• Que el diputado Alberto López Rojas pase del cargo de secretario a integrante en la Comisión de Derechos Humanos.

• Que la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo pase de ser integrante a ocupar la secretaría de la Comisión de Derechos Humanos.

• Que la diputada Patricia Chozas y Chozas cause alta como secretaria en el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y Equidad de Género.

• Que la diputada Patricia Chozas y Chozas cause alta como integrante en el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y Equidad de Género, y no como secretaria, como se había realizado.

• Que el diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos cause alta como secretario en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

• Que el diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos cause alta como integrante en las comisiones de Fortalecimiento al Federalismo, y de Seguridad Pública.

• Que el diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos cause alta como integrante en la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación.

• Que el diputado Gerardo Villanueva Albarrán cause baja como integrante de la Comisión Especial de prospectiva para la definición del futuro de México.

• Que la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez sustituya a la diputada Maricela Contreras Julián como integrante de la Comisión de Gobernación.

• Que el diputado Jesús Ricardo Canavati Tafich cause baja de las comisiones de Desarrollo Metropolitano y de Cultura.

• Que el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera cause baja como integrante en la Comisión Especial para el Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo y al Capítulo Agropecuario del TLC.

• Que el diputado Gerardo Lagunes Gallina cause baja en las comisiones de Asuntos Indígenas, de Atención a Grupos Vulnerables, Especial de no discriminación, nuevos sujetos, nuevos derechos, y del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.

• Que el diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar cause baja como integrante en la Comisión Especial para el Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo y al Capítulo Agropecuario del TLC.

``Tales medidas serán levantadas gradualmente, siempre y cuando se acredite por el proveedor el avance de las acciones tendientes a dar certeza de la corrección y solución del hecho o situación que originen el peligro referido en los términos previstos por el reglamento de la presente ley. En su caso, la Procuraduría hará del conocimiento de otras autoridades competentes la aplicación de la o las medidas a que se refiere este precepto''.

i. Que las medidas precautorias son susceptibles de ser tasadas gradualmente o en partes, esto es, que son divisibles, y

ii. Que la razón por la cual fueron impuestas es igualmente fraccionable.

• Bebidas alcohólicas adulteradas: conforme al texto aprobado, la Procuraduría se vería obligada a levantar gradualmente la inmovilización de esta clase de productos, aún persistiendo los riesgos a la salud de los consumidores, ya que no hay forma de restablecer el producto inmovilizado a los parámetros legales dentro de los cuales debió ser producido.

• Venta de gas y gasolina: la Procuraduría tendría que levantar la medida precautoria de inmovilización aún persistiendo la afectación a la economía de una colectividad de consumidores por parte del comercio infractor, al no haber cesado totalmente las causas que hubieren motivado la imposición de dicha medida; como podría ser en caso de que no se ajuste completamente la operación de los dispensarios de una estación de servicio a las especificaciones establecidas por la normatividad aplicable.

``Sin perjuicio de la intervención que otras disposiciones legales asignen a distintas dependencias, la Procuraduría podrá:

I. Ordenar al proveedor que suspenda la información o publicidad que viole las disposiciones de esta ley y, en su caso, al medio que la difunda;

II. Ordenar que se corrija la información o publicidad que viole las disposiciones de esta ley en la forma en que se estime suficiente, y

III. Imponer las sanciones que correspondan, en términos de esta ley.

Para los efectos de las fracciones II y III, deberá concederse al infractor la garantía de audiencia a que se refiere el artículo 123 de este ordenamiento.

Cuando la Procuraduría instaure algún procedimiento administrativo relacionado con la veracidad de la información, podrá ordenar al proveedor que en la publicidad o información que se difunda se indique que la veracidad de la misma no ha sido comprobada ante la autoridad competente.''

``En todos los supuestos de este artículo, deberá concederse al infractor la garantía de audiencia a que se refiere el artículo 123 de esta ley''.

``Medidas cautelares. No constituyen actos privativos, por lo que para su imposición no rige la garantía de previa audiencia. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia.''

Registro No. 196727. Localización: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, marzo de 1998. Página: 18.

Protección al consumidor. Las medidas precautorias contenidas en el artículo 25 Bis de la ley federal relativa, vigente a partir del 4 de mayo de 2004, no constituyen actos privativos, por lo que no se rigen por la garantía de previa audiencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la citada garantía, contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo rige respecto de actos privativos, entendiéndose por tales los que en sí mismos persiguen la privación con efectos definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, si se toma en cuenta que las medidas precautorias previstas en el artículo 25 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, consistentes en inmovilización de envases, bienes, productos y transportes; aseguramiento de bienes o productos; suspensión de la comercialización de bienes, productos o servicios; colocación de sellos de advertencia, así como la suspensión de información o publicidad a que se refiere el numeral 35 de dicha ley, no constituyen actos de privación definitiva sino que son medidas meramente precautorias, es indudable que previamente a su imposición no opera la referida garantía de previa audiencia.

Registro No. 173211. Localización: Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, febrero de 2007. Página: 476.

``Cuando la Procuraduría instaure algún procedimiento administrativo relacionado con la veracidad de la información, podrá solicitar al proveedor que en la publicidad o información que se difunda, se indique qué parámetros fueron considerados para tales manifestaciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 y demás relativos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización''.

``Únicamente podrá exceptuarse la entrega del bien en la fecha convenida, por caso fortuito o fuerza mayor ajenos al proveedor y sus contratistas, plenamente acreditado por el proveedor, pudiéndose pactar una nueva fecha de entrega''

``Todo bien inmueble en que se ofrezca garantía, deberá sujetarse a lo dispuesto en los artículos 78, 79, 80, 81 y 84 de la presente ley, en lo que sea aplicable y atendiendo a la naturaleza propia del bien''.

``En caso de que el consumidor haya hecho valer la garantía establecida en el artículo 73 Quáter y persistan los defectos o fallas graves, generando molestias importantes a los consumidores en los usos a que habitualmente destinan el inmueble, el proveedor se verá obligado de nueva cuenta a realizar todas las reparaciones necesarias para satisfacer al consumidor, así como a otorgarle una bonificación, la cual será del cinco por ciento de la cantidad pagada por el bien''.

1. Haber hecho valer previamente la garantía respecto de alguna falla o vicio oculto del inmueble;

2. Que la falla persista, no obstante las reparaciones que ya tendría que haber realizado el proveedor en términos de la garantía;

3. Que dicho defecto o falla sea ``grave'', sin que la norma proporcione elementos para ponderar este requisito;

4. Que además de ser grave, ``genere molestias importantes a los consumidores'', siendo este elemento igualmente subjetivo que el anterior, y

5. Que esas molestias afecten específicamente ``los usos a que habitualmente se destina el inmueble''.

``...para el supuesto que sigan persistiendo los defectos o fallas graves a que se refiere el párrafo anterior, el consumidor podrá optar por cualquiera de las dos acciones que se señalan a continuación:

I. Solicitar la restitución del bien inmueble, siempre y cuando éste no haya sido escriturado e inscrito ante el Registro Publico de la Propiedad que corresponda, o bien;

II. Solicitar la rescisión del contrato, en cuyo caso, el proveedor tiene la obligación de reintegrarle el precio pagado y, si así procediera, los intereses a que se refiere el segundo párrafo del artículo 91 de esta ley.

Las anteriores acciones, sin perjuicio de la que en su caso corresponda por daños y perjuicios, cuya determinación será realizada por la autoridad judicial, quien considerará el pago de la bonificación efectuada por el proveedor''.

``El Ejecutivo federal expedirá dentro de los 180 días naturales a partir de la publicación de la presente Ley en el Diario Oficial de la Federación, los reglamentos que previene este cuerpo normativo y las demás disposiciones administrativas y programas necesarios, así como las adecuaciones de carácter orgánico, estructural o funcional para su debido cumplimiento.''

``Los programas contenidos en el artículo 5 se implementarán en un año contando a partir de la entrada en vigor del presente decreto y podrán considerar que los porcentajes mínimos de oxigenantes de gasolina sustentados en etanol y los porcentajes de biodiesel se integren gradualmente conforme a metas que en el corto, mediano y largo plazos se establezcan, tomando en cuenta su disponibilidad nacional, costos y lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas.''

``Artículo 1. La presente Leyes reglamentaria de los artículos 25, 27, fracción XX, y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es de observancia general en toda la República Mexicana y tiene por objeto la promoción y desarrollo de los bioenergéticos con el fin de alcanzar la diversificación energética y el desarrollo sustentable como condiciones que permiten garantizar el apoyo al campo mexicano, y establece las bases para:

I. ...

II. Impulsar la producción agrícola y el empleo productivo a partir de la bioenergía;

III. a IX. ...''

(Énfasis añadido).

I. a XXV. ...

XXVI. Derogado

XXVII. y XXVIII. ...

1. Por cuanto el derecho a la formación profesional es una condición para el goce del derecho al trabajo, su proclamación obliga a los Estados a proveer los medios jurídicos y los servicios correspondientes para asegurar que todas las personas, sin ninguna discriminación, tengan el máximo de oportunidades de acceder a una capacitación acorde con sus expectativas.

2. Para que la igualdad de oportunidades sea efectiva deben arbitrarse medidas especiales, de tal forma que se posibilite de la manera más amplia la formación profesional de las personas pertenecientes a grupos con características particulares o que, por diversas circunstancias, puede considerarse que se hallan en inferioridad de condiciones al respecto.

3. El derecho a la formación supone el derecho de quienes se hallan en una relación de trabajo a disponer del tiempo necesario para aprovechar, sin ninguna discriminación, las oportunidades de formación que se presenten y para gozar de las facilidades correspondientes, incluida la licencia de estudios.

I. Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar;

II. Cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador;

III. Cuando se trate de trabajo de aprendizaje; y

IV. En los demás casos previstos en esta ley.

I. a III. ...

IV. En el servicio doméstico;

V. Cuando se trate de trabajadores eventuales; y

VI. Cuando se mantenga una relación de trabajo de aprendizaje.

I. El mutuo consentimiento de las partes;

II. La muerte del trabajador;

III. La terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital, de conformidad con los artículos 36, 37 y 38;

IV. La incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo; y

V. Los casos a que se refieren los artículos 434 y 353-V.

I. El aprendizaje es una relación contractual especial que vincula a un empresario y a un joven sin empleo generando derechos y obligaciones.

II. La relación de aprendizaje tendrá una duración mínima de tres meses y una duración máxima de doce meses.

III. Podrán participar en este tipo de relación

IV. Los empresarios suscribirán, en cada caso, un contrato obligándose a satisfacer la finalidad formativa de la relación de aprendizaje.

V. El aprendiz se obliga a cumplir las tareas que le encomiende el empresario relacionadas con el aprendizaje, asistiendo regularmente al establecimiento, que en ningún caso podrá superar cuatro horas diarias o veinticuatro semanales.

VI. El monto de la compensación que deberá recibir el aprendiz no podrá ser inferior al salario mínimo general vigente de la zona geográfica correspondiente.

VII. Los empresarios y los aprendices vinculados por la relación contractual especial de aprendizaje están excluidos por este tipo de contrato del pago de las contribuciones de seguridad social.

IX. El empresario deberá entregar al aprendiz un certificado que acredite experiencia o especialización adquirida.

X. La protección especial referida a la permanencia del vínculo de aprendizaje correspondiente a situaciones jurídicas sobrevenidas en el curso del periodo de aprendizaje perdurará exclusivamente hasta la finalización del mismo.

XI. No podrán ser contratados como aprendices quienes hayan tenido previamente una relación laboral con la empresa.

XII. Las empresas podrán contratar aprendices siempre que con ello excedan el número promedio de los trabajadores ocupados en forma permanente en la misma en los doce meses anteriores a la fecha de celebración del contrato, excluidos los aprendices que pudiere tener contratados durante dicho periodo.

El número de aprendices que se contraten no podrá exceder de 10 por ciento de los trabajadores que cumplan las características mencionadas. Durante su primer año de funcionamiento las empresas podrán contratar hasta el equivalente a 10 por ciento de los trabajadores ocupados en forma permanente. Si por aplicación de este porcentaje resultare una cifra inferior a dos, se podrá optar por este último número. Asimismo, las fracciones iguales o superiores a 0.5 se elevarán al entero siguiente.

XIII. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con relación al contrato de aprendizaje, y la autoridad de aplicación que en cada caso vigilarán que no se desnaturalicen.

Administración de Justicia. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece diversos principios que integran aquel derecho público subjetivo, a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.²

Costas prohibidas por el artículo 17 constitucional. Lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, en el sentido de que ``Los tribunales estarán expeditos para administrar justicia en los plazos y términos que exige la ley su servicio será gratuito, quedando en consecuencia, prohibidas las costas judiciales'', debe entenderse que significa que los propios tribunales no percibirán remuneración alguna de los particulares o partes que intervienen en cualquier clase de negocio judicial, cualesquiera que sean los gastos erogados por el Estado en el desempeño de la función jurisdiccional que le encomienda dicho precepto; pero esta garantía no corresponde al caso de quien se ve compelido a ocurrir al llamado de la autoridad judicial para responder de una demanda que a la postre resulta carente de razón y de derecho, pues, entonces, su contrario debe indemnizarlo de los gastos que hiciere con ese motivo, esto es, cubriéndole el importe de las costas que erogara por su intervención en la contienda. Es, pues, inexacto que el artículo que se comenta prohíba las costas en su acepción general puntualizada, es decir, el pago de los honorarios del profesor y gastos erogados por las partes, en beneficio de la contraria, que son los casos a que se refiere el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles, pues la prohibición que consigna el precepto de referencia con rango de garantía individual, es respecto a ``costas judiciales'', cuyo significado ha quedado establecido. ³

Costas Judiciales. Alcance de su prohibición constitucional. Lo que prohíbe el artículo 17 constitucional es que el gobernado pague a quienes intervienen en la administración de justicia por parte del Estado, una determinada cantidad de dinero por la actividad que realiza el órgano jurisdiccional, pues dicho servicio debe ser gratuito. ⁴

I. al IV. ...

V. Expedir las copias certificadas que deban darse a las partes, sin costo alguno y previo acuerdo del tribunal correspondiente;

VI. al XIII. ...

...

I. al VII. ...

Por la expedición de documentos o copias certificadas de los mismos que sean solicitados por la federación, el Distrito Federal, estados y municipios de asuntos oficiales y de su competencia, siempre que esta solicitud no derive de la petición de un particular, así como por la expedición de copias certificadas para la substanciación del juicio de amparo y de juicios agrarios, no se pagarán derechos.

...

...

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria, de Justicia, y de Hacienda y Crédito Público.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha la asamblea de la Cámara de Senadores acordó devolver, para los efectos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 constitucional, el expediente completo de la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha la asamblea de la Cámara de Senadores acordó devolver, para los efectos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 constitucional, el expediente completo de la minuta proyecto de decreto que adiciona una fracción V al artículo 65 de la Ley General de Salud.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Salud.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha la asamblea de la Cámara de Senadores acordó devolver, para los efectos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 constitucional, el expediente completo de la minuta proyecto de decreto por el que se reforma el inciso d) de la fracción II del artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

LEY DE AMPARO

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha la asamblea de la Cámara de Senadores acordó devolver, para los efectos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 72 constitucional, el expediente completo de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 76 Bis, fracción V, 91, fracción VI, y el último párrafo del artículo 161 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Justicia.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José Luis Lobato Campos, del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó solicitud de excitativa a comisiones en relación con el proyecto de decreto que propone abrogar la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

La Presidencia dispuso remitir dicha solicitud de excitativa a la Cámara de Diputados, la que se anexa.

«Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la Republica.--- Presente.

El suscrito, José Luis Lobato Campos, senador de la República de la LX Legislatura al Congreso de la Unión, le solicita atentamente que en uso de la facultad que confiere al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores el inciso g) del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se turne la presente a la Cámara de Diputados a fin de que, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 21, la fracción XVI, y el 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, a fin de que presente el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que propone abrogar la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, presentada por el suscrito el martes 12 de diciembre de 2006 durante el primer periodo ordinario de sesiones de esta legislatura.

Por lo anteriormente expuesto le solicito se envíe la presente:

Excitativa

Único. Se turne la presente a la Cámara de Diputados a fin de que la Mesa Directiva de la colegisladora excite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para que presente, en un día fijado por la propia mesa, el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que propone abrogar la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, presentada por el senador José Luis Lobato Campos el martes 12 de diciembre de 2006, durante el primer periodo ordinario de sesiones de esta legislatura, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

«Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores en la LX Legislatura.--- Presente.

Me permito solicitar a usted la inscripción en el orden del día de la sesión ordinaria del martes 24 de abril de 2007 la intervención a fin de solicitar a la Presidencia de la Mesa Directiva que realice excitativa a la Cámara de Diputados a fin de que la Mesa Directiva de la colegisladora que excite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para que presenten, en un día fijado por la propia mesa el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que propone abrogar la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, presentada por el senador José Luis Lobato Campos el martes 12 de diciembre de 2006, durante el primer periodo ordinario de sesiones de esta legislatura, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

«Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores de la LX Legislatura.--- Presente.

Me permito solicitar a usted la inscripción en el orden del día de la sesión ordinaria del martes 24 de abril de 2007 la intervención a fin de solicitar a la Presidencia de la Mesa Directiva que realice excitativa a la Cámara de Diputados, a fin de que la Mesa Directiva de la colegisladora excite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para que presente, en un día fijado por la propia mesa, el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que propone abrogar la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, presentada por el senador José Luis Lobato Campos el martes 12 de diciembre de 2006, durante el primer periodo ordinario de sesiones de esta legislatura, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Esta Presidencia, a nombre del pleno, le da la más cordial bienvenida a la señora Concepción Moreno Arteaga, invitada especial del Grupo Parlamentario del PRD. ¿Sí diputada, con qué objeto? Si le dan voz, sonido a la diputada, por favor. A la diputada Maricela Contreras.

CONCEPCION MORENO ARTEAGA

La diputada Maricela Contreras Julián (desde la curul): Nada más para compartir con el pleno, que la señora Concepción Moreno Arteaga, fue injustamente acusada de traficar con personas en el estado de Querétaro. Por lo cual estuvo dos años y medio presa y el día viernes por las gestiones del Centro de Derechos Humanos y la aceptación de un punto de acuerdo en el pleno de la Comisión Permanente, ella ha sido absuelta el viernes anterior y hoy nos acompaña. Muchas gracias, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se toma nota, señora diputada. Gracias. Minutas.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se adiciona el Código Penal Federal.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Por el que se adiciona el Código Penal Federal

Artículo Único .- Se adicionan los párrafos tercero, con tres fracciones, y cuarto al artículo 51 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 51 . Dentro de los límites fijados por la ley, los jueces y tribunales aplicarán las sanciones establecidas para cada delito, teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares del delincuente; particularmente cuando se trate de indígenas se considerarán los usos y costumbres de los pueblos y comunidades a los que pertenezcan.

En los casos de los artículos 60, fracción VI, 61, 63, 64, 64-Bis y 65 y en cualesquiera otros en que este Código disponga penas en proporción a las previstas para el delito intencional consumado, la punibilidad aplicable es, para todos los efectos legales, la que resulte de la elevación o disminución, según corresponda, de los términos mínimo y máximo de la pena prevista para aquél. Cuando se trate de prisión, la pena mínima nunca será menor de tres días.

Si se trata de un delincuente primario, de delito no grave y que, por las circunstancias y características del delito cometido, no representa un riesgo para el ofendido o para la sociedad, respecto a la pena privativa de la libertad que le correspondería conforme a este Código, el juez al momento de dictar sentencia:

Para los efectos de este artículo, el juez sólo podrá aplicar una sola de las reducciones anteriormente señaladas.

Transitorio

Único .- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 301 del Código Penal Federal.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Por el que se reforma y adiciona el Código Penal Federal.

Artículo Único. Se reforma el artículo 301 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 301. De las lesiones que a una persona cause algún animal, será responsable el que con esa intención lo azuce, o lo suelte o haga esto último por descuido.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnense estos dos a la Comisión de Justicia.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 424 Quáter al Código Penal Federal.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Por el que se adiciona el artículo 424 Quáter al Código Penal Federal

``Artículo Único. Se adiciona el artículo 424 Quáter al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 424 Quáter. Se impondrá prisión de tres a siete años y de dos mil a veinte mil días multa

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

CODIGO PENAL FEDERAL

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal.

Artículo Único. Se reforma la denominación del Título Vigésimo y su Capítulo I, y se adiciona en el capítulo de referencia el artículo 347 Bis al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Título Vigésimo Delitos Contra la Intimidad y el Honor

Capítulo I Intimidad

Artículo 344. (Derogado).

Artículo 345. (Derogado).

Artículo 346. (Derogado).

Artículo 347. (Derogado).

Artículo 347 Bis. Al que gestione, instale o permita que se instale en un lugar público o en propiedad privada algún dispositivo tecnológico con el propósito de promover, publicar, distribuir o transmitir en tiempo real o diferido imágenes o fotografías con contenido sexual, de exhibición corporal o que resulten lesivas a la integridad moral, al honor o a la intimidad, sin el consentimiento expreso de quien o quienes ahí aparezcan, se impondrán de seis meses a seis años de prisión y multa de cincuenta a doscientos cincuenta días multa.

La promoción, publicación, distribución o transmisión, en tiempo real o diferido, de las imágenes o fotografías a que se refiere el párrafo anterior, sin el consentimiento expreso de quien o quienes en ellas aparezcan, se sancionará con una pena de dos a ocho años de prisión y de cien a quinientos días multa;

Cuando en la comisión de este delito intervenga un servidor público, como sujeto activo, la pena aumentará en una tercera parte.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Justicia.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - CODIGO PENAL FEDERAL

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y del Código Penal Federal.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial y del Código Penal Federal.

Artículo Primero. Se reforman las fracciones II y III, así como el último párrafo, del artículo 223 y el artículo 223 Bis; y se adiciona un segundo párrafo en el artículo 224, todos de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

Artículo 223. ...

Artículo 223 Bis. Se impondrán de tres meses a tres años de prisión y multa de mil a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al que venda a cualquier consumidor final en vías o en lugares públicos, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta ley. Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se estará a lo dispuesto en los artículos 223 y 224 de esta ley.

Artículo 224. Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa alguno de los delitos que se señalan en las fracciones I, IV, V o VI del artículo 223 de esta ley. En el caso de los delitos previstos en las fracciones II o III del mismo artículo 223, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Cuando los delitos a que se refiere el artículo 223 de esta ley, sean cometidos por servidores públicos, las penas previstas en el párrafo anterior se aumentarán hasta en dos terceras partes en sus extremos mínimos y máximos.

Artículo Segundo. Se reforman la fracción III del artículo 424, la fracción I del artículo 424 Bis; se reforman los párrafos primero y segundo y se adiciona un tercer párrafo al artículo 424 Ter, y se reforma el artículo 429 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 424. ...

Artículo 424 Bis. ...

Artículo 424 Ter. Se impondrá prisión de tres meses a tres años y de mil a diez mil días multa, a quien exhiba para su venta, venda, almacene o distribuya en vías o en lugares públicos, copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, a que se refiere la fracción I del artículo anterior.

Si la venta, el almacenamiento o distribución, se realizan en establecimientos comerciales, o de manera organizada o permanente, se estará a lo dispuesto en el artículo 424 Bis de este Código.

No se procederá penalmente en contra de quien sea sorprendido por primera vez vendiendo copias de obras, fonogramas, videogramas o libros, sin la autorización que deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos.

Artículo 429. Los delitos previstos en los artículos 424, fracciones I y III, 424 Bis y 424 Ter, se perseguirán de oficio. Los demás delitos previstos en este título se perseguirán por querella de parte ofendida.

En el caso de que los derechos de autor hayan entrado al dominio público, la querella por la contravención de los derechos morales, la formulará la Secretaría de Educación Pública.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Justicia, con opinión de las Comisiones de Economía y de Cultura.

LEY SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO - LEY DE PROTECCION Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes sobre el Contrato de Seguro, y de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre el Contrato de Seguro y de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros

Artículo Primero. Se reforma el artículo 81, y se adicionan las fracciones I y II al mismo artículo de la Ley sobre el Contrato de Seguro, para quedar como sigue:

Artículo 81. Todas las acciones que se deriven de un contrato de seguro prescribirán

Artículo Segundo. Se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 52 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para quedar como sigue:

Artículo 52. ...

Cualquier persona que presuma que es beneficiaria de algún seguro de vida podrá acudir a la Comisión Nacional a solicitar información que le permita saber si es beneficiaria de uno o varios seguros de vida, ya sea individuales o colectivos, incluyendo los que se obtienen por la contratación de productos y servicios financieros.

La Comisión Nacional, mediante reglas de carácter general, determinará la forma y los términos en que se harán del conocimiento de los usuarios los resultados de las solicitudes que se sean formuladas con motivo de lo establecido en este artículo.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros será la autoridad responsable para los efectos legales conducentes derivados del artículo segundo del presente decreto.

LEY GENERAL DE EDUCACION - LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley General de Educación y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan la Ley General de Educación y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Artículo Primero. Se reforman el segundo y tercer párrafos del artículo 2o.; se reforma la fracción XI del artículo 7o. y se reforma la fracción II del artículo 8o. de la Ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo, al desarrollo sustentable y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social.

En el proceso educativo deberá asegurarse la participación activa del educando, estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad social y ambiental, para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7o.

Artículo 7o. ...

Artículo 8o. ...

Artículo Segundo. Se reforma el primer párrafo del artículo 17; se modifica la denominación de la Sección VIII del Capítulo IV del Título Primero; se reforma el primer párrafo del artículo 39; se adiciona el artículo 39 Bis y se adiciona el artículo 41 Bis; todos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 17. En la planeación nacional del desarrollo se deberá incorporar la política ambiental, el ordenamiento ecológico y la educación ambiental, que se establezcan de conformidad con esta Ley y las demás disposiciones en la materia.

...

Sección VIII Investigación y Educación Ambiental

Artículo 39. Las autoridades competentes promoverán la incorporación de contenidos ambientales, conocimientos, valores y competencias, en los diversos ciclos educativos, especialmente en el nivel básico, así como en la formación cultural de la niñez y la juventud.

...

...

...

Artículo 39 Bis. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley General de Educación, las actividades de educación ambiental o relacionadas con la misma se desarrollarán de acuerdo a los fines siguientes:

Artículo 41 Bis. La Secretaría promoverá ante las autoridades educativas competentes de los órdenes federal y estatal de gobierno, el otorgamiento de reconocimientos y distinciones a los educadores que se destaquen por su desempeño en materia de educación ambiental.

Transitorio

Único .- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

CODIGO DE COMERCIO

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del código de comercio.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio

Artículo Único. Se reforman los artículos 1054, 1057, 1058, 1063, 1069, 1079, 1154, 1165 último párrafo, 1191, 1193, 1203, 1223, 1224, 1232 fracción I, 1235, 1247, 1250, 1253 fracciones III, IV, VI y VII, 1254, 1255, 1263, 1336, 1337 fracción III, 1338, 1339, 1340, 1342, 1344, 1345, 1348, 1378, 1396, 1414, y se adicionan los artículos 1250 Bis, 1250 Bis 1, 1337 fracción IV, 1345 Bis, 1345 Bis 1, 1345 Bis 2, 1345 Bis 3, 1345 Bis 4, 1345 Bis 5, 1345 Bis 6 1345 Bis 7, 1345 Bis 8 y 1407 Bis, todo del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 1054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y en su defecto se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule la institución cuya suplencia se requiera, la ley de procedimientos local respectiva.

Artículo 1057. El juez examinará de oficio la personalidad de las partes, pero los litigantes podrán impugnar la de su contraria cuando tengan razones para ello, en vía incidental que no suspenderá el procedimiento y la resolución que se dicte será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 1126 de este Código.

Artículo 1058. Por aquel que no estuviere presente en el lugar del juicio ni tenga representante legítimo, podrá comparecer un gestor judicial para promover en el interés del actor o del demandado, y siempre sujetándose a las disposiciones de los artículos relativos del Código Civil Federal, y gozará de los derechos y facultades de un mandatario judicial. Si la ratificación de la gestión se da antes de exhibir la fianza, la exhibición de esta no será necesaria.

Artículo 1063. Los juicios mercantiles se substanciarán de acuerdo a los procedimientos aplicables conforme este Código, las leyes especiales en materia de comercio y en su defecto por el Código Federal de Procedimientos Civiles y en último término por el Código de Procedimientos Civiles local.

Artículo 1069 . ...

...

...

Las personas autorizadas en los términos de este artículo, serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil Federal, relativas al mandato y las demás conexas. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito presentado al tribunal, haciendo saber las causas de la renuncia.

...

...

...

Artículo 1079 . ...

Artículo 1154. La acción que puede ejercitarse conforme a las fracciones II y III del artículo 1151 procede contra cualquier persona que tenga en su poder las cosas que en ellas se mencionan. Mediante notificación personal se correrá traslado por el término de tres días a aquel contra quien se promueva, para que manifieste lo que a su derecho convenga, exponiendo en su caso las razones que tenga para oponerse a la exhibición o que le impidan realizarla. En dichos escritos deberán ofrecerse las pruebas, las que de admitirse se recibirán en la audiencia que debe celebrarse dentro del plazo de ocho días, y en donde se alegue y en la misma se resuelva sobre la exhibición solicitada. En caso de concederse la exhibición del bien mueble o de los documentos, el juez señalará día, hora y lugar para que se lleve a cabo la misma, con el apercibimiento que considere procedente. La resolución que niegue lo pedido será apelable en ambos efectos y la que lo conceda lo será en el devolutivo, de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, que se llegue a dictar en el juicio que se promoviere, con base en dicho medios.

Artículo 1165. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

La resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos, y en caso contrario se admitirá en el efecto devolutivo, de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, que se llegue a dictar en el juicio que se promoviere, en base a dicho medios.

Artículo 1191. Si atendido el interés del negocio hubiere lugar a la apelación, ésta se admitirá solo en el efecto devolutivo y será de tramitación inmediata. Si la sentencia levanta la providencia precautoria, no se ejecutará sino previa fianza que dé la parte que obtuvo. La sentencia de segunda instancia causará ejecutoria. Cuando la providencia precautoria hubiere sido dictada en segunda instancia, la sentencia no admitirá recurso alguno.

Artículo 1193. ...

El fiador, o la compañía de fianzas que otorgue la garantía por cualquiera de las partes se entiende que renuncia a todos los beneficios legales, observándose en este caso, lo dispuesto en los artículos relativos al Código Civil Federal.

Artículo 1203. Al día siguiente en que termine el período del ofrecimiento de pruebas, el juez dictará resolución en la que determinará las pruebas que se admitan sobre cada hecho, pudiendo limitar el número de testigos prudencialmente. En ningún caso se admitirán pruebas contra del derecho o la moral; que se hayan ofrecido extemporáneamente, sobre hechos no controvertidos o ajenos a la litis; sobre hechos imposibles o notoriamente inverosímiles, o bien que no reúnan los requisitos establecidos en el artículo 1198 de este Código. Contra el auto que admita alguna prueba que contravenga las prohibiciones señaladas anteriormente o que no reúna los requisitos del artículo 1198, procede la apelación en efecto devolutivo de tramitación conjunta con la sentencia definitiva, cuando sea apelable la sentencia en lo principal. En el mismo efecto devolutivo y de tramitación conjunta con dicha sentencia, será apelable la determinación en que se deseche cualquier prueba que ofrezcan las partes o terceros llamados a juicio, a los que siempre se les considerará como partes en el mismo.

Artículo 1223. Si se presenta pliego de posiciones para el desahogo de la confesional, éste deberá presentarse cerrado, y guardarse así en el secreto del tribunal, asentándose la razón respectiva en la misma cubierta, que rubricará el juez y firmará el secretario. Si no se exhibe el pliego, deberá estarse a lo dispuesto en el siguiente artículo.

Artículo 1224. Si el citado comparece, el juez, en su presencia, abrirá el pliego, se impondrá de las posiciones, y antes de proceder al interrogatorio, calificará las preguntas conforme al artículo 1222.

La notificación personal al que deba absolver posiciones se practicará, por lo menos con dos días de anticipación al señalado para la audiencia, sin contar el día en que se verifique la diligencia de notificación, el día siguiente hábil en que surta efectos la misma ni el señalado para recibir la declaración.

Si la oferente de la prueba decide no presentar pliego de posiciones, tendrá el derecho de articular posiciones verbales en la audiencia respectiva, pero en el caso de incomparecencia de la misma, se castigará con deserción de la confesional.

Contra la calificación de posiciones, procede el recurso de apelación preventiva de tramitación conjunta con la sentencia definitiva.

Artículo 1232. ...

Artículo 1235. Cuando la confesión no se haga al absolver las posiciones, sino al contestar la demanda o en cualquier otro acto del juicio, no siendo en la presencia judicial, para que ésta quede perfeccionada, el colitigante deberá pedir la ratificación, y si existiere negativa injustificada para ratificar dicho escrito que contenga la confesión, o bien omisión de hacerlo, se acusará la correspondiente rebeldía, quedando perfecta la confesión.

Artículo 1247. Las partes sólo podrán objetar los documentos en cuanto a su alcance y valor probatorio dentro de los tres días siguientes al auto admisorio de pruebas, tratándose de los presentados hasta entonces. Los exhibidos con posterioridad podrán ser objetados en igual término, contado desde el día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del auto que ordene su admisión. No será necesario para la objeción a que se refiere el presente artículo la tramitación incidental de la misma.

Artículo 1250. En caso de que se niegue o se ponga en duda la autenticidad de un documento, objetándolo o impugnándolo de falso, podrá pedirse el cotejo de letras y/o firmas. Tratándose de los documentos exhibidos junto con la demanda, el demandado si pretende objetarlos o tacharlos de falsedad, deberá oponer la excepción correspondiente, y ofrecer en ese momento las pruebas que estime pertinentes, además de la prueba pericial, debiendo darse vista con dicha excepción a la parte actora, para que manifieste lo que a su derecho convenga respecto a la pertinencia de la prueba pericial, y reservándose su admisión para el auto admisorio de pruebas, sin que haya lugar a la impugnación en la vía incidental. En caso de que no se ofreciera la pericial, no será necesaria la vista a que se refiere el presente artículo sino que deberá estarse a lo dispuesto por los artículos 1379 y 1401 de este Código, según sea el caso.

Tratándose de documentos exhibidos por la parte demandada junto con su contestación a la demanda, o bien de documentos exhibidos por cualquiera de las partes con posterioridad a los escritos que fijan la litis, la impugnación se hará en vía incidental.

Las objeciones a que se refiere el párrafo anterior se podrán realizar desde el escrito donde se desahogue la vista de excepciones y defensas y hasta diez días antes de la celebración de la audiencia, tratándose de los presentados hasta entonces, y respecto de los que se exhiban con posterioridad, dentro de los tres días siguientes a aquel en que en su caso, sean admitidos por el tribunal.

Si con la impugnación a que se refieren los dos párrafos anteriores no se ofreciere la prueba pericial correspondiente o no se cumpliere con cualquiera de los requisitos necesarios para su admisión a trámite, se desechará de plano por el juzgador.

Artículo 1250 Bis. En el caso de impugnación y objeción de falsedad de un documento, además de lo dispuesto en el artículo anterior, se observará lo dispuesto en las siguientes reglas:

Artículo 1250 Bis 1. Tanto para la objeción o impugnación de documentos sean privados, o públicos que carezcan de matriz, únicamente se considerarán indubitables para el cotejo:

Artículo 1253. Las partes propondrán la prueba pericial dentro del término de ofrecimiento de pruebas, en los siguientes términos:

Artículo 1254. El juez, antes de admitir la prueba pericial, dará vista a la contraria por el término de tres días, para que manifieste sobre la pertinencia de tal prueba y para que proponga la ampliación de otros puntos y cuestiones además de los formulados por el oferente, para que los peritos dictaminen, y para que designe perito de su parte, debiendo nombrarlo en la misma ciencia, arte, técnica, oficio o industria, en que la haya ofrecido el oferente, así como su cédula profesional, o en su caso los documentos que justifiquen su capacidad científica, artística, técnica, etc., requisito sin el cual no se le tendrá por designado, con la sanción correspondiente a que se refiere la fracción VI del artículo anterior.

Artículo 1255. ...

El perito tercero en discordia deberá rendir su peritaje precisamente en la audiencia de pruebas o en la fecha en que según las circunstancias del caso señale el juez y su incumplimiento dará lugar a que el tribunal le imponga como sanción pecuniaria, en favor de las partes, el importe de una cantidad igual a la que cotizó por sus servicios al aceptar y protestar el cargo. En el mismo acto, el tribunal dictará proveído de ejecución en contra de dicho perito tercero en discordia, además de hacerlo saber al tribunal pleno, y a la asociación, colegio de profesionistas o institución que lo hubiera propuesto por así haberlo solicitado el juez, para los efectos correspondientes.

...

Artículo 1263. Para el examen de los testigos no se presentarán interrogatorios escritos. Las preguntas serán formuladas verbal y directamente por las partes, tendrán relación directa con los puntos controvertidos y no serán contrarias al derecho o a la moral. Deberán estar concebidas en términos claros y precisos, procurando que en una sola no se comprenda más de un hecho. El juez debe cuidar de que se cumplan estas condiciones impidiendo preguntas que las contraríen. Contra la desestimación de preguntas sólo cabe el recurso de apelación en el efecto devolutivo, de tramitación conjunta con la sentencia definitiva.

Artículo 1336. Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación, en los términos que se precisan en los artículos siguientes.

Artículo 1337. Pueden apelar de una sentencia:

Artículo 1338. La apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo, o sólo en el primero pudiendo ser éste, de tramitación inmediata o conjunta con la definitiva, según sea el caso.

Artículo 1339. Sólo son recurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados, a la fecha de interposición del recurso, debiendo actualizarse dicha cantidad en forma anual, de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor que publique el Banco de México, el primero de enero de cada año, y a falta de éste será aplicable el que lo sustituya.

Las sentencias que fueren recurribles, conforme al párrafo anterior, lo serán por la apelación que se admitirá en ambos efectos, salvo cuando la ley expresamente determine que lo sean sólo en el devolutivo.

Sólo serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este Código, y la sentencia definitiva pueda ser susceptible de apelación, de acuerdo a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.

El recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirán en el efecto preventivo, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; interpuesta la apelación preventiva, se mandará tenerla presente cuando se apele la sentencia definitiva y se reitere ante el superior lo pedido en su oportunidad.

Para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley.

La apelación debe interponerse ante el tribunal que haya pronunciado el auto, interlocutoria o resolución, en el acto de la notificación o, a más tardar, dentro de los nueve días siguientes, si se tratare de sentencia definitiva o de seis, si fuere contra auto, interlocutoria o resolución dictada en el procedimiento si se trata de apelaciones de tramitación inmediata, y dentro de esos plazos se deben de exponer los motivos de agravio, y en el término de tres días aquellas preventivas de tramitación conjunta con la sentencia definitiva.

Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los Juzgados de Paz o de Cuantía Menor o cuando el monto sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en forma anual, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor que publique el Banco de México, el primero de enero de cada año, y a falta de éste será aplicable el que lo sustituya.

El Consejo de la Judicatura Federal, los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia del Distrito Federal y los Estados tendrán la obligación de hacer saber a los juzgados y tribunales de su jurisdicción, el Índice Nacional de Precios al Consumidor a que se refiere el párrafo que antecede dentro de los primeros cinco días del año.

Artículo 1342. Las apelaciones se admitirán ó denegarán de plano, y se sustanciarán con un solo escrito de cada parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1344 del este Código.

Artículo 1344. En los casos no previstos en el artículo 1345, la parte que se sienta agraviada por una resolución judicial que sea apelable, dentro del tercer día de su notificación deberá por escrito hacer saber su inconformidad apelando preventivamente la misma sin expresar agravios, y en caso de que la sentencia definitiva le sea adversa, siempre y cuando apele de ella, al expresar agravios en su contra, deberá hacer valer también los agravios que considere le cause la resolución apelada preventivamente; de no presentarse el escrito de inconformidad a que se refiere este párrafo, se tendrá por precluido el derecho del afectado para hacerlo valer como agravio en la apelación que se interponga en contra de la definitiva.

El tribunal que conozca del recurso en contra de la definitiva solo tomará en consideración tales violaciones, para resolver sobre su procedencia o no, si se expresaron como agravio, siempre y cuando las mismas trasciendan al fondo del juicio, debiendo dictar una sola sentencia. En caso de que existan violaciones procesales que sean trascendentes al fondo del juicio, el Tribunal dejará insubsistente la sentencia definitiva, regresando los autos originales al inferior, para que éste proceda a reponer el procedimiento reparándolas en los términos que ordena la resolución del Superior.

En caso contrario, estudiará y resolverá la procedencia o no de los agravios expresados en contra de la definitiva.

Artículo 1345. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan:

Artículo 1345 Bis. En los casos previstos en este Capítulo, la apelación debe interponerse ante el Juez que pronunció la resolución impugnada en la forma y términos previstos en éste.

Artículo 1345 Bis 1. El litigante al interponer la apelación de tramitación inmediata, expresará los agravios que considere le cause la resolución recurrida, salvo en aquellos que específicamente la ley establezca un trámite diverso.

Las apelaciones de tramitación inmediata que se interpongan contra auto o interlocutoria, deberán hacerse valer en el término de seis días y las que se interpongan contra sentencia definitiva dentro del plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones.

Artículo 1345 Bis 2. Interpuesta una apelación, si fuera procedente, el juez la admitirá sin substanciación alguna, siempre que tratándose de apelaciones de tramitación inmediata, en el escrito se hayan hecho valer los agravios respectivos, expresando en su auto si la admite en ambos efectos o en uno solo.

El juez en el mismo auto admisorio ordenará se forme el testimonio de apelación respectivo con todas las constancias que obren en el expediente que se tramitare ante él, si se tratare de la primera apelación que se haga valer por las partes. Si se tratare de segunda o ulteriores apelaciones, solamente formará el testimonio de apelación con las constancias faltantes entre la última admitida y las subsecuentes, hasta la apelación de que se trate.

De igual manera, al tener por interpuesto el recurso de apelación, dará vista con el mismo a la parte apelada, para que en el término de tres días conteste los agravios si se tratare de auto o sentencia interlocutoria, y de seis días si se tratare de sentencia definitiva.

Artículo 1345 Bis 3. Transcurridos los plazos señalados en el artículo anterior, sin necesidad de rebeldía y se hayan contestado o no los agravios, se remitirán al Superior, los escritos originales del apelante y en su caso de la parte apelada y las demás constancias que se señalan anteriormente, o los autos originales cuando se trate de apelación en contra de sentencia definitiva, o que deba admitirse en ambos efectos. El testimonio de apelación que se forme por el juez, se remitirá a la superioridad que deba conocer del mismo, dentro del término de cinco días, contados a partir de la fecha en que precluyó el término de la parte apelada para contestar agravios, o en su caso del auto en que se tuvieron por contestados.

El tribunal al recibir el testimonio formará un solo toca o cuaderno, en el que se vayan tramitando todas las apelaciones que se interpongan en el juicio de que se trate, el que deberá mantener en el local del Tribunal hasta que concluya el negocio. Una vez terminado el asunto procederá a su destrucción, guardando solo copias con firma autógrafa de las resoluciones dictadas.

Artículo 1345 Bis 4. El tribunal, al recibir las constancias que remita el inferior, revisará si la apelación fue interpuesta en tiempo y bien admitida, y calificará si se confirma o no el grado en que se admitió por el inferior. De encontrarla ajustada a derecho, así lo hará saber y citará a las partes en el mismo auto para dictar sentencia, la que pronunciará y notificará dentro de los términos de este Código.

En el caso de que se trate de sentencia definitiva, se dejará en el juzgado copia certificada de ella y de las demás constancias que el juez estime necesarias para ejecutarla, remitiéndose desde luego los autos originales al Tribunal correspondiente.

La apelación admitida en ambos efectos suspende desde luego la ejecución de la sentencia, hasta que ésta cause ejecutoria. Cuando se interponga contra auto o interlocutoria que por su contenido impida la continuación del procedimiento y la apelación se admita en ambos efectos, se suspenderá la tramitación del juicio.

Artículo 1345 Bis 5. Se admitirán en un solo efecto las apelaciones en los casos en que no se halle prevenido expresamente que se admitan en ambos efectos.

Artículo 1345 Bis 6. Una vez confirmada la admisión y calificación del grado en que haya sido admitido el recurso por el Juez, el Tribunal citará a las partes en el mismo auto para oír sentencia. Tratándose de apelaciones que no se tengan que resolver junto con las apelaciones intermedias que deban tramitarse y resolverse junto con ésta, o bien tratándose de apelaciones de intermedias y definitiva que se tramiten y resuelvan de manera conjunta, que no excedan en número de seis, el tribunal contará con un máximo de veinte días para elaborar el proyecto. Si el número de apelaciones que se tengan que resolver de manera conjunta exceden de seis, el plazo para dictar la sentencia se ampliará hasta por diez días más, así como en el caso de que tengan que examinarse expedientes y/o documentos voluminosos.

Artículo 1345 Bis 7. En el caso de que el apelante omitiera expresar agravios al interponer el recurso de apelación de tramitación inmediata ante el juez, sin necesidad de acusar rebeldía, declarará precluido su derecho, y quedará firme la resolución. Si no se interpusiera apelación en contra de la sentencia definitiva, se entenderán consentidas las resoluciones y autos que hubieran sido apelados durante el procedimiento, y que sean de tramitación conjunta con la definitiva.

Para el caso de que el tribunal considere fundada la apelación promovida, deberá estudiar de oficio aquellas apelaciones que se hayan presentado durante el procedimiento por la parte que en la primera instancia no se encontraba obligada a apelar por haber obtenido sentencia favorable a sus intereses.

Artículo 1345 Bis 8. De los autos y de las sentencias interlocutorias de tramitación inmediata, de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirán en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señala los motivos por los que se considera el daño irreparable o de difícil reparación.

Con vista a lo solicitado el juez deberá resolver, y si la admite en ambos efectos señalará el monto de la garantía que exhibirá el apelante dentro del término de seis días para que surta efectos la suspensión.

La garantía debe atender a la importancia del negocio y no podrá ser inferior a seis mil pesos; y será fijada al prudente arbitrio del juez, cantidad que se actualizará en forma anualizada que deberá regir a partir del primero de enero de cada año, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor que determine el Banco de México, o aquel que lo sustituya. Si no se exhibe la garantía en el plazo señalado, la apelación sólo se admitirá en efecto devolutivo.

En caso de que el juez señale una garantía que se estime por el apelante excesiva, o que se niegue la admisión del recurso, en ambos efectos, procede el recurso de revocación en los términos previsto en el Capitulo XXIV de este Código.

Artículo 1348. Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata.

Artículo 1378. En el escrito de demanda el actor deberá mencionar los documentos públicos y privados que tengan relación con dicha demanda, así como si los tiene o no a su disposición debiendo exhibir los que posea, y acreditar haber solicitado los que no tengan en los términos del artículo 1061. De igual manera, proporcionará los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos contenidos en la demanda, y las copias simples prevenidas en el artículo 1061. Admitida la demanda se emplazará al demandado para que produzca su contestación dentro del término de quince días.

Con el escrito de contestación a la demanda se dará vista al actor, para que manifieste lo que a su derecho convenga dentro del término de tres días y para que mencione a los testigos que hayan presenciado los hechos, y los documentos relacionados con los hechos de la contestación de demanda.

Artículo 1396. Hecho el embargo, acto continuo se notificará al deudor, o a la persona con quien se haya practicado la diligencia para que dentro del término de ocho días, el que se computará en términos del artículo 1075 de este Código comparezca el deudor ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad demandada y las costas, o a oponer las excepciones que tuviere para ello.

Artículo 1407 Bis. Para la tramitación de apelaciones respecto del Juicio a que se refiere este capítulo se estará a lo siguiente:

Artículo 1414. Cualquier incidente o cuestión que se suscite en los Juicios Ejecutivos Mercantiles, será resuelto por el Juez con apoyo en las disposiciones respectivas de este Título; y en su defecto, en lo relativo a los incidentes en los Juicios Ordinarios Mercantiles; y a falta de uno u otro, a lo que disponga el Código Federal de Procedimientos Civiles, o en su defecto la ley procesal de la Entidad Federativa correspondiente, procurando la mayor equidad entre las partes sin perjuicio para ninguna de ellas.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a los noventa días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en el entendido que los asuntos cuya demanda haya sido admitida con anterioridad a la entrada en vigor de la presente reforma, se tramitarán con las reglas anteriores a la misma.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Economía.

LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Por el que se reforma la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales

Artículo Primero. Se adiciona una segunda parte al único párrafo del artículo 10 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, para quedar como sigue:

``Artículo 10. El 24 de febrero se establece solemnemente como Día de la Bandera. En este día se deberán transmitir programas especiales de radio y televisión destinados a difundir la historia y significación de la Bandera Nacional. En esta fecha, los poderes de los tres órdenes de gobierno realizarán jornadas cívicas en conmemoración, veneración y exaltación de la Bandera Nacional.''

Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 18, inciso a), de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, incluyéndose la fecha de conmemoración propuesta en el orden cronológico correspondiente, recorriéndose las demás fechas posteriores a dicha fecha, para quedar como sigue:

``Artículo 18. En los términos del artículo 15 de esta ley, la Bandera Nacional deberá izarse:

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE - LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General de Vida Silvestre.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General de Vida Silvestre.

Artículo Primero. Se adiciona una fracción XXI al artículo 15; y se adiciona un inciso d) a la fracción III del artículo 35, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 15. Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas, y demás instrumentos contenidos y derivados de esta Ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo federal observará los siguientes principios:

Artículo 35. ...

...

...

...

...

...

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 5o., fracción II, de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

Artículo 5o. ...

...

Artículo Tercero. Se reforman las fracciones VIII a XLV y se readiciona una fracción XLVI al artículo 3o.; se reforman las fracciones VIII y XX del artículo 9o.; se adiciona un artículo 28 Bis; se adiciona una fracción d) al artículo 58; se reforma el artículo 59; se adiciona un cuarto párrafo al artículo 60; se reforman el primer y segundo párrafo del artículo 60 Bis; se adiciona un artículo 72 Bis; se reforma el primer párrafo del artículo 85; y se reforma la fracción c) del artículo 87, todos de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

Artículo 9. ...

Artículo 28 Bis. Queda prohibido el establecimiento de confinamientos para ejemplares o poblaciones exóticos en áreas en donde existan especies nativas susceptibles de ser contaminadas biológica o genéticamente.

Artículo 58. Entre las especies y poblaciones en riesgo estarán comprendidas las que se identifiquen como:

Artículo 59. Los ejemplares confinados de las especies probablemente extintas en el medio silvestre serán destinados exclusivamente al desarrollo de proyectos de reproducción, conservación, restauración, actividades de repoblación y reintroducción, así como de investigación y educación ambiental previamente autorizados por la Secretaría.

Artículo 60. ...

...

...

No podrán utilizarse ejemplares de fauna de especies en categorías de riesgo en exhibición o espectáculos ambulantes o itinerantes.

Artículo 60 Bis. Ningún ejemplar de mamífero marino, cualquiera que sea la especie, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial, con excepción de la captura temporal que tenga por objeto la investigación científica y la educación superior de instituciones acreditadas.

El promovente de una autorización para la captura de mamíferos marinos al que se refiere este artículo, deberá entregar a la autoridad correspondiente un protocolo completo que sustente su solicitud. Dicha autorización excluye cualquier tipo de comercialización. El resto del trámite quedará sujeto a las disposiciones de la presente ley y demás ordenamientos aplicables.

...

Artículo 72 Bis. Queda prohibida la comercialización, o exportación, así como el aprovechamiento cinegético de ejemplares, partes o derivados, obtenidos de las acciones realizadas para efectuar control de ejemplares que se tornen perjudiciales.

Artículo 85. Solamente se podrá autorizar el aprovechamiento de ejemplares de especies en riesgo cuando se dé prioridad a la colecta, repoblamiento y reintroducción. Cualquier otro aprovechamiento, en el caso de poblaciones en peligro de extinción, o amenazadas estará sujeto a que se garantice su reproducción controlada, y se demuestre que se ha cumplido satisfactoriamente cualesquiera de las tres actividades mencionadas anteriormente y que:

Artículo 87. ...

...

...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ARTICULO 3O. CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Iniciativas de diputados. Se concede el uso de la tribuna al diputado Neftalí Garzón Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Neftalí Garzón Contreras: Con su permiso, señora Presidenta. Ciudadanas y ciudadanos, diputados y diputadas: el propósito de esta iniciativa es garantizar el acceso a la educación de los niños y los jóvenes mexicanos mediante la asignación presupuestal sustentable y permanente.

De acuerdo con las demandas y a las estimaciones actuariales y a los acuerdos internacionales que México ha suscrito en Jomtien y Dakar en 1990 y en el año 2000, se propone hasta 8 por ciento del producto interno bruto por parte del Estado.

El propósito también, en segunda propuesta, es que los dineros que se destinen a este derecho constitucional que tienen los niños y los jóvenes mexicanos, no esté sujeto a los vaivenes sexenales, a los cambios de gobierno o a las coyunturas políticas. O al capricho o a la voluntad del Ejecutivo en turno, como ha venido sucediendo durante décadas.

Urge incrementar el apoyo del Estado a la educación básica, al nivel medio superior y superior, así como a la ciencia y la tecnología. Bien sabemos que muchas universidades públicas se encuentran en el quebranto financiero que requieren y demandan el fortalecimiento de la inversión pública.

No hay ninguna justificación más que las que hemos escuchado muchas veces. Que el presupuesto no alcanza, que la cobija no protege a todos, que el pastel apenas alcanza para algunos.

Lo cierto es que del universo de 68 millones de estudiantes, 8 millones de jóvenes mayores de 15 años en el país, 43.9 por ciento se encuentran en rezago educativo. Es decir alrededor de 30 millones, de los cuales 6 millones son analfabetos. 9.8 no han concluido la primaria y 14.5 millones no lograron ingresar a la secundaria.

La esencia del artículo 3o. constitucional establece ese derecho. No hay ninguna razón para que el Legislativo pueda cumplir con los propósitos que demanda la sociedad mexicana por lo que se refiere a la calidad educativa, que es la posibilidad de que cada alumno que asista a la escuela encuentre en ella una formación que enaltezca los valores, la cultura nacional y universal.

Urge incrementar ---y lo digo porque aquí ha habido kilómetros de discursos demandando justicia social a los legisladores, independientemente de su filiación política--- esta demanda de sustentar definitivamente el presupuesto educativo. Lo podemos.

Lo vimos, como un peregrinaje el año pasado, en donde inspectores de las universidades hacían filas en la Comisión de Presupuesto, gestionando incrementos para sus estados y para sus universidades. Gobernadores pidiendo aumento de presupuesto.

¿Cómo es posible que en este país, rico productor de petróleo, con muchas riquezas naturales, le niegue la oportunidad a millones de mexicanos, a niños y jóvenes, cuya inteligencia y talento se pierden?

Pero aquí todos los partidos políticos representados sustentamos en nuestros programas el compromiso de cumplirle a la sociedad mexicana. Y han pasado décadas y décadas, y este derecho no llega completamente a toda la sociedad.

Requerimos garantizar una estrategia de los servicios educativos permanentes: los maestros mexicanos demandando aumento salarial; los pensionados, justicia en sus pensiones, hoy regateadas con la llamada Ley del ISSSTE.

No hay infraestructura suficiente para crear nuevos edificios para albergar a los niños, especialmente a los más marginados.

Queremos decirle que esto está vinculado con los desafíos que tiene el Estado mexicano de combatir la pobreza, la exclusión y la violencia permanente. De continuar esta lamentable situación no podríamos alcanzar un modelo de crecimiento ni competir hoy en el mundo.

Somos el país que ocupa el lugar 34 en desarrollo educativo. Esto puede significar que México no estará en condiciones, en las próximas décadas, para lograr el desarrollo del que tanto aquí hemos hablado.

Por eso esta propuesta llama a todos ustedes, diputadas y diputados, que cumplamos con el precepto constitucional obligatorio de asignarle a la educación cuando menos 8 por ciento.

Hace un año también vimos que el gobierno actual nos había informado, para el ejercicio fiscal, que había un aumento en el presupuesto educativo. Al contrario, hubo una reducción de 4 mil 500 millones de pesos.

Recordemos cómo también las universidades públicas sufrieron esta disminución de su presupuesto y vinieron aquí, a esta Cámara, a negociar la reposición de sus incrementos.

Por eso, llamo a esta soberanía para que hagamos lo que tengamos que hacer como legisladores en la asignación presupuestal en educación pública que programe y que logremos avanzar en este propósito.

Suplico a la Presidencia registrar la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Neftalí Garzón Contreras , diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 3 constitucional. Al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

1. La educación, es el eje de desarrollo de un país. Se considera que el desarrollo, a partir de un punto crítico, supone crecimiento sobre todo en calidad, en «inteligencia» y conocimiento, en sabiduría, y por ende en términos económicos o materiales. El desarrollo humano, considerado a lo largo de la historia, consiste en un proceso educativo gradual, fruto de enseñanzas, aprendizajes y experiencias, vivido en el contexto de circunstancias concretas y de valores asumidos propios de cada época y de cada cultura. Es un desarrollo en función de un entorno familiar, social y cultural.

2. Los resultados logrados en el caso alemán en el siglo XIX o el modelo japonés más reciente, caracterizados ambos por el impulso decidido a la educación como elemento clave para el desarrollo económico.

3. Por lo tanto, para que la educación pueda cumplir ese papel clave, es necesario vincularla a las políticas de desarrollo. Es imprescindible tomar decisiones sobre el desarrollo socio-económico que se desea impulsar, sobre el tipo de sociedad que se quiere construir y, consecuentemente, sobre qué educación promover. La educación puede ser hoy la llave para un nuevo tipo de desarrollo.

4. El sistema educativo mexicano a lo largo del siglo XX, tuvo como objetivo central alcanzar la cobertura universal en nuestro país. La educación pocas veces llega con oportunidad, a los sectores pobres que son la amplia mayoría y mucho menos llegó con la pertinencia debida, pues es una realidad la poca calidad que caracteriza a nuestro sistema educativo.

Hoy en día, el desafío de hacer de la educación una prioridad nacional transita necesariamente por la modernización de sus instituciones y esquemas de gestión. El objeto esencial de la educación en México, reside en la actualidad, en elevar sus niveles de calidad bajo los principios de equidad. Lo cual significa transformar su arreglo institucional basado en el objetivo primordial de alcanzar la cobertura universal, por otro, que sin dejar de lado esta misión, se centre en una enseñanza que reconozca las desigualdades sociales de los educandos y que con base en ellas diseñe modelos educativos que las elimine en el marco de la educación, de tal modo que la calidad de los servicios sea la misma en una escuela rural, indígena o urbana, sean estas públicas o privadas.

La calidad en la educación, es la posibilidad de que cada alumno que asista a la escuela, encuentre en ella una formación que enaltezca los valores, la cultura nacional y universal; desarrolle habilidades que contribuyan a su desarrollo personal y al social y económico de México.

No obstante, de ser la educación un derecho consagrado en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, existen, alrededor de un millón de niños entre 6 y 14 años, en su mayoría indígenas, de comunidades dispersas, hijos de jornaleros agrícolas, en situación de calle y discapacitados, que no asisten a la primaria. En una inmensa mayoría por una sencilla razón: no hay servicio educativo que se les ofrezca. Ello a pesar de ser un derecho consagrado en la Constitución.

Esta situación ha generado que entre los mexicanos de 8 a 14 años, no sepan leer ni escribir 4.8 por ciento de los varones, ni 4.2 por ciento de las niñas, y en algunas regiones del sureste del país este porcentaje se duplica e incluso triplica, como es el caso de Chiapas; adicionalmente, entre 8 y 11 por ciento de los mayores de 15 años no tienen ninguna instrucción escolar. De ahí que el volumen de analfabetas en México no haya descendido de manera significativa en los últimos 20 años.

Otro aspecto importante que debemos considerar es que, en mayo de 2002 entró en vigor la reforma constitucional que hace obligatorios 3 años de preescolar. Ello implica que millones de niños tendrán que incorporarse obligatoriamente a la escuela, a fin de cursar esos grados, dado que su acreditación será requisito previo para la primaria. Frente a esa obligación, no sólo de alumnos, sino de autoridades para garantizar el servicio educativo, ¿que han hecho los gobiernos, en particular el federal?

Ante ello, y con la finalidad de cumplir con la esencia del artículo 3 constitucional, es necesario establecer en la Constitución que sea obligación del Estado, destinar al presupuesto educativo como mínimo el 8 por ciento del PIB, con ello se busca que la educación sea factor de progreso y fuente de oportunidades para el bienestar individual y colectivo; lo cual repercutiría en la calidad de vida, en la equidad social, en las normas y prácticas de la convivencia humana, en la vitalidad de los sistemas democráticos y en los estándares del bienestar de la nación; en consecuencia influiría en el desarrollo afectivo, cívico y social.

De establecerse como obligatorio la asignación como mínimo del 8 por cdiento del PIB al presupuesto educativo, evitaríamos que se dieran trampas presupuestales en materia educativa, como ocurrió en el mes de diciembre de 2006. En la iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2007, que el gobierno de Felipe Calderón envió a la Cámara de Diputados, se afirmó que el sector educativo tendría un incremento. No obstante, en realidad los recursos destinados a ese sector disminuyeron en 4 mil 500 millones de pesos, al pasar de 361 mil millones del PEF 2006 a 356 mil 500 millones de pesos para el 2007, lo que representó una reducción nominal de 1.2 por ciento.

Vale la pena señalar que recientemente la UNESCO, destacó, que nuestro país como participante en las Conferencias Internacionales de Educación de Jomtien (1990) y de Dakar (2000), se comprometió a elevar el presupuesto educativo a 8 por ciento del PIB, pero sin incluir el gasto privado. Esto es, que la recomendación de la UNESCO, que prescribe destinar el 8 por ciento del gasto público como proporción del PIB, ha sido oficialmente avalado por el Gobierno de México.

Por lo que hace al financiamiento a la ciencia y la tecnología, existe una demanda amplia de destinarle el 1 por ciento del PIB. Luego de la aprobación de dos leyes que regulan esa actividad fundamental durante el 2002.

5. El derecho de todas las personas a la educación constituye, en este marco, una llave maestra para avanzar en los derechos sociales, en la medida que incrementa las opciones para acceder al trabajo, al cuidado de la salud y nutrición, a la consecución de ingresos necesarios para asegurar el bienestar de las personas, y capacita para un mejor ejercicio de los derechos civiles y políticos.

Tal derecho confiere a cada mujer y hombre, joven y niño, la oportunidad de a acceder a la educación básica obligatoria y a un acceso igualitario a los niveles secundario y superior disponibles, el derecho a no ser discriminado de las diversas áreas y niveles de educación, el derecho de todos a acceder a educación continua y capacitación vocacional, y el derecho a información sobre salud, nutrición, reproducción y planificación familiar. A su vez, el derecho a la educación es también un expediente fundamental para acceder a otros derechos humanos fundamentales.

En tal virtud, la educación constituye un bien público que el Estado, como garante de los derechos que se ha comprometido a respetar y promover, debe asegurar a todos los miembros de la sociedad, velando por el pleno acceso y por su adecuada calidad.

Es de resaltar que la CEPAL y la UNESCO, advertían ya hace una década que ``al convertirse el conocimiento en el elemento central del nuevo paradigma productivo, la transformación educativa pasa a ser un factor fundamental para desarrollar la capacidad de innovación y la creatividad, a la vez que la integración y la solidaridad, aspectos claves tanto para el ejercicio de la moderna ciudadanía como para alcanzar altos niveles de competitividad''.

Por ultimo, es reprochable el hecho de que cada año, en el mes de diciembre acuden como peregrinos a esta soberanía nacional gobernadores, presidentes municipales y rectores de las universidades de todas partes de la república a suplicar se incremente el presupuesto destinado al gasto educativo. Cuando la inversión social no es un gasto, sino una inversión en lo mejor que tiene un pueblo, que es su gente; y no es lo mismo el precio que el valor de los servicios públicos. Es hora de dejar de ver a la educación como ``una carga'' para el Estado, pues tal derecho es el instrumento para un verdadero cambio social, asunto que va mas allá de las posibilidades económicas del sujeto obligado a su obsequio --como lo es el propio Estado--. A ese respecto, recordemos que conforme al artículo 39 constitucional la soberanía nacional reside en el pueblo, que todo poder dimana de él y se instituye para beneficio de éste, teniendo además el pueblo, en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa con proyecto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 3º constitucional:

Artículo Unico. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los términos siguientes.

Artículo 3º ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Presidencia del diputado Cristián Castaño Contreras

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Muchas gracias, diputado Neftalí Garzón Contreras.Túrnese esta iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.

A petición del Grupo Parlamentario del PRI, la iniciativa de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza para presentar iniciativa que reforma el artículo 247 del Código Penal Federal, se pospone.

ARTICULOS 27 Y 73 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma los artículos 27 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Rosa Elva Soriano Sánchez: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados, Rosa Elva Soriano Sánchez, diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno, iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de los artículos 27 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente exposición de motivos:

El objeto de esta iniciativa subyace en mejorar y darle claridad al mandato constitucional relacionado con el tema ambiental y el de los recursos naturales, adecuándolo al avance científico y político que se ha vertido hasta el momento.

El tratamiento constitucional sobre el tema ambiental tiene una historia valiosa surgida con el Constituyente de 1917, que quedó plasmado en el párrafo tercero del artículo 27 de nuestra Carta Magna, por lo cual, el Estado dicta las modalidades a que se sujetará la propiedad privada y su vinculación con el aprovechamiento de los recursos naturales.

Con las distintas reformas hechas a este tercer párrafo del artículo 27, se reconoció que no sólo la regulación del aprovechamiento de los recursos naturales funcionaría para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación, sino también para lograr el desarrollo equilibrado del país, y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.

Desde la celebración en 1992 de la Cumbre de la Tierra, el tema sobre el ambiente y los recursos naturales se ha revolucionado enormemente. De ahí que durante los últimos 10 años hemos reformado y creado legislación nueva en estos temas, así como su vinculación con el desarrollo rural y sus actividades económicas.

Entrando en materia, la iniciativa que hoy se presenta modifica al tercer párrafo del artículo 27 constitucional, en la parte que dice: ``...aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación,...'', sustituyéndolo por: ``...aprovechamiento de los recursos naturales''. Ya que esto es realmente lo que nos interesa aprovechar, es decir, el sustento material de las sociedades, los recursos de suelo, agua y aire.

Se sustituye también la parte que menciona: ``... lograr el desarrollo equilibrado del país...'', por: ``...lograr el desa-rrollo integral y sustentable...'', para hacerlo congruente con la reforma de 1999 al artículo 26, en el sentido que el desa-rrollo nacional será integral y sustentable.

De ahí que la función de propiedad en torno al aprovechamiento de los recursos naturales debe implicar cuatro atributos necesarios, a saber: respeto a la integridad de los recursos naturales; modificar el paradigma económico vigente; propiciar la distribución equitativa del ingreso bajo mecanismos de justicia social; y finalmente, promover la participación social en la toma de decisiones.

Asimismo, se propone modificar el término ``bosques'' por el de ``recursos forestales'', ya que son estos últimos sobre los que deben establecerse adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y recursos forestales.

En virtud de que la categoría de ``bosques'' actualmente se refiere a un tipo de comunidad vegetal terrestre, representativa de climas templados, dejando de lado a las comunidades vegetales de climas selváticos, áridos y de alta montaña.

La legislación forestal incluso, no se refiere a la categoría de bosques, sino al marco general, amplio, de lo que significa e incluye el concepto de recursos forestales, mismos que pueden ser maderables y no maderables, de los cuales dependen las comunidades rurales.

Finalmente, por lo que corresponde a la modificación del artículo 27, en su tercer párrafo, se adecua la mención que se hace sobre la adopción de medidas para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, para instaurar todos los tipos de políticas actuales en torno al tema del ambiente y los recursos naturales; es decir, conservar, proteger, aprovechar y restaurar el ambiente y los recursos naturales.

Asimismo, en materia de fomento, no es la actividad silvícola la que debe regularse, porque sólo estaríamos refiriéndonos a la actividad de explotación maderable y esto no es sólo lo que nos interesa como actividad rural, sino el desarrollo forestal en beneficio de las comunidades rurales.

Por lo que respecta a la modificación de la fracción XXIX, inciso g), del artículo 77 constitucional, que establece el mecanismo regulador de las competencias concurrentes en materia ambiental y de recursos naturales, se requiere que no sea la preservación y restauración del equilibrio ecológico sobre lo que se deba legislar, sino en lo que actualmente hacen nuestras leyes secundarias vinculadas con este tema, que es la conservación, protección, aprovechamiento y restauración del ambiente y los recursos naturales, así como darle mayor certeza jurídica a la facultad de legislar concurrentemente en materia de desarrollo forestal sustentable.

Dado que la ley vigente en la materia sólo puede distribuir competencias a los órdenes de gobierno en materia de preservación, restauración y protección, dejando fuera la materia de aprovechamiento y manejo, que como está actualmente el artículo 27, es materia federal.

Con esta reforma, todas las políticas en materia forestal serían concurrentes entre los órdenes de gobierno.

Ciudadano Presidente, por encomienda procesal, solicito que sea incluido íntegro el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates de hoy, así como la versión estenográfica correspondiente y se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Medio Ambiente. Es cuanto, diputado Presidente. Gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 27 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez , del Grupo Parlamentario del PRD

Rosa Elva Soriano Sánchez , diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno, iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de los artículos 27 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente.

Exposición de Motivos

El objeto de esta iniciativa subyace en mejorar y darle claridad al mandato constitucional relacionado con el tema ambiental y de los recursos naturales, adecuándolo al avance científico y político que se ha vertido hasta el momento.

El tratamiento constitucional sobre el tema ambiental tiene una historia valiosa que incluso ha sido referente para su integración en otras Constituciones del mundo. La idea primigenia la dieron los Constituyentes de 1917 refiriéndolo en un primer momento y que aún prevalece en nuestro marco constitucional, al determinar la concepción de la función social de la propiedad privada en general vinculándolo al aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, es decir de los recursos naturales.

Al hablar de elementos naturales se entiende como el agua, el suelo y el aire, y cuando estos son objetos de apropiación, estos elementos se transforman en recursos, como factores necesarios para el desarrollo y la materia prima de cualquier modo de producción.

En tal sentido, este aprovechamiento debió ser orientado hacia la distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación, aunado a evitar la destrucción de dichos elementos, que traducidos al discurso ambiental vigente se observan principios básicos de desarrollo sustentable, enfocados al tema del patrimonio nacional.

Este espíritu originado por el Constituyente del 17 no ha tenido modificaciones, al contrario, se ha enriquecido a lo largo de diversas modificaciones que este párrafo tuvo durante el siglo XX.

Con la reforma al tercer párrafo del artículo 27 en 1976 se reconoció que no sólo la regulación del aprovechamiento de los recursos naturales funcionaría para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación sino también para lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana, toda vez que las estrategias de desarrollo se aplicaban preferentemente para los centros urbanos, dejando en la indefensión a las zonas rurales lo que provocaba inequidad social.

No fue sino hasta 1987 que el párrafo tercero del artículo 27 se modificó para adicionar la mención de que también se dictarán medidas necesarias ``para preservar y restaurar el equilibrio ecológico'', haciéndola compatible con la adición al artículo 73 sobre las materias que el Congreso está facultado para legislar.

En este contexto, el legislativo adicionó una fracción XXIX-G al artículo 73 mediante el cual faculta al Congreso a legislar mediante la distribución de competencias concurrentes entre los distintos órdenes de gobierno en materia de protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico. En tal sentido tanto el aprovechamiento de los recursos naturales como cuidar de su conservación y evitar la destrucción de los mismos permanecen como materia de carácter federal.

Con la reforma al artículo 27 en 1992, el tercer párrafo fue nuevamente modificado solamente para referirse que el aprovechamiento de los recursos naturales será en beneficio social. Esta fue una contribución del Legislativo ya que no fue propuesta del ejecutivo.

De tal suerte, el texto vigente en relación con este tercer párrafo del artículo 27 señala que:

``La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.''

Desde la celebración en 1992 de la Cumbre de la Tierra y sus cumbres revisoras de los acuerdos tomados en dicha Cumbre, así como de los convenios internacionales que surgieron de esta Cumbre inédita, el tema sobre el ambiente y los recursos naturales ha evolucionado enormemente, de ahí que durante los últimos diez años hemos reformado y creado legislación nueva en estos temas, así como su vinculación con el tema del desarrollo rural y sus actividades económicas.

En tal sentido, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se modificó en un 80 por ciento en 1997, surgieron las leyes de Vida Silvestre y de Residuos; la ley forestal se transformó en Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; en 2003 se modificó la Ley de Aguas Nacionales y se creó la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Asimismo, se han promovido leyes en materia de restauración de suelo, de acceso a recursos genéticos y de protección de humedales y se planean otras sobre patrimonio natural y conservación de espacios protegidos, aunque la mayoría no ha sido aceptada por el legislativo ante la carencia de un sustento constitucional suficiente que pueda darles viabilidad.

En la iniciativa que hoy se presenta, se modifica la parte que dice ``aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación'' por ``aprovechamiento de los recursos naturales'', ya que esto es realmente lo que nos interesa aprovechar, es decir, el sustento material de las sociedades: los recursos del suelo, agua y aire.

Se sustituye también la parte que menciona ``lograr el desarrollo equilibrado del país'' por ``lograr el desarrollo integral y sustentable'' para hacerlo congruente con la reforma de 1999 al artículo 26 en el sentido que el desarrollo nacional será integral y sustentable. De ahí que la función de propiedad en torno al aprovechamiento de recursos naturales debe implicar cuatro atributos necesarios, a saber: respeto a la integralidad de los recursos naturales, modificar el paradigma económico vigente, propiciar la distribución equitativa del ingreso bajo mecanismos de equidad y justicia sociales, y finalmente, promover la participación social en la toma de decisiones. Estos atributos representan la base del desarrollo integral y sustentable.

Asimismo, se propone modificar el término de ``bosques'' por el de ``recursos forestales'', ya que son estos últimos sobre los que deben establecerse adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y recursos forestales, en virtud que la categoría de bosques actualmente se refiere a un tipo de comunidad vegetal terrestre representativa de climas templados, dejando de lado las comunidades vegetales de climas selváticos, áridos y de alta montaña.

La legislación forestal, incluso, no se refiere a la categoría de bosques sino al marco general amplio de lo que significa, e incluye el concepto de recursos forestales, mismos que pueden ser maderables y no maderables, de los cuales dependen las comunidades rurales.

Finalmente, por lo que corresponde a la modificación del artículo 27 en su tercer párrafo, se adecua la mención que se hace sobre la adopción de medidas para ``preservar y restaurar el equilibrio ecológico'' para instaurar todo los tipos de políticas actuales en torno al tema del ambiente y los recursos naturales, es decir ``conservar, proteger, aprovechar y restaurar el ambiente y los recursos naturales''.

El tema del equilibrio ecológico fue útil para instaurar parte del discurso político de la década de los setenta y ochenta, retomado del desarrollo conceptual de las ciencias naturales que sólo veían la variable física y biológica aislada del contexto social. Este discurso, que aún impregna las mentes del ecologismo romántico, se envuelve en el logro de la ``armonía con la naturaleza'', en ``vivir en equilibrio con la naturaleza''. Estas frases no son más que el resultado de la falta de comprensión y de la tecnología para manipularla más en propio provecho y de un sistema de creencias que tienden a dificultar las innovaciones y, mayoritariamente, a la falta de reconocimiento de que la naturaleza, cuando es utilizada, transformada, manipulada y observada, se convierte en una naturaleza social que permite a la gente desarrollarse como espacio.

El logro del equilibrio ecológico es discursivo e imposible de lograr, toda vez que tanto la producción social del espacio y de la naturaleza, son conceptualizaciones científicas que permiten ubicar lo que es interés del legislativo regular, o sea, la conservación, protección, aprovechamiento y restauración del ambiente y de los recursos naturales, que dará viabilidad a la permanencia de los elementos naturales es su estadio físico y biológico, como estrategia transgeneracional de salvaguardia y garantía de derechos individuales y colectivos.

Asimismo, es necesario establecer que en materia de fomento no es la actividad silvícola la que debe regularse porque sólo estaríamos refiriéndonos a la actividad de explotación maderable y eso no es sólo lo que nos interesa como actividad rural sino el desarrollo forestal, que implica no sólo lo maderable sino lo no maderable como recursos forestal en beneficio de las comunidades rurales.

En tal sentido, esta reforma implica modificar la fracción XXIX-G del artículo 73 que establece el mecanismo regulador de las competencias concurrentes en materia ambiental y de recursos naturales, de tal suerte que no sea la preservación y restauración del equilibrio ecológico, sino que se legisle en lo que actualmente hacen nuestras leyes secundarias vinculadas con este tema, que es la conservación, protección, aprovechamiento y restauración del ambiente y los recursos naturales, aunado a la falta de certeza jurídica que subsiste para el desarrollo forestal sustentable, dado que la ley vigente en la materia solo puede distribuir competencias a los ordenes de gobierno en materia de preservación, restauración y protección, dejando fuera la materia de aprovechamiento y manejo que, como está actualmente el artículo 27, es materia federal. Con esta reforma todas las políticas en materia forestal serían concurrentes entre los órdenes de gobierno.

En consecuencia y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitando el turno a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión Especial para atender a la gente que habita en los bosques, someto a la consideración del Pleno la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de los artículos 27 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman el párrafo tercero del artículo 27 y la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 27. ...

...

La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los recursos naturales , con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo integral y sustentable del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y recursos forestales , a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para conservar, proteger, aprovechar y restaurar el ambiente y los recursos naturales; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad agrícola rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, del desarrollo forestal y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

Artículo 73. ...

XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de conservación, protección, aprovechamiento y restauración del ambiente y los recursos naturales, así como el desarrollo forestal sustentable.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias, diputada Rosa Elva Soriano Sánchez . Estará turnada esta iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Medio Ambiente. Insértese en la Gaceta y en el Diario la iniciativa íntegra.

Antes de cederle el uso de la palabra al siguiente compañero legislador, debo anunciar que a propuesta de su grupo parlamentario se pospone la iniciativa de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del PRI, que reforma el artículo 138 de la Ley General de Población.

ARTICULO 3O. CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Alma Lilia Luna Munguía, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Alma Lilia Luna Munguía: Con su permiso, señor Presidente. Presento ante esta soberanía, iniciativa que adiciona un inciso d) a la fracción II del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El significado del agua sufrió, en México, un cambio dramático en los últimos 50 años. Mientras que en 1947 se sostenía que era obligación del Estado encabezar el aprovechamiento científico del agua para hacer de ella un bastión del progreso nacional, en la década de los noventa se decía en cambio, que el Estado debía atender una extrema crisis hidráulica marcada por la escasez, la contaminación y el derroche.

Mientras que en 1950 reinaba el optimismo por los ingenieros políticos, por las grandes posibilidades que, según ellos, habría en el país por la expansión de los usos del agua, a principios del siglo XXI, prevalece un pesimismo que ha llevado a declarar al agua como asunto de seguridad nacional.

Del agua que había que dominar y controlar, se pasó al agua que había que cuidar. Obviamente ese cambio no es de exclusiva manufactura mexicana. A nivel mundial, a partir especialmente después de las reuniones de Estocolmo y de Río de Janeiro, en buena medida este cambio de significado tiene que ver con el crecimiento de la población.

Entre 1950 y 2000, la población mundial aumentó de 2 mil 500, a 6 mil millones. En México, el aumento fue aún más notable: de 25 a casi 100 millones de personas. Para el 2040, el promedio de disponibilidad de agua por persona se reducirá en un tercio y se incrementarán notablemente las desigualdades en la distribución social y recurso regional.

Como siempre, los más pobres entre los pobres y los más vulnerables entre los vulnerables, serán los más afectados.

Actualmente 26 países se encuentran en situación de penuria, pues reciben menos de mil metros cúbicos por habitante.

Alrededor de 400 millones de habitantes se enfrentarán a una situación de estrés por mermas superiores a la reposición natural, por lo que el agua será, en el siglo XXI y el tercer milenio, la causa principal de conflictos.

De hecho, ya se han registrado algunos enfrentamientos políticos y armados por esta causa que involucra a 75 países, especialmente de Asia y África; de Sahara Oriental y Astral, el Cercano y Medio Oriente; el sudeste de Estados Unidos y México.

Aunado a lo anterior, como se ha señalado, en los países menos avanzados, entre los cuales se encuentra México, son a menudo países donde el recurso es escaso y las infraestructuras están insuficientemente desarrolladas. Su demanda de agua es obviamente creciente, como en todas partes, pero se enfrenta a un entorno donde la oferta es aún más estricta.

En nuestro país, por ejemplo, más de 2.2 millones de seres humanos mueren cada año por enfermedades relacionadas con la contaminación del agua. Esto, a pesar de que no todos los que contaminan son iguales y no podemos, por lo tanto, ser igualmente responsables. Además de que la intención del discurso es perversa porque implica que si todos somos responsables, al final, en términos prácticos, nadie lo es. Pero se exhorta al sacrificio de todos, en especial de los que menos tienen, a favor de los que más contaminan.

Por ejemplo, el grupo General Electric tiene cuatro de las empresas que contaminan el aire del planeta y al mismo tiempo es el mayor fabricante estadounidense de equipos para el control de la contaminación del aire, y la empresa química Dupont, una de las mayores generadoras de desechos tóxicos industriales del mundo, es líder en servicios especializados en la incineración y el entierro de residuos peligrosos.

En el caso del agua qué se quiere: ¿prevenir la contaminación o vivir las consecuencias del agua contaminada? Actualmente, la industria concentra 22 por ciento del uso total del agua en el mundo, 59 por ciento en los países desarrollados y 8 por ciento en los países en desarrollo, como el nuestro.

Por ello, ante esta soberanía denuncio que la política neoliberal que se ha seguido desde hace 70 años en México, tomando mayor fuerza en los últimos 25 años, ha alcanzado a afectar el entorno del agua en el sentido de que, por medio del discurso de los pocos grupos con extremado poder en nuestro país, han monopolizado el agua, al grado de que los que menos tienen son los que más se sacrifican en beneficio de las grandes empresas que acaparan el mercado del agua. Por citar sólo dos ejemplos: Coca-Cola y Pepsi, entre muchas otras. En ellas se encuentra un alto porcentaje de líquido vital.

Por ello aquí habría que cuestionarnos de nueva cuenta: ¿queremos agua para todos o queremos agua para unos cuantos?

Por lo tanto, es evidente que la participación del gobierno en el cuidado y distribución del agua es deficiente, generando la escasez del líquido en mucho por la negligencia y actuación del gobierno en sus tres ámbitos de competencia, lo cual es una situación muy diferente a lo que nos han hecho creer de que el agua se agota por la culpa de la generalidad de la gente, es decir, que el particular es el que tiene toda la responsabilidad de que se esté acabando el agua, además de que no asume su responsabilidad por la serie de haceres y deshaceres que sin duda repercuten en un porcentaje de pérdida mucho mayor, respecto de los particulares.

Con ello no queremos decir que el agua únicamente escasea por la culpa del gobierno y de los grandes consorcios. Pero el gobierno en sus tres ámbitos de competencia, aunado a los grandes monopolios, son en este rubro los mayores responsables de la pérdida del agua y no el particular, como se ha venido engañando durante más de casi ya tres décadas, mediante campañas y discursos maliciosos o perversos en el sentido de que el sacrificio de ahorrar el agua se debe y debe de darse en los sectores más vulnerables entre los vulnerables, en aras del beneficio del gran monopolio Estado-iniciativa privada.

Claro está que al momento de leer esto sin duda habrá divergencias de aquéllos que comparten que el manejo del agua por parte del gobierno federal es el idóneo. Pero realmente les pregunto: ¿es idóneo para quién, para los monopolios que existen en nuestro país o para la gente más vulnerable?

Por ello es definitivamente sucio y perverso que las estadísticas en este mundo globalizado destaquen por encima de la realidad social, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Tal parece que los números están por encima del interés general, esto es, que no hay sensibilidad a los problemas que aquejan a la gente. Parece que los poderosos que dan y vierten números al por mayor, pagando a los profesionales que les dan la verdad que sólo quieren ellos escuchar y que por consecuencia, serán y son la pauta para tomar las decisiones, que única y exclusivamente benefician a sus intereses personales.

Por ello, ante este panorama tan complejo en el manejo y cuidado del agua, propongo que la educación básica sea la directriz a seguir, en el sentido de que todos y cada uno de los que vivimos en este país realmente recibamos una verdadera cultura del agua, y no como actualmente se informa en este tópico de forma por demás limitada y casuística.

No esperemos más datos oficiales y extraoficiales e incluso, de carácter privado. Ya no más estadísticas, es momento de atender el problema mediante la implementación de la educación ambiental, la cual desempeñaría un papel primordial para suscitar una clara toma de conciencia y una mejor comprensión de los problemas ambientales.

Claro está que la presente iniciativa es de carácter enunciativo más no limitativo En el hecho de que se deben y debemos de aportar ideas innovadoras y no politizadoras, de cómo se debe difundir una verdadera cultura del agua y no como actualmente acontece, una cultura del agua que nadie conoce y si se conoce, realmente es limitada y escasa.

Incluso, no omito señalar que en países como Colombia e Israel, entre muchos otros, ya se tiene contemplado como tema fundamental en sus leyes, la implementación de la educación ambiental.

Sin duda, estamos, como sociedad y gobierno, ante un gran reto y una gran necesidad de cuidad, proteger, distribuir y reutilizar eficazmente el agua; así como cuidar, proteger y fortalecer el medio ambiente. Sin embargo, los que estamos conscientes de este problema somos ya un porcentaje importante dentro de la sociedad.

No obstante, se necesita que la totalidad de la población se vaya concientizando de estos problemas que nos atañen a todos. Y es ahí donde vemos que los niños y los jóvenes, son los mejores aliados ejecutores y portavoces para hacer frente a esta gran tarea de preservar el medio ambiente y cuidar el agua.

Por todo lo anterior, es por lo que vengo a proponer el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) a la fracción II del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o., fracción II, inciso d). Contribuirá a la preservación del medio ambiente y del cuidado del agua.

Por último, solicito que la presente iniciativa quede inscrita íntegramente en el Diario de los Debates, en virtud de que sólo he dado lectura a un resumen. Por lo que entrego el texto a la Secretaría de esta Mesa Directiva. Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Alma Lilia Luna Munguía , del Grupo Parlamentario del PRD

En ejercicio del derecho que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a este honorable pleno la presente iniciativa de decreto por el que se adiciona un inciso a la fracción II del párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

``El significado del agua sufrió en México un cambio dramático en los últimos 50 años. Mientras que en 1947 se sostenía que era obligación del Estado encabezar el aprovechamiento científico del agua para hacer de ella un bastión del progreso nacional, en la década de los noventa se decía en cambio, que el Estado debía atender una extrema crisis hidráulica marcada por la escasez, la contaminación y el derroche. Mientras que en 1950 reinaba el optimismo de los ingenieros-políticos por las grandes posibilidades que según ellos habría en el país la expansión de los usos del agua, a principios del siglo XXI prevalece un pesimismo que ha llevado a declarar al agua como asunto de seguridad nacional. Del agua que había que dominar y controlar se pasó al agua que había que cuidar.'' Obviamente, este cambio no es de exclusiva manufactura mexicana. A nivel mundial, a partir especialmente después de las reuniones de Estocolmo (1972) y Río de Janeiro (1992), en buena medida este cambio de significado tiene que ver con el crecimiento de la población. Entre 1950 y 2000 la población mundial aumentó de 2,5000 a 6,000 millones, en México, el aumento fue aún más notable de 25 a casi 100 millones de personas.'' ¹

Para el 2040 el promedio de disponibilidad de agua por persona se reducirá en un tercio y se incrementarán notablemente las desigualdades en la distribución social y regional del recurso. Como siempre los más pobres entre los pobres y los más vulnerables entre los vulnerables serán los más afectados.

``Actualmente 26 países se encuentran en situación de penuria, pues reciben menos de 1,000 metros cúbicos por habitante. Alrededor de 400 millones de habitantes se enfrentarán a una situación de ``estrés'' con mermas superiores a la reposición natural'' ² , por lo que el agua será en el siglo XXI (y al tercer milenio): la causa principal de conflictos. De hecho, ya se han registrado algunos enfrentamientos políticos y armados por esta causa que involucran a 75 países, especialmente de Asia y África, de lo cual nos tenemos que remontar a ``la única y última guerra por el agua, hace 4,500 años entre dos ciudades-Estado de Mesopotamia, en el territorio que actualmente ocupa el sur de Irak, es decir que desde aquella época hasta la fecha se han suscitado por el agua, lo cual ha ocasionado que hayan sido firmados más de 3,600 tratados sobre el agua'' ³ .

En esta tesitura ``la UNESCO y la ONU en el año 2003 pronosticaron que aproximadamente al año 2050 se duplicará el número de países en situación de penuria, los análisis más alarmistas llegan incluso a anunciar que las tres cuartas partes de la población mundial podrían enfrentarse a un estrés híbrido de aquí a medio siglo, es decir que para el año 2050 el mundo habrá perdido 18,000 kilómetros cúbicos de agua dulce, esto es cerca de nueve veces la cantidad total que los países usan actualmente al año para riego. Las regiones que ya lo sufren o donde más se agudizaría son el África Sahariana, oriental y austral; el Cercano y Medio Oriente, el sudeste de Estados Unidos y México'' <sup>4</sup> . Incluso se espera que ``en el 2015 el 40 por ciento de la población mundial se encontrará en zonas con escasez de agua para consumo domestico e industrial'' ⁵ .

Aunado a lo anterior como se ha señalado en los países menos avanzados entre los cuales se encuentra México, son a menudo países donde el recurso es escaso y las infraestructuras están insuficientemente desarrolladas. Su demanda de agua es obviamente creciente, como en todas partes, pero se enfrenta a un entorno donde la oferta es aún más estricta.

``Para uno de cada cuatro habitantes del planeta, es decir para 1,200 millones de seres humanos, el acceso al agua potable todavía es un sueño que dista varios kilómetros y, varias décadas. Y dos de cada cinco, es decir 2,500 millones de seres humanos, no tienen acceso a un saneamiento ni siquiera rudimentario.'' ⁶

No obstante lo anterior, al igual que el oro negro, el azul también está muy mal distribuido. Si cada uno de nosotros tuviera acceso a los 15,000 litros diarios a los que teóricamente tenemos derecho, el problema del agua sería infinitamente más sencillo de resolver.

Pero además de la mala distribución de este recurso, la falta del agua responde a diversos factores entre los cuales tenemos, los siguientes: ``1) más de mil millones de personas en todo el mundo, no cuenta con dotación de agua ni con servicios sanitarios (mas de tres mil millones), 2) los acuíferos existentes han sido objeto de sobreexplotación, en este sentido los niveles de agua subterránea han caído, no sólo en países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como China, India, México y Yemen, sino en la parte oeste de Estados Unidos, 3) la reorientación de agua para irrigación ha tenido en algunas regiones (Asia central) efectos devastadores, al grado que por ejemplo, digamos en el lago de Chapala se ha visto disminuida su superficie a una pequeña fracción de su tamaño original, 4) la urbanización y las prácticas agrícolas han reducido los sistemas y reservas de agua, 5) la falta de atención al mantenimiento de la vegetación en áreas tributarias de las cuencas, lo cual ha contribuido a las inundaciones, 6) la calidad del agua de ríos y lagos es cada día más pobre, 7) la extinción de especies de aguas dulces es cinco veces mayor en número que las especies de aguas marinas, y 8) la deforestación y degradación del suelo, la salinización y explotación del agua, la contaminación por residuos químicos y fertilizantes.'' ⁷

Sin duda que esta problemática que se denuncia es ocasionada esencialmente ``por el aumento en un tercio la población mundial, propiciando que la cantidad de metros cúbicos disponibles por habitante disminuirá automáticamente en una tercera parte, de aquí al 2025, de hecho la población tiende a crecer allí donde el agua ya es escasa, allí donde el acceso y el saneamiento no están garantizados desde hoy: en las grandes metrópolis de África, del Medio Oriente o de Asia del Sur'' ⁸ .

Otro factor lo es el crecimiento económico que duplica los efectos del crecimiento demográfico. Un sencillo razonamiento nos recuerda que, sin mayor esfuerzo, cada punto de crecimiento es también un punto de crecimiento de nuestro consumo de agua: Ahora bien, el cambio de modo de vida de la gran mayoría, el acceso a los simples gestos cotidianos de higiene, a una alimentación más variada y mejor calidad, a mayores requerimientos de energía, tiende naturalmente a aumentar el costo en agua de nuestro crecimiento económico.

Pero independientemente de que la escasez del agua obedece a una infinidad de factores de los cuales sólo se han mencionados algunos de los más importantes y de los cuales emergen muchos más, la mala distribución, el aumento de la población y el crecimiento aparente de la economía, no son los únicos generadores de la escasez del líquido, sin duda que al acceso a este recurso responde en un alto porcentaje a la negligencia de las autoridades en los tres ámbitos de gobierno, esto es que las autoridades muchas veces no suministran el líquido con el pretexto de que no existe la infraestructura adecuada como el drenaje para que puedan suministrar el agua. Esto es lo único que evidencia es la falta de voluntad y de recursos financieros para poder llevar a cabo con eficiencia sus responsabilidades, lo que se convierte en un círculo vicioso de largo plazo agravando día con día los conflictos sociales por el agua.

Por dar un ejemplo de lo anterior se tiene que ``en 2002 se estableció un programa de devolución de derechos, el cual se enfocó en devolver el 100 por ciento del pago de derechos por uso o aprovechamiento de aguas efectuado por los organismos operadores públicos o privados que prestan el servicio de agua potable, siempre y cuando presentaran un programa de acciones de mejoramiento de la eficiencia de sus sistemas técnicos, administrativos o de infraestructura, o acciones de construcción de obras nuevas de agua potable, alcantarillado o saneamiento por realizar durante el año que se desea recibir el beneficio de la devolución'' ⁹. Esto nos indica que el Estado en sus ámbitos de gobierno propicia la cultura del no pago del agua, lo cual sin duda repercute en el costo beneficio de hacer llegar el líquido a una mayor cantidad de habitantes.

En nuestro país por ejemplo ``más de 2.2 millones de seres humanos mueren cada año de enfermedades relacionadas con la contaminación del agua'' <sup>10</sup> , esto a pesar de que no todos los que contaminan es por igual y no podemos, por lo tanto, ser igualmente responsables, además de que la intención del discurso es perversa porque implica que si todos somos responsables, al final, en términos prácticos, nadie lo es, pero se exhorta al sacrificio de todos en especial de los que menos tienen a favor de los que más contaminan. Por ejemplo ``el Grupo General Electric tiene cuatro de las empresas que más contaminan el aire del planeta, y al mismo tiempo es el mayor fabricante estadounidense de equipos para el control de la contaminación del aire; y la empresa química DuPont, una de las mayores generadoras de desechos tóxicos industriales del mundo, es líder en servicios especializados en la incineración y el entierro de residuos peligrosos'' ¹¹ . En el caso del agua ¿que se quiere? ¿prevenir la contaminación o vivir las consecuencias del agua contaminada?.

Actualmente ``la industria concentra 22% del uso total del agua en el mundo, 59% en los países desarrollados y 8% en los países en desarrollo'' ¹² , como el nuestro. Por ello ante esta soberanía denuncio que la política neoliberal que se ha seguido desde hace setenta años en México, tomando mayor fuerza en los últimos 25 años, ha alcanzado afectar el entorno del agua, en el sentido de que por medio del discurso de los pocos grupos con extremado poder en nuestro país han monopolizado el agua, al grado de que los que menos tienen, son los que se sacrifican en beneficio de las grandes empresas que acaparan el mercado del agua, por citar sólo dos ejemplos Coca Cola, y Pepsi entre muchas otras, en ellas se concentra un alto porcentaje del líquido vital, por ello aquí habría que cuestionarnos de nueva cuenta ¿queremos agua para todos o queremos agua para unos cuantos?

En el caso de México como ya se dijo con antelación la problemática es plural en el sentido de que existen una diversidad de aspectos que afectan en la preservación y en cuidado del agua, pero debe decirse también desde este momento que este marco debe de ser visto desde dos perspectivas por un lado la falta de cuidado de los particulares, lo cual representa un margen menor, y por lo que respecta de la actuación del gobierno, lo cual sin duda que genera un porcentaje más alto de pérdida y cuidado del agua. En este sentido tenemos que la omisión de gobierno, en cuanto a la falta de infraestructura originados por los actores que inciden en el abastecimiento de agua, y éstos son clasificados en:

Lo anterior crea otro tipo de problema y se trata de la multiplicidad de actores, por un lado están los que se encargan de suministrar el agua y éstos son: los privados, y los entes públicos como la Comisión Nacional de Agua (CNA), la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM), Organismo Descentralizado de Agua y Saneamiento que cada municipio tiene, Operador de agua (Operagua); y están los que la demandan: la población, los colonos, los consejos vecinales, los consejos de cuenca, las organizaciones civiles, las organizaciones no gubernamentales.

Otro factor sin duda lo es la negligencia de las autoridades con problemas ecológicos-ambientales y urbanos, aunado a la nula acción de la autoridad por recuperar la carga natural, se extrae el doble de lo que se recarga , si lo anterior se combina con la falta de mantenimiento de las tuberías, esto trae como consecuencia fugas que van directo al desagüe, tan sólo en Distrito Federal, de los 72 metros cúbicos que recibe por segundo, se tiene que 42 por ciento se destina a uso doméstico, 12 por ciento a comercio, industria y servicio, 14 por ciento a riego y 32 por ciento se desperdicia por las fugas en la red de agua, esto significa que cada segundo se desperdician 23,000 litros de agua potable, y estos litros desperdiciados no pueden ser utilizados de alguna manera pues van directo al desagüe. Ahora bien imagínense cuantos litros por la omisión de la autoridad se desperdiciarán en todo el país.

Otro aspecto a considerar es la falta de voluntad política e institucional por parte de los tres niveles de gobierno, es relevante reconocer que de alguna manera se plantean políticas hidráulicas que buscan formas de tener agua y suministrar, quizás estas políticas no sean del todo efectivas, en el sentido de que están construidas como parte de una negociación entre municipios y entre los estados, es decir, por un lado el Estado crea un plan para condonar las deudas que los municipios tienen, y por otro lado, los municipios están condicionados a pagar, esta condición actúa de forma somera ya que dejan de garantía sus compromisos para pagar en futuro próximo. Entonces esto se convierte en una gama de compromisos a futuro pero inciertos.'' ¹³

Luego entonces más allá que las instancias gubernamentales, promuevan y difundan, por cierto de una forma muy discreta la cultura del agua, la cual se encuentra contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, debemos de aplicar las soluciones que ya se conocen, pero no se aplican, como es el caso de una fuerte inversión en el ámbito de infraestructura y la eliminación del excesivo burocratismo que existe hoy día en cuanto a los organismos públicos y privados que distribuyen y comercian el agua.

Por lo tanto es evidente que la participación del gobierno en el cuidado y distribución del agua es deficiente, generando la escasez del líquido en mucho por la negligencia y actuación del gobierno en su tres ámbitos de competencia (federal, estatal y municipal); lo cual es una situación sumamente muy diferente a lo que nos han hecho creer que el agua se agota por la culpa de la generalidad de la gente, es decir que el particular es el que tiene toda la responsabilidad de que se este acabando el agua, además de que no asume su responsabilidad por la serie de haceres y deshaceres que sin duda si repercuten en un porcentaje de pérdida mucho mayor, respecto de los particulares, con ello no queremos decir que el agua únicamente escasea por la culpa del gobierno y de los grandes consorcios, lo que si queremos decir es que la mayor parte de esta pérdida y distribución limitada a ciertos sectores y regiones, se da la gran pérdida del líquido vital, esto es que el gobierno en sus tres ámbitos de competencia aunado a los grandes monopolios en este rubro son los mayores responsables de la pérdida del agua, y no el particular como se ha venido engañando durante más de casi ya tres décadas, mediante campañas y discursos maliciosos o perversos en el sentido de que el sacrificio de ahorrar el agua se debe y debe de darse en los sectores más vulnerables entre los vulnerables, en aras del beneficio del gran monopolio Estado- iniciativa privada, claro está que al momento de leer esto mis compañeros principalmente los de oposición sacarán sus datos y sus estadísticas protegiendo como se ha venido haciendo siempre en varias décadas que el actuar del gobierno a nivel federal es el idóneo, pero realmente les pregunto ¿es idóneo para quién, para los monopolios que existen en nuestro país o para la gente más vulnerable?.

Por ello es definitivamente sucio y perverso que las estadísticas en este mundo globalizado, destaquen por encima de la realidad social, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, tal parece que los números están por encima del interés general, esto es que no hay sensibilidad a los problemas que aquejan a la gente, parece que los poderosos que dan y vierten números al por mayor pagando a profesionales que les dan la verdad que sólo ellos quieren escuchar y que por consecuencia será y son la pauta para tomar decisiones que única y exclusivamente benefician a sus intereses personales, por ello ante esta panorama tan complejo en el manejo y cuidado del agua, propongo que la educación básica sea la directriz a seguir en el sentido de que todos y cada uno de los que vivimos en este país realmente recibamos una verdadera cultura del agua, y no como actualmente se informa de este tópico de forma por demás limitada y casuística. No esperemos más datos oficiales y extraoficiales e incluso de carácter privado, ya no más de estadísticas, es momento de atender el problema, mediante la implementación de la educación ambiental, la cual desempeñará un papel primordial para suscitar una clara toma de conciencia y una mejor comprensión de los problemas ambientales.

La educación ambiental aludida, es una actividad pedagógica bastante reciente, pero puede decirse que surgió cuando se comprendió la relación del ser humano con la biosfera, y empezó a cuestionar su papel en la conservación o degradación del entorno. Más cerca de nosotros, podríamos situar el origen de la educación ambiental en los movimientos en defensa de la naturaleza, los cuales repercutieron en cambios de actitud de la sociedad hacia el entorno y hacia la explotación de los recursos naturales.

La educación relativa a la protección de la naturaleza se oficializó a comienzos de siglo pero no adquirió realmente importancia hasta los años 30, y a finales de la década de los 40 pasó por un período de estancamiento y no volvió a suscitar gran interés (a excepción de algunas actividades al aire libre) hasta los años 70, en que la multitud de cuestiones y problemas que se plantearon en torno a los ecosistemas naturales y las comunidades humanas contribuyó a la entrada en escena de la educación ambiental. Es entonces cuando la comunidad internacional bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas emprendió una acción concertada para dar carácter internacional a la educación ambiental.

No obstante de que por medio de la implementación de ciertos tópicos en materia ambiental en los programas de estudio de educación básica, los programas de educación ambiental siguen siendo insuficientes en cuanto a su número y alcance para lograr que la educación llegue a ser una preocupación. Esta carencia es mucho mayor en los países en vías de desarrollo, en los cuales se encuentra inmerso México, además de esto se aprecian otros factores que influyen en la no solidificación de una verdadera cultura del agua tales como la ausencia de programas verdaderamente interdisciplinarios. En general todavía no se han creado unos programas educativos, articulados en torno a problemas reales y regidos por una lógica funcional dirigida a su resolución.

No existen programas centrados en la resolución de problemas concretos. Como consecuencia de esto, nuestros programas educativos son poco abiertos y de escasa efectividad práctica, se observa cierta tendencia en los programas de educación ambiental a limitar el entorno a sus aspectos naturales. Esta tendencia explica el que no se hayan tenido en cuenta los aspectos sociales y dificulta la comprensión de fenómenos y problemas de carácter complejo.

Es de señalar que esta problemática, que influye en la falta de una verdadera educación ambiental, y en la cual se encuentra inmerso la falta de una cultura del agua, fueron sólo algunas de las conclusiones a las que se llegó en la Conferencia de Tbilisi (Georgia 1977), en la cual se elaboraron 41 recomendaciones, en las cuales se define el contenido de la educación ambiental y se estableció las políticas y estrategias recomendadas a escala internacional.

De todo esto se desprende que apenas existen puntos comunes que permitan establecer un modelo de programas para una educación ambiental actual, en donde la diversidad es la tónica general. Sin embargo, en todos los programas dirigidos a jóvenes o adultos que hayan superado la etapa universitaria se aprecia la firme voluntad de inculcar en los alumnos una ética medioambiental.

Por citar sólo dos ejemplos de esta implementación de tomar como asunto de importancia la educación ambiental, en pro de proteger el medio ambiente, en el cual el agua es parte del medio ambiente, al menos en Colombia, el gobierno ha obligado por decreto a todos los centros de enseñanza del país a poner en práctica la enseñanza de la ecología y la protección de los recursos naturales y del entorno. En Israel, el nuevo programa de noveno curso resalta las responsabilidades morales del hombre, habida cuenta de su superioridad biológica.

Por lo que la escuela pueda formar unos individuos competentes en materia de medio ambiente, es preciso que las clases no sirvan sólo para adquirir unos conocimientos, unas competencias cognitivas y unas actitudes concretas, sino que será preciso lograr también la transferencia de lo aprendido a las decisiones. Esto también puede ser entendido en el hecho de que no basta en apariencia con que el gobierno cuasi-actúe, ya no hay que esperar más, hay que empezar a adquirir cierta conciencia y cultura de los recursos que son vitales para la subsistencia del hombre, entre ellos el agua.

Los criterios en cuanto a la Educación Ambiental, tal y como fueron formulados en la Conferencia de Tbilisi, reflejan claramente la necesidad de asignar a la educación y la transferencia. Los criterios formulados en Tbilisi establecen que la educación ambiental deberá:

Considerar al medio ambiente en su totalidad tanto en sus aspectos naturales como en los creados por el hombre, tecnológicos y sociales (económicos, políticos, tecnológicos, históricos-culturales, morales, étnicos);

Ser un proceso contínuo; debe iniciarse a nivel de preescolar y proseguir a nivel escolar y extraescolar;

Adoptar un enfoque interdisciplinario haciendo uso de los recursos de cada disciplina para plantear los problemas ambientales desde una perspectiva global y equilibrada;

Examinar las principales cuestiones ambientales desde una perspectiva local, nacional, regional e internacional, a fin de que los alumnos tengan una idea de las condiciones ambiéntales en otras áreas geográficas;

Centrarse en situaciones presentes y futuras del entorno, teniendo en cuenta la perspectiva histórica;

Insistir en la importancia y necesidad de la cooperación local, nacional e internacional para prevenir y resolver los problemas ambientales;

Utilizar sistemáticamente, desde una perspectiva ambiental, los planes de desarrollo y de crecimiento;

Hacer participar a los alumnos en la organización de sus actividades de aprendizaje y darles la ocasión de tomar decisiones y aceptar las consecuencias;

Establecer una relación para los alumnos de todas las edades entre la sensibilización hacia el entorno, la adquisición de conocimientos, la aptitud para resolver los problemas y la clarificación de los valores, interesándose especialmente en la sensibilización de los más jóvenes hacia los problemas que se plantean en su propia comunidad;

Ayudar a los alumnos a descubrir los síntomas y las causas reales de los problemas ambientales;

Hacer hincapié en la complejidad de los problemas ambientales y la necesidad de desarrollar el sentido crítico y las competencias necesarias para resolverlos;

Utilizar los diferentes medios educativos y métodos pedagógicos al alcance para comunicar y adquirir conocimientos sobre el entorno, prestando la debida atención a las actividades prácticas y a las experiencias individuales.

Los objetivos de la Educación Ambiental son:

Contribuir a una clara toma de conciencia sobre la existencia e importancia de la interdependencia económica, social, política y ecológica tanto en las zonas urbanas como rurales;

Dar a cada persona la posibilidad de adquirir los conocimientos, el sentido de los valores, la actitud, el interés activo y la competencia precisos para proteger y mejorar el entorno;

Crear nuevos tipos de comportamiento en los individuos, grupos y en la sociedad en su conjunto de cara al entorno.

Las categorías de objetivos de la educación ambiental son:

De lo anterior, sin duda que solidifica la propuesta de reformar el artículo tercero de la Ley Fundamental, en el sentido de que se dan ciertos lineamientos rescatados de la Conferencia de Tbilisi, la cual hasta el momento ha sido sino la más importante si una de las más en cuanto al tópico de medio ambiente, con estos parámetros retomados de la misma, se pretende que estos sirvan de base para que la Secretaría de Educación Pública, implemente talleres en donde se difunda la cultura del agua contemplando las categorías, objetivos y fines señaladas y retomadas de la Conferencia de Tbilisi. Con base en esto la presente iniciativa no tiene como finalidad que tenga un carácter única y exclusivamente ontológico e ideológico, como lo tienen las normas jurídicas de todos los Estados a nivel mundial, incluyendo a México, sino que tenga un carácter práctico que repercuta en beneficio de la concientización de la población, iniciativa que se plantea como de urgente ante la rapidez con que esta avanzando la problemática del agua, por lo cual ya no es tiempo de seguir esperando a que el gobierno haga su tarea, deseo que ojalá no pase mucho tiempo en que se solventen los problemas e intereses que se tienen actualmente con el agua. Mientras tanto atendamos no únicamente la presente iniciativa, sino todas aquellas en las cuales esté de por medio el subsanar a grosso modo el cuidado y la escasez del agua.

Claro esta que la presente iniciativa es de carácter enunciativa, más no limitativa, en el hecho de que se debe y debemos de aportar ideas innovadoras y no politizadoras de cómo se deben de realizar los talleres y de cómo se debe de difundir una verdadera cultura del agua, y no como actualmente acontece una cultura del agua que nadie conoce y si se conoce, realmente es limitada y escasa, al grado de que ésta incluso es perversa, por el hecho anteriormente comentado, en el sentido de que el particular es el culpable de la escasez de agua y no los grandes consorcios y el gobierno, que son los verdaderos beneficiados del agua, incluso no omito en señalar que en países como Colombia e Israel entre muchos otros, ya se tiene contemplado como tema fundamental en sus leyes la implementación de la educación ambiental, lo cual significa que en otros países realmente han adquirido la conciencia debida para tomar con seriedad la cultura del agua, la cual se encuentra inmersa en la educación ambiental, entre muchos otros tópicos que deben ser tomados en consideración al momento de elevar la propuesta a rango constitucional, por todo lo anterior, es por lo que vengo a proponer el siguiente

Proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) a la fracción II del párrafo segundo del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue reforma:

Artículo 3. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al siguiente periodo escolar correspondiente.

Segundo. Se instruye a la Secretaría de Educación Pública, una vez que haya entrado en vigor el presente proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) a la fracción II del párrafo segundo del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que por su conducto instruya a las instituciones públicas y privadas de educación básica obligatoria a que implementen talleres de educación ambiental y de la cultura del agua.

Notas: 1 Abortes Aguilar, Luis, De Bastión a Amenaza, Agua, Políticas Públicas y Cambio Institucional en México, 1947-200, Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, El Colegio de México, A.C., Primera Edición, 2004, p. 89. 2 Camdessus Michel, Bertrand Badre, Chéret Ivan, Pierre-Frederic, Buchot Teniére, Agua para Todos, Fondo de Cultura Económica, Primera Edición, 2006, México, 2006, p. 21. 3 Kauffer Michel, Edith F., El Concepto de Hidropolítica en la Frontera Sur de México, Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, El Colegio de México, A.C., Primera Edición, 2004, p. 187. 4 Camdessus Michel, Bertrand Badre, Chéret Ivan, Pierre-Frederic, Buchot Teniére, Idem, p. 21 5 Kauffer Michel, Edith F., Idem. p. 186. 6 Camdessus Michel, Bertrand Badre, Chéret Ivan, Pierre-Frederic, Buchot Teniére, Op Cit. p. 33. 7 Graizbord Boris, Arroyo Arredondo Jesús, Primera El Futuro del Agua en México, Primera Edición, México, 2004, p. 14, 15. 8 Camdessus Michel, Bertrand Badre, Chéret Ivan, Pierre-Frederic, Buchot Teniére, Op Cit. p. 30 9 Aguirre Jiménez, Alma Alicia, Mecanismos e Instrumentos Económicos de la Gestión del Agua en México, Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, El Colegio de México, A.C., Primera Edición, 2004, p. 339. 10 Garrocho, Carlos, Diez Reflexiones Sobre el Agua, Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, El Colegio de México, A.C., Primera Edición, 2004, p. 45. 11 Garrocho, Carlos Ibidem , p. 60. 12 Garrocho, Carlos, Idem. p. 60 13 Guillermo Aguilar, Adrián, Las Grandes Aglomeraciones y su Periferia Regional (Experiencias en Latinoamérica y España), Editorial Porrúa, Primera Edición, México, 2006, p. 173, 174, 175 y 176.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Muchas gracias, diputada Alma Lilia Luna Munguía. Insértese de manera íntegra en el Diario de los Debates ytúrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se le concede ahora el uso de la palabra al diputado Daniel Dehesa Mora, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

El diputado Daniel Dehesa Mora: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores, esta iniciativa con proyecto de decreto para reformar varios artículos de la Ley General de Educacióncree en el valor de la información y en el papel estratégico que tiene la educación como factor crítico del desarrollo nacional.

La orientación educativa no es un tema menor. En plena sociedad del conocimiento se ha instalado como nuevo paradigma, La educación por toda la vida. Los jóvenes estudiantes mexicanos hoy son sujetos de múltiples transiciones: la de elección de sus carreras profesionales es una de ellas y la de su tránsito al mundo laboral es otra.

En materia de orientación educativa, resulta un error pretender marginar del análisis los problemas estructurales de la economía. Estoy convencido que necesitamos asumir con realismo la situación educativa y económica del país; desempleo estructural en un contexto de surgimiento de nuevas disciplinas académicas y del agotamiento del paradigma de la profesión.

Los problemas ligados a la elección y al proyecto de vida tienen hoy nuevos insumos, tales como la educación durante toda la vida o la formación multidisciplinaria. Hoy se cambia de carrera por lo menos cuatro veces en la vida.

Un problema adicional tiene que ver con la asfixiante concentración de la matrícula universitaria. Más de 50 por ciento de los alumnos del sistema de educación superior están matriculados en alguna disciplina económica, administrativa o de ciencias sociales, mientras que menos del 2 por ciento está en algún área de ciencias exactas.

En mi opinión, en momentos en que desde distintos foros se discute la necesidad de retransformar radicalmente al sistema educativo nacional, es urgente replantear el papel de la orientación educativa, definir su participación en el diseño de políticas públicas y plantear la construcción de un sistema nacional con la creación de un instituto que aporte información y construya conocimiento en esta área tan sensible y tan necesaria para apoyar las decisiones de futuro de nuestros jóvenes.

Hace tiempo que en nuestro país la orientación educativa pasó a un segundo o tercer plano en el diseño de políticas públicas, nos absorben grandes temas: narcotráfico, escándalos de corrupción, elecciones, partidos políticos, reformas estructurales, etcétera.

Más allá de los grandes temas del debate nacional hay asignaturas que por su injerencia en la construcción de conocimiento merecen revalorarse en el terreno de las políticas públicas. Es el caso, sin duda, de la orientación educativa que puede mejorar los términos de nuestra ciudadanía, de nuestra convivencia social, de la asertividad de las elecciones profesionales de los jóvenes y de su inserción productiva.

En medio de la estridencia de poderes, partidos y actores sociales, la agenda pública está dominada por las cuestiones de coyuntura; sin embargo, tengo la certeza de que ha llegado el momento de volver la vista hacia las cosas pequeñas, no porque lo sean realmente, sino porque su ausencia en las decisiones políticas lleva a la inercia y con ella, a olvidarnos de la educación y de la práctica de la orientación en los procesos del desarrollo nacional.

Es importante llamar la atención hacia un tema que en los hechos la clase política ha marginado. Es fundamental que se reconozca, en el Congreso y en el gobierno federal, la importancia de la deliberación educativa y de la orientación educativa. Debemos reflexionar más sobre el entorno social, institucional y familiar de nuestros jóvenes y definir con ellos su proyecto de vida, que no es otro que el de su propia ciudadanía.

Generar conocimientos es el corazón del presente y el futuro del desarrollo. Mi iniciativa con proyecto de decreto es que, bajo el nuevo paradigma de la sociedad de conocimiento, debemos redimensionar el valor de un sistema nacional de orientación educativa para apoyar las diferentes transiciones de nuestros jóvenes y por esa vía ganar el futuro del país.

Se trata de hacer de la construcción de conocimiento el proceso esencial de la práctica de la orientación. Forjar un concepto de igualdad que asegure el acceso social al conocimiento y a la información para decidir mejor.

No soy partidario de la mercantilización de la enseñanza ni de convertir los títulos universitarios en mero pase al mundo laboral y los estudios de postgrado en franco negocio. No se puede convertir a las universidades en meros instrumentos al servicio de las empresas privadas.

Formar profesionales a modo implicaría olvidar las tareas sustantivas de la universidad en los campos de las artes, las humanidades y aun de las ciencias básicas. Se vaciaría de contenido a la educación superior. Si bien se debe admitir la necesidad de formar profesionales para el mercado de trabajo, esta tarea no puede ser el fin primordial de la universidad. Creo que debemos preocuparnos por un equilibro entre la generación de conocimiento, la investigación y la formación de habilidades para el mercado de trabajo.

Hoy tenemos que reflexionar más sobre profesiones, sobre la concentración de la matrícula universitaria y los mercados de trabajo saturados. Sobre la pertinencia de las profesiones se habla mucho, aunque no siempre con base en investigación y reflexiones suficientes. Para coadyuvar a resolver estas asignaturas sirve la orientación educativa. Me detengo en este asunto, porque me parece que resulta en muchos sentidos una asignatura cuyo valor con frecuencia se reduce, y en el discurso político se margina o simplemente se ignora.

A diferencia de otros países con sistemas bien estructurados de orientación vocacional y con políticas públicas en la materia, como Chile, Argentina o Brasil; en México el tema de la orientación educativa no existe ni en el discurso. Por eso es necesario usar esta tribuna para recordarlo.

El problema, sin embargo, viene con la realidad. Una concentración excesiva de la matrícula universitaria en unas cuantas carreras que exhibe un déficit agudo de coordinación institucional entre universidades para regular la oferta educativa; pero también un fenómeno de desinformación en sectores críticos: estudiantes, padres de familia, aun entre la misma comunidad de profesionales de la orientación, que aunado a problemas de estructura de nuestra economía, han contribuido a una situación de concentración insostenible de la matrícula.

El dilema es sumamente complejo porque al reconocimiento de ampliar la matrícula universitaria por razones de justicia social y de viabilidad del desarrollo se impone un grave problema de precarización salarial que deriva, en buena medida, de la atrofia estructural de la matrícula de nivel superior que satura opciones tradicionales y que lleva a registrar ya excedentes críticos de egresados. Se da cuerpo con ello a una inocultable crisis de mercado de trabajo para algunas profesiones.

Es urgente atender el problema de la concentración de la matrícula de educación superior. Un camino es mediante la coordinación de esfuerzos entre las universidades para llegar a acuerdos. Otro camino es potenciar los alcances de la orientación vocacional y educativa.

Es mucho lo que en este terreno se puede hacer y lograr. En primer lugar, afirmar entre los jóvenes el nuevo paradigma de la educación como un proceso a lo largo de toda la vida.

En segundo lugar, implementar redes de orientadores con programas específicos, especialmente sobre las llamadas profesiones.

En tercer lugar, recuperar el sentido original de la orientación vocacional: hacer la vida del individuo más dichosa y congruente con su propia personalidad, sin desatender el justo equilibrio entre lo que se quiere y lo que la sociedad sugiere.

La orientación vocacional resulta uno de los factores críticos de la elección de carrera. Por ello es paradójico que esta decisión se tome con pocos elementos de apoyo, en un momento en que ocurren en el joven importantes y complejos cambios en su tránsito de adolescente a adulto. Es preciso revisar los contenidos de esa orientación.

El problema de la matrícula universitaria comprende así a los llamados microcomponentes o factores personales, y a los macrocomponentes o factores sociales. De los primeros, sólo diré que cada joven, en su proceso de elección profesional, recibe presiones de distintas direcciones. De los segundos, que tienen que ver con problemas estructurales de solución compleja en el corto plazo.

Mientras, para incidir en los segundos, hay que esperar a que nuestra clase política se sensibilice de la situación y obre en consecuencia.

Para intervenir en los primeros sólo hay que actuar. Hacer las cosas bien en el ámbito de la orientación. Esto quiere decir: iniciar una discusión sobre el modelo y sobre su pertinencia para la actual y las futuras generaciones de jóvenes estudiantes.

A este propósito de reflexión quiere contribuir esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona varios artículos de la Ley General de Educación, la cual pido a la Presidencia se inserte íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente. Muy amable, gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Daniel Dehesa Mora , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal Daniel Dehesa Mora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante la LX Legislatura de la Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman varios artículos y se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a fin de instituir una política pública en materia de orientación educativa y crear el Instituto Nacional para la Orientación, la Formación Académica y la Transición Laboral, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

La presente iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación tiene como objetivo garantizar que la orientación educativa sea parte de la política nacional de educación pública, plasmada en el artículo 3º de la Constitución General de la República que establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación, la que tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano. La orientación educativa busca facilitar las decisiones del individuo ligadas a sus diferentes etapas de formación académica y a su transición del mundo académico al laboral. Es decir, trata de coadyuvar y fortalecer su proyecto de vida.

En momentos en que desde distintos foros se discute la necesidad de transformar radicalmente el sistema educativo nacional, es urgente replantear el papel de la orientación educativa y definir su papel en el diseño y construcción de los nuevos paradigmas de la educación en el siglo XXI.

La orientación educativa en nuestro país no existe en la agenda de la clase política. Dedicado a ``grandes'' temas como el narcotráfico, la corrupción, las elecciones, los partidos políticos, la reforma del Estado y otras asignaturas, el debate nacional en el Congreso no incide en esta cuestión fundamental de planeación educativa. La orientación educativa puede mejorar los términos de nuestra condición ciudadana, nuestra convivencia social y nuestra inserción productiva, en eso radica parte de su importancia para elevarla a la categoría de política pública nacional.

Es importante llamar la atención hacia un tema que en los hechos el Poder Legislativo y Ejecutivo han marginado. Es fundamental que se reconozca en el Congreso y en el gobierno la importancia de la deliberación educativa y de la práctica de la orientación. Como país, debemos reflexionar más sobre el entorno social, institucional y familiar de nuestros jóvenes y definir con ellos, su proyecto de vida, que no es otro que el de su propia ciudadanía.

Forjar un concepto de igualdad que asegure el acceso social al conocimiento y a la información para decidir mejor es, en las condiciones del presente, el punto de partida. Hoy se debe procurar un equilibrio entre la generación de conocimiento y la investigación y la formación de habilidades para el mundo del trabajo.

A diferencia de otros países con sistemas bien estructurados de orientación vocacional y con políticas públicas en la materia como Chile, Argentina o Brasil, en México el tema de la orientación educativa no existe ni en el discurso.

El problema viene con la realidad: una concentración excesiva de la matrícula universitaria en unas cuantas carreras que exhibe un déficit agudo de coordinación institucional para regular la oferta educativa, pero también un fenómeno de desinformación en sectores críticos: estudiantes, padres de familia y empleadores, que aunado a problemas de estructura de nuestra economía, contribuyen a una situación de concentración insostenible de la matrícula.

El dilema es sumamente complejo porque al reconocimiento de ampliar la matrícula universitaria por razones de justicia social y de viabilidad del desarrollo, se impone un grave problema de precarización salarial que deriva en mucho de la atrofia estructural de la matrícula que satura opciones tradicionales y que lleva a registrar ya excedentes críticos de egresados. Se da cuerpo a una inocultable crisis de mercado de trabajo para algunas profesiones, que paradójicamente siguen siendo las más demandadas.

Es urgente atender el problema de la concentración de la matrícula de educación superior. Un camino, la coordinación de esfuerzos entre las universidades para llegar a acuerdos. Otro es potenciar los alcances de la orientación educativa. Es mucho lo que en este terreno se puede hacer. Recuperar el sentido original de la orientación de hacer la vida del individuo más dichosa y congruente con su propia personalidad, sin desatender el justo equilibrio entre lo que se quiere y lo que la sociedad sugiere.

La orientación educativa resulta uno de los factores críticos de la sociedad del conocimiento y de la información. Por ello, es paradójico que las decisiones que concierne al proyecto de vida con frecuencia se tome con pocos elementos de apoyo, en un momento en que ocurren en el joven importantes y complejos cambios en su tránsito de adolescente a adulto. Es preciso revisar los contenidos de esa práctica y elevar la orientación a un rango de cabal política pública.

¿Qué lleva a los estudiantes a saturar las carreras de Contaduría y Administración? ¿Por qué las nuevas profesiones, ligadas a la ciencia y a la tecnología, se mantienen con una reducida matrícula?

En 2001 George A. Akerlof, A. Michael Spence y Joseph E. Stiglitz, fueron galardonados con el Premio Nóbel de Economía por sus análisis de los mercados con información asimétrica. Ellos concluyeron que uno de los fenómenos más perturbadores de cualquier mercado es la falta de información o su desigual distribución.

Diversos estudios confirman que la elección de futuro de los jóvenes está crecientemente influida por el mercado laboral. Otras investigaciones aportan elementos valiosos para concluir que la información sobre el campo de trabajo de las profesiones no es homogénea entre los grupos interesados.

Sobre el mercado laboral, los estudiantes, las familias y los sectores económicos manejan datos y tendencias diferentes. Sus decisiones obedecen a distintas percepciones y realidades. Sin embargo, una constante es el desconocimiento de la compleja transformación que la era del conocimiento ha operado en el mundo del trabajo.

Para 2003, de acuerdo con la ANUIES, la población escolar de educación superior era de dos millones 239 mil alumnos, de éstos un millón 865 mil eran de licenciatura (83.4 por ciento); 166 mil 873 de normal (7.4 por ciento); 67 mil 103 de técnico superior; y, 139 mil 669 de posgrado (6.2 por ciento).

Para el año de referencia, 20 carreras concentraban el 71.3 por ciento de la matrícula de licenciatura. Tan solo contaduría y administración alcanzaban, por si solas, casi una quinta parte del total (18.4 por ciento). Si a éstas su sumaba Derecho, la concentración en estas tres carreras se acercaba al 30 por ciento de la matrícula (29.3 por ciento).

Dentro de esas 20 carreras dominan las profesiones tradicionales: derecho, contaduría, administración, medicina, psicología, arquitectura, pedagogía, etcétera. Uno de los factores principales que lleva a los jóvenes a inclinase por alguna de estas disciplinas es el mercado de trabajo; sin embargo, las prospectivas disponibles muestran un problema agudo de empleo en el campo de estas disciplinas.

En 2006, 13 licenciaturas de las calificadas como tradicionales, que concentran actualmente más del 60 por ciento de la matrícula universitaria a nivel nacional, habrían arrojado ya un excedente de 827 mil profesionistas (CIESA, 2004).

Entonces ¿por qué los jóvenes mantienen su preferencia en estas disciplinas? Mi conclusión es sencilla: existe un déficit de información que afecta esa elección racional y tiene graves efectos sobre la matrícula universitaria.

La era de la información se acompaña del surgimiento de nuevas profesiones como la microelectrónica, la robótica, las ciencias ambientales, la mecatrónica o la tecnología; de profesiones duales que combinan ingeniería y ciencias sociales; o de profesiones mixtas como telecomunicaciones o economía de la empresa (Valle Flores, 2004).

Presenciamos una transición histórica con efectos directos en el empleo y la estructura ocupacional. La nueva economía aumentará la importancia de las profesiones con un alto contenido de información y de conocimiento.

Si la información sobre los efectos que la era basada en el conocimiento tiene sobre los mercados de trabajo logra ser más homogénea, algunos factores que orillan hoy a los jóvenes a optar por carreras tradicionales podrían dejar de funcionar como incentivos racionales. Eso podría comenzar a corregirse el grave problema de concentración de la matrícula de educación superior de nuestro país.

Lo anterior sugiere una conclusión básica: que llegó el momento de reconocer la importancia de la orientación educativa. En consecuencia es procedente asignarle ya un carácter de política pública nacional y de institucionalizarla mediante una estructura que la proyecte y la fortalezca como parte consubstancial de la educación pública en el país.

Por los motivos expuestos, se presenta a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados, la presente:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 2, 3 y 9 de la Ley General de Educación y adiciona un tercer párrafo al artículo 2, una fracción XIV al articulo 7, una fracción IV al artículo 8, una séptima al artículo 10 para crear el Instituto Nacional de Orientación, Formación Académica y Transición Laboral; una fracción XIII al artículo 12 y una IV al artículo 57 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Ley General de Educación

Artículo 2. Todo individuo tiene derecho a recibir educación y orientación educativa , por lo que, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional y al de orientación educativa , con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

...

La orientación educativa es un instrumento formación y de decisión que acompaña a la persona en sus diferentes fases de su desarrollo educativo y en su tránsito hacia la práctica profesional y el mundo laboral. Es una parte fundamental de su proyecto de vida.

Artículo 3. El Estado está obligado a prestar servicios educativos y de orientación para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria y pueda recibir en cada uno de estos niveles la asistencia profesional que requiera en materia de orientación educativa. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley.

...

Artículo 7. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

Artículo 8. El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan --así como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan-- se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos; las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos y la discriminación, especialmente la ejercida en contra de las mujeres. Además:

Artículo 9. Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá --directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio-- todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, así como el establecimiento de un sistema nacional de orientación educativa, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Artículo 10.

Constituyen el sistema educativo nacional:

Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

...

Artículo 57. Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán:

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal, deberá prever en el Proyecto de Egresos de la Federación para el año fiscal 2008, el costo de operación del nuevo Instituto Nacional de Orientación, Formación Académica y Transición Laboral.

Tercero. El Ejecutivo federal, deberá presentar al Congreso de la Unión, en un máximo de seis meses a partir de la aprobación de estas reformas y adiciones a la Ley General de Educación, una Iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que prevea la creación del Instituto Nacional de Orientación, Formación Académica y Transición Laboral.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Gracias a usted, diputado Daniel Dehesa Mora. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, como lo ha solicitado. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria ytúrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

ARTICULO 89 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Efraín Morales Sánchez: Con el permiso de la Presidencia.

Quiero decirles, que esta iniciativa se refiere a las normas oficiales mexicanas y que lo que se propone precisar, incorporar, en la Constitución para dar facultad y obligación, pero también dar jerarquía en el sistema jurídico mexicano a lo que hoy es cotidiano.

«Iniciativa que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Efraín Morales Sánchez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 55, fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Actualmente nos encontramos frente a una relevancia significativa de las normas oficiales mexicanas, ya que desde su implementación, a partir de la década de los veinte, se ha evidenciado y consolidado una tendencia creciente en su generación y utilización, hasta alcanzar en nuestros días, una proliferación de ellas que abarca diversos ámbitos de nuestra realidad normativa. Baste señalar que hasta hoy son aproximadamente 1,000 normas oficiales mexicanas registradas en la Dirección General de Normas Oficiales Mexicanas de la Secretaría de Economía, las cuales regulan materias tan diversas, que van desde los procesos de edificación de las viviendas; el etiquetado de productos textiles; la toma domiciliaria para abastecimiento de agua potable; la liberación al ambiente de organismos forestales genéticamente modificados, hasta la eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y comercial, entre muchas otras áreas y materias, cuya finalidad es uniformar procesos, productos o servicios con el objeto de proteger la vida, la seguridad y el medio ambiente; y que de acuerdo al artículo 38 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, corresponde expedir, según su ámbito de competencia, a las dependencias de la administración pública federal.

Sin embargo, y pese a esa gran importancia adquirida, subyace un considerable problema con estas normas, me refiero a su cuestionada funcionalidad, toda vez que muchas de ellas no son respetadas ni cabalmente cumplidas por los sujetos e instancias a quienes van dirigidas, es decir, los productores, fabricantes y los prestadores de servicios, así como también las autoridades competentes a quienes correspondería hacerlas cumplir. Situación que ha obedecido, en gran medida, al hecho de que prevalecen serias dudas sobre su naturaleza jurídica y posición jerárquica dentro del sistema jurídico mexicano, por tanto, aún existe confusión respecto a su constitucionalidad y obligatoriedad; lo anterior pese a que el artículo 52 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas, y quienes las incumplan, de acuerdo al artículo 112 de la misma ley, será sancionado administrativamente por las dependencias conforme a sus atribuciones... sin perjuicio de las sanciones establecidas en otros ordenamientos legales.

Además, no debemos perder de vista el objetivo de las normas oficiales mexicanas, que es la regulación de cuestiones con gran precisión, con el fin de proteger a las personas en su salud, vida y el mundo en el que viven, es decir, la principal preocupación es garantizar que en la realización de ciertos procesos, productos o la prestación de servicios, no existan riesgos, evitar los abusos e impedir accidentes, estableciendo condiciones mínimas de seguridad. Por ello, la presente iniciativa se plantea como objetivo contribuir a esclarecer la naturaleza jurídica, posición jerárquica y obligatoriedad de las normas oficiales mexicanas, en otras palabras, pretende contribuir a delimitar el papel y participación de estas normas dentro del ordenamiento jurídico mexicano.

Para ello, es imprescindible insistir y referir que una norma oficial mexicana, de acuerdo a la fracción XI del artículo 3º de Ley Federal sobre Metrología y Normalización, es una regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, ... que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación. Regulación técnica que tiene por objeto dar certeza y seguridad a la población que consume los productos o hace uso de los servicios, así como también su finalidad radica en fomentar la producción y prestación de bienes y servicios, cada vez más eficientes y con mejores niveles de calidad, por tanto, más competitivos en el mercado nacional e internacional. De allí su papel clave en la economía, porque facilitan el intercambio de bienes y de servicios. Pensemos simplemente en los requerimientos de interconectabilidad e interoperabilidad que imponen actualmente las nuevas tecnologías.¹

Es decir, a través de estas normas, el Estado pretende garantizar la calidad de los productos y servicios, por tanto, resultan ser un importante medio de protección a los consumidores; y debido a las materias de alta especificidad técnica que regulan, deben ser revisadas de forma quinquenal, en cuyo caso contrario, y de acuerdo a la misma ley, queda cancelada su vigencia y operación.

En este sentido, cabe subrayar lo establecido en la fracción I del artículo 40 de la ley antes referida, respecto a que las normas oficiales mexicanas tienen como una de sus finalidades, establecer las características y/o especificaciones que deban reunir los productos y procesos cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal, el medio ambiente general y laboral, o la preservación de recursos naturales. Esto es, a través de las Normas Oficiales Mexicanas, se otorga certeza o seguridad de que lo producido y servicios otorgados, no afectarán la salud humana y medio ambiente.

Una vez definidas las normas oficiales mexicanas como regulaciones eminentemente técnicas, encontramos que su naturaleza jurídica deriva de la facultad y obligación reglamentaria que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 89, fracción I, otorga al Presidente de la República, en tanto que a él corresponde promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Luego entonces, el Presidente de la República tiene facultad constitucional para emitir normas jurídicas de carácter general, que son los Reglamentos, a través de los cuales se regulan detalladamente todos los procedimientos de aplicación de las leyes.

Sin embargo, debemos decir que la obligación del Presidente de la República de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, no sólo se logra a través de los reglamentos, ya que éstos no alcanzan a regular cuestiones de alta especificidad técnica; y el Presidente al no tener la capacidad funcional para emitir de forma directa y personal todos los actos necesarios para hacer exacta la observancia de las leyes en la esfera administrativa, se auxilia, entonces, de la Administración Pública Federal, a fin de hacer efectiva esa facultad y obligación. Precisamente, de esa limitación en cuanto a la capacidad funcional del Presidente de la República, a la vez que facultad y obligación de éste de hacer exacta la observancia de las leyes en la esfera administrativa, es que el Presidente delega en las dependencias de la administración pública federal, la creación y vigilancia de las normas oficiales mexicanas.

Es evidente entonces, que estas normas tienen una razón de ser fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, en tanto que son instrumentos que permiten la atención y respuesta a un problema específico y de aplicación rigurosa de las leyes, cuya dinámica cambiante requiere de respuestas prontas y específicas, que el Presidente de la República, a través de su facultad reglamentaria directa y personal, y el legislador, no podrían satisfacer efectiva y eficientemente.

Así pues, las normas oficiales mexicanas, son auténticas normas jurídicas, toda vez que se trata de normas generales dentro de cierta rama, área o materia específica, y afectan la esfera jurídica de los particulares, ya que son de observancia obligatoria, abstractas e impersonales, es decir, son prescripciones técnicas dirigidas a una generalidad de sujetos; pero, debemos tener presente que, simultáneamente, y de acuerdo al artículo 4º de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, son actos administrativos de carácter general, en virtud de que emanan de un procedimiento administrativo y son expedidas por una autoridad administrativa. Motivo por el cual se concluye que, en términos materiales, las normas oficiales mexicanas son normas jurídicas generales de carácter técnico, sin obviar que en términos formales se trata de actos administrativos. Así pues, podemos aludir una naturaleza dual de estas normas, sea como norma jurídica en sentido estricto, sea como acto administrativo.

En ningún caso, las normas oficiales mexicanas tienen por objeto conceder derechos o permisos a los particulares, únicamente, tienen por objeto establecer especificaciones técnicas con un alto grado de especialidad, en aras de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en las leyes y reglamentos, por lo cual sólo pueden especificar y referirse a las obligaciones previstas en los ordenamientos jurídicos superiores de las mismas; y en aras también de proveer en la esfera administrativa, a la exacta observancia de las leyes.

Por otra parte, una indefinición importante respecto a estas normas estriba en su jerarquía dentro del sistema jurídico mexicano, confusión que deriva al momento de reflexionar sobre la facultad reglamentaria del Presidente de la República a objeto de hacer efectiva la observancia de las leyes en la esfera administrativa. Esto es, queda claro el hecho de que al Presidente de la República corresponde emitir los reglamentos, pero no así el hecho de que en la práctica él delegue en las dependencias de la administración pública federal o Secretarías de Estado, la facultad y obligación de emitir esta clase de normas jurídicas, toda vez que la Constitución Política no estipula esa facultad.

Finalmente, cabe decir que debido a la importancia manifiesta de las normas oficiales mexicanas, éstas deben insertarse en un marco de legalidad y constitucionalidad, el cual y hasta el momento, no se ha logrado, debido a que el legislador, a través de la normatividad vigente correspondiente, ha delegado indebidamente en las dependencias de la administración pública federal, facultades reglamentarias, de las cuales derivan estas normas oficiales, sin que exista el mandato constitucional respectivo.

Por ello, la presente iniciativa propone precisar las atribuciones y facultades reglamentarias del Presidente de la República en el ámbito de la administración pública y, por tanto reconocer legalmente a las dependencias de la administración pública federal, como las instancias a través de las cuales el Presidente de la República puede delegar la facultad y obligación de emitir actos jurídicos y administrativos, a fin de hacer viable y expedita la observancia de las leyes en la esfera administrativa; asimismo, la iniciativa se propone poder precisar la jerarquía de las regulaciones técnicas, como es el caso de las normas oficiales mexicanas, en el sistema jurídico mexicano, y en general, dar paso a la constitucionalidad de la normatividad referida a las normas jurídicas técnicas motivo de la presente iniciativa.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se reforma la fracción I del artículo 89, para quedar como sigue:

Título Tercero Capítulo III Del Poder Ejecutivo

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota: 1 Quintanilla Madero, María del Carmen Eugenia; Las Normas Oficiales Mexicanas. Su Constitucionalidad, Impacto en la Modernización del Derecho Mexicano y Estrecha Vinculación con el Derecho Internacional; Ed itorial Porrúa México y Universidad Iberoamericana, México 2006, pág. XIV.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Muchas gracias, diputado Efraín Morales Sánchez.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS - LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Se recibió del diputado Christian Martín Lujano Nicolás, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Serviciosy de la Ley de Coordinación Fiscal.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Christian Martín Lujano Nicolás , diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 20 de junio de 2007 el Ejecutivo federal presentó a esta soberanía un conjunto de iniciativas agrupadas en cuatro pilares, tendientes a lograr una reforma hacendaria integral que beneficie a los que menos tienen y contribuya a disminuir las desigualdades regionales que existen en el país.

Los cuatro pilares mencionados tienen por objeto: i) mejorar la administración tributaria y combatir la evasión fiscal, ii) mejorar la eficacia del gasto público y la rendición de cuentas de los tres niveles de gobierno, iii) establecer las bases de un sistema impositivo que permita incrementar la recaudación, y iv) fortalecer el federalismo fiscal.

Coincido plenamente con los motivos y razonamientos expuestos en las iniciativas de referencia, ya que la aprobación de las mismas contribuirá al crecimiento económico y desarrollo social, así como a disminuir las desigualdades del país.

De manera particular, coincido con los dos lineamientos en que se sustenta el pilar federalista; es decir: i) expandir las facultades tributarias de las entidades federativas y municipios, sin mermar las finanzas públicas y evitando que exista proliferación de impuestos locales, y ii) simplificar y mejorar los incentivos de las fórmulas tanto para las participaciones como para las aportaciones federales, bajo el supuesto de que no se disminuirá el monto de los recursos actuales para ninguna entidad federativa.

Con relación a la propuesta del Ejecutivo federal de otorgar nuevas potestades tributarias a las entidades federativas a fin de que puedan establecer impuestos locales a la venta final de bienes gravados por la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, considero que el planteamiento constituye un paso importante para el fortalecimiento de las haciendas públicas estatales.

Tal como señala el Ejecutivo federal en su iniciativa, este tipo de productos (i) tienen un alto potencial recaudatorio; (ii) se refieren a bases progresivas que desde un punto de vista económico afectan menos a personas con ingresos bajos; (iii) en su mayoría afectan la salud; (iv) su consumo presenta externalidades negativas; (v) tienen demandas relativamente inelásticas, lo que minimiza las distorsiones de los impuestos; (vi) las entidades están familiarizadas con la recaudación de estos impuestos, ya que se utilizan actualmente como variable de distribución en las participaciones federales.

No obstante, en el caso de la gasolina y el diesel existen algunas particularidades que hacen necesario enriquecer la propuesta del Ejecutivo federal, tales como:

Derivado de lo anterior y tomando en consideración que el establecimiento de impuestos locales a la venta final de gasolina y diesel no podrá aplicarse en forma inmediata, dada la necesidad de una aprobación constitucional y posteriormente de las leyes locales de las entidades federativas, aunado a que para la aplicación de estos impuestos a nivel local será necesaria la coordinación entre las entidades federativas a fin de evitar problemas de arbitrajes y distorsiones en los precios, someto a consideración de esta asamblea las siguientes modificaciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y a la Ley de Coordinación Fiscal:

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Se propone gravar con una tasa adicional a la prevista actualmente en el artículo 2-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios la venta final de gasolina y diesel realizada con el público en general.

Para tal efecto, el contenido del actual artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se contemplará en la fracción I de dicho precepto, sin sufrir ajustes. Por su parte, la nueva tasa y condiciones especiales de aplicación que se incorporan en términos de esta iniciativa, se prevén en la fracción II, de acuerdo con lo siguiente:

La modificación anterior, hace necesario adecuar la referencia contenida en el artículo 2o.-B de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a fin de aludir exclusivamente al artículo 2o.-A, fracción I, de dicho ordenamiento.

Asimismo, se propone adicionar un quinto párrafo al artículo 7 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, pasando los actuales párrafos quinto y sexto a ser sexto y séptimo párrafos, respectivamente, a efecto de incluir dentro del concepto de enajenación de gasolina o diesel, el autoconsumo que se realice en las estaciones de servicio y por los distribuidores autorizados por Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.

Igualmente, se adiciona un inciso a) a la fracción I del artículo 8 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con el objeto de que se incluya dentro de los supuestos en que no se pagará el impuesto previsto en dicha ley, a las enajenaciones de gasolina y diesel realizadas a distribuidores autorizados por Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, o bien, efectuadas a estaciones de servicio, por no tratarse del público en general.

Ley de Coordinación Fiscal

Con el objeto de fortalecer las haciendas públicas de las entidades federativas y municipios, robustecer el componente solidario del sistema nacional hacendario que rige en el país y, de forma especial, destinar recursos a las entidades federativas con mayores niveles de pobreza, se propone la creación de un fondo compensatorio, a través de la adición de un artículo 4o.-B a la Ley de Coordinación Fiscal.

Dicho fondo se podría constituir con la recaudación obtenida con motivo del establecimiento del impuesto a la venta final de gasolina y diesel que se propone incorporar en el artículo 2o-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a través de esta iniciativa.

Las características operativas del fondo serían las siguientes:

A fin de que las entidades federativas puedan participar del impuesto federal a la gasolina y diesel desde el momento de su entrada en vigor, se propone la incorporación de un artículo transitorio que permitirá a las entidades federativas que celebren los convenios de coordinación a que se refiere el artículo 4o.-B, fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal, dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de entrada en vigor de este decreto, recibir los recursos desde el inicio de la aplicación de la tasa correspondiente y, en caso contrario, sobre la recaudación obtenida a partir del mes siguiente a aquél en que se celebre el convenio de coordinación.

De la misma forma, se propone que la tasa de 5.5 por ciento prevista en el artículo 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para la venta al público de gasolinas y diesel, se aplique de manera gradual dentro de los primeros 5 meses a su entrada en vigor, mes en el cual daría inicio a la distribución de los recursos entre las 10 entidades federativas que tengan los menores niveles de producto interno bruto per capita no minero y no petrolero.

En mérito de lo anterior, se somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley de Coordinación Fiscal

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Artículo Primero.- Se reforman los artículos 2o.-A y 2o.-B y se adicionan el artículo 7, quinto párrafo, pasando los actuales párrafos quinto y sexto a ser sexto y séptimo, así como el artículo 8, fracción I, inciso a), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o.-A.- Las personas que enajenen gasolina o diesel en territorio nacional estarán sujetas a las tasas siguientes:

1. Gasolinas: el promedio del precio spot de la gasolina regular sin plomo vigente en la costa del Golfo de Estados Unidos de América. 2. Diesel para uso automotriz de alto azufre: el promedio del precio spot ``fuel oil'' número 2, 0.2 por ciento de azufre y 34º API, vigente en la costa del Golfo de Estados Unidos de América. 3. Diesel para uso automotriz y diesel para uso industrial de bajo azufre: el promedio del precio spot ``fuel oil'' número 2 LS, 0.05 por ciento de azufre, vigente en la costa del Golfo de Estados Unidos de América. 4. Diesel para uso industrial de alto azufre: el promedio del precio spot ``fuel oil'' número 2, 0.2 por ciento de azufre y 34º API, vigente en la costa del Golfo de Estados Unidos de América. 5. Diesel para uso en vehículos marinos en la costa del Golfo: el promedio del precio spot ``fuel oil'' número 2, 0.2 por ciento de azufre y 34º API, vigente en Houston, Texas, de Estados Unidos de América. 6. Diesel para uso en vehículos marinos de la costa del Pacífico: el promedio del precio spot ``fuel oil'' número 2 LS, 0.05 por ciento de azufre, vigente en Los Ángeles, California, de Estados Unidos de América.

Artículo 2o.-B. La tasa aplicable para la importación de gasolinas o diesel será la menor de las que resulten para la enajenación del combustible de que se trate en los términos del artículo 2o-A, fracción I de esta ley, vigente en el mes en que se realice la importación.

Artículo 7. ...

Asimismo, para efectos del artículo 2o.-A, fracción II, se considerará enajenación el autoconsumo de gasolina o diesel que se realice en las estaciones de servicio y los distribuidores autorizados por Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, salvo que se realice en estaciones de servicios que no vendan los combustibles al público en general.

...

Artículo 8. ...

Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Segundo.- Se reforma el artículo 2o., cuarto párrafo y se adiciona el artículo 4o.-B, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

``Artículo 2o. ...

Tampoco se incluirán en la recaudación federal participable los incentivos que se establezcan en los convenios de colaboración administrativa; ni el impuesto sobre automóviles nuevos; ni la parte de la recaudación correspondiente al impuesto especial sobre producción y servicios en que participen las entidades en los términos del artículo 3o.-A de esta Ley; ni la parte correspondiente al régimen de pequeños contribuyentes; ni la recaudación obtenida en términos de lo previsto en el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; ni el excedente de los ingresos que obtenga la Federación por aplicar una tasa superior al 1 por ciento a los ingresos por la obtención de premios a que se refieren los artículos 163 y 202 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

...

Artículo 4o-B.- El Fondo de Compensación estará conformado con la recaudación obtenida con motivo del establecimiento del impuesto a la venta final de gasolina y diesel, previsto en el artículo 2o-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Para tal efecto, la tasa del 5.5 por ciento prevista en el artículo 2o-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se dividirá en dos partes:

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las entidades federativas que celebren los convenios de coordinación a que se refiere el artículo 4o.-B, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal, dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de entrada en vigor de este decreto, recibirán los recursos previstos en dicha fracción desde el inicio de la aplicación de la tasa correspondiente y, en caso contrario, sobre la recaudación obtenida a partir del mes siguiente a aquél en que se celebre el convenio de coordinación.

Tercero. La tasa de 5.5 por ciento prevista en el artículo 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para la venta al público de gasolinas y diesel, se aplicará de manera gradual dentro de los primeros 5 meses a su entrada en vigor, de conformidad con lo siguiente:

Cuarto. La distribución de los recursos a que se refiere el artículo 4o.-B, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal entre las 10 entidades federativas que de acuerdo con la última información oficial del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, tengan los menores niveles de producto interno bruto per capita no minero y no petrolero, dará inicio a partir del quinto mes calendario de haber entrado en vigor este Decreto cuando la tasa aplicable por litro de gasolina y diesel sea de 5.5 por ciento.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma los artículos 8, 42, 48 y 53, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El diputado Isidro Pedraza Chávez: Gracias. Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de acuerdo con la siguiente exposición de motivos:

La agricultura, y en general las actividades agroalimentarias tienen un carácter estratégico, son componentes primarios de un concepto de desarrollo nacional que entraña, en su esencia, la satisfacción de las necesidades alimentarias y nutricionales de la población.

El carácter estratégico de la alimentación y de la nutrición de la población las inscribe dentro del marco de seguridad nacional y, desde esta visión, pertenecen a las obligaciones más importantes del Estado mexicano.

Dentro del desarrollo económico el campo mexicano ha jugado un papel fundamental, aportando los bienes alimenticios socialmente necesarios a precios subsidiados por los productores rurales, habiéndose transferido una importante porción del excedente económico generado en el campo a las ferias urbanas, sin que haya existido reciprocidad en los flujos netos de recursos públicos que hayan permitido un desarrollo equilibrado campo-ciudad.

En la actualidad, la disparidad en los grados de desarrollo de las áreas rurales y las urbanas, expresan que el conjunto de la sociedad mexicana tiene una enorme deuda histórica con el campo.

Lo anterior ha implicado un flujo financiero neto desfavorable al campo, lo que ha traído como consecuencia la creciente descapitalización, atraso relativo en materia tecnológica, menor productividad relativa y falta de competitividad, dando como resultado ingresos insuficientes para la satisfacción de las necesidades sociales fundamentales.

Siendo precisamente en las zonas rurales donde se localiza la mayor proporción de pobreza extrema en el país, es decir, alrededor de 68 por ciento de los casi 24 millones de habitantes en pobreza extrema, oficialmente reportados para el año 2000.

La Encuesta Nacional de Nutrición de 1999, realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Zubirán, detectó que cerca de 18 por ciento de la población total estaba desnutrida, es decir, alrededor de 18 millones de personas. Es en las áreas rurales donde habitan un poco más de 25 millones de personas, casi 32 por ciento están desnutridas; es decir, casi 8 millones de habitantes.

Es pertinente destacar que en las entidades del sur del país este porcentaje aumenta a cerca del 42 y a 44 por ciento si se trata de población indígena.

En México la pobreza extrema, rural y urbana, expresa una realidad lacerante y manifiesta el grado de incumplimiento de las obligaciones constitucionales fundamentales del Estado mexicano.

Aunado a lo anterior se ha tenido una creciente dependencia agroalimentaria de la nación, vinculada estrechamente a la pérdida de productividad, competitividad y rentabilidad que afecta a la mayoría de los productores rurales y genera la migración de esa población, la reducción de sus ingresos y empleos, y la desnutrición que lastima a la población más pobre del país. Esta circunstancia exige una respuesta del Estado mexicano, para revertir esta realidad de manera definitiva.

El grado de desarrollo del país es heterogéneo entre regiones y sectores, prevaleciendo condiciones de mayor marginación en el medio rural que se acentúa en la mayoría de los pequeños productores con tierras lejanas a los servicios y mercados.

En términos generales, el campo mexicano se caracteriza por la incertidumbre productiva, la inestabilidad social, la creciente dependencia externa y la pérdida de soberanía y seguridad agroalimentaria; así como de millones de empleos agroalimentarios en la última década, abandono de tierras, degradación ambiental, migración económica forzada de cientos de miles de campesinos, entre otros rasgos.

Por el contrario, los socios comerciales de México en el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica aseguran liquidez de ingreso y rentabilidad a los productores a lo largo de todo el año, a través de múltiples acciones: comercialización que beneficia al productor, créditos a tasas preferenciales, acceso al financiamiento para todos los productores y agronegocios en términos ventajosos; programas para compensar pérdida de mercados, entre otros.

Las políticas vigentes no han reconocido las profundas diferencias que existen en el campo mexicano, esto lleva implícito la ejecución de políticas ``iguales para desiguales'', lo que trae como consecuencia la reproducción y ampliación de las desigualdades prevalecientes en el ámbito rural debido a que tal tipo de políticas favorecen generalmente a los actores rurales con mayores recursos.

En el artículo 25 de la ley suprema se establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

Por su parte, en la fracción XX del artículo 27 constitucional se establece la obligatoriedad del Estado mexicano para generar las condiciones necesarias para el desarrollo rural integral, derivándose de este precepto constitucional, que nadie puede quedar marginado del desarrollo.

De los preceptos constitucionales invocados se puede inferir que la justa distribución del ingreso y la riqueza, y la integración de toda la población a los beneficios del desarrollo, deben constituir principios rectores del accionar del Estado mexicano.

La situación enunciada en la sección anterior manifiesta que el Estado mexicano ha sido omiso, hasta hoy, en la observancia de estos mandatos constitucionales. Es por lo tanto menester llevar a cabo acciones orientadas a coadyuvar en el cumplimiento de estas disposiciones.

El Ejecutivo federal dispone de una serie de políticas e instrumentos que pueden ser utilizados para dar cauce al acatamiento de los mandatos constitucionales aludidos. Entre ellos se encuentran los diversos programas de adquisición de bienes y servicios para el cumplimiento de sus funciones sustantivas, reguladas, entre otras disposiciones normativas, por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Sector Público.

En el universo de proveedores de las dependencias y entidades del sector público se hace referencia a los campesinos o grupos urbanos marginados.

Lo que la ley pretende, en los hechos, se queda en buenos deseos: dar a tales grupos, debido a que su situación de marginación, facilidades en las relaciones comerciales que con ellos establezcan las instancias públicas en materia de garantía de contratos y de penalizaciones por su incumplimiento; sin embargo las decisiones correspondientes las sujeta a una determinación del sector público respectivo, quien actúa bajo su responsabilidad, lo que ha impedido en la práctica el goce por parte de tales grupos, dé estas facilidades.

Como es sabido, uno de los cuellos de botella más importantes en el ámbito rural es el problema de la comercialización. La adquisición de bienes y servicios por parte de instancias públicas es una vía importante para solucionarlo, así sea parcialmente, porque se pueden establecer condiciones de intercambio comercial justo que auxilien a los grupos marginados para superar su situación de pobreza.

En virtud de los elementos vertidos en las secciones anteriores, estimo que existen justificaciones plenas para añadir y modificar algunos preceptos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público, precisamente en el ánimo de coadyuvar en el cumplimiento de los mandatos constitucionales antes referidos, mediante el otorgamiento de exenciones en materia de garantías y de penalizaciones en las relaciones comerciales entre los grupos de campesinos o grupos suburbanos marginados y las instancias públicas.

Permanecer en las circunstancias normativas actuales mencionadas impide que tales grupos campesinos y urbanos marginados salgan de su aislamiento lo que por otra parte significa que el Estado mexicano, debiendo y pudiendo hacerlo, no lleva a cabo acciones en su beneficio.

Sin otro particular, suplico se turne a la Comisión y se inserte la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora Presidenta. Compañeros diputados, gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 8, 42, 48 y 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Isidro Pedraza Chávez , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

1. La agricultura y en general las actividades agroalimentarias, tienen un carácter estratégico, son componentes primarios de un concepto de desarrollo nacional que entraña, en su esencia, la satisfacción de las necesidades alimentarias y nutricionales de la población.

2. El carácter estratégico de la alimentación y nutrición de la población, las inscribe dentro del marco de seguridad nacional, y desde esta visión pertenecen a las obligaciones más importantes del estado Mexicano.

3. Dentro del desarrollo económico, el campo mexicano ha jugado un papel fundamental, aportando los bienes alimentarios socialmente necesarios, a precios subsidiados por los productores rurales, habiéndose transferido una importante porción del excedente económico generado en el campo a las áreas urbanas, sin que haya existido reciprocidad en los flujos netos de recursos públicos, que hayan permitido un desarrollo equilibrado campo-ciudad.

4. En la actualidad, la disparidad en los grados de desarrollo de las áreas rurales y las urbanas, expresan que el conjunto de la sociedad mexicana, tiene una enorme deuda histórica con el campo.

5. Lo anterior ha implicado un flujo financiero neto desfavorable al campo, lo que ha traído como consecuencia la creciente descapitalización, atraso relativo en materia tecnológica, menor productividad relativa y falta de competitividad, dando como resultado ingresos insuficientes para la satisfacción de las necesidades sociales fundamentales, siendo precisamente en las zonas rurales donde se localiza la mayor proporción de pobreza extrema en el país , es decir alrededor del 68% de los casi 24 millones de habitantes en pobreza extrema oficialmente reportados para el año 2000.

6. La Encuesta Nacional de Nutrición de 1999, realizada por Instituto Nacional de Ciencia Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), detectó que cerca del 18% de la población total, estaba desnutrida, es decir alrededor de 18 millones de personas. En las áreas rurales, donde habitaban un poco más de 25 millones de personas, casi el 32% estaban desnutridas, es decir, casi 8 millones de habitantes. Es pertinente destacar que en las entidades del sur del país este porcentaje aumenta a cerca del 42% y a 44%, si se trata de población indígena.

7. En México la pobreza extrema, rural y urbana, expresa una realidad lacerante, y manifiesta el grado de incumplimiento de las obligaciones constitucionales fundamentales del Estado Mexicano.

8. Aunado a lo anterior, se ha tenido una creciente dependencia agroalimentaria de la Nación, vinculada estrechamente a la pérdida de productividad, competitividad y rentabilidad, que afecta a la mayoría de los productores rurales, y genera la migración de esa la población, la reducción de sus ingresos y empleos, y la desnutrición que lastima a la población más pobre del país, esta circunstancia exige una respuesta del Estado mexicano, para revertir esta situación de manera definitiva.

9. El grado de desarrollo del país es heterogéneo entre regiones y sectores, prevaleciendo condiciones de mayor marginación en el medio rural, que se acentúa en la mayoría de los pequeños productores con tierras lejanas a los servicios y mercados.

10. En términos generales, el campo mexicano se caracteriza por la incertidumbre productiva, la inestabilidad social, la creciente dependencia externa y la pérdida de soberanía y seguridad agroalimentaria; así como de millones de empleos agropecuarios en la última década, abandono de tierras, degradación ambiental, migración económica forzada de cientos de miles de campesinos, entre otros rasgos.

11. Por el contrario, los socios comerciales de México en el TLCAN, aseguran liquidez de ingreso y rentabilidad a los productores a lo largo de todo el año, a través de múltiples acciones: comercialización que beneficia al productor; créditos a tasas preferenciales; acceso al financiamiento para todos los productores y agro-negocios en términos ventajosos; programas para compensar pérdida de mercados; entre otros.

12. Las políticas públicas vigentes, no han reconocido las profundas diferencias que existen en el campo mexicano, esto lleva implícito la ejecución de políticas ``iguales para los desiguales'', lo que trae como consecuencia la reproducción y ampliación de las desigualdades prevalecientes en el ámbito rural, debido a que tal tipo de políticas, favorecen generalmente a los actores rurales con mayores recursos.

13. En el artículo 25 de la Ley Suprema se establece que: ``Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución''.

14. Por su parte en la fracción XX, del artículo 27 constitucional, se establece la obligatoriedad del Estado Mexicano, para generar las condiciones necesarias para el desarrollo rural integral, derivándose de este precepto constitucional, que nadie puede quedar marginado del desarrollo.

15. De los preceptos constitucionales invocados se puede inferir que la justa distribución del ingreso y la riqueza y la integración de toda la población a los beneficios del desarrollo, deben de constituir principios rectores del accionar del Estado mexicano.

16. La situación enunciada en la sección anterior manifiesta que el Estado Mexicano ha sido omiso, hasta el día de hoy, en la observancia de estos mandatos constitucionales. Es por lo tanto menester, llevar a cabo acciones orientadas a coadyuvar en el cumplimiento de estas disposiciones.

17. El Ejecutivo federal dispone de una serie de políticas e instrumentos que pueden ser utilizados para dar cauce al acatamiento de los mandatos constitucionales aludidos, entre ellos se encuentran los diversos programas de adquisición de bienes y servicios para el cumplimiento de sus funciones sustantivas, reguladas entre otras disposiciones normativas, por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Sector Público. En el universo de proveedores de las dependencias y entidades del sector público, se hace referencia a los ``campesinos o grupos urbanos marginados''.

Lo que la ley pretende, en los hechos se queda en buenos deseos: dar a tales grupos, debido a su situación de marginación, facilidades en las relaciones comerciales que con ellos establezcan las instancias públicas, en materia de garantía de contratos y de penalizaciones por su incumplimiento, sin embargo, las decisiones correspondientes las sujeta a la determinación del servidor público respectivo, quién actúa bajo su responsabilidad, lo que ha impedido en la práctica el goce, por parte de tales grupos, de esas facilidades.

18. Como es bien sabido, uno de los cuellos de botella más importantes en el ámbito rural, es el problema de la comercialización. La adquisición de bienes y servicios por parte de las instancia públicas, es una vía importante para solucionarlo, así sea parcialmente, porque se pueden establecer condiciones de intercambio comercial justo, que auxilie a los grupos marginados para superar su situación de pobreza.

19. En virtud a los elementos vertidos en las secciones anteriores, estimo que existen justificaciones plenas para añadir y modificar algunos preceptos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, precisamente en el ánimo de coadyuvar en el cumplimiento de los mandatos constitucionales antes referidos, mediante el otorgamiento de exenciones en materia de garantías y de penalizaciones, en las relaciones comerciales entre los grupos de ``campesinos o grupos urbanos marginados'' y las instancias públicas.

20. Permanecer en las circunstancias normativas actuales, antes mencionadas, impide que tales grupos campesinos y urbanos marginados, salgan de su aislamiento, lo que por otra parte significa, que el Estado Mexicano, debiendo y pudiendo hacerlo, no lleva a cabo acciones en su beneficio.

En razón a estas argumentaciones, propongo a esta asamblea soberana, la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto

Artículo Único. Se reforman los artículos 8, primer párrafo; 42, último párrafo; 48, segundo párrafo; y 53, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público Título Primero Disposiciones Generales Capítulo Único

Artículo 8. Atendiendo a las disposiciones de esta ley y a las demás que de ella emanen, la Secretaría de Economía dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas, otorgándoseles condiciones preferenciales a las del ámbito rural.

Capítulo Segundo De la Licitación Pública Capítulo Tercero De las Excepciones a la Licitación Pública

Artículo 42.

Para fomentar el desarrollo y la participación de las empresas nacionales micro, pequeñas y medianas, con atención preferencial a los de tipo rural, las dependencias y entidades estarán sujetas a que las operaciones comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que a se refiere este artículo, sean adjudicadas a aquellas cuando menos el cincuenta por ciento del valor de las adquisiciones.

Título Cuarto De los Contratos Capítulo Único

Artículo 48.

Para los efectos de este artículo, los titulares de las dependencias o los órganos de gobierno de las entidades, fijarán las bases, forma y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse. En los casos señalados en los artículos 41, fracciones IV y XIV , y 42 de esta Ley, el servidor público que deba firmar el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar al proveedor, de presentar la garantía de cumplimiento del contrato respectivo; tratándose del caso referido en la fracción XI del artículo 41 de esta Ley, la excepción no tendrá ninguna restricción.

Artículo 53. Las dependencias y entidades deberán pactar penas convencionales a cargo del proveedor por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, las que no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato, y serán determinadas en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente. En las operaciones en las que se pactare ajuste de precios, la penalización se calculará sobre el precio ajustado. Estas disposiciones no aplican para el caso previsto en la fracción XI del artículo 41 de esta Ley.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Isidro Pedraza. Túrnese a la Comisión de la Función Pública. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados:

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Fernando Enrique Mayans Canabal , diputado federal a la Sexagésima Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter a la consideración del pleno de esta Asamblea, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2, fracción X, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Con la finalidad de garantizar el respeto y cumplimiento de nuestro orden constitucional, es preciso que las normas que emanan de nuestra Ley Fundamental, respondan al espíritu y letra de sus disposiciones, que no son más que los principios y valores que nos hemos dado para vivir armónicamente en sociedad, dando sustento y vigencia a nuestro estado de derecho.

Uno de esos principios que justifica y fortalece nuestro estado democrático de derecho, es el que contiene el artículo 1º constitucional que en su párrafo tercero, proclama la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Como sabemos, esta proclama se introdujo como parte de la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígena, aprobada por el Congreso de la Unión el 26 de abril de 2001, cuyo texto se inspira en los principios de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, el cual contribuye a perfilar nuestra identidad nacional: igualdad y libertad, al prohibir toda forma de discriminación.

En el terreno de los derechos y libertades, el ejercicio del derecho a la cultura física y la práctica del deporte, es fundamental para elevar el nivel cultural y social de los ciudadanos, así como parte del derecho a la protección de la salud de los ciudadanos.

La cultura física es un conjunto de bienes (conocimientos, ideas, valores y elementos materiales), que el hombre ha producido con relación al movimiento y uso de su cuerpo y, se genera a través de la educación física, la actividad física y el deporte que siendo manifestaciones del hombre acrecientan la cultura física.

De esta forma, la cultura física y el deporte constituyen factores de especial trascendencia individual y social, que coadyuvan en forma importante a la salud física y mental de los seres humanos, complementan la educación y el desarrollo integral de los niños y jóvenes; así mismo, representan un instrumento valioso para favorecer la integración familiar, contribuyendo a inhibir la delincuencia y la violencia.

Por ello, el Estado debe contribuir al desarrollo permanente de estas actividades, ya que no sólo constituyen un medio importante en la preservación de la salud y prevención de enfermedades sino también en la prevención del delito.

De ahí que el Congreso de la Unión responsable con su función, realizó recientemente algunas modificaciones a la legislación en materia del deporte y cultura física, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 10 de abril de 2007.

Parte de estos cambios, resalta la modificación del artículo 2, fracción X, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, en la que se prevé como una de las finalidades generales de este ordenamiento, el garantizar la igualdad de oportunidades en los programas de desarrollo del deporte y cultura física, sin distinción de género, edad, capacidades diferentes, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil.

Particularmente, esta Cámara de Diputados a través de su Comisión de Juventud y Deporte, adujo con motivo de esta reforma producto de iniciativas presentadas durante la pasada legislatura, sobre la importancia que tiene el deporte para todas las personas sin distinción alguna, subrayando que la ley no esta siendo en ningún momento discriminatoria de ningún grupo o persona, ya que la propia ley al ser general, obligatoria e impersonal es incluyente de todos y todas las personas; además de que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, tiene atribuciones que van dirigidas a todas las personas y no a alguna en específico, por lo que en ningún momento puede inclinarse a un género o grupo en específico, cubriendo de tal forma a toda la población.

Con el objeto de otorgar una mayor armonía entre el texto de la norma constitucional y las normas jurídicas secundarias, para lograr su adecuada y efectiva aplicación, y considerando que toda norma jurídica debe responder a principios fundamentales, como el que prohíbe toda discriminación establecido en nuestro Código Político, se propone incluir en la fracción X del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, los términos ``origen étnico'' y ``condición de salud'' para garantizar efectivamente la igualdad de oportunidades a todas las personas sin ningún tipo de distinción o diferencia alguna respecto de los beneficios de los programas de deporte y cultura física.

Es preciso señalar, que de alguna u otra forma la capacidad del Estado para lograr el acceso o incorporación en igualdad de condiciones a estos programas, influye de manera importante en el desarrollo social en la medida en que se garantice dicha igualdad sin excluir a las personas pertenecientes a comunidades indígenas o con alguna enfermedad que no le impida practicar el deporte.

No hay que perder de vista que uno de los principios rectores de ese desarrollo, es el respeto a la diversidad, definido en la ley como el reconocimiento en términos de origen étnico, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, las opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra, para superar toda condición de discriminación y promover un desarrollo con equidad y respeto a las diferencias. Además, de que son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2, fracción X de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Artículo Único. Se reforma el artículo 2, fracción X de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte.

ARTICULOS 4O. Y 27 CONSTITUCIONALES - LEY DE AGUAS NACIONALES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el mismo diputado, para presentar iniciativa que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal: Gracias, señora Presidenta. Con su permiso. Compañeras y compañeros diputados, la problemática local, regional y mundial que enfrenta la gestión de los recursos hídricos, denominada crisis del agua, se caracteriza principalmente por la falta de acceso a servicios esenciales de agua y saneamiento, contaminación y degradación de fuentes hídricas.

Se ha estimado, en diversos foros internacionales, que si persistieran las actuales tendencias para el 2025 la demanda de agua podría incrementarse en más de 50 por ciento, por lo que la situación se tornará más grave en muchos de los países en desarrollo ---como el nuestro---, donde se espera el mayor incremento en la demanda y donde la erosión, la contaminación y el agotamiento de las fuentes de agua están reduciendo la disponibilidad de agua dulce.

Como se ha visto, en el nivel nacional e internacional, estos problemas surgen de la creciente competencia entre usos y usuarios, de la desigual distribución geográfica del agua, de la iniquidad en el acceso a la misma y de las crisis institucionales que afectan su gestión.

En el caso particular de México y de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), estos problemas han generado que 12.1 millones de personas carezcan de agua potable, por lo que los estados con mayor déficit de agua potable son Guerrero, con 37 por ciento; Oaxaca, con un 29.9 por ciento; Chiapas, con 29.4 por ciento; Veracruz, con un 27.3 por ciento; y Tabasco, con 26.2 por ciento.

Con enorme preocupación vemos que estas entidades federativas son las que presentan un mayor déficit en la cobertura de agua potable y en drenaje, con rezagos de más de 15 años respecto al resto del país.

Estamos conscientes de que el agua es una necesidad básica del ser humano, por lo que su disponibilidad ha sido reconocida y consagrada como derecho humano en distintos instrumentos como tratados, declaraciones de cumbres y conferencias y otras normas internacionales.

El derecho humano al agua se encuentra consagrado por el artículo 11, párrafo I sobre el derecho a un nivel de vida adecuado, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento que nuestro país ratificó desde 1981.

Este derecho se reafirma y desarrolla en la observación general número 15 sobre el derecho al agua, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, al definir el derecho humano al agua como el derecho de todas y todos a disponer de agua para uso personal y doméstico en cantidades suficientes, de buena calidad y física y económicamente accesible.

La razón incuestionable del trato prioritario que se le otorga al uso personal y doméstico del agua es la profunda relación de este derecho con los demás derechos económicos, sociales y culturales que son fundamentales para el desarrollo integral humano.

Este derecho también debe considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, entre los que ocupa un lugar primordial el derecho a la vida y a la dignidad humana.

El derecho al agua ha sido reconocido en un gran número de documentos internacionales, tales como tratados, declaraciones y otras normas. Por ejemplo, en el párrafo II del artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, se dispone que los Estados parte asegurarán a las mujeres el derecho a gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas del abastecimiento del agua.

En el párrafo II del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se exige a los Estados parte que luchen contra las enfermedades y la malnutrición mediante el suministro de alimentos nutritivos, adecuados y agua potable saludable. Por ello resulta indispensable su reconocimiento en la cúspide de nuestro orden jurídico, nivel máximo en el que se encuentra nuestra Constitución Política, para dar cumplimiento a la obligación del Estado de adecuar la legislación interna conforme al derecho internacional de los derechos humanos, prevista en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Lo anterior, sin perder de vista el contenido normativo de estos derechos al agua que entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos.

En cambio, los derechos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua, que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.

Los elementos del derecho al agua deben de ser adecuados a la dignidad, a la vida y a la salud humanas. Lo adecuado del agua no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación con cantidades volumétricas y tecnológicas.

El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.

Elevar a rango constitucional el derecho de toda persona a disponer y tener acceso al agua es una de las estrategias del movimiento mundial en defensa del agua. Algunos ejemplos de éxito de estos movimientos ha sido el referéndum llevado a cabo en Uruguay en 2004, en el que las ciudadanas y los ciudadanos votaron por una reforma constitucional para establecer que el agua es un recurso natural esencial para la vida y que su acceso constituye un derecho humano fundamental.

En Bolivia se ha creado el primer Ministerio de Agua de América Latina con la propuesta de que la nueva Constitución incluya el derecho humano al agua como han hecho anteriormente otros países, entre los que destacan Ecuador, Etiopía, Gambia, Panamá, la República Islámica de Irán, Sudáfrica, Uganda, Venezuela, Uruguay y Zambia, así como algunos estados del vecino país del norte, tales como Massachussets, Pensilvania y Texas.

Para complementar nuestra propuesta de insertar en el texto constitucional el derecho de toda persona al acceso y disponibilidad del agua, también se propone modificar la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional del Agua, que desde su creación en 1989, es un órgano desconcentrado de la administración pública federal.

Compañeros y compañeras diputadas, aun cuando organizaciones no gubernamentales defensoras del agua no aprueban los trabajos que se realizan en los foros mundiales acerca del agua por considerar que ahí prevalece más una visión mercantilista que social y cultural del agua, no es conveniente dejar pasar desapercibidos algunos datos e informes que en estos espacios internacionales se vierten y que nos motivan a legislar.

Así, con motivo del IV Foro Mundial del Agua celebrado en la Ciudad de México del 16 al 22 de marzo de 2006, la UNESCO presentó las conclusiones de la segunda edición del informe sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo, titulado ``Agua: una responsabilidad compartida'', destacando su foco en la gobernanza como la clave para tratar la crisis hídrica mundial y para afrontar la pobreza.

Entre las conclusiones más relevantes de dicho informe resaltan las siguientes:

El acceso al agua limpia debe de ser reconocido como un derecho fundamental.

La falta de acceso al agua y al saneamiento es causa de pobreza y enfermedad y obstaculiza las oportunidades económicas y la estabilidad política.

Existe la necesidad de centrarse en la gobernanza y en los Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en el año 2000, que trazó como una de sus metas, el reducir a la mitad la proporción de gente sin acceso al agua potable para el año 2015.

El cambio climático aumenta los problemas en torno al agua.

Mientras la gestión integrada de los recursos hidráulicos es el mejor enfoque para tratar los problemas de manera holística, sólo unos cuantos países lograron los objetivos de 2005 establecidos en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible.

Los ecosistemas sanos son esenciales en el ciclo del agua. El agua es fundamental para el desarrollo socioeconómico. La gobernanza del agua, en la que se incluye la capacidad institucional, los marcos legales y la distribución de recursos, necesita ser mejorada.

En virtud de que esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de hoy, solicito señora Presidenta, se inserte el texto completo en el Diario de los Debates. Muchas gracias por su atención.

«Iniciativa que reforma los artículos 4o. y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del PRD

Fernando Enrique Mayans Canabal , diputado federal a la Sexagésima Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter a la consideración del pleno de esta Asamblea, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, con base en la siguiente.

Exposición de Motivos

La problemática local, regional y mundial que enfrenta la gestión de los recursos hídricos, denominada ``crisis del agua'', se caracteriza principalmente por la falta de acceso a servicios esenciales de agua y saneamiento, contaminación y degradación de fuentes hídricas.

Sólo el 2.5 por ciento (cerca de 35 millones de km3) del volumen de agua total en la Tierra (estimado en alrededor de 1400 millones de km3), es dulce. De esta agua, la porción utilizable para consumo humano, es menos del 1%. El consumo global de agua se ha estado duplicando cada 20 años a un ritmo más del doble que la tasa de crecimiento poblacional.

Se ha estimado en diversos foros, que si persistieran las actuales tendencias, para el 2025 la demanda de agua podría incrementarse en más del 50%, por lo que la situación se tornará más grave en muchos de los países en desarrollo, --como el nuestro--, donde se espera el mayor incremento en la demanda, y donde la erosión, la contaminación y el agotamiento de las fuentes de agua, están reduciendo la disponibilidad de agua dulce.

Como se ha visto, en el nivel nacional e internacional, estos problemas surgen de la creciente competencia entre usos y usuarios, de la desigual distribución geográfica del agua, de la inequidad en el acceso a la misma, y de las crisis institucionales que afectan su gestión.

En el caso particular de México, y de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Población, estos problemas han generado que 12.1 millones de personas carezcan de agua potable, por lo que los estados con mayor déficit de agua potable son Guerrero con un 37%; Oaxaca con un 29.9%; Chiapas con 29.4%; Veracruz con un 27.3%, y Tabasco con 26.2%.

Con enorme preocupación, vemos que estas entidades federativas son las que presentan un mayor déficit en la cobertura de agua potable y en drenaje, con rezagos de más de 15 años respecto del país.

Estamos conscientes, de que el agua es una necesidad básica del ser humano, por lo que su disponibilidad ha sido reconocida y consagrada como derecho humano en distintos instrumentos como tratados, declaraciones de cumbres y conferencias y otras normas internacionales.

El derecho humano al agua, se encuentra consagrado por el artículo 11, párrafo 1 sobre el derecho a un nivel de vida adecuado del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento que nuestro país ratificó desde 1981.

Este derecho, se reafirma y desarrolla en la Observación General Nº 15 sobre el Derecho al Agua del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, al definir el derecho humano al agua como el derecho de todas y todos a disponer de agua para uso personal y doméstico en cantidad suficiente, de buena calidad y física y económicamente accesible.

La razón incuestionable del trato prioritario que se le otorga al uso personal y doméstico del agua, es la profunda relación de este derecho con los demás derechos económicos, sociales y culturales que son fundamentales para el desarrollo integral humano.

Este derecho también debe considerarse conjuntamente con otros derechos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, entre los que ocupa un lugar primordial el derecho a la vida y a la dignidad humana.

Como bien señalamos, el derecho al agua ha sido reconocido en un gran número de documentos internacionales, tales como tratados, declaraciones y otras normas. Por ejemplo, en el párrafo 2 del artículo 14 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer se dispone que los Estados Partes asegurarán a las mujeres el derecho a ``gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de [...] el abastecimiento de agua''.

En el párrafo 2 del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño se exige a los Estados Partes que luchen contra las enfermedades y la malnutrición mediante ``el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre''.

Por ello, resulta indispensable su reconocimiento en la cúspide de nuestro orden jurídico, nivel máximo en el que se encuentra nuestra Constitución Política, para dar cumplimiento a la obligación del Estado de adecuar la legislación interna conforme al derecho internacional de los derechos humanos, prevista en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Lo anterior, sin perder de vista el contenido normativo de este derecho al agua que entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no contaminación de los recursos hídricos. En cambio, los derechos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.

Los elementos del derecho al agua deben ser adecuados a la dignidad, la vida y la salud humanas. Lo adecuado del agua no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación con cantidades volumétricas y tecnologías. El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras.

Elevar a rango constitucional el derecho de toda persona a disponer y tener acceso al agua, es una de las estrategias del movimiento mundial en defensa del agua.

Algunos ejemplos de éxito de estos movimientos ha sido el referéndum llevado a cabo en Uruguay en 2004, en el que las y los ciudadanos votaron por una reforma constitucional para establecer que el agua es un recurso natural esencial para la vida y que su acceso constituye un derecho humano fundamental.

En Bolivia se ha creado el primer Ministerio de Agua de América Latina con la propuesta de que la nueva Constitución incluya el derecho humano al agua como han hecho anteriormente otros países, entre los que destacan: Ecuador, Etiopía, Gambia, Panamá, la República Islámica del Irán, Sudáfrica, Uganda, Venezuela, Uruguay y Zambia, así como algunos estados del país vecino del norte, tales como Massachussets, Pensilvania y Texas.

Para complementar nuestra propuesta de insertar en el texto constitucional el derecho de toda persona al acceso y disponibilidad del agua, también se propone modificar la naturaleza jurídica de la Comisión Nacional del Agua que desde su creación en 1989, es un órgano desconcentrado de la administración pública federal.

Las razones que motivan esta propuesta, son las siguientes:

Con el propósito de lograr la gestión integrada y el desarrollo integral sustentable de este vital y estratégico recurso, se propone modificar el status jurídico de la Comisión citada para que se constituya en un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con ello, se propicie una mejor y eficaz descentralización en la gestión del agua; además de dar congruencia y cumplimiento cabal a principios básicos que deben orientar la política hídrica nacional, tales como: ``el agua es un bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito, con valor social, ambiental y cultural, cuya preservación en cantidad y calidad y sustentabilidad es tarea fundamental del Estado y la Sociedad, así como prioridad y asunto de seguridad nacional''; y ``el Estado garantizará su accesibilidad y disponibilidad''; así como ``la gestión de los recursos hídricos se llevará a cabo en forma descentralizada e integrada privilegiando la acción directa y las decisiones por parte de los actores locales y por cuenca hidrológica con la participación de la sociedad.''

La descentralización de la Comisión Nacional del Agua, tiene como objetivo:

Sabido es que los organismos descentralizados no solamente gozan de personalidad jurídica y de patrimonio propios, sino que además tienen una coincidencia plena y total con los fines propios del Estado, formando parte integrante del mismo, pero que por razones de conveniencia técnica, especialización y eficacia en la actividad, se les dota de personalidad jurídica para la mejor realización de las atribuciones conferidas por nuestra Ley Suprema al Estado.

En consecuencia, también se propone elevar a rango constitucional esos principios a los que hemos hecho referencia, mismos que deben ir encaminados a un sólo compromiso por parte del Estado: garantizar el ejercicio y salvaguarda del derecho al Agua, lo que implica fundamentalmente:

Compañeras y compañeros diputados: Aún cuando organizaciones no gubernamentales defensoras del agua, no aprueban los trabajos que se realizan en los foros mundiales acerca del agua, por considerar que ahí prevalece más una visión mercantilista que social y cultural del agua; no es conveniente dejar desapercibidos algunos datos e informes que en esos espacios internacionales se vierten, y que nos motivan a legislar.

Así con motivo del IV Foro Mundial del Agua, celebrado en la ciudad de México del 16 al 22 de marzo del 2006, la UNESCO presentó las conclusiones de la segunda edición del Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo, titulado: ``Agua: una responsabilidad compartida'', destacando su foco en la gobernanza como la clave para tratar la crisis hídrica mundial y para afrontar la pobreza. Entre las conclusiones claves de dicho informe, resalta:

En virtud, de que la presente propuesta tiene que ver con un asunto y materia, que no es menor sino estratégica para el desarrollo social y salud de la Nación, me permito poner a la consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 3, 9 y 14 Bis de la Ley de Aguas Nacionales.

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 4, y se reforma el párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4. ...

...

Toda persona tiene el derecho a acceder y disponer de agua suficiente, salubre, aceptable y accesible.

Artículo 27. ...

...

...

...

...Cualesquier otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los terrenos por lo que corran o en los que se encuentran sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de esta agua se considerará de utilidad pública y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los estados. El agua es un bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito, con valor social, cultural, ambiental y económico, cuya preservación en cantidad y calidad y sustentabilidad es tarea fundamental del Estado y la Sociedad, así como prioridad y asunto de seguridad nacional. La gestión de los recursos hídricos se llevará a cabo en forma descentralizada e integrada. El Estado garantizará la atención de las necesidades de agua provenientes de la sociedad para su bienestar, de la economía para su desarrollo sustentable y del ambiente para su equilibrio y conservación; particularmente, otorgará atención especial a las necesidades de la población marginada y menos favorecida económicamente. Para la mejor gestión de los recursos hídricos y, particularmente, para su conservación; el Estado garantizará la participación informada y responsable de la sociedad, así como la impartición de la educación ambiental y diseño de la cultura en materia de agua; a través de los mecanismos que la Ley establezca.

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 3, en sus fracciones XII y XXVIII; 9 y 14 bis 5 de la Ley de Aguas Nacionales; y se adiciona una fracción XLI bis al artículo 3 del mismo ordenamiento, para quedar como sigue:

Artículo 3. ... Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

Capítulo III Comisión Nacional del Agua

Artículo 9. ``La Comisión'' es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, con sede en el Distrito Federal; que se regulará conforme a las disposiciones de esta Ley, la Ley Federal de Entidades Paraestatales y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás disposiciones aplicables.

Artículo 14 BIS 5. Los principios que sustentan la política hídrica nacional son:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado.Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Recursos Hidráulicos.

LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el diputado José Antonio Almazán Gonzálezdel Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

El diputado José Antonio Almazán González: Muy buenas tardes, con su permiso, compañera diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Adelante, diputado.

El diputado José Antonio Almazán González: El suscrito, diputado José Antonio Almazán González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Al tenor de la siguiente exposición de motivos:

La creación de diversas figuras jurídicas en la contrarreforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 22 de diciembre de 1992, que amparan la generación por parte de particulares del fluido eléctrico, representa una aberración jurídica que violenta los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, y que en el tiempo transcurrido desde su aprobación han venido ocasionando diversos y graves perjuicios al sistema eléctrico nacional.

En razón de tiempo no voy a mencionar lo que puntualmente aquí se enumeran a lo largo de 10 puntos, que hacen a estas consideraciones de perjuicios. Y quiero señalar que más allá de la retórica de corte ideológico, los hechos presentados en esta iniciativa significan una prueba contundente e irrefutable de que la intención de privatizar el servicio público de energía eléctrica es, además de absurda e irracional, un verdadero fraude.

El crecimiento y fortalecimiento del sector eléctrico nacional desde el 1960 hasta 1992 hubiera sido inconcebible sin nacionalización y la intención gubernamental de cumplir esa tarea.

El fracaso de las políticas privatizadoras en otras latitudes es una experiencia que no podemos darnos el lujo de ignorar. En esos países los impactos de la privatización del sector eléctrico han sido sinónimo de grandes y prolongados apagones, deterioro de la infraestructura, accidentes, contaminación, altas tarifas, monopolización, fraudes y especulación financieros y la falta de operancia para establecer mercados eléctricos mayoristas.

Cada vez un mayor número de investigadores sostienen que en general las experiencias de privatización del sector eléctrico en el mundo han resultado un fracaso y el hecho de que varios países: Argentina, Venezuela, Bolivia intentan recuperar el control de este recurso estratégico. Después de pagar un oneroso tributo a los dogmas neoliberales nos hace ver que el reto de modernizar y hacer más eficiente el funcionamiento del sector eléctrico nacional, no pasa por su privatización.

El 24 de abril de 2002, el Senado de la República emitió un dictamen negándose a aprobar las iniciativas presentadas por el Ejecutivo federal y por los Grupos Parlamentarios del Verde Ecologista de México y de Acción Nacional para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía eléctrica.

Dicho dictamen contiene sólidos alegatos que demuestran la inviabilidad de la privatización del sector eléctrico, tanto por los aspectos técnicos y económicos como por la nula utilidad o evidente fracaso de las privatizaciones realizadas en otros países.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 25 de abril de ese mismo año, ante una controversia constitucional promovida por el Congreso de la Unión en contra del presidente de la república, Vicente Fox Quesada, y de otras autoridades, declaró inconstitucionales las reformas presidenciales que, por la vía del decreto, permitirían la apertura del sector eléctrico a la iniciativa privada y ratificó que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer la energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público, tal como establece el artículo 27 constitucional en su párrafo sexto.

Ambas resoluciones asumen una dimensión histórica al ubicar al Senado de la República y al Poder Judicial del lado de la defensa de la soberanía nacional, y de la opinión de millones de mexicanos que estamos en contra de la privatización.

En los últimos años en nuestro país se han realizado cientos de foros, debates, encuestas y movilizaciones, y en todos estos espacios ha sido abrumador el rechazo a la privatización de los energéticos.

Esta Cámara de Diputados no puede poner oídos sordos a este reclamo y al creciente desastre energético nacional. Es necesario el restablecimiento de la legalidad constitucional en materia eléctrica derogando todas las reformas en las leyes secundarias que contravienen lo establecido en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, y al no ser necesario otorgar permisos de generación a particulares, eliminar las facultades que sobre esta materia posee la Comisión Reguladora de la Energía (CRE).

La reforma que propongo a esta soberanía parte de la misma perspectiva histórica, de recuperar y fortalecer la soberanía nacional en materia energética, que en 1960 llevó al gobierno del presidente Adolfo López Mateos a adquirir la casi totalidad de los bienes de las dos grandes empresas eléctricas extranjeras que en ese momento operaban y que en octubre de ese año eleva a rango constitucional la nacionalización de la industria eléctrica en México.

Las razones aducidas fueron semejantes a las de la nacionalización del petróleo, reconociendo el papel expoliador y ajeno al desarrollo económico independiente que la nación mexicana demandaba y al papel injerencista que las dos poderosas empresas eléctricas asumían en la vida interna de México.

Al igual que en el caso de la nacionalización del petróleo, la razón para elevar a rango constitucional la nacionalización eléctrica fue con el propósito de cerrar el paso a cualquier tentación de que en el futuro regresaran las empresas privadas.

En tal sentido propongo acotar las figuras de ``autoabastecimiento'' y ``cogeneración'', y eliminar las inconstitucionales figuras de ``productor independiente'', de ``pequeña producción'', de ``importador'' y de ``exportador de energía eléctrica'', apegándonos, lo más posible, al texto original de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, del 22 de diciembre de 1975, y a la reforma de diciembre de 1983.

Se trata de recuperar la legalidad constitucional y de evitar un posible rescate eléctrico, cuyo costo sería mucho más alto que los pasados rescates: bancario, carretero o azucarero. Así de sencillo, pero así de importante para el futuro de nuestra nación y el de nuestros hijos.

Solicito, diputada Presidenta, la inclusión completa de esta iniciativa en el Diario de Debates. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado José Antonio Almazán González , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La creación de diversas figuras jurídicas, en la contrarreforma a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica del 22 de diciembre de 1992, que amparan la generación por parte de particulares del fluido eléctrico, representa una aberración jurídica que violenta los artículos 25, 27 y 28 constitucionales y que en el tiempo transcurrido desde su aprobación, ha venido ocasionando diversos y graves perjuicios al sistema eléctrico nacional y que a continuación enumeramos:

Más allá de toda retórica de corte ideológico, estos hechos significan una prueba contundente e irrefutable de que la intención de privatizar el servicio público de energía eléctrica es, además de absurda e irracional, un verdadero fraude. El crecimiento y el fortalecimiento del sector eléctrico nacional desde el año de 1960 hasta 1992, hubiera sido inconcebible sin la nacionalización y la intención gubernamental de cumplir con esa tarea. El fracaso de las políticas privatizadoras en otras latitudes es una experiencia que no podemos darnos el lujo de ignorar. En esos países los impactos de la privatización del sector eléctrico han sido sinónimo de grandes y prolongados apagones, deterioro de la infraestructura, accidentes, contaminación, altas tarifas, monopolización, fraudes y especulación financieros y la inoperabilidad de establecer ``mercados eléctricos mayoristas''. Cada vez un mayor número de investigadores sostiene que, en general, las experiencias de privatización del sector eléctrico en el mundo han resultado un fracaso y el hecho de que varios países (Argentina, Venezuela, Bolivia), intentan recuperar el control de este recurso estratégico, después de pagar un oneroso tributo a los dogmas neoliberales, nos hace ver que el reto de modernizar y hacer más eficiente el funcionamiento del sector eléctrico nacional no pasa por su privatización.

Reestablecer el orden constitucional

El 24 de abril del 2002, el Senado de la República emitió un dictamen negándose a aprobar las iniciativas presentadas por el Ejecutivo Federal y por los Grupos Parlamentarios de los Partidos Verde Ecologista de México y Acción Nacional para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía eléctrica. Dicho dictamen contiene sólidos alegatos que demuestran la inviabilidad de la privatización del sector eléctrico, tanto por los aspectos técnicos y económicos, así como por la nula utilidad o evidente fracaso de las privatizaciones realizadas en otros países. También rechaza que la postergación de la apertura implique poner en riesgo la oferta de electricidad en un futuro cercano, agregando textualmente: ``Los hechos se han encargado de desmentir esa aseveración. Tres años han pasado y el desastre no ha ocurrido. No se necesitó desregular, liberalizar y privatizar el sistema eléctrico nacional para contar con la electricidad que utilizamos hoy día. Tampoco se necesito hacerlo para contar con la electricidad que usaremos en los próximos tres años, ya que el abasto de electricidad en el país está garantizado hasta el año 2005''.

Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 25 de abril de ese mismo año, ante una controversia constitucional promovida por el Congreso de la Unión en contra del Presidente de la República, Vicente Fox Quesada y de otras autoridades, declaró inconstitucionales las reformas presidenciales que, por la vía del decreto, permitirían la apertura del sector eléctrico a la iniciativa privada y ratificó que corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer la energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio publico, tal como establece el artículo 27 constitucional en su párrafo sexto.

Ambas resoluciones asumen una dimensión histórica al ubicar al Senado de la República y al Poder Judicial del lado de la defensa de la soberanía nacional y de la opinión de millones de mexicanos que estamos en contra de la privatización. En los últimos años en nuestro país se han realizado cientos de foros, debates, encuestas y movilizaciones y en todos estos espacios ha sido abrumador el rechazo a la privatización de los energéticos. Esta Cámara de Diputados no puede poner oídos sordos a este reclamo y al creciente desastre energético nacional. Es necesario el Restablecimiento de la legalidad Constitucional en materia eléctrica derogando todas las reformas en las leyes secundarias que contravienen lo establecido en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales y, al ya no ser necesario otorgar permisos de generación a particulares, eliminar las facultades que sobre esta materia posee la Comisión Reguladora de la Energía (CRE).

La reforma que propongo a esta soberanía parte de la misma perspectiva histórica, de recuperar y fortalecer la soberanía nacional en materia energética, que en 1960 llevó al gobierno del presidente Adolfo López Mateos ha adquirir la casi totalidad de los bienes de las dos grandes empresas eléctricas extranjeras que en ese momento operaban y que en octubre de ese año eleva a rango constitucional la nacionalización de la industria eléctrica en México. Las razones aducidas fueron semejantes a las de la nacionalización del petróleo, reconociendo el papel expoliador y ajeno al desarrollo económico independiente que la Nación mexicana demandaba y al papel injerencista que las dos poderosas empresas eléctricas asumían en la vida interna de México. Al igual que en el caso de la nacionalización del petróleo, la razón para elevar a rango constitucional la nacionalización eléctrica fue con el propósito de cerrar el paso a cualquier tentación de que en el futuro regresaran las empresas privadas.

A continuación cito textualmente parte de la exposición de motivos de la iniciativa de reforma-adición al párrafo sexto del artículo 27 constitucional que el presidente López Mateos envió al Congreso de la Unión el 21 de octubre de 1960:

En tal sentido propongo acotar las figuras de Autoabastecimiento y Cogeneración y eliminar las inconstitucionales figuras de Productor Independiente, Pequeña Producción y de Importador y Exportador de energía eléctrica, apegándonos, lo más posible, al texto original de la LSPEE del 22 de diciembre de 1975 y a la reforma de diciembre de 1983, congruentes con el texto constitucional. ¿Esta propuesta significa regresar al pasado? En absoluto. Se trata de recuperar la legalidad constitucional y de evitar un posible ``rescate'' eléctrico, cuyo costo seria mucho más alto que los pasados rescates bancario, carretero o azucarero. Así de sencillo, pero así de importante para el futuro de nuestra nación y el de nuestros hijos.

También proponemos asignar a Luz y Fuerza del Centro los mismos atributos y facultades con que cuenta la Comisión Federal de Electricidad y sentar las bases para la modernización y crecimiento sostenido de ambas empresas.

En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de

Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Artículo Único. Se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica para quedar como sigue:

Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1o. ...

Artículo 2o. ...

Artículo 3o. No se considera servicio público el autoabastecimiento de energía eléctrica para satisfacer intereses particulares, individualmente considerados, ni la cogeneración derivada de criterios de eficiencia energética.

Artículo 4o. ...

Artículo 5o. La Secretaría de Energía dictará, conforme a la política nacional de energéticos, las disposiciones relativas al servicio público de energía eléctrica, que deberán ser cumplidas y observadas por la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro y por todas las personas físicas o morales que concurran al proceso productivo.

Artículo 6o. Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría de Energía , autorizará, en su caso, los programas que someta a su consideración la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, en relación con los actos previstos en el artículo 4o. Todos los aspectos técnicos relacionados con la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica serán responsabilidad exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro.

Capítulo II De los Organismos Encargados de la Prestación del Servicio Público de Energía Eléctrica

Artículo 7o. La prestación del servicio público de energía eléctrica que corresponde a la nación, estará a cargo de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro, las cuales asumirán la responsabilidad de realizar todas las actividades a que se refiere el artículo 4o.

Artículo 8o. La Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro son organismos públicos descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Artículo 9o. La Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro tienen por objeto:

Artículo 10. La Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro estarán regidas por sus respectivas Juntas de Gobierno, integradas por los Secretarios de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Social; de Economía y de Energía quien las presidirá. También formarán parte de sus respectivas Juntas de Gobierno, el director general de Petróleos Mexicanos y tres representantes de cada uno de los sindicatos titulares de los contratos colectivos de trabajo que rijan las relaciones laborales en la Comisión Federal de Electricidad y en Luz y Fuerza del Centro.

Los integrantes de la Junta de Gobierno nombrarán a sus respectivos suplentes. La Junta de Gobierno designará a un secretario de la misma.

La vigilancia de cada organismo estará encomendada a un Consejo integrado por tres miembros, con sus correspondientes suplentes, que serán nombrados y removidos libremente por los titulares de las Secretarías de la Contraloría General de la Federación y de Energía, así como por un representante designado por la respectiva Junta de Gobierno.

El Consejo de Vigilancia será coordinado por el representante de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y tendrá las más amplias facultades para examinar la documentación relativa a la gestión de la Entidad, así como llevar a cabo todos los demás actos que requieran el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las atribuciones que las disposiciones aplicables asignan a las Dependencias de la Administración Pública Federal en sus respectivas esferas de su competencia, en materias de control, vigilancia y evaluación de las Entidades Paraestatales.

El coordinador del Consejo de Vigilancia tendrá derecho de asistir con voz a las reuniones de la Junta de Gobierno de Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro, respectivamente.

Artículo 11. La Junta de Gobierno de cada organismo sesionará válidamente y sus decisiones serán obligatorias, cuando se reúnan la mayoría de sus integrantes. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

Artículo 12. Cada Junta de Gobierno deberá:

Artículo 13. El patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro se integra con:

Artículo 14. El presidente de la república designará al director general de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro, quienes representarán a sus respectivos organismos, con las siguientes obligaciones y facultades;

Artículo 15. El reglamento interior de cada organismo establecerá las áreas funcionales o los sistemas de organización y las facultades y obligaciones de sus titulares.

Capítulo III De la Participación y Capacitación de los Trabajadores

Artículo 16. Los trabajadores electricistas participarán en la organización y funcionamiento de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro, a fin de elevar la productividad, la conciencia social y profesional de los trabajadores y técnicos, así como para lograr el mejor uso de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros del organismo.

Artículo 17. ...:

Artículo 18. ...

Artículo 19. La Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro promoverán el adiestramiento técnico y la capacitación profesional de sus trabajadores, a fin de mejorar sus conocimientos, la productividad, la responsabilidad y la seguridad en el trabajo.

Capítulo IV De las Obras e Instalaciones

Artículo 20. Las obras e instalaciones eléctricas necesarias para la prestación del servicio público de energía eléctrica, se sujetarán a las especificaciones que expida la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, y que apruebe la Secretaría de Energía, y a la inspección periódica de dicha dependencia.

Artículo 21. La Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro deberán mantener sus instalaciones en forma adecuada, para la prestación del servicio público de energía eléctrica en condiciones de continuidad, eficiencia y seguridad.

Artículo 22. Para la realización de las obras e instalaciones necesarias a la prestación del servicio público de energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro deberán:

Artículo 23. Para la adquisición o uso de bienes inmuebles que se destinen a la prestación del servicio público de energía eléctrica procederá, en su caso, previa declaración de utilidad pública dictada de conformidad con las leyes respectivas, la expropiación, la ocupación temporal, total o parcial o la limitación de los derechos de dominio. La constitución de servidumbre se ajustará a las disposiciones del Código Civil del orden federal.

Cuando los inmuebles sean propiedad de la federación de los estados o municipios, la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, elevarán las solicitudes que legalmente procedan.

Artículo 24. La Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro podrán ejecutar en las calles, calzadas, jardines, plazas y demás lugares públicos, los trabajos necesarios para la instalación, mantenimiento y retiro de líneas aéreas y subterráneas y equipo destinado al servicio. Dichos trabajos deberán realizarse con las medidas de seguridad apropiadas y en forma tal que no se impida, a menos que sea inevitable, el uso público de los lugares mencionados. Al término de dichas obras la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro harán las reparaciones correspondientes.

Capítulo V Del Suministro de Energía Eléctrica

Artículo 25. La Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro deberán suministrar energía eléctrica a todo el que lo solicite, salvo que exista impedimento técnico o razones económicas para hacerlo, sin establecer preferencia alguna dentro de cada clasificación tarifaria.

El reglamento fijará los requisitos que debe cumplir el solicitante del servicio, y señalará los plazos para celebrar el contrato y efectuar la conexión de los servicios por parte de la Comisión Federal de Electricidad o de Luz y Fuerza del Centro, según sea el caso.

Artículo 26. ...:

II. ...

Artículo 27. La Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro no incurrirán en responsabilidad, por interrupciones del servicio de energía eléctrica motivadas:

Artículo 28. Corresponde al solicitante del servicio realizar a su costa y bajo su responsabilidad, las obras e instalaciones destinadas al uso de la energía eléctrica, mismas que deberán satisfacer los requisitos técnicos y de seguridad que fijen las normas oficiales mexicanas.

Cuando se trate de instalaciones eléctricas para servicios en alta tensión, y de suministros en lugares de concentración pública, se requerirá que una unidad de verificación aprobada por la Secretaría de Energía, certifique, en los formatos que para tal efecto expida ésta, que la instalación en cuestión cumple con las normas oficiales mexicanas aplicables a dichas instalaciones. La Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro sólo suministrarán energía eléctrica previa la comprobación de que las instalaciones a que se refiere este párrafo han sido certificadas en los términos establecidos en este artículo.

Artículo 29. ...

Artículo 30. La venta de energía eléctrica se regirá por las tarifas que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Las condiciones de la prestación de los servicios que deban consignarse en los contratos de suministro y de los modelos de éstos serán aprobados por la Secretaría Economía, oyendo a la de Energía. Dichas formas de contrato se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía y de Economía y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público y el racional consumo de energía.

Asimismo, y a través del procedimiento señalado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas.

Artículo 32. ...

Artículo 33. Los usuarios del servicio público de energía eléctrica garantizarán las obligaciones que contraigan en los contratos de suministro que celebren, mediante depósitos cuyo importe se determinará con las reglas complementarias de las tarifas respectivas. Dichos depósitos deberán constituirse y conservarse en la Comisión Federal de Electricidad y en Luz y Fuerza del Centro.

La Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro podrán aceptar garantías distintas de los depósitos, en los casos de notoria solvencia económica del usuario, acreditada y previa solicitud expresa del mismo.

Artículo 34. ...

Artículo 35. Terminado el contrato de suministro, la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, tendrán derecho a aplicar a su favor el importe de la garantía, en la proporción correspondiente. El saldo, en su caso, deberá ponerlo a disposición del usuario.

Artículo 36. La Secretaría de Energía, considerando los criterios y lineamientos de la política energética nacional y oyendo la opinión de la Comisión Federal de Electricidad y/o de Luz y Fuerza del Centro, otorgará permisos de autoabastecimiento de energía eléctrica destinada a la satisfacción de necesidades propias de personas físicas o morales individualmente consideradas. Para el otorgamiento de los permisos de autoabastecimiento será condición indispensable la imposibilidad o la inconveniencia del suministro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro.

En el caso de autoabastecimiento el permisionario pondrá a disposición de la Comisión Federal de Electricidad y/o de Luz y Fuerza del Centro, sus excedentes de producción de energía eléctrica, en los términos del artículo 36-Bis, y en este caso dichos excedentes no podrán ser mayores al 10 por ciento de la generación nominal correspondiente a la demanda máxima de las necesidades de autoabastecimiento.

La Secretaría de Energía otorgará los permisos de cogeneración cuando se satisfagan los siguientes requisitos:

Artículo 36 Bis. Para la prestación del servicio público de energía eléctrica deberá aprovecharse tanto en el corto como en el largo plazo, la producción de energía eléctrica que resulte del menor costo para la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro y que ofrezca, además, óptima estabilidad, calidad y seguridad del servicio público, a cuyo efecto se observará lo siguiente:

Artículo 37. Los titulares de permisos otorgados con base en el artículo 36, quedan obligados a contribuir, en la medida de sus posibilidades con energía eléctrica para el servicio público, cuando por causa de fuerza mayor o caso fortuito, el servicio público se interrumpa o restrinja y únicamente por el lapso que comprenda la interrupción o la restricción.

Artículo 38. Los permisos a que se refieren el artículo 36 tendrán duración indefinida mientras subsistan los fines para los que fueron otorgados, la conveniencia pública de realizarlos y se cumplan las normas legales aplicables. Estos permisos no podrán ser transmitidos o explotados total o parcialmente o a título oneroso o gratuito.

Artículo 39. Salvo lo dispuesto en el artículo 36, no se requerirá de permiso para el autoabastecimiento de energía eléctrica que no exceda de 0.5 MW. Tampoco se requerirá de permiso para el funcionamiento de plantas generadoras, cualquiera que sea su capacidad, cuando sean destinadas exclusivamente al uso propio en emergencias derivadas de interrupciones en el servicio público de energía eléctrica; dichas plantas se sujetarán a las Normas Oficiales Mexicanas que establezca la Secretaría de Energía, escuchando a la Comisión Federal de Electricidad y a Luz y Fuerza del Centro.

Capítulo VI Sanciones

Artículo 40. Sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que resultan, se sancionará administrativamente con multa hasta de tres veces el importe de la energía eléctrica consumida, a partir de la fecha en que se cometió la infracción, a juicio de la Secretaría de Economía:

Artículo 41. ...

Artículo 42. ...

Capítulo VII Recurso Administrativo

Artículo 43. ...

Capítulo VIII Competencia

Artículo 44. La aplicación de la presente Ley y de sus disposiciones reglamentarias es de la competencia del Ejecutivo federal, por conducto de las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público, en los términos de esta propia ley.

Artículo 45. Los actos jurídicos que celebren la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro se regirán por las Leyes Federales aplicables y las controversias nacionales en que sea parte, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, salvo acuerdo arbitral, quedando exceptuada de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales.

La Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro podrán convenir la aplicación del derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales cuando así convenga al mejor cumplimiento de su objeto.

Capítulo IX Aprovechamiento para Obras de Infraestructura Eléctrica

Artículo 46. La Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro estarán obligadas al pago de un aprovechamiento al Gobierno Federal por los activos que utilizan para prestar el servicio de energía eléctrica.

El aprovechamiento a que se refiere este artículo se determinará anualmente en función de la tasa de rentabilidad establecida para el ejercicio correspondiente a las entidades paraestatales. Dicha tasa se aplicará al valor del activo fijo neto en operación del ejercicio inmediato anterior reportado en los estados financieros dictaminados de la entidad y presentados ante la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Contra el aprovechamiento a que se refiere este artículo, se podrán bonificar los subsidios que el Gobierno Federal otorgue a través de la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, a los usuarios del servicio eléctrico. Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro estarán exentas del pago de la fracción del aprovechamiento que en la estructura de costos del servicio eléctrico aplique a los usuarios domésticos y agrícolas.

El entero del aprovechamiento a que se refiere este precepto se efectuará en cuartas partes en los meses de abril, julio, octubre y enero del año siguiente.

Los montos que se deriven del pago del aprovechamiento mencionado se destinarán exclusivamente para complementar las aportaciones patrimoniales que efectúa el Gobierno Federal a la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro para inversión en nuevas obras de infraestructura eléctrica hasta el monto asignado para tal efecto, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación y se aplicarán de acuerdo con los preceptos y lineamientos autorizados.

Salvo lo indicado en este artículo, no podrá aplicarse a Comisión Federal de Electricidad y a Luz y Fuerza del Centro ninguna otra contribución por concepto de aprovechamiento.

Transitorios

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se abrogan todas las leyes y disposiciones que se opongan al presente ordenamiento.

Artículo Tercero. A partir de la fecha en que entra en vigor esta ley, quedarán sin efecto todos los permisos otorgados a los particulares en cualquiera de las modalidades no previstas por ésta.

Artículo Cuarto. El Estado asumirá el control de dichos activos para integrarlos a los bienes nacionales e indemnizará a los particulares en base a los acuerdos respectivos.

Artículo Quinto. En tanto se dicta el reglamento de esta ley, y en cuanto no se oponga a las disposiciones de la misma, continuará en vigor el Reglamento de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica del 24 de mayo de 2001, así como las disposiciones reglamentarias dictadas en materia de industria eléctrica y servicio público de energía eléctrica.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado José Antonio Almazán González. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Energía.

ARTICULO 41 CONSTITUCIONAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene el uso de la palabra el diputado Joel Guerrero Juárez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Joel Guerrero Juárez: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeros diputados y diputadas, en virtud de que la iniciativa que presento ha sido publicada en la Gaceta, haré algunos comentarios sobre la misma, pidiéndole, desde luego, a la señora Presidenta que se publique completa en el Diario de los Debates y se turne a quien corresponda.

Hoy vivimos una etapa de nuestra convivencia política en la que esta legislatura está llamada a ser punto de arranque y consolidación de los cambios en las instituciones que habrán de definir la vida de los mexicanos del siglo XXI.

Creo que una de las bases para reformar la vida en sociedad se sitúa en el conocimiento y la imaginación que pueda tener el legislador para adecuar instituciones a los requerimientos exigentes de una sociedad más educada, sumamente diferenciada en sus actividades socioeconómicas y políticas y, extremadamente recurrente en plantear los liderazgos económicos y políticos de la nación.

Que ahora se necesitan gobiernos y estados que sirvan a las personas con una visión de sociedad integrada y no una sociedad de pobres y ricos con determinado parentesco o compadrazgo.

La profesionalización de quienes dirigen a la sociedad mexicana es una demanda que obliga a transparentar las formas en que remodelamos el marco institucional, pero también lo es la conformación de una actitud moral ante los reclamos de nuevas formas de asociar al Estado con la sociedad misma.

Son dos factores de especial relevancia ante la sensación en que nos encontramos, de un favoritismo extremo e incluso el nepotismo en el que se desarrolla la vida de las instituciones nacionales.

Ello nos ayuda a la comunicación estable y de confianza que debe de existir entre quienes conducen la aplicación de la norma y la ciudadanía, que debe siempre estar convencida de que la normatividad general que da vida a la república es el mejor camino para coexistir en sociedad.

Y ésta, plena de expectativas de vida y bienestar para sus familias y la colectividad social y no sólo para pequeños grupos o bloques que se encaraman en los vértices de poder durante tiempo prolongado, sin dar cabida a la movilidad de representación que es fundamental en cualquier gobierno que se digne de llamarse republicano y que debe responder al ciudadano, que espera de las instituciones que le permitan acercarse a los ideales de igualdad y libertad que todos los habitantes de una nación deben tener garantizado.

Propongo reformas políticas con la idea de que el país requiere un nuevo orden social que se esfuerce en los principios de ciudadanía y representatividad, hoy extremadamente deteriorados.

Presento a esta soberanía esta iniciativa de reforma del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que atiende a los distintos procesos sociopolíticos que obligan hoy a remodelar las instituciones sin intentar graduar desde las cúpulas partidistas y empresariales el cauce a una ciudadanía que pretenda, por lo menos, elegir a sus gobernantes o tener garantizado su derecho a ser elegido y ser candidato a cualquier puesto de elección popular.

Parto del supuesto fundamental de que los cambios que el país requiere abarcan distintos órdenes políticos y económicos para crear alternas visiones de un mundo de la vida distinto al que hoy se tiene planteado con los proyectos de reforma del Estado, en cuyas proposiciones observamos que una de las reformas más importantes se ha quedado chica ante las expectativas que tienen los mexicanos porque ya no existen dudas en ningún proceso electoral.

No existen dudas de que ningún proceso electoral sea local o federal, me refiero a la reforma electoral que a mi parecer incluye infinidad de conceptos y propuestas que aparentemente van orientadas al cambio de consejeros electorales como objetivo central de la reforma.

En la iniciativa que hoy presento a esta soberanía, el concepto directriz se basa en readecuar a las instituciones para garantizar mayor claridad y menos dudas en las elecciones que tengamos en México. No olvidemos que la fragmentación social del país obliga a que construyamos instituciones abarcadoras y no excluyentes.

En este sentido, la sustitución de los consejeros electorales, se dio una derivación de la adecuación de la institución rectora de los procesos electorales y no al revés. Con este proyecto, en cambio, observamos algunos créditos de la vida institucional del Instituto Federal Electoral, pero también déficit de relevancia que debemos atacar.

Menciono los estudios de la Fundación Estado y Sociedad, que es una asociación civil integrada por doctores en ciencias políticas, que en su parte medular reflexiona sobre estos alcances y límites del IFE.

Por otra parte, el IFE configuró una base burocrática que propició dar congruencia y dotar de mayor transparencia a la integración y capacitación de quienes conducen los procesos electorales actuales.

A la vez, cada elección iba generando experiencias y nuevas necesidades respecto al entramado institucional con el que se había contado.

A lo largo de dos décadas el IFE puede ser evaluado positivamente en tanto que construyó la organización burocrática que ha mejorado procedimientos electorales. De igual manera, su participación se fue ampliando como eje de la aplicación de la normatividad vigente en la interrelación entre el Estado y los partidos, de estos entre sí y de los partidos con la ciudadanía.

Luego entonces, el IFE pudo sobresalir en los inicios de un esquema institucional que acompañó la transición desde el control extremo del Ejecutivo en todos los órdenes, a otro donde fueron extendiendo actividades interpartidistas.

Al tiempo, el IFE fue mostrando sus limitaciones. Su déficit podemos sintetizarlo en sus bajas posibilidades de regular un sistema de partidos en transición, que prácticamente se le fue de su función concentradora o articuladora. Esto se ilustra en la frecuente calificación de elecciones en México, siempre impregnadas de fraude.

No podríamos decir que este fenómeno se deba sólo a los funcionarios o a los consejeros, sino también a los vacíos de la misma ley electoral, que ha permitido que los derechos ciudadanos fueran objeto de enajenaciones a través de los recursos exorbitantes que se utilizan en cada elección.

Esto distorsiona los principios de representatividad pues pequeños grupos adinerados, no permiten que se desarrolle el concepto de ciudadanía en México.

Los representantes sólo pueden ser quienes tienen acceso a grandes recursos económicos, sean propios o por las alianzas que hacen con los detentadores del poder económico que se multiplican en el poder político a través de estas concertaciones, multiplicando sus ganancias económicas.

Así que, la enajenación de los derechos políticos por el dinero sin control y los mínimos procesos de elecciones, siempre impregnados con calificaciones de fraude, dieron las necesidades de hacer reformas de fondo, por eso en esta iniciativa que ahora presento, planteo los siguientes ejes principales.

Uno. Desaparecer el financiamiento privado a campañas y candidatos, y fortalecer la función del Estado ---que no del gobierno--- en la conducción de los procesos electorales y en su regulación, a la vez que se requiere de un control de regulación a detalle, del financiamiento público a partidos, campañas y candidatos.

Dos. Crear dos nuevas instituciones y desaparecer el actual Instituto Federal Electoral. Uno de ellos se concentraría en la organización de elecciones y el control y modernización del padrón electoral, garantizando transparencia.

Y otra institución, que se encargaría de la regulación de las elecciones y la construcción en conjunto de los partidos, de un nuevo sistema de convivencia para trasladarse del viejo presidencialismo extremo con partido predominante a otro sistema pluralista de partidos que está viviendo en la actualidad nuestro país.

Y tres. Cambiar el procedimiento de selección de los consejeros ciudadanos, que serían quienes dirigirían a estas dos instituciones. Pasaríamos del viejo sistema de selección controlado, y propuesto por los partidos, a otro donde participarían los ciudadanos a través de los mecanismos de consulta y audiencia pública. Con ello evitaríamos que los problemas de los partidos entre sí pasen y se trasladen a la función de estos dos nuevos órganos de Estado.

Ésta es la iniciativa que estoy presentando. Solicito, como decía al principio, a la Presidenta, que sea incluida en el Diario de los Debates y turnada a quien corresponda. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Joel Guerrero Juárez , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Joel Guerrero Juárez , miembro de la LX Legislatura, en uso de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El país vive hoy una democracia caracterizada por distintos factores de carácter sociológico que es conveniente reflexionar por la actualización que requieren instituciones para modernizar distintos ordenamientos del Estado mexicano en este inicio de siglo.

El desarrollo institucional en México en materia electoral lo observamos en función de procesos de apertura que en su momento permitieron dar cauce a distintas fuerzas que hoy forman la realidad plural de una nación muy diferente a la que existía en los años 70 cuando se impulsó una de las reformas de mayor trascendencia en la regulación de elecciones. Destaquemos que en esta historia se instituyeron mecanismos que permitieron tener una mayor independencia del poder ejecutivo lo cual fue coincidiendo con la disminución del viejo y extremo poder presidencial.

Con la aparición del Instituto Federal Electoral (IFE) se fue configurando una base burocrática que entre otros asuntos propició dar congruencia y dotar de mayor transparencia la integración y capacitación de quienes conducen los procesos electorales actuales. A la vez, cada elección iba generando experiencias y nuevas necesidades respecto al entramado institucional con el que se había contado.

El IFE puede ser evaluado positivamente en tanto que construyó la organización que ha mejorado procedimientos electorales. De igual manera, su participación se fue ampliando como eje de aplicación de la normatividad vigente en la interrelación entre el Estado y los partidos, de éstos entre sí y de los partidos con la ciudadanía.

También, el IFE pudo sobresalir en los inicios de un esquema institucional que acompañó la transición desde el control extremo del Ejecutivo en todos los órdenes, a otro, donde se fueron extendiendo actividades interpartidistas ascendiendo el protagonismo y participación de los partidos en la vida política del país sobre todo con las reformas de 1977 y 1991.

Por el lado del déficit del IFE, observamos que si bien se otorgó mayor independencia del Ejecutivo en estos procesos y fortaleció la relación entre fuerzas partidistas y el Estado, no se logró constituir como mecanismo que diera cauce a nuevas características propias del pluralismo que empezó a vivir el país especialmente desde inicios de la década del 2000 cuando un partido distinto al que había obtenido la presidencia de la República durante más de noventa años, ascendía al punto más alto en la jerarquía del poder en la nación.

Este fenómeno coincidía, a la vez, con el cambio de régimen de presidencialismo extremo con partido predominante que vivió México desde prácticamente el final de la revolución. Pensemos en el extraordinario movimiento y recirculación de elites tradicionales que se vivieron durante prolongados periodos caracterizados por la lucha entre presidentes y ex presidentes de la república que fueron ejes de concentración de poder político y económico sobre los cuales se soportó gran parte del ambiente político de nuestro país que hoy podría ser modificado al ampliarse las libertades de los mexicanos como un instrumento neutralizador de autoritarismos y dictaduras.

Esos procesos de diferenciación el poder presidencial fue coexistiendo con el ascenso de movimientos sociales y nuevas visiones sobre el mundo y la vida de generaciones mayormente educadas y capacitadas para ser protagonistas de un esquema de convivencia necesitado de oportunidades en lo económico y en especial en la estructura política, sobre todo las clases medias preparadas que no encuentran acomodo fácilmente en el espectro de representación y sus ideas no tienen forma de encauzarse para la modernización de la nación.

Aquí hay un cambio de régimen en el país y ahora nos corresponde explicarnos causas de estas modificaciones y caminos en los que se orientarán esas nuevas expectativas tanto en las instituciones como en el individuo que se obliga a vivir en una sociedad que le retribuya dividendos adecuados por el esfuerzo de su formación y participación en los cambios de poder que se van construyendo durante largos periodos que aunque son propiciadores de desigualdad en sus primeras etapas, posibilitan instaurar un orden alterno que recupere y restablezca principios de equidad y libertad en los conglomerados sociales de esta época.

El problema que se nos presenta es recorrer este tránsito sin que necesariamente concurramos a rupturas y procesos violentos que no permitirían coexistir en marcos de estabilidad política a un tiempo en que se fortalezca la democracia.

Por eso vale la pena que la Cámara de Diputados aborde con seriedad la reflexión acerca de la ruta que seguirá el régimen político mexicano en estas dinámicas de cambio al iniciarse un nuevo milenio.

Al respecto, la Fundación Estado y Sociedad que es una asociación civil integrada por doctores y maestros en ciencia política, propone que es un buen momento para visualizar si el régimen mexicano se dirigirá a un reequilibrio respecto al viejo gobierno soportado sobre el presidencialismo extremo con un partido predominante o bien nos dirigiremos a otro sustanciado de pluralismo que podremos consolidar. En este sentido, habría que pensar si transitamos hacia el fortalecimiento del ejecutivo o bien tendremos que reconstruir instituciones de tal manera que vayamos moderando el avasallamiento del presidencialismo en toda la vida privada e institucional de los mexicanos.

La referencia se tiene que confrontar con la idea de darle vigor al poder legislativo para empezar nuevos caminos de democracia o el fortalecimiento del ejecutivo nos daría menor celeridad de los procesos democratizadores que sería el indicador principal para dar pauta al pluralismo y su coexistencia en nuevas instituciones.

Una cuestión consecuente y lógica es ¿los líderes mexicanos tienen conciencia de los riesgos que trae consigo el momento político de transición que vivimos? ¿Habrá posibilidades para que una coalición pueda dar estabilidad a este tránsito? ¿Será una coalición de izquierda o de derecha la más adecuada? ¿Qué espectro social y político generaría transitar por alguno de estos caminos?

Hasta hoy, podríamos decir que la democracia mexicana se ha configurado muy elementalmente y es necesario que esta soberanía replantee el modelo por el que los mexicanos podamos alcanzar la modernización política adecuada para pasar a ser una sociedad desarrollada en sus aspectos políticos.

Nuestros rasgos democráticos los encontramos con déficit muy marcados y ello debemos reconocerlo las fuerzas que aquí se encuentran representadas. Ése sería un primer gran avance. Planteemos un análisis a elementos caracterizadores de sociedades que viven en democracia como forma de vida y estabilidad entre las fragmentaciones presentes de un país que como México, tiene extraordinarias polarizaciones entre riqueza y pobreza y demasiadas carencias en participación.

La realización de elecciones periódicas convocadas puntualmente de conformidad a los acuerdos constitucionales es un factor digno de reconocer y afianzar. Ello mantiene abierta la posibilidad de que la ciudadanía pueda acceder a ser elegida y elegir a sus representantes y preserva libre la institución electoral de cualquier tentación autoritaria.

Otro aspecto por destacar del entramado institucional que se ha logrado edificar es la creación de una instancia independiente para dirimir los conflictos de carácter electoral aún con la extremadas limitaciones en que pervive el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación que hasta tiempos recientes aún sobrevive bajo la inercia de una cultura de dependencia con respecto al Poder Ejecutivo.

El problema surge cuando estudiamos los otros valores que deben existir para decir que vivimos en democracia.

No contamos con la claridad de que los gobiernos federal y locales sean neutrales en la realización del proceso electoral. La libertad de expresión se encuentra acotada por la formas de uso y control de los medios de comunicación. Si pensamos que la libertad de oposición y asociación puede tener garantía relativa aunque con la intervención de los gobiernos en las elecciones sufren distorsiones estos aspectos democratizadores.

El sufragio universal, igual y secreto se ha puesto en duda en todas las elecciones que hemos vivido en México tanto a nivel federal como en las estatales.

No existe igualdad en el acceso de los candidatos a los mismos recursos sobre todo por la forma en que está diseñado el sistema de prerrogativas y la desmesurada intervención de los poderes económicos por influir en las elecciones cuidando sus intereses, ganancias y privilegios. Ello despoja al voto de su valor de ser garante de igualdad en toda sociedad.

La información plural e independiente también se encuentra acotada por la concentración de la propiedad en cadenas de prensa y de radio y televisión en pequeñísimos grupos que monopolizan el suministro de información, lo cual condiciona, desgraciadamente, el propósito de construir una ciudadanía más culta desde el punto de vista político.

De igual manera, no podemos afirmar que las elecciones en el país son pulcras. Al contrario, todo proceso electoral siempre es caracterizado por sus mayores o menores actividades fraudulentas y por la manipulación sobre órganos de dirección electoral así como una constante de coacción del voto. Creo que ésa es la realidad que vivimos en el país al intentar trascender de un viejo régimen de presidencialismo extremo y de partido predominante a otro de pluralismo moderado y nos encontramos ante la disyuntiva de que la Cámara de Diputados sea el mecanismo por el cual se otorgue mayor institucionalidad a los sistemas democráticos del país para evitar otorgárselos a los mecanismos autoritarios de decisión de pequeños grupos.

Esto es, llamamos la atención sobre el imperativo de que sean los órganos de Estado los que hagan surgir el reacomodo normativo para que en el país no se sigan distorsionando y desgastando principios en los que se sustenta cualquier procedimiento de elección al producir representación, crear gobierno y dar legitimidad a ambos. Esto, porque no podemos olvidar que las elecciones son fenómenos que permiten el contacto entre la participación y la representación y en México estas vinculaciones fueron acotadas por los tipos de liderazgos que surgieron y se desarrollaron bajo el dinamismo del viejo régimen.

En la coyuntura del país, las perspectivas del sistema político se delinearán a partir de expectativas que adopten la democracia y el poder del dinero mezclado con poder político.

Este modelo sufre un marcado desprestigio por la suplencia del ciudadano que le acompaña ya que se encuentra en la sociedad en pequeños grupos que no permiten desenvolver en plenitud la natural tendencia del individuo a participar cada vez más estrechamente en decisiones que de manera relevante le afectan en la vida cotidiana y que son parte del valor del voto.

La desvalorización del voto desvanece ciudadanía y derechos políticos de la persona que se ve obligada a coexistir en decisiones adoptadas por pequeños bloques de elite y sin expectativas de intervenir en aspectos que pueden afectarle de manera inmediata en su vida social. ¿Hay opciones para esta democracia en México?

Creemos que sí es posible remodelar este mecanismo. La construcción conceptual seleccionada para preparar esta Iniciativa parte de la desaparición del financiamiento privado a candidatos y partidos y de separar el poder económico del poder político. Este tipo de financiamiento repercute negativamente en principios de ciudadanía y representatividad centrales en posibilidades para encontrar un nuevo molde social al país a través del reordenamiento normativo político.

En este sentido, se considera que puede haber reformas que sirvan de detonantes para remodelar el orden político. Nosotros elegimos, en primera instancia, los aspectos de la reforma electoral aunque habremos de presentar otros relacionados con las formas de gobierno y la participación en la gobernanza.

Como en la mayor parte del planeta, la sociedad mexicana se desenvuelve en una estructura de decisión, fuerza y reglas que tienden a configurar y fortalecer el régimen democrático elitista considerado como aquellos mecanismos utilizados por las elites económicas mezcladas con las políticas que operan al margen y previo a los procesos electorales para imponer candidaturas y, una vez pasada la elección, toman las decisiones de mayor relevancia del conjunto de la sociedad asumiendo la fuerza del voto que la elección correspondiente les otorgó o la influencia de facto que la predominancia del poder económico detentado les concede.

La minoría que se termina de delinear con el voto mayoritario crea liderazgos a partir de la potencialidad económica de empresarios nacionales y extranjeros y dada la excentricidad de recursos monetarios que se gastan en campañas, propicia que se viva en ambientes donde sólo quienes tienen el soporte de grandes cantidades de dinero pueden ser candidatos.

Esto es, sólo una parte de la ciudadanía mexicana ejerce sus derechos políticos a plenitud: puede ser representado pero no puede ser representante en la práctica. Esto es consecuencia de un perfil de democracia electoral que ignora hasta que punto las elecciones multipartidistas pueden encubrir la disminución o la no participación de sectores significativos de la población en la competencia electoral o la defensa de intereses o el dominio por actores poderosos de recursos de poder no sujetos a responsabilidad alguna ante las autoridades electorales.

En este sentido, el mecanismo elitista de la democracia mexicana forma grupos que toman decisiones fundamentales sin haber sido elegidos por la vía del voto que pasa a ser un símbolo que disminuye su contenido de empoderamiento en la medida en que el ciudadano común se va convenciendo de que su voto no vale para la toma de decisiones concretas. Lo lamentable es que esta tendencia se dinamiza con la globalización. Lo nacional se confronta con lo mundial y lo local. Lo mundial parece indicarnos que asumamos determinantes que inserten a México en la dinámica globalizadora ya que se pierde el tiempo que otras naciones aprovechan para hacerse más prósperas, reflexionan los globalistas refiriendo a un euro centrismo propio y peculiar de algunas teorías de la modernidad y de grupos de elite nacionales.

Parecería que los sectores nacionalistas no comprenden esta racionalidad y pierden la opción de llevar al país a relevantes dimensiones de la modernidad. En otra idea, para el caso de México, los globalizadores piensan que con la economía de mercado se logrará el bienestar deseado y se podrá fortalecer la democracia. Hay choques y contrapropuestas en ideales y acciones como podemos observar.

Se exalta, por un lado, la alternancia que vivió México en el año 2000 suponiendo que el ascenso del Partido Acción Nacional a la Presidencia de la República, abriría transformaciones espectaculares que rebasarían, en forma definitiva, la vieja manía del fraude y la manipulación áspera y vulgar de construir el poder público.

No obstante, a mediados de 2007, esta realidad no se ha superado y el fraude en las elecciones sigue siendo el supuesto que soporta el sistema de democracia elitista y método de supervivencia de las viejas elites en el poder nacional y regional. Ello no permite la existencia efectiva de la democracia entendida como un mínimo de requisitos para el desenvolvimiento constitutivo de sociedades modernizadas. Mencionemos la participación efectiva que se corresponde con ``la igualdad de voto'' entre otros factores vinculados a sistemas institucionales políticos y no patrimonialistas.

Estos tipos de propuestas convergen con la actualidad del país donde hay posibilidades de ponerle ritmos a la dinámica globalizadora que mantiene un proyecto indetenible y perfeccionador de esa corriente del capitalismo que se inserta en los países a través de los programas de reforma en el área energética, en lo laboral y en otros aspectos. En este sentido, puede ser necesario idear ritmos y contenidos para suavizar o acompañar la marea globalizadora pensando en potencialidades de desarrollo económico y político si se traduce en el bienestar nacional para no poner riesgos en estructuras e instituciones políticas a remodelar. En este sitio se ubica un eje de trascendencia de la disputa sustantiva del México de hoy.

Éste sería un enfoque en que la política es determinante de los procesos económicos y no al revés. La agenda de la democratización parece ser amplia e intensa e incluye dicotomías y analogías entre lo nacional y lo global; las elites y las transnacionales; el estado nación y el estado global antiterrorista; ejecutivo y legislativo; democracia elitista y democracia participativa entre otros conceptos que parecen ajustarse a las necesidades de deconstrucción del pensamiento de la actualidad tan necesario en la renovación de actores e instituciones políticas en México.

Por el lado del déficit democrático, observamos que en México los partidos se organizan para el fraude. Los actores partidistas viven una psicosis de suma cero donde sus expectativas se definen a partir de supuestas o reales estrategias que diseñan sus contrincantes políticos. Cada fuerza partidista vive el convencimiento de que el otro partido le robará el voto al ciudadano simpatizante de sus colores. Así, la ingeniería electoral se planea para acarrear personas a que voten o implementen las acciones y estrategias de defensa para que el otro no le robe la votación o bien para adelantarse y robarse el voto antes de que lo haga la otra fuerza partidista contrincante.

Así es la tendencia electoral en el país heredada del viejo régimen. Las elecciones de Veracruz y Oaxaca realizadas en el 2004, y la del Estado de México en el 2005, la federal del 2006 para la Presidencia de la República, así como la de Yucatán en el 2007 dejaron relevantes experiencias de estas disputas en las que actores de la política crean sus propias pandillas de defraudadores para ganar la elección.

En las elecciones de 2004, 2005 y 2006, las dimensiones de los fraudes no pueden ser fácilmente cuantificables. Tampoco en la de Yucatán de 2007. Lo observable para el analista y el ciudadano común es la prevalencia de viejos usos que escamotean o enajenan el voto del elector que cada vez más se aleja de las urnas pues se convence de que su voto no vale. Precisamente el factor psicosocial que explica por qué un elector vota por uno u otro partido o candidatos es la percepción de que su voto va tener validez para configurar el poder público.

Observamos la vieja ingeniería electoral diseñada por los partidos en función de esos principios de ganarle al otro en estrategias para reducir efectos del robo de votos por el otro; a ganar las calles para acarrear ciudadanos a las urnas, comprar voluntades explotando excesivos niveles de pobreza de gran parte de la población, además, de otras prácticas que se diseñan para ser aplicadas el día de la elección. En nuestro tiempo, apreciamos procesos sumamente manchados y sucios con bandos que se visten de rojo, azul o amarillo o bien pandillas que se ponen moños o signos de identificación en esa guerra contra los principios de ciudadanía y representatividad en donde sólo gana el sistema elitista de la democracia mexicana para cometer tropelías contra el voto libre, contra el voto democrático.

Cabría reflexionar si esta práctica del régimen político mexicano no implicaría que las elites beneficiadas propiciaran incorporarla a la Constitución de la República pues este ejercicio de constituir poderes públicos a través de prácticas fraudulentas se ha convertido en costumbre. Volver al viejo régimen implicaría seguir en la simulación cínica de la práctica política y del poder en México e institucionalizar los bandos que se organizan para burlar la voluntad popular y quizá fijar tarifas para comprar el voto del elector.

Si ésta no fuera la solución, entonces, se debe ahondar en nuevos mecanismos que no permitan las prácticas fraudulentas en las elecciones donde también se sitúan los pactos, arreglos o negociaciones que a través de dar y recibir, reconocer triunfos en un estado y otorgar plazas en otros, o cambiar decisiones legislativas a cambio de reconocimientos electorales van creando una institucionalización simulada que no permite pasar a un estado que base su cuerpo decisional en las realidades de la pluralidad de la nación.

Para caminar en la dirección de readecuación institucional y disminuir los vicios del fraude cotidiano que llena y, a un tiempo, arrincona la vida ciudadana del mexicano, es conveniente experimentar algunas alternativas como prohibir la táctica de la promoción del voto el día de la elección que sería una primera medida a tomar en el corto plazo así como revisar el capítulo de las sanciones en la ley intentando regular estas distorsiones tan perniciosas al proceso democratizador en México.

Por un lado, la promoción del voto como ahora la realizan candidatos y sus simpatizantes no permite fortalecer el concepto de ciudadanía. No es necesario que se apele al viejo criterio de los antiguos que se sentían los más preparados para el voto considerando como motivo fundamental del abstencionismo el bajo nivel cultural del pueblo. México visto a trasluz del siglo XIX cuando se otorgaba el voto a los ciudadanos más preparados y los impreparados no podían votar. Ahora, con el impacto de la tecnologización de los medios de comunicación y con una población más informada como consecuencia, el viejo adagio de los antiguos hombres de poder se derrumba. Hoy ya no es necesario llevar a votar a algún ciudadano por su incapacidad. Hoy, el ciudadano se aleja de las urnas porque no cree en las ofertas partidistas y le desconcierta el avasallamiento del dinero a través de los medios de comunicación que no permite visualizar alternativas de vida ni mundos diferentes a los que plantean los hombres más acomodados en la cúspide de la riqueza material que además coinciden como detentadores de los medios de comunicación.

Pero existen otras opciones. En lugar de la añeja promoción del voto se puede fortalecer el sistema de comunicación y de educación para dar confianza y acrecentar la cultura cívica electoral del ciudadano y de los dirigentes y lideres partidistas. La promoción del voto es un mecanismo para robarse la elección. Este aspecto va relacionado con el endurecimiento de las sanciones en la ley penal para que todo aquel individuo que realice cualquier acto de fraude electoral no alcance fianza para salir libre. Esto incluiría a los gobernantes que estarían sujetos a esta disposición no obstante que se cumpla hasta que dejen el cargo. De otra manera, es irremediable seguir con la cultura de las elecciones de Estado que cotidianamente viven los mexicanos.

Un aspecto adicional incorporaría en los estatutos de los partidos prevenciones para la organización partidista regulada para reconfigurar instituciones en este tema que es un reclamo generalizado.

No bastaría la incorporación de urnas electrónicas; se requiere la desaparición, control o regulación de las secretarías de elecciones de los partidos para terminar con la reprobable práctica del ``mapachismo'' que impregna y remodela cotidianamente al político cínico de la actualidad mexicana. Todos los partidos deben de modificar sus prácticas de robo de votos para entrar en una nueva época de ciudadanización y de respeto al ciudadano. Sería diseñar una nueva ingeniería electoral.

Uno de los aspectos que más se ha inducido por los grupos en el poder, es el método gradual de cambio que consiste en realizar nuevas acciones buscando proseguir en los ejes de decisión privilegiada que mantienen algunos bloques en México. Es el denominado gatopardismo, o democracia simulada. Para otros estudiosos es la democracia de camarillas y algunos le denominan democracia elitista.

Convergente con estas figuras del poder en México, la propuesta de cuestionar el financiamiento público de partidos y candidatos evita tocar el asunto de fondo que es el financiamiento privado que debe eliminarse. A través de éste, intervienen directamente grandes y pequeñas empresas, el narcotráfico, familias de poder económico que apoyan a un candidato a cambio de que en su cargo de elección popular o de dirección gubernamental actúe promoviendo e incrementando los intereses de grupo o familiar que le apoyaron.

Así se ha comportado el modelo de representación en México durante mucho tiempo y así sigue funcionando apareciendo el cinismo como moral, no obstante que desvanece el principio ético de la política, porque ésta no es una expresión aislada del individuo que representa a la sociedad sino que es parte de ésta y con sus actos fortalece la relación moral entre estado y sociedad o degrada las posibilidades de que el Estado se fortalezca.

Esta relación pervierte principios de la democracia y da vigor a pequeños grupos que se eternizan en el poder arrancándole a la democracia sus principios de libertad e igualdad que la sustentan. Su expresión ética se desvanece, pues se llega al extremo de ver como legítimo y así difundirlo, el proceso de financiamiento privado o usando las arcas públicas en forma discrecional. Estos mecanismos son propios del viejo régimen que se pueden superar con decisiones que adapten la ley a mayores aperturas de participación social, regulando cuotas que igualen al ciudadano al participar en un partido como lo hace cualquier empresario que también recobraría su igualdad ciudadana en base a estos nuevos mecanismos. Con estas innovaciones se evitaría el desajuste que la selección de candidatos genera al interior de cada partido cuyos procesos se convierten en verdaderas guerras internas de grupos que abordan al poder a cualquier precio como principio de la democracia y los recursos por ventas de candidaturas llenan las potencialidades de bienestar de dirigentes también en forma ilegal. Se requiere mayor regulación del estado, que no del gobierno, y no asumir el nivel de neutralidad que limita a los órganos encargados de dirigir las elecciones.

Debemos pensar en una ingeniería electoral donde el actual IFE se dirija principalmente a organizar las elecciones y conducir los trabajos que den claridad al manejo del padrón electoral. Se le quitaría sus funciones de fiscalización y de control y, a la vez, se fortalecería el rol del tribunal electoral para que actúe con independencia.

Otro aspecto que se atiende en esta Iniciativa es el de las prerrogativas que gravitan en el sistema mexicano el cual está pensado de acuerdo a las características del viejo régimen de presidencialismo extremo con partido predominante que ahora cambió a otro más plural.

Antes, las prerrogativas servían para fortalecer al partido predominante en una fórmula compleja de distribución de recursos públicos para la elección. Siempre ganaba el partido en el poder, el partido del presidente hasta que Ernesto Zedillo planteó el cambio de relación por una disputa del poder donde fuerzas alternas al PRI o al presidente pudieron acomodarse y aliarse con otras incluso externas para competir con las grandes cantidades de dinero que el gobierno manejaba para su candidato que invariablemente ganaba la elección. Fueron las épocas del Pemexgate y los Amigos de Fox. Eran tiempos de la antigua sucesión presidencial con el notable procedimiento del tapadismo.

Estas formas de sucederse en el poder por parte de las elites posrevolucionarias parecía que se había terminado con el ascenso del Partido de Acción Nacional al poder presidencial. Pero ello no fue cierto y la democratización del país vuelve a estancarse en la sucesión presidencial donde el gobernante del PAN le entrega el poder a otro panista y ahora el actual presidente de la república pretende dejárselo a otro miembro de este partido para que por lo menos esta fuerza gobierne al país hasta 2012.

Son similares sueños a los que el grupo del ex presidente Salinas planteaba para mantenerse en el poder veinticinco años. Al parecer lo ha logrado con un modelo de democracia sustentado en la asociación con las grandes empresas que se fortalecieron durante el gobierno salinista y ahora se pretende emular al modelo español precisamente soportado sobre la fuerza de las empresas hoy transnacionales que compiten en el sector financiero y en el energético.

Esto hace necesario definir con especial cuidado el método de financiamiento pues de ello depende, en gran medida, que se avance hacia una mayor democracia o se reafirmen en el poder los viejos grupos relacionados a las redes de ex presidentes y que impulsan ingenierías de readecuación de poder para preservar y acrecentar intereses no necesariamente vinculados con el interés general de la nación.

Por estos cambios de México, ahora se requiere un mecanismo que distribuya recursos públicos para financiar la actividad de los partidos con criterios de equidad y que no se soporte en la añeja fórmula de que el partido que gana se lleva los mayores recursos. Esa opción no respeta principios de la democracia que se crea en el respeto a las minorías incluso con el objeto de que lleguen a ser mayorías.

Además, el sistema de prerrogativas estaba diseñado para mantener al partido predominante donde coexistían las principales familias detentadoras del poder en México y los antiguos partidos satélites servían de una oposición leal o de comparsa para el bienestar de sus cúpulas dirigentes por las prebendas que recibía del régimen.

Ahora ya hay más personas con la suficiente preparación profesional como para cuestionar estas viejas formas del antiguo régimen. Entrar en un nuevo modelo de democracia en México tendrá que pasar por la modernización de la norma electoral vieja y caduca en la que navega el proceso político, sus actores y sus instituciones.

Ahora se requiere que los recursos públicos para candidaturas y partidos sean controlados por otro organismo distinto al gobierno y al IFE pero siempre de carácter público cuyos integrantes sean elegidos a la luz pública con la participación de los partidos pero no sólo por los partidos, incluso, ventilando públicamente las ligas de partido, de familia o de interés económico de tal manera que el proceso de selección sea abierto y sin relaciones que sean cuestionadas por sus tendencias hacia intereses. Los partidos perderían su opción de propuesta pues se comprobó que no funciona.

La profesionalización de la política sacándola de su empirismo extremo en que se manifiesta hoy y que es herencia del viejo caudillismo mexicano. Se trataría de quitarle a las elecciones el componente de control privado de los derechos políticos ya que ello únicamente preserva el empoderamiento de una pequeña parte de la sociedad evitando cualquier opción del desarrollo político de la ciudadanía. No hay, bajo este mecanismo de la democracia mexicana, la opción de la alternancia pues son las mismas elites las que han gobernado milenariamente en México.

Pasemos ahora al análisis de una nueva institucionalidad para los aspectos hasta este momento estudiados. Es obvio que parte del diagnóstico sobre la democracia en México se encuentra aquí esbozado aunque se requiere de reflexiones más cuidadosas en torno a teorías sobre la democracia en sociedades en cambio como la mexicana. Citamos sin embargo, los estudios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ``La Democracia en América Latina'' Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos; del Banco Mundial ``Gobernabilidad Democrática en México: más allá de la captura del Estado y la polarización social'' y del Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Europea Banco ``Una mirada de Europa hacia América Latina''. Estos organismos multilaterales coinciden en los déficit de México en materia de gobernabilidad y gobernanza, incluso, criticando el papel que desempeñan las elites tradicionales en estos fenómenos.

El estudio promovido por el PNUD acepta que en esta materia política electoral todo está abierto para incorporar nuevas ideas de reconfiguración institucional que permita sacar del marasmo en que se encuentran las democracias latinoamericanas, en especial, México.

Coincidimos en la idea de explorar más a detalle el concepto de gobernanza más que en la gobernabilidad. La gobernanza requiere de una nueva red de instituciones para desarrollarse dentro de la sociedad hasta que en un futuro se convierta en la matriz de cultura política del mexicano. Se finca en ampliación de la participación como principio y ahora en México parecen existir condiciones para impulsar esta concepción que reformularía gran parte de las instituciones en función de los cambios que una sociedad más preparada está demandando.

Con este criterio veríamos la construcción de un modelo soportado en nuevos actores y mecanismos para sustituir esquemas del viejo régimen ahora tan cuestionados y caracterizados por la incredibilidad grave en la que se desenvuelven. Por algo hay que empezar en este esfuerzo.

La remodelación de instituciones pretende ``reinventar gobierno y ciudadanía'' ante las insuficiencias gubernamentales en una transición que necesitamos cuente con los procedimientos de decisión más adecuada para la solución de problemas políticos.

Entendemos que la consolidación de una nueva democracia en el país tendrá problemas pero existe la ventaja de una recirculación de generaciones que traen consigo nuevos pensadores e intelectuales que podrán aportar a la formación del político que requiere el pluralismo hoy ante la forma que la economía se globaliza lo cual no tiene parangón en lo político.

Lo más importante en esta etapa es que los mexicanos no pierdan la fe y replanteen los grandes proyectos de edificar una sociedad mejor que supere el ambiente de desconfianza ciudadana en las instituciones y liderazgos políticos y económicos. Para esto se requiere realizar reformas políticas electorales que le reconstruyan a la ciudadanía los escenarios democráticos adaptados para la participación política y así cimentar lazos de confiabilidad en el tránsito de democracia a la sociedad global y del conocimiento de tal manera que el fenómeno globalizador trabaje para la gente.

El cauce en tal sentido será instaurar la gobernanza en el país con nuevas reglas e instituciones y prácticas que incentiven el comportamiento de participación de partidos, individuos, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y empresas bajo la convicción de que la eficiencia ya no sólo depende del gobierno.

Se trata de generar ambiente de sociedades interdependientes en sus necesidades y capacidades que serán tanto públicas como privadas referentes a las relaciones del Estado con la sociedad.

Entendemos que la gobernanza es un estilo de gobierno distinto al de control jerárquico y sobre esta base se debe modelar el nuevo edificio institucional de lo electoral y lo político sobre bases de reconocimiento de que la coordinación social es diferente no sólo a la jerarquía sino a los mercados.

Por tanto, ahora son necesarias instituciones que propicien acciones de individuos y organizaciones como formas refundadoras de la construcción del orden social que ahora será reinventado y evaluado en función de logros que contribuyan a las libertades particularmente las políticas. Reconozcamos que el Instituto Federal Electoral pervive en marcos de credibilidad en crisis permanente y pensemos que no sólo por el papel que desempeñó en la última elección presidencial de 2006.

Puede ser parte de un proceso donde era de esperarse que los acontecimientos le rebasaran dados los mecanismos institucionales que fueron planeados para transitar de una elección extremadamente autoritaria y dependiente del presidente en turno hacia otra que permitió dar cauce ciudadano y de mayor certeza a las elecciones aunque en forma limitada. Esta etapa del IFE ha concluido y entre sus evoluciones podemos observar aciertos y defectos como ya lo comentamos líneas arriba.

Tenemos que remarcar la disminución en su contribución al sistema de partidos donde el IFE aparece siempre confrontado con las fuerzas partidistas y la grave pérdida de credibilidad por los métodos que se utilizan para integrar a sus consejeros donde debemos incluir al mismo consejero presidente. Aquí ya tenemos una primera fórmula para la nueva institucionalización. Se necesita un IFE que organice las elecciones desde las personas que van a organizar el día de la jornada electoral y la actualización del padrón así como su resguardo.

La recepción de paquetes electorales sería también función de este nuevo IFE. A partir del conteo y las declaraciones sobre resultados pasarían a otro organismo que tendría como función regularizar todo el proceso desde su inicio incluyendo el establecimiento de normas que propicien entrar a la nueva interrelación entre actores, campañas, gastos públicos de partidos y candidatos así como el cuidado y control sobre recursos privados que sólo serían los de la militancia con periodos definidos y bajo el principio de un militante una cuota igual.

Este organismo regularía también la distribución de recursos públicos en forma equitativa a cada fuerza partidista que presente su propuesta que hará a la ciudadanía en campaña haciendo recomendaciones para fusiones y coaliciones cuando las ofertas de los partidos sean similares dadas las caracterizaciones de izquierda o de derecha en la que se mueven las fuerzas partidistas no obstante el pragmatismo en que ahora se despliegan por el modo de su surgimiento.

Todos estos nuevos organismos tendrían la autonomía de órgano de interés público o de estado sin depender de ninguno de los poderes. Sus miembros serían elegidos ya no por los partidos sino por sus cualidades profesionales y el congreso sólo refrendaría lo que dijera la opinión de académicos, universidades, investigadores nacionales y organizaciones civiles que integren recursos de alto nivel profesional de posgrado. El mismo patrón de selección se utilizaría para integrar la representatividad ciudadana en este organismo así como el de la unidad reguladora de elecciones que esta iniciativa propone.

Se trataría de que ya no fueran seleccionados los consejeros por los partidos políticos pues sólo se derivaría en trasladar el debate de las diferencias partidistas a estos órganos que deben estar permanente enriquecidos con los académicos que poseen la información y calidad de reflexión para ir perfeccionando cada una de estas instituciones.

Sobre estas bases, la iniciativa de reformas al artículo 41 constitucional que hoy propongo a esta soberanía incluye la desaparición del financiamiento privado a partidos y candidatos, modifica el sistema de prerrogativas para cuidar la equidad en el financiamiento en campañas electorales, crear el instituto federal para la organización de las elecciones y el Consejo Federal de Dirección de los procesos electorales. Se intenta iniciar un sistema de modernización del entramado institucional de aspectos políticos para separar el poder político del poder económico y sus efectos negativos que trae consigo.

Acudo a esta tribuna a presentar la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma las fracciones II, incisos a), b) y c), y III del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman las fracciones II, incisos a) b) y c), y III del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

Transitorio

Esta reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Muchas gracias, diputado Joel Guerrero Juárez.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a darle lectura.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 20 del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le informamos que la Junta de Coordinación Política ha acordado solicitar sea incluido en el orden del día de la sesión de hoy, en el primer turno posible, el siguiente asunto.

• De la Junta de Coordinación Política. Pronunciamiento con relación a la sesión de Congreso General celebrada el 1 de septiembre de 2007.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. Atentamente.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la asamblea si se autoriza modificar el orden del día e incluir el asunto mencionado.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta si se autoriza la inclusión en el orden del día. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se autoriza. Dé lectura la Secretaría al pronunciamiento.

SESION DE CONGRESO GENERAL

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

De conformidad con los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados LX Legislatura, acuerdan someter a la consideración del Pleno el siguiente pronunciamiento:

Único. La Cámara de Diputados expresa al Ejecutivo Federal, un profundo rechazo, por la interrupción que se realizó a la transmisión de la señal de televisión en cadena nacional, de la Sesión de Congreso General, efectuada el pasado 1o. de septiembre de 2007.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Proceda la Secretaría a consultar a la asamblea si se aprueba el pronunciamiento.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: En votación económica se pregunta si se aprueba el pronunciamiento. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado; comuníquese . Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: «Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 4 de septiembre de 2007.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Oficios de la Cámara de Senadores

Con el que comunica la elección de su Mesa Directiva, que conducirá los trabajos durante el periodo del 1 de septiembre de 2007 al 31 de agosto de 2008, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional.

Con el que comunica que ha quedado constituida para su primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LX Legislatura.

Los asuntos no abordados en esta sesión, y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»

CLAUSURA Y CITATORIO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (a las 14:17 horas): Se levanta la sesión y se cita a la que tendrá lugar mañana, martes 4 de septiembre, a las 11: 00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto desde las nueve y media de la mañana.

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RESUMEN DE TRABAJOS

• Tiempo de duración: 2 horas 32 minutos
• Quórum a la apertura de sesión: 339 diputados
• Asistencia al cierre de registro: 412 diputados
• Protesta de diputado como Secretario de la Mesa Directiva
• Diputada suplente que se incorpora: 1
• Comisiones reglamentarias y protocolarias: 1
• Excitativas a Comisiones: 1
• Pronunciamiento con relación a la Sesión de Congreso General del 1o. de septiembre de 2007, sobre la transmisión de la señal de televisión en cadena nacional, aprobado: 1
Diputados por grupo parlamentario que participaron durante la sesión: 12PAN-1, PRD-10, PRI-1.
• Se recibió:
• 1 comunicación del coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la que expresa la voluntad del diputado federal Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo , de integrarse a ese Grupo Parlamentario;
• 9 oficios de la Junta de Coordinación Política, con los que comunica cambios en la integración de las Comisiones de: Derechos Humanos; Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; Fortalecimiento al Federalismo; Seguridad Pública; Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación; Especial de Promoción del Acceso Digital a los Mexicanos; Especial de Prospectiva para la Definición del Futuro de México; Gobernación; Desarrollo Metropolitano; Cultura; Especial para el Seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campoy al Capítulo Agopecuario del TLC; Asuntos Indígenas; Atención a Grupos Vulnerables; Especial de No Discriminación, Nuevos Sujetos, Nuevos Derechos; del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, y del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y Equidad de Género;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite observaciones del Presidente de la República respecto al decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite observaciones del Presidente de la República respecto al decreto por el que se expide la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos;
• 1 oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiroel informe semestral sobre la situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro correspondiente al periodo enero-junio de 2007;
• 4 minutas para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional;
• 5 minutas para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional;
• 5 minutas con proyectos de ley;
• 1 iniciativa de senadores del PAN;
• 1 iniciativa de senadores del PRI;
• 2 iniciativas de senadores del PVEM;
• 1 iniciativa del PAN;
• 9 iniciativas del PRD;
• 1 iniciativa del PRI.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Almazán González, José Antonio(PRD) Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica: 118
• Contreras Julián, Maricela(PRD) Concepción Moreno Arteaga: 49
• Dehesa Mora, Daniel(PRD) Ley General de Educación: 90
• Garzón Contreras, Neftalí(PRD) Artículo 3o. constitucional: 72
• Guerrero Juárez, Joel(PRI) Artículo 41 constitucional: 130
• Lujano Nicolás, Christian Martín(PAN) Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios - Ley de Coordinación Fiscal: 98
• Luna Munguía, Alma Lilia(PRD) Artículo 3o. constitucional: 81
• Mayans Canabal, Fernando Enrique(PRD) Artículos 4o. y 27 constitucionales - Ley de Aguas Nacionales: 111
• Mayans Canabal, Fernando Enrique(PRD) Ley General de Cultura Física y Deporte: 109
• Morales Sánchez, Efraín(PRD) Artículo 89 constitucional: 95
• Pedraza Chávez, Isidro(PRD) Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 105
• Soriano Sánchez, Rosa Elva(PRD) Artículos 27 y 73 constitucionales: 76

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	CÉDULA
2 Aguilar López José Alejandro	ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés	ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	ASISTENCIA
5 Álvarez Bernal María Elena	ASISTENCIA
6 Amezola Fonceca Gerardo	ASISTENCIA
7 Aranda Orozco Gerardo	ASISTENCIA
8 Arellano Arellano Joel	ASISTENCIA
9 Arenas Guzmán Margarita	ASISTENCIA
10Arizméndi Uribe Efraín	ASISTENCIA
11 Armendáriz García Pedro	INASISTENCIA
12 Arredondo Ibarra Salvador	ASISTENCIA
13 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
14 Ávila Mayo Obdulio	ASISTENCIA
15 Barradas Miravete Gregorio	ASISTENCIA
16 Barrios Rodríguez Juan Enrique	INASISTENCIA
17 Bello Pérez Alfonso Othón	ASISTENCIA
18 Berber Martínez Antonio	ASISTENCIA
19 Bermúdez Viramontes Andrés	ASISTENCIA
20 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	ASISTENCIA
21 Borboa Becerra Omar Antonio	ASISTENCIA
22 Borrego Estrada Felipe	ASISTENCIA
23 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
24 Buganza Salmerón Gerardo	INASISTENCIA
25 Caballero Chávez Claudia Gabriela	ASISTENCIA
26 Campos Galván María Eugenia	ASISTENCIA
27 Carbajal Méndez Liliana	ASISTENCIA
28 Carbajal Tejada Rogelio	ASISTENCIA
29 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
30 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	ASISTENCIA
31 Castaño Contreras Cristián	ASISTENCIA
32Castro De la Rosa Osiel	INASISTENCIA
33 Castro Muñoz Juan de Dios	ASISTENCIA
34Castro Romero Ma. Sofía Del Perpetuo	ASISTENCIA
35 Ceja Romero Ramón	ASISTENCIA
36 Chávez García Daniel	ASISTENCIA
37 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
38 Contreras Coeto José Luis	ASISTENCIA
39 Corral Aguilar María Mercedes	ASISTENCIA
40 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
41 Curiel Preciado Leobardo	ASISTENCIA
42 Dávila Fernández Adriana	ASISTENCIA
43 Dávila García Francisco	ASISTENCIA
44 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
45 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
46 Degante Romero Silvia Emilia	ASISTENCIA
47Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
48 Del Valle Toca Antonio	INASISTENCIA
49 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	ASISTENCIA
50 Deschamps Falcón Ángel Rafael	INASISTENCIA
51 Díaz García José Antonio	ASISTENCIA
52 Díaz Garibay Felipe	ASISTENCIA
53 Díaz Gordillo Martha Cecilia	INASISTENCIA
54 Díaz Mena Joaquín Jesús	ASISTENCIA
55 Díaz de León Torres Leticia	ASISTENCIA
56 Domínguez Servién Francisco	INASISTENCIA
57 Duck Núñez Edgar Mauricio	INASISTENCIA
58 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
59 Enríquez Martínez Luis Rodolfo	INASISTENCIA
60 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
61 Espinosa Piña José Luis	ASISTENCIA
62 Félix Holguín Armando Jesús	ASISTENCIA
63 Felton González Carlos Eduardo	ASISTENCIA
64 Fernández Cabrera Adrián	ASISTENCIA
65Fernández Ugarte Ma. del Carmen	INASISTENCIA
66 Figueroa Ortega David	ASISTENCIA
67 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro	ASISTENCIA
68 Flores Grande Arturo	ASISTENCIA
69 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
70 Fraile García Francisco Antonio	PERMISO MESA DIRECTIVA
71 Franco Cazarez Ricardo	ASISTENCIA
72 Fuentes Ortíz José Guillermo	ASISTENCIA
73 García González Carlos Alberto	ASISTENCIA
74 García Müller Martha Margarita	INASISTENCIA
75 García Reyes Ángel Humberto	ASISTENCIA
76 García Reyes Beatriz Eugenia	ASISTENCIA
77 García Vivián Raúl	ASISTENCIA
78 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	INASISTENCIA
79 Gómez Leyva Silvio	ASISTENCIA
80 González Betancourt Jorge Justiniano	ASISTENCIA
81 González Martínez María Gabriela	ASISTENCIA
82 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
83 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
84 González Ruiz Felipe	ASISTENCIA
85González Sánchez Ma. Dolores	INASISTENCIA
86Gudiño Ortíz Francisco Javier	ASISTENCIA
87 Guerrero Torres José Gildardo	ASISTENCIA
88 Gutiérrez Lagunes María Victoria	ASISTENCIA
89 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
90 Hurtado Pérez Nelly Asunción	ASISTENCIA
91 Iragorri Durán Enrique	ASISTENCIA
92Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	ASISTENCIA
93 Jiménez Ramos María Esther	ASISTENCIA
94 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	ASISTENCIA
95 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	ASISTENCIA
96 Landero Gutiérrez Alejandro	ASISTENCIA
97 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
98 Lara Compeán David	ASISTENCIA
99 Larios Córdova Héctor	ASISTENCIA
100 Laviada Hernández Iñigo Antonio	ASISTENCIA
101 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	ASISTENCIA
102 Leura González Agustín	ASISTENCIA
103 Lezama Aradillas René	ASISTENCIA
104 Limas Frescas María Soledad	ASISTENCIA
105 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	ASISTENCIA
106 López Cisneros José Martín	ASISTENCIA
107 López Reyna Omeheira	ASISTENCIA
108 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
109 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel	ASISTENCIA
110 Lujano Nicolás Christian Martín	ASISTENCIA
111 Maawad Robert Luis Xavier	ASISTENCIA
112 Macías Zambrano Gustavo	ASISTENCIA
113 Madrazo Limón Carlos	ASISTENCIA
114Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	INASISTENCIA
115 Malagón Ríos Martín	ASISTENCIA
116 Malcos Amaro María Ofelia Gloria	ASISTENCIA
117 Maldonado González David	ASISTENCIA
118Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	ASISTENCIA
119 Martínez Díaz María de Jesús	INASISTENCIA
120 Martínez Valero Dora Alicia	ASISTENCIA
121 Medellín Varela Antonio	ASISTENCIA
122 Medina Macias Alma Hilda	ASISTENCIA
123 Medina Rodríguez Delber	ASISTENCIA
124 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
125 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
126 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
127 Mendoza Morales Lucía Susana	ASISTENCIA
128 Minjares Jiménez José Manuel	ASISTENCIA
129 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	INASISTENCIA
130 Mollinedo Hernández Agustín	ASISTENCIA
131 Monraz Ibarra Miguel Ángel	ASISTENCIA
132 Montes Sánchez Fabián Fernando	ASISTENCIA
133Mora Cuevas Marisol	INASISTENCIA
134 Morales Ramos José Nicolás	ASISTENCIA
135 Morelos Borja María Esperanza	ASISTENCIA
136 Moreno Álvarez Mario Eduardo	ASISTENCIA
137 Morgan Franco Rocío del Carmen	ASISTENCIA
138 Muñoz Serrano José Antonio	ASISTENCIA
139 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
140 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
141 Navarro Sugich Carlos Alberto	ASISTENCIA
142 Nordhausen González Jorge Rubén	ASISTENCIA
143Noriega Blanco Vigil María Elena s	ASISTENCIA
144 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
145 Olvera Higuera Edgar Armando	ASISTENCIA
146Ortega Martínez Ma. del Pilar	ASISTENCIA
147Ortíz Hernández Eduardo	ASISTENCIA
148 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
149 Padilla Orozco Raúl Alejandro	ASISTENCIA
150 Palafox Núñez José Inés	ASISTENCIA
151 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
152 Parra Jiménez Dolores María del Carmen	ASISTENCIA
153 Parra Noriega Luis Gustavo	ASISTENCIA
154 Pérez Cuéllar Cruz	ASISTENCIA
155 Perroni Merino Gloria María	ASISTENCIA
156 Peyrot Solís Marco Antonio	ASISTENCIA
157 Plascencia Alonso Francisco Javier	ASISTENCIA
158 Priego Tapia Gerardo	ASISTENCIA
159 Pulido Pecero Pedro	INASISTENCIA
160 Quintero Bello Jorge	ASISTENCIA
161 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
162 Ramírez Pech Edgar Martín	INASISTENCIA
163 Ramírez Villarreal Gustavo	ASISTENCIA
164 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
165 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
166 Rincón Vargas Mirna Cecilia	ASISTENCIA
167 Rivera Rivera José Guadalupe	ASISTENCIA
168 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
169 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	INASISTENCIA
170 Rodríguez Jiménez Ricardo	ASISTENCIA
171 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
172 Rodríguez Uresti Enrique	ASISTENCIA
173 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
174 Rojas Hernández Laura Angélica	INASISTENCIA
175 Román Isidoro Demetrio	ASISTENCIA
176 Romo Jiménez Martha Angélica	ASISTENCIA
177 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	ASISTENCIA
178 Rueda Gómez Francisco	ASISTENCIA
179 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	ASISTENCIA
180 Salas Contreras Marcos	INASISTENCIA
181 Salazar Madera Mario Alberto	ASISTENCIA
182 Salum del Palacio Jorge Alejandro	INASISTENCIA
183 Sánchez Domínguez Alejandro	INASISTENCIA
184 Sánchez Gil Carlos René	ASISTENCIA
185 Sánchez Juárez Claudia	ASISTENCIA
186 Sánchez Trujillo José Víctor	ASISTENCIA
187Sandoval Munguia Juan Manuel	ASISTENCIA
188 Serrato Castell Luis Gerardo	ASISTENCIA
189Shej Guzmán Sara	ASISTENCIA
190 Solano Muñoz José de Jesús	ASISTENCIA
191 Stefanonni Mazzocco Martín	ASISTENCIA
192 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	ASISTENCIA
193 Torres Gómez Artemio	ASISTENCIA
194 Torres Herrera Víctor Manuel	ASISTENCIA
195 Torres Torres Carlos Alberto	ASISTENCIA
196Valenzuela García María Gloria	INASISTENCIA
197 Valladolid Rodríguez Antonio	ASISTENCIA
198 Vasconcelos Rueda Antonio	ASISTENCIA
199 Vázquez Martínez Alberto	INASISTENCIA
200 Vega Corona Antonio	INASISTENCIA
201 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	ASISTENCIA
202 Verástegui Ostos César Augusto	ASISTENCIA
203 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
204 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
205 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	ASISTENCIA
206 Villanueva Arjona Juan Manuel	ASISTENCIA
207 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 177
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 28
Total diputados: 207

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1Aguirre Alcaide Victor	ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida	ASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio	ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6Wilfrido Alonso Razo Humberto	ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos	ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	CÉDULA
9 Álvarez Ramón Silbestre	INASISTENCIA
10 Amaro Corona Alberto	CÉDULA
11 Aragón Castillo Irene	ASISTENCIA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	ASISTENCIA
13Arreola Calderón Juan Dario	ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando	ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	ASISTENCIA
17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	ASISTENCIA
18 Brito González Modesto	ASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador	ASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo	ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	ASISTENCIA
23 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
24Condado Escamilla Cuitlahuac	INASISTENCIA
25 Contreras Julián Maricela	ASISTENCIA
26 Cruz Santiago Claudia Lilia	ASISTENCIA
27 Cuevas Córdova Othón	ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	INASISTENCIA
29 De la Rosa García Juan Hugo	ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel	ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	INASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica	ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César	ASISTENCIA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo	ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	ASISTENCIA
43 González Garza Javier	ASISTENCIA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	ASISTENCIA
47 Hernández Hernández Sergio	ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier	ASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín	ASISTENCIA
50Nohelia Ibarra Franquez Sonia	INASISTENCIA
51 Jacques y Medina José	ASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	INASISTENCIA
53 Landero López Pedro	ASISTENCIA
54Lemarroy Martínez Juan Darío	INASISTENCIA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	INASISTENCIA
57 López Barriga Erick	ASISTENCIA
58 López Becerra Santiago	ASISTENCIA
59 López Rojas Alberto	ASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad	ASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés	ASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia	ASISTENCIA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar	ASISTENCIA
64 Márquez Tinoco Francisco	ASISTENCIA
65 Martínez Hernández Alejandro	ASISTENCIA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto	ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Francisco	ASISTENCIA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo	ASISTENCIA
69 Martínez Vargas Octavio	ASISTENCIA
70 Matías Alonso Marcos	ASISTENCIA
71 Matus Toledo Holly	INASISTENCIA
72 Mayans Canabal Fernando Enrique	ASISTENCIA
73 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
74 Mendoza Flores Roberto	ASISTENCIA
75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	ASISTENCIA
76 Mendoza Mendoza Irineo	ASISTENCIA
77 Monreal Ávila Susana	ASISTENCIA
78 Montalvo Rojas Victorio Rubén	ASISTENCIA
79 Morales Sánchez Efraín	ASISTENCIA
80 Morales Vázquez Carlos Orsoe	ASISTENCIA
81Narcía Álvarez Héctor	INASISTENCIA
82 Navarro López Carlos Ernesto	ASISTENCIA
83 Navarro Quintero Miguel Ángel	ASISTENCIA
84 Ojeda Hernández Concepción	ASISTENCIA
85 Oliva Fragoso Silvia	ASISTENCIA
86 Orcí Martínez Juan Adolfo	ASISTENCIA
87 Ortega Martínez Antonio	ASISTENCIA
88 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	ASISTENCIA
89Pacheco LLanes Ramón Félix	INASISTENCIA
90 Pedraza Chávez Isidro	ASISTENCIA
91 Pedrozo Castillo Adrián	ASISTENCIA
92 Peña Sánchez Miguel Ángel	ASISTENCIA
93 Pérez Cruz Raciel	INASISTENCIA
94 Pulido Santiago Celso David	ASISTENCIA
95 Ramos Becerril Rafael Plácido	ASISTENCIA
96 Ramos Castellanos Martín	ASISTENCIA
97 Rasgado Corsi Gloria	INASISTENCIA
98 Ríos Gamboa Raúl	ASISTENCIA
99 Romero Gutiérrez Odilón	ASISTENCIA
100Ruíz Sánchez Salvador	ASISTENCIA
101 Saavedra Coronel José Antonio	ASISTENCIA
102 San Martín Hernández Juan Manuel	ASISTENCIA
103 Sánchez Barrios Carlos	INASISTENCIA
104 Sánchez Cabrales Rafael Elías	ASISTENCIA
105 Sánchez Camacho Alejandro	ASISTENCIA
106 Sánchez Camacho David	INASISTENCIA
107Sánchez Jiménez V. Luis	ASISTENCIA
108 Sánchez Ramos Francisco	ASISTENCIA
109 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	ASISTENCIA
110 Santos Arreola Francisco Javier	ASISTENCIA
111 Solares Chávez Miguel Ángel	ASISTENCIA
112 Soriano Sánchez Rosa Elva	ASISTENCIA
113 Soto Ramos Faustino	CÉDULA
114 Soto Sánchez Antonio	ASISTENCIA
115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	ASISTENCIA
116 Torres Baltazar María Elena	CÉDULA
117 Torres García Daniel	ASISTENCIA
118 Trejo Pérez Pablo	ASISTENCIA
119 Ulloa Pérez Emilio	ASISTENCIA
120 Vallejo Estevez Mario	INASISTENCIA
121 Varela López Víctor Gabriel	ASISTENCIA
122 Velázquez Aguirre Jesús Evodio	ASISTENCIA
123 Villanueva Albarrán Gerardo	ASISTENCIA
124 Villicaña García Rafael	ASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth	ASISTENCIA
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	ASISTENCIA
127 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 107
Asistencias por cédula: 4
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 16
Total diputados: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	INASISTENCIA
2 Aguilar Diego	INASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel	ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	ASISTENCIA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel	ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel	INASISTENCIA
10 Badillo Martínez Roberto	ASISTENCIA
11Barajas Del Toro Salvador	INASISTENCIA
12 Barajas López Ramón	PERMISO MESA DIRECTIVA
13 Barba Hernández Alfredo	ASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel	ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	ASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	INASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	PERMISO MESA DIRECTIVA
20 Camacho Quiroz César Octavio	CÉDULA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	ASISTENCIA
23Cárdenas Del Avellano Enrique	INASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	ASISTENCIA
25Cerrillo Garnica José Luis	ASISTENCIA
26 Cervantes Andrade Raúl	ASISTENCIA
27 Chaurand Arzate Carlos	ASISTENCIA
28 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
29 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías	INASISTENCIA
30De la Garza Treviño Jorge Luis	ASISTENCIA
31 Díaz Athié Antonio de Jesús	ASISTENCIA
32 Díaz Solorzano Elmar Darinel	INASISTENCIA
33 Domínguez Domínguez Nemesio	INASISTENCIA
34 Duarte Jáquez César Horacio	INASISTENCIA
35 Escajeda Jiménez José Rubén	ASISTENCIA
36 Escalante Jasso Aracely	ASISTENCIA
37 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	ASISTENCIA
38 Estefan Chidiac Charbel Jorge	ASISTENCIA
39 Flores Sandoval Patricio	ASISTENCIA
40 Gamboa Patrón Emilio	ASISTENCIA
41 Garza Garza Horacio Emigdio	ASISTENCIA
42 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	INASISTENCIA
43 Gloria Requena Tomás	ASISTENCIA
44 Gómez Lugo Elda	ASISTENCIA
45 González Calderón Martha Hilda	ASISTENCIA
46 González García Sergio	INASISTENCIA
47 González Salum Miguel Ángel	ASISTENCIA
48 González Zarur Mariano	ASISTENCIA
49 Guerrero García Javier	ASISTENCIA
50 Guerrero Juárez Joel	INASISTENCIA
51 Herrera Ale Juana Leticia	INASISTENCIA
52 Herrera Coyac Wenceslao	ASISTENCIA
53 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	ASISTENCIA
54 Lagunes Gallina Gerardo	ASISTENCIA
55 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
56Madrid Tovilla Arely	ASISTENCIA
57 Martínez Rocha Arturo	ASISTENCIA
58 Martínez Rodríguez Lorena	INASISTENCIA
59 Méndez Lanz Víctor Manuel	ASISTENCIA
60 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	ASISTENCIA
61 Mendoza Cortés Mario	INASISTENCIA
62 Merodio Reza Lilia Guadalupe	ASISTENCIA
63Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	ASISTENCIA
64 Montalvo Gómez Pedro	INASISTENCIA
65 Morales García Elizabeth	ASISTENCIA
66 Mota Hernández Adolfo	ASISTENCIA
67 Muñoz Serna Rogelio	ASISTENCIA
68 Murat José	ASISTENCIA
69 Ochoa González Arnoldo	ASISTENCIA
70 Ojeda Camacho Gilberto	ASISTENCIA
71 Olivares Monterrubio Alejandro	ASISTENCIA
72 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
73 Ordaz Jiménez Ismael	ASISTENCIA
74 Orihuela Bárcenas José Ascención	INASISTENCIA
75 Orihuela Trejo José Amado	ASISTENCIA
76Ortiz Del Carpio Víctor	INASISTENCIA
77 Ortiz Proal Mauricio	ASISTENCIA
78 Padilla Gutiérrez Héctor	ASISTENCIA
79 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	ASISTENCIA
80 Palma César Víctor Samuel	ASISTENCIA
81 Parás González Juan Manuel	ASISTENCIA
82 Patrón Montalvo Jesús Manuel	ASISTENCIA
83 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	ASISTENCIA
84 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
85 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
86 Quiñones Canales Lourdes	INASISTENCIA
87 Ramírez Martínez José Edmundo	ASISTENCIA
88 Ramírez Stabros Jesús	ASISTENCIA
89 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	ASISTENCIA
90 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
91 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	ASISTENCIA
92 Rojas Gutiérrez Carlos	ASISTENCIA
93Ruíz Chávez Sara Latife	ASISTENCIA
94 Salas López Ramón	INASISTENCIA
95 Sánchez Hernández Eduardo	ASISTENCIA
96 Sandoval Paredes Sergio	INASISTENCIA
97 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
98 Sosa Castelán Gerardo	ASISTENCIA
99 Toledo Luis Jorge	ASISTENCIA
100Valencia De los Santos Víctor Leopoldo	ASISTENCIA
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio	ASISTENCIA
102Vega Ortíz María Oralia	ASISTENCIA
103 Velasco Pérez Juan Carlos	ASISTENCIA
104 Villa Villa Isael	ASISTENCIA
105 Villanueva Abraján Patricia	ASISTENCIA
106 Zatarain González Carlos Ernesto	ASISTENCIA
Asistencias: 81
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 2
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 22
Total diputados: 106

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	ASISTENCIA
2 Chozas y Chozas Olga Patricia	ASISTENCIA
3 Cobo Terrazas Diego	INASISTENCIA
4 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
5 Estrada González Faustino Javier	INASISTENCIA
6García Noriega Ma. Guadalupe Josefina	ASISTENCIA
7 González Martínez Jorge Emilio	INASISTENCIA
8 Larregui Nagel Erika	ASISTENCIA
9 Lavara Mejía Gloria	ASISTENCIA
10 López Adame Antonio Xavier	ASISTENCIA
11 López Ramírez Sergio Augusto	ASISTENCIA
12 Notholt Guerrero Alan	ASISTENCIA
13 Portilla Dieguez Manuel Salvador	ASISTENCIA
14 Puente Salas Carlos Alberto	ASISTENCIA
15 Ramírez Cerda Ana María	ASISTENCIA
16 Sesma Suárez Jesús	INASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica	ASISTENCIA
Asistencias: 13
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 4
Total diputados: 17

CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	ASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	INASISTENCIA
5 Chanona Burguete Alejandro	ASISTENCIA
6 Del Río Virgen José Manuel	ASISTENCIA
7 Esteva Salinas Alberto	ASISTENCIA
8 Godoy Cárdenas Jorge	ASISTENCIA
9 López Lena Cruz Humberto	INASISTENCIA
10 Salvatori Bronca María del Carmen	ASISTENCIA
11 Samperio Montaño Juan Ignacio	ASISTENCIA
12 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
13 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
14 Valdés Chávez Ramón	ASISTENCIA
15 Varela Lagunas Tomás José Luis	ASISTENCIA
16 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	CÉDULA
Asistencias: 13
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 2
Total diputados: 16

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo	ASISTENCIA
4 Cervantes Rivera Jaime	ASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano	ASISTENCIA
6 Herrera Solís Anuario Luis	ASISTENCIA
7Maciel Ortiz Ma. Mercedes	ASISTENCIA
8 Peregrino García Abundio	ASISTENCIA
9 Romero Guzmán Rosa Elia	INASISTENCIA
10 Solís Parga Rodolfo	ASISTENCIA
11 Vela González Joaquín Humberto	ASISTENCIA
Asistencias: 10
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 11

NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T.	PERMISO MESA DIRECTIVA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel	INASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto	ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel	ASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca	ASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia	ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma	ASISTENCIA
Asistencias: 7
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 9

ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	ASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	ASISTENCIA
3 García Méndez Armando	INASISTENCIA
4 Hernández Valadés Delio	ASISTENCIA
5 Pedro Cortés Santiago Gustavo	ASISTENCIA
Asistencias: 4
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 5

DIPUTADOS SIN PARTIDO
1 Castellanos Hernández Félix	ASISTENCIA
Asistencias: 1
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 1

1 Armendáriz García Pedro 2 Barrios Rodríguez Juan Enrique 3 Buganza Salmerón Gerardo 4 Castro De la Rosa Osiel 5 Del Valle Toca Antonio 6 Deschamps Falcón Ángel Rafael 7 Díaz Gordillo Martha Cecilia 8 Domínguez Servién Francisco 9 Duck Núñez Edgar Mauricio 10 Enríquez Martínez Luis Rodolfo 11 Fernández Ugarte Ma. del Carmen 12 García Müller Martha Margarita 13 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes 14 González Sánchez Ma. Dolores 15 Magallón Arceo Leonardo Melesio de J. 16 Martínez Díaz María de Jesús 17 Mohamar Dainitin Oscar Miguel 18 Mora Cuevas Marisol 19 Pulido Pecero Pedro 20 Ramírez Pech Edgar Martín 21 Rodríguez Ahumada Luis Fernando 22 Rojas Hernández Laura Angélica 23 Salas Contreras Marcos 24 Salum del Palacio Jorge Alejandro 25 Sánchez Domínguez Alejandro 26 Valenzuela García María Gloria Guadalupe 27 Vázquez Martínez Alberto 28 Vega Corona Antonio Faltas por grupo: 28 29 Álvarez Ramón Silbestre 30 Condado Escamilla Cuitlahuac 31 Dagdug Lützow Moisés Félix 32 Díaz Contreras Adriana 33 Nohelia Ibarra Franquez Sonia 34 Jiménez Valenzuela María Eugenia 35 Lemarroy Martínez Juan Darío 36 Lizárraga Peraza Víctor Manuel 37 Matus Toledo Holly 38 Narcía Álvarez Héctor 39 Pacheco LLanes Ramón Félix 40 Pérez Cruz Raciel 41 Rasgado Corsi Gloria 42 Sánchez Barrios Carlos 43 Sánchez Camacho David 44 Vallejo Estevez Mario Faltas por grupo: 16

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Abramo Masso Yerico
2 Aguilar Diego
3 Ayala Almeida Joel
4 Barajas Del Toro Salvador
5 Biebrich Torres Carlos Armando
6 Cárdenas Del Avellano Enrique
7 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías
8 Díaz Solorzano Elmar Darinel
9 Domínguez Domínguez Nemesio
10 Duarte Jáquez César Horacio
11 Gebhardt Garduza Yary del Carmen
12 González García Sergio
13 Guerrero Juárez Joel
14 Herrera Ale Juana Leticia
15 Martínez Rodríguez Lorena
16 Mendoza Cortés Mario
17 Montalvo Gómez Pedro
18 Orihuela Bárcenas José Ascención
19 Ortiz Del Carpio Víctor
20 Quiñones Canales Lourdes
21 Salas López Ramón
22 Sandoval Paredes Sergio
Faltas por grupo: 22

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Diputado
1 Cobo Terrazas Diego
2 Estrada González Faustino Javier
3 González Martínez Jorge Emilio
4 Sesma Suárez Jesús
Faltas por grupo: 4

CONVERGENCIA
Diputado
1 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús
2 López Lena Cruz Humberto
Faltas por grupo: 2

PARTIDO DEL TRABAJO
Diputado
1 Romero Guzmán Rosa Elia
Faltas por grupo: 1

NUEVA ALIANZA
Diputado
1 Castillo Nájera Ariel
Faltas por grupo: 1

ALTERNATIVA
Diputado
1 García Méndez Armando
Faltas por grupo: 1