arturo	Ausente
68 Flores Morfín, Jesús Vicente	Favor
69 Fraile García, Francisco Antonio	Favor
70 Franco Cazarez, Ricardo	Ausente
71 Fuentes Ortiz, José Guillermo	Favor
72 García González, Carlos Alberto	Favor
73 García Müller, Martha Margarita	Favor
74 García Reyes, Ángel Humberto	Ausente
75 García Reyes, Beatriz Eugenia	Ausente
76 García Vivián, Raúl	Ausente
77 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes	Ausente
78 Gómez Leyva, Silvio	Favor
79 González Betancourt, Jorge Justiniano	Favor
80 González Martínez, María Gabriela	Ausente
81 González Morán, Martín Oscar	Favor
82 González Roaro, Benjamín Ernesto	Favor
83 González Ruiz, Felipe	Favor
84 González Sánchez, María Dolores	Ausente
85 Gudiño Ortiz, Francisco Javier	Favor
86 Guerrero Torres, José Gildardo	Favor
87 Gutiérrez Lagunes, María Victoria	Favor
88 Hernández Núñez, Elia	Favor
89 Hurtado Pérez, Nelly Asunción	Favor
90 Iragorri Durán, Enrique	Favor
91 Jiménez del Carrillo, María de los Ángeles	Favor
92 Jiménez Ramos, María Esther	Favor
93 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia	Favor
94 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar	Favor
95 Landero Gutiérrez, Alejandro	Favor
96 Landeros González, Ramón	Ausente
97 Lara Compeán, David	Favor
98 Larios Córdova, Héctor	Favor
99 Laviada Hernández, Íñigo Antonio	Favor
100 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio	Favor
101 Leura González, Agustín	Favor
102 Lezama Aradillas, René	Favor
103 Limas Frescas, María Soledad	Favor
104 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel	Favor
105 López Cisneros, José Martín	Ausente
106 López Reyna, Omeheira	Favor
107 López Silva, Rubí Laura	Favor
108 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel	Favor
109 Lujano Nicolás, Christian Martín	Favor
110 Maawad Robert, Luis Xavier	Ausente
111 Macías Zambrano, Gustavo	Favor
112 Madrazo Limón, Carlos	Favor
113 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús	Favor
114 Malagón Ríos, Martín	Favor
115 Malcos Amaro, María Ofelia	Favor
116 Maldonado González, David	Favor
117 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María	Favor
118 Martínez Díaz, María de Jesús	Favor
119 Martínez Valero, Dora Alicia	Favor
120 Medellín Varela, Antonio	Favor
121 Medina Macias, Alma Hilda	Favor
122 Medina Rodríguez, Delber	Favor
123 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia	Favor
124 Mejía García, Luis Alonso	Favor
125 Méndez Meneses, Apolonio	Favor
126 Mendoza Morales, Lucía Susana	Favor
127 Minjares Jiménez, José Manuel	Favor
128 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel	Favor
129 Mollinedo Hernández, Agustín	Favor
130 Monraz Ibarra, Miguel Ángel	Favor
131 Montes Sánchez, Fabián Fernando	Favor
132 Mora Cuevas, Marisol	Ausente
133 Morales Ramos, José Nicolás	Ausente
134 Morelos Borja, María Esperanza	Favor
135 Moreno Álvarez, Mario Eduardo	Ausente
136 Morgan Franco, Rocío del Carmen	Favor
137 Muñoz Serrano, José Antonio	Favor
138 Murillo Flores, Francisco Javier	Favor
139 Murillo Torres, José Luis	Favor
140 Navarro Sugich, Carlos Alberto	Favor
141 Nordhausen González, Jorge Rubén	Favor
142 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves	Favor
143 Ochoa López, Nabor	Ausente
144 Olvera Higuera, Edgar Armando	Favor
145 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto	Favor
146 Ortega Martínez, María del Pilar	Favor
147 Ortiz Hernández, Eduardo	Favor
148 Oviedo Oviedo, Ernesto	Favor
149 Padilla Orozco, Raúl Alejandro	Ausente
150 Palafox Núñez, José Inés	Favor
151 Paredes Rodríguez, Francisco Javier	Favor
152 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen	Favor
153 Parra Noriega, Luis Gustavo	Favor
154 Pérez Cuéllar, Cruz	Favor
155 Perroni Merino, Gloria	Favor
156 Peyrot Solís, Marco A.	Favor
157 Plascencia Alonso, Francisco Javier	Ausente
158 Priego Tapia, Gerardo	Favor
159 Pulido Pecero, Pedro	Favor
160 Quintero Bello, Jorge	Ausente
161 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana	Favor
162 Ramírez Barba, Ector Jaime	Favor
163 Ramírez Pech, Edgar Martín	Ausente
164 Ramírez Villarreal, Gustavo	Favor
165 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel	Favor
166 Reyes López, Carlos Armando	Favor
167 Rincón Vargas, Mirna Cecilia	Favor
168 Rivera Rivera, José Guadalupe	Favor
169 Rivero Rivero, Rolando	Favor
170 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando	Favor
171 Rodríguez Jiménez, Ricardo	Favor
172 Rodríguez Prats, Juan José	Favor
173 Rodríguez Uresti, Enrique	Ausente
174 Rojas Hernández, Laura Angélica	Ausente
175 Román Isidoro, Demetrio	Favor
176 Romo Jiménez, Martha Angélica	Favor
177 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto	Favor
178 Rueda Gómez, Francisco	Favor
179 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto	Ausente
180 Salas Contreras, Marcos	Favor
181 Salazar Madera, Mario Alberto	Ausente
182 Salum del Palacio, Jorge Alejandro	Favor
183 Sánchez Domínguez, Alejandro	Favor
184 Sánchez Gil, Carlos René	Favor
185 Sánchez Juárez, Claudia	Favor
186 Sánchez Trujillo, José Víctor	Ausente
187 Sandoval Munguia, Juan Manuel	Favor
188 Serrato Castell, Luis Gerardo	Favor
189 Shej Guzmán Sara	Favor
190 Solano Muñoz, José de Jesús	Ausente
191 Stefanonni Mazzocco, Martín	Favor
192 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette	Favor
193 Torres Gómez, Artemio	Favor
194 Torres Herrera, Víctor Manuel	Favor
195 Torres Torres, Carlos Alberto	Favor
196 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe	Ausente
197 Valladolid Rodríguez, Antonio	Ausente
198 Vasconcelos Rueda, Antonio	Favor
199 Vázquez Martínez, Alberto	Favor
200 Vega Corona, Antonio	Favor
201 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo	Favor
202 Verástegui Ostos, César Augusto	Ausente
203 Verdín Saldaña, Jaime	Favor
204 Victoria Alva, Juan	Ausente
205 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca	Favor
206 Villanueva Arjona, Juan Manuel	Favor
207 Zambrano Elizondo, Javier Martín	Favor
Favor: 158
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 49
Total: 207

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor	Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida	Abstención
3 Almazán González, José Antonio	Abstención
4 Almonte Borja, Ramón	Abstención
5 Alonso Flores, Lourdes	Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo	Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos	Abstención
8 Alva Olvera, Maribel Luisa	Ausente
9 Álvarez Ramón, Silbestre	Favor
10 Amaro Corona, Alberto	Favor
11 Aragón Castillo, Irene	Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel	Ausente
13 Arreola Calderón, Juan Dario	Abstención
14 Barreiro Pérez, Armando	Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia	Ausente
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana	Abstención
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh	Ausente
18 Brito González, Modesto	Ausente
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier	Abstención
20 Campos Aburto, Amador	Ausente
21 Cárdenas Hernández, Raymundo	Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora	Favor
23 Chávez García, Higinio	Favor
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac	Favor
25 Contreras Julián, Maricela	Favor
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia	Favor
27 Cuevas Córdova, Othón	Abstención
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix	Favor
29 De la Rosa García, Juan Hugo	Abstención
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado	Ausente
31 Dehesa Mora, Daniel	Abstención
32 Del Toro , Mario Enrique	Abstención
33 Díaz Contreras, Adriana	Ausente
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz	Favor
35 Espejel Lazcano, Jaime	Ausente
36 Fernández Balboa, Mónica	Favor
37 Flores Maldonado, César	Ausente
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro	Favor
39 Franco Melgarejo, Rafael	Abstención
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo	Abstención
41 García Rodríguez, Víctor Hugo	Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí	Ausente
43 González Garza, Javier	Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio	Favor
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis	Abstención
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene	Favor
47 Hernández Hernández, Sergio	Abstención
48 Hernández Manzanares, Javier	Ausente
49 Hernández Silva, Benjamín	Abstención
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia	Favor
51 Jacques y Medina, José	Favor
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia	Favor
53 Landero López, Pedro	Ausente
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario	Abstención
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi	Abstención
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel	Favor
57 López Barriga, Erick	Ausente
58 López Becerra, Santiago	Abstención
59 López Rojas, Alberto	Favor
60 López Torres, María Soledad	Favor
61 Lozano Lozano, Andrés	Favor
62 Luna Munguía, Alma Lilia	Favor
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar	Favor
64 Márquez Tinoco, Francisco	Ausente
65 Martínez Hernández, Alejandro	Ausente
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto	Abstención
67 Martínez Martínez, Francisco	Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo	Ausente
69 Martínez Vargas Octavio	Abstención
70 Matías Alonso, Marcos	Ausente
71 Matus Toledo, Holly	Abstención
72 Mayans Canabal, Fernando	Abstención
73 Mendoza Arellano, David	Abstención
74 Mendoza Flores, Roberto	Favor
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio	Ausente
76 Mendoza Mendoza, Irineo	Favor
77 Monreal Ávila, Susana	Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén	Ausente
79 Morales Sánchez, Efraín	Favor
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe	Favor
81 Narcía Álvarez, Héctor	Ausente
82 Navarro López, Carlos Ernesto	Ausente
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel	Ausente
84 Ojeda Hernández, Concepción	Favor
85 Oliva Fragoso, Silvia	Favor
86 Orcí Martínez, Juan Adolfo	Favor
87 Ortega Martínez, Antonio	Ausente
88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia	Ausente
89 Pacheco Llanes, Ramón Félix	Ausente
90 Pedraza Chávez, Isidro	Abstención
91 Pedrozo Castillo, Adrián	Ausente
92 Peña Sánchez, Miguel Ángel	Abstención
93 Pérez Cruz, Raciel	Favor
94 Pulido Santiago, Celso David	Favor
95 Ramos Becerril, Rafael Plácido	Ausente
96 Ramos Castellanos, Martín	Ausente
97 Rasgado Corsi, Gloria	Abstención
98 Ríos Gamboa, Raúl	Favor
99 Romero Gutiérrez, Odilón	Ausente
100 Ruiz Sánchez, Salvador	Abstención
101 Saavedra Coronel, José Antonio	Favor
102 San Martín Hernández, Juan Manuel	Favor
103 Sánchez Barrios, Carlos	Ausente
104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías	Favor
105 Sánchez Camacho, Alejandro	Ausente
106 Sánchez Camacho, David	Ausente
107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis	Favor
108 Sánchez Ramos, Francisco	Ausente
109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc	Ausente
110 Santos Arreola, Francisco Javier	Favor
111 Solares Chávez, Miguel Ángel	Abstención
112 Soriano Sánchez, Rosa Elva	Favor
113 Soto Ramos, Faustino	Ausente
114 Soto Sánchez, Antonio	Abstención
115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso	Favor
116 Torres Baltazar, María Elena	Favor
117 Torres García, Daniel	Favor
118 Trejo Pérez, Pablo	Ausente
119 Ulloa Pérez, Emilio	Ausente
120 Vallejo Estevez, Mario	Favor
121 Varela López, Víctor Gabriel	Favor
122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio	Ausente
123 Villanueva Albarrán, Gerardo	Abstención
124 Villicaña García, Rafael	Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth	Abstención
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto	Ausente
127 Zepeda Hernández, Martín	Favor
Favor: 53
Contra: 0
Abstención: 32
Quorum: 0
Ausentes: 42
Total: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico	Ausente
2 Aguilar , Diego	Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel	Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas	Ausente
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio	Ausente
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo	Favor
7 Amador Gaxiola, Daniel	Favor
8 Amador Leal, Narcizo Alberto	Favor
9 Ayala Almeida, Joel	Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto	Favor
11 Barajas López, Ramón	Favor
12 Barajas del Toro, Salvador	Favor
13 Barba Hernández, Alfredo	Favor
14 Beltrán Montes, Israel	Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique	Ausente
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio	Ausente
17 Biebrich Torres, Carlos Armando	Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis	Favor
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando	Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio	Ausente
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo	Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés	Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique	Ausente
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo	Ausente
25 Cerrillo Garnica, José Luis	Favor
26 Cervantes Andrade, Raúl	Ausente
27 Chaurand Arzate, Carlos	Favor
28 Colín Guadarrama, María Mercedes	Favor
29 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías	Favor
30 De la Garza Treviño, Jorge Luis	Favor
31 Díaz Athié, Antonio de Jesús	Favor
32 Díaz Solorzano, Elmar Darinel	Ausente
33 Domínguez Domínguez, Nemesio	Ausente
34 Duarte Jáquez, César Horacio	Favor
35 Escajeda Jiménez, José Rubén	Favor
36 Escalante Jasso, Aracely	Favor
37 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías	Favor
38 Estefan Chidiac, Charbel Jorge	Ausente
39 Flores Sandoval, Patricio	Ausente
40 Gamboa Patrón, Emilio	Favor
41 Garza Garza, Horacio Emigdio	Ausente
42 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen	Ausente
43 Gloria Requena, Tomás	Ausente
44 Gómez Lugo, Elda	Ausente
45 González Calderón, Martha Hilda	Ausente
46 González García, Sergio	Favor
47 González Salum, Miguel Ángel	Ausente
48 González Zarur, Mariano	Favor
49 Guerrero García, Javier	Ausente
50 Guerrero Juárez, Joel	Favor
51 Herrera Ale, Juana Leticia	Ausente
52 Herrera Coyac, Wenceslao	Favor
53 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando	Favor
54 Lagunes Gallina, Gerardo	Ausente
55 Lescieur Talavera, Jorge Mario	Favor
56 López Balbuena, Guillermina	Favor
57 Madrid Tovilla, Areli	Ausente
58 Martínez Rodríguez, Lorena	Ausente
59 Martínez Rocha, Arturo	Ausente
60 Méndez Lanz, Víctor Manuel	Favor
61 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso	Favor
62 Merodio Reza, Lilia Guadalupe	Favor
63 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl	Favor
64 Montalvo Gómez, Pedro	Favor
65 Morales García, Elizabeth	Ausente
66 Mota Hernández, Adolfo	Ausente
67 Muñoz Serna, Rogelio	Ausente
68 Murat , José	Favor
69 Ochoa González, Arnoldo	Ausente
70 Ojeda Camacho, Gilberto	Favor
71 Olivares Monterrubio, Alejandro	Favor
72 Olivares Ventura, Héctor Hugo	Favor
73 Ordaz Jiménez, Ismael	Favor
74 Orihuela Bárcenas, José Ascención	Favor
75 Orihuela Trejo, José Amado	Favor
76 Ortiz del Carpio, Víctor	Favor
77 Ortiz Proal, Mauricio	Favor
78 Padilla Gutiérrez, Héctor	Favor
79 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz	Ausente
80 Palma César, Víctor Samuel	Ausente
81 Parás González, Juan Manuel	Ausente
82 Patrón Montalvo, Jesús Manuel	Favor
83 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela	Ausente
84 Pérez Valdés, Daniel	Ausente
85 Pinete Vargas, María del Carmen	Favor
86 Quiñones Canales, Lourdes	Favor
87 Ramírez Martínez, José Edmundo	Favor
88 Ramírez Stabros, Jesús	Favor
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo	Favor
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco	Favor
91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda	Favor
92 Rojas Gutiérrez, Carlos	Ausente
93 Ruiz Chávez, Sara Latife	Favor
94 Salas López, Ramón	Favor
95 Sánchez Hernández, Eduardo	Ausente
96 Sandoval Paredes, Sergio	Ausente
97 Serrano Escobar, Enrique	Favor
98 Sosa Castelán, Gerardo	Ausente
99 Toledo Luis, Jorge	Favor
100 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo	Ausente
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio	Favor
102 Vega Ortiz, María Oralia	Favor
103 Velasco Pérez, Juan Carlos	Favor
104 Villa Villa, Isael	Favor
105 Villanueva Abraján, Patricia	Favor
106 Zatarain González, Carlos Ernesto	Ausente
Favor: 61
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 45
Total: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio	Favor
2 Chozas y Chozas, Olga Patricia	Favor
3 Cobo Terrazas, Diego	Favor
4 Elizondo Garrido, Francisco	Ausente
5 Estrada González, Faustino Javier	Favor
6 García Noriega, María Guadalupe Josefina	Favor
7 González Martínez, Jorge Emilio	Ausente
8 Lavara Mejía, Gloria	Favor
9 López Adame, Antonio Xavier	Favor
10 López Ramírez, Sergio Augusto	Favor
11 Notholt Guerrero, Alan	Favor
12 Portilla Diéguez, Manuel	Favor
13 Puente Salas, Carlos Alberto	Favor
14 Ramírez Cerda, Ana María	Ausente
15 Salgado Amador, Manuel Salvador	Favor
16 Sesma Suárez, Jesús	Favor
17 Velasco Rodríguez, Verónica	Ausente
Favor: 13
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 17

CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan	Favor
2 Aguilera Rico, José Luis	Favor
3 Cárdenas Márquez, Elías	Ausente
4 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús	Favor
5 Chanona Burguete, Alejandro	Ausente
6 Del Río Virgen, José Manuel	Ausente
7 Esteva Salinas, Alberto	Favor
8 Godoy Cárdenas, Jorge	Favor
9 López Lena Cruz, Humberto	Favor
10 Salvatori Bronca, María del Carmen	Favor
11 Samperio Montaño, Juan Ignacio	Ausente
12 Sansores San Román, Layda Elena	Ausente
13 Tagle Martínez, Martha Angélica	Favor
14 Uscanga Cruz, Robinson	Ausente
15 Valdés Chávez, Ramón	Ausente
16 Varela Lagunas, Tomás José Luis	Favor
17 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc	Favor
Favor: 10
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 7
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén	Ausente
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo	Favor
3 Cantú Garza, Ricardo	Abstención
4 Cervantes Rivera, Jaime	Ausente
5 Garay Ulloa, Silvano	Favor
6 Herrera Solís, Anuario Luis	Favor
7 Maciel Ortiz, María Mercedez	Ausente
8 Peregrino García, Abundio	Ausente
9 Romero Guzmán, Rosa Elia	Favor
10 Solís Parga, Rodolfo	Favor
11 Vela González, Joaquín Humberto	Favor
Favor: 6
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 11

PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica	Favor
2 Cárdenas Fonseca, Manuel	Favor
3 Castillo Nájera, Ariel	Ausente
4 Dávila Esquivel, Humberto	Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto	Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel	Ausente
7 Luna Becerril, Blanca	Favor
8 Luna Rodríguez, Silvia	Favor
9 Piñeyro Arias, Irma	Favor
Favor: 7
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 9

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina	Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe	Ausente
3 García Méndez, Armando	Favor
4 Hernández Valadés, Delio	Abstención
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo	Ausente
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández, Félix	Ausente
Favor: 0
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 1