SUMARIO

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ASISTENCIA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del registro de asistencia de los diputados y las diputadas.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 369 diputadas y diputados. Por tanto, hay quórum.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (a las 11:39 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DIA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 6 de septiembre de 2007.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del Congreso de Guerrero.

Del diputado Robinson Uscanga Cruz .

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política:

Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a asignar oportunamente y con fluidez los recursos del Fonden para afrontar los efectos del huracán Henriette en los municipios de Baja California Sur. (Votación)

Oficio de la Cámara de Senadores

Con el que remite solicitud de excitativa para que se dictamine la iniciativa que reforma y adiciona el artículo 131 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el senador Carlos Jiménez Macías. (Turno a Comisión)

Iniciativas de diputados

Que reforma los artículos 38 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Gildardo Guerrero Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 168 y 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Ana María Ramírez Cerda , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 6, 14, 19 y 21 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 1o., 9o. y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Gildardo Guerrero Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Velasco Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide el Reglamento Interior de las Comisiones y Comités del Honorable Congreso de la Unión, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 118 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a cargo del diputado Apolonio Méndez Meneses , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 513 y 514 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Juan Carlos Velasco Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Equidad y Género, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De la Comisión de Equidad y Género, con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 198 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 28 Bis a la Ley General de Salud.

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

De la Comisión de Desarrollo Social que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social.

De la Comisión de Turismo, con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal, en el ámbito de colaboración entre los poderes, instruya al titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo incorpore el municipio de Boca del Río, Veracruz, al Programa de Asistencia Técnica con el fin de apoyar al desarrollo de la actividad turística en este estado.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales analice y certifique la propuesta elaborada por el Colegio de Postgraduados sobre el control biológico del lirio acuático en la cuenca del río Lerma y, principalmente, en el lago de Chapala.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales evaluar la conveniencia de invitar a participar a la Secretarias de Salud y de Educación Pública como miembros permanentes de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar a Pemex entregue el informe sobre los recursos que fueron otorgados en el ejercicio fiscal de 2006 para el estado de Nuevo León, así como la autoridad correspondiente del estado de Tamaulipas los recursos para programas y mejoras al medio ambiente derivados del proyecto Burgos.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales verifique y evalúe el impacto ambiental generado por obras del proyecto hidroeléctrico La Yesca.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para exhortar al ayuntamiento de Manzanillo, al gobernador de Colima, a las Secretarias de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Energía, y demás entidades federativas involucradas a que respeten las disposiciones para cumplir el programa de ordenamiento ecológico territorial de la subcuenca de la laguna Cuyutlán.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para exhortar a la Semarnat para que por medio de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental suspenda y, en su caso, revoque la vigencia de las autorizaciones de impacto ambiental de los proyectos de desarrollo turístico otorgado el 22 de noviembre de 2006, de nombre ``IEL La Huerta'' y ``Tambora'', colindante con la reserva de la biosfera Chamela-Cuixmala.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que por medio del titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas elabore y publique el programa de manejo del área de protección de flora y fauna de Yum Balam.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales emita la declaratoria para el rescate del bien inmueble El Zalate, localizado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, Baja California Sur, por considerarlo patrimonio del gobierno de dicho estado.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades municipales y estatales de Veracruz realicen medidas administrativas y legislativas que permitan frenar y revertir las tendencias de deterioro ambiental del río Sedeño.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal instruya a la Presidencia Permanente de la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático sean incluidos los miembros de las comisiones ordinarias del Congreso de la Unión.

De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo relativo al plan de desarrollo y aprovechamiento sustentable de la Huasteca, en Nuevo León.

Dictámenes negativos de iniciativas

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado.

De las Comisiones Unidas de Fomento Cooperativo y Economía Social, y de Hacienda y Crédito Público, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 33 y adiciona los artículos 33-A al 33-F de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Fomento Cooperativo y Economía Social, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona un artículo 9 Bis a la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

De las Comisiones Unidas de Salud, y de Economía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes General de Salud, y Federal de Competencia Económica.

De la Comisión de Seguridad Social, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 297 y 298 de la Ley del Seguro Social.

De la Comisión de Seguridad Social, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 304 de la Ley del Seguro Social.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 340 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 313 y 315 de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que reforma el artículo 218 de la Ley General de Salud.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCJN atraiga el juicio de amparo promovido el pasado 17 de agosto por el sindicato de trabajadores de Ingenio El Potrero, SA, contra la Junta Especial número 10 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las secretarías de Estado competentes, declaren y habiliten como aeródromo internacional el aeropuerto nacional El Tajín, ubicado en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial plural encargada de vigilar el uso de los recursos públicos federales en el proceso electoral de 2007 en Michoacán, suscrita por los diputados Érick López Barriga y Juan Carlos Velasco Pérez , de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, y Revolucionario Institucional, respectivamente. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, sobre la situación que guarda la presa Plutarco Elías Calles, en San José de Gracia, Aguascalientes, a cargo del diputado Jesús Ramírez Stabros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Cofetel crear un registro nacional de terminales de telefonía celular, a cargo de la diputada Yadhira Ivette Tamayo Herrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF realice una auditoría a los recursos destinados a los programas sociales de la Sedesol correspondientes al ejercicio fiscal de 2006, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se crea un fondo especial de apoyo para la recuperación de desastres para las entidades federativas, a cargo del diputado Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se apoya la designación del lago de Chapala como sitio Ramsar, a cargo del diputado Mario Salazar Madera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, a cargo del diputado Isidro Pedraza Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal informe a través de la Semarnat del grado de avance que presentan los estudios para decretar como área natural protegida la laguna de Tecocomulco, Hidalgo, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes de los tres niveles de gobierno destinen recursos presupuestales para la rehabilitación del acueducto El Chorro y la pavimentación del circuito carretero Bajos del Ejido-Tixtlancingo-Aguazarca-Platanillo-Ocotillo, en Guerrero, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SFP instruya una auditoría sobre los recursos que ha recibido el gobierno del estado de Tabasco por parte de Pemex desde la creación de la Comisión Interinstitucional para el Medio Ambiente y el Desarrollo Social, a cargo del diputado Moisés Dagdug Lützow , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Sedesol y del Programa Nacional Oportunidades incorporen a distintas familias de Comalcalco en el Programa de Oportunidades, a cargo del diputado Moisés Dagdug Lützow , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades correspondientes tomen las medidas necesarias para garantizar la potabilidad y calidad del agua que se distribuye para consumo humano, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos modifique los lineamientos de asistencias e inasistencias de los diputados a las sesiones, a efecto de cumplir el compromiso ético de su función, a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SEP informe a esta soberanía sobre el destino de los recursos provenientes del programa Redondeo, operado por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, a cargo del diputado Arnoldo Ochoa González , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat realice el trámite correspondiente para inscribir en la lista de humedales de importancia internacional la Bahía de San Quintín, Baja California, a cargo del diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SRE informe al Congreso de la Unión sobre el contenido y el avance de los compromisos asumidos en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJDF para que los órganos que forman dicha institución se abstengan de tomar fotografías e impresiones de huellas dactilares de probables responsables que estén sujetos a investigación por su presunta participación en un hecho ilícito, a cargo del diputado Jesús Arredondo Velázquez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob declare zona de desastre y contingencia climatológica diversos municipios de Guerrero afectados por el paso de la tormenta tropical Henriette, y destine recursos del Fonden y del FAPRACC para su atención, suscrita por los diputados Ramón Almonte Borja y Jesús Evodio Velázquez Aguirre , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se consideren recursos para Durango en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Salud emita declaratoria y sanciones correspondientes ante el producto de Coca-Cola denominado ``Coca Zero'', a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la SEP atiendan la problemática que se presenta en la Universidad Autónoma de Sinaloa, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP considere en su propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 recursos para la aplicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y al Ejecutivo federal, dé cumplimento a los artículos transitorios de dicho ordenamiento legal, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía reconoce al ciudadano Benito Ricardo Ramírez Espíndola como iniciador de la conmemoración del Día de la Bandera, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a la SCT y a Capufe respeten el acuerdo suscrito con los diputados federales de Guerrero para mantener el descuento de 20 por ciento en el cobro en la Autopista del Sol, a cargo del diputado Jesús Evodio Velázquez Aguirre , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a no permitir el ingreso de militares y asesores extranjeros en territorio nacional, a cargo del diputado Roberto Badillo Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud revise la NOM-072-SSA1-1993, con relación al etiquetado de medicamentos, a cargo del diputado José Gildardo Guerrero Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF audite los fondos económicos que aplicaron los gobiernos federal y estatal responsables de la reconstrucción en Chiapas a consecuencia del huracán Stan en octubre de 2005, a cargo del diputado Fernel Arturo Gálvez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Segob realice la declaratoria de emergencia para el municipio de Lázaro Cárdenas y municipios del Bajío en Michoacán afectados por la tormenta tropical Henriette, a cargo del diputado José Ascensión Orihuela Bárcenas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal para que, a través de la Sedena y en coordinación con los gobiernos estatales, se instaure una Bandera Nacional monumental en cada capital de los estados de la república, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sagarpa y del Programa Oportunidades revise las NOM 002 y 039, relativas a la pesca de camarón y jaiba, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe del Gobierno del Distrito Federal convoque al Consejo de Protección Civil para tratar el tema de las inundaciones y hundimientos de la carpeta asfáltica en diversas delegaciones del DF, a cargo del diputado José Luis Contreras Coeto , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal para que a través de la Conagua destine recursos para el reencauzamiento, el desazolve y la contención del río de La Sabana, en Acapulco de Juárez, Guerrero, para hacer frente a la tormenta tropical Henriette, a cargo del diputado César Flores Maldonado , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Comité Técnico del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas autorice a Capufe expedir a residentes las laminillas que les permitan el paso preferente en la carretera federal 15, a cargo del diputado Gustavo I. Mendívil Amparán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al relleno sanitario Bordo Poniente, del Distrito Federal, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SCT evalúe y cuantifique los daños sufridos en la infraestructura carretera en diversos municipios de Guerrero provocados por la tormenta tropical Henriette, a cargo del diputado César Flores Maldonado , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SHCP constituyan un fondo financiero sustentable destinado a Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Veracruz, Puebla e Hidalgo, afectados por el huracán Dean, a cargo de la diputada Sara Latife Ruiz Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a las barrancas del Distrito Federal, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol priorice en orden de atención las comunidades más apartadas del estado de Guerrero durante la integración del padrón y Programa de Atención para Adultos Mayores de 70 Años, a cargo del diputado César Flores Maldonado , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al jefe del Gobierno del Distrito Federal remita a la Comisión del de esta soberanía un informe respecto al proyecto preventivo Atlas de Riesgos del Distrito Federal, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de los estados de Veracruz y Oaxaca para que, en coordinación con el federal, desarrollen mecanismos que permitan la existencia de un canal seco en el istmo de Tehuantepec, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal acepte y cumplimente la recomendación 17/2006 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob informe a esta soberanía sobre la situación que guardan los braceros migrantes del estado de Aguascalientes, a cargo de la diputada Alma Hilda Medina Macías , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur para que, en coordinación con el gobierno del estado de Puebla, difunda el turismo en dicha entidad, a cargo del diputado José Luis Contreras Coeto , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal considere la ribera de Chapala, Jalisco, en el programa Pueblos Mágicos, a cargo del diputado Francisco Javier Gudiño Ortiz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco y a la Cofetel solucionen el problema de cobros indebidos por servicios de números 01 900, a cargo del diputado Omar Antonio Borboa Becerra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades electorales federales y estatales resuelvan de manera imparcial y justa los medios de defensa interpuestos que calificarán y solventarán la elección realizada en el estado de Veracruz el 2 de septiembre del año en curso, a cargo del diputado Antonio del Valle Toca , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes cuatro de septiembre de dos mil siete, correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con la asistencia de trescientos cincuenta y tres diputadas y diputados, a las 11 horas con 32 minutos del martes 4 de septiembre de 2007, la Presidenta declara abierta la sesión.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura al orden del día.

La asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

La Presidencia de la Mesa Directiva, comunica que se recibieron dictámenes negativos de puntos de acuerdo publicados en la Gaceta Parlamentaria del treinta de agosto del año en curso, de las comisiones: de Defensa Nacional, de Presupuesto y Cuenta Pública, de Salud, Unidas de Seguridad Social y de Presupuesto y Cuenta Pública, de Transportes y de Vivienda. Publíquense en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

La Secretaría da lectura al anteproyecto de presupuesto de la Cámara de Diputados, para el ejercicio fiscal 2008. Desde sus respectivas curules, la diputada Layda Elena Sansores San Román , de Convergencia, solicita el uso de la palabra y el diputado Javier González Garza , del Partido de la Revolución Democrática, se propone posponer el desahogo del asunto de referencia. La Presidenta realiza comentarios y mediante votación económica la asamblea aprueba posponer la discusión del anteproyecto de presupuesto de la Cámara.

La Presidenta informa del sensible fallecimiento del niño Josué Demetrio Román Reyes, hijo del diputado Demetrio Román Isidoro , del Partido Acción Nacional y la asamblea guarda un minuto de silencio en su memoria.

Se reciben oficios de la Cámara de Senadores por los que comunica:

De enterado.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura de los siguientes dictámenes con proyectos de decreto de las comisiones de:

Son de primera lectura.

Se reciben dos iniciativas con proyecto de decreto, de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Partido Revolucionario Institucional, que reforman:

Presentan iniciativas con proyecto de decreto, los diputados:

Presidencia del diputado Arnoldo Ochoa González

Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Cuauhtémoc Velasco Oliva , de Convergencia, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Cultura.

A las 11 horas con 59 minutos se registra una asistencia de cuatrocientos cuarenta y nueve diputadas y diputados.

En votación económica, la asamblea autoriza dar lectura sólo a los puntos de acuerdo de los siguientes dictámenes de las comisiones de:

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

Con un resultado de ciento cuarenta y tres votos en pro, doscientos sesenta y tres en contra y seis abstenciones no se aprueba el dictamen. Desde su curul, el diputado Javier González Garza , del Partido de la Revolución Democrática, hace comentarios y por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al artículo ciento diecisiete del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, posteriormente la asamblea considera en votación económica devolver el dictamen a la comisión dictaminadora.

Desde su curul, el diputado Sergio Augusto López Ramírez , del Partido Verde Ecologista, solicita una moción de procedimiento y la Presidencia concede posponer para la próxima sesión el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, relativo al Plan de Desarrollo y Aprovechamiento Sustentable de la Huasteca, en el estado de Nuevo León.

La Secretaría continúa con la lectura de los puntos de acuerdo del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para exhortar al titular del Ejecutivo federal a que de manera inmediata y con base en las facultades que le confiere la Constitución, publique la declaratoria de veda de aguas de la región de los valles de Cuatrociénega, El Hundido, y Las Calaveras, en Coahuila.

Los puntos de acuerdo no reservados se aprueban en conjunto en votación económica. Comuníquense.

En votación económica, la asamblea autoriza dar lectura a los puntos de acuerdo de los siguientes dictámenes negativos de las comisiones de:

En votación económica se aprueban en conjunto. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

La Junta de Coordinación Política remite:

En sendas votaciones económicas, la asamblea los aprueba y se remiten al Ejecutivo federal a efecto de que se incorporen al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008.

La Secretaría da lectura a comunicación de la Junta de Coordinación Política, para que sea incluido en el orden del día de la presente sesión el tema de agenda política relativo a las recientes elecciones en el estado de Veracruz. Desde su curul realiza comentarios el diputado Alberto Amaro Corona , del Partido de la Revolución Democrática y a continuación intervienen los diputados: Eduardo de la Torre Jaramillo , del Partido Acción Nacional; José Manuel del Río Virgen , de Convergencia; María Guadalupe Josefina García Noriega , del Partido Verde Ecologista de México; Elizabeth Morales García , del Partido Revolucionario Institucional; Octavio Martínez Vargas , del Partido de la Revolución Democrática y Gregorio Barradas Miravete , del Partido Acción Nacional. Previo a la intervención de la diputada Elizabeth Morales García , hace observaciones desde su curul la diputada Dolores de María Manuell Gómez-Angulo, del Partido Acción Nacional. Durante la intervención del diputado Barradas Miravete, realizan comentarios desde sus respectivas curules los diputados: Luis Ricardo Aldana Prieto y Adolfo Mota Hernández , ambos del Partido Revolucionario Institucional. Interviene desde su curul, el diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega , del Partido del Trabajo. Continúan con el uso de la palabra los diputados: Adolfo Mota Hernández , del Partido Revolucionario Institucional; Celso David Pulido Santiago , del Partido de la Revolución Democrática y Marco Salas Contreras, del Partido Acción Nacional.

Se recibe comunicación de la Junta de Coordinación Política, por la que solicita se integren en el orden del día comunicaciones de este mismo órgano de gobierno. En votación económica se aprueba su inclusión y posteriormente la Secretaría da lectura a los siguientes oficios por los que la Junta de Coordinación Política comunica:

Se recibe de la diputada Pilar Ortega Martínez, a nombre propio y de los diputados Cruz Pérez Cuellar y Carlos Alberto García González , todos del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Energía, promueva la creación de una norma oficial mexicana que regule y dé seguimiento a las empresas que proporcionan a nivel nacional, el servicio de pago de remesas a las familias de migrantes mexicanos establecidos en Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Economía.

Presentan proposiciones con puntos de acuerdo, los diputados:

Desde su curul el diputado Ramón Almonte Borja , del Partido de la Revolución Democrática, realiza comentarios.

El diputado José Luis Blanco Pajón , del Partido Revolucionario Institucional, presenta proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a que amplíe la declaratoria de desastre natural a diversos municipios en el estado de Yucatán. En votación económica, por mayoría calificada, se considera de urgente resolución. Intervienen los diputados: Joaquín Jesús Díaz Mena , del Partido Acción Nacional y José Luis Blanco Pajón . Desde su curul, el diputado Javier González Garza , del Partido de la Revolución Democrática, realiza observaciones. En votación económica, se aprueba. Comuníquese.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

La Presidenta clausura la sesión a las 15 horas con 31 minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el jueves 6 de septiembre a las 11 horas.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Está a discusión el acta.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada el acta.

ESTADO DE GUERRERO

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo.--- LVIII Legislatura.--- Guerrero.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

En el templo de la Asunción de María, el 13 de septiembre de 1813, el generalísimo don José María Morelos y Pavón, junto con los diputados constituyentes, instaló el primer Congreso de Anáhuac, donde declararon a Chilpancingo ``Capital de las Américas'', acto histórico del que emanó el documento que denominaron Sentimientos de la Nación, promulgado el 14 de septiembre del mismo año y que funda la base del constitucionalismo y de la vida independiente de la nación mexicana.

Debido a la importancia histórica para nuestro estado, como para la nación misma, en conmemoración del 194 aniversario de tan importante acontecimiento, la Quincuagésima Octava Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero tiene el honor de invitar a los diputados al honorable Congreso de la Unión para que nos honren con su presencia en la sesión pública y solemne que el honorable Congreso local, con la asistencia de los Poderes Ejecutivo y Judicial, celebrará el 13 de septiembre de 2007, a las 18:00 horas, en la catedral de la Asunción de María, de la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, para rendir honores al generalísimo don José María Morelos y Pavón y a los diputados constituyentes; y en la que se hará entrega de la presea Sentimientos de la Nación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Para asistir en representación de esta Cámara se designarán en su momento los nombres, toda vez que todavía no llegamos a un acuerdo de quiénes son los que estarán en este evento. Continúe la Secretaría, por favor.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicito atentamente que se someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional:

• Que el diputado Jorge de la Garza Treviño cause alta como integrante en la Comisión de Ciencia y Tecnología.• Que el diputado Jorge de la Garza Treviño cause alta como integrante en la Comisión del Desarrollo Metropolitano.• Que el diputado Jorge de la Garza Treviño cause alta como integrante de la comisión de Juventud y Deporte.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: De enterado. Continúe la Secretaría.

DIPUTADO QUE SE REINCORPORA

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por este conducto y con fundamento en los artículos 51 y 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y demás, el suscrito, diputado federal Robinson Uscanga Cruz , integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me dirijo a usted a fin de que tenga a bien realizar los trámites necesarios para solicitar el Pleno de la Cámara de Diputados me reincorporen a mis actividades legislativas a partir del 3 de septiembre de 2007.

Por lo anterior, le agradezco su atención y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno de la Junta de Coordinación Política. Continúe la Secretaría, por favor.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a asignar oportunamente y con fluidez los recursos del Fonden para afrontar los efectos del huracán Henriette en los municipios de Baja California Sur

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo decimocuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativo a la materia objeto del presente, que presenta el diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por lo que se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a que en el ámbito de colaboración entre los poderes y en cumplimiento del pacto federal y la Ley General de Protección Civil, gire sus instrucciones a los secretarios de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que se asignen los recursos suficientes y oportunamente del Fonden para afrontar los efectos del huracán Henriette en los municipios de Baja California Sur.

«Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal asignar oportunamente y con fluidez los recursos del Fonden para afrontar los efectos del huracán ``Henriette'' en los municipios del estado de Baja California Sur.

El suscrito, Víctor Manuel Lizárraga Peraza , diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el carácter de urgente y obvia resolución me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal para asignar con oportunidad y fluidez los recursos del Fonden, para afrontar los efectos del huracán ``Henriette'' en el estado de Baja California Sur, bajo el tenor de los siguientes

Antecedentes

La ubicación geográfica de la península de Baja California, particularmente el territorio que ocupa el estado de Baja California Sur, es una zona con alta incidencia de distintos fenómenos meteorológicos como los huracanes, que con distintos grados y afectaciones, anualmente azotan las diversas costas de la entidad.

La historia reciente de estos fenómenos da cuenta de que algunos han sido devastadores y han cobrado víctimas humanas, como el huracán ``Liza'' en 1976 y el huracán ``Paúl'' en 1982. Como consecuencia del cambio climático y de las alteraciones que hoy se están viviendo en todo el mundo, Baja California Sur no ha sido la excepción y en 2001 sufrió el impacto del huracán ``Julieta'' que afectó los cinco municipios del estado; en 2004 la furia del huracán ``Martí'' también se dejó sentir con singulares efectos para la vida económica y social de la entidad. En 2005 el huracán ``Ignacio'' también azotó la parte sur del estado, y el año pasado el huracán ``John'' descargó su saña en las diversas regiones del estado, aunque no hubo víctimas humanas, la devastación se centró en las actividades pesqueras y sus instrumentos de trabajo, en la escasa agricultura y ganadería, en la industria turística y, sobre todo, en las viviendas de la población más pobre de la entidad, dejando daños materiales y cientos de damnificados.

Para afrontar estos desastres naturales se recurrió a la declaratoria que para estos eventos emite el gobierno federal, obteniéndose apoyos por parte del Fonden que fueron insuficientes e inoportunos para la atención de la emergencia antes, durante y después de que los fenómenos meteorológicos impactaran en el territorio estatal.

El día cuatro de este mes el huracán ``Henriette'' llegó a las costas de Baja California Sur, entrando por Cabo San Lucas y San José del Cabo, presentando vientos de 140 kilómetros por hora y rachas de hasta 165 kilómetros con abundantes lluvias. Los 180 mil habitantes del municipio de Los Cabos quedaron sin energía eléctrica e incomunicados por los derrumbes, deslaves y cortes en diversos tramos de la carretera La Paz-Los Cabos; motivo por el cual fueron trasladados a los albergues dos mil personas del municipio de Los Cabos y mil del municipio de La Paz.

Consideraciones

1. Al ubicarse Baja California Sur en una región semidesértica y con litorales hacia el Océano Pacífico la hacen susceptible a que los huracanes en sus distintas categorías afecten y causen daños humanos, materiales y de todo tipo, por lo que es conveniente que el Fonden tenga previstos los recursos necesarios no sólo para la emergencia antes del desarrollo del meteoro, sino también para después en que se han cuantificado los daños, a fin de que se establezcan los servicios y se reorganice la vida productiva de las localidades.

2. Las principales actividades económicas de estado son el comercio, el turismo y la pesca principalmente, y en menor porcentaje la agricultura y la ganadería, mismas que al paso de un meteoro como el que nos ocupa, se ven afectadas de manera significativa, trastocando la dinámica económica de la entidad.

3. Estos fenómenos afectan mayormente a la población más pobre del estado, porque son quienes sufren los daños en sus viviendas, además sufren las consecuencias de la parálisis económica, pasando a formar parte de la población en situación de damnificados.

4. Que los procesos de evaluación de daños del huracán ``Henriette'' se iniciaron el miércoles 5 bajo la coordinación del gobierno del estado de Baja California Sur y los Secretarios de Turismo y Marina, conforme las instrucciones de la Presidencia de la República, lo que permitirá hacer una evaluación del estado que guardan las condiciones del estado.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a que en el ámbito de colaboración entre los poderes y en cumplimiento del pacto federal y la Ley General de Protección Civil, gire sus instrucciones a los Secretarios de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que se asignen los recursos suficientes y oportunamente del Fonden para afrontar los efectos del huracán ``Henriette'' en los municipios de Baja California Sur.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Sí, permítame, diputado. Le dan sonido a la curul del diputado Gerardo Aranda. Sí, diputado.

El diputado Gerardo Aranda Orozco (desde la curul): Estando total y absolutamente de acuerdo con la proposición de la Junta de Coordinación Política, solicito que se amplíe el acuerdo a los municipios del sur de Sonora que están en la misma circunstancia.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: En este caso, diputado, le solicitamos que se pueda pedir a la Junta que se exprese en cualquier momento del orden del día este punto que está proponiendo, porque sería un punto aparte. Por favor. Le dan sonido, por favor, al diputado.

El diputado Gerardo Aranda Orozco (desde la curul): Es el mismo asunto, los mismos efectos, el mismo ciclón. Lo único que se está pidiendo es que se amplíe al sur del estado de Sonora que tiene las mismas consecuencias. Si es su voluntad, señora Presidenta, solicitaré a la Junta de Coordinación Política que en el transcurso del día lo vuelva a someter, pero sería hacer un doble trámite sobre una misma circunstancia.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Yo lo entiendo, diputado, pero los acuerdos llegan firmados por toda la Junta de Coordinación, y hay otros dos estados que están con el mismo punto, por aparte, presentándose. Sí le solicito que se pueda presentar este punto. Lo sometemos inmediatamente, no hay ningún problema. Continúe la Secretaría, por favor.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo presente. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, es mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado. Comuníquese.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados.--- Presentes

Me permito comunicar a usted que en sesión ordinaria celebrada en esta fecha se recibió del senador Carlos Jiménez Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitud de excitativa a comisiones, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 131 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidencia de la Mesa Directiva dispuso que dicha solicitud de excitativa se remitiera a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

«Senador Santiago Creel Miranda, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

El suscrito, Carlos Jiménez Macías, senador de la República a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, viene a solicitar a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores que se sirva enviar excitativa a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a fin de que su Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias proceda a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 131 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

1. Con fecha 25 de abril de 2006, los integrantes de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso a la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, los senadores Éric Rubio Barthell, Javier Corral Jurado, Raymundo Cárdenas Hernández , y los diputados Norma Patricia Saucedo Moreno, Lilia Isabel Aragón del Rivero y José Luis Medina Lizalde, presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 131 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene por objeto constituir al Canal del Congreso como un órgano desconcentrado del Congreso de la Unión, a fin de dotarlo de autonomía de gestión presupuestal y técnica.

2. La iniciativa de mérito fue turnada, el día 27 de abril del mismo año, por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a su Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su análisis discusión y dictamen correspondiente.

Consideraciones

En ocasión de la puesta en marcha de los trabajos de la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en esta LX Legislatura, los senadores y diputados integrantes de ésta encontramos, a siete años de su creación, un canal de televisión que se ha convertido en un espacio para la participación social en el campo del ejercicio público, situándose así como un medio informativo y de opinión, ofreciendo una imagen informativa más real y creíble sobre los acontecimientos que suceden en el Congreso de la Unión, contribuyendo así a la formación de una cultura política en el país, basada en la difusión de información oportuna, veraz, directa, objetiva, plural, suficiente, con ética y con equidad, de lo que sucede en el Congreso de la Unión.

Sin embargo, pudimos constatar también deficiencias en su operación, por lo que coincidimos en la necesidad de construir una nueva etapa del Canal de Televisión del Congreso, buscando fortalecer su estructura normativa y operativa, a fin de consolidar su objeto, principios y funciones, para con ello no sólo impulsar el Canal como un medio de difusión de la actividad legislativa y parlamentaria, sino como un instrumento más para responder al derecho a la información a que todo individuo le asiste, ante una sociedad cada día más demandante de transparencia y rendición de cuentas.

Resulta importante destacar que hoy más que nunca las instituciones de gobierno, de las que no escapa el Poder Legislativo, están sujetas a una mayor transparencia y a una rendición de cuentas frente a la ciudadanía que se ha vuelto más exigente, demandando de los poderes de la Unión una actuación con buenos resultados y bajo la premisa de administrar bien y mejor los recursos, lo que ha significado un paso de calidad esencial en la construcción de una sociedad más democrática, y de un gobierno y de un Poder Legislativo más transparentes.

Si bien es cierto que el Canal de Televisión del Congreso no es por sí solo garante del derecho a la información pública, si ha venido constituyéndose en un instrumento más que facilita mucho el ejercicio y el acceso a este derecho fundamental, lo que además contribuye a garantizar definitivamente el derecho a la libertad de expresión.

Por ello, nos propusimos situar el Canal de Televisión de Congreso como una condición para el ejercicio democrático en nuestro país, que garantice el pluralismo, la veracidad, la imparcialidad y el acceso de las personas y de la sociedad en general a este derecho fundamental, pues estamos conscientes que el quehacer legislativo debe sufrir un cambio sustancial, de acuerdo con la visión no sólo de transparencia y rendición de cuentas apuntadas, sino como un mecanismo sólido de apoyo a una de las funciones primordiales del Congreso de la Unión: el control constitucional del Ejecutivo federal.

Como primer paso fundamental de esta titánica tarea, iniciamos y llevamos a buen puerto el proceso para elegir a la titular de la Dirección General del Canal del Congreso, proceso inédito en nuestro canal de televisión, habida cuenta de que por primera vez se emitió una convocatoria para llevar a cabo un concurso público abierto, al que concurrieron 45 aspirantes a ocupar esa responsabilidad, cifra de concursantes que incluso no esperábamos.

En este arduo proceso, que constó de tres periodos principales, consistentes en la etapa de registro o reclutamiento, la de revisión y valoración de las solicitudes de inscripción, así como la de evaluación técnica con entrevistas directas con los que integramos la Comisión Bicameral, se buscó siempre que los seleccionados reunieran el mejor perfil profesional posible, cuyos resultados recayeron en la selección de la persona que demostró las mayores capacidades técnicas, gerenciales y profesionales para el desarrollo de las funciones a su cargo, marcando con ello --insisto-- el primer paso en la construcción de esta nueva etapa del Canal de Televisión que decidimos emprender.

Como una segunda etapa fundamental, nos encontramos hoy en el proceso para obtener una señal abierta de televisión, más aún cuando el 13 de junio anterior la Comisión Permanente instruyó a la Comisión Bicameral a realizar los estudios y gestiones necesarias para obtener la autorización de una frecuencia radiofónica y de una señal abierta de televisión.

Para el cumplimiento de este proceso al interior de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso conformamos una ruta de desarrollo e integramos un grupo de trabajo técnico al que concurrió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuyos avances han sido muy significativos al estar cerca de obtener muy pronto la autorización para que el Congreso de la Unión opere el canal 36 digital en televisión abierta, lo que me permite hoy compartir estos resultados obtenidos con todos ustedes.

Sin embargo, amigas y amigos senadores:

Es respetuosa consideración de un servidor que no podremos seguir avanzando en la construcción de un nuevo canal de televisión para el Congreso si no logramos, a la par de las acciones que estamos emprendiendo en esta ardua tarea, convertirlo en un órgano desconcentrado, con plena autonomía en gestión presupuestal y técnica, pues actualmente su diseño administrativo entorpece su actividad y desarrollo, al reflejarse un ejercicio cotidiano del Canal, que padece las consecuencias de la permanente confrontación con los procesos financieros y de administración que se establecen en las respectivas Cámaras del Poder Legislativo.

Para nadie es desconocido que, desde su inicio, el Canal del Congreso ha enfrentado procesos administrativos no favorables, en relación con la celeridad que un canal de televisión requiere para su plena operación, deficiencias que han sido enunciadas por directivos del Canal en el pasado, siendo en muchos casos omisas o de callada solución.

Como ejemplo de ello, permítanme sólo explicarles que al operar cada Cámara del Congreso de la Unión su correspondiente presupuesto, su aplicación para con el Canal desemboca en una indebida disidencia en su planeación y programación, sin dejar de observar que ello repercute también en un aprovechamiento inadecuado de los recursos humanos con los que cuenta el canal de televisión, al tener para sus trabajadores una política salarial diferenciada que en nada abona a la equidad.

Por todo ello, me enorgullece venir nuevamente a esta tribuna a solicitar el apoyo de todos ustedes, senadoras y senadores, pues creo firmemente que su esfuerzo permitirá que lo más pronto posible contemos con una nueva estructura administrativa y financiera para el Canal del Congreso, con plena autonomía de gestión presupuestal y técnica, que sin duda nos permitirá --con una mejor calidad editorial en sus contenidos-- hacer una televisión ciudadana, innovadora, que acerque el ejercicio público legislativo a la población como uno de los mecanismos más destacados de las funciones de un estado democrático, que al mismo tiempo que informe logre que la población se identifique con el proceso parlamentario que ejercen sus representantes.

Así, lo anteriormente expuesto me lleva a presentar esta excitativa hoy, dado el tiempo en exceso que ha pasado para que la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión dictamine la iniciativa a que he hecho alusión; por lo que, con fundamento en lo que previene el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a solicitar atentamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Senadores, se sirva efectuar la siguiente:

Excitativa

Único. Se excita respetuosamente a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a fin de que su Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias proceda a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 131 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

ARTICULOS 1, 9 Y 11 CONSTITUCIONALES - LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Iniciativas de diputados. Tiene la palabra el diputado José Gildardo Guerrero Torres, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma los artículos 38 y 43 de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta Presidencia hace un atento llamado a los representantes de los medios de comunicación y al coordinador de la fracción parlamentaria del PRD para que podamos continuar el orden del día.

El diputado José Gildardo Guerrero Torres: Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy tengo el honor de presentar a ustedes un par de iniciativas.

La primera, una iniciativa que reforma lo que considero de mayor trascendencia, pues propone modificar diversos artículos de la Constitución Política de nuestro país, con fundamento en las premisas que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo que hace al ejercicio de nuestras garantías individuales, así como en diversos criterios que sobre el mismo tema se han establecido en los tratados internacionales ratificados por nuestro país.

En lo que hace a los derechos sustantivos de nivel constitucional, el máximo tribunal de la nación ha determinado que las garantías individuales presentan límites internos de su cobertura, en razón y precisamente de los bienes tutelados.

Y segundo, restricciones necesarias que permitan la vigencia efectiva de otros derechos fundamentales y de orden público, siendo obligación de la autoridad la de generar las condiciones necesarias para hacer posible la convivencia y el ejercicio de todas las garantías individuales.

Pese a la existencia de este criterio, hemos sido testigos de que el mismo no ha sido trasladado a la realidad nacional, pues es cierto que los ánimos políticos y las circunstancias sociales y económicas han desbordado las pasiones de todos los grupos políticos, muchas veces en perjuicio del respeto de las garantías individuales de terceros.

Ejemplos podríamos citar demasiados, pero no quisiera referirme a casos en concreto, pues esta iniciativa no tiene como objetivo generar polémica, sino apela a la madurez de todas las fuerzas políticas en la consecución de un fin mayor, de un objetivo más importante en lo que es el restaurar el tejido social de nuestra sociedad y el derecho que tenemos todos los mexicanos a vivir mejor.

En este contexto se propone, de manera general, la adición de un párrafo segundo al artículo 1o. constitucional, en el que se recoge el espíritu del criterio de la Corte, antes expuesto, el cual a la letra diría: ``Las autoridades deben generar las condiciones para hacer posible el ejercicio de todas las garantías individuales, las que deben sujetarse a la cobertura de los bienes que tutelan, y restricciones necesarias que permitan la vigencia de otros derechos fundamentales configurativos del orden público''.

Siendo el principal objetivo de esta adición fortalecer la validez de las leyes reglamentarias de las garantías individuales que expida la autoridad y, específicamente, toda vez que hoy hemos visto una trasgresión continua de las personas que ejercen su derecho de reunión frente al derecho de la libertad de tránsito

Proponemos: primero. Con fundamento en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, recoger su esencia para reconocer que el derecho de tránsito debe prevalecer armónicamente, no solamente frente a las autoridades u órganos del Estado, sino también frente a otros particulares.

Por lo que se propone la reforma del segundo párrafo del artículo 9o. constitucional, pero además de los supuestos ya establecidos en aquél, no se considere ilegal la asamblea o reunión, siempre que no perturbe el orden público y no se vulneren los derechos de terceros.

Finalmente, nuestra iniciativa propone ampliar la interpretación de la libertad de tránsito, pues ésta se ha situado en el absurdo de no poder utilizar objeto alguno para su ejercicio, objeto de locomoción, desde luego, con lo cual esta libertad se convierte en una declaración retórica.

Sin embargo, esta ampliación no es en perjuicio de las diversas facultades de la autoridad al respecto. Por lo que se propone la reforma del artículo 11 de nuestra Constitución, para que diga que todo hombre tiene derecho a entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio por propio pie o en vehículo de locomoción.

Respecto a la segunda iniciativa que hoy presento, de volver al espíritu original de que las diputadas y los diputados de esta soberanía pertenezcan nuevamente a dos comisiones, queriendo fortalecer la vida parlamentaria en comisiones, estableciendo también un calendario básico de reunión de las mismas comisiones para que todas las diputadas y todos los diputados de esta soberanía puedan agendar en qué comisión se quieren integrar sin que una y otra se reúnan en la misma hora y el mismo día.

Este par de iniciativas que hoy presento, señor Presidente, le pido que sean turnadas correspondientemente y sean integradas en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 1o., 9o. y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Gildardo Guerrero Torres , del Grupo Parlamentario del PAN

José Gildardo Guerrero Torres , diputado federal a la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 9, y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

Los Estados del orbe, han conceptuado los términos de derechos humanos y garantías individuales en sus distintos ordenamientos jurídicos, como los mecanismos legales para proteger el recurso más importante de sus países, es decir, al ser humano.

El reconocimiento de aquellos ha estado ligado a la historia de la humanidad desde la cultura Griega, en la que se puede vislumbrar una primera esfera jurídica de derechos políticos y civiles, a la Romana y posterior Edad Media con el predominio de la arbitrariedad y el despotismo sobre la libertad humana, pasando por el Renacimiento, hasta la Revolución Francesa, donde el ius-naturalismo fijara la bases que determinarían para siempre las relaciones entre el poder público y los gobernados.

La historia de los derechos y garantías humanos no ha sido ajena a nuestro país, pues desde el México prehispánico en el que es evidente que el gobernado no era titular de algún derecho frente al gobernante, a la etapa colonial en la que la actuación del gobernante estaba supedita a los principios morales y religiosos derivados de los postulados cristianos; hasta la emancipación política de España en la que adoptando los principios de la Revolución Francesa, se exaltaría la importancia del hombre, aboliendo la esclavitud, para posteriormente expedir por primera vez en la Constitución de Apatzingán un capítulo dedicado a las garantías individuales, considerándolas como elementos insuperables que debían ser respetados en toda su integridad; elementos que jamás abandonaríamos a la fecha, pues en todas las constituciones (1824, 1857, y 1917) han estado insertas.

En este andar del perfeccionamiento de los mecanismos de respeto de las garantías y derechos humanos la comunidad internacional incluyendo a México, ha establecido en instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que por la naturaleza inespacial e intemporal del humano como ser que ha sido y es la causa y el objeto del devenir histórico, debe ser protegido en su calidad de persona y de ente socio-político con independencia del estado al que pertenezca, sin diferencias de raza, sexo, idioma, religión para realizarse plenamente como ser humano.

O bien a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ``Pacto de San José'' de 1978, se reconocieron los derechos a la personalidad jurídica; a la vida; a un trato humano, a la libertad personal, entre otros en todo nuestro continente.

Los derechos humanos entendidos como ideas generales y abstractas, son la materia subjetiva de las garantías individuales entendidas como ideas individualizadas y concretas, pero indistintamente han sido definidas en nuestra doctrina como:

``Los imperativos éticos emanados de la naturaleza del hombre que se traducen en el respeto a su vida, dignidad y libertad en su dimensión de persona'' (doctor Ignacio Burgoa Orihuela).

Imperativos, que se encuentran consagrados en la carta magna vigente por lo cual se encuentran investidos de los principios esenciales que caracterizan al cuerpo normativo supremo, por lo tanto participan de la supremacía constitucional y en consecuencia tienen prevalencia sobre cualquier norma o ley secundaria, estando encargada de vigilar su cumplimiento el organismo autónomo denominado Comisión Nacional de los Derechos Humanos logro indiscutible del proceso de democratización de este país.

No obstante lo anterior, aun cuando ninguna ley secundaría debe limitarlas bajo sanción de carecer de validez jurídica, ello no implica que puedan ser reglamentadas, puesto que la reglamentación sólo implica pormenorizar o detallar a fin de procurar su mejor aplicación u observancia, siendo competente para llevar a cabo dicha tarea el Congreso federal como se interpreta del artículo 16 constitucional.

Desde el contenido del derecho, hemos clasificado a las garantías constitucionales, en diversas ramas pudiendo ser de igualdad, de libertad, de propiedad y de seguridad jurídica y garantías sociales, y en esta ocasión primeramente entraremos al estudio de las características y el ejercicio de las garantías: de igualdad en derecho fundamentales contemplado en el artículo primero; la libertad de asociación y reunión contemplada en el artículo noveno y finalmente la libertad de tránsito inserta en el artículo 11, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de proponer reformas en consideración de los ámbitos social, económica, político en el que vivimos actualmente.

Estudio de garantías:

De igualdad de los derechos fundamentales

El primer párrafo del artículo primero constitucional contiene el principio de igualdad de todos los seres humanos con respecto a las garantías que la misma Constitución establece. En este sentido, otorga de forma universal los derechos contenidos en su texto, los cuales no podrán ser restringidos ni suspendidos, salvo los casos expresamente previstos en las disposiciones constitucionales, es decir, el mismo texto de la carta magna contempla límites a los derechos fundamentales derivados de la necesidad de hacer que los derechos convivan unos con otros, de forma que algunos de ellos encuentren limitaciones para no invalidar a los demás.

Antecedentes constitucionales e históricos.

Primero.

Artículo 4o. de la Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz, el 19 de marzo de 1812:

Segundo.

Punto 12 de los Sentimientos de la Nación, 023 puntos sugeridos por José María Morelos para la Constitución de 1814 suscritos en Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813:

Tercero.

Artículos 19, 24 y 27 del decreto constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814.

Cuarto.

Artículos 6o. y 9 del Reglamento Provisional Político del imperio mexicano, suscrito en la Ciudad de México el 18 de diciembre de 1822.

Quinto.

Artículo 30 del Acta Constitutiva de la Federación, fechada en la Ciudad de México el 31 de enero de 1824.

Sexto.

Mensaje del Congreso General Constituyente a los habitantes de la federación de fecha 4 de octubre de 1824.

Séptimo.

Artículo 45, fracción V, de la tercera de la Leyes Constitucionales de la República Mexicana, suscrita en la Ciudad de México el 29 de diciembre de 1836.

Octavo.

Artículos 4o., 6o., 7o., fracción II y artículo 81, fracción II del primer Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana de fecha del 25 de agosto de 1842.

Noveno.

Artículos 3o. y 13 del segundo Proyecto de Constitución Polítca de la República Mexicana, del 2 de noviembre de 1842.

Décimo.

Artículo 3o., 5o., 30, 73, 77, y 84 fracción III del Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana, decretado por el Supremo Gobierno el 15 de mayo de 1856.

Undécimo.

Artículos 1o. y 2o. del Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana fechado el 16 de junio de 1856.

Duodécimo.

Artículo 1o. de la Constitución Política de la República Mexicana, sancionada por el Congreso Constituyente el 5 de febrero de 1857.

Decimotercero.

Artículos 58 y 59 del Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, de fecha 10 de abril de 1865.

Decimocuarto.

Plan de San Luis Potosí, suscrito por Francisco I. Madero el 5 de octubre de 1910.

Decimoquinto.

Mensaje y proyecto de Constitución de Venustiano Carranza, del 1 de diciembre de 1916.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917

Texto Actual

Limites Constitucionales

Como se desprende del texto de la Constitución, esta no autoriza otros límites a los derechos fundamentales que los que por ella establecidos se contengan en el propio texto. Es decir el legislador no puede inventar límites a los derechos; solamente puede llevar a cabo su regulación legislativa a fin de precisar las modalidades para su ejercicio. No sería constitucional la regulación secundaria restrictiva de los derechos.

Aunque el artículo 1o., en su primer párrafo se refiere en exclusiva a la igualdad en derechos fundamentales, dicha igualdad se debe entender también referida a los demás derechos, que, sin estar directamente reconocidos en los primeros 29 artículos del texto constitucional, integran lo que la misma constitución denomina la ``Ley Suprema de toda la Unión'' en su artículo 133.

No obstante lo anterior, se presenta a continuación una Tesis del Poder Judicial en la que se observa claramente la premisa sobre la cual deben ser ejercidos las garantías constitucionales, es decir bajo límites internos de su cobertura en razón, precisamente, de los bienes tutelados; y con restricciones necesarias que permitan la vigencia efectiva de otros derechos fundamentales configurativos del orden público.

Derecho Comparado

Actualmente las constituciones de todos los Estados democráticos del mundo contienen al menos una disposición para garantizar la igualdad de derechos entre los hombres.

La libertad de expresión

La expresión es la forma por medio de la cual se exteriorizan pensamientos, en signos, palabras o gestos que tienen el propósito de comunicar algo. De acuerdo con J. Rivero el origen de la libertad de expresión, reside en ``la posibilidad que tiene el hombre de elegir o elaborar por sí mismo las respuestas que quisiera dar a todas las cuestiones que le plantea la conducta de su vida personal y social para adecuar a aquéllas sus actos y comunicar a los demás lo que tenga de verdadero''.

En tal virtud, el contenido de la libertad de expresión ``puede consistir en reflexiones o comentarios sobre ideas generales, o referirse a comentarios sobre noticias relacionadas con acontecimientos concretos'' o bien como lo han señalado algunos tribunales ``...la libertad de expresión tiene por objeto pensamientos, ideas y opiniones, concepto amplio dentro del que deben incluirse también las creencias y los juicios de valor''.

La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales del humano, porque representa la prolongación de la garantía individual de pensar, ejercicio sin el cual no es posible aventurar la posibilidad del desarrollo del hombre en sociedad.

La libertad de expresión, salvo casos muy excepcionales, nunca tuvo consagración jurídica, sino hasta la Revolución Francesa, la manifestación del pensamiento se traducía en un mero fenómeno de facto, cuya existencia dependía de la tolerancia del gobernante, puesto si una dicha expresión afectaba directamente o indirectamente a la estabilidad del gobernante era acallada.

Antecedentes constitucionales e históricos

Primero.

Punto 29 de los Elementos Constitucionales, elaborados por Ignacio López Rayón en 1811:

Segundo.

Constitución Política de la Monarquía Española promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812:

Artículo 371. Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes.

Tercero.

Artículo 40 del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814:

En consecuencia, la libertad de hablar, discurrir y manifestar sus opiniones por medio de la imprenta, no debe prohibirse a ningún ciudadano, a menos que en sus producciones ataque el dogma, turbe la tranquilidad pública u ofenda el honor de los ciudadanos.

Cuarto.

Artículo 1o. del Reglamento Adicional para la Libertad de Imprenta, aprobado por la Soberana Junta Provisional Gubernativa, en la Ciudad de México el 13 de diciembre de 1821.

Se declaran por base fundamentales del Imperio:

Quinto.

Sexto.

Base primera del Plan de la Constitución Política de la Nación Mexicana, fechado en la Ciudad de México el 16 de mayo de 1823:

La nación mexicana es la sociedad de todas las provincias del Anáhuac o Nueva España, que forman un todo político.

Los ciudadanos que la componen, tienen derechos y están sometidos a deberes.

Sus derechos son: 1o. El de libertad que es el pensar, hablar, escribir, imprimir y hacer todo aquello que no ofenda los derechos de otros.

Séptimo.

Artículo 31 del Acta Constitutiva de la Federación, fecha el 31 de enero de 1824:

Todo habitante de la federación, tiene libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión o aprobación anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad de las leyes.

Octavo.

Artículo 50, fracción III de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada el por el Congreso General Constituyente el 4 de octubre de 1824.

Las facultades exclusivas del Congreso General son las siguientes:

Noveno.

Punto primero del Programa de la Administración de Valentín Gómez Farías de 1833.

El programa de la administración de Gómez Farías es el que abraza los principios siguientes:

Décimo.

Artículo 2o. fracción VII, de la primera de las Leyes Constitucionales de la República Mexicana, suscritas el 29 de diciembre de 1836:

Son derechos del mexicano:

Undécimo.

Artículo 9o. fracción XVII, del Proyecto de Reformas a las Leyes Constitucionales de 1836, del 30 de junio de 1940

Son derechos del mexicano:

Duodécimo.

Artículo 7o. fracción III del primer Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, del 25 de agosto de 1842.

La Constitución declara a todos los habitantes de la república el goce perpetuo de los derechos naturales de libertad, igualdad, seguridad y propiedad, contenidos en las disposiciones siguientes:

Decimotercero.

Artículo 13, fracción IX del segundo proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, del 2 de noviembre de 1842:

La Constitución reconoce en todos los hombres los derechos naturales de libertad, igualdad, seguridad y propiedad, otorgándoles en consecuencia, las siguientes garantías:

Decimocuarto.

Artículo 9 fracción II, de las Bases Orgánicas de la República Mexicana, acordadas por la honorable Junta Legislativa establecida conforme a los decretos del 19 y 23 de diciembre de 1842:

Derechos de los habitantes de la República:

Decimoquinto.

Reglamento de la Libertad de Imprenta. Decreto del 14 de noviembre de 1846, sancionado por el Supremo Gobierno Provisional y publicado por bando nacional con la misma fecha.

Decimosexto.

Decreto sobre al Libertad de Imprenta del 28 de diciembre de 1855.

Decimoséptimo.

Circular número ocho sobre los Periódicos Oficiales, de 1856.

Decimoctavo.

Artículo 35 del Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana, decretado el 15 de mayo de 1856.

Decimonoveno.

Artículo 13 del Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana de fecha 16 de julio de 1856.

Vigésimo.

Artículo 6 de la Constitución Política de la República Mexicana, del 5 de febrero de 1857.

Vigésimo primero.

Decreto sobre la Libertad de Imprenta del 2 de febrero de 1861.

Vigésimo segundo.

Artículo 58 y 76 del Estatuto Provisional Político del Imperio Mexicano del 10 de abril de 1865.

Vigésimo tercero.

Reforma del artículo 7o. de la Constitución Política de la República Mexicana de 1857, del 15 de mayo de 1883.

Vigésimos cuarto.

Artículo 5 del Programa del Partido Liberal Mexicano, del 1 de julio de 1906 de San Luis Missouri.

Vigésimo quinto.

Artículo 6 del Proyecto de Constitución de Venustiano Carranza del 1 de diciembre de 1916:

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún crimen o delito , o perturbe el orden público.

Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos de 1917

Artículo 6, texto actual vigente:

Límites constitucionales de la libertad de expresión.

El texto del artículo 6 de la Constitución, establece limites a libertad de expresión, fuera de los cuales no debe existir ningún otro, y de acuerdo con estos se establece que la libertad de expresión, será únicamente objeto de inquisición judicial o administrativa cuando: ataque a la moral; ataque los derechos de terceros; perturbe el orden público; o provoque algún delito.

Con respecto a las tres primeras limitaciones, cabe destacar, que la Constitución, la legislación secundaria, y la jurisprudencia, no han establecido criterios fijos o seguros para establecer en que casos la libre expresión ataca la moral, los derechos de terceros o perturba el orden público, por lo tanto ante esta situación vaga en imprecisa, estas limitaciones, han quedado al arbitrio de las autoridades judiciales o administrativas, situación que ha degenerado en la negación o el abuso de la garantía individual.

Dado el carácter variable de la noción de buenas costumbres y moral pública, según sea el ambiente o grado de cultura de la comunidad determinada, es necesario dejar a los jueces el cuidado de determinar cuáles actos pueden ser considerados como impúdicos, obscenos o contrarios al pudor público. A falta de un concepto exacto y de reglas fijadas en materia de moralidad pública, tiene el juez la obligación de interpretar lo que el común de las gentes entiende por obsceno y ofensivo al pudor, sin recurrir a procedimientos de comprobación, que sólo son propios para resolver cuestiones puramente técnicas. Es el concepto medio moral el que debe servir de norma y guía al juez en la decisión de estos problemas jurídicos y no existe, en tan delicada cuestión, un medio técnico preciso que lleve a resolver, sin posibilidad de error, lo que legalmente debe conceptuarse como obsceno.

Por tanto no es la opinión de unos peritos, que no los puede haber en esta materia, la que debe servir de sostén a un fallo judicial, ni es la simple interpretación lexicológica, el único medio de que se puede disponer para llegar a un conclusión; debe acudirse a la vez, a la interpretación jurídica de las expresiones usadas por el legislador y a la doctrina como auxiliares en el ejercicio del arbitrio judicial que la ley otorga a los jueces y tribunales.

En suma, a pesar de que no existe una base o punto de partida invariable para juzgar en un momento dado, sobre lo que es moral o inmoral, contrario a las buenas costumbres o afín a ellas, sí se cuenta con un procedimientos apropiado para aplicar la ley y satisfacer el propósito que ha presidido la institución de esta clase de delitos. Esto no significa que se atribuya a los jueces la facultad omnímoda y arbitraria. Como toda función judicial, la de aplicar las penas debe sujetarse a determinadas reglas y el juzgador no debe perder de vista que sus decisiones se han de pronunciar de acuerdo con el principio ya enunciado de la moralidad media que impera en un momento en la sociedad y en relación con las constancias de autos, pues de otra manera incurriría en violaciones de garantías constitucionales en perjuicio del acusado.

Semanario Judicial de la Federación, Primera época, tomo LVl, página 133

Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido casos concretos en los que no se perturba el orden público.

Derecho Comparado

La garantía constitucional que nos atañe, se encuentra plenamente codificada en las normas jurídicas del derecho público. En algunos países la protección de la libertad individual de expresión reproduce la hipótesis normativa del artículo 6 constitucional de México, como en los siguientes casos:

En el caso de El Salvador, su Constitución Política establece en su artículo 6 que:

Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público ni lesione la moral, el honor ni la vida privada de los demás. El ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución; pero lo que haciendo uso de él infrinjan las leyes responderán por el delito que cometan. ...

De igual forma la Constitución de Panamá en su artículo 37 dispone que:

Así como el artículo 8, numeral 6 de la Carta Fundamental de la República Dominicana se establece que:

Por su parte en otros países las libertad de expresión ha sido tutelada sin restricciones de ninguna especie como en el caso de Nicaragua, que en el artículo 30 establece:

Otro ejemplo es la Constitución de Paraguay que en el artículo 26 constitucional, prohíbe en forma expresa que se introduzcan restricciones a la libertad de expresión, ya que asimila los delitos de prensa a los delitos comunes tipificados en el Código Penal.

Se garantizaran la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que las dispuestas en esta Constitución; en consecuencia, no se dictará ninguna ley que las imposibilite o las restrinja. No habrá delitos de prensa, sino delitos comunes cometidos por medio de la prensa. Toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información, como igualmente a la utilización de cualquier instrumento lícito y apto para tales fines.

Libertad de Reunión y Asociación

La libertad de asociación y de reunión, ha seguido en la historia la misma suerte que cupo a la libertad genérica, es decir haber sido hasta la Revolución Francesa, un mero fenómeno fáctico sin consagración jurídica. El ejercicio de la libertad de asociación y de reunión podía desenvolverse por la tolerancia o condescendencia del poder público, pero este no estaba obligado a respetarlo.

En el devenir de la historia humana descubrimos la existencia de asociaciones y sociedades culturales, comerciales políticas, entre otras, puesto que su formación no era impedida por lo gobiernos, los cuales tenían la potestad de hacerlo.

No obstante en el ejemplo, en la época medieval, encontramos a diversas corporaciones fabriles y comerciales, que lejos de implicar estas corporaciones muestra de un derecho subjetivo público, dichos organismos se perfilaban como obstáculos al desempeño de la facultad jurídica, puesto que fuera de estas ninguna otra asociación podía formarse, lo que evidencia una negación de derecho libre de asociación.

Por su parte durante el reinado de Luís XVI en Francia, se observa que estas corporaciones se consideran como un obstáculo para el desenvolvimiento industrial y comercial de Francia, por lo que se hizo votar una ley que prohibía la formación de asociaciones profesionales pues estimaba a estas como un valladar al desempeño de la libertad de trabajo.

En cuanto a estas libertades, en Inglaterra esta continua siendo una excepción puesto que el common law contemplaba su inserción legal, En España, existieron diversas ordenanzas reales que prohibieron el derecho de reunión y asociación sin que la Constitución de Cádiz consagrara esta libertad como potestad jurídica del gobernado.

Antecedentes constitucionales e históricos

Primero.

Artículos 5, 12, y 13 del Bando de José de la Cruz, encargado interinamente de la comandancia general de la Nueva Galicia, de la presidencia de su Real Audiencia y del gobierno e intendencia de la Providencia, dado en Guadalajara el 23 de febrero de 1811.

Artículo 5. Las patrullas de infantería y caballería del Ejército de mi cargo tienen orden de hacer retirar en la calle a toda reunión que pase de seis personas.

Artículo 12. En el pueblo hacienda o rancho que viere o supiere que se forma alguna reunión de rebeldes, o bien que lleguen emisario de éstos para inducir a la rebelión, y no diere aviso inmediatamente al jefe militar, o pueblo más inmediato, serán sus habitantes reputados como enemigos del patria.

Articulo 13. En ninguna casa se tendrán asambleas secretas, pues la persona que lo supiere, y no dé inmediatamente cuenta, será tratada como rebelde, aunque no asista a ella.

Segundo.

Artículo 56 de la Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz el 18 de marzo de 1812:

En la Junta Parroquial ningún ciudadano se presentará con armas.

Tercero.

Artículo 2o. del voto particular de Mariano Otero al Acta Constitutiva y de Reforma de 1847, de fecha 5 de abril del mismo año.

Es derecho de los ciudadanos votar en las elecciones populares, ejercer el de petición, reunirse para discutir los negocios públicos y pertenecer a la Guardia Nacional, todo conforme a las leyes.

Cuarto.

Artículo 2o. del Acta Constitutiva y de Reformas, sancionada por el Congreso Extraordinario Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos el 18 de mayo de 1847:

Es derecho de los ciudadanos votar en las elecciones populares, ejercer el de petición, reunirse para discutir los negocios públicos y pertenecer a la Guardia Nacional, todo conforme a las leyes.

Quinto.

Artículo 23 del Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana, decretado el 15 de mayo de 1856:

Son derechos de los ciudadanos; ejercer el de petición, reunirse para discutir los negocios públicos y ser nombrados para los empleos o cargos públicos de cualquiera clase, todo conforme a las leyes. Sólo los ciudadanos tienen facultades de cotar en las elecciones populares.

Sexto.

Artículo 22 del Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, del 16 de junio de 1856:

A nadie puede coartarse el derecho de asociarse o de reunirse pacíficamente con cualquier objeto; pero solamente los ciudadanos de la república pueden hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país.

Séptimo.

Artículo 9 de la Constitución Política de la República Mexicana, sancionada por el Congreso General Constituyente el 5 de febrero de 1857:

A nadie se le puede coartar el derecho de asociarse o de reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la república pueden hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar.

Octavo.

Artículo 9 del Proyecto de Constitución de Venustiano Carranza, del 1 de diciembre de 1916.

Artículo 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la república podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país.

Sólo podrá considerarse como ilegal un reunión convocada con objeto ilícito y ser, en consecuencia, disuelta inmediatamente por la autoridad, cuando en ella, se cometieren desórdenes que alteren o amenacen alterar en orden público por medio de la fuerza o violencia contra las personas o propiedades, o por amenazas de cometer atentados, que puedan fácilmente ser seguidas de ejecución inmediata, o se cause fundadamente temor o alarma a los habitantes; o se profieran injurias o amenazas contra la autoridad o alguno o varios particulares, si la persona que preside la reunión o las que de ella formaren parte no redujeran al orden al responsable o lo expulsaran inmediatamente; o cuando hubiere en ella individuos armados, si requeridos por la autoridad no dejaren las armas o no se ausentaren de la reunión.

No se considerará ilegal una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición a una autoridad o presentar una protesta por algún acto, si no se profieren injurias contra ella, no se hiciere uso de violencia o de amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desea.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917

Texto Actual

Artículo 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.

Como se puede observar del texto actual de artículo 9o., su texto contempla dos especies de libertades: la de reunión y la de asociación.

Por derecho de asociación, se entiende la potestad que tienen los individuos de unirse para constituir una entidad o persona moral, con substantividad propia y distinta de los asociantes y que tiende a la consecución de objetivos determinados, cuya realización es constante y permanente. La libertad de Asociación, engendra, la creación de una entidad con personalidad y substantividad jurídicas propias y distintas de las que corresponden a cada uno de sus miembros individuales y la persecución de fines u objetivos permanentes y constantes.

El derecho de reunión, se revela cuando varias personas se reúnen, este acto no importa la producción de una entidad moral en los términos arriba mencionados, simplemente se trata de un grupo de individuos que tienen lugar en un sitio determinado para realizar un punto fin concreto y determinado.

Límites Constitucionales

Respecto a la libertad de asociación, la primera limitación que establece la constitución, es que solamente los ciudadanos de la república, podrán ejercerla para tomar parte en los asuntos políticos del país, privando a los extranjeros del derecho de libertad de reunirse o asociarse con fines políticos, evitando de esta forma la posibilidad de que individuos no mexicanos se inmiscuyan en asuntos nacionales.

Al la libertad de reunión: la Constitución establece que no tiene derecho a deliberar una reunión armada, puesto que el legislador estimó la conveniencia de evitar la violencia que pudiera suscitarse entre varias personas armadas.

A ambas libertades, establece la obligación de tener que ejercitarse de manera pacífica, por ende una reunión que no se forme pacíficamente o que los objetivos que persigan tengan extrínsecamente un carácter de violencia o delictuoso, no estarán protegidas por el artículo 9o. constitucional.

Otra limitación constitucional a la libertad de asociación o reunión se establece en el artículo 130 párrafo noveno que establece: los ministros de los cultos nunca podrán, en reunión pública o privada constituida en junta ni en actos del culto o de propaganda religiosa, hacer crítica de las leyes fundamentales del país, y de las autoridades en particular o, en general del gobierno; no tendrán voto activo ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos.

Por su parte el párrafo XIV del artículo 130, limita al derecho de asociación en el sentido de prohibirse: la formación de toda clase de agrupaciones políticas, cuyo título tenga alguna palabra o indicación que la relacione con alguna confesión religiosa.

Y finalmente el párrafo XIV del artículo 130, limita a la libertad de reunión, en el sentido que en los templos no podrán celebrarse reuniones o juntas de carácter político estando la autoridad facultada para disolverlas en caso de que se efectúen.

Por su parte en el ejercicio de estos derechos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido entre otros el siguiente criterio.

Derecho Comparado

En el país, respecto al ejercicio del derecho de reunión, las reuniones que se llevan a cabo en lugares públicos, no requieren ningún tipo de autorización no obstante en el derecho comparado se encuentra suficiente evidencia para sugerir que la realización de reuniones en lugares públicos puede suponer para los que las convocan la obligación simplemente de avisar a las autoridades que dicha reunión se llevara a acabo para el efecto de que éstas puedan a su vez hacerlo del conocimiento del resto de los ciudadanos y tomar las precauciones necesarias para conservar el orden público.

Párrafo 2, del artículo 21 de la Constitución Española:

Así, la legislación que desarrolla este precepto se encarga de señalar que:

Sobre el tema, el Tribunal Constitucional Español ha sostenido que:

El derecho de reunión, como todo derecho fundamental, tiene sus límites por no ser un derecho absoluto e ilimitado, Es, indudablemente, un derecho subjetivo de ejercicio colectivo, que al ser realizado incide en el derecho y en los intereses de otros ciudadanos y en la utilización exclusiva de bienes públicos; posibilitando, a veces, la alteración de las seguridad ciudadana y del orden general, que corresponde garantizar y salvaguardar al poder público. El valor preeminente de estos valores afectados exige, en una sociedad democrática, que la Constitución conceda poderes a la autoridad para imponer al ciudadano el deber de comunicar con antelación razonable, como requisito indispensable de la proyectada reunión, para poder conocer su alcance y determinar la procedencia de previas averiguaciones, facilitar el uso del lugar o modificar su emplazamiento y tomar las medidas de seguridad que fueran precisas, otorgándole, además, la facultad de prohibirla si concurren las circunstancias que constitucionalmente así lo determinan (sentencia 36/1982)

Por su parte el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas de 1966, reconoce que el derecho que el derecho de reunión debe ejercerse sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

Libertad de tránsito

El ejercicio de la libertad de tránsito ha estado sujeto a las condiciones políticas de los Estados. Durante la Edad Medía feudal en la que los principales países europeos estaban constituidos por el régimen feudal, las personas, no podían entrar o salir de determinada circunscripción sin permiso otorgado por la autoridad, por lo que se puede decir que durante esta época, la libertad de tránsito no era un derecho pues estaba limitada como derecho fáctico, situación que subsistió hasta la Revolución Francesa.

En el derecho colonial, se consignaron importantes limitaciones a la libertad de tránsito respecto de los indios, pues se ordeno que estos no fueran llevados a España, imponiéndose penas pecuniarias al que violara esta norma. No obstante dentro del territorio de la Nueva España, los naturales podría desplazarse libremente y cambiar de residencia.

A partir de 1789, la Revolución Francesa, consideró la libertad de tránsito como derecho público, puesto que se conceptuó como tal a la libertad genérica: facultad de hacer todo aquello que no dañe a otro.

Antecedentes constitucionales e históricos

Primero.

Artículo del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814:

Los transeúntes serán protegidos por la sociedad, pero sin tener parte en la institución de sus leyes. Sus personas y propiedades gozarán de la misma seguridad que los demás ciudadanos, con tal que reconozcan la soberanía e independencia de la nación, y respeten la religión católica, apostólica, romana.

Segundo.

Artículos 15 y 16 de los Tratos de Córdoba suscritos en la Villa de Córdoba en 24 de agosto de 1821:

Tercero.

Aclaraciones quinta y séptima al Acta de Casa Mata del 1 de febrero de 1823:

El Congreso señalará los requisitos necesarios, para que puedan radicarse en el país.

Cuarto.

Artículo 2o. de las Bases Constitucionales expedidas por el Congreso Constituyente el 15 de diciembre de 1835.

A todos los transeúntes, estantes y habitantes del territorio mexicano, mientras respeten la religión y las leyes del país, la nación les guardará y hará guardar los derechos que legítimamente les correspondan: el derecho de gentes y el internacional designan cuáles son los de los extranjeros: una ley constitucional declarará los particulares al ciudadano mexicano.

Quinto.

Artículo 6 del Tratado entre México y España por medio del cual esta nación reconoció la Independencia mexicana, firmado por la reina María Cristina de España el 28 de diciembre de 1836.

Sexto.

Artículo 2o. fFracción VI, de la primera de las Leyes Constitucionales de la República Mexicana, suscritas el 29 de diciembre de 1836.

Séptimo.

Artículo 9o. fracción XVI, del Proyecto de Reformas a las Leyes Constitucionales de 1836, del 30 de junio de 1840:

Son derechos del mexicano:

Octavo.

Artículo 7o. fracción V, del primer Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, del 25 de agosto de 1842:

La Constitución declara a todos los habitantes de la República, el goce perpetuo de los derechos naturales de libertad, igualdad, seguridad y propiedad, contenidos en las disposiciones siguientes:

Noveno.

Artículo 5o. fracción IV del voto particular de la minoría de la Comisión Constituyente de 1842.

Décimo.

Artículo 13, fracción XI, del segundo Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana del 2 de noviembre de 1842.

La Constitución reconoce en todos los hombres los derechos naturales de libertad, igualdad, seguridad y propiedad, otorgándoles en consecuencias, las siguientes garantías.

Libertad.

Undécimo.

Artículo 9., fracción XIV de las Bases Orgánicas de la República Mexicana, acordadas por la Honorable Junta Legislativa establecida conforme a los decretos de 19 y 23 de diciembre de 1842, sancionadas por el Supremo Gobierno Provisional, con arreglo a los mismos decretos el día 15 de junio de año de 1843.

Duodécimo.

Artículo 34 del Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana, decretado por el Supremo Gobierno el 15 de mayo de 1856:

Decimotercero.

Artículo 16 del Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, del 16 de junio de 1856:

Todo hombre tiene derecho de entrar y salir de la república, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otro requisito semejante. El ejercicio de este derecho no podrá perjudicar las legítimas facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil.

Decimocuarto.

Artículo 11 de la Constitución Política de la República Mexicana, sancionada por el Congreso General Constituyente el 5 de febrero de 1857.

Todo hombre tiene derecho para entrar y salir de la república, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otro requisito semejante, El ejercicio de este derecho no perjudica las legítimas facultades de la autoridad judicial o administrativa, en los casos de responsabilidad criminal o civil.

Decimoquinto.

Reforma al artículo 11 de la Constitución Política de la República Mexicana de 1857 del 12 de noviembre de 1908.

Todo hombre tiene derecho para entrar y salir de la república, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte salvoconducto, u otro requisito semejante. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial y administrativa, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las limitaciones que imponga la ley sobre emigración e inmigración y salubridad general de la República.

Decimosexto.

Artículo 11 del Proyecto de Constitución de Venustiano Carranza, del 1 de diciembre de 1916.

Todo hombre tiene derecho para entrar a la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que imponga la ley sobre inmigración, emigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917

Artículo 11 texto actual vigente.

Artículo 11. Todo hombre tiene derecho para entrar en la república, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvo-conducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la república, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

Como podemos observar del texto vigente del artículo 11, la libertad de tránsito comprende 4 libertades especiales: la de entrar al territorio de la república, la de salir del mismo, la de viajar dentro del Estado mexicano, y la de mudar de residencia o domicilio. Asimismo, se hace evidente, que la garantía individual de libertad de transito, es absoluta e incondicional, puesto que no requiere de carta de seguridad, salvoconducto, pasaporte u otros requisitos para su ejercicio.

Del contenido del derecho constituido por la libertad de tránsito, la obligación de las autoridades se traduce en no impedir, en no entorpecer la entrada y salida de una persona al y desde el territorio nacional, el viaje dentro de éste, o el cambio de residencia y domicilio, y en no exigir, además condición o requisito alguno.

Límites Constitucionales

Por lo que toca a las autoridades judiciales, están autorizadas por la Constitución para prohibir a una persona, por ejemplo, que salga de determinado lugar o para condenar a una persona a purgar una pena privativa de libertad dentro de cierto sitio.

Por su parte, las autoridades administrativas pueden impedir a una persona que penetre al territorio nacional y radique en él, cuando no cumpla con las disposiciones que la Ley General de Población exige, así como expulsar del país a extranjeros perniciosos de acuerdo con el artículo 33 constitucional, o por razones de salud, prohibir que la internación, salida o permanencia en un sitio en el cual se localice un peligro para la higiene pública.

Respecto al ejercicio de esta garantía cabe resaltar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencia en la cual establece que la libertad de transito debe entenderse como libertad para los desplazamientos estrictamente corporales, sin que la protección del artículo 11 pueda extenderse a algún medio de locomoción como puede observarse en el siguiente criterio:

No obstante lo anterior aun cuando el criterio de la corte antes trascrito establece que la libertad de transito debe ser intuitu personae, sin abarcar la traslación de cualquier medio de locomoción, los criterios se han emitido respecto a la facultad de la autoridad de prohibir a alguna persona se movilice en vehículos que no reúnan las condiciones que establezcan diversos ordenamientos, como aquellas relativas a su grado contaminante.

O bien, respecto al hecho de que la autoridad fiscal haya ordenado y efectuado el embargo precautorio sobre el vehículo automotor que defiende el quejoso, en virtud, que con el embargo no se restringe la garantía de libre transito, como se evidencia en el siguiente criterio:

Sin embargo, el Poder Judicial no ha emitido criterio alguno tomando en consideración el derecho de uso de las vías públicas ya sea por propio pie, o vehículos automotores, que tienen los ciudadanos en ejercicio de la libertad de transito, y trabajo en relación al derecho de otros de manifestarse en ejercicio de la libertad de expresión, reunión y manifestación.

Puesto que al interpretarse a la libertad de tránsito de forma tan restrictiva y literalísta, nos situamos en el absurdo de no poder utilizar objeto alguno para su ejercicio, sin atender a los medios para que la garantía se ejerza en la práctica. Lo que sería como decir: que el derecho a decidir libremente el espaciamiento de los hijos debe hacerse sin tener acceso a medios anticonceptivos, con lo cual el derecho se convierte prácticamente en una declaración retórica: o bien decir que la libertad de expresión consiste solamente en la posibilidad de hablar en el desierto, ya que en su ejercicio no están protegidos los medios para hacer llegar nuestras expresiones a los demás.

Resulta por tanto obvio que el ejercicio concreto de los derechos requiere de la utilización de objetos exteriores al cuerpo humano, sin los cuales el derecho se nulifica; la posibilidad de transitar libremente por toda la República se reduce a nada (o cuando más a unos kilómetros), si para ejercerlo no contamos con medios de transporte que efectivamente nos lleven de un lugar a otro.

Situación que quedaría todavía más clara en el supuesto de aquellas personas incapacitadas para trasladarse por medio de sus extremidades, quienes se encontrarían impedidas de ejercer la garantía de libre tránsito, quedando esta claramente nulificada; o bien en el caso de los habitantes del centro de la República quienes tendrían nulificado en la práctica el derecho de salir del país, pues las respectivas fronteras se encuentran a miles de kilómetros de donde viven, distancia que es prácticamente imposible recorrer para personas normales y corrientes.

Lo anterior, cabe mencionar no es en contra de lo que establece la doctrina, en cuanto a que la libertad de circulación tiene por objeto las personas, y no las cosas, ni tampoco respecto a la facultad de la autoridad para regular el tránsito automotor puesto que esto sería válido de conformidad con el contenido del mismo artículo 11.

En consideración de la referido, se hace evidente la necesidad de que el Congreso de la Unión, redefina los alcances de la garantía de libertad de transito en consideración del uso de las vías públicas con vehículos automotores.

Derecho Comparado

En el derecho internacional de los derechos humanos, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, contiene prerrogativas parecidas a las del artículo 11 de nuestra Constitución.

Artículo 12.

Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.

Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso el propio.

Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando estas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o lo derechos y libertades de terceros y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente pacto.

Respecto al anterior, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, precisa que la condición de legalidad de la estancia de una persona en el territorio nacional es un tema que los Estados pueden y deben regular en su derecho interno, respetando siempre las obligaciones internacionales que tienen suscritas, pero las regulaciones pueden afectar solamente a los extranjeros, pues a los nacionales de un Estado no se les puede considerar como ilegales, dentro de su territorio.

Asimismo, el referido comité ha establecido que el derecho de transito debe prevalecer no solamente frente a las autoridades u órganos del Estado, sino también frente a particulares, por lo tanto los Estados, deben vigilar que no se impida a los ciudadanos, ejercer la libertad de tránsito o residencia.

Descripción de los ámbitos social, económico jurídico y político del México actual respecto al ejercicio de las garantías individuales

Como hemos podido observar, el proceso para el perfeccionamiento de la implantación de las garantías individuales en nuestro marco jurídico es resultado de un arduo proceso histórico, el cual se ha consolidado a través de la naciente democracia en la que vivimos. Hoy hemos accedido a un modo de gobierno, donde el sistema político jurídico y social nos brindan diferentes bondades y dificultades.

Hoy cuando el pueblo ejerce sus garantías, es necesario cuestionarnos, ¿Cómo las estamos ejerciendo? y ¿Cuáles son las premisas bajo las que debemos hacerlo? en lo general, aún cuando en esta ocasión, nos referiremos específicamente al ejercicio de las garantías de igualdad de derechos, libertad de expresión; de reunión y asociación, frente al ejercicio de la garantía de libre transito en las cuales se puede observar una relación compleja, puesto que el abuso en el ejercicio de las primeras puede ir en detrimento de las segundas y finalmente de la sociedad.

Para resolver las anteriores interrogantes primero realizo un análisis desde diversos ámbitos de la sociedad mexicana, y con respecto a la segunda parto de las premisas que la Suprema Corte de Justicia ha emitido al respecto es decir: A) Las autoridades deben generar las condiciones para hacer posible el ejercicio de todas las garantías individuales; y B) las garantías individuales, están limitadas a limites internos de su cobertura en razón, precisamente de los bienes tutelados y restricciones necesarias que permitan la vigencia efectiva de otros derechos fundamentales, configurativos del orden público. (Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta Tomo XXI, enero de 2005, p.1793, Tesis I.4oA.451 A, aislada, administrativa).

Ámbito social

La sociedad es la unión moral de seres inteligentes de acuerdo estable y eficaz para conseguir un fin conocido y querido por todos, es unión porque requiere del acuerdo libre e inteligente de varios hombres para conseguirlo.

Los hombres que integran la sociedad, no son simplemente individuos que, pudiendo vivir asiladamente, se unen para la defensa común frente a las fuerzas naturales u otros enemigos, pues estos necesitan de la vida social para poder subsistir y perfeccionarse dándose a los demás.

La sociedad, no se compone de hombres aislados, sino de hombres previamente agrupados en familias, comunidades vecinales, comunidades profesionales, entre otras.

El Estado es la organización política de la sociedad civil, y comprende a todo el conjunto de relaciones que se dan en un espacio geográfico determinado, pero su fin es menos amplio que el de la sociedad civil. No obstante este busca el bien temporal que comprende la conservación del orden público, la defensa exterior e interior, y la promoción de actividades tendentes al bien común.

Un elemento esencial de toda Sociedad y Estado, es en sentido general el orden público, el cual designa al estado, de coexistencia pacífica entre los miembros de una comunidad. Está asociado a una idea de paz pública, objetivo primordial, de las medidas de gobierno y policía.

El orden público constituye las ideas fundamentales sobre las cuales reposa la constitución social, puesto a través de leyes de ``orden público'' funciona como un límite por medio del cual se restringe la facultad de los individuos sobre la realización de cierto actos, a favor del bien común.

Ahora bien, es cierto que con fundamento en el derecho al ejercicio de las garantías individuales de libertad de expresión; reunión y asociación, diversos grupos de la sociedad mexicana, han vulnerado el orden público, pues no han establecido limites al ejercicio de las mismas, como se ha podido observar en aquellas manifestaciones en vía pública que han degenerado en violencia y daños tangibles contra intereses de terceros; en perjuicio de las garantías de igualdad, de libertad de transito; seguridad, etc. y obstaculizado la libertad para realizar ciertas actividades de carácter económico.

Pero aún más grave, pues desde el punto de vista social los grupos mencionados han atentado en contra de la misma sociedad de la que forman parte, y por consiguiente en contra de ellos mismos, pues las generaciones más jóvenes aprenden del ejemplo. Lo anterior también ha generado la separación y desgaste de la sociedad mexicana en perjuicio de la paz social, con lo cual se hace imposible alcanzar el fin común al que hacíamos referencia.

Desde esta perspectiva, debemos dar la prioridad e importancia que merece, el fortalecimiento y protección de nuestra sociedad, pues al día de hoy, hay en las estadísticas, datos que ponen en evidencia la existencia síntomas de su deterioro, lo que nos deja un futuro incierto.

Ámbito económico

Como ha sido mencionado, una manifestación aún cuando no se extralimite en el ejercicio de las garantías constitucionales, afecta la actividad económica de terceros y el de una comunidad en general, pues si bien no hay datos precisos al respecto, una manifestación en el centro del Distrito Federal por ejemplo puede tener las siguiente consecuencias de carácter económico:

Considerando que en el centro de la ciudad, existe un total aproximado de 32 mil establecimientos comerciales formales, con un total de ingresos anuales aproximados de 87 mil 461 millones 881 mil pesos, el ingreso promedio de dichos establecimientos por día asciende a 239 millones 621 mil 591 pesos. Considerando que la empresas pueden disminuir sus ventas hasta en un 70 por ciento por ciento cuando sucede una manifestación la perdida diaria se estimaría en 167 millones 735 mil 114.25/100 pesos. (Datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo)

La disminución de las ventas obviamente da lugar al despido y perdida de empleos, se estima que cuando se realizo el plantón en la avenida Reforma, cada unidad productiva prescindió de una plaza.

Evidentemente, el sector comercial es el que más daños sufre cuando sucede una manifestación, sin embargo no quiere decir que sea el único, pues sectores como el turismo y los servicios, también se ven gravemente afectados. Se presenta gráfica porcentual de afectación por sector. (Datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo)

Otro dato es el que se desprende de los costos de operación del tráfico, pues en promedio por hora el costo social se ha promediado en $31.10 pesos luego entonces si en la capital se trasladan diariamente 5 millones de personas, el tráfico que puede generar una manifestación incrementa dicho costo, volviéndola poco competitiva. (Centro de Evaluación de Proyectos de la Secretaría de Hacienda)

Pero adicionalmente se han estimado costos por combustible por frenaje y por espera, en las siguientes cantidades para vehículos ligeros 0.0174 Lt/frenaje y 1.5 lt/hr y en 0.0916 lt/frenaje y 2.46 lt/ hr para vehículos pesados, este gasto no se realizaría si las vías no estuvieran congestionadas.

Cabe destacar que aunque no existen cifras exactas, las manifestaciones incrementan evidentemente el ambulantaje en perjuicio de los comercios establecidos.

Por su parte a las perdidas económicas referidas, habrá que adicionar los gastos del erario federal que ocasiona una manifestación, pues en algunas manifestaciones se ha llegado a dañar el mobiliario público, pero además hay que realizar gastos para asegurar protección civil, seguridad pública, sanitarios y brigadas médicas.

Ámbito Jurídico

Las garantías individuales, contempladas en la Constitución Política, son derechos universales, inalienables e imprescriptibles que pueden ser ampliados o complementados por las constituciones de los estados, por las leyes reglamentarias y sobre todo por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, siempre y cuando no contravengan ni restrinjan los derechos consagrados en la misma.

Para tal efecto, el país ha ratificado diversos instrumentos internacionales al respecto, en toda clase de materias como Derechos Civiles y Políticos, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, erradicación de la tortura, la esclavitud, la servidumbre, el trabajo forzado, entre otros. Y en concordancia con los mismos, desde el 13 de septiembre de 1999, concibió como Institución Autónoma a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo encargado del resguardo y cumplimiento de aquellos.

No obstante lo anterior, a la fecha no existe legislación concreta que regule las garantías referidas, aún cuando en diversas entidades federativas, se han hecho esfuerzos para regular su ejercicio como en el caso del Bando 13 emitido por el Gobierno del Distrito Federal que la letra establece:

Bando informativo número trece

a) Garantizaremos el derecho constitucional a la libertad de expresión y podrán realizarse en la ciudad diversas formas de manifestación a favor o en contra de lo que deseen quienes las organicen y celebren. b) Actuaremos anticipadamente ante los problemas y las contradicciones que puedan convertirse en conflictos para evitar que estallen. c) Atenderemos peticiones, quejas y propuestas de los habitantes del Distrito Federal con prontitud y mantendremos el diálogo con compromisos para reducir lo más posible los actos de protesta. d) Mediante el acuerdo con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión para utilizar el tiempo oficial, con la Cámara de Diputados para contar con el apoyo del canal de televisión del Congreso y con espacios y tiempos adicionales sufragados por el gobierno, en horarios adecuados, garantizaremos, sin cortapisas o censura a, quienes deseen, en prensa escrita, radio y televisión, dar a conocer sus planteamientos derivados de necesidades económicas, políticas y sociales o por incumplimientos o abusos de autoridad. e) Daremos inmediata atención a quienes se congreguen en plazas públicas y respetaremos escrupulosamente sus derechos humanos. f) Vamos a establecer una estrecha coordinación con el gobierno federal para atender las demandas provenientes del resto del país que sean de su competencia, con el fin de que puedan ser resueltas, se eviten conflictos en la ciudad y la gente pueda regresar a su lugar de origen con el compromiso de ser atendidos en sus peticiones, demandas y necesidades. g) No permitiremos el bloqueo de avenidas o vialidades primarias que desquicien el tráfico, eleven la contaminación y afecten el libre tránsito de terceros.

Del análisis del texto anterior, podemos observar que este reconcilia el ejercicio de las garantías individuales, con la vida de la ciudad pues sin restringir la libertad de expresión le establece lineamientos, para no afectar derechos de terceros. Sin embargo a la fecha requerimos fortalecer nuestro marco legal desde el máximo nivel jurídico, a efecto de dotar de mayor validez a la reglamentación emitida por los gobiernos locales.

Político

El hombre además de encontrarse investido de las garantías individuales, es titular de un conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter civil, político económico y social, también denominados derechos de segunda generación, pues son noción de una categoría distinta más reciente.

En tal virtud, el Estado que antes representaba la autoridad responsable de la protección y del mantenimiento del orden público y de la seguridad de todos, ahora, es un instrumento al servicio de todas las personas que dependan de su jurisdicción, que les permita el pleno desarrollo de sus facultades tanto a nivel individual como colectivo.

Uno de los medios por los cuales se ejercen los derechos políticos de los ciudadanos, son los partidos políticos, testigos de la historia de la democracia representativa y extensiones de las prerrogativas parlamentarias y del sufragio, pues aquellos hacen posible el acceso de los ciudadanos al poder público y sus integrantes procuran agruparse para canalizar la intención del pueblo en el bien común, teniendo como principal objetivo conquistar, conservar o participar en el ejercicio del poder a fin de hacer valer las garantías ciudadanas.

En el mismo orden de ideas, corresponde a los partidos políticos, reflejar la oposición de las fuerzas sociales dentro de la sociedad para materializar su acción en la estructura del Estado contribuyendo a integrar la voluntad general.

Respecto a los partidos políticos, nuestro máximo ordenamiento contempla en su artículo 41:

Luego entonces, los partidos políticos como entidades representativas del pueblo y por ende de poder, tienen el deber de constituir un verdadero sistema de partidos de forma que existan canales de representación ciudadana en los que la gente pueda ver reflejadas sus inquietudes y aspiraciones.

Siendo responsables los partidos, de atender la lección imperecedera del Benemérito de las Américas, como norma insoslayable en cualquiera de sus acciones, pues es vigente el espíritu de la máxima que pronunciara aquel en el Triunfo de la República:

Espíritu de la más alta concepción de Temis, que se ha arraigado en nuestra nación como uno de sus más profundos ideales, pues más fuerte pero no más claro, puede decirse y entenderse que el respeto en la cohabitación del derecho propio y el ajeno son requisitos indispensables para la armonía entre los individuos y las naciones que buscan la paz.

Del pensamiento vivo y vigente de Juárez, ``prócer de nuestra historia'', una parte se ha cumplido, no obstante, aún quedan saldos por alcanzar, pues su genio e ideas siempre avante del tiempo, serán siempre tierra fértil de inspiración para esta y las futuras generaciones de nuestro país.

Por ello, más que un legado es un mandato entender y interpretar su pensamiento para concebir como aquel lo hiciera, al significado del respeto y la convivencia de los principios de libertad, igualdad y fraternidad, hoy materializados en las garantías individuales contempladas en nuestra Constitución Federal, como la batalla por alcanzar la democracia, aspiración suprema de la cultura política de los hombres y de los pueblos libres.

Actualmente la nación reclama pertinencia y prestancia para construir el México igualitario, libre y fraterno, unido en el sentimiento sublime del amor a la patria, por eso desde el cobijo del ideario y mandato que nos han sido legados, es necesario y es nuestro deber, establecer las bases para romper con la cadena de abusos, arbitrariedades y usurpaciones que se han sucedido en nuestra vida cotidiana por los maximalismos de unos y la inercia de otros, pero es aún más importante que en nuestro encargo como diputados federales a esta LX Legislatura del Congreso de la Unión, atendamos la principal causa de esa cadena estableciendo lineamientos claros por medio de los cuales pueda concebirse un inviolable respeto al derecho ajeno y a las leyes, con la obediencia de las autoridades y partidos representantes del pueblo para tener una pertinente y oportuna la aplicación del derecho para dirimir controversias que sirvan en el encauzamiento del camino hacia la prosperidad y bienestar de la nación.

Premisas con las que deben ejercerse las garantías individuales

Con respecto a las premisas sobre las cuales debemos ejercer las garantías individuales que establece nuestra Constitución Fundamental, consideramos que la Suprema Corte de Justicia ha sido acertada en su definición, pues es verdad que las autoridades deben generar las condiciones para hacer posibles el ejercicio de todas u cada una de ellas, así como es necesario reconocer limites internos de su cobertura, en razón de los bienes tutelados y restricciones necesarias que permitan la vigencia efectiva de otros derechos fundamentales, por lo cual a través de esta iniciativa se propone insertar dichas premisas a nuestro máximo ordenamiento.

Consideraciones al proyecto

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se por el que se reforman los artículos 1, 9, y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforman los artículos 1, 9, y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 1. ...

Las autoridades deben generar las condiciones para hacer posible el ejercicio de todas las garantías individuales, las que deben sujetarse a la cobertura de los bienes que tutelan y restricciones necesarias que permitan la vigencia de otros derechos fundamentales, configurativos del orden público.

...

...

Artículo 9. ...

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, siempre que no se perturbe el orden público, la moral y no se vulneren los derechos de terceros.

Artículo 11. Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio por propio pie o vehículo de locomoción y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre los extranjeros perniciosos residentes en el país.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

«Iniciativa que reforma los artículos 38 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Gildardo Guerrero Torres , del Grupo Parlamentario del PAN

José Gildardo Guerrero Torres , diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, así como otros diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios representados en este organismo cameral, en ejercicio de la facultad que nos otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 38 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

La función legislativa es una de las actividades más importantes que realiza el estado, pues esta consiste en la producción de normas generales y abstractas que reflejan la potestad y el imperio del mismo, pues impone patrones de actuación a la conducta externa humana.

En el desempeño de dicha función, el estado, crea, modifica, adiciona, deroga y abroga la ley, para hacer frente a los problemas fundamentales de la sociedad de lo que se infiere debe realizarse de manera eficiente y eficaz.

Es bien sabido por todos, que en los últimos años, cuando el poder legislativo ha dejado de ser una caja de resonancia del Ejecutivo federal, se requiere establecer normas que permitan el equilibrio de poderes y que impulsen la eficiencia de los trabajos del Congreso de la Unión, pues nuestra sociedad demanda resultados y es crítica de nuestra labor.

Por tal motivo, los que suscribimos proponemos las siguientes reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para implementar desde diversos aspectos, las mejores prácticas en el trabajo en comisiones, con lo cual se pretende mejorar y hacer más eficientes los trabajos legislativos de esta cámara en general.

Las comisiones son órganos internos de las cámaras que respondiendo a un criterio de racionalidad y división del trabajo, preparan dictámenes, informes, opiniones o resoluciones para hacer posible que el Pleno desarrolle las funciones que le señalan la Constitución y las leyes.

La determinación del número de integrantes que han de componer las comisiones, es una cuestión de gran relevancia tanto práctica como funcional, pues en su origen como órganos de reducido tamaño resuelven los problemas de carácter político y técnico con mayor facilidad.

Respecto al número de comisiones a las que puede pertenecer un diputado, el texto original de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establecía como número máximo el de dos, para atender a la especialización que deben tener los parlamentarios en su trabajo en comisión; sin embargo la reforma del año 2000 aumentó el número de comisiones hasta tres, lo que ha generado graves problemas en su funcionamiento, pues es práctica común que al atender el legislador asuntos de una comisión, distraiga los trabajos de las otras, o bien que las comisiones no puedan sesionar en virtud de requerir mayor quórum y por ende no se aprueben los dictámenes o documentos que deban presentarse al pleno.

En tal virtud, se propone retomar el espíritu original del ordenamiento en estudio, reformando el artículo 43 de la ley en sus términos originales; es decir, limitar la participación de los diputados a dos comisiones.

Por otra parte se ha identificado una clara descoordinación en la forma en que los comités y las comisiones ordinarias y extraordinarias de esta cámara convocan a sus reuniones, pues en muchos casos se empalman unas con otras o simplemente no se convoca, con lo cual no se desahogan los asuntos que les son turnados para estudio.

Si bien los que suscribimos estimamos lógico que la determinación del lugar, la hora y la fecha de las reuniones de los comités y las comisiones, tanto ordinarias como extraordinarias, debe corresponder a sus integrantes y al presidente de estas principalmente, encontramos que no sería inconveniente fijar una calendarización básica, la cual podría ser fijada por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajo Legislativos, toda vez que esta es un mecanismo para promover la eficiencia en el deshogo de las obligaciones camarales.

En tal virtud, proponemos la reforma del inciso c) del artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la facultad de realizar una calendarización mínima pero a la vez obligatoria, tomando en consideración la obligación de las comisiones de sesionar cuando menos una vez al mes, establecida en el inciso d) del numeral 6 del artículo 45 del ordenamiento citado.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se refoman los artículos 38 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos .

Artículo primero . Se reforman los artículos 38 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como siguen:

Artículo 38.

1. ...

Artículo 43.

1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el mes de ejercicio de la legislatura, tendrán hasta treinta miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma. Los diputados podrán pertenecer hasta a dos de ellas; para estos efectos, no se computará la pertenencia a las comisiones jurisdiccional y las de investigación.

2 -- 5 . ...

Transitorio

Artículo Primero .

La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Presidencia del diputado Luis Sánchez Jiménez

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señor diputado.Respecto a la iniciativa de reforma a los artículos 38 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Respeto a la iniciativa que reforman los artículos 1o., 9o. y 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados...

¿Con qué objeto, diputada? Denle voz, por favor, a la diputada Valentina Batres.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Si puede registrar mi asistencia, por favor, toda vez que me encuentro aquí pero me es imposible pasar lista.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Tome nota la Secretaría, por favor. Continúe.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Se informa a la Presidencia que hasta hay una asistencia de 443 diputadas y diputados. Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula. Ciérrese el sistema electrónico.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputada, señora Secretaria. Respetuosamente se invita a los representantes de los medios de comunicación a que pasan a ocupar los lugares que tienen asignados para cumplir tan importante labor informativa, y permitan el desarrollo de la sesión.

LEY FEDERAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se concede el uso de la palabra al diputado Eduardo Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El diputado Eduardo Sánchez Hernández: Con su permiso, diputado Presidente. Este Congreso de la Unión, a través de diversos órganos, ha venido debatiendo la llamada ``reforma hacendaria''. La propuesta presidencial enfatiza la necesidad de captar más ingresos para hacer frente a la gran cantidad de necesidades que hay en nuestro país.

El Ejecutivo federal ha manifestado también su disposición para someterse a una estricta disciplina en el gasto del gobierno. Lo que nos propone aparentemente es muy simple: generar más ingresos y gastar más eficientemente.

Sin embargo, la gran mayoría de las fracciones parlamentarias que integramos este Congreso hemos coincidido en que la propuesta del presidente es prolífica a la hora de generar más ingresos, pero muy vagas, muy pobres sus propuestas para de veras gastar menos y más eficientemente.

La razón es muy sencilla. El marco legal que nos rige está diseñado de manera tal que el Estado compra siempre muy caro y bajo procedimientos que dan manga ancha a la opacidad y a la corrupción.

El artículo 134 de nuestra Constitución establece que para las compras del gobierno es necesario seguir un procedimiento en el cual se hagan licitaciones públicas que se resuelvan con propuestas que se presentan en sobre cerrado. Esto del sobre cerrado ha dado pie a una gran cantidad de abusos y, como ejemplo, podemos mencionar tres.

Primero. Es por todos sabido que este anticuado método es la mejor forma de garantizar que realmente se va a comprar muy caro. Lo del sobre cerrado se ha prestado para que quienes participan en una misma licitación se coludan. Y ejemplos de ello hay muchos y muy documentados a lo largo de la historia de nuestras compras de gobierno.

Esta metodología da amplios márgenes para que exista corrupción y sirve de pretexto para las llamadas adjudicaciones directas que, las más de las veces, sirven para beneficiar a un proveedor cómplice de funcionarios corruptos.

La Constitución pareciera prever esta circunstancia, y en el siguiente párrafo establece la posibilidad de que las leyes de la materia establezcan procedimientos diferentes al del sobre cerrado, cuando ellos pudieran garantizar la mejor manera de la contratación del gobierno, que garanticen desde luego mejores precios y más eficiencia en el gasto.

En función de lo anterior, y con el propósito de dotar de elementos jurídicos para una mejor gestión administrativa del gobierno...

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Permítame el orador. Hago una llamada al orden a las diputadas y los diputados para que pongan atención al orador. Continúe, por favor.

El diputado Eduardo Sánchez Hernández: Gracias, diputado Presidente; gracias, compañeros.

En función de lo anterior, y a fin de dotar de elementos jurídicos para una mejor gestión administrativa del gobierno, la fracción parlamentaria del PRI está poniendo a la consideración de ustedes esta modificación a la Ley de Adquisiciones, que tiene como propósito establecer, como método alternativo para la resolución de las licitaciones públicas, el método de las subastas, las subastas electrónicas.

Las ventajas. En primer lugar, se garantiza que el gobierno federal compre al mejor costo posible. Se transparentan los procedimientos de adjudicación, porque cualquier interesado puede observar la subasta en Internet y seguir todo su procedimiento, al igual que los proveedores y las agencias del gobierno.

Desde luego, la gran ventaja de esto es que la huella electrónica que queda registrada en Internet sirve para rastrear cualquier comportamiento de los que hayan participado en la subasta. Y desde luego, la tercera ventaja es que se rompen prácticas de ineficiencia y corrupción.

Esta propuesta tiene antecedentes exitosos en todo el mundo. En América Latina, países como Colombia, Chile y Brasil ya están utilizando subastas electrónicas para sus compras de gobierno. En el caso de Perú, desde hace algunos años se permiten las subastas inversas para garantizar mejores precios al gobierno.

Nuestros socios comerciales, Canadá y Estados Unidos, hacen este procedimiento desde hace más de 10 años. En el caso de Estados Unidos la eficiencia que se ha logrado ha sido tan grande que los gobiernos a nivel estatal, como Delaware, Minnesota, Pennsylvania y Texas, ya lo están realizando.

El caso de Texas es particularmente exitoso, porque ya lo llevaron inclusive a nivel municipal. Las ciudades de Dallas y Houston son ejemplos muy claros de eficiencia y han logrado modernizar y transformar mercados de manera muy exitosa.

En Europa la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo incorporó la posibilidad de subastas electrónicas para la Unión Europea. El caso europeo es muy, muy importante. Solamente en el primer año lograron ahorros de 30 por ciento. A nivel nación en Europa, países como la Gran Bretaña, España, Alemania, Suecia, Finlandia, Noruega ya tienen las subastas electrónicas como un método de adquisición, a través de subastadores independientes que, desde luego, dan mayor certidumbre para el tema de transparencia.

Varios organismos internacionales también ya incorporaron este sistema a sus legislaciones, y tal es el caso del Banco Central Europeo y de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

En nuestro país ha habido avances muy magros en este sentido. Solamente dos estados de la federación y dos entidades han avanzando hacia allá. Me refiero al caso de Baja California y de Nuevo León. Y en el caso de las entidades me refiero a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que han normado fórmulas parciales para introducir subastas electrónicas a sus mecánicas de abasto.

Quiero puntualizar que esta iniciativa fomenta la competencia entre proveedores del Estado, transparenta los procesos de adquisiciones del gobierno federal, moderniza la gestión pública, reduce desde luego los costos de transacción y abate la corrupción.

De acuerdo con cálculos realizados, si sólo se subastará el gasto equivalente a 6 por ciento del PIB y se lograra un ahorro promedio de 16 por ciento ---en la iniciativa privada en México lo que se ha observado son ahorros entre 15 y 20 por ciento; nuestro cálculo establece esto en 16 por ciento--- se podría, durante el primer año, solamente durante el primer año, ahorrar un punto del PIB en materia de compras institucionales. Este ahorro se multiplicaría si ustedes aprobaran esto y los gobiernos de los estados adoptaran medidas similares para administraciones locales.

La propuesta que hoy someto a su consideración complementa la del Ejecutivo. De nada sirve que la federación capte más ingresos si se sigue gastando ineficientemente. Es muy poco lo que se puede lograr si se mete agua a una tubería que está llena de fugas.

No podemos pedirle a la gente que pague más impuestos sin garantizarle que de veras el gobierno va a gastar menos y más eficientemente. Ya basta sólo de buenas intenciones. El gobierno tiene que disciplinarse en serio y pasar de las palabras a los hechos. Estoy consciente que esta iniciativa generará críticas y resistencias por parte de quienes día con día se ven beneficiados con la práctica actual.

Compañeras y compañeros, va a haber mucha gente que va a venir a presionarnos para que esto no suceda. Esta gente es la que precisamente sale beneficiada con ese 1 por ciento del PIB que hoy está en sus bolsillos y que la propuesta pretende sacarla de ahí para beneficiar a la mayor parte de la nación.

Mis compañeros del Partido Acción Nacional han venido pugnando desde hace muchos años por el tema de transparencia. Ustedes han estado comprometidos filosóficamente con ellos y en ese sentido nadie les puede negar ese mérito.

Mis compañeros del Partido de la Revolución Democrática han pugnado de manera consistente y puntual respecto de la cancelación de privilegios empresariales, y de unos cuantos que están siendo siempre en perjuicio de los demás y de muchos. Ese mérito a ustedes tampoco nadie se los puede quitar.

Mis compañeras y compañeros del Verde Ecologista de México han promovido reformas que pretenden modernizar la gestión pública y lo han hecho de manera muy talentosa.

Alternativa, Convergencia, el Partido del Trabajo, Panal, todos hemos pugnado para abatir la corrupción. Esta propuesta está en sintonía con todos estos propósitos. Yo espero que realmente la puedan apoyar.

Los anticuerpos que se van a generar a nivel de la burocracia intermedia, que es justamente donde se hacen estos abusos, van a actuar y van a actuar de manera decidida. Estemos preparados para ello.

Creo, compañeras y compañeros, que esta oportunidad de modernizar la gestión pública y de realmente hacer algo para que en nuestro país se gaste de manera eficiente y se abata la corrupción, no la podemos perder. Ojalá que merezca la atención de todos ustedes. Muchas gracias, diputado Presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández , del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Eduardo Sánchez Hernández , diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 62, 63 y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 36 Bis, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 57, 59, 60 y 65; y adicionar los artículos 9 Bis, 35 Bis, 36 Bis 2 y 41 Bis, todos de la Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

A efectos de garantizar a las entidades de la administración pública las mejores condiciones en precio, la mayoría de los bienes y servicios del sector público se adquieren mediante licitaciones, de conformidad con la Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. Sin embargo, la ley actual no aprovecha las oportunidades que ofrecen los avances teóricos y tecnológicos en materia de subastas. Gracias a estos avances, que demuestran el impacto favorable que tienen las subastas sobre la eficiencia, en los últimos años, las subastas electrónicas han generado beneficios importantes tanto a empresas como a gobiernos en todo el mundo. Los beneficios de las subastas electrónicas son múltiples: primero, transfieren márgenes económicos de los proveedores a los compradores y generan ahorros presupuestales importantes; segundo, dotan de transparencia a la selección de proveedores y promueven el uso honesto de recursos públicos; y tercero, catalizan mejoras administrativas compatibles con una gestión moderna y eficaz.

Por estas razones, diversos gobiernos ya subastan electrónicamente un amplio abanico de sus adquisiciones de manera regular. En América Latina, los gobiernos de Chile, Colombia y Brasil subastan sus adquisiciones utilizando tecnología electrónica, y en Perú la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado da cabida a licitaciones públicas por subastas electrónicas inversas.

En América del Norte, Estados Unidos y Canadá utilizan subastas electrónicas para la adquisición de bienes y servicios del sector público. En los Estados Unidos, varios gobiernos estatales usan subastas electrónicas inversas desde hace más de diez años, incluyendo a Delaware, Minnesota, Pennsylvania y Texas. Texas es un caso excepcionalmente exitoso, pues las subastas también se usan por gobiernos municipales. Houston y Dallas, por ejemplo, emplean servicios de subastadores independientes para crear mercados extraordinariamente eficientes y transparentes.

En Europa, la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la coordinación de los procesos de adjudicación de los contratos públicos de obras, suministros y de servicios, incorporó la posibilidad de que los poderes adjudicadores utilicen sistemas dinámicos de adquisición y subastas electrónicas. La Directiva equiparó el uso de los medios electrónicos con los sistemas tradicionales de comunicación, reduciendo así el tiempo de transmisión de información y logrando un mayor rigor en la recopilación de la documentación relacionada con los procesos de contratación. La implementación de la Directiva ha aumentado la competencia transfronteriza y permitido reducir hasta en 30 por ciento los precios de los bienes y servicios adquiridos por las administraciones públicas. Además, ha contribuido a modernizar el sector público, mejorar el control del gasto de este sector y aumentar la eficiencia y la competitividad del sector privado. A nivel nacional, varios países europeos utilizan desde hace varios años el mecanismo de subastas electrónicas como una alternativa para la adquisición de bienes y servicios del sector público. Tal es el caso de España, Alemania, Noruega, Finlandia, Reino Unido, Dinamarca, Bélgica y Suecia, entre otros.

Varios organismos internacionales también han implementado las subastas electrónicas como mecanismos alternativos para llevar a cabo sus adquisiciones. Tal es el caso del Banco Central Europeo.

En el país sólo han habido avances normativos en dos estados y dos instituciones autónomas: Baja California y Nuevo León aprobaron reformas que explícitamente permiten el uso de subastas inversas, mientras que la Universidad Nacional Autónoma de México y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han normado fórmulas parciales para introducir subastas electrónicas a sus mecánicas de abasto. Sin menoscabo de estos casos excepcionales, el régimen federal vigente en México en materia de adquisiciones no da cabida a las subastas electrónicas ni a la colaboración de los particulares en los procesos de adquisición del sector público, lo cual, según la experiencia internacional y según la propia Comisión Federal de Competencia, constituye un obstáculo para la competencia y la transparencia. Lo anterior se deduce del documento publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con fecha 4 de junio de 2007, que lleva por título ``Competition in Bidding Markets''.

Con el fin de: (i) fomentar la competencia entre los proveedores del Estado; (ii) transparentar los procesos de contratación del Gobierno Federal; (iii) promover la modernización de la gestión pública; (iv) impulsar la reducción de los costos de transacción y de contratación; (v) fomentar la eficiencia en las adquisiciones del sector público; y (vi) alcanzar los objetivos de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se propone reformar el régimen vigente en México en materia de adquisiciones del sector público, para efectos de admitir la posibilidad de llevar a cabo subastas electrónicas administradas y operadas por particulares. Las subastas electrónicas permitirán al Gobierno Federal iniciar un cambio paradigmático en el proceso de adquisiciones públicas que podría ser un pilar de su gestión y colocaría a México a la vanguardia en materia de eficiencia y transparencia en la ejecución del gasto público.

Desde esta perspectiva, las subastas electrónicas constituyen un método no presencial por el que los licitantes podrán presentar, a través de los medios remotos de comunicación electrónica que establezca el subastador, y con posterioridad a la presentación y apertura del sobre cerrado que contenga su propuesta económica, una o más ofertas que mejoren el precio de su proposición inicial, según el mecanismo que establezca el subastador, sin que ello signifique la posibilidad de variar las especificaciones o características originalmente contenidas en su proposición técnica. A este respecto, se propone que el mecanismo de subasta sea llevado a cabo vía electrónica precisamente porque, según lo ha demostrado la experiencia internacional, ello permite que los procedimientos de contratación sean más rápidos y eficientes, y que con ello se disminuyan los costos de transacción y de contratación, garantizando igual acceso de los participantes a la información y promoviendo la transparencia en los procesos de adjudicación.

Por las mismas razones señaladas en el párrafo anterior, se propone, como una alternativa al acto presencial de apertura pública de proposiciones y la junta de aclaraciones, la posibilidad de que dicha apertura pública y dicha junta de aclaraciones tengan lugar a través de los medios remotos de comunicación electrónica que establezca la Secretaria de la Función Pública. Esto promoverá la transparencia y fomentará la igualdad de acceso y trato porque, tanto los ciudadanos como los proveedores, podrán observar vía Internet las sesiones completas de las subastas en proceso y las concluidas. Lo anterior, además, permitirá a los proveedores conocer las ofertas de la competencia para mejorar sus propias ofertas, sin tener acceso a la identidad de sus competidores, y, al mismo tiempo, constituirá una manera más de transparentar al ciudadano los gastos que realiza su gobierno.

Por otro lado, se propone que, tratándose de procedimientos que admitan la modalidad de la subasta electrónica, la evaluación de las propuestas técnica y económica tenga lugar en dos etapas, para garantizar que los proveedores que participen en la subasta electrónica tengan propuestas técnicas que hayan sido previamente calificadas como aceptables por las dependencias y entidades convocantes.

Por último, se propone que el subastador encargado del proceso de subasta electrónica sea un particular autorizado por la Secretaría de la Función Pública para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos y otros servicios relacionados, necesarios para controlar, administrar y operar el mecanismo de subasta electrónica. Lo anterior es así toda vez que la participación de particulares en los mecanismos de subasta electrónica fomentará la descentralización de los procesos de contratación; desincentivará la corrupción y el intercambio de información; y promoverá la creación de mercados extraordinariamente eficientes y transparentes. Además, el uso de terceros independientes evitará conflictos de interés y una excesiva centralización operativa en la Secretaría de la Función Pública.

En este sentido la experiencia de algunas dependencias y entidades de la administración pública federal ya ha demostrado que la colaboración de los particulares en los procedimientos que tradicionalmente habían quedado en manos del Gobierno Federal contribuye a fomentar la eficiencia y a desincentivar la corrupción. Tal es el caso del Servicio de Administración Tributaria y la Administración General de Aduanas, quienes utilizan los servicios que prestan los particulares (como SGS Société Générale de Surveillance ), para llevar a cabo el despacho aduanero.

En relación con este mismo punto, se propone la creación de un Padrón de Subastadores Certificados, en el que se inscribirá a los particulares que hayan obtenido autorización para fungir como subastadores para lo cual deberán demostrar ser de reconocida probidad y experiencia en la materia.

Por todo lo expuesto y fundado, por su digno conducto se somete a consideración de esta honorable Legislatura, la presente iniciativa

Con proyecto de decreto para reformar la fracción segunda del artículo 1, los artículos 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 23, 26, 27, 29 fracciones III, V y XII, 30, 31 fracciones III, VI y XVIII, 33, 34, 35, 36, 36 Bis, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 57, 59, 60 y 65; y adicionar los artículos 9 Bis, 35 Bis, 36 Bis 2 y 41 Bis, todos ellos de la Ley Federal de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público.

Artículo Primero: Se reforma la fracción II del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 1. (...)

Artículo Segundo: Se adicionan las fracciones VIII, IX, y X, al artículo 2 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 2. (...)

Artículo Tercero: Se reforman los artículos 7 y 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 7. La Secretaría, la Secretaría de Economía y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para interpretar esta Ley para efectos administrativos.

La Contraloría dictará las disposiciones administrativas que sean estrictamente necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría y, cuando corresponda, la de la Secretaría de Economía . Tales disposiciones se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 8. Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la Secretaría de Economía dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, derivadas de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, especialmente de las micro, pequeñas y medianas.

Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Economía tomará en cuenta la opinión de la Secretaría y de la Contraloría.

Artículo Cuarto: Se reforma el artículo 9 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 9. En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades serán los responsables de que, en la adopción e instrumentación de las acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado, así como criterios que promuevan la modernización y desarrollo administrativo, la descentralización de funciones y la efectiva delegación de facultades.

(...)

Artículo Quinto: Se adiciona el artículo 9 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 9 Bis. La Secretaría de la Función Pública podrá autorizar a los particulares para fungir como subastadores, para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos y otros servicios relacionados necesarios para controlar, administrar y operar el mecanismo de subasta electrónica.

Los particulares que deseen obtener la autorización a que se refiere este artículo deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Artículo Sexto: Se reforman los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 14. En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las dependencias y entidades optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos del país y por la adquisición y arrendamiento de bienes producidos en el país y que cuenten con el porcentaje de contenido nacional indicado en el artículo 28, fracción I, de esta Ley, los cuales deberán contar, en la comparación económica de las propuestas, con un margen hasta del diez por ciento de preferencia en el precio respecto de los bienes de importación, conforme a las reglas que establezca la Secretaría de Economía , previa opinión de la Secretaría y de la Contraloría.

(...)

Artículo 15. (...)

Sólo podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que determine la Contraloría mediante reglas de carácter general, previa opinión de la Secretaría y de la Secretaría de Economía ; ya sea en cláusula compromisoria incluida en el contrato o en convenio independiente.

(...)

Artículo 16. (...)

Cuando los bienes o servicios hubieren de ser utilizados o prestados en el país, tratándose exclusivamente de licitaciones públicas, los contratos que deriven de ellas deberán realizarse dentro del territorio nacional.

(...)

Artículo 17. La Secretaría de Economía , mediante disposiciones de carácter general, oyendo la opinión de la Contraloría, determinará, en su caso, los bienes y servicios de uso generalizado que, en forma consolidada, podrán adquirir, arrendar o contratar las dependencias y entidades con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, y apoyar en condiciones de competencia a las áreas prioritarias del desarrollo.

Artículo Séptimo: Se reforma la fracción I del artículo 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 23. (...)

I. Propiciar y fortalecer la comunicación de las propias dependencias y entidades con los proveedores y subastadores , a fin de lograr una mejor planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios;

(...)

Artículo Octavo: Se adiciona el párrafo segundo al artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público, para quedar como sigue:

Artículo 26. (...)

Todos los procedimientos de contratación antes referidos deberán ajustarse a los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

(...)

Artículo Noveno: Se reforma el artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 27. Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes técnicas y económicas en sobres cerrados , o a través de los medios remotos de comunicación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública , que serán abiertos públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, eficiencia energética, el uso responsable del agua y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley.

Los sobres a que hace referencia este artículo podrán entregarse, a elección del licitante, en el lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; o bien, enviarlos a través del servicio postal o de mensajería, o por los medios remotos de comunicación electrónica, conforme a las disposiciones administrativas que establezca la Secretaría de la Función Pública. Lo anterior, sin perjuicio de que los licitantes puedan optar por presentar sus propuestas por escrito durante el acto de presentación y apertura de propuestas.

(...)

En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación electrónica los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables , conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Contraloría.

(...)

La Secretaría de la Función Pública operará y se encargará del sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen las dependencias, entidades, subastadores , o los licitantes y será responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta vía.

(...)

Artículo Décimo: Se reforman las fracciones III, V y XIII del artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 29. Las convocatorias podrán referirse a uno o más bienes o servicios, y contendrán, en lo aplicable, lo siguiente:

Artículo Décimo Primero: Se reforma el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 30. Las convocatorias se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en los medios remotos de comunicación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública.

Artículo Décimo Segundo: Se reforman las fracciones III, VI y XVIII del artículo 31 la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 31. Las bases que emitan las dependencias y entidades para las licitaciones públicas se pondrán a disposición de los interesados, tanto en el domicilio señalado por la convocante como en los medios remotos de comunicación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública, a partir del día en que se publique la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este periodo y contendrán, en lo aplicable, lo siguiente:

Artículo Décimo Tercero: Se reforman las fracciones II, y III, así como el párrafo cuarto del artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 33. (...)

Artículo Décimo Cuarto: Se reforma el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 34. La entrega de proposiciones se hará en dos sobres cerrados que contendrán, respectivamente, la propuesta técnica y económica. En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación electrónica, los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Contraloría.

La documentación distinta a la propuesta podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que la contenga.

Salvo los casos justificados por las dependencias o entidades, en las bases de licitación, se establecerá que dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las partes a que cada persona se obligará, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto las propuestas deberán ser firmadas por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por medios de identificación electrónica.

Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, al que se podrá concurrir físicamente o a través de los medios remotos de comunicación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública , las convocantes podrán efectuar el registro de participantes, así como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a las propuestas . Lo anterior será optativo para los licitantes, por lo que no se podrá impedir el acceso a quienes hayan cubierto el costo de las bases y decidan presentar su documentación y proposiciones en la fecha, hora y lugar o dirección electrónica establecida para la celebración del citado acto.

Artículo Décimo Quinto: Se reforma el artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 35. El acto de presentación y apertura de proposiciones, al que se podrá concurrir físicamente o a través de los medios remotos de comunicación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública , se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

Artículo Décimo Sexto: Se adiciona el artículo 35 Bis a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 35 Bis. Tratándose de licitaciones con propuestas económicas susceptibles de participar en una subasta electrónica, la propuesta económica más baja recibida durante el acto de presentación y apertura de proposiciones será el precio máximo de salida para la subasta electrónica, a partir del cual se podrán enviar ofertas subsecuentes, según el procedimiento y los términos y condiciones de uso que establezca el subastador, y que previamente se hayan indicado en las bases de licitación, incluyendo:

Para estos efectos, el subastador proporcionará claves de identificación y acceso a los licitantes que podrán participar en la subasta electrónica, así como las instrucciones que permitirán su conexión y participación en dicho evento.

La subasta electrónica deberá permitir a los licitantes conocer la cantidad de postores que se encuentran participando en el evento y ocultar su identidad real frente a los demás participantes mientras está abierto el mercado para el envío de ofertas subsecuentes.

Para efectos de lo anterior, el sistema de subasta electrónica hará, automáticamente, los descuentos u homologaciones correspondientes sobre las ofertas que, por disposición de los artículos 14 y 28 de esta Ley, tengan un margen de preferencia.

Cada una de las ofertas subsecuentes enviados por los licitantes deberá llevar firma electrónica, para asegurar la identidad del oferente y cada una de dichas ofertas subsecuentes se considerarán como propuestas firmes.

Si se comprueba que algún licitante tiene acuerdo con otros participantes para coordinar posturas, o cualquier otro acto que tenga por objeto o efecto obtener una ventaja sobre los demás participantes, la oferta de dichos participantes será nula, previa determinación de la autoridad competente.

Artículo Décimo Séptimo: Se reforma el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 36. Tratándose de licitaciones con propuestas económicas a precio fijo, las dependencias y entidades, harán una evaluación conjunta de las proposiciones , misma en la que deberán verificar que dichas proposiciones cumplan con los requisitos solicitados en las bases de licitación considerando, en su caso, lo siguiente:

(...)

Artículo Décimo Octavo: Se reforma el artículo 36 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 36 Bis 1. Tratándose de licitaciones con propuestas económicas a precio fijo , una vez hecha la evaluación de las proposiciones a que se refiere el artículo anterior, el contrato se adjudicará a:

(...)

Artículo Décimo Noveno: Se adiciona el artículo 36 Bis 2 a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 36 Bis 2. Tratándose de licitaciones con propuestas económicas que admiten mecanismo de subasta electrónica, la dependencia o entidad convocante, una vez que haya concluido el procedimiento de subasta electrónica, adjudicará el contrato al licitante que haya ganado la subasta de que se trate.

En caso de no registrarse ofertas en los plazos establecidos por el subastador, el contrato correspondiente se adjudicará al participante que cotizó el mejor precio durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre y cuando esté por debajo del techo presupuestal establecido por la convocante.

Artículo Vigésimo: Se reforma el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 37. En junta pública, a la que se podrá concurrir físicamente o bien a través de los medios remotos de comunicación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública , se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir o acceder los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, levantándose el acta respectiva que firmarán los asistentes, ya sea autógrafamente o por medios electrónicos , a quienes se entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan participado en la junta pública , para efectos de su notificación. En sustitución de esa junta, las dependencias y entidades podrán optar por notificar el fallo de la licitación por escrito, o por los medios remotos de comunicación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública , a cada uno de los licitantes, dentro de los cinco días naturales siguientes a su emisión.

(...)

Artículo Vigésimo Primero: Se reforma el segundo párrafo del artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 38. (...)

Los resultados de la investigación por los que se determine que los precios no son aceptables, se incluirán en el dictamen a que alude el artículo 36 Bis 1 de esta Ley. Dicha determinación se hará del conocimiento de los licitantes en el fallo correspondiente.

(...)

Artículo Vigésimo Segundo: Se reforma el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 40. (...)

La selección del procedimiento que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así como la justificación de las razones para el ejercicio de la opción, deberá constar por escrito, y en los medios remotos de comunicación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública, y ser firmado, ya sea autógrafamente o por medios de identificación electrónica , por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios.

(...)

Artículo Vigésimo Tercero: Se adiciona el artículo 41 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 41 Bis. En el caso al que se refiere la fracción VII del artículo 41, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, deberán adjudicar directamente el contrato, o bien dar inicio a un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas bajo la modalidad de subasta electrónica, según lo consideren pertinente, debiendo fundar y motivar el sentido de su decisión, cualquiera que ésta sea, atendiendo a los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.

Artículo Vigésimo Cuarto: Se reforma el quinto párrafo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 42. (...)

En el supuesto de que dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas bajo la modalidad de propuestas económicas a precio fijo hayan sido declarados desiertos, el titular del área responsable de la contratación en la dependencia o entidad podrá adjudicar directamente el contrato, o bien dar inicio a un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas bajo la modalidad de subasta electrónica, según lo considere pertinente, debiendo fundar y motivar el sentido de su decisión, cualquiera que ésta sea, atendiendo a los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.

Artículo Vigésimo Quinto: Se reforman las fracciones I, III, IV, V, VI, VII, y VIII del artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 43. El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo siguiente:

Artículo 46. (...)

Si el interesado no firmare elcontrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior:

(...)

Artículo Vigésimo Séptimo: Se reforma el segundo párrafo del artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 57. (...)

La Contraloría podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las dependencias y entidades que realicen adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como a los subastadores que en su caso participen en los mecanismos de subastas electrónicas; la Contraloría igualmente podrá solicitar a los servidores públicos, a los subastadores y a los proveedores que participen en ellas todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate.

Artículo Vigésimo Octavo: Se reforma el artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 59. Los licitantes , proveedores o subastadores que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados por la Contraloría con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.

Artículo Vigésimo Noveno: Se reforma el artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 60. (...)

Artículo Trigésimo: Se reforma la fracción II del artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 65. (...)

Transitorio

Artículo Primero . El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El reglamento de esta ley deberá expedirse dentro de los 180 días naturales siguientes a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señor diputado.Túrnese la iniciativa a la Comisión de la Función Pública.

El diputado Salvador Arredondo Ibarra (desde la curul): Señor Presidente, solicito la palabra.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: ¿Con qué objeto, diputado? Al diputado Arredondo, por favor denle voz.

El diputado Salvador Arredondo Ibarra (desde la curul): Hacerle una pregunta al diputado Eduardo. No sé si me permitirían.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Terminó. Y además, estamos en iniciativas. No procede, diputado, disculpe.

JULIETA CAMPOS - LUCIANO PAVAROTTI

La diputada Marcela Cuen Garibi (desde la curul): Señor Presidente, solicito la palabra.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Diputada Cuen Garibi, ¿con qué objeto?

La diputada Marcela Cuen Garibi (desde la curul): Queremos pedir a la Presidencia si nos pudiera apoyar para pedir un minuto de silencio por el sensible fallecimiento de Julieta Campos y de Luciano Pavarotti. Es una gran pérdida para la humanidad y queremos rendirles un homenaje de esta manera. A nombre de toda la Comisión de Cultura, quisiéramos pedirle el favor.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Con todo gusto, señora diputada. Pido a las señoras...

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Denle micrófono al diputado, por favor.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (desde la curul): Gracias, señor Presidente. Es en ese mismo sentido. Agradecer el minuto de silencio que concederá para honrar a estos dos grandes personajes de la humanidad. Fundamentalmente a la doctora Julieta Campos, quien además de haber desplegado una extraordinaria labor a favor de los que menos tienen, a favor de nuestras naciones y pueblos indios, fue una extraordinaria escritora y una proverbial funcionaria pública. Y qué decir de la voz de Luciano Pavarotti, quien permitió popularizar el género musical de la ópera a lo largo y ancho de todo el planeta.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Alfonso Suárez del Real. Se decreta un minuto de silencio.

(Minuto de silencio)

Gracias a todos. Le dan sonido al diputado Carlos Torres, por favor.

LEY FEDERAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

El diputado Carlos Alberto Torres Torres (desde su curul): Presidenta, en relación con la propuesta del diputado Eduardo Sánchez. Solamente para sumarme a la propuesta del diputado Eduardo Sánchez y felicitarlo por la iniciativa. Es una iniciativa que contribuye a la transparencia y al ahorro de los recursos. Muchas felicidades al diputado Eduardo Sánchez.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: ¿El proponente tiene algún inconveniente de esta petición? Tomamos nota, Secretaría, y se suma a esta propuesta el diputado.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se concede el uso de la tribuna a la diputada Ana María Ramírez Cerda, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma los artículos 168 y 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La diputada Ana María Ramírez Cerda: Con su permiso, señora Presidenta, buenas tardes compañeros y compañeras legisladores.

El deterioro del medio ambiente a nivel global fue advertido desde los años setenta en la declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. En esa época se sitúa al medio ambiente como una de las bases del desarrollo humano y de su salud, ya que la protección del medio ambiente depende en gran medida del ser humano.

Sin embargo, hoy día el manejo inadecuado de los materiales peligrosos en las distintas fases de su ciclo de vida ha traído consigo, entre otras consecuencias, la contaminación de los suelos y de los cuerpos de agua. Ya sea como resultado de eventos inesperados que han provocado su vertimiento accidental o por su liberación continua al ambiente, debido a prácticas indeseables que se traducen en fugas, derrames, emisiones al aire, descargas al agua y sobre todo por la disposición irracional de todo tipo de residuos, incluyendo a los peligrosos.

La pérdida de la fertilidad de los suelos, de su capacidad biodegradadora y otras funciones asociadas a dicha contaminación es una de las más grandes amenazas para la supervivencia de flora y fauna que dependen directamente en estos procesos e incluso para los seres humanos, dadas las estrechas interrelaciones entre los diferentes elementos que constituyen a los ecosistemas.

Al fenómeno anterior se agrega el deterioro creciente de las fuentes de abastecimiento de agua, ya sean subterráneas o superficiales. Lo más grave es la dificultad y el enorme costo que representa para la sociedad la remediación o restauración de los suelos y cuerpos de agua contaminados y deteriorados, haciéndose patente que resulta más caro remediar que prevenir.

Asimismo, hace aproximadamente 10 años los trabajos de prospección del subsuelo, realizados para la extracción de agua potable, revelaron su contaminación en nuestro país. Han demostrado así que la contaminación del suelo es un factor significativo desde diversos puntos de vista, como son el ecológico, el económico y el social, entre otros.

Derivado de lo anterior tenemos que a la fecha no es posible hacer un diagnóstico certero respecto de la dimensión real del problema de sitios contaminados. No obstante, dada la gran cantidad de materiales peligrosos en uso y la generación de residuos de toda índole, así como a la falta de infraestructura para el tratamiento y disposición de éstos, se sospecha que existe una cifra muy alta de sitios en donde se requiere efectuar acciones de remediación.

Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente reporta que en el bienio 95-97 se tenían 105 sitios abandonados e ilegales contaminados con residuos peligrosos. Sin embargo, estudios independientes señalan la existencia de 955 sitios potencialmente contaminados por materiales y residuos peligrosos, de los cuales 719 se deben al derrame accidental de sustancias químicas en el periodo de 92 a 96; 102 son sitios e instalaciones con depósito y almacenamiento inadecuado de materiales peligrosos; 134 son sitios de disposición clandestina o inadecuada de residuos peligrosos.

La regulación para la prevención y control de la contaminación de los suelos, así como para su remediación, se contempla en varios artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Sin embargo, esta ley establece lineamientos generales, por lo que el Estado deberá desarrollar instrumentos normativos, como reglamentos y normas afines, que garanticen el cumplimiento de esta disposición jurídica.

Otro aspecto muy importante para el desarrollo de políticas de remediación de los sitios contaminados es la determinación de cómo obtener suficientes fondos y recursos que paguen la remediación de suelos contaminados.

Se deben considerar dos aspectos: las empresas e individuos que causaron la contaminación deben pagar por su limpieza; el principio, el que contamina paga; que el gobierno pague con fondos de las contribuciones o aprovechamientos.

No obstante los problemas de instrumentación, hay un amplio soporte político a la idea de que los contaminadores que se beneficien causando contaminación deben seguir siendo los responsables.

Desafortunadamente, los gobiernos no siempre pueden identificar y ubicar las firmas e individuos que causaron la contaminación. Y aun cuando los contaminadores son identificados, pueden ser incapaces ellos de pagar por la limpieza.

Por todo lo antes expuesto, y a fin de contribuir a la prevención y el control de la contaminación del suelo impidiendo su contaminación por materiales y residuos peligrosos, residuos sólidos municipales e industriales no peligrosos, promoviendo la remediación de los suelos contaminados y fomentando la valorización de los suelos remediados a fin de evitar y reducir los riesgos al ambiente, los ecosistemas y la salud humana, sometemos a esta Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 168, segundo párrafo; y 173, tercer párrafo, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la cual hago entrega a la Mesa Directiva. Y por estar publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito respetuosamente que se inserte en su totalidad en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 168 y 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Ana María Ramírez Cerda , del Grupo Parlamentario del PVEM

Ana María Ramírez Cerda , diputada de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, fracciones XXIX-G y XXX, y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60, 63 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El deterioro del ambiente a nivel global fue advertido desde los años setenta en la declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, en la que se asienta que el hombre es a la vez artífice y obra del medio que lo rodea, ya que éste nos da sustento material, a través del cual podemos desarrollarnos en todos los sentidos.

En esa época se situó el ambiente como una de las bases del desarrollo humano y de su salud, ya que la protección del medio ambiente depende en gran medida del ser humano.

Sin embargo, hoy día el manejo inadecuado de los materiales peligrosos en las distintas fases de su ciclo de vida, ha traído consigo, entre otras consecuencias, la contaminación de los suelos y de los cuerpos de agua; ya sea como resultado de eventos inesperados que han provocado su vertimiento accidental o por su liberación continua al ambiente, debido a prácticas indeseables que se traducen en fugas, derrames, emisiones al aire, descargas al agua y, sobre todo, por la disposición irracional de todo tipo de residuos incluyendo a los peligrosos.

La pérdida de la fertilidad de los suelos, de su capacidad biodegradadora y otras funciones, asociada a dicha contaminación, es una de las más grandes amenazas para la supervivencia de la flora y fauna que dependen directamente de estos procesos, e incluso para los seres humanos, dadas las estrechas interrelaciones entre los diferentes elementos que constituyen a los ecosistemas.

Al fenómeno anterior se agrega el deterioro creciente de las fuentes de abastecimiento de agua, ya sea subterráneas o superficiales derivado también de la contaminación de los suelos por materiales peligrosos y todo tipo de residuos.

Lo más grave es la dificultad y el enorme costo que representa para la sociedad la remediación o restauración de los suelos y cuerpos de agua contaminados y deteriorados, haciéndose patente que resulta más caro remediar que prevenir. Por eso, diversos países han establecido políticas tendentes a prevenir la contaminación y deterioro de los suelos, combinando diversos instrumentos de gestión que vinculan, hacen más consistentes y complementan las disposiciones regulatorias y los actos de autoridad relacionados con los materiales peligrosos, los diversos tipos de residuos y la gestión de los suelos y el agua.

Evidentemente se puede aprender de las experiencias de otros países, sobre todo por lo que se refiere al establecimiento de prioridades de acción basadas en la evaluación y ponderación de los riesgos asociados a la contaminación de sitios, al igual que los enfoques innovadores tendentes a prevenir y detener la liberación al ambiente de los materiales y residuos peligrosos.

Asimismo, hace aproximadamente 10 años, los trabajos de prospección del subsuelo realizados para la extracción de agua potable revelaron su contaminación en nuestro país, han demostrando así que la contaminación del suelo es un factor significativo desde diversos puntos de vista (ecológico, económico, social, etcétera). Actualmente, es por todos conocido que la contaminación de suelos y cuerpos de agua es provocada por diversas actividades antropogénicas en México, algunas de éstas se enumeran a continuación:

Minería

Más de 400 años de actividades mineras, en muchos casos ininterrumpidas, han dejado tras de sí montañas de residuos mineros conteniendo diversos materiales potencialmente tóxicos, a los cuales se exponen las poblaciones, la flora y la fauna, a través del suelo, aire o de las aguas contaminadas. En otros casos, existe el riesgo de fenómenos de bioacumulación en las distintas fases de las cadenas alimenticias, ejemplo de este tipo de situación, es lo que ocurre con el mercurio. Dos de los contaminantes más frecuentes en las zonas mineras del país son el arsénico y el plomo, a los cuales se suma el cadmio en algunas de ellas.

La extracción de minerales emplea agua en grandes cantidades y en la mayoría de los casos de manera ineficiente, además de las descargas de agua servidas correspondientes.

Explotación del petróleo

Las intensas actividades petroleras y de obtención de los derivados del petróleo en diversas regiones del país y en el mar, incluidas aquellas donde existe una gran vulnerabilidad ecológica, han contribuido a una severa contaminación por hidrocarburos y otro tipo de sustancias potencialmente tóxicas, que han penetrado al suelo y contaminado cuerpos de agua.

La cantidad de residuos peligrosos generada en 2001 por las plantas de Pemex asciende a más de 270 mil toneladas, de las cuales un 72 por ciento aproximadamente corresponde a lodos y recortes de perforación, cerca de 8 por ciento a lodos aceitosos y un 6 por ciento a aceites gastados. En el mismo año se registraron derrames que contaminaron los suelos, que involucraron alrededor de 8 mil 31 toneladas de hidrocarburos (crudo, diesel y gasolina) en los cuatro sectores de ductos del país, principalmente en el estado de Veracruz.

Actividades agrícolas

El empleo de agroquímicos en las actividades agropecuarias, frecuentemente mediante prácticas inadecuadas, constituye una de las formas de contaminación más importantes, que impactan no sólo los suelos de las áreas en donde se aplican sino que llegan a través de los ríos hasta las zonas costeras afectando las especies marinas. La aplicación de plaguicidas genera conflictos sociales por el elevado número de trabajadores del campo intoxicados por estos productos, con un alto índice de mortalidad, así como también por la sospecha de efectos adversos sobre la salud de las comunidades vecinas, la flora y la fauna.

Al respecto, el Grupo Parlamentario del PVEM de la Cámara de Diputados propuso una iniciativa para gravar a los fertilizantes y plaguicidas distintos de los orgánicos, con el objeto de desalentar conductas que dañen al ambiente.

Actividades industriales

La producción de bienes de consumo a lo largo y ancho del territorio nacional ha generado importantes focos de contaminación, en primer término por la falta de conciencia ecológica que prevaleció por muchos años, y en segundo por el manejo inadecuado de materiales y todo tipo de residuos, lo cual representa un serio problema en aquellos lugares donde se desarrollan estas actividades.

Contaminación de suelos en instalaciones de servicio

Se han acumulado las evidencias de graves problemas de contaminación de suelos, que conllevan el riesgo de contaminación de acuíferos, por fugas en contenedores de materiales peligrosos, así como por derrames continuos de lubricantes, solventes orgánicos y otro tipo de sustancias, por prácticas inadecuadas en su manejo, principalmente en estaciones de servicio de gasolina, talleres de reparación de autotransportes, estaciones e instalaciones de ferrocarriles, terminales de autobuses, aeropuertos y diversas industrias.

Uso de aguas residuales en irrigación de campos agrícolas

El empleo de aguas residuales para riego de cultivos agrícolas por su alto contenido de materia orgánica, que actúa como fertilizante, y otras sustancias nocivas, implica el riesgo de que los suelos y los cultivos se contaminen con los residuos químicos provenientes de descargas industriales y municipales, afectando negativamente la salud humana al consumir dichos cultivos o alimentos.

Basureros a cielo abierto

La disposición inadecuada de los residuos sólidos municipales, que pueden contener residuos peligrosos, representa una seria amenaza de contaminación a los suelos y cuerpos de agua.

Derivado de lo anterior, tenemos que a la fecha no es posible hacer un diagnóstico certero respecto a la dimensión real del problema de sitios contaminados. No obstante, dada la gran cantidad de materiales peligrosos en uso y la generación de residuos de toda índole, así como a la falta de infraestructura para el tratamiento y disposición final de éstos, se sospecha que existe una cifra muy alta de sitios en donde se requieren efectuar acciones de remediación.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente reporta que en el bienio 1995-1997 se tenían 105 sitios abandonados e ilegales contaminados con residuos peligrosos, sin embargo estudios independientes, entre los que se encuentra el de Izcapa, ¹ señalan la existencia de 955 sitios potencialmente contaminados por materiales y residuos peligrosos, de los cuales 719 se deben al derrame accidental de sustancias químicas en el periodo de 1992 a 1996, 102 son sitios e instalaciones con depósito y almacenamiento inadecuado de materiales peligrosos, 134 son sitios de disposición clandestina o inadecuada de residuos peligrosos.

La regulación para la prevención y control de la contaminación de los suelos, así como para su remediación se considera en los siguientes artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; sin embargo, esta ley establece lineamientos generales por los que el Estado deberá desarrollar instrumentos normativos, como reglamentos y normas afines, que garanticen el cumplimiento de esta disposición jurídica.

Artículo 134. Para la prevención y control de la contaminación del suelo se considerarán los siguientes criterios:

Artículo 135. Los criterios para prevenir y controlar la contaminación del suelo, se considerarán en los siguientes casos:

Artículo 136. Los residuos que se acumulen o puedan acumularse y se depositen o infiltren en los suelos deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir o evitar:

Artículo 139. Toda descarga, depósito o infiltración de sustancias o materiales contaminantes en los suelos se sujetará a lo que disponga esta LGEEPA, la Ley de Aguas Nacionales, sus disposiciones reglamentarias y las normas oficiales mexicanas que para tal efecto expida la Secretaría.

Artículo 140. La generación, manejo y disposición final de los residuos de lenta degradación deberá sujetarse a lo que se establezca en las normas oficiales mexicanas que al respecto expida la Secretaría en coordinación con la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Artículo 141. La secretaría, en coordinación con las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial, y de Salud, expedirá normas oficiales mexicanas para la fabricación y utilización de empaques y envases para todo tipo de productos, cuyos materiales permitan reducir la generación de residuos sólidos.

Artículo 142. En ningún caso podrá autorizarse la importación de residuos para su derrame, depósito, confinamiento, almacenamiento, incineración o cualquier tratamiento para su destrucción o disposición final en el territorio nacional o en las zonas en que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción...

Artículo 143. Los plaguicidas, fertilizantes y demás materiales peligrosos, quedarán sujetos a las normas oficiales mexicanas que expidan en el ámbito de sus respectivas competencias, la secretaría y las Secretarías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, de Salud, y de Comercio y Fomento Industrial. El reglamento de esta LGEEPA incluirá la regulación, que dentro del mismo marco de coordinación, deba observarse en actividades relacionadas con dichos materiales, incluyendo la disposición final de sus residuos, empaques y envases vacíos, medidas para evitar efectos adversos en los ecosistemas y procedimientos para el otorgamiento de las autorizaciones correspondientes.

Artículo 152 Bis. Cuando la generación, manejo o disposición final de materiales o residuos peligrosos produzca contaminación del suelo, los responsables de dichas operaciones deberán llevar a cabo las acciones necesarias para recuperar y restablecer las condiciones del mismo, con el propósito de que éste pueda ser destinado a alguna de las actividades previstas en el programa de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que resulte aplicable, para el predio o zona respectiva.

Aunque se cuenta con estos artículos en la LGEEPA, es necesario asentar en esta ley dos aspectos primordiales: primero, introducir el concepto de remediación; y segundo, que el gobierno federal tenga atribuciones específicas para regular en materia de remediación de suelos contaminados.

Además de lo anterior, es necesario desarrollar disposiciones reglamentarias y normativas específicas en la materia que consideren, entre otros aspectos, los siguientes:

Otro aspecto muy importante para el desarrollo de políticas de remediación de los sitios contaminados es la determinación de cómo obtener suficientes fondos para pagar el costo de la remediación. Además, las medidas que se adopten dentro de tales políticas pueden influir significativamente para evitar se continúe creando contaminación y, por tanto, nuevos sitios contaminados Para obtener recursos que paguen la remediación de suelos contaminados, se deben considerar dos aspectos:

No obstante los problemas de instauración, hay un amplio soporte político a la idea de que los contaminadores que se benefician causando contaminación deben seguir siendo los responsables. Desafortunadamente, los gobiernos no siempre pueden identificar y ubicar las firmas e individuos que causaron la contaminación, y aun cuando los contaminadores son identificados, pueden ser incapaces ellos de pagar por la limpieza.

Es difícil asignar la correcta porción de responsabilidad en los casos de la contaminación de un sitio cuando más de una firma o individuo la causaron. Para estos casos, cuando se aplica el principio del que contamina paga, hay grandes demoras en la limpieza y un significativo incremento en el costo debido a los prolongados y caros esfuerzos para determinar la responsabilidad de cada parte. De esta manera, la política que se basa en el principio del que contamina paga requiere fuertes poderes administrativos y legales que permita tener la capacidad de identificar a las partes responsables y, entonces, forzarlos a pagar por la limpieza.

Sin embargo, para sitios contaminados y que se desconoce quién es el responsable, o éste no cuenta con recursos suficientes para resolver el problema, se puede apoyar con recursos provenientes del gobierno.

Por todo lo expuesto, y con el fin de contribuir a la prevención y el control de la contaminación del suelo impidiendo su contaminación por materiales y residuos peligrosos, residuos sólidos municipales e industriales no peligrosos, promoviendo la remediación de los suelos contaminados y fomentando la valorización de los suelos remediados a fin de evitar o reducir los riesgos al ambiente, los ecosistemas y la salud humana, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 168 y 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo Único. Se reforman los artículos 168, segundo párrafo; y 173, tercer párrafo, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 168. ...

Durante el procedimiento y antes que se dicte resolución, el interesado y la secretaría, a petición del primero, podrán convenir la realización de las acciones de restauración o compensación de daños necesarias para la corrección de las presuntas irregularidades observadas. La instauración y evaluación de dicho convenio se llevarán a cabo en los términos del artículo 169 de esta ley, con la intervención y acuerdo del gobierno del estado en que se hayan consumado las presuntas irregularidades, siendo ésta precisamente la entidad federativa beneficiada con las acciones aplicables.

Artículo 173. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota: 1 Izcapa, C., 1998, Lineamientos generales para la evaluación de sitios contaminados y propuestas de acciones para su restauración, tesis de maestría, DEPFI, UNAM.

Presidencia del diputado Luis Sánchez Jiménez

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señora diputada. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria ytúrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Tiene la palabra la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa, para presentar iniciativa que reforma los artículos 6, 14, 19 y 21 de la Ley General de Desarrollo Social.

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputada.

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Honorable asamblea, en México contamos con un reconocimiento constitucional de los derechos sociales, como garantía para el acceso al desarrollo.

Esta garantía está plasmada en la Ley General de Desarrollo Social, la cual establece que son derechos la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo, la seguridad social y los relativos a la no discriminación.

Sin embargo, el ejercicio pleno de los derechos sociales es todavía una quimera en nuestra sociedad. Los factores de la desigualdad y de la pobreza son múltiples y los recursos económicos que se asignan nunca serán suficientes si la prioridad del gasto público no se orienta a invertir en las personas.

México requiere invertir en su gente, su capital más importante para salir del atraso y de la pobreza.

Es necesario invertir, sobre todo, en los grupos que dada su condición y situación de discriminación son sumamente vulnerables no sólo a los vaivenes de la economía y a los desastres naturales. Son vulnerables, sobre todo, a las múltiples redes de delincuencia organizada en nuestro país.

Fenómenos como la trata de personas, la explotación laboral, la explotación sexual comercial, el tráfico de personas, la inserción en delitos tipificados como delitos contra la salud, como el narcomenudeo y el narcotráfico, son delititos que están directamente vinculados a la pobreza como una dimensión de vida real y simbólica donde priva la carencia.

Carencia no sólo de servicios de calidad, como tendrían que ser la educación y la salud, por ejemplo, es una carencia, sobre todo de oportunidades para el desarrollo. Me refiero a aquellos grupos sociales que históricamente han padecido la discriminación en nuestro país: las mujeres, los pueblos indígenas, los adultos mayores, los niños y niñas en situación de calle, migrantes, personas con capacidades distintas, los jornaleros y las jornaleras agrícolas, las trabajadoras domésticas, las trabajadoras sexuales, entre otros grupos sociales.

Una política que pretende orientar sus principales esfuerzos a combatir la pobreza requiere más que voluntad política. Necesita que en su presupuesto se establezca una jerarquía en la distribución de su gasto público, buscando siempre combinaciones eficientes entre el gasto de contingencia, vinculado a la compensación y al alivio de la pobreza extrema, y el gasto destinado a formar capacidades, a fortalecer las habilidades y ha garantizar las libertades de su población.

La presente iniciativa tiene el objeto de establecer de forma explícita en la Ley General de Desarrollo Social, la promoción de la igualdad, la equidad de género, la no violencia y la no discriminación, como programas prioritarios y de interés público dentro de la política nacional de desarrollo social.

La idea básica es garantizarles montos presupuestarios específicos que puedan ser objeto de seguimiento y de evaluación, de acuerdo con la Ley de Presupuesto y de Responsabilidad Hacendaria. Es decir, garantizar montos presupuestarios que bajo ninguna circunstancias puedan ir a la baja; pero también dar seguimiento y evaluación de su impacto en la vida de la gente.

Si damos seguimiento al gasto social destinado a tales grupos nos encontramos con importantes variaciones en la asignación presupuestaria destinada a ellos. De modo tal que, por ejemplo, en 2005 los montos destinados en Cuenta Pública, en materia de equidad de género y mujeres, población indígena, políticas para personas con discapacidad, para migrantes, para adultos mayores y en contra de la discriminación, ascienden apenas a 1.3 por ciento del Presupuesto de Egresos de ese año.

Consideramos, sin dejar de reconocer los distintos esfuerzos presupuestarios para combatir la pobreza en todas sus expresiones, la necesidad de establecer ahora, dentro de la política de desarrollo social, programas y recursos específicos para los grupos con mayores rezagos a causa de la discriminación. De tal forma que contemos con una perspectiva integral para un desarrollo social equitativo.

Conforme a lo anterior, proponemos que dentro de los programas que constituyen la política de desarrollo social del país deben ser formal y explícitamente incluidos el fomento a medidas para la equidad de género, la igualdad de oportunidades, la no violencia y la no discriminación.

Tal modificación permitiría que estos programas encaminados a dichas materias fueran considerados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación como presupuestos irreductibles. Lo que significa que no pueden desaparecer de los siguientes ejercicios fiscales, que no pueden ser disminuidos y que se puedan adecuar a las necesidades especiales del desarrollo social de la nación.

En consecuencia, la propuesta que presentamos modifica los artículos 6, 14 y 19 de la Ley General de Desarrollo Social, para establecer como prioritarios los programas destinados a la equidad de género, a la igualdad de oportunidades, a la no violencia y a la no discriminación. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 6, 14, 19 y 21 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Alternativa

La suscrita, integrante del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto que reforma los artículos 6, 14, 19 y 21 de la Ley General de Desarrollo Social bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene como objetivo establecer de manera explícita en la Ley General de Desarrollo Social la importancia que tiene incluir como Política Nacional de Desarrollo Social la promoción de la igualdad, la equidad de género, la no violencia y no discriminación, así como plantear que los programas encaminados a ello sean considerados como prioritarios y de interés público, con el fin de que sean objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pero sobretodo para que no sean eliminados ni sufran disminuciones en sus asignaciones presupuestales a través de los años.

Para diversos organismos internacionales, la política social busca frenar o mitigar las consecuencias de los problemas económicos y sociales, superar la pobreza, disminuir la inequidad y potenciar la cohesión social, procurando, con ello alcanzar el goce de los derechos y niveles mínimos de acceso a bienes y servicios en distintos ámbitos: económicos, sociales y culturales. Esta concepción de política social, varía según las naciones al igual que los acentos en distintos temas: salud, educación, trabajo y seguridad social, infraestructura física, vivienda, agua, saneamiento, transporte y comunicaciones. Esta política social igualmente se le identifica con la atención a grupos vulnerables de la población (niños y jóvenes, mujeres, ancianos, indígenas, pobres e indigentes, etc.) y con el objetivo de proteger los derechos sociales, económicos y culturales de las personas.

Una aproximación de como se concibe la política social, viene del lado del gasto social. En general, éste concepto utilizado en las finanzas públicas hace referencia a los recursos destinados por el Estado para la provisión de bienes y servicios en distintos sectores, principalmente en educación, salud, vivienda y previsión1. Por ejemplo, en Perú se define el gasto social a aquel ``realizado por el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, para proveer bienes y servicios públicos o privados, con el fin de buscar el aseguramiento universal o selectivo de un conjunto de derechos sociales de la población''. Brasil lo define como ``el total de recursos financieros brutos provistos por el sector público y comprende todos los programas sociales de carácter público, que incluyen aquellos gastos ejecutados por órganos de administración indirecta que disponen de recursos propios''.

Dichas definiciones no hacen referencia directa a los sectores sociales donde se destinarán los recursos. En contraste, el gasto público social en Argentina se define como ``aquel gasto destinado a brindar servicios de educación, salud, servicios sanitarios y vivienda, a realizar políticas compensatorias destinadas a población con carencias y a garantizar los seguros sociales, que incluyen la previsión social, las obras sociales, las asignaciones familiares y los seguros de desempleo''.

En México, la política social ha pasado por diversas transformaciones. Durante años la política social se dispuso a través de enfoques que variaron desde la oferta de seguridad social y salud hasta la estrategia de capacidades y oportunidades para todas y todos las personas en situación de pobreza. Estas visiones, producto del modelo de desarrollo vigente, han modificado su énfasis en las ultimas tres décadas desarrollando programas para grupos específicos y focalizándolos en regiones prioritarias. Igualmente, la jerarquía de la política social se transformó para pasar de ser sólo un programa o una dependencia a toda una estrategia de desarrollo y de eje conductor de la política nacional, evaluada y normada a través de diversas leyes nacionales.

La concepción del desarrollo social mexicano entonces, se ha construido a través de un mosaico de políticas públicas sociales que pretenden en la medida de lo posible reparar las desigualdades generadas por las distintas ``posesiones'' de bienes primarios, recursos y capacidades que existen en la población.

En el presente, el desarrollo social nacional se aboca a: propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión social; a promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución; a fortalecer el desarrollo regional equilibrado, y a Garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social.

Los avances pronunciados en la Ley de Desarrollo Social donde se señala como derechos ``la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'', hacen énfasis en la importancia cobrada de los derechos humanos dentro de nuestra sociedad y que se tendría que ver reflejada en las políticas nacionales. Se coincide en la discusión de que la pobreza y la desigualdad son fenómenos de carácter multidimensional. Y esto es, porque la pobreza de ingreso muestra el resultado no solamente de un proceso de generación de ingresos, sino también de inserción social y productiva plena y con igualdad de oportunidades.

El combate a la pobreza y los esfuerzos para un desarrollo sostenible y equitativo, no solamente trastocan esfuerzos productivos y económicos, sino implica avanzar en la dimensión de la equidad y la justicia social para grupos específicos, que requieren de plasmar su jerarquía en la distribución del gasto público, buscando combinaciones eficientes entre el gasto de emergencia, vinculado a la compensación y el alivio de la pobreza extrema, y el gasto destinado a formar capacidades y libertades.

El Plan de Acción de Viena de 1993 subrayó que la pobreza y, en especial la pobreza extrema, inhiben y obstaculizan el pleno y efectivo goce de los derechos humanos. El concepto de pobreza se amplió para dejar de entenderse sólo como carencia de recursos económicos, sino como una limitación a las oportunidades de las personas que impide el desarrollo de sus capacidades y facultades. La inequidad económica resulta en México ser proporcional a la desigualdad en el ejercicio de los derechos. Y es la discriminación a diversos grupos, uno de los problemas más severos que se mantienen en nuestro país en violación de derechos humanos.

Esta discriminación no solamente se acota a ciertas condiciones, personas, grupos, sino adquiere connotaciones de marginalidad social, económica, cultural o la participación ciudadana, entre otras. Si consideramos que la no-discriminación es un elemento para alcanzar la igualdad, debe contemplar los numerosos ámbitos trastocados por los procesos de desigualdad también entre diferentes grupos. Por ejemplo2, las discriminaciones más evidentes frente a grupos específicos son: las violaciones al derecho al acceso a la justicia de pueblos indígenas, las violaciones sistemáticas a los derechos de las personas que viven en reclusión, la violencia que sufren las mujeres en diversos ámbitos de la vida pública y privada, el fenómeno de la migración, la trata de personas, la explotación infantil, las restricciones a la libertad de expresión y la obstaculización de la participación política para algunos grupos de la población.

Como lo señala el representante de la alta comisionada de los derechos humanos, ``un gran reto que se tiene por delante es el de reducir y eliminar los obstáculos que ciertos grupos de la población encuentran para acceder a sus derechos económicos, sociales y culturales, especialmente mujeres, indígenas, adultos mayores, niños en situación de calle, migrantes, personas discapacitadas o jornaleros agrícolas''.

El ejemplo específico del rezago de ciertos grupos de la población lo tenemos en el caso de la población indígena, donde la estadística señala que la tasa de analfabetismo entre la población indígena se incrementa en un 44.7%, el 36% de los niños y niñas indígenas sufren de anemia, la esperanza de vida al nacer de la población indígena es de 69 años, seis años menos que la media nacional; la tasa de mortalidad infantil es un 58% más alta entre los niños indígenas que entre el resto de los niños mexicanos. Estas inequidades se incrementan cuando a esto se le agrega condiciones de inequidad de género, ya que por ejemplo, el riesgo de morir de una mujer indígena durante el embarazo, parto o puerperio es casi tres veces más alto que el de una mujer no indígena.

Lo decreciente del desempeño por ejemplo en la educación básica pública de calidad en el nivel de ruralidad de la población indígena señala la falta de provisión de servicios básicos en grupos sociales históricamente discriminados. Muestra los rezagos en salud y atención en la violencia en sectores donde han persistidos problemas de desigualdad y de inequidades de poder. En la actualidad se señala que la reducción sostenible de la pobreza se logra mediante el incremento de las oportunidades de desarrollo humano para la población independientemente de la región en la que viven, el género al que pertenecen o el grupo étnico al cual se adscriben.

Si damos seguimiento al gasto social destinado a grupos específicos, este nos muestra los vaivenes en la asignación presupuestaria dirigida a grupos específicos.

El total de estos montos para el 2005, asciende apenas al 1.3% del gasto total del Presupuesto de Egresos de ese año y aunque ha avanzado en los últimos años, se observan movimientos en el gasto que nos permite inferir que ya no se asignan recursos a temas en específico o que ya no se hace explicito porque se incluye en grandes agregados. Esto impide darle seguimiento además de que como sus montos son mínimos hay que esperar que sean evaluados y fiscalizados por las entidades correspondientes.

Reconocemos el esfuerzo presupuestario desde el 2004, abocado a combatir la pobreza a través de vertientes homogéneas. Aplaudimos que existan actualmente programas cuyos beneficiarios se incluyen en grupos con rezagos o que de manera general estén incorporados en las políticas sociales. Sin embargo, se requiere que se reconozca como parte de la política de desarrollo social los programas o acciones específicas que compensen a los grupos con mayores rezagos discriminatorios al estar estrechamente ligado esto con la lucha contra la pobreza y la desigualdad en nuestro país.

El total de estos montos para el 2006, asciende apenas al 1.4% del gasto total del Presupuesto de Egresos y aunque en estos seis años se incrementó una unidad porcentual, se observan movimientos en el gasto que nos permite inferir que ya no se asignan recursos a temas en específico o que ya no se hace explicito porque se incluye en grandes agregados Esto imposibilita darle seguimiento a este gasto, ya que no se observan en el Presupuesto de Egresos o sus montos son mínimos para esperar que sean evaluados y fiscalizados por las entidades correspondientes.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales es necesario que toda la población tenga acceso al desarrollo social.

Conforme a lo anterior consideramos que dentro de la política de desarrollo social del país, se debe hacer explicito dentro del mosaico de programas para el desarrollo social, el de los destinados a promover la equidad de género, la igualdad de oportunidades, la no violencia y la no discriminación.

La manifestación en la Ley de Desarrollo social de que estos programas sean prioritarios y de interés público da certidumbre y promete institucionalizar acciones destinadas a grupos históricamente discriminados y que son sujetos de una sub-oferta general de bienes y servicios públicos.

Las implicaciones que en la política de desarrollo nacional se incluyan estos temas permite que sean considerados anualmente dentro del presupuesto de Egresos de la Federación como presupuestos irreductibles, es decir, que no puedan desaparecer del proyecto de presupuesto que presente el Ejecutivo en los siguientes ejercicios fiscales y con ello garantizar la consistencia y expansión de las políticas de gasto social y el mantenimiento de una cobertura general que asegure un crecimiento de recursos que amplíe su protección al ritmo de los requerimientos sociales o bien, vaya reduciendo de manera sistemática y sostenida el déficit histórico en cada materia.

Para ello, es indispensable que los gastos correspondientes a los programas antes mencionados no puedan sufrir recortes, de tal forma que las modificaciones en dichos rubros, siempre sean en la dirección de buscar erradicar las brechas de violencia y discriminación existentes en nuestra sociedad, así como dirigirlos a la construcción de una sociedad más justa y equitativa donde toda la población goce de equidad de género e igualdad de oportunidades.

El que los programas señalados cuenten con recursos irreductibles implica por una parte que ya cada una de las Secretarías que opera dichos programas los considera prioritarios, es decir que la equidad de género, la igualdad de oportunidades, así como la no violencia y no discriminación formen parte de la agenda de gobierno de hecho, no únicamente de discurso. Por otra parte, implica que en el periodo de discusión y aprobación del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación se podrán incrementar los recursos destinados a los programas mencionados, sin la necesidad de negociar cada año para adquirirlos.

Los distintos seguimientos al gasto en estos temas señalan lo vulnerables que son y las permanentes modificaciones que sufren. Por ejemplo, el Centro de Estudios de Género, documentó en la Cuenta Pública del 2005 respecto al gasto etiquetado de mujeres, que ``el 19.65% del gasto etiquetado aprobado por la Cámara, equivalente a 546.92 millones fue afectado, Si a esto se agrega el subejercicio estimado en 40.29 millones, se reduce dramáticamente el exiguo presupuesto etiquetado para mujeres y para promover la equidad de género anualmente aprobado''.

Como lo apuntan diversas recomendaciones en materia de equidad, la asignación específica en esta materia, permitirá transparentar, dar seguimiento y evaluar los recursos destinados a programas: de género, en materia indígena, de discapacidad, de lucha contra la discriminación y la no violencia, entre otras, al permitir institucionalizar su permanencia como gasto social y su posibilidad de que el presupuesto en estos temas sea irreductible.

De ahí, que lo que se plantea aquí, es de gran trascendencia. Se pretende que no se puedan desaparecer programas o acciones dirigidas a los temas de la equidad de género y la no discriminación de los ejercicios fiscales una vez aprobados y se institucionalice una política verdadera, con recursos crecientes, no subestimada, a favor de las mujeres y hombres que sufren de las inequidades y discriminación en nuestro país.

Por ello, en el marco de las reformas a la Ley de Desarrollo Social proponemos modificar el artículo 6, introducir en el artículo 14 el fomento de medidas a favor de la equidad y la no discriminación, e incluir en el artículo 19 como nueva prioridad de gasto los programas dirigidos a promover la equidad de género, la igualdad de oportunidades, la no violencia y la no discriminación. Para que conforme al artículo 18 de esta misma Ley no sufran disminuciones en sus montos presupuestales, excepto en los casos y términos que establezca la Cámara de Diputados. Junto con ellas se debe reformar el artículo 21 del mismo ordenamiento.

Por lo anteriormente expuesto, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la presente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que ser reforman los artículos 6, 14, 19 y 21 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se modifica el artículo 6, se agrega la fracción VI al artículo 14 y la fracción X al artículo 19 y se modifica el artículo 21 de la Ley General de Desarrollo Social para quedar de la siguiente forma:

Artículo 6. Son derechos para el desarrollo social la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social, la equidad de género, la igualdad de oportunidades, la no violencia y los relativos a la no discriminación en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 14. La Política Nacional de Desarrollo Social debe incluir, cuando menos, las siguientes vertientes:

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público:

Artículo 21. La distribución de los fondos de aportaciones federales y de los ramos generales relativos a los programas sociales de educación, salud, alimentación, infraestructura social y generación de empleos productivos, mejoramiento del ingreso y aquellos dirigidos a la equidad de género, la igualdad de oportunidades, la no violencia y la no discriminación se hará con criterios de equidad y transparencia, conforme a la normatividad aplicable.

Artículos Transitorios

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario oficial de la Federación.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputada.Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

Contamos con la visita, en este salón de plenos, de las alumnas y los alumnos del Conalep de Puebla, y de las alumnas y los alumnos de la escuela secundaria Lauro Aguirre, de la delegación Venustiano Carranza del Distrito Federal. Les damos la más cordial bienvenida.

ARTICULOS 73 Y 74 CONSTITUCIONALES - LEY FEDERAL DEL TRABAJO - LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Carlos Velasco Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajoy de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Juan Carlos Velasco Pérez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la instauración de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, en su esencia, fue la de crear los instrumentos institucionales para garantizar a los trabajadores un pago mínimo regulado por la ley, así como integrar en forma tripartita al organismo, a fin de tener la representación de patrones, trabajadores y gobierno, y mantener un equilibrio de los actores de la producción, implantando los procedimientos que permitieran conocer la realidad económica del país a través de estudios y elementos estadísticos y económicos suficientes para medir los alcances y la eficacia del salario.

Actualmente el acceso del país a una economía mundial, los avances tecnológicos, la agilidad en comunicación terrestre y aérea, la instalación de empresas transnacionales y grandes centros comerciales han convertido a la República Mexicana en una sola región económica, siendo preciso buscar la adecuación y el nivel de los salarios exigidos por el fenómeno globalizador.

Desafortunadamente el establecimiento del valor del salario se debe llevar a cabo con base en la inflación, cuyo pronóstico generalmente suele ser fallido, de acuerdo con lo que pronostican el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial ---organismos internacionales rectores---. Lo que genera que dicho aumento no resulte significativo ni tampoco beneficie en nada a la clase trabajadora.

Se suma a lo anterior el procedimiento que actualmente considera a la Ley Federal del Trabajo para la toma de decisiones en la materia, resulta poco equitativo y democrático, pues se concentra en el presidente de la comisión la decisión en materia de salarios.

Asimismo, la existencia de tres áreas geográficas en el país para delimitar el salario mínimo trae consigo que los precios de muchos satisfactores, particularmente de la canasta básica, se fijen de acuerdo con los salarios mínimos de la zona más cara y cuando llegan estos a las zonas B y C, que son de menor percepción, incluyen incrementos adicionales.

Para nadie resulta desconocida la drástica caída del poder adquisitivo del salario mínimo en las últimas décadas. Es la remuneración que ha sufrido el más grave y drástico deterioro.

El último aumento al salario mínimo, registrado para 2007, ha sido pulverizado con el solo aumento de la tortilla que fue de 40 por ciento. Esto vulnera el poder adquisitivo del trabajador y lo deja en estado de incertidumbre.

Ahora bien, en este nuevo milenio, la búsqueda de la equidad entre los empresarios que son quienes aportan y arriesgan su capital y los trabajadores, que aportan la fuerza de trabajo en busca de bienestar, nos obliga a ser creativos y buscar, dentro del marco de respeto y espíritu constitucionalista, las formas idóneas donde la responsabilidad de la fijación de los salarios mínimos recaiga directamente en los involucrados.

La presente iniciativa pretende: la fijación de un solo salario mínimo en toda la República Mexicana; vigorizar el tripartismo, conservando la participación y asistencia técnica de las autoridades laborales.

La iniciativa faculta únicamente con voto a los actores principales, patrones y trabajadores, para la toma de decisiones, ya que actualmente la suma de los votos del gobierno y los patrones cuando se fijan los salarios es mayoritaria, la cual no beneficia a la clase trabajadora.

Se puntualiza, a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, un plazo perentorio para resolver los salarios que sean suficientes para el trabajador.

En el caso de que la Comisión no llegara a un acuerdo o se llegara a un empate, esta iniciativa faculta al Congreso de la Unión, particularmente a esta Cámara de Diputados, para conocer y dictaminar sobre los salarios mínimos generales y profesionales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento ante el pleno de esta soberanía la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción X del artículo 73, se reforma la fracción VIII y se adiciona una fracción IX al artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se reforma y adiciona la fracción II del artículo 15, se reforman y adicionan los artículos 91, 92, 93 y se deroga el artículo 96; se reforman y adicionan los artículos 144 y 486; se reforma la fracción I del artículo 554; se reforma y adiciona la fracción III del artículo 557; la fracción I del artículo 561 y se deroga la fracción II del mismo artículo; se reforma y adiciona la fracción III del artículo 574; se reforman y adicionan las fracciones I, II y III del artículo 1004, todos ellos de la Ley Federal del Trabajo. Y se adiciona un numeral 8 al artículo 45, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por su atención, compañeros, muchas gracias. Y solicito, señor Presidente, que la presente iniciativa se turne a las comisiones correspondientes. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Velasco Pérez , del Grupo Parlamentario del PRI

Juan Carlos Velasco Pérez , diputado federal a la LX Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, 72 ,inciso H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 62, 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción X del artículo 73, se reforma la fracción VIII y se adiciona una fracción IX al artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforma y adiciona la fracción II del artículo 15, se reforman y adicionan los artículos 91, 92, 93, se deroga el artículo 96, se reforman y adicionan los artículos 144 y 486, se reforma la fracción I del artículo 554, se reforma y adiciona la fracción III del artículo 557, se reforma y adiciona la fracción I del artículo 561 y se deroga la fracción II del mismo artículo, se reforman y adicionan las fracciones I, II, III y V del artículo 571, se reforma y adiciona la fracción III del artículo 574, se reforman y adicionan las fracciones I, II y III del artículo 1004, todos ellos de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona un numeral 8 al artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de Motivos

Es a mediados del siglo XX, cuando los mexicanos iniciamos un proceso de consolidación de las instituciones que permitieron garantizar el derecho al trabajo y, consecuentemente, la remuneración justa por el trabajo realizado y el acceso a la seguridad social.

Con la reforma en el año de 1962 al artículo 123 constitucional en su fracción VI, se crearon los instrumentos institucionales para garantizar a los trabajadores un pago mínimo regulado por la ley, el cual tiende a realizar una función eminentemente social y humana para que los trabajadores puedan cubrir sus necesidades e interactuar con el conglomerado social con dignidad y prestancia, acotando de esta manera los abusos y la discriminación. La naciente Nueva Ley Federal del Trabajo en 1970, asimiló los profundos cambios del artículo 123, adoptando en su articulado estos beneficios para el trabajador.

La instauración de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en su esencia, fue la de integrar en forma tripartita al organismo, con el fin de tener la representación de Patrones, Trabajadores y Gobierno, y mantener un equilibrio de los factores de la producción, implementando los procedimientos que permitieran conocer la realidad económica del país, a través de los estudios y elementos estadísticos y económicos suficientes para medir los alcances y la eficacia del salario.

En este marco de referencia, se incluían los salarios mínimos profesionales de las distintas actividades económicas, así como la definición de las áreas geográficas; es decir, las zonas económicas con sus respectivas clasificaciones y niveles económicos.

Actualmente, el acceso del país a una economía mundial, los avances tecnológicos, el avance de los sistemas de comunicación terrestre y aérea, la instalación de empresas trasnacionales y grandes centros comerciales, han convertido a la República Mexicana en una sola región económica, y es preciso buscar la adecuación y el nivel de los salarios exigidos por el fenómeno globalizador que garanticen una justa distribución de la riqueza y la reactivación económica, al permitir mayor poder adquisitivo de los trabajadores y traducirlo en bienes de consumo.

Desafortunadamente, para establecer el valor del salario se debe llevar a cabo con base en la inflación, cuyo pronóstico generalmente suele ser fallido de acuerdo con lo que pronostican el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, organismos internacionales rectores, lo que genera que dicho aumento no resulte significativo ni tampoco beneficie en nada al trabajador.

Ahora bien, el cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor, el cual es un indicador económico que contiene la información sobre los cambios y el costo de la vida en el país para medir el cambio promedio de los precios en el tiempo, utiliza como sustento una canasta ponderada de bienes y servicios, representativo del consumo de las familias de México, y que toman como base, entre otros, el siguiente elemento:

Esto representa que el índice es Nacional, al igual que los precios, y que su aplicación no se concreta a regiones o zonas económicas, como pasa con el salario mínimo.

La existencia de tres áreas geográficas en el país para delimitar el salario mínimo, trae consigo que los precios de muchos satisfactores, particularmente de productos de la canasta básica, se fijen de acuerdo con los salarios mínimos de la zona más cara, y cuando llegan estos a la zona ``B'' y ``C'', que son de menor percepción, incluyen incrementos adicionales por los costos de embalaje, traslado, almacenamiento, lo que propicia la paradoja de que los precios más altos los paguen aquellos que menos reciben por su trabajo, generando una asimetría en el desarrollo económico.

Se debe considerar asimismo, el precepto constitucional contenido en el inciso VII del artículo 123, el cual manifiesta la igualdad de salario para todos los trabajadores, incluidas las mujeres y los no nacionales; esto es, que su propia esencia contiene la igualdad y la negativa a la discriminación. Es por este razonamiento, que no parece coherente que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos maneje la diferencia de salarios para los habitantes de un área geográfica con otra, lo cual ha originado la contención de los salarios, radicalizándose a tal extremo que actualmente tenemos trabajadores con las mismas actividades y con diferentes salarios, unos de primera, otros de segunda, y otros más de tercera. El esfuerzo físico y mental que realiza un trabajador con salario mínimo o salario profesional, es el mismo en cualquier zona del país.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, en el informe de su Dirección Técnica de noviembre de 2006, contempla la convergencia de las áreas geográficas, en el que se muestra que el proceso de convergencia ha permitido que en el curso de la presente administración la diferencia entre las áreas geográficas ``A'' y ``C'' se redujera en 9.66 puntos porcentuales, al pasar de 15.90 por ciento en el año 2000, a 6.24 por ciento en 2006; en tanto, que la reducción entre las áreas ``A'' y ``B'' fue de 4.78 puntos porcentuales, ya que en 2000 era de 7.98, y para 2006 disminuyó a 3.20 por ciento.

Esto en pesos se traduce que la diferencia mínima que existe entre el área geográfica con mejor salario ``A'', y la de más bajo salario ``C'', es de $ 2.97 pesos, teniendo un promedio general el salario mínimo entre todas sus área de $ 48.88 pesos.

De acuerdo con la información contenida en este informe, se desprende y justifica la tendencia de consolidarse un solo salario mínimo para toda la República Mexicana.

Para nadie resulta desconocida la drástica caída del poder adquisitivo del salario mínimo en las últimas décadas; es la remuneración que ha sufrido el más grave y drástico deterioro, El último aumento al salario mínimo registrado para 2007, ha sido pulverizado con el sólo aumento de la tortilla, que fue de 40 %, ¿Cómo concebir entonces, que los trabajadores logren pagar alimentación, transporte, vestido, vivienda y esparcimiento? Es decir, todos aquellos elementos que deberían garantizar un salario digno y suficiente en el orden material, social y cultural, y que permita la educación de los hijos, como lo señala la Constitución.

Por los bajos salarios se han tenido que incorporar más miembros de una familia a la fuerza productiva; se ha incrementado el número de niños y menores de edad al mercado laboral, y se ha dado un incontrolable incremento del subempleo.

Ahora bien, en este nuevo milenio la búsqueda de la equidad entre los empresarios, que son quienes aportan y arriesgan su capital y los trabajadores, que aportan la fuerza de trabajo en busca de bienestar, nos obliga a ser creativos y buscar, dentro del marco de respeto y espíritu constitucionalista, las formas idóneas, donde la responsabilidad de la fijación de los salarios mínimos recaiga directamente en los involucrados.

Esto es, que patrones y trabajadores deben ponerse de acuerdo, otorgando un voto de confianza a su capacidad negociadora, manteniendo el tripartismo y el auxilio técnico de las Instituciones del Trabajo, para que en un ambiente de democracia, apertura y conciliación, se llegue a acuerdos sustánciales para elevar la productividad, la competitividad y la calidad de vida.

Asimismo, es importante que el Congreso de la Unión tome su responsabilidad en las decisiones en materia salarial, lo cual permita crear el ambiente de certidumbre necesario para el desarrollo del país, a través de la fijación de plazos y atribuciones ineludibles en esta materia.

Por lo anteriormente expuesto, presento a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción X del artículo 73, se reforma la fracción VIII y se adiciona una fracción IX al artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforma y adiciona la fracción II del artículo 15, se reforman y adicionan los artículos 91, 92, 93, se deroga el artículo 96, se reforman y adicionan los artículos 144 y 486, se reforma la fracción I del artículo 554, se reforma y adiciona la fracción III del artículo 557, se reforma y adiciona la fracción I del artículo 561 y se deroga la fracción II del mismo artículo, se reforman y adicionan las fracciones I, II, III y V del artículo 571, se reforma y adiciona la fracción III del artículo 574, se reforman y adicionan las fracciones I, II y III del artículo 1004, todos ellos de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona un numeral 8 al artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Primero. Se reforma y adiciona la fracción X del artículo 73, se reforma la fracción VIII y se adiciona una fracción IX al artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

Segundo. Se reforma y adiciona la fracción II del artículo 15, se reforman y adicionan los artículos 91, 92, 93; se deroga el artículo 96, se reforman y adicionan los artículos 144 y 486, se reforma la fracción I del artículo 554, se reforma y adiciona la fracción III del artículo 557, se reforma y adiciona la fracción I del artículo 561 y se deroga la fracción II del mismo articulo, se reforman y adicionan las fracciones I, II, III y V del artículo 571; se reforma y adiciona la fracción III del artículo 574; se reforman y adicionan las fracciones I, II y III del artículo 1004, todos ellos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue.

Artículo 15. En las empresas que ejecuten obras o servicios en forma exclusiva o principal para otra, y que no disponga de elementos propios suficientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, se observaran las normas siguientes:

Artículo 91. Los salarios mínimos regirán en todo el territorio nacional, podrán ser generales o profesionales, para una rama determinada de la actividad económica o para profesiones, oficios o trabajos especiales

Artículo 92. Los salarios mínimos generales regirán en todo el territorio nacional para todos los trabajadores, independientemente de las ramas de la actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales.

Artículo 93. Los salarios mínimos profesionales regirán en todo el territorio nacional para todos los trabajadores de las ramas de actividad económica, profesiones, oficios o trabajos especiales.

Artículo 96. (Se deroga)

Artículo 144. Se tendrá como salario máximo para el pago de las aportaciones, el equivalente a diez veces el salario mínimo general vigente en el territorio nacional.

Artículo 486. Para determinar las indemnizaciones a que se refiere este título, si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo vigente en el territorio nacional, se considerará esa cantidad como salario máximo.

Artículo 554. El Consejo de Representantes se integrará:

Artículo 557. El Consejo de Representantes tiene los deberes y atribuciones siguientes:

Artículo 561. La Dirección Técnica tiene los deberes y atribuciones siguientes:

Artículo 571. En la fijación de los salarios mínimos a que se refiere el primer párrafo del artículo 570, se observarán las normas siguientes:

Artículo 574. En los procedimientos a que se refiere este Capítulo se observarán las normas siguientes:

Artículo 1004. ...

Tercero. Se adiciona un numeral 8 al artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue.

Artículo 45.

1. a 6. ...

7. ...

8. Para conocer y dictaminar resolución en materia de salarios mínimos generales y profesionales, el Presidente de la Mesa Directiva, al recibir el comunicado del Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, el cual deberá contener el Informe de las investigaciones y estudios que hubiese efectuado la Comisión, y de los presentados por los trabajadores y los patrones, turnará a la Comisión de Trabajo y Previsión Social dicho Informe, para que se dictamine resolución en un término de cinco días hábiles. El Presidente de esta Comisión, una vez dictaminada la resolución, procederá para que la misma sea publicada en el Diario Oficial de la Federación el siguiente día hábil después de terminado el plazo de dictamen. Esta resolución sobre salarios mínimos y generales entrará en vigor a partir del primero de enero del año siguiente.

Artículos Transitorios

Primero. Las presentes reformas entrarán en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los organismos de la Administración Pública Federal y locales, adecuarán sus ordenamientos conforme al presente decreto, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. Todas las disposiciones administrativas y de orden económico que contravengan el presente decreto, quedarán sin efecto a partir del día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cuarto. Para efectos de la homologación, se considerará como base al salario mínimo del área geográfica más alta.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado Velasco Pérez.Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

REGLAMENTO INTERIOR DE LAS COMISIONES Y COMITES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se concede el uso de la tribuna al diputado Obdulio Ávila Mayo, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que expide el Reglamento Interior de las Comisiones y Comités del Honorable Congreso de la Unión.

El diputado Obdulio Ávila Mayo: Con la venia de la Presidencia, a la cual pido la inserción íntegra de la iniciativa que hoy presentaré ante el pleno de la Cámara, dado que, en virtud de la economía parlamentaria, sólo haré una síntesis de la misma.

La importancia del asunto que vengo a poner a consideración de esta alta tribuna, no es menor ya que resulta injustificable e inverosímil que el Congreso de la Unión, responsable de la creación y modificación de las leyes federales, no haya dotado a sus propias comisiones de un cuerpo normativo que regule los procesos de dictaminación de las iniciativas y proposiciones que le son turnadas.

En este tenor es que propongo a los diputados integrantes de esta soberanía su adhesión a este proyecto, que a todas luces resulta imprescindible e impostergable que se apruebe, en aras del proyecto común de fortalecer el marco jurídico de nuestro Congreso General.

Las razones que justifican y motivan la creación de un ordenamiento que regule el trabajo al interior de las comisiones y los comités son diversas. En principio, porque actualmente las normas que sobre el particular se encuentran contempladas de manera somera, son poco específicas y se encuentran dispersas, tanto en la Ley Orgánica como en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, así como en diversos acuerdos parlamentarios relativos a la organización y reuniones de las comisiones y comités.

Segundo. Porque la propuesta al reglamento interior de las comisiones y los comités al Congreso General que presento conjuga las bases doctrinales del derecho parlamentario y la praxis institucional, lo que garantiza que será una herramienta útil en la regulación de las actividades de las comisiones y comités.

Tercero. Porque el proyecto de reglamento respeta los actuales lineamientos de integración de los diversos tipos de comisiones.

Cuarto. La estructura normativa del proyecto de reglamento responde a principios de práctica institucional y disposiciones vigentes que rigen el quehacer parlamentario del Congreso. Se dividen en ocho títulos que abarcan todos aquellos aspectos que regulan el trabajo interior en comisiones.

El título primero se refiere a disposiciones generales, el glosario de conceptos y suplencia del régimen jurídico aplicable a las actividades parlamentarias.

En el título segundo se abordan la naturaleza, integración, competencia y atribuciones de las comisiones, precisándose desde su denominación en correlación a la Ley Orgánica y al reglamento de marras, hasta las atribuciones de las comisiones y su forma de integración.

El título tercero precisa, en detalle, el ámbito de competencia y atribuciones de la mesa directiva de la comisión, así como las facultades del presidente y su relación con los demás miembros de la misma y la secretaría técnica. Por otro lado, se señalan tanto las obligaciones como los derechos de los diputados miembros de comisión y, por último, en dicho título se abordan las facultades y obligaciones de los secretarios técnicos.

En el título cuarto se abordan las reuniones de trabajo, el orden del día, las deliberaciones y las votaciones. En dicho título se van desarrollando de manera armónica las demás disposiciones que rigen la vida institucional de este órgano legislativo, así como todos aquellos aspectos que sirven de base para el desarrollo de los trabajos durante el proceso de dictaminación y resolución que sean puestos a consideración de las comisiones, lo que invariablemente se traduce en una mejora regulatoria de las actividades legislativas, en aras de obtener beneficios tales como la eficiencia, eficacia, organización y el desempeño óptimo y ágil del quehacer parlamentario.

En el título quinto se precisa la forma e integración de los dictámenes y aquellos principios de la teoría de las resoluciones que deben incorporarse en las resoluciones de las comisiones con carácter de proyecto o de decreto.

En el título sexto se regula el trabajo de las comisiones unidas, desde su forma de integración, quórum y el trabajo en común, a fin de clarificar las funciones que se deberán de-sarrollar conjuntamente, relativas a los asuntos sometidos a la consideración de dos o más comisiones.

En el título séptimo se rigen aquellos aspectos relativos a la información que se genera con el trabajo de las dictaminadoras, así como la forma de su recopilación, circulación y difusión interna y externa.

Finalmente, se abre el paréntesis para las disposiciones complementarias, las cuales disponen la facultad de los miembros de las comisiones para tomar acuerdos en lo no previsto por el reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto por las demás disposiciones normativas.

En suma, esta iniciativa responde también a los principales planteamientos de regulación parlamentaria, con la finalidad de abonar el perfeccionamiento del trabajo legislativo al interior de las comisiones y comités, y al fortalecimiento del Poder Legislativo de nuestro país.

Una quinta razón es que, en razón de la trascendencia de los trabajos realizados por las comisiones para llegar al dictamen de un proyecto de ley o decreto queda plenamente justificada la necesidad de elevar a rango de reglamento su organización y funcionamiento en el que se regulen las reuniones que se llevan en el marco de la discusión, estudio y dictaminación de los asuntos de interés del país.

Sexto. En múltiples ocasiones, tanto diputados como senadores hemos resuelto que mejorar el desempeño del Legislativo sólo es posible a través de la redefinición de sus competencias y su fortalecimiento.

En ese tenor, solicito a los integrantes de esta Cámara que se conviertan, junto con el suscrito, en impulsores para que se dote a las comisiones y comités del honorable Congreso General, de un reglamento que regule el funcionamiento y establezca los procedimientos de deliberación y resolución de las comisiones ordinarias, así como las de investigación y especiales, que transitoriamente se constituyan en ambas Cámaras.

He aquí una ventana de oportunidad para avanzar sobre el tema y abonar al perfeccionamiento del trabajo parlamentario de nuestras comisiones y de nuestros comités, al interior del Poder Legislativo federal.

Con un ordenamiento jurídico de esta naturaleza se le da unidad, se le da homogeneidad y se deja atrás un reglamento caduco en la materia, se da un paso adelante en esta dispersión normativa que se encuentra en los acuerdos parlamentarios. Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que expide el Reglamento Interior de las Comisiones y Comités del Honorable Congreso de la Unión, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto por el que se expide el Reglamento Interior de las Comisiones y Comités del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La transformación del sistema político y jurídico mexicano ha traído como consecuencia la redefinición de las instituciones del país. El Legislativo ha dejado de ser un mero espectador y se ha convertido en pieza fundamental del engranaje de la maquinaria del país.

Sin duda, muchas de las facultades constitucionales que tiene atribuidas el Congreso apenas se han ejercido, otras tantas son inoperantes en virtud de un marco jurídico precario.

En este sentido, los estudiosos del derecho se han dado a la tarea de plantear los retos a los que se enfrenta el Congreso mexicano, dentro de los cuales destacan los siguientes: comisiones; comparecencias; incompatibilidades parlamentarias; servicio civil de carrera; por mencionar algunas.

Algunas de dichas facultades están incorporadas en el régimen normativo del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, empero, es necesario fortalecerlas. En este sentido, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional considera fundamental fortalecer el marco jurídico de este honorable Congreso de la Unión, pues la redefinición de sus competencias y el fortalecimiento de esta institución, traerán consigo un mejor desempeño del legislativo.

Así las cosas, y derivado del análisis al sustento doctrinario de las distintas aristas que tienen que ver con los instrumentos parlamentarios, y a las muy diversas herramientas que coexisten en la vida cotidiana del Congreso General, nos permitimos establecer la pertinencia de aprobar la expedición de un Reglamento Interior de las Comisiones y Comités del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

En este nuevo reglamento deberá verse reflejada, con rigor técnico, la instrumentación de las normas internas de este órgano legislativo. Debe pues, apreciarse un fin superior que permita fortalecer al órgano desde distintas vertientes de la realidad pragmática.

Una vez abordada su idoneidad, cabe advertir que desde su aplicación práctica se convertirá en una herramienta útil en la regulación de la vida institucional de las comisiones y comités del Congreso de la Unión.

De esta manera se trata de conjugar las bases doctrinales del derecho parlamentario y la praxis institucional, que nos permitan, dentro de la órbita de facultades expresas que rigen a los órganos de gobierno, hacer una reforma integral al marco normativo de las comisiones y comités de las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores.

Conforme a la metodología anteriormente abordada, debemos señalar algunos aspectos de vital relevancia sobre la materia que nos ocupa. En un primer orden, el procedimiento de creación de la norma se extrapola a lo establecido en los ordenamientos básicos que rigen la vida interna del Congreso.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: ``las comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales''. ¹

De acuerdo con la Ley Orgánica, las comisiones en nuestro país pueden ser ordinarias, permanentes, con tareas específicas, de investigación, especiales y conjuntas (bicamerales).

A esta división del trabajo parlamentario se debe añadir la existencia de Comités, que aunque el Reglamento para el Gobierno Interior no los contempla, la Ley Orgánica los define como órganos que, por disposición del Pleno, auxilian a la Cámara en determinadas actividades y tienen tareas diferentes a las depositadas en las comisiones. ²

De acuerdo con Cecilia Mora-Donatto, tanto las comisiones como los comités no son simples divisiones del trabajo al interior del Congreso, ya que estas estructuras se diferencian entre sí en razón de la tarea que realizan y, por esa razón, son órganos especializados que pueden ser o no permanentes.3

Para Jorge González Chávez, la importancia de estas comisiones es considerable porque sus decisiones y dictámenes generalmente son adoptados por el Pleno del Parlamento. ⁶

Visto lo anterior, no queda duda de que los trabajos realizados por las comisiones para llegar al dictamen de un proyecto de ley o de decreto resultan indispensables, ya que con su decisión, se permite que el Pleno debata la iniciativa, con fundamento en la referencia del examen previo realizado por la comisión. ⁷

En efecto, por lo hasta aquí expuesto, no cabe la menor duda que es en éstos órganos, permanentes o transitorios, en los cuales descansa la organización, discusión, estudio y dictaminación de los asuntos de interés para el país, de ahí la importancia de elevar a rango de reglamento su organización y funcionamiento, así como regular las reuniones que se lleven para lograr los fines encomendados.

Así las cosas, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional explora la posibilidad de que se otorgue a las comisiones y comités del honorable Congreso General un Reglamento que regule el funcionamiento y establezca los procedimientos de deliberación y resolución de las comisiones ordinarias, así como las de investigación y especiales que transitoriamente se constituyan en ambas Cámaras.

Por ello, solicitamos a todos los integrantes de esta honorable representación nacional que se sumen a este esfuerzo para crear un ordenamiento que contemple la regulación del trabajo legislativo en las comisiones; pues para ningún diputado o senador pasa inadvertido que actualmente dichos dispositivos se incluyen de manera somera, poco específica y de modo disperso, tanto en la Ley Orgánica y como en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, así como en diversos acuerdos parlamentarios relativos a la organización y reuniones de las comisiones y comités.

Esta iniciativa de Reglamento Interior de las Comisiones del Congreso General recoge las diferentes aristas que tienen que ver con el quehacer parlamentario y con el trabajo que se desarrolla en este cuerpo legislador. La estructuración normativa responde a principios de práctica parlamentaria y disposiciones vigentes que rigen la vida institucional del Congreso.

La presente iniciativa se divide en ocho títulos, que abarcan todos aquellos aspectos que regulan el trabajo interior en comisiones. El Título Primero se refiere a disposiciones generales, el glosario de conceptos y suplencia del régimen jurídico aplicable a las actividades parlamentarias.

En el Título Segundo se abordan desde la naturaleza, integración, competencia y atribuciones de las comisiones, precisándose desde su denominación en correlación con la Ley Orgánica y el Reglamento Interior del Congreso General, hasta las atribuciones de las comisiones y su forma de integración.

El Título Tercero precisa, en detalle, el ámbito de competencia y atribuciones de la mesa directiva de la comisión; así como las facultades del presidente, y su relación con los demás miembros de la misma y la secretaría técnica. Por otro lado, se señalan tanto las obligaciones como los derechos de los diputados miembros de comisión y, por último, en dicho título se abordan las facultades y obligaciones de los secretarios técnicos.

En el Título Cuarto se abordan las reuniones de trabajo; el orden del día; las deliberaciones y las votaciones. En dicho título se van desarrollando de manera armónica con las demás disposiciones que rigen la vida institucional de este órgano legislativo, todos aquellos aspectos que sirven de base para el desarrollo de los trabajos durante el proceso de dictaminación y resolución que sean puestos a consideración de las comisiones, lo que invariablemente se traduce en una mejora regulatoria de las actividades legislativas, en aras de obtener beneficios tales como la eficiencia, eficacia, organización y el desempeño óptimo y ágil del quehacer parlamentario.

En el Título Quinto se precisa la forma e integración de los dictámenes, y aquellos principios de la teoría de las resoluciones que se deben incorporar en las resoluciones de las comisiones con carácter de proyecto de ley o de decreto.

En el Título Sexto se regula el trabajo de las comisiones unidas, desde su forma de integración, quórum y el trabajo común, con el fin de clarificar las funciones que se deberán desarrollar conjuntamente, relativos a los asuntos sometidos a la consideración de dos ó más comisiones.

El Título Séptimo rige aquellos aspectos relativos a la información que se genera con el trabajo de las comisiones, así como la forma de su recopilación, circulación y difusión interna y externa.

Finalmente, se abre el paréntesis para las disposiciones complementarias, las cuales disponen la facultad de los miembros de las comisiones para tomar acuerdos, en lo no previsto por el reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto por las demás disposiciones normativas.

En suma, esta iniciativa responde a los principales planteamientos de regulación parlamentaria, con la noble finalidad de abonar al perfeccionamiento del trabajo legislativo al interior de las comisiones y comités, y al fortalecimiento del Poder Legislativo de nuestro país.

En este orden de ideas, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa de

Decreto por el que se expide el Reglamento Interior de las Comisiones y Comités del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Reglamento Interior de las Comisiones y Comités del Honorable Congreso de la Unión Título Primero De las Disposiciones Generales Capítulo Único

^{Artículo 1.}Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de observancia general y tendrán por objeto regular el funcionamiento, establecer los procedimientos de deliberación y resolución de las comisiones ordinarias, así como las comisiones de investigación y especiales que transitoriamente se constituyan, de acuerdo con la Ley Orgánica y Reglamento, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Las disposiciones establecidas en el presente Reglamento también serán aplicables a los Comités, siempre y cuando no se opongan a su debido funcionamiento.

Artículo 2. Para los efectos de este Reglamento, se entenderá por:

^{Artículo 3.}Para la interpretación e integración de las normas de este Reglamento, se estará a lo establecido en la Ley Orgánica de y el Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los principios y prácticas que mejor garanticen y reflejen la integración plural de la comisión.

Título Segundo De la Naturaleza, Integración, Competencia y Atribuciones de las Comisiones Capítulo Primero De la Naturaleza de las Comisiones

^{Artículo 4.}Las comisiones de análisis y dictamen legislativo se constituyen con el carácter de definitivo y funcionan para toda la legislatura de cada una de las Cámaras del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Capítulo Segundo De la Integración de las Comisiones

^{Artículo 5.}Las comisiones del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se integran por los diputados postulados por la Junta de Coordinación Política, debiéndose reflejar la pluralidad de en la integración de las mismas.

La comisión será competente para conocer de la materia que se derive conforme a su denominación, a efecto de recibir, analizar y dictaminar las iniciativas y proposiciones con o sin punto de acuerdo turnadas por la Mesa Directiva de la respectiva Cámara.

Artículo 6. La comisión se conformará por la mesa directiva y por los integrantes que quedaron asentados para la integración de las comisiones del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano. También serán integrantes los demás diputados que se incorporen mediante posteriores acuerdos.

Artículo 7. La mesa directiva de la comisión se integrará por un presidente y secretarios, de conformidad con el Reglamento para el Gobierno Interior Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Además de la mesa directiva y de los integrantes, las comisiones contarán con la asistencia de un secretario técnico, cuya función se regula en el Título Tercero del presente Reglamento.

Capítulo Tercero De la Competencia de las Comisiones

^{Artículo 8.}La competencia de las comisiones es la que se deriva de acuerdo a su denominación, y será a efecto de recibir, analizar y dictaminar las iniciativas y proposiciones con o sin punto de acuerdo turnadas por la mesa directiva de la respectiva Cámara, así como para intervenir en los asuntos turnados a la misma, con excepción de la materias que estén asignadas a otras comisiones.

Capítulo Cuarto De las Atribuciones de las Comisiones

^{Artículo 9.}Son atribuciones de las comisiones:

Título Tercero De la Mesa Directiva, de los Diputados Integrantes y de la Secretaría Técnica Capítulo Primero De La Mesa Directiva

^{Artículo 10.}La mesa directiva es el órgano que dirigirá y coordinará las reuniones de trabajo de la comisión.

Artículo 11. Corresponde a la mesa directiva, bajo la autoridad del presidente:

^{Artículo 12.}Corresponde al presidente:

^{Artículo 13.}Corresponde a los secretarios:

Capítulo Segundo De Los Diputados Integrantes

^{Artículo 14.}El número de diputados integrantes de la comisión no podrá exceder de treinta.

Artículo 15. Son derechos de los diputados integrantes:

Artículo 16. Son obligaciones de los diputados:

Capítulo Tercero De la Secretaría Técnica

^{Artículo 17.}La comisión contará con una Secretaría Técnica que estará bajo la dirección del presidente, a la cual le corresponde:

Título Cuarto Del Procedimiento de Trabajo en la Comisión Capítulo Primero De las Reuniones de Trabajo

^{Artículo 18.}La comisiones se reunirán en sesión por lo menos una vez al mes.

Artículo 19. Las reuniones de trabajo de la comisión podrán ser públicas o privadas. Las reuniones serán privadas cuando por la naturaleza de los temas a tratar, la mesa directiva así lo acuerde, y preferentemente no deberán sesionar los días que exista sesión del pleno, a menos que se trate de un asunto urgente.

Artículo 20. La convocatoria respectiva para la reunión de trabajo deberá hacerse llegar a los diputados integrantes, cuando menos con cuando menos con veinticuatro horas de anticipación durante los periodos de sesiones o de cuarenta y ocho horas de anticipación en los recesos, ésta deberá ser firmada por el presidente. Asimismo, se fijará el orden del día en los estrados de la respectiva Cámara.

A la convocatoria se adjuntarán los documentos que se analizarán, discutirán y, en su caso, se aprobaran en la reunión de trabajo respectiva.

Artículo 21. Las reuniones de trabajo de las comisiones y comités necesariamente deben ser realizadas dentro del recinto de la Cámara respectiva y nunca fuera de él.

Artículo 22. Las reuniones de trabajo se desarrollarán de conformidad al orden del día. Se desahogarán, de igual manera, los asuntos con carácter de urgente o extraordinario que así sean aceptados por la comisión.

Artículo 23. Se requiere de la asistencia de la mitad más uno de los diputados integrantes para efectuarse la reunión de trabajo.

Alguno de los secretarios pasará lista de presentes al inicio de la reunión de trabajo, en caso de no existir quórum al que se refiere el párrafo anterior, lo informará al presidente, quien deberá declarar la inexistencia del quórum y citar a los presentes y ausentes el día y hora que considere pertinente en atención a los asuntos a tratar.

Artículo 24. Se tendrán por notificados de la fecha y hora de la reunión de trabajo siguiente los diputados integrantes de la comisión que se encuentren presentes en la que no se haya podido llevar a cabo por falta de quórum, no siendo necesario notificarles nuevamente por escrito.

En las reuniones de trabajo en las que haya el quórum suficiente para la celebración de la misma, el secretario técnico de la comisión deberá levantar acta de la reunión.

Sólo en los casos en que se deban celebrar reuniones cuyo objeto sea obtener información de algún grupo o institución, se podrán llevar a cabo reuniones de trabajo sin necesidad de integrar quórum y no serán contabilizadas las inasistencias para los efectos de las sanciones respectivas. Lo anterior previo acuerdo de la mesa directiva.

Artículo 25. Las reuniones de trabajo a las que asistan servidores públicos o personas que por razón de su oficio, ocupación o profesión posean conocimientos o información útiles para el desarrollo de los trabajos de la comisión, se desahogaran conforme al procedimiento y formato aprobados por los diputados integrantes.

A los invitados se les dará un trato respetuoso y las intervenciones o interrogantes que formulen los diputados integrantes deberán apegarse al motivo o asunto sobre el que la comisión requirió información.

Artículo 26. De cada reunión de trabajo se levantará el acta correspondiente, la cual deberá contener:

Capítulo Segundo De las Comparecencias

^{Artículo 27.}Las comisiones podrán invitar, en términos de lo que dispone la Ley Orgánica y el Reglamento, a servidores públicos de la administración pública federal o expertos en alguna materia o asunto, cuando en el seno de la comisión, se esté ventilando un asunto relacionado con su respectiva competencia.

Artículo 28. La comisión, previo acuerdo de sus integrantes, elaborará un formato para el desarrollo de las comparecencias en el que constará el día, la hora, el lugar y los tiempos de intervención de los miembros de las comisiones, respetando la equidad y la igualdad de oportunidades en las intervenciones.

Artículo 29. El formato deberá ser conocido por los miembros de la comisión, cuando menos con veinticuatro horas de anticipación durante los periodos de sesiones o de cuarenta y ocho horas de anticipación en los recesos antes de la celebración de la misma, en la que se especificará el tiempo de intervención de cada diputado y el orden en que habrán de intervenir.

También, señalará el tiempo que habrá de intervenir el servidor público o las personas expertas que comparezcan ante la comisión que tengan relación y conocimiento en la materia o asunto que este tratando la comisión.

Capítulo Tercero Del Orden del Día

^{Artículo 30.}Los asuntos a tratar en las reuniones de trabajo de la comisión se listarán en el orden del día conforme a la siguiente preferencia:

^{Artículo 31.}Los dictámenes recaídos a las iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo que se presenten a discusión en la comisión, deberán atender preferentemente, al orden de prelación en que fueron turnados por la Presidencia de la Mesa Directiva.

Capítulo Cuarto De las Deliberaciones

^{Artículo 32.}Las iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo, y demás asuntos que sean turnados a la comisión, se discutirán primero en lo general y después en lo particular en cada uno de sus artículos.

Artículo 33. Las iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo y demás asuntos turnados deberán distribuirse a los diputados integrantes con cuando menos veinticuatro horas de anticipación durante los periodos de sesiones, o de cuarenta y ocho horas de anticipación en los recesos a la reunión de trabajo en la que se someterá a su discusión, salvo dispensa de dicho trámite por la mayoría de los diputados.

Artículo 34. El presidente durante las deliberaciones de la comisión concederá el uso de la palabra a los diputados integrantes que así lo hubiesen solicitado previamente.

Artículo 35. Las intervenciones deberán ser personalmente, de viva voz, en forma respetuosa, concisa y clara, con la limitante de ceñirse exclusivamente al tema que se discute, misma que no excederá de diez minutos, salvo acuerdo en contrario por la mesa directiva.

Artículo 36. Ningún diputado integrante podrá ser interrumpido cuando se encuentre en uso de la palabra, salvo por el presidente para exhortarlo a que se atenga al tema de discusión, llamarlo al orden cuando ofenda a la comisión, a alguno de los diputados integrantes o al público asistente.

Artículo 37. Los diputados integrantes podrán solicitar moción del orden, contestaciones por alusiones personales o rectificaciones de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica y en el Reglamento.

Artículo 38. Agotada la deliberación del tema, el presidente preguntará a los diputados integrantes presentes, sí el asunto se encuentra suficientemente discutido, en cuyo caso, se cerrará el debate y llamara de inmediato a votación.

Artículo 39. Para que la comisión pueda adoptar acuerdos o resoluciones, al momento de la votación, deberá contar con la presencia de más de la mitad de sus integrantes.

Capítulo Quinto De las Votaciones

^{Artículo 40.}Para que la comisión pueda aprobar acuerdos y dictámenes, deberá contar necesariamente con el quórum establecido en este Reglamento.

Artículo 41. La comisión adoptará sus resoluciones por medio de votaciones. Las votaciones podrán ser nominales o económicas. Todas las resoluciones se adoptarán por mayoría de votos de los diputados integrantes presentes en la reunión de trabajo respectiva.

Artículo 42. Se someterán a votación nominal:

^{Artículo 43.}La votación nominal se efectuará bajo la siguiente forma:

^{Artículo 44.}Podrá pasar lista al principio cualquier integrante que no pueda permanecer en la reunión de trabajo por causas de fuerza mayor, sin embargo, para el cómputo de la votación, únicamente se tomarán en cuenta los votos de los integrantes que se encuentren presentes, previa verificación de la existencia del quórum necesario.

Artículo 45. Para realizar la votación económica alguno de los secretarios manifestará lo siguiente: ``Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los diputados integrantes si están en pro o en contra de la propuesta sometida a su consideración''.

Por su parte, los diputados integrantes deberán levantar la mano para manifestar su determinación, primero los que estén en ``pro'' y enseguida los que estén ``en contra''.

Artículo 46. Los diputados integrantes que disientan de la resolución adoptada podrán expresar su parecer por escrito firmado como voto particular cuando así lo estimen necesario. El voto emitido como voto particular formará parte del dictamen final, integrándose al mismo para los efectos del trámite correspondiente ante el Pleno de la respectiva Cámara.

En ningún caso los votos particulares dejarán de formar parte del dictamen de la comisión. El presidente de la comisión y el secretario técnico vigilarán el cumplimiento de esta disposición.

Título Quinto De los Dictámenes

^{Artículo 47.}Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva del Pleno de la respectiva Cámara turne a la comisión, exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones por las que dicho asunto en cuestión se aprueben, desechen o modifiquen.

Artículo 48. Todo dictamen deberá ser dirigido a la Honorable Cámara de Diputados o Senadores, según corresponda, en hojas membretadas que contengan la leyenda de la comisión o en su caso, la de las comisiones unidas de las cuales se forme parte.

Artículo 49. Todo dictamen estará compuesto de cuatro partes fundamentales: un preámbulo, los antecedentes, los considerandos y los puntos resolutivos. Deberá estar debidamente fundado y motivado en el que se expresen las razones en que se funde, las modificaciones que en su caso se hayan realizado, concluyendo en todo caso, con proposiciones claras y sencillas que puedan someterse a votación.

Artículo 50. El preámbulo deberá contener la mención del asunto en estudio, el emisor del mismo, en su caso grupo parlamentario al que pertenece, así como la fundamentación legal de la competencia de la comisión para conocer del asunto.

Artículo 51. Los antecedentes deberán contener los hechos, situaciones o acciones que causan u originan el asunto en dictamen.

Artículo 52. Los considerandos deberán contener la exposición clara, ordenada y concisa de los argumentos por los cuales se aprueba, desecha o modifica la proposición o iniciativa. Así como la fundamentación y motivación de los mismos, en las leyes aplicables.

Artículo 53. Los puntos resolutivos deberán expresar el sentido del dictamen, mediante proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.

Artículo 54. Los dictámenes deberán contar con la firma de la mayoría de los integrantes. Los diputados que disientan del contenido pueden suscribir el dictamen agregando la leyenda ``en contra'' o ``en abstención''. De igual forma, podrán expresar la reserva de artículos que así consideren o bien podrán anunciar la presentación de un voto particular.

Título Sexto De las Comisiones Unidas

^{Artículo 55.}Las comisiones podrán reunirse con otras cuando el asunto en estudio o la recepción de información se encuentre vinculado con la competencia de esas. Lo anterior requiere el acuerdo mayoritario de los integrantes de la comisión.

Artículo 56. Para que determinado asunto pueda dictaminarse en comisiones unidas es necesario que la Mesa Directiva del Pleno de la respectiva Cámara turne a las comisiones respectivas la correspondiente iniciativa o proposición con punto de acuerdo.

Artículo 57. Las presidencias de las comisiones unidas deberán coordinarse para la elaboración del proyecto de dictamen, considerando las opiniones, argumentos o estudios que presenten los integrantes de las mismas.

Artículo 58. El dictamen de comisiones unidas deberá estar firmado por todos los diputados integrantes presentes. Los que lo hayan rechazado podrán adherir al dictamen sus votos particulares.

Artículo 59. Habrá quórum en comisiones unidas estando presentes la mitad más uno de los miembros de las comisiones.

Artículo 60. El dictamen que aprueben las comisiones unidas deberá ser uno solo, aprobado por el voto mayoritario de los diputados presentes. Cada diputado tendrá derecho a un voto sin importar su pertenencia a dos o más comisiones.

Titulo Séptimo De la Información

^{Artículo 61.}La información o correspondencia dirigida al presidente o la comisión y que tenga relación con la misma, deberá hacerse del conocimiento de los miembros de la comisión.

Artículo 62. La información que provenga de la administración pública o de los órganos jurisdiccionales deberá hacerse del conocimiento de los diputados miembros y previo acuerdo de los mismos, a los medios de comunicación social.

Título Octavo Disposiciones Complementarias

^{Artículo 63.}Todo lo no previsto en el presente Reglamento se regirá según el acuerdo de los integrantes de la comisión, siempre y cuando lo que decidan esté de acuerdo con la Ley Orgánica, el Reglamento Interior u otro ordenamiento aplicable al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Transitorios

^Primero.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Segundo. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1 Artículo 39, numeral 1, Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 2 La duración de los comités varía de conformidad con el acuerdo por el que se formaron. 3 Mora Donnato, Cecilia Judith, Las comisiones parlamentarias de investigación como órganos de control político , Cámara de Diputados, LVII Legislatura, Comité de Biblioteca e Informática-UNAM, México, 1998, páginas 49 y 50. 4 Artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 5 De acuerdo con la Constitución; la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 6 Citado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Políticas públicas y gestión gubernamental de la administración vigente, en Reglamentos y Prácticas del Congreso de la Unión. 7 Ortiz Arana, Fernando, y Onosandro Trejo Cerda, El procedimiento legislativo mexicano , México, Editorial SISTA, 2005, página 84.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria ytúrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Tiene la palabra el diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Jericó Abramo Masso: Con su permiso, Presidente. Con el permiso de mis compañeras diputadas y mis compañeros diputados.

De conformidad con los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta a esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, de acuerdo con la siguiente exposición de motivos:

El 30 de diciembre de 2003 fue publicado el derecho por el que se reformaba el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, eliminando la palabra internacionales del artículo en comento.

Con esta acción se estableció de manera definitiva la inclusión de todos los puentes en el territorio nacional, operados por la federación. De manera que los estados y los municipios donde se encuentran estos puentes gozarán de un fondo con la participación de un porcentaje de los ingresos de dichos puentes.

El 12 de diciembre de 1978, el Estado mexicano define la integración de los tres niveles de poder para distribuir las aportaciones y participaciones que integran de manera federativa los ingresos fiscales.

Cumpliéndose así con el sentido del Constituyente, definido en la Carta Magna, de que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación, establecida según los principios de la ley fundamental, la integración de la república en una federación de los estados libres y soberanos y el del municipio libre como cédula inicial de la nación.

La Ley de Coordinación Fiscal es el instrumento que permite la coordinación de las haciendas de la federación. A lo largo de sus reformas, en el caso específico, el artículo referido en esta iniciativa ha variado el concepto y monto del apoyo de la descentralización de los recursos fiscales.

En la reforma de 1992 se incluye a los estados y municipios en la participación de los ingresos de la federación, con 10 por ciento de los ingresos en los puentes de peaje, limitados hasta 1996.

Posteriormente, en diciembre de 1995, se modifica esta limitación para dejar la participación de los estados y municipios sin límite de tiempo en la ley. Al mismo tiempo se amplía la participación del monto de la federación, de 10 por ciento a 25 por ciento de los ingresos obtenidos por la operación de los puentes.

En julio de 2003, la reforma de este artículo elimina los puentes de peaje nacionales, al incluir el término internacional, de la participación de los estados y municipios, dejando así reducido su universo de beneficiados. Y se aumenta en el porcentaje de participación de la federación, de 25 a 50 por ciento de los ingresos de operación.

En la reforma de diciembre de 2003 la comisión dictaminadora modificó el porcentaje de participación de la federación que no venía en la iniciativa presentada, de 50 a 25 por ciento del monto total de los ingresos de operación.

Como puede observarse en estas reformas, que se insertan en el marco de la coordinación fiscal, tanto el universo como el monto han venido siendo modificados de acuerdo a las distintas posiciones de los proponentes y de acuerdo a las entidades comprometidas.

La base de esta iniciativa que presento es el fortalecimiento del gasto federativo. Es decir, ante las nuevas realidades y paradigmas de la reforma del Estado, se hace más necesario establecer como premisa de la política fiscal a la distribución de estos ingresos para fortalecer a las entidades federativas, así como a los municipios del país.

Es por esto que propongo la eliminación del sentido casuístico para darle un sentido definitivo a este ingreso para las entidades federativas y municipales. El establecimiento de un fondo de participaciones de ingresos, sujeto al espíritu que define el artículo 1º de esta ley, permitiría dar el sentido a la federalización de los ingresos de la administración pública federal, que tiene ya establecida esta ley, y que se sumaría al resto de los fondos de participación que actualmente existen.

Se ha presentado en esta soberanía un cúmulo de iniciativas que, desde las diferentes legislaturas, se han expresado para aumentar el monto de las participaciones a la federación en este artículo, es decir, si revisamos desde la última reforma de 2003, se ha demostrado que no es suficiente el monto de 25 por ciento de los ingresos brutos que reciben, de la federación, los estados y municipios por la operación de los puentes de peaje.

A esto debemos agregar, a favor de esta propuesta, que en los convenios que firman las entidades federativas y los municipios todavía se reduce este monto. Al tomar como base este 25 por ciento... sólo 50 por ciento de los ingresos de operación y una vez deducido el IVA... contradiciendo al propio artículo vigente de esta ley, que establece 25 por ciento del total de los ingresos brutos por operación de los puentes de peaje.

En esta iniciativa se propone ampliar el porcentaje de participación de la federación a 40 por ciento del total de los ingresos por operación, una vez descontado el IVA. Con esto se elimina la discrecionalidad que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público venía aplicando en la definición del porcentaje de participación de la federación, que se observa en todos y cada uno de los convenios firmados hasta este momento.

Por lo anterior, desde esta tribuna exhorto a todos los legisladores del Congreso de la Unión, de esta LX Legislatura, a que demos sentido a una verdadera reforma del Estado, con la premisa del fortalecimiento de la federación, que es la unión de soberanías bajo una ley suprema.

Por lo anterior, presento a esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, de conformidad con lo siguiente:

Artículo Único. Se reforma y modifica el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 9-A. La federación, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará, a través de un fondo de participación por los ingresos, a los estados y municipios en donde existan puentes de peaje operados por la primera, hasta 40 por ciento de los ingresos brutos totales que obtenga por la operación del puente de peaje de que se trate, una ves deduciendo el impuesto al valor agregado.

La participación federal se distribuirá como sigue: municipios 50 por ciento y estados 50 por ciento. Las aportaciones al fondo de los estados y municipios o, cuando así lo acuerden ambos, serán de 20 por ciento del monto de la participación que entregue la federación a dicho fondo.

Este fondo será auditado por la federación y las legislaturas locales a través de su contador mayor de Hacienda y concentrado en la Tesorería de la Federación. Los montos que resulten de dicha distribución serán ejercidos de manera independiente por los estados y los municipios, y únicamente cuando así se acuerde por ambos, se ejercerá de manera conjunta sin menoscabo de sus respectivas obligaciones.

Estos recursos deberán destinarse a construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad de aquellos municipios donde se ubiquen dichos puentes o, en su caso, a la realización de obras de infraestructura o gastos de inversión. En ningún caso deberá destinarse a gasto corriente.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregará, a partir del inicio del año fiscal correspondiente, la participación federal al fondo, mediante dos exhibiciones mensuales. El estado y el municipio se obligan a cubrir sus respectivas aportaciones en las fechas que se establezcan.

El ejercicio de este fondo federal se sujetará a la legislación y normatividad vigente aplicable. La federación, los estados y los municipios establecerán las condiciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de las partes, así como los procedimientos para la entrega, comprobación del ejercicio e informes de las obras que se ejecutarán a través de este fondo.

Para que un municipio donde exista un puente, o varios, pueda ser sujeto de participación de estos fondos, deberá acreditar un nivel recaudatorio de al menos 50 por ciento más 1 de la recaudación potencial de su impuesto predial en el año inmediato anterior a la aplicación de este fondo. En su defecto podrá convenir un acuerdo de mejora recaudatoria de la hacienda pública local con la federación, para poder aplicar la creación de estos fondos en el ejercicio fiscal siguiente, siempre y cuando cumpla el requisito recaudatorio señalado con anterioridad.

En el caso de que el nivel recaudatorio, una vez recibidos estos recursos, se encuentre por debajo de 50 por ciento, la cantidad que se aplica se verá reducida de manera proporcional a la disminución porcentual de nivel recaudatorio. Si al inicio del siguiente año fiscal el municipio se halla en este supuesto, no será sujeto de este fondo hasta cumplir nuevamente con el nivel recaudatorio exigido y hasta el próximo ejercicio fiscal.

Transitorios. Artículo Primero. La presente iniciativa entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Para el ejercicio presupuestal del año en curso, la federación, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, seguirá entregando las aportaciones de conformidad con los convenios signados con estados y municipios, siendo hasta el 1 de enero del año del inicio del siguiente ejercicio presupuestal cuando sea aplicada esta reforma.

Siendo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 5 de septiembre de 2007, un servidor, Jericó Abramo Masso, presenta esta iniciativa.

Compañero Presidente, solicito que se integre al Diario de Debates mi participación. Y, de conformidad con el artículo 92, quisiera que se me permitiera presentar la exposición de motivos a la comisión dictaminadora, a sabiendas que dicho artículo me permite presentar y exponer libremente mi parecer sobre el asunto en estudio; pero sí quisiera ser enfático de la importancia de que las comisiones escuchen de manera específica al proponente. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI

De conformidad con los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos; el de la voz, diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó a esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, de acuerdo a la siguiente

Exposición de Motivos

El 30 de diciembre de 2003, fue publicado el decreto por el que se reformaba el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, eliminando la palabra ``Internacionales'' del artículo en comento. Con esta acción se estableció de manera definitiva la inclusión de todos los puentes en territorio nacional, operados por la Federación, de manera de que los estados y los municipios, donde se encuentran estos puentes, gozarán de un fondo, con la participación de un porcentaje de los ingresos de dichos puentes.

El 12 de diciembre de 1978, el Estado mexicano define la integración de los tres niveles de poder, para distribuir las aportaciones y participaciones que integran, de manera federativa, los ingresos fiscales. Cumpliéndose así con el sentido del constituyente, definido en la Carta Magna que: ``es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de la ley fundamental''. La integración de la República en una Federación de estados libres y soberanos; y del municipio libre como célula inicial de la nación.

La Ley de Coordinación Fiscal es el instrumento que permite la coordinación de las haciendas de la Federación. A lo largo de sus reformas, en el caso específico del artículo referido en esta iniciativa, ha variado el concepto y monto del apoyo a la descentralización de los recursos fiscales.

En la reforma de 1992 se incluye a los estados y municipios a la participación de los ingresos de la Federación con un porcentaje del 10% de los ingresos en los puentes de peaje, limitada hasta el año 1996.

Posteriormente, en diciembre de 1995 se modifica esta limitación para dejar la participación de los estados y municipios sin limitante de tiempo en la ley. Al mismo tiempo se amplía la participación del monto de la Federación, de 10% a 25% de los ingresos obtenidos por la operación de los puentes.

En julio de 2003, la reforma a este artículo elimina a los puentes de peaje nacionales, al incluir el término ``internacional'', de la participación de los estados y municipios, dejando así reducida su universo de beneficiados. Y se aumenta el porcentaje de participación de la Federación de 25% a 50% de los ingresos de operación.

En la reforma de diciembre de 2003, la Comisión dictaminadora modificó el porcentaje de participación de la Federación, que no venía en la iniciativa presentada, de 50% a 25% del monto total de los ingresos de operación.

Como puede observarse en estas reformas, que se insertan en el marco de la coordinación fiscal, tanto el universo como el monto han venido siendo modificado de acuerdo a las distintas posiciones de los proponentes y de acuerdo a las entidades comprometidas.

La base de esta iniciativa que presento, es el fortalecimiento del gasto federativo; es decir, ante las nuevas realidades y paradigmas de la reforma del Estado, se hace más necesario establecer como premisa de la política fiscal, la distribución de estos ingresos para fortalecer a las entidades federativas así como a los municipios del país.

Es por esto que propongo la eliminación del sentido casuístico para darle un sentido definitivo a este ingreso para las entidades federativas y municipales. El establecimiento de un Fondo de Participaciones de Ingresos sujeto al espíritu que define el artículo 1º de esta ley, permitiría dar sentido a la federalización de los ingresos de la administración pública federal, que tiene ya establecida esta Ley, y que se sumaría al resto de los fondos de participación que actualmente existen.

Se han presentado en esta soberanía un cúmulo de iniciativas que, desde las diferentes legislaturas, se han expresado para aumentar el monto de participación de la Federación en este artículo. Es decir, si revisamos desde la última reforma de 2003, se ha demostrado que no es suficiente el monto del 25% de los ingresos brutos que reciben, de la Federación, los estados y municipios por la operación de los puentes de peaje. A esto debemos agregar, a favor de esta propuesta, que en los convenios que firman las entidades federativas y municipales, todavía se reduce este monto, al tomar como base de este 25%, solo el 50% de los ingresos por operación y una vez deducido el IVA, contradiciendo al propio artículo vigente de esta Ley, que establece el 25% del total de los ingresos brutos por operación de los puentes de peaje.

En esta iniciativa se propone ampliar el porcentaje de participación de la Federación a un 40% del total de los ingresos por operación, una vez descontado el IVA. Con esto se elimina la discrecionalidad que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público venía aplicando en la definición del porcentaje de participación de la Federación, mismo que se observa en todos y cada uno de los convenios firmados hasta este momento.

Por lo anterior descrito, desde esta tribuna exhorto a todos los legisladores del Congreso de la Unión de esta LX Legislatura a que demos sentido a una verdadera reforma de Estado, con la premisa del fortalecimiento de la Federación, que es la unión de soberanías bajo una ley suprema.

Por lo anterior expuesto, presento a esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 90-A de la Ley de Coordinación Fiscal, de conformidad con:

Artículo Único. Se reforma y modifica el artículo 9º-A, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 9-A. La Federación, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará, a través de un Fondo de Participación por Ingresos, a los estados y municipios en donde existan puentes de peaje operados por la primera, hasta el 40% de los ingresos brutos totales que obtenga por la operación del puente de peaje que se trate, una vez deducido el impuesto al valor agregado. La participación federal se distribuirá como sigue: municipios 50% y estados 50%. Las aportaciones al fondo, de los estados y municipios o, cuando así lo acordaren, por ambos, será en un 20% del monto de la participación que entregue la Federación ha dicho fondo.

Este fondo será auditado por la Federación, y las legislaturas locales a través de su contador mayor de Hacienda y concentrado en la Tesorería de la Federación. Los montos que resulten de dicha distribución serán ejercidos de manera independiente por el estado y el municipio, y únicamente cuando así se acuerde por ambos, se ejercerá de manera conjunta, sin menoscabo de sus respectivas obligaciones.

Estos recursos deberán destinarse a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad de aquellos municipios donde se ubiquen dichos puentes o, en su caso, a la realización de obras de infraestructura o gastos de inversión, en ningún caso deberá destinarse a gasto corriente.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregará, a partir del inicio del año fiscal correspondiente, la participación federal al fondo, mediante dos exhibiciones mensuales. El estado y el municipio se obligan a cubrir sus respectivas aportaciones en las fechas que se establezcan.

El ejercicio de este fondo federal se sujetará a la legislación y normatividad vigente aplicable. La Federación y los estados y municipios establecerán las condiciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de las partes, así como los procedimientos para la entrega, comprobación del ejercicio, e informes de las obras que se ejecutarán a través de este fondo.

Para que un municipio donde exista un puente o varios pueda ser sujeto de participación de estos fondos, deberá acreditar un nivel recaudatorio de al menos un 50% más uno de la recaudación potencial de su impuesto predial en el año inmediato anterior a la aplicación de este fondo; en su defecto, podrá convenir un acuerdo de mejora recaudatoria de la Hacienda Pública local con la Federación, para poder aplicar a la creación de estos fondos en el ejercicio fiscal siguiente, siempre y cuando cumpla con el requisito recaudatorio señalado con anterioridad.

En el caso de que el nivel recaudatorio, una vez recibidos estos recursos, se encuentre por debajo del 50%, la cantidad que se aplique se verá reducida de manera proporcional a la disminución porcentual del nivel recaudatorio. Si al inicio del siguiente año fiscal el municipio se haya en este supuesto, no será sujeto de este Fondo hasta no cumplir con nuevamente con el nivel recaudatorio exigido y hasta el próximo ejercicio fiscal.

...

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Transitorios

Artículo Primero. La presente iniciativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Para el ejercicio presupuestal del año en curso, la Federación, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, seguirá entregando las aportaciones de conformidad con los convenios signados con los estados y municipios, siendo hasta el 1º. de enero del año del inicio del siguiente ejercicio presupuestal cuando sea aplicada esta reforma.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria ytúrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL - ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se concede el uso de la tribuna al diputado Apolonio Méndez Meneses, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy 118 del Estatuto de Gobierno delDistrito Federal.

El diputado Apolonio Méndez Meneses: Con su venia, señor Presidente. Durante los últimos años, en casi todos los países del mundo nació un espíritu de lucha para conservar el medio ambiente. Esto fue por la exagerada contaminación de la tierra, el aire y los cuerpos de agua, así como por la sobreexplotación de los recursos naturales, de la flora y la fauna.

Ante esta alerta, los países con mayores recursos culturales y económicos avanzaron en forma sustancial, logrando hasta la fecha grandes avances. El tema que hoy nos ocupa se refiere a la sobreexplotación de los mantos acuíferos en México. El agua dulce con la que nos mantenemos vivos los seres humanos representa 3 por ciento de las aguas del planeta, y una gran parte de ellas se encuentra en los mantos acuíferos.

Las aguas subterráneas son las aguas que se encuentran bajo la superficie terrestre, en el interior de poros entre partículas sedimentarias y en las fisuras de las rocas más sólidas; es decir, en los acuíferos. El agua subterránea más profunda puede permanecer oculta durante miles o millones de años. No obstante, la mayor parte de los yacimientos están a poca profundidad y desempeñan un papel discreto pero constante dentro del ciclo hidrológico.

A nivel global el agua subterránea representa cerca de un tercio de 1 por ciento del agua de la tierra; es decir, unas 20 veces más que el total de las aguas superficiales de todos los continentes e islas.

El agua subterránea es de esencial importancia para la civilización, porque supone la mayor reserva de agua potable en las regiones habitadas por los seres humanos. En tiempos de sequía sirve para mantener el flujo de agua superficial, pero incluso cuando no hay escasez, el agua subterránea es preferible porque no tiende a estar contaminada por residuos o microorganismos.

El agua subterránea puede aparecer en la superficie en forma de manantiales o es extraída mediante pozos. En México se han perforado gran número de pozos que van de una profundidad de 50 a 350 metros, lo que ha originado que los niveles de agua se hayan ido abatiendo poco a poco, ya que al no haber lluvias suficientes no hay infiltración al subsuelo. Esto es, se está extrayendo más agua de la que se infiltra.

Los acuíferos reciben apreciables cantidades de agua por filtración, es así como vuelven a recargarse. Se podría pensar que si el agua usada para riego vuelve a quedar en las mismas áreas de donde se extrae, no habría ningún problema. Pero no es así debido a que una gran parte del agua se evapora, otra se va con los productos del campo y otra, en menor medida, se infiltra al subsuelo.

El agua para consumo humano es extraída por los sistemas operadores de agua potable. Esta agua es usada en los hogares e industrias y se desecha por los drenajes. En algunos casos es tratada y vuelta a usar en la agricultura o es desechada en los ríos y llevada al mar.

Con las aguas industriales ocurre lo mismo que con las aguas domésticas, con la diferencia de que buen número de las industrias cuentan con plantas tratadoras. Pero al no haber redes de agua limpia, éstas se van a mezclar con las aguas que vienen en los drenajes de uso común o son arrojadas a arroyos, canales, ríos o lagos.

En los tres casos descritos el agua se extrae en un lugar y se va a depositar en otro. Esto no sería problemático si el agua extraída se recuperara por medio de la infiltración en época de lluvia, ya que existiría un equilibrio y la cuenca respectiva no sufriría agotamiento.

Las repercusiones más evidentes son los graves hundimientos de la tierra, ya que al extraer el agua del subsuelo se van quedando huecos, que al no ser cubiertos nuevamente por el agua, provocan un reacomodo en la tierra que deja importantes hundimientos que dañan las estructuras urbanas.

Pero los hundimientos no es lo único. En México la crisis del agua no es un tema de futuro, sino que se convirtió ya en un obstáculo para el crecimiento del país y amenaza con causar una ola mayor de migración interna.

El deterioro de los mantos acuíferos comenzó a afectar la producción en el norte del país, donde se encuentra el mayor dinamismo de la economía. A la tasa actual de deterioro, el crecimiento, y por tanto la reducción de la pobreza, ya es insostenible.

El Banco Mundial aseguró, en un documento, que México tiene críticos y urgentes problemas relacionados con el agua, que incluyen la sobreexplotación y contaminación de mantos acuíferos, tanto en la superficie como subterráneos, en las más importantes regiones del país, en términos de población y contribución al producto interno bruto (PIB).

Se han hecho varios intentos por parte de todos los grupos parlamentarios y consta en los Diarios de los Debates, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, pero estas propuestas se han considerado en forma aislada y yo creo que será momento de considerarlo por todos de una manera integral.

En la legislación en materia de agua no existe obligatoriedad para recargar los mantos acuíferos con el agua de lluvia. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el título quinto, referente a los estatutos de la federación y al Distrito Federal, en el artículo 115, dice: Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

Aquí cabe la misma observación que en las otras leyes. Se responsabiliza al municipio de ofrecer el servicio de agua potable, pero no hay ningún responsable de la recarga del acuífero. Esto es, puede extraerse el agua y brindarla a la población. Pero quién cuida que el agua de lluvia, deshielo o desborde se quede en el mismo acuífero como reserva para el uso cotidiano.

Las leyes analizadas no contemplan la recarga de acuíferos con agua excedente. Sin embargo, en varios estados se están haciendo trabajos muy serios para la conservación del agua de lluvia.

Específicamente en lugares como Oaxaca, Guanajuato, Durango, Coahuila y aquí en el Distrito Federal la Ley de Obras Públicas o algunos constructores están captando el agua de lluvia de los edificios o casas y la están llevando al acuífero por medio de pozos de infiltración.

Concluiría con lo siguiente. La modificación que yo propongo es que en el artículo 115 se agregue, en la fracción III, lo siguiente. Quedaría en esta forma:

III. Los municipios tendrá a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales ---y agregar---, y recarga de acuíferos con agua de lluvia.

En el estatuto de gobierno del Distrito Federal, en la fracción VIII, diría:

VIII. Agua potable, drenaje, tratamiento de aguas residuales y recarga de acuíferos con agua de lluvia.

El transitorio diría: La presente reforma y adición entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El que nosotros llegásemos a analizar y a pasar esta propuesta implicaría que el trabajo de la recarga de los acuíferos se distribuyera en todo el país, y le diéramos facultad a los dos mil cuatrocientos treinta y tantos municipios a que, aguas arriba, en las partes altas, ayuden a captar el agua de lluvia, que es limpia, aunque venga con tierra, con ciertas impurezas, pero se quede en el lugar en donde es caída de las nubes. Les agradezco su atención. Gracias.

«Iniciativa que reforma los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 118 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, a cargo del diputado Apolonio Méndez Meneses , del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Apolonio Méndez Meneses , diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en uso de la facultad que me confiere la fracción II del artículo 71, así como el inciso a) del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento a la consideración de ésta Cámara, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 115, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 118, fracción VIII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal en razón de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante los últimos años en casi todos los países del mundo, nació el espíritu de lucha para conservar el medio ambiente. Esto fue por la exagerada contaminación de la tierra, el aire y los cuerpos de agua, así como por la sobre explotación de los recursos naturales, de la flora y la fauna. Ante esta alerta, los países con mayores recursos culturales y económicos, avanzaron en forma sustancial logrando, hasta la fecha, grandes avances.

El tema que hoy nos ocupa se refiere a la sobreexplotación de los mantos acuíferos en México. El agua dulce con la que nos mantenemos vivos los seres humanos representa el 3% de las aguas del planeta y una gran parte de ellas se encuentra en los mantos acuíferos.

Las aguas subterráneas son las aguas que se encuentran bajo la superficie terrestre en el interior de poros entre partículas sedimentarias y en las fisuras de las rocas más sólidas, es decir, en los acuíferos. El agua subterránea más profunda puede permanecer oculta durante miles o millones de años. No obstante, la mayor parte de los yacimientos están a poca profundidad y desempeñan un papel discreto pero constante dentro del ciclo hidrológico. A nivel global, el agua subterránea representa cerca de un tercio de un 1% del agua de la tierra, es decir, unas 20 veces más que el total de las aguas superficiales de todos los continentes e islas.

El agua subterránea es de esencial importancia para la civilización porque supone la mayor reserva de agua potable en las regiones habitadas por los seres humanos. En tiempos de sequía, sirve para mantener el flujo de agua superficial, pero incluso cuando no hay escasez, el agua subterránea es preferible porque no tiende a estar contaminada por residuos o microorganismos.

El agua subterránea puede aparecer en la superficie en forma de manantiales, o es extraída mediante pozos. En México, se han perforado gran número de pozos, que van de una profundidad de 50 hasta 350 metros, lo que ha originado que los niveles de agua, se hayan ido abatiendo poco a poco, ya que al no haber lluvias suficientes, no hay infiltración al subsuelo, esto es, se está extrayendo más agua de la que se infiltra.

Los acuíferos reciben apreciables cantidades de agua por filtración, es así como vuelven a recargarse. Se podría pensar que si el agua usada para riego, vuelve a quedar en las mismas áreas donde se extrae, no habría ningún problema, pero no es así, debido a que una gran parte del agua se evapora, otra se va con los productos del campo y otra en menor medida se infiltra al subsuelo.

El agua para consumo humano, es extraída por los sistemas operadores de agua potable, ésta agua es usada en los hogares e industrias y se desecha por los drenajes; en algunos casos es tratada y vuelta a usar en la agricultura o es desechada a los ríos y llevada al mar.

Con las aguas industriales, ocurre lo mismo que con las aguas domésticas, con la diferencia, de que un buen número de las industrias cuentan con plantas tratadoras, pero al no haber redes de agua limpia, éstas se van a mezclar con las aguas que vienen en los drenajes de uso común o son arrojadas a arroyos, canales, ríos o lagos.

En los tres casos descritos, el agua se extrae en un lugar y se va a depositar en otro. Esto no sería problemático, si el agua extraída, se recuperara por medio de la infiltración en época de lluvia, ya que existiría un equilibrio y la cuenca respectiva no sufrirá agotamiento.

La repercusiones más evidentes son los graves hundimientos de la tierra, ya que al extraer el agua del subsuelo se van quedando huecos que al no ser cubiertos nuevamente por el agua provocan un reacomodo en la tierra que dejan importantes hundimientos que dañan las estructuras urbanas.

Pero los hundimientos no es el único, en México la crisis del agua no es un tema a futuro, sino se convirtió ya que en un obstáculo para el crecimiento del país y amenaza con causar una ola mayor de migración interna. El deterioro de los mantos acuíferos comenzó a afectar la producción en el norte del país, donde se concentra el mayor dinamismo de la economía. A la tasa actual de deterioro, el crecimiento --y por tanto la reducción de la pobreza-- ``ya no es sostenible''.

El Banco Mundial aseguró en un documento que ``México tiene críticos y urgentes problemas relacionados con el agua, que incluyen la sobreexplotación y contaminación de mantos acuíferos, tanto en la superficie como subterráneos en las más importantes regiones del país, en términos de población y contribución al producto interno bruto (PIB)''. Afirmó que la situación actual de pérdida y contaminación de recursos hidráulicos en el país ``claramente no es sostenible'' a mediano y largo plazos; la merma de estos recursos, junto con la de bosques y biodiversidad, asociada a los problemas del crecimiento, cuesta cada año a México 67 mil millones de dólares.

Finalmente el Banco Mundial alertó que si rápidamente no son emprendidas acciones para revertir la crisis del agua, ``la situación actual se convertirá en un obstáculo para continuar el desarrollo de la economía y tendrá grave impacto social, incluyendo el posible abandono de importantes partes del país por un número significativo de mexicanos.''

El problema de la deshidratación y la recarga de los mantos acuíferos no solo ha sido observado por el Banco Mundial es un asunto que nos afecta a todos, ello lo demuestra el intento de resolverlo por los diferentes grupos parlamentarios:

Con fecha 11 de septiembre de 2003 el senador Fernando Gómez Esparza, del grupo parlamentario del PRI propuso un punto de acuerdo en relación a los daños causados por la aparición creciente de grietas en la ciudad de Aguascalientes.

El 11 de diciembre 2003 la senadora Leticia Burgos Ochoa, solicitó mediante punto de acuerdo que se informara sobre la situación ambiental que prevalece en la localidad de Lechería, municipio de Tultitlán, estado de México.

El diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, junto con el diputado Quintín Vázquez García, presentaron el 2 de junio de 2004 en punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar las transferencias de recursos económicos por un monto de 10 millones de pesos para la elaboración de estudios técnicos necesarios para el problema de hundimientos en la ciudad de Ameca, Jalisco.

De igual forma el senador Carlos Manuel Villalobos Organista, presentó el 21 de septiembre de 2004 en punto de acuerdo por la que se solicita al Ejecutivo federal disponga lo necesario para atender la crisis agrícola que se vive en el sur de Sonora, en relación a los acuíferos de los valles del Yaqui y Mayo.

Hasta ahora los intentos han sido planteados de manera individual, pero siendo éste un problema que afecta a todos los estados de la Federación debería ser atendido de forma general.

Al analizar la legislación en la materia, esto es, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Equilibrio Ecológico, la Ley de la Reforma Agraria y la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, observamos que no existe un ordenamiento que obligue e ejercer políticas públicas destinadas a mantener y conservar los mantos acuíferos. Reconoce a los acuíferos como de utilidad pública pero no detalla una definición clara de competencias en lo que se refiere a recarga de mantos acuíferos.

La Ley de Aguas Nacionales menciona lo siguiente:

El artículo 81 dice: ``la infiltración de aguas residuales para recargar acuíferos requiere permiso de la Comisión y deberá ajustarse a las normas oficiales mexicanas que al efecto se emitan''.

La Ley de la Reforma Agraria en sus artículos 52, 53, 54, 55 sólo menciona algo sobre los usos, aprovechamiento y distribución del agua lo cual estará regido por la ley den la materia y no responsabiliza al ejidatario de recargar o hacer obras de infraestructura para conservar los acuíferos.

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, menciona los siguientes:

En el capítulo 11, artículos 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 y 133, sólo se refieren a la calidad de que debe de tener el agua para poder ser infiltrada, pero no responsabiliza a nadie para recargar los acuíferos con agua simple, esto es agua de lluvia, de deshielo o de desborde.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el título quinto, referente a los estados de la Federación y del Distrito Federal en el artículo 115 en su fracción III dice:

Aquí cabe la misma observación que en las otras leyes, se responsabiliza al municipio de ofrecer el servicio de agua potable, pero no hay ningún responsable de recarga del acuífero. Esto es, puede extraerse el agua y brindarla a la población, pero ¿quién cuida que el agua de lluvia, deshielo, desborde, etcétera, se quede en el mismo acuífero como reserva, para el uso cotidiano?

Las leyes analizadas no contemplan la recarga de acuíferos con agua excedente, sin embargo, en varios estados y desde hace varios años los gobiernos estatales han promovido y desarrollado proyectos de recarga, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, Guanajuato, Durango, Coahuila entre otros, pero estos esfuerzos han sido aislados y la prueba es que tenemos un país cada vez más seco y con grandes problemas de escasez de agua.

Los estados que ya trabajan en estos proyectos lo hacen por medio de pozos y presas de infiltración, bordos, zanjas, etcétera. Todo de acuerdo a las características propias de cada estado. Sin embargo, si esta disposición fuese de orden general, estaríamos ante la posibilidad de hacer un cambio positivo para México.

Por tanto para que la reforma constitucional sea operativa, cada dueño en su predio, tendría que retener el agua, que llueva o pase por su propiedad o ejido; el municipio, estado o Federación en los suyos.

El municipio vigilará la aplicación del mandato, para lo que expedirá cada uno su reglamento sobre el tema, facultad que le confiere la ley orgánica municipal.

La infraestructura necesaria la determinará cada municipio, según sus propias características. Se sugiere, que se luche para que el gobierno federal destine fondos especiales, para que cada municipio logre cumplir éste fin.

En el caso particular del Distrito Federal se requiere modificar el Estatuto de Gobierno, para que dicha ley confiera facultad a las delegaciones y de esta forma quede cubierto el territorio nacional en lo que se refiere al mantenimiento, conservación y recarga de los mantos acuíferos.

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71, así como en el inciso a) del artículo 122 constitucional, me permito poner a consideración del Congreso de la Unión, conducto de la Cámara de Senadores la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto por el que se adiciona texto al inciso a), fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como al artículo 118 fracción VIII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Decreto

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 115. ...

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal

Artículo 118. Para el desarrollo y bienestar social en la ciudad deberán tomarse en cuenta las siguientes materias:

Transitorios

Artículo Único. La presente reforma y adición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, señor diputado.Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y del Distrito Federal.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Se concede el uso de la tribuna al diputado Juan Carlos Velasco Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma los artículos 513 y 514 de la Ley Federal del Trabajo. Adelante, señor diputado.

El diputado Juan Carlos Velasco Pérez: A nombre de mis compañeras diputadas de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, me permito presentar la siguiente iniciativa. Aunque es una verdad recurrentemente mencionada, es cierto que a partir de la segunda mitad del siglo XX el avance que han tenido las mujeres ha sido muy significativo, al participar más ampliamente en todos los niveles de la sociedad, ocupando cada vez mejores espacios, principalmente en materia educativa y laboral, pero con esto también se han presentado nuevos retos y nuevos problemas.

La mujer se ha incorporado de lleno al campo laboral, teniendo así una doble o triple jornada, realizando labores tanto domésticas como de oficina y en funciones directivas.

La población económicamente activa está dividida en 65 por ciento de varones y el resto de mujeres, pero se prevé que en 20 años, en el caso del sector femenil, esta cifra alcance hasta 45 por ciento.

Históricamente la proporción siempre ha sido menor, pero a partir de los años ochenta se incrementó, porque cada vez se incorporan más mujeres al trabajo, principalmente en el periodo de edad comprendido entre 20 y 40 años de edad.

Eso se explica en virtud de que más mujeres tienen acceso a la educación y, por ende, se agregan en mayor medida a la fuerza laboral. Y agreguemos a esto que la necesidad económica las ha impulsado en la búsqueda de trabajo para obtener un ingreso económico, ya sea único o adicional al ingreso familiar.

La fuerza laboral femenina dentro de la población económicamente activa va en aumento, y esto nos obliga a cuestionarnos sobre la cantidad y calidad de empleos que se generan. Ante este contexto no podemos ni debemos dejar de lado el hecho de que los avances tecnológicos y científicos nos permiten diagnosticar o identificar con mayor precisión algunas enfermedades que anteriormente no estaban asociadas directamente a las actividades laborales que las mujeres realizan.

Es decir, el avance científico nos ha mostrado que algunos padecimientos de que no sabíamos su origen se encuentran asociados a actividades laborales específicas sin que formen parte de la ley y, por tanto, no son parte de la protección social básica en las relaciones laborales.

Es por lo anterior que al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional le parece importante reformar la Ley Federal del Trabajo, a fin de colocarla a la vanguardia y actualizarla en el rubro de las enfermedades del trabajo, fortaleciendo las que tienen que ver específicamente con las mujeres trabajadoras.

Esta iniciativa tiene como intención reformar la mencionada ley, en el apartado donde se encuentran reguladas las enfermedades de trabajo, para incorporar nuevos padecimientos producto de la actividad laboral que desempeñan algunas trabajadoras y algunos trabajadores en el país, y así protegerlos y darles mayor certidumbre jurídica.

De esta manera nuestro grupo parlamentario propone que sean incorporadas en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 513, las enfermedades que me permito enunciar a continuación: la lipoatrofia semicircular, cytomegalovirus, virus de la inmunodeficiencia humana, parvovirus humano B19 y toxoplasmosis.

También incorporar en el artículo 514 las correspondientes indemnizaciones, a fin de dar mayor certeza y seguridad a las mujeres y hombres que lo padezcan por el desempeño de sus actividades, refrendándonos como un país comprometido con la modernidad, con la salud, y con la justicia que reclama una sociedad equitativa e incluyente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento ante el pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 513 y 514 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de adicionar diversas enfermedades que pueden afectar a los trabajadores, principalmente a las mujeres, por el desempeño de su trabajo, y la indemnización correspondiente en caso de sufrir un accidente de trabajo.

Firman esta iniciativa las diputadas Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , Patricia Villanueva Abraján , María Beatriz Pagés Llergo Rebollar , Aracely Escalante Jasso , Yary del Carmen Gebhardt Garduza , Elda Gómez Lugo , Martha Hilda González Calderón , Juana Leticia Herrera Ale , Arely Madrid Tovilla, Lorena Martínez Rodríguez , Lilia Guadalupe Merodio Reza , Elizabeth Morales García , María Mercedes Colín Guadarrama , Mayra Gisela Peñuelas Acuña , Lourdes Quiñones Canales , Sara Latife Ruiz Chávez , María Oralia Vega Ortiz .

Solicito, señor Presidente, que la presente iniciativa se turne a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Muchas gracias, compañeros.

«Iniciativa que reforma los artículos 513 y 514 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Juan Carlos Velasco Pérez , del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe diputado federal Juan Carlos Velasco Pérez , en nombre de las diputadas federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a este Pleno la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 513 y 514 de la Ley Federal del Trabajo, para incorporar enfermedades de naturaleza laboral que afectan principalmente a las mujeres trabajadoras, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Aunque es una verdad recurrentemente mencionada, es cierto que a partir de la segunda mitad del siglo XX, el avance que han tenido las mujeres ha sido muy significativo. Se han insertado más ampliamente en todos los niveles de la sociedad, ocupando cada vez mejores espacios, principalmente en materia educativa y laboral, pero con esto también se han presentado nuevos retos y problemas.

Muchas mujeres en los últimos años se han incorporado de lleno al campo laboral, teniendo así una doble o triple jornada, realizando a la par sus labores domésticas, de oficina, directivas, jornaleras, vendedoras, maestras, entre muchos otros empleos y oficios que desempeñan hoy día.

La fuerza laboral femenina dentro de la población económicamente activa, va en aumento. La forma como se inserta esta fuerza en el mercado laboral, obliga a cuestionarnos sobre la cantidad y calidad de empleos generados, la débil protección de las mujeres en este campo, los nuevos desafíos a los que se enfrentan, como las enfermedades al cambiar el rol de actividades y la discriminación que desdeña la capacidad y la calidad de su trabajo.

La incorporación de las mujeres al mercado laboral es una tendencia irreversible, y aunque no tienen las mejores condiciones, el trabajo les da reconocimiento social y la posibilidad de que sus hijos tengan mayores niveles de educación y una mejor calidad de vida.

En el país, la población económicamente activa está dividida en 65 por ciento hombres, y el resto mujeres, pero se prevé que en veinte años, en el caso del sector femenil, esta cifra alcance hasta 45 por ciento.

Históricamente, la proporción siempre ha sido menor, pero a partir de los años ochenta se incrementó, porque cada vez se incorporan más mujeres al trabajo, principalmente en el período de edad comprendido entre los 20 y 40 años.

Esto se explica, en virtud de que más mujeres tienen acceso a la educación y, por ende, se agregan en mayor medida a la fuerza laboral; asimismo, la necesidad económica las ha impulsado en la búsqueda de trabajo para obtener un ingreso económico, ya sea único o adicional al familiar. Esta labor, además, contribuye a que el hombre trabaje en mejores condiciones de salud. No obstante, esta tendencia comienza a bajar después de los 45 años, de modo que en la tercera edad hay más hombres económicamente activos.

Ante este contexto, no podemos ni debemos dejar de lado el hecho de que los avances tecnológicos y científicos nos permiten diagnosticar o identificar con mayor precisión algunas enfermedades que anteriormente no estaban asociadas directamente a las actividades laborales que las mujeres realizan. Es decir, el avance científico nos ha mostrado que algunos padecimientos que no sabíamos cual era su origen, se encuentran asociados a actividades laborales específicas, sin que formen parte de la Ley y, por lo tanto, no son parte de la protección social básica en las relaciones laborales.

Es por lo anterior, que al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional le parece importante reformar la Ley Federal de Trabajo, a fin de colocarla a la vanguardia y actualizarla en el rubro de las enfermedades del trabajo, fortaleciendo las que tienen que ver específicamente con las mujeres trabajadoras.

Esta iniciativa tiene como intención, reformar la mencionada Ley en el apartado donde se encuentren reguladas las enfermedades de trabajo, para incorporar nuevos padecimientos producto de la actividad laboral que desempeñan algunas trabajadoras y trabajadores en el país, y así protegerlos y darles mayor certidumbre jurídica.

De esta manera, el Grupo Parlamentario del PRI propone que sean incorporadas en la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 513, las enfermedades que me permito enunciar a continuación:

Es necesario incorporar las anteriores enfermedades al cuadro que contempla el Artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, para dar mayor seguridad sobre todo a las mujeres que los padezcan por el desempeño de sus actividades, refrendándonos como un país comprometido con la modernidad, con la salud y con la justicia que reclama una sociedad equitativa e incluyente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento ante el pleno de esta soberanía la

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 513 y 514 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de adicionar diversas enfermedades que pueden afectar a los trabajadores, principalmente a las mujeres, por el desempeño de su trabajo, y la indemnización correspondiente en caso de sufrir un accidente de trabajo.

Artículo Único. Se reforman el artículo 513, modificando el numeral 138, adicionando los numerales 139, 140, 141 y 148, y recorriendo los numerales; y reforma el artículo 514, adicionando los numerales 399, 400, 408 y 409, recorriendo los numerales, ambos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 513. Para los efectos de este Título la Ley adopta la siguiente Tabla de Enfermedades de Trabajo.

Tabla de Enfermedades de Trabajo

Enfermedades producidas por el contacto con productos biológicos

Enfermedades producidas por factores mecánicos y variaciones de los elementos naturales del medio de trabajo

Artículo 514. Para los efectos de este Título, la Ley adopta la siguiente:

Tabla de Valuación de Incapacidades Permanentes

Miembro superior Pérdidas

Miembro inferior Pérdidas

Aparato genito-urinario

Columna vertebral

Clasificaciones diversas

409. Por la malformación o pérdida del producto que sean resultado de algún accidente o riesgo de trabajo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100% Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señor diputado.Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 1, 2, 6, 8, 14, 35, 40, 41, 42, 48 y 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Equidad y Género fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa presentada por la diputada Lourdes Quiñones Canales , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y suscrita por la diputada Araceli Escalante Jasso, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La Comisión de Equidad y Género, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. Antecedentes

En sesión celebrada con fecha 8 de marzo de 2007 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la diputada Lourdes Quiñones Canales , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y suscrita por la diputada Araceli Escalante Jasso, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman diversas disposiciones de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Equidad y Género para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido de la iniciativa

En el texto de la iniciativa menciona la diputada que a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia despertó polémica y posiciones muy diversas entre quienes reconocen la violencia y discriminación que sufrimos las mujeres y entre los que se niegan a ver la realidad y cuyas ``buenas conciencias'' se encuentran dominadas por pruritos, prejuicios y concepciones oscurantistas.

La promovente acota que, en primer término, es menester aclarar que esta ley cumple una función fundamental: orientar la conducta. Es decir, deja en claro que no es normal ni natural ejercer violencia contra una mujer que por el hecho mismo de serlo, lo cual es importante si analizamos las cifras de mujeres violentadas, es decir, lo que busca en primer término es crear conciencia de la gravedad de la violencia contra las mujeres.

La iniciadora argumenta que la ley es imperfecta de acuerdo con la doctrina, no porque sea mala o deficiente sino porque no considera sanciones, y no las considera porque es precisamente una ley preventiva y orientadora de conductas, que lo que busca es en primer término crear conciencia de la gravedad de la violencia contra las mujeres, así como mandatar acciones concretas a los poderes del Estado en sus distintos niveles de gobierno y sus instituciones, sienta las bases para que se legisle en un mismo sentido y para crear políticas transversales que permitan impulsar estrategias a nivel nacional, de ahí la creación del ``sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres''.

Argumenta la diputada que en el pasado y hasta hace muy pocos años, por ejemplo, en algunos estados, la sanción por el robo de una vaca era mayor que la sanción por violar a una mujer o a una niña. Esta ley pretende evitar tales situaciones, ya que al describir perfectamente la conducta punible a nivel federal, obliga a que el DF y las entidades federativas legislen en ese sentido.

Señala como ejemplo de avances importantes el que la Secretaría de Gobernación puede emitir alertas de violencia y que considera resarcir el daño por parte del Estado mexicano, de acuerdo con los parámetros establecidos en los instrumentos internacionales que México ha firmado, al fin dejarán de ser letra muerta.

Además, señala la diputada que la aseveración de que la ley tiene deficiencias que van en contra de la Constitución, como es el caso de las facultades que se otorgan a la Secretaría de Gobernación para declarar ``un estado de excepción'', que actualmente es atribución del Congreso, lo cual resulta ser falso, ya que el artículo 42 de la ley en cuestión, en su fracción I, faculta a la secretaría para declarar la ``alerta de violencia de género contra las mujeres'', que no es lo mismo que declarar un ``un estado de excepción'', que consiste en suspender las garantías individuales, mandatado por el artículo 29 constitucional, por lo que estima que no se aplica al caso de la ley, ya que las y los legisladores cumplieron cabalmente su labor legislativa.

Concluye que la ley en comento es perfectible y hemos de reconocer que es necesario para no incurrir en ninguna omisión, contradicción o laguna en el ámbito de competencia de la ley incluir el Distrito Federal en el cuerpo de ella y, por otro lado, la iniciadora se refiere a que en el artículo sexto señala como un tipo de violencia el desamor, concepto que por ser subjetivo debe ser eliminado. Si el amor no está legislado, el desamor no puede ser un delito sino sus manifestaciones violentas y denigrantes, como el maltrato, la indiferencia, la restricción económica, las burlas y las ofensas acerca del físico o las descalificaciones.

Asevera la promovente que en sentido estricto la ley sí invade la vida sentimental de la pareja, porque cualquier relación, aunque sea privada de la índole que se trate, sentimental o no, cuando atenta contra los derechos humanos, si es contraria a derecho en ese momento se convierte en asunto público, por ello la función de la ley es ordenar y regular la vida en sociedad, y esta ley da la pauta para hacerlo, a partir de realidades. Nadie puede decir que los gritos, los insultos, la violencia económica, la celotipia, el daño psicológico, las amenazas, los golpes, los feminicidios y la discriminación son un invento del legislador y que en la vida cotidiana esto no sucede, por ello la ley era necesaria, pues era una deuda pública con las mujeres mexicanas, una necesidad postergada y un logro importante, el cual será siempre objeto de aporte y perfeccionamiento por parte de las legisladoras y los legisladores, tanto en la presente como en las posteriores legislaturas.

Finalmente, la propuesta de iniciativa contiene el siguiente proyecto de decreto:

Primero. Se agrega el Distrito Federal a los artículos 1, 2, 8, 14, 35 y 40; a las fracciones IX del artículo 41, IV del artículo 42 y II del artículo 48; y al artículo 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar de la siguiente manera:

Segundo. Se elimina la palabra ``desamor'' del artículo sexto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar de la siguiente manera:

Transitorios

Primero. Quedará sin efecto cualquier disposición que se ponga (sic) al presente ordenamiento.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. La reglamentación y normatividad en la materia deberán adecuarse en un plazo no mayor de 30 días, una vez publicado el presente decreto.

III. Consideraciones

La comisión dictaminadora expone la siguiente valoración de la iniciativa:

Es relevante señalar que en el marco de la lucha por el reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres en México, ha tenido numerosos avances con la firma y ratificación de instrumentos internacionales sobre la materia, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su Protocolo Facultativo; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará); la Plataforma de Acción de Beijing; la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Mujer y la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo, entre otros.

Esta dictaminadora considera la necesidad de homologar la legislación en la materia, para evitar confusiones o menoscabos en la aplicación de la norma y que represente un detrimento a los derechos de las mujeres.

En ese sentido, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene como objetivo proteger el derecho de las mujeres y las niñas a vivir una vida libre de violencia, estableciendo las bases de coordinación para la prevención, protección y asistencia a las mujeres y niñas con la finalidad de erradicar la violencia que se ejerce contra ellas, el trabajo de coordinación atendiéndose desde la perspectiva de todos los niveles de gobierno, es decir, incluye el gobierno federal, estatal, municipal y el Distrito Federal.

Es menester señalar que la ley de merito establece la obligación del Estado para realizar las acciones necesarias, contundentes y definitivas tendientes a erradicar la violencia de género, y señala que éste debe garantizar la seguridad e integridad de las víctimas mediante el otorgamiento de órdenes de protección y la intervención policial correspondiente, en los casos de violencia familiar, los tipos de violencia que se ejerce en contra las mujeres y que contempla la ley de manera integral, las enumera en sicológica, física, patrimonial, económica, sexual y cualesquiera otras que lesionen o dañen su dignidad, integridad o libertad.

La violencia familiar al marco de lo que establece la Ley, se contextualiza como el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, sicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantenga o hayan mantenido una relación de hecho.

Además, el propio ordenamiento establece la obligación de los Poderes Legislativos federal y locales, de tipificar el delito de violencia familiar, además de establecerla como causal de divorcio, de pérdida de la patria potestad y de restricción para el régimen de visitas, así como el impedimento para la guarda y custodia de niños y niñas.

Es importante establecer que los lineamientos y mecanismos para la asistencia y atención a las víctimas, señala que los deberes de las autoridades en todos los niveles de gobierno, incluyendo el Distrito Federal, a fin de prestar todo tipo de asistencia a las víctimas de violencia familiar, estipulando un programa integral que distribuye las competencias y obligaciones para que todos los niveles del Estado, garanticen la seguridad e integridad de las víctimas.

Por ello, esta dictaminadora coincide con la iniciadora ya que es congruente y acorde en el sentido de que la ley debe ser incluyente del Distrito Federal para que en el ámbito de sus atribuciones armonice las acciones que estén dirigidas al acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia, ya que la legislación obliga al Estado a destinar recursos suficientes para enfrentar la violencia contra las mujeres, así como la obligación de los Congresos locales a legislar en la materia; ello con el objetivo de que las autoridades garanticen mediante políticas gubernamentales, la atención, sanción y erradicación de la violencia desde el municipio hasta la federación, incluyendo al Distrito Federal.

La importancia de que sea incluyente del Distrito Federal en el marco de la legislación, es a partir de que en la misma se establece un Programa Integral de Asistencia, Protección y Erradicación de la Violencia contra Mujeres y Niñas, cuyas acciones están encaminadas a difundir el conocimiento y fomentar el respeto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; a prevenir y erradicar las conductas estereotipadas de hombres y mujeres, impulsar la capacitación del personal encargado de la procuración e impartición de justicia, así como de quienes están a cargo de la aplicación de las políticas públicas en la materia, y suministrar asistencia especializada para la atención y protección a las víctimas, pero ello únicamente será posible a través del trabajo coordinado que realice el gobierno federal, estatal, municipal y del Distrito Federal.

Es relevante señalar que actualmente hay 53 millones 522 mil 389 de mujeres, que representan 50.28 por ciento de la población total, con una esperanza de vida de 78 años de edad; 27 por ciento tienen 40 años o más; 62.8 por ciento son jóvenes adultas, y 8.4 por ciento se encuentran en la tercera edad; 28.8 son niñas y adolescentes, menores de 15 años de edad; 39.4 por ciento cuenta con servicios de seguridad social.

Datos del Instituto Nacional de las Mujeres reportan que durante 2006 se recibieron 34 mil 356 llamadas denunciando violencia de género, lo que significó un incremento de 67 por ciento respecto al año anterior. De igual forma, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática señala que casi el 8 por ciento de las mujeres de nuestro país sufren violencia sexual, mientras el 9 por ciento son objeto de violencia física, el 27 por ciento de violencia económica y el 34 por ciento violencia psicológica.

Además, datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, reflejan que aproximadamente seis millones de personas que viven en el Distrito Federal y en el área metropolitana sufren algún tipo de violencia y tomando en cuenta que la población total de la República Mexicana, es de ciento cinco millones de habitantes, es decir que de cada diez habitantes, uno pertenece al Distrito Federal o al área metropolitana, de ahí la preocupación de la dictaminadora para incluir al Distrito Federal a fin de garantizar la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia a las mujeres y las niñas.

Esta dictaminadora coincide con la promovente en el razonamiento que señala como tipo de violencia psicológica el desamor, ya que el mismo es un concepto subjetivo, que no podría concebirse como un delito, puesto que los delitos se configuran a través de la manifestación de conductas externas.

Por otro lado, la definición ``desamor'' no se encuentra regulada bajo ningún contexto en otra legislación vigente y que para el juzgador podría resultar inadecuada la interpretación y consideración por la que habría de sancionar una conducta subjetiva como lo es el ``desamor''. En ese orden de ideas, pretender castigar el ``desamor'' resulta inoperante puesto que de acuerdo con la definición que la Real Academia Española, establece que se entiende por dicho concepto como falta de cariño, actualizándose la imposibilidad para el encargado de aplicar la ley en comento.

Además, si el juzgador pretende detectar la falta de cariño, se estima que estaría en el contexto de la violencia y sólo si se externará a través de una conducta, a fin de sancionar la misma como parte del objeto que tiene la aplicación del derecho a través de las leyes y en especial con el objetivo que persigue la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que es precisamente el sancionar todas aquellas conductas que ejerzan violencia contra las mujeres y las niñas. En ese orden de ideas, el mismo ordenamiento, al describir los tipos de violencia en el artículo 6, entraña las conductas que pueden ser originadas precisamente por la falta de amor de una persona sobre otra.

A través de las leyes se establecen un conjunto de normas que regulan la conducta, para que en caso de no observarlas se persiga la aplicación de una sanción, y que para el caso del ``desamor'', no se trata de un acto reflejado en una conducta; antes bien, se trata de un sentimiento que se traduce en una conducta subjetiva, por ello esta dictaminadora considera que es viable eliminar la palabra desamor de la Ley, a fin de buscar que el juzgador la interprete y aplique a casos concretos y a la luz de las consideraciones que las y los legisladores buscan en beneficio de las mujeres.

Finalmente, la dictaminadora estima pertinente eliminar el artículo segundo del proyecto de decreto y dejarlo un único, con al finalidad de integrar las reformas a un solo precepto en el decreto. A su vez, considera que en función de que no hay ordenamientos que se deriven de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para el caso de los transitorios primero y tercero, éstos son innecesarios.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Equidad y Género somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Artículo Único. Se reforman los artículos 1, primer párrafo, 2, 6, fracción I, 8, primer párrafo, 14, primer párrafo, 35, primer párrafo, 40, 41, fracción IX, 42, fracción IV, 48, fracción II, y 49, primer párrafo, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: En consecuencia, tiene la palabra la diputada Maricela Contreras Julián, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Maricela Contreras Julián: Con su permiso, señor Presidente. Sin lugar a dudas el trabajo legislativo que realizamos en el Congreso de la Unión debe estar encaminado a marcar las pautas que permitan el diseño y aplicación de políticas públicas con la finalidad de satisfacer las necesidades de la población.

Una de las premisas que deben estar presentes en esta labor que realizamos es la convicción y voluntad por avanzar en el reconocimiento y respeto pleno de los derechos humanos.

En ese sentido la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia entró en vigor en febrero pasado y despertó polémica por la utilización de la palabra desamor como una manifestación de violencia psicológica, situación que proponemos eliminar con el dictamen que sometemos a esta asamblea, a partir de la iniciativa presentada por las diputadas Lourdes Quiñones Canales y Aracely Escalante Jasso .

En la Comisión de Equidad y Género se logró un acuerdo unánime para eliminar la palabra desamor, toda vez que se considera que es un concepto subjetivo que no podría concebirse como un delito, puesto que los delitos se configuran a través de las manifestaciones de conductas externas, además de que no se encuentra regulada bajo ningún contexto en otra legislación vigente, y para el juzgador podría resultar inadecuada la interpretación y consideración por la que habría de sancionar una conducta subjetiva, como lo es el desamor.

Sin embargo, hay que plantear que hay una serie de manifestaciones de violencia que van en escalada en las parejas, y que muchas veces esta violencia de carácter psicológico, que tiene diferentes manifestaciones, puede llegar incluso hasta el homicidio.

También el dictamen contempla incluir al Distrito Federal entre las entidades a las que obliga el ordenamiento, pues datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática reflejan que hay muchas mujeres y personas que viven en el Distrito Federal y en el área metropolitana que sufren algún tipo de violencia. Y tomando en cuenta que la población total de la República Mexicana es de 105 millones de habitantes, es decir, de cada 10 habitantes 1 pertenece al Distrito Federal y al área metropolitana.

De ahí la preocupación de la dictaminadora para incluir al Distrito Federal, a fin de garantizar la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia a las mujeres y a las niñas.

La importancia de esta ley es que establece la obligación, del Estado, para realizar las acciones necesarias, contundentes y definitivas, tendientes a erradicar la violencia de género, y señala que éste debe garantizar la seguridad e integridad de las víctimas.

Sin embargo, aún hay temas pendientes, como la creación de las leyes locales en los estados, la publicación del reglamento y, lo más importante, la asignación de recursos, para que sea realidad toda la serie de acciones que se resume en esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y que debe ser compromiso de este Congreso para asignar recursos, en este próximo proyecto de decreto que se realice aquí, sobre el Presupuesto.

En ese sentido, además de solicitar su voto a favor de este dictamen, quiero mencionarles que esta acción es una de muchas que impulsaremos desde la Comisión de Equidad y Género para avanzar en el reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres.

Yo no quiero retirarme de aquí porque esta ley es parte, junto con la Ley para la Igualdad de Hombres y Mujeres, muy importante de leyes que se aprobaron en este Congreso.

Por todo ello, también hacemos un llamado a la sensibilización de todas las legisladoras y todos los legisladores para contar con una agenda legislativa con perspectiva de género, y que en los procesos que actualmente tenemos, como la reforma electoral y la reforma del Estado, podamos incluir un análisis y una discusión de la visión de género que nos permita reducir la brecha de desigualdad que actualmente existe entre hombres y mujeres. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputada. En consecuencia, el dictamen está a discusión en lo general.

Se han registrado para fijar la posición de los grupos parlamentarios las siguientes diputadas: por parte del Partido Alternativa, la diputada Elsa Conde Rodríguez; por parte del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Yolanda Rodríguez Ramírez ; y por parte del Partido Acción Nacional, la diputada María Esperanza Morelos Borja .

Tiene la palabra la diputada Elsa Conde Rodríguez, del Partido Alternativa, hasta por cinco minutos.

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Gracias, señor Presidente. Honorable asamblea, el 31 de enero de 2007fue promulgada la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que responde a los compromisos firmados por México en materia de violencia de género y no discriminación.

Al promulgarla, el titular del Ejecutivo federal expresó que la lucha por la equidad de género es un compromiso de su gobierno y una responsabilidad de la Presidencia de la República. Sin embargo, han pasado siete meses desde que se promulgó esta ley y en los hechos no se ha dado cumplimiento a sus artículos segundo, cuarto, sexto y octavo transitorios, ni se cuenta todavía con los recursos económicos suficientes para implementarla.

Sin duda, el dictamen que presenta hoy para su discusión la Comisión de Equidad y Género enriquece la ley, y por ello, el Grupo Parlamentario de Alternativa se suma a esta propuesta.

Consideramos que es positivo incluir al Distrito Federal en diversas disposiciones de la misma para que forme parte de las bases de coordinación para la prevención, protección y asistencia a las mujeres y niñas que sufren violencia, y participe de manera activa y, en el ámbito de sus atribuciones, armonice las acciones que estén dirigidas al acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia.

También coincidimos con la modificación al artículo 6 con relación a eliminar la palabra desamor, que efectivamente es un concepto señalado como parte de la violencia psicológica, pero al mismo tiempo tan subjetivo que no podría concebirse como un delito y, por tanto, el juzgador no lograría aplicar sanción alguna.

Pero lo más importante es que esta ley sea eficiente y cumpla su objetivo, y no sea letra muerta. Por ello solicitamos al Ejecutivo que sea emitido el reglamento de la ley, el cual debería haber sido publicado en abril, y hasta la fecha no contamos con este cumplimiento.

Asimismo, en el artículo octavo transitorio de la ley se estipula que el Ejecutivo federal deberá promover las reformas necesarias para que las legislaciones locales realicen las adecuaciones correspondientes. Somos optimistas en el sentido de que Inmujeres tenga avances concretos en esta materia.

Por último, nos sumamos también a la solicitud realizada aquí por la diputada Maricela Contreras para que esta ley cuente con los recursos económicos suficientes para implementarla. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Yolanda Rodríguez Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen a discusión pretende subsanar dos errores de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Eliminar el desamor como un tipo de violencia, toda vez que éste es un concepto subjetivo: si el amor no está legislado, el desamor, por tanto, no puede ser considerado como un delito. En todo caso, sólo las manifestaciones violentas y denigrantes del mismo.

Para evitar incurrir en alguna omisión o contradicción o laguna en el ámbito de la competencia de esta ley, se incluye en diversos artículos en donde se había omitido al Distrito Federal, adecuaciones que si bien son sencillas, no son menores, ya que garantizan la correcta aplicación de la norma jurídica, sobre todo si consideramos que esta ley es de vital importancia, toda vez que fue necesaria su publicación, ya que era una deuda pendiente con las mujeres mexicanas.

Es una necesidad postergada y un logro importante, el cual será siempre objeto de aporte y de perfeccionamiento por parte de las legisladoras y legisladores federales, tanto en la presente como en las posteriores legislaturas.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, si bien no es la solución a la violencia en contra de las mujeres, sí es un pilar sobre el cual se sostendrán las acciones de gobierno, las leyes y códigos, tanto federales como estatales, ya que sienta las bases para que se adecue la administración interna en el ámbito de la impartición de justicia, para que los ministerios públicos y jueces se sensibilicen. Y además evita el libre albedrío de los funcionarios públicos que procuran e imparten justicia, para considerar los tipos de violencia, de acuerdo con sus concepciones personales.

Por lo anterior, compañeras y compañeros legisladores, pido su voto favorable a este dictamen, en la idea de perfeccionar la legislación que protege la integridad de las mujeres mexicanas. Muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputada Rodríguez. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada María Esperanza Morelos Borja, del Partido Acción Nacional.

La diputada María Esperanza Morelos Borja: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el dictamen que estamos discutiendo es importante en términos de que habla de cómo podemos perfeccionar las leyes, cómo podemos irlas mejorando en el transcurso de las apreciaciones y de las consecuencias que tienen cuando están siendo implementadas.

Esta ley está destinada a evitar, a inhibir, a desarraigar en la conducta normal, principalmente de los hombres, la agresión hacia las mujeres. Mujeres que con frecuencia no conocen sus derechos, mujeres que con frecuencia se sienten amenazadas y atrapadas sin salida.

Esta ley viene a hacer una modificación a la conducta y a la forma de comportarse de muchos, muchos hombres en nuestro México. Es de considerarse que México ya ha ratificado un buen número de instrumentos internacionales sobre la materia y que estamos avanzando.

Pero que también es necesario reconocer cuando el Legislativo ha puesto en las leyes palabras que son de difícil interpretación, o que no tienen contenido jurídico, o que pueden ser sujetas a la parcialidad de una interpretación, y eso es, respecto a la palabra desamor. Por eso se están retirando de los tipos de violencia contra las mujeres.

La violencia psicológica puede ser de muchos tipos y puede ser omisión, negligencia, abandono, descuido reiterado; puede ser devaluación, marginación, indiferencia. Pero la palabra desamor tiene que ver con los sentimientos, y el que un juzgador tenga que hablar o juzgar si hay cariño o no, si hay expresiones que necesariamente tengan que ser tenidas por todas las personas bajo un solo criterio, es sumamente difícil. Por eso, en la comisión estuvimos de acuerdo en retirar la palabra.

El otro aspecto que está modificando este dictamen es el relativo a los artículos en los que se incorpora al Distrito Federal. El Distrito Federal tiene que tener la posibilidad de prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Tiene que tener la posibilidad de coordinarse con las entidades federativas y con el propio gobierno federal.

Porque este trabajo implica la responsabilidad de todos los niveles de gobierno y por ello, en los diferentes artículos se incorpora al Distrito Federal como una de las entidades que están dentro de la federación y que tienen la obligación de coordinarse, de participar y de luchar en contra de la violencia de las mujeres.

Por ello, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional ha firmado y está de acuerdo en que se modifique en los términos que el decreto lo previene. Muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, señora diputada. Esta Presidencia informa que no se han registrado para su discusión en lo general diputadas y diputados. Por tanto, consulte la Secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, señora Secretaria. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se reserva ningún artículo para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del presente dictamen.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular.

(Votación)

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Están presentes en este salón de plenos alumnas y alumnos del grupo noveno de la Universidad Autónoma delEstado de Hidalgo. Les damos la más cordial bienvenida.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 415 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Aprobado en lo general y en lo particular por 415 votos el decreto que reforma los artículos 1, 2, 6, 8, 14, 35, 40, 41, 42, 48 y 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

VOLUMEN II

LEY GENERAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

La Secretaria María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Equidad y Género fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa presentada por la diputada Mónica Arriola Gordillo , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, por el que se reforma el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

La Comisión de Equidad y Género, con fundamento en los artículos 39 y 45, numeral 6 incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como con los artículos 56, 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

Metodología

I. Antecedentes

En sesión celebrada con fecha 14 de noviembre de 2006 por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la diputada Mónica Arriola Gordillo , del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a la Comisión de Equidad y Género para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido de la iniciativa

En el texto de la iniciativa menciona que mujeres y hombres poseemos por naturaleza cuerpos y características físicas y sexuales que nos diferencian desde que nacemos. Tomando en cuenta esas particularidades se han establecido dentro de las sociedades funciones y roles distintos para ambos sexos.

Señala la promovente que el género es una creación social de ideas sobre los roles que se consideran apropiados para mujeres y hombres y cita textualmente la definición que sobre este concepto da los Diez criterios básicos para eliminar el lenguaje sexista en la administración pública federal, elaborados por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en 2006: ``El género es el conjunto de ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales construidas en cada cultura tomando como base la diferencia sexual''.

Por otra parte, menciona que una de las manifestaciones más claras de la discriminación contra las mujeres es la violencia, transgresión especialmente grave de derechos humanos, dada la forma en que viola muchos otros derechos a la vez. Refiere la iniciadora que en México, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 47 por ciento de las mujeres padece violencia y 7 de cada 10 familias sufren violencia intrafamiliar. Además, nuestro país se encuentra entre las 15 naciones con más homicidios dolosos de mujeres y forma parte de los 30 países con las tasas más altas de violación.

La diputada promovente señala que en la lucha por la igualdad de hombres y de mujeres y la incorporación de la perspectiva de género, en México se han llevado a cabo avances que empezaron desde la reforma en 1953 del artículo 34 constitucional, para reconocer el derecho de las mujeres a ser ciudadanas y, con ello, el derecho a votar y a poder ser electas. Del mismo modo, en 1974 se estableció en el artículo 4o. constitucional la igualdad jurídica de hombres y de mujeres, además de plantearse en ella que todo individuo tiene el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. En 2001 se publicó la Ley que crea el Instituto Nacional de las Mujeres, establecido formalmente el 8 de marzo. Ese año se introdujo en el artículo 1o. constitucional la cláusula de no discriminación en razón de género y con ello se logró el fundamento constitucional para la igualdad material de derechos y oportunidades de las mujeres.

También señala la iniciativa que uno de los grandes avances para nuestro país fue la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de agosto de 2006, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que es reglamentaria del artículo 4o. constitucional y responde a los compromisos internacionales adquiridos con la firma y ratificación de los instrumentos.

La iniciadora menciona que la propuesta de proyecto de decreto en comento, se hace con la finalidad de que existan concordancia y homogeneidad entre las leyes que rigen la administración pública de nuestro país y con el objetivo de que la falta de definiciones de los conceptos básicos en leyes fundamentales en esta materia no suscite confusiones. Finalmente, la propuesta de iniciativa contiene el siguiente proyecto de decreto:

Artículo Único. Se reforma el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:

Artículo 5.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

III. Consideraciones

La Comisión dictaminadora expone la siguiente valoración de la iniciativa:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1o., prohíbe toda forma de discriminación; a su vez, en su numeral 4 consagra la igualdad de mujeres y hombres.

Es importante resaltar que nuestro país, en la lucha por el reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres, ha registrado valiosos avances, pues se ha logrado la firma y aceptación de diversos instrumentos internacionales sobre la materia, entre los cuales tenemos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su Protocolo Facultativo; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará); la Plataforma de Acción de Beijing; la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Mujer y la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo, entre otros.

En dichos instrumentos se contemplan diversas disposiciones que avanzan hacia la protección de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de las mujeres, en el reconocimiento de la igualdad entre el hombre y la mujer, y buscan eliminar la desigualdad existente y discriminación por razones de género.

En cuanto a la legislación interna, están vigentes la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia; ordenamientos que avanzan en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de las mujeres.

La dictaminadora coincide con la diputada proponente en el sentido de que se debe homologar la legislación en la materia, con la finalidad de evitar confusiones en la aplicación de la norma y que representen un menoscabo a los derechos de las mujeres.

Por ello, la comisión dictaminadora estima procedente la propuesta de reforma en comento a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, cuyo objeto es regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres; además de proponer lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado.

Siendo que es la primera reforma a la ley en comento, desde su publicación el 2 de agosto de 2006 y que se reforma el artículo 5°, la dictaminadora estima que existe un error en la redacción de la fracción I de citado precepto, ya que al definir las acciones afirmativas no se considera al género masculino en su sentido plural, como se hace con el femenino, por lo que se propone que el texto de la fracción I del artículo 5 quede como sigue:

Artículo 5.

Dada la trascendencia de esta reforma, deben tomarse en cuenta otros ordenamientos jurídicos que están vinculados con la Iniciativa en comento. Por tal razón, la dictaminadora estima necesario cambiar el texto del artículo 5, fracción II, propuesto en la iniciativa, en el cual se define a la discriminación, toda vez que se propone una nueva definición a la que se encuentra establecida en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, vigente desde el 12 de junio de 2003, la cual es reglamentaria de la Carta Magna en materia de discriminación.

Con el cambio propuesto por la dictaminadora, se retoma la definición establecida en la ley citada y se procura evitar confusiones y/o contravenciones entre los ordenamientos jurídicos; de esa manera, quedaría como sigue:

Artículo 5.

En lo que respecta a los conceptos de equidad de género y perspectiva de género, la iniciativa en mención, los retoma del artículo 5 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), con lo cual se logra una homologación de estos conceptos en el ordenamiento que se propone reformar en la ley citada y de esta manera se evitarían confusiones o contravenciones a lo establecido en ambas legislaciones.

Por ello, esta dictaminadora en concordancia con la necesidad de armonizar los conceptos que ya están previamente establecidos en los ordenamientos jurídicos, en la materia se considera que el texto de la fracción V del artículo 5 del proyecto de decreto en mención, quedaría como sigue:

Artículo 5.

En atención a lo señalado, se propone que la definición de perspectiva de género del proyecto de decreto en mención, se agreguen las palabras ``concepto que se refiere a'' con la finalidad de armonizar el término que contempla la Ley del Inmujeres, para quedar como sigue:

De esta manera, los conceptos ``género'' y ``perspectiva de género'' se están homologando a los ya existentes en la legislación vigente y que coinciden con el espíritu de la propuesta por la promovente.

Por otro lado, es necesario destacar el hecho que la definición sobre discriminación contra la mujer que da el texto de la propuesta de iniciativa en comento, retoma el establecido en el artículo 1o. de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW); con lo cual se armoniza la legislación nacional con lo que establece dicho instrumento internacional.

Sin embargo, esta dictaminadora considera pertinente la inclusión del concepto estereotipo a la definición de discriminación, toda vez que se concibe como una representación social compartida por un grupo que define, de manera simplista, a las personas a partir de convencionalismos que no toman en cuenta sus verdaderas características, capacidades y sentimientos. Un estereotipo se constituye como un modelo o ``molde'' de cualidades y valores que deben interiorizar y asumir mujeres y hombres en sociedad y que éstos se transmiten y promueven por diversas vías, tales como la educación formal y la educación informal, o bien, imitamos y que constituyen una ruta eficaz para preservar la idea de desigualdad entre hombres y mujeres, por lo que el concepto discriminación, queda como sigue:

Es necesario citar el numeral 8 de la recomendación general número 25, sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW), referente a medidas especiales de carácter temporal, el cual señala lo siguiente:

En el mismo sentido, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW), en la definición que da sobre discriminación no refiere un trato igual a los hombres y mujeres para lograr su erradicación. Por el contrario, establece que se considera discriminatorio todo trato que tenga por resultado la desigualdad, lo que significa que si a una mujer se le da un trato idéntico al del hombre y de ello resulta una posición en desventaja para aquella, se considerará un acto discriminatorio aunque se haya realizado en aras de la igualdad.

De lo anterior es menester destacar que la iniciativa propuesta pretende definir el término igualdad entre mujeres y hombres. La dictaminadora estima que uno de los objetivos de la legislación es establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito económico, político, social y cultural, tomando en cuenta estos criterios la ley establece los lineamientos y mecanismos institucionales que buscan desarrollar acciones afirmativas y medidas compensatorias para conseguir dicha igualdad sustantiva, eliminar toda discriminación basada en el sexo y empoderar a las mujeres.

Esta dictaminadora considera que no es necesario incluir en la propuesta de reforma la definición de igualdad entre hombres y mujeres puesto que el propio artículo 6 de la ley ya lo contempla y lo define como la eliminación de toda forma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a cualquier sexo.

En consecuencia, definir la igualdad entre mujeres y hombres como se propone en la iniciativa, resulta innecesario porque la misma ya esta contemplada en el cuerpo del ordenamiento. De ahí que la dictaminadora proponga eliminar la fracción VI del artículo 5 de la propuesta de proyecto de decreto, por lo que se recorre la numeración de las fracciones subsecuentes para quedar en VI, VII, VIII y IX, en lugar de VII, VIII, IX y X.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Equidad y Género somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Proyecto de decreto que reforma el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Artículo Único. Se reforma el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para quedar como sigue:

Artículo 5. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias. En consecuencia Tiene la palabra la diputada Maricela Contreras Julián, por la comisión, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La diputada Maricela Contreras Julián: Con su permiso, diputado Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputada.

La diputada Maricela Contreras Julián: Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Equidad y Géneropara incluir en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombresuna serie de conceptos que tienen por objetivo armonizar los distintos conceptos contenidos en otras disposiciones legislativas legales.

Uno de los objetivos fundamentales es contribuir con conceptos para eliminar el lenguaje sexista en las instancias de la administración pública federal. Consideramos que esto tiene que ser incorporado en todas las acciones, tanto del gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal y las acciones legislativas que emprendamos.

En ese sentido, esta serie de conceptos busca de manera muy clara eliminar redacciones discriminatorias, que incluso a veces se tornan violentas, hacia las mujeres. Esto ha sido parte de una lucha que las diputadas y los diputados hemos dado, que también las mujeres de la sociedad civil han hecho un trabajo muy importante, las académicas y las mujeres de los partidos políticos.

La igualdad está contenida en el artículo 4o. constitucional. Es una igualdad jurídica que debería ser asumida por todas las instancias. Sin embargo, el proceso de lograr la igualdad entre hombres y mujeres todavía es muy lejana de ser una realidad y hoy por hoy la discriminación y las brechas de iniquidades entre mujeres y hombres son muy amplias.

Por eso, la Comisión de Equidad y Género consideró prudente incorporar la homologación de estos términos en la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres.

Algunos de los términos son acciones afirmativas que tienen que ver con el carácter temporal del conjunto de medidas que se deben incorporar para disminuir esta brecha de iniquidad. La discriminación también es otro de los elementos que consideramos fundamentales. Discriminación contra la mujer, este término como tal, porque nos parece que es fundamental que las mujeres no estemos sujetas a distinciones, a exclusiones o restricciones basadas por el sexo. Y tiene por objeto, o por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento y el goce del ejercicio de los derechos de las mujeres.

Es por esto que consideramos indispensable que el voto de las diputadas de la Comisión de Equidad y Género estuviera a favor. Así es que hacemos un llamado a las diputadas y los diputados para que se sumen a la Comisión de Equidad y Género y voten en este pleno a favor estos términos, que nos ayudarán a tener una mejor claridad sobre la importancia de legislar desde una perspectiva de género y de los derechos de las mujeres. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señora diputada. En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

Se han registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios las siguientes diputadas:

Por parte de Nueva Alianza la diputada Mónica Arriola. Por parte del Revolucionario Institucional la diputada Yolanda Rodríguez Ramírez . Y por parte de Acción Nacional la diputada Rocío del Carmen Morgan Franco .

Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Mónica Arriola, del Partido Nueva Alianza.

La diputada Mónica Arriola: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, y sobre todo, aquellas mexicanas y aquellos mexicanos que me escuchan: no podemos negar que en las últimas décadas las mujeres hemos cambiado y, al hacerlo, ha cambiado la cultura.

El principio de equidad e igualdad, de oportunidades entre hombres y mujeres, y la perspectiva de género como una herramienta para avanzar hacia un mejor desarrollo son ideales y metas indiscutibles.

Gracias a la participación, el interés y el esfuerzo realizado contamos hoy con disposiciones normativas, con comisiones e instancias que resguardan y propician la equidad de género desde el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo; sin embargo, necesitamos afianzar estrategias que dan legitimidad al tema.

Necesitamos seguir informando, a mujeres y hombres por igual, sobre las consecuencias de la violencia y la desigualdad que aún imperan en la mente de muchas personas. Necesitamos hacerles saber que la equidad significa favorecer por igual a todas las personas a partir del reconocimiento de las diferencias.

Que las diferencias físicas entre hombres y mujeres no deben separarnos. Por el contrario, debemos buscar el bienestar de todas y todos, porque hablar de equidad y género no es hablar solamente de mujeres, es hablar de una sociedad comprometida.

Por ello es importante seguir enriqueciendo las leyes, pues es mediante ellas que la gente conoce y ejerce sus derechos.

La publicación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y este dictamen de la iniciativa que presenté el 14 de noviembre de 2006, que reforma artículo 5 de dicha ley, son parte de las adecuaciones legislativas que buscan reducir las brechas de género que ensombrecen el desarrollo del país. El desconocimiento de significados básicos no debe ser motivo de confusión.

Para Nueva Alianza el trabajo conjunto de los que formamos este Congreso y una labor pronta y eficiente de comisiones como la de Equidad y Género, que se ha caracterizado por su trabajo comprometido, es lo que permite seguir avanzando y consolidar a través de iniciativas como éstas, los logros y avances en beneficio de la sociedad. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada María Mercedez Maciel Ortíz, del Partido del Trabajo.

La diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la lucha de las mujeres contra la explotación clasista y contra la explotación directa, que ha sufrido a manos del hombre, no sólo se libra en el plano concreto, sino también en el plano teórico-ideológico.

Conforme se ha documentado, a lo largo de la historia de la humanidad esta lucha comenzó contra los perjuicios sociales y las disposiciones autoritarias, que nacían en el propio seno familiar. Después vino la toma de conciencia de la importancia que tenía el reconocimiento social, del papel que juegan, del aporte fundamental que en todos los campos de la sociedad la mujer brinda. Esta toma de conciencia fue el tránsito de la lucha concreta a la lucha ideológica.

Ahora las mujeres tienen la preocupación de dotarse de herramientas intelectuales y mecanismos jurídicos para enfrentar su situación de exclusión, discriminación y subordinación a un sistema opresor y a la violencia de los hombres.

Entonces nació la necesidad de elaborar un cuerpo teórico para impulsar la igualdad jurídica, económica y social de las mujeres con los hombres, y que esto se tradujera en realidades concretas en el campo laboral, en el acceso a la educación, la política y los diversos ámbitos de la sociedad.

En este contexto, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera que la propuesta de precisar, en el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, conceptos fundamentales que rigen el respeto, la dignidad y la igualdad de la mujer con el hombre son cruciales para que avancemos realmente hacia la construcción de una sociedad igualitaria y equitativa.

Con esta reforma a la ley en comento se precisa en qué circunstancias se discriminan las mujeres, qué se debe de entender por género y equidad de género, así como la perspectiva de género y la transversalidad de género, entre otras. Por tanto, es una herramienta fundamental que sirve de referencia para normar la conducta de la sociedad hacia las mujeres y la diversidad sexual.

Sin embargo, queremos dejar claro que todo lo anterior es apenas un paso más en la consecución de la meta final, que es lograr la igualdad entre hombre y mujeres en todos los órdenes de la vida económica, social y política de nuestra nación.

Si queremos acelerar este proceso de igualación en las oportunidades hacia ambos géneros tenemos que empezar por cambiar la orientación del modelo productivo vigente, porque ahí es donde radica el origen de esa desigualdad. Aquí es donde nace el poder de una clase sobre otra y de un género sobre otro.

Si no hacemos nada por construir un nuevo cimiento que apuntale la convivencia democrática y comunitaria entre hombres y mujeres, entonces estaremos enfocando mal nuestra perspectiva de cambio social y de modelo económico.

Por las consideraciones antes expuestas, votamos a favor del dictamen de la ley en comento. Muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Yolanda Rodríguez Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, subo nuevamente a esta tribuna para apoyar el dictamen que se presenta, y lo hago a nombre propio, y seguramente creo hacerlo a nombre de la inmensa mayoría de las mujeres mexicanas.

Es un añejo reclamo, y efectivamente, como dice alguno de mis compañeros diputados, también a nombre de muchos hombres, como los que hay aquí, sensibles a favor de la equidad de género.

Apenas el año pasado ese viejo anhelo pudo concretarse en la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, aprobada por esta soberanía, y que es una legislación de avanzada en materia de equidad de género.

Hoy, a poco más de un año de la publicación de dicha ley, se introducen una serie de reformas que precisan conceptos y esclarecen términos. Se trata, pues, de un cambio muy necesario porque esta ley, que es reglamentaria del artículo 4o. constitucional, responde a compromisos internacionales, firmados por nuestro país para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres.

Lamentablemente el lenguaje de la equidad de género es aún desconocido para la mayoría de la población mexicana, y en muchas ocasiones, si lo vemos en la práctica, también para diversas autoridades de los tres órdenes y de los tres niveles de gobierno.

Parafraseando al filósofo alemán Emmanuel Kant, podemos decir que los conceptos sin ideas son vacíos...

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Permítame un momento. Solicitamos, por favor, en especial a los diputados y a las diputadas, que presten atención a la oradora. Continúe, diputada.

La diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez: Gracias, Presidente. Podemos decir que los conceptos sin ideas son vacíos y que las ideas sin conceptos son ciegas, por eso es necesario puntualizar términos y conceptos de este nuevo lenguaje, cuyo único objetivo es que tanto las mujeres como los hombres gocen igualdad de circunstancias, de los mismos derechos, de las mismas garantías, del mismo trato y de los mismos beneficios que la ley nos otorga.

Al hacer más comprensibles conceptos como discriminación, equidad de género y perspectiva de género, le damos a la sociedad, especialmente a las mujeres, instrumentos para defender estos derechos. Al mismo tiempo que contribuimos a la construcción de una cultura que, desde la más temprana edad, erradique estos vicios de trato, de lenguaje, que tanto han lastimado a la sociedad mexicana.

Por eso, las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional nos congratulamos de este cambio positivo en la ley, y apoyaremos con nuestro voto este dictamen. Lo hacemos porque desde hace medio siglo venimos pugnando por el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres y en todas las modificaciones de leyes y políticas que beneficien a las mismas.

Hoy ratificamos ese espíritu progresista, liberal y justo del que nos nutre nuestra Constitución y las leyes que de ella emanan. Muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Rocío del Carmen Morgan Franco, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

La diputada Rocío del Carmen Morgan Franco: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, partiendo y asumiendo que principalmente somos un país discriminador, un país que discrimina por razones de religión, por razones de posición social, de posición económica; que discrimina por razones de capacidades diferentes, de preferencias políticas, sexuales y hasta deportivas, a veces, y por supuesto, un país que discrimina por razones de género.

Las adiciones que estamos aquí poniendo a su consideración para el artículo 5o. de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres nos permiten una clarificación de términos que todos conocemos, pero que pocos podemos definir. Conceptos como género, como discriminación.

Qué entenderíamos por ``equidad de género'', ``transversalidad'' y ``perspectiva de género''. Y esto podría permitir abatir las situaciones de iniquidad que tenemos y que todos conocemos que sufren muchas mujeres en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito presupuestal.

Cuando hablamos de ``transversalidad'' hablamos de una perspectiva de género en el presupuesto, pero que también sufrimos iniquidad en el ámbito gubernamental, y de salud, para que las mujeres accedan a estos beneficios en condiciones de justicia y de equidad.

Para abatir esa brecha resulta para México realmente urgente promover una cultura de tolerancia para con quienes son diferentes y piensan diferente a nosotros; promover una cultura de apoyo subsidiario y solidario con los más desvalidos de este país, que sufren violencia de todo tipo en sus derechos; e ir avanzando en términos de equidad por elemental justicia social y para procurar un bien común, un bien social, que es una sociedad más equitativa y más justa, ya que mientras no accedamos a mejores estadios de equidad elementales entre hombres y mujeres, este país no terminará de entrar por la puerta del siglo XXI. Continuaremos, como país, cojos en este caminar hacia la modernidad y el desarrollo.

Por tanto, a nombre de mi partido, Acción Nacional, de mis compañeras diputadas y mis compañeros diputados en la Comisión de Equidad y Género, les pedimos que apoyen estas modificaciones al artículo 5. Es cuanto.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputada. Esta Presidencia informa que no se han registrado oradores para la discusión en lo general y en lo particular, del artículo único del proyecto de decreto.

Consulte la Secretaría a la asamblea si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto, en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 410 en pro, 0 en contra y 2 abstenciones.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Aprobado en lo general y en lo particular, por 410 votos, el decreto que reforma el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 198 de la Ley General de Salud.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 198 de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea

A la Comisión de Salud de la honorable Cámara de Diputados de la LIX, fue turnada para su estudio y posterior dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 198 de la Ley General de Salud, presentada por el diputado José Ángel Córdova Villalobos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Los integrantes de esta comisión dictaminadora con fundamento a los artículos 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 numerales 1o. y 3o., 43, 44, 45, numeral 6, inciso e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta honorable asamblea el presente dictamen mismo que se realiza bajo la siguiente:

Metodología

La comisión en cargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

En el capitulo de Antecedentes se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo del turno para el dictamen de la referida iniciativa, así como de los trabajos previos de la comisión.

En el capitulo correspondiente a Contenido se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que compone.

En el capitulo de Consideraciones , la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen.

I. Antecedentes

En sesión celebrada con fecha 25 de abril de 2006, por el pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 198 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado José Ángel Córdova Villalobos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Con la misma fecha, la Mesa Directiva de éste órgano legislativo, turnó la mencionada iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

En su exposición de motivos, el promovente señala que el surgimiento de nuevas modalidades de servicios que benefician a las instituciones públicas y privadas dedicadas a la prestación de servicios de salud, como los centros de mezclas que son unidades especializadas para la preparación de prescripciones inyectables para áreas tales como nutrición parenteral total, analgesia y onco-hematología, hacen necesario que por el potencial riesgo que representan sean objeto de atención por parte de las autoridades sanitarias.

Afirma que: Actualmente, este tipo de establecimientos no está obligado a contar con autorización sanitaria, sino tan sólo está sujeto a la presentación del aviso de funcionamiento. Dada la naturaleza de los productos que se manejan en estos centros de mezcla, por ejemplo, los oncológicos que requieren tanto capacitación adecuada para el personal que manipula los medicamentos, cuanto instalaciones que cuenten con óptimas condiciones de seguridad para la preparación de las mezclas, es indispensable que estos establecimientos y los procesos que se realizan en los mismos, sean sujetos a la autorización sanitaria.

Por estos, entre otros motivos, propone que se adicione una fracción VI al artículo 198 de la Ley General de Salud, a fin de que los centros de mezclas cumplan con el requisito de una autorización sanitaria para su funcionamiento.

III. Consideraciones

La Ley General de Salud señala en la fracción XXIV del artículo 3o. que es materia de salubridad general el control sanitario de productos y servicios y de su importación y exportación.

En este orden de ideas, la propia ley en su artículo 194 establece que se entiende por control sanitario, el conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo, verificación y en su caso, aplicación de medidas de seguridad y sanciones, que ejerce la Secretaría de Salud con la participación de los productores, comercializadores y consumidores, con base en lo que establecen las normas oficiales mexicanas y otras disposiciones aplicables.

De la misma forma, el último párrafo del artículo citado, dispone que el control sanitario del proceso, importación y exportación de medicamentos, estupefacientes y substancias psicotrópicas y las materias primas que intervengan en su elaboración, compete en forma exclusiva a la Secretaría de Salud, en función del potencial de riesgo para la salud que estos productos representan.

Como lo menciona el promovente en su exposición de motivos, el artículo 368 de la ley en comento, define la autorización sanitaria como el acto administrativo mediante el cual la autoridad sanitaria competente permite a una persona pública o privada, la realización de actividades relacionadas con la salud humana, en los casos y con los requisitos y modalidades que determine esta ley y demás disposiciones generales aplicables.

Derivado de lo anterior, la Secretaría de Salud emite el Reglamento de Insumos para la Salud que tiene por objeto reglamentar el control sanitario de los insumos y de los remedios herbolarios, así como el de los establecimientos, actividades y servicios relacionados con los mismos.

De conformidad con lo que establece el artículo 39 la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como del Reglamento de Insumos para la Salud, la Secretaría de Salud emitió la norma oficial mexicana NOM-059-SSA1-1993, Buenas prácticas de fabricación para establecimientos de la industria químico farmacéutica dedicados a la fabricación de medicamentos; la cual tiene por objeto establece los requisitos mínimos necesarios para el proceso de los medicamentos y/o productos biológicos comercializados en el país, con el objeto de proporcionar medicamentos de calidad al consumidor.

A pesar de lo anterior, coincidimos con el promovente en que existe un vacío en la ley al no mencionar a los centros de mezclas en el texto del artículo 198 de la ley. Consideramos necesario incorporar a los centros de mezclas dentro de la Ley General de Salud, ya que como lo manifiesta el promovente, ya que al hacerlo, dichos establecimientos serán materia de normas de funcionamiento y seguridad específicas, tales como normas de buenas prácticas que verifiquen la validación de áreas, manejos de materia prima, procesos y cumplimiento de las disposiciones legales en materia ecológica, asimismo, se incluirá en el Reglamento de Insumos para la Salud las características sanitarias necesarias para su funcionamiento.

La administración de medicamentos por vía endovenosa exige una mayor atención de los integrantes del equipo de salud, por lo que es necesario dotar a la Secretaría de Salud de facultades para supervisar el funcionamiento de los centros de mezclas.

La nutrición parenteral consiste en la provisión de nutrientes mediante su infusión a una vía venosa a través de catéteres específicos para cubrir los requerimientos metabólicos y del crecimiento.

Los centros de mezclas son establecimientos o áreas dedicadas a la preparación, control, dispensación e información sobre terapéutica de administración parenteral.

La preparación de nutrición parenteral se debe reconocer como un servicio farmacéutico que debe desarrollarse por personal calificado y entrenado para ello. Su preparación no debe realizarse fuera de un centro de mezclas.

Es evidente la importancia de un adecuado manejo de la nutrición parenteral, debido al riesgo que corre un paciente si esta no es realizada por un equipo profesional.

Los centros de mezclas proveen un servicio trascendental para los centros de salud por lo que los diputados integrantes de esta comisión de salud consideramos trascendental que cuenten con una autorización sanitaria, y que dicha obligación esté contemplada por el texto de la Ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Salud con las atribuciones que les otorgan los artículos 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de le ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponen a su consideración el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 198 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se adiciona una fracción VI al artículo 198 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 198. Únicamente requieren autorización sanitaria los establecimientos dedicados a:

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud contará con un plazo máximo de 90 días hábiles a partir de la publicación del presente decreto para emitir las disposiciones reglamentarias respectivas y publicar en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de norma oficial mexicana que contenga los lineamientos generales para las instalaciones, operación y buenas practicas de fabricación.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias. En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

Se han registrado, para fijar la posición de los grupos parlamentarios, las siguientes diputadas y los siguientes diputados: por parte del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal ; por parte del Partido Acción Nacional, la diputada Margarita Arenas Guzmán . En consecuencia, tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su permiso, señor Presidente. Quiero hacer nada más algunas precisiones conforme a este dictamen que se ha de aprobar hoy, y comentar que el Partido de la Revolución Democrática, siendo vanguardista y responsable en el quehacer de la salud de los mexicanos y las mexicanas, por supuesto que nuestro voto va en sentido positivo.

Estamos conscientes de la necesidad de ir profesionalizando e ir regulando todas las instancias de la salud. Y principalmente estos famosos centros de mezclas, en donde se preparan medicamentos para el cáncer y donde se preparan otros tipos de sustancias intravenosas.

Estamos conscientes, estamos seguros de que vamos a disminuir los índices de VIH-sida. Estamos conscientes de que van a disminuir las infecciones por hepatitis B y estamos conscientes de que vamos también a ahorrar dinero al evitar infecciones intravenosas con toxinas, porque en la mayoría de los lugares donde se preparan estos medicamentos son lugares que no cubren con la regulación sanitaria ni la higiene establecida. Esto se hace en los pasillos, se prepara en algún cuarto, cerca de algún jardín, etcétera. Nos ha tocado vivir esto. Incluso también se les aplican a los pacientes en los pasillos de los hospitales de una manera infrahumana.

Por eso, el Partido de la Revolución Democrática, consciente de todas estas necesidades, da su voto a favor. Sin embargo, también, preocupados, le hacemos un llamado al secretario de Salud para que realmente aplique los recursos necesarios para estos centros de mezcla, y esta supervisión, porque no nada más son los hospitales privados, sino también los hospitales de gobierno.

El mármol no cura, compañeros. Estamos haciendo hospitales de mármol, muy bonitos, pero con unas situaciones lamentables, con falta de personal porque no hay recursos para las plazas y luego no tenemos ni jeringas ni lo más indispensable para atender a un enfermo. Por eso, el PRD hace este llamado al secretario de Salud.

También es fundamental, y no lo puedo obviar hoy, hay que regular estos centros en donde se hacen medicamentos. Ahí tenemos el problema del chino que todos ustedes conocen, y hasta hoy la Secretaría de Salud no nos ha podido decir quién daba el permiso para que estuvieran haciendo las anfetaminas.

Lo dejo pendiente. Esperemos la pronta visita del secretario de Salud para que nos aclare todos estos puntos en la comparecencia que va a tener en breve, esperemos que sea este mes de septiembre. Muchas gracias por su atención.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señor diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Elizabeth Morales García, del Partido Revolucionario Institucional.

La diputada Elizabeth Morales García: Buenas tardes. La salud es un objetivo fundamental y algo que todos deseamos. Sin embargo, cuando algún problema, cuando alguna enfermedad tenemos o tiene alguno de nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestros padres, cualquier persona, lo que deseamos y lo que esperamos es que encontremos la mejor atención, los mejores medicamentos, los más seguros y además, por supuesto, también que sea económico.

Hoy día, afortunadamente surgen nuevos métodos, tecnologías, sistemas, medicamentos y formas de procurar la salud. Pero debemos tener la certeza de que estos métodos, de que estos medicamentos sean ciento por ciento seguros.

Por eso, en el Grupo Parlamentario del PRI, por mi conducto, estamos a favor de esta iniciativa que propone que los establecimientos ---centros de mezclas para la preparación de mezclas parenterales, nutricionales y medicamentosas--- cuenten con autorización sanitaria para su funcionamiento.

Por ejemplo, para cáncer, por mencionar, los medicamentos son muy caros, muy costosos, y no se utiliza el total de la porción que trae un frasquito, sino una jeringa y lo que sobra se desperdicia. Por ello, los bancos de mezcla son sumamente importantes, porque permiten que se utilicen, si lo podemos decir así, aquellos sobrantes para que puedan ser aplicados a otros enfermos que estén también luchando por su vida.

Esto abarata los costos, sí, pero además debemos de garantizar que sean seguros. Cualquier situación que pudiese pasar pondría en riesgo la vida de quienes, además, reciben tratamientos por vía intravenosa.

En este sentido es que estamos a favor de que los centros de mezclas tengan la utilización sanitaria, debido a que ya están operando y que operan sin estas medidas de seguridad.

Por ello, este hecho, compañeros diputados, permitirá dar certidumbre y seguridad al paciente y a sus familiares. Ya que por un lado se contará con personal profesional de la salud, capacitado para elaborar estas mezclas, y a la vez se garantizará que la preparación de las mismas se lleve a cabo con buenas prácticas de fabricación.

Por ello reitero que estamos a favor de la salud y que estamos a favor de esta autorización sanitaria para el funcionamiento de los bancos de mezcla. Muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra la diputada Margarita Arenas Guzmán, hasta por cinco minutos, del Partido Acción Nacional.

La diputada Margarita Arenas Guzmán: Buenas tardes. Con su permiso, señor Presidente. Honorable asamblea, el surgimiento de nuevas modalidades de servicios que benefician a las instituciones dedicadas a la prestación de servicios de salud, tanto públicas, como privadas, y en este caso como son los centros de mezclas, hacen necesario que por el potencial de riesgo que implican sean objeto de atención por parte de las autoridades sanitarias.

Los centros de mezcla son establecimientos o áreas dedicadas a la preparación, el control, la dispensación e información sobre terapéutica de administración parenteral. Como ya se mencionó aquí anteriormente, en el caso de la nutrición parenteral, la analgesia y la oncohematología.

La preparación de estas mezclas se debe reconocer como un servicio farmacéutico que debe desarrollarse por personal calificado y entrenado para ello. Su preparación no debe realizarse nunca fuera de estos establecimientos.

Derivado de lo anterior, se infiere la importancia de normar adecuadamente a estos centros de mezclas. Ya que si los medicamentos son, entre otros productos y actividades, objeto de las acciones de control sanitario que desarrolla el Ejecutivo de la Unión a través de la Secretaría de Salud, resulta evidente que una actividad, como la que se realiza en estos centros de mezcla, debe estar incluida entre los establecimientos que requieren una autorización sanitaria. La legislación vigente no exige autorización sanitaria a este tipo de establecimientos. Tan sólo son sujetos a la solicitud de avisos de funcionamiento.

Debido a lo señalado con antelación, consideramos necesario incorporar a los centros de mezclas dentro de la Ley General de Salud, ya que al hacerlo dichos establecimientos serán materia de normas de funcionamiento y seguridad específicas, tales como normas de buenas prácticas que verifiquen la validación de áreas, manejos de materia prima, procesos y cumplimiento de las disposiciones legales en materia ecológica.

Asimismo, se incluirán en el Reglamento de Insumos para la Salud las características necesarias para su funcionamiento.

Es nuestro deber como representantes populares dotar a las instituciones de facultades para que cumplan de una mejor manera su encomienda; en este caso, proveer de más y mejores servicios de salud.

Por este motivo, solicitamos su voto afirmativo para el presente dictamen. Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, señora diputada. Consulte la Secretaría a la asamblea si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias. En consecuencia, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

(Votación)

Ciérrese el sistema de votación electrónico. De viva voz:

El diputado Érick López Barriga (desde la curul): Gracias. Para cambiar el sentido de mi voto, por favor. Es a favor.

El diputado Alfredo Adolfo Ríos Camarena (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas: Se emitieron 398 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, señor Secretario.Aprobado en lo general y en lo particular por 398 votos el decreto que adiciona una fracción VI al artículo 198 de la Ley General de Salud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE SALUD

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona el artículo 28 Bis de la Ley General de Salud. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 28 Bis a la Ley General de Salud

Honorable Asamblea

A la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 28 Bis de la Ley General de Salud, presentada por el diputado José Antonio Muñoz Serrano y suscrita por los diputados Ector Jaime Ramírez Barba , Margarita Arenas Guzmán y Adriana Rebeca Vieyra Olivares , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Comisión de Salud, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 39 numerales 1o. y 3o., 43, 44, 45 y de los demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen de acuerdo con la siguiente

Metodología

La comisión encargada del análisis y dictamen de la minuta mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de ``Antecedentes'' se da constancia del trámite, del proceso legislativo, del recibo en turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la comisión dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a ``Contenido'', se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de ``Consideraciones'', la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la propuesta en análisis.

I. Antecedentes

En sesión celebrada con fecha 24 de enero de 2007, por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, el diputado José Antonio Muñoz Serrano a nombre propio y de los diputados Ector Jaime Ramírez Barba , Margarita Arenas Guzmán y Adriana Rebeca Vieyra Olivares , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 28 de la Ley General de Salud, en materia de prescripción de medicamentos.

Con la misma fecha, la mencionada iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud de la LX Legislatura para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

La iniciativa en comento tiene como objetivo principal que los licenciados en enfermería puedan prescribir medicamentos contenidos en el cuadro básico de insumos y con guías de práctica clínica basadas en evidencia científica. Para justificar su propuesta, en su exposición de motivos argumentan lo siguiente:

La evidencia internacional sugiere que los sistemas de salud organizados con base en una fuerte orientación de la atención primaria a la salud alcanzan mejores y más equitativos resultados en salud, son mas eficientes, tienen costos mas bajos de atención y logran una satisfacción más alta del usuario comparada con la de aquellos sistemas que tienen una débil orientación a la atención primaria.

En este sentido agregan que en 1994 la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud determinaron la importancia de los consultorios de enfermería con la posibilidad de proporcionar atención a pacientes con enfermedades de bajo riesgo en el primer nivel de atención, al considerar que la enfermera de atención primaria es capaz de proporcionar un amplio asesoramiento en materia de hábitos de vida, asistencia familiar y servicios de atención domiciliaria y su participación con el equipo de salud, se encuentra centrada en la ayuda al individuo y a la familia para el auto cuidado de la salud.

La enfermería es entendida como una disciplina profesional cuya finalidad es el cuidado a la salud de las personas de forma integral, con el fin de que utilicen sus capacidades y potencialidades para la vida. El cuidado es el objeto de conocimiento de la enfermería y criterio fundamental para distinguirla de otras disciplinas del campo de la salud, partiendo de la idea de que cuidar es prestar una especial consideración a la dimensión psicológica, emocional, social y moral de la salud y la enfermedad de una persona.

Por otro lado, afirman que según datos de la OCDE sobre los sistemas de salud en México (2005) y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud, alrededor de 4 por ciento de la población no fue atendida por un profesional de la salud porque geográficamente no tenía acceso a servicios de salud. Esto se explica en parte pro que en México existen 1.5 médicos por cada mil habitantes, el promedio de todos los países miembros es de 2.9 por mil. Respecto al personal de enfermería, en México existen 2.1 enfermeras por mil habitantes, el promedio de los países miembros es de 8.1.

Agregan que la situación descrita, ha llevado a muchos países a autorizar legalmente al personal de enfermería a prescribir ciertos medicamentos en condiciones definidas, de acuerdo a las necesidades de los servicios de salud. Es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, Australia, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Francia, Suecia, Sudáfrica y Brasil.

Finalmente, hacen algunas consideraciones acerca de preceptos vigentes en nuestra legislación:

Por lo anterior, exhortan al Poder Ejecutivo a fortalecer el marco legal vigente a través de la elaboración de la norma oficial mexicana para la prescripción por el personal de enfermería en la atención primaria a la salud, cuyo objetivo sería el de establecer los lineamientos y procedimientos de operación, así como los criterios para la prescripción de medicamentos por el personal de enfermería en la atención primaria a la salud y proponen reformar la Ley General de Salud, mediante la adición de dos párrafos a su artículo 28 de la siguiente manera:

Transitorio

III. Consideraciones

Reconociendo la importancia del rol social que la enfermería juega en la prestación de servicios de salud, esta dictaminadora considera que la iniciativa en comento, es loable y bien fundamentada por el sustento estadístico que presenta. Asimismo, esta comisión coincide plenamente con los diputados promoventes cuando afirman que las actividades que desarrollan las enfermera y lo enfermeros como proveedores de atención primaria a la salud son diversas. Se reconoce que son capaces de realizar un gran número de acciones de salud, entre las que podemos señalar: promoción y educación para la salud; evaluación del estado nutricional; detección de agudeza visual; prevención y control de enfermedades prevenibles por vacunación; detección oportuna de enfermedades como diabetes e hipertensión; detección de factores de riesgo para cada grupo de edad; sesiones personalizadas para la modificación de los hábitos y estilos de vida; así como para el autocuidado de la enfermedad; vigilancia y control prenatal en condiciones normales; vigilancia y control del crecimiento y desarrollo del menor de cinco años de edad en condiciones normales; atención a pacientes con enfermedades crónico degenerativas, diabetes-hipertensión; planificación familiar y actividades asistenciales para con el médico familiar.

Tradicionalmente se ha considerado la prescripción como una función específica y un campo reservado para el personal médico; sin embargo, en muchos países del mundo, incluyendo los países desarrollados, el personal de enfermería esta involucrado en mayor o menor grado en la prescripción de medicamentos, sobretodo en las áreas rurales o aisladas.

La carencia de personal médico en zonas aisladas ha propiciado que la enfermería deba tomar la iniciativa para prescribir algunos medicamentos, adicionalmente a las competencias propias de su formación académica.

En países como Suecia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Australia, Sudáfrica y Nueva Zelandia cuentan con un marco legal que permite a las enfermeras formalizar esta actividad que en algunas situaciones ya se venían realizando; en 1999 en el Reglamento de la Ley de Farmacia, Nicaragua facultó legalmente a enfermería para la prescripción de medicamentos.

La regulación de la prescripción por parte de la enfermería en determinados contextos asistenciales, constituye un hecho bastante arraigado en el entorno anglosajón. Esta disposición no hace sino regularizar algo que en la práctica diaria ocurre mediante mecanismos informales para evitar trasladar a los usuarios la inflexibilidad del sistema en el acceso a ciertos fármacos y productos sanitarios. Las enfermeras deben estar motivadas y comprometidas en este empeño, pero para ello, es necesario que profesionales que ``conviven'' diariamente con el medicamento, tengan potestad formal sobre algunos de sus aspectos.

En el caso de nuestro país, es importante considerar que pueden existir razones por las que resulta prudente reconocer y valorar la función del personal de enfermería en la prescripción de algunos medicamentos. Un ejemplo de lo anterior, en donde el personal de enfermería prescribe y ministra productos considerados como medicamentos es durante las Semanas Nacionales de Salud al ministrar antiparasitarios (albendazol), micronutrimentos (Vitamina A, ácido fólico), electrólitos (vida suero oral) y las vacunas, donde enfermería realiza el interrogatorio del paciente, para determinar con base en su conocimiento profesional si es candidato a recibir estos productos. En el caso específico de las vacunas prescribe la ingesta de algún medicamento para controlar las posibles molestias post vacunales.

Los diputados integrantes de la Comisión de Salud nos manifestamos a favor de la iniciativa propuesta, con la seguridad de que con esta reforma se reconoce la capacidad que el personal de enfermería de nuestro país tiene para colaborar en los servios de salud. A pesar de lo anterior consideramos conveniente que en lugar de adicionar un segundo párrafo al artículo 28 de la ley, se adicione un artículo 28 Bis en los términos propuestos por el promovente.

Por lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comisión de Salud, con las atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente proyecto de

Decreto que adiciona el artículo 28 Bis a la Ley General de Salud

Artículo Único. Se adiciona el artículo 28 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 28 Bis. Los profesionales que podrán prescribir medicamentos son:

Los profesionales a que se refiere el presente artículo deberán contar con cédula profesional expedida por las autoridades educativas competentes. Los pasantes en servicio social, de cualquiera de las carreras antes mencionadas y los enfermeros podrán prescribir ajustándose a las especificaciones que determine la Secretaría.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al año siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, plazo durante el cual el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud y de conformidad con el texto propuesto en el último párrafo del artículo 28 Bis de la Ley General de Salud, deberá establecer los lineamientos y procedimientos de operación, así como los criterios para la prescripción de medicamentos por el personal de enfermería en la atención primaria a la salud.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

Se han registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios los siguientes diputados y las siguientes diputadas. Por parte del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Elizabeth Morales García ; por parte del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal ; y por parte del Partido Acción Nacional, el diputado José Antonio Muñoz Serrano .

Tiene la palabra la diputada Elizabeth Morales García , del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

La diputada Elizabeth Morales García: Nuevamente buenas tardes. Primero que nada, a nombre del Partido Revolucionario Institucionalquiero hacer un reconocimiento a las más de 200 mil enfermeras de todo el país, quienes dedican su profesión, su tiempo, su esfuerzo a procurar la salud en el ámbito que les compete, mañana, tarde, día y noche. Y que con un gran profesionalismo han venido preparándose para elevar su nivel de servicio, y que ahora ya cuentan con la licenciatura en enfermería.

La presente iniciativa pretende reconocer en la ley lo que ya hacen en la práctica los licenciados en enfermería. Lo que se está ahora proponiendo es que puedan prescribir medicamentos contenidos en el cuadro básico de insumos, y con guías de prácticas clínicas basadas en evidencias científicas, y quedaría de la siguiente manera. Y hago énfasis para tranquilidad de muchos.

Dice: Los profesionales que podrán prescribir medicamentos son licenciados en enfermería, entre algunos otros como médicos, por ejemplo, cirujanos dentistas, homeópatas, que ya lo dice la ley, médicos veterinarios, etcétera.

Los licenciados en enfermería únicamente podrán prescribir medicamentos comprendidos en el cuadro básico y que además cuenten con su cédula profesional expedida por las autoridades educativas competentes.

Así, esto va a permitir definir una pauta muy importante para que tanto en el sector público, en las instituciones públicas como en las instituciones privadas se pueda utilizar el personal, los recursos humanos, con mayor eficiencia y con mayor eficacia a favor de la calidad de los servicios y a favor, por supuesto, en atención a la gente.

Por ello, en el Partido Revolucionario Institucional estamos a favor de esta iniciativa. Muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Fernando Mayans Canabal, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su permiso, señor Presidente. En nombre del Partido de la Revolución Democráticaqueremos hacer un profundo reconocimiento a la labor de nuestras compañeras y compañeros enfermeros, enfermeras de todo el país.

Los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos sabemos del talento, de la inteligencia, del esfuerzo cotidiano que hacen, muchas veces en condiciones deplorables, para luchar contra la muerte, luchar contra las enfermedades. Como todos sabemos en este país, la principal enfermedad y lo que mata no son los virus ni las bacterias sino la pobreza, compañeros.

Sin embargo, este extraordinario y fabuloso equipo que tenemos tanto a nivel privado como a nivel gubernamental, las enfermeras, pues sí, cada día se han ido preparando. Inicialmente cursaban algunos años de primaria, iban aprendiendo al lado del enfermo, del dolor, de los médicos, pero los enfermeros y las enfermeras son unos seres verdaderamente ejemplares.

Por eso, en el Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor este dictamen. Sabemos que cada día se van a ir superando estas enfermeras y estos enfermeros para obtener la licenciatura. Ahora la mayoría de los hospitales en nuestro país tienen ya licenciados en enfermería, ya no son auxiliares de enfermería, son licenciados en enfermería que ya de facto recetan ahí en las comunidades lejanas, dispersas, donde no hay quien dé una medicina.

Tenemos carencia de médicos en las zonas rurales dispersas ---y no porque las universidades, ya ven cuántos médicos rechazan, o estudiantes para medicina---. Sin embargo, la educación en este país tiene los renglones torcidos y nos educan para estar en centros hospitalarios como Nutrición, como el Siglo XXI, como Cardiología, y no nos educan a los médicos para estar en una zona rural dispersa.

Al médico, desafortunadamente, en nuestra sociedad se le ve como de bajo nivel científico y cultural, al médico que está en la sierra. Sin embargo, el sufrimiento y las carencias hacen que sea un doble esfuerzo de este personal y también de los enfermeros y enfermeras en nuestro país.

Por eso, el voto del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática va a ser a favor. Y acuérdense de que nuestra lucha fundamental no es contra los virus ---repito--- y las bacterias sino contra la pobreza. Muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado José Antonio Muñoz Serrano, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

El diputado José Antonio Muñoz Serrano: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros. Un paso más hacia la cobertura universal de salud.

En enero tuve la oportunidad en la Comisión Permanente de presentar esta iniciativa. Iniciativa que busca, como lo han dicho mis compañeros, darle el reconocimiento a las licenciadas y los licenciados en enfermería, a su trabajo. Porque su trabajo es parte de un equipo interdisciplinario entre el médico y la enfermera, el enfermero. Y hemos podido erradicar algunas enfermedades gracias a la participación de ellos.

Y, desde luego, en este afán de buena voluntad, todos los grupos parlamentarios con la visión de Estado han aprobado esta iniciativa en la Comisión de Salud. Y hoy se presenta esta adición al artículo 28. Les puedo decir que, como médico, me doy cuenta de las enormes necesidades que tiene este país.

A lo largo y ancho de este país encontramos zonas marginadas, donde los médicos no alcanzan a llegar. Y precisamente el trabajo que se lleva a cabo es por el equipo de enfermería y que, desde luego, es el primer personal de salud que tiene contacto con el paciente.

Al pasar de los años las enfermeras y los enfermeros se han convertido en los pioneros en el trato con el paciente, y esto nos obliga a darles un respaldo jurídico. Porque, si bien ya se encuentra en la normatividad, la oportunidad de administrar y prescribir no se encuentra en la Ley General de Salud.

Y esto es lo que hoy presentamos, para que todos ustedes puedan votarlo hoy, y le demos la oportunidad no solamente al personal de enfermería de prescribir los medicamentos, sino también al enfermo de recibir la atención adecuada que merece en este país, la oportunidad para vivir de una manera mejor y más digna.

Este concepto no es nuevo, ya en otros países está siendo utilizado desde el 94. La Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud reconocen y acreditan al personal de enfermería para poder prescribir medicamentos. Esto facilita el acceso a la salud.

No es extraño ver cómo la población confía en el personal de salud, porque como ya lo hemos dicho, algunas enfermedades han sido erradicadas gracias a la participación de nuestro personal de enfermería. Por este motivo hoy vengo a pedirles el voto a favor de parte del Grupo Parlamentario del PAN, y decirles que la modificación, esta adición del artículo 28...

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Permítame, orador. Permítame, diputado.

El diputado José Antonio Muñoz Serrano: Sí, Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: ¿Con qué objeto, diputado Montalvo?

El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas (desde la curul): Por su conducto, a ver si me puede aceptar una pregunta el orador.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Señor diputado, ¿acepta usted una pregunta?

El diputado José Antonio Muñoz Serrano: Con todo gusto, Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado Montalvo.

El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas (desde la curul): Gracias, diputado. A mí me llama mucho la atención el hecho de que pueda ---desde luego como está planteado en el proyecto--- un licenciado en enfermería recetar, pueda prescribir medicamentos.

Yo le preguntaría si hay alguna disposición en el sentido de que pueda incurrir en alguna negligencia a la hora de recetar este licenciado en enfermería y que pueda ocasionar con ese hecho alguna enfermedad más grave, porque me llama la atención que no tiene los conocimientos como médico. Es una pregunta que yo le hago respetuosamente. Muchas gracias, por la respuesta.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Adelante, diputado.

El diputado José Antonio Muñoz Serrano: Gracias, Presidente. Les digo, compañeros, que el personal de enfermería tiene una condición indispensable: quien vaya a ejercer esta acción tendrá que ser licenciado o licenciada en enfermería, y para esto hay toda una carrera que lleva no solamente las materias básicas, sino también llevan anatomía, farmacología, y que toda esta formación que lleva el personal de enfermería tiene el sustento para poder hacer lo que ya han venido haciendo durante tantos años.

Y acerca de si hay manera de darle un control, claro que sí. La Secretaría de Salud, a través de la normatividad, podrá determinar cuáles son los medicamentos que pueden prescribir y en qué circunstancias. Esto quedará debidamente regulado porque, efectivamente, lo que estamos buscando es generar mejores condiciones y mejores oportunidades a los pacientes. No complicaciones.

Creo que con esto contestamos con claridad la pregunta del ciudadano diputado, donde sí van a ser regulados. Toda responsabilidad que se tome tendrá que tener consecuencias y, desde luego, esta responsabilidad que hoy toman, si así lo decidimos los diputados, tendrá que ser normada por la Secretaría de Salud. Y tendríamos que modificar también el reglamento, la norma, para que ellos puedan hacerlo con responsabilidad y hacerlo dentro del marco que lo genere la Secretaría.

Con esto quisiera dejar muy claro que la verdadera intención es que lleguemos a la cobertura universal y que ninguna ciudadana mexicana o ciudadano mexicano pueda ser ajeno a esa atención, porque nuestras generaciones requieren de mayores oportunidades. Y porque en este Poder Legislativo tenemos, con mucha claridad, la oportunidad de decirles que la salud del pueblo debe ser y es aquí, en este recinto, la suprema ley. Es cuanto, diputado Presidente. Gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputado Muñoz. Consulte la Secretaría a la asamblea si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto, en lo general y en lo particular. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

(Votación)

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Se emitieron 374 votos a favor, 5 en contra y 6 abstenciones.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Aprobado en lo general y en lo particular, por 374 votos, el decreto que adiciona al artículo 28 Bis de la Ley General de Salud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY DE AGUAS NACIONALES

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

El diputado Jesús Manuel Patrón Montalvo (desde la curul): Presidente...

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado Jesús Manuel Patrón Montalvo (desde la curul): Si hay la posibilidad de que transfiramos la Ley de Aguas Nacionalespara el próximo martes, a fin de que nos den oportunidad de afinar algunos detalles que ya están concertados con todos los grupos parlamentarios.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muy bien, diputado Patrón Montalvo. La Presidencia no tiene inconveniente en atender la solicitud del presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicospara diferir la discusión de este dictamen.

LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 9o. y el inciso o) del artículo 28 de la Ley de Asistencia Social.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social

HONORABLE ASAMBLEA

La Comisión de Desarrollo Social, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 56, 60, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Proyecto de Dictamen, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El 27 de abril de 2006 las diputadas Celia Leticia Montes de Oca Cabrera, Gabriela Miranda Campero López Malo y el diputado Guillermo Tamborrel Suárez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LIX Legislatura, presentaron la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma la Fracción VIII del artículo 9, y el inciso o) del artículo 28, ambos de la Ley de Asistencia Social por la que se propone establecer como atribución, tanto de la Secretaría de Salud como del sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que en el Sistema Nacional de Información sobre Asistencia Social, se otorgue importancia particular a los temas de familia.

Con fecha 29 de septiembre de 2006, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA PARA LA CONSTITUCIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES ORDINARIAS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA LX LEGISLATURA, así como la designación de sus Mesas Directivas, quedando formalmente constituida e integrada la Comisión de Desarrollo Social.

Con fecha 3 de octubre de 2006, la Secretaría de Servicios Parlamentarios de este Órgano Legislativo, entregó formalmente a la Presidencia de esta Comisión, las instalaciones físicas, archivos y expedientes de la propia Comisión, en donde se incluyeron los asuntos que quedaron pendientes de dictamen de la LVIII y LIX Legislaturas.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La iniciativa pretende puntualizar la trascendencia de realizar estudios e investigaciones en temas de familia; ya que en esta se materializa gran parte de la problemática que afecta a la sociedad, considerándola como un espacio importante para encontrar soluciones que permitan al Estado procurar el bienestar social.

SEGUNDA.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4°, establece la obligatoriedad para que el Estado, a través de sus instituciones y de su orden jurídico, proteja a la familia y le proporcione los medios adecuados para su desarrollo y cumplir con su finalidad.

TERCERA.- Dentro de las instituciones encargadas de apoyar el desarrollo de la familia se encuentran la Secretaría de Salud y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, órganos responsables de proporcionar los servicios de asistencia social que deben conocer y atender con una mayor importancia la problemática, necesidades y satisfactores que afectan a la familia mexicana.

CUARTA.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia es el órgano público, responsable de prevenir, proteger, atender rehabilitar, promover y elevar la capacidad de respuesta de la población más vulnerable de nuestro país; de tal forma que para esta institución su fiel propósito deberá estar orientado a lograr una mayor protección y fortalecimiento de las familias a efecto de incrementar sus capacidades y condiciones para enfrentar y prevenir los riesgos de desintegración y favorecer su desarrollo integral.

QUINTA.- La situación actual de las familias es diferente a la forma en como se vino desarrollando por varias décadas, ahora éstas presenten otras características como la reducción del tamaño de la unidad familiar; el descenso y retrazo de la nupcialidad; los aumentos de la maternidad precoz; las uniones consensuales; las rupturas conyugales, entre otras.

SEXTA.- Los fenómenos sociales por los que atraviesan las familias, requiere, para su atención, formulación de políticas públicas y acciones legislativas, de información técnica, consistente en estudios e investigaciones especializadas, que ponga énfasis particular a los temas de familia, a fin de resolver en una buena medida a los problemas por los que atraviesa la sociedad mexicana.

SÉPTIMA.- Es de aprobarse las propuestas de reforma planteadas en la iniciativa puesto que están encaminadas a fortalecer el Servicio Nacional de Información Sobre Asistencia Social, con análisis e investigaciones específicas a temas de la familia.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Desarrollo Social de la H. Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 9, Y EL INCISO O) DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción VIII del artículo 9, y el inciso o) del artículo 28 de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:

Artículo 9.- La Secretaría de Salud, en su carácter de autoridad sanitaria, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en su carácter de coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, tendrán respecto de la asistencia social, y como materia de salubridad general, las siguientes atribuciones:

I a VII.- ...

VIII.- Coordinar un Sistema Nacional de Información en materia de asistencia social, con énfasis en temas de familia en colaboración con el INEGI

...

Artículo 28.- ... El organismo será el coordinador del Sistema, y tendrá las siguientes funciones:

a) a n) ...

o) Realizar y apoyar estudios e investigaciones en materia de asistencia social, particularmente en temas de familia;

p) a z)...

TRANSITORIOS

Único.- El presente decreto entrará al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: En consecuencia, está a discusión en lo general. Se han registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, por parte del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Víctor Gabriel Varela López; y por el Partido Acción Nacional, la diputada Rubí Laura López Silva. En consecuencia, tiene la palabra el diputado Víctor Gabriel Varela López, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

El diputado Víctor Gabriel Varela López (desde la curul): Declino, señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Declina su participación el diputado Varela. Tiene la palabra la diputada Rubí Laura López Silva, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

La diputada Rubí Laura López Silva: Muchas gracias, señor Presidente.

«A nombre de la Comisión de Desarrollo Social hago uso de esta tribuna, a fin de proponer una modificación al dictamen por el que se reforma la fracción VIII del artículo 9o. y el inciso o) del artículo 28 de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:

Proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 9o. y el inciso o) del artículo 28 de la Ley de Asistencia Social

Artículo Único. Se reforma la fracción VIII del artículo 9o. y el inciso o) del artículo 28 de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:

Artículo 9o. La Secretaría de Salud, en su carácter de autoridad sanitaria, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en su carácter de coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social, Pública y Privada, tendrán, respecto de la asistencia social y como materia de salubridad general, las siguientes atribuciones:

VIII. Coordinar un sistema nacional de información en materia de asistencia social, con énfasis en temas de personas, familias, grupos sociales en situación de vulnerabilidad, en colaboración con el INEGI.

Artículo 28. El organismo será el coordinador del sistema y tendrá las siguientes atribuciones:

a) a n). . .

o). Realizar y apoyar estudios e investigaciones en materia de asistencia social, particularmente en temas de personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad.

p)a z). . .

Las demás fracciones e incisos quedan de la misma manera, como en este momento se encuentran inscritos en la propia ley.»

Solicito a la Presidencia que instruya a la Secretaría para que el texto, del que hago entrega, sea incorporado íntegramente a la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Muchas gracias, diputada. Su participación se considerará en el momento en que discutamos en lo particular esta iniciativa. No habiendo más oradores, consulte la Secretaría a la asamblea si el dictamen que se encuentra suficientemente discutido en lo general.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen que se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Suficientemente discutido en lo general. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

Esta Presidencia ha recibido, por parte de la diputada Rubí Laura López Silva , la reserva en los artículos 9o. y 28; por tanto, su participación de hace un momento se considera para este efecto.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados.

(Votación)

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Ciérrese el sistema electrónico. Se emitieron 351 votos en pro, 0 en contra y 5 abstenciones.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 351 votos.

Solicito a la Secretaría que lea la propuesta de la diputada Rubí Laura López Silva .

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: A nombre de la Comisión de Desarrollo Social hago uso de esta tribuna a fin de proponer una modificación al dictamen por el que se reforma la fracción VIII del artículo 9o. y el inciso o) del artículo 28 de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:

Proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 9o. y el inciso o) del artículo 28 de la Ley de Asistencia Social.

Artículo Único. Se reforma la fracción VIII del artículo 9o. y el inciso o) del artículo 28 de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:

Artículo 9o. La Secretaría de Salud, en su carácter de autoridad sanitaria, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en su carácter de coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, tendrán respecto de la asistencia social y como materia de salubridad general, las siguientes atribuciones:

VIII Coordinar un sistema nacional de información en materia de asistencia social con énfasis en temas de personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad, en colaboración con el INEGI.

Artículo 28. El organismo será el coordinador del sistema y tendrá las siguientes funciones:

o) Realizar y apoyar estudios e investigaciones en materia de asistencia social, particularmente en temas de personas, familias y grupos sociales en situación de vulnerabilidad.

Incisos de la p) a la z), igual.

Solicito a la Presidencia que instruya a la Secretaría para que el texto del que hago entrega sea incorporado íntegramente en la Gaceta Parlamentaria.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por la diputada Rubí Laura López Silva.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico hasta por tres minutos para proceder a la votación.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación de la fracción VIII del artículo 9o. y del inciso o) del artículo 28, propuestos por la diputada.

(Votación)

Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 313 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobada la propuesta por 313 votos.

De viva voz:

La diputada Elizabeth Morales García (desde la curul): Nada más si puede registrar mi voto a favor, por favor. Gracias.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Diputada Presidenta, nada más para que registren mi voto a favor, por favor.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (desde la curul): De igual forma, mi voto a favor, diputada Presidenta.

El diputado Alejandro Sánchez Camacho (desde su curul): Para que registre mi voto a favor.

El diputado Alejandro Chanona Burguete (desde su curul): A favor, Presidenta.

El diputado Elías Cárdenas Márquez (desde la curul): A favor.

La diputada Patricia Castillo Romero (desde la curul): A favor, Presidenta.

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez (desde la curul): A favor.

La diputada Arely Madrid Tovilla (desde la curul): A favor.

El diputado Juan Victoria Alva (desde la curul): A favor, diputada Presidenta.

La diputada Leticia Díaz de León Torres (desde la curul): A favor.

El diputado Gerardo Buganza Salmerón (desde la curul): A favor.

La diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (desde la curul): A favor, señora Presidenta.

El diputado José Gildardo Guerrero Torres (desde la curul): A favor.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): A favor.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Aprobado en lo general y en lo particular el decreto que reforma la fracción VIII del artículo 9o. y el inciso o) del artículo 28 de la Ley de Asistencia Social, por 328 votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LIRIO ACUATICO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: El siguiente punto del orden del día son dictámenes a discusión, con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Se autoriza.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca: «Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a analizar y certificar la propuesta del Colegio de Postgraduados sobre el control biológico del lirio acuático en la cuenca del río Lerma y, principalmente, en el lago de Chapala

Honorable Asamblea

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, la propuesta con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que analice y certifique la propuesta elaborada por el Colegio de Postgraduados, sobre el control biológico del lirio acuático en la cuenca del río Lerma y principalmente en el lago de Chapala, presentado por el entonces diputado Quintín Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En virtud del análisis y estudio del punto de acuerdo que se dictamina, esta Comisión Legislativa, con base en las facultades que le confieren los artículos 39 numerales 1 y 2 fracción XXIV, y 45 numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de los integrantes de esta honorable asamblea, el presente dictamen, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

Primero. El 19 de abril de 2005, el otrora diputado Quintín Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una propuesta con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que analice y certifique la propuesta elaborada por el Colegio de Postgraduados, sobre el control biológico del lirio acuático en la cuenca del río Lerma y principalmente en el lago de Chapala, y

Segundo. En esa misma fecha, dicha propuesta con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

La cuenca Lerma-Chapala-Santiago se localiza en la zona centro-este de Nayarit, la región centro-norte de Jalisco, el sur de Zacatecas y Aguascalientes, la mayor parte del territorio de Guanajuato y la región norte de Michoacán de Ocampo y el estado de México. ¹

La región hidrológica XII Lerma-Santiago es una de las más importantes en el país ² . Esta región hidrológica tiene una extensión de ciento treinta y dos mil novecientos dieciséis kilómetros cuadrados; una precipitación media anual de ochocientos cuarenta y un milímetros y un escurrimiento natural medio superficial interno de trece mil setecientos cuarenta y tres hectómetros cúbicos. ³

La región hidrológica XII a su vez se divide en cuencas y el lago de Chapala se localiza en la cuenca D de dicha región. Esta cuenca ``drena una superficie de 5 mil 127.4 kilómetros cuadrados dentro del estado de Jalisco y 1 mil 202.7 kilómetros cuadrados en el estado de Michoacán, sumando en total 6 mil 329.1 kilómetros cuadrados'' ⁴

Este lago natural de forma subrregtangular elongada es el más grande de México, el segundo en altitud y el tercero en tamaño del Continente americano. El lago de Chapala ``tiene una superficie de 109 mil 800 hectáreareas; con una longitud máxima de 78 a 82 kilómetros, una anchura máxima de 20.5 kilómetros y una profundidad máxima de 7 metros y una media de 4.5 metros.'' ⁵

La cuenca del lago de Chapala presenta diferentes tipos de vegetación terrestre, a saber: matorral subtropical, bosque de galería, bosque de pino-encino. En cuanto a la vegetación acuática destacan: ``las comunidades de pradera acuática latifolia: Cyperus, Phragmites, Scirpus y Typha; pradera acuática micrófila: Lemna y Salvinia; pradera acuática rosetófila: Eichhornia, Lemna, Nymphaea y Pistia; pradera subacuática: Chara, Miriophyllum y Potamogeton.'' ⁶

La fauna de la cuenca del lago de Chapala es muy diversa. La ictiofauna comprende ``39 especies, agrupadas en nueve familias. De ellas, cuatro familias y 15 especies son comerciales: Cyprinidae (carpas), con cuatro especies; Ictaluridae (bagres), con tres especies; Atherinidae, con siete especies (incluye a los charales, con cuatro especies y a los pescados blancos, con tres) y finalmente la familia Cichlidae (tilapia), con una especie.'' ⁷

En el lago también se encuentra un número significativo de aves migratorias que provienen de la ruta central (un millón novecientas mil aves) y del Pacífico (dos millones cien mil aves), particularmente de Alaska, Estados Unidos y Canadá. Los estudios indican que a la cuenca de Chapala arriban más de ochenta especies de aves pertenecientes a las familias: ``Anatidae, Ardeiidae, Charadriidae, Ciconidae, Gruidae, Jacanidae, Lariidae, Pelecaniidae, Phalacrocoracidae, Podicipididae, Rallidae, Recurvirostridae, Scolopacidae, Threrskiornithidae.'' ⁸

Asimismo, se han identificado otras especies de fauna silvestre en la zona aledaña al lago, entre las que destacan: coyote (Canis latrans), armadillo (Dasypus novemcinctus), tlacuache (Didelphis virginiana), liebre de cola negra (Lepus californicus), liebre torda (Lepus callotis), mapache (Procyon lotor), ardilla gris (Sciurus aureogaster), conejo de montaña (Sylvilagus floridanus), entre otros.

Con base en lo anterior no es de sorprender que, de acuerdo a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la cuenca de Chapala forme parte de la región hidrológica prioritaria para la conservación número 58 ``Chapala--Cajititlán--Sayula''; de la región terrestre prioritaria para la conservación número 113 ``Cerro Viejo-Sierras de Chapala'', y que además esté clasificada como Área de Importancia para la Conservación de Aves C- 67.

En la cuenca del lago de Chapala convergen los municipios de Tizapán, Tuxcueca, Jocotepec, Chapala, Poncitlán, Ocotlán y Jamay, todos ellos pertenecientes al estado de Jalisco y los municipios de Venustiano Carranza y Cojumatlán del estado de Michoacán de Ocampo.

Las principales actividades económicas que se llevan a cabo en la cuenca son: la agricultura; la ganadería y la pesca. Otras actividades que también se desarrollan en la zona se relacionan con las industrias: extractiva, construcción, manufacturera; el comercio, los servicios comunales y el transporte, entre otras. No es extraño que la calidad del agua del lago haya diezmado severamente como resultado de las actividades ya enunciadas, toda vez que las descargas que se vierten a este cuerpo de agua, aún aquellas de plantas de tratamiento, comprenden una concentración elevada de nutrientes, particularmente Nitrógeno y Fósforo; así como de metales pesados, entre los que destacan: Cadmio, Cobre, Manganeso, Níquel, Cromo, Mercurio, Plomo y Zinc. ⁹

El deterioro del flujo hidrológico del lago de Chapala también ha sido favorecido por factores climáticos como la gran sequía que se presentó en la década de los años cincuenta; así como por el desarrollo de obras hidráulicas de gran envergadura a lo largo de la cuenca Lerma--Chapala, como por ejemplo la construcción de la presa derivadora Corona o la presa Poncitlán y los trabajos en el lago de Chapala como la construcción del dique de Maltraña y su posterior elevación en la ciénega de Chapala.

Otro factor a tomarse en consideración cuando se habla del deterioro de la cuenca del lago de Chapala es el abastecimiento de agua. Efectivamente, el lago de Chapala abastece de agua a la ciudad de Guadalajara a una razón de 7.5 metros cúbicos por segundo, pero el crecimiento poblacional en la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara y sus alrededores ejerce una presión constante sobre este cuerpo de agua.

Por si lo anterior no fuese suficiente, el lago de Chapala presenta un severo problema de proliferación de malezas acuáticas, particularmente el Tule (Typha Dominguensis) y el lirio acuático (Eichornia Crassipes). El tule es una planta anfibia que puede llegar a medir hasta 2.5 metros de altura y sus hojas pueden alcanzar un tamaño de 1.5 metros. Por su parte, el lirio acuático pertenece a la familia de las Pontederiaceae. Es una planta libre flotadora de agua dulce que se localiza en regiones tropicales y subtropicales, sin embargo no es nativa y de acuerdo a los expertos, su introducción o naturalización en los lagos de México no sucedió sino hasta 1884. ¹⁰ Su aparición en el lago de Chapala data de 1935 y se cree que entró por la cuenca del río Lerma.

El lirio acuático y el tule se han convertido en malezas y su área de distribución cambia de acuerdo a la época del año. En ese sentido y de acuerdo con información del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la presencia del lirio acuático puede cubrir entre el 3.8 por ciento y el 7.2 por ciento de la superficie del lago, es decir entre 4 mil 203 hectáreas y 7 mil 400 hectáreas respectivamente. La presencia de tule no es menos importante. Ésta oscila entre las 2 mil 632 hectáreas y 6 mil 530 hectáreas cubriendo 2.38 por ciento y el 5.74 por ciento de la superficie del lago, respectivamente. ¹¹

A la luz de lo anterior no es de extrañar que la presencia del lirio acuático en el lago de Chapala ocasione problemas de índole diversa. Entre los daños al ambiente destaca la reducción de la oxigenación del cuerpo de agua toda vez que su presencia reduce considerablemente la entrada de luz y el intercambio gaseoso con la atmósfera. Ello propicia la formación de materia orgánica, lo que incrementa el grado de eutrofización del lago. En el mediano plazo ocasiona la muerte de especies de flora y fauna acuática.

Otro problema ocasionado por el lirio acuático es la propagación de plagas hematófagas como mosquitos, tábanos y sanguijuelas capaces de transmitir enfermedades a la fauna e incluso a la población que vive en la zona aledaña al lago. No se debe perder de vista que en las raíces del lirio se incuba el patógeno causante del cólera.

La proliferación del lirio en el lago de Chapala también causa problemas económicos para todos aquellos que de una u otra forma dependen de éste para subsistir. Algunas de las actividades productivas que son afectadas son: la agricultura, porque la disponibilidad de agua para riego disminuye; la reducción del potencial pesquero y también turístico; la obstrucción a la navegación y el consecuente incremento en el costo por remoción y mantenimiento de los canales, drenes de riego y del propio lago.

Tradicionalmente se han aplicado diferentes métodos de control de malezas en el lago de Chapala. Los más comunes son:

Como parte del control integral de la maleza del lago de Chapala, además de la aplicación del método mecánico, desde abril de 2005, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), autorizó el uso del herbicida glifosato (N-[fosfonometil]-glicina), para el control químico de la maleza del lago de Chapala. Por su parte, el 24 de agosto de 2005, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgó la autorización condicionada a la manifestación de impacto ambiental presentada por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) del estado de Jalisco, para el desarrollo de dicho proyecto.

De acuerdo a la manifestación de impacto ambiental la aspersión del herbicida --cuyo nombre comercial es ``Aquamaster''--, se llevaría a cabo por aire y manualmente con la ayuda de aerobotes en todos los sitios infestados por lirio y tule así como en las zonas de difícil acceso para llevar a cabo el control mecánico. La aspersión se realizaría durante la etapa de mayor crecimiento de las malezas. Como resultado de la aplicación de este programa se espera que la porción de la superficie cubierta por maleza sólo sea del 2 por ciento.

A pesar de que el herbicida glifosfato está autorizado para su comercialización y uso por la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (Ciclopafest), se trata de un producto de uso delicado porque se ha demostrado que es tóxico y persistente ya que puede durar en el ambiente entre catorce y veintidós días y en el suelo sesenta días.

Cabe señalar que aún cuando el herbicida de nombre comercial ``Aquamaster'' es utilizado para el control de malezas en zonas de humedal, su uso autorizado es el de control de malezas urbanas.

Esto es importante a considerar, toda vez que el principal lugar donde se deposita este herbicida es el sedimento de los cuerpos de agua. En ese sentido, al ser rociado en el lago de Chapala es altamente probable que al sedimentarse, incremente la disponibilidad de biomasa en el lago y en consecuencia su eutrofización lo anterior debido a que ``el glifosato puede actuar potencialmente como una fuente de Fósforo y ésto puede estimular una indeseada eutroficación de los cuerpos de agua.'' ¹³

Más aún, la Northwest Coalition for Alternatives to Pesticides llevó a cabo un estudio sobre los efectos en la salud por el uso del herbicida glifosato. De acuerdo al estudio los síntomas de la exposición al glifosato son: irritación ocular, visión nublada, erupción cutánea, náuseas, dificultad para respirar, sangrado nasal, mareo, dolor de cabeza. En los casos más severos se ha establecido una correlación entre la aparición de diversos tipos de cáncer, daño genético, propensión a abortos, disfunción hormonal y esterilidad masculina. ¹⁴

De igual forma, el documento indica que aun cuando no se han llevado a cabo tantos estudios sobre el efecto del herbicida en los cuerpos de agua, se ha encontrado que los contamina fácilmente y que su degradación no es tan rápida como se espera puesto que se detectó su presencia en las muestras tomadas en diversos cuerpos de agua durante la primavera y el verano. ¹⁵

Los efectos en la fauna acuática por el uso de glifosato no son menores. El ya citado estudio señala que puede causar desórdenes genéticos. Por ejemplo, un estudio llevado a cabo en tilapias en Brasil demostró que estos peces presentaron daños severos en el cromosoma de sus células rojas. Asimismo, menciona que en Egipto se detectaron daños en las células del bazo de tilapias por exposición a este herbicida. ¹⁶

Tal como señala el promovente del punto de acuerdo, resulta incomprensible que la Sagarpa y Semarnat hayan autorizado el control de maleza con este herbicida tóxico, sin considerar la opinión de investigadores mexicanos como las de los investigadores del Colegio de Postgraduados, quienes han desarrollado e implantado con una efectividad sostenida del 85 por ciento al 95 por ciento de éxito y sin poner en riesgo la salud de la población y los ecosistemas, controles biológicos de maleza acuática en los estados de Sinaloa y Sonora. Dicho control biológico utiliza insectos depredadores naturales del lirio acuático: picudos (Neochetina bruchi y Neochetina eicchorniae), la palomilla (Sameodes albiguttalis) y la chinche (Eccritotarsus catarinensis).

No debe escapar a nuestra atención el hecho de que ningún control de tipo mecánico, biológico o químico resolverá el problema de maleza acuática en el lago de Chapala en tanto no esté acompañado por una serie de políticas encaminadas evitar las descargas residuales ricas en nutrientes que propician el crecimiento de las malezas.

Ahora bien, el resolutivo original del punto de acuerdo que se dictamina exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que analice y certifique para su aplicación, la propuesta elaborada por el Colegio de Postgraduados, sobre el control biológico del lirio acuático en la cuenca del río Lerma y principalmente en el lago de Chapala. Al respecto, la comisión dictaminadora recuerda que el resolutivo pretendía evitar el uso del herbicida glifosato tanto por sus características tóxicas como por el impacto potencial en el ambiente y en la salud de los habitantes de la zona.

Sin embargo como ya se mencionó, desde abril de 2005, a pesar de la protesta de diversas organizaciones no gubernamentales como Amigos del Lago de Chapala, la Red Internacional Living Lakes y Global Nature Fund, se ha aplicado el herbicida glifosato como parte del Programa de Control Integral de Maleza Acuática en el Lago de Chapala. De hecho, la manifestación de impacto ambiental desestima el control biológico de la maleza en ese cuerpo de agua: ``el control biológico de malezas no será tomado en cuenta en este programa, ya que se han hecho algunos esfuerzos de este tipo y no se han obtenido resultados significativos.'' ¹⁷ Esta afirmación no sólo contradice los resultados de los programas implantados por el Colegio de Postgraduados, sino que adolece de de un fundamento científico sólido, por lo que puede ser considerado como un argumento carente de validez e incluso partidario de la aplicación del control químico.

Por las razones antes señaladas, la comisión dictaminadora considera que si bien el exhorto del diputado promovente, ha quedado sin efecto toda vez que ya han pasado dos años desde que se inició la aplicación del glifosato, resulta imprescindible evitar que la aspersión del herbicida tóxico continúe llevándose a cabo en una zona lacustre (humedal), cuando existen otros métodos que son más amigables con el ambiente y sobre todo, cuando la solución requiere de medidas asociadas que eviten que las descargas de aguas residuales sigan contaminando no sólo el lago de Chapala sino toda la cuenca Lerma-Santiago-Pacífico. Así, los integrantes de la Comisión Legislativa que suscriben el presente dictamen se permiten someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a evaluar la forma en que se resolvió autorizar la manifestación de impacto ambiental en su modalidad regional denominada ``Programa de Control Integral de Maleza Acuática en el Lago de Chapala'', y a que informe a esta soberanía el resultado de dicha revisión.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales --por medio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente-- a que verifique el cumplimiento de las condicionantes de la autorización de la manifestación de impacto ambiental del proyecto ``Programa de Control Integral de Maleza Acuática en el Lago de Chapala''; y que informe a esta soberanía los resultados de dicha verificación.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por medio de la Comisión Nacional del Agua, a detener y evitar en lo sucesivo el uso del herbicida tóxico glifosato (N-[fosfonometil]-glicina), para el control de malezas acuáticas en el lago de Chapala y demás cuerpos de agua que comprenden la región hidrológica XII Lerma-Santiago, por los impactos ambientales que produce y los riesgos que para la salud de los habitantes de la cuenca representa.

Cuarto. Se exhorta a la Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que se abstengan de promover y/o autorizar el uso del herbicida tóxico glifosato (N-[fosfonometil]-glicina), para el control de malezas en Áreas Naturales Protegidas, Sitios Ramsar, humedales, zonas costeras e islas, así como en áreas de importancia para la conservación de aves (AICAS), regiones hidrológicas prioritarias para la conservación y regiones terrestres prioritarias clasificadas así por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

Notas: 1) Guzmán Arroyo et.al. 2003 La cuenca del río Lerma y el lago de Chapala . Chapala. Una crisis programada., México, p. 13.2) De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, desde la década de los sesentas las cuencas del país se agruparon en 37 regiones hidrológicas para efectos de elaboración de estudios hidrológicos y de calidad del agua.3) CNA. 2007. Contexto Geográfico y Socioeconómico. Estadísticas del Agua en México 2006. México, p. 29. Cabe hacer notar que estos datos son preliminares pues no se ha concluido el estudio de disponibilidad para la cuenca.4) Guzmán Arroyo et.al. op.cit, p.18. 5) Conabio. 1998. ``58. Chapala-Cajititlán-Sayula''. Regiones Hidrológicas Prioritarias para la Conservación. México. En: http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rhp_058.html. Página consultada el 12 de marzo de 2007.6) Idem.7) Guzmán Arroyo et.al. op.cit, pp. 34 y 35. 8) Guzmán Arroyo et.al. idem, p.35.9) Hansen A. M and Van Afferden M. 2001. Toxic substances. Sources, Accumulation and Dynamics . The Lerma-Chapala Watershed. Evaluation and Management. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, p. 107.10) Miranda M. G. y Lot A. El lirio Acuático. ¿Una planta nativa de México? . Ciencias No. 53 enero-marzo, 1999, pp. 50-54.