«Dictamen de la Comisión de Transportes, relativo a diversas proposiciones con punto de acuerdo presentadas ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura fueron turnadas para su estudio y dictamen las siguientes proposiciones con punto de acuerdo:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Transportes somete a la consideración de esta honorable asamblea el dictamen relativo a los puntos de acuerdo antes mencionados, el cual se realiza bajo los siguientes

Antecedentes

Consecuente con lo anterior, las proposiciones con punto de acuerdo listadas en el proemio de este dictamen tienen por turno la Comisión de Transportes, con el carácter de comisión única y le corresponde en exclusiva rendir el dictamen relativo.

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en las proposiciones con punto de acuerdo listadas, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

Después de valorar las inquietudes expresadas por los diputados proponentes, se considera que cada una de ellas se refiere a eventos y persigue objetivos concretos que han sido rebasados por el mero transcurso del tiempo, por lo que debe concluirse que las solicitudes resultan ahora extemporáneas o los puntos de acuerdo que se solicitan carecen en la actualidad de materia.

Por lo anterior, la comisión dictaminadora determinó, durante su reunión de trabajo del 14 de diciembre de 2006, dictaminar en negativo las proposiciones con punto de acuerdo antes mencionadas, debido a que no se estimó necesario entrar en el análisis del fondo del asunto, realizar juicios de valor y aprobar los puntos de acuerdo solicitados.

El 14 de marzo del presente, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados informó sobre la modificación del trámite dictado a las proposiciones con punto de acuerdo presentadas durante la LIX Legislatura y que aún se encuentran pendientes de dictamen o resolución en comisiones. Lo anterior permite que las proposiciones mencionadas modificaran su turno exclusivamente a la Comisión de Transportes.

Consecuentemente, la Comisión de Transportes considera que no ha lugar a aprobar los puntos de acuerdo materia de este dictamen y que procede el archivo de los expedientes como asuntos definitivamente concluidos.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Transportes se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. No son de aprobarse las proposiciones con punto de acuerdo materia del presente dictamen e identificadas en el proemio del mismo.

Segundo. Archívense los expedientes relativos como asuntos total y definitivamente concluidos.

«Dictamen de la Comisión de Vivienda, sobre la proposición con punto de acuerdo para que se integre una subcomisión que analice y cuantifique el déficit de vivienda en México, y emprenda un estudio de los mecanismos legales a fin de establecer como política de Estado un programa que garantice el otorgamiento anual de al menos 500 mil viviendas a familias de escasos recursos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, perteneciente a la LX Legislatura, le fue turnada, para su estudio y dictamen, la siguiente proposición con punto de acuerdo de la anterior legislatura:

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Vivienda somete a la consideración de esta honorable asamblea el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, el cual se realiza de acuerdo en los siguientes

Antecendentes

Consecuentemente, la proposición con punto de acuerdo enlistada en el proemio de este dictamen tienen por único turno a la Comisión de Vivienda, como la responsable de emitir el dictamen correspondiente.

Por lo expuesto, los integrantes de esta comisión consideran necesario emitir el dictamen correspondiente, a fin de dejar su validez o su improcedencia, de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

Primera. La comisión dictaminadora realizó el estudio y el análisis de los planteamientos de la proposición con punto de acuerdo enlistada, a fin de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen.

Segunda. Después de valorar las motivaciones expresadas por la diputada proponente, se consideró que se refiere a un evento y persigue objetivos pasados, que ha sido rebasado por el mero transcurso del tiempo; es decir, la proposición en cuestión resulta en la actualidad extemporánea o carece de la materia que le dio sustento y validez en su momento. Por tanto, de retomarlo caeríamos en una falsa interpretación de la realidad.

Por lo expuesto, esta comisión dictaminadora considera que no es procedente entrar en el análisis de la proposición mencionada, a fin de realizar un juicio de su contenido, y se propone desechar el expediente como asunto definitivamente concluido.

En mérito de lo externado, se somete a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, presentada por la diputada María Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, perteneciente a la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados.

Segundo. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Publíquense en el Diario de los Debates yarchívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Proposiciones de acuerdo de los órganos del gobierno de la Junta de Coordinación Política.

CAMARA DE DIPUTADOS

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Comunicación de la Junta de Coordinación Política, con la que remite el anteproyecto de Presupuesto de la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal de 2008.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el anteproyecto de presupuesto de la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal de 2008.

La diputada Layda Elena Sansores San Román (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputada Layda Sansores. Si le dan sonido, por favor, a la curul de la diputada.

La diputada Layda Elena Sansores San Román (desde la curul): Quisiera Convergencia presentar un posicionamiento.

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, diputado Javier González. Sonido a la curul del diputado Javier González.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputada Layda Sansores y diputados en general. El diputado Javier González Garzaha pedido que consulte a la Asamblea, en votación económica, si se puede discutir el punto para más tarde. Si ustedes lo aprueban, quedaría para discutirse más tarde.

Quienes así deseen que sea, por favor manifiéstenlo con su voto, que se pueda discutir más tarde.

(Votación).

Dejamos de votar y vamos a escuchar a la diputada Layda Sansores. Le dan sonido, por favor.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Claro que sí, diputada. No habrá problema. Vamos a posponerlo para más tarde, en cuanto se pueda reagendar.

Solicito a todos los medios de comunicación y a los diputados que están presentes que pasen a tomar sus lugares.

JOSUE DEMETRIO ROMAN REYES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: La Mesa Directiva participa a la Asamblea que ayer falleció en un lamentable accidente el niño Josué Demetrio Román Reyes, quien fuera hijo de nuestro compañero, el diputado Demetrio Román Isidoro. Los integrantes de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados nos solidarizamos con la familia Román Reyes por esta sensible pérdida y hacemos votos por una pronta resignación. Se invita a los presentes a ponerse de pie para guardar un minuto de silencio.

(Minuto de silencio)

Gracias. Continuamos con los oficios de la Cámara de Senadores, por favor.

CAMARA DE SENADORES

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 61 párrafo 5 de la Ley Orgánica del Congreso General; y 13 del Reglamento para el Gobierno Interior, me permito comunicar a usted que en sesión de instalación celebrada el día de hoy, la Cámara de Senadores de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, eligió la Mesa Directiva que conducirá los trabajos durante el período del 1 de septiembre de 2007 al 31 de agosto de 2008, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, como sigue:

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: De enterado.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a esa honorable colegisladora, que en sesión celebrada en esta fecha, la Cámara de Senadores se declaró constituida para su primer período de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: De enterado.

Dictámenes de primera lectura. El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de dictámenes. En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Equidad y Género fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa presentada por la diputada Lourdes Quiñones Canales , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y suscrita por la diputada Araceli Escalante Jasso, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La Comisión de Equidad y Género, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. Antecedentes

En sesión celebrada con fecha 8 de marzo de 2007 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la diputada Lourdes Quiñones Canales , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y suscrita por la diputada Araceli Escalante Jasso, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman diversas disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Equidad y Género para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido de la iniciativa

En el texto de la iniciativa menciona la diputada que a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia despertó polémica y posiciones muy diversas entre quienes reconocen la violencia y discriminación que sufrimos las mujeres y entre los que se niegan a ver la realidad y cuyas ``buenas conciencias'' se encuentran dominadas por pruritos, prejuicios y concepciones oscurantistas.

La promovente acota que, en primer término, es menester aclarar que esta ley cumple una función fundamental: orientar la conducta. Es decir, deja en claro que no es normal ni natural ejercer violencia contra una mujer que por el hecho mismo de serlo, lo cual es importante si analizamos las cifras de mujeres violentadas, es decir, lo que busca en primer término es crear conciencia de la gravedad de la violencia contra las mujeres.

La iniciadora argumenta que la ley es imperfecta de acuerdo con la doctrina, no porque sea mala o deficiente sino porque no considera sanciones, y no las considera porque es precisamente una ley preventiva y orientadora de conductas, que lo que busca es en primer término crear conciencia de la gravedad de la violencia contra las mujeres, así como mandatar acciones concretas a los poderes del Estado en sus distintos niveles de gobierno y sus instituciones, sienta las bases para que se legisle en un mismo sentido y para crear políticas transversales que permitan impulsar estrategias a nivel nacional, de ahí la creación del ``sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres''.

Argumenta la diputada que en el pasado y hasta hace muy pocos años, por ejemplo, en algunos estados, la sanción por el robo de una vaca era mayor que la sanción por violar a una mujer o a una niña. Esta ley pretende evitar tales situaciones, ya que al describir perfectamente la conducta punible a nivel federal, obliga a que el DF y las entidades federativas legislen en ese sentido.

Señala como ejemplo de avances importantes el que la Secretaría de Gobernación puede emitir alertas de violencia y que considera resarcir el daño por parte del Estado mexicano, de acuerdo con los parámetros establecidos en los instrumentos internacionales que México ha firmado, al fin dejarán de ser letra muerta.

Además, señala la diputada que la aseveración de que la ley tiene deficiencias que van en contra de la Constitución, como es el caso de las facultades que se otorgan a la Secretaría de Gobernación para declarar ``un estado de excepción'', que actualmente es atribución del Congreso, lo cual resulta ser falso, ya que el artículo 42 de la ley en cuestión, en su fracción I, faculta a la secretaría para declarar la ``alerta de violencia de género contra las mujeres'', que no es lo mismo que declarar un ``un estado de excepción'', que consiste en suspender las garantías individuales, mandatado por el artículo 29 constitucional, por lo que estima que no se aplica al caso de la ley, ya que las y los legisladores cumplieron cabalmente su labor legislativa.

Concluye que la ley en comento es perfectible y hemos de reconocer que es necesario para no incurrir en ninguna omisión, contradicción o laguna en el ámbito de competencia de la ley incluir el Distrito Federal en el cuerpo de ella y, por otro lado, la iniciadora se refiere a que en el artículo sexto señala como un tipo de violencia el desamor, concepto que por ser subjetivo debe ser eliminado. Si el amor no está legislado, el desamor no puede ser un delito sino sus manifestaciones violentas y denigrantes, como el maltrato, la indiferencia, la restricción económica, las burlas y las ofensas acerca del físico o las descalificaciones.

Asevera la promovente que en sentido estricto la ley sí invade la vida sentimental de la pareja, porque cualquier relación, aunque sea privada de la índole que se trate, sentimental o no, cuando atenta contra los derechos humanos, si es contraria a derecho en ese momento se convierte en asunto público, por ello la función de la ley es ordenar y regular la vida en sociedad, y esta ley da la pauta para hacerlo, a partir de realidades. Nadie puede decir que los gritos, los insultos, la violencia económica, la celotipia, el daño psicológico, las amenazas, los golpes, los feminicidios y la discriminación son un invento del legislador y que en la vida cotidiana esto no sucede, por ello la ley era necesaria, pues era una deuda pública con las mujeres mexicanas, una necesidad postergada y un logro importante, el cual será siempre objeto de aporte y perfeccionamiento por parte de las legisladoras y los legisladores, tanto en la presente como en las posteriores legislaturas.

Finalmente, la propuesta de iniciativa contiene el siguiente proyecto de decreto:

Primero. Se agrega el Distrito Federal a los artículos 1, 2, 8, 14, 35 y 40; a las fracciones IX del artículo 41, IV del artículo 42 y II del artículo 48; y al artículo 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar de la siguiente manera:

Segundo. Se elimina la palabra ``desamor'' del artículo sexto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar de la siguiente manera:

Transitorios

Primero. Quedará sin efecto cualquier disposición que se ponga (sic) al presente ordenamiento.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. La reglamentación y normatividad en la materia deberán adecuarse en un plazo no mayor de 30 días, una vez publicado el presente decreto.

III. Consideraciones

La comisión dictaminadora expone la siguiente valoración de la iniciativa:

Es relevante señalar que en el marco de la lucha por el reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres en México, ha tenido numerosos avances con la firma y ratificación de instrumentos internacionales sobre la materia, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su Protocolo Facultativo; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará); la Plataforma de Acción de Beijing; la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Mujer y la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo, entre otros.

Esta dictaminadora considera la necesidad de homologar la legislación en la materia, para evitar confusiones o menoscabos en la aplicación de la norma y que represente un detrimento a los derechos de las mujeres.

En ese sentido, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene como objetivo proteger el derecho de las mujeres y las niñas a vivir una vida libre de violencia, estableciendo las bases de coordinación para la prevención, protección y asistencia a las mujeres y niñas con la finalidad de erradicar la violencia que se ejerce contra ellas, el trabajo de coordinación atendiéndose desde la perspectiva de todos los niveles de gobierno, es decir, incluye el gobierno federal, estatal, municipal y el Distrito Federal.

Es menester señalar que la ley de merito establece la obligación del Estado para realizar las acciones necesarias, contundentes y definitivas tendientes a erradicar la violencia de género, y señala que éste debe garantizar la seguridad e integridad de las víctimas mediante el otorgamiento de órdenes de protección y la intervención policial correspondiente, en los casos de violencia familiar, los tipos de violencia que se ejerce en contra las mujeres y que contempla la ley de manera integral, las enumera en sicológica, física, patrimonial, económica, sexual y cualesquiera otras que lesionen o dañen su dignidad, integridad o libertad.

La violencia familiar al marco de lo que establece la Ley, se contextualiza como el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, sicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantenga o hayan mantenido una relación de hecho.

Además, el propio ordenamiento establece la obligación de los Poderes Legislativos federal y locales, de tipificar el delito de violencia familiar, además de establecerla como causal de divorcio, de pérdida de la patria potestad y de restricción para el régimen de visitas, así como el impedimento para la guarda y custodia de niños y niñas.

Es importante establecer que los lineamientos y mecanismos para la asistencia y atención a las víctimas, señala que los deberes de las autoridades en todos los niveles de gobierno, incluyendo el Distrito Federal, a fin de prestar todo tipo de asistencia a las víctimas de violencia familiar, estipulando un programa integral que distribuye las competencias y obligaciones para que todos los niveles del Estado, garanticen la seguridad e integridad de las víctimas.

Por ello, esta dictaminadora coincide con la iniciadora ya que es congruente y acorde en el sentido de que la ley debe ser incluyente del Distrito Federal para que en el ámbito de sus atribuciones armonice las acciones que estén dirigidas al acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia, ya que la legislación obliga al Estado a destinar recursos suficientes para enfrentar la violencia contra las mujeres, así como la obligación de los Congresos locales a legislar en la materia; ello con el objetivo de que las autoridades garanticen mediante políticas gubernamentales, la atención, sanción y erradicación de la violencia desde el municipio hasta la federación, incluyendo al Distrito Federal.

La importancia de que sea incluyente del Distrito Federal en el marco de la legislación, es a partir de que en la misma se establece un Programa Integral de Asistencia, Protección y Erradicación de la Violencia contra Mujeres y Niñas, cuyas acciones están encaminadas a difundir el conocimiento y fomentar el respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; a prevenir y erradicar las conductas estereotipadas de hombres y mujeres, impulsar la capacitación del personal encargado de la procuración e impartición de justicia, así como de quienes están a cargo de la aplicación de las políticas públicas en la materia, y suministrar asistencia especializada para la atención y protección a las víctimas, pero ello únicamente será posible a través del trabajo coordinado que realice el gobierno federal, estatal, municipal y del Distrito Federal.

Es relevante señalar que actualmente hay 53 millones 522 mil 389 de mujeres, que representan 50.28 por ciento de la población total, con una esperanza de vida de 78 años de edad; 27 por ciento tienen 40 años o más; 62.8 por ciento son jóvenes adultas, y 8.4 por ciento se encuentran en la tercera edad; 28.8 son niñas y adolescentes, menores de 15 años de edad; 39.4 por ciento cuenta con servicios de seguridad social.

Datos del Instituto Nacional de las Mujeres reportan que durante 2006 se recibieron 34 mil 356 llamadas denunciando violencia de género, lo que significó un incremento de 67 por ciento respecto al año anterior. De igual forma, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática señala que casi el 8 por ciento de las mujeres de nuestro país sufren violencia sexual, mientras el 9 por ciento son objeto de violencia física, el 27 por ciento de violencia económica y el 34 por ciento violencia psicológica.

Además, datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, reflejan que aproximadamente seis millones de personas que viven en el Distrito Federal y en el área metropolitana sufren algún tipo de violencia y tomando en cuenta que la población total de la República Mexicana, es de ciento cinco millones de habitantes, es decir que de cada diez habitantes, uno pertenece al Distrito Federal o al área metropolitana, de ahí la preocupación de la dictaminadora para incluir al Distrito Federal a fin de garantizar la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia a las mujeres y las niñas.

Esta dictaminadora coincide con la promovente en el razonamiento que señala como tipo de violencia psicológica el desamor, ya que el mismo es un concepto subjetivo, que no podría concebirse como un delito, puesto que los delitos se configuran a través de la manifestación de conductas externas.

Por otro lado, la definición ``desamor'' no se encuentra regulada bajo ningún contexto en otra legislación vigente y que para el juzgador podría resultar inadecuada la interpretación y consideración por la que habría de sancionar una conducta subjetiva como lo es el ``desamor''. En ese orden de ideas, pretender castigar el ``desamor'' resulta inoperante puesto que de acuerdo con la definición que la Real Academia Española, establece que se entiende por dicho concepto como falta de cariño, actualizándose la imposibilidad para el encargado de aplicar la ley en comento.

Además, si el juzgador pretende detectar la falta de cariño, se estima que estaría en el contexto de la violencia y sólo si se externará a través de una conducta, a fin de sancionar la misma como parte del objeto que tiene la aplicación del derecho a través de las leyes y en especial con el objetivo que persigue la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que es precisamente el sancionar todas aquellas conductas que ejerzan violencia contra las mujeres y las niñas. En ese orden de ideas, el mismo ordenamiento, al describir los tipos de violencia en el artículo 6, entraña las conductas que pueden ser originadas precisamente por la falta de amor de una persona sobre otra.

A través de las leyes se establecen un conjunto de normas que regulan la conducta, para que en caso de no observarlas se persiga la aplicación de una sanción, y que para el caso del ``desamor'', no se trata de un acto reflejado en una conducta; antes bien, se trata de un sentimiento que se traduce en una conducta subjetiva, por ello esta dictaminadora considera que es viable eliminar la palabra desamor de la Ley, a fin de buscar que el juzgador la interprete y aplique a casos concretos y a la luz de las consideraciones que las y los legisladores buscan en beneficio de las mujeres.

Finalmente, la dictaminadora estima pertinente eliminar el artículo segundo del proyecto de decreto y dejarlo un único, con al finalidad de integrar las reformas a un solo precepto en el decreto. A su vez, considera que en función de que no hay ordenamientos que se deriven de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para el caso de los transitorios primero y tercero, éstos son innecesarios.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Equidad y Género somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Artículo Único. Se reforman los artículos 1, primer párrafo, 2, 6, fracción I, 8, primer párrafo, 14, primer párrafo, 35, primer párrafo, 40, 41, fracción IX, 42, fracción IV, 48, fracción II, y 49, primer párrafo, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es de primera lectura.

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Equidad y Género fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa presentada por la diputada Mónica Arriola Gordillo , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, por el que se reforma el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

La Comisión de Equidad y Género, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6 incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los artículos 56, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

Metodología

I. Antecedentes

En sesión celebrada con fecha 14 de noviembre de 2006 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la diputada Mónica Arriola Gordillo , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Equidad y Género para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido de la iniciativa

En el texto de la iniciativa menciona que mujeres y hombres poseemos por naturaleza cuerpos y características físicas y sexuales que nos diferencian desde que nacemos. Tomando en cuenta esas particularidades se han establecido dentro de las sociedades funciones y roles distintos para ambos sexos.

Señala la promovente que el género es una creación social de ideas sobre los roles que se consideran apropiados para mujeres y hombres y cita textualmente la definición que sobre este concepto da los Diez criterios básicos para eliminar el lenguaje sexista en la administración pública federal, elaborados por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en 2006: ``El género es el conjunto de ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales construidas en cada cultura tomando como base la diferencia sexual''.

Por otra parte, menciona que una de las manifestaciones más claras de la discriminación contra las mujeres es la violencia, transgresión especialmente grave de derechos humanos, dada la forma en que viola muchos otros derechos a la vez. Refiere la iniciadora que en México, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 47 por ciento de las mujeres padece violencia y 7 de cada 10 familias sufren violencia intrafamiliar. Además, nuestro país se encuentra entre las 15 naciones con más homicidios dolosos de mujeres y forma parte de los 30 países con las tasas más altas de violación.

La diputada promovente señala que en la lucha por la igualdad de hombres y de mujeres y la incorporación de la perspectiva de género, en México se han llevado a cabo avances que empezaron desde la reforma en 1953 del artículo 34 constitucional, para reconocer el derecho de las mujeres a ser ciudadanas y, con ello, el derecho a votar y a poder ser electas. Del mismo modo, en 1974 se estableció en el artículo 4o. constitucional la igualdad jurídica de hombres y de mujeres, además de plantearse en ella que todo individuo tiene el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. En 2001 se publicó la Ley que crea el Instituto Nacional de las Mujeres, establecido formalmente el 8 de marzo. Ese año se introdujo en el artículo 1o. constitucional la cláusula de no discriminación en razón de género y con ello se logró el fundamento constitucional para la igualdad material de derechos y oportunidades de las mujeres.

También señala la iniciativa que uno de los grandes avances para nuestro país fue la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de agosto de 2006, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que es reglamentaria del artículo 4o. constitucional y responde a los compromisos internacionales adquiridos con la firma y ratificación de los instrumentos.

La iniciadora menciona que la propuesta de proyecto de decreto en comento, se hace con la finalidad de que existan concordancia y homogeneidad entre las leyes que rigen la administración pública de nuestro país y con el objetivo de que la falta de definiciones de los conceptos básicos en leyes fundamentales en esta materia no suscite confusiones. Finalmente, la propuesta de iniciativa contiene el siguiente proyecto de decreto:

Artículo Único. Se reforma el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:

Artículo 5.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. Consideraciones

La Comisión dictaminadora expone la siguiente valoración de la iniciativa:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1o., prohíbe toda forma de discriminación; a su vez, en su numeral 4 consagra la igualdad de mujeres y hombres.

Es importante resaltar que nuestro país, en la lucha por el reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres, ha registrado valiosos avances, pues se ha logrado la firma y aceptación de diversos instrumentos internacionales sobre la materia, entre los cuales tenemos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su Protocolo Facultativo; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará); la Plataforma de Acción de Beijing; la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Mujer y la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo, entre otros.

En dichos instrumentos se contemplan diversas disposiciones que avanzan hacia la protección de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de las mujeres, en el reconocimiento de la igualdad entre el hombre y la mujer, y buscan eliminar la desigualdad existente y discriminación por razones de género.

En cuanto a la legislación interna, están vigentes la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia; ordenamientos que avanzan en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de las mujeres.

La dictaminadora coincide con la diputada proponente en el sentido de que se debe homologar la legislación en la materia, con la finalidad de evitar confusiones en la aplicación de la norma y que representen un menoscabo a los derechos de las mujeres.

Por ello, la comisión dictaminadora estima procedente la propuesta de reforma en comento a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, cuyo objeto es regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres; además de proponer lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado.

Siendo que es la primera reforma a la ley en comento, desde su publicación el 2 de agosto de 2006 y que se reforma el artículo 5°, la dictaminadora estima que existe un error en la redacción de la fracción I de citado precepto, ya que al definir las acciones afirmativas no se considera al género masculino en su sentido plural, como se hace con el femenino, por lo que se propone que el texto de la fracción I del artículo 5 quede como sigue:

Artículo 5.

Dada la trascendencia de esta reforma, deben tomarse en cuenta otros ordenamientos jurídicos que están vinculados con la Iniciativa en comento. Por tal razón, la dictaminadora estima necesario cambiar el texto del artículo 5, fracción II, propuesto en la iniciativa, en el cual se define a la discriminación, toda vez que se propone una nueva definición a la que se encuentra establecida en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, vigente desde el 12 de junio de 2003, la cual es reglamentaria de la Carta Magna en materia de discriminación.

Con el cambio propuesto por la dictaminadora, se retoma la definición establecida en la ley citada y se procura evitar confusiones y/o contravenciones entre los ordenamientos jurídicos; de esa manera, quedaría como sigue:

Artículo 5.

En lo que respecta a los conceptos de equidad de género y perspectiva de género, la iniciativa en mención, los retoma del artículo 5 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), con lo cual se logra una homologación de estos conceptos en el ordenamiento que se propone reformar en la ley citada y de esta manera se evitarían confusiones o contravenciones a lo establecido en ambas legislaciones.

Por ello, esta dictaminadora en concordancia con la necesidad de armonizar los conceptos que ya están previamente establecidos en los ordenamientos jurídicos, en la materia se considera que el texto de la fracción V del artículo 5 del proyecto de decreto en mención, quedaría como sigue:

Artículo 5.

En atención a lo señalado, se propone que la definición de perspectiva de género del proyecto de decreto en mención, se agreguen las palabras ``concepto que se refiere a'' con la finalidad de armonizar el término que contempla la Ley del Inmujeres, para quedar como sigue:

De esta manera, los conceptos ``género'' y ``perspectiva de género'' se están homologando a los ya existentes en la legislación vigente y que coinciden con el espíritu de la propuesta por la promovente.

Por otro lado, es necesario destacar el hecho que la definición sobre discriminación contra la mujer que da el texto de la propuesta de iniciativa en comento, retoma el establecido en el artículo 1o. de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW); con lo cual se armoniza la legislación nacional con lo que establece dicho instrumento internacional.

Sin embargo, esta dictaminadora considera pertinente la inclusión del concepto estereotipo a la definición de discriminación, toda vez que se concibe como una representación social compartida por un grupo que define, de manera simplista, a las personas a partir de convencionalismos que no toman en cuenta sus verdaderas características, capacidades y sentimientos. Un estereotipo se constituye como un modelo o ``molde'' de cualidades y valores que deben interiorizar y asumir mujeres y hombres en sociedad y que éstos se transmiten y promueven por diversas vías, tales como la educación formal y la educación informal, o bien, imitamos y que constituyen una ruta eficaz para preservar la idea de desigualdad entre hombres y mujeres, por lo que el concepto discriminación, queda como sigue:

Es necesario citar el numeral 8 de la recomendación general número 25, sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW), referente a medidas especiales de carácter temporal, el cual señala lo siguiente:

En el mismo sentido, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW), en la definición que da sobre discriminación no refiere un trato igual a los hombres y mujeres para lograr su erradicación. Por el contrario, establece que se considera discriminatorio todo trato que tenga por resultado la desigualdad, lo que significa que si a una mujer se le da un trato idéntico al del hombre y de ello resulta una posición en desventaja para aquella, se considerará un acto discriminatorio aunque se haya realizado en aras de la igualdad.

De lo anterior es menester destacar que la iniciativa propuesta pretende definir el término igualdad entre mujeres y hombres. La dictaminadora estima que uno de los objetivos de la legislación es establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito económico, político, social y cultural, tomando en cuenta estos criterios la ley establece los lineamientos y mecanismos institucionales que buscan desarrollar acciones afirmativas y medidas compensatorias para conseguir dicha igualdad sustantiva, eliminar toda discriminación basada en el sexo y empoderar a las mujeres.

Esta dictaminadora considera que no es necesario incluir en la propuesta de reforma la definición de igualdad entre hombres y mujeres puesto que el propio artículo 6 de la ley ya lo contempla y lo define como la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo.

En consecuencia, definir la igualdad entre mujeres y hombres como se propone en la iniciativa, resulta innecesario porque la misma ya esta contemplada en el cuerpo del ordenamiento. De ahí que la dictaminadora proponga eliminar la fracción VI del artículo 5 de la propuesta de proyecto de decreto, por lo que se recorre la numeración de las fracciones subsecuentes para quedar en VI, VII, VIII y IX, en lugar de VII, VIII, IX y X.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Equidad y Género somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Artículo Único. Se reforma el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:

Artículo 5. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es de primera lectura.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio y dictamen, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma que reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud.

La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 39, 44 y 45 y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen de acuerdo con la siguiente:

Metodología

La comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de ``Antecedentes'' se da constancia del trámite, del proceso legislativo, del recibo en turno para el dictamen de la referida minuta y de los trabajos previos de la comisión dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a ``Contenido'', se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de ``Consideraciones'', la Comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la propuesta en análisis.

I. Antecedentes

En sesión celebrada con fecha 18 de noviembre de 2003, la diputada Irma Figueroa Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud en materia de adicciones.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de este órgano legislativo, turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud, para su estudio y posterior dictamen.

Con fecha 18 de marzo del 2004 se presentó ante el pleno de esta Cámara el dictamen correspondiente, mismo que fue aprobado y turnado a la honorable Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

El 24 de marzo del 2004, se recibió en la honorable Cámara de Senadores la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 172 y se adiciona un artículo 184 Ter a la Ley General de Salud, en la misma fecha la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores turnó dicha minuta a las Comisiones Unidas de Salud, de Seguridad Social, y de Estudios Legislativos, para su análisis y posterior dictamen.

El 29 de septiembre del 2005 la Cámara de Senadores aprobó el dictamen correspondiente, que fue devuelto en minuta a esta Cámara de Diputados para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.

En sesión celebrada con fecha 4 de octubre de 2005, se dio cuenta de la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud, para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

II. Contenido

La minuta en comento pretende reformar la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud, con dichas reformas, se pretende dar mayor precisión a dicha Ley en cuanto respecta al término de adicciones. Se considera que el término farmacodependencia limita a las adicciones en general, excluyendo al tabaco y alcohol, entre otro tipo de adicciones.

Por otro lado, se busca establecer, a través de la Ley General de Salud, las bases de coordinación entre entidades y federación para el manejo de adicciones, mediante la segmentación de un Programa Nacional, divido en tres tipos de adicciones: al alcohol, al tabaco y la farmacodependencia.

III. Consideraciones

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de esta Comisión de Salud, de conformidad con lo que lo que establece el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto que reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforma la fracción III del artículo 112 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es de primera lectura.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 198 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea

A la Comisión de Salud de la honorable Cámara de Diputados de la LIX, fue turnada para su estudio y posterior dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 198 de la Ley General de Salud, presentada por el diputado José Ángel Córdova Villalobos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los integrantes de esta comisión dictaminadora con fundamento a los artículos 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 numerales 1o. y 3o., 43, 44, 45, numeral 6, inciso e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta honorable asamblea el presente dictamen mismo que se realiza bajo la siguiente:

Metodología

La comisión en cargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capitulo de Antecedentes se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo del turno para el dictamen de la referida iniciativa, así como de los trabajos previos de la comisión.

En el capitulo correspondiente a Contenido se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que compone.

En el capitulo de Consideraciones , la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen.

I. Antecedentes

En sesión celebrada con fecha 25 de abril de 2006, por el pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 198 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Ángel Córdova Villalobos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de éste órgano legislativo, turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

En su exposición de motivos, el promovente señala que el surgimiento de nuevas modalidades de servicios que benefician a las instituciones públicas y privadas dedicadas a la prestación de servicios de salud, como los centros de mezclas que son unidades especializadas para la preparación de prescripciones inyectables para áreas tales como nutrición parenteral total, analgesia y onco-hematología, hacen necesario que por el potencial riesgo que representan sean objeto de atención por parte de las autoridades sanitarias.

Afirma que: Actualmente, este tipo de establecimientos no está obligado a contar con autorización sanitaria, sino tan sólo está sujeto a la presentación del aviso de funcionamiento. Dada la naturaleza de los productos que se manejan en estos centros de mezcla, por ejemplo, los oncológicos que requieren tanto capacitación adecuada para el personal que manipula los medicamentos, cuanto instalaciones que cuenten con óptimas condiciones de seguridad para la preparación de las mezclas, es indispensable que estos establecimientos y los procesos que se realizan en los mismos, sean sujetos a la autorización sanitaria.

Por estos, entre otros motivos, propone que se adicione una fracción VI al artículo 198 de la Ley General de Salud, a fin de que los centros de mezclas cumplan con el requisito de una autorización sanitaria para su funcionamiento.

III. Consideraciones

La Ley General de Salud señala en la fracción XXIV del artículo 3o. que es materia de salubridad general el control sanitario de productos y servicios y de su importación y exportación.

En este orden de ideas, la propia ley en su artículo 194 establece que se entiende por control sanitario, el conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, verificación y en su caso, aplicación de medidas de seguridad y sanciones, que ejerce la Secretaría de Salud con la participación de los productores, comercializadores y consumidores, con base en lo que establecen las normas oficiales mexicanas y otras disposiciones aplicables.

De la misma forma, el último párrafo del artículo citado, dispone que el control sanitario del proceso, importación y exportación de medicamentos, estupefacientes y substancias psicotrópicas y las materias primas que intervengan en su elaboración, compete en forma exclusiva a la Secretaría de Salud, en función del potencial de riesgo para la salud que estos productos representan.

Como lo menciona el promovente en su exposición de motivos, el artículo 368 de la ley en comento, define la autorización sanitaria como el acto administrativo mediante el cual la autoridad sanitaria competente permite a una persona pública o privada, la realización de actividades relacionadas con la salud humana, en los casos y con los requisitos y modalidades que determine esta ley y demás disposiciones generales aplicables.

Derivado de lo anterior, la Secretaría de Salud emite el Reglamento de Insumos para la Salud que tiene por objeto reglamentar el control sanitario de los insumos y de los remedios herbolarios, así como el de los establecimientos, actividades y servicios relacionados con los mismos.

De conformidad con lo que establece el artículo 39 la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como del Reglamento de Insumos para la Salud, la Secretaría de Salud emitió la norma oficial mexicana NOM-059-SSA1-1993, Buenas prácticas de fabricación para establecimientos de la industria químico farmacéutica dedicados a la fabricación de medicamentos; la cual tiene por objeto establece los requisitos mínimos necesarios para el proceso de los medicamentos y/o productos biológicos comercializados en el país, con el objeto de proporcionar medicamentos de calidad al consumidor.

A pesar de lo anterior, coincidimos con el promovente en que existe un vacío en la ley al no mencionar a los centros de mezclas en el texto del artículo 198 de la ley. Consideramos necesario incorporar a los centros de mezclas dentro de la Ley General de Salud, ya que como lo manifiesta el promovente, ya que al hacerlo, dichos establecimientos serán materia de normas de funcionamiento y seguridad específicas, tales como normas de buenas prácticas que verifiquen la validación de áreas, manejos de materia prima, procesos y cumplimiento de las disposiciones legales en materia ecológica, asimismo, se incluirá en el Reglamento de Insumos para la Salud las características sanitarias necesarias para su funcionamiento.

La administración de medicamentos por vía endovenosa exige una mayor atención de los integrantes del equipo de salud, por lo que es necesario dotar a la Secretaría de Salud de facultades para supervisar el funcionamiento de los centros de mezclas.

La nutrición parenteral consiste en la provisión de nutrientes mediante su infusión a una vía venosa a través de catéteres específicos para cubrir los requerimientos metabólicos y del crecimiento.

Los centros de mezclas son establecimientos o áreas dedicadas a la preparación, control, dispensación e información sobre terapéutica de administración parenteral.

La preparación de nutrición parenteral se debe reconocer como un servicio farmacéutico que debe desarrollarse por personal calificado y entrenado para ello. Su preparación no debe realizarse fuera de un centro de mezclas. Es evidente la importancia de un adecuado manejo de la nutrición parenteral, debido al riesgo que corre un paciente si esta no es realizada por un equipo profesional.

Los centros de mezclas proveen un servicio trascendental para los centros de salud por lo que los diputados integrantes de esta comisión de salud consideramos trascendental que cuenten con una autorización sanitaria, y que dicha obligación esté contemplada por el texto de la Ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Salud con las atribuciones que les otorgan los artículos 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de le ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a su consideración el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 198 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se adiciona una fracción VI al artículo 198 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 198. Únicamente requieren autorización sanitaria los establecimientos dedicados a:

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud contará con un plazo máximo de 90 días hábiles a partir de la publicación del presente decreto para emitir las disposiciones reglamentarias respectivas y publicar en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de norma oficial mexicana que contenga los lineamientos generales para las instalaciones, operación y buenas practicas de fabricación.

Es de primera lectura.

LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 28 Bis a la Ley General de Salud

Honorable Asamblea

A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 28 de la Ley General de Salud, presentada por el diputado José Antonio Muñoz Serrano y suscrita por los diputados Ector Jaime Ramírez Barba , Margarita Arenas Guzmán y Adriana Rebeca Vieyra Olivares , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 39 numerales 1o. y 3o., 43, 44, 45 y de los demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen de acuerdo con la siguiente

Metodología

La comisión encargada del análisis y dictamen de la minuta mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de ``Antecedentes'' se da constancia del trámite, del proceso legislativo, del recibo en turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la comisión dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a ``Contenido'', se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de ``Consideraciones'', la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la propuesta en análisis.

I. Antecedentes

En sesión celebrada con fecha 24 de enero de 2007, por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, el diputado José Antonio Muñoz Serrano a nombre propio y de los diputados Ector Jaime Ramírez Barba , Margarita Arenas Guzmán y Adriana Rebeca Vieyra Olivares , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 28 de la Ley General de Salud, en materia de prescripción de medicamentos.

Con la misma fecha, la mencionada iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud de la LX Legislatura para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

La iniciativa en comento tiene como objetivo principal que los licenciados en enfermería puedan prescribir medicamentos contenidos en el cuadro básico de insumos y con guías de práctica clínica basadas en evidencia científica. Para justificar su propuesta, en su exposición de motivos argumentan lo siguiente:

La evidencia internacional sugiere que los sistemas de salud organizados con base en una fuerte orientación de la atención primaria a la salud alcanzan mejores y más equitativos resultados en salud, son mas eficientes, tienen costos mas bajos de atención y logran una satisfacción más alta del usuario comparada con la de aquellos sistemas que tienen una débil orientación a la atención primaria.

En este sentido agregan que en 1994 la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud determinaron la importancia de los consultorios de enfermería con la posibilidad de proporcionar atención a pacientes con enfermedades de bajo riesgo en el primer nivel de atención, al considerar que la enfermera de atención primaria es capaz de proporcionar un amplio asesoramiento en materia de hábitos de vida, asistencia familiar y servicios de atención domiciliaria y su participación con el equipo de salud, se encuentra centrada en la ayuda al individuo y a la familia para el auto cuidado de la salud.

La enfermería es entendida como una disciplina profesional cuya finalidad es el cuidado a la salud de las personas de forma integral, con el fin de que utilicen sus capacidades y potencialidades para la vida. El cuidado es el objeto de conocimiento de la enfermería y criterio fundamental para distinguirla de otras disciplinas del campo de la salud, partiendo de la idea de que cuidar es prestar una especial consideración a la dimensión psicológica, emocional, social y moral de la salud y la enfermedad de una persona.

Por otro lado, afirman que según datos de la OCDE sobre los sistemas de salud en México (2005) y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud, alrededor de 4 por ciento de la población no fue atendida por un profesional de la salud porque geográficamente no tenía acceso a servicios de salud. Esto se explica en parte pro que en México existen 1.5 médicos por cada mil habitantes, el promedio de todos los países miembros es de 2.9 por mil. Respecto al personal de enfermería, en México existen 2.1 enfermeras por mil habitantes, el promedio de los países miembros es de 8.1.

Agregan que la situación descrita, ha llevado a muchos países a autorizar legalmente al personal de enfermería a prescribir ciertos medicamentos en condiciones definidas, de acuerdo a las necesidades de los servicios de salud. Es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, Australia, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Francia, Suecia, Sudáfrica y Brasil.

Finalmente, hacen algunas consideraciones acerca de preceptos vigentes en nuestra legislación:

Por lo anterior, exhortan al Poder Ejecutivo a fortalecer el marco legal vigente a través de la elaboración de la norma oficial mexicana para la prescripción por el personal de enfermería en la atención primaria a la salud, cuyo objetivo sería el de establecer los lineamientos y procedimientos de operación, así como los criterios para la prescripción de medicamentos por el personal de enfermería en la atención primaria a la salud y proponen reformar la Ley General de Salud, mediante la adición de dos párrafos a su artículo 28 de la siguiente manera:

Transitorio

III. Consideraciones

Reconociendo la importancia del rol social que la enfermería juega en la prestación de servicios de salud, esta dictaminadora considera que la iniciativa en comento, es loable y bien fundamentada por el sustento estadístico que presenta. Asimismo, esta comisión coincide plenamente con los diputados promoventes cuando afirman que las actividades que desarrollan las enfermera y lo enfermeros como proveedores de atención primaria a la salud son diversas. Se reconoce que son capaces de realizar un gran número de acciones de salud, entre las que podemos señalar: promoción y educación para la salud; evaluación del estado nutricional; detección de agudeza visual; prevención y control de enfermedades prevenibles por vacunación; detección oportuna de enfermedades como diabetes e hipertensión; detección de factores de riesgo para cada grupo de edad; sesiones personalizadas para la modificación de los hábitos y estilos de vida; así como para el autocuidado de la enfermedad; vigilancia y control prenatal en condiciones normales; vigilancia y control del crecimiento y desarrollo del menor de cinco años de edad en condiciones normales; atención a pacientes con enfermedades crónico degenerativas, diabetes-hipertensión; planificación familiar y actividades asistenciales para con el médico familiar.

Tradicionalmente se ha considerado la prescripción como una función específica y un campo reservado para el personal médico; sin embargo, en muchos países del mundo, incluyendo los países desarrollados, el personal de enfermería esta involucrado en mayor o menor grado en la prescripción de medicamentos, sobretodo en las áreas rurales o aisladas.

La carencia de personal médico en zonas aisladas ha propiciado que la enfermería deba tomar la iniciativa para prescribir algunos medicamentos, adicionalmente a las competencias propias de su formación académica.

En países como Suecia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Australia, Sudáfrica y Nueva Zelandia cuentan con un marco legal que permite a las enfermeras formalizar esta actividad que en algunas situaciones ya se venían realizando; en 1999 en el Reglamento de la Ley de Farmacia, Nicaragua facultó legalmente a enfermería para la prescripción de medicamentos.

La regulación de la prescripción por parte de la enfermería en determinados contextos asistenciales, constituye un hecho bastante arraigado en el entorno anglosajón. Esta disposición no hace sino regularizar algo que en la práctica diaria ocurre mediante mecanismos informales para evitar trasladar a los usuarios la inflexibilidad del sistema en el acceso a ciertos fármacos y productos sanitarios. Las enfermeras deben estar motivadas y comprometidas en este empeño, pero para ello, es necesario que profesionales que ``conviven'' diariamente con el medicamento, tengan potestad formal sobre algunos de sus aspectos.

En el caso de nuestro país, es importante considerar que pueden existir razones por las que resulta prudente reconocer y valorar la función del personal de enfermería en la prescripción de algunos medicamentos. Un ejemplo de lo anterior, en donde el personal de enfermería prescribe y ministra productos considerados como medicamentos es durante las Semanas Nacionales de Salud al ministrar antiparasitarios (albendazol), micronutrimentos (Vitamina A, ácido fólico), electrólitos (vida suero oral) y las vacunas, donde enfermería realiza el interrogatorio del paciente, para determinar con base en su conocimiento profesional si es candidato a recibir estos productos. En el caso específico de las vacunas prescribe la ingesta de algún medicamento para controlar las posibles molestias post vacunales.

Los diputados integrantes de la Comisión de Salud nos manifestamos a favor de la iniciativa propuesta, con la seguridad de que con esta reforma se reconoce la capacidad que el personal de enfermería de nuestro país tiene para colaborar en los servios de salud. A pesar de lo anterior consideramos conveniente que en lugar de adicionar un segundo párrafo al artículo 28 de la ley, se adicione un artículo 28 Bis en los términos propuestos por el promovente.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona el artículo 28 Bis a la Ley General de Salud

Artículo Único. Se adiciona el artículo 28 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 28 Bis. Los profesionales que podrán prescribir medicamentos son:

Los profesionales a que se refiere el presente artículo deberán contar con cédula profesional expedida por las autoridades educativas competentes. Los pasantes en servicio social, de cualquiera de las carreras antes mencionadas y los enfermeros podrán prescribir ajustándose a las especificaciones que determine la Secretaría.

Transitorio

Único. El presente decreto entrara en vigor al año siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, plazo durante el cual el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud y de conformidad con el texto propuesto en el último párrafo del artículo 28 Bis de la Ley General de Salud, deberá establecer los lineamientos y procedimientos de operación, así como los criterios para la prescripción de medicamentos por el personal de enfermería en la atención primaria a la salud.

Es de primera lectura.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Iniciativas de diputados. Esta Presidencia recibió de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa que reforma el artículo 247 del Código Penal Federal.

La suscrita diputada federal Yary del Carmen Gebhardt Garduza , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LX Legislatura, de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de está honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo primero del artículo 247 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente:

Con fecha 22 de noviembre de 1993 fue enviada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por conducto del secretario de Gobernación, la iniciativa del presidente de la república del decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del entonces Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, en dicha iniciativa se planteó reformar, entre otros el primer párrafo del artículo 247 en los siguientes términos:

La citada iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia de está Cámara de Diputados, siendo sometida a consideración del pleno de la misma el 14 de diciembre de 1993 el dictamen que contiene el proyecto de ``Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal'', este proyecto propuso para su discusión y aprobación, entre otros, el citado primer párrafo del artículo 247, mismo que aparece redactado en idénticos términos que en la iniciativa enviada por el presidente de la república, con excepción de la multa de 40 a 120 días propuesta, la cual se incrementó de 100 a 300 días multa. El 20 de diciembre de 1993, nuevamente en está Cámara se llevo a cabo la discusión y aprobación del proyecto de reformas contenido en el referido dictamen, el cual fue aprobado en lo general y en lo particular por trescientos cuarenta y cinco votos a favor y veintisiete en contra, votación efectuada sobre el texto que omite precisar como pena para el delito respectivo la prisión. En la misma fecha el texto aprobado se envío a la Cámara de Senadores mediante minuta de proyecto correspondiente.

Recibida dicha minuta en el Senado de la República, el 21 de diciembre de 1993 la Primera Sección de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos de dicho órgano legislativo formuló el dictamen correspondiente que concluyó en los siguientes términos: ``En virtud de lo expuesto y fundado, las comisiones que suscriben solicitan la aprobación del siguiente proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal''; en ese proyecto de decreto, el artículo 247 aparece redactado en idénticos términos que en el propuesto por las mencionadas Comisiones Unidas de está Cámara de Diputados, esto es, sin el término ``prisión''. El 21 de diciembre de 1993 se llevo a cabo la discusión y aprobación del proyecto de reformas contenido en el referido dictamen, el cual fue aprobado por el Senado en lo general y en lo particular por cuarenta y nueve votos a favor y dos en contra, en esa misma fecha mediante oficio número 165 el diputado Sergio González Santa Cruz y el Senador Antonio Melgar Aranda, secretarios de las respectivas Cámaras, enviaron al secretario de Gobernación el decreto aprobado por el Congreso de la Unión, que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, mismo que en la parte conducente señala lo siguiente: ``...Artículo 247. Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de cien a trescientos días multa: ...''.

El 23 de diciembre de 1993 el presidente de la república promulgó el referido decreto, en cuya parte conducente de igual forma indica: ``... Artículo 247. Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de cien a trescientos días multa: ...''. El precitado decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de enero de 1994, en donde el repetido artículo 247 aparece redactado en iguales términos que en la iniciativa de decreto del presidente de la república, y en los proyectos que fueron discutidos y votados tanto por esta Cámara de Diputados como por el Senado, es decir con la siguiente transcripción: ``Artículo 247. Se impondrán de dos a seis años y multa de cien a trescientos días multa:...''. El 1 de febrero de 1994, el secretario de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación la fe de erratas que a la letra dice:'' ``Fe de erratas al decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal ... publicado el 10 de enero de 1994.'' ... En la página 8, segunda columna, artículo 247, párrafo primero, dice: Se impondrá de dos a seis años y multa de cien a trescientos días de multa: ``Debe decir: Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a trescientos días multa. ...''

Lo anterior ha generado que nuestro máximo tribunal haya emitido con carácter de jurisprudencia, el criterio visible en la página 18 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, Materia(s): Constitucional, Penal, Novena Época, con el rubro siguiente:

Falsedad en declaraciones rendidas ante autoridad distinta de la judicial. El primer párrafo del artículo 247 del ahora Código Penal Federal viola las garantías de seguridad jurídica y exacta aplicación de la Ley Penal, en la parte que señala ``Se impondrán de dos a seis años'', porque no especifica la naturaleza de la pena (Diario Oficial de la Federación del 10 de enero de 1994); en la que consideró los razonamientos siguientes:

El procedimiento de formación de la ley es un acto complejo en el que intervienen diversos órganos constitucionales como lo son: el Legislativo que las expide y el Ejecutivo que las promulga y publica, las actuaciones de ambos poderes, en conjunto, son las que dan vigencia a un ordenamiento legal, de manera que dichos actos no pueden quedar subsistentes o insubsistentes aisladamente, aunque tengan lugar en momentos distintos y emanen de órganos diferentes, indicando de igual forma, que la iniciativa de leyes o decretos por los sujetos autorizados por el artículo 71 constitucional, sólo tiene un carácter propositivo, sin vinculación obligatoria con el resultado del debate y votación que realice el legislador federal, por lo que no tiene mayor relevancia la circunstancia de que la iniciativa del presidente de la república del decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Penal Federal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, de fecha 22 de noviembre de 1993, al plantear reformas entre otros, del primer párrafo del artículo 247, fuera omisa en señalar que la pena de dos a seis años que propone es de prisión, en razón de que la iniciativa es apenas una propuesta de ley, y el resultado del proceso legislativo no depende del texto de la misma. Es en las etapas de discusión y aprobación de las leyes, en las que ambas Cámaras, tanto la de origen como la revisora, examinan las iniciativas de ley, intercambian opiniones a favor o en contra del proyecto, sea en lo general o sobre algún punto en particular, y finalmente votan el proyecto de ley, siendo estas dos etapas (la de discusión y aprobación de las leyes) las únicas en las cuáles no interviene sino el Congreso de la Unión y corresponden al ejercicio material y formal de las funciones que constitucionalmente tienen conferidas, las siguientes corresponden ya al Poder Ejecutivo y el oficio o comunicado mediante el cual los presidentes y secretarios de ambas Cámaras de representantes envían a éste el decreto aprobado por el cuerpo legislativo, no constituye sino el primer acto formal con el que da inicio la etapa de sanción de las leyes, acto que no puede tener el alcance de modificar el texto de la ley discutida y votada por nosotros los diputados y por los senadores en su momento. Asimismo las leyes deben redactarse con precisión y claridad, de la manera en que hubieran sido aprobadas, y al expedirse serán autorizadas por las firmas de los presidentes de ambas Cámaras y un secretario de ellas.

En consecuencia, el texto del decreto aprobado por el Congreso de la Unión corresponde única y exclusivamente al que fue discutido y votado sucesivamente por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, sin que dicho texto pueda ser alterado en su esencia al remitirse para su sanción y promulgación al Ejecutivo, esto es, en el caso concreto, el decreto multicitado no señala en el primer párrafo del artículo 247 del Código Penal Federal que la pena de dos a seis años que prevé es la prisión, pues dicho artículo, fue presentado en esos términos desde la iniciativa presidencial, subsistiendo tal omisión en el proyecto aprobado tanto por esta Cámara de Diputados, como por la Cámara de Senadores, el 21 de diciembre de 1993, sin que sea suficiente el hecho de que al ser enviado al Poder Ejecutivo para continuar con el proceso legislativo, el texto del decreto respectivo, en el cual se subsana la omisión referida, se encuentre autorizado por las firmas de los presidentes y secretarios de ambas Cámaras, en la medida en que dicha formalidad, que corresponde en todo caso al acto inicial de la etapa de sanción de la ley, no puede tener el alcance de variar el texto aprobado por los representantes populares en ejercicio de las facultades legislativas que la Constitución les atribuye, en razón de lo anterior, la voluntad conjunta del Congreso de la Unión se expresó en el momento que se discutieron y aprobaron los dictámenes presentados por las comisiones respectivas, sin que la mera autorización que del texto del decreto de reforma a la ley realizan los presidentes y secretarios de ambas Cámaras, pueda por si sólo modificar, corregir o alterar la decisión que tomó, democráticamente, cada uno de los cuerpos legislativos que integran el Congreso, esto es que el texto de una ley o decreto no puede ser esencialmente distinto a aquél que aparece aprobado por los legisladores, sin que la voluntad o intervención de los presidentes o secretarios de las Cámaras pueda válidamente modificar dicho texto, pues en ningún caso podría considerarse que en ellos resida la facultad legislativa que la Constitución atribuye a las Cámaras del Congreso.

En vista de lo anterior el texto del artículo 247, primer párrafo, del Código Penal Federal fue aprobado por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, sin que precisara la clase de pena temporal que corresponde a la comisión del ilícito previsto en dicho precepto, al no haberse consignado el término de ``prisión'', considerando nuestro máximo tribunal que por ende, tal disposición transgrede las garantías de exacta aplicación de la ley en materia penal y de seguridad jurídica. En este orden de ideas, el primer párrafo del artículo 247 fracción I del citado Código Penal, con motivo de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 10 de enero de 1994, en tanto establece como una de las sanciones previstas para el delito de falsedad de declaraciones ante autoridad distinta de la judicial, que ``se impondrán de dos a seis años'', sin especificar la clase de pena a que se refiere dicho lapso, resulta violatorio de la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal y por ende, de la garantía de seguridad jurídica, al no precisar la naturaleza de una de las dos penas que corresponden a la conducta que describe en su fracción I, esto es, mientras la sanción pecuniaria se determina expresamente, señalándose los días de multa correspondientes, el otro tipo de sanción resulta desconocido para los gobernados, al omitirse la clase de pena a que se refiere. Lo anterior es así, porque de acuerdo con el principio de la exacta aplicación de la ley en materia penal, el juzgador, al imponer las penas, sólo puede aplicar, siempre dentro del margen de las facultades discrecionales que la ley le otorga para sancionar, aquellas expresamente previstas en la ley para el caso concreto, siendo el propio constituyente el que estableció claramente tal limitación, al disponer en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional, que queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no este decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate.

La omisión de especificar la clase de pena temporal prevista en la conducta tipificada en el artículo 247 del Código Penal Federal, violenta la garantía de seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley penal, puesto que la prisión no es la única pena prevista por el derecho positivo mexicano que puede ser impuesta por la comisión de un delito, tal como se desprende del texto del artículo 24 del mismo ordenamiento, del que se deduce que existen penas distintas de la de prisión, que también son susceptibles de medirse en tiempo.

De igual forma, el secretario de Gobernación, al publicar la fe de erratas en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 1994, mediante el cual corrige el texto del decreto de reformas, concretamente el texto del artículo 247, primer párrafo, en lo que hace al término de ``dos a seis años de prisión'', está ejerciendo una facultad legislativa que no le corresponde, ya que la Constitución federal y la legislación secundaria que regulan el proceso legislativo ordenan al legislador remitir al Ejecutivo federal la ley o decreto que haya aprobado, para efectos de su sanción y publicación textual, pues aún cuando el Ejecutivo interviene en el proceso formativo de la ley, su actividad en este aspecto se encuentra subordinada a la voluntad del Poder Legislativo que la expide, preponderancia que hace que se considere a la ley como un acto legislativo tanto desde el punto de vista formal como material y, por ello, el ejecutivo sólo está facultado para autorizar la ley o decreto que le fuera remitido y, en su caso, hacer observaciones y devolverlo al legislador, empero, una vez sancionado el texto enviado, su función no es otra más que la de publicarlo íntegramente.

Por ello nuestro máximo tribunal estima que el Congreso de la Unión aprobó un texto de reformas a la ley incompleto, circunstancia que provoca la inconstitucionalidad del primer párrafo del artículo 247 del Código Penal Federal, por lo que hace a la omisión de precisar la pena temporal aplicable a la comisión del delito ahí previsto, sin que la autorización que del texto legal remitido al Poder Ejecutivo efectuaran los presidentes de cada una de las Cámaras, pueda tener el alcance de modificar el texto aprobado por estás.

Ello es así porque el alcance de la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, tutelada por el artículo 14 constitucional, no se limita a constreñir a la autoridad jurisdiccional a que se abstenga de imponer, por simple analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al hecho delictivo de que se trata, sin embargo, esto está en relación a que la norma general debe ser clara, en la que se debe precisar la consecuencia jurídica de la comisión de un ilícito a fin de evitar un estado de incertidumbre jurídica al gobernado y una actuación arbitraria del respectivo juzgador.

Finalmente, es menester señalar que no deja de llamar la atención el uso de facultades meta constitucionales del Ejecutivo Federal en este asunto, cuya consecuencia desde luego no fue grave, pero que sigue siendo arbitraria, por lo que considero que en su momento, el Congreso deberá hacer lo conducente para impedir que en lo sucesivo el Ejecutivo realice enmiendas a lo que el Congreso ha dispuesto.

En razón de todo lo expuesto, en aras de una eficaz y real seguridad jurídica, es necesario ingresar la palabra prisión, al primer párrafo del artículo 247 del Código Penal Federal, para que con ello se subsane la omisión apuntada de que adolece el citado numeral, insertándola en el contexto del mismo primer párrafo, a fin de que no se siga generando un estado de incertidumbre jurídica para el gobernado y se continúe transgrediendo la garantía de seguridad jurídica tutelada por el artículo 14 Constitucional, como al efecto lo ha sostenido el pleno del máximo tribunal.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones que me confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Artículo Único. Se adiciona el primer párrafo del artículo 247 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 247. Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de cien a trescientos días multa: ...

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Justicia.

LEY GENERAL DE POBLACION

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se recibió de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa que reforma el artículo 138 de la Ley General de Población.

La suscrita diputada federal Yary del Carmen Gebhardt Garduza , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LX Legislatura, de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo segundo del artículo 138 de la Ley General de Población, al tenor de la siguiente

Jurídica y políticamente la población es uno de los tres elementos del Estado, junto con el territorio y gobierno; no es posible concebir un Estado moderno sin la concurrencia de estos tres factores, de ahí la importancia de la población, ya que como puede apreciarse, la misma existencia de un Estado depende de la población. La población como elemento del Estado, es necesario que se identifique plenamente con éste, con sus instituciones, con su gobierno, que sea factor de desarrollo y no obstáculo, por lo que es necesario proteger a la población y sus valores para fortalecer el Estado y el progreso de la misma, para lo cual se debe promover que el volumen, estructura, dinámica y distribución de la población sean los adecuados, evitando corrientes migratorias del exterior que afecten negativamente los intereses nacionales, perfeccionando los registros y controles demográficos. ¹

La Ley General de Población, fue publicada el 7 de enero de 1974, entrando en vigor el 6 de febrero de 1974, ya que resulta de trascendental importancia para el desarrollo del Estado mexicano que el factor población en toda su dinámica, controles y registros relativos sean objeto de protección penal por razones de Seguridad Nacional y de Salud Pública.

Sin embargo, es necesario que las leyes en materia de población, cumplan con su principal cometido que es el estricto control y registro de los movimientos migratorios, adaptándose a las actuales circunstancias que imperan en la realidad social tanto nacional como internacional, en razón de que recientemente las conducta delictivas en materia de tráfico de personas se ha incremento de forma alarmante, llegando a representar una actividad ilícita a cargo de la delincuencia organizada, con múltiples recursos humanos, financieros y materiales.

Aunado a lo anterior, tenemos que factores como la corrupción de policías empleados de los tres niveles de gobierno y agentes migratorios queda en evidencia ante el bajo porcentaje de traficantes de personas procesados por este delito.

De enero a marzo de este año, el Instituto Nacional de Migración (INM) presentó ante el Ministerio Público de la federación 353 demandas, que involucran a 527 personas; de estás, sólo 39 han sido consignadas ante la autoridad judicial, 26 no fueron consignadas y de 462 sus expedientes están en trámite.

Ahora bien, el hecho de que el agente del Ministerio Público de la federación correspondiente, ejercite acción penal ante los órganos judiciales en contra de los presuntos responsables del ilícito de tráfico de indocumentados, no significa que el juez de la causa obsequie la orden de aprehensión el correspondiente auto de formal prisión y sujeción a proceso penal, y ello se debe en ocasiones a la poca claridad jurídica que ofrecen los artículos de la materia.

El artículo 138 de la Ley General de Población, en su párrafo segundo hace referencia al termino ``ocultamiento'', palabra que no deja en claro la connotación del mismo dentro del contexto del referido precepto y que deja amplio margen a las confusiones jurídicas, que en ocasiones se refleja en más autos de libertad que en autos de formal prisión en contra de los presuntos responsables del delito de tráfico de indocumentados.

Actualmente existe el criterio por parte de los órganos jurisdiccionales en el sentido de que la ley de la materia no especifica que elementos han de tomarse en cuenta para estimar cuando existe el ocultamiento como se desprende de la tesis cuyo rubro indica: Extranjeros indocumentados, aspectos objetivo y subjetivo del término ``ocultamiento'' para los efectos del segundo párrafo del artículo 138 de la Ley General de Población'' , y que en la parte conducente refiere que el término ocultar que contiene el delito sujeto a estudio es un elemento normativo de intelección jurídica para ser comprendido o entendido, por ende si falta este elemento, cuya función es hacer más comprensible la descripción objetiva de la conducta, entonces se estará ante la ausencia de uno de los elementos integrantes del ilícito descrito en el artículo 138, párrafo segundo de la Ley General de Población; en este contexto se afirma que el ocultamiento tiene dos matices: por un lado es de aspecto objetivo, cuando se pretenda disfrazar, tapar, encubrir a la vista, por otro lado, cuando se refiera a esconder, callar advertidamente lo que se pudiera o debiera decir, o disfrazar la verdad, resulta evidente que el ocultamiento deviene en subjetivo, el cual no necesita de medios físicos para actualizarse, sino situaciones que atañen al yo interno de las personas.

Por su parte el diccionario de la Lengua española , señala que la palabra ocultar hace referencia a ``esconder, tapar, disfrazar, encubrir a la vista, callar advertidamente lo que se pudiera o debiera decir, o disfrazar la verdad''. ²

Es necesario dotar al referido precepto de una redacción más clara y completa, a fin de lograr una menor impunidad en la comisión del delito de tráfico de indocumentados, y se castigue con todo el peso de la ley a tan denigrantes delincuentes, observándose de igual forma los diversos instrumentos internacionales relacionados con la migración de los que México forma parte destacando el ``Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire'', que complementa la ``Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional'' adoptado el 15 de noviembre de 2000, ratificado por México el 4 de marzo de 2003 y entró en vigor el 28 de enero de 2004.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones que confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el segundo párrafo del artículo 138 de la Ley General de Población

Artículo Único. Se adiciona el segundo párrafo del artículo 138 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

Artículo 138. ...

Igual pena se impondrá a quien por si o por medio de otro u otros introduzca, sin la documentación correspondiente expedida por autoridad competente, a uno o varios extranjeros a territorio mexicano o, con propósito de trafico, los albergue o transporte por el territorio nacional con el fin de ocultarlos para evadir la revisión migratoria. Para efectos de este artículo se entiende por ocultar: disfrazar, tapar, encubrir a la vista, esconder, callar advertidamente lo que se pudiera o debiera decir, disfrazar la verdad, omitir registrar o ubicar en áreas especiales a extranjeros sin haber realizado el trámite correspondiente.

...

...

Artículo Único. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

CODIGO PENAL FEDERAL - LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y PROTECCION AL AMBIENTE

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Tiene la palabra el diputado Sergio Augusto López Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federaly de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, suscrita por los diputados Diego Cobo Terrazasy el de la voz.

Esta actividad se realiza a través de dos vertientes. Por un lado, la extracción de especies de flora y fauna realizada por individuos o familias para subsistencia y, por el otro, a través de las verdaderas redes o grupos de personas que se asocian para llevar a cabo la explotación de esta actividad ilícita.

¿Sigo leyendo, diputada, o dejo que los coordinadores trabajen? Perdón, Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Les pedimos a los señores diputados que escuchen, por favor, al señor que está en tribuna y guardemos el orden con todo respeto. Compañero diputado.

El diputado Sergio Augusto López Ramírez: Gracias, diputada. Nuestro país es uno de los más ricos en especies vegetales y animales en el mundo, lo que le coloca en un estado de peligro constante en cuanto a las especies y el número de especímenes existentes.

Desgraciadamente nuestro sistema penal, como instrumento inhibidor de conductas delictivas en materias de protección ambiental, no ha podido ser suficientemente eficaz. Lo anterior, en virtud de las imposibilidades legales que la Procuraduría General de la República tiene con relación a la persecución de delitos ambientales que, como es sabido, se ha establecido en nuestro país ocasionando grave deterioro a todos y cada uno de los ecosistemas.

Por las razones expuestas es que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta Cámara de Diputados presenta la siguiente propuesta de reforma, a fin de eliminar la facultad discrecional y claramente inconstitucional que hoy día tiene como atribución la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para determinar si se querella o no contra ciertos actos que pueden ser constitutivos de delito.

Esta facultad discrecional de Profepa claramente violenta lo previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al posibilitar o dejar al arbitrio del procurador ambiental la querella por delitos ambientales.

Es decir, según nuestro sistema de procuración y administración de justicia, son los órganos constitucionalmente creados los que llevarán, en un primer momento, la integración de la averiguación previa ---persecución---, y la declaración de una conducta como delito ---proceso penal--- hasta sentencia.

Por lo que, al establecerse actualmente en el Código Penal Federal que los delitos previstos como delitos contra el ambiente y la gestión ambiental sean perseguidos a petición de parte de la autoridad, es ésta la que inconstitucionalmente actúa al precalificar la existencia de delito.

Por otra parte y a fin de hacer consistente nuestro sistema legal en materia de querella o denuncia de hechos que pudieran ser constitutivos de delito, como lo previsto en los artículos 114, 116 y 117 del Código Federal de Procedimientos Penales, en donde se prevé la obligación de cualquier sujeto, ya sea particular o autoridad, de denunciar los hechos que le consten y que pueden ser constitutivos de delito.

Por lo anterior, sostenemos que se combatirán en gran medida los delitos y sus efectos nocivos en el medio ambiente de nuestro país, ya que... cabe destacar a países como Brasil, que tiene el primer lugar en deforestación. Desafortunadamente México ocupa el cuarto lugar. Es tiempo de darle más facultades a la Procuraduría y más a los ciudadanos. Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por los diputados Sergio Augusto López Ramírez y Diego Cobo Terrazas , del Grupo Parlamentario del PVEM

Sergio Augusto López Ramírez y Diego Cobo Terrazas , diputados a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos que se turne a las comisiones correspondientes para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de los Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente

Una de las principales causas de la deforestación y prelación de especies de flora y fauna en nuestro país es el comercio clandestino, que en el ámbito internacional logra ingresos anuales cercanos a 21 mil millones de dólares, y está sólo por debajo del tráfico de drogas y de armas.

Esta actividad se realiza a través de dos vertientes: por un lado, la extracción de especies de flora y fauna realizada por individuos o familias para subsistencia y, por otra, a través de verdaderas redes o grupos de personas que se asocian para llevar a cabo la explotación de esta actividad ilícita.

México es uno de los más ricos en especies vegetales y animales en el mundo, lo cual lo coloca en un estado de peligro constante en cuanto a las especies y el número de especímenes existentes.

Desgraciadamente, nuestro sistema penal, como instrumento inhibidor de conductas delictivas, en materia de protección ambiental no ha podido ser eficiente y eficaz. Lo anterior en virtud de las imposibilidades legales de la Procuraduría General de la República con relación a la persecución de delitos ambientales que, como es sabido, se ha establecido en nuestro país ocasionando grave deterioro a los ecosistemas.

Nuestra propuesta

Por las razones expuestas, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta Cámara de Diputados presenta la siguiente propuesta de reforma, a fin de eliminar la facultad discrecional y claramente inconstitucional que hoy día tiene como atribución la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para determinar si se querella o no contra ciertos actos que pueden ser constitutivos de delito.

Esta facultad discrecional de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente claramente violenta lo previsto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al posibilitar o dejar en el arbitrio del procurador ambiental la querella por delitos ambientales. Es decir, según nuestro sistema de procuración y de administración de justicia, son los órganos constitucionalmente creados los que llevarán, en un primer momento, la integración de la averiguación previa (persecución) y la declaración de una conducta como delito (proceso penal hasta sentencia), por lo que, al establecerse actualmente en el Código Penal Federal que los delitos previstos como delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, sean perseguidos a petición de parte de la autoridad, es ésta la que inconstitucionalmente actúa al precalificar la existencia de delito.

Por otra parte y con el fin de hacer consistente nuestro sistema legal, en materia de querella o denuncia de hechos que pudieran ser constitutivos de delito, como lo previsto en los artículos 114, 116 y 117 del Código Federal de Procedimientos Penales, en donde se prevé la obligación de cualquier sujeto, ya sea particular o autoridad, de denunciar los hechos que le consten y que puedan ser constitutivos de delito.

Con lo anterior, sostenemos que se combatirán en gran medida los delitos y sus efectos nocivos en el medio ambiente en México.

Por lo expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, respetuosamente sometemos a su consideración el siguiente

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Primero. Se deroga el último párrafo del artículo 420 Quáter del Código Penal Federal, en materia de legitimidad para presentar denuncias penales por delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, para quedar como sigue:

Artículo 420 Quáter. Se impondrá pena de uno a cuatro años de prisión y de trescientos a tres mil días multa, a quien:

Segundo. Se reforma el primer párrafo del artículo 182 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para quedar como sigue:

Artículo 182. En aquellos casos en que, como resultado del ejercicio de sus atribuciones, la Secretaría o cualquier servidor público, tenga conocimiento de actos u omisiones que pudieran constituir delitos conforme a lo previsto en la legislación aplicable, deberá formular ante el Ministerio Público Federal la denuncia correspondiente. Lo anterior, sin menoscabo de la presentación de la denuncia correspondiente por cualquier persona, en los términos de las leyes aplicables.

...

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, señor diputado.Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

LEY FEDERAL SOBRE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICOS, ARTISTICOS E HISTORICOS

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la tribuna al diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

El suscrito, Cuauhtémoc Velasco Oliva , en su carácter de diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 27, 28, 29, 30 y 31, recorriéndose el orden actual de los artículos 27 al 55 para pasar a ser del 32 al 62, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, al tenor de la siguiente

Compañeros diputados y compañeras diputadas:

En 1519, con la llegada de Hernán Cortés a tierras mexicanas, comenzó una larga tradición de saqueo y destrucción de nuestro patrimonio arqueológico, histórico y artístico. Hasta la fecha, con la persistencia de autoridades cómplices y leyes insuficientes, esta historia de despojo continúa, mermando elementos fundamentales de nuestra civilización y cultura.

El robo de un bien cultural disminuye nuestra identidad como país e implica pérdida de capacidad científica. Proteger nuestro patrimonio artístico no es, entonces, una labor elitista, sino el derecho fundamental de todas las generaciones a conocer sus orígenes y su historia, y a crear conocimientos útiles para su presente y su futuro.

En un país donde se calcula que existen 200 mil sitios arqueológicos y 4 millones de bienes culturales muebles, la tarea de proteger éstos es colosal y representa un desafío para cualquier gobierno. Cabe mencionar que entre 1999 y 2003 fueron robadas 515 obras de arte de nuestro país, dentro de las cuales figuran principalmente obras prehispánicas y religiosas. ¹ Se desprende así la necesidad de involucrar a la sociedad y darle la oportunidad de defender propiedades únicas e irremplazables.

Por otro lado, la Interpol, órgano que investiga e intenta recuperar los bienes culturales llevados ilícitamente al extranjero, plantea como problema fundamental para sus labores la falta de catálogos actualizados del patrimonio cultural; problema que México se comprometió a atacar en la ``Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales'' de la UNESCO, adoptada desde 1970, donde se estableció, en el artículo 5 que, cito, ``para asegurar la protección de sus bienes culturales contra la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas, los Estados parte en la presente convención se obligan a establecer en su territorio, en las condiciones apropiadas para cada país, uno o varios servicios de protección del patrimonio cultural, si esos servicios no existen aún, dotados de personal competente y en número suficiente para garantizar de manera eficaz las funciones que se indican a continuación: (...) b. Establecer y mantener al día, a partir de un inventario nacional de protección, la lista de los bienes culturales importantes, públicos y privados, cuya exportación constituiría un empobrecimiento considerable del patrimonio cultural nacional''.

Actualmente, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, establece en su artículo 21 la creación del Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos dependiente del INAH y el Registro Público de Monumentos y Zonas Artísticos dependiente del INBA. En la misma ley, artículo 22, se establece que, cito, ``los institutos respectivos harán el registro de los monumentos pertenecientes a la federación, estados y municipios y los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y las personas físicas o morales privadas, deberán inscribir ante el registro que corresponda, los monumentos de su propiedad''.

Lamentablemente, esto no ocurre en la práctica. Dichos registros están limitados a un pequeño número de los bienes que conforman nuestra herencia y propiedad cultural. Además, en el caso del registro dependiente del INBA, como producto de una visita a éste, se observó que, se considera información reservada, impidiendo que la sociedad pueda conocer de manera directa el estado que guarda su patrimonio y, por ende, limitando su acción preventiva.

Preocupados por el empobrecimiento del patrimonio mexicano que ocasiona la pérdida de cada uno de estos bienes invaluables, en Convergencia proponemos que se apliquen recursos para elaborar un verdadero registro del patrimonio cultural y que esté enfocado a los principios de la transparencia y la protección de los bienes que lo forman. Asimismo, que éste sea un registro moderno, completo, digital, y una herramienta accesible para todos desde Internet, subrayando que funcionaría incluso a manera de ``museo virtual'', exitosa figura internacional, que permitiría una mucho mayor difusión de nuestro patrimonio cultural.

En concordancia con lo anterior, proponemos la adición de cinco artículos a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para digitalizar y completar con archivos fotográficos el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos, así como el Registro Público de Monumentos y Zonas Artísticos; hacer dichos registros digitales transparentes y accesibles vía Internet, y asignar recursos para dichos fines.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan los artículos 27, 28, 29, 30 y 31, y se recorre el orden actual de los artículos 27 al 55, que pasarán a ser del 32 al 62, a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Artículo Primero. Se adicionan los artículos 27, 28, 29, 30 y 31 a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar como sigue:

Artículo 27. Los Registros deberán contenerse en bases de datos digitales y contarán con la información necesaria para proteger los monumentos descritos en el Capítulo III de esta ley, así como un catálogo fotográfico.

Artículo 28. Los institutos respectivos deberán poner a disposición del público la información relativa a todos y cada uno de los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, muebles e inmuebles, inscritos en los Registros, de conformidad con lo siguiente:

Artículo 29. Los particulares podrán informar al Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información sobre la negativa o prestación deficiente del servicio, así como la falta de actualización del sitio de Internet, al que se refiere el artículo anterior. El Instituto podrá emitir recomendaciones para asegurar y mejorar dichos servicios.

Artículo 30. La Secretaría de Educación Pública y los institutos respectivos asignarán recursos para registrar todos los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos pertenecientes a la federación, estados y municipios, y los organismos descentralizados, así como para actualizar dichos registros de forma bianual, y mantener las bases de datos digitales y el sitio de Internet referidos en los artículos 27 y 28. El Presupuesto de Egresos de la Federación incluirá recursos para estos fines.

Artículo 31. Son principios rectores de los registros referidos en el artículo 21:

Artículo Segundo. Se recorre el orden actual de los artículos 27 al 55 para pasar a ser del 32 al 62.

Primero. La presente reforma a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con las modalidades que establecen los artículos siguientes.

Segundo. El Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia contarán con un año, a partir de la entrada en vigor de la presente reforma, para poner en funcionamiento las bases de datos digitales y los sitios de Internet a que se refieren los artículos 27 y 28 de la misma.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: ¿Falta algún diputado o diputada por registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico.

Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay 449 diputadas y diputados. Quien hasta el momento no ha registrado su asistencia, dispone de 15 minutos para realizarlo por cédula.

ARTICULOS 74 Y 79 CONSTITUCIONALES - LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DE LA FEDERACION

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se concede el uso de la tribuna a la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa, para presentar iniciativa que reforma los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, 30 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Es necesario, por ejemplo, que el Congreso fortalezca su función de vigilancia ante el ejercicio del Ejecutivo. Que el gobierno rinda cuentas puntualmente a la ciudadanía de la forma en que ha administrado los recursos que han sido puestos a su disposición, y los resultados obtenidos a través del ejercicio de los mismos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 74, fracción IV, primer párrafo, confiere de manera exclusiva a la Cámara de Diputados la facultad de revisar la Cuenta Pública del año anterior. Esta revisión tiene por objeto reconocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se han ajustado a los criterios señalados en el Presupuesto y si se han cumplido los objetivos contenidos en los programas de gobierno.

Sin embargo, los mecanismos de control vigentes, la falta de un marco jurídico claro y la falta de acuerdo, muchas veces entre las fracciones parlamentarias, han sido obstáculos para dar cumplimiento en tiempo y forma a esta obligación, y es por ello que la actual legislatura tiene la responsabilidad de hacerse cargo del rezago y revisar las Cuentas Públicas de 2002, 2003 y 2004.

Como integrante de la Comisión de Presupuesto y del grupo especial de análisis que se formó para realizar dicha revisión, considero importante adecuar nuestro marco jurídico y dotarnos de mejores herramientas para esta tarea. En consecuencia, propongo la siguiente iniciativa de reforma a la Constitución Política y a la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Su objetivo es contar con una estructura nueva de revisión de la Cuenta Pública y mejorar el sistema actual de fiscalización, lo que incluye acortar los tiempos de presentación como de análisis, toda vez que la normatividad vigente media un plazo de 15 meses entre la terminación del ejercicio fiscal y el Informe de Resultados de Revisión de la Cuenta Pública después de ejercido el Presupuesto.

Adicionalmente se propone fortalecer el marco jurídico que regula las funciones de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, toda vez que son poco claras, y por tanto, poco efectivas para cumplir su responsabilidad de evaluar el gasto público, ya sea para avalarlo, o bien, para fincar responsabilidades de acuerdo con la ley.

Después del proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, la revisión de la Cuenta Pública es la segunda facultad más importante de la Cámara de Diputados en materia de finanzas públicas.

De conformidad con el artículo 74, fracción IV, constitucional, el Ejecutivo federal hará llegar a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 8 de septiembre, y la Cámara de Diputados deberá aprobarlo a más tardar el 15 de noviembre.

Es necesario, por tanto, contar con la información sobre el resultado del ejercicio fiscal con mayor oportunidad, de modo tal que puedan considerarse los resultados de la revisión de la Cuenta Pública en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por todo lo anterior, en relación con la Cuenta Pública proponemos adelantar la fecha de presentación en la Cámara de Diputados, del 10 de junio al 31 de marzo del año siguiente al ejercicio fiscal correspondiente.

Asimismo, se propone adelantar la fecha de presentación del Informe de Resultados que elabora la Auditoría Superior de la Federación: del 31 de marzo del año siguiente a su presentación al 30 de septiembre del mismo año en que sea presentada.

Con ello se podría contar con mayor oportunidad con la información sobre el resultado del ejercicio fiscal y, en consecuencia, retroalimentar el proceso presupuestario para la toma de decisiones en la asignación de los recursos públicos.

Actualmente corresponde únicamente a la Comisión de Presupuesto emitir su opinión sobre el Informe de Resultados de la Auditoría Superior de la Federación y elaborar el dictamen correspondiente; sin embargo, se observa un nulo intercambio de información entre la revisión de la Cuenta Pública a cargo de la Comisión de Vigilancia y el proceso de su dictaminación a cargo de la Comisión de Presupuesto.

Con la idea de facilitar la elaboración del dictamen y fortalecer la participación de la Comisión de Presupuesto proponemos que ambas comisiones sean las encargadas de elaborar dicho dictamen, mediante una reforma al artículo 74 constitucional, de modo tal que sea la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica, junto con la Comisión de Vigilancia, las responsables de elaborar el dictamen correspondiente de la Cuenta Pública.

Asimismo, en el artículo 79 constitucional se propone que todas las observaciones y recomendaciones que emita a la Auditoría Superior de la Federación tengan carácter vinculatorio para las entidades fiscalizadas. Así como establecer que la función de fiscalización que ejerce la Auditoría Superior de la Federación esté regulada en su alcance por los principios rectores de legalidad e imparcialidad, como preceptos a los que deberá sujetarse la actuación del órgano técnico fiscalizador.

De esta manera, atendemos el llamado hecho por el ministro Genaro David Góngora Pimentel, formulado en la resolución de la controversia 91/2003, para que el órgano reformador de la Constitución federal y el Congreso de la Unión realicen reformas constitucionales y legales, a fin de darle verdadera viabilidad y funcionalidad a la Auditoría Superior de la Federación, dotándola de herramientas jurídicas claras e inobjetables para que juegue el papel que le corresponde en el control de la actividad financiera del Estado.

Por último, la iniciativa que hoy presentamos ante el pleno incluye también cambios a los artículos 8, 30 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, acordes con las reformas constitucionales propuestas.

Señor Presidente, le solicito que esta iniciativa se publique de manera íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, 30 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto, que reforma los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, 30 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, conforme a la siguiente

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 74, fracción IV, primer párrafo, confiere de manera exclusiva a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la facultad de revisar la Cuenta Pública del año anterior. Esta revisión tiene por objeto conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en el Presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

Sin embargo, la LIX Legislatura, por falta de un marco jurídico claro y por la ausencia de acuerdos entre los grupos parlamentarios, no dio cumplimiento en tiempo a esta obligación y por ello la LX Legislatura ha tenido la responsabilidad de analizar las Cuentas Públicas de 2002, 2003 y 2004.

Como integrante de la Comisión de Presupuesto y del grupo especial de análisis formado para realizar dicha revisión, considero importante dotarnos de mejores herramientas y de un marco jurídico adecuado en la materia. Por ello propongo la siguiente iniciativa de reforma de la Constitución Política y de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

El objetivo de esta iniciativa es contar con una nueva estructura de revisión de la Cuenta Pública y mejorar el sistema actual de fiscalización, la cual incluye acortar tanto los tiempos de presentación como de análisis.

En la normatividad vigente, entre la terminación del ejercicio fiscal y el Informe del Resultado de la Revisión de la Cuenta Pública media un plazo de 15 meses después de ejercido el Presupuesto.

Además, nos hemos podido dar cuenta de que las funciones de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública dentro de este proceso no son muy claras y, por tanto, poco efectivas; por eso la necesidad también de fortalecer el marco jurídico en este sentido.

La revisión de la Cuenta Pública después del proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación es la segunda facultad más importante de la Cámara de Diputados en materia de finanzas públicas, ya que tiene que ver con la evaluación del ejercicio de los recursos públicos. Tiene por objeto conocer los resultados que las entidades presupuestarias obtuvieron en su gestión financiera, al tiempo que se comprueba si sus erogaciones se ajustaron a los criterios señalados por el Presupuesto aprobado, y si los objetivos contenidos en los programas bajo la responsabilidad de las entidades fueron cumplidos, y en qué medida.

Además, tienen la responsabilidad de evaluar y con ello avalar el ejercicio de los recursos públicos, o fincar las responsabilidades de acuerdo con la ley.

La Cámara de Diputados es con la Auditoría Superior de la Federación la responsable de llevar a cabo la revisión de la Cuenta Pública en tiempo y forma y conforme a los preceptos de legalidad e imparcialidad.

Por eso es necesario que el Congreso reasuma su función de vigilante del Ejecutivo, ya que los mecanismos de control han sido insuficientes para que éste se ajuste a las prioridades del gasto establecidas en el Presupuesto.

Es indispensable fortalecer en el país la cultura de rendición de cuentas. El gobierno debe explicar puntualmente a los habitantes la forma en que ha administrado los recursos que han sido puestos a su disposición y los resultados obtenidos a través de su ejercicio.

En ese contexto, para que se cuente con mayor oportunidad con la información sobre el resultado del ejercicio fiscal, con el propósito de retroalimentar el proceso presupuestario y tomar las decisiones para la asignación de los recursos públicos, considerando los resultados de la revisión de la Cuenta Pública, es menester que los plazos de entrega de ambos documentos sean más breves.

Y es que, de conformidad con el artículo 74, fracción IV, constitucional, el Ejecutivo federal hará llegar a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de PEF a más tardar el 8 de septiembre, y la Cámara de Diputados deberá aprobarlo a más tardar el 15 de noviembre, salvo cuando inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 el Ejecutivo federal, caso en el cual hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 15 de diciembre.

De tal modo, si logramos contar con mayor oportunidad con la información sobre el resultado del ejercicio fiscal, considerando los resultados de la revisión de la Cuenta Pública que se tuvieran, desde septiembre, se podría retroalimentar el proceso presupuestario y tomar las decisiones para la asignación de los recursos públicos en el PEF que se habrá de aprobar por la Cámara de Diputados, a más tardar el 15 de noviembre de cada año.

En este orden de ideas, se proponen reformas de los artículos 74 y 79 constitucionales para fortalecer el proceso de revisión de la Cuenta Pública. En el artículo 74, para un mayor orden y claridad se propone reubicar a la fracción VI, actualmente derogada, la regulación que actualmente prevé la fracción IV en esta materia. En la fracción IV permanecerá exclusivamente la regulación en materia del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Por otra parte, en el artículo 79 se realizan propuestas acordes con la anterior para fortalecer la Auditoría Superior de la Federación y prever un proceso de fiscalización más eficiente.

En relación con la Cuenta Pública, en primer término se adelanta la fecha de su presentación a la Cámara de Diputados por parte del Ejecutivo federal. Así, se sugiere adelantar el plazo del 10 de junio al 31 de marzo del año siguiente al ejercicio fiscal correspondiente.

Asimismo, se adelanta la fecha de presentación del informe de resultados que elabora la Auditoría Superior de la Federación: del 31 de marzo del año siguiente a su presentación al 30 de septiembre del mismo año en que sea presentada.

Con lo anterior se logrará contar con mayor oportunidad con la información sobre el resultado del ejercicio fiscal, con el propósito de retroalimentar el proceso presupuestario y tomar las decisiones para la asignación de los recursos públicos, tomando en consideración los resultados que se desprendan de la Cuenta Pública, entre otros elementos.

También, se propone en el artículo 74 constitucional que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Vigilancia sean las responsables de elaborar el dictamen correspondiente de la Cuenta Pública.

Actualmente corresponde sólo a la Comisión de Presupuesto emitir su opinión sobre el informe de resultados de la Auditoría Superior de la Federación y elaborar el dictamen correspondiente; sin embargo, se observa un nulo intercambio de información entre el proceso de revisión de la Cuenta Pública a cargo de la Comisión de Vigilancia y el proceso de dictaminación de la propia Cuenta Pública a cargo de la Comisión de Presupuesto.

Por ello, con la idea de facilitar la elaboración del dictamen y fortalecer la participación de la Comisión de Presupuesto proponemos que ambas comisiones sean las encargadas de elaborar dicho dictamen.

En relación con el artículo 79 constitucional, se propone incluir en el texto de dicho artículo que todas las observaciones y recomendaciones que emita la Auditoría Superior de la Federación tengan carácter vinculatorio para los entes fiscalizados.

Esto, en razón de que la configuración de las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, como órgano técnico de apoyo de la Cámara de Diputados en la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública, debe orientarse de manera que dicha entidad se constituya en una verdadera promotora de la transparencia en la rendición de cuentas del Estado, que garantice al poder legislativo, que los recursos del pueblo son recaudados, administrados y aplicados con honestidad, economía y eficiencia. Y para ello, una transformación prioritaria es la que radica en dotar de carácter vinculatorio --en el rango constitucional-- las observaciones y recomendaciones de la ASF.

El ministro Genaro David Góngora Pimentel, en la sesión de la resolución de la controversia 91/2003, hizo un llamado para que el órgano reformador de la Constitución federal y el Congreso de la Unión realicen reformas constitucionales y legales a fin de dar verdadera viabilidad y funcionalidad a la ASF, dotándola de herramientas jurídicas claras e inobjetables para que desempeñe el papel que le corresponde en el control de la actividad financiera del Estado. Para ello, dijo, resulta indispensable la elevación a norma constitucional de las facultades más importantes de la ASF, en específico las que significan una vinculación de los poderes públicos hacia las resoluciones de la entidad de fiscalización superior.

De lo contrario, aseveró, la ASF --que debería ser uno de los puntos estructurales de la transición democrática-- puede convertirse en otra expectativa frustrada de la ciudadanía. ¹

En ese artículo, la iniciativa propone establecer que la función de fiscalización que ejerce la ASF esté regulada en su alcance por los principios rectores de legalidad e imparcialidad, como preceptos a los que deberá sujetarse la actuación del órgano técnico fiscalizador.

Por otro lado, la reforma también incluye cambios de los artículos 8, 30 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, acordes con las reformas constitucionales propuestas.

Por lo expuesto, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que ser reforman los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, 30 y 67 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se derogan los párrafos V, VI y VII de la fracción IV y se modifica la fracción VI del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

Artículo Segundo. Se modifican el segundo párrafo, la fracción II y el último párrafo de la fracción IV del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 79. La entidad de fiscalización superior de la federación de la Cámara de Diputados tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. Las observaciones y recomendaciones que emita la Auditoría Superior de la Federación tienen carácter vinculatorio para las entidades fiscalizadas.

Esta entidad de fiscalización superior de la federación es responsable de la revisión de la Cuenta Pública, su función será ejercida conforme a los principios de legalidad e imparcialidad y tendrá a su cargo

Artículo Tercero. Se modifican los artículos 8, 18 y 30. Además, se reforma la fracción XIV y se anexa la fracción XV al artículo 67 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 8. La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada por el Ejecutivo federal a la Cámara, y en sus recesos, si es el caso, a la del Congreso de la Unión, a más tardar el 31 de marzo del año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la Cuenta Pública cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el secretario del despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven. En ningún caso la prórroga excederá de cuarenta y cinco días naturales.

...

Artículo 30. La Auditoría Superior de la Federación, tendrá un plazo improrrogable que vence el 30 de septiembre del mismo año en que la Cámara, o en su caso, la Comisión Permanente, reciba la Cuenta Pública, para realizar su examen y rendir en dicha fecha a la Cámara, por conducto de la comisión, el informe del resultado correspondiente, que tendrá carácter público y mientras ello no suceda, la Auditoría Superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones e informaciones.

Artículo 67. Son atribuciones de la comisión

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputada Conde Rodríguez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función Pública, con opinión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, e insértese el texto de manera íntegra, tal y como lo ha solicitado la señora diputada, en el Diario de los Debates.

ARTICULOS 50, 64 Y 115 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés, del Grupo Parlamentario de Alternativa, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por ello, para beneficio del pueblo, y en el marco de la reforma del Estado, una parte sustancial de ésta debiera incluir la obligación de los legisladores, además de otros funcionarios derivados de procesos elección, de rendir cuentas de sus actos.

Criticamos a los consejeros electorales, al Ejecutivo, a los secretarios, pero los legisladores no informamos al pueblo de nuestros actos. Y es que en nuestra Carta Magna no existe disposición expresa que así lo disponga. Los que así lo hacemos, atendemos más al espíritu inmanente en el mandato constitucional que a una disposición expresa, y ello atiende a una omisión original que procedo a referir.

Desde el primer esfuerzo formal del Constituyente de 1824, México se definió como una república representativa, federal y popular. En este proceso el Constituyente de 1824 dispuso que el poder supremo de la federación se dividiera en tres, que el Poder Legislativo lo hiciera en dos cámaras, una de Diputados y otra de Senadores, y que los diputados fuesen representantes de la ciudadanía.

Sin embargo, en este mismo esfuerzo constitucional se impuso un precedente que en el transcurso del tiempo ha evidenciado sus debilidades estructurales.

Ni en nuestra Carta Magna, ni en la mayoría de los órdenes constitucionales de los estados de la federación, los diputados o los senadores tenemos la obligación de rendir cuentas a nuestros representados. Esa costumbre habría de perpetuarse en las sucesivas refundiciones de la norma suprema.

En la Constitución de 1857 tampoco se encuentra la obligación de los servidores públicos de rendir cuentas. Y, finalmente, la Constitución de 1917 nada hizo por afectar esas estructurales formales del poder, sólo impuso preceptos de rendición de cuentas para el Ejecutivo.

Ni siquiera las reformas en materia de transparencia que décadas más tarde se hicieron a nuestra Constitución afectaron sustantivamente las responsabilidades del Congreso en el sentido de informar al pueblo de sus actos.

Si bien es cierto que el Congreso tiene la facultad de ejercer ciertos tipos de control constitucional, tal es el caso de recibir el informe del Ejecutivo previsto en el artículo 69, las implícitas en el artículo 73, y las expresas del artículo 93, también es cierto que nada nos obliga a nosotros.

Olvidamos que los ciudadanos otorgan un mandato a una clase gobernante durante cierto tiempo y cedieron un fragmento de su libertad a cambio de seguridad y paz social. La clase política ha secuestrado la soberanía de su legítimo depositario, el pueblo, y ha dado en conducirse como dueña de los destinos del país. Sus arbitrariedades han generado incredulidad, indignación en la sociedad.

El sistema político de pesos y contrapesos se antoja un andamiaje incierto y poco creíble, además de bastante ineficiente. Por lo cual, considerando la forma en que una importante franja de la sociedad nos contempla, los legisladores debemos poner el ejemplo de preocupación por la rendición de cuentas y la transparencia.

Somos depositarios, se dice, de un mandato popular y encarnamos uno de los tres Poderes de la Unión, pero el mandato tiene condiciones muy claras en cuanto a su ejecución y cumplimiento, que no sólo no han sido cumplidas, sino que ni siquiera han sido planteadas seriamente.

Hemos aceptado y ejercemos el mandato de la ciudadanía. Como legisladores proponemos o enmendamos o abrogamos normas jurídicas, fiscalizamos el actuar de otros poderes y gestionamos satisfactores para quienes nos favorecieron con su confianza, pero no informamos de nuestro quehacer ni rendimos cuentas del mismo al pueblo.

La teoría del Estado y la política discuten la naturaleza de la representación del Legislativo, y quieren convencernos de que no hay un mandato como acuerdo entre ciudadano y sus representantes, y que éste es una ficción jurídica.

Empero, recuerdo fielmente lo que dispone a la letra el artículo 39 constitucional: ``La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste''.

¿Qué parte de todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio?... Querámoslo o no, somos depositarios de un mandato de la voluntad de un ente superior, el pueblo. En ese tenor, debemos atender a las reglas de esa figura jurídica.

Ordena el Código Civil Federal: ``El mandatario se sujetará a las instrucciones recibidas del mandante...'' De donde, en un rápido examen de conciencia, quizá sería procedente preguntarnos: ¿Hemos seguido las instrucciones de quienes nos situaron donde estamos?

Proviene del mismo cuerpo de leyes. ``El mandatario está obligado a dar al mandante cuentas exactas de su administración, cuando el mandante lo pida, y en todo caso al fin del contrato. Dar cuentas exactas de nuestra administración, ése es el tema. No somos propietarios, somos servidores públicos.

No deja de llamar la atención el que, habiendo sido redactada, sancionada y ejercida por miles de diputados y senadores durante 60 legislaturas... nuestra Constitución no establezca ninguna obligación precisa a cargo de los legisladores, en forma individual y, desde luego, que ninguno de ellos tenga la obligación de rendir cuentas de su mandato a sus representados.

Por lo expuesto y fundado, proponemos una reforma constitucional que habrá de transitar sobre dos ejes. El primero, destinado a fomentar la rendición de cuentas y la transparencia al interior del propio cuerpo parlamentario, elevando a obligación constitucional el deber de diputados y senadores de informar, al fin de cada ejercicio, a los ciudadanos de la jurisdicción a que corresponda el legislador, de todos y cada uno de los actos que realizó en cumplimiento del mandato; y de rendir cuenta cabal de los dineros recibidos y erogados, con completo detalle.

No podemos cerrar los ojos a las condiciones casi de absolutismo que se están presentando en ciertas regiones de nuestra república, por la desmedida concentración de poder que acumulan algunos diputados locales, presidentes municipales, gobernadores, que no responden de nada y ante nadie de sus excesos, siempre que cuenten con la anuencia de los personajes debidos.

El segundo eje de la reforma propuesta se aboca, por tanto, a establecer la obligación constitucional, para todo funcionario público electo, de rendir cuentas. Debemos constituirnos como verdaderos servidores de la ciudadanía. Estamos obligados.

Al efecto, propongo una reforma a los artículos 50, 64 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos del documento que se exhibe.

Es cuanto, señor Presidente. Le solicito que se inserte la versión íntegra de la iniciativa que proponemos en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés , del Grupo Parlamentario de Alternativa

El que suscribe, Santiago Gustavo Pedro Cortés , en su carácter de diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, 72 y 73 constitucionales; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno de la honorable Comisión Permanente la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona los artículos 50, 64 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer mecanismos de control institucional, de rendición de cuentas y transparencia, conforme a la siguiente

Los orígenes de la identidad política mexicana, por lo que concierne a su organización funcional, deben ser buscados en las reformas borbónicas de finales del siglo XVIII, con la creación de intendencias; y en la Constitución Política de la Monarquía Española para el Buen Gobierno y Recta Administración del Estado --mejor conocida como ``Constitución de Cádiz'', decretada por don Fernando Séptimo, el 18 de marzo de 1812--, que instaura la figura de representación denominada diputaciones provinciales.

Al consumarse la independencia de España y como producto del debate legislativo en el seno del Congreso Constituyente, el 4 de octubre de 1824 la primera Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue proclamada.

En ella adoptamos la forma federal --como estructura funcional viable-- e integramos a las fuerzas locales que reclamaban su presencia en un proyecto de Estado-nación, que sellaba la línea política del Estado mexicano. En esta primera Constitución, la nación mexicana quedó definida como una república y se consignó que la forma de gobierno fuese representativa, federal y popular.

En la Sección I del Título III, el Constituyente de 1824 dispuso que el Poder Legislativo de la federación se depositara en un Congreso General y que éste, a su vez, se dividiera en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores. ²

Estableciendo un criterio que se reiteraría a lo largo de los esfuerzos constituyentes sucesivos, el Constituyente vinculó a los diputados con la ciudadanía y a los senadores con la representación territorial.

Ese primer esbozo constitucional sentó un precedente que con el transcurso del tiempo se ha ido agravando, siendo objeto de severas críticas en los ámbitos social y académico: los diputados y los senadores no tienen una obligación escrita en el sentido de rendir cuentas o informar, de alguna forma, a los ciudadanos que les confiaron su representación de las actividades que, en ejercicio de sus cargos, llevan a cabo. Esa ``costumbre'' habría de perpetuarse en las sucesivas refundiciones de la norma suprema.

La Constitución de 1857, orden jerárquico en el que fácilmente pueden encontrarse los cimientos de lo que hoy es derecho positivo, plasmó una buena parte de los elementos que dan identidad a nuestro sistema político: soberanía, una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero también fue omisa en dictar un mandato al Parlamento, obligándolo a rendir cuentas de sus actos.

Una circunstancia peculiar --cargada de connotaciones de clase y significativa de la expresión ciudadana de entonces-- evidenció la distancia que se abría entre la población y sus representantes. En ese proyecto constitucional se excluyó a la Cámara de Senadores del esquema de representación. No los había.

La simiente de un compromiso de los funcionarios públicos con la nación se gestó ahí. El Constituyente de 1857 determinó --en el Título IV, denominado ``De la responsabilidad de los funcionarios públicos''-- que ``los diputados al Congreso de la Unión(...) son responsables por... los delitos comunes que cometan durante el tiempo de su encargo, y por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mismo encargo...''

No obstante, jamás se establecieron obligaciones determinadas en cuestión de rendir cuentas por el ejercicio de la representación popular.

El proyecto original de 1917 no mudó en lo fundamental de lo previsto y conservó las estructuras formales del poder. Así, se reiteró el modelo de una república representativa, democrática y federal; tres poderes --o uno solo, separado en tres--: un Legislativo, dividido en dos Cámaras --sin sentar prevalencia jerárquica de una sobre otra, vale aclarar--; con la Cámara de Diputados representando a la ciudadanía y la de Senadores a los estados de la federación.

Empero, ni un solo precepto que imponga responsabilidades a los miembros del Parlamento por cuanto a su deber de informar a sus representados se inscribió en la Carta Magna.

Mucho más tarde, las sonadas reformas ``en materia de transparencia'' fueron omisas en afectar, en lo sustantivo, las responsabilidades del Congreso en el sentido de rendir cuentas al pueblo por el desempeño del mandato que fue conferido a los legisladores.

Técnicamente, los diputados federales y los senadores integran uno de los tres poderes en que se divide el ``Poder Supremo de la Federación'' pero, curiosamente, pese a que la Constitución explica y determina cómo se designan dichos representantes populares, quiénes los suplen y muchas otras características operativas, poco aclara respecto de lo que debieran hacer.

Si bien es cierto que la Ley Orgánica del Congreso establece el compromiso de los diputados de ``protestar'' guardar y hacer guardar la Constitución, y --a quienes integran comisiones-- de ``acudir puntualmente a sus reuniones y sólo faltar por causa justificada y debidamente comunicada'', también es cierto que no hay muchas obligaciones precisas.

Dice la ley que, en tanto que integrantes de comisiones, los diputados deberán aportar su esfuerzo para que éstas (i) elaboren un plan anual de trabajo, (ii) rindan informes semestrales, (iii) sesionen por lo menos una vez al mes y (iv) conserven en orden sus archivos. Sin embargo, ni la Ley Orgánica del Congreso ni el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establecen cargas, procedimientos de operación o deberes específicos a los diputados --que no formen parte de comisiones o de la dirigencia de la Cámara--, y eso es grave.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos concede al Congreso de Unión en lo general y a la Cámara de Diputados en lo particular derechos y facultades, pero únicamente como órganos colegiados. Poco, si algo, se concreta en lo que debe ser la función de un legislador federal.

Guastini ³ --en su ensayo Sobre el concepto de Constitución-- destaca la importancia de un control garantista, emanado de la norma suprema, que resguarda la libertad de los ciudadanos, en sus relaciones con el Estado, mediante técnicas de división del poder político.

Deberes específicos de los representantes populares integrados en un Poder Legislativo se encuentran dispersas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y su reglamento, pero ninguna aborda la rendición de cuentas.

En cumplimiento del artículo 71 constitucional, los legisladores tienen derecho de iniciar leyes y decretos.

En los artículos 39, 40 y 41 se cimienta la legitimidad para que los diputados representen a los ciudadanos:

El artículo 73 previene el ámbito de facultades del Congreso General. En la fracción XXIV determina:

Derivando una facultad funcional de fiscalización a los otros poderes. Pero no dice nada de la fiscalización de sus actos.

En una concurrencia de vectores, encontramos que las facultades de representación y fiscalización --en sentido amplio-- se fundan en la interpretación armónica de la fracción IV del artículo 74 constitucional, que reza:

Cierto es que el Congreso tiene la facultad de ejercer otros tipos de control constitucional. Al efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece diferentes mecanismos. Algunos son explícitos, como los que señala el artículo 73 ya referido. Otros son especiales, como los destinados exclusivamente a una de las Cámaras. Y todos tienen el mismo propósito esencial: servir de contrapeso a los restantes poderes de la federación.

Control económico. Es claro que, siendo facultad del Congreso discutir y aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación; las bases para la celebración de empréstitos, y la revisión de la Cuenta Pública anual, la función de control constitucional es expresa, en cualquier circunstancia.

Fiscalización. Es sabido que la Cámara de Diputados se apoya en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual tiene ``autonomía técnica y de gestión'', y que así puede fiscalizar indirectamente y a posteriori los ingresos y los egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales.

Ciertamente eso le convierte en un medio de control.

Investigación. Como titular de la ASF, y en términos de lo dispuesto en el artículo 79 constitucional, fracción III, la Cámara de Diputados también tiene facultades para investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita. Pero la obligación de rendir cuentas no se precisa en nuestra norma básica.

Control sobre los nombramientos presidenciales. Los artículos 76 y 89 constitucionales conceden a la Cámara de Senadores la facultad de ratificar los nombramientos que, de determinados servidores públicos, haga el presidente de la república. Así, el procurador general de la República, los ministros de la Suprema Corte, agentes diplomáticos, cónsules generales, coroneles y demás superiores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y empleados superiores de Hacienda deberán contar con el beneplácito del Senado o de la del Congreso de la Unión, en su caso.

Comparecencias de miembros del gabinete. Interrogar, cuestionar, confrontar, demandar que se le informe de las acciones de los titulares de las carteras y de altos funcionarios es incuestionablemente una importante facultad del Parlamento.

Por ello, el artículo 93 constitucional regula dos supuestos de informe. En el párrafo primero de dicho artículo se establece la obligación de los secretarios de despacho y los jefes de los departamentos administrativos de dar cuenta al Congreso acerca del estado que guarden sus respectivos ramos.

Pero también el párrafo segundo del referido artículo 93 regula la facultad de cualquiera de las Cámaras para citar a (i) secretarios de Estado, (ii) al procurador general de la República, y (iii) a otros funcionarios, para que le informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades.

Sin menoscabo de la trascendencia de esa facultad, con base en la experiencia, advertimos un fallo elemental en la legislación referida: No obstante que es obligación de los secretarios de Estado y altos funcionarios (a) informar a los legisladores, al menos una vez al año, ``del estado que guarden sus respectivos despachos'', y (b) comparecer cada que sean citados, no existe sanción ante el incumplimiento de tal obligación.

Control sobre las ausencias del presidente de la república. Otro de los elementos de control parlamentario --que no es tema menor-- es la facultad del Congreso de dar, o denegar, el ``permiso'' para que el titular del Ejecutivo pueda ausentarse del territorio nacional, y la razón de que exista ese medio de control del Legislativo sobre el Ejecutivo tiene una explicación histórica y filosófica.

Comisiones de investigación. Es bien sabido que los años setenta del siglo pasado estuvieron marcados, en nuestro país, por un afán de reconciliación en materia de política social: desarrollo a cualquier precio, con un criterio eminentemente keynesiano, proliferación de organismos descentralizados, dispendio en el gasto y otras ``generosidades'' hicieron conveniente distribuir, junto a las cargas de trabajo, cargas de responsabilidad. A tal efecto, en 1977 se organizó una reforma constitucional que adicionaba un tercer párrafo al artículo 93:

La exposición de motivos de la iniciativa que culminó con la adición del tercer párrafo al texto del artículo 93 constitucional referido subrayaba la importancia de encontrar ``fórmulas más adecuadas para vigilar las actividades de los organismos descentralizados, dada su propagación''. Empero, estas comisiones no fueron eficaces --no lo han sido--, en parte porque se les interpretó erróneamente, ya que se creía que para integrarlas se precisaba del permiso del Pleno, cuando no es así. Pero también fracasaron porque carecen de una reglamentación que les permita ser verdaderos instrumentos de control parlamentario; porque han sido víctimas de una burocracia lamentable; y porque no hay cultura de exigencia de responsabilidades políticas.

La doctora Cecilia Mora-Donatto ⁴ señalaba al respecto lo siguiente:

En 2000, México vivió la ilusión de la democracia y de la alternancia, las expectativas eran altísimas, pero... ocho años después, es evidente que poco, si algo, ha cambiado. Las comisiones siguen inoperantes.

Desde 1982 a la fecha, como un proceso continuo y sostenido, el gobierno federal ha venido desmantelando y cancelando organismos descentralizados y empresas de participación estatal. La visión actual parece ir en el sentido de acabarlas, sin que al legislador interese actualizar esta norma constitucional.

De seguir así, el tercer párrafo del artículo 93 constitucional llegará a ser tan obsoleto y absurdo como lo es hoy el artículo 47, que sigue disponiendo:

Es pertinente acotar que, para la mayoría de la gente, el Congreso opera como un todo. Pero como un todo que no funciona. Un todo que no es grato a los ojos del ciudadano. Un todo que queda a deber al pueblo de México.

Esta inconformidad la refiere casi todo el mundo, casi todo el tiempo. La sociedad --en muchas latitudes-- considera a los políticos con una mezcla de insatisfacción, crispación y descrédito.

Sartori apunta: ``Los políticos son populares en tiempos heroicos, pero pocas veces lo son en tiempos rutinarios...'' ⁶ Y, ciertamente, hoy, en nuestro país, no lo son para nada.

Las minorías, que debían ejercer un control constitucional del quehacer de sus pares en el Congreso, y de los restantes dos poderes mediante los instrumentos a su alcance, apenas si atienden a esa importante función, más preocupados por el fomento de sus cotos de poder o la supervivencia de sus grupos que por llevar a cabo el ejercicio de una representación simulada.

Los mecanismos de control parlamentario contenidos en nuestra Carta Magna deben ser sin duda objeto de una revisión minuciosa para dotarlos de mayor relevancia, de mayor seriedad. El sistema político de pesos y contrapesos se antoja un andamiaje incierto y poco creíble, además de bastante ineficiente.

``El buen juez... por su casa empieza'', reza un refrán popular. Y considerando la forma en que una importante franja de la sociedad nos considera, los legisladores deberíamos poner el ejemplo de preocupación por la rendición de cuentas y la transparencia.

Somos depositarios, se dice, de un mandato popular y encarnamos uno de los tres Poderes de la Unión.

Pero el mandato tiene condiciones muy claras por cuanto a su ejecución y cumplimiento, que no sólo no han sido cumplidas sino que ni siquiera han sido planteadas seriamente.

Refiere el Código Civil Federal:

Hemos aceptado y ejercemos el mandato de la ciudadanía. Como legisladores, proponemos, enmendamos o abrogamos normas jurídicas, fiscalizamos el actuar de otros poderes y gestionamos satisfactores para quienes nos favorecieron con su confianza. Pero no informamos de nuestro quehacer, ni rendimos cuentas del mismo al pueblo.

Pese a que las materias, técnicamente, son diversas, pese a que la teoría del Estado y la política discuten la naturaleza de la representación del Legislativo y pretenden convencernos de que no hay tal mandato como acuerdo entre ciudadano y sus representantes y que éste es una ficción jurídica o simple retórica, recuerdo fielmente lo que dispone, a la letra, el artículo 39 constitucional:

¿Qué parte de ``todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste...'' no entendemos? Querámoslo aceptar o no, somos depositarios de un mandato, de la voluntad de un ente superior, el pueblo. En ese tenor, debemos atender a las reglas de esa figura jurídica.

Ordena el Código Civil Federal:

De ahí, en un rápido examen de conciencia, que quizá sea procedente preguntarnos: ¿Hemos seguido las instrucciones de quienes nos situaron donde estamos? ¿Hemos ignorado disposiciones expresas del pueblo de México?

Previene el mismo cuerpo de leyes:

Dar cuentas exactas de nuestra administración, ése es el tema. No somos propietarios. Somos servidores.

No deja de llamar la atención el que, habiendo sido redactada, sancionada y ejercida por miles de diputados y de senadores durante 60 legislaturas... nuestra Constitución no establezca ninguna obligación precisa a cargo de los legisladores, en forma individual, y --desde luego-- que ninguno de ellos tenga la obligación de rendir cuentas de su mandato a sus representados.

Por lo expuesto y fundado, proponemos una reforma constitucional destinada a fomentar la rendición de cuentas y la transparencia en el propio cuerpo parlamentario: elevar a obligación constitucional el deber de diputados y de senadores de (i) informar al fin de cada ejercicio a los ciudadanos de la jurisdicción a que corresponda el legislador de todos y cada uno de los actos que realizó en cumplimiento del mandato, (ii) rendir cuenta cabal de los dineros recibidos y erogados, con completo detalle, y (iii) publicitar y difundir los resultados en los medios de mayor circulación de la sede de representación.

No podemos cerrar los ojos a las condiciones, casi réplicas del absolutismo, que se están presentando en ciertas regiones de nuestra república por la desmedida concentración de poder que acumulan algunos presidentes municipales y otros funcionarios de ese orden de gobierno, que no responden ante nada y ante nadie de sus excesos, siempre que cuenten con la anuencia de los personajes debidos.

Por ello, la rendición de cuentas debe ser una obligación constitucional para todo servidor público electo. Debemos constituirnos como verdaderos servidores de la ciudadanía. Estamos obligados.

Con base en lo expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo obligaciones concretas a los diputados y a los senadores y a otros funcionarios designados mediante elección popular, en materia de rendición de cuentas y transparencia

Artículo Único. Se reforma el artículo 64; y se adicionan el 50, con un segundo párrafo, y el 115, con una fracción XI, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 50. (...)

Dentro de los 30 días siguientes a la clausura de sesiones ordinarias del segundo periodo del Congreso, los diputados y los senadores del Congreso de la Unión presentarán, ante la sociedad de su circunscripción, un informe por escrito, en el que manifiesten las actividades realizadas durante el ejercicio, en los términos de la legislación reglamentaria que al efecto se expida. Dicha información tendrá carácter público y no podrá ser reservada.

Artículo 64. Los diputados y los senadores que no concurran a una sesión, sin causa justificada o sin permiso de la Cámara respectiva, además de no tener derecho a la dieta correspondiente al día en que falten, deberán hacer constar ese hecho, y su justificación, en el texto del informe previsto en el artículo 50 constitucional.

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión, en un plazo de seis meses a partir de la publicación del presente decreto, expedirá la ley reglamentaria en la que se regularán las modalidades de la obligación de rendición de cuentas y transparencia de los servidores públicos electos.

Tercero. El Constituyente Permanente de las entidades federativas, en un plazo de un año a partir de la publicación del presente decreto, realizará las adecuaciones a la Constitución local para ponerla en concordancia con las adiciones contenidas en el presente decreto.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Pedro Cortés. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, como ha sido solicitado por el señor diputado.

El siguiente punto del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se autoriza. Proceda, compañera Secretaria, a dar lectura al primer punto de acuerdo.

ESTADO DE OAXACA

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Dictamen de la Comisión de Pesca, con punto de acuerdo para exhortar a la Sagarpa, a la Semarnat, a la Conapesca y al Instituto Nacional de la Pesca a modificar la Norma Oficial Mexicana NOM-EM-04-PESC-2001, donde se establecen las reglas de operación de la flota atunera de altura

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

1. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sagarpa, Conapesca y al Instituto Nacional de Pesca, a diseñar programas de ordenamiento pesquero en el Golfo de Tehuantepec, a cargo del diputado Jorge Toledo Luis , del Grupo Parlamentario del PRI, presentada el 11 de abril de 2007.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Pesca somete a la consideración de esta honorable asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes:

Antecedentes

Consideraciones

La comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo listada, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

La proposición con punto de acuerdo listada en la primera parte de este dictamen (inciso 1), presentada desde el 11 de abril de 2007, tiene como finalidad exhortar a la Sagarpa, Conapesca y al Instituto Nacional de Pesca, a diseñar programas de ordenamiento pesquero en el Golfo de Tehuantepec.

La comisión dictaminadora comparte la inquietud del legislador autor de la proposición en estudio, en virtud de que es del conocimiento de esta comisión la problemática que se ha venido suscitando en esa región del país, concretamente, en Puerto Ángel, Oaxaca.

De la misma manera, esta comisión se hizo presente en dicha región el 16 de marzo del año en curso, con la finalidad de servir de mediadores en la resolución del conflicto en mención, además de recoger las inquietudes de las partes involucradas en el mismo.

De la citada visita, derivaron diversos acuerdos que, en lo que atañe al punto de acuerdo en estudio, está el compromiso de la Conapesca a tomar las medidas necesarias con la finalidad de que se emita una norma oficial mexicana que restrinja la operación de barcos atuneros en una distancia no menor de 20 millas náuticas de distancia de la costa.

En ese sentido, esta comisión considera que del contenido de la proposición en estudio se desprende que se encuentra plenamente justificada la pretensión del proponente, con la salvedad de que en criterio de esta comisión, delimitar la operación de la flota atunera a 50 millas náuticas de la costa es excesiva, en virtud de que, como es sabido, la pesca ribereña se desarrolla a no más de 10 millas náuticas; en tanto que la posible afectación a las especies marinas protegidas no se da a más de 15 millas náuticas, por lo que consideramos que la distancia más razonable para implementar dicha restricción debe ser a 20 millas náuticas de la costa.

En mérito de lo anterior, la Comisión de Pesca, se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Sagarpa, Semarnat, Conapesca y al Instituto Nacional de la Pesca para que modifiquen la Norma Oficial Mexicana NOM-EM-04-PESC-2001, donde se establecen las reglas de operación de la flota atunera de altura, para restringir sus operaciones de pesca y su acercamiento a una distancia de 20 millas náuticas de las costas, con el fin de evitar el daño a las poblaciones de tortuga marina, mantarrayas y ballenas, así como la competencia desleal que ejercen dichas embarcaciones sobre los pescadores ribereños del Golfo de Tehuantepec.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Está a discusión el punto de acuerdo.

En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.

REGLAMENTO EN MATERIA DE TATUAJES, MICROPIGMENTACIONES Y PERFORACIONES

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a cumplir el artículo segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2006 y a emitir el Reglamento en materia de Tatuajes, Micropigmentaciones y Perforaciones

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud fue turnada para su estudio y posterior dictamen la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Salud emita el reglamento en materia de tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones, relativo a los artículos 268 Bis y 268 Bis-1 del Capítulo VIII del Título Duodécimo de la Ley General de Salud.

La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 39, numerales 1 y 3, 43,44 y 45 y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los miembros de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

La comisión encargada del análisis y dictamen de la minuta mencionada anteriormente desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de ``Antecedentes'' se da constancia del trámite, del proceso legislativo, del recibo en turno para el dictamen del punto de acuerdo y de los trabajos previos de la comisión dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a ``Contenido'' se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de ``Consideraciones'', la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la propuesta en análisis.

I. Antecedentes

En sesión celebrada con fecha 28 de marzo de 2007 por el Pleno de la H. Cámara de Diputados, el diputado Ector Jaime Ramírez Barba , a nombre propio y de la diputada Margarita Arenas Guzmán , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Salud emita el reglamento en materia de tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones, relativo a los artículos 268 Bis y 268 Bis-1 del Capítulo VIII del Título Duodécimo de la Ley General de Salud.

Con la misma fecha, la mesa directiva de este órgano legislativo turnó la mencionada proposición a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

En su exposición de motivos, los diputados promoventes afirman que la aceptación y popularidad social de la práctica de la ornamentación corporal ha crecido y motivado la diversificación y multiplicación de técnicas, materiales y artistas dedicados al servicio. Entre los artistas dedicados a dicha actividad se encuentran los tatuadores, perforadores y micropigmentadores, cuya actividad no está reglamentada ni autorizada.

Estos servicios se desarrollan en centros comerciales, establecimientos privados, tiendas de joyería, casas particulares y consultorios médicos, por lo que toda la población tiene acceso a ellos. Generalmente no se utilizan antibióticos y los métodos de esterilización son variables, situación que puede ocasionar riesgos para la salud como infecciones, dolor, edema y hemorragia prolongada. Se considera que cualquier exposición percutánea tiene el potencial de causar riesgos para la salud.

Agregan que en sesión celebrada el 26 de noviembre de 2002 por la Cámara de Diputados, la diputada Miroslava García Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LVIII Legislatura, presentó iniciativa de Ley para Regular la Elaboración de Tatuajes Permanentes, Micropigmentación y Perforaciones. Dicha reforma fue dictaminada y aprobada por las Cámaras de Diputados, y de Senadores, por lo que el 24 de abril de 2006 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la adición de los artículos 268 Bis y 268 Bis-1, y reforma del 419 de la Ley General de Salud, en materia de tatuajes, perforaciones y micropigmentaciones que a la letra establece lo siguiente:

Transitorios

Por ello, afirman y debido a las anteriores reformas a la Ley General de Salud, es necesario reglamentar los artículos adicionados y reformados a fin de proveer en la esfera administrativa su exacta observancia por parte del Ejecutivo y asegurar la prestación segura e higiénica de estos servicios.

Por las razones expuestas, se exhorta a la Secretaría de Salud a emitir el reglamento en materia de tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones, relativo a los artículos 268 Bis y 268 Bis-1 del Capítulo VIII del Título Duodécimo de la Ley General de Salud, con fundamento en el artículo segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2006.

III. Consideraciones

En la actualidad existe una demanda importante por servicios de tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones, principalmente entre los jóvenes, quienes tienen la inquietud de tatuarse la piel o perforarse, como respuesta a diversos factores sociales y culturales. Por ello, esta dictaminadora considera que es indispensable dotar de herramientas para que esta decisión personal, sea llevada a cabo con la higiene y precaución necesarias para evitar riesgos a su salud.

Es importante considerar que existen diversas posibles afectaciones a la salud por éstas prácticas, las infecciones suelen ser las más comunes, en virtud de que los equipos y agujas de tatuaje no esterilizados pueden transmitir enfermedades infecciosas, como la hepatitis y en el caso de las perforaciones cuando no se emplean técnicas estériles, se pueden introducir bacterias y virus en la corriente sanguínea, incluyendo el virus de la hepatitis B, que puede causar hepatitis crónica y cáncer hepático, el VIH, en el caso de las infecciones bacterianas generalmente son posterior a la lesión del tejido subcutáneo, seguidas por hemorragia y lesiones o desgarramientos en el sitio de la perforación.

La eliminación de un tatuaje es un proceso doloroso que suele conllevar tratamientos intensos y un considerable gasto. Puede ser imposible la eliminación completa del tatuaje sin producir cicatriz a pesar de los avances en tecnología láser.

Cuando ocurren reacciones alérgicas por tatuajes, son particularmente problemáticas, en virtud de que los pigmentos son difíciles de eliminar, sin importar la antigüedad del tatuaje. En el caso de las perforaciones las más comunes son provocadas por la colocación de aros fabricados con metales que provocan dermatitis de contacto, hasta infecciones graves en algunas personas.

La perforación de la lengua puede dar origen a una pérdida permanente de sensación, dificultad para hablar, pérdida de la capacidad de captar el sabor y problemas de respiración, si la inflamación es severa.

Los queloides son cicatrices que crecen más que sus límites normales, tiene riesgo de formar queloides a partir de un tatuaje, se pueden formar en cualquier momento en que lesione o traumatice su piel, y de acuerdo con dermatólogos el tatuaje o la micropigmentación constituyen una forma de traumatismo.

Sabemos que la transmisión de diversas enfermedades infecciosas por vía sanguínea es altamente riesgosa y en especial si las prácticas de tatuaje, micropigmentación y perforación no son realizadas por personas que cuente con la información, los instrumentos y condiciones higiénicas adecuadas. Por tanto, es necesario contar con normas sanitarias relacionadas con la elaboración de tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones, las cuales deberán cumplir tanto los encargados a realizar dichas actividades, los establecimientos donde se realizan las prácticas, y las personas que se someten a hacérselo, a fin de evitar los riesgos para la salud que este tema implica y evitar consecuencias que actualmente se manifiestan de forma creciente.

Atendiendo a lo anterior, el 24 de abril de 2006 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la adición de los artículos 268 Bis y 268 Bis-1, y reforma del 419 de la Ley General de Salud en materia de tatuajes, perforaciones y micropigmentaciones, descritas en el capítulo anterior, y en cuyo artículo segundo transitorio se establece que el Ejecutivo federal contará con sesenta días a partir de la entrada en vigor del decreto para emitir el reglamento en materia de tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones. Sobra decir que el plazo establecido no ha sido cumplido y a la fecha no existe dicho reglamento.

Por ello, esta comisión considera impostergable la emisión del reglamento en materia de tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones, para evitar afectaciones en la salud de las personas que recurren a estos servicios. Además, en atención al consenso que existe en la materia, a la expresión de los grupos sociales que prestan los servicios a que alude la ley, hoy es necesaria su emisión a fin de cumplimentar la ley.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorgan el artículo 73, fracción XVI, y el último párrafo del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, emitimos el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal dé cumplimiento al artículo segundo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2006 y emita el reglamento en materia de tatuajes, micropigmentaciones y perforaciones, relativo a los artículos 268 Bis y 268 Bis-1 del Capítulo VIII del Título Décimo Segundo de la Ley General de Salud.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Está a discusión el punto de acuerdo.

En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.

VIOLENCIA FAMILIAR

La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján: «Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a emitir por sus áreas competentes comentarios sobre la revisión de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, ``Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar''

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, LX Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud a fin de que emita los comentarios sobre el proyecto de la nueva Norma Oficial Mexicana (NOM-190) sobre Prestación de Servicios de Salud y Criterios para la Atención Médica de la Violencia Familiar y se lleve a cabo su publicación a la brevedad, presentada por la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Alternativa.

Los integrantes de esta comisión dictaminadora, con base en los artículos 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numerales 1 y 3, 43, 44, 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

I. Antecedentes

Con fecha 28 de marzo de 2007, la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Alternativa, presentó la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud a fin de que emita los comentarios sobre el proyecto de la nueva Norma Oficial Mexicana (NOM-190) sobre Prestación de Servicios de Salud y Criterios para la Atención Médica de la Violencia Familiar y se lleve a cabo su publicación a la brevedad.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, LX Legislatura, turnó dicha propuesta a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen correspondiente.

II. Contenido de la propuesta

La diputada Conde Rodríguez señala que con fecha 9 de marzo de 2000, entró en vigor la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, sobre la prestación de servicios de salud y criterios para la atención médica de la violencia familiar; y que atendiendo lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, mediante su artículo 51, todas las normas oficiales mexicanas deben ser revisadas y actualizadas cada cinco años, a partir de la fecha de su entrada en vigor, por lo que asienta que la Secretaría de Salud inició la revisión de dicha norma desde el año 2005 y, no obstante, a la fecha no han sido publicadas las posibles actualizaciones o adecuaciones.

Esta norma, señala la diputada proponente, es un instrumento para atender en los establecimientos de salud a las personas involucradas en situación de violencia familiar, y para contribuir a la prevención de esta última. Asimismo, señala que la violencia familiar se reconoce no sólo como un problema de salud pública, sino también de derechos humanos, de justicia social y como un delito que, además, incluye la violencia psicológica, física, sexual y económica.

Por lo que es importante reconocer que la atención oportuna y de calidad tiene un impacto positivo y significativo en la prevención de complicaciones importantes ante delitos como el de violación, que afectan la calidad de vida al perpetuar los daños emocionales, biológicos y sociales. Y, en otros casos, el embarazo forzado y las infecciones de transmisión sexual.

De ahí que las adecuaciones a la nueva norma oficial mexicana, entre otras cosas, permitirá al gobierno de México seguir cumpliendo con los compromisos adquiridos a nivel internacional en materia de violencia, especialmente los que se encuentran plasmados en la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Bajo este contexto, dice la proponente, es de especial relevancia que la norma siga vigente como instrumento de ayuda para salvar la magnitud y características específicas del impacto de la violencia familiar en nuestro país.

Por estas razones, la diputada Conde Rodríguez considera necesario exhortar a la Secretaría de Salud, a través de las instancias correspondientes, para que agilice los trámites hacia el interior de la secretaría y que, de esta forma, se lleve a cabo la publicación de la misma a la mayor brevedad posible.

III. Consideraciones

Primera. Esta comisión dictaminadora reconoce la imperiosa necesidad de la actualización y adecuación de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, ``Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar'', en virtud de su trascendental efecto y utilidad para atender y prever la prestación de servicios de salud para la atención médica de la violencia familiar, así como para atender parte de los efectos secundarios que en la vida individual, social y económica genera este fenómeno social y de salud, tal como puntual y convincentemente lo señala la propia introducción de la norma en estudio, misma que consigna lo siguiente:

Segunda. Que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento son amplios y precisos con relación a las atribuciones y responsabilidades de las instancias y dependencias involucradas en relación a las normas oficiales mexicanas. Dichas normas precisan que

En la elaboración de normas oficiales mexicanas participarán, ejerciendo sus respectivas atribuciones, las dependencias a quienes corresponda la regulación o control del producto, servicio, método, proceso o instalación, actividad o materia por normalizarse.

Asimismo, corresponde a las dependencias elaborar los anteproyectos de normas oficiales mexicanas y someterlos a los comités consultivos nacionales de normalización.

Los comités consultivos nacionales de normalización, con base en los anteproyectos mencionados, elaborarán a su vez los proyectos de normas oficiales mexicanas, de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Los proyectos de normas oficiales mexicanas se publicarán íntegramente en el Diario Oficial de la Federación a efecto de que, dentro de los siguientes 60 días naturales, los integrantes presenten sus comentarios al comité consultivo nacional de normalización correspondiente.

Una vez aprobadas por el comité de normalización respectivo, las normas oficiales mexicanas serán expedidas por la dependencia competente y publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

En todos los casos, el presidente del comité será el encargado de ordenar las publicaciones en el Diario Oficial de la Federación.

Tercera . Para el efecto, esta comisión dictaminadora estima indispensable que la Secretaría de Salud atienda puntualmente lo que la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento establecen para el procedimiento de normalización y en especial de la revisión, adecuación y actualización de las normas. Los cuales claramente se señala en el artículo 51 de la ley y el 39 del reglamento.

Cuarta . Esta comisión dictaminadora estima que, en apego al cumplimiento del procedimiento y los tiempos legales antes señalados, y que invariablemente deben conocer y atender las instancias y dependencias responsables y a quienes corresponde de manera particular por su competencia, el exhorto del punto de acuerdo en estudio procede. Y sólo para una mayor certeza y claridad, y por competencias y responsabilidades, deberá precisarse la recomendación a la Secretaría de Salud como la instancia superior responsable de la revisión, que no de una nueva norma oficial mexicana.

Por lo anteriormente expuesto, esta dictaminadora coincide con el espíritu de la propuesta, pero con modificaciones a la misma, para quedar como sigue

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud, a través de sus instancias competentes, a fin de que emita los comentarios sobre la revisión de la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, ``Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar''. Y que, conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y a su reglamento, sean considerados para la publicación definitiva y urgente de esta norma oficial mexicana.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Está a discusión el punto de acuerdo.

En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación en conjunto.

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA TUBERCULOSIS

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo a efecto de exhortar a la Secretaría de Salud con relación al Programa de Acción para la Prevención y Control de la Tuberculosis

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a que diseñe y aplique un programa emergente en todo el país para prevenir y controlar la tuberculosis.

La Comisión de Salud, con fundamentos en las atribuciones que le otorgan los artículos 39, numerales 1o. y 3o., 43, 44, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

La comisión encargada del análisis y dictamen de la propuesta con punto de acuerdo mencionada desarrolla su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo ``Antecedentes'' consta el trámite del proceso legislativo, del recibo en turno para el dictamen del punto de acuerdo y los trabajos previos de la comisión dictaminadora.

II. En el capítulo ``Contenido'' se sintetiza el alcance de la propuesta en estudio.

III. En el capítulo ``Consideraciones'', la comisión dictaminadora presenta los argumentos de valoración que sustentan la propuesta o el rechazo de la propuesta en análisis.

I. Antecedentes

En sesión celebrada con fecha 28 de marzo de 2007 en el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Salud a que diseñe y aplique un programa emergente en todo el país para prevenir y controlar la tuberculosis.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de este órgano legislativo turnó la mencionada proposición a la Comisión de Salud, para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

El diputado promovente solicitó a los integrantes de la Cámara de Diputados que, con absoluto apego al principio de división y colaboración de poderes, se exhorte al doctor José Ángel Córdova Villalobos, titular de la Secretaría de Salud, a que a la brevedad se diseñe y aplique un programa emergente en todo el país, principalmente en las poblaciones de los municipios con mayor índice de pobreza y marginación social, con objeto de que se intensifiquen en su aplicación las medidas sanitarias y los servicios de salud para prevenir y controlar la tuberculosis.

El promovente, en el marco del Día Internacional contra la Tuberculosis, celebrado el 24 de marzo, establece que a pesar de los avances en la lucha contra esta enfermedad por los países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), siguen muriendo personas en todo el mundo a consecuencia de la misma.

Señala que es una enfermedad, que es considerada un problema de salud pública, y que con base en las estrategias dictadas por la OMS, nuestro país empezó a aplicar en 1996 el Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado (TAES), que contempla acciones para el combate de esta enfermedad, como son garantizar los recursos necesarios para su control, a través del suministro de medicamentos e insumos de laboratorio; la organización de la detección, diagnóstico y tratamiento de casos; el diagnóstico de los casos, mediante examen de esputo en los pacientes y las pacientes con tos y expectoración; el tratamiento acortado estrictamente supervisado a todos los casos confirmados; y un sistema de información oportuno para el registro y seguimiento de casos, hasta su curación.

Pero el promovente manifiesta que no se ha logrado la cobertura del TAES deseado, y que esto impide detectar todos los casos existentes de forma oportuna.

Reconoce el diputado promovente que un aspecto que no se debe soslayar es que los factores de mayor riesgo para que la tuberculosis prolifere son la pobreza, la desnutrición, el hacinamiento, el abuso en el consumo del alcohol y del tabaco, así como de otras drogas.

Por otro lado, señala que el Plan Mundial Alto a la Tuberculosis 2006-2015 se ha fijado como propósito reducir a la mitad la incidencia de esta enfermedad, así como el nivel de fallecimientos.

De igual manera, expone que una de las metas trazadas por la OMS y la OPS establece el compromiso de alcanzar al menos 70 por ciento de detección y 85 por ciento de curación.

III. Consideraciones

En el marco del Programa Nacional de Salud (PNS) 2001-2006 la tuberculosis se consideró un problema de salud pública del país que requiere atención prioritaria.

Con base en esta premisa, en México la Secretaría de Salud implantó y opera el Programa de Acción para la Prevención y Control de la Tuberculosis, el cual tiene por objetivo fundamental disminuir el riesgo de enfermedad y morir por esta causa.

Con este argumento, la proposición con punto de acuerdo que estamos evaluando no se justifica, toda vez que al existir un programa específico para la prevención de la tuberculosis, resulta innecesario diseñar y aplicar un programa emergente para prevenir y controlar esta enfermedad. Más aún, no es viable la propuesta de llevar estos programas a un contexto legal de coordinación con las secretarías de las entidades federativas, ya que el control y prevención de las enfermedades transmisibles es materia de salubridad general.

El diseñar un programa emergente en salud se justifica cuando no existe un programa o acciones específicas para la prevención y control de alguna enfermedad que se presenta como emergente o que pone en riesgo inminente a un país a causa de una epidemia o pandemia de graves consecuencias.

Sin embargo, compartimos la preocupación del diputado promovente con el señalamiento que manifiesta de refrendar el compromiso y doblegar esfuerzos para lograr disminuir el riesgo en la población de enfermar y morir a causa de la tuberculosis; de impulsar acciones que permitan a los pacientes no interrumpir su tratamiento; el asegurar el acceso a los servicios de diagnóstico y lograr el tratamiento de todos los casos diagnosticados.

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa, generalmente crónica, causada por el complejo Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis y Mycobacterium africanum), y se transmite del enfermo al sujeto sano por vía respiratoria, ingestión de leche de vaca infectada, contacto con personas enfermas o animales bovinos enfermos.

La tuberculosis más frecuente es la pulmonar, que es la forma infectante y de mayor importancia epidemiológica; sin embargo, existen otras, como meníngea y miliar, que se previenen con la vacuna BCG en niños; las formas ganglionar, renal, genital, ósea e intestinal.

Sabemos que la tuberculosis pulmonar es un problema de salud pública en México; afecta a cualquier edad, con mayor frecuencia a la población en edad productiva y de igual forma a hombres y mujeres. Se considera que un caso bacilífero que no recibe tratamiento puede infectar, por año, de 10 a 15 personas.

El compromiso expreso del programa en comento es la detección oportuna de casos y la curación de los enfermos a través de la estrategia de Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado (TAES), la cual, sin duda, tiene fallas que pueden poner en riesgo el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Estas fallas están asociadas, como lo reconoce el diputado promovente, a que en la tuberculosis inciden otras variables de gran importancia para su prevención, tratamiento y control, como es la pobreza, la desnutrición, el hacinamiento, el abuso en el consumo del alcohol y del tabaco, así como de otras drogas; y por otro lado, desde 1993 y debido a que a la tuberculosis se ha asociado el VIH/sida y la aparición de cepas de M. tuberculosis resistentes a los medicamentos, se da otro factor de gran importancia por atender, sin dejar de lado la falta de recursos financieros.

Sin duda, en México se a avanzado en la lucha contra la tuberculosis, y el programa ha tenido impacto en la salud de los mexicanos. De igual manera, el índice de desempeño del programa a nivel nacional, el cual refleja las acciones operativas y el avance en la prevención y control de la enfermedad, pasó de 59 en 2001 a 75.7 en 2005, sin duda un notable incremento de 28 por ciento en dicho periodo. Esto se debe en gran parte al aumento en el número de estados que presentaros un buen desempeño en el control de la tuberculosis.

A pesar de todos los logros, es un hecho que se ha presentado un aumento en los casos de tuberculosis, por lo que, a pesar de que reconocemos los esfuerzos realizados por la Secretaría, consideramos prudente reforzar las acciones para detener dicho incremento.

Por lo expuesto, esta comisión dictaminadora somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud a que, en el marco del Programa de Acción para la Prevención y Control de la Tuberculosis, se intensifiquen las acciones y medidas sanitarias y se destinen los recursos financieros necesarios para prevenir y controlar la tuberculosis en todo el país, principalmente en aquellas poblaciones y municipios con mayor índice de pobreza y marginación social.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Está a discusión el punto de acuerdo.

En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Salud, con puntos de acuerdo a efecto de solicitar al titular del Ejecutivo federal que redoble esfuerzos mediante las Secretarías de Salud federal y de los estados a fin de que se aplique el Seguro Universal para una Nueva Generación en todo el territorio nacional

Honorable Asamblea:

En la sesión celebrada el 26 de abril de 2007 le fue turnada a la Comisión de Salud, para su estudio y dictamen, punto de acuerdo relativo al programa Seguro Médico para una Nueva Generación, a cargo del diputado Robinson Uscanga Cruz , del Grupo Parlamentario de Convergencia.

Los integrantes de esta comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 39, numerales 1o. y 3o., 43, 44, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta honorable asamblea el presente dictamen, que se realiza con base en los siguientes

I. Antecedentes

El 26 de abril de 2007, en sesión celebrada por la honorable Cámara de Diputados durante el primer año de ejercicio legislativo de la LX Legislatura, en su segundo periodo ordinario, el diputado Robinson Uscanga Cruz , del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó punto de acuerdo con relación a la instrumentación del programa Seguro Médico para una Nueva Generación, en el sur del estado de Veracruz.

La Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó en la misma fecha a la Comisión de Salud de la LX Legislatura dicho punto de acuerdo, para la elaboración del dictamen respectivo.

II. Contenido

El diputado promovente señala en su exposición de motivos que el presidente Felipe Calderón se comprometió a que los niños nacidos a partir del 1 de diciembre de 2006 que no cuenten con algún tipo de seguro médico, automáticamente serían incorporados al sistema nacional de salud. Lo que representa una buena alternativa para los mexicanos que nazcan a partir del inicio este sexenio.

En tal virtud, la Cámara de Diputados autorizó, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 recursos fiscales por más de 26 mil millones de pesos asignados al Seguro Popular en Salud, que, según estimaciones del secretario de Salud, permitirán el crecimiento de 5.1 millones de familias a 6.8 al final del presente año.

El promovente considera oportuno solicitar a la Secretaría de Salud que se instrumente la puesta en marcha del Seguro Universal para Recién Nacidos en la región sur del estado de Veracruz, especialmente en los municipios de Minatitlán, Hidalgotitlán, Ixhuatlán del Sureste, Jesús Carranza, Las Choapas, Moloacán y Uxpanapa.

III. Consideraciones

A. Ya comenzó a operar de manera oficial el Seguro Médico para una Nueva Generación que ofreció el presidente Felipe Calderón a los niños que hayan nacido a partir del 1 de diciembre de 2006 que no cuenten con acceso a los servicios de salud del IMSS o del ISSSTE, para que queden protegidos en materia de salud a través del Seguro Popular; sin embargo, falta mucho para que abarque toda la cobertura nacional.

B. El secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, indicó que el Seguro Médico para una Nueva Generación adecuará en tres vertientes el Seguro Popular implantado en el sexenio pasado, ampliará el catálogo de enfermedades e incluirá cobertura en gastos catastróficos, como implantes para sorderas congénitas y operaciones de labio leporino.

C. Los estados que ya se han visto beneficiados con la aplicación de este programa son Chiapas, Oaxaca, Yucatán y Tabasco. De ninguna manera se ponen en duda las necesidades que tienen estas entidades hermanas de la región sur sureste, pero si queremos llamar la atención sobre el hecho de que los municipios del sur de Veracruz, colindantes con regiones de similar marginación de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, presentan también grandes carencias en los servicios básicos, un bajo nivel de vida, y no han sido incluidos en el arranque de este programa.

D. La cifra de filiación al programa Seguro Popular (SP) en Veracruz en 2006 cerró con 343 mil 800 familias afiliadas. Sin embargo, no todas las jurisdicciones sanitarias cuentan con este beneficio. En Veracruz se tienen hasta el momento 8 mil 500 recién nacidos registrados e incluidos en ese programa. Seguramente esta cifra se incrementará debido a que hay regiones en donde las mujeres son asistidas en el parto por parteras, y hay otras en las que no acostumbran llevar a registrar al menor inmediatamente después de que nace, siendo esta una situación frecuente en las zonas rurales de mayor marginación.

E. Coincidimos con la preocupación del proponente, para que a la brevedad posible todos los mexicanos, particularmente la población de los municipios referidos en el Estado de Veracruz, puedan contar, mediante la aplicación del este programa, con servicios de salud y medicamentos gratuitos, para avanzar hacia el esquema de aseguramiento universal y hacia las metas de desarrollo planteadas por este gobierno.

Por lo expuesto, los integrantes de esta Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorga el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45, numeral 6, incisos e y f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero . La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud y de las Secretarías de Salud de las entidades federativas, que se redoblen esfuerzos con la finalidad de que se aplique el Seguro Universal para una Nueva Generación en todo el territorio nacional.

Segundo. Se solicita que el funcionario responsable del Seguro Universal para una Nueva Generación rinda ante la Comisión de Salud un informe detallado de los avances en la materia.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Están a discusión los puntos de acuerdo.

En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en conjunto.

DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES

La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela: «Dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo federal a decretar el 15 de octubre de cada año como el Día Nacional de las Mujeres Rurales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo para que esta soberanía exhorte al Congreso de la Unión, instruya a las instituciones correspondientes del Ejecutivo para que a nivel nacional, se promueva el Día Nacional de las Mujeres Rurales el 15 de octubre y se tenga a bien realizar lo conducente a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores para que promueva la aprobación ante los organismos internacionales y la ONU, presentada por la diputada Martha Tagle Martínez , del Grupo Parlamentario de Convergencia.

La Comisión de Equidad y Género, con fundamento en el artículo 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

Esta Comisión dictaminadora desarrolló su trabajo conforme al siguiente procedimiento:

I. Antecedentes

En sesión celebrada en la Cámara de Diputados el día 19 de octubre de 2006, la diputada Martha Tagle Martínez , del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión, instruya a las instituciones correspondientes del Ejecutivo para que a nivel nacional, se promueva el Día Nacional de las Mujeres Rurales el 15 de octubre y se tenga a bien realizar lo conducente a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores para que promueva la aprobación ante los organismos internacionales y la ONU.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, turnó la proposición en comento a la Comisión de Equidad y Género para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido del punto de acuerdo

De la proposición presentada se desprenden los siguientes elementos:

La autora de la proposición con punto de acuerdo, señala que el reconocimiento de un Día Nacional para las Mujeres Rurales sería el resultado de los trabajos permanentes y del Congreso Internacional de las Mujeres Rurales: Estrategias para su Desarrollo, que se llevó a cabo en el mes de octubre de 2005.

Señala además que durante la cuarta Conferencia de las Naciones Unidas para la Mujer de Beijín en 1995, se estableció, por primera vez, el Día Internacional de la Mujer Rural, el cual surge para reconocer y agradecer la aportación de la Mujer Rural en el bienestar de sus familias y en el desarrollo de la economía rural de los países.

De igual forma manifiesta que los logros obtenidos para las mujeres rurales han tenido como principales promotores a la Federación Internacional de Productores Agrícolas (IFAP), a la Associated Country Women of the World (ACWW), la Red Africana de Asociaciones de Mujeres Rurales (NARWA), y la Women's World Summit Foundation (WWSF), quienes coinciden en la importancia de promulgar el 15 de octubre Día Internacional de la Mujer Rural.

Asimismo, la autora hace referencia de que las crisis recurrentes en la economía, impactan fundamentalmente en el campo, para superarlos, las familias campesinas han adoptado diversas estrategias para asegurar su subsistencia; cuando los hombres tienen que emigrar en busca de un trabajo mejor remunerado, las mujeres asumen una mayor participación en la producción agropecuaria. Incluso, habla de una feminización de la agricultura; tal es caso de México, donde la población masculina que emigra a Estados Unidos, ha dejado en manos femeninas las labores agrícolas. Así, las mujeres rurales asumen las tareas domésticas de procurar el cuidado y la alimentación de sus hijos, además, se ocupan de actividades agrícolas como el cuidado del ganado, la siembra y cosecha de sus tierras.

Según datos del Procede de 1998, el número de las mujeres rurales en México, es cada día mayor, debido al fuerte fenómeno de feminización de la agricultura y de la propiedad de la tierra. Cerca de dos terceras partes de las mujeres, tienen derecho sobre la tierra en los ejidos certificados.

Finalmente, la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Martha Tagle contiene tres resolutivos:

III. Consideraciones

La Comisión de Equidad y Género considera:

Por lo antes expuesto, la Comisión de Equidad y Género somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal para que, en uso de sus facultades constitucionales, decrete el 15 de octubre de cada año como Día Nacional de las Mujeres Rurales.

Segundo. Se exhorta al gobierno federal y a los gobiernos estatales para que, en uso de sus atribuciones, adopten las medidas conducentes a promocionar el Día Nacional de las Mujeres Rurales.

Tercero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que promueva ante la ONU la iniciativa de establecer el 15 de octubre como Día Internacional de la Mujer Rural.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias. Están a discusión los puntos de acuerdo.

En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación económica en conjunto.

SIDA

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Marina, con puntos de acuerdo para exhortar a los secretarios de la Defensa Nacional, y de Marina a informar sobre la situación de los militares que han sido detectados como VIH positivos y sobre el número de bajas dadas a la fecha por ese motivo

Honorable Asamblea

A las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y Marina de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de las Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo presentado por el diputado Rafael García Tinajero Pérez perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, referente a la discriminación de los seropositivos en las Fuerzas Armadas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 60, 65, 87, 88 y 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Marina previo estudio y análisis de la proposición con punto de acuerdo en comento, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen de acuerdo a los siguientes

Antecedentes

Considerandos

Por lo expuesto y fundado, los integrantes de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Marina resolvemos lo siguiente:

Primero. Se solicite a los titulares de las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional informen sobre la situación actual de los militares que han sido afectados por el VIH y sobre el número de elementos a los que se les ha comunicado su baja del servicio activo por este motivo.

Segundo. Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional evalúen, conforme a la ley, la posibilidad de que los militares con VIH/sida dados de baja antes de la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, se le otorgue la protección de salud debida.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Están a discusión los puntos de acuerdo.

En virtud de que no se ha registrado orador alguno, se consideran suficientemente discutidos y se reservan para su votación económica en conjunto.

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a reconsiderar el permiso otorgado a Minera San Xavier, en San Luis Potosí, y a tomar en cuenta los resultados de la consulta organizada por el Frente Amplio Opositor

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a reconsiderar el permiso otorgado a la Minera San Xavier, en San Luis Potosí, y que se consideren los resultados de la consulta organizada por el Frente Amplio Opositor, presentada por el diputado Armando Barreiro Pérez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

Primero. El 21 de noviembre de 2006, el diputado Armando Barreiro Pérez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a reconsiderar el permiso otorgado a la Minera San Xavier, en San Luis Potosí, y que se consideren los resultados de la consulta realizada por el Frente Amplio Opositor, y

Segundo. En esta misma fecha, dicha propuesta con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

Históricamente, el municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, ha sido objeto de explotación minera intensa, dada la riqueza de sus yacimientos de oro y plata. De esta forma, se estima que, desde el siglo XVI y hasta mediados del siglo XX, se habían extraído del lugar más de 60 toneladas de oro y 1000 toneladas de plata. ¹

A pesar de este aprovechamiento intensivo, estudios geológicos recientes, elaborados por empresas transnacionales interesadas en la explotación del Cerro de San Pedro, han estimado que la riqueza potencial actual de los yacimientos minerales de la región, aún equivale a más de 38 toneladas de oro y 1600 toneladas de plata. ²

De esta forma, la empresa canadiense Metallica Resources Inc, dedicada a la exploración de metales preciosos en América Latina, comenzó desde 1995 a llevar a cabo trabajos de exploración, así como a gestionar las autorizaciones federales, estatales y municipales en materia de impacto ambiental, uso de explosivos, agua, construcción y uso de suelo, respectivamente, así como su renovación, a fin de llevar a cabo el aprovechamiento mineral del Cerro de San Pedro, a través de una empresa mexicana, subsidiaria de la canadiense, denominada Minera San Xavier.

Desde entonces, y hasta la fecha, paralelo a la actividad desarrollada por Minera San Xavier, han coexistido una serie de manifestaciones sociales, e incluso jurídicas, en contra del proyecto, dadas las implicaciones económicas, culturales y ambientales de la explotación de los recursos minerales del Cerro de San Pedro, ya que la citada empresa requerirá grandes volúmenes de agua para desarrollar su actividad, situación que contrasta con la escasez del vital líquido en la región.

De la misma forma, el proyecto implica el cambio de uso del suelo en una superficie de 360 hectáreas, el cual está clasificado hasta el año 2013 como área de restauración de vida silvestre, de conformidad con el Plan de Ordenación de San Luis Potosí y su Zona Conurbada, publicado el 24 de septiembre de 1993 en el Periódico Oficial del estado de San Luis Potosí.

Asimismo, la técnica que se utilizará para la extracción del oro y plata del lugar, será el conocido como ``tajo a cielo abierto y lixiviación por montones'', prohibido en muchos países desarrollados por su peligrosidad y potencial contaminante, ya que consiste en la excavación a cielo abierto, mediante el empleo de explosivos, para después aplicar una solución de cianuro de sodio al material pétreo extraído, a fin de obtener el oro y la plata contenidos en él. Derivado de lo anterior, es necesaria la reubicación de los poblados de La Zapatilla y Cerro de San Pedro, éste último localizado a sólo 50 metros del sitio que se pretende explotar. Incluso la capital del estado se encuentra dentro de la zona de influencia del proyecto, al situarse a 10 kilómetros del mismo.

Lo anterior cobra especial relevancia si consideramos que el Cerro de San Pedro ha sido tomado en consideración para ser declarado como patrimonio histórico de la humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, toda vez que posee una gran variedad de monumentos históricos, protegidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, mismos que constituyen parte fundamental de la identidad y riqueza cultural de los potosinos.

Por lo anteriormente expuesto, desde que fue del dominio público que Minera San Xavier había obtenido las autorizaciones correspondientes para iniciar sus operaciones, la sociedad civil organizada ha promovido diversas acciones legales a fin de impedirlo. Sin embargo, esto no ha sido suficiente, ya que desde febrero de 2004 y hasta la fecha, se encuentra en construcción la unidad minera que permitirá que comience el proceso de operación normal de la multicitada empresa.

Jurídicamente hablando, debemos mencionar que la manifestación de impacto ambiental correspondiente, ingresó a la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), el 10 de octubre de 1997. En este sentido, el 26 de febrero de 1999, dicho proyecto fue autorizado de manera condicionada por la entonces Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental del Instituto Nacional de Ecología (INE), mediante el oficio D.O.O.DGOEIA.-01130, con una vigencia de 12 años; es decir, la autorización en materia de impacto ambiental habría vencido el 2 de marzo de 2011. Asimismo, se señala que durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, se realizaron la consulta pública y reunión pública de información correspondientes, de conformidad con el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Según la citada autorización en materia de impacto ambiental, el proyecto quedó sujeto al cumplimiento de algunas condicionantes, tales como la exhibición de fianzas que ampararan la preparación y construcción del sitio, así como la operación de la empresa; el rescate y reubicación de la fauna silvestre del lugar; el establecimiento de un vivero y un jardín botánico para la propagación de las especies de flora rescatadas; la reubicación de los pobladores de las comunidades del Cerro de San Pedro y La Zapatilla; la elaboración de un programa integral de monitoreo y atención de riesgos y contingencias por contaminación de cianuro y metales, tanto en suelo como en aire; el establecimiento de un programa de monitoreo para la estabilización de suelo, agua, flora y fauna; la búsqueda de alternativas para el suministro de agua; y la elaboración de un plan de restitución del sitio.

En este sentido, cabe destacar que la condicionante relativa a la reubicación de las comunidades cercanas al lugar de la obra, no ha sido cabalmente cumplimentada, toda vez que varios pobladores han manifestado plenamente, incluso por la vía legal, su negativa absoluta a vender sus propiedades y desalojar el lugar.

Dadas éstas y otras irregularidades en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, la sociedad civil organizada conformó la asociación civil Pro San Luis Ecológico, la cual ha sido protagonista de los siguientes procesos legales a fin de impedir la ejecución del proyecto:

De conformidad con lo anterior, esta resolución obligaba a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a emitir, a través de su Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, una nueva resolución en la que, de acuerdo a las consideraciones expresadas tanto por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, como por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se negara a Minera San Xavier la autorización en materia de impacto ambiental.

De esta forma, resulta evidente que Minera San Xavier se quedó sin la autorización en materia de impacto ambiental para poder desarrollar sus actividades, y de ninguna manera podría conseguirla, toda vez que hasta la fecha persisten las condiciones de fondo argumentadas por los citados tribunales para justificar sus resoluciones.

Sin embargo, según declaraciones de miembros del Frente Amplio Opositor a Minera San Xavier, mismos que fueron escuchados por Diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales en su tercera reunión plenaria celebrada el 14 de diciembre de 2006, la Semarnat otorgó el 10 de abril de 2006, a través del oficio SGPA/DGIRA.DG./0567/06 expedido por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, una nueva autorización en materia de impacto ambiental a favor de Minera San Xavier, misma que no se encuentra registrada en la base de datos de trámites del portal electrónico de la Semarnat. ³ En el mismo sentido se refieren, tanto el periódico La Jornada ⁴ como la página electrónica de la empresa canadiense Metallica Resources. ⁵

De confirmarse la existencia de esta nueva autorización, presumiblemente la Semarnat estaría transgrediendo el Plan de Ordenación de San Luis Potosí y su Zona Conurbada, toda vez que dicha autorización implicaría el cambio en el uso de suelo del lugar en que Minera San Xavier desarrollará su actividad, siendo que por virtud del citado Plan dicha región está clasificada como área de restauración de vida silvestre.

Finalmente, el diputado promovente del punto de acuerdo que se dictamina, plantea la variable social del asunto que nos ocupa, al referirse a la consulta pública organizada por el Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, en la que participaron más de 15 mil personas, de las cuales más del 90 por ciento manifestó su rechazo al proyecto de Minera San Xavier.

Por los argumentos expresados en los párrafos anteriores, los integrantes de la Comisión Legislativa que suscribe el presente dictamen se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que envíe a esta soberanía un informe pormenorizado respecto del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ingresado por la empresa Minera San Xavier, así como sobre las acciones que ha llevado a cabo, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el marco de dicho proyecto, y

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los gobiernos federal, y se recomienda al gobierno estatal de San Luis Potosí, y municipal de Cerro de San Pedro, que consideren las manifestaciones sociales en contra del proyecto de Minera San Xavier, en la toma de decisiones relacionadas con el mismo.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, compañero Secretario. Están a discusión los puntos de acuerdo y se ha registrado el diputado Armando Barreiro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democráticaen pro... Diga, señor diputado Zatarain.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: ¿Quiere hacer uso de la palabra?

El diputado Carlos Ernesto Zatarain González (desde la curul): Sí me gustaría.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Después del diputado Armando Barreiro. Diputado Barreiro, tiene el uso de la palabra.

Hace un año, aproximadamente, exhortamos de manera muy respetuosa al gobierno federal y al gobierno estatal, para que reconsideraran el permiso otorgado por encima de una resolución que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa había hecho, para que se suspendiera toda actividad en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. Ahora está completamente desfasado.

No solamente no se atendieron aquellos exhortos, y no solamente no se atendió la movilización y la demanda ciudadana que en ese entonces, por miles, se manifestó en contra de la destrucción del patrimonio cultural de los mexicanos en San Luis Potosí, y se impidiera también el que continuara la contaminación; la grave contaminación ambiental a que está siendo sometido no solamente el municipio de San Pedro, sino cuatro municipios más en las zonas aledañas a Cerro de San Pedro, incluida la capital del estado, San Luis Potosí. Han continuado las labores de depredación de ese lugar y la contaminación misma de los mantos acuíferos.

Pero no sólo eso no se atendió en ese momento. A la fecha y después de esos momentos, el gobierno del estado y el gobierno federal han emprendido una labor de represión en contra de los ciudadanos de San Luis Potosí que de manera organizada y durante los últimos cinco años se han opuesto a estas actividades de la trasnacional Metallica Resources, de Canadá, que a través de Minera San Javier está cometiendo este ecocidio y esta destrucción del patrimonio de todos los mexicanos.

Por eso, ahora lo que nosotros estamos demandando al gobierno federal ---como ya lo hicimos en su momento en la comparecencia del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales--- es que se le dé vigencia y se respete la sentencia ejecutoria del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y se suspendan de inmediato estos trabajos que Minera San Javier lleva a cabo en Cerro de San Pedro.

Pero además, estamos exigiendo que cese la represión en contra del Movimiento Organizado de San Luis Potosí, que a través de Pro San Luis Ecológico y el Frente Amplio Opositor están sosteniendo una firme batalla para que se suspenda este ecocidio.

Al momento se ha tenido incluso que exiliar uno de los dirigentes principales del Frente Amplio Opositor que no encontró condiciones en su país, en el estado de San Luis Potosí, para poderse seguir expresando libremente en contra de esta situación. Ha tenido que pedir en otro país asilo político para no ser sujeto a la arbitrariedad y a la represión del gobierno federal y del gobierno del estado de San Luis Potosí.

Por eso ahora, diputadas y diputados, nos parece que es el momento de pronunciarnos y exigir que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales determine la inmediata suspensión de estos trabajos en Cerro de San Pedro. No solamente que se respete ya la voluntad popular de los potosinos, sino que cese también la represión en contra de los que se oponen a estos trabajos.

Por eso queremos en esta ocasión actualizar aquel punto de acuerdo y aquel exhorto que se había hecho, y se tomen cartas inmediatamente para que se suspendan estos trabajos.

Por eso, les solicitamos, diputadas y diputados, que nos pronunciemos a favor de que se suspenda y se revise esa actividad, y que podamos determinar y valorar también ---muy importante este punto--- cuál será la situación de los trabajadores que, actual y efectivamente, se benefician con las labores que ahí se realizan. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado. Se han anotado para hacer uso de la palabra el diputado Carlos Zatarain, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucionaly el diputado Jesús Ramírez Stabros. Tiene la palabra el diputado Carlos Zatarain.

Efectivamente, como miembro de la Comisión de Medio Ambiente, queremos que en este país todas las empresas tengan el punto de vista sustentable para el desarrollo, pero éste no está reñido. La sustentabilidad con el desarrollo económico no está reñida. En ese punto, que yo respeto a mis compañeros del Frente Amplio Opositor su deseo para que se revoque el permiso a esta minera, tenemos que analizarlo con mucho detenimiento.

En primer lugar, porque si los permisos o los estudios de impacto ambiental tienen algún pero, que se revise y que se dé la oportunidad a esta empresa que genera muchos empleos para el desarrollo del país y que está contribuyendo en el estado de San Luis Potosí.

Como en Sonora, tenemos ejemplos también de mineras en el uso sustentable de los recursos, mineras que le están dando prestigio a los estados en la exportación de sus productos mineros.

Una cosa es los permisos, que sí los tiene, y otra cosa es la protección a los recursos naturales. Por eso yo les pido que en este punto votemos para que se analice y se revise, pero que no se cierre la empresa, como muchas personas quieren, porque hay más que quieren cuidar los trabajos en este país: quieren empleo, quieren mejorar las condiciones del empleo.

Vamos trabajando para que todas las empresas entren dentro de la sustentabilidad de los recursos naturales. Pero hoy sí les pediría que no estemos de acuerdo en exhortar para que se reconsidere el permiso a la minera. Por su atención, muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra el diputado Agustín Leura González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en pro.

En el grupo parlamentario que represento estamos de acuerdo en lo que está estampado en nuestra Gaceta Parlamentaria y hacemos un voto de conformidad con mi anterior compañero diputado. Es cierto que de alguna manera esta empresa que está operando en San Luis Potosí tiene medidas que cumplir, pero la autoridad correspondiente las está atendiendo. La autoridad correspondiente emitió un permiso y este permiso está a valoración ante la autoridad federal. Entonces yo creo que tenemos que esperar a que en su momento se emita por la autoridad correspondiente un dictamen.

Quisiera leer el punto de acuerdo ---y muchos lo tienen en su mano---, en su parte primera dice que se solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que envíe a esta soberanía un informe pormenorizado respecto del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ingresado por la empresa Minera San Xavier, así como sobre las acciones que ha llevado a cabo en el ámbito de sus respectivas competencias en el marco de dicho proyecto.

Yo creo que está claro. Y estamos a favor de que en este sentido se apruebe el punto de acuerdo, sin vulnerar la autonomía de otras autoridades. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado. En contra, tiene la palabra el diputado Jesús Ramírez Stabros.

Damos la bienvenida a los alumnos del décimo semestre de la Facultad de Administración, Contaduría e Informática de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Adelante, diputado Ramírez Stabros.

El asunto es considerado como un tema de cuidado y delicadeza; por tanto, propongo a esta honorable Asamblea que pasemos este punto de acuerdo con la discusión en comisiones y que siga discutiéndose.

No pueden ---es cierto--- retirarse y reconsiderarse permisos de operación de una fuente de empleo muy importante en el estado, sin que existan dictámenes todavía acabados por parte de las autoridades correspondientes, como bien lo mandata o lo dice este punto de acuerdo.

Por tanto, hago esta propuesta para que el punto de acuerdo regrese a la comisión a discusión y, en tanto, puedan las autoridades correspondientes otorgarnos la información adecuada y debida al respecto. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Alfonso Suárez del Real, que es el último diputado que se ha anotado para la discusión de este dictamen.

A mí me parece ---con muchísimo respeto--- que ya el caso de la Minera San Xavier no puede seguir esperando. Además de lo que ha expresado con mucha vehemencia y puntualidad mi compañero, el diputado Barreiro, también quiero señalar la importancia del patrimonio cultural que representa el pueblo de San Pedro.

Me parece una incongruencia que, cuando se fundaron los reales de minas, se edificaban templos para agradecer que se había encontrado veta y que ello permitía la vida, permitía fincar pueblos que posteriormente se transformaron en villas y ciudades. Y hoy por hoy lo que está representando la explotación irracional por parte de la empresa está generando un ecocidio, está poniendo en riesgo el patrimonio cultural del pueblo de San Luis Potosí.

Y, además, está generando una situación de inestabilidad social que los potosinos que defienden su patrimonio, defienden su ecología, defienden su vida, no tienen derecho a ser tratados de esa manera.

Por ello yo solicito que, tal y como lo ha expresado el diputado Barreiro, se ponga un punto final, se respeten las sentencias del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, y deje de explotarse esta veta y de operarse este ecocidio que tanto daño le está haciendo al pueblo potosino y al país en general. Gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Gracias, diputado Suárez del Real. Dígame, compañero diputado Zatarain.

No para aprobar o desaprobar el punto de acuerdo, sino para que se regrese a comisión y entrar más a fondo del estudio y proteger una fuente de empleo, pero también analizar los puntos de vista del diputado del Frente Amplio Opositor. Por su atención, muchas gracias, diputado Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Sonido ahí al compañero diputado. ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Armando Barreiro Pérez (desde la curul): Solicitaría volver a hacer uso de la tribuna para ampliar el fundamento y las razones que he expuesto anteriormente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Diputado Leura. Denle sonido en la curul, por favor.

Yo, y a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, me sumo a la propuesta del PRI de que se regrese a comisiones para que sea analizado más a fondo y no se emita ahorita un dictamen al vapor. Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Sonido a la curul del diputado Javier González.

Es fundamental que se suspendan los trabajos de la minera en estos momentos. Pero el asunto es que no pasemos a comisiones. Tomemos la decisión y después vemos cuál va a ser al final de cuentas las condiciones de funcionamiento. Pero que no vaya en contra de la población nuestra falta de decisión.

Propongo que no se desvíe el asunto y que se pueda someter a votación la propuesta. Gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Diputado López Ramírez, del Verde Ecologista, sonido a la curul.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Sonido a la curul del diputado Rodríguez Prats.

Me parece que la propuesta del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Ecologista es adecuada, que se regrese a comisiones, que se escuchen puntos de vista, que se vea lo que opina la autoridad y que de ahí pueda mandar un nuevo dictamen. Yo le sugeriría, por favor, que lo someta a la consideración del pleno.

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Sonido a la curul del diputado Javier González.

Evidentemente conozco, sé lo que le compete al Congreso o no. Lo que estoy proponiendo es que esa propuesta ya se discutió en comisiones. Lo que digo es que tenemos mucho tiempo en esto, lo que es un exhorto.

De verdad, ¿alguien piensa que un exhorto no lo puede decidir este Congreso? Si de verdad les parece mucho un exhorto, ¿en qué están pensando? Entonces, perdónenme, pero estoy de acuerdo con que la propuesta no regrese, porque es eso, un exhorto.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Creo que está suficientemente discutido. La Asamblea ya tiene los criterios para esto. Vamos a ver si la Asamblea lo considera suficientemente discutido. Se instruye a la Secretaría que consulte a la Asamblea si se considera suficientemente discutido.

El diputado Armando Barreiro Pérez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: A ver, compañero Barreiro.

El diputado Armando Barreiro Pérez (desde la curul): Si me permite hacer uso de la tribuna por alusiones y para complementar mi propuesta.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Tiene la palabra el diputado para alusiones, pero después de su intervención se instruye a la Secretaría para que consulte a la Asamblea si está suficientemente discutido el tema.

Compañeras y compañeros diputados, pareciera un garlito el asunto del que se evoca que se van a perder muchas fuentes de empleo. Queremos solamente informarles que los beneficiarios del municipio de San Pedro son solamente 20 personas, porque en las actividades que se desarrollan en esta minera se requiere de especialidades que no son precisamente las que han caracterizado a los habitantes, no sólo de ese municipio, sino de los cuatro municipios aledaños.

Así que las fuentes de empleo que benefician supuestamente a las comunidades afectadas no son tantas como se han hecho alusiones. Pero además, hemos ampliado ese exhorto que hicimos hace un año, porque las condiciones han cambiado, porque no sólo no se hizo caso de investigar y de que se nos diera un informe pormenorizado de lo que ahí sucedía. Pareciera que lo único que se quiere es alargar aún más y dar más tiempo para que siga la destrucción de Cerro de San Pedro y la contaminación, y todos los efectos perniciosos que ello trae consigo.

Por eso, con su permiso, diputado Presidente, quiero poner a su consideración la ampliación de este punto de acuerdo que está a discusión, actualizándolo con las circunstancias que están prevaleciendo hoy día.

Y por ello, con fundamento en los artículos 124 y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior, solicito que se adicione un resolutivo tercero y otro cuarto a este punto de acuerdo, para quedar como sigue:

Tercero. Que se acate el resolutivo de justicia fiscal y administrativa sobre la nulidad de los permisos que se habían otorgado y que pusieron de manifiesto las ilegalidades que en esta ejecutoria se han evidenciado, en tanto que ni de forma condicionada debió otorgarse la autorización de cambio de uso de suelo, materia de la resolución del juicio de anulación.

Cuarto. Que es el cese a la represión en contra de los ciudadanos potosinos que se oponen a esta destrucción del patrimonio de los mexicanos. Ésa es la circunstancia que prevalece hoy.

Les informo, por cierto, que mañana va a haber una nueva movilización en San Luis Potosí, en la cual los potosinos, una vez más, van a exigir lo que ahora, desde esta tribuna, haciendo eco del pueblo mexicano y en particular de los potosinos... que cesen las actividades de la Minera San Xavier y la destrucción de Cerro de San Pedro. Muchas gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Desde la curul, el diputado Solís Parga.

En este orden de ideas, aquí hay que ponderar qué es más importante, si las 38 toneladas de oro que piensa extraer con métodos terriblemente contaminantes la Minera San Xavier para exportarlos a su país de origen, o la salud de los habitantes de la región, en primer término.

Segundo. Comentaba, a manera de humor negro con el diputado Garay cuando se involucraba en estos asuntos, pero cómo es posible que estemos pensando que va a ser más importante un pueblo que las toneladas de oro.

Lamentablemente está resultando cierto aquel sarcasmo de humor negro. Resultan más importantes, según se ve, las ganancias que obtenga la Minera San Xavier, que el propio bienestar de dos poblaciones y la necesidad de reubicar completas a dos poblaciones para que se extraiga el mineral.

Estamos totalmente en contra de que eso ocurra, por supuesto. Es por ello entonces que respaldamos la adición que ha propuesto el diputado Barreiro y que se vote en esta sesión. Es cuanto. Gracias.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Sonido a la curul de la diputada.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición. Los diputados y diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Someta la Secretaría, en primer lugar, a votación si el resolutivo propuesto por el diputado Armando Barreiro como un anexo al texto del dictamen en discusión se acepta o no, en votación económica. Estamos poniendo a discusión el resolutivo de Armando Barreiro. Posteriormente someteremos a votación el dictamen que está en discusión.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si son de aceptarse las modificaciones a la proposición expuestas por el diputado Armando Barreiro. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la negativa, Presidente.

El Presidente diputado Arnoldo Ochoa González: Se desecha. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación nominal, si se aprueban los puntos de acuerdo, dejando muy claro ante la Asamblea que por el ``sí'' se quedaría el texto de los puntos de acuerdo en su origen. El ``no'' será regresarlo a comisiones, como lo propusieron los compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucionaly algunos otros compañeros de Acción Nacional.

Someta a votación nominal.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Ábrase el sistema electrónico de asistencia y votación hasta por cinco minutos.

(Votación)

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia y votación.

Tenemos una votación de viva voz.

El diputado Élmar Darinel Díaz Solórzano (desde la curul): En contra.

La diputada Silvia Emilia Degante Romero (desde la curul): En contra.

El diputado Landero (desde la curul): En contra;

La diputada Beatriz Eugenia García Reyes (desde la curul): En contra;

La diputada María Esperanza Morelos Borja (desde la curul): En contra.

El diputado José Guadalupe Rivera Rivera (desde la curul): En contra.

La diputada Martha Margarita García Müller (desde la curul): En contra.

La diputada Leticia Díaz de León Torres (desde la curul): En contra.

El diputado Íñigo Antonio Laviada Hernández (desde la curul): En contra.

El diputado Luis Alonso Mejía García (desde la curul): En contra.

El diputado Héctor Padilla Gutiérrez (desde la curul): En contra.

El diputado Jacinto Gómez Pasillas (desde la curul): En contra.

El diputado Víctor Samuel Palma César (desde la curul): En contra.

El diputado Joaquín Conrado de los Santos Molina (desde la curul): A favor.

El diputado José Luis Blanco Pajón (desde la curul): En contra.

El diputado Arturo Flores Grande (desde la curul): En contra.

El diputado Miguel Ángel González Salum (desde la curul): En contra.

El diputado Horacio Emigdio Garza Garza (desde la curul): En contra.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Se emitieron 143 votos en pro; 263 en contra; 6 abstenciones.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: No se aprueba el dictamen.

De conformidad con el artículo 117 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se devuelve a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica se consulta a la Asamblea si se devuelve a comisión...

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Permítame, diputado. Sí, diputado Javier González.

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Creo que no tiene sentido la votación porque ése es el sentido de la votación. O se regresaba a comisiones o se aprobaba. Entonces ya quedó claro que se regresa a comisiones. Gracias, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Por favor, den lectura al artículo 117 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: Artículo 117 del Reglamento para el Gobierno Interior: Declarado un proyecto suficientemente discutido en lo general, se procederá a votarlo en tal sentido y, si es aprobado, se discutirán enseguida los artículos en particular. En caso contrario se preguntará, en votación económica, si vuelve o no todo el proyecto a la comisión. Si la resolución fuera afirmativa, volverá, en efecto, para que lo reforme; mas si fuera negativa, se tendrá por desechado. Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Secretario. Continúe con la votación, por favor.

El Secretario diputado Antonio Xavier López Adame: En votación económica se consulta a la Asamblea si es de devolverse el dictamen a la comisión. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se devuelve a la comisión. Continúe la Secretaría, por favor... le dan voz por favor, al diputado Sergio Augusto López, sonido por favor.

ESTADO DE NUEVO LEON

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Diputado Sergio Augusto López, está presente el presidente de esta comisión para pedir que se... sí, le dan sonido, por favor.

El diputado Sergio Augusto López Ramírez (desde la curul): Para ratificar que se posponga para mañana, a nombre de la Comisión de Medio Ambiente.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Está bien, diputado. Se toma nota y se pospone para mañana la discusión de este punto. Continúe la Secretaría.

ESTADO DE COAHUILA

La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo federal a publicar de inmediato, y con base en las facultades que le confiere la Constitución, la declaratoria de veda de aguas de la región de los valles de Cuatrociénegas, El Hundido y Las Calaveras, en Coahuila

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la propuesta con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo federal para que de manera inmediata y con base en las facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publique la declaratoria de veda de aguas de la región de los valles de Cuatrociénegas, El Hundido y Las Calaveras, en Coahuila de Zaragoza, presentado por la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, esta comisión legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 39, fracción XXIV, y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Primero. El 27 de febrero de 2007, la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una propuesta con punto de acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo federal para que de manera inmediata y con base en las facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publique la declaratoria de veda de aguas de la región de los valles de Cuatrociénegas, El Hundido y Las Calaveras, en Coahuila; y

Segundo. En esa misma fecha, dicha propuesta con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El conflicto en torno al acceso y el uso del agua dulce en Coahuila de Zaragoza, particularmente en los valles de Cuatrociénegas, El Hundido y Ocampo-Calaveras, ha sido motivo de preocupación desde hace más de dos décadas. Sin embargo, durante los últimos cuatro años la situación se ha tornado crítica.

Esta comisión dictaminadora es sensible a la problemática y recuerda, como bien señala la diputada promovente, que durante la pasada legislatura se aprobaron sendos puntos de acuerdo solicitando la protección de los acuíferos de los valles en comento. Asimismo, considera pertinente destacar que el 5 de octubre de 2006, el pleno de esta soberanía aprobó de urgente u obvia resolución el punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a solucionar la problemática ambiental en los valles de Cuatrociénegas y El Hundido, en el estado de Coahuila. Más aún, el 5 de diciembre de 2006 esta soberanía recibió del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza un punto de acuerdo por el cual se adhiere al acuerdo ya mencionado.

El valle de El Hundido, cuya extensión es de 7,551.24 km² se localiza ``en la porción centro meridional del estado de Coahuila, entre los paralelos 26° 00' y 26° 50' de latitud norte y entre los meridianos 101° 55' y 120°50' de longitud oeste ''. ¹ Su límite norte lo encuentra con la sierra La Fragua, al sur y al este con la sierra Alamitos y al oeste con la sierra El Venado.

Por su parte, el valle de Cuatrociénegas, que tiene una superficie de 3,632.6 km² y se localiza ``entre los paralelos 27° 11' y 26° 42' de latitud norte y entre los meridianos 102° 48' y 101° 54' de longitud oeste''. ² Al norte limita con la sierra La Madera, al sur con las sierras San Marcos y La Purísima, esta última también marca su límite este y al oeste con la sierra La Fragua.

El valle de Ocampo-Calaveras se localiza entre los paralelos 27°18' latitud norte y entre los meridianos 102° 23' de longitud oeste. ``Limita al norte con los Estados Unidos de Norteamérica; al noreste con los municipios de Acuña y Múzquiz; al sur con los de Cuatrociénegas y la Sierra Mojada; al este con el municipio de San Buenaventura y al oeste con el de Sierra Mojada y el estado de Chihuahua''. ³

Esta comisión considera oportuno recordar que se trata de zonas que revisten importancia no sólo desde el punto de vista socio-económico sino también ambiental y científico. El valle de El Hundido es catalogado por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), como región hidrológica prioritaria No. 49. Si bien es cierto que la mayoría de los organismos no han sido estudiados, la Conabio asegura que en la zona existe una gran riqueza de cactáceas, reptiles y mamíferos. Los tipos de vegetación en el valle de El Hundido son halófila, mezquital y matorrales (subinerme, seco-crasicaule, desértico micrófilo). De las especies de flora destacan el zacate toboso (Hilaria mutica ), gobernadora (Larrea tridentata ) y mezquite (Prosopis glandulosa ).

Por su parte, el valle de Cuatrociénegas se encuentra catalogada por la Conabio como región hidrológica prioritaria No. 48; región terrestre prioritaria para la conservación No. 69; área de importancia para la conservación de las aves NE-13. Además, el 7 de noviembre de 1994 fue decretada como área natural protegida con carácter de área de protección de flora y fauna.

A nivel internacional desde el 22 de junio de 1995, Cuatrociénegas forma parte de la lista de humedales de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Convención Ramsar). El Programa de Astrobiología de la Agencia Espacial Norteamericana (NASA) lo ha catalogado como ``ecosistema modelo '' por su singularidad y el potencial que tiene para comprender la evolución de la tierra primitiva y diseñar estudios que permitan detectar formas de vida similares en otros planetas, particularmente en Marte. También, organizaciones no gubernamentales internacionales como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) lo han catalogado como un sitio importante dentro de la ecorregión ``desierto chihuahuense'' .

Tal reconocimiento no es gratuito. El total de especies animales y vegetales se estima en aproximadamente 1,074, de las cuales 77 son endémicas. En el valle de Cuatrociénegas la fauna está conformada por: ``peces, tortugas, caracoles, reptiles y crustáceos. De un total de 120 registradas, 32 son endémicas. La herpetofauna presenta 66 especies nativas, 8 anfibios anuros, 4 tortugas, 23 lagartijas, 31 culebras. Se han registrado 61 especies de aves de las cuales una gran mayoría son migratorias, las especies de mamíferos que más destacan son puma (Puma concolor) , venado cola blanca (Odocoileus virginianus), coyote (Canis latrans), oso negro (Ursus americanus), pequeños roedores y lagomorfos''.⁴ Cabe señalar que 89 especies se encuentran enlistadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, de las cuales 16 son consideradas en peligro de extinción, 39 amenazadas y 34 sujetas a protección especial.

El valle de Ocampo-Calaveras no pertenece a región prioritaria alguna, sin embargo su cercanía con los otros valles lo hace un sitio importante para la preservación de éstos. La vegetación en el valle de Ocampo-Calaveras se conforma por: vegetación está formada por candelilla (Euphorbia antisyphilitica ), guajilla o tenaza (Havardia pallens ), gobernadora (Larrea tridentata ), guayule (Parthenium argentatum ), palma samandoca (Yucca carnerosana ), Pino prieto (Pinus hartwegi ), pino garabato (Pinus greggii ), pino blanco (Pinos ayacahuite ) y cedro blanco (Thuja occidentalis ). Por lo que se refiere a la fauna, las especies características de la zona son silvestres como el oso negro (Ursus americanus ), el venado cola blanca (Odocoileus virginianus) , diversas aves canoras y de rapiña.

Por lo que se refiere al recurso hídrico, la zona en comento pertenece a la región administrativa VI ``Río Bravo''. El acuífero No. 0506 de El Hundido se encuentra localizado dentro de la región hidrológica No. 35 ``Bolsón de Mapimí''; mientras que los acuíferos Nos. 0504 y 0528 de Cuatrociénegas-Ocampo y Cuatrociénegas, respectivamente se localizan en la región hidrológica No. 24 ``Río Bravo-Conchos''.⁵

De conformidad con la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua (CNA), el valle de El Hundido tiene registrados 142 aprovechamientos, de los cuales 114 están inactivos y 28 activos, mientras que en el valle de Cuatrociénegas se tienen identificados 71 pozos, de los cuales 34 están activos y 37 inactivos, además de 299 pozas. Para el caso del valle de Ocampo-Calaveras la CNA tiene registrados 167 aprovechamientos, con 109 activos y 58 inactivos.⁶ Sin embargo, esta comisión dictaminadora estima oportuno destacar que estos datos deben ser analizados con reserva ya que tan sólo en el año 2006 la CNA autorizó en el valle de El Hundido la explotación de 250 pozos, que se suman a los ya existentes.

La recarga de los pozos en los tres valles es de origen pluvial. De acuerdo al estudio de la CNA: ``los pozos del valle de Calaveras (162, 119B y 179B) se recargan en la sierra Madrea 1,750 msnm; los pozos y pozas próximos a la vertiente sur de la sierra Madera (178, 191, 199, 186, 161 y las pozas el Anteojo y P-10) se recargan en dicha sierra a 1,585 msnm. Los pozos de El Hundido de los sistemas de riego de Beta Sta. Mónica, Sta. Teresa de Sofía y Florentino Rivera, se recargan en la sierra Alamitos a 1,458 msnm. Los pozos del sistema de riego de El Pilar están captando los rellenos de la parte centro occidental de El Hundido y su recarga proviene de la sierra El Venado a 1,473 msnm, otro grupo de manantiales y pozos localizados en el extremo oriental de Cuatrociénegas reciben su recarga en la sierra La Purísima a 1,388 msnm (manantial el Venado, 243, 229, 227, 252), y por último, las pozas de Cuatrociénegas que se localizan alrededor del extremo norte de la sierra San Marcos se recargan de manera efectiva en las sierras La Fragua por arriba de los 1,600 msnm''.⁷

La recarga total promedio anual en el valle de Cuatrociénegas asciende a 142.97 millones de metros cúbicos, mientras que en el valle de Ocampo asciende a 52.9 millones de metros cúbicos al año. En el caso de El Hundido la recarga media anual es de 20.150 millones de metros cúbicos al año.⁸

Los estudios hidrométricos que se llevaron a cabo en el valle de El Hundido concluyen que la extracción de pozos asciende a 28.3 millones de metros cúbicos al año, mientras que la extracción en el valle de Cuatrociénegas es de 134 millones de metros cúbicos al año, de los cuales 110.044 millones de metros cúbicos provienen de pozas y 24.156 millones de metros cúbicos provienen de pozos agrícolas. En el caso del valle de Ocampo-Calaveras, la extracción de agua asciende a 55.4 millones de metros cúbicos al año.

La CNA informa que la disponibilidad del vital líquido es deficitaria en el caso del valle El Hundido y ésta asciende a un millón setecientos veinte mil metros cúbicos al año. Por su parte, expresa la CNA en su estudio, el valle de Cuatrociénegas registra una disponibilidad positiva de 10.898 millones de metros cúbicos al año y en el valle de Ocampo-Calaveras la disponibilidad también positiva es de 17.955 millones de metros cúbicos al año. ⁹

Lo anterior explica por qué aunque el problema del agua en estos valles es multifactorial, subsisten causas que tienen una mayor incidencia en su agotamiento. Nos referimos a la autorización de la apertura de un número considerable de pozos de extracción para el desarrollo de actividades productivas. Resulta inverosímil que si la mayor extracción de agua se presenta en el valle de Cuatrociénegas éste no presente déficit de disponibilidad, aún cuando estudios independientes, han registrado variaciones en los niveles del agua en las pozas y pozos del valle.

Más aún, es importante recordar que la Conabio identifica a la sobreexplotación de recursos hidráulicos, como uno de los factores que afectan severamente la conservación de las regiones prioritarias que se localizan en los valles de El Hundido y de Cuatrociénegas.¹⁰

Esta comisión dictaminadora considera pertinente mencionar que no es ajena a la controversia que subsiste en torno a la conectividad entre los valles de El Hundido y Cuatrociéngeas. No obstante, considera que lo apremiante es brindar una solución al problema de sobreexplotación del agua en la zona toda vez que no sólo las autorizaciones de extracción, sino también factores externos como la sequía, definitivamente acabarán por mermar no sólo la disponibilidad del agua sino la riqueza biológica de los valles en cuestión.

Más aún, la dictaminadora se permite recordar que el tema para la celebración del Día Mundial del Agua 2007 fue precisamente: Como afrontar la escasez de agua . Este asunto que se perfila como otro de los grandes retos de la humanidad. En ese sentido resulta fundamental contribuir a la implantación de medidas efectivas que permitan conservar, utilizar y proteger los recursos hídricos.

Como oportunamente recuerda la diputada promovente, durante la última semana de septiembre y primera de octubre de 2006, el ahora director general de la Comisión Nacional del Agua, ingeniero José Luis Luege Tamargo, se comprometió públicamente a promover la declaratoria de veda de aguas en el acuífero El Hundido en la zona de Cuatrociénegas. Asimismo, en febrero pasado, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, informó que en breve se publicaría el decreto de veda en comento, cuyo estudio técnico fue elaborado desde el año 2003.

Aún cuando el referido decreto de veda fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2007, la revisión de su contenido nos lleva a inferir que su instrumentación no resolverá el serio problema que enfrentan los valles aquí aludidos. Esto lo afirmamos porque el decreto de veda ha entrado en vigor tomando como referencia estudios llevados a cabo hace más de 4 años y como es de todos conocido, las concesiones y asignaciones para uso, explotación o aprovechamiento del agua han aumentado durante ese mismo periodo. En ese sentido, es innegable que los resultados de dichos estudios técnicos no aplican a la realidad que impera en el valle. Más aún, si la autoridad reconoce que la situación es sumamente crítica, esta comisión dictaminadora cuestiona que el decreto de veda permita una extracción de hasta 20.15 millones de metros cúbicos al año. Aún cuando esta sea la capacidad de recarga del acuífero, habría que recordarle a las autoridades de la Comisión Nacional del Agua, que ésta no es fija, de hecho, como ya se mencionó, está sujeta a diversos factores entre los que destacan las condiciones climáticas, sobre las cuales no se tiene control alguno. Situación que se agrava con los efectos del cambio climático que pronostican para la región escasez de lluvias.

Por otra parte, queda pendiente la situación de los acuíferos en los valles de Cuatrociénegas y Ocampo-Calaveras, misma que debe ser atendida con urgencia porque al entrar en vigor la veda en el acuífero El Hundido, es lógico pensar que la presión sobre los acuíferos en Cuatrociénegas y Ocampo-Calaveras aumentará considerablemente.

Esta comisión dictaminadora estima pertinente mencionar que el 13 de noviembre de 2006, legisladores integrantes de esta comisión asistieron al Foro de análisis Cuatrociéngas, en el que se abordó la situación que atraviesan los acuíferos de la zona y la problemática en torno a la constante autorización de nuevas concesiones para aprovechamiento de los recursos hídricos por parte de la CNA. Una de las conclusiones de ese foro se relaciona directamente con la proposición con punto de acuerdo que se dictamina.

Por las razones antes señaladas, los integrantes de la comisión legislativa que suscriben el presente dictamen se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que de manera inmediata y con base en las facultades que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expida el decreto por el cual se declare como zona de veda permanente para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos de los valles de Cuatrociénegas, El Hundido y Ocampo-Calaveras, en Coahuila de Zaragoza.