SUMARIO
Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, a la ceremonia cívica conmemorativa del LXXXIX aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar. Se designa comisión que represente a la Cámara de Diputados.
Oficio del Poder Ejecutivo de Aguascalientes, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Se remite a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
Oficio del gobierno de Oaxaca, con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Se remite a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
Oficio del Congreso de San Luis Potosí, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Se remite a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
Comunicación del diputado Delber Medina Rodríguez electo en la primera circunscripción, con la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido. Se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.
Comunicación del diputado Jaime Cervantes Rivera electo en la primera circunscripción, con la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido. Se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.
La Presidenta designa una comisión que acompañe al ciudadano Julián Ezequiel Reynoso Esparza, diputado federal electo en la primera circunscripción plurinominal, en el acto de rendir su protesta de ley.
Oficio de la Junta de Coordinación Política, con el que comunica de cambios en la integración en los Grupos de Amistad México-Vietnam, y de México-Cuba. Se aprueba.
Oficio de la Junta de Coordinación Política, con el que comunica de cambios en la integración en la Comisión del Distrito Federal. De enterado.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación con el anuncio de nacionalización de empresas privadas en Venezuela.
Intervienen sobre este tema los diputados:
Juan Manuel Parás González.
Elías Cárdenas Márquez.
Martha Margarita García Müller.
Cuauhtémoc Sandoval Ramírez.
Se aprueba el acuerdo presentado. Comuníquese.
Oficio del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el que remite informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del instituto, correspondiente al cuarto trimestre de 2007. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social.
Tres oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que igual número de ciudadanos puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en su Consulado en Guadalajara, Jalisco, respectivamente. Se turnan a la Comisión de Gobernación.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados relativo a la matrícula consular como identificación oficial. Se remite a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente relativo a los daños causados por el sismo ocurrido el 12 de febrero último en el estado de Oaxaca. Se remite al promovente, para su conocimiento.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite acuerdo en el que manifiesta su absoluto desacuerdo con la solicitud de ampliación presupuestal aprobada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral el 31 de marzo de 2008. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite solicitud de excitativa en relación con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el inciso a), fracción I, del artículo 8 de la fracción V del artículo 13 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de los senadores Juan Bueno Torio, Arturo Herviz Reyes y Ramiro Hernández García, de los grupos parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX Bis al artículo 3o., el Título Quinto Bis y su Capítulo Unico, y el artículo 421 Ter de la Ley General de Salud, para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Ciencia y Tecnología.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el que remite minuta con proyecto de decreto que adiciona tres párrafos al artículo 33 de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.
Intervienen sobre este tema los diputados:
Humberto Dávila Esquivel.
Delio Hernández Valadés.
Ezequiel Reynoso Esparza.
Jesús Sesma Suárez.
Juan Abad de Jesús.
María Oralia Vega Ortiz.
Fernando Enrique Mayans Canabal.
José Antonio Muñoz Serrano.
Se recibió del diputado Alberto Amador Leal iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 94, 97, 100, 101 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se recibió del diputado Alberto Amador Leal iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 61 y 64 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se recibió de la diputada María Eugenia Campos Galván iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley de la Propiedad Industrial y de la Ley Federal del Derecho de Autor. Se turna a la Comisión de Economía, con opinión de la Comisión de Cultura.
Se recibió del diputado Rafael Franco Melgarejo iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona el artículo 41 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a la Comisión de Transportes.
Se recibió de la diputada Beatriz Pages Llergo Rebollar iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
El diputado Jorge Godoy Cárdenas presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 57 del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia.
El diputado José Antonio Díaz García presenta iniciativa con proyecto de decreto, que expide la Ley para Garantizar el Derecho de Réplica. Se turna a la Comisión de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La diputada Lorena Martínez Rodríguez presenta iniciativa con proyecto de decreto, que expide la Ley del Instituto Nacional de Trasplantes, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El diputado Anuario Luis Herrera Solís presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 13 y 25 de la Ley Federal de Radio y Televisión. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
El diputado José Inés Palafox Núñez presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El diputado José Edmundo Ramírez Martínez presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Se turna a la Comisión de Economía.
La diputada Lorena Martínez Rodríguez presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 324 de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.
Se recibió del diputado Raúl Cervantes Andrade iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se recibió del diputado Eduardo Ortiz Hernández iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona la fracción I del artículo 15 de la Ley del Seguro Social. Se turna a la Comisión de Seguridad Social.
El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 222 de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud.
El diputado Christian Martín Lujano Nicolás presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales. Se turna a la Comisión de Justicia.
El diputado Othón Cuevas Córdova presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 79 de la Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.
Primera lectura del dictamen de la Comisión de la Función Pública, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7 y 42 de la Ley General de Educación, y 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Se recibió de la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago proposición con punto de acuerdo, relativo a la libertad de expresión y el derecho a la información de comunicadores y ciudadanos mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación.
Se recibió del diputado Alberto Amador Leal proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Desarrollo Social, de Asuntos Indígenas, y de Comunicaciones y de Transportes a realizar un Foro en materia de Infraestructura de Telecomunicaciones. Se turna a las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Transportes.
Se recibió del diputado Alberto Amador Leal proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal y al del estado de Puebla, a incluir en las obras y programas prioritarios la realización del Foro para el desarrollo integral y sustentable de la sierra nororiental de Puebla. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.
Se recibió del diputado David Sánchez Camacho proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres niveles de gobierno a crear espacios plurales de debate, diálogo y expresión cultural para los diferentes grupos urbanos que existen en el país. Se turna a las Comisiones Unidas de Cultura y de Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de Juventud y Deporte.
Se recibió del diputado Jorge Alejandro Salum proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública a incrementar el número de agentes del Ministerio Público Federal, agentes federales de investigación, así como el número de policías federales preventivos en el estado de Durango. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Seguridad Pública.
Se recibió del diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública, que informe de los alcances del Programa de Austeridad del Gobierno Federal y realice una investigación de las irregularidades detectadas en el Consejo Nacional para las Culturas y las Artes. Se turna a la Comisión de la Función Pública.
Se recibió del diputado José Manuel del Río Virgen proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República a concluir las investigaciones sobre la denuncia en contra de Blue Marine Group y sus filiales Arrendadora Ocean Mexicana, Blue Marine y Subtec; y a Petróleos Mexicanos a que, mientras la Procuraduría General de la República no concluya estas investigaciones judiciales, los elimine de las licitaciones que realice ésta. Se turna a la Comisión de Marina.
Se recibió del diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, que revise la información financiera de los fideicomisos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Se recibió del diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una auditoría de obra pública e inversión física y de seguimiento de las concesiones otorgadas en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Se recibió del diputado Santiago López Becerra proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la remoción del director general y del subdirector de Obras del Centro Sector Comunicaciones y Transportes Veracruz. Se turna a la Comisión de la Función Pública.
Se recibió de la diputada Aleida Alavez Ruiz proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas derivadas de la visita del año 2002. Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.
Se recibió solicitud de excitativa del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Presupuesto y Cuenta Pública. La Presidencia realiza la excitativa correspondiente.
Ley de CoordinaciOn Fiscal
Se recibió solicitud de excitativa del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. La Presidencia realiza la excitativa correspondiente.
De la próxima sesión.
ASISTENCIA
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 312 diputadas y diputados; por tanto, hay quórum.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (a las 11:31 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta. Se dispensa la lectura.
«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.
Orden del día
MARTES 8 DE ABRIL DE 2008.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal invita a la ceremonia cívica que, con motivo del 89 aniversario luctuoso del general Salazar, tendrá lugar el 10 de abril, a las 10:00 horas.
Del Poder Ejecutivo de Aguascalientes.
Del gobierno de Oaxaca.
Del Congreso de San Luis Potosí.
De los diputados Delber Medina Rodríguez y Jaime Cervantes Rivera .
De la Junta de Coordinación Política.
Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno
De la Junta de Coordinación Política
En relación con el anuncio de nacionalización de empresas privadas en Venezuela. (Votación)
Oficio del Instituto Mexicano del Seguro Social
Con el que remite informe sobre la composición y situación financiera de las inversiones del instituto, correspondiente al cuarto trimestre de 2007.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Tres, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Ivy Georgina Salcedo Vaudrecourt, Abigaíl Martínez Peña, Alicia Casas Villaseñor, Adriana Ríos Torres y Pablo Iván Torres de la Mora puedan prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en su Consulado en Guadalajara, Jalisco. (Turno a Comisión)
Dos, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y por la Comisión Permanente.
Oficio de la Cámara de Senadores
Con el que remite acuerdo en el que manifiesta su absoluto desacuerdo con la solicitud de ampliación presupuestal aprobada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral el 31 de marzo de 2008. (Turno a Comisión)
Con el que remite solicitud de los senadores Juan Bueno Torio, Arturo Herviz Reyes y Ramiro Hernández García, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, y Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Minutas
Con proyecto de decreto, que adiciona la fracción IX Bis al artículo 3o., adiciona un Título Quinto Bis y su Capítulo Único, y el artículo 421 Ter de la Ley General de Salud, para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)
Con proyecto de decreto, que adiciona tres párrafos al artículo 33 de la Ley General de Salud. (Turno a Comisión)
Posicionamiento relativo al Día Mundial de la Salud, a cargo de los grupos parlamentarios.
Iniciativas
Que reforma los artículos 94, 97, 100, 101 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma los artículos 61 y 64 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley de la Propiedad Industrial y de la Ley Federal del Derecho de Autor, a cargo de la diputada María Eugenia Campos Galván , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)
Que adiciona el artículo 41 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por los diputados Rafael Franco Melgarejo , Agustín Mollinedo Hernández y Gustavo Fernando Caballero Camargo , de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, y Revolucionario Institucional, respectivamente. (Sólo turno a Comisión)
Que reforma el artículo 57 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Que expide la Ley para Garantizar el Derecho de Réplica, suscrita por los diputados José Antonio Díaz García , Dora Alicia Martínez Valero y Rocío del Carmen Morgan Franco , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 13 y 25 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Anuario Luis Herrera Solís , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que expide la Ley del Instituto Nacional de Trasplantes, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado José Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 324 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Raúl Cervantes Andrade , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona la fracción I del artículo 15 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Eduardo Ortiz Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 222 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 79 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a cargo de la diputada Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Nacionalidad y General de Población, a cargo de la diputada Aurora Cervantes Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que adiciona dos párrafos al artículo 65 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Francisco Javier Gudiño Ortiz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 56 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Enrique Rodríguez Uresti , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona el artículo 44 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma la fracción VIII del artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, suscrita por los diputados Faustino Javier Estrada González y Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Reforma del Estado, a cargo del diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, a cargo de la diputada María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que adiciona el artículo 39 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que adiciona una fracción VII al artículo 2 de la Ley de Planeación, a cargo de la diputada Verónica Velasco Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo del diputado Sergio Hernández Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Elmar Darinel Díaz Solórzano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado José Murillo Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma, adiciona y deroga la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política del Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Ernesto Zatarain González , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, del Servicio Militar, y General de Protección Civil, a cargo del diputado José Antonio Arévalo González , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona los artículos 25 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1o. del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Joaquín Humberto Vela González , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona el artículo 77 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 40 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Javier González Garza , José Antonio Almazán González y Susana Monreal Ávila , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Eduardo Espinosa Abuxapqui , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y el artículo 31 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Silvia Luna Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Protección al Consumidor y del Código de Comercio, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior, a cargo de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 15 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 2 de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que adiciona los artículos 16 y 21 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Ramón Barajas López , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 6 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo de la diputada Guillermina López Balbuena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a cargo del diputado Faustino Javier Estrada González , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 9 y 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Sergio Hernández Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, y de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Enrique Cárdenas del Avellano , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Gerardo Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Beatriz Pagés Llergo Rebollar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que expide la Ley General para la Competitividad de la Actividad Artesanal, a cargo de la diputada Guillermina López Balbuena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Jorge Toledo Luis , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jorge Toledo Luis , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda ``Movimiento Estudiantil del 68'', suscrita por los diputados Maricela Contreras Julián y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Ramón Valdés Chávez , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 32 y 83 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada María Guadalupe García Noriega , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 1, 2, 6, 7, 8 y 9 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 705 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Marco Antonio Peyrot Solís , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, a cargo de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Elías Cárdenas Márquez , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona el artículo 50 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, a cargo del diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona el artículo 48 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes de la Comisión de Equidad y Género. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona el artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado José de Jesús Solano Muñoz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Felipe Borrego Estrada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código de Comercio y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Lourdes Quiñones Canales , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, suscrita por los diputados Gustavo Macías Zambrano , Miguel Ángel Monraz Ibarra y Omar Antonio Borboa Becerra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación, suscrita por las diputadas Concepción Ojeda Hernández y Daisy Selene Hernández Gaytán , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y del Código Penal Federal, suscrita por los diputados Carlos Alberto Navarro Sugich y Carlos Alberto Torres Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Ley de Instituciones de Crédito, a cargo de la diputada Patricia Villanueva Abraján , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Patricia Villanueva Abraján , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y expide el Reglamento para la Inscripción con Letras de Oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Víctor Samuel Palma César y Carlos Ernesto Zatarain González , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal; y expide la Ley General de Colegios de Profesionistas, a cargo del diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jacinto Gómez Pasillas , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)
Que expide la Ley del Instituto Nacional para la Prevención y el Tratamiento de las Adicciones, a cargo del diputado Carlos Ernesto Zatarain González , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones el Código Penal Federal y del Código de Justicia Militar, a cargo del diputado Javier Estrada González , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma la fracción V del artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Humberto Dávila Esquivel , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Capitalización del Procampo, a cargo de la diputada Adriana Díaz Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que expide la Ley de la Zona Federal Marítimo-Terrestre, Playas, Terrenos Ganados al Mar o Cualquier Depósito de Aguas Marítimas, a cargo del diputado Luis Sánchez Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona el artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma los artículos 71, 78 y 83 de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado Sergio Augusto López Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y abroga la Ley del Servicio Militar, a cargo del diputado Miguel Jiménez Godínez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona el artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Wenceslao Herrera Coyac , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y el artículo 58 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Función Pública, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7 y 42 de la Ley General de Educación y 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Javier Neri Alfaro, Sergio Maximino Heredia Sierra, Óscar Rogelio Rubio Íñiguez, María de Jesús Lazcón Castellanos, Norma Lizette López Cha y Carlos Alejandro León Aguilar para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua; Guadalajara, Jalisco; y Nogales, Sonora, respectivamente.
De la Comisión de Juventud y Deporte, con puntos de acuerdo para exhortar a la Comisión de Juventud y Deporte integre la subcomisión de los XVI Juegos Panamericanos.
De la Comisión de Turismo, con puntos de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal instruya al titular de la Secretaría de Turismo del estado de Puebla y a la secretaría técnica del programa En el Corazón de México realice el estudio de viabilidad sobre la incorporación de dicho estado al programa.
De la Comisión de Pesca, con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal evalúe la posibilidad e implante un programa adicional a los programas federales que permitan que los beneficios existentes lleguen efectivamente a los pescadores.
Dictámenes negativos de iniciativas
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que reforma la fracción X del artículo 257 de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que reforma el inciso d) de la fracción II del artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que reforma el artículo 71 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que adiciona un párrafo al artículo 53 de la Ley General de Vida Silvestre.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que reforma el artículo 88 de la Ley General de Vida Silvestre.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.
De la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 59, 62 y 90 de la Ley Federal de Radio y Televisión.
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona una fracción IV al artículo 6 y reforma el artículo 18, fracción X, inciso a), de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona los artículos 125 y 126 y deroga el artículo 124 Bis de la Ley de Aguas Nacionales.
De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales.
De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma la fracción XII del artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales.
De la Comisión de Recursos Hidráulicos, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que deroga el artículo 124 y adiciona el artículo 125 de la Ley de Aguas Nacionales.
De las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Turismo, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Información Estadística y Geográfica, y de la Ley Federal de Turismo.
De las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Turismo, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
Proposiciones
Con punto de acuerdo, relativo a la libertad de expresión y el derecho a la información de comunicadores y ciudadanos mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Desarrollo Social, de Asuntos Indígenas, de Comunicaciones, y de Transportes realicen un foro en materia de infraestructura de telecomunicaciones, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y al del estado de Puebla incluyan en las obras y programas prioritarios la realización del foro para el desarrollo integral y sustentable de la Sierra Nororiental de Puebla, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres niveles de gobierno a crear espacios plurales de debate, diálogo y expresión cultural para los diferentes grupos urbanos que existen en el país, a cargo del diputado David Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la PGR y de la SSP incrementen el número de agentes del Ministerio Público Federal, agentes federales de investigación, así como el número de policías federales preventivos en Durango, a cargo del diputado Jorge Alejandro Salum del Palacio , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública informe de los alcances del programa de austeridad del gobierno federal y realice una investigación de las irregularidades detectadas en el Conaculta, a cargo del diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR concluya las investigaciones sobre la denuncia en contra de Blue Marine Group y sus filiales Arrendadora Ocean Mexicana, Blue Marine y Subtec, se exhorta a Pemex a que mientras la PGR no concluya estas investigaciones judiciales los elimine de las licitaciones que realice, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF revise la información financiera de los fideicomisos de la SHCP y del SAT, a cargo del diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF realice una auditoría de obra pública e inversión física y de seguimiento de las concesiones otorgadas en la terminal dos del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, a cargo del diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal rinda un informe detallado respecto a los abortos practicados legalmente en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal remueva al titular de la Sagarpa, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a la SRE y a la Sedesol implanten un programa de apoyo a la población adulta mayor que vive en Estados Unidos de América, suscrita por los diputados Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez y Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cumplir los acuerdos aprobados por el Congreso de la Unión y la Mesa Directiva de esta soberanía, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Durango entregue los documentos que justifiquen el manejo adecuado de las 99 mil toneladas de cemento que fueron donadas al pueblo de Durango, suscrita por los diputados Joaquín Humberto Vela González y Pablo Leopoldo Arreola Ortega , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR investigue los delitos de pederastia y pornografía infantil, relativa al expediente 2/2006, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo al proceso electoral en Hidalgo, a cargo del diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT la remoción del director general y del subdirector de Obras del Centro SCT Veracruz, a cargo del diputado Santiago López Becerra , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del DF a explicar la orden de destrucción de edificios considerados monumentos históricos del centro de la Ciudad de México, suscrita por los diputados Miguel Ángel Jiménez Godínez , Obdulio Ávila Mayo , Eduardo Sánchez Hernández y Antonio Xavier López Adame , de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Nueva Alianza, de Acción Nacional, Revolucionario Institucional, y Verde Ecologista de México, respectivamente. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la LVI Legislatura del estado de México, así como al gobierno de dicha entidad, investigue respecto a la invasión y proliferación de construcciones en diversas poblaciones comunales o ejidales del estado de México, declaradas área natural protegida, con la categoría de parque estatal, denominado ``Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Río San Lorenzo'', a cargo del diputado Salvador Arredondo Ibarra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT garantice el servicio de calidad en los aeropuertos del país, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat para que en coordinación con las autoridades competentes elabore y publique una norma oficial para regular el control de la proliferación de la maleza acuática en lagos y embalses, a cargo del diputado Gustavo Macías Zambrano , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Salud expida una norma oficial mexicana que establezca lineamientos para prevenir, tratar y controlar las enfermedades mentales, suscrita por los diputados Jorge Quintero Bello , Omar Antonio Borboa Becerra y Pedro Armendáriz García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas derivadas de la visita de 2002, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Salud refuerce los programas nacionales contra la farmacodependencia y revise los criterios empleados para la distribución y venta de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, suscrita por los diputados Jorge Quintero Bello , Omar Antonio Borboa Becerra y Pedro Armendáriz García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SFP, a la SRE y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal informen sobre el cumplimiento de los artículos 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad respecto al nombramiento de Juan Camilo Mouriño Terrazo como titular de la Segob, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP investigue a la CFE por la violación del convenio de colaboración para el subsidio de tarifas eléctricas en Mexicali, Baja California, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua realice las acciones conducentes a equilibrar el acuífero principal de la comarca lagunera, en Coahuila y Durango, a cargo del diputado Jesús Vicente Flores Morfín , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a Pemex den prioridad al inicio de la reconfiguración y ampliación de la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca, suscrita por los diputados Carlos Altamirano Toledo e Irma Piñeyro Arias , de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, y de Nueva Alianza, respectivamente. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Semarnat, a la Profepa, al gobierno de Coahuila y al municipio de Torreón reubiquen a las familias que viven en las colonias aledañas a la compañía Met-Mex Peñoles, ya que se consideran inhabitables por ser zonas de alto riesgo, a cargo del diputado Jesús Vicente Flores Morfín , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a Pemex Petroquímica informen periódicamente a los gobiernos municipales y a la opinión pública de los avances de los programas de reconfiguración de las refinerías del país, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la SE, a la Secretaría de Salud y a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía para que se expida una norma oficial mexicana que regule la disposición final de pilas y baterías, a cargo del diputado José Luis Espinosa Piña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE suscriba un convenio que compense las afectaciones que generan las líneas de alta y media tensión en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, suscrita por los diputados Carlos Altamirano Toledo e Irma Piñeyro Arias , de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, y de Nueva Alianza, respectivamente. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP para que en la ceremonia cívica del 24 de febrero, que rinde honores a la Bandera, se dé lectura en las escuelas de educación básica a la Arenga a la Bandera, del maestro Andrés Henestrosa, a cargo de la diputada María Nieves Noriega Blanco Vigil, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal pague de inmediato al Sistema de Aguas de la Ciudad de México sus adeudos por concepto de suministro de agua potable, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a la formulación de diversas solicitudes a la Sener, a Pemex y a la CFE, a cargo del diputado José Murat, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal, a la SEP y al INAH emprendan las acciones necesarias para detener la demolición de los edificios y monumentos del centro histórico de la Ciudad de México que forman parte de su patrimonio cultural, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Hidalgo realice diversas acciones relativas al control y vigilancia de la contribución por el uso de suelo en diversos municipios de dicha entidad, a cargo del diputado Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat, así como a las autoridades ambientales de los Estados, establezca políticas públicas coordinadas en materia de gestión de residuos sólidos urbanos, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sagarpa instaure un programa especial de apoyo a los productores de amaranto, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat establezca sistemas de depósito-reembolso para envases de PET, a fin de disminuir la generación de este tipo de materiales contaminantes, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades federativas lleven a cabo las medidas necesarias para destinar un lugar separado del de los hombres para las mujeres que se encuentren privadas de la libertad, ya sea en prisión preventiva o compurgando una sanción, a cargo del diputado José Luis Murillo Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SSP de las entidades federativas y de los centros penitenciarios del país revisen la normatividad en materia de readaptación social, a fin de que propongan las reformas que permitan restringir las llamadas telefónicas que se realizan desde dichos centros, y se implante un sistema de bloqueo de este medio de comunicación, a cargo del diputado José Luis Murillo Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las entidades federativas, de los centros penitenciarios del país, y del órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública federal lleven a cabo revisiones minuciosas y periódicas en los centros federales de readaptación social, a fin de controlar el ingreso de artículos y sustancias prohibidos, a cargo del diputado José Luis Murillo Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal implante mecanismos de control que eviten que funcionarios del Gobierno del Distrito Federal realicen actividades proselitistas y se abstengan de desviar recursos materiales y humanos con fines electorales, a cargo del diputado David Mendoza Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sagarpa implante las acciones conducentes a detener el uso de las artes de pesca no selectivas en el polígono del área de refugio para la protección de la vaquita, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a las Comisiones de Justicia, de Seguridad Pública y de Derechos Humanos, así como a los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión, realicen una defensa integral y pública de las modificaciones que requiere el sistema de seguridad pública y de procuración de justicia, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF aplique a los contribuyentes del impuesto predial un esquema gradual de actualización del valor catastral, a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita el Ejecutivo federal para que a través de la SHCP presente a esta soberanía un estudio sobre el impacto que tendría en nuestro país una posible recesión económica en Estados Unidos de América, y las medidas que con el Banco de México se instaurarían para remediar los efectos adversos, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a las actividades del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Sagarpa a iniciar una campaña de difusión en los medios para dar a conocer exhaustivamente la figura de ``prestador de servicios profesionales'' entre los agentes económicos que intervienen en el desarrollo de programas dirigidos al sector rural, a cargo del diputado Gregorio Barradas Miravete , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal establezca como sede del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas el edificio que albergó al Instituto Lingüístico de Verano, a cargo del diputado Wenceslao Herrera Coyac , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal informe sobre la situación de los solicitantes de asilo en Canadá y las condiciones de protección y procuración de justicia que se les otorgan, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al SAE realice las acciones conducentes para comercializar bienes a los municipios, como apoyo a la gestión de los gobiernos locales, a cargo del diputado Cruz Pérez Cuéllar , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para integrar una mesa de trabajo tendente a resolver los problemas limítrofes y agrarios entre Chiapas y Oaxaca, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades a respetar los derechos humanos de los inmigrantes centroamericanos, a cargo del diputado José Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT para que a través de Capufe otorgue la condonación del cobro de peaje en la caseta del Puente de Nautla a los habitantes de la cabecera, congregaciones y ejidos pertenecientes al municipio de Nautla, Veracruz, así como también se lleve a cabo la actualización del padrón de beneficiarios, a cargo de la diputada María de Jesús Martínez Díaz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal establezca una mesa de análisis para la renegociación del TLCAN, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Gobierno de la Consar presente ante la Comisión de Seguridad Social de esta soberanía, la documentación donde conste la autorización de comisiones sobre saldo que aplican las Afore, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT para que a través del responsable de la Subsecretaría de Infraestructura revise el contrato que dicha dependencia contrajo con la constructora Codiocsa de Xalapa, SA de CV, respecto a la conservación periódica de la carretera Atzalan-Tlapacoyan, Veracruz, a cargo de la diputada María de Jesús Martínez Díaz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Servicio Postal Mexicano informe a esta soberanía sobre las medidas de prevención y de las querellas presentadas por robo de correspondencia, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, a la SSP y a la Administración General de Aduanas informen a esta soberanía sobre los programas implantados para evitar el tráfico de armas desde Estados Unidos de América, a cargo del diputado Ángel Rafael Deschamps Falcón , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal implante un programa de profesionalización de las policías federales y sustitución de efectivos militares en labores de combate del narcotráfico, a cargo del diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sagarpa expida el Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos, a cargo del diputado Fabián Fernando Montes Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores de los estados y a los titulares de la administración pública federal realicen un ahorro monetario del PEF de 2008, a fin de que los recursos sean trasladados a las Fuerzas Armadas Mexicanas para la adquisición de equipo y mantenimiento del servicio que prestan, a cargo del diputado Jorge Justiniano González Betancourt , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INAH para que en coordinación con el gobierno de Puebla implemente las medidas necesarias para la protección, conservación y difusión de la zona arqueológica de Tepexi el Viejo, municipio de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a cargo del diputado José Luis Contreras Coeto , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Conagua realice los estudios necesarios para determinar la posibilidad de construir una serie de represas en los lechos de los ríos Valles, Tampaón y Santa María del Río, en San Luis Potosí, a cargo del diputado David Lara Compeán , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que en la Rotonda de las Personas Ilustres se erija un cenotafio en honor de don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, a cargo del diputado Jorge Rubén Nordhausen González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que difundan y promuevan el Día de la Familia, a cargo de la diputada María Victoria Gutiérrez Lagunes , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF entregue un informe exhaustivo sobre la aplicación de los recursos transferidos por la SHCP en 2006 al Fideicomiso para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio, a cargo del diputado David Mendoza Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, respete y evite actos discriminatorios contra los habitantes de la entidad, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y a la PGJ del Distrito Federal para que, en el ámbito de sus competencias, creen fiscalías especializadas en materia de robo de energía eléctrica y combustibles, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la STPS y de la PGR se hagan las indagatorias que correspondan a fin de esclarecer lo acaecido el 19 de febrero de 2006 en la mina Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas, Coahuila, concesionada a Industrial Minera México, de Grupo México, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal instaure el 9 de febrero como Día Nacional del Cirujano Dentista, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al titular de la Comisión de Nacional Bancaria y de Valores para que presente un informe pormenorizado respecto a las irregularidades en diversas casas de bolsa y de cambio, a cargo del diputado Alejandro Martínez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal impulse medidas normativas y programas públicos que permitan el crecimiento y desarrollo de las zonas urbanas de manera planeada según el principio de desarrollo sustentable, a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS para que a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos considere Coahuila en el área geográfica A, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SCT y de la SHCP destine recursos del Fondo Nacional de Infraestructura para la rehabilitación de la carretera internacional 15, tramo Don-Nogales, en Sonora, a cargo del diputado Carlos Ernesto Zatarain González , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener, a la CFE, a la SHCP, a la Comisión Reguladora de Energía y al gobierno federal para efectúen una revisión y reestructuración de las tarifas eléctricas aplicadas en la región centro de Coahuila, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo a la problemática que se presenta en la Universidad Pedagógica Nacional, a cargo del diputado Salvador Barajas del Toro , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en coordinación con Capufe proceda a la exención del pago de las carreteras de cuota a los vehículos que transporten mercancía a comunidades y regiones consideradas zonas de emergencia, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la SEP y a la STPS realicen acciones en atención a las personas zurdas, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se convoca al Ejecutivo federal a entablar el diálogo prometido con el Congreso de la Unión, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Puebla reforme la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a la distribución de las participaciones federales a los municipios de Jalisco, a cargo del diputado Salvador Barajas del Toro , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal implante programas de fomento a la industria vitivinícola nacional y elabore un estudio de viabilidad para la exención del impuesto especial sobre producción y servicios a la enajenación de productos vitivinícolas nacionales, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR emita una circular a los agentes del MP federal para que se respete plenamente la garantía del indiciado, a cargo de la diputada Patricia Villanueva Abraján , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal y al jefe delegacional de Cuajimalpa de Morelos rindan un informe sobre las acciones llevadas a cabo en la barranca La Diferencia, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a la primera etapa de construcción del tren suburbano Buenavista-Cuautitlán, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres niveles de gobierno establezcan una mesa de diálogo para dar solución a la huelga de los trabajadores de la mina de cobre Mexicana de Cananea, en Sonora, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al GDF y al delegado de Xochimilco rindan un informe sobre los avances y acciones que ha realizado la comisión interdependencial para la conservación del patrimonio natural y cultural del área de Xochimilco, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para que se cite a comparecer al director general de Luz y Fuerza del Centro, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se declara lugar libre de humo de tabaco el Palacio Legislativo de San Lázaro, a cargo de la diputada Oralia Vega Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SCT demande a Ferrocarril Mexicano, SA de CV, la construcción de un libramiento que no permita el paso de sus unidades de transporte de carga por la ciudad de Tepic, Nayarit, a cargo del diputado Jaime Cervantes Rivera , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE para que a través de la Comisión para la Cooperación Ambiental realice un informe del impacto ambiental que resultará del revestimiento del canal Todo Americano, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia por el respeto irrestricto de la autonomía del Distrito Federal, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para citar a comparecer al secretario de Salud a efecto de que explique las medidas adoptadas por el gobierno federal en el caso de la alerta epidemiológica por sarampión, suscrita por los diputados César Duarte Jáquez, Israel Beltrán Montes y Lilia Merodio Reza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatal y municipal de Puebla de Zaragoza realicen las acciones necesarias para subsanar la problemática del suministro de agua, a cargo del diputado José Luis Contreras Coeto , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Puebla realice reformas a la legislación local, considerando las necesidades sociales actuales, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal otorgue un apoyo extraordinario a los jubilados y pensionados del IMSS e ISSSTE, a cargo del diputado Juan de Dios Castro Muñoz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del IMSS tome las medidas necesarias para poner fin a los actos de discriminación llevados a cabo contra las médicas residentes de la especialidad maxilofacial en el Centro Médico Nacional La Raza, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del GDF informe a esta soberanía respecto al daño ecológico por las obras del Metrobús, así como las acciones y programas de reforestación que se implanten en la Ciudad de México, suscrita por los diputados Carlos Rojas Gutiérrez y Eduardo Sánchez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato respete la libertad de expresión que ejercen todos los medios de comunicación, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, a la Embajada de México en Estados Unidos de América y a Consulados de México en Texas y Arizona revisen e investiguen la aplicación del programa Tolerancia Cero, a cargo de la diputada Blanca Luna Becerril , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a esta soberanía se sume a los eventos conmemorativos por el centenario del natalicio del maestro Rafael Preciado Hernández, realizando una sesión solemne el 29 de abril de 2008, a cargo del diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la Cofetel integren en el área telefónica de servicio local 58 la 160, a cargo del diputado Juan Darío Arreola Calderón , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal instruya a la SHCP y a la Secretaría de Salud remitan con la mayor brevedad los recursos federales considerados para resolver el problema de los ``trabajadores precarios'' del sector salud, a cargo del diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Conagua investiguen los altos índices de contaminación con arsénico en el agua potable de la región de los Altos de Jalisco, a cargo de la diputada Martha Angélica Romo Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa entregue los recursos pendientes del Programa de Competitividad de la Citricultura para 2007, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de Citricultura. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Congreso de la Unión realice una evaluación sobre las acciones emprendidas para el cumplimiento del Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Instituto Nacional de las Mujeres, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para que se establezca una agenda permanente de trabajo con el IFE, a través de un grupo interdisciplinario, para dar paso a las iniciativas legislativas que fortalezcan la participación y el voto de los mexicanos en el extranjero, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Conade, a cargo del diputado Javier Hernández Manzanares , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobernador de Michoacán de Ocampo implanten medidas para la prevención, localización, combate y extinción de los incendios forestales en ese estado, a cargo del diputado Rafael Villicaña García , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para que la ASF realice una auditoría integral y especial al Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda para que consolide sus acciones de promoción a fin de que logre niveles de sustentabilidad, a cargo del diputado José Luis Murillo Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, en relación con el Fideicomiso del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural, a cargo del diputado Carlos Ernesto Zatarain González , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo de Promoción Turística de México revise el gasto dirigido a la promoción de México en el extranjero y enfoque sus acciones en la promoción dentro de Europa, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía a cumplir la Ley General de Salud, en el artículo 188, fracción II, con relación a la recién aprobada ley del tabaco, a cargo del diputado Carlos Augusto Bracho González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo a la crisis política actual en América Latina, a cargo del diputado Humberto Zazueta Aguilar , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, para condenar la incursión del Ejército de Colombia en territorio de la República de Ecuador, a cargo del diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud realice un estudio para determinar la relación entre la ingesta de comida con alto contenido calórico y de escaso valor nutricional y su publicidad en los medios de comunicación masiva, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para conocer las causas de la crisis financiera, el adeudo y la falta de recursos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como el seguimiento del cambio de régimen establecido en la nueva ley del propio instituto, suscrita por los diputados José Luis Gutiérrez Calzadilla , Rosario Ignacia Ortiz Magallón y Adrián Pedrozo Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al presidente de la CNDH y a las Comisiones de Derechos Humanos de las entidades federativas implanten programas de capacitación en la materia, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobierno federal retire los promocionales de Pemex en todos los medios de comunicación masiva, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal supervise el TLCAN, en materia de autotransporte, en cuanto a los impactos negativos que éste trae hacia la infraestructura comercial y ambiental mexicana, a cargo del diputado Jacinto Gómez Pasillas , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita se autorice un 40 por ciento deducible por concepto de autofactura con relación a la Ley del IETU, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial de atención a los pueblos que viven en el bosque. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal declare el 15 de febrero como Día Nacional del Niño con Cáncer, a cargo de la diputada María Gloria Guadalupe Valenzuela García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sedesol remita a esta soberanía, información relacionada con el Programa de Atención a Adultos Mayores de 70 y Más, a cargo del diputado Gustavo Caballero Camargo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la remoción de diversos funcionarios de la SCT, suscrita por integrantes de la Comisión de Transportes. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS invierta más recursos y mejore la calidad de la atención en las instalaciones hospitalarias de Reynosa, Tamaulipas, a cargo del diputado Raúl García Vivián , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Zacatecas a comprometerse con la legalidad y la transparencia para evitar el uso indebido de programas y recursos públicos para el desarrollo social durante el proceso electoral interno del PRD en Zacatecas, suscrita por diputados de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Verde Ecologista de México, y del Trabajo. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se condenan las actitudes represoras, violentas e irracionales contra habitantes de Coacalco de Berriozábal, México, a cargo del diputado Juan Manuel Sandoval Munguía , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal establezca un plan nacional de contingencia económica, donde incluya un paquete de reformas económicas y fiscales, a cargo del diputado Joaquín Humberto Vela González , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Comité de Administración de esta soberanía para que en el ámbito de sus competencias vigile las condiciones laborales que las empresas concesionarias de este recinto brindan a sus trabajadores, a cargo del diputado Humberto Dávila Esquivel , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Sagarpa informe sobre el papel que jugó para permitir la salida de semillas mexicanas a Noruega por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, a cargo de la diputada Adriana Díaz Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT la reclasificación de las carreteras 136 y 140 como tipo A, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Puebla para que a través de las instancias correspondientes efectúe las medidas necesarias para agilizar la circulación vial y disminuir el tráfico vehicular en el centro histórico del municipio de Puebla de Zaragoza, a cargo del diputado José Luis Contreras Coeto , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia ante la Comisión del de esta soberanía de los titulares de la SHCP y de la Sedesol del GDF para que expliquen el monto de los recursos no entregados al Distrito Federal por concepto de participaciones de fondos federales, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob, a la Semar, a la Semarnat y al INEGI realicen un inventario nacional de islas, arrecifes y cayos, e informen a esta soberanía de la situación que guardan en los mares adyacentes, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa dé cumplimiento al artículo cuarto transitorio de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, a cargo del diputado David Lara Compeán , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SCT realice un estudio de factibilidad técnico-económico sobre la aplicación de los geosintéticos en las carreteras, a cargo del diputado Francisco Javier Gudiño Ortiz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al director general de ASA un informe de los trabajos que Administradora GUTSA, SA de CV, realizó en la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, así como copia certificada de los contratos firmados entre dicha empresa y ASA, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Recursos Hidráulicos de esta soberanía integre un grupo de trabajo que analice los recursos destinados al Fondo Nacional de Infraestructura, en el apartado de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a cargo del diputado Martín Stefanonni Mazzocco , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Semarnat considere la realización de una mesa de trabajo con los gobiernos estatales y municipales, la gerencia regional Lerma-Santiago de la Conagua y el Consejo de Cuenca del Río Santiago, para dar solución al tratamiento del agua contaminada del río Santiago, a cargo del diputado Mario Eduardo Moreno Álvarez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Puebla para que, en coordinación con la Conagua y los gobiernos municipales de Tepeaca y Acajete, prohíba y prevenga la descarga de aguas residuales sin tratar y destinen los recursos necesarios para el saneamiento de aguas en la Barranca del Águila, a cargo del diputado José Luis Contreras Coeto , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal impulse los telebachilleratos a nivel nacional, a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Jalisco a ejercer los recursos aprobados en el PEF del ejercicio fiscal de 2007 para apoyar a los productores de agave de la entidad; a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas incluya programas en lenguas indígenas, en el marco de los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana, en sus veinte emisoras del sistema de radiodifusoras culturales indigenistas, a cargo del diputado Carlos Roberto Martínez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SSP implante acciones inmediatas para dignificar la calidad de vida de las personas que se encuentran recluidas en los centros de readaptación social, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla decline la política privatizadora que ha instaurado dicha institución, y respete la pluralidad de ideas y la opinión estudiantil, dándoles cauce en el Consejo Universitario, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Banobras, SNC, dé cumplimiento a las demandas de los jubilados de esa institución, a cargo del diputado Jesús Ramírez Stabros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal publique oportunamente el reglamento o reglamentos de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo del diputado Alejandro Martínez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo al impacto que tiene el TLCAN en las mujeres mexicanas y solicitar la comparecencia de la titular del Inmujeres, a cargo de la diputada Lourdes Quiñones Canales , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a la violencia que existe en el estado de Chihuahua, suscrita por los diputados Lilia Merodio Reza , César Duarte Jáquez, Israel Beltrán Montes y Enrique Serrano Escobar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT informe sobre la operación del Ferrocarril Mexicano, suscrita por los diputados Israel Beltrán Montes y Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SEP y de la Secretaría de Salud refuerce las políticas públicas de educación sexual, por medio de libros de texto de primaria y secundaria, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del DF y a la delegación Miguel Hidalgo tomen las medidas conducentes para resolver el problema del cobro de tarifas por estacionar automóviles en el bosque de Chapultepec, a cargo de la diputada Blanca Luna Becerril , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a la militarización, los derechos humanos y el estado de derecho en Sinaloa, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo al aniversario del nacimiento de César Chávez, luchador por los derechos de los trabajadores agrícolas, a cargo del diputado José Jacques y Medina , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo a la participación de mexicanos en el Ejército de Estados Unidos de América, a cargo del diputado José Jacques y Medina , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal elabore un programa de mejora de la infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque, a cargo del diputado José Martín López Cisneros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal instruya al titular de la STPS solicite licencia temporal en el desempeño de su cargo a efecto de que la SFP realice la investigación de los hechos que se derivan del informe de la revisión de la Cuenta Pública de 2006, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y a la Secretaría de Salud lleven a cabo medidas de seguridad en rastros, carnicerías y tiendas de autoservicio para realizar monitoreos permanentes y expedir certificados de explotaciones pecuarias libres de clembuterol, a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Migración cumpla las normas migratorias, sin uso de violencia y con estricto arreglo a los derechos humanos de los migrantes y transmigrantes, a cargo de la diputada Irma Piñeyro Arias , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México redoble esfuerzos para frenar la tala ilegal en dicha entidad, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativo al operativo contra migrantes centroamericanos en la comunidad Las Palmas, en Niltepec, Oaxaca, suscrita por los diputados Maricela Contreras Julián y José Jacques y Medina , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal actualice el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a cargo del diputado Carlos Armando Reyes López , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo a los derechos humanos en la frontera sur de México y la violación documentada de dos guatemaltecas, a cargo del diputado Humberto Zazueta Aguilar , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México implante políticas subsidiarias para incrementar la producción y la venta de los productos de los artesanos mexiquenses, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, relativa a los hechos en la Comisión Federal de Telecomunicaciones durante la gestión de Javier Lozano Alarcón, a cargo del diputado Andrés Lozano Lozano , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la PGR inicie una investigación al presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, a cargo del diputado Guillermo Velázquez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SE modifique la NOM-081-1994 adecuándose a los estándares internacionales avalados por la Organización Mundial de la Salud, a cargo del diputado Carlos Augusto Bracho González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobernador del estado de México rinda un informe sobre el estado que guarda el hospital para enfermos crónicos Doctor Gustavo Baz Prada, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Excitativas
A las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, y de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Efeméride
Relativa al Día Internacional contra la Tuberculosis, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves tres de abril de dos mil ocho, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.
Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado
En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las 11 horas con 22 minutos del jueves 3 de abril de 2008, con la asistencia de 289 diputadas y diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.
La asamblea dispensa la lectura del orden del día en votación económica.
La asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.
Se recibe del gobierno del estado de Tabasco contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Se remite a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
El Grupo Parlamentario Alternativa Socialdemócrata y Campesina, informa la reelección de la diputada Marina Arvizu Rivas , como coordinadora del grupo parlamentario para el resto de la Sexagésima Legislatura. De enterado. Comuníquese.
El diputado Miguel Ángel Navarro Quintero , del Partido de la Revolución Democrática, solicita licencia por tiempo indefinido, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en la primera circunscripción plurinominal, a partir del 5 de abril de 2008. En votación económica, la asamblea aprueba los puntos de acuerdo por los que se concede la licencia solicitada y se llama al suplente. Comuníquese.
La Junta de Coordinación Política informa que el diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo , del Partido Acción Nacional, fungirá como Presidente de la Comisión Bicamaral de Bibliotecas, del dos de abril al 31 de octubre de 2008. En votación económica, la asamblea lo aprueba.
La Secretaría da lectura a acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se exhorta al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, a que realice una investigación sobre la eficacia terapéutica de los insumos y aparatos que se utilizan para los tratamientos de diálisis peritoneal crónica ambulatoria que provee la empresa adjudicada y que los resultados de ésta investigación se hagan del conocimiento de esta soberanía. Se le otorga el uso de la tribuna para referirse al tema, al diputado José Luis Aguilera Rico , de Convergencia. En votación económica, la asamblea lo aprueba, comuníquese.
Se recibe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para los efectos de los artículos 42, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 6o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
Se remiten a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se reciben de la Secretaría de Gobernación, 3 oficios con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. Se remiten a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:
Se reciben proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:
La Presidenta comunica a la asamblea que a las puertas del salón de sesiones se encuentra la ciudadana Martha Rocío Partida Guzmán, electa como diputada federal suplente en el primer distrito del estado de Nayarit, quien acompañada de una comisión designada, rinde su protesta y entra en funciones de inmediato.
La Asamblea dispensa la lectura del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Gobernación, que concede permiso a los ciudadanos Javier Neri Alfaro, Sergio Maximino Heredia Sierra, Óscar Rogelio Rubio Íñiguez, María de Jesús Lazcón Castellanos, Norma Lizette López Cha y Carlos Alejandro León Aguilar para prestar servicios en la Embajada de Estados Unidos de América en México y en sus Consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua; Guadalajara, Jalisco; y Nogales, Sonora, respectivamente. Queda de primera lectura.
A las 11 horas con 53 minutos, la Secretaría instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia con un registro de 390 diputadas y diputados.
La asamblea dispensa la lectura del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Salud, que reforma la fracción II del Apartado A del artículo 13, y adiciona una fracción XVII Bis al artículo tres y un artículo 157 Bis a la Ley General de Salud. Fijan la posición de su respectivo grupo parlamentario los diputados: Juan Abad de Jesús , de Convergencia; Fernando Enrique Mayans Canabal , del Partido de la Revolución Democrática; y
Presidencia del diputado Cristián Castaño Contreras
Ángel Humberto García Reyes , del Partido Acción Nacional. En votación económica, la asamblea, considera el asunto suficientemente discutido. La Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular, misma que resulta aprobatoria por 345 votos. El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
A petición del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Partido de la Revolución Democrática, se guarda un minuto de silencio en memoria del director y escritor de cine Jaime Casillas Ugarte.
La asamblea dispensa la lectura del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Salud, que adiciona una fracción IV al artículo 64 de la Ley General de Salud. Para fundamentar el dictamen a nombre de la comisión, se le otorga el uso de la palabra al diputado Ector Jaime Ramírez Barba , del Partido Acción Nacional, quien propone modificaciones al artículo segundo transitorio y en votación económica, la asamblea las acepta. Intervienen para fijar la posición de sus respectivos grupos parlamentarios los diputados: Juan Abad de Jesús , de Convergencia; Tomás Gloria Requena , del Partido Revolucionario Institucional; Antonio Xavier López Adame , del Partido Verde Ecologista de México; Maricela Contreras Julián , del Partido de la Revolución Democrática y María Mercedes Corral Aguilar , del Partido Acción Nacional. En votación económica, la asamblea considera el asunto suficientemente discutido. La Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto con las modificaciones aceptadas, misma que resulta aprobatoria por 347 votos. El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La asamblea dispensa la lectura del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que adiciona una fracción XLIX al artículo 7o. de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Intervienen los diputados Luis Enrique Benítez Ojeda , del Partido Revolucionario Institucional, para fijar la posición de su grupo parlamentario y Alberto Amador Leal , del Partido Revolucionario Institucional, para hechos. En votación económica, la asamblea considera suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto. La Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular, misma que resulta aprobatoria por 333 votos. El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La asamblea dispensa la lectura del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que adiciona la fecha 19 de agosto, instalación de la Suprema Junta Nacional Americana de Zitácuaro, en 1811, al inciso a) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Interviene para fijar la posición de su respectivo grupo parlamentario el diputado Mario Vallejo Estévez, del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica, la asamblea considera el asunto suficientemente discutido. La Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular, misma que resulta aprobatoria por 321 votos. El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
En votación económica, la asamblea dispensa la lectura de los dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Gobernación, que concede permisos a los ciudadanos:
La Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular de los proyectos de decreto antes mencionados, misma que resulta aprobatoria por 235 votos en pro, 8 en contra y 91 abstenciones. El Presidente declara aprobados en lo general y en lo particular los proyectos de decreto mencionados anteriormente. Pasan al Senado de la República y al Ejecutivo federal, según corresponda para sus efectos constitucionales.
La asamblea autoriza la lectura sólo de los puntos de acuerdo de los dictámenes de las comisiones:
a) De Salud:
b) De Medio Ambiente y Recursos Naturales:
c) Unidas de Gobernación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para exhortar al Ejecutivo federal a intervenir a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y demás dependencias, en la recuperación y prevención de efectos secundarios en las zonas forestales por el paso del huracán Dean en Quintana Roo. Interviene en pro el diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui , del Partido Revolucionario Institucional
d) De Medio Ambiente y Recursos Naturales:
e) Unidas de Salud, y de Equidad y Género, para exhortar al secretario de Salud lleve a cabo las acciones conducentes que permitan la publicación de la Norma Oficial Mexicana-046-SSA 2-2005, ``Violencia familiar y sexual contra las mujeres''. Intervienen en pro las diputadas del Partido de la Revolución Democrática Holly Matus Toledo y Maricela Contreras Julián .
En votación económica, la aamblea aprueba en conjunto los puntos de acuerdo anteriormente señalados. Comuníquense.
Se reciben iniciativas con proyecto de decreto de los diputados:
Se recibe del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Partido de la Revolución Democrática, proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México y al ayuntamiento del municipio de Valle de Chalco, así como al titular de la Secretaría de Economía a implantar acciones para dotar de infraestructura a la zona industrial de dicha localidad. Se turna a la Comisión de Economía.
Desde sus respectivas curules, solicitan moción de procedimiento los diputados Diego Cobo Terrazas , del Partido Verde Ecologista de México y Aleida Alavez Ruiz , del Partido de la Revolución Democrática y la Presidencia la considera pertinente e instruye a la Secretaría continuar con la lectura de los puntos de acuerdo de los dictámenes de las comisiones de:
a) Medio Ambiente y Recursos Naturales:
b) Defensa Nacional, por el que la Cámara de Diputados felicita a las Fuerzas Armadas Mexicanas por el extraordinario esfuerzo en su patriótica lucha contra el narcotráfico, rinde un homenaje a los militares caídos, expresa su solidaridad con las familias de éstos y hace votos para que la seguridad de la nación se fortalezca con la mayor brevedad. Intervienen en pro los diputados Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Partido Revolucionario Institucional y Víctor Manuel Lizárraga Peraza , del Partido de la Revolución Democrática.
En votación económica, la asamblea aprueba los puntos de acuerdo anteriormente descritos. Comuníquense.
Desde su curul, el diputado Enrique Cárdenas del Avellano , del Partido Revolucionario Institucional, solicita la lectura del artículo 106 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en su oportunidad, la Presidencia concede tal petición.
La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.
La Presidenta clausura la sesión a las 16 horas con 2 minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el martes 8 de abril de 2008 a las 11 horas.»
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Está a discusión el acta. No habiendo quien haga el uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobada el acta.
SECRETARIA DE CULTURA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : «Diputados Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.--- Presentes.
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del 89 aniversario luctuoso del general Salazar, el 10 de abril a las 10:00 horas, en el Antiguo Cuartel Zapatista, ubicado en calle Gólgota s/n esquina Allende, Barrio Calmita, en San Pablo Oztotepec, delegación Milpa Alta.
Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes, los nombres de los diputados de esa honorable Cámara que asistirán a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirvan prestar a la presente y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los siguientes ciudadanos diputados: Alfonso Suárez del Real y Aguilera, y María Beatriz Pagés Llergo Rebollar.
ESTADO DE AGUASCALIENTES
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Ejecutivo.--- Estado de Aguascalientes.
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura.--- Presentes
Por instrucciones del ingeniero Luis Armando Reynoso Femat, gobernador constitucional del estado y en atención al oficio número DGPL 60-II-5-1540 por medio del cual hace del conocimiento de los puntos de acuerdo relativos al exhorto que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace al Ejecutivo estatal en el sentido de que revise su legislación y las acciones para prevenir, investigar, combatir y sancionar los delitos cometidos contra las mujeres y niñas, me permito informarle lo siguiente:
El estado de Aguascalientes cuenta con la siguiente legislación para prevenir investigar, combatir y sancionar los delitos cometidos contra mujeres y niñas:
Además, el gobierno del estado ha implementado las siguientes acciones:
Lo anterior refleja acciones encaminadas a la erradicación de la violencia en el Estado y a la atención inmediata y eficiente a las víctimas del delito, principalmente a las mujeres y niñas.
Asimismo, el pasado 7 de marzo, se realizó la instalación del Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres, que será la instancia normativa y de evaluación de las políticas públicas, coordinada por el IAM, constituyéndose como un organismo colegiado y plural que determinará las estrategias y acciones necesarias para garantizar la tutela del derecho de las mujeres a vivir libre de violencia.
Anexos ejemplares de periódicos oficiales del estado en donde consta la legislación señalada en líneas que anteceden.
Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo y reitero a usted las seguridades de mi atenta consideración.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
ESTADO DE OAXACA
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.--- Poder Legislativo Federal.
Diputados Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Para dar cumplimiento al punto segundo del acuerdo aprobado por la Sexagésima Legislatura de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada hoy, me permito transcribir dicho acuerdo:
Transitorio
Único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.
Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso del estado.- San Raymundo Jalpan, Oaxaca, 27 de marzo de 2008.
Diputados: José Antonio Iglesias Arreola, presidente; Cristóbal Carmona Morales, Daniel Gorrión Matías, secretarios (rúbricas).Lo que nos permitimos transcribir a usted, para su conocimiento y efectos legales consiguientes.La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí
Diputados integrantes de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En sesión de la Diputación Permanente celebrada el 21 de febrero del presente año, a la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género le fue turnado el oficio por el cuál se exhorta a las legislaturas del país a reforzar las acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
En tal virtud y atendiendo al compromiso que se tiene por parte de esta LVIII Legislatura, respecto al tema de la erradicación de la violencia contra las mujeres, hacemos de su conocimiento que el pasado 30 de junio de 2007 el Pleno de esta asamblea local aprobó por unanimidad la Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar, así como reformas al Código Penal en relación con la trata de personas y al Código Civil para actualización de conceptos en relación con la violencia familiar.
De igual forma, he de comunicarle que atendiendo a las disposiciones establecidas en el artículo 49 y Octavo Transitorio de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, este Poder Legislativo aprobó el pasado 17 de julio del año 2007, la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado, que dio lugar a reformar los siguientes ordenamientos: Código Civil y Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado de San Luis Potosí y Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, asimismo el pasado 12 de junio de 2007 se llevó a cabo la firma del ``Pacto Nacional 2007, por la Igualdad entre Mujeres y Hombres'', por parte de los tres poderes del estado.
Por lo que en atención a su exhortativa, este honorable Congreso del estado ha dado seguimiento a los objetivos que puntualiza el exhorto en comento.
Al presente me permito enviar copia de los ordenamientos antes citados para su conocimiento.
Sin otro particular por el momento, le reitero mis más altas y finas consideraciones.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
DIPUTADOS QUE SOLICITAN LICENCIA
La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.
Le saludo cordialmente diputada Presidenta y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a usted para solicitarle muy atentamente, que sea el conducto para someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados mi solicitud de licencia para separarme del cargo de diputado federal de la LX Legislatura por tiempo indefinido a partir del 3 de abril de 2008.
Por tal motivo, le solicito de la manera más atenta, que se realicen todos los trámites conducentes que sobrevienen al presente acto jurídico y se llame a mi suplente.
Sin otro particular, le reitero las seguridades de mis sinceras consideraciones.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas : Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo.
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Delber Medina Rodríguez para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en la primera circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobada. Comuníquese. Continúe la Secretaría, por favor.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a usted para solicitarle, muy atentamente, sea el amable conducto para someter a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, mi solicitud de licencia para separarme del cargo de diputado federal de la LX Legislatura, por tiempo indefinido, a partir del 7 de abril de 2008.
Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo.
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Jaime Cervantes Rivera para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en la primera circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.
Segundo. Llámese al suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobada. Comuníquese.
DIPUTADO SUPLENTE QUE SE INCORPORA
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Julián Ezequiel Reynoso Esparza, diputado federal electo en la primera circunscripción plurinominal. Se designa en comisión, para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes diputados: Carlos Eduardo Felton González, Pablo Trejo Pérez, Mayra Gisela Peñuelas Acuña, Patricia Castillo Romero, Jesús Sesma Suárezy Ricardo Cantú Garza.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : Se pide a la comisión cumplir este encargo. Se invita a los presentes a ponerse de pie.
(La comisión cumple su encargo)
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Ciudadano Julián Ezequiel Reynoso Esparza,¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión?
El ciudadano Julián Ezequiel Reynoso Esparza: Sí, protesto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.
Continúe la Secretaría, por favor.
COMISIONES LEGISLATIVAS
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se someta a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente movimiento, solicitado por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia:
• Que el diputado Félix Castellanos Hernández cause alta como integrante en los Grupos de Amistad México-Vietnam, y México-Cuba.Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobado.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos, solicitados por la coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa:
• Que la diputada Marina Arvizu Rivas cause baja como integrante en la Comisión del.• Que la diputada Marina Arvizu Rivas cause alta como integrante en la Comisión de Defensa Nacional.Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : De enterada. Continúe por favor la Secretaría con las proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno.
REPUBLICA DE VENEZUELA
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en relación con el anuncio de nacionalización de empresas privadas en Venezuela
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo decimocuarto del acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente, que remiten a este órgano de gobierno, los diputados federales integrantes de diversos grupos parlamentarios, por lo que se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a que realice las acciones legales y diplomáticas conducentes, con respecto a las empresas mexicanas que podrían verse afectadas por el anuncio de nacionalización de empresas privadas en Venezuela.
«Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a que realice las acciones legales y diplomáticas conducentes en defensa del patrimonio de empresas mexicanas que podrían verse afectadas por el anuncio de nacionalización de empresas privadas en Venezuela.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : En este punto hay dos oradores inscritos: el diputado Juan Manuel Parás Gonzálezy el diputado Elías Cárdenas Márquez, por lo cual tiene el uso de la palabra el diputado Juan Manuel Parás González.
El diputado Juan Manuel Parás González : Con su permiso y agradecido, diputada Ruth Zavaleta.Para las diputadas y los diputados del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, la situación que guarda la empresa Cementos Mexicanos con motivo de la política implantada por el gobierno de Venezuela resulta de la mayor preocupación, ya que se podrían contravenir principios del derecho internacional y la libertad para las inversiones, alterando en forma sustantiva la vida económica, política y social de las naciones.
Las garantías de seguridad jurídica, de certidumbre y de paz social deben prevalecer en toda América Latina, ya que desde sus inicios como Estados libres y soberanos, hemos compartido los principios democráticos de respeto absoluto a nuestros asuntos internos como naciones que compartimos un mismo origen y que en el siglo XXI estamos obligados a la convivencia, al apoyo y a la cooperación recíproca para elevar el nivel de vida de nuestros pueblos.
Los gobiernos, al instrumentar las políticas públicas, están obligados a velar por los intereses legítimos de los ciudadanos en general, no sólo del ámbito empresarial, político, cultural o de cooperación en otras asignaturas particularmente delicadas.
Para los mexicanos en general Cementos Mexicanos es una gran empresa motivo de orgullo y esfuerzo notable. Fundada en 1906, opera en más de 50 países con una capacidad de producción cercana a 100 millones de toneladas de cemento al año, líder en su ramo. Es una empresa que se ha distinguido por sus procesos de innovación, constituyendo un pilar del desarrollo del México contemporáneo.
Cementos Mexicanos, con la compra de la Cementera Vencemos se instala en Venezuela en 1994. En sus tres plantas productoras de cemento, con 33 de concreto, 13 de distribución terrestre y 4 terminales marítimas para la exportación, alcanza 60 por ciento de la producción nacional de este importante insumo para la construcción, no sólo beneficiando con la creación de empleos sino con la introducción de tecnología de punta en ese sector.
En esta Cámara de Diputados estamos a favor de que se defiendan los intereses de los mexicanos en cualquier lugar del mundo, que se respeten sus derechos, ya sea como emigrantes, turistas o empresarios, porque todos son compatriotas.
Vivimos momentos en los que la globalización ha diluido fronteras y en ocasiones identidades, pero está claro que el papel del Estado es proteger la libertad, la vida y la propiedad de todos sus ciudadanos.
Los acuerdos mutuamente aceptados por la empresa cementera y el gobierno de Venezuela podrían avanzar mediante el diálogo respetuoso y atendiendo a los principios de la legislación internacional en la materia, por lo que el gobierno mexicano debe coadyuvar para la mejor solución de este asunto para beneficio de nuestros países y salvaguardar los derechos de los trabajadores de la empresa establecida en aquel país.
Diputadas y diputados, al aprobar este punto de acuerdo que nos ha presentado la Junta de Coordinación Política estaremos emitiendo un voto por la certidumbre y el respeto de los derechos de todos los mexicanos, más allá de nuestras fronteras, velando por su buen trato y dignidad que, como miembros de la comunidad internacional estamos obligados a respetar y a ser respetados.
Muchas gracias por su atención y es cuanto, señor Presidente.
Presidencia del diputado Luis Sánchez Jiménez
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Muchas gracias, diputado Parás González. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Elías Cárdenas Márquez, del Partido Convergencia.
Aprovecho para anunciar la presencia de estudiantes de bachillerato del Tecnológico 2, Licenciado Carlos Pichardo. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.
El diputado Elías Cárdenas Márquez : Con su permiso, señor Presidente.Diputados y diputadas de este honorable Congreso de la Unión, México libró, después de los periodos revolucionarios, una lucha ejemplar por la nacionalización en beneficio del único depositario de la soberanía nacional, que es el pueblo de México, de acuerdo con el artículo 39 constitucional.
En efecto, el más emblemático acto de nacionalización se dio el 18 de marzo de 1938. Fue el gobierno patriótico del general Lázaro Cárdenas, quien mediante la vía de la expropiación le dio a México el privilegio de gozar de sus recursos naturales, arrancándolos de las empresas extranjeras que hoy pretenden volver a México por estos recursos naturales.
La Revolución Mexicana, a la que ya nadie escucha, dio al mundo pero fundamentalmente a los países de Latinoamérica, una vía y un ejemplo a seguir. Hoy, los pueblos hermanos de Venezuela y de Bolivia, mediante procesos democráticos que llevaron al poder a sus actuales dirigentes están en pro de estos procesos de los que México fue ejemplo en el pasado, porque fueron actos de verdadero patriotismo los que se realizaron de acuerdo y obedeciendo solamente al interés de la nación, no a los intereses particulares.
Hoy estamos ante la incongruencia de un gobierno que no se atreve a condenar enfáticamente y a exigir y a pedir explicaciones sobre la muerte de ciudadanos mexicanos en territorio ecuatoriano, y derrama inmediatamente lágrimas de cocodrilo porque afectan a un multimillonario de Forbes en el Estado de Venezuela.
Esto, señores se llama simplemente un desprecio por la vida y un verdadero amor por el dinero, por el dinero de los regímenes voraces y rapaces del neoliberalismo, que desde hace años explotan las materias primas de las naciones latinoamericanas.
Por ello, no podemos negar nuestro modelo histórico. Si estuviéramos haciéndolo estaríamos traicionando nuestra propia historia, que estuvo llena de nacionalizaciones. Hubo algunas, obviamente, que fracasaron, como fue la nacionalización de la banca. En un mercado donde priva el interés del dinero antes que los intereses nacionales era natural que fracasara este asunto.
Quisiera recordar, en estos momentos viene a mi mente, una frase del gran pensador y humanista Bertolt Brecht, quien dijo: ``Es más delito ---oigan bien--- tener un banco que asaltarlo''. Y obviamente los gobiernos se decidieron por poner en manos de la banca extranjera el sistema nacional de pagos de este país.
Obviamente nosotros cuando no tenemos el control de la banca, que debería ser el instrumento fundamental del de-sarrollo para este país en materia financiera, hemos perdido también soberanía.
Por lo mismo, Convergencia se pronuncia ``sí por el respeto a los empresarios con visión social'', pero no podemos estar en contra de los intereses legítimos del pueblo de México, que es el único mandatario legítimo y efectivo de esta nación.
No nos dejemos llevar por estas consideraciones crematísticas de la riqueza de unos cuantos, despreciando los sagrados intereses de México. Muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias, diputado Cárdenas Márquez. Tiene el uso de la tribuna la diputada Martha Margarita García Müller, del Partido de Acción Nacional.
La diputada Martha Margarita García Müller : Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Adelante, diputada.
La diputada Martha Margarita García Müller : Muy buenos días, compañeros. Ante esta situación, en el Partido de Acción Nacional siempre hemos señalado que el Estado no es un espectador respecto a la economía nacional. Tiene un deber preciso de orientación y tutela, de organización justa y eficaz de las divisas, fuerzas e instrumentos que implanten, naturalmente, el proceso económico y permitan su desarrollo.Hemos luchado por puntualizar la función rectora del Estado para ordenar y mantener la responsable libertad de empresa, de comercio y de mercado... concertación de monopolios y privilegios ilegítimos, corrección de errores, sanciones y abusos, y abandono de aventuras mercantilistas del Estado y de sus agencias... en el ámbito que puede y debe ser atendido responsablemente por los particulares.
El Estado tiene una misión inexcusable. Es la vida económica que justifica su intervención en la misma, directamente en el ejercicio de su autoridad y, además, a través de los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal.
Cuando estas instituciones tienden a la más adecuada prestación de servicios públicos y a la mejor satisfacción de necesidades de interés general, cuando su propósito es suplir deficiencias de la iniciativa y de los casos de ciertas categorías de empresas que deben reservarse al Estado, porque llevan consigo un poder económico tal que no es posible permitirlo a los particulares sin perjuicio de la autoridad.
Con esta visión creemos en el papel preponderante de la empresa al interior del Estado, y en ese caso particular del cemento, como producto que bien han fabricado y comercializado los particulares en México y alrededor del mundo. No consideramos que la industrialización del cemento no puede ser llevado por particulares o que sea un producto en el cual un país centre su expectativa económica.
Independientemente de esto, la decisión de la República de Venezuela de nacionalizar la industria cementera, con lo cual se ven afectados los intereses de Cementera Mexicana, Cemex, establecida en aquel país desde 1994, que produce mil 800 empleos; debemos verla como enteramente soberana, y corresponde a los venezolanos ---y sólo a ellos--- decidir y hacer lo que mejor les convenga.
Los mexicanos debemos ser respetuosos ante tales actos, que podemos considerar erróneos o acertados, y podemos coincidir o no. Y no podemos entrometernos en sus asuntos internos de la política y de la economía venezolana. Son decisiones que como país debemos respetar, así como en 1938 esperamos el respeto de la nacionalización de la industria petrolera en México.
Sin embargo, creemos importante externar nuestra preocupación respecto al caso de la industria Cementera Mexicana, de Cemex, en Venezuela, desde el punto de vista de las inversiones.
Es, sin duda, una de las empresas más importantes en aquel país, donde no solamente surte con productos a precios inferiores a los internacionales, sino que genera divisas mediante la exportación de las empresas.
Yo me pregunto, compañeros: ¿ésta es la forma en que el gobierno de Venezuela trata de reforzar la integración latinoamericana? No. No lo ha hecho. No solamente a estas tres empresas está afectando. Sin embargo, curiosamente, ellos han abierto la puerta a la inversión de China e Irán. ¿Qué pretenden? El gobierno de México ha tratado de reforzar las relaciones con Venezuela; sin embargo, hasta la fecha sólo hemos recibido agravios. Exigimos al gobierno de Venezuela respeto a la inversión mexicana. Muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Muchas gracias, diputada García Müller. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez : Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Adelante, diputado.
El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez : Compañeras diputadas y compañeros diputados, a raíz del anuncio del Presidente Hugo Chávez de nacionalizar diversas empresas extranjeras cementaras en Venezuela, el sábado pasado un periódico capitalino ---especifico---, El Centro, publicaba una curiosa estadística que decía:``Tiempos de reacción de la Cancillería y del gobierno mexicanos ante el anuncio de la nacionalización de empresas extranjeras ---no solamente Cemex, sino varias empresas extranjeras cementeras en Venezuela---: una hora. Tiempo de reacción de la Cancillería del gobierno mexicano ante la muerte de mexicanos en Ecuador: 28 días.''
Es claro que aquí hay un doble rasero porque hay mexicanos de primera, mexicanos de segunda y mexicanos de tercera. Y los de tercera son también los mexicanos que a diario cruzan la frontera mexicana: fueron 600 el año pasado que han muerto en el cruce, tratando de cruzar la frontera norte de nuestro país.
Creo que esto es importante porque aquí no está a discusión, y creo que esto lo reafirmaba, incluso, la diputada que me antecedió en el uso de la palabra, la decisión soberana de los estados para realizar, según sus leyes, la capacidad para dictaminar leyes y decretos que correspondan a sus intereses.
En 1938, Lázaro Cárdenas pidió al presidente Roosevelt, cito: ``que no escuche usted, señor presidente, a las empresas afectadas por la nacionalización del petróleo en México''.
Yo creo que nosotros también tenemos que ser congruentes en el sentido de que México, tal y como dice el punto de acuerdo, debe realizar las medidas conducentes a proteger los intereses de los mexicanos en el exterior y, en este caso, de que lleguen a un acuerdo satisfactorio.
Hay anuncios en el sentido de que el gobierno venezolano y Cemex ya están negociando, y que incluso van a llegar a la fórmula de 49-51, de tal modo que ésta es, pues, una fórmula que puede ser satisfactoria para ambas partes.
En estos días he vuelto a releer el libro de Rossana Fuentes Berain El oro gris, que es la historia de Lorenzo Zambrano y de Cemex... Usted no la ha leído, diputado, por eso está diciendo que no... Es la historia de un empresario que relanza su empresa y la hace exitosa en el mundo.
Yo creo que es la empresa que tiene más sucursales en el exterior, tiene alrededor de 70 empresas en todo el mundo. Es una empresa que aprovechó la globalización, la etapa de la globalización para relanzarse. Y yo creo que es la única empresa realmente trasnacional mexicana, y los números ahí están. En México tiene 15 mil empleos directos e indirectos; tiene en el mundo cerca de 76 mil. Y tiene presencia en 83 países, no en 70, como yo lo estaba diciendo.
Incluso el libro también ---y le recomiendo, diputado Rodríguez Prats, usted que está diciendo no, que lo lea, por favor--- relata cómo hay un proceso de monopolización de Cemex, no debido a los favores, como en el caso de Slim, como el caso de Telmex, no a los favores de Carlos Salinas, sino debido a su ámbito de trasnacionalización y al éxito de sus iniciativas y de la compra de otras empresas, petroleras, incluso, en Estados Unidos y en Europa.
A lo que queremos llegar, compañeras y compañeros, es que nosotros, el PRD ---y lo declaró públicamente nuestro coordinador y fue publicado en ocho columnas en el periódico Excélsior, el sábado pasado--- estamos de acuerdo en que se llegue a un acuerdo satisfactorio entre el gobierno de Venezuela y la empresa Cemex, cuestión que ya está ocurriendo. Ya están en negociaciones, ya están a punto de llegar a un acuerdo.
Y lo que nosotros planteamos es que, si hubiera existido en ese momento, cuando se planteó el primer anuncio... nosotros lo que planteábamos era que se indemnizara de acuerdo con las normas del derechos internacional y las normas también, del derecho venezolano, país en el cual está sentada la empresa cementera.
Lo que quiero, para finalizar, es decir: que así como la derecha critica a Hugo Chávez ---que por cierto no es santo de nuestra devoción---, quisiera recordar que en 2002 hubo un golpe de estado contra Hugo Chávez y hubo un presidente por un día, Pedro Carmona, el dirigente de los empresarios venezolanos, el líder de la derecha venezolana.
Y saben lo que hizo este angelito, estuvo un día en la presidencia de Venezuela y disolvió el Parlamento, disolvió el Poder Judicial, disolvió las instituciones republicanas. Ésas son las cartas de presentación de la derecha venezolana, que hoy emerge como una figura, intenta emerger como un ente democrático.
Yo creo que la derecha venezolana es la más antidemocrática del mundo, la más fujimorista, la más pinochetista. Creo que no tiene ninguna autoridad para criticar decisiones que están ocurriendo al interior de Venezuela.
En síntesis, nuestra posición es que se llegue a un acuerdo satisfactorio entre Cemex y el gobierno venezolano; y que en el futuro no haya ciudadanos mexicanos de primera, de segunda y de tercera que se les defienda según el grado y el poder del dinero que tienen en sus manos; y que se defienda por igual a los mexicanos que son muertos al cruzar la frontera hacia Estados Unidos, a los mexicanos muertos en Ecuador y también a las empresas mexicanas en el exterior.
Eso es todo, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias, diputado Sandoval.
Agotada la lista de oradores, se considera suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Aprobado. Comuníquese.
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : « Instituto Mexicano del Seguro Social.--- Dirección general.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.
Conforme lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 286 C de la Ley del Seguro Social, el Consejo Técnico del Instituto, en el punto 7 de la Norma de Inversiones Financieras, aprobada en acuerdo 128.R. (DF) del 28 de marzo del 2007, establece los dispositivos de información para que en forma periódica, oportuna y accesible, se dé a conocer la composición y situación financiera de la inversión de las Reservas Financieras y el Fondo Laboral, a través de informes trimestrales que se remitan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México, Congreso de la Unión y a la Secretaría de la Función Pública, y que contengan la posición en inversión, evolución, estructura, rendimientos, cumplimiento de metas, medición y control de los riesgos financieros, entre otros.
De acuerdo a lo anterior, envío a usted, un ejemplar del informe correspondiente al cuarto trimestre de 2007, mismo que fue revisado y aprobado por la Comisión de Inversiones Financieras del IMSS, en su sesión 357 del 12 de marzo del presente año.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social. Continúe la Secretaría.
PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS
La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DAN-00983, el licenciado Alejandro Estivill, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se cita a continuación, pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y original del escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes, asimismo copia simple de su identificación oficial.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante el oficio número DAN-01082, el licenciado Alejandro Estivill, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se cita a continuación pueda prestar servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y original del escrito en que solicita que se realicen los trámites correspondientes, asimismo copia simple de su identificación oficial.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DAN-011 09, el licenciado Alejandro Estivill, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Túrnese a la Comisión de Gobernación.
ESTADO DE OAXACA
La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L.60-II-6-1966 signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Jacinto Gómez Pasillas , Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGF/251/2008 suscrito por Rubem Hofliger Topete, director general del Fondo de Desastres Naturales, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a los daños causados por el sismo ocurrido el 12 de febrero último en el estado de Oaxaca.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo.--- Presente.
Me refiero a su oficio número SEL/300/869/08, recibido en esta Dirección General el 12 de marzo del 2008, mediante el cual participa que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de su Presidenta Ruth Zavaleta Salgado , y el Secretario Jacinto Gómez Pasillas , han comunicado mediante oficio DGPL 60-II-6-1966, al licenciado Camilo Mouriño Terrazo, secretario de Gobernación, el punto de acuerdo tomado por el pleno de ese órgano legislativo él 28 de febrero del año en curso, el que es referido al sismo ocurrido en el estado de Oaxaca el día 12 de febrero del 2008.
A ese respecto y para mejor referencia, se trascribe a continuación el texto de ese punto de acuerdo:
``Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaración de desastres natural correspondiente, para liberar recursos y agilizar la ayuda necesaria para atención a los daños causados por el sismo del 12 de febrero en Oaxaca.''Una vez analizado el contenido de ese punto de acuerdo, y a la luz de la legislación que determinan las atribuciones y competencias de esta Dirección General del Fondo de Desastres Naturales, DGF, y los instrumentos financieros que componen su oferta de atención frente a los fenómenos naturales perturbadores, concretamente el denominado Fonden Reconstrucción el que se relaciona necesariamente con las declaratorias de desastres, me permito obsequiarle algunas consideraciones y conclusiones.A. En cuanto a la solicitud para que se emita la ``... la declaración de desastres natural correspondiente, para liberar recursos y agilizar la ayuda necesaria...'' se hace notar que ese exhorto se inscriben en el marco de las atribuciones de la DGF, y por consecuencia al ámbito de aplicación de la normatividad aplicable, que para el caso que nos ocupa, es decir, Fonden Reconstrucción, se trata del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, ROF (DOF. 19/09/06)Abundando en la idea anterior, se señala que ese cuerpo normativo establece plazos, términos, condiciones, requisitos y demás aspectos para dotar de la debida formalidad jurídica a la emisión de una declaratoria de desastre, y consecuentemente sean liberados los recursos para iniciar los el proceso de reconstrucción. De tal manera se ofrece a continuación un breve resumen y explicación:a) Ante la presencia de un desastre natural, son las autoridades de la entidad federativa afectada quienes detonan el procedimiento al solicitar ---dentro de los cuatro días siguientes--- a la instancia federal técnica competente para que a partir de la investigación y los análisis correspondientes, dictamine sobre la ocurrencia o no del fenómeno natural perturbador; y si es el caso, la indicación de los municipios que deban ser incluidos dentro de esa declaratoria. (18 ROF)b) En el caso de fenómenos de orden sismológico, señalan las ROF - Numeral 3, fracción XXIII- corresponde al Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred, para lo cual tiene 4 días hábiles para dar respuesta. (19 ROF)c) Solo en el caso de resultar afirmativa la respuesta de la instancia técnica se continuará con ese procedimiento. Para eso el gobierno del estado deberá convocar a un comité de evaluación de daños, mismo que se integrará por servidores públicos estatales y federales de los sectores afectados. (20 y 21 ROF)d) A partir de la instalación de ese Comité, empieza a correr una cuenta regresiva de hasta 10 días hábiles (prorrogables), para realizarse la entrega de resultados del referido Comité en donde se identificarán por sector afectado, los datos referidos en el numeral 22 de las ROF. (21, fracción II ROF)e) Durante la sesión de entrega de resultados se realizan las siguientes acciones (Arto 21 ROF):i. Presentación y entrega de los resultados de cuantificación y evaluación de daños elaborados en conjunto por el estado y las contrapartes de las dependencias y entidades federales;ii. El gobierno del estado entrega a la Secretaría de Gobernación y/o de la Unidad de Política y Control Presupuestario UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la documentación en la que señale la insuficiencia de recursos para atender el desastre natural.iii. La entrega de la solicitud de Declaratoria de Desastre Natural emitida por la entidad federativa.iv. Entrega de la solicitud de anticipos por el gobierno del estado.f) Una vez validados los recursos solicitados con cargo a Fonden Reconstrucción para la atención de un desastre natural en particular, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. SHCP. podrá autorizarlos con cargo al Programa Fonden, comprendido en el Ramo General 23 ``Provisiones Salariales y Económicas'', del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007. (Art. 32 ROF)O bien la SHCP convocará a sesión del Comité Técnico del Fideicomiso Fonden para que los recursos sean aprobados con cargo a1 patrimonio del citado Fideicomiso, a efecto de que la entidad federativa a través de las instancias estatales ejecutoras correspondientes puedan disponer de esos recursos para iniciar de inmediato las acciones de reconstrucción, previo la aportación de la coparticipación que le corresponda ante el Fideicomiso Fonden Estatal. (AT.33 ROF) Dicho Fideicomiso actúa como caja para cubrir los pagos a los contratistas de las obras previa presentación de las facturas correspondientes ante el Fiduciario del citado Fideicomiso.En resumen se afirma:
• La solicitud de declaratoria de desastre natural la deberá hacer el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa.• Que la Secretaría de Gobernación no autoriza ni tiene a su cargo los recursos del Fonden Reconstrucción.• Tampoco actúa como ejecutora de obras y acciones de reconstrucción de lo dañado, dado que sólo le corresponde coordinar el procedimiento de acceso a los recursos desde la ocurrencia del desastre hasta su autorización.• En ningún momento se le brinda apoyo directo a la población, al estado o a los municipios, los recursos se otorgan vía subsidio a la entidad federativa y son administrados en el Fideicomiso Fonden Estatal.B. Como ya se advirtió que los recursos del llamado Fonden Reconstrucción, se conforman según los términos de las fracciones II y III del artículo 2 de las ROF, tanto con Programa Fondo de Desastres Naturales, es decir el Ramo 23; pero también con los del llamado Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales.
C. Se reitera que la determinación de los montos de recursos que se asignan corresponde, como ya se explicó, al CED en su propuesta y a la autorización a la SHCP o al Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales.
D. Ahora, una vez visto lo anterior, se ofrece a continuación una reseña sobre las acciones realizadas por los diferentes actores en relación a la solicitud de Declaratoria de Desastre para el Estado de Oaxaca, respecto del sismo ocurrido el pasado 12 de febrero:
l. Mediante oficio s/n, de fecha 14 de febrero de 2008, el gobierno del estado de Oaxaca, solicitó a la instancia técnica corroborar la ocurrencia del desastre natural en 41 municipios.2. Con oficio HOO-D.G./0130/2008, de fecha 15 de febrero del año en curso, el cenapred corroboró la ocurrencia del fenómeno en los 41 municipios (Numeral 19 de las ROF)3. Con fecha 19 de febrero, se instaló el Comité de Evaluación de Daños en el Estado de Oaxaca con el objeto de hacer la cuantificación de los daños ocasionados por el sismo ocurrido el día 12 de febrero de 2008. Para esto, con los representantes de las dependencias federales y locales, se agruparon los sectores carretero salud, educación, vivienda, hidráulico, monumentos históricos, artísticos y arqueológicos (Numeral 20 y 21 de las ROF)4. En consecuencia, con fecha 3 de marzo de 2008 se llevó a cabo la sesión de entrega de resultados del Comité de Evaluación de Daños, en la cual se presentaron los primeros resultados de los trabajos de evaluación de daños, así como la solicitud de Declaratoria de Desastre Natural respectiva misma que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de marzo de 2008. Al día de hoy se tienen los siguientes montos preeliminares evaluados:5. Actualmente nos encontramos en la espera de los diagnósticos definitivos por parte de las dependencias federales responsables de cada sector afectado para su integración y envío a la SHCP, para la autorización de los recursos.Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
MATRICULA CONSULAR
La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.
En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-4-1120 signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Manuel Portilla Diéguez, Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número VJ/013/2008 suscrito por el licenciado Horacio Castellanos Fernández, vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la matrícula consular como identificación oficial.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación. Presente
Me refiero a su oficio No. SEL/300/503/08, mediante el cual remite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para los efectos procedentes, la documentación relativa al dictamen con punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, que ``exhorta a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a emprender las medidas necesarias a fin de asesorar y defender debidamente a quienes se les niegue el servicio por presentar una matrícula consular como identificación para efectuar trámites bancarios y financieros''.
Sobre el particular, le comunico que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en lo sucesivo ``Condusef'', es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como objetivo prioritario procurar la equidad en las relaciones entre los usuarios y las diversas instituciones financieras del país, así como la finalidad de promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los usuarios de servicios financieros, lo cual se traduce en la implementación de esquemas de protección al público usuario, como lo son, entre otros, el procedimiento instaurado para atender sus reclamaciones, en el que esta Comisión Nacional actúa como conciliador y en su caso como árbitro en la solución de conflictos, lo cual constituye una vía de solución alterna a los procedimientos judiciales.
Asimismo, esta Comisión Nacional, en ejercicio de las atribuciones con las que cuenta, ha establecido en su página de Internet www.condusef.aob.mx las principales características de los productos y servicios que ofrecen las instituciones financieras, tales como cuentas de cheques, tarjetas de crédito, contratos de inversión, entre otros y cuenta con una liga a través de la cual los usuarios pueden formular las consultas de su interés; un catálogo de preguntas más frecuentes sobre los instrumentos financieros, recomendaciones y advertencias al contratar un producto financiero; consulta de calculadoras y simuladores sobre productos bancarios y de seguros, además de otros interesantes temas, mismos que se encuentran a disposición del público en general en la página web de referencia.
Ahora bien, las instituciones de crédito, de conformidad con el artículo 77, 98 y 98 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, deberán prestar los servicios previstos en el artículo 46 de dicho precepto legal (operaciones activas, pasivas y de servicios), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables, con apego a las sanas prácticas que propicien la seguridad de esas operaciones y procuren la adecuada atención a los usuarios de los servicios que ofrecen, debiendo recabar los datos de su clientela, relativos a su identificación y domicilio, de conformidad con las disposiciones que al efecto dicte la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En este contexto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores expidió las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito (Circular Única de Bancos), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005, modificadas mediante Resoluciones Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava y Novena publicadas en el citado Diario Oficial el 3 y 28 de marzo, 15 de septiembre, 6 y 8 de diciembre de 2006, 12 de enero, 23 de marzo, 26 de abril y 5 de noviembre de 2007, respectivamente, en las que se establece lo relativo a los documentos con los que los usuarios podrán acreditar su identidad.
Por lo anterior, esta Comisión Nacional continuará asesorando y en su caso representando a los usuarios de servicios financieros, así como fomentando la cultura financiera con el fin de proporcionarles mayor certeza. y seguridad jurídica en sus relaciones con las instituciones financieras, así como atendiendo y, en su caso, resolviendo las reclamaciones que formulen los usuarios de servicios financieros procurando la conciliación entre las partes, con la finalidad de que el usuario tenga la oportunidad de hacer valer sus derechos con la mediación de la Condusef.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Remítase al promovente, para su conocimiento.
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
La Secretaria diputada Olga Patricia Chozas y Chozas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el siguiente punto de acuerdo:
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Juan Bueno Torio, Arturo Herviz Reyes y Ramiro Hernández García, presentaron solicitud de excitativa en relación con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el inciso a), fracción I, del artículo 8 de la fracción V del artículo 13 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
La Presidencia acordó remitir la documentación a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.
«Senador Santiago Creel Miranda, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.
Juan Bueno Torio, Arturo Herviz Reyes y Ramiro Hernández García, senadores de la república de la LX Legislatura, que en uso y cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 66 inciso c), 67 inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 21, fracción XVI, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito respetuosamente que, en pleno uso de las facultades, se formule excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que de conformidad con el artículo 45, apartado 6, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dictamine la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el inciso A), fracción I, del artículo 8, y fracción V del artículo 13 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. En razón de los siguientes
Antecedentes
I. Derivado de diversas reuniones de trabajo de la Comisión Especial para la Agroindustria Azucarera con la de la Cámara Nacional de las Industrias Alcoholera y Azucarera, y demás industriales del sector, el 13 de Noviembre de 2007 fue presentada ante el Pleno del Senado de la República por los integrantes de la mesa directiva de la Comisión Especial para la Agroindustria Azucarera una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el inciso A), fracción I, del artículo 8, y fracción V del artículo 13 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que fue turnada Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
II. En fecha 20 de noviembre de 2007, los senadores integrantes de la Comisión Especial para la Agroindustria Azucarera sostuvimos una reunión de trabajo con el doctor Fernando Sánchez Ugarte, subsecretario de Ingresos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, donde se le planteó la problemática del gravamen del impuesto especial sobre producción y servicios, y se solicitó eximir del pago a la enajenación e importación del alcohol sin desnaturalizar, por ello nos presentamos ante esta soberanía en razón de las siguientes
Consideraciones
Primero. La recaudación fiscal es la base para el crecimiento y desarrollo de las naciones, un sistema impositivo de recaudación fiscal en que todos los integrantes de un país participen de manera equitativa y proporcional tendrá por consecuencia una mejor distribución de la riqueza.
La Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, vigente a partir del 31 de diciembre del 2003, es un ordenamiento jurídico cuya finalidad consiste en gravar ciertas prestaciones de servicios y ciertas enajenaciones e importaciones de bienes de forma particular para solventar algunos gastos públicos. Dicha ley, en su artículo segundo inciso B, grava la enajenación o importación de alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, con una tasa impositiva del 50 por ciento. Posteriormente, con fecha 2 de abril del 2004, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público emitió un decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes, entre los cuales se cuentan:
Dicho decreto dejo vigente el gravamen del IEPS para la enajenación o importación de alcohol sin desnaturalizar.
Segundo. Lamentablemente, el propósito recaudatorio de la ley arriba mencionada no se ha alcanzado, por el contrario, se ha convertido en una fuente inagotable de evasión fiscal que lesiona seriamente los intereses del Estado y que genera una gran distorsión en los mercados, afectando seriamente los intereses de contribuyentes responsables, todo lo anterior en beneficio de evasores fiscales que aprovechan la alta tasa impositiva del impuesto en cuestión para realizar sus prácticas desleales de comercio.
El evasor fiscal es un sujeto volátil que no sólo no responde con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, sino que también evade la responsabilidad de cumplir con las normas en materia de salud pública; recordemos que el alcohol se usa en la elaboración de alimentos, vinagres, medicamentos, desinfectantes, germicidas y bebidas alcohólicas, entre otros muchos usos
Tercero. La administración pública ha fijado su atención en la recurrente práctica de evasión del impuesto al valor agregado, y muy poco se ha hecho para evitar la evasión del 50 por ciento del impuesto especial de producción y servicios, y consecuentemente del 28 por ciento del impuesto sobre la renta.
El país requiere de políticas que incentiven las capacidades productivas y que protejan la planta laboral instalada en nuestro país.
El mejor ejemplo de la práctica evasora arriba señalada se observa en el mercado donde encontramos precios de venta del alcohol por debajo de los costos de producción de las destilerías y los ingenios azucareros de nuestro país, así como por debajo de los precios internacionales del producto
Cuarto. Como el precio de venta se encuentra por debajo del costo, pero cuentan con el 50 por ciento del IEPS y el 15 por ciento del IVA, los defraudadores alcanzan grandes utilidades con un mínimo de esfuerzo.
Al final de las operaciones comerciales, el importe de la venta, el impuesto especial de producción y servicios, el IVA y el ISR queda íntegramente en los bolsillos de los defraudadores, afectando la recaudación del Estado, quien no recibe el importe de los impuestos arriba citados y además reconoce el acreditamiento del impuesto especial de producción y servicios contra otros impuestos por parte de terceras personas, ya que por disposición legal, las personas físicas y morales que adquieran o importen alcohol sin desnaturalizar para ser utilizado en la elaboración de productos distintos de las bebidas alcohólicas podrán acreditar el impuesto pagado por la adquisición o la importación de dichos productos, contra el ISR que resulte a su cargo en las declaraciones de pagos provisionales, las retenciones del mismo impuesto efectuadas a terceros, así como contra el IMPAC o el IVA hasta agotarse, y esto representa una grave disminución de ingresos a las finanzas publicas
Quinto. Con el fin de demostrar la práctica recurrente de estos defraudadores, nos dimos a la tarea de solicitar a los ingenios azucareros expropiados, administrados por el gobierno federal, la determinación del costo de producción por litro de alcohol.
Del análisis de costos proporcionado por dichos ingenios se concluye de manera indubitable que tan sólo producir un litro de alcohol actualmente tiene un precio que oscila entre 6.635 pesos a 7.261pesos LAB. Ingenios, dependiendo del valor de las mieles incristalizables. Igualmente de la información proporcionada por el mismo Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, se desprende que el valor promedio del alcohol importado LAB puerto mexicano es de 6.655 pesos.
Sexto. Esta situación ha provocado que los ingenios administrados por el gobierno federal a través del fideicomiso creado para las empresas expropiadas del sector azucarero, así como varios ingenios y destilerías independientes privados, dejen de producir alcohol, pues no pueden colocar el producto en el mercado con un margen razonable; en consecuencia, han tenido que parar sus plantas industriales.
Una práctica común entre los evasores es la adquisición de mieles incristalizables de los ingenios azucareros privados e inclusive expropiados por el gobierno federal a través de supuestas asociaciones de productores ganaderos quienes no pagan el IVA en la adquisición de éstas, dichas mieles terminan transformadas en alcohol, no declarado fiscalmente por sus fabricantes, y que llega al mercado consumidor acompañado de facturas apócrifas, elaboradas por empresas fantasmas.
Séptimo. Otra practica muy socorrida por los defraudadores fiscales es la importación del alcohol sin el pago del impuesto especial de producción y servicios, a través de esquemas como: contrabando simple, Pitex, Amtex, maquila, subvaluación, importación, como otros productos no gravados por el impuesto especial de producción y servicios, e inclusive Immex, esta ultima le otorga al importador (eventual evasor fiscal) un periodo de gracia de 18 meses para importar alcohol exento del pago de impuestos y luego exportarlo transformado en otro producto. Las más de las veces, para cuando el fisco exige al contribuyente rendición de cuentas sobre el particular, este ya ha desaparecido, consumando un fraude fiscal de grandes proporciones. Uno de los principales centros de operación de las prácticas fiscales evasivas es el puerto de Veracruz adonde llega alcohol de diversas partes del mundo, principalmente de Brasil.
Inclusive en la venta de segunda y tercera mano, los evasores fiscales se quedan para sí mismos el importe de los impuestos que trasladan, en lugar de enterarlos al fisco como es su obligación.
De no detenerse esta situación, mediante la derogación del impuesto en cuestión, se acabará rápidamente con el sector formal de esta rama industrial, pues no se lograría nada mediante diversos actos de fiscalización por la facilidad escurridiza de estos delincuentes, en consecuencia la práctica ilegal subsistiría.
A través de los años se ha podido constatar que el impuesto al alcohol sin desnaturalizar no ha dado al fisco la recaudación esperada, pues en el 1o. de enero de1999 se procedió a la exención del impuesto en virtud de que era más el impuesto que se devolvía que el recaudado, actualmente no existe mucha diferencia en esto pues si bien es cierto no se permite una devolución total, si se encuentra establecido el acreditamiento en una primera etapa y la devolución por el remanente de éste para las personas que utilizan el alcohol sin desnaturalizar como insumo en la elaboración de productos.
El interés del defraudador por evadir la tasa del 50 por ciento en el impuesto especial sobre producción y servicios conlleva a evadir el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta y su responsabilidad en materia de salud, lo que lo hace aún más costoso.
El estado no puede permitir la consecución de estas actividades bajo el atractivo de una tasa que al final no representa una recaudación y que sí origina la pérdida del control en otros impuestos y que pone en riesgo a otros contribuyentes cumplidos del mercado formal, generadores de riqueza, empleos bien remunerados y desarrollo regional que tanta falta hacen al país, por lo que atentamente solicitamos su intervención para exentar del pago del IEPS los actos de enajenación o importación de alcohol sin desnaturalizar.
Octavo. Se propone, pues, regresar a la condición fiscal preexistente que fue modificada el 31 de diciembre del 2003 por el Poder Legislativo, merced al cabildeo del grupo Civic. Lo anterior. Con base en la evidencia luego de cuatro años de operación de la reforma legal, de impacto negativo en este sector específico de la economía, sin aportar siquiera algún beneficio recaudatorio para el Estado.
Es importante considerar que a partir del 5 de agosto del 2004 el Consejo de Salubridad General emitió un acuerdo mediante el cual quedó prohibida la venta, distribución, comercialización, suministro o expendio al público en general de cualquier presentación de alcohol etílico sin desnaturalizar, en farmacias, boticas, droguerías, tiendas de autoservicio, misceláneas, lonjas mercantiles, tiendas de abarrotes y, en general, cualquier establecimiento con actividad empresarial o comercial que tenga trato directo con el público en general.
A partir de entonces, el alcohol etílico sin desnaturalizar sólo podrá ser destinado para su uso en procesos productivos, por lo que su venta será exclusivamente para uso industrial, en función al acuerdo en cuestión.
Con dicha prohibición, la razón de ser del impuesto si alguna vez existió desaparece totalmente.
Noveno. Cabe hacer notar que la Cámara Nacional de la Industria Azucarera, que agrupa a todos los ingenios azucareros del país, ha realizado una petición al Poder Legislativo en la que plantea la problemática a la que se está enfrentando y que coincide con los puntos aquí planteados, asimismo dicha Cámara acompañó la denuncia presentada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dar a conocer el hecho.
En tal virtud se solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público exima del pago del impuesto especial sobre producción y servicios a la enajenación e importación de alcohol sin desnaturalizar, a fin de erradicar de manera inmediata el atractivo que representa la evasión fiscal que ha impulsado a los defraudadores, no sólo a la afectación del Estado sino a dañar severamente a los productores y comercializadores del sector alcoholero formal del país.
Por lo expuesto, y habiéndose cumplido con exceso el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a usted, presidente de la Mesa Directiva, atentamente solicito:
Único. En los términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que formule el dictamen correspondiente a la iniciativa referida.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
LEY GENERAL DE SALUD
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Para los efectos de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX Bis al artículo 3; se adiciona un Título Quinto Bis y su Capitulo Único; y el artículo 421 Ter de la Ley General de Salud.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Minuta Proyecto de Decreto
Por el que se adiciona la fracción IX Bis al artículo 3o.; se adiciona un Título Quinto Bis y su Capítulo Único; y el artículo 421 Ter de la Ley General de Salud.
Articulo Único. Se adiciona una fracción IX Bis al artículo 3o.; se adiciona un Título Quinto Bis y su Capítulo Único denominado El Genoma Humano con los artículos 103 Bis, 103 Bis 1, 103 Bis 2, 103 Bis 3, 103 Bis 4, 103 Bis 5, 103 Bis 6 y 103 Bis 7, y el artículo 421 Ter, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
``Artículo 3o. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general:
Título Quinto Bis El Genoma Humano
Capítulo Único
Artículo 103 Bis. El genoma humano es el material genético que caracteriza a la especie humana y que contiene toda la información genética del individuo, considerándosele como la base de la unidad biológica fundamental del ser humano y su diversidad.
Artículo 103 Bis 1. El genoma humano y el conocimiento sobre este es patrimonio de la humanidad. El genoma individual de cada ser humano pertenece a cada individuo.
Artículo 103 Bis 2. Nadie podrá ser objeto de discriminación, conculcación de derechos, libertades o dignidad con motivo de sus caracteres genéticos.
Artículo 103 Bis 3. Todo estudio en este campo deberá contar con la aceptación expresa de la persona sujeta al mismo o de su representante legal en términos de la legislación aplicable.
En el manejo de la información deberá salvaguardarse la confidencialidad de los datos genéticos de todo grupo o individuo, obtenidos o conservados con fines de diagnóstico y prevención, investigación, terapéuticos o cualquier otro propósito, salvo en los casos que exista orden judicial.
Artículo 103 Bis 4. Se debe respetar el derecho de toda persona a decidir, incluso por tercera persona legalmente autorizada, que se le informe o no de los resultados de su examen genético y sus consecuencias.
Artículo 103 Bis 5. La investigación científica, innovación, desarrollo tecnológico y aplicaciones del genoma humano, estarán orientadas a la protección de la salud, prevaleciendo el respeto a los derechos humanos, la libertad y la dignidad del individuo; quedando sujetos al marco normativo respectivo.
Artículo 103 Bis 6. A efecto de preservar el interés público y sentido ético, en el estudio, investigación y desarrollo del genoma humano como materia de salubridad general la Secretaría de Salud establecerá aquellos casos en los que se requiera control en la materia, asegurándose de no limitar la libertad en la investigación correspondiente de conformidad con el artículo tercero constitucional.
Artículo 103 Bis 7. Quien infrinja los preceptos de este Capítulo, se hará acreedor a las sanciones que establezca la ley.
Artículo 421 Ter. Se sancionará con multa equivalente de doce mil hasta dieciséis mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate e inhabilitación de siete a diez años, en el desempeño de empleo, profesión o cargo público, a quien infrinja las disposiciones contenidas en el Capítulo único del Titulo Quinto Bis de esta ley, o la cancelación de Cédula con Efectos de Patente, la concesión o autorización respectiva según sea el caso. Lo anterior, sin afectar el derecho del o los afectados, de presentar denuncia por el delito o delitos de que se trate.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Túrnese la minuta a las Comisiones Unidas de Salud, y de Ciencia y Tecnología.
LEY GENERAL DE SALUD
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto por el que se adicionan tres párrafos al artículo 33 de la Ley General de Salud.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Minuta Proyecto de decreto
Por el que se adicionan tres párrafos al artículo 33 de la Ley General de Salud
Único. Se adicionan tres párrafos al artículo 33 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 33. Las actividades de atención médica son:
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Túrnese a la Comisión de Salud.
REGISTRO DE ASISTENCIA
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : ¿Falta algún diputado o alguna diputada por registrar su asistencia? Está abierto el sistema. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 441 diputadas y diputados. Quienes no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
DIA MUNDIAL DE SALUD
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : El siguiente punto del orden del día es el posicionamiento relativo al Día Mundial de Salud. Se han registrado para referirse al tema los siguientes diputados:
Humberto Dávila Esquivel , del Partido Nueva Alianza; Ricardo Cantú Garza , del Partido del Trabajo; Jesús Sesma Suárez , del Partido Verde Ecologista de México; Juan Abad de Jesús , del Partido Convergencia; María Oralia Vega Ortiz , del Partido Revolucionario Institucional; Fernando Enrique Mayans Canabal , del Partido de la Revolución Democrática; y José Antonio Muñoz Serrano , del Partido Acción Nacional.
Tiene el uso de la palabra el diputado Humberto Dávila Esquivel , del Partido Nueva Alianza, hasta por cinco minutos.
El diputado Humberto Dávila Esquivel : Con su permiso, señor Presidente.Compañeras diputadas y compañeros diputados, desde hace 60 años celebramos cada 7 de abril el Día Mundial de la Salud, fecha conmemorativa en la cual se estableció la organización mundial en la que se resalta el papel que juega la salud como un indicador de bienestar y de la calidad de vida de la sociedad y la prestación de servicios como uno de los mecanismos primordiales para promover una auténtica igualdad de oportunidades.
Países, gobiernos y comunidades enteras reconocen a la salud como una de las grandes preocupaciones y prioridades del futuro, ya que es uno de los derechos fundamentales de toda persona, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. Debe disfrutar y es garantía básica para el cumplimiento de muchos más.
Pero, ¿qué sucede cuando en países como el nuestro estamos muy lejos de poder dar cabal cumplimiento a los preceptos constitucionales que garanticen el máximo nivel de salud posible? Sucede entonces que conmemoramos este día con más pendientes que logros.
Hablar de salud en nuestro país es más complicado de lo que parece, no sólo por las diferencias sociales y económicas que encontramos en cada región geográfica o por la diversidad de poblaciones existentes, sino porque con el paso del tiempo ha cambiado el rostro de nuestro país. El posible éxito que en lo general han tenido varias medidas para mejorar las condiciones de salubridad, tales como las campañas de vacunación, servicios de salud para atender enfermedades, han hecho que nuestra expectativa de vida sea más larga y de mejor calidad.
Sin embargo, a la par existen graves deficiencias en el financiamiento, la calidad y la cobertura de los servicios de salud, lo que hace necesario tomar conciencia sobre la importancia de salvaguardar la salud en México.
De acuerdo con los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en el sistema de salud mexicano existen marcadas desigualdades, ya que éste deja fuera a 52 por ciento de la población. Como resultado, el grupo de población más pobre es el que afronta diariamente el riesgo más alto de enfrentar gastos catastróficos en salud o de no recibir el cuidado adecuado.
Vivimos en un país donde el peligro de muerte al nacimiento por complicaciones en el embarazo o durante el parto es de 1 en 130 mujeres, a diferencia de países como Canadá, en donde el riesgo es de 1 en 7 mil 750 al año.
Al año mueren 64 mil infantes menores de 5 años por males que pueden ser evitables, tales como la diarrea y la anemia; asimismo, el sobrepeso y la obesidad se han convertido en problemas de salud pública.
En México existen 18 millones de fumadores activos y 147 personas fallecen diariamente por enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Hoy día existen 3 millones 300 mil mexicanos que son alcohólicos, y cerca de 3 millones de personas son adictas a alguna droga, sobresaliendo la marihuana, la cocaína y las metanfetaminas.
Las principales causas de mortalidad durante 2006 fueron la diabetes, las enfermedades del corazón, los tumores malignos, los padecimientos hepáticos y vasculares y los accidentes. Todos en conjunto causaron casi 6 de cada 10 defunciones, lo que significó 58.8 por ciento del total de muertes.
Son varios los desafíos que enfrenta actualmente el sistema de salud en México. Se necesita alcanzar una mayor equidad en la cobertura y en la efectividad en los servicios de infraestructura de salud, de tal forma que proteger y preservar la salud de las mexicanas y de los mexicanos es uno de los principales retos.
Sin embargo, para Nueva Alianza la lucha no sólo se relaciona con la ampliación de la cobertura y el desarrollo de formas apropiadas para llegar a la población excluida, sino también con su capacidad para detectar oportunamente las necesidades de acción y movilizar los recursos necesarios de manera preventiva para prevenir las enfermedades.
La prevención es indispensable para avanzar en el desarrollo de nuestro país y este año forma parte integral del festejo, ya que el Día Mundial de la Salud 2008 se centra en la necesidad de proteger la salud contra los efectos negativos del cambio climático. Las amenazas son cada vez mayores. La variabilidad del clima tiene ya grandes repercusiones en la salud de todos nosotros.
Por ello, para Nueva Alianza cada acción que tomemos en lo individual y como colectividad es fundamental para hacer conciencia sobre la importancia de prevenir y así disminuir las repercusiones que puedan tener los efectos del cambio climático en nuestra salud. La información, la difusión y la prevención juegan un papel determinante en la toma de decisiones. Sólo así, conjuntamente gobierno y sociedad podremos enfrentar los nuevos desafíos en materia de salud y mitigar sus consecuencias. Por su atención muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias, diputado Dávila. Tiene el uso de la tribuna el diputado Delio Hernández Valadés, del Partido Alternativa.
El diputado Delio Hernández Valadés : Con el permiso de la Presidencia.Compañeras diputadas y compañeros diputados, el 7 de abril de 1948 se fundó la Organización Mundial de la Salud. Esta misma fecha se conmemora cada año como el Día Mundial de la Salud porque se instituyó como una oportunidad para llamar la atención del mundo hacia este tema que es de la mayor importancia para la humanidad.
La OMS este año ha querido hacer el énfasis en el impacto que tiene el cambio climático en la salud de las personas como uno de los aspectos que más se verán afectados. Por ello ha advertido que si la tendencia actual del calentamiento prosigue sin que se tomen medidas eficaces para controlarlo, a la humanidad le espera un mayor número de daños, enfermedades y muerte.
La Organización Mundial de la Salud distingue fundamentalmente cinco grandes efectos sanitarios del cambio climático:
En primer lugar, el sector agrícola es muy sensible a las variaciones en el clima. Las temperaturas en aumento y la mayor frecuencia de sequías e inundaciones pueden comprometer la seguridad alimentaria.
Segundo. La mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos conlleva un mayor riesgo de mortalidad y de traumatismos por tormentas e inundaciones. Además, tras las inundaciones se declaran a menudo brotes de diversas enfermedades que ponen en peligro la vida de las personas.
Tercero. Tanto las situaciones de escasez de agua, que es esencial para la higiene, como el exceso de agua por precipitaciones más frecuentes y torrenciales aumentará la carga de enfermedades diarreicas que se propagan a través de alimentos y agua contaminados.
Según la Organización Mundial de la Salud, estas enfermedades son ya la segunda causa infecciosa de mortalidad en la niñez y acarrean alrededor de 1.8 millones de defunciones al año.
Cuarto. Las olas de calor pueden aumentar directamente la morbilidad y la mortalidad, principalmente entre las personas de edad con enfermedades cardiovasculares o respiratorias.
Por último, se prevé que la variación de las temperaturas y de la pluviosidad alterará la distribución geográfica de insectos vectores que propagan enfermedades infecciosas.
Como puede verse, el cambio climático supone una amenaza creciente para la seguridad sanitaria mundial. Muchas de las enfermedades más mortíferas, como la malaria, el cólera y el dengue, están sujetas a las condiciones climáticas. Por eso si cambian los patrones climáticos también cambiarán su incidencia y zonas de propagación.
Por extraño que parezca hablamos del cambio climático como si fuera un fenómeno de moda que se da por si mismo, como si fuera ajeno a la humanidad, como parte de los ciclos naturales de nuestro planeta. Tenemos que tener presente que la intervención del ser humano es la causa directa responsable de la alteración de tales ciclos.
Hoy es todavía posible reducir la magnitud de las consecuencias del cambio climático. Sin embargo, para ello es necesario tomar medidas impostergables, pero sobre todo eficaces, que tiendan a disminuir el calentamiento global y sus efectos en la salud. No obstante, las personas que tomar decisiones están más preocupadas por garantizar el aumento de las ganancias económicas que por el impacto en el medio ambiente.
Necesitamos entender que no hay economía posible si la viabilidad en la vida en este planeta está en peligro. Es cierto que en el Día Mundial de la Salud debemos abrir un espacio para llamar la atención en lo que a la salud implica. Pero sobre todo, tenemos que exigir acciones contundentes y eficaces que nos garanticen mejores condiciones de vida. La salud no es sólo la ausencia de enfermedad, es un adecuado equilibrio entre las condiciones físicas, mentales, culturales y sociales de los seres humanos.
Para el Grupo Parlamentario de Alternativa la salud no es una mercancía, es un derecho fundamental que el Estado está obligado a garantizar. Muchas gracias.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna el diputado Julián Ezequiel Reynoso Esparza, del Partido del Trabajo.
El diputado Ezequiel Reynoso Esparza : Con la venia de Presidencia.Compañeras diputadas y compañeros diputados, ayer, 7 de abril, se conmemoró el Día Mundial de la Salud, como una fecha que destaca la importancia que tiene para los seres humanos el bienestar físico y mental.
Como se dice coloquialmente, si no hay salud de nada sirve tener dinero o riquezas acumuladas. Esta máxima ilustra el verdadero sentido de contar con un cuerpo y una mente saludables para poder cumplir con las metas que nos proponemos en la vida como seres humanos.
Lamentablemente, en la lucha que se establece entre el entorno natural y social y la naturaleza humana, no siempre contamos con las armas suficientes para cambiar a nuestro favor la correlación entre unas y otras. Esto sucede porque las ciencias no han logrado descubrir, en muchos campos, las causas de muchas enfermedades y males que aquejan la humanidad.
Y en aquellos en lo que esto se ha logrado, no toda la población tiene acceso al conocimiento, en primer lugar, y a los insumos necesarios para corregir las deficiencias, en segundo lugar. Lo anterior ocurre así, porque los conocimientos científicos están determinados por la propiedad privada de los descubrimientos y avances de la medicina en general.
La socialización de los descubrimientos médicos se rigen por la lógica capitalista de mercado, lo cual provoca que quienes tienen suficientes recursos accedan, en primera instancia, a las terapias asociadas a dichos descubrimientos, y quienes no cuentan con recursos, sencillamente no reciben los beneficios relativos.
En estas circunstancias cuando celebramos el Día Mundial de la Salud no podemos dejar de mencionar esta barrera estructural que impide que los seres humanos puedan gozar por igual los niveles de bienestar que sí puede disfrutar una minoría.
Ésta es la razón fundamental del por qué hay países que tienen los recursos suficientes para enfrentar una serie de enfermedades infecciosas, pandemias y enfermedades estructurales que se relacionan directamente con la modalidad de capitalismo neoliberal de las últimas décadas como son: diabetes, cáncer, enfermedades cardiacas, problemas vasculares, sida, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, entre otras.
Esto es lo que hace la diferencia entre recibir servicios médicos de calidad y quedar marginados de ellos, que es lo que comúnmente le ocurre a la mayoría del pueblo, en todos los países del mundo.
México no escapa a esta tendencia. Aquí más de la mitad de la población no tiene acceso a los servicios de salud pública y los paliativos que se han instrumentado para compensar esta cobertura, como es el Seguro Popular, son totalmente insuficientes.
Se limitan a una parte de la población que puede pagar los esquemas de medicina privada. La falta de voluntad de nuestros gobernantes por canalizar mayores recursos a los servicios públicos de salud se ha convertido en la causa fundamental del retorno de enfermedades ya erradicadas, como tuberculosis, dengue, lepra y cólera.
Tampoco les ha interesado invertir en infraestructura hospitalaria para hacer frente a las enfermedades complejas, entre las que se encuentra el cáncer y la diabetes, que ya señalamos.
Lejos de reforzar las metas del milenio y la recomendación de la Organización Mundial de Salud, los gobiernos neoliberales, incluido el actual, se han abocado a privatizar los esquemas de salud públicos y a mantener en el abandono al grueso de la población.
No les ha interesado desarrollar esquemas de medicina preventiva como se hace en muchos países del mundo, que empieza por alimentar bien a la población, pagándoles salarios dignos e incorporándolos a servicios públicos de salud.
Todo lo que se pueda decir sobre el Día Mundial de la Salud sin reconocer esta cruda realidad de nuestros países, será pura demagogia que nada beneficia a los pueblos marginados del mundo.
Si queremos hacer una conmemoración digna en este día de la salud, debemos empezar por atender los mínimos requeridos para que la mayoría de nuestra población tenga acceso a mejores estadios de salud. Es cuanto.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias, diputado Reynoso Esparza.
Esta Presidencia saluda la presencia de alumnas y alumnos del Centro de Estudios de Alta Dirección, de Naucalpan de Juárez, Estado de México; del colectivo educativo y cultural Aprender a Aprender, con sede en el istmo, en Oaxaca; y de vecinos de la comunidad de El Rosario, Estado de México. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.
Tiene el uso de la tribuna el diputado Jesús Sesma Suárez , del Partido Verde Ecologista de México...
El diputado Jesús Sesma Suárez : Con su permiso, diputado Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Adelante, diputado.
El diputado Jesús Sesma Suárez : Compañeras y compañeros, este año el Día Mundial de la Salud se enfoca en la necesidad de proteger la salud contra los efectos del cambio climático.La Organización Mundial de la Salud seleccionó este tema al reconocer que el cambio climático genera cada vez mayores amenazas para la salud pública global. El cambio climático generalmente se discute como si sólo afectara al planeta y no a la gente que vive en él. Ahora debemos ampliar esta visión para enfrentar los daños que han causado estos cambios en la salud mundial.
El cambio climático afecta a los pilares de la salud humana ya que disminuye la calidad y la disponibilidad de alimentos y el agua causando desnutrición y deshidratación. Además, estos cambios han provocado el surgimiento y expansión de las enfermedades infecciosas como son el cólera, la malaria, la fiebre amarilla, entre otras.
No es casual que en este tipo de problemas la gente con menores recursos es la más afectada y la más vulnerable. Se espera que para el año 2020 el estrés hidrológico en África será tan grande que la producción de cultivos se reducirá a la mitad con respecto a la cantidad que se produce en la actualidad.
Asimismo, se espera que los niños y los ancianos sean los segmentos generacionales que sufran mayor impacto en la salud personal. Retomando las palabras del secretario general de las Naciones Unidas, el cambio climático es real. Se está acelerando y nos afecta a todos. Ahora debemos responder con acciones urgentes, ya no por el bien del planeta, sino de nosotros mismos.
Así pues, necesitamos darle voz a esta realidad subestimada, para que la producción de la salud humana esté ligada a la agenda sobre el cambio climático y por consiguiente a todas las áreas de desarrollo humano como es energía, alimentación, agricultura, transporte, entre muchas otras.
En este panorama la Organización Mundial de Salud ha llamado a todos los países a estar informados sobre la situación y redoblar esfuerzos para combatir el cambio climático que sufre este mundo.
De acuerdo con estudios recientes México será uno de los países más afectados por el cambio climático, lo cual se verá reflejado no solamente en la pérdida de biodiversidad, sino también en los efectos negativos a la salud.
El Partido Verde se suma al llamado de las Naciones Unidas para que México y todos los países tomen el liderazgo de informar a la población sobre los efectos reales e integrales del cambio climático, y sobre las acciones para proteger a estos grupos vulnerables. La suma de esfuerzos en todos los sectores de la población y el liderazgo de los gobiernos constituyen los únicos medios disponibles para mitigar los efectos negativos que se esperan.
Este año el Día Mundial de la Salud no es un motivo de celebración, sino de profunda reflexión acerca de la gran labor que tenemos que enfrentar en materia de salud y de medio ambiente. Así pues, reflexionemos y actuemos en consecuencia antes de que la falta de acción se convierta en nuestra propia condena. Muchas gracias, compañeros y compañeras.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias, diputado Sesma Suárez. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Juan Abad de Jesús, del Partido Convergencia.
El diputado Juan Abad de Jesús : Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Adelante, diputado.
El diputado Juan Abad de Jesús : Hoy, como ayer, 7 de abril, celebramos el Día Mundial de la Salud, fecha que al margen de cualquier otro tipo de consideración, señala la fundación de la Organización Mundial de la Salud, y constituye un lugar común en el que año tras año se hace una pública llamada de atención a los habitantes de este mundo, en relación con cualesquiera de los múltiples problemas sanitarios, que desde hace ya demasiados años azotan a nuestro planeta.Celebrando 60 años de la organización, el Día Mundial de la Salud 2008 ha sido dedicado a la protección de la salud desde el cambio climático. El lema de este año era casi obligado y era en torno a la protección de la salud frente al cambio climático, fenómeno éste de proporciones globales, que aunque viene siendo anunciado desde hace ya varias décadas por eminentes científicos y distintas organizaciones ecológicas de reconocido prestigio internacional, parece haber entrado en nuestras aletargadas conciencias cuando ya alguno de sus efectos son tristemente irreversibles.
En estas cosas, ya se sabe, pesan demasiado las cuestiones políticas internacionales y los intereses económicos de un puñado de empresas y demasiado poco el nivel de concientización de los ciudadanos del mundo entero en general.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático lo define como el cambio de clima que se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima, observada durante periodos de tiempo comparables.
El cambio climático resultante de la acción humana que está sucediendo y los efectos se pueden ver, por ejemplo, la disminución de la diversidad biológica, la desertificación, la reducción de la disponibilidad del agua y en la salud humana y en el bienestar.
El cambio climático tiene importantes repercusiones socioeconómicas en los países en desarrollo, en la salud y en el bienestar de sus poblaciones. Las repercusiones incluyen los brotes de enfermedades relacionadas con el cambio climático y los fenómenos extremos, como por ejemplo, las enfermedades infecciosas emergentes en el medio que han surgido letales agentes patógenos como son VIH/sida, el dengue hemorrágico, el síndrome pulmonar por hantavirus y el síndrome respiratorio agudo grave.
La mayoría son causadas principalmente por factores ambientales ecológicos o demográficos. Los cambios de los ecosistemas marinos y terrestres y los daños de la infraestructura.
El cambio climático tiene un efecto desproporcionado sobre los pobres y las poblaciones vulnerables, ya que carecen de los medios para protegerse. Los grupos más vulnerables, como siempre, son los menores de cinco años, mujeres embarazadas y lactantes, adultos mayores marginados de la población urbana y rural, las poblaciones indígenas y las poblaciones desplazadas.
Esta vulnerabilidad puede ser exacerbada por otros factores, como la pobreza, la inseguridad alimentaria, los conflictos y las enfermedades.
En lo que a nuestro ámbito más inmediato se refiere, la propia Constitución Mexicana, en el artículo 4o., consagra el reconocimiento del derecho a la protección de la salud de todos los mexicanos, por lo que en este concreto problema no nos queda sino esperar que nuestras instituciones se replanteen nuevas estrategias, en consecuencia, a prevenir todas y cada una de las consecuencias adversas que para la salud de la población, en su conjunto, puedan surgir derivadas de este cambio climático del que todos, sin excepción, somos un poco responsables.
En nuestro país, actualmente el Plan Nacional de Desarrollo la enmarca como su cuarto eje de sustentabilidad ambiental, en esta medida se ha optado por sumarse a los esfuerzos internacionales suscribiendo importantes acuerdos entre los que destacan el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto, el Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos, el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.
Indudablemente México enfrenta grandes retos en todos los aspectos de la agenda ambiental. Esta agenda comprende temas fundamentales, como la conciliación de la protección del medio ambiente, la mitigación del cambio climático, la reforestación de bosques y selvas, la conservación y el uso de agua y del suelo, la preservación de la biodiversidad, el ordenamiento ecológico y la gestión ambiental con la competitividad de los sectores productivos y en el desarrollo social.
Desde esta perspectiva no cabe duda que el cambio climático tiene su origen como consecuencia de una excesiva acumulación en la atmósfera de bióxido de carbono, que nuestros hábitos de consumo y nuestros modelos de producción no parecen cansarse de producir.
De esta manera que tenemos que asumir nuestra propia cuota de responsabilidad, debemos apelar no sólo a nuestra conscientización respecto a la protección del medio ambiente, ayudemos a proteger a las personas que más lo necesitan, ayudemos a nuestra propia salud frente al cambio climático; ayudémonos a nosotros mismos. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Muchas gracias, diputado Abad. Tiene el uso de la tribuna la diputada María Oralia Vega Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada María Oralia Vega Ortiz : Con su permiso, señor Presidente.Compañeras y compañeros diputados, hace 60 años, el 7 de abril de 1948, fue creada la Organización Mundial de la Salud y en esta fecha cada año se conmemora el Día Mundial de la Salud. En torno a este acontecimiento histórico es menester hacer un significativo reconocimiento a la Organización Mundial de la Salud ---de la cual México forma parte activa--- por los logros alcanzados a nivel mundial y resaltar el impacto que tienen sus acciones en los países miembros de esta organización. Asimismo, reconocer que hay muchos retos que tendrá que afrontar en materia de salud.
Esta fecha se constituye como una oportunidad para llamar la atención del mundo hacia el tema que ha seleccionado la OMS para este año: proteger la salud frente al cambio climático.
La OMS advierte la necesidad de proteger la salud de los efectos negativos del cambio climático y, debido a estos riesgos latentes, en algunas poblaciones del planeta supone una amenaza creciente para la seguridad sanitaria.
A nivel mundial se identifica que algunas de las repercusiones sanitarias del cambio climático ya son manifiestas, el aumento del número de muertos por olas de calor; variaciones de la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores y alteraciones de la distribución de los desastres naturales.
Si México no toma medidas emergentes de inmediato en el corto plazo, lo vamos a lamentar, por ello nuestro país como miembro de la OMS debe participar en los debates mundiales sobre el cambio climático, para aportar con bases científicas, soluciones y acciones preventivas encaminadas al reforzamiento de la vigilancia y el control de las enfermedades infecciosas; el uso más seguro de suministro de agua en casa; la coordinación de acciones sanitarias en caso de emergencia y sobre todo, identificar y controlar la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, de industrias peligrosas que crean el efecto invernadero.
Por esta emergencia, el Grupo Parlamentario del PRI hace un llamado urgente para que el gobierno federal apoye a la OMS, para que la salud pública ocupe un lugar destacado en las Naciones Unidas sobre el cambio climático y, a la vez, implementar acciones emergentes para la prevención de los efectos climáticos y se comprometa, entre otras cosas, a las siguientes acciones:
1. Establecer vínculos entre el cambio climático, la salud y otras esferas del desarrollo, tales como el medio ambiente, la alimentación, la energía y los transportes.
2. Realizar eventos o actividades que den publicidad a temas relacionados con el impacto sanitario del cambio climático.
3. Crear acciones para proteger a las comunidades pobres y vulnerables de los efectos del cambio climático, especialmente en las zonas indígenas marginadas.
El Partido Revolucionario Institucional, pilar de la formación institucional de la salud en México, no puede dejar pasar tan significativa fecha para señalar que en nuestro país aún no está plenamente cumplida la demanda sentida de la población en materia de salud.
Que la cobertura de los servicios deja mucho que desear y que por esta razón aún en nuestro país existen patologías que son propias de países sin desarrollo. Que los riesgos a la salud de los niños y de las niñas, de las mujeres en edad reproductiva, de los adultos mayores son muy significativos en padecimientos como la obesidad, el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión arterial, la insuficiencia renal crónica, el VIH/sida, el cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino, así como algunas algunas adicciones comunes en los adolescentes y en un porcentaje significativo de niñas y niños.
El PRI toma el Día Mundial de la Salud como una plataforma de transformación del panorama epidemiológico que México presenta, para hacer un llamado al gobierno federal para que la Secretaría de Salud actúe y cumpla sus compromisos contraídos en el Programa Nacional de Salud 2007-2012, y pueda cambiar las estadísticas de mortalidad en nuestro país, ya que no es posible que alrededor de 15 por ciento de las muertes en el país se deban a infecciones comunes, problemas reproductivos y padecimientos asociados a la desnutrición, y aproximadamente 73 por ciento a padecimientos no transmisibles, como la diabetes, los problemas cardiovasculares y el cáncer. Estos indicadores nos hacen ver como un país que no avanza en sus indicadores de salud. Aunado a la pobreza y a la desigualdad, transitamos como un país sin justicia social y equidad de género.
Por ello, el Partido Revolucionario Institucional apoyará todas aquellas políticas públicas que transformen al país para favorecer bienestar de vida y prevención de los riesgos a la salud, incluyendo el cambio climático. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Muchas gracias, diputada Oralia Vega. Tiene el uso de la tribuna el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal : Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Adelante, diputado.
El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal : Compañeras diputadas y compañeros diputados, compañeros de los medios, nuevamente hoy quiero hacer un llamado enérgico a la Comisión Federal de Electricidady a la Conagua por el proceso de inundación que está viviendo Tabasco.No me explico si nos quieren enloquecer o nos quieren desaparecer, pero Tabasco es un estado muy grande, noble; es un estado de gente valiente ---los tabasqueños, las tabasqueñas---, pero en donde hasta hoy no han dragado los ríos, los bordos no se han iniciado, los bordos de contención. El Plan de Infraestructura contra Inundaciones todavía no se inicia y se prevén lluvias importantes para este 2008.
Sin embargo, con la apertura de la presa donde están desfogando mil 600 metros cúbicos por segundo, ya tenemos el desbordamiento del río Samaria y también tenemos tres municipios inundados en forma importante. De seguir así, vamos a tener un proceso de inundación como el que tuvimos en octubre pasado.
Les quiero decir a la CFE y a la Conagua que los tabasqueños vamos a seguir de pie. Más vale un minuto de pie que 100 años de rodillas.
Por el Día Mundial de la Salud, me da gusto que la mayoría de los compañeros vamos a coincidir en el tema importante.
La salud se puede definir como el ``estado de completo bienestar físico y mental''. La salud no es únicamente ausencia de enfermedad, sino un adecuado equilibrio entre las condiciones físicas, mentales, culturales y sociales de las personas.
Con el propósito de generar una mayor conciencia de los principales problemas que los estados de la comunidad internacional enfrentan, como pudiera enfrentar para garantizar el derecho de toda persona a la salud, en 1948, la Primera Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día Mundial de la Salud, que desde 1950 se viene celebrando el día 7 de abril de cada año.
No obstante que son grandes los problemas de salud pública los que hoy día enfrenta México, como consecuencia del índice elevado de muertes por la prevalencia de enfermedades, principalmente la pobreza, de ahí tenemos la diabetes, la hipertensión, el cáncer cérvico-uterino, el cáncer de mama, el VIH/sida, así también como las adicciones, el tabaquismo, el alcoholismo y los accidentes.
Quiero centrar mi atención en el cambio climático, como se ha comentado. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la celebración del Día Mundial de la Salud en este año 2008 se ha fijado como propósito fundamental, el de catalizar las participaciones en la campaña mundial de protección de la salud frente a los efectos negativos del cambio climático.
Para tal efecto, la Organización Mundial de la Salud se ha propuesto como meta lograr que la salud pública ocupe un lugar destacado en el Programa de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
De ahí que no debe pasar inadvertido el llamado de este organismo internacional para que al celebrar esta fecha convoquemos a los gobiernos federal y estatales a establecer vínculos entre el cambio climático y la salud y otras esferas de desarrollo, tales como el medio ambiente, la alimentación, la energía y los transportes, para emprender acciones que den publicidad a temas relacionados con el impacto sanitario del cambio climático para involucrar a la ciudadanía en los esfuerzos de estabilización de dicho cambio, así como para exigir la actuación oportuna y eficiente de las instancias gubernamentales, a fin de proteger a las poblaciones pobres y vulnerables de los efectos del cambio climático.
Oportuna fue la aprobación que hiciera esta Cámara en la sesión pasada del punto de acuerdo presentado por la compañera diputada Silvia Oliva Fragoso , para exhortar a la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático a que impulse el desarrollo de proyectos de investigación y diagnóstico en las 31 entidades federativas y en el Distrito Federal, con relación a la vulnerabilidad del país ante dicho cambio climático.
No obstante lo anterior, aprovecho la ocasión para hacer otro llamado a dicha comisión, para que atiendan de manera urgente el acuerdo de esta asamblea y les vayan otorgando prioridad a los estados que han resentido severamente los impactos de las inundaciones, como lo son Chiapas y Tabasco.
Tan sólo hace unos días, de nueva cuenta y como lo había yo dicho al inicio, Tabasco vivió el desbordamiento del río Samaria, cuyo impacto se concentra en las zonas bajas de los municipios de Centro, Nacajuca, Cunduacán, Huimanguillo y Xalpa de Méndez.
Los daños a los pastizales, cultivos, asentamientos humanos y áreas de pastoreo de ganado saltan a la vista y se suman a los ocasionados por las inundaciones de octubre del año pasado.
Es evidente que los tabasqueños no queremos volver a vivir este tipo de tragedias, que si bien pueden ser causadas por la naturaleza, también encuentran explicación en la falta de capacidad y prevención por parte de las instancias gubernamentales responsables de atender y controlar situaciones de esta naturaleza.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, rompamos las costumbres de seguir escuchando justificaciones absurdas después de que han ocurrido las calamidades. No esperemos a que termine esta Legislatura para exigir la actuación pronta y eficaz de las autoridades e instituciones, ejerzamos plenamente nuestras facultades como Poder Legislativo y agotemos los mecanismos parlamentarios y legales que permitan hacerlo.
No hay mejor manera de celebrar este día que reconociendo la necesidad de estar mejor preparados para hacer frente a los problemas sanitarios relacionados con el clima que se presenten en el futuro.
Consideramos medidas que en el ámbito internacional se han recomendado, tales como el fortalecimiento de la vigilancia y el control de las enfermedades infecciosas, el uso más seguro de suministros de agua, cada vez más escasa, y la coordinación de las acciones sanitarias en las emergencias.
Aunado a estas acciones, es ineludible que centremos nuestra atención para que los recursos financieros que esta Cámara de Diputados ha aprobado en la aplicación y ejecución de programas de salud y a la construcción de obras hidráulicas contra inundaciones se ejerzan correctamente y no sean objeto de ninguna desviación injustificada y al margen de toda legalidad.
Por lo anterior, exhorto a los Poderes de la Unión y de las entidades federativas a que a la brevedad busquemos la relación de un gran foro nacional en el que se profundicen las consecuencias y se planteen soluciones de fondo en torno al cambio climático, cuyos efectos primarios recaen en la salud pública.
Celebremos este importante día refrendando esta ineludible decisión. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado José Antonio Muñoz Serrano, del Partido Acción Nacional.
El diputado José Antonio Muñoz Serrano : Con su permiso, diputado Presidente.Compañeras y compañeros, hoy, recordando el Día Mundial de la Salud el Grupo Parlamentario del PAN, a través de un servidor, viene a hablar de la crisis más importante del mundo.
Si bien es cierto que ya la Organización Mundial de la Salud se preocupaba desde el 48 para reconocer un Día Mundial de la Salud, desde 1950 contamos con un tema para cada año y este tema sin duda significa preocupación de la Organización Mundial de la Salud.
Esta preocupación hoy toca un tema sensible y fundamental, que es el calentamiento global. El calentamiento global que no solamente puede ser culpa de las instituciones de este país, sino también de la conducta, el proceder y el quehacer nuestro, de cada uno, de cada persona, de cada ciudadano mexicano.
Esto tiene que ver con los usos y costumbres que hemos venido adquiriendo durante nuestro desarrollo. Y si bien pareciera solamente un discurso, yo quiero decirles que cada año mueren cerca de 800 mil personas a causa del calentamiento global. Y desde luego hay enfermedades de la historia, enfermedades de libro que hoy estamos viviendo. Y tiene que ver con el calentamiento global. Y tiene que ver con los cambios climáticos que se están sucediendo y desde luego esto también tiene que ver con el avance tecnológico.
Todas estas enfermedades que parecieran ajenas a nosotros, quiero decirles que están muy cerca y no las hemos detectado, conociendo los microclimas y conociendo las diferentes entidades federativas. Guanajuato, por ejemplo, no tendría por qué padecer dengue y hay, hubo en su momento un brote de dengue en Guanajuato, cuando se habla que el vector no puede estar a mil metros de altura. Guanajuato está a mil 600 metros.
No podemos ser ajenos a la desgracia ocurrida en Tabasco. Y esto tiene que ver con el calentamiento global. Volvemos al tema y la preocupación de ustedes, señoras y señores diputados, ha sido mucha sobre el tema de la salud y hay que reconocerlo y agradecerlo.
En 2004 contábamos con un presupuesto de 20 mil 973 millones de pesos y hoy, en el 2008, tenemos 69 mil 426 millones de pesos. Esto significa un incremento importante en el presupuesto para la salud. Este presupuesto habla de la voluntad política de los diputados de la Cámara.
Pero hoy quisiera ir más allá, y decirles que la preocupación que tenemos en el grupo del Partido Acción Nacional es buscar la conciencia particular, buscar que cada uno de nosotros vayamos a hacer conciencia social y que cambiemos nuestro estilo de conducta.
Es tiempo que busquemos heredarle un país diferente a nuestros hijos. Es tiempo que hagamos la pregunta y que dejemos el planteamiento si ésta es la herencia que queremos dejar a las futuras generaciones.
¿Qué podemos hacer nosotros, como personas, tomando nuestra responsabilidad? Creo que hay mucho qué hacer. Daré algunos ejemplos: disminuir el consumo de energía, reciclar la basura. Cuando puedas camina, compañero y compañera; dejar tu vehículo en casa; hay que plantar árboles.
Y a los niños les puedo decir que le digan a sus padres que no arruinen el mundo donde van a vivir. Y a los padres les puedo decir que se sumen a las peticiones de sus hijos. Y para que este mundo cambie tiene que cambiar cada uno de nosotros. Cambia para que el mundo cambie. Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias.
ARTICULOS 94, 97, 100, 101 Y 107 CONSTITUCIONALES
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : El siguiente capítulo del orden del día es el de iniciativas. Esta Presidencia recibió del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa que reforma los artículos 94, 97, 100, 101 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Iniciativa que reforma los artículos 94, 97, 100, 101 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del PRIEl suscrito, diputado federal Alberto Amador Leal , integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 94, párrafos quinto, sexto y noveno; 97, párrafos primero, segundo, tercero y noveno; 100, párrafo segundo; 101 párrafos primero y segundo, así como el artículo 107, fracciones VII, VIII, XI y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Exposición de Motivos1. Consideraciones generales
El pasado 19 de febrero se inscribió en la Gaceta Parlamentaria una iniciativa con proyecto de decreto tendiente a dotar de autonomía al Ministerio Público, anunciándose en el texto de la misma, la presentación complementaria de una segunda iniciativa, dándose hoy cabal cumplimiento a tal propósito mediante la presente. El propósito de esta iniciativa es reformular las disposiciones procesales vigentes en el ámbito federal, así como reorganizar al Poder Judicial de la Federación, a efecto de que, entre ambas, se fijen derroteros que permitan dotar al Estado de nuevos elementos para, por una parte, enfrentar los riesgos de seguridad que hoy en día aquejan a nuestra sociedad y, por otra, se preserven y amplíen las libertades públicas de los ciudadanos.
El prominente procesalista italiano Francesco Carnelutti destacaba la relación existente entre crisis social y aumento drástico en los índices de criminalidad y litigiosidad.
En la actualidad existe un claro rezago en el seguimiento de las causas judiciales que se siguen ante los tribunales, debido entre otras causas, a principios procesales vigentes que resultan inoperantes.
Una solución integral exige, amén de actualizar las reglas de procedimiento, la constante elevación de los estándares educativos en nuestras escuelas de derecho, no sólo en lo referente a la capacitación judicial, sino en la formación integral de abogados, tal y como se destaca en La Declaración de Juríca de impartidores de justicia del 2 de diciembre de 2005, parte integrante y medular del libro blanco de la reforma judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Introducir o adaptar constantemente en nuestros tribunales y agencias del ministerio público; tecnologías informáticas que coadyuvan al desempeño de sus atribuciones, constituye una medida tendiente a la solución de fondo al problema que se plantea en la presente exposición de motivos, tal y como se asevera en el precitado libro blanco de la reforma judicial.
Un adecuado funcionamiento de la justicia, se convierte en un prerrequisito básico de la organización social. La asociación entre justicia y lucha contra la corrupción es inescindible. Por ejemplo, en el acuerdo suscrito en 1996, entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, pueden leerse los siguientes conceptos, que se han tornado en paradigmáticos para toda reforma judicial en el continente: ``la modernización de la administración de justicia constituye una prioridad para erradicar la corrupción, así como para garantizar la independencia judicial y asegurar la probidad del sistema en su conjunto''.
Para afrontar la crisis en la administración de justicia por la que atravesamos como sociedad, se hace necesaria la práctica de una justicia tanto civil como penal, que divida la actuación entre jueces unitarios de instrucción y tribunales colegiados de estricto derecho, en los que se observen los principios de oralidad, concentración procesal, inquisitorialidad y mediación judicial.
Siendo materia de la presente iniciativa, la adopción de tal sistema exclusivamente en el ámbito constitucional, sin que escape a este legislador, la circunstancia insoslayable, de que la instrumentación del mismo, deberá darse mediante la expedición de los códigos procesales que reglamenten el sistema propuesto; por lo que en el decreto que se propone a la consideración de la honorable Cámara de Diputados mediante la presente iniciativa, se contempla en artículo transitorio expreso, en el sentido de que la reforma constitucional que se contiene en el mismo, sólo entrará en vigor hasta en tanto se dé la expedición de los códigos procesales conducentes.
2. Antecedentes
En Principios de derecho procesal , el procesalista y político italiano Priero Calamandrei estudia la génesis del Código del Procedimientos Civiles Italiano del año de 1940, en el que refiere como los principios de dispositividad, proceso escrito, preclusión procesal e intermediación de las partes; propios del Código Cerdeño de 1865, constituían principios procesales acordes con la sociedad liberal y burguesa de la Italia del siglo XIX, en la que estaba ausente la intervención del Estado de todo proceso social.
El surgimiento de las políticas keynesianas, implementadas en el mundo entero tras la Gran Depresión de 1929 trajo consigo un decidido activismo de las autoridades administrativas en la vida social, fenómeno al que Calamandrei denominó ``sociedad autoritaria''.
Principios de derecho procesal fue un libro escrito en relación al Código de Procedimientos Civiles expedido en 1940 por Mussolini, lo cual, siendo inquietante, no debe movernos a prejuicio alguno.
Maurice Duverger en su obra Instituciones políticas y derecho constitucional al hacer un estudio comparado, nos advierte al respecto, que un régimen como el de Mussolini, no es sino la expresión ideologizada, arbitraria y sectaria de un fenómeno propio de toda sociedad moderna, en la que la autoridad administrativa manifiesta una presencia activa en el desenvolvimiento de las sociedades a contracorriente de lo que sucediera en las sociedades liberales decimonónicas.
Es de aclararse que, en términos políticos, Calmandrei no fue partidario de Mussolini, sino un destacado demócrata, que incluso fue electo al Congreso de 1947 del que nació la Constitución de la República Italiana.
El paso de la sociedad liberal, a lo que Calamandrei llamó sociedades autoritarias, debía estar por consiguiente, acompañado de una adaptación acorde a la transformación social en las reglas procesales a aplicarse por los tribunales de un país.
De suerte que, al decir de Calamandrei, el juicio escrito debía ser sustituido por el oral, el principio dispositivo tendría que ser sustituido por el proceso inquisitivo, la preclusión por la concentración procesal y la intermediación de las partes por la mediación permanente del juzgador.
El Código Procesal de 1940 estableció la división bipartita en todo proceso, encomendando a un juez de instrucción recabar bajo los principios de oralidad, inquisitorialidad, de concentración procesal y de mediación judicial todos los datos de hecho concernientes a un proceso; de tal suerte que, una vez que hubiese sido cerrada la instrucción, el expediente respectivo fuese turnado a un tribunal colegiado de primera instancia que resolviera conforme a derecho la controversia planteada.
El proceso oral italiano ha servido como modelo para los diversos sistemas de administración de justicia de los países de tradición jurídica romano-napoleónico en Europa y Sudamérica; con la excepción manifiesta de nuestro país, en el cual, pese a que se experimentó un crecimiento desbordante del poder administrativo, históricamente fueron conservadas las reglas procesales liberales decimonónicas ya esbozadas, y que serían a saber las concernientes: al proceso escrito, dispositivo, con preclusión procesal, e intermediación de partes, creándose así un desfase que, hoy por hoy, hace crisis en nuestra sociedad con consecuencias dramáticas.
El libro blanco de la reforma judicial por una parte, así como el constitucionalista argentino Rafael Bielsa por otra, nos advierten sobre la relación existente entre el buen funcionamiento de una economía y el funcionamiento adecuado de los órganos encargados de procurar e impartir justicia, funcionamiento adecuado, que ha terminado por convertirse en una exigencia de los organismos financieros internacionales.
Recientemente, el trabajo legislativo llevado a cabo por ambas Cámaras del Congreso, con miras a la aprobación de la reforma de justicia penal y de seguridad pública, ha dejado de manifiesto la voluntad política de que nuestro país se sume a la oralidad procesal como tendencia imperante.
Entre nosotros se habían venido formulando diversos proyectos tendientes a adaptar el sistema oral en los procedimientos judiciales, proyectos que en general se guiaban bajo los lineamientos propios del arbitraje comercial del derecho anglosajón.
Es de destacarse, por lo demás, que la novedad que pretende alcanzar la presente iniciativa radica en que su contenido se le formula bajo un modelo acorde a nuestra tradición jurídica de inspiración romano-napoleónica; y complementa el trabajo ya elaborado por este Congreso en la formulación y aprobación de la reforma judicial en materia penal.
3. Contenido de la propuesta
En congruencia con lo hasta aquí expuesto, el decreto, materia de la presente iniciativa, contiene reformas a los párrafos quinto, sexto y noveno del artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante las cuales se entroniza en nuestro sistema de justicia la partición de la primera instancia federal entre un juez de instrucción encargado de conocer las cuestiones de hecho en un proceso ya sea civil o penal, y un tribunal encargado de resolver en derecho la controversia plateada.
Se contiene, asimismo, reformas a los párrafos primero, segundo, tercero y noveno del artículo 97 constitucional, respecto a los nombramientos y adscripciones de los nuevos encargados de la administración de justicia, cuya implementación se propone mediante la presente iniciativa de reforma.
En el mismo sentido se propone reformar el texto del artículo 100, a efecto de que los nuevos órganos de administración de justicia, cuya implementación se propone, sean integrados al cuerpo del Consejo de la Judicatura Federal.
Por lo que hace a la incompatibilidad de funciones que se prevé para los administradores de justicia en el artículo 101, amén de incluir a los nuevos órganos, se sumen adicionalmente al fiscal general de la nación así como a los agentes del Ministerio Público que le sean adscritos; entidad cuya creación se propone en la iniciativa que este legislador ha presentado ante esta soberanía y cuya finalidad es introducir en nuestra Constitución la plena autonomía del Ministerio Público.
Finalmente, las reformas contenidas en la presente iniciativa a las fracciones VII; VIII, XI y XII del artículo 107, son tendientes a que el procedimiento de nuestro juicio de amparo guarde congruencia con el sistema procesal que se propone implementar para la administración de la justicia ordinaria federal en nuestro país.
Con fundamento en la anterior exposición de motivos, se somete a la consideración plenaria de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de
DecretoEl Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:
Único. Se reforma el texto de los artículos 94, párrafos quinto, sexto y noveno; 97, párrafos primero, segundo, tercero y noveno; 100, párrafo segundo; 101, párrafos primero y segundo; así como el 107, fracciones VII, VIII, XI y XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 94 . ...
...
...
...
La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y salas, la competencia de los tribunales de circuito, de los juzgados de distrito de instrucción así como de los tribunales colegiados de primera instancia, y del tribunal electoral,...
El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y, en su caso, especialización por materia, de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito y tribunales colegiados de primera instancia.
...
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La remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito de instrucción, los magistrados de los tribunales colegiados de primera instancia, los consejeros de la Judicatura Federal, los magistrados electorales, así como el fiscal general de la nación y los agentes del Ministerio Público a su cargo no podrá ser disminuida durante su encargo.
...
...
Artículo 97. Los magistrados de circuito y los jueces de distrito de instrucción así como los magistrados colegiados de primera instancia serán nombrados...
La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún juez de distrito, o magistrado colegiado de primera instancia, o magistrado de circuito...,
La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá a su secretario y demás funcionarios y empleados. Los magistrados y jueces nombrarán y removerán a los respectivos funcionarios y empleados de los tribunales de circuito, de los juzgados de distrito de instrucción y de los tribunales colegiados de primera instancia, conforme...
...
...
...
...
...
Los magistrados de circuito, los jueces de distrito de instrucción y los magistrados de los tribunales colegiados de primera instancia protestarán ante la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal.
Artículo 100. ...
El consejo se integrará por nueve miembros de los cuales, uno será el presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del consejo; cinco consejeros designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los magistrados de circuito, jueces de distrito de instrucción y magistrados de los tribunales colegiados de primera instancia; dos consejeros designados por el Senado, y uno por el presidente de la república.
...
Artículo 101 . Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, los jueces de distrito de instrucción, los magistrados de los tribunales colegiados de primera instancia los respectivos secretarios, el fiscal general de la nación, los agentes del Ministerio Público que les sean adscritos, y los consejeros de la Judicatura Federal,...
Las personas que hayan ocupado el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia, magistrado de circuito, juez de distrito de instrucción, magistrados de los tribunales colegiados de primera instancia, o consejero de la Judicatura Federal,...
Artículo 107.
Único. El presente decreto entrará en vigor con la expedición de los Códigos de Procedimientos Civiles y Penales en el ámbito federal que resulten conducentes para su aplicación, así como con la expedición de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución, en materia de amparo, que resulte asimismo conducente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
ARTICULOS 61 Y 64 CONSTITUCIONALES
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Se recibió en esta Presidencia, del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa que reforma los artículos 61 y 64 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Iniciativa que reforma los artículos 61 y 64 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del PRIEl suscrito, diputado federal Alberto Amador Leal , integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona un tercer párrafo al artículo 61, y un segundo y tercer párrafos al artículo 64 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fortalecer la capacidad de mediación social y el derecho de opinión de los representantes populares del Congreso de la Unión.
Exposición de MotivosI. Consideraciones generales
La incipiente institucionalización legislativa en México responde a un nuevo esquema de relación entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, que ha tenido una consecuencia inmediata en las acciones de los legisladores: independencia política respecto del Ejecutivo y mayor capacidad técnica para influir e impulsar cambios de políticas.
Si bien este proceso ha permitido al Congreso mayor estabilidad e influencia pública, su capacidad no ha sido consolidada al grado de generar políticas de gobierno como ocurre en países con regímenes parlamentarios puros o en los semiparlamentarios.
Sin embargo, la consolidación de la actividad parlamentaria en México debe seguir el camino de un real equilibrio de poderes para que pueda cumplir la función a que el experimentado tratadista Philip Norton aludía:
En México, la institución parlamentaria no ha traducido estas prácticas de manera clara y acorde con sus funciones de representación política y social.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Constitución, los diputados federales son representantes de la nación. 2 A su vez, por su forma de elección, los senadores se consideran representantes de los estados en virtud del artículo 56 de la Constitución vigente. En tal sentido, sus responsabilidades ante los electores trascienden la actividad meramente legislativa. En efecto, el concepto de representación tiene que ver, además de lo legislativo, por lo menos con la mediación social, la representación política, y las funciones de fiscalización, control e investigación y las de opinión y difusión de las ideas; entre otras.
En tal tesitura, y con base en el propósito de la presente iniciativa, la mediación social y el derecho de opinión y difusión de los legisladores parlamentarios son los temas propuestos para una reforma constitucional improrrogable y susceptible de ser analizada y discutida por los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión.
La noción de mediación social es sin duda mucho más que un mero término de la vida política en el México contemporáneo, ya que alcanzó una dimensión paralela entre la explosión demográfica, las carencias económicas y las exigencias legítimas para abatir los rezagos sociales.
Esta función reviste gran importancia, pues es el medio para que los legisladores impulsen ante las autoridades competentes los intereses de sus electores. No obstante, en los últimos años esta función ha sido fuertemente criticada, pues se señala que los legisladores deben concentrar todos sus esfuerzos en su labor en su Cámara.
Sin embargo, como se observa, esta labor dotada de una fuerte carga política tiene gran importancia en distintos sistemas constitucionales. En el caso del Congreso de Estados Unidos, es una función primordial, que dota de contenido a las relaciones que los legisladores tienen con sus electores; es decir, la labor de servicio que realizan los legisladores en favor de los residentes de su estado o distrito que solicitan ayuda para resolver problemas de índole personal relacionados con el gobierno federal.
Esta facultad implícita de la actividad legislativa ocupa parte del tiempo de los legisladores, que enfrentaron al electorado y que, por tanto, tienen un vínculo mayor con sus estados o distritos.
Empero, el aspecto crucial de la atención de la demanda social y ciudadana, independientemente de los órdenes, esferas y órganos de gobierno que la realicen, consiste en la capacidad de respuesta para enfrentar los problemas sociales, principalmente en las localidades con evidentes rezagos y demandas de la población.
En esencia, nos referimos a problemáticas concretas sobre seguridad, procuración e impartición de justicia, protección del ambiente, empleo y apoyo de la producción, salud y educación, que trascienden el nivel socioeconómico de las familias y respecto a las cuales no hay respuestas satisfactorias del gobierno. Además, debe considerarse que, conforme a los usos, a las tradiciones y a las costumbres, los pueblos y los barrios despliegan una importante actividad cultural y social en la práctica de tradiciones y fiestas populares y religiosas que dan sentido e identidad a las comunidades. Se trata de una diversidad de simbolismos, de todo tipo, en las que el legislador, como representante popular, generalmente ocupa un espacio para la atención y solución de conflictos y de demandas.
En tal virtud, la eficacia y eficiencia con que el gobierno atiende los rezagos y las demandas sociales resultan insuficientes, lo que se traduce en una demanda permanente ante los legisladores. Los diputados federales ejercen un importante papel de mediación social, que no está debidamente reconocido y regulado.
Por ello se hace imprescindible que los cuerpos legislativos, los legítimamente facultados y responsables de examinar, discutir, modificar y aprobar anualmente el paquete económico que el Ejecutivo le presenta, pueda instituir y distribuir anualmente una partida presupuestal que pueda garantizar el desahogo y cumplimiento que la gestión social representa.
Por otro lado, el artículo 61 de la Constitución otorga fuero a los diputados para que puedan ejercer la crítica al gobierno y expresarse libremente sobre los temas de debate o sobre las injusticias, abusos de poder, o justas demandas de la sociedad o de las personas. Tal derecho constitucional se limita en su ejercicio por la falta de disposiciones reglamentarias y de procedimientos para que los legisladores tengan acceso a los medios en condiciones de equidad respecto a los Ejecutivos federal o de los estados y los municipios.
A través del marco jurídico constitucional y legal, las funciones y competencias de los órganos del Estado mexicano las ejercen los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial --en sus distintos órdenes de gobierno--, de acuerdo con la doctrina republicana y liberal. Pero en virtud de la preponderancia de los Poderes Ejecutivo y Legislativo respecto al Judicial, los dos primeros poseen un estatus de entes de gobierno directamente vinculados con la sociedad, en el sentido de que ésta tiene la responsabilidad directa de elegir a sus representantes populares para constituir el gobierno, ya sea para elegir a las autoridades ejecutivas o a las legislativas.
La cuestión es si, en las condiciones actuales del país, los representantes de los distintos órganos de Estado, principalmente de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, están en condiciones de equidad respecto a la distribución de competencias y funciones, así como de los recursos y medios con que cuentan para cumplir las tareas de mediación social y de difusión de información en cuanto a su derecho de opinión.
O, en otros términos, ¿poseen los representantes populares, tanto diputados como senadores, los medios y recursos como los que disponen las autoridades del Poder Ejecutivo federal para cumplir las funciones de mediación social y de opinión, en un sano ejercicio de equilibrio de poderes?
Estos temas han estado pendientes en el debate público, tanto de las esferas administrativas como de las legislativas de gobierno. Debemos observar que las atribuciones propiamente del Poder Ejecutivo a través de los actos de la administración pública han absorbido las funciones de la gestión pública para la hechura de sus propias políticas y acciones de gobierno, dejando supeditadas y casi sin efecto las acciones del Legislativo para proveer de insumos que permitan a los legisladores materializar la función de mediación social y las relativas a su derecho y capacidad de opinión para expresar y abordar la agenda nacional.
En suma, el objetivo central de la presente iniciativa es reformar el marco jurídico constitucional para los representantes populares integrantes del Poder Legislativo puedan enfrentar la gestión social como elemento clave de la función de mediación social derivada de sus representados, de manera independiente y con disposiciones presupuestarias pertinentes, hecho que propiamente reforzaría la capacidad de respuesta de los gobiernos locales y cosa trascendental que abonaría al equilibrio federal y a la consolidación de la gobernabilidad democrática del Estado mexicano. Asimismo, se busca garantizar el acceso de los legisladores a los medios de comunicación escritos o electrónicos, públicos o comerciales, para informar a la sociedad sobre la actividad parlamentaria y de sus opiniones.
II. Antecedentes legislativos
La propuesta de fortalecer las funciones de mediación social y del derecho de opinión y difusión de las actividades legislativas tiene como antecedentes la iniciativa presentada por el suscrito el 13 de noviembre de 2001.
Con base en la constante exigencia social representada muchas veces por las vías mediáticas ante los medios electrónicos de comunicación y que ha trascendido las últimas legislaturas, me permito presentar una propuesta de reforma que contrarreste de manera eficaz el reiterado conflicto entre la opinión pública, muchas veces inducida por el gobierno, a través de los grandes medios y de proporcionar a los legisladores del Congreso de la Unión las atribuciones, los medios y los recursos que la propia actividad parlamentaria requiere para equilibrar su función respecto a las funciones que desempeña el Poder Ejecutivo.
Por ello en la pasada iniciativa consideré en la exposición de motivos que
Ha llegado el momento de revalorar el concepto de división de poderes y de adecuar el marco institucional que rige la separación y equilibrio de poderes a la nueva realidad política que experimenta el país. El tema es de tal importancia, que no debemos dejarlo al juego de intereses que se expresan difusamente en los medios. Asimismo, la discusión debe trascender el debate recurrente sobre cuál poder tiene más o menos responsabilidad en la situación prevaleciente. Nuestra revaloración del esquema de división de poderes debe tener como propósito esencial la garantía de un régimen de libertades y rendición de cuentas mediante la vigilancia recíproca y efectiva entre poderes. Proponemos a las fuerzas políticas aquí representadas partir de la convicción, genuinamente democrática, de que las instituciones ejecutiva y legislativa deben ser fortalecidas y renovadas para estar a la altura de los retos que el momento político nos impone y de las aspiraciones y exigencias legítimas del pueblo.
Estamos conscientes de los logros obtenidos de las últimas reformas en materia de presupuestación y de gasto público, que implicó mayores potestades al Congreso de la Unión respecto a su función de control y de fiscalización de los actos del Poder Ejecutivo, así como de facultades para instituir partidas presupuestales de largo plazo; pero aún son insuficientes los mecanismos y los medios que el trabajo parlamentario necesita.
Consecuentemente, como referí en los anales legislativos, ``la organización de la vida interna del Congreso está enfrentando enormes dificultades, sea por el impacto del pluralismo o por la excesiva centralización de funciones a que da lugar una novedosa Ley Orgánica del Congreso, que en principio ha puesto más atención en los controles y en la cohesión internas de los grupos que en el despliegue pleno y creativo de la iniciativa de los legisladores''.
Señalé en ese periodo las iniciativas visionarias y valiosas de los entonces diputados Ricardo García Cervantes, Juan Manuel Carrera López, José Feliciano Moo y Can, David Rodríguez Torres, Alfredo Hernández Raigosa y Luis Jerónimo Barbosa Huerta, quienes tuvieron motivos fundados para tratar de construir el punto de partida de una reforma de consenso que mejorara la organización y el desempeño de la Cámara de Diputados.
III. Relación Ejecutivo-Legislativo
El régimen republicano ha sido la forma de gobierno vigente desde que el país lo adoptó. Este régimen se estableció en el Decreto Constitucional de 1814, en el Acta Constitutiva de la Federación del 31 de enero de 1824 y en la Constitución del 4 de octubre de 1824. La democracia representativa fue establecida en la Constitución de 1857, al otorgarse el derecho al voto a todo ciudadano mexicano varón, y se perfeccionó en 1954, cuando se concedió el voto a las mexicanas. 3
México, a su vez, adoptó como parte sustantiva de legitimidad soberana la república representativa porque el pueblo mismo, a través de sus representantes, crea las leyes que lo han de gobernar; y es democrática porque su existencia fue voluntad del pueblo y porque tanto su gobierno como su soberanía residen originariamente en el pueblo, ``el poder público surge del pueblo y se instituye para beneficio de éste''. 4
A la vez que se instituía la forma de gobierno republicana desde 1824, también se diseñaba la forma de organización política a través del Pacto Federal, cada estado de la república pudo regirse por sus poderes y Constitución, sin contravenir los lineamientos que marca la federal. Por consiguiente, el sistema federal consistió en la unión de varios estados libres e independientes, que se subordinaron a otro poder, llamado ``Federación''. Asimismo, el gobierno de la federación se ejerció a través de tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
El sistema de gobierno, desde el siglo XIX, fue diseñado para dar mayores facultades al titular del Poder Ejecutivo --salvo algunas excepciones--; es decir, a un régimen presidencialista puro, reuniendo en una sola persona las figuras de ``jefe de Estado'' y ``jefe de Gobierno''. La suma de poderes que confirieron la Constitución y otras leyes al presidente de la república desde entonces fue superior a la otorgada a otros Poderes de la Unión.
Por ello, a lo largo de este siglo prevalecieron las disputas internas, las intervenciones extranjeras y los movimientos ideológicos entre liberales y conservadores, y hubo periodos en los que la república se restauraba y en los que el gobierno dictatorial se imponía.
El Poder Legislativo, desde que el Primer Congreso Constituyente, de 1822, elaboró la Constitución de 1824, adoptó el federalismo y estableció también la división de poderes y el sistema bicamaral.
El sistema bicamaral fue instituido en el país por los constituyentes de 1824, quienes atendieron al modelo estadounidense y por eso atribuyeron al Senado la representación de las entidades federativas. Las constituciones centralistas de 1836 y 1843 mantuvieron el bicamaralismo, claro está que el Senado no tuvo la representación de los estados porque no existían éstos como tales.
La Constitución de 1857 rompió con la tradición bicamaral al depositar el Poder Legislativo en una sola Cámara, suprimiendo la de Senadores. El matiz aristocrático de los senadores centralistas condujo a la mayoría de los constituyentes de 1856 a introducir el unicamaralismo, lo que les permitió plasmar el pensamiento liberal en la Constitución naciente.
Al ser instaurado el unicamaralismo por el Congreso Constituyente de 1857, el presidente de la república no estaba en condiciones de evitarlo, ya que se encontraba desprovisto del derecho de veto, por lo que el sistema político se constituyó con un Poder Legislativo fuerte y un Ejecutivo débil. Es indudable que argumentos fundamentalmente de tiempo político habían llevado a los miembros del Congreso Constituyente de 1856 y 1857 a eliminar del Poder Legislativo mexicano el Senado.
Diego Valadés dice respecto a ello: ``Por una parte, se consideró que ese cuerpo legislativo se había convertido en el centro del elitismo nacional y por la otra se pensó que habría un mayor equilibrio en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo si, por parte del Legislativo, se suprimía la tradicional dicotomía bicamaral que, en realidad, restaba poder político a ambas Cámaras''. 5 Esto último fue claramente advertido por el presidente Benito Juárez, quien a efecto de ejercer un más amplio poder, pugnó por el restablecimiento del Senado.
En 1867 fue restablecido el Senado, una vez restaurada la república a iniciativa del entonces presidente, Sebastián Lerdo de Tejada, quien fundamentó sus argumentos al sostener que la institución senatorial sirve:
Para combinar en el Poder Legislativo el elemento popular y el federativo, en que lo que pueden y deben representar los senadores, es un poco más de edad que dé un poco más de experiencia y práctica en los negocios y en que dicha experiencia y práctica modere convenientemente en casos graves algún impulso excesivo de acción de la otra. 6
A partir de 1874 fue reinstaurado en nuestro sistema legislativo el bicamaralismo según el modelo estadounidense, compuesto por una Cámara de Diputados que se elegía proporcionalmente de acuerdo con la población del país y una Cámara de Senadores que representaba igualitariamente los estados, con dos miembros por cada uno de ellos y también con dos por la ciudad capital.
La Constitución mexicana de 1917 dispuso de la organización bicamaral del Poder Legislativo en el artículo 50, en el que establece que se deposita éste en un Congreso General que se dividirá en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores.
Una caracterización somera sobre el papel que jugó el Poder Legislativo en el siglo XX dentro de la dinámica de relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo es la siguiente:
Si el poder del gobierno y su dinámica no se ajustaron a los modelos de la teoría clásica de la democracia, fue debido a la preponderancia casi absoluta del partido hegemónico sobre los demás partidos y, la de los sindicatos y uniones gubernamentales, es así que el poder del presidente en el Congreso se alejó por lo menos en la misma magnitud del modelo clásico.
Aquella autonomía del Poder Legislativo que se había erigido a través del proceso de restauración de la república durante el siglo XIX terminó con el arribo de Porfirio Díaz al poder, quien lo convirtió en un órgano sometido a su voluntad. La caída de Díaz le devolvió la independencia que degeneró en interminables disputas entre facciones.
Durante la presidencia de Madero existió un poderoso grupo de diputados de oposición encabezado por el famoso ``cuadrilátero'', que representó ideas e intereses del porfirismo. El presidente murió asesinado, tras su muerte la oposición pasó a formar parte del nuevo Ejecutivo encabezado por Victoriano Huerta, uno de los autores intelectuales del asesinato. En ese entonces, la inmensa mayoría de los senadores y diputados maderistas presentaron una fuerte oposición al usurpador. Varios de ellos murieron victimados. Huerta, al fin, resolvió disolver las Cámaras.
En la Convención de Aguascalientes y en el Congreso Constituyente las distintas fracciones revolucionarias tuvieron sus representantes. Los debates revelaron una gran libertad y diversidad de intereses. Esta situación se mantuvo hasta la época de Obregón, en la que fue visible la oposición e independencia de grandes sectores del Legislativo. Y esta oposición --ligada al clima general de violencia-- llegó hasta el punto de derrocar a Obregón, cuyas medidas enérgicas para dominarla terminaron con el control casi absoluto del Poder Legislativo.
El proyecto constitucional de Venustiano Carranza, preveía en ese momento, mayores facultades hacia el presidente de la república, aunque simpatizaba con la idea de parlamentarizar la actividad legislativa como forma de control de los actos del Ejecutivo.
A partir de los años treinta, el Poder Legislativo fue integrado exclusivamente por representantes extraídos del partido hegemónico, que aglutinó a los diversos Partidos existentes. Desde entonces, las medidas del Ejecutivo para controlar al Legislativo se convirtieron en una de las características esenciales e institucionales de la política mexicana. Al respecto, Pablo González Casanova comenta: ``Sólo hasta 1940 vuelven a entrar en la Cámara de Diputados algunos miembros de la oposición, que aproximadamente constituyeron 5 por ciento del total, y que fueron cuidadosamente seleccionados entre los miembros menos brillantes o los menos populares''. 7 De cualquier forma, es importante advertir que desde entonces se rompió el tabú que durante 18 años impidió la más mínima oposición en el Legislativo.
Para evaluar la relación del poder del Legislativo frente al Ejecutivo en la mitad del siglo XX, es preferible en todo caso tomar en consideración los actos de la Cámara de Diputados. Por tanto, es importante diferenciar las siguientes observaciones sobre la naturaleza y las características del Poder Legislativo:
Siguiendo la postura de González Casanova, coincidimos al señalar que ``el Legislativo tuvo una función simbólica sancionando actos del Ejecutivo de manera habitual. Les dio una validez y una fundamentación de tipo tradicional y metafísico en que los actos del Ejecutivo adquirieron la categoría de leyes o se respaldaron o apoyaron en el orden de las leyes, obedeciendo a un mecanismo simbólico muy antiguo, aunque de tipo laico'', 8 y agregamos, esencia del presidencialismo exacerbado. 9
A partir de los años sesenta, el Poder Legislativo ha sido un reflejo de la evolución política mexicana rumbo a su democratización. En 1963 se flexibilizaron las reglas para el ingreso de diputados de otros partidos; en 1973 se redujo la edad mínima para ser diputado (21 años) o senador (30 años); en 1977 se introdujo el sistema de diputados por representación proporcional; se incrementó el numero de diputados a 400 y se disminuyeron los requisitos para el registro de los partidos políticos; en 1986 aumentó el número de diputados a 500. Producto de las competidas elecciones de julio de 1988, por primera vez en la historia, el PRI no alcanzó la mayoría suficiente para realizar reformas a la Constitución sin el apoyo de otro partido. En 1993 el Senado incrementó su número a 128 y en 1997, por primera vez en su historia, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.
Se concluye la importancia y trascendencia del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en base al rol que éstos desempeñaron para iniciar conjuntamente con otros factores el proceso de transición; pues la liberalización, la democratización y la consolidación democrática depende del margen de maniobra tendientes a las funciones legislativas que la Constitución le asigna, ejerciendo la función primordial de control hacia el Poder Ejecutivo.
IV. Situación actual
El avance democrático --del que son fenómenos correlativos el pluralismo y el gobierno compartido del Congreso de la Unión-- es resultado de un largo proceso de reformas derivadas de la determinación y el acuerdo de todas las fuerzas políticas representadas en el Legislativo federal. Con todo y que, por segunda ocasión, la alternancia en el Ejecutivo federal y el relevo en la administración se dieron en un marco de estabilidad y gobernabilidad, la consolidación de las instituciones democráticas es una tarea sin concluir. 10
México posee un sistema presidencial puro que se apoya todavía en las mismas bases normativas y legales que dieron paso a un Ejecutivo federal fuerte que durante varias décadas permitió al país avanzar en la elevación de sus niveles de vida en un contexto de estabilidad. Sin embargo, en el nuevo escenario político, el sistema presidencial prevaleciente, con sus facultades constitucionales y meta constitucionales, podría representar obstáculos para la consolidación democrática, especialmente en lo que se refiere al equilibrio de poderes --en sus vertientes de colaboración y limitación recíproca--. La preeminencia de un solo partido en ambas cámaras aseguró por varias décadas un alto nivel de unidad y coherencia de la acción pública. Tal preeminencia ha concluido que nuestros arreglos institucionales deben ser adaptados a la nueva realidad.
Al respecto, Diego Valadés advierte: ``Idealmente, conviene adoptar reformas que garanticen relaciones simétricas entre los órganos del poder. Un diseño institucional configurado en esos términos tiene la ventaja adicional de que desencadena nuevas sinergias que hacen posibles nuevas reformas, con lo cual se inicia un verdadero proceso de reforma del Estado... Si lo que interesa es consolidar la democracia, es indispensable generar una relación simétrica. De no ocurrir así, toda reforma estará destinada a fracasar. En el caso de las relaciones entre el gobierno y el Congreso, debe tenerse cuidado de no acentuar las notas democráticas de uno de esos órganos si a la vez se conservan elementos autoritarios en el otro. Si así se hace, existe una elevada posibilidad, acreditada por la recurrencia histórica de esos fenómenos, de que las instituciones no colaboren entre sí, y propendan al enfrentamiento. Esos enfrentamientos se resuelven por la prevalencia de alguno de los contendientes en perjuicio del otro. No se trata de una opción satisfactoria desde el punto de vista del interés democrático. Por lo mismo, es necesario que el diseño institucional propicie una relación simétrica, a partir de que también haya simetría en el funcionamiento democrático de ambos órganos del poder''. 11
La legislación, como la cultura parlamentaria, tiende hacia el concepto clásico de observar únicamente a los procesos legislativos y sólo, de manera marginal, a los de representación popular. De esta forma, se desatienden dos funciones que nos parecen básicas en la vida del Congreso y en el papel de los legisladores: el ejercicio real del derecho de opinión y la mediación social y que es parte sustantiva de las exigencias y demandas legitimas de la ciudadanía.
En suma, cabe anotar que la vigente Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos no garantiza la plena intervención de los legisladores en asuntos inherentes a la representatividad y de mediación social, por lo que debemos de salvaguardar el espíritu del artículo 51 constitucional que prescribe la figura y el carácter de los diputados como representantes de la nación y, por ende, atribuye de manera implícita las funciones de interlocución entre el gobierno y la sociedad, así como también de mediación política y social para atender las legítimas demandas ciudadanas y los conflictos específicos.
Finalmente, advertimos la necesidad de equilibrar ciertas preeminencias entre el Ejecutivo federal y el Legislativo, ya que el primero, ha desempeñado sus funciones mediante el uso de mecanismos de difusión e información muchas veces irrestrictos por las ventajas de la legislación vigente y, por otra, de facultades discrecionales que ejerce hacia los medios. Por ello, el Congreso de la Unión, a través de los legisladores que la integran, se encuentra en una clara desventaja para cumplir las tareas de gestión, interlocución, mediación social y de capacidad de información para con los representados en las demarcaciones distritales que representa.
V. Contenido de la propuesta
De lo anterior es posible deducir la necesidad de una enmienda Constitucional y legal, para garantizar las responsabilidades de ``opinión'' y de ``medicación social'' inherentes a la representación popular. El objetivo es crear y definir los instrumentos constitucionales y legales que puedan dar viabilidad, garantía y eficacia a la actividad legislativa por parte de cada representante popular elegido en cada una de sus demarcaciones. Estas propuestas mantienen un sentido socialmente útil y resarcitorio, dadas las condiciones de imagen pública y de popularidad con que cuentan los propios representantes populares y, que en comparación con el Ejecutivo federal, no existe una equidad en cuanto al acceso a los medios y a los recursos para difundir ciertas actividades primordiales de cada órgano estatal.
La democracia representativa puntualiza la voluntad general de la Nación mediante la expresión directa de los representantes populares. Es un imperativo crear las condiciones institucionales indispensables para que los legisladores, en su carácter de representantes populares, ejerzan sus funciones con la determinación y la plenitud que requiere la compleja situación política nacional en la que estamos inmersos, de acuerdo a una marcada reconfiguración de las relaciones Ejecutivo-Legislativo, después de la desgastada estructura institucional que el presidencialismo autoritario creó.
En este orden de ideas, hemos decidido incluir dos aspectos cruciales para fortalecer la capacidad de mediación social y de opinión de los representantes populares integrantes del Congreso de la Unión, mediante las reformas de los artículos 61 y 64 constitucionales, que se describen a continuación:
a) Capacidad de opinión
En primer término, se propone adicionar un tercer párrafo al artículo 61 de la Constitución: ``Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas''. Hoy, la influencia de los medios impresos y, especialmente, de la radio y la televisión obligan a complementar este mandato, toda vez que la sola garantía de la libertad de opinión y expresión de los legisladores no es suficiente para difundir las propias actividades legislativas y las opiniones de los legisladores sobre los grandes problemas nacionales, los temas de debate con el Ejecutivo o los asuntos que interesan a la ciudadanía en cada uno de los 300 distritos que integran la representación nacional.
En la difusión pública de las resoluciones y los debates del Congreso, del trabajo de las comisiones o de las comparecencias de los servidores públicos del Ejecutivo; las opiniones de los legisladores son consideradas secundarias, y frecuentemente son apreciadas con escasa objetividad. En los distritos es evidente que la presencia en los medios escritos y en la radio y la televisión corresponde al presidente de la república, a los gobernadores, a los presidentes municipales y en último término a los legisladores.
La creación del Canal de Televisión del Congreso General fue producto de una larga lucha de los miembros de diversas legislaturas, particularmente de las LVI y LVII. El Canal inició actividades el 17 de marzo de 1998 y se formalizó mediante decreto del 30 de agosto de 1999. El Canal se ha consolidado de manera gradual y ha tenido el apoyo de la televisión comercial al insertarse en los sistemas de transmisión vía satélite y de cable. Quizás una de las aportaciones más importantes del Canal estriba en que su existencia ha demostrado que es posible la operación, desde el Congreso, de medios de comunicación masiva administrados de manera pertinente y en armonía con el sistema de radio y televisión comercial y cultural prevalecientes. En suma, el Canal del Congreso constituye un avance trascendente, que hoy debe ser consolidado. Hoy se requiere mayor cobertura. Se requiere acompañar el Canal de Televisión mediante una red de estaciones de radio y, sobre todo, resulta primordial crear condiciones para una interlocución real y efectiva de los legisladores con la ciudadanía de cada una de las entidades federativas y de los 300 distritos.
Por ello se propone
Adicionar un tercer párrafo al artículo 61 de la Constitución para que los diputados y los senadores, en uso de sus facultades y obligaciones, puedan difundir las actividades parlamentarias, así como sus opiniones mediante acceso directo a los medios de comunicación escritos o electrónicos el uso de tiempos oficiales y a través de los medios con que opere directamente el Congreso.
b) Mediación social
La segunda parte de la propuesta está vinculada con el concepto de representación política que, junto con las tareas legislativas de fiscalización superior y rendición de cuentas, constituye la esencia de las funciones del Congreso y, por ende, de los legisladores y los grupos parlamentarios en que están. El artículo 51 de la Constitución Política, como hemos comentado, otorga a los integrantes de la Cámara de Diputados el carácter de representantes de la nación. En tal condición, los legisladores no sólo son los responsables de crear el marco normativo del país sino, también, de ser los artífices en la interlocución entre las acciones de gobierno y las demandas sociales que puedan, en un futuro, significar problemas públicos de gobierno.
La noción de representación es diversa, según se trate de regímenes presidencialistas, parlamentarios o mixtos, o bien se trate de formas de elección directa, de representación proporcional o mixta. Lo cierto es que en nuestra realidad los diputados uninominales por ser de elección directa, por el contacto vivo y permanente que mantienen con la ciudadanía y por tradiciones políticas que han tomado fuerza a lo largo del tiempo, están sujetos a una fuerte presión social, que es a la vez responsabilidad y compromiso.
Derivado de lo anterior, se propone adicionar un segundo y tercer párrafos al artículo 64 constitucional, para establecer por mandato constitucional, la obligatoriedad de que los diputados y los senadores desempeñen paralelamente las actividades legislativas y las relativas a las de atención y gestión ciudadana en cada demarcación electoral que representen.
En consecuencia, proponemos a esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que adiciona los artículos 61 y 64 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se adicionan un tercer párrafo al artículo 61, y un segundo y tercer párrafos al artículo 64 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 61. ...
...
La ley establecerá lo necesario para que los diputados y los senadores difundan las actividades legislativas, su desempeño como representantes populares y sus opiniones sobre la situación económica, política y social imperante, mediante el acceso a los medios de comunicación escritos o electrónicos comerciales, el uso de tiempos oficiales y a través de los medios con que opere directamente el Congreso.
Artículo 64. ...
Durante los periodos de sesiones, en ejercicio de la representación popular que tienen, atenderán, en las circunscripciones que representan, los asuntos urgentes y prioritarios que les demanden los electores. En estos casos, las Cámaras otorgarán el permiso respectivo.
En los periodos de receso, los diputados y los senadores que no formen parte de la Comisión Permanente acudirán a los distritos y a las entidades federativas para conocer de la situación que guardan, atender las demandas de la ciudadanía, darle trámite ante las autoridades competentes e informar de sus actividades. La ley establecerá las condiciones presupuestales y los procedimientos para que, en ejercicio de la representación popular, los diputados y los senadores realicen con eficacia y oportunidad la mediación social necesaria para la atención de las demandas de la ciudadanía.
TransitoriosArtículo Primero. Las presentes adiciones y reformas entrarán vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados incluirá en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009 el presupuesto relativo al cumplimiento de las presentes disposiciones.
Notas 1 Norton, Philip, Parlamentos y gobiernos en Europa occidental, Porrúa, México, 2003. 2 Esta disposición constitucional sobre los representantes de la nación aún es un indicativo sin sanción jurídica específica. Al respecto, Carpizo, en el ensayo ``El sistema representativo en México'', en Estudios Constitucionales, enumera seis características del sistema representativo mexicano: 1. El representante lo es de todo el pueblo, de toda la nación; 2. El representante, en su actuación, es independiente de sus electores. 3. El representante es remunerado por el Estado, no por los votantes. 4. Los electores no pueden hacer renunciar al representante a través de la revocación del mandato. 5. El representante no está obligado a rendir cuentas a los ciudadanos que lo eligieron. 6. La elección del representante se basa en la noción del voto individual; consigue el cargo el que haya acumulado la mayoría de votos en un distrito determinado. Agrega Carpizo que ``las ideas anteriores se basan en que la representación es de carácter público'' y que ``en ella (la representación) se halla el interés del Estado''. 3 Fix-Zamudio, Héctor; y Valencia Carmona, Salvador. Derecho constitucional mexicano y comparado, cuarta edición, Porrúa-UNAM, México, 2005. 4 El sentido original de la Constitución de 1824 no hizo preciso el término de soberanía popular, pese a los esfuerzos de fray Servando Teresa de Mier. Hasta la Constitución de 1857 no se definió al depositario de tal soberanía en el pueblo, en Márquez Rábago, Sergio, Evolución constitucional mexicana, Porrúa, México, 2002, 245 páginas. 5 Valadés, Diego. Constitución y política, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1987, México, página 183. 6 Felipe, Tena Ramírez, Derecho constitucional mexicano, Porrúa, México, 1985. 7 González, Casanova Pablo. La democracia en México, vigésima tercera reimpresión Problemas de México, México, 2000. 8 González, Casanova Pablo. Op. cit., páginas 32 y 33. 9 Sin duda, el Poder Ejecutivo ha sido --y continúa siendo-- la pieza clave y el corazón del sistema político mexicano (aunque muchos lo acepten con relativa validez). El país, más que por un sistema presidencial, optó, de jure o de facto, por un presidencialismo exacerbado. Esta distinción resulta fundamental, ya que a partir de ella se puede llegar a comprender cómo ha sido utilizado y qué papel ha desempeñado el poder del presidente. De acuerdo con Maurice Duverger, ``el presidencialismo constituye una aplicación deformada del régimen presidencial clásico, por debilitamiento de los poderes del Parlamento e hipertrofia de los poderes del presidente: de ahí su nombre. Funciona sobre todo en los países latinoamericanos que han transportado las instituciones constitucionales de Estados Unidos a una sociedad diferente'', en Duverger, Maurice. Instituciones políticas y derecho constitucional, segunda reimpresión, Ariel, Barcelona, España, 1992, página 152. 10 Cuando el PRI oficial terminó de ser un partido hegemónico para ser uno dominante (1997), y ante la encrucijada de haber perdido la Presidencia de la República a manos de un partido de oposición leal (2000), se hizo presumiblemente consumada la existencia de un elemento necesario para afirmar que en México se había llegado al estadio de la democracia a través de la alternancia. Aclarando esto, la comunidad intelectual especializada en asuntos de transición (transitólogos) y los fervientes democráticos en México y de algunas partes del mundo consideraron en ese momento que las ``reglas'' de la transición se habían cumplido en el país y, por tanto, que la consolidación democrática se pudo evidenciar con la alternancia política como resultado de procesos político-electorales plurales, competidos y transparentes, que contribuían en la práctica con la formación de gobiernos divididos y esquemas de control entre poderes. 11 Valadés, Diego. Gobierno y Congreso en México: necesidad de una relación simétrica, páginas 14 y 15.El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
CODIGO DE COMERCIO - LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Se recibió de la diputada María Eugenia Campos Galván, del Grupo Parlamentario del PAN, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley de Propiedad Industrialy de la Ley Federal del Derecho de Autor.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio; y de las Leyes de la Propiedad Industrial, y Federal del Derecho de Autor, a cargo de la diputada María Eugenia Campos Galván , del Grupo Parlamentario del PANLa suscrita, diputada federales María Eugenia Campos Galván integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio, de la Ley de la Propiedad Industrial y de la Ley Federal del Derecho de Autor con la finalidad de fortalecer el sistema de garantías mobiliarias como una herramienta para el acceso al crédito.
Exposición de MotivosLas garantías brindan un respaldo que permite reducir el riesgo que enfrentan los acreedores al otorgar un crédito. El incremento en la certidumbre se traduce en un mayor número y monto de los créditos y en condiciones de financiamiento más atractivas: menores tasas de interés y mayores plazos.
Los bienes inmuebles constituyen las garantías más utilizadas. Sin embargo, muchas personas y empresas no tienen una propiedad o tienen miedo a usarla como respaldo a un crédito.
Las garantías sobre bienes muebles o garantías mobiliarias representan una gran alternativa como herramientas para acceder a fuentes de financiamiento. Dentro de las principales ventajas de este tipo de garantías se tiene que (i) pueden constituirse sobre casi cualquier bien susceptible de venta, tanto bienes tangibles (maquinaria, inventarios, autos, cosechas) como intangibles (patentes, cuentas por cobrar, cosechas futuras) y (ii) permiten al deudor la movilización de la garantía, lo cual hace posible el pago del préstamo con el producto obtenido del uso, transformación o venta de los activos.
A pesar de los avances en el marco jurídico relacionado con el crédito garantizado, México se ubica dentro de los países con menor certidumbre legal para el otorgamiento de crédito.
Un indicador de esta situación es el índice de derechos legales elaborado por el Banco Mundial, el cual mide el grado en que las leyes de garantías y bancarrota facilitan el otorgamiento de crédito en una economía. Este índice incluye aspectos relacionados a los derechos legales de los acreedores y deudores plasmados en la legislación de los países, entre los que se encuentra el funcionamiento (o falta de) un registro unificado que incluya gravámenes sobre bienes muebles y demás garantías. En una escala del 1 al 10, México cuenta con un índice de 2 y se encuentra dentro de los países con índice más bajo, inclusive debajo del promedio de países de América Latina.
Uno de los elementos fundamentales para que el sistema de garantías mobiliarias sea exitoso y se traduzca en una expansión del crédito es justamente un mecanismo de publicidad que permita identificar fácilmente los acreedores sobre un colateral. Sin embargo, en el país todavía no existe un mecanismo de tal naturaleza.
Las reformas de 2000 y 2003 en materia de garantías representaron avances al fortalecer las figuras de prenda sin transmisión de posesión y fideicomiso de garantía. Sin embargo, no se incluyeron principios fundamentales como la necesidad de total transparencia de la información registral así como la fácil determinación de prioridades entre diversos acreedores.
Por otro lado, el tiempo y los costos involucrados en la firma de un contrato de garantía y su inscripción en el registro varían mucho entre estados, además de que son determinados a nivel estatal o municipal. De acuerdo con cifras del Banco Mundial, en promedio en México el tiempo necesario para registrar una garantía y que ésta sea ejecutable contra terceros es de 17 días y el costo promedio es de 2 por ciento del monto del crédito.
Por lo anterior, resulta indispensable modernizar el procedimiento registral de las garantías mobiliarias, estableciendo los elementos que permitan brindar total certidumbre a los usuarios así como reducir el tiempo y los costos relacionados al mínimo.
La iniciativa que aquí se presenta contiene dos componentes principales: a) Creación del registro único de garantías mobiliarias y b) Armonizar los registros de la propiedad industrial y del derecho de autor.
a) Creación del Registro Único de Garantías Mobiliarias
La iniciativa propone crear una nueva sección dentro del Registro Público de Comercio a través de la cual se realice la inscripción de garantías mobiliarias. Esta sección, denominada Registro Único de Garantías Mobiliarias, contará con un procedimiento registral diferente al del Registro Público de Comercio, de forma que las inscripciones y consultas se den de forma centralizada, electrónica y con otra serie de características que brinden mayor eficiencia en su uso.
El Registro Único de Garantías Mobiliarias será una base de datos integrada de garantías mobiliarias con un sistema de inscripción y búsqueda eficiente y de bajo costo que dará publicidad a dichos gravámenes, generando un alto grado de certidumbre jurídica tanto para el acreedor garantizado, el deudor y los demás agentes involucrados. Dicho registro estará operado por la Secretaría de Economía y dará publicidad a todas las garantías mobiliarias para los efectos que establezcan el Código de Comercio así como otras leyes. El registro se llevará a cabo de manera remota y por medios electrónicos mediante el programa informático establecido por la secretaría.
Las funciones principales del Registro Único de Garantías Mobiliarias serán dar publicidad a los gravámenes sobre una empresa o persona a través de un sistema de búsqueda preciso y eficiente así como establecer la prelación entre acreedores de acuerdo al orden de inscripción, bajo el principio de primero en registro primero en derecho. Sus efectos serán declarativos, al hacer constar la existencia de un gravamen y contra terceros, dado que la prelación de los acreedores está definida por la información contenida en el registro.
Adicionalmente, se contempla facultar a la Secretaría de Economía, a efecto de que esa dependencia, mediante disposiciones de carácter general, amplíe el listado de los documentos que son susceptibles de inscripción en el Registro Público de Comercio así como de las personas que podrán realizar inscripciones y consultas.
El reglamento correspondiente, emitido por la Secretaría de Economía, deberá establecer, entre otros: (i) el procedimiento y requisitos para la consulta y anotación de registros; (ii) los datos, características y demás requisitos que deban cumplir los formatos para llevar a cabo la anotación de registros; (iii) el tiempo de vigencia de las inscripciones, así como los plazos permisibles para su renovación, y (iv) cualquier otro dato, requisito, procedimiento o condición que resulte necesaria o conveniente para la adecuada y oportuna operación del registro.
b) Armonizar los registros de la Propiedad Industrial y del Derecho de Autor
Una parte fundamental de la iniciativa se deriva de la necesidad y conveniencia de unificar la información relativa a la constitución de garantías mobiliarias que se hacen del conocimiento de los distintos registros públicos o especiales.
En este sentido, la iniciativa propone modificar la Ley de la Propiedad Industrial así como la Ley Federal de Derecho de Autor para establecer que las inscripciones de garantías mobiliarias realizadas en los registros que se derivan de dichas leyes sean notificadas al Registro Público de Comercio para su inscripción ante el Registro Único de Garantías Mobiliarias.
Esta iniciativa es un avance sustancial para incrementar el acceso al crédito de los distintos agentes de la economía, en particular de las pequeñas y medianas empresas, a través de la creación de un mecanismo moderno, eficiente y de bajo costo que brinde la certidumbre necesaria para que se detone el crédito garantizado en el país.
Para tales efectos, se propone modificar el Código de Comercio en los términos del presente:
DecretoArtículo Primero. Se reforman los artículos 18, 19, 21 en sus fracciones IV, VII, XIX y XX, 21 Bis, 21 Bis 1, 22, 25 en su fracción IV, 30, 30 Bis y 31 y se adiciona la sección única denominada del Registro Único de Garantías Mobiliarias que incluye los artículos 32 Bis 1 al 32 Bis 10 del Código de Comercio , para quedar como sigue:
Artículo 18. ...
La operación del Registro Público de Comercio está a cargo de la Secretaría de Economía, en adelante la secretaría, y de las autoridades responsables del registro público de la propiedad en los estados y en el Distrito Federal, en términos de este código y de los convenios de coordinación que se suscriban conforme a lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para estos efectos existirán las oficinas del Registro Público de Comercio en cada entidad federativa que demande el tráfico mercantil.
...
Artículo 19. La inscripción o matrícula en el Registro Público de Comercio será potestativa para los individuos que se dediquen al comercio y obligatoria para todas las sociedades mercantiles. Los primeros quedarán matriculados de oficio al inscribir cualquier documento cuyo registro sea necesario.
Artículo 21. Existirá un folio electrónico por cada comerciante o sociedad mercantil, en el que se anotarán:
Artículo 21 Bis. ...
Artículo 21 Bis 1. La prelación entre derechos sobre dos o más actos que se refieran a un mismo folio mercantil electrónico, se determinará por el número de control o en su caso por el sello digital de tiempo que otorgue el registro, cualquiera que sea la fecha de su constitución o celebración.
Artículo 22. ...
Las garantías mobiliarias deberán sujetarse a lo establecido en la sección única del registro único de garantías mobiliarias.
Artículo 25. Los actos que conforme a este Código u otras disposiciones jurídicas deban inscribirse en el Registro Público de Comercio deberán constar en:
Artículo 30. ...
...
La Secretaría podrá establecer en el reglamento o en lineamientos, mecanismos para el trámite y la expedición de certificaciones por medios electrónicos.
Artículo 30 Bis. ...
La secretaría expedirá los certificados digitales que utilicen las personas autorizadas para firmar electrónicamente la información relacionada con el Registro Público de Comercio y demás usuarios; asimismo, podrá reconocer para el mismo fin certificados digitales expedidos por otras autoridades certificadoras siempre y cuando, a su juicio, presenten el mismo grado de confiabilidad y cumplan con las medidas de seguridad que al efecto establezca la secretaría.
Artículo 31. Los registradores no podrán denegar o suspender la inscripción de los actos que conforme al reglamento o lineamientos se consideren de registro inmediato.
Tampoco podrán denegar o suspender la inscripción de los documentos mercantiles que se les presenten salvo cuando:
...
Sección Única Del registro único de garantías mobiliariasArtículo 32 Bis 1 . Las garantías mobiliarias que se constituyan con apego a éste u otros ordenamientos jurídicos, su modificación o cancelación, así como cualquier acto jurídico que se realice con o respecto de ellas, serán susceptibles de inscripción en los términos de esta sección y se generará la matricula de garantía que estará ligada al folio mercantil.
Dentro del concepto de garantías mobiliarias se entenderán comprendidos, sin perjuicio de aquellos que por su naturaleza mantengan ese carácter, los actos jurídicos por medio de los cuales se constituya, modifique o cancele un privilegio especial o derecho de retención sobre bienes muebles en favor de terceros.
Artículo 32 Bis 2. Se constituye el Registro Único de Garantías Mobiliarias como una sección del Registro Público de Comercio. Esta sección se sujetara a las bases especiales de operación a que se refieren los artículos siguientes.
Artículo 32 Bis 3 . El Registro Único de Garantías Mobiliarias, en adelante el registro, estará a cargo exclusivamente de la secretaría y dará publicidad a todas las garantías mobiliarias para los efectos que establezcan ésta y otras leyes. El registro se llevará a cabo de manera remota y por medios electrónicos mediante el programa informático establecido por la secretaría.
Artículo 32 Bis 4. En los términos que establezca el reglamento respectivo, la secretaría establecerá los grados de acceso de las personas autorizadas a la base de datos del Registro Único de Garantías con motivos de las inscripciones, anotaciones y consultas que lleven a cabo.
Cuando el deudor no esté obligado a inscribirse en el Registro Público de Comercio podrá matricularse en el Registro Único de Garantía para el solo efecto de dar publicidad a las garantías mobiliarias que otorgue.
Artículo 32 Bis 5. La inscripción de las garantías mobiliarias, su modificación o cancelación, así como la de cualquier acto vinculado con ellas, se realiza siempre en la matricula de garantía, la cual, en el caso de personas susceptibles de inscribirse en el Registro Público de Comercio, formará parte del folio electrónico.
El acceso a la base de datos del registro se realizará por medios remotos en los términos del reglamento.
Las inscripciones en el registro se llevarán de manera electrónica por medio de la forma precodificada respectiva firmada electrónicamente con el uso de los certificados digitales señalados en el artículo 30 Bis.
Las personas que de conformidad con lo señalado en la presente sección realicen inscripciones sobre garantías mobiliarias, serán los únicos responsables para todos los efectos legales de la existencia y veracidad de la información relativa a las anotaciones que lleven a cabo.
Artículo 32 Bis 6. También deberán inscribirse en el Registro Único de Garantías todas las resoluciones judiciales o administrativas o cualquier acto que por su naturaleza constituyan o modifiquen una garantía mobiliaria aunque no sean susceptibles de inscripción en el registro público de comercio para que constituyan un derecho de preferencia sobre las no inscritas en dicho registro.
Artículo 32 Bis 7. Las garantías mobiliarias inscritas de conformidad con la presente sección otorgan a sus acreedores un privilegio especial respecto del bien o derecho afecto a la misma. Lo anterior, para los efectos civiles y mercantiles que correspondan.
Artículo 32 Bis 8 . Cualquier interesado estará facultado para solicitar a la secretaría la expedición de certificaciones respecto de los actos inscritos en el registro, previa presentación de la solicitud correspondiente y pago de los derechos respectivos.
Artículo 32 Bis 9 . El reglamento del presente código establecerá, entre otros:
Artículo 32 Bis 10. No será aplicable a esta sección, lo dispuesto por los artículos 18, segundo párrafo, con excepción de las facultades previstas para la secretaría; 20; 20 Bis; 21, salvo por lo que aquí expresamente se establece; 21 Bis; 23; 24; 25; 26; 28; 30; 30 Bis; 30 Bis 1; 31; 32, y 32 Bis.
Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 8 Bis a la Ley de la Propiedad Industrial , para quedar como sigue:
Artículo 8 Bis. El instituto deberá notificar a la Secretaría de Economía, para fines de su inscripción ante el Registro Único de Garantías Mobiliarias, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 Bis 1 y siguientes del Código de Comercio, las inscripciones o anotaciones que ante el mismo se realicen respecto a la constitución, modificación o cancelación de cualquier gravamen que se lleve a cabo en los términos de la presente ley.
La transmisión de información prevista en el párrafo anterior, deberá realizarse en línea y de manera centralizada utilizando al efecto el programa informático de la Secretaría de Economía a que se refiere el artículo 32 Bis 3 del Código de Comercio.
Para aquellos casos en que las personas físicas o morales involucradas en los actos jurídicos que deban ser notificados no cuenten con un folio electrónico especial ante el señalado registro, este último las matriculará de oficio.
La Secretaría de Economía se encontrará facultada para emitir, en su caso, los lineamientos que permitan la debida aplicación de este artículo.
Artículo Tercero. Se adiciona el artículo 10 Bis a la Ley Federal del Derecho de Autor, para quedar como sigue:
Artículo 10 Bis. El instituto deberá notificar a la Secretaría de Economía, para fines de su inscripción ante el Registro Único de Garantías Mobiliarias, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 Bis 1 y siguientes del Código de Comercio, las inscripciones o anotaciones que ante el mismo se realicen respecto a la constitución, modificación o cancelación de cualquier gravamen que se lleve a cabo en los términos de la presente ley.
La transmisión de información prevista en el párrafo anterior, deberá realizarse en línea y de manera centralizada utilizando al efecto el programa informático de la Secretaría de Economía a que se refiere el artículo 32 Bis 3 del Código de Comercio.
Para aquellos casos en que las personas físicas o morales involucradas en los actos jurídicos que deban ser notificados no cuenten con un folio electrónico especial ante el señalado registro, este último las matriculará de oficio.
La Secretaría de Economía se encontrará facultada para emitir, en su caso, los lineamientos que permitan la debida aplicación de este artículo.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El reglamento relativo al Registro Único de Garantías Mobiliarias será expedido por la Secretaría de Economía dentro de los seis meses siguientes a la fecha de expedición de este decreto.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Túrnese a la Comisión de Economía, con opinión de la Comisión de Cultura.
LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Esta Presidencia recibió iniciativa que adiciona el artículo 41 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por los diputados Rafael Franco Melgarejo, Agustín Mollinedo Hernándezy Gustavo Fernando Caballero Camargo, de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, de Acción Nacional y Revolucionario Institucional, respectivamente.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Iniciativa que adiciona el artículo 41 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por los diputados Rafael Franco Melgarejo , Agustín Mollinedo Hernández y Gustavo Fernando Caballero Camargo , de los Grupos Parlamentarios del PRD, del PAN y del PRI, respectivamenteLos suscritos, diputados federales Rafael Franco Melgarejo , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Agustín Mollinedo Hernández , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Gustavo Fernando Caballero Camargo , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura, de conformidad con las atribuciones que nos confieren el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, la iniciativa de decreto que adiciona el artículo 41 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosTanto por razones jurídicas generales como por las características particulares de la infraestructura carretera del país, del parque vehicular existente, así como por el crecimiento explosivo de la mancha urbana que por su natural crecimiento ha absorbido en promedio más de 15 kilómetros sobre tramos carreteros federales de los clasificados como ``B'', ``C'' y ``D'', en más 2000 municipios, en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal en el país, la operación y normatividad del transporte público federal y estatal no pueden continuar funcionando como hasta ahora.
La regulación de este tipo de transporte bajo los lineamientos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, ha alcanzado tal complejidad que se convierte en un obstáculo para el buen funcionamiento del servicio público.
Por tal motivo, se vuelve un imperativo solucionar tal situación a través de modificar la legislación federal para adecuarla a las condiciones y posibilidades locales de cada entidad federativa. por lo tanto, se requiere impulsar una política de descentralización en la materia.
Por el lado de las razones jurídicas generales justificadoras, sabemos que el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de los mexicanos al ``libre tránsito'' a lo largo del territorio nacional sin que pueda ser restringido por la autoridad administrativa a cargo de las vías generales de comunicación. citando este artículo señala.
De igual manera, la ley en la materia, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, misma que se pretende adicionar señala en su artículo 41 lo siguiente:
Este ordenamiento legal establece la rigurosa necesidad de que los transportistas que son concesionados por los estados y los municipios pero que, por cualquier situación, tengan necesidad de transitar sobre un tramo de carretera federal sin importar si sólo cruzan un puente o únicamente transitan veinte, treinta o cien metros sobre el tramo carretero federal, así sea secundario o terciario, deban obtener un permiso especial, lo que de manera flagrante contraviene lo señalado por el artículo 11 de nuestra Carta Magna. Dicha situación no puede continuar.
Por lo que se refiere a las características particulares de la infraestructura carretera, lo señalado en el artículo 41 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, opera sin importar las características de las carreteras federales, mismas que por su tipo de construcción, materiales, estructura, duración, peligrosidad, características geométricas, de importancia y tránsito diario promedio anual, se normalizan de acuerdo al reglamento respectivo como:
Carretera Tipo ``ET''
Son aquellas que forman parte de los ejes de transporte que establezca la Secretaría, cuyas características geométricas y estructurales permiten la operación de todos los vehículos autorizados con las máximas dimensiones, capacidad, y peso, así como de otros que por interés general autorice la Secretaría y que su tránsito se confine a este tipo de caminos.
Carretera Tipo ``A''
Son aquellas que por sus características geométricas y estructurales permiten la operación de todos los vehículos autorizados con las máximas dimensiones, capacidad y peso excepto aquellos vehículos que por sus dimensiones y peso sólo se permitan en las carreteras tipo ET.
Carretera Tipo ``B''
Son aquellas que conforman la red primaria y que atendiendo sus características geométricas y estructuras prestan un servicio de comunicación interestatal, además de vincular el tránsito.
Carretera Tipo ``C''
Red secundaria, son carreteras que atendiendo a sus características geométricas y estructurales principalmente prestan servicio dentro del ámbito estatal con longitudes medias estableciendo conexiones con red primaria.
Carretera Tipo ``D''
Red alimentadora, son carreteras que atendiendo sus características geométricas y estructurales principalmente prestan servicio dentro del ámbito Municipal con longitudes relativamente cortas estableciendo conexiones con la red secundaria.
En virtud de las diferencias anteriores se deriva que, de ninguna manera se puede dar el mismo trato a quienes transitan por tramos carreteros totalmente diferentes en cuanto a su clasificación entre sí, lo que denota sus diferencias en cuanto a su construcción, características geométricas y de seguridad, así como su ubicación territorial en cuanto a los municipios.
Los datos técnicos citados, conjuntamente con los argumentos jurídicos mencionados, sugieren la inconveniencia de continuar aplicando la legislación federal vigente de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, así como la necesidad ampliarla con una visión descentralizadora
En dicho orden de ideas se propone ampliar la legislación actual a través de la presente Iniciativa con proyecto de:
DecretoArtículo Único. Se adiciona el artículo 41 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:
``Artículo 41. La Secretaría expedirá permiso a los transportistas autorizados por las autoridades estatales o municipales para el uso de caminos de jurisdicción federal que no excedan de 30 kilómetros y sean requeridos para la operación de sus servicios, en los términos del reglamento respectivo.''
Artículo 41 Bis. No se requerirá permiso federal para el tránsito de vehículos de los transportistas autorizados por las autoridades estatales y municipales para el uso de caminos de jurisdicción federal que no excedan de treinta kilómetros y que transiten sobre tramos carreteros tipo ``C'' y ``D'', así como en los tramos carreteros tipo ``B'' que no sean de peaje y sólo donde la mancha urbana ya los ha absorbido.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Publíquese el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Túrnese a la Comisión de Transportes.
LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Se recibió de la diputada Beatriz Pagés Llergo Rebollar, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa que reforma los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión Ordinaria de Prevención y Protección Civil.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Iniciativa que reforma los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Beatriz Pagés Llergo Rebollar , del Grupo Parlamentario del PRICon fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de está honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XLI al artículo 39, y una fracción XXXI al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa magnitud de los desastres naturales provocados por el calentamiento global ha puesto en evidencia la debilidad institucional y el marco legal vigente para enfrentar futuras adversidades. El siglo XXI estará marcado, sin duda, por los impactos que tendrá para el desarrollo y la economía, para la salud pública y la estabilidad social, las inundaciones, las pandemias y los incendios forestales.
Las inéditas y excepcionales condiciones planetarias y la carencia de un modelo capaz de contrarrestar las consecuencias de la alteración climática exige actualizar en México el tema de la protección civil. Es fundamental darle la importancia política y social que debe tener para dejar de considerarla un subtema, un apéndice de otras dependencias, como parte añadida a equis o ye comisión en el Congreso, y darle en contraparte la envergadura y la visión integral que debe tener. Más aún, antes que de protección civil debemos comenzar a hablar de prevención en materia de desastres naturales. Es fundamental comenzar a construir en nuestro país una cultura de la prevención que debe ser incorporada a la mentalidad tanto de las autoridades como de la ciudadanía en general.
Es necesario, por tanto, que el Congreso sea el primero en poner el ejemplo. En el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos no existe una comisión ordinaria dedicada al tema de protección civil. Esto expresa por sí solo la poca importancia que se le da a un tema que hoy, en el siglo XXI y por el calentamiento global, se convertirá en el ``tema de temas de esta centuria''. Más aún, la ubicación geográfica de México con extensos litorales en el Atlántico y en el Pacífico, proclive a terremotos por formar parte de la franja volcánica a inundaciones por el caudal de sus ríos y a enfermedades tropicales por la presencia de selvas, nos coloca en una posición de fragilidad que año con año es pagada en forma de inmensas pérdidas económicas y vidas humanas.
La prevención y la protección civil exige de especialistas. Ya no se puede dejar la responsabilidad de atender un rubro que tiene que ver con la seguridad humana y material a improvisados. Por ello, me permito poner a esta honorable asamblea que esta legislatura atienda uno de los más grandes y urgentes reclamos de esta centuria, creando la comisión ordinaria de prevención y protección civil. Esto, como un primer paso para hacer otras reformas, tanto a la Constitución como a la misma Ley de Protección Civil, que ha sido rebasada por las dimensiones que tuvieron las inundaciones en Tabasco y en otras entidades.
Los seres humanos hemos sido testigos y causantes de los cambios climáticos que vive el planeta, los cuales originan que se presenten desastres naturales de gran impacto en los países y las regiones que los padecen. Como hemos señalado ya, México no ha estado exento de estos fenómenos, ejemplo de ello son las catástrofes ocasionadas por los huracanes que han azotado a nuestras costas.
Es importante mencionar que los desastres no sólo son originados por la naturaleza, ya que existen riesgos y peligros asociados con actividades desarrolladas por el hombre; estas acciones repercuten de manera importante en la seguridad de la sociedad, tal es el caso de los fenómenos de origen sanitario, como las epidemias o pandemias que en la mayoría de las ocasiones se presentan en regiones con un alto índice de pobreza y marginación.
Por otro lado, existen riesgos derivados del avance tecnológico, además de aquellos que se originan por la producción y manejo de energía. De igual forma, la elaboración, almacenamiento, transporte y utilización de productos químicos y sus derivados pueden ocasionar la pérdida de vidas humanas y causar un severo daño al ambiente debido a lo obsoleto de las instalaciones, o porque el equipo utilizado no es el adecuado, por su mal manejo o por la falta de capacitación de quienes se hacen cargo del manejo de dichas sustancias.
Ante las situaciones descritas anteriormente, es necesario establecer nuevas prioridades en los temas relacionados con la prevención de los desastres naturales y, en particular, en las políticas de la materia. Es evidente que en México es menester realizar las adecuaciones a la normatividad relacionada con la protección civil.
Una definición amplia considera a la protección civil como un servicio público que se orienta al estudio y prevención de las situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe extraordinaria o calamidad pública en las que pueden peligrar, en forma masiva, la vida e integridad física de las personas y la protección y auxilio de éstas y sus bienes en los casos en que dichas situaciones se produzcan.
La adopción de nuevos paradigmas, en materia de protección civil, derivado de situaciones actuales, hacen necesario diseñar los mecanismos que nos permitan transitar de un sistema ``reactivo'' a uno ``preventivo'', ello, con objeto de brindar a la sociedad mayor certidumbre y seguridad en la atención de las necesidades inherentes a los desastres de diferente índole.
La sociedad mexicana ha sufrido y padecido los estragos de diversos desastres naturales, uno de los ejemplos más dramáticos es el terremoto de septiembre de 1985, fenómeno que ocasionó un número importante de pérdidas humanas; dicha situación dio pie a que se creara el Sistema Nacional de Protección Civil, instrumento que permite darle orden y congruencia a las dependencias públicas, estableciendo las distintas disposiciones que permiten la cooperación entre las entidades federativas y el gobierno federal para atender a la población en desgracia.
En el 2006, se ejercieron aproximadamente 4 mil 300 millones a través del Fonden para atender emergencias y, en 2007, casi 15 mil millones de pesos, diferencia abismal entre un año y otro. Lamentablemente no existió ningún recurso ni actividad preventiva que, de manera eficiente, hubiera evitado los desastres y las lamentables pérdidas materiales y humanas.
Las cifras anteriores son recursos públicos que se destinaron a atender los casos de emergencia, lo cual nos da una idea de los terribles daños y pérdidas, los cuales no han sido cuantificados y que, sin lugar a dudas, la falta de estudios y de estadística en la materia es también un ejemplo del rezago que tenemos.
En este sentido, el papel del Poder Legislativo es fundamental en materia de protección civil, ya que es importante diseñar los mecanismos legales que permitan fomentar y promover la cultura de la prevención y de acciones elementales, de auxilio y recuperación inmediata ante los desastres, así como impulsar programas públicos y acciones de corto, mediano y largo plazos, mandatadas desde la ley, con objeto de que ciertas acciones prioritarias no dependan de la discrecionalidad de los funcionarios en turno.
Bajo el anterior orden de ideas, resulta fundamental crear la normatividad necesaria para agilizar los mecanismos mediante los cuales se destinan recursos a los estados y a los municipios que han sufrido alguna contingencia o desastre, así como crear la legislación que permita una adecuada transparencia y rendición de cuentas en el uso y destino de los recursos públicos, así como aquellos obtenidos por medio de donaciones.
En el nuevo orden de prioridades en materia de protección civil, la difusión y la capacitación permitirán realizar convenios y enlaces institucionales con organismos públicos y privados, así como contar con una mayor colaboración con otras naciones; ello, dentro del marco de la ley, implantando planes, programas acciones con una perspectiva de gran alcance y, de esta manera, responder a las necesidades de la población.
En síntesis, la protección civil es un componente fundamental en el desarrollo de la sociedad mexicana y para fortalecerla debemos contar con las herramientas que permitan prevenir tragedias que ocasionen pérdidas humanas y materiales; en este sentido, es necesario contar con mecanismos legislativos y ejecutivos que permitan la prevención y atención oportuna ante los desastres, evitando con ello la improvisación.
En esta tesitura, es trascendental destinar los recursos suficientes para la materia, así como diseñar políticas públicas que permitan hacer frente a dichos desastres. La suma de los anteriores elementos nos permitirá contar un sistema de protección civil sólido fundado en una ley que esté en congruencia con las necesidades y retos actuales.
Es por ello que propongo la creación de una comisión ordinaria de protección civil, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, toda vez que no podemos predecir los daños económicos o las pérdidas humanas, consecuencia de los fenómenos de la naturaleza, pero sí podemos crear los mecanismos que nos permitan prevenir, en casos particulares, o bien, enfrentar de manera eficiente y eficaz las adversidades derivadas de las contingencias naturales, para lo cual, es necesario que las Cámaras del Congreso cuenten con una comisión especializada en la materia con carácter de permanente, lo cual nos permitirá construir el andamiaje legal e institucional que el país requiere en materia de protección civil.
En razón de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de
DecretoÚnico. Se adiciona una fracción XLI al artículo 39, y una fracción XXXI al artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 39. ...
1. a 2. ...
Artículo 90. ...
1. ...
Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Queremos destacar la presencia en este salón de sesiones del excelentísimo señor Idalbert Pierre-Jean, embajador de la República de Haití en nuestro país, quien asiste hoy al acto de instalación del Grupo de Amistad México-Haití de la Cámara de Diputados. Le damos la más cordial bienvenida y hacemos votos por que se fortalezcan los lazos de amistad y cooperación entre ambos países.
CODIGO CIVIL FEDERAL
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Tiene la palabra el diputado Jorge Godoy Cárdenaspara presentar iniciativa que reforma el artículo 57 del Código Civil Federal.
Aprovecho para saludar a los invitados especiales de Tlaxcala, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.
El diputado Jorge Godoy Cárdenas : Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Adelante, diputado.
El diputado Jorge Godoy Cárdenas : Compañeras diputadas y compañeros diputados, el registro de natalidad es un atributo de la personalidad para contar con un nombre y con los datos del registro que proporcionan la individualidad del ser humano ante la sociedad, y su sujeción a los derechos y obligaciones que otorga la Carta Magna y sus leyes reglamentarias.Se relaciona con el aumento o decremento de población en nuestro país. En la actualidad existen poblaciones donde resulta difícil, de manera expedita, realizar aquellos trámites de carácter civil en razón de las distancias y la carencia de enlace de comunicación a través de medios de transporte, lo cual no debe confundirse con la dispensa o inobservancia de la ley para realizar el registro de infantes correspondientes.
Por el contrario, se considera prudente que la población cuente con una alternativa que le dé la posibilidad de realizar provisionalmente el registro de natalidad ante la instancia administrativa de mayor jerarquía en la población donde reside, con el fin de acudir dentro de los seis meses siguientes a la población más cercana que cuenta con oficinas del Registro Civil.
Dejar a libre arbitrio esta posibilidad de registro sin un texto legal que determine un plazo para ello conlleva la posibilidad de que no se realice posteriormente el registro obligatorio del infante, lo cual contribuirá a desconocer las verdaderas cifras de población y natalidad.
Además de que con dicho registro se podría tener un elemento más para evitar el tráfico de infantes, ya que muchos de los bebés que se sustraen no cuentan con ningún registro y de ahí que sea más fácil para quien comete el ilícito de crear uno nuevo para los infantes.
Un método para combatir el tráfico de menores es la prevención que implica la cultura de seguridad. Por ello se recomienda que desde el nacimiento un niño debe tener su registro.
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 57 del Código Civil Federal
Para quedar como sigue:
Artículo 57. En las poblaciones en que no haya juez del Registro Civil, el niño o la niña será presentado o presentada a la persona que ejerza la autoridad delegacional o municipal, en su caso, y ésta expedirá una constancia provisional que los interesados llevarán ante el juez del Registro Civil que corresponda, dentro de los seis meses contados a partir de la fecha de expedición, a fin de que se asiente en el acta correspondiente.
Las constancias provisionales surtirán todos los efectos de las actas de nacimiento durante el plazo al que se refiere el párrafo anterior.
Por los efectos de tiempo, y ya que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, solicito a esta soberanía que se inserte el texto de la iniciativa íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.
«Iniciativa que reforma el artículo 57 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Jorge Godoy Cárdenas , del Grupo Parlamentario de Convergencia
Jorge Godoy Cárdenas , diputado a la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, en uso de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 numeral 3, 40 numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Comisión correspondiente para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 57 del Código Civil Federal, en materia de registro de actas y constancias de nacimiento.
Exposición de MotivosEs un asunto de interés público el que se relaciona con el registro de natalidad y aumento o decremento de población en nuestro país.
Es un atributo de la personalidad contar con un nombre y con los datos de registro que proporcionan la individualidad del ser humano ante la sociedad y su sujeción a los derechos y obligaciones que otorga la Carta Magna y sus leyes reglamentarias.
Existen poblaciones donde resulta difícil realizar de manera expedita aquellos trámites de carácter civil, en razón de las distancias y la carencia de enlaces de comunicación a través de medios de transporte, lo cual no debe confundirse con la dispensa o inobservancia de la ley, para realizar el registro de infantes correspondiente.
Por el contrario, se considera prudente que la población cuente con una alternativa que le dé la posibilidad de realizar provisionalmente el registro de natalidad ante la instancia administrativa de mayor jerarquía en la población donde reside, con el fin de acudir dentro de los seis meses siguientes a la población más cercana que cuente con oficinas del registro civil.
Dejar al libre arbitrio esa posibilidad de registro, sin un texto legal que determine un plazo para ello, conlleva la posibilidad de que no se realice posteriormente el registro obligatorio del infante, lo cual contribuirá a desconocer las verdaderas cifras de población y natalidad. Además de que con dicho registro se podría tener un elemento más para evitar el trafico de infantes, ya que muchos de los bebés que se sustraen no cuentan con ningún registro y de ahí que sea mas fácil para quien se los llevó crear uno nuevo para los infantes. Un método para combatir el tráfico de menores, es la prevención, que implica la cultura de seguridad. Por ello, se recomienda que desde el nacimiento de un niño se debe tener registrado.
Por todo lo anterior, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General y en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente:
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 57 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:
Artículo 57. (Texto vigente)
Artículo 57. En las poblaciones en que no haya juez del registro civil, el niño será presentado a la persona que ejerza la autoridad delegacional o municipal en su caso, y éste dará la constancia respectiva que los interesados llevarán al juez del registro que corresponda, para que asiente el acta.
Artículo 57. (Texto que se propone)
Artículo 57. En las poblaciones en que no haya juez del registro civil, el niño o niña será presentado a la persona que ejerza la autoridad delegacional o municipal en su caso, y éste expedirá una constancia provisional que los interesados llevarán ante el juez del registro que corresponda, dentro de los siguientes seis meses contados a partir de la fecha de expedición, con el fin de que asiente el acta correspondiente.
Las constancias provisionales surtirán todos los efectos de las actas de nacimiento, durante el plazo al que se refiere el párrafo anterior.
TransitorioÚnico. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 26 días del mes de febrero de 2008.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias, diputado Godoy. Insértese íntegro el texto de la iniciativa ytúrnese a la Comisión de Justicia.
LEY PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE REPLICA
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Se concede el uso de la tribuna al diputado José Antonio Díaz García, para presentar iniciativa que expide la Ley para Garantizar el Derecho de Réplica, suscrita por el ponente y por las diputadas Dora Alicia Martínez Valeroy Rocío del Carmen Morgan Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado José Antonio Díaz García : Con su venia, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Adelante, diputado.
El diputado José Antonio Díaz García : Dado que en esta presentación por motivos de tiempo sólo abordaré los conceptos fundamentales de la propuesta, solicito a usted que esta intervención y la correspondiente iniciativa se incorporen de manera íntegra en el Diario de los Debates.En nombre de los legisladores, miembros del Partido Acción Nacional, diputada Dora Alicia Martínez Valero , de la diputada Rocío Morgan Franco y del de la voz, diputado José Antonio Díaz García , vengo a esta tribuna a presentar a esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley para Garantizar el Derecho de Réplica.
En México, a partir del 12 de abril de 1917, fecha en que se publicó en el Diario Oficial la Ley sobre Delitos de Imprenta, nuestra legislación ha tutelado el derecho de réplica. El fundamento para la existencia de este derecho no es otro que el de la propia libertad de expresión.
La doctrina moderna, como lo estiman la gran mayoría de las legislaciones de países democráticos, fundamenta el derecho de réplica en el respeto a la verdad y el derecho que toda persona tiene a su integridad moral, a que su reputación y buen nombre se mantengan indemnes en la sociedad en que realiza sus propias actividades.
El 13 de noviembre de 2007 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la reforma que en el Constituyente al que pertenece esta LX Legislatura aprobamos y por virtud de la cual insertamos en el artículo 6o. de nuestra Carta Magna el derecho de réplica como una garantía constitucional el cual será ejercido en los términos dispuestos por la ley.
Es en este contexto que proponemos para su estudio y aprobación correspondiente, esta iniciativa de ley que permitirá ejercer este derecho de manera sencilla y adecuada a las nuevas plataformas informativas y medios de comunicación de todo tipo: impresos, radio, televisión, Internet, mensajes de teléfono celular, etcétera.
Es importante mencionar que nuestro país ha ratificado y firmado diversos tratados internacionales, comenzando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el ``Pacto de San José de Costa Rica'', etcétera, que protegen la honra, fama, reputación y, en general, todo el ámbito de la vida privada de la persona, al tiempo que la libertad de expresión y difusión de pensamiento.
Este proyecto recoge sus conceptos y los expresa en un procedimiento accesible a los ciudadanos.
La libertad de expresión no solamente exige que los individuos sean libres de transmitir ideas e información, sino que también toda la sociedad pueda recibir información lo más veraz y oportuna.
En su dimensión particular, la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento del derecho a hablar o a escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios.
En su dimensión social, la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e información y para la comunicación entre los seres humanos; así como comprende el derecho de cada uno, a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista; implica también, el derecho de todos a conocer opiniones y noticias.
Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros, como el derecho a difundir la propia.
Al igual que la libertad de expresión, el derecho de réplica posee una dimensión particular, misma que garantiza al afectado ---por una información que le aluda, sea inexacta o falsa y le genere un perjuicio---, la posibilidad de expresar sus puntos de vista y su pensamiento respecto de dicha información, y mantener a salvo su honor, imagen o vida privada.
Asimismo, el derecho de réplica también cuenta con una dimensión social, que permite a cada uno de los integrantes de la comunidad recibir una nueva información que discrepe con la difundida por los medios de comunicación y que en esencia sea inexacta, y dicha inexactitud o falsedad le genere perjuicios a una persona, permitiendo, de este modo, el restablecimiento de la veracidad y equilibrio de la información, elemento indispensable para la adecuada formación de la opinión pública y la existencia de una sociedad democrática.
Este aspecto es fundamental para interpretar la garantía individual consagrada recientemente en la Constitución general, cuyo propósito es consolidar en nuestro país las instituciones democráticas que suponen un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre.
Sin duda, la libertad de expresión representa uno de los elementos esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones primordiales de su progreso y del pleno desenvolvimiento de la personalidad de cada uno de sus miembros. Hay que reconocerla, incluso, cuando su ejercicio provoque, choque o inquiete.
Es ---palabras más, palabras menos--- una exigencia del pluralismo, la tolerancia y el espíritu abierto, sin los cuales no es posible la existencia de una sociedad democrática. Pero esta libertad debe estar equilibrada dentro de los límites posibles, con el respeto al honor, imagen y vida privada de los demás.
La definición de derecho de réplica inserta en esta iniciativa, con base en la doctrina y los elementos del derecho comparado, es muy importante, dado que de ella se desprende todo el artículo de esta ley.
Esta definición pretende evitar el ejercicio abusivo de este derecho en detrimento de la libertad de expresión, para lo cual, se prevé como requisitos que se deben cumplir para solicitar la réplica que la información que lesione los derechos de las personas haya sido transmitida o publicada; que dicha información haga una alusión expresa de la persona que se trate, de información inexacta o falsa y que la divulgación de la misma le pueda generar un perjuicio político, económico, o moral; es decir, en su honor, vida privada, intimidad o imagen.
Por último, se establece como sanción para el medio de comunicación por no permitir el ejercicio del derecho de réplica que les corresponde a las personas, la transmisión o publicación de la información que se estime lesiona los derechos de ésta.
Asimismo, y a efecto de evitar que la conducta de rechazar las solicitudes del derecho de réplica por parte del medio de comunicación se convierta, sin un debido fundamento en práctica cotidiana, se prevé que la autoridad administrativa imponga una multa de 500 a 20 mil días de salario mínimo general vigente, cuando considere que la negativa del medio de comunicación sea notoriamente improcedente.
Agradezco a todos los que generosa y desinteresadamente han colaborado con la revisión y aportaciones a esta iniciativa que proponemos, especialmente a Ernesto Villanueva, Marco Levario Turcott, José Carreño Carlón y Gabriel Gutiérrez González.
Por lo expuesto, sometemos a consideración del honorable Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Garantizar el Ejercicio del Derecho de Réplica, que esperamos sea apoyada por la CENCA y por los diputados de esta legislatura. Muchas gracias.
«Iniciativa que expide la Ley para Garantizar el Derecho de Réplica, suscrita por los diputados José Antonio Díaz García , Dora Alicia Martínez Valero y Rocío del Carmen Morgan Franco , del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben la presente, José Antonio Díaz García , Dora Alicia Martínez Valero y Rocío del Carmen Morgan Franco , diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., en relación con el 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley para Garantizar el Derecho de Réplica, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEl derecho de réplica sólo se comprende y se explica en función de la libertad de expresión; dichos derechos forman un complejo unitario y a la vez independiente.
La libertad de expresión no sólo exige que los individuos sean libres de transmitir ideas e información, sino que, también, toda la sociedad pueda recibir información lo más veraz y oportuna posible.
En su dimensión particular, la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios.
En su dimensión social, la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e información y para la comunicación entre los seres humanos. Así como comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista, implica también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros, como el derecho a difundir la propia.
Al igual que la libertad de expresión, el derecho de réplica posee una dimensión particular que garantiza al afectado --por una información que le aluda, sea inexacta o falsa y le genere un perjuicio--, la posibilidad de expresar sus puntos de vista y su pensamiento respecto de dicha información, y mantener a salvo su honor, imagen o vida privada.
Asimismo, el derecho de réplica también cuenta con una dimensión social, que permite a cada uno de los integrantes de la comunidad recibir una nueva información que discrepe con la difundida por los medios de comunicación --y que en esencia sea inexacta, y dicha inexactitud o falsedad le genere perjuicios a una persona-- permitiendo, de este modo, el restablecimiento de la veracidad y equilibrio de la información, elemento indispensable para la adecuada formación de la opinión pública y la existencia de una sociedad democrática.
Este aspecto es fundamental para interpretar la garantía individual, consagrada recientemente en la Constitución General, cuyo propósito es consolidar en nuestro país las instituciones democráticas que suponen un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre.
Sin duda, la libertad de expresión representa uno de los elementos esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones primordiales de su progreso y del pleno desenvolvimiento de la personalidad de cada uno de sus miembros. Hay que reconocerla, incluso, cuando su ejercicio provoque, choque o inquiete; es, en palabras más palabras menos, una exigencia del pluralismo, la tolerancia y el espíritu abierto, sin los cuales no es posible la existencia de una sociedad democrática. Pero esta libertad, debe estar equilibrada dentro de los límites posibles, con el respeto al honor, imagen y vida privada de los demás.
El reconocimiento y regulación del derecho de réplica, en los términos propuestos en esta ley en potencia, deberá sentar las bases para que las personas cuenten con medios de defensa, efectivos y expeditos, para garantizar sus derechos más íntimos, al mismo tiempo que funcionará como una vía para dotar de veracidad la información difundida por los medios de comunicación, por lo que no se trata de ninguna manera de una mordaza a la libre expresión de la ideas, sino un complemento a su ejercicio.
La presente propuesta pretende incorporar a nuestro país en el grupo de países que respeta los derechos más esenciales de las personas, como un medio para lograr el bien común de la sociedad, esencia misma de la existencia del Estado.
Es por lo anterior que se somete a consideración del honorable Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, la presente propuesta de ley que hemos denominado, Ley para Garantizar el Ejercicio del Derecho de Réplica, que se compone de 29 artículos, divididos en cuatro capítulos, y con dos artículos transitorios. Entre los aspectos más destacados del proyecto se encuentran los siguientes:
En este sentido, por lo que se refiere a la autoridad responsable de hacer cumplir en el ámbito administrativo la observancia al derecho de réplica, se propone que sea la Secretaría de Gobernación, toda vez que, en términos generales, ya cuenta con dicha atribución, derivado precisamente de la expedición en el 2002, del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión.
De igual manera, se pone a consideración del Poder Legislativo federal un procedimiento administrativo que, en términos de su diseño, permita por un lado, respetar los elementos esenciales del procedimiento y la garantía de audiencia de los probables infractores, y, por el otro, dotar de eficacia la intervención de la autoridad para que se respete un derecho fundamental. Estamos consientes de que nuestro país requiere avanzar a pasos firmes en el respeto de derechos fundamentales, como condición mínima para un desenvolvimiento pleno de los seres humanos en busca de su felicidad, en este sentido, el dotar de mecanismos ágiles, sencillos e idóneos para la tutela de la dignidad, honor, vida privada e imagen de las personas es una preocupación permanente.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del honorable Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de ley con proyecto de
DecretoArtículo Único. Se expide la Ley para Garantizar el Ejercicio del Derecho de Réplica , para quedar de la siguiente forma:
Ley para Garantizar el Derecho de Réplica Capítulo I Disposiciones GeneralesArtículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana; tiene por objeto que se respete el honor, vida privada e imagen de las personas, mediante el establecimiento de procedimientos y autoridades competentes para garantizar el ejercicio del derecho de réplica en los medios de comunicación.
Su aplicación para efectos administrativos corresponde al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación.
Lo dispuesto en esta ley, se aplicará sin perjuicio de lo establecido en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, celebrados y ratificados por nuestro país.
Artículo 2. Los medios de comunicación tienen la obligación de respetar el derecho de réplica de las personas, en los términos previstos en esta ley.
Artículo 3. Para efectos de esta ley, se entenderá por:
Artículo 4. Podrán ejercer el derecho de réplica, la persona aludida o, en su caso, su representante, y si hubiere fallecido el primero, por sus parientes en línea ascendente o descendente, en el primer grado. En caso de que exista más de una persona legitimada para hacer valer el derecho de réplica, el primero en presentar la solicitud será el que ejercerá dicho derecho.
Artículo 5. Las aclaraciones formuladas en el ejercicio del derecho de réplica deberán publicarse o transmitirse por los medios de comunicación de manera gratuita y sin costo alguno para las personas que ejerzan dicho derecho.
Artículo 6. Los medios de comunicación tienen la obligación de designar un responsable y señalar un domicilio para atender las solicitudes del ejercicio del derecho de réplica. Dichos responsables serán inscritos en el registro que para tal efecto establezca la secretaría, el cual deberá ser actualizado por los medios de comunicación cuando se realicen sustituciones.
Artículo 7. A falta de disposición expresa en esta ley, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Capítulo II Del Procedimiento para Ejercer el Derecho de Réplica ante el Medio de ComunicaciónArtículo 8. El derecho de réplica se ejercerá y sustanciará a través del siguiente procedimiento:
Artículo 9. Las agencias de noticias que difundan información inexacta a sus abonados, en perjuicio de una persona, en los términos previstos en esta ley deberán difundir, por los mismos medios y a los mismos abonados, las aclaraciones que realice la persona legitimada para ello, en un plazo máximo de dos días hábiles contado a partir de la fecha en que se lleve a cabo la solicitud de aclaración de información respectiva. Los medios de comunicación que hayan transmitido o publicado la información que dé origen a la réplica, adquirida o proveniente de las agencias de noticias, estarán obligados a difundir las aclaraciones que éstas les envíen.
Artículo 10. Por regla general, el contenido de la réplica no podrá exceder de tres veces el tiempo o extensión del espacio que el medio de comunicación dedicó para difundir la información considerada inexacta y que genera un perjuicio, salvo que por la naturaleza de la información difundida y el daño o perjuicio ocasionado se requiera de mayor extensión o tiempo para realizar las rectificaciones y aclaraciones pertinentes, en cuyo caso, el medio de comunicación está obligado a realizar la transmisión o publicación de la misma.
Artículo 11. El medio de comunicación podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica, en los siguientes casos:
En todos los casos anteriores, el medio de comunicación deberá justificar su decisión y notificársela a la persona solicitante, por el mismo medio por el que se requirió la publicación o difusión de la aclaración respectiva, acompañando las pruebas que al efecto resulten pertinentes.
Artículo 12. En caso de que la persona legitimada para ejercer el derecho de réplica no hubiere recibido la notificación señalada en el artículo anterior, o si recibiéndola no estuviere de acuerdo con su contenido, o en el supuesto de que el medio de comunicación no hubiere publicado o transmitido la aclaración correspondiente, en los términos y condiciones previstos en esta ley, la persona legitimada para ejercer el derecho de réplica podrá solicitar ante la secretaría una declaración administrativa de infracción en un plazo máximo de tres meses, contado a partir de la fecha en que se surta cualquiera de las hipótesis previstas en este artículo.
Independientemente de lo previsto en el párrafo anterior, el interesado tendrá a salvo sus derechos para recurrir a las vías jurisdiccionales correspondientes.
Capítulo III Del Procedimiento de Declaración Administrativa de InfracciónArtículo 13. Los procedimientos de declaración administrativa de infracción se sustanciarán y resolverán por la secretaría con arreglo al procedimiento que señala este capítulo, siendo aplicable, en lo que no se oponga, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Artículo 14. El procedimiento para sancionar administrativamente las infracciones a la presente ley se iniciará a petición de quien tenga interés jurídico, en los términos señalados en este ordenamiento legal.
Con independencia de que se haya iniciado el procedimiento previsto en este artículo, las partes durante su sustanciación podrán dirimir de manera amigable el conflicto surgido con motivo del ejercicio del derecho de réplica. En caso de llegar a un acuerdo, deberán notificarlo a la secretaría para que dé por concluido el procedimiento.
Artículo 15. La solicitud de declaración administrativa deberá contener los siguientes requisitos:
Asimismo, el solicitante deberá adjuntar a su escrito los documentos que acrediten su personalidad y exhibir el número de copias simples de la solicitud y de los documentos que a ella se acompañan, necesarios para correr traslado al medio de comunicación respectivo.
Artículo 16. Si el solicitante no cumpliere con los requisitos a que se refiere el artículo anterior o no exhibiera los documentos que a ella se acompañan, la secretaría le requerirá, por una sola vez, subsane la omisión en que incurrió o haga las aclaraciones que correspondan; para tal efecto, se le concederá un plazo de dos días hábiles y, de no cumplirse el requerimiento en el plazo otorgado, se desechará la solicitud de declaración administrativa.
También se desechará la solicitud por la falta de documento que acredite la personalidad.
Artículo 17. En el supuesto de que el solicitante no posea copia del programa o publicación en la que funde su solicitud que deberá ser exhibido como prueba, podrá pedir a la secretaría que realice las gestiones necesarias ante instancias públicas o privadas, para obtener una copia de la misma
En este caso, los gastos generados por llevar a cabo el copiado del programa o publicación correrán por cuenta del solicitante.
Artículo 18. En los procedimientos de declaración administrativa, se admitirán toda clase de pruebas, salvo las que sean contrarias al derecho.
Las pruebas que se presenten posteriormente no serán admitidas, salvo que fueren supervenientes.
Artículo 19. Para la comprobación de hechos que puedan constituir violación de alguno o de algunos de los derechos que protege esta ley, la secretaría podrá valerse de los medios de prueba que estime necesarios.
Artículo 20. Admitida la solicitud de declaración administrativa de infracción, la secretaría, con copia simple de la solicitud y los documentos que se le acompañaron, le notificará al medio de comunicación el inicio del procedimiento, concediéndole un plazo de dos días hábiles para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes. La notificación se hará en el domicilio señalado en el registro previsto en el artículo 6 de esta ley.
Artículo 21. En el procedimiento de declaración administrativa no se sustanciarán incidentes de previo y especial pronunciamiento que se resolverán al emitirse la resolución que ponga fin al procedimiento.
Artículo 22. El escrito en que el presunto infractor formule sus manifestaciones deberá contener:
El presunto infractor deberá adjuntar a su escrito los documentos que acrediten su personalidad.
Artículo 23. Cuando el presunto infractor no pueda exhibir dentro del plazo concedido la totalidad o parte de las pruebas por causas debidamente justificadas a juicio de la secretaría se le podrá otorgar un plazo adicional de dos días hábiles para su presentación, siempre y cuando las ofrezca en su escrito y haga el señalamiento respectivo.
Artículo 24. Transcurrido el plazo para que el presunto infractor presente sus manifestaciones y, en su caso, la prórroga a que se refiere el artículo anterior, previo estudio de los antecedentes relativos y desahogadas las pruebas que lo requieran, se dictará en un término máximo de tres días hábiles la resolución administrativa que proceda, la que se notificará a las partes en el domicilio señalado en el expediente. Cuando proceda la sanción, en la misma resolución se impondrá ésta, señalándose el plazo para su cumplimiento.
Artículo 25. En contra de las resoluciones que la secretaría emita de conformidad con la presente ley, procede el recurso de revisión, en los términos previstos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Capítulo IV De las Infracciones y SancionesArtículo 26. Constituyen infracciones a la presente ley.
Artículo 27. Las infracciones a la presente ley serán sancionadas por la secretaría con:
Artículo 28. La secretaría fundará y motivará sus resoluciones, considerando:
Artículo 29. Las sanciones que se señalan en este capítulo, se impondrán sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que resulte.
TransitoriosArtículo Primero. La presente ley entrará en vigor un día después al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. Se deroga el artículo 27 de la Ley sobre Delitos de Imprenta, así como todas aquellas disposiciones legales y administrativas que se opongan a la presente ley.
El diputado Moisés Félix Dagdug Lützow (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : ¿Con qué objeto, diputado Dagdug? Sonido a la curul del diputado Moisés Dagdug.
El diputado Moisés Félix Dagdug Lützow (desde la curul): Señor Presidente, nada más para preguntar al diputado Díaz si me permite suscribir la iniciativa con ellos.El diputado José Antonio Díaz García : Con mucho gusto, diputado Moisés Dagdug. Le agradezco su atención.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Muchas gracias. Estará a su disposición en la Secretaría para su firma.Túrnese a la Comisión de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Esta Presidencia destaca la presencia de las alumnas y los alumnos de la escuela primaria Juan Escutia, del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y de la Liga Infantil de Beisbol de Zumpango, Estado de México. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.
LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRASPLANTES - LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD - LEY GENERAL DE SALUD
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Se concede el uso de la tribuna a la diputada Lorena Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que expide la Ley del Instituto Nacional de Trasplantes y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Institutos Nacionales de Saludy de la Ley General de Salud.
La diputada Lorena Martínez Rodríguez : Con su permiso, ciudadano Presidente.Por este conducto, y en mi calidad de diputada federal, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución General de la República; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 5o. de la Ley de los Institutos de Salud y diversas disposiciones de la Ley General de Salud, con la siguiente exposición de motivos.
El tema de los trasplantes en la medicina ha tenido importantes avances en nuestro país, no sólo en la formación de profesionales que requieren de una alta especialización para realizarlos, sino porque también se ha logrado institucionalizar esta práctica médica cada día más relevante en el ámbito de la salud pública.
La historia de los trasplantes médicos en México se remonta a 1963, cuando los doctores Federico Ortiz Quezada, Gilberto Flores y Manuel Quijano llevaron a cabo el primer trasplante en nuestro país. Ocho años después, en el ahora Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Doctor Salvador Zubirán se inició el Programa Nacional de Trasplantes.
En 1975 se realizan los primeros trasplantes en hospitales privados y a partir de 1976 comienza el programa de trasplantes en el Instituto al Servicio de los Trabajadores del Estado.
De mayor importancia es 1985, cuando el Seguro Social, en el entonces Centro Médico Nacional (que se colapsa con los terremotos del Distrito Federal en 85), finalmente realiza su primer trasplante de hígado. A partir de entonces el camino del trasplante en nuestro país es de éxito tras éxito.
Desde la creación del Centro Nacional de Trasplantes, en 2000... y en 2006... se han practicado casi 39 mil trasplantes, de los cuales más de 50 por ciento corresponden a córneas o tejidos, seguido de riñón, con más de un 40 por ciento. El resto se distribuye en otro tipo de órganos del cuerpo humano, como es el hígado, el páncreas, el corazón, etcétera.
A partir de esta trayectoria del trasplante en nuestro país, el Estado mexicano y el sector salud, en lo particular, tienen que asumir los nuevos retos que se imponen estas circunstancias. De acuerdo con los datos del Cenatra se expresa en una lista de más de 10 mil 700 personas que demandan un trasplante y en algunos casos esperan más de uno. De esta cifra, finalmente nos lleva a una enorme lista que hoy esperan que los diputados tomemos medidas para poder acelerar el proceso de trasplantes en nuestro país.
La actual transición epidemiológica nos obliga a diseñar nuevos instrumentos institucionales que permitan hacer frente a este grave déficit sanitario, que día a día se convierte y se viene incrementando en éste y otros asuntos relacionados con el derecho a la salud, consagrado en el artículo 4o. de la Constitución.
En tal virtud, la presente iniciativa aspira a que el Centro Nacional de Trasplantes dé un paso firme en sus fines y estructura, elevando su rango en relevancia y atribuciones. Este organismo tiene como antecedentes el acuerdo presidencial que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999, en el cual se creó la Comisión Intersecretarial de la Administración Pública Federal denominada ``Consejo Nacional de Trasplantes''.
El mencionado acuerdo dispuso que su objetivo es promover, apoyar y coordinar las acciones en materia de trasplantes que realizan las instituciones de salud de los sectores público, social y privado, con el propósito de reducir la morbilidad y mortalidad por padecimientos susceptibles de ser corregidos mediante este procedimiento.
Con base en reformas a la Ley General de Salud, la Secretaría de Salud dispuso que el Cenatra es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud al cual le corresponde normar, supervisar y evaluar los procesos de donación y trasplantes de órganos, tejidos y células; fomentar la cultura de la donación e integrar y mantener actualizado el Registro Nacional de Trasplantes.
En el pasado se ha intentado dar el paso que ahora pretendemos dar. Pero se ha impuesto el falso argumento de que con una mayor autonomía, el Cenatra vendrá a limitar esta práctica médica a otras instituciones. Por el contrario, lo que se pretende es fortalecer la política del Estado mexicano en materia de trasplantes.
Nuestra propuesta se avala en la propia evolución que muchos otros organismos del sector, como el Instituto Nacional de Cancerología, el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Suvirán, y otros institutos, han vivido a lo largo de su historia, de tal manera que en el momento que sean fortalecidos sus servicios, sus coberturas se han visto incrementadas.
Aunado a lo anterior, una entidad como la que proponemos reúne las características previstas en el artículo 2o., fracción III, y 5o., fracción IX, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, porque tendrá como objetivo principal la investigación científica en el campo de la salud, la formación y capacitación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad, cuyo ámbito de acción comprende todo el territorio nacional.
Así, con la creación del Instituto Nacional de Trasplantes pretendemos que cualquier persona que requiera de un trasplante tenga la posibilidad de obtenerlo y que las políticas públicas en este ámbito partan de una entidad más fuerte, de una entidad con mayores recursos económicos y con mayores fortalezas administrativas para cumplir su objetivo.
En la actualidad, además de la enorme demanda insatisfecha y la falta de una política seria e imaginativa en la donación de órganos, sólo pueden contar con trasplantes las personas que cuentan con seguridad social. Es decir, más de 50 por ciento de la población se encuentra excluida de esta práctica médica por el alto costo que esto significa, porcentaje que corresponde a los mexicanos que no cuentan con seguridad social.
Aquella persona que se realice un trasplante de órgano tiene que tomar de por vida medicamentos llamados ``inmunosupresores'' para afianzar la aceptación del órgano trasplantado. Una persona que no cuenta con seguridad social y que necesita de un trasplante ---independientemente de que se lo pudiera realizar--- no tendría la posibilidad de adquirir estos medicamentos de por vida, cuyo costo oscila anualmente entre 10 y 12 mi pesos.
Por ello, la creación de un Instituto de Trasplantes permitiría una visión y política de largo alcance para enfrentar esta problemática de salud que ya amenaza con desbordarse, sobre todo por los cambios demográficos que vive y vivirán más temprano que tarde en nuestro país.
En consecuencia, la presente iniciativa tiene la finalidad de darle la naturaleza de organismo público descentralizado al Cenatra, al que se le transforma en Instituto Nacional de Trasplantes con base en una ley específica ---que aquí se anexa---, generando la debida correspondencia normativa con la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y con la Ley General de Salud, las que se reforman para darle cabida al nuevo organismo.
Se anexa, señor Presidente, la ley íntegra, completa, de lo que sería el Instituto Nacional de Trasplantes, solicitando a su vez a esta Presidencia que sea usted el amable conducto para que el Centro de Estudios de Finanzas Públicas realice el estudio de impacto presupuestal, conforme lo establece el artículo 18 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Asimismo, ruego a usted que esta iniciativa sea publicada íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.
«Iniciativa que expide la Ley del Instituto Nacional de Trasplantes; y reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de los Institutos Nacionales de Salud, y General de Salud, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del PRI
Lorena Martínez Rodríguez , diputada federal a la LX Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución General de la República y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 5 de la Ley de Institutos de la Salud y diversas disposiciones de la Ley General de Salud, con arreglo en la siguiente
Exposición de Motivos IEl tema de los trasplantes en la medicina ha tenido importantes avances en nuestro país, no sólo en la formación de profesionales que requieren una alta especialización para realizarlos, sino porque también se ha logrado institucionalizar esta práctica médica cada día más relevante en el ámbito de la salud pública.
La historia de los trasplantes médicos en México se remonta al año de 1963 cuando los doctores Federico Ortiz Quezada, Gilberto Flores y Manuel Quijano llevaron a cabo el primer trasplante. Ocho años después, en el ahora Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias Médicas Doctor Salvador Subirán, se inició el Programa Nacional de Trasplantes; y en 1975 se realizan los primeros trasplantes en hospitales privados. En 1976 da comienzo el programa de trasplantes en el ISSSTE.
De mayor importancia es el año de 1985 cuando en el IMSS se lleva a cabo --en el entonces Centro Médico Nacional y que en ese mismo año se colapsara a consecuencia del terremoto que sacudió al Distrito Federal-- el primer trasplante de hígado. En 1987 el de páncreas; en 1988 el de corazón y en 1989 de pulmón y médula ósea.
Desde la creación del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), en el año 2000, y a 2006, se han practicado casi 39 mil trasplantes, de los cuales en más de un 50 por ciento corresponde a corneas (tejidos), seguido del riñón en más de un 40 por ciento. El resto se distribuye en hígado, páncreas, corazón, médula ósea, incluso trasplantes multiorgánicos como páncreas-riñón; hígado-riñón; corazón-pulmón; todo lo cual significa que esta área de la medicina se especializa más en nuestro país.
En contrapartida, ha crecido la insuficiencia y discriminación para atender la demanda de estos servicios que crece de manera geométrica en nuestro país; a pesar que desde el 2003 se declaró Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos el 26 de septiembre de cada año.
Por tanto, el Estado mexicano y el sector salud en lo particular tienen que asumir los nuevos retos que impone esta circunstancia que, de acuerdo con datos del Cenatra, se expresa en una lista de espera de más de 10 mil 700 personas que demandan un trasplante o en algunos casos más de uno.
De esa cifra, el 52 por ciento corresponde a corneas (tejidos); el 43 por ciento a riñón; el 3 por ciento a hígado; y el 0.5 por ciento corazón. El restante 1.5 por ciento se distribuye en pulmón, páncreas, hígado-riñón; páncreas-riñón; corazón-pulmón; médula ósea, paratiroides, entre otros. No es por demás señalar que el mayor porcentaje de morbilidad y muerte en México es a consecuencia de la diabetes mellitus, enfermedad que afecta prácticamente todo el sistema fisiológico, en especial los renales, que amplían la demanda de estos órganos vitales.
IILa actual transición epidemiológica nos obliga a diseñar nuevos instrumentos institucionales que permitan hacer frente a este grave déficit sanitario que día con día se viene incrementando en este y otros asuntos relacionados con el derecho a la salud consagrado en el artículo 4 de la Constitución. Por tal virtud, la presente Iniciativa aspira a que el Cenatra dé un nuevo paso en sus fines y estructura, dándole un rango de mayor relevancia y atribuciones.
Este organismo tiene como antecedente el acuerdo presidencial que se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 19 de enero de 1999, en el cual se creó la comisión intersecretarial de la administración pública federal denominada Consejo Nacional de Trasplantes (Conatra).
El mencionado acuerdo dispuso que su objeto es ``promover, apoyar y coordinar las acciones en materia de trasplantes que realizan las instituciones de salud de los sectores público, social y privado, con el propósito de reducir la morbilidad y mortalidad por padecimientos susceptibles de ser corregidos mediante este procedimiento''.
Con base en reformas a la Ley General de Salud del 26 de mayo del 2000, los artículos 2, inciso C, fracción VI, 36 y 44 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, disponen que el Cenatra es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, al cual le corresponde normar, supervisar y evaluar los procesos de donación y trasplante de órganos, tejidos y células, fomentar la cultura de la donación e integrar y mantener actualizado el registro nacional de trasplantes (Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; Diario Oficial de la Federación del 19 de enero de 2004).
IIIEn el pasado se ha intentado dar el paso que ahora retomamos, pero se ha impuesto el falso argumento de que con mayor autonomía el Cenatra vendrá a limitar esta práctica médica a otras instituciones. Por el contrario, lo que se pretende es fortalecer la política de Estado en materia de trasplantes.
Nuestra propuesta se avala en la propia evolución de muchos otros organismos del sector, como el Instituto Nacional de Cancerología; el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez; el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán; el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas; el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez; el Instituto Nacional de Medicina Genómica; Instituto Nacional de Pediatría, para los padecimientos de la población infantil hasta la adolescencia; el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes; el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz; el Instituto Nacional de Rehabilitación; el Instituto Nacional de Salud Pública; etcétera.
Aunado a lo anterior, una entidad como la que proponemos reúne las características previstas en los artículos 2, fracción III, y 5, fracción IX, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, porque tendría ``como objeto principal la investigación científica en el campo de la salud, la formación y capacitación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad, y cuyo ámbito de acción comprende todo el territorio nacional''.
Con la creación del instituto lo que se pretende es que cualquier persona que requiera de un trasplante tenga la posibilidad de obtenerlo y que las políticas públicas en este ámbito partan de una entidad más fuerte. En la actualidad, además de la enorme demanda que es insatisfecha y la falta de una política seria e imaginativa en la donación de órganos, solo pueden contar con trasplantes --sobre todo de órganos (riñón, páncreas, corazón, pulmón) y células (medula ósea)-, las personas que cuentan con seguridad social.
Es decir, más del 50 por ciento de la población se encuentra excluida de esta práctica médica por el costo tan alto que significa; porcentaje que corresponde a aquellos mexicanos que no cuentan con seguridad social.
Aquella persona que se realizó un trasplante de órganos tiene que tomar de por vida medicamentos llamado inmunosupresores (antirechazo), para afianzar la aceptación del órgano trasplantado. Una persona que no cuenta con seguridad social ( IMSS; ISSSTE u otro), y que necesita de un trasplante, independientemente que se le pudiera realizar, no tendría la posibilidad de adquirir estos medicamentos de por vida, cuyo costo oscila anualmente entre 10 y 12 mil pesos.
Por ello, la creación de un instituto de trasplantes permitiría una visión y políticas de largo alcance para enfrentar esta problemática de salud que ya amenaza con desbordarse, sobre todo por los cambios demográficos que vive y vivirá más temprano que tarde nuestro país.
En consecuencia, la presente iniciativa tiene la finalidad de darle la naturaleza de organismo público descentralizado al Cenatra, al que se le transforma en Instituto Nacional de Transplantes con base en una ley específica; generando la debida correspondencia normativa con la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y con la Ley General de Salud, las que se reforman para darle cabida al nuevo organismo.
Por lo anterior es que someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que expide la Ley del Instituto Nacional de Trasplantes; reforma y adiciona una fracción IX Bis al artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud; y reforma los artículos 329, 336, 338 y 339 de la Ley General de Salud.
Artículo Primero. Se expide la Ley del Instituto Nacional de Transplantes, para quedar como sigue:
Artículo 1. La presente ley tiene por objeto crear el Instituto Nacional de Transplantes como organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Su domicilio legal será la ciudad de México, Distrito Federal.
Artículo 2. El Instituto tendrá por objeto:
Artículo 3. El patrimonio del Instituto se integrará con:
Artículo 4. El instituto estará inicialmente formado por el Centro Nacional de Transplantes (Cenatra). Además el Instituto contará con las unidades administrativas de apoyo que determine la junta de gobierno.
Podrán establecer nuevas unidades de investigación, cuando las necesidades del Instituto lo exijan; la junta de gobierno aprobará su creación respecto de alguna área relacionada con los transplantes y donaciones de órganos, tejidos y células, previo un estudio de necesidad y factibilidad.
Artículo 5. A fin de que el Instituto cumpla con las atribuciones, objetivos y fines para los que fue creado, se integrará por los siguientes órganos de administración:
La Dirección General y la Secretaría Ejecutiva contarán con las estructuras administrativas, sustantivas o de investigación que sean necesarias para el cumplimiento de las atribuciones y objetivos del instituto.
Artículo 6. La junta de gobierno estará integrada por los titulares de:
Por cada miembro propietario de la junta de gobierno, se designará un suplente, el cual lo sustituirá en sus faltas temporales, en los términos del reglamento interno del instituto.
Asistirán a las sesiones de la junta el comisario, con voz pero sin voto, y como invitado permanente el coordinador general de los Institutos Nacionales de Salud.
Artículo 7. La junta sesionará de manera ordinaria una vez cada tres meses, previa convocatoria del Director General del Instituto o de forma extraordinaria cuando las dos terceras partes de los integrantes de la junta lo estimen necesario.
La convocatoria será notificada con una antelación de cuando menos tres días hábiles tratándose de sesiones ordinarias, y de veinticuatro horas para las sesiones extraordinarias.
La junta sesionará validamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes y siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes de la administración pública federal. Las resoluciones se tomarán por votación mayoritaria de los presentes.
Los acuerdos de la junta versarán sobre los asuntos incluidos en el orden del día, salvo los supuestos de urgencia que se darán a conocer a la junta con ese carácter.
Artículo 8. Podrán asistir a las sesiones de la junta, previa invitación del presidente del instituto, un representante de la Procuraduría General de la República, los directores de las facultades de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional, a los presidentes de las Academias Nacional de Medicina, Mexicana de Cirugía y Mexicana de Ciencias, quienes tendrán derecho a voz, pero sin voto, su función principal es coadyuvar en la realización de los objetivos y fines del instituto.
Artículo 9. A las sesiones de la junta podrán asistir invitados de la sociedad civil organizada, que por razón de su ocupación o profesión posean conocimientos e información útiles para el desarrollo de los objetivos y fines del instituto, estas personas tendrán voz pero no voto.
Artículo 10. La junta de gobierno tendrá las siguientes facultades indelegables:
Artículo 11. Para ser director general del instituto se requiere:
El director general estará impedido para desempeñar cualquier otro cargo durante su gestión, salvo aquellos que sean de carácter honorífico o académico.
Artículo 12. El director general tendrá las siguientes facultades:
Artículo 13. El director general del centro deberá establecer mecanismos de evaluación, con la finalidad de probar la eficiencia y eficacia de los programas implantados por el Instituto, así como la labor en el cumplimiento de sus objetivos y fines, se debe presentar a la junta de gobierno los informes de evaluación cuando menos dos veces por año escuchando a los comisarios.
Artículo 14. El director general durará en su encargo cuatro años y podrá ser ratificado por otro periodo igual.
El director general, en sus ausencias, será suplido por el servidor público del nivel jerárquico inmediato inferior.
Artículo 15 . La secretaría ejecutiva tendrá las siguientes facultades y atribuciones:
Artículo 16. Para ser titular de la secretaría ejecutiva se requiere:
Artículo 17. El consejo consultivo es el órgano de consulta y opinión del instituto y es también promotor de las acciones que se emprendan en materia de donaciones y transplantes de órganos, tejidos y células.
Artículo 18. El consejo se integra por veinte personas representantes de los diferentes sectores de la sociedad, de las organizaciones públicas o privadas, de organizaciones civiles, así como de instituciones académicas, quienes serán designados por las organizaciones en materia de donaciones y transplantes de órganos, tejidos y células.
La junta deberá aprobar los nombramientos de los integrantes del consejo. Los miembros del consejo durarán en su encargo cuatro años, pudiendo permanecer hasta por un periodo más.
Artículo 19. Las funciones del consejo son:
Artículo 20. Contará el instituto con un órgano de vigilancia, integrado por un comisario público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública.
Artículo 21. Los comisarios tendrán las siguientes facultades y obligaciones:
Artículo 22. Las relaciones laborales del instituto se regirán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.
Artículo Segundo. Se adiciona una fracción IX Bis al artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 5. Los organismos descentralizados que serán considerados como institutos nacionales de salud, son cada uno de los siguientes, para las áreas que se indican:
Artículo Tercero. Se reforman los artículos 329, 336, 338 y 339 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 329. El Instituto Nacional de Trasplantes hará constar...
De igual forma el Instituto Nacional de Trasplantes se encargará de...
Artículo 336 . Para la asignación de...
Cuando no exista urgencia o razón médica para asignar preferentemente un órgano o tejido, ésta se sujetará estrictamente a listas que se integrarán con los datos de los mexicanos en espera, y que estarán a cargo del Instituto Nacional de Trasplantes.
Artículo 338. El Instituto Nacional de Trasplantes tendrá a su cargo el...
Artículo 339 . El Instituto Nacional de Trasplantes, cuya integración y funcionamiento quedará establecido en las disposiciones reglamentarias que para efectos de esta Ley se emitan le otorgarán la naturaleza jurídica y administrativa de organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal y sectorizado a la Secretaría de Salud , así como los...
...
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor a los 30 días naturales siguientes a los de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En tanto se expiden las disposiciones administrativas que se deriven del presente decreto de acuerdo a lo previsto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, seguirán en vigor las que han regido hasta ahora, en lo que no lo contravengan.
Tercero. En tanto el Centro Nacional de Trasplantes se transforma en Instituto Nacional de Trasplantes, continuará operando con la estructura orgánica y funcional en vigor.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias, diputada. Está ya publicada íntegramente.Túrnese a la Comisión de Salud con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Se concede el uso de la tribuna al diputado Anuario Luis Herrera Solís, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma los artículos 13 y 25 de la Ley Federal de Radio y Televisión.
El diputado Anuario Luis Herrera Solís : Con su permiso, diputado Presidente.El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, Anuario Luis Herrera Solís , integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 13 y 25 de la Ley Federal de Radio y Televisión bajo la siguiente exposición de motivos.
El Constituyente Permanente modificó mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001, diversos artículos constitucionales, entre ellos el artículo 2o. En el texto de dicho artículo, en el párrafo segundo, se reconoce el carácter pluricultural de la nación mexicana, sustentada en sus pueblos indígenas.
En el apartado A, primer párrafo, se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y autonomía.
En el apartado B, fracción VI, se establece el derecho que tienen los pueblos y comunidades indígenas para que puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación en los términos que las leyes de la materia determinen.
Es necesario destacar que en la presente Ley Federal de Radio y Televisión hay omisiones en lo que se refiere a los procedimientos por medio de los que las comunidades y pueblos indígenas puedan acceder al manejo de estos medios de comunicación.
Con la presente propuesta que someto a consideración se pretende solventar esta situación.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, la radio comunitaria presta un servicio social sin fines de lucro que permite a comunidades y segmentos de población marginada mantenerse cohesionada y enterarse de los aspectos sociales, culturales y étnicos que le son propios.
Asimismo, la radio comunitaria también contribuye a la libre expresión de los distintos movimientos sociales, políticos y culturales, así como a la promoción de toda iniciativa que busque la paz, la amistad entre los pueblos, la democracia y el desarrollo.
Se resume lo anterior diciendo que la radio comunitaria le da voz a aquellos que no tienen cabida en otros medios de comunicación.
De acuerdo con información proporcionada por la Asociación Mundial de Radios de Comunicación en América Latina existen alrededor de mil estaciones de radio que pueden ser consideradas comunitarias, ciudadanas, educativas y populares.
Ejercen la radiodifusión como un servicio y a la comunidad y la comunicación como un derecho de todas las personas; son el canal de expresión para los grupos vulnerables, contribuyen a la construcción de la ciudadanía y al respecto de los derechos humanos. Se distinguen por ser laicas y no están vinculadas a partido político alguno.
Las radios comunitarias ejercen la labor social de comunicar a los núcleos marginados con los centros de decisión y de poder, como en el caso de los desastres naturales. Muchas de las acciones gubernamentales no habrían podido ejecutarse sin el invaluable apoyo de las radios comunitarias.
Promueven el derecho a la información que en el caso de nuestro país está consagrado en el artículo 6o. de la Constitución Política cuando ésta señala que ``el derecho a la información será garantizada por el Estado''.
En el caso de México se tiene conocimiento de operación de 2 emisoras en 6 estados, dando cobertura a 1 millón de habitantes en zonas urbano-marginales, campesinas e indígenas.
Adicionalmente, existen muchas radios difusoras comunitarias cuyo número no está determinado, que operan en el clandestinaje porque no están reconocidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Estas radiodifusoras tendrían que ser incluidas en el objetivo de esta iniciativa.
Paradójicamente, las radiodifusoras no tienen, todas, certeza jurídica. Para llevar a cabo su función el Estado mexicano las reconoce, pero no se han efectuado las adecuaciones legales para ejercer plenamente sus derechos. Por el contrario, otros países han incorporado en sus respectivas legislaciones la figura de radio comunitaria.
Citaremos a continuación algunos ejemplos. En Colombia el servicio de radiodifusión sonora es un servicio público de interés social y sin ánimo de lucro; es participativo y plural, con el fin de satisfacer necesidades de comunicación en el municipio o área de cobertura.
La legislatura francesa establece que las radios asociativas son servicios que tienen una misión de comunicación social de proximidad para favorecer el intercambio entre grupos sociales y culturales, el apoyo al desarrollo local, la protección del medio ambiente y la lucha contra la exclusión.
La Ley Federal de Radio y Televisión en vigor, en su artículo 13 señala que existen dos formas en las que el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, concede la autorización para la operación de las estaciones de radio y televisión.
La primera se refiere a las concesiones cuando son comerciales y por tanto, tienen un fin de lucro. La segunda es la correspondiente a los permisos para la operación de radiodifusoras cuya naturaleza y propósito son oficiales, culturales, de experimentación y de docencia o de cualquier otra índole. El propósito de esta iniciativa es el de incluir en este apartado la figura de la radio comunitaria.
Con base en la exposición de motivos expuesta en el proemio de este documento, nos permitimos someter ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto.
Artículo primero. Se reforman el primero y el segundo párrafos del artículo 13 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:
Artículo 13. Al otorgar las concesiones o permisos a que se refiere esta ley, el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, determinará la naturaleza y propósito de las estaciones de radio y televisión, las cuales podrán ser comerciales, oficiales, culturales, de experimentación, escuelas radiofónicas, comunitarias o de cualquier otra índole.
Las estaciones comerciales requerirán concesión; las estaciones oficiales, culturales, de experimentación, escuelas radiofónicas, comunitarias o las que establezcan las entidades y organismos públicos para el cumplimiento de sus fines y servicios sólo requerirán permiso.
Artículo segundo. Se reforma el artículo 25 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:
Artículo 25. Los permisos para las estaciones culturales de experimentación, para las escuelas radiofónicas y comunitarias sólo podrán otorgarse a ciudadanos mexicanos o a sociedades mexicanas sin fines de lucro, para efecto de financiar la creación, mantenimiento y operación de las radios comunitarias, éstas podrán recibir patrocinios, subsidios y donativos, conservando su carácter de laicidad, apartidismo y no perseguir fines de lucro.
Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio de San Lázaro, 4 de marzo de 2008. Atentamente, diputado federal Anuario Luis Herrera Solís . Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma los artículos 13 y 25 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Anuario Luis Herrera Solís , del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, diputado federal a la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Anuario Luis Herrera Solís , integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 13 y 25 de la Ley Federal de Radio y Televisión, bajo la siguiente
Exposición de MotivosEl Constituyente Permanente modificó mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de agosto de 2001, diversos artículos constitucionales, entre ellos, el artículo segundo.
En el texto de dicho artículo, en el párrafo segundo, se reconoce el carácter pluricultural de la nación mexicana, sustentada en sus pueblos indígenas.
En el apartado A, primer párrafo, se reconoce y se garantiza el derecho de los pueblos y de las comunidades indígenas a la libre determinación y autonomía.
En el apartado B, fracción sexta, se establece el derecho que tienen los pueblos y las comunidades indígenas para que puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.
Es necesario destacar que en la vigente Ley Federal de Radio y Televisión hay omisiones en lo que se refiere a los procedimientos por medio de los que las comunidades y los pueblos indígenas puedan acceder al manejo de estos medios de comunicación.
Por lo que con la propuesta que someto a su consideración, se pretende solventar esta situación.
La radio comunitaria presta un servicio social sin fines de lucro que permite a comunidades y segmentos de población marginada, mantenerse cohesionada y enterarse de los aspectos sociales, culturales y étnicos que les son propios.
Asimismo, la radio comunitaria también contribuye a la libre expresión de los distintos movimientos sociales, políticos y culturales, así como a la promoción de toda iniciativa que busque la paz, la amistad entre los pueblos, la democracia y el desarrollo. Se resume lo anterior diciendo que la radio comunitaria le da voz a aquéllos que no tienen cabida en otros medios de comunicación.
De acuerdo a información proporcionada por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, en América Latina existen alrededor de mil estaciones de radio que pueden ser consideradas comunitarias, ciudadanas, educativas y populares.
Ejercen la radiodifusión como un servicio a la comunidad y la comunicación como un derecho de todas las personas. Son el canal de expresión para los grupos vulnerables; contribuyen a la construcción de la ciudadanía y el respeto a los derechos humanos; se distinguen por ser laicas y no están vinculadas a partido político alguno.
Las radios comunitarias ejercen la labor social de comunicar a los núcleos marginados con los centros de decisión y de poder, como es el caso de los desastres naturales. Muchas de las acciones gubernamentales no habrían podido ejecutarse sin el invaluable apoyo de las radios comunitarias.
Promueven el derecho a la información que, en el caso de nuestro país, está consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política, cuando ésta señala que ``el derecho a la información será garantizado por el Estado''.
En el caso de México se tiene conocimiento de la operación de 12 emisoras en 6 estados, dando cobertura a un millón de habitantes en zonas urbano-marginales, campesinas e indígenas.
Adicionalmente, existen muchas radiodifusoras comunitarias, cuyo número no está determinado que operan en el clandestinaje, porque no están reconocidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Estas radiodifusoras tendrían que ser incluidas en el objetivo de esta iniciativa
Paradójicamente, las radiodifusoras no tienen toda la certeza jurídica para llevar a cabo su función. El Estado mexicano las reconoce pero no se han efectuado las adecuaciones legales para ejercer plenamente sus derechos.
Por el contrario, otros países han incorporado en sus respectivas legislaciones la figura de radio comunitaria. Citaremos a continuación algunos ejemplos:
En Colombia, el servicio de radiodifusión sonora es ``un servicio público de interés social y sin ánimo de lucro, es participativo y plural, con el fin de satisfacer necesidades de comunicación en el municipio o área de cobertura''.
La legislación francesa establece que las radios asociativas son servicios que tienen una misión de comunicación social de proximidad, para favorecer el intercambio entre los grupos sociales y culturales, el apoyo al desarrollo local, la protección del medio ambiente y la lucha contra la exclusión.
Es necesario incorporar a la legislación en vigor la figura de la radio comunitaria, que por su naturaleza intrínseca no persigue afanes de lucro y cumple las funciones sociales que hemos señalado en esta exposición de motivos.
La Ley Federal de Radio y Televisión en vigor, en su artículo 13, señala que existen dos formas en que el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes, concede la autorización para la operación de las estaciones de radio y televisión.
La primera se refiere a las concesiones cuando son comerciales y, por tanto, tienen un fin de lucro.
La segunda es la correspondientes a los permisos para la operación de radiodifusoras cuya naturaleza y propósito son oficiales, culturales, de experimentación y de docencia o de cualquier otra índole. El propósito de esta iniciativa es el de incluir en este apartado la figura de la radio comunitaria.
En vista de que las comunidades rurales y las arriba mencionadas no cuentan con recursos suficientes para la creación, mantenimiento y operación de sus radiodifusoras, es menester que las figuras del patrocinio, el subsidio y los donativos sirvan para financiar los conceptos citados al principio.
Para ello, proponemos modificar el artículo 25 de la ley en comento, con el fin de que los conceptos patrocinio, subsidio y donativo, se incorporen al texto para cumplir con lo asentado en el párrafo precedente.
Con base en la exposición de motivos expuesta en el proemio de este documento, nos permitimos someter ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de
DecretoArtículo Primero. Se reforman el primer y segundo párrafos del artículo 13 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:
Artículo 13. Al otorgar las concesiones o permisos a que se refiere esta ley, el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, determinará la naturaleza y propósito de las estaciones de radio y televisión, las cuales podrán ser comerciales, oficiales, culturales, de experimentación, escuelas radiofónicas, comunitarias o de cualquier otra índole.
Las estaciones comerciales requerirán concesión. Las estaciones oficiales, culturales, de experimentación, escuelas radiofónicas, comunitarias o las que establezcan las entidades y organismos públicos para el cumplimiento de sus fines y servicios sólo requerirán permiso.
Artículo Segundo. Se reforma el artículo 25 de la Ley Federal de Radio y Televisión para quedar como sigue:
Artículo 25. Los permisos para las estaciones culturales, de experimentación, para las escuelas radiofónicas y comunitarias, sólo podrán otorgarse a ciudadanos mexicanos o sociedades mexicanas sin fines de lucro
Para el efecto de financiar la creación, mantenimiento y operación de las radio comunitarias, éstas podrán recibir patrocinios, subsidios y donativos, conservando su carácter de laicidad, apartidismo y no perseguir fines de lucro.
TransitoriosÚnico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias, diputado Herrera Solís.Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
Esta Presidencia aprovecha para destacar la presencia de alumnas y alumnos del Colegio Ada, de Puebla. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.
Saludamos también al Grupo de Mujeres Líderes de la Delegación Coyoacán. Sean ustedes bienvenidas.
Se concede el uso de la tribuna al diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos...
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Se concede el uso de la tribuna al diputado José Inés Palafox Núñez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado José Inés Palafox Núñez : Buenas tardes, amigas diputadas y amigos diputados.Con el permiso de la Presidencia, someto a consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa que reforma a la Ley Federal del Trabajo, para efecto de modificar el artículo 518, con objeto de ampliar el plazo de prescripción de las acciones de los trabajadores que son separados injustamente de su trabajo.
Hay que recordar que la prescripción es la institución jurídica por la cual se adquiere el derecho o se extingue la acción para exigir el cumplimiento de un derecho por el hecho de transcurrido el tiempo. Así, ante el reclamo de un acreedor, el deudor puede liberarse del cumplimiento de las obligaciones argumentado el simple paso del tiempo. En ese caso, el derecho del acreedor a la deuda existe, pero la acción de reclamarlo judicialmente se habrá extinguido, es decir, habrá prescrito.
La presente propuesta va encaminada a todos y cada uno de aquellos trabajadores mexicanos que sufren las injusticias de aquellos patrones que aprovechándose de su ignorancia y su atención, son víctimas de abuso.
Por eso la importancia de la presente propuesta es la de reconocer y hacer valer el derecho de esos trabajadores que no cuentan con el tiempo suficiente para ser asesorados correctamente y de esta manera evitar que se les niegue el derecho de ejercitar sus acciones ante las instancias correspondientes, contando para ello con un plazo máximo de cuatro meses, término en el que se podrá en lo posible contar con el tiempo suficiente de acudir ante las autoridades competentes a efecto de hacer valer su derecho laboral y que no se les ha cubierto por sus patrones.
Es importante manifestar que en la actualidad el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo nos otorga un plazo de dos meses para hacer valer nuestros derechos laborales, plazo que en la mayoría de las ocasiones es insuficiente por no contar con una asesoría adecuada o bien por no haber confiado demasiado en su antiguo patrón que a base de mentiras se les ha hecho esperar el tiempo suficiente para que dicha acción pueda prescribir y de esa manera buscar que el trabajador no acuda ante las autoridades a ejercitar su derecho.
Compañeros, si bien es cierto que la Ley Federal del Trabajo está encaminada a la protección del trabajador, también es cierto que como integrante de la actual legislatura debemos observar nuestras leyes en beneficio de México y qué mejor manera de darle a nuestros trabajadores una garantía más en el beneficio mismo que repercutirá directamente y por supuesto, de sus familias.
No debemos permitir se sigan violando los derechos de ningún trabajador mexicano que mucho han hecho por nuestro país. Darles desde este momento opciones más acordes con la actualidad y evitar se sigan dando abusos. Es importante reconocer que en la reforma al artículo 518 de la referida ley, nuestros trabajadores mexicanos tendrán una mejor protección cuando sean separados de su empleo injustamente, a través de la ampliación del plazo de prescripción de dos a cuatro meses y de esta manera contar con el tiempo suficiente para poder ejercitar las acciones que correspondan respecto a dicha separación.
No dudemos en velar por los intereses de nuestros trabajadores mexicanos, y sigamos apoyándolos con leyes en su beneficio... para quedar como sigue el proyecto de decreto
Artículo 518. Prescriben en cuatro meses las acciones de los trabajadores que se han separado del trabajo. La prescripción corre a partir del día siguiente a la fecha de la separación.
Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado José Inés Palafox Núñez , con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, una iniciativa con proyecto de decreto de reforma a nuestra Carta Magna para modificar el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, para efectos de ampliar el plazo de prescripción de las acciones de los trabajadores que son separados de su trabajo, con base en la siguiente
Exposición de MotivosTodos los sistemas legales reconocen la influencia que el transcurso del tiempo puede tener en el ejercicio de un derecho. En esta materia existen dos enfoques. Conforme a uno de ellos, el simple paso del tiempo extingue los derechos y obligaciones; conforme al otro enfoque, como opera como una excepción contra la acción promovida por el acreedor. En este caso, los lapsos no extinguen derechos, pero operan como una excepción.
La prescripción es la institución jurídica por la cual se adquiere un derecho o se extingue la acción para exigir el cumplimiento de un derecho por el hecho del transcurso del tiempo. Así, ante el reclamo de un acreedor, el deudor puede liberarse del cumplimiento de la obligación, argumentando el simple transcurso del tiempo. En este caso, el derecho del acreedor a la deuda existe pero la acción de reclamarlo judicialmente se habrá extinguido, es decir, habrá prescrito.
La excepción se instrumenta procesalmente como una excepción, es decir, como un mecanismo de defensa procesal que el empleador demandado puede utilizar con la finalidad que la autoridad laboral declare improcedente la demanda interpuesta en su contra. De ello puede afirmarse que la prescripción tiene que ser necesariamente invocada y fundamentada por la parte demandada en el proceso, no teniendo la autoridad jurisdiccional facultades para determinar la prescripción de una acción de forma unilateral.
De esto deriva el argumento de que la prescripción es un medio de defensa que el empleador puede sustentar para el pago de determinados derechos laborales. Así, una vez transcurrido el tiempo fijado legalmente, el empleador puede negarse a cumplir con el pago de los derechos laborales adeudados, pues la acción de cobro de estos ya habría prescrito.
Existen muchas relaciones de trabajo que por diversos motivos deciden terminar, y que por ende en la mayoría de ellas, no se indemniza al trabajador de la manera como lo establece la ley; es decir, que por situaciones derivadas de la misma relación, sucede en múltiples ocasiones que el patrón, una vez que decide dar por terminada la relación laboral con responsabilidad para él, aprovechándose de la ignorancia del trabajador y sin documentos de por medio, decide indemnizar a éste de manera tal que la entrega de las cantidades correspondientes, en la mayoría de las ocasiones, va mas allá de los dos meses, lo que provoca que la acción correspondiente haya prescrito en perjuicio para el trabajador. Otro de los motivos es que, en dichas circunstancias, el patrón, aprovechándose de la supuesta amistad que tiene con el trabajador, convence de realizar dicho proceso indemnizatorio en la manera mencionada, conllevando a los mismos efectos de prescripción, afectando en directamente al trabajador.
En dichas circunstancias y por ignorancia, el trabajador se entera extemporáneamente del engaño de que fue objeto, ocasionando con ello la prescripción de cualquier acción en contra de su patrón derivada de la relación laboral, toda vez que el plazo de dos meses que actualmente otorga la ley, es muy poco para aquellos trabajadores que por determinadas circunstancias no acuden a tiempo a presentar su demanda.
Desgraciadamente en la mayoría de los casos, los patrones deciden terminar la relación laboral de una manera injusta, robándole las prestaciones a que tiene derecho cada trabajador, optando por correrlo sin tomar en cuenta los valores más esenciales de la persona, dejándolo en un estado de indefensión legal y por supuesto económica, que afectan tanto a él como a su familia en virtud del tiempo transcurrido.
En México, la Ley Federal del Trabajo establece que las acciones de trabajo prescriben en un año, sin embargo, se establecen diversas excepciones entre las que, para efectos de la iniciativa en comento, sobresalen las siguientes:
Artículo 518. Prescriben en dos meses las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo.
La prescripción corre a partir del día siguiente a la fecha de la separación.
Es menester señalar que la prescripción constituye una forma de autolimitación que el Estado se impone para perseguir los hechos debido a que un mayor plazo impide aclararlos con mayor evidencia. Es por esto que existen casos en lo que con el transcurso del tiempo se extinguen o se debilitan las pruebas del hecho punible, situación que viene a complicar la obtención de la verdad histórica de los hechos, pudiéndose originar sensibles errores judiciales.
La problemática en torno a la que versa la presente reforma tiene de fondo la intención de dar certeza a un acto jurídico, en este caso a la rescisión de una relación laboral y no a una medida que deriva de dicho acto. Es por esto que se requiere de una reforma integral del proceso laboral. Ampliar el plazo de prescripción no necesariamente resuelve el problema de evitar que el empleador engañe al trabajador, negándose a cumplir con el pago de derechos que por ley le corresponden. Si el trabajador ignora dicho plazo de prescripción podría suceder lo mismo, sea este plazo de dos meses o más, sin embargo, les daría un tiempo adicional para buscar una mejor solución a su problema.
Sin embargo, también es cierto que la disposición del artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, efectivamente llega a operar como un medio de defensa para el empleador, como bien lo señala la exposición de motivos de la iniciativa en comento, debido a que el patrón puede engañar al trabajador en lo que transcurre el cómputo de los meses establecidos en la ley y posteriormente negarse a cumplir con el pago de los derechos correspondientes.
La propuesta de ampliar el plazo de prescripción es con el fin de que el trabajador no quede desprotegido al momento en que sea separado de su empleo y cuente con el tiempo suficiente para poder ejercitar las acciones que corresponden en contra del patrón responsable. Es por eso que se propone que dicho plazo de prescripción se amplíe a cuatro meses, ya que se considera suficiente el tiempo para poder alcanzar una asesoría suficiente por parte del trabajador y de esta manera evitar los abusos de que son objetos muchos trabajadores mexicanos.
Es importante reconocer que reformando el artículo en mención, nuestros trabajadores mexicanos tendrán una mejor protección cuando sea separado de su empleo, a través de la ampliación al plazo de prescripción de dos meses a cuatro meses, y de esta manera contar con el tiempo suficiente para poder ejercitar las acciones que corresponden respecto de dicha separación.
Por el bien de los trabajadores de nuestro país, es muy importante que la presente legislatura tome en cuenta que aprobando la presente propuesta, le estaremos dando mejor protección a los derechos del trabajador en México y, por supuesto, una seguridad legal en lo futuro que repercutirá en las familias de millones de mexicanos.
Por lo antes fundado y expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de proyecto de
DecretoPrimero. Se reforma el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, para efectos de ampliar el plazo de prescripción de las acciones de los trabajadores que son separados de su trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 518. Prescriben en cuatro meses las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo.
La prescripción corre a partir del día siguiente a la fecha de la separación.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias, diputado Palafox Núñez.Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Se pospone la iniciativa presentada por el diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros .
LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Se concede el uso de la tribuna al diputado José Eduardo Ramírez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
El diputado José Edmundo Ramírez Martínez : Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Adelante, diputado.
El diputado José Edmundo Ramírez Martínez : Le informo que mi nombre no es José Eduardo; es José Edmundo, señor Presidente. Y a sus órdenes estoy.El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Muy bien, diputado José Edmundo. Está bien.
El diputado José Edmundo Ramírez Martínez : La cantidad de remesas enviadas a México representa un monto importante del total de las divisas que recibe la economía nacional, a tal grado que la economía mexicana se ha vuelto dependiente de este flujo monetario.
Podemos señalar que el año pasado el envío de remesas ascendió a más de 25 mil millones de dólares, monto que equivale a cerca de 70 por ciento de las exportaciones del petróleo, 116 por ciento del superávit comercial del sector petrolero, cerca del 100 por ciento del superávit del sector maquilador, 190 por ciento de los ingresos por viajeros internacionales, 3 por ciento del producto interno bruto y 130 por ciento de la inversión extranjera directa.
Los datos anteriores nos dan una idea más clara de la importancia que representan las remesas para la economía nacional. Asimismo, cabe mencionar que de 2003 a 2006 las remesas crecieron en un promedio de 20 por ciento anual, mientras que durante 2007 estas remesas reportaron una desaceleración considerable.
Un indicio de la importancia que tienen las remesas para disminuir la pobreza de nuestro país es el hecho de que los municipios que reciben el mayor número de éstas por habitante son rurales, y municipios altamente marginados.
Teniendo el dato que de 30 por ciento de las remesas totales que llegan a nuestro país, éstas llegan a más de 500 municipios, todos éstos con altos o muy altos niveles de marginación.
Las remesas sin duda son el medio por el cual los trabajadores mexicanos en el exterior buscan el bienestar de sus hogares en México. Si bien el impacto de las remesas en los hogares es por lo general positivo, desde un punto de vista intertemporal y de desarrollo local, regional y nacional, una estrategia basada en las remesas no es el mejor escenario para el desarrollo de México, ya que éstas no debieran de ser parte importante en el avance de nuestra economía nacional.
Hoy vemos con gran desaliento que la política implementada por el gobierno federal no ha atendido uno de los principales problemas que afectan a nuestros connacionales en Estados Unidos y a sus familias aquí en México: el abuso en el envío y pago de remesas.
La importancia de las remesas en la economía nacional se manifiesta tanto en la balanza de pagos como en las diversas regiones del país que se caracterizan por su alta emigración internacional.
En dos años se ha duplicado la presencia de los establecimientos comerciales o de las tiendas enganchadoras que son nuevas y modernas tiendas de raya, pese que se han denunciado los cobros excesivos y la manipulación del tipo de cambio que realizan las empresas prestadoras de este servicio en nuestro país y que representan una pérdida hasta de más de 20 por ciento del total de las remesas. Poco se ha hecho para dar solución a este conflicto.
La presente iniciativa prevé mitigar los abusos cometidos por casas de cambio y empresas dedicadas al pago de remesas en contra de los usuarios que reciben el dinero enviado por nuestros connacionales a México, y con ello, brindar atención a las demandas más sentidas de la población rural y dependiente de dichos recursos.
Ya es tiempo de poner un alto a las grandes compañías norteamericanas y a sus socios aquí en México, que siguen obteniendo las ganancias extraordinarias que actualmente perciben, sobre todo si no se establece una reglamentación adecuada para el pago de remesas.
Debemos estar conscientes, compañeros legisladores, de que resulta difícil regular esta clase de servicios. Sin embargo, con el consenso de todos los legisladores y de todas las fracciones parlamentarias podremos plantear un mecanismo que reduzca los costos de envío, y que ofrezca a las familias mexicanas el pago de las remesas como un pago a mejor precio, sin afectar a la economía y el trabajo de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.
La reducción de los costos de transacción sería una ayuda significativa para todas las familias mexicanas y, por ende, para el bienestar de las mismas.
Por lo señalado se somete a consideración de este pleno, compañeros diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Protección al Consumidor. Y, señor Presidente, en vista de que el tiempo ya es poco y que esta presente iniciativa esta suscrita en la Gaceta Parlamentaria, solamente voy a hacer el comentario final.
Este decreto que proponemos, precisamente adiciona a la Ley Federal de Protección al Consumidor la fracción V, donde hasta este momento, pareciera increíble, pero la Ley Federal de Protección al Consumidor no prevé los servicios que prestan las casas de cambio y centros cambiarios para protección a los consumidores, para protección a los familiares de los migrantes.
También, compañeros legisladores, estamos previendo adicionar el capítulo VIII Ter, donde se especifica y se regulan las operaciones de estos centros cambiarios y casas de cambio.
Es cuanto, señor Presidente. Y solicito a usted que le dé seguimiento legislativo a esta iniciativa presentada.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado José Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito diputado federal José Edmundo Ramírez Martínez , integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción II del artículo 2o., y se adicionan: la fracción V al artículo 2o., un capítulo VIII Ter, los artículos 76 Ter I, 76 Ter II, 76 Ter III, 76 Ter IV, 76 Ter V, 76 Ter VI y un artículo 127 Bis, correspondiente a la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Exposición de MotivosDurante los últimos veinte años, el fenómeno de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos de América se ha incrementado de manera preocupante, ello derivado de la falta de oportunidades, por lo que la alternativa es viajar en busca del ``sueño americano'', que les permita subsanar sus carencias y necesidades.
Los últimos datos obtenidos a través de la aplicación del censo poblacional realizado en Estados Unidos reconocen la existencia de 9.2 millones de residentes de origen mexicano, es decir 29.5 por ciento del total de inmigrantes viviendo en EU. Alrededor de 3.9 millones de hogares en Estados Unidos (3.5 por ciento del total) son encabezados por mexicanos.
El objetivo de emigrar, es con el fin de poder encontrar un empleo que les permita obtener un ingreso en dólares, el cual es enviado a sus familias que radican en el país.
La cantidad de remesas enviadas a México representa un monto importante del total de las divisas que recibe la economía nacional, a tal grado que la economía mexicana se he vuelto dependiente de ese flujo de divisas.
Podemos señalar que el año pasado, el envío de remesas ascendió a mas de 23 mil millones de dólares, monto que equivale al 66 por ciento de las exportaciones de petróleo crudo, 116 por ciento del superávit comercial del sector petrolero, 95 por ciento del superávit del sector maquilador, 190 por ciento de los ingresos por viajeros internacionales, 2.7 por ciento del PIB y 128 por ciento de la inversión extranjera directa. Los datos anteriores nos dan una idea más clara de la importancia que representan las remesas para la economía nacional.
Asimismo, cabe mencionar que de 2003 a 2006, las remesas crecieron en promedio 19 por ciento por año, mientras que durante posprimeros siete meses de 2007, el crecimiento reportó una desaceleración.
Un indicio de la importancia que tienen las remesas para disminuir la pobreza en nuestro país, es el hecho de que los municipios que reciben el mayor número de éstas por habitante, son rurales y altamente marginadas, teniendo el 29 por ciento de las mismas como destino a 492 municipios con niveles altos o muy altos de marginación, representando al 8.6 por ciento de la población mexicana.
Las entidades federativas que más reciben ingresos por remesas como proporción de su PIB son, Michoacán y Zacatecas, seguidos por entidades que no tienen tradición migratoria, como Oaxaca y Guerrero. Es de destacar que en Michoacán la proporción de remesas es de alrededor del 15 por ciento con respecto al PIB estatal.
Las remesas, sin duda, son el medio por el cual los trabajadores mexicanos en el exterior buscan el bienestar de sus hogares en México. Las mujeres y hombres mexicanos en el exterior, utilizan las remesas para incrementar el consumo, resolver problemas de salud, invertir en educación e inclusive en el desarrollo de sus comunidades de origen.
Si bien el impacto de las remesas en los hogares es por lo general positivo, desde un punto de vista intertemporal y de desarrollo local, regional y nacional, una estrategia basada en las remesas no es el mejor escenario para el desarrollo de México, ya que éstas no debieran ser parte importante en el avance de la economía nacional.
La actual política migratoria con los Estados Unidos valora la posibilidad de un acuerdo bilateral para establecer políticas que faciliten el trabajo de los migrantes mexicanos, y en este sentido proteger sus derechos humanos.
Desde hace varias décadas se ha insistido en la necesidad de una política pública amplia, coherente y con efectos de largo plazo sobre este problema bilateral, al que es posible definir en términos generales como los abusos a los trabajadores y las injusticias de todo tipo que sufren miles de migrantes mexicanos, especialmente los indocumentados, al trasladarse a Estados Unidos, durante su estancia, cuando envían sus remesas y al regresar a México.
Actualmente vemos con gran desaliento, que la política implantada por el gobierno federal no ha atendido uno de los principales problemas que afectan a nuestros connacionales en los Estados Unidos y a sus familias, es el envío y pago de remesas.
Los cambios en el patrón migratorio entre México y Estados Unidos y las transformaciones en el sistema de envío de remesas dieron lugar a un incremento considerable de dichas transferencias.
La importancia de las remesas en la economía nacional se manifiesta tanto en la balanza de pagos como en las diversas regiones del país que se caracterizan por su alta emigración internacional. En dos años, se duplicó la importancia de los establecimientos comerciales como Elektra, que es con mucho la intermediaria mexicana más importante en estas transferencias en asociación con Western Union.
Pese a que se han denunciado los cobros excesivos y la manipulación del tipo de cambio que realizan las empresas prestadoras de este servicio en nuestro país y que representan una pérdida aproximada de 20 por ciento del total de las remesas, poco se ha hecho para dar solución a este conflicto.
La presente iniciativa prevé mitigar los abusos cometidos por casas de cambio y empresas dedicadas al pago de remesas, en contra de los usuarios que reciben el dinero enviado por nuestros connacionales a México, y con ello brindar atención a las demandas más sentidas de la población rural y dependiente de dichos recursos.
Ya es tiempo de poner un alto a las grandes compañías estadounidenses y sus socios mexicanos que siguen obteniendo las ganancias extraordinarias que actualmente perciben, sobre todo si no se establece una reglamentación adecuada para el pago de remesas.
Debemos estar conscientes de que resulta difícil regular esta clase de servicios, sin embargo, con el consenso de todos los legisladores, podremos plantear un mecanismo que reduzca los costos de envío y que ofrezca a las familias mexicanas el pago de las remesas a un mejor precio, sin afectar a la economía y el trabajo de los migrantes mexicanos.
Normalmente las remesas son transferencias de un individuo o familiar bien intencionado para satisfacer necesidades bien específicas de otra persona o familia y tienden por ello a reducir la pobreza. Los estudios del Banco Mundial basados en encuestas de hogares en los años noventa, indican que las remesas internacionales contribuyeron a que la pobreza bajara.
Sin duda alguna, las remesas pueden servir como capital para emprender o activar pequeños negocios y actividades empresariales, o también contribuir al pago de importaciones y del servicio de la deuda externa.
Los flujos de remesas tienden a ser más estables que los flujos de capital y a tener un ciclo opuesto al de la economía; aumentan durante su fase descendiente o tras una catástrofe natural en los países de origen de los emigrantes, cuando los flujos de capital muestran una tendencia descendente. En los países que sufren conflictos políticos, las remesas a menudo son una ayuda vital para los pobres.
En suma, la reducción de los costos de transacción sería una ayuda significativa para las familias mexicanas y por ende para el bienestar de las mismas. Por lo anteriormente señalado, se somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de:
DecretoPrimero. Se modifica la fracción II y se adiciona una fracción V al artículo 2 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:
Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, se entiende por Proveedor:
Segundo. Se adicionan un capítulo VIII Ter, los artículos 76 Ter I, 76 Ter II, 76 Ter III, 76 Ter IV, 76 Ter V, 76 Ter VI y un artículo 127 Bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar como sigue:
Capítulo VII Ter De las Operaciones en Centros Cambiarios y Casas de Cambio (Remesas)Artículo 76 Ter I. El presenta capítulo contiene los lineamientos generales aplicables a las relaciones entre proveedores y consumidores al servicio que se prestan en los centros cambiarios y casas de cambio.
Artículo 76 Ter II. Los proveedores que deseen ofrecer el servicio de pago de remesas deberán estar debidamente constituidos conforme a los lineamientos establecidos en la legislación general vigente en materia financiera y de protección de servicios, contar con su registro en hacienda y cumplir con los ordenamientos federales y estatales a su operación y funcionamiento.
Artículo 76 Ter III. Se requerirá de la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la certificación de los ordenamientos señalados en el artículo anterior, previo inicio de la operación del servicio en materia de remesas.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores determinará los criterios generales a que deberán sujetarse los proveedores que desean prestar el servicio del pago de remesas con el objetivo de obtener la autorización correspondiente.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores determinará el número de proveedores en una ciudad o localidad, previo análisis de la ubicación geográfica y del tamaño de la población esto con la finalidad de que sean suficientes y equitativas en sus operaciones.
Artículo 76 Ter IV. La Procuraduría, en el ámbito de sus atribuciones, tendrá la obligación de publicar, a través de los medios de comunicación, la lista de proveedores que presten el servicio de pago de remesas. Dicho listado deberá contener como mínimo la razón social y el domicilio del proveedor.
En caso de cambio de domicilio o por cancelación o término de la concesión, la Procuraduría deberá hacer públicas las modificaciones realizadas.
Artículo 76 Ter V. Al momento de efectuar el pago de remesas, los proveedores deberán cumplir con lo establecido en los artículos 7 Bis y 12 de esta ley. Asimismo deberá incluirse el tipo de cambio al momento de la transacción y las deducciones aplicadas.
Artículo 76 Ter VI. Los proveedores quedan obligados realizar el pago de las remesas de forma inmediata, completa y sin ningún condicionante a los destinatarios de las mismas, sin excusarse por falta de efectivo y conforme al periodo de tiempo contratado por el remitente.
Queda prohibida la presión, inducción o cualquier acción encaminada a sustituir el pago de las remesas en moneda nacional por el pago en especie de cualquier tipo de bien.
Artículo 127 Bis. Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 76 Ter II, 76 Ter III, 76 Ter IV, serán sancionadas con una multa de diez a veinte mil salarios mínimos vigentes.
Adicional a la multa anteriormente señalada, la Procuraduría proporcionará al consumidor la asesoría legal que le permita hacer efectivos sus derechos en materia de pago de remesas.
TransitoriosPrimero. Quedará sin efecto cualquier disposición que se oponga al presente ordenamiento.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Tercero. La reglamentación y normatividad en la materia, deberá adecuarse en un plazo no mayor de 30 días naturales, una vez publicado en el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.
Cuarto. Las empresas dedicadas al pago de remesas contarán con un plazo no mayor de 30 días naturales para adecuarse a la normatividad correspondiente y subsanar sus deficiencias.
Quinto. La Procuraduría Federal del Consumidor deberá publicar en un periodo no mayor de 60 días naturales la lista de los proveedores autorizados que presten el servicio del pago de remesas.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias.Túrnese a la Comisión de Economía.
LEY GENERAL DE SALUD
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Se concede el uso de la tribuna a la diputada Lorena Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 324 de la Ley General de Salud.
La diputada Lorena Martínez Rodríguez : Con su permiso, ciudadano Presidente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Adelante, diputada.
La diputada Lorena Martínez Rodríguez : Compañeras diputadas y compañeros diputados, la presente iniciativa que reforma el artículo 324 de la Ley General de Saludes una iniciativa complementaria de la anterior que presentamos hace unos momentos, para reformar y dar mayor fortaleza a lo que hoy es el Centro Nacional de Trasplantes y transformarlo en el Instituto Nacional de Trasplantes.Esta iniciativa tiene un propósito fundamental, un propósito esencial, que es eliminar y facilitar el proceso de donación de órganos en nuestro país.
La salud es definida por la Organización Mundial de la Salud no sólo como ``ausencia de infecciones o enfermedades'', sino como ``un estado de completo bienestar físico, mental y social''.
La salud es también reconocida en la Declaración de Alma-Alta de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria a la Salud como ``un derecho humano fundamental, un objetivo social; cuya realización requiere la intervención de otros muchos sectores sociales y económicos, además del sector salud''.
En la actualidad, la salud se erige en uno de los derechos humanos más importantes de la llamada ``segunda generación''; es decir, de los ``derechos humanos sociales''.
Nuestra Constitución reconoce el derecho a la salud en el artículo 4o., al señalar que: ``toda persona tiene derecho a la protección de la salud'', lo que implica que se impone al Estado la obligación de proteger convenientemente la salud mediante la organización y puesta en funcionamiento de los medios que se consideran necesarios para acceder a ella.
En este sentido se han logrado importantes avances para incorporar a la atención de la salud de los mexicanos el progreso en ciencia y tecnología.
Los trasplantes de órganos y tejidos constituyen el avance terapéutico más importante en el campo de las ciencias de la salud del último medio siglo. Su logro ha involucrado a prácticamente todas las especialidades de la medicina moderna.
A nivel mundial, se han conseguido resultados que pueden considerarse espectaculares, lo que ha trascendido en un significativo incremento en la práctica de trasplantes en casi todos los países del mundo, destacando fundamentalmente el papel de España, Australia, Suecia, Suiza, Alemania, Francia y Dinamarca.
En los últimos años, los trasplantes de donantes que han perdido la vida han aumentado en todo el mundo, con un promedio de donación de 18 donantes por cada millón de habitantes de población en Europa, 22 donantes por cada millón de personas en Estados Unidos, de 8 a 10 en Latinoamérica, 2 a 4 donantes por millón de personas en el Oriente Medio. Desde 1991, España ocupa un lugar preferencial en el mundo al ocupa el primer lugar en número de donantes por millón de población, y en el caso de 2005 tuvo una tasa de 35.1 donantes por persona de población.
Sin embargo, estas cifras son insuficientes para suplir la creciente demanda de órganos. En el caso de nuestro país, la necesidad de donantes es alrededor de 93 donantes por millón de personas, si se toma en cuenta que en las actuales listas de espera 10 mil 135 pacientes están en condiciones óptimas para ser trasplantados y nuestra población es de 108 millones de habitantes. No obstante lo anterior, sólo hay 7 donantes por millón de personas.
En el caso de los trasplantes de órganos, tejidos y células se presentan ahora como invaluables oportunidades para aquellos padecimientos crónico-degenerativos cuya consecuencia es la insuficiencia de algún órgano, y representan en la mayoría de los casos la única alternativa terapéutica que no sólo resuelve la falla orgánica, sino que conserva la vida del sujeto en condiciones cercanas a 100 por ciento de la normalidad. Conscientes de los avances en esta área de la salud, es que estamos impulsando esta reforma de carácter importante.
En México se está realizando un aproximado de 10 mil trasplantes al año en 248 hospitales del sector salud habilitados especialmente para ello. En 2006 se realizaron 9 mil en un total, incluyendo órganos y tejidos; en 2007 fueron 8 mil 270, según cifras oficiales.
Destaca que los trasplantes realizados en 2006, menos de mil 300 fueron de donadores fallecidos y para 2007 fueron menos de mil 200 los que decidieron donar después de la vida. Así, podemos ver que la labor de los avances científicos y tecnológicos en el campo de la medicina, cuyo principal objetivo es conservar la vida y la salud de las personas se ve obstaculizada por la desinformación y el desinterés en materia de trasplantes.
Esta situación nos refleja también que no encontramos o no tenemos condiciones legales que no promuevan la donación después de la muerte y con las propias trabas que nos ponemos como sociedad por cuestiones culturales y religiosas.
Con esta iniciativa buscamos actualizar nuestra legislación para hacer más viable la donación de órganos de personas fallecidas bajo un procedimiento en el que sólo sea oponible la negativa expresa del difunto o de su familia.
Una vez diagnosticada la muerte del posible donante, los órganos comienzan a sufrir un proceso de deterioro que los puede volver inútiles para el trasplante. Por tanto, cada minuto es vital. Los equipos médicos dependen del consentimiento familiar para poder poner en marcha el proceso que culmine en el trasplante de los órganos que den vida y salud a los pacientes terminales inscritos en las listas de espera.
El objetivo que persigue la extracción de un órgano es conseguir un órgano viable sin lesionarlo y preservarlo hasta su implante.
Hoy día esto se logra gracias a los avances en la técnica quirúrgica de extracción multiorgánica y el empleo de soluciones de preservación frías a cuatro grados centígrados que difieren en su composición según el órgano por extraer. Así, se consigue mantener viable un corazón durante 4 horas, un pulmón entre 7 y 8 horas, un hígado entre 12 y 18 horas y un riñón o un páncreas hasta por 24 horas.
La reforma de la Ley General de Salud publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2000 incorporó a la ley vigente en materia de donaciones y trasplantes, y se incorporaron disposiciones generales y definiciones para el ``control sanitario de las disposiciones de órganos, tejidos, células y cadáveres de seres humanos'', para quedar como ``donaciones, trasplantes y pérdida de la vida''.
Con esta reforma se hizo posible la extracción de órganos, tejidos o células cuando:
1. La persona fallecida hubiera expresado en vida y por escrito su conformidad.
2. No lo hubiere expresado y requeridos los familiares en el orden previsto en la ley no expresaran su oposición.
No obstante lo anterior, el actual marco jurídico imposibilita la donación, pues no establece la posibilidad de iniciar labores de preparación de los cuerpos para donación en tanto no se tenga la no oposición familiar, debido a que en muchas ocasiones cuando se obtiene ya no es posible la donación porque el órgano ha perdido su utilidad; inclusive entra en estado de descomposición.
Hay que regresar al espíritu de la iniciativa de 2000, que considera la posibilidad de que toda persona, una vez fallecida, fuera un potencial donante cuando no constara su oposición e incluso cuando no fuera posible la práctica del requerimiento a sus familiares.
Así pues, la acción fundamental de esta reforma será desarrollar una labor de sensibilización en la comunidad médica y en general, para disminuir el estigma que por años ha prevalecido sobre la donación y trasplante de órganos y tejidos con el fin de alcanzar una actitud positiva en la sociedad, a través de otorgar una mejor calidad en la atención del enfermo con insuficiencia orgánica; realizar un diagnóstico y ofrecer una oportunidad temprana de trasplante de órganos y tejidos.
De tal manera, reformamos el artículo 324 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 324. Habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, siempre y cuando no se obtenga la negativa expresa de alguna de las siguientes personas: el cónyuge o la cónyuge, pareja permanente, concubinario o concubina; ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, adoptante o adoptado, conforme a la prelación señalada.
Adicionamos tres párrafos, señor Presidente, que nos permitirían que en ausencia de las personas mencionadas sea el juez civil de competencia territorial del lugar de la extracción quien deberá expedir el permiso dentro de las seis horas de producido el deceso.
En tal virtud, pongo a su consideración, señor Presidente, la presente iniciativa para que sea turnada a la comisión correspondiente, solicitando de la misma forma que se turne al Centro de Estudios de Finanzas Públicas para que realice el estudio de impacto presupuestal. Es cuanto, señor Presidente.
«Iniciativa que reforma el artículo 324 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del PRI
Lorena Martínez Rodríguez , diputada federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución General de la República; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 324 de la Ley General de Salud, con arreglo a la siguiente
Exposición de MotivosSalud es definida por la Organización Mundial de la Salud no sólo como la ausencia de infecciones o enfermedades sino como ``un estado de completo bienestar físico, mental y social''. La salud es también reconocida en la Declaración de Alma-Alta de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria a la Salud 1 como ``un derecho humano fundamental, un objetivo social (...) cuya realización requiere la intervención de otros muchos sectores sociales y económicos, además del sector salud''.
En la actualidad, la salud se erige en uno de los derechos humanos más importantes de la llamada ``segunda generación''; es decir, de los ``derechos humanos sociales''.
La Constitución reconoce el derecho a la salud en el artículo 4o., al señalar que ``toda persona tiene derecho a la protección de la salud'', lo que implica que se ``impone al Estado la obligación de proteger convenientemente la salud mediante la organización y puesta en funcionamiento de los medios que se consideran necesarios para acceder a ella''. 2 Se han logrado importantes avances para incorporar a la atención de la salud de los mexicanos el progreso en ciencia y tecnología.
Los trasplantes de órganos y tejidos constituyen el avance terapéutico más importante en el campo de las ciencias de la salud del último medio siglo. Su logro ha involucrado a prácticamente todas las especialidades de la medicina moderna.
A escala mundial, se han conseguido resultados que pueden considerarse espectaculares, lo que ha trascendido en un significativo incremento en la práctica de trasplantes en casi todos los países, destacando el papel de España, Australia, Suecia, Suiza, Alemania, Francia y Dinamarca.
En los últimos años, los trasplantes de donantes que han perdido la vida han aumentado en todo el mundo, con un promedio de donación de 18 donantes por cada millón de población (d/pmp) en Europa, 22 d/pmp en Estados Unidos, 8 a 10 en Latinoamérica y 2 a 4 d/pmp en Oriente Medio. Desde 1991, España ocupa un lugar preferencial en el mundo: ocupa el primer lugar en número de donantes por millón de población. Para 2005 tuvo una tasa de 35.1 d/pmp.3
Sin embargo, estas cifras son insuficientes para suplir la creciente demanda de órganos. En el caso de nuestro país, la necesidad de donantes es alrededor de 93 d/pmp, si se toma en cuenta que en las actuales listas de espera 10 mil 135 pacientes están en condiciones óptimas para ser trasplantados y nuestra población es de 108 millones 700 mil 891 habitantes. No obstante, solo hay 7 d/pmp.
En el caso de los trasplantes de órganos, tejidos y células, se presentan ahora como invaluables oportunidades para los padecimientos crónico-degenerativos cuya consecuencia es la insuficiencia de algún órgano, y representan en la mayoría de los casos la única alternativa terapéutica que no sólo resuelve la falla orgánica o tisular, sino que conserva la vida del sujeto en condiciones cercanas a 100 por ciento de la normalidad.
Conscientes de los avances en esta área de la salud y de la responsabilidad ante los mexicanos, a lo largo de los últimos años se dieron las condiciones legales y materiales que culminaron con la creación del Consejo Nacional de Trasplantes y el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), que han abierto para la medicina de nuestro país una nueva etapa, que en el corto plazo integrará esfuerzos destinados a este campo, optimizando los recursos existentes y otorgando una respuesta eficiente, equitativa y justa a los miles de mexicanos que han puesto su esperanza de vida en un trasplante de órganos.
En México se está realizando un aproximado de 10 mil trasplantes al año en 248 hospitales del sector salud acondicionados especialmente para ello. 4 En 2006 se realizaron 9 mil 49 en total, incluyendo órganos y tejidos, y para 2007 fueron 8 mil 270, según cifras del Cenatra. 5
De los trasplantes realizados en 2006, menos de mil 300 fueron de donadores fallecidos y para 2007 fueron menos de mil 200 los que decidieron donar después de la vida. Así, podemos ver que la labor de los avances científicos y tecnológicos en el campo de la medicina, cuyo principal objetivo es conservar la vida y la salud de las personas, se obstaculiza por la desinformación y el desinterés en materia de trasplantes.
En esta época, en la cual parece que nada puede sorprender a nuestra sociedad, cambiar un órgano deteriorado o inservible por otro sano continúa teniendo un impacto de gran magnitud en la ideología de las personas.
Aunque contamos con la infraestructura necesaria para realizar los trasplantes, no se pueden obtener los órganos necesarios para devolver la salud a los pacientes, que muchas veces mueren en la espera.
Esa situación refleja que nos encontramos con condiciones legales que no promueven la donación después de la muerte y con las propias trabas que nos ponemos como sociedad por cuestiones culturales y religiosas.
Con esta iniciativa buscamos actualizar la legislación para hacer más viable la donación de órganos de personas fallecidas mediante un procedimiento en el que sólo sea oponible la negativa expresa del difunto o de su familia.
Una vez diagnosticada la muerte del posible donante, los órganos comienzan a sufrir un proceso de deterioro que los puede volver inútiles para el trasplante. Por tanto, cada minuto es vital; los equipos médicos dependen del consentimiento familiar para poder poner en marcha el proceso que culmine en el trasplante de los órganos que den vida y salud a los pacientes terminales inscritos en las listas de espera.
El objetivo de la extracción de un órgano es conseguir un órgano viable sin lesionarlo y preservarlo hasta su implante.
Hoy día, esto se logra gracias a los avances en la técnica quirúrgica de extracción multiorgánica y al empleo de soluciones de preservación frías (a 4º C), que difieren en su composición según el órgano por extraer.
Así, se consigue mantener viable un corazón 4 horas, un pulmón entre 7 y 8 horas, un hígado entre 12 y 18 horas y un riñón o un páncreas hasta más de 24 horas.
La reforma de la Ley General de Salud publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2000 incorporó a la ley la legislación vigente en materia de donación y trasplantes. En esa ocasión se incorporaron disposiciones generales y definiciones, modificando el Título Décimo Cuarto, ``Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos, Células y Cadáveres de Seres Humanos'', para quedar como ``Donación, Trasplantes y Pérdida de la Vida''.
Un elemento determinante de esa reforma lo constituyó la incorporación de un sistema innovador para el país que ha probado su eficacia en otras latitudes con analogías de orden sociológico y cultural. Se optó por el sistema de no constancia de oposición frente al consentimiento positivo vigente antes de 2000.
Con esa reforma se hizo posible la extracción de órganos, tejidos o células cuando
No obstante lo anterior, el actual marco jurídico imposibilita la donación, pues no establece la posibilidad de iniciar labores de preparación de los cuerpos para donación en tanto no se tenga la no oposición familiar, debido a que en muchas ocasiones cuando se obtiene ya no es posible la donación porque el órgano ha perdido su utilidad, incluso entra en estado de descomposición.
Hay que regresar al espíritu de la iniciativa de 2000 que consideraba la posibilidad de que toda persona, una vez fallecida, fuera un potencial donador cuando no constara su oposición e incluso cuando no fuera posible la práctica del requerimiento a sus familiares.
En otro orden de ideas, se considera necesario adecuar la legislación sanitaria para que el consentimiento familiar de la donación se actualice a los nuevos vínculos que reconoce el derecho civil mexicano.
En esa virtud, esta iniciativa propone que tengan potestad el cónyuge o la cónyuge, pareja permanente, concubina o concubinario, ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, adoptante o adoptado; de acuerdo con la prelación señalada.
El derecho a la salud no se alcanza sólo a través de la prestación de los servicios públicos de salud. Es un compromiso del Estado crear las condiciones de desarrollo necesarias para su plena satisfacción.
Para garantizar el acceso a esta prerrogativa, todos debemos colaborar a fin de asegurar un acceso pleno y efectivo a la salud para todos los mexicanos. Los legisladores federales podemos y debemos contribuir significativamente a esta labor, abordando el problema desde distintas perspectivas.
Esta iniciativa pretende establecer mecanismos legales que permitan hacer de toda persona un donador en potencia, para lo cual se requiere reforzar una cultura de altruismo y dar un ambiente solidario al tema de la donación de órganos, no de imposición.
La acción fundamental será desarrollar una labor de sensibilización en la comunidad médica y general para disminuir el estigma que por años ha prevalecido sobre la donación y el trasplante de órganos y tejidos, a fin de alcanzar una actitud positiva en la sociedad, a través de otorgar una mejor calidad en la atención del enfermo con insuficiencia orgánica o tisular terminal, realizando un diagnóstico y ofreciendo una oportunidad temprana de trasplante de órganos y tejidos, asegurando de igual manera la protección financiera en el proceso de trasplante.
Proyecto de DecretoArtículo Uno. Se reforma el artículo 324 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 324. Habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, siempre y cuando no se obtenga la negativa expresa de alguna de las siguientes personas: el cónyuge o la cónyuge, pareja permanente, concubinario o concubina, ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, adoptante o adoptado , conforme a la prelación señalada.
El vínculo a que se refiere el párrafo anterior será acreditado en términos de la legislación civil de la entidad federativa de que se trate.
En ausencia de las personas mencionadas precedentemente, se solicitará autorización para practicar la extracción. Será competente el juez de lo civil con competencia territorial en el lugar de la extracción, quien deberá expedirla dentro de las seis horas de producido el deceso.
De todo lo actuado se levantará el acta correspondiente y se dará vista al Ministerio Público .
El escrito por el que la persona exprese no ser donador podrá ser privado o público, y deberá estar firmado por éste, o bien, la negativa expresa podrá constar en alguno de los documentos públicos que para este propósito determine la Secretaría de Salud, en coordinación con otras autoridades competentes.
Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma para obtener dicho consentimiento.
TransitorioPrimero. El presente decreto entrará en vigor a los 30 días naturales siguientes a los de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas: 1 Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata, URSS, 6- 12 de septiembre de 1978. 2 Sánchez Cordero, Olga. ``El derecho constitucional a la protección de la salud'', ponencia en el simposio internacional Por la calidad de los servicios médicos y la mejoría de la relación médico-paciente, celebrado en el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología e Historia, en la Ciudad de México, el 9 de octubre de 2000. 3 http://www.tsf.cat/cast/donacion/home.php 3 Centro Nacional de Trasplantes: www.cenatra.gob.mx 4 http://www.cenatra.gob.mx/cnt/Grafica_tot.php?s_organo= 5 http://www.cenatra.gob.mx/rnt/Grafica_img_le_2.phpEl Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias, diputada Martínez Rodríguez.Túrnese a la Comisión de Salud.
ARTICULO 74 CONSTITUCIONAL
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Se recibió iniciativa del diputado Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : «Iniciativa que reforma el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Raúl Cervantes Andrade , del Grupo Parlamentario del PRIEl suscrito, diputado integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que le confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente
Exposición de MotivosEl Diccionario universal de términos parlamentarios dice: ``El veto es la facultad que tienen los jefes de Estado para oponerse a una ley o decreto que el Congreso le envía para su promulgación; es un acto en el que el Ejecutivo participa en la función legislativa. Esto forma parte del sistema de contrapesos entre el Ejecutivo y el Parlamento; así, mientras el presidente puede vetar la legislación, el Parlamento puede superar ese veto con voto de dos tercios de ambas Cámaras''.
El Diccionario jurídico mexicano dice: ``Conforme al inciso b) del artículo 72 de la Constitución, el presidente puede hacer observaciones a proyectos de ley que le envíe el Congreso, dentro de 10 días hábiles posteriores a aquel en que lo recibió. A esta figura jurídica se le ha denominado veto''.
De acuerdo con Emilio Rabasa, veto ``es la facultad de impedir, no de legislar, y como una ley nueva trae la modificación de la existente, la acción del veto, al impedirla, no hace sino mantener algo que ya está en la vida de la sociedad''.
El maestro Ignacio Burgoa señala que la palabra veto procede del verbo latino vetare, o sea, ``prohibir'', ``vedar'' o ``impedir''. Consiste en la facultad que tiene el presidente de la república para hacer observaciones a los proyectos de ley o decreto que ya hubiesen sido aprobados por el Congreso de la Unión; es decir, por sus dos Cámaras competentes.
También establece que el veto presidencial tiene carácter suspensivo, pues su ejercicio no significa la prohibición o el impedimento insuperable para que una ley o decreto entren en vigor, sino la mera formulación de objeciones a fin de que, conforme a ellas, vuelvan a ser discutidos por ambas Cámaras, las que puede considerarlas inoperantes, teniendo en este caso el Ejecutivo la obligación de proceder a la promulgación respectiva.
El maestro Elisur Arteaga apunta: ``En el nivel federal, el veto es una forma de colaboración entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo; a la vez, es un medio de defensa a disposición del presidente de la república, un elemento para llevar ponderación en actos de naturaleza grave, como leyes, y un instrumento en el juego de pesos y contrapesos que para establecer equilibrio entre dos poderes dispone la Constitución''.
En nuestro sistema constitucional, con excepción del caso señalado en el artículo 70 de la Carta Magna, no se utiliza la palabra veto sino la de observaciones.
Por lo anterior, el veto se constituye como un medio a través del cual el presidente está constitucionalmente facultado para intervenir en el proceso legislativo; mediante éste se introduce en la discusión de una ley que él no inició y opina sobre el proyecto del Legislativo y, como también ha sustentado la Suprema Corte, ``se hace solidariamente responsable de la función legislativa''.
Hay tres tipos de veto: el total, el parcial y el de bolsillo. En el sistema mexicano encontramos los dos primeros y en el tercero discrepan los autores, por lo que resulta necesario describirlos.
Se considera que se ejerce el veto total cuando el Ejecutivo no acepta una ley o decreto en su totalidad, regresando éste a la Cámara de origen.
En el veto parcial, también llamado en Estados Unidos ``veto por párrafos'' o ``artículos'', de acuerdo con Giovanni Sartori, ``es el que permite al presidente modificar una ley eliminando parte de ésta, cancelando disposiciones individuales. Aunque el veto parcial puede ser anulado, es el veto que los presidentes más necesitan y el que más desean''.
El veto de bolsillo, señala Sartori, ``permite a un presidente simple y sencillamente negarse a firmar una ley (así llamado porque figuradamente pone el documento en su bolsillo y se olvida intencionalmente de él). Es una clase de veto definitivo, porque no puede evitársele. Si un presidente elige no actuar, esto es, no firmar una ley, es como si la propuesta nunca hubiera existido y nadie puede hacer nada al respecto''.
Respecto al veto de bolsillo, Jorge Moreno Collado dice: ``Consiste en que si el Congreso da por concluido el periodo de sesiones antes que expiren los 10 días en que el Ejecutivo recibió la iniciativa, ésta, por no haber sido sancionada, no adquiere carácter de ley''.
En México, la Constitución prevé los vetos total y parcial en la primera parte del inciso c) del artículo 72, que señala ``el proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de origen''.
La institución del veto tiene alcances bastante limitados, pues se refiere sólo a los actos positivos del Congreso de la Unión; los negativos no son objeto de éste, pues si las Cámaras rechazan una iniciativa, no hay acto susceptible de ser sujeto de observaciones.
El veto no es permitido expresamente en la Constitución en los siguientes casos:
No son susceptibles de vetarse las acusaciones de la Cámara de Diputados, las resoluciones que emita el Senado como jurado de sentencia y las resoluciones que dicte la Cámara de Diputados cuando acuerde emitir una declaración de procedencia [artículo 72, inciso j)].
El decreto de la Comisión Permanente en virtud del cual ésta acuerde convocar a un periodo extraordinario de sesiones [artículo 72, inciso j)].
La ley que regula la estructura y el funcionamiento interno del Congreso de la Unión (artículo 70), con lo que se garantiza la independencia del Poder Legislativo. Así, aunque la Constitución no lo disponga expresamente, tampoco debe serlo el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
Por último, el veto tampoco es permitido en las reformas constitucionales porque el artículo 135 constitucional establece claramente el proceso que deberá seguir para la aprobación del órgano revisor de la Constitución, en el cual no se prevé la sanción del Ejecutivo federal en este procedimiento.
Ahora bien, con motivo de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005, el presidente de la república reclamó el ejercicio de su facultad para observar respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados; que no estuvo de acuerdo con varias reasignaciones hechas por los legisladores. 1 Esta situación tuvo que ser resuelta mediante la controversia constitucional 109/2004, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 13 de mayo de 2005.
En esa fecha, el Pleno determinó que la Constitución sí otorga facultades al presidente de la república para hacer observaciones respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación, mediante el voto de seis ministros a favor contra cinco. No obstante, la Corte determinó que la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación es un acto administrativo, pero únicamente para el ejercicio fiscal de 2005, con las siguientes implicaciones:
Por decisión de la mayoría del Pleno, la Corte no se pronunció sobre los límites que tiene la facultad de la Cámara de Diputados para modificar el proyecto del Presupuesto de Egresos que le envíe el Ejecutivo. Por ello, los ministros consideraron que por esta omisión existía la posibilidad de que, en caso de que los diputados determinaran que las observaciones no eran aceptadas, el presidente podría presentar nuevamente una controversia constitucional, pero con el argumento de que la Cámara de Diputados invadió sus funciones.
La Corte tampoco previó un mecanismo para que las partidas anuladas sean reasignadas a otros fines en caso de que no se lograra la mayoría requerida para no aceptar las observaciones del Ejecutivo. Por tanto, los ministros dejaron a la negociación entre los poderes la asignación de los recursos que fueron suspendidos.
En suma, toda vez que la Constitución no menciona de manera directa, clara y específica al respecto, las opiniones de los ministros estuvieron divididas: seis ministros concluyeron que el presidente sí tiene facultades para vetar el Presupuesto, contra cinco que consideraron que no hay razones para otorgar al presidente de la república la facultad de hacer observaciones.
Por no haber una claridad en la fracción IV del artículo 74 constitucional sobre la facultad del presidente de la república para observar respecto al Presupuesto de Egresos, es pertinente aclarar en el texto constitucional si tiene o no tiene esta facultad el titular del Ejecutivo federal.
Toda vez que el Ejecutivo federal ejerce el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados, a fin de dar certeza jurídica y claridad sobre la facultad de hacer observaciones respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobado por la Cámara baja, y a fin de fortalecer el mecanismo de coordinación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, para el beneficio de todos los mexicanos, me permito someter a la consideración de este honorable Pleno el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 74. ...
Único. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Nota: 1 El 30 de noviembre de 2004, el presidente de la república devolvió el decreto de Presupuesto de Egresos a la Cámara de Diputados con las siguientes observaciones, sustentado en el artículo 72 de la Constitución: - El decreto contenía numerosas inconsistencias y contradicciones de carácter técnico-presupuestario. - Los diputados efectuaron recortes al gasto público que afectan negativamente la operación de la administración pública federal. - Se incluyeron en el decreto disposiciones ilegales o contrarias al marco jurídico vigente. - Se establecieron mandatos de ejecución de obras específicas, invadiendo la competencia administrativa del Poder Ejecutivo federal.El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
LEY DEL SEGURO SOCIAL
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Se recibió del diputado Eduardo Ortiz Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma y adiciona la fracción I del artículo 15 de la Ley del Seguro Social.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : «Iniciativa que reforma y adiciona la fracción I del artículo 15 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Eduardo Ortiz Hernández , del Grupo Parlamentario del PANEl suscrito, Eduardo Ortiz Hernández , diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, perteneciente a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma y adiciona el artículo 15 de la Ley del Seguro Social , sujetando la misma al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEn esta etapa democrática del país, el mayor reto que tenemos los actores políticos, económicos y sociales es otorgar soluciones justas a los problemas que plantea la realidad, a los problemas que enfrentan los mexicanos. Tenemos el desafío de construir una nación de justicia y de leyes, de bienestar y progreso, de libertad y democracia.
México está inmerso en un proceso de transformaciones que no puede ni debe detenerse. Es necesario transformar a la nación, en un México más justo y más equitativo, competitivo y generador de empleos.
La consolidación democrática del país está abriendo paso a una etapa de modernidad en diversas áreas de la vida económica, política y social.
Como nunca antes, el destino de la nación dependerá de lo que los mexicanos hagamos o dejemos de hacer. La única forma de afrontar con éxito el porvenir es actuar con eficacia, donde cada uno de los mexicanos seamos protagonistas del desarrollo y donde sus beneficios lleguen a los que formamos parte de esta nación.
Objetivo prioritario es crear las condiciones necesarias para impulsar el crecimiento económico vigoroso y sustentable, que redunde en un mayor bienestar social, a través de una mayor generación de empleos, es decir, más empleos y mejor remunerados.
Pero para ello es innegable que el Estado mexicano debe apoyar la generación de empleos a través de financiamiento, apoyos para la capacitación, la comercialización e innovación tecnológica, pero también debemos de adecuar el marco jurídico que impida, limite u obstaculice la creación de mejores y mayores empresas y de más y mejores empleos.
En efecto, es imperativo que la legislación y la jurisprudencia, busquen la equidad y la justicia.
Actualmente, los empleadores mexicanos debido a una jurisprudencia se encuentran en una encrucijada. Esta jurisprudencia a la que hacemos referencia dicta lo siguiente:
Para efectos prácticos lo que esta Jurisprudencia determina, es que si un trabajador es dado de baja del Instituto Mexicano del Seguro Social se presume existió un despido injustificado, salvo prueba en contrario y será en todo momento el empleador quien tendrá que comprobar de ser llevado a juicio, que la baja de su empleado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, se debió a un hecho distinto a un despido injustificado. Lo anterior nada más apartado de la legalidad y de la equidad, que atenta precisamente contra al empresa, contra la creación de mayores empleos.
En efecto, el artículo 15 de la Ley del Seguro Social dispone:
De la forma en que actualmente esta redactado el dispositivo legal antes señalado, los patrones están obligados a reportar las bajas de los trabajadores ante el IMSS, en un plazo no mayor a cinco días hábiles posterior al día en que causó baja el trabajador.
Lo anterior suena congruente por si sólo, sin embargo no se precisa que se debe de entender por ``baja'' ni cuando debe considerarse que debe de presentarse la baja, además de que de acuerdo con la jurisprudencia antes precisada, para efectos prácticos los empleadores no pueden comunicar baja alguna de empleado alguno al Instituto Mexicano del Seguro Social, salvo que cuente con el medio probatorio idóneo de la terminación de la relación laboral, a no ser de que quiera que le finquen una carga procesal excesiva y contraria al más elemental sentido de justicia y de derecho.
Así es, hoy en día los empleadores se encuentran en una encrucijada, y en estado de indefensión, por las dos obligaciones antes señaladas: una que proviene de la ley y la otra de la jurisprudencia, ya que por un lado se obliga al patrón a comunicar una baja en un plazo determinado y por otro, se orilla u obliga ``prácticamente'' al empleador a no comunicar la baja del trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, so pena de ser sancionado procesalmente, a no ser que cuente con algún documento tipo renuncia voluntaria o terminación de la relación de trabajo por mutuo consentimiento, o acta de defunción del trabajador o algún otro documento indubitable de la terminación de la relación laboral, porque de lo contrario, dicho patrón tendrá que soportar arbitrariamente una excesivo débito procesal en juicio, como lo es la que determina la jurisprudencia en comento, de tener que probar que la causa de la baja ante el IMSS, se debió a un hecho distinto a un despido injustificado.
En las actuales circunstancias en las que se encuentran los empleadores de nuestro país, indudablemente que debido a ese débito procesal se les deja en estado de indefensión ya que se les obliga en la práctica bajo pena de ser sancionados con una carga procesal excesiva, a no dar de baja a un trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ocasionando también con ello gastos excesivos tanto al patrón como al propio Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que al no darse de baja a un trabajador ante el IMSS el patrón acumula problemas, que por señalar algunos serían:
Pero no solo le acarrea problemas esta situación al patrón, sino que también se los genera al Instituto Mexicano del Seguro Social, como:
Estas situaciones que se presentan, se hacen de manera enunciativa más no limitativa, ya que son diversos y distintos los problemas que esto genera.
En las empresas, en los organismos empresariales, en las escuelas de derecho, entre los estudiosos del derecho y también en las Juntas de Conciliación y Arbitraje del País, se recoge esta inquietud. Se observa que existe un sin numero de casos en que al patrón indebidamente por dar de baja al trabajador del IMSS, se le impone la excesiva carga procesal de demostrar que la separación de un trabajador a su empleo, fue por causas distintas a un despido injustificado, aún y cuando fue el propio trabajador el que dejó de asistir a laborar; aun cuando fue el propio trabajador el que por alguna situación o diferencia con el patrón, dejó de asistir a sus labores, o simple y sencillamente aun cuando el trabajador manifestó que renunciaba a sus labores pero no firma la respectiva renuncia por no ser su voluntad firmarla, sino solo expresar mediante palabras que renunciaba a sus labores y retirarse de su empleo.
Tener un marco jurídico justo y equitativo, es fundamental para la generación de empleos, y a su vez la generación de empleos es primera premisa para el impulso de un mayor bienestar social, ya que con empleo el ser humano se dignifica, adquiere seguridad y autoestima. Por ello debemos de poner énfasis en no obstaculizar con disposiciones arbitrarias y excesivas, a un sin numero de empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, que son las que mayor número de empleos generan en el país. Como es sabido, las grandes empresas cuentan con muchos medios a su alcance, tanto económicos como extralegales, para hacer frente a una posible eventualidad, pero generalmente no así las pequeñas y medianas empresas. Además de que el exceso de protección ha conducido irremediablemente a la desprotección.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de
Decreto por el que se reforma y adiciona la fracción I del artículo 15 de la Ley del Seguro Social
Único. Se adiciona la fracción I del artículo 15 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:
Artículo 15. Los patrones están obligados a:
Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones de carácter legal que se contrapongan con el presente decreto; y se dejan sin efecto las disposiciones de carácter administrativo que lo contravengan.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Se turna a la Comisión de Seguridad Social.
LEY GENERAL DE SALUD
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Se concede el uso de la tribuna al diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 222 de la Ley General de Salud.
El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal : Señor Presidente, para evitar que me anden correteando me quiero apegar al artículo 103 del Reglamento para el Gobierno Interior para presentar mi iniciativa. Obviamente no voy a ocupar los 30 minutos, pero para hacerlo con mayor tranquilidad.El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Diputado Mayans, no aplica en este sentido su solicitud, puesto que éste no es un tema de discusión. Le solicito que se ajuste a los cinco minutos que tenemos para cada uno de los oradores.
El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal : Le voy a leer el 103. Dice: ``Los discursos de los individuos de la Cámaras sobre cualquier negocio, no podrán durar más de media hora, sin permiso de la Cámara''. Me apego al Reglamento para el Gobierno Interior.
Le repito, no voy a tardar los 30 minutos, pero para no andar a las prisas, porque luego no se entiende. De por sí no hay ni diputados en el pleno. ¿A quién le voy a hablar? Al Espíritu Santo solamente, pero bueno. Al pueblo que nos está viendo en las cámaras sí me dirijo a él con mucho cariño.
El diputado José Rubén Escajeda Jiménez (desde la curul): ¿Entonces qué pasa con las instituciones?
El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal : Ah, perdón. No traigo mis gafas. Mis respetos.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Permítame, diputado.
No puede usted hacer diálogo con los compañeros diputados. Voy a solicitarle a la Secretaría que lea el artículo número 103 del Reglamento para el Gobierno Interior y el capítulo donde está inscrito; el capítulo de las discusiones.
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : Capítulo de las discusiones. Artículo 103. ``Los discursos de los individuos de las Cámaras sobre cualquier negocio no podrán durar más de media hora, sin permiso de la Cámara''.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Luego entonces, el asunto como no es de discusión, le ruego, diputado, que nos acotemos a los cinco minutos. Por supuesto, estoy dando, incluso, tolerancia cuando rebasan éstos cinco minutos.
El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal : Nada más le aclaro que dice ``los discursos de los individuos de la Cámara sobre cualquier negocio''. Entonces a ver, un bote de basura. Vamos a tirar el reglamento en el bote de basura y vámonos a lo que digan ustedes. Así pasa con la Constitución también. Nos la pasamos por donde no nos da el sol y luego nos quejamos.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, con todo el debido respeto, muchas gracias por su atención.
En noviembre de 2007 me permití registrar una proposición con punto de acuerdo para que el pleno de esta Cámara de Diputados la considerara y aprobara como de urgente u obvia resolución, a fin de que esta soberanía manifestara su rechazo enérgico a cualquier pretensión por parte del Poder Ejecutivo federal, para eliminar el requisito de planta como parte del proceso de autorización para la importación de medicamentos.
Segundo. Exhortar a dicho poder para que se buscaran los mecanismos jurídicos que impidan la entrada riesgosa de medicamentos para la salud, a consecuencia de la pretendida flexibilización de las medidas sanitarias.
Y exhortar a la Secretaría de Salud a modificar el anteproyecto de decreto presidencial por el que se adiciona el artículo 168 del Reglamento de Insumos para la Salud que pretendía eliminar el requisito de planta para permitir la importación de medicamentos, sin exigir que el comercializador cuente con licencia de fábrica o laboratorio en territorio nacional, con la salvedad de acreditar a un representante legal domiciliario.
Dicha proposición la formulé consciente del grave riesgo para la salubridad general y para la seguridad nacional. Constituye la eliminación de este requisito de planta.
En razón de las modificaciones al Reglamento de Insumos para la Salud que se publicaron el 2 de enero de 2008 y que en ellas no se incluyó la eliminación del artículo 168; y como se había planteado en el anteproyecto que las Secretarías de Salud y de Economía sometieron a contusa pública, en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria ---la Cofemer--- en un proceso que concluyó el 12 de octubre de 2007, las comisiones dictaminadoras a las que fue turnada esta proposición seguramente la darán como atendida y, por ende, como un asunto plenamente concluido.
Sin embargo, para la trascendencia del tema en esta Cámara no debe quitarse el dedo del renglón, ya que en la actualidad aproximadamente 70 laboratorios importan medicinas de China, India y otros países. Además de que dicha importación la realizan tanto las empresas trasnacionales como otras de capital nacional que tienen acuerdos con compañías extranjeras para traer a nuestro territorio medicamentos.
Como sabemos, el requisito de planta establecido en el artículo 168 del Reglamento de Insumos para la Salud señala que para ser titular del registro sanitario de un medicamento se requiere contar con licencia sanitaria de fábrica o laboratorio de medicamentos o productos biológicos para su uso humano.
Por lo que dicho requisito básicamente consiste en una obligación de instalar una fábrica o laboratorio en territorio mexicano para que las empresas nacionales o extranjeras comercialicen medicamentos en nuestro país.
Respecto de los antecedentes sobre la pretensión de eliminar esta importante figura o instrumento para garantizar la salud pública en el uso y consumo de medicamentos, cabe recordar que el 4 de diciembre del año 2000 el Senado de la República aprobó la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre México, Guatemala y Honduras, los países del llamado ``Triángulo del Norte''.
Dicho tratado entró en vigor el 15 de marzo de 2001, produciendo una intensa y fructífera relación comercial entre México y el Triángulo del Norte.
No obstante el mutuo beneficio comercial, El Salvador y Honduras solicitaron la instalación de un panel de controversia comercial contra México argumentando que por supuesto incumplimiento de compromisos asumidos mediante cartas de entendimiento entre las partes, conocidas como ``cartas paralelas'', que tenían el objetivo de flexibilizar la legislación sanitaria y facilitar a los fabricantes de medicamentos de El Salvador, Honduras y Guatemala, la comercialización de esos productos en nuestro territorio.
Señores, las cartas paralelas fueron firmadas por Herminio Blanco, el entonces secretario de Comercio y Fomento Industrial el mismo día que el Tratado. Y fueron enviadas a los ministros de economía de los países del Triángulo del Norte. En ellas se establecen tres entendimientos a saber.
Primero. Las partes acuerdan no hacer más estricto sus procedimientos para otorgar el registro sanitario.
Segundo. México publicará en un plazo no mayor a dos años, a partir de la entrada en vigor del Tratado, las reformas necesarias para permitir que los fabricantes de medicamentos de El Salvador, Guatemala y Honduras, directamente o por conducto de sus comercializadores o distribuidores, puedan solicitar, y, en caso de cumplir con los requisitos establecidos en la legislación nacional, obtener el registro de medicamentos en condiciones que garanticen el trato nacional de conformidad con el artículo 15-10 del tratado.
Tercero. Estos requisitos serán otorgados a los fabricantes arriba señalados o a sus comerciantes o distribuidores, asegurando que no se disminuya la protección que actualmente existe a la vida o a la salud humana y tomando en cuenta los resultados que dentro de esta materia se alcancen en los organismos internacionales o regionales correspondientes.
De esta forma el 17 de mayo de 2004, a solicitud firmada por el ministro de Economía de El Salvador, se presentó ante el entonces secretario de Economía de México, Fernando Canales, a través de la embajada salvadoreña, la petición formal a México para el establecimiento de un panel arbitral para solventar la controversia en torno al ingreso de los medicamentos salvadoreños al mercado mexicano.
Conforme a lo anterior, la República de Honduras delegó a El Salvador, mediante comunicación suscrita el 19 de mayo de 2005, la representación común de las partes reclamantes para el proceso de integración del Tribunal Arbitral.
El 1 de junio El Salvador informó a México que asumiría la representación común para el proceso de integración del Tribunal Arbitral.
Así, el 15 de agosto de 2005 se logró un acuerdo con México para la designación del presidente y de los miembros del Tribunal Arbitral, quienes una vez aceptado el arbitraje, iniciarían la revisión de los alegatos y se establecerían las fechas par alas audiencias respectivas.
Las partes reclamantes solicitaron al Tribunal Arbitral, que se determinará el incumplimiento de la obligación asumida por los Estados Unidos Mexicanos en el sentido de publicar las reformas necesarias para permitir que los fabricantes de medicamentos de estos países, directamente o por conducto de sus comercializadores o distribuidores, pudieran solicitar y, en caso de incumplir con los requisitos establecidos en la legislación nacional, obtener el registro sanitario de medicamentos en condiciones que garanticen el trato nacional, de conformidad con el artículo 15-10 del tratado.
En consecuencia, el 1 de septiembre de 2006 el Tribunal Arbitral dio a conocer el informe final del caso El Salvador versus México, en cuyas conclusiones y recomendaciones establece:
El Tribunal Arbitral recomienda a los Estados Unidos Mexicanos poner el requisito de exigir que la fábrica o laboratorio se encuentre en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos para el otorgamiento del registro sanitario de medicamentos, de conformidad con sus obligaciones en el marco del Tratado de Libre Comercio suscrito por los Estados Unidos Mexicanos y la Repúblicas de El Salvador, Honduras y Guatemala, considerando que el requisito de planta es una obligación que las autoridades sanitarias establecen para que las empresas nacionales o extranjeras comercialicen medicamentos en nuestro país.
Las cartas paralelas a las que hemos aludido no forman parte integrante del Tratado de Libre Comercio ni obligan a México a su cumplimiento, en la medida en que no fueron incluidas ni hechas del conocimiento del Senado de la República en el proceso de análisis y dictamen establecido en el artículo 72 constitucional, por lo que no siguieron el proceso formal de creación y ratificación de este instrumento internacional, conforme a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley federal sobre Celebraciones de Tratados.
Los procedimientos previstos en la legislación nacional en México para otorgar el registro sanitario no se han hecho más estrictos. Por el contrario, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha simplificado sus procedimientos para el otorgamiento de autorizaciones, así como la mejora en los tiempos de atención a los particulares, disminución de costos, oportunidad para elevar la eficiencia y transparencia, incremento de la calidad de los servicios que se prestan y brindar certidumbre a la industria en la seguridad de la información por virtud del trámite que proporciona a las dependencias, a través de la expedición de diversos instrumentos legales.
El trámite de registro sanitario de medicamentos tiene como finalidad principal asegurar un nivel apropiado de protección a la salud y a la vida de las personas mediante las acciones que permitan a la autoridad sanitaria competente verificar y determinar las características de seguridad de los medicamentos.
El registro sanitario opera como un mecanismo de prevención para proteger la salubridad general, ya que prevé los efectos adversos que pudiesen llegar a ocasionar por alguna contingencia, fincando responsabilidades civiles, penales y administrativas por los daños ocasionados.
La propia Cofepris ha manifestado que hasta el momento la regulación sanitaria mexicana, respecto de los medicamentos, contenida en el artículo 168 del Reglamento de Insumos para la Salud, no ha impedido el comercio de los medicamentos entre los distintos países, incluyendo Centroamérica, y que actualmente existen para México 30 registros sanitarios de medicamentos fabricados en países centroamericanos (El Salvador, Guatemala y Costa Rica); 363 en países sudamericanos (Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Venezuela, Uruguay, Paraguay y Ecuador); y en Estados Unidos de América y Europa se importa 30 por ciento de la demanda nacional.
México cumple la obligación de otorgar al extranjero ya sea de procedencia salvadoreña, hondureña o guatemalteca, un trato idéntico al que otorga a sus nacionales para el procedimiento de aprobación de un registro sanitario de medicamentos. Es decir, se cumple la obligación de trato idéntico, conforme al mandato acordado por las partes contendientes. Esto conforme a los artículos 3-03 y 15-05, párrafo tercero, y 15-10, del Tratado de Libre Comercio.
Nuestra legislación para el otorgamiento del registro sanitario no discrimina entre nacionales y extranjeros, sino que establece las mismas condiciones y requisitos para obtener el registro sanitario de medicamentos.
La eliminación del esquema del registro sanitario o de sus requisitos previstos en la legislación nacional relacionados, constituye un grave riesgo para la protección a la vida y la salud de las personas y que aún cuando no se incluyó la suspensión del artículo 168 que prevé el requisito de planta en las modificaciones al Reglamento de Insumos para la Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 2 de febrero de 2008, es preciso que esta Cámara de Diputados en uso y ejercicio de las facultades que tiene conferidas y como parte del Congreso de la Unión, insista y repare para que dicho requisito se contemple en la ley por razones de seguridad sanitaria y de salud pública.
Compañeras diputados y compañeros diputados, la decisión de mantener o de suprimir este esquema sanitario, ya no puede ni debe estar sujeto a una sola voluntad, ni sometimiento a la discrecionalidad...
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Concluya, por favor, diputado.
El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal : Ya ve qué le dije que me iba a andar...
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Tiene 18 minutos.
El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal : ... no sometido a la discrecionalidad unipersonal en el ejercicio de facultades y aplicación incierta y unilateral de criterios, sino a la voluntad popular y general de garantizar certeza en el tema y que evidentemente se manifiesta y representa en el Poder Legislativo, particularmente en esta Cámara de Diputados. Por ello, hago votos para que las comisiones a las que sea turnada esta iniciativa agilicen como debe ser el proceso legislativo correspondiente, toda vez que el único propósito que anima esta iniciativa es evitar se generen riesgos sanitarios para los mexicanos y asegurar el acceso a medicamentos subseguros y de óptima calidad. Por la salud de la república pido su respaldo a la misma.
Por lo antes expuesto someto a la consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 222 de la Ley General de Salud
Artículo único. Se reforma el artículo 222 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 222. La Secretaría de Salud sólo concederá la autorización correspondiente a los medicamentos cuando se demuestre que las sustancias que contengan reúnan las características de seguridad, eficacia y calidad exigidas, y tomará en cuenta, en su caso, lo dispuesto en el artículo 428 de esta ley.
Para ser titular del registro sanitario de un medicamento, se requiere contar con licencia sanitaria de fábrica o laboratorio de medicamentos o productos biológicos para uso humano en territorio nacional.
Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Muchas gracias por su atención. Le agradezco, señor Presidente, su tolerancia.
«Iniciativa que reforma el artículo 222 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del PRD
Fernando Enrique Mayans Caníbal, diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a la consideración de esta asamblea, una iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 222 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEn noviembre del 2007 me permití registrar una proposición con punto de acuerdo para que el Pleno de la Cámara de Diputados la considerara y aprobara como de urgente y obvia resolución, a fin de que esta soberanía:
Dicha proposición la formulé consciente del grave riesgo que para la salubridad general y para la seguridad nacional, constituye la eliminación del requisito de planta.
En razón de que las modificaciones al Reglamento de Insumos para la Salud se publicaron el 2 de enero de 2008, y de que en ellas, no se incluyó la eliminación de su artículo 168, tal y como se había planteado en el anteproyecto que las Secretarías de Salud y de Economía sometieron a consulta pública en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), en un proceso que concluyó el 12 de octubre de 2007; las comisiones dictaminadoras a las que fue turnada esta proposición, seguramente la darán como atendida, y por ende, como un asunto plenamente concluido.
Sin embargo, por la trascendencia del tema la Cámara de Diputdos no debe quitar el dedo del renglón, ya que en la actualidad, aproximadamente unos 70 laboratorios importan medicinas de China, la India y otros países; además de que dicha importación la realizan tanto las empresas transnacionales como otras de capital nacional que tienen acuerdos con compañías extranjeras para traer a nuestro territorio medicamentos.
Como sabemos, el ``requisito de planta'' establecido en el artículo 168 del Reglamento de Insumos para la Salud señala que ``para ser titular del registro sanitario de un medicamento, se requiere contar con licencia sanitaria de fábrica o laboratorio de medicamentos o productos biológicos para uso humano''; por lo que dicho requisito básicamente consiste en la obligación de instalar una fábrica o laboratorio en territorio mexicano para que las empresas, nacionales o extranjeras comercialicen medicamentos en el país.
Respecto a los antecedentes sobre la pretensión de eliminar esta importante figura o instrumento para garantizar la salud pública en el uso y consumo de medicamentos, cabe recordar, que:
El 4 de diciembre del año 2000 el Senado de la República aprobó la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre México, El Salvador, Guatemala y Honduras, los países del llamado ``Triángulo del Norte''.
Dicho tratado entró en vigor el 15 de marzo de 2001, produciendo una intensa y fructífera relación comercial entre México y el Triángulo del Norte.
No obstante el mutuo beneficio comercial, El Salvador y Honduras solicitaron la instalación de un panel de controversia comercial contra México, argumentando el supuesto incumplimiento de compromisos asumidos mediante cartas de entendimiento entre las partes, conocidas como ``cartas paralelas'', que tenían el objetivo de flexibilizar la legislación sanitaria y facilitar a los fabricantes de medicamentos de El Salvador, Honduras y Guatemala, la comercialización de esos productos en nuestro territorio.
Las ``cartas paralelas'', fueron firmadas por Herminio Blanco el entonces secretario de Comercio y Fomento Industrial, el mismo día que el tratado, y fueron enviadas a los ministros de Economía de los países del Triángulo del Norte. En ellas se establecen tres entendimientos, a saber:
De esta forma el 17 de mayo de 2004, a solicitud firmada por el ministerio de Economía de El Salvador, se presentó ante el entonces secretario de Economía de México, Fernando Canales Clariond a través de la embajada salvadoreña, la petición formal a México para el establecimiento de un panel arbitral, para solventar la controversia en torno al ingreso de los medicamentos salvadoreños al mercado mexicano.
Conforme a lo anterior, la República de Honduras delegó a El Salvador, mediante comunicación suscrita el 19 de mayo de 2005, la representación común de las partes reclamantes para el proceso de integración del tribunal arbitral. El 1 de junio El Salvador informó a México que asumiría la representación común para el proceso de integración del tribunal arbitral.
Así, el 15 de agosto de 2005 se logró un acuerdo con México para la designación del presidente y de los miembros del tribunal arbitral, quienes una vez aceptando el arbitraje iniciarían la revisión de los alegatos y se establecerían las fechas para la audiencia respectiva.
Las partes reclamantes solicitaron al tribunal arbitral que se determinara el incumplimiento de la obligación asumida por los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de publicar las reformas necesarias para permitir que los fabricantes de medicamentos de esos países, directamente, o por conducto de sus comercializadores o distribuidores, pudieran solicitar y, en caso de cumplir con los requisitos establecidos en la legislación nacional, obtener el registro sanitario de medicamentos en condiciones que garanticen el trato nacional, de conformidad con el artículo 15-10 del tratado.
En consecuencia, el 1 de septiembre de 2006, el tribunal arbitral dio a conocer el informe final del caso El Salvador versus México, en cuyas conclusiones y recomendaciones establece: ... ``El tribunal arbitral recomienda a los Estados Unidos Mexicanos poner el requisito de exigir que la fábrica o laboratorio se encuentre en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos para el otorgamiento del registro sanitario de medicamentos, de conformidad con sus obligaciones en el marco del TLC sucrito por los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de El Salvador, Honduras y Guatemala''.
Considerando, que
La decisión de mantener o de suprimir este esquema sanitario, ya no puede ni debe estar sujeto a una sola voluntad, ni sometido a la discrecionalidad unipersonal en el ejercicio de facultades y aplicación incierta y unilateral de criterios; sino a la voluntad popular y general que se manifiesta y representa en el Poder Legislativo, particularmente en la Cámara de Diputados.
Por ello, hago votos para que las comisiones a las que sea turnada esta iniciativa, agilicen --cómo debe de ser-- el proceso legislativo correspondiente, toda vez que el único propósito que anima esta iniciativa, es evitar que se generen riesgos sanitarios para los mexicanos, y asegurar el acceso a medicamentos seguros y de óptima calidad.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración del Pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 222 de la Ley General de Salud
Artículo Único. Se reforma el artículo 222 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 222. La Secretaría de Salud sólo concederá la autorización correspondiente a los medicamentos, cuando se demuestre que las substancias que contengan, reúnan las características de seguridad, eficacia, y calidad exigidas y tomaran en cuenta, en su caso, lo dispuesto por el artículo 428 de esta ley.
Para ser titular del registro sanitario de un medicamento, se requiere contar con licencia sanitaria de fábrica o laboratorio de medicamentos o productos biológicos para uso humano, en territorio nacional.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Túrnese a la Comisión de Salud.
CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Se concede el uso de la tribuna al diputado Christian Martín Lujano Nicolás, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federaly del Código Federal de Procedimientos Penales.
El diputado Christian Martín Lujano Nicolás : Con su permiso, señor Presidente.México es reconocido como el país número cuatro del mundo en importancia por su diversidad, por sus endemismos, los cuales están representados en varias poblaciones de vegetales y de animales. Eso de acuerdo con la información que nos aporta la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que aparece publicada en el informe de árboles mexicanos potencialmente valiosos para restauración ecológica y la reforestación.
Esta investigación también reporta que de las 240 especies leñosas nativas de México, únicamente siete son introducidas de América u otros continentes, pero se les incluye como nativas por estar naturalizadas en el territorio mexicano y que dentro de las 71 especies de pinos que habitan el territorio 50 por ciento son especies endémicas, lo que hace a México el primer lugar en riqueza natural por sus especies en pino. En cuanto a los encinos de las 135 especies registradas, 115 son endémicas.
Según cifras del Ejecutivo federal por concepto de incendios, erosión y tala ilegal, se pierden cada año 400 mil hectáreas. Concretamente la Semarnat estima que la tala ilegal es responsable de la pérdida de superficies forestales a una tasa de 8 por ciento anual.
La Organización de las Naciones Unidas, a través de la FAO, señala que 10 países reúnen 80 por ciento de los bosques primarios del mundo; en este grupo está México. Pero también nuestro país es uno de los que más pérdidas de bosques y selvas experimentaron en los últimos cinco años.
Es importante resaltar que la FAO, en el Informe de los Bosques del Mundo 2007, señaló que México en el año 2000 tenía 65.5 millones de hectáreas verdes, y en 2005 ---el cual fue el último año del recuento--- la cifra había decrecido a 64.2. De tal forma que la superficie forestal nacional se redujo a 1.3 millones de hectáreas en 5 años.
Existen muchas causas que presionan los recursos forestales, como son el cambio de uso de suelo para fines agrícolas, ganadero, urbano, la tala ilegal de los bosques ---actividad que representa un grave problema para la deforestación---, que esto, a su vez, ha provocado una pérdida de cobertura vegetal y ha fragmentado el hábitat, cambiando las condiciones del medio ambiente, lo que favorece los incendios y las plagas que atacan a los bosques.
Dentro de las causas que presionan a los bosques tenemos la fundamental es la tala clandestina, en la cual están implicados diversos delitos, ya que los taladores forman parte de un eslabón que incluye el robo de energía eléctrica para los aserraderos, en algunas ocasiones el robo de autos para transportar la madera, falsificación de documentos para la venta de los mismos.
En este mismo orden de ideas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) identificó el año pasado 32 zonas críticas en materia de tala clandestina de bosques, de las cuales a 9 les urge atención. Estas zonas son: Izta-Popo, Cofre de Perote, Pico de Orizaba, Montes Azules, El Ocote, Los Chimalapas, Lagunas de Zempoala, Mariposa Monarca. Cabe decir, que dentro de estas áreas encontramos Áreas Naturales Protegidas.
La misma Profepa incluye, dentro de la tala ilegal, cuatro formas de realizarla:
El autoconsumo o la tala hormiga, la cual se da con una cantidad de hasta seis metros cúbicos.
La pequeña comercialización la cual se basa de 6 a 10 metros cúbicos de madera.
La alta comercialización (delincuencia organizada) con una cantidad de 10 a 25 metros cúbicos.
La industrialización y almacenamiento, que va de más de 25 metros cúbicos de madera por semana.
La tala ilegal no se ha podido detener, aun cuando nuestras autoridades han hecho esfuerzos para poner un alto. Incluso la política ambiental del Ejecutivo federal se ha inclinado por una política de cero tolerancia a la tala clandestina, así como por la instrumentación de varios programas enfocados a la restauración y preservación de los bosques mexicanos.
Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, se pronunció por hacer reformas a la legislación penal para tipificar como delito grave la tala ilegal, por el impacto tan grave que este tipo de conductas tienen sobre el desarrollo sustentable.
Todo esto ha motivado a Acción Nacional a presentar esta iniciativa, de endurecer las penas para quienes realicen este tipo de conductas y delitos ambientales. No se trata de legislar por capricho, se trata de legislar responsablemente y eso es lo que se busca con esta propuesta de reforma.
Esta iniciativa constituye un gran paso en la protección y la defensa de nuestros bosques y selvas. Solamente con un conjunto de acciones ordenadas y bien diseñadas, vamos a poder salvar a nuestro medio ambiente.
La propuesta consiste en reformar dos ordenamientos legales. Por un lado el Código Penal, para reducir las cantidades permitidas de extracción de madera. Y la segunda, para tipificar como delito grave en el Código de Procedimientos Penales Federales la tala ilegal reiterada.
En consecuencia, la propuesta sería modificar la redacción del artículo 419 del Código Penal Federal, para establecer límites de extracción de madera, menores que los que actualmente se tienen, reduciendo a tres metros cúbicos el límite normal y a dos metros cúbicos el límite para la conducta reiterada.
Esta propuesta tendría como consecuencia disminuir ligeramente la tala clandestina y evitar algunos trucos que utilizan los taladores furtivos, ya que al bajar de cuatro metros cúbicos a tres metros y, en caso de reincidencia, a dos metros, por un lado como está regulado con la redacción actual, disminuiría el monto de madera que se lleven los taladores furtivos, lo cual daría como resultado más protección al bosque. Y por otro lado, la reincidencia debe de ser sancionada de manera más fuerte.
Solicito que se integre en su totalidad el documento y la iniciativa, señor Presidente. Gracias por su atención, señores diputados.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito diputado federal de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Christian Martín Lujano Nicolás , en uso de las facultades que me confieren los artículos, 71 fracción II, 73, fracción XXX, 122 apartado A, fracciones I y II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto por el que se reforman disposiciones en materia de delitos ambientales tanto del Código Penal Federal como del Código de Procedimientos Penales Federales.
Exposición de MotivosEl territorio mexicano es considerado un país rico por sus recursos naturales y esto se debe a su topografía, la diversidad de sus climas, la complejidad biológica, geológica y cultural. Todos estos factores han servido para que encontremos una complejidad de condiciones ambientales, ya sea, a nivel macro como micro. Está variedad de ecosistemas hacen posible un sinfín de formas de vida y de ecosistemas.
México es reconocido como el país número cuarto del mundo en importancia por su diversidad, por sus endemismos, los cuales están representados en varias poblaciones de vegetales y de animales; esto de acuerdo a la información que nos aporta la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y que aparece publicada en el informe ``Árboles Mexicanos Potencialmente Valiosos para la Restauración Ecológica y la Reforestación'', investigación que cuenta con el respaldo de 3 años de estudios.
Esta investigación también reporta que de las 240 especies leñosas nativas de México únicamente 7 son introducidas de América u otros continentes, pero se les incluye como nativas por estar naturalizadas en el territorio mexicano. Y que dentro de las 71 especies de pinos que habitan el territorio, 50% son especies endémicas; lo que hace a México el primer lugar en riqueza natural por sus especies de pino. En cuanto a los encinos, de las 135 especie registradas, 115 son endémicas.
Es claro que está riqueza forestal constituye un patrimonio nacional que es prioritario que conservemos, ya que al hacerlo generamos beneficios de tipo ambiental (captura de carbono, captación de agua, protección de suelos, y preservación de la biodiversidad). Además de los beneficios sociales y económicos para las personas que habitan las zonas boscosas.
Según cifras del Ejecutivo federal, por concepto de incendios, erosión y tala ilegal se pierden cada año 400 mil hectáreas y concretamente, la Semarmat estima que la tala ilegal es responsable de la pérdida de superficies forestales a una tasa del 8% anual.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), señala que diez países reúnen el 80% de los bosques primarios del mundo. En este grupo está México, pero también, nuestro país es uno de los que más pérdidas de bosques y selvas experimentaron en los últimos cinco años.
Por otro lado, de acuerdo al Instituto Nacional de Ecología, el 80% de la superficie forestal nacional se encuentra bajo el régimen de propiedad social y con una población aproximada de 10 millones de habitantes que son propietarios del 80% de los recursos forestales del país; en donde el 15% es privado y pertenece a pequeños propietarios de los bosques de menos de 20 hectáreas y 5% son terrenos nacionales. La llamada propiedad social integra a comunidades y ejidos en la que aproximadamente más de 27% habla alguna lengua indígena.
No obstante, que el 28% de las comunidades y ejidos del país poseen recursos forestales, sólo en 421 ejidos y comunidades la actividad forestal va a constituir el sustento económico, estos ejidos se encuentran en Chihuahua, Durango.
Cabe resaltar que el bosque se encuentra bajo régimen de propiedad social, en donde existen comunidades indígenas a las cuales hay que darles soporte para proteger sus recursos, ya que algunas de esas comunidades toman algún producto del bosque. Aunado a esto, los incendios provocados, los cambios de uso de suelo, la tala ilegal, etcétera, son elementos que hacen que los bosques estén bajo tanta presión, y esto trae como consecuencia para las comunidades un bosque muy empobrecido, un bosque en donde las posibilidades, de aprovecharlo de manera sustentable son mínimas.
Es importante resaltar que FAO, en el ``Informe de los Bosques del Mundo 2007'' señaló que México en el año 2000 tenía 65.5 millones de hectáreas verdes, y en 2005 --el cual fue el último año del recuento-- la cifra había decrecido a 64.2. De tal forma que la superficie forestal se redujo a 1.3 millones de hectáreas en cinco años.
Dentro de las estrategias para manejar de manera más apropiada el recurso forestal se ha clasificado en zonas de producción, restauración y conservación. La primera se refiere a aquellos terrenos que tienen condiciones de vegetación y suelo apropiadas para la producción de madera y otros productos no maderables en forma sostenida a largo plazo. La segunda son terrenos de aptitud preferentemente forestal dedicados a otros usos, o que están en proceso de degradación por incendios, plagas, tala ilegal y otros factores y la tercera, se refiere a las áreas naturales protegidas declaradas legalmente en el país.
Existen muchas causas que presionan los recursos forestales, como son, el cambio de uso de suelo para fines agrícolas, ganadero, urbano, la tala ilegal de los bosques (actividad que representa un grave problema para la deforestación), esto ha provocado una pérdida de cobertura vegetal y ha fragmentado el hábitat, cambiando las condiciones del medio ambiente, lo que favorece los incendios y plagas que atacan a los bosques.
Dentro de las causas que presionan a los bosques tenemos como una causa fundamental a la tala clandestina, en la cual están implicados diversos delitos, ya que los taladores forman parte de un eslabón que incluye el robo de energía eléctrica para los aserraderos, en algunas ocasiones el robo de autos para transportar la madera, falsificación de documentos para la venta de los mismos.
En este mismo orden de ideas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) identificó el año pasado 32 zonas críticas en materia de tala clandestina de bosques, de las cuales 9 son urgente que reciban atención. Estas zonas son: Izta Popo; Cofre de Perote; Pico de Orizaba; Montes Azules; El Ocote; Los Chimalapas; Lagunas de Zempoala; Mariposa Monarca. Cabe decir, que dentro de estas áreas encontramos Áreas Naturales Protegidas.
La misma Profepa incluye dentro de la tala ilegal 4 formas de realizarla:
El autoconsumo (tala hormiga), la cual se da con una cantidad de hasta 6 m³ de madera por semana, ya sea en leña, postes, vigas y tablas; la manera como se transporta es al hombro, en animales y/o en vehículo; esta se usa para combustible, cercas, viviendas.
La pequeña comercialización la cual se basa de 6 a 10 m³ de madera por semana, en leña, madera en rollo; se transporta en camioneta de 3.5 toneladas y camión rabón; el uso es para venta:
La alta comercialización (delincuencia organizada) con una cantidad de 10 a 25 m³ de madera por semana, en madera en rollo; se transporta en camión rabón y tortón y es para la venta.
La industrialización y almacenamiento (delincuencia organizada) esta es de mas de 25 m³ de madera por semana; madera en rollo; se transporta desde pick up hasta trailer; se destina a la venta y a la transformación.
La tala ilegal no se ha podido detener, aún cuando nuestras autoridades han hecho esfuerzos para poner un alto. Incluso la política ambiental del Ejecutivo Federal se ha inclinado por una política de cero tolerancia a la tala clandestina, así como por la instrumentación de varios programas enfocados a la restauración y preservación de los bosques mexicanos. Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se pronunció por hacer reformas a la legislación penal para tipificar como delito grave la tala ilegal, por el impacto tan grave que este tipo de conductas tienen sobre el desarrollo sustentable.
Todo esto es lo que ha motivado la presente iniciativa pues a Acción Nacional le queda muy claro la necesidad de endurecer las penas para quienes realicen este tipo de conductas y delitos ambientales. No se trata de legislar por capricho, se trata de legislar responsablemente y eso es lo que se busca con esta propuesta de reforma. No pueden comprometerse los recursos naturales de las futuras generaciones, por la explotación irracional que actualmente se realiza.
Esta iniciativa constituye un gran paso en la protección y defensa de nuestros bosques y selvas. Solamente con un conjunto de acciones ordenadas y bien diseñadas, vamos a poder salvar a nuestro medio ambiente. La propuesta consiste en reformar dos ordenamientos legales. Por un lado el Código Penal para reducir las cantidades permitidas de extracción de madera y la segunda, para tipificar como delito grave en el Código de Procedimientos Penales Federales la tala ilegal reiterada.
En nuestro Código Penal Federal el artículo 419 a la letra dice: ``A quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera aserrada, se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa. La misma pena se aplicará aun cuando la cantidad sea inferior a cuatro metros cúbicos, si se trata de conductas reiteradas que alcancen en su conjunto esta cantidad''.
Por otro lado, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en el artículo 1° menciona que el objeto que tiene la misma es ``regular y fomentar la conservación, protección, restauración, producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales del país y sus recursos...''
Es importante considerar que se tiene un compromiso social muy importante, ya que si la deforestación por la tala ilegal sigue causando estragos, pronto, muy pronto, le daremos como patrimonio a las generaciones que vienen detrás sólo bosques sin vida, con ecosistemas enfermos. Es está, una razón por la que resulta más que necesario hacer reformas tanto al Código Penal Federal, como al Código de Procedimientos Penales Federales, con el objeto de frenar la tala ilegal.
La propuesta sería la siguiente, y consiste en modificar la redacción del artículo 419 del Código Penal para establecer límites de extracción de madera, menores a los que actualmente se tienen, reduciendo a 3m³ el límite normal y a 2m³ el límite para la conducta reiterada.
Esta propuesta tendría como consecuencia disminuir ligeramente la tala clandestina y evitar algunos trucos que utilizan los taladores furtivos, ya que al bajar de 4 metros cúbicos a tres metros y en caso de reincidencia a dos metros, por un lado como está regulado con la redacción actual, disminuiría el monto de madera que se lleven los taladores furtivos, lo cual daría como resultado más protección al bosque, y por otro lado, la reincidencia debe de ser sancionada de manera más fuerte, por el mero hecho de ser reincidente. Debemos señalar, que el beneficio que traería para las comunidades en cuanto a los servicios ambientales sería mayor a largo plazo, ya que al haber menos tala ilegal, las personas que habiten los bosques tendrán más opciones de manejar de manera sustentable los mismos, de gozar de los servicios ambientales, de recuperar a la fauna y la flora que se ha perdido, de recuperar la cobertura vegetal, con esta medida también se recupera la captación de agua de lluvia, todos estos beneficios se verían reflejados en la parte social, ambiental, económica, y en la parte estética.
Así mismo, se propone también modificar la redacción del inciso 32 Bis de la fracción primera del artículo 194 del Código de Procedimientos Penales Federales para que el delito de tala ilegal, cuando sea cometido como una conducta reiterada, sea considerado como grave.
Se tomó la decisión de no establecer como grave la conducta realizada por vez primera, porque se entiende que pudiera suceder que una persona extrajera 3m³ de madera por ignorancia de las leyes y políticas ambientales, lo que sí le generaría una sanción penal, pero le daría la oportunidad de recibir el juicio correspondiente a quienes no cometen delitos graves.
Sin embargo, se estimó necesario que si la persona en cuestión, después de haber recibido una sanción por este delito, reitera la conducta, entonces sí debería ser procesado como quien comete un delito grave, porque entonces ya no se está en presencia de un sujeto que desconoce las leyes, sino de una persona que dolosamente intenta obtener un provecho económico a cambio de un daño al medio ambiente.
Por lo anterior expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:
DecretoPrimero. Se reforma el artículo 419 del Código Penal Federal para modificar su redacción y quedar como sigue:
Artículo 419. A quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a tres metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera aserrada, se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa. La misma pena se aplicará aun cuando la cantidad sea de dos metros cúbicos, si se trata de conductas reiteradas que alcancen en su conjunto esta cantidad.
Segundo. Se reforma el inciso 32) Bis de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para tipificar como delito grave las conductas contenidas en ambos párrafos del artículo 419 del Código Penal Federal. Las demás fracciones y el último párrafo de dicho numeral permanecen sin cambios.
Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:
Único. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Muchas gracias. Insértese íntegra la iniciativa y túrnese a la Comisión de Justicia.
LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Por último se concede el uso de la tribuna al diputado Othón Cuevas Córdova, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 79 de la Ley General de Desarrollo Social.
El diputado Othón Cuevas Córdova : Gracias, Presidente. Con su venia.«Iniciativa que reforma el artículo 79 de la Ley General de Desarrollo Social
Con fundamento por lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente
Exposición de MotivosEl papel del Congreso en la evaluación de los programas públicos sujetos a reglas de operación tiene su origen en la necesidad de hacer un análisis sobre el resultado de las políticas públicas y el impacto que estas acciones de gobierno tienen en el cumplimiento de las demandas de la sociedad.
La satisfacción de estas demandas --que es un obligación del Estado-- está implantada en una serie de estrategias que el gobierno aplica por diversos medios, cuya finalidad es elevar la calidad de vida de los mexicanos, combatir las desigualdades en la distribución de los bienes que genera la nación y ofrecer mecanismos para eliminar la pobreza en todas sus manifestaciones.
Para ello, el Congreso está facultado --aunque limitadamente-- para incidir en la implanatción de las políticas públicas a través de la asignación del presupuesto. Y en el caso de la evaluación de los resultados por medio de la Auditoría Superior de la Federación, lo que permite tratar de definir si son efectivas o deben ser modificadas parcial o totalmente.
En el caso de los programas de desarrollo social sujetos a reglas de operación, la Cámara de Diputados tiene diversas atribuciones, entre las que destacan:
Hacer recomendaciones por medio de la Comisión de Desarrollo Social a la Comisión de Presupuesto en el marco de la aprobación del PEF, vigilando que no haya disminución alguna del mismo, y que, en el menor de los casos, se aplique el presupuesto del año inmediato anterior; promover la participación social en la aplicación de las políticas y programas por medio de foros y consultas públicas; y mantener una permanente comunicación con los órganos del Estado encargados de la evaluación y vigilancia de la operatividad de los programas sociales.
Los antecedentes de este proceso de evaluación de la política social en nuestro país son muy recientes en comparación con otros países, puesto que los mecanismos para medir la política social tuvieron su origen en el año de 1997, y se formalizaron de manera sistemática con la creación del Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa). Posteriormente se generalizó, para todos los programas gubernamentales sujetos a reglas de operación en el año 2000, procedimiento aprobado por la Cámara de Diputados.
Actualmente, la institucionalización de estos mecanismos tiene representación en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), en el caso de los programas de desarrollo social, y en el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), en el caso de la educación pública, estrategias evaluadas desde el Ejecutivo.
A pesar de estos esfuerzos, existe en el ánimo del legislador la necesidad de incidir con mayor énfasis en el diseño de las políticas para el desarrollo nacional, prueba de ello son las diversas iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados, donde reclaman insistentemente una mayor participación, no sólo en el proceso de evaluación sino sobre todo en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo de cada inicio de gobierno.
Dicho proceso está sustentado como uno de objetivos de la Ley de Desarrollo Social, la cual establece los mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas y acciones de la política nacional de desarrollo social. Este procedimiento está coordinado por el Coneval, el cual define los procedimientos necesarios para realizar las evaluaciones de los diferentes programas sociales por parte de las instituciones de educación superior y/u organismos de la sociedad civil.
Así mismo, la ley propone que las evaluaciones deberán ser enviadas al Congreso de la Unión a través de las Comisiones de Desarrollo Social, de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, así como a la misma Secretaría de Desarrollo Social. Se contempla también hacerlas públicas por medio del Diario Oficial de la Federación. Compete en este caso al mismo consejo hacer las recomendaciones y sugerencias al Ejecutivo federal, dependiendo de los resultados de las evaluaciones.
Sin embargo, a pesar de las disposiciones en la Ley General de Desarrollo Social, las evaluaciones han tenido poco impacto en el trabajo que se realiza al interior de las comisiones legislativas en el análisis de los resultados de los programas sujetos a reglas de operación. Especialmente en el caso de la discusión del ejercicio presupuestal, las evaluaciones pocas veces son tomadas en cuenta para redefinir la operación de un programa, por lo que su viabilidad responde mucho más aun techo financiero que a una evaluación. Algunos analistas ubican la utilización de los resultados de la evaluación por parte del Congreso en un 24 por ciento, en comparación con los operadores del programa que la utilizan en un 70 por ciento aproximadamente.
El proceso de evaluación de los programas, actualmente presenta fortalezas y debilidades. Por un lado, la obligatoriedad de hacer públicas las evaluaciones a las que la sociedad tiene acceso, fortaleciendo con ello los mecanismos de la contraloría social, el sistema de rendición de cuentas y conocer costos de la operación de la política social. Con lo que se contribuye a contar con información que permita la continuidad de los programas sociales y el apuntalamiento de los mecanismos institucionales de evaluación.
Por otro lado, es necesario reconocer que falta realizar acciones encaminadas a consolidar estos mecanismos, como es revertir la falta de recursos humanos y financieros para la evaluación anual de los programas; aceptar por parte del Ejecutivo los dictámenes que las instituciones de educación superior encargadas de las evaluaciones realizan a los programas para rectificar lo que se está haciendo mal; analizar con mayor rigurosidad académica y profesional la calidad de la información recaba por la evaluación, así como el nivel de utilización de los órganos involucrados en dicho procedimiento; y finalmente redimensionar que no es suficiente la evaluación per se, para asegurar que efectivamente se aumenta el desarrollo social y humano de la población, objeto de los programas de política social.
Por ello, es de fundamental importancia que la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo revaloremos, con mayor responsabilidad, la información que se genera por medio de las evaluaciones a los programas sujetos a reglas de operación y para que sean objeto de un análisis más detallado, y que la información en ellas contenida aporten elementos a la discusión anual del presupuesto y a la mejora de las políticas públicas de desarrollo social.
Por lo expuesto y fundado, me permito poner a la consideración de este honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que adiciona la Ley General de Desarrollo Social
Único. Se modifica el artículo 79 de Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue:
Artículo 79. Los resultados de las evaluaciones serán publicados en el Diario Oficial de la Federación y deberán ser entregados a las comisiones legislativas y a las dependencias de la administración pública federal que se relacionen y operen los programas sujetos a reglas de operación, para ser tomadas en consideración en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias, diputado Cuevas.Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de dictámenes.
En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se les dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.
«Dictamen de la Comisión de la Función Pública, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Honorable Asamblea:
La Comisión de la Función Pública de esta honorable Cámara de Diputados, con base en las facultades que le confieren los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el siguiente dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 2, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 36 Bis, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 57, 59, 60 y 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Antecedentes
La iniciativa que se dictamina fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número 2335-I, el jueves 6 de septiembre de 2007, y presentada el 9 de septiembre por el diputado Eduardo Sánchez Hernández , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de la Función Pública.
Recibida en la comisión, y una vez sometida la proposición a estudio y análisis, se preparó un proyecto de dictamen en sentido favorable, que fue sometido a la consideración y discusión del pleno de la comisión, que lo aprobó en la sesión de fecha 26 de marzo de 2008.
Análisis de la iniciativa
I. La iniciativa de mérito tiene por objeto reformar diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, debido a que las disposiciones vigentes de la ley no aprovechan las oportunidades que ofrecen los avances teóricos y tecnológicos en materia de subastas, con lo cual, a juicio del proponente se desaprovecha el impacto favorable que éstas tienen, cuando se ha demostrado que pueden generar beneficios importantes tanto a las empresas como a los gobiernos en todo el mundo, en virtud de que transfieren márgenes económicos de los proveedores a los compradores y generan ahorros presupuestales importantes, dotando de transparencia la selección de proveedores y promoviendo el uso honesto de recursos públicos; ya que catalizan mejoras administrativas compatibles con una gestión moderna y eficaz.
En la exposición de motivos del proyecto en comento, indica el iniciante que las subastas electrónicas constituyen un método no presencial por el que los licitantes podrán presentar, a través de medios remotos de comunicación electrónica que establezca el subastador, con posterioridad a la presentación y apertura del sobre cerrado que contenga su propuesta económica, una o más ofertas que mejoren el precio de su proposición inicial, según el mecanismo que establezca el subastador, sin que ello signifique la posibilidad de variar las especificaciones o características originalmente contenidas en su proposición técnica.
De este modo, el iniciante propone reformar el régimen vigente en materia de adquisiciones del sector público, para efectos de admitir la posibilidad de llevar a cabo subastas electrónicas administradas y operadas por particulares, con los objetivos siguientes:
II. Si bien la iniciativa de mérito resulta de interés, toda vez que las subastas electrónicas otorgarían la opción de realizar contrataciones de bienes que permitan a la dependencia o entidad convocante obtener de los participantes mejores precios, esta comisión dictaminadora estima necesario realizar algunos ajustes al texto propuesto por el iniciante, con objeto de incorporar conceptualmente la posibilidad de aceptar ofertas de descuentos subsecuentes de los licitantes, a efecto de que posteriormente, atendiendo a los resultados y problemática que se detecte en la utilización de este procedimiento, pueda estimarse la reglamentación correspondiente que elimine los obstáculos que se presenten y se perfeccione su práctica.
Se estima conveniente que el procedimiento de licitación vigente, pueda implicar una modalidad de ofertas de descuentos subsecuentes, las cuales se presenten una vez que se cuente con la propuesta económica más baja durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, como el precio máximo de referencia.
De igual manera, en virtud de lo que establece el quinto párrafo del artículo 134 constitucional, no se considera procedente que el subastador sea un agente privado, por lo que deberá ser la propia dependencia o entidad de que se trate.
En el citado artículo 134, así como en las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se establece que todos los actos de licitación son públicos, por lo que cualquier interesado puede acceder a ellos, y en los términos propuestos, se daría cabida a que los procedimientos se realizarán únicamente por medios electrónicos, limitando la posibilidad de que participen personas físicas o morales que, por carecer de recursos informáticos o por no confiar en los mismos, prefieran participar con sus propuestas en la forma tradicional, mediante la entrega física y material de las mismas, particularmente si se considera que un buen número de personas que integran la micro, pequeña y mediana empresa, carece de dichos recursos y que significan una importantísima fuente de aprovisionamiento de la administración pública federal, por ofrecer las mejores condiciones en las contrataciones en que participan.
En este sentido, es importante tener en cuenta que la propia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público prevé en el texto vigente la obligación de que en las bases de licitación se establezcan, en su caso, los términos y condiciones a que deberá ajustarse la participación de los licitantes cuando las proposiciones sean enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, y precisa que deberá establecerse el señalamiento de que los licitantes que opten por utilizar alguno de estos medios para enviar sus proposiciones no limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes actos derivados de una licitación.
Para la elaboración del presente dictamen, se han tomado en consideración las aportaciones de cámaras representativas de sectores diversos, tales como la farmacéutica, la de la industria de la consultoría, de la industria de telecomunicaciones y tecnologías de la información, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, entre otras, así como representantes del sector académico, estados y municipios, empresas paraestatales y dependencias, además de recibir las opiniones y recomendaciones de otros legisladores, recogiendo sus inquietudes y sugerencias, tales como la obligatoriedad tanto del uso de medios electrónicos como de la modalidad de descuentos subsecuentes, los compromisos internacionales y medidas para obtener mayor eficiencia, eficacia y transparencia en los procedimientos de contratación pública.
III. Ahora bien, por lo que respecta a las reformas propuestas a los artículos 1, fracción II; 7, párrafos primero y segundo; 8, párrafos primero y segundo; 14, primer párrafo; 15, segundo párrafo, y 17, primer párrafo, se percibe que únicamente tienen por objeto precisar quienes están sujetos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como actualizar el nombre de la Secretaría de Economía.
Esta comisión dictaminadora estima que estas reformas no tienen relación alguna con la licitación electrónica ni con la modalidad relativa a las ofertas subsecuentes de descuentos, aspectos que son el propósito fundamental de la iniciativa, por lo que no resulta pertinente llevar a cabo las mencionadas reformas.
Lo anterior en razón de que los sujetos obligados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se encuentran claramente determinados en el artículo 1 de dicho ordenamiento. Además, conforme a lo dispuesto por el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Federal de radio y Televisión, de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley de la Policía Federal Preventiva y de la Ley de Pesca, publicado en el diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2000, las menciones que se realizan a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial se entienden referidas a la Secretaría de Economía.
Consideraciones
Primera. Que, una vez realizado el análisis general de la iniciativa, es preciso emitir las consideraciones y comentarios que, en lo particular, se estiman procedentes, así como las propuestas de redacción para los artículos citados en la iniciativa de mérito que resultaría necesario modificar, con el objeto de contar con un proyecto de reformas adecuado a los fines que se persiguen.
Segunda. Que resulta necesario destacar que, en el marco de las discusiones respecto a esta iniciativa, se recibieron diferentes propuestas de modificación al proyecto de decreto, con la finalidad de establecer una diferencia clara entre la licitación electrónica y la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento; para fortalecer y promover el desarrollo y crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, y, para generar las condiciones de implementación de estos mecanismos.
Dichas propuestas fueron presentadas por legisladores de los diferentes grupos parlamentarios que integran esta comisión y se tomaron en cuenta para la realización del presente dictamen.
Tercera. Que esta comisión después de someter a análisis tanto la iniciativa como las diversas propuestas, considera que es necesario, con el fin de dotar de mayor claridad al proyecto de decreto, realizar las siguientes modificaciones:
Artículos Transitorios
En virtud de lo anterior, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de la Función Pública de la LX Legislatura sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Artículo Único. Se reforman las fracciones VI y VII del artículo 2; el segundo párrafo del artículo 16; la fracción V del artículo 29; el segundo párrafo de la fracción II y la fracción III del artículo 33; los párrafos primero y segundo actual del artículo 34; el sexto párrafo del artículo 42; y se adicionan una fracción VIII al artículo 2; un sexto párrafo al artículo 26; un tercer párrafo a la fracción I y un último párrafo al artículo 28; un párrafo segundo al artículo 34, recorriéndose en su orden los demás párrafos; un segundo párrafo al artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:
Artículo 2. ...
Artículo 16. ...
Cuando los bienes o servicios hubieren de ser utilizados o prestados en el país, y se acredite previamente que su procedimiento y los contratos no pueden realizarse dentro del territorio nacional, conforme a lo dispuesto por esta ley, se podrá contratar en el extranjero, aplicando los principios dispuestos por los artículos 14 y 28 fracciones II, III y último párrafo.
Artículo 26. ...
Artículo 28. ...
Artículo 29.- ...
I. a IV. ...
Artículo 33. ...
Artículo 34. La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la propuesta técnica y económica. En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación electrónica, los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública.
La documentación distinta a la propuesta podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que la contenga.
Salvo los casos justificados por las dependencias o entidades, en las bases de licitación, se establecerá que dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las partes a que cada persona se obligará, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de la Función Pública.
... ...
Artículo 35. ...
Artículo 42. ... ... ... ... ...
Para fomentar el desarrollo y la participación de las empresas nacionales, micro, pequeñas y medianas, las dependencias y entidades deberán adjudicarles en las operaciones comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo, cuando menos el cincuenta por ciento del valor de las adquisiciones.
Artículos Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las reformas y adiciones a los artículos 26, 28 y 42 entrarán en vigor seis meses después de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación. En dicho plazo, el Ejecutivo federal deberá emitir las disposiciones reglamentarias y administrativas respectivas.
Es de primera lectura.
LEY GENERAL DE EDUCACION - LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Dictamen de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7 y 42 de la Ley General de Educación, y 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
HONORABLE ASAMBLEA:
Las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 45 numeral 6, incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; someten a consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente:
DICTAMEN DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 7 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 42 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; Y SE ADICIONA EL INCISO A DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
I. ANTECEDENTES
1. En Sesión Ordinaria del Pleno del Senado de la República del 11 de diciembre de 2003, la Senadora María Lucero Saldaña Pérez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto de Reformas y Adiciones a la Ley General de Educación y a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de Educación para la Sexualidad.
2. Con la misma fecha la Presidencia la turnó, para su análisis y dictamen, a las Comisiones Unidas de Educación y Cultura y de Estudios Legislativos, cuyos plenos aprobaron el dictamen respectivo el 16 de marzo de 2006.
3. En Sesión Ordinaria de 28 de marzo de 2006 el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen correspondiente.
4. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores envío a esta Soberanía la Minuta respectiva.
5. En Sesión Ordinaria del Pleno de la Cámara de Diputados de 30 de marzo de 2006, la Mesa Directiva dio cuenta con la Minuta materia del presente dictamen, turnándolo a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Atención a Grupos Vulnerables con Opinión de las Comisión Especial de la Niñez Adolescencia y Familias y de Salud.
6. El 16 de agosto de 2007, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables emitió dictamen en sentido positivo aprobando en lo general la Minuta de referencia.
7. El 11 de septiembre de 2007, la Comisión de Salud emitió opinión favorable a la aprobación de la Minuta en comento, considerando que ésta responde a la importancia y urgente necesidad de ampliar la cobertura de la educación sexual a todos los niveles de la educación básica.
II. CONTENIDO DE LA MINUTA
1. El objetivo de la Minuta, desde la presentación de la Iniciativa, es que en todos los grados de la Instrucción Básica que se imparta en México, se incluyan contenidos para que las niñas, niños y adolescentes reciban una educación, en sexualidad y afectividad, integral, objetiva, orientadora, científica, gradual y formativa, que desarrolle su autoestima, el respeto a su cuerpo y a la sexualidad responsable, adicionando una fracción al artículo 7 de la Ley General de Educación, que describe los fines que deberá tener la educación impartida en el país, complementarios a los señalados en el segundo párrafo del artículo 3º de la Constitución que establece que ``La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. ''
Asimismo, la Minuta pretende, al reformar al artículo 42 de la Ley General de Educación, que en la impartición de la educación para menores de edad se asegure a las niñas, niños y adolescentes, la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad no solamente física, psicológica y social, sino sexual y afectiva; todo ello sobre la base del respeto a su dignidad, procurando que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad, sumando las categorías sexual y afectiva.
La actual fracción ``A'' del artículo 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece y desarrolla el derecho a una educación que respete su dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en términos del artículo 3º de la Constitución; y precisa que Se les proporcione la atención educativa que por su edad, madurez y circunstancias especiales requirieran para su pleno desarrollo , la Minuta adiciona los términos físico, mental, cultural, psicosexual, afectiva y social, que comprenden el pleno desarrollo.
2. La Minuta aprobada por el Senado de la República hace referencia a la iniciativa original cuando afirma que en 1972 se incluyó la educación sexual en el currículo de la educación básica, a los que en 1992 se incorporaron elementos cognoscitivos y afectivos de la sexualidad, y en 1998 este tema se incorporó a los programas a partir de quinto año de primaria, lo cual subsiste en la actualidad.
Asimismo, recupera el planteamiento de que la sexualidad no es una característica que surge en la adolescencia, como se le entendía en épocas pasadas, sino que es un componente de la vida humana presente desde el nacimiento, que se manifiesta de formas diversas en las diversas fases del desarrollo del individuo en cambios físicos, psicológicos y sociales; y la consideración sobre el hecho de que cada vez más niños y niñas cuentan con información errónea sobre el tema, proveniente tanto de medios sociales desinformados y medios de comunicación, derivando de allí la necesidad de legislar para que la educación sexual se imparta desde el primer grado de preescolar, con el objetivo de neutralizar los efectos negativos de estas informaciones, y en cambio puedan... conocer el desarrollo natural del cuerpo humano, así como los alcances y límites de la conducta sexual de los individuos... de una manera paulatina, sistemática y apropiada, y así tratar de disminuir... los problemas que... aquejan a muchas y muchos adolescentes que, sin estar en plena conciencia de las responsabilidades que implica el comportamiento sexual, se enfrentan a una gran diversidad de problemáticas, como son los embarazos adolescentes y la deserción escolar derivada de la maternidad y paternidad anticipada .
Reporta que, de acuerdo a la Secretaría de Salud, el 17 por ciento de los partos es de menores de 18 años, así como la proliferación de contagios enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA, que se calcula que en México en 150 mil personas portadoras, de las que 50 por ciento son jóvenes de entre 10 y 24 años de edad.
3. Las Comisiones Dictaminadoras del Senado expresan su coincidencia con la iniciativa, valorando los argumentos y aportando elementos de juicio:
III. Consideraciones de las comsiones
1. Estas Comisiones ratifican los argumentos expuestos en los antecedentes, tanto en la iniciativa original como por las Comisiones Dictaminadoras del Senado, sobre la importancia de impartir educación en la sexualidad y la afectividad desde el primer grado de educación, reconociendo que son componentes centrales de la personalidad humana, que involucra aspectos físicos, mentales, sexuales, psicológicos, culturales, sociales y económicos. Así, en la educación se proporcionarán los conocimientos, las habilidades y las actitudes que permitan a niñas, niños y adolescentes mexicanos desarrollar su sexualidad y afectividad sana y responsablemente.
La sexualidad es un componente de la personalidad humana que afecta toda su realidad biológica, emocional y social; potencialidad y fuerza para ser desarrollada y ejercida, es un don de la naturaleza y una responsabilidad del ser humano; ya que es fuente de satisfacción o de trastorno en la vida personal y social del individuo, un medio de comunicación o un instrumento de explotación.
Incorporar la educación de la afectividad implica una visión humanista sobre el hombre y la mujer en su dimensión esencial, que reconoce su realidad presente y cree en su capacidad de perfeccionamiento. Conlleva, necesariamente, la conciencia del estado de deshumanización imperante en la actualidad, y un compromiso con la humanización como proceso permanente y dinámico.
2. Es necesario brindar a niñas y niños un ambiente de afecto, información, responsabilidad, madurez, estabilidad, voluntad, libertad y dignidad; así como las herramientas necesarias acordes a su edad, para que se desarrollen plenamente en la diversidad de condiciones sociales y culturales presentes; de otra manera, serán víctimas de la vulnerabilidad en la que se encuentran por no tener acceso a una educación integral.
3. Pese a que le tema de la sexualidad está de moda, lo cierto es que pocas veces se distingue la diferencia entre términos como sexo, sexualidad y género; de hecho este es un problema que no solo enfrentan niñas, niños y adolescentes sino también muchos adultos, quienes tienen escasa información.
La ignorancia lleva al error, por lo que es frecuente que en los medios de comunicación se considere a la sexualidad solo como instrumento de placer o únicamente por su función reproductora; excluyendo aspectos de gran importancia vinculados a ella como las relaciones interpersonales de amistad, de respeto y de entrega; el sentido del amor y la dignidad; la inquietud por madurar, crecer armónicamente y llevar a cabo un proyecto de vida.
Por lo expuesto, es necesario ejercer una sexualidad responsable, integral y satisfactoria, lo que requiere de una educación en sexualidad que no se limite a proporcionar datos históricos y científicos, sino que aporte criterios y valores que estén por encima de interpretaciones dogmáticas y prejuicios socioculturales.
4. En la investigación ``La aceptación de la Educación de la Sexualidad en la Escuela: Hablan 15 000 padres de familia mexicanos'', publicada en la revista científica Archivos Hispanoamericanos de Sexología, Volumen IX, Número 1, 2003, se sostiene que ``En nuestro país existe una severa problemática social y de salud, vinculada con la carencia de educación de la sexualidad. Son ilustrativos de ello algunos datos, como el hecho de que se atienden 366 mil partos de adolescentes al año como dice Welti, C.C. (2000), la violencia intrafamiliar basada en estereotipos de género, lo que se demuestra simplemente leyendo diarios, las violaciones a mujeres, el uso del condón en la primera relación sexual entre adolescentes solteros muestra grandes diferencias entre los dos sexos. Mientras que uno de cada dos hombres sexualmente activos dijo haberlo usado en la primera relación sexual (50.9%), solo una de cada cinco mujeres reportó su uso (22.9%), ambos (36.9%) Gayet C. (2003), son 500,000 los bebés que nacen de madres menores de 20 años INEGI (2000). Aunado a esto, el DIF, UNICEF e INEGI encuentran que en México existen 600,000 madres de menos de 19 años, mientras que la gran cantidad de abusos y violaciones sexuales a menores tanto en escuelas, en sus propias casas como por ministros religiosos (no cuantificadas por carencia de investigación al respecto) y la alta prevalencia de personas con VIH/Sida ya no son ajenas. Todo ello puede revertirse por medio de LA EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD PROFESIONAL. Sin embargo, existen sectores de la población que pretenden ``tapar el sol con un dedo'' y que se niegan a que exista educación de la sexualidad o consideran que son solo los padres los que deben ser responsables de la educación de la sexualidad de sus hijos ''.
Del estudio y análisis de la Minuta enviada por el Senado, las Comisiones Unidas asumen su contenido y alcance, sin embargo al revisar el Diario Oficial de la Federación del viernes 2 de junio del 2006, verificaron la publicación de la reforma por medio de la cual se adicionó a la Ley General de Educación una fracción XIII al artículo 7o.; por lo que se presenta el estado que guarda actualmente el texto vigente de la Ley General de Educación, el de la Minuta y el del Dictamen:
Como se aprecia, debido a la adición del 2006 de una fracción XIII al artículo 7o. de la Ley General de Educación, la Minuta se modifica en su orden; en lugar de agregar una fracción XIII, se adiciona una fracción XIV.
Por otra parte, se adecuó la fracción XII para que termine en punto y coma, y no en punto; y a la fracción XIII se le agregó una ``y'', a fin de armonizar la redacción del artículo.
Respecto la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se presenta cuadro comparativo del texto vigente, el texto de la Minuta y el texto del dictamen:
Como se aprecia gramaticalmente se hizo de una adecuación en la parte final del inciso ``A'', ya que dice: afectiva y debe decir afectivo, toda vez que se refiere al pleno de-sarrollo de las niñas, niños y adolescentes.
Remítase al Senado de la República para los efectos de lo dispuesto por el inciso E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por todo lo expuesto, las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y Atención a Grupos Vulnerables, emiten el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 7o. Y 42 DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, Y 32 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Artículo Primero. Se reforman la fracción XIII del artículo 7o. y el artículo 42, y se adiciona una fracción XIV al artículo 7o. de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:
Artículo 42. En la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, sexual, afectiva, psicológica y social sobre la base de respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad.
Artículo Segundo. Se reforma el inciso ``A'' del artículo 32 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:
Artículo 32. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación que respete su dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los términos del artículo 3o. de la Constitución. Las leyes promoverán las medidas necesarias para que:
A. Se les proporcione la atención educativa que por su edad, madurez y circunstancias especiales requirieran para su pleno desarrollo físico, mental, cultural, psicosexual, afectivo y social.
B. a G. ...
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias desarrollarán e instrumentarán los programas y acciones que permitan el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley en materia de formación, información y capacitación para la preservación de la integridad de los menores y la previsión del abuso o delito sexual. Para tal fin, contarán con un plazo de un ciclo escolar completo a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Tercero. Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se opongan al presente Decreto.
Es de primera lectura.
LIBERTAD DE EXPRESION
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : El siguiente punto del orden del día es el de proposiciones de sólo turno. Esta Presidencia recibió de la diputada Claudia Lilia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo relativo a la libertad de expresión y el derecho a la información de comunicadores y ciudadanos mexicanos.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, relativo a la libertad de expresión y al derecho a la información de comunicadores y ciudadanos mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del PRDQuienes suscriben, diputados Raymundo Cárdenas Hernández , Claudia Cruz Santiago, Aleida Alavez Ruiz , Ramón Pacheco Llanes y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la alta consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo.
ConsideracionesLa libertad de expresión es una de las piedras angulares en la vida e instituciones democráticas, cuando se viola el derecho a la libertad de expresión se atenta contra la vida democrática de un país. A su vez, la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones, puesto que existe una vinculación indisoluble entre la libertad de expresión y la libertad de información.
De hecho, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de San José de Costa Rica en 1969, refiere en su artículo 13, ``Libertad de pensamiento y expresión'', los principios que orientan la defensa de la libertad de expresión y su vinculación con la libertad de información:
En el comunicado de prensa de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el relator especial para la Libertad de Expresión, Ignacio J. Álvarez, señaló que: ``El pluralismo requiere poder expresar distintas opiniones a través de diferentes medios de comunicación, y que éstas puedan hacerse llegar al mayor número posible de destinatarios. La democracia requiere del libre debate de ideas y opiniones, aún cuando resulten ingratas o perturben al gobierno''. Agregó que ``una opinión pública informada constituye un importante medio de control democrático de los gobiernos''.
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran consagrada la libertad de expresión e información como derechos constitucionales en los artículos 6o. (referido a la manifestación de las ideas y el derecho a la información) y el 7o. (referido a la libertad de escribir y de publicar escritos). La protección de ambos derechos es fundamental para la vida democrática de nuestro país, ya que una sociedad informada puede ejercer sus opciones y que la opinión pública se forma de la pluralidad de perspectivas y de la riqueza de la información recibida. Los regímenes autoritarios y totalitarios, manipulan la opinión pública, uniforman las voces de periodistas e informadores, y controlan la información.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declara en sus observaciones preliminares sobre su visita oficial a México en agosto de 2003, lo siguiente:
El periodismo es una de las principales manifestaciones de la libertad de expresión, y por lo tanto es obligación del Estado garantizar a los comunicadores de todos los medios un ejercicio profesional digno y seguro. Sin embargo, no existe en México una normatividad federal en ese sentido, por lo cual la labor de los periodistas se ve amenazada y la libertad de expresión, lesionada.
Los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos deben cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión, que incluyen tanto abstenerse de acciones que afecten el pluralismo como adoptar acciones positivas para garantizarlo. Una de las situaciones que afecta el pluralismo es la concentración y los monopolios, públicos o privados, en la propiedad de los medios.
La relatoría considera importante que los Estados adopten acciones tales como la promulgación de leyes antimonopolio en la propiedad y control de los medios de comunicación, y la adopción de legislación que establezca concursos abiertos, públicos y transparentes para la asignación de frecuencias radioeléctricas, así como la atribución de competencia a órganos independientes para la adopción de decisiones sobre la materia.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos se había pronunciado, en su informe del año 2000, en el sentido de que la protección de la libertad de expresión debe considerar el pluralismo, la tolerancia y la apertura mental, sin las cuales no existe una sociedad democrática.
Según la Corte Interamericana de Derecho Humanos, los últimos dos años, 2006 y 2007, fueron los peores en más de 15 años. Solamente en 2007 se abrieron 84 expedientes de quejas por agravios a periodistas, por el ejercicio de su profesión y se documentaron 88 casos adicionales que se hicieron públicos en diversos medios, los cuales ``podrían constituir violaciones a las garantías fundamentales de los comunicadores''.
La impunidad y el incumplimiento del gobierno mexicano de sus compromisos internacionales en la defensa y protección de los derechos humanos, agrava la situación que atraviesa la labor de los comunicadores, en especial el periodismo al ejercerse libremente y con la convicción de presentar ante la opinión pública hechos que pueden desagradar a grupos de poder. En el documento elaborado por Cencos, artículo 19, ``Señalamientos sobre el incumplimiento del Estado mexicano en materia de libertad de expresión'' se cita la declaración de José Miguel Vivanco, director para América de Human Rights Watch en el que señala la falta de voluntad política del gobierno mexicano: ``...si bien la oficina de la fiscalía especializada ha desaparecido, la necesidad de atender el legado de los abusos del pasado se mantiene (...) México debe encontrar la manera de cumplir su obligación de investigar y castigar dichos casos.''
Además la CNDH advirtió de que entre los hechos denunciados sobresalen el homicidio, las lesiones y la desaparición forzada de personas, en tanto que por su frecuencia sobresalen las intimidaciones y las amenazas, incluso de muerte, hechas por vía telefónica, por correos electrónicos y de manera personal.
Ahora, en la sustitución de la periodista Carmen Aristegui en la conducción y dirección del espacio radiofónico Hoy por Hoy , nos encontramos con la posible violación de la libertad de expresión y del derecho a la información, en la medida en que un concesionario trata de imponer una línea editorial, sobre la libertad de expresión de la periodista Carmen Aristegui, y termina imponiendo con esta línea editorial una limitación al derecho a la información de los mexicanos. Recordemos que los concesionarios se expresaron en esta soberanía cuando sintieron que se limitaba su libertad de expresión con la reforma electoral recientemente aprobada, que fueron escuchados y que ejercieron libremente sus derechos, ahora pereciera una paradoja, dos de estos concesionarios, Prisa y Televisa, tratan de imponer una línea editorial sobre derechos constitucionales. De hecho, la empresa española Prisa, no podría llevar a cabo esta imposición de su línea editorial, ya que la Ley Orgánica 2/1997 del 19 de junio garantiza, desde la fuerza normativa de la Constitución española de 1978, la exigibilidad jurídica a poderes públicos y particulares de asegurar a los profesionales de la comunicación la libertad de expresión, el derecho a la información, desde la cláusula de conciencia, como derecho constitucional que garantiza a los profesionales de la comunicación la independencia de su labor, así como la posibilidad del mismo para rescindir su relación profesional en casos determinados, y la facultad de éstos para negarse motivadamente, a participar en la elaboración de informaciones contrarias a sus principios éticos en comunicación, sin que medie sanción o castigo.
Por otra parte comunicado del Grupo Televisa publicado en diversos medios impresos señala lo siguiente:
Grupo Televisa rechaza injerencia alguna con la terminación de la participación de Carmen Aristegui en W Radio.
Líneas abajo explica:
Desde la asociación de Grupo Televisa con grupo Prisa en 2001 las decisiones editoriales en Televisa Radio se han acogido a los códigos y los lineamientos del consorcio español.
Con estos argumentos Televisa no sólo deslinda de cualquier responsabilidad en cuanto a la salida de la periodista Carmen Aristegui sino que hace saber que el manejo editorial en sus concesiones radiofónicas está a cargo de funcionarios de la empresa extranjera española Prisa lo cual implica una violación a los artículos 14 y 31 de la Ley Federal de Radio y Televisión y al artículo 6 de la Ley de Inversión Extranjera por lo cual esta soberanía exige revisar a cabalidad el cumplimiento de dichos ordenamientos.
El espacio radiofónico conducido por Aristegui ha sido ampliamente reconocido, incluso esta soberanía en la sesión del día 9 de enero del presente se pronunció en ese sentido, puesto que este espacio informativo se ha distinguido por su pluralidad y su sentido crítico al presentar la información noticiosa; fueron diversos los temas delicados que abordó objetiva y responsablemente de manera reiterada en su programa y que constituían lesión a muchos intereses tanto políticos como económicos, por lo que existe la posibilidad real de que aquéllos que se sintieran perjudicados por la información manejada por la periodista ejercieran presión para su salida. Tal situación constituiría una grave violación a la libertad de expresión de la periodista y al derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos de este país, de recibir información veraz, objetiva y oportuna del acontecer nacional e internacional. El programa Hoy por Hoy daba espacio a todas las voces, respetaba el derecho de réplica, ejercía un periodismo profesional, con lo cual materializaba el derecho a la información de los mexicanos y la libertad de expresión de amplios sectores sociales, por lo cual el gobierno mexicano está obligado a investigar las causas reales de su desaparición. Sobra enumerar los múltiples reconocimientos que se le otorgaron nacional e internacionalmente.
Es por tales motivos que proponemos que el recién nombrado, secretario Juan Camilo Mouriño, quien declaró asumir el compromiso de defender y resguardar las libertades fundamentales de los mexicanos, particularmente con la libertad de expresión, informe a esta soberanía las acciones que realiza a favor de la protección y respeto de tales derechos fundamentales, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en el mismo sentido informen al Congreso de la Unión, sobre sus acciones a favor del derecho de información de todos los mexicanos, así como el de la libertad de expresión de los profesionales de la comunicación, al aplicar la ley; esta institución de gobierno, ha de explicarnos la manera en que ha otorgado las recientes concesiones y si ha atendido las múltiples observaciones en torno a la monopolización de las frecuencias del espectro radioeléctrico y lo que esto provoca en la lesión de los principios de equidad y el ejercicio de derechos fundamentales.
Se solicita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigue si se violaron derechos fundamentales de la periodista Carmen Aristegui y de los mexicanos que exigen veracidad, pluralidad y objetividad en la información, no líneas editoriales que uniforman y limitan el derecho a ser informado. Todas las dependencias del Estado mexicano tienen el compromiso de guardar y hacer guardar los derechos fundamentales de los mexicanos, el marco constitucional y nuestro sistema jurídico vigente. Cualquier acción en sentido opuesto, sea de grupos de poder o del gobierno en funciones, es atentatorio a nuestra democracia y al estado de derecho, debe ser corregido y sancionado de acuerdo a las leyes en la materia.
Por lo anteriormente argumentado, es que sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de AcuerdoPrimero. Esta soberanía solicita a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informen sobre las acciones que llevan a cabo para salvaguardar la libertad de expresión y el derecho a la información de comunicadores y ciudadanos mexicanos, tanto en el ámbito del otorgamiento de concesiones como en el ejercicio de estos derechos en los medios de comunicación.
Segundo. Exhortamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que investigue sobre la posible violación de la libertad de expresión y la correspondiente violación del derecho a la información de los ciudadanos mexicanos, particularmente en el caso de la periodista Carmen Aristegui, y que en el caso de constituirse algún acto u omisión que represente una violación de derechos constitucionales, se proceda en consecuencia.
Tercero. Esta soberanía solicita la revisión por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes así como de la Secretaría de Economía sobre la posible violación al artículo 14 y 31 de la Ley Federal de Radio y Televisión y así como el artículo 6 de la Ley de Inversión Extranjera por el manejo del modelo editorial en concesiones radiofónicas mexicanas por parte de funcionarios de la empresa extranjera Prisa.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Túrnese a la Comisión de Gobernación.
FORO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Esta Presidencia recibió del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del PRI, punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Desarrollo Social, de Asuntos Indígenas, de Comunicaciones, y de Transportes a que realicen un foro en materia de infraestructura de telecomunicaciones.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Desarrollo Social, de Asuntos Indígenas, de Comunicaciones, y de Transportes a realizar un foro en materia de infraestructura de telecomunicaciones, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del PRICon fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados Alberto Amador Leal , Guillermina López Balbuena y Wenceslao Herrera Coyac , presentan proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa industria de telecomunicaciones de México ha crecido rápidamente desde los años ochenta, debido a la popularidad de varios métodos de tecnología que proveen información a los ciudadanos mexicanos.
La invención del teléfono móvil, combinado con el desarrollo de la televisión satelital, la Internet, y otras tecnologías avanzadas, han fortalecido esta parte de la economía mexicana convirtiéndola en una fuerza dentro del país.
Es importante señalar que a través del Programa de Cobertura Social de Telecomunicaciones, se han realizado dos licitaciones para la atención de 12 mil 618 localidades rurales, agrupadas en 335 áreas de servicio local, la primera licitación, efectuada el 5 de febrero de 2005, y la segunda, el 4 de septiembre de 2006, con una vigencia de contrato para ambas de 10 años; no obstante la cobertura, no se ha logrado atender la totalidad de localidades con mayor grado de marginación en el país. A la fecha sólo una empresa otorga el servicio en las comunidades.
Asimismo el índice de producción del sector de telecomunicaciones correspondiente al cuarto trimestre de 2007 revela que el aumento en la producción del sector es 8.9 veces el crecimiento general de la economía nacional, medido por el comportamiento del producto interno bruto.
México se encuentra en un buen momento debido al éxito de empresas privadas y mixtas que ofrecen variedad a los consumidores de productos telecomunicativos, donde se destaca la próxima instrumentación del programa de bandas de frecuencias 2008, que supone el desarrollo de más infraestructura a lo largo de todo el país, lo que a su vez provocara un mayor acceso y demanda de servicios de telecomunicaciones, específicamente los fijos, móviles, de banda ancha inalámbrica y de enlaces cortos.
Las nuevas tecnologías de información han establecido una diferencia entre los habitantes que tienen acceso al uso de estos recursos y los ciudadanos que no pueden hacerlo, como resultado de esta desigualdad surge una disparidad de información que tienen unos habitantes y otros para tomar decisiones.
Mientras los que tienen acceso a más información y datos pueden tomar sus decisiones reduciendo sus riesgos y desarrollar con mayor certidumbre productos y negocios, los que no cuentan con esta infraestructura se ven relegados y marginados en todos los ámbitos decisorios.
Una alternativa para acortar esa brecha es incluir municipios con altos índices de marginación para que tengan acceso a estas nuevas tecnologías. Para ello se requiere iniciar un programa de infraestructura tecnológica en estas zonas que se presentan como importantes áreas de oportunidad.
Podemos concluir que un país sin acceso a la Internet está fuera del tren del desarrollo, no puede ser un país globalizado; la integración nacional en este sentido está muy lejos de quedar garantizada.
Por lo anterior, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea, como asunto de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Que las Comisiones de Desarrollo Social, de Asuntos Indígenas, de Comunicaciones, y de Transportes realicen un foro en materia de infraestructura de telecomunicaciones en los municipios con un alto índice de marginación.
Segundo. Exhortar a los gobiernos federal y de los estados, así como a las empresas telefónicas a participar en la organización y promoción de dichos foros.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones, y de Transportes.
ESTADO DE PUEBLA
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Se recibió del diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del PRI, punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobierno federal y de Puebla a que incluyan en las obras y programas prioritarios la realización del Foro para el desarrollo integral y sustentable de la sierra nororiental de Puebla.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y del estado de Puebla a incluir en las obras y los programas prioritarios la realización del foro para el desarrollo integral y sustentable de la Sierra Nororiental de dicha entidad, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del PRILos suscritos, diputados federales integrantes de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción I de los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, para el desarrollo integral y sustentable de la Sierra Nororiental de Puebla.
Exposición de MotivosEl desarrollo regional equilibrado y sustentable consiste en integrar las comunidades, acondicionar su territorio y aprovechar de manera equitativa y racional los recursos naturales, de tal forma que se mejoren progresivamente las condiciones de bienestar humano y social, se vigorice la gestión del Estado y de los municipios y, al mismo tiempo, se garanticen a las próximas generaciones, por lo menos, las mismas bases para su progreso.
En la coyuntura actual, que se distingue por la alternancia y, a la vez, por un renovado pluralismo político en los estados y los municipios, la promoción del desarrollo regional y la planeación de los programas y las obras de los tres órdenes de gobierno asumen un papel de enorme trascendencia.
Ciertamente, para hacer concurrir las visiones, los afanes y, desde luego, los recursos de los tres órdenes de gobierno hará falta, antes que nada, voluntad política, pero también instrumentos que faciliten los acuerdos que permitan un despliegue eficaz e incluyente de los programas de gobierno. Por ello se propone que en el marco del sistema de planeación se promueva la ejecución de programas para el desarrollo integral e incluyente de las regiones prioritarias.
México enfrenta un enorme reto para erradicar la situación de pobreza y marginación de una parte importante de su población. De los aproximadamente 104 millones de habitantes que tiene el país, más de 50 por ciento se encuentran por debajo de la línea de pobreza. En el sector rural, la proporción de la población humilde es mayoritaria, pues según las mediciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de los cerca de 26 millones de habitantes rurales, 70 por ciento carece de ingreso suficiente para cubrir los requerimientos básicos de alimentación, salud, educación y vestido, y 35 por ciento no recibe un ingreso que le permita pagar al menos sus gastos en alimentación, por lo que se encuentra en clara vulnerabilidad alimentaria.
Puebla se divide en siete regiones socioeconómicas. Esta distribución declinó por razones de planeación y por ser unidades de desarrollo más homogéneas y con alto grado de identidad histórica.
La región II comprende la Sierra Nororiental de Puebla, que tiene marcados contrastes sociales y agudos desequilibrios en la distribución e intensidad de las diferentes actividades productivas. Se requiere, en consecuencia, la aplicación de medidas urgentes que permitan dar una salida adecuada a las tensiones y conflictos que se gestan en su seno, como consecuencia de la carencia de bienes, servicios, satisfactores básicos y --sobre todo-- de empleo e ingreso. Pero la región cuenta también con infraestructura y, principalmente, con recursos humanos y naturales, que la dotan de gran potencial para su desarrollo.
1. Antecedentes
El 20 de enero de 2004 se publicó el decreto que expide la Ley General de Desarrollo Social. El artículo 29 establece que se consideran zonas de atención prioritaria las regiones cuya población registra índices de pobreza y marginación indicativos de marcadas insuficiencias y rezagos. Asimismo, señala en el artículo 30 que la Cámara de Diputados hará la declaratoria de zonas de atención prioritaria, al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. Tal declaratoria no se ha realizado, toda vez que el Ejecutivo federal no ha presentado la propuesta correspondiente. No obstante, los gobiernos de los estados han establecido sus propias estrategias de desarrollo local.
Así, el gobierno de Puebla incluyó en el Plan Estatal de Desarrollo 2004 -2010 estrategias específicas para el desarrollo de las regiones de la entidad, particularmente de la Sierra Norte, la Sierra Nororiental, la Mixteca, y Tehuacán y Sierra Negra, que son las zonas de atención prioritaria por su mayor grado de marginación.
Precisamente el presidente Felipe Calderón presentó la estrategia 100 por 100, para los 100 municipios más marginados del país. El programa incluye 9 de Puebla, de los cuales 1 es de la Sierra Nororiental, Hueytlalpan.
Si bien es positivo por su inmediatez y focalización, este programa resulta insuficiente porque no ataca de manera integral los problemas estructurales que tienen que ver, además de la pobreza, con la producción, el empleo y el ambiente.
La diferencia esencial entre el modelo de atención territorial de microrregión y el de zona de atención prioritaria estriba en que el primero privilegia la dispersión territorial y la atención por municipio con mayor grado de marginación, en tanto que el segundo pretende abordar de manera integral los problemas estructurales, vinculando las acciones y obras de alcance nacional, estatal o sectorial (ambiente, desarrollo rural, infraestructura carretera, etcétera) con las potencialidades y los obstáculos para el desarrollo de cada zona o región.
Por todo ello, y ante la exigencia social de la población de los distritos que representamos, presentamos este primer punto de acuerdo, que habrá de extenderse al resto de las regiones de Puebla, a la vez que pugnaremos por el ejercicio pleno de la facultad que otorga a esta soberanía el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo social.
2. Breve diagnóstico
La región de la Sierra Nororiental poblana limita al norte y al este con Veracruz, al sur con la región Valle Serdán, y al oeste con la región Sierra Norte del de Puebla. La región agrupa 28 municipios y abarca en su conjunto una superficie de 2 mil 641 kilómetros cuadrados.
Se sitúa en las cuencas de la región hidrológica (RH-27) Tuxpan-Nautla, según la clasificación hecha por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Es la zona más lluviosa del estado, pues registra precipitaciones de entre mil 500 y 3 mil mm al año. La población de Cuetzalan es la de mayor precipitación (4 mil-6 mil mm). Hay un escurrimiento anual aproximado de 6 mil 97 Hm3, lo que representa 60 por ciento del escurrimiento virgen de todo el estado, y del cual 4 mil 333 Hm3 fluyen hacia Veracruz.
Esta región, la segunda en importancia en el estado, cuenta con más de mil 593 localidades, distribuidas en 35 municipios, con una población total de 628 mil 962 habitantes, de los que corresponde 51.7 por ciento a mujeres y 48.2 por ciento a hombres; representan 11.6 por ciento de la población absoluta en el estado, que tiene un total de 5 millones 383 mil 133. De 2000 a 2005 se observó un incremento marginal en la región, pero con la tendencia en los últimos 30 años de ser la tercera región con mayor crecimiento de población rural y urbana.
Zoquiapan 2 mil 949 2 mil 625
En la región se destacan por su dimensión poblacional y económica Teziutlán, Zacapoaxtla, Tlatlauquitepec y Huehuetla.
La población aumentó de 482 mil 309 habitantes en 2000 a 500 mil 611 en 2005, lo cual significa que se incrementó con 183 mil 20 habitantes.
En la zona hay 16 municipios clasificados como indígenas, donde se asientan dos etnias: la nahua y la totonaca (Masferrer, 2003). Esta población indígena presenta rezagos importantes en educación, salud y vivienda: el analfabetismo en las localidades que la forman es de 42 por ciento, mientras que la media estatal es de 16.6 por ciento; las comunidades indígenas sólo cuentan con 42 médicos por cada 100 mil habitantes, o sea, menos de la mitad del promedio estatal, y 57.8 por ciento de las viviendas de estas comunidades no cuenta con agua entubada ni con drenaje.
Sierra Nororiental Población total 2000 2005482 mil 309 500 mil 611
Se destaca que 75 por ciento de las localidades tiene una población menor de 530 habitantes. Éstas se encuentran concentradas en la parte noroeste y, con menos intensidad, en la zona suroeste de la región (esta última presenta un número menor de localidades con más de 500 habitantes). En sentido opuesto, las localidades con mayor número de habitantes se localizan cerca de alguna cabecera municipal de importancia, como Teziutlán, Zacapoaxtla y Tlatlauquitepec. Las localidades con mayor número de población se encuentran sobre, o cerca de, la carretera federal Puebla-Teziutlán y la interserrana. Por tanto, podría establecerse una relación entre el tamaño de la población y los accesos a vías de comunicación y centros urbanos.
Pese a este esfuerzo, la cobertura de servicios básicos es reducida, con relación a las demás regiones del estado. Enseguida se observa la cobertura de los servicios básicos en las viviendas particulares habitadas, como piso de tierra, energía eléctrica, drenaje, agua entubada y sanitarios:
Sierra Nororiental Viviendas particulares habitadas 2000 2005 Total 93 mil 828 106 mil 721 Piso de tierra 39 mil 768 25 mil 606 Sanitario 76 mil 883 95 mil 906 Agua entubada 65 mil 984 84 mil 550 Drenaje 43 mil 322 68 mil 402Electrificación 82 mil 283 99 mil 82
En materia de salud, se cuenta con aproximadamente 300 médicos generales. La población total derechohabiente para 2000 era de 75 mil 535 y para 2005 ascendió a 181 mil 550. Si bien es considerable el avance obtenido, resulta insuficiente a la luz de dos factores: el tamaño de su población, que se considera de las más grandes del estado de Puebla; y el insuficiente número de médicos para la atención del total de la población.
La suma de estos elementos ha hecho que más de dos tercios de la población de sus municipios califiquen con grados de marginación alto y muy alto.
Aun cuando un porcentaje importante de la población vive en condiciones de marginación distintas de la señalada, es importante mencionar que persisten situaciones de polarización social en estos municipios. Sin embargo, ha decrecido el analfabetismo en la región, pero aún no es suficiente para poder integrar al desarrollo económico a la comunidad restante.
Sierra Nororiental Población de 15 años y más 2000 2005 Total 284 mil 687 316 mil 422 Alfabetizada 219 mil 798 254 mil 240 Analfabeta 64 mil 645 61 mil 920No especifica 244 262
La población económicamente activa en la Sierra Nororiental representa alrededor de 50 por ciento. La infraestructura carretera ayuda al mayor flujo de trabajadores de una localidad a otra o incluso a otros municipios. Además, las mayores concentraciones de población activa se encuentran en las zonas cercanas a las ciudades más importantes de la región, como Teziutlán, Tlatlauquitepec y Cuetzalan, donde la mayor diversificación de la base económica hace posible que las personas mayores de 12 años se empleen relativamente con más facilidad que en otras zonas de la sierra.
En el otro extremo, la zona suroeste cuenta con el mayor número de localidades con porcentajes bajos de población económicamente activa, en municipios como Zautla, Tetela de Ocampo e Ixtacamaxtitlán, donde la poca diversificación de la base económica y el proceso migratorio podrían explicar los porcentajes bajos de sus localidades.
La región de la Sierra Nororiental de Puebla es eminentemente rural, de producción agrícola, donde es notorio el proceso de deterioro del ambiente; ejemplo de ello es el saqueo de los recursos forestales. Ante esa situación, es imprescindible impulsar un proyecto de investigación para elaborar un diagnóstico, donde la búsqueda del beneficio regional sea articulada con una participación social intensa.
La mencionada marginación, de carácter secular, que ocurre en esta región afecta gran número de pueblos, lo que tiene como consecuencia un grave atraso en el desarrollo. Esta situación de alta incidencia de la pobreza, analfabetismo, deterioro de las condiciones de salud y alimentación, que sintetizan las precarias condiciones de vida de la población, aunada a las limitadas expectativas de alcanzar mejores niveles de bienestar, obligan al abandono de las tierras y a optar por la migración.
Sierra Nororiental Población migrante de cinco años y más 2000 2005 Total 411 mil 545 438 mil 30 Residente en la entidad 399 mil 549 430 mil 155 Residente en otra entidad 10 mil 534 6 mil 431Residente en otro país 157 241
Otros factores contribuyen a inducir la migración, como
La migración en la región procede desde localidades más pequeñas hacia las mayores y conlleva el crecimiento poblacional, expresado en nuevos asentamientos humanos. Estas urbanizaciones son precarias y carecen de servicios urbanos, siendo difíciles de satisfacer por su magnitud y generan presiones sociales hacia los gobiernos municipales y estatal, a fin de que se atiendan sus demandas.
En fin, los problemas sociales y productivos de naturaleza estructural reclaman la urgente coordinación de los tres órdenes de gobierno y una estrategia integral capaz de remover los obstáculos que impiden el bienestar generalizado y perdurable de la región.
Por lo anterior, y en uso de las facultades que nos confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta soberanía el siguiente
Punto de AcuerdoPrimero. Se exhorta a los gobiernos federal y del estado de Puebla a incluir en el ejercicio de los programas propios y los concurrentes las siguientes obras y programas prioritarios.
Segundo. Que la Comisión de Desarrollo Social, en coordinación con las Secretarías de Desarrollo Social de los gobiernos federal, del estado y de los 28 municipios de la región, realice el foro para el desarrollo integral y sustentable de la Sierra Nororiental de Puebla, a más tardar en la segunda quincena de mayo, con sede en Teziutlán y Zacapoaxtla, Puebla.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.
ESPACIOS PLURALES DE DEBATE
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Esta Presidencia recibió del diputado David Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno a crear espacios plurales de debate, diálogo y expresión cultural para los diferentes grupos urbanos que existen en el país.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres niveles de gobierno a crear espacios plurales de debate, diálogo y expresión cultural para los diferentes grupos urbanos del país, a cargo del diputado David Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del PRDEl suscrito, diputado David Sánchez Camacho , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con las facultades que le confiere lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos municipales, estatales y federal a crear espacios plurales de debate, discusión, diálogo y expresión cultural para los diferentes grupos urbanos que existen en todo el país, a fin de evitar toda clase de violencia; de igual forma, para exhortar a las autoridades correspondientes para sancionar civil y, en su caso, penalmente a aquellos funcionarios y ciudadanos que amenacen o apoyen actos de discriminación y represión hacia la libertad de expresión cultural de los mencionados grupos.
Exposición de MotivosIdentidad es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás.
La identidad de cualquier individuo tiene su origen en el entorno familiar, en la protección familiar de la que ha gozado, en las carencias que ha tenido, en las influencias sociales nocivas y positivas, en las frustraciones y alegrías acumuladas, tanto en la escuela como en el trabajo, y en otros muchos factores que serían difíciles de enumerar en su totalidad. Estas distorsiones o éxitos sociales provocan las conductas que expresan sintomáticamente los individuos. Los jóvenes, en particular, a través de los usos y las costumbres que adquieren, buscan pertenencia e identidad entre sus compañeros de generación.
En la cultura de los sesenta, setenta, ochenta y noventa, los jóvenes hablaban y debatían sus ideas y las expresaban a través de su cuerpo y vestimenta: gestos, movimientos, tatuajes, camisetas, pantalones de mezclilla, zapatillas, comerciales y videoclips mostraban a los demás todo lo que en su momento pensaban y sentían, sin mediaciones discursivas.
Así, los jóvenes han creado siempre una identidad que no se basa en los códigos de la generación anterior y construyen constantemente, con un convencimiento personal absoluto, nuevos códigos que les den sustento ético, ideológico, identidad y pertenencia. Casi siempre, estos códigos resultan indescifrables para los demás.
Quiero señalar que toda cultura o subcultura tiende a defender lo que le da identidad, por eso reacciona ante el ``diferente'', ante el extraño o ante el ``otro'', con hostilidad o, al menos con suspicacia. Como mecanismo de autoafirmación, es instintivo crear estereotipos de lo diferente, etiquetarlo para discriminarlo. Todos heredamos y creamos nuestros estereotipos del otro sexo, del indígena, del extranjero, etcétera; por lo general, todos cargados negativamente precisamente en aquellos que se oponen a nuestra manera de ser o a la que creemos nuestra manera de ser. 1
Los jóvenes siempre han optado por producir sus propias verdades y principios, y siempre han querido experimentarlos. Como formas de expresión cultural, algunas de estas han sido las autodenominadas punks, darks, góticos, happy punks, rockabillys, rastafaris, rockers, nerds, electros, bickers, metaleros de todas las corrientes, pioneros del rock, dylanianos, hippies, indies, meschicatiahuis, alternativos, ciberpunks, skatos, hip-hoperos y grafiteros, los urbanos y emos.
Recientemente, estos últimos, los emos, jóvenes que oscilan entre 13 y 18 años de edad, han salido a la luz pública caracterizados por el uso de calaveras, colores negro y fucsia en su vestimenta, con ojos delineados y con un comportamiento depresivo, que en algunas ocasiones llega incluso a la autoflagelación.
Este grupo llamado emo, en días recientes, ha sido violentado por grupos distintos a ellos e incluso por las mismas autoridades, como es el caso del presidente municipal de Celaya, Guanajuato, Gerardo Hernández Gutiérrez, quien dijo que ``los emos dan 'mala imagen' en el jardín que está frente al palacio municipal, y su gobierno buscará reubicarlos''.
También sufrieron un ataque violento, el pasado 7 de marzo del año en curso en Querétaro, por cuatro jóvenes que fueron remitidos al juzgado cívico municipal.
Estos agresores difundieron vía Internet amagos, amenazas, agresiones verbales hacia los emos, los cuales representan actos de discriminación e intolerancia respecto al libre ejercicio del derecho de identidad y de expresión. No obstante lo anterior, los agresores fueron liberados el 8 de marzo, es decir, un día después, pero cuando menos los delitos cometidos quedaron registrados en sus expedientes.
Todas estas agresiones han sido documentadas y reproducidas por los medios de comunicación masivos. Estos hechos son completamente reprobables, nuestra sociedad no puede aceptar ningún rasgo de discriminación, represión e intolerancia.
También podemos decir que la discriminación es un conjunto de prácticas que han adquirido cierta autonomía, una dinámica propia, aunque modelada por afectos e intereses contradictorios de cada sociedad. En las sociedades democráticas, las actitudes discriminatorias no tienen cabida; si México pretende alcanzar una verdadera democracia es preciso desterrar y, en su caso, sancionar toda conducta que atente contra la dignidad de las personas.
Los diputados y las diputadas federales, en nuestra calidad de representantes sociales y políticos, exigimos que en el marco de nuestras leyes, las cuales garantizan a todo mexicano ejercer su libertad de expresión cultural, se respete el derecho a su libre manifestación, a su libre asociación, a su libre tránsito; todas ellas garantías individuales consagradas en los artículos 7o., 9o., 10 y 11 de nuestra Constitución Política, y todas ellas indispensables para perfilar su identidad colectiva.
La sociedad mexicana de principios de siglo XXI debe distinguirse por su pacifismo, por su capacidad para convivir, por su pluralismo y por su tolerancia. Sólo con estos valores, un país de más de 100 millones de personas puede encontrar su camino hacia la libertad y el desarrollo pleno, en donde se requiere de un nuevo método de convivencia civil porque la diversidad social alberga movimientos estudiantiles y ciudadanos, el feminismo y las luchas ecológicas; al mismo tiempo es testigo de la movilización de los consumidores y de los usuarios de servicios, de las minorías étnicas y lingüísticas, religiosas y sexuales, de la identidad y de la expresión sexogenérica y de las luchas por cuestiones de salud.
Este nuevo método de convivencia civil debe estar asociado a la comprensión, a la moderación y a la gentiliza, basadas en la estima y el respeto a las otras personas.
Su elemento primordial consiste en la inclusión de los otros en el mismo universo moral, en el tratamiento de otras personas como iguales, nunca como inferiores en dignidad, y en el reconocimiento de la función que cumplen los que se oponen y que, por lo demás, constituyen una alternativa de gobierno en el futuro.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoPrimero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos municipales, estatales y federal, a crear espacios de diálogo, debate, discusión y expresión cultural, que ayuden a evitar cualquier manifestación de violencia e intolerancia y que ayuden a garantizar el respeto a la libre expresión, manifestación, asociación y tránsito de estos grupos urbanos.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades competentes a procesar y, en su caso, sancionar penalmente a los ciudadanos y funcionarios que amenacen o apoyen actos de discriminación y represión hacia los diferentes grupos urbanos que existen en nuestro país.
Nota:
1. Latapí, Pablo. ``¿Educación para la tolerancia?, equívocos requisitos y posibilidades'', en Este País , número 55, octubre de 1995, páginas 18-19.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Túrnese a las Comisiones Unidas de Cultura, y de Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de Juventud y Deporte.
ESTADO DE DURANGO
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Esta Presidencia recibió del diputado Jorge Alejandro Salum del Palacio, del Grupo Parlamentario del PAN, punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Procuraduría General de la Repúblicay de la Secretaría de Seguridad Públicafederal, a que incrementen el número de agentes del Ministerio Público federal, agentes federales de investigación, así como el número de policías federales preventivos en el estado de Durango.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la PGR y de la SSP a incrementar tanto el número de agentes del Ministerio Público federal y federales de investigación como de policías federales preventivos en Durango, a cargo del diputado Jorge Alejandro Salum del Palacio , del Grupo Parlamentario del PANCon fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior, el suscrito, diputado federal Jorge Alejandro Salum del Palacio , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al procurador general de la República y al secretario de Seguridad Pública federal a analizar la posibilidad de incrementar, en el caso del primero, el número de agentes del Ministerio Público Federal y agentes federales de investigación; y, en el segundo, el número de policías federales preventivos en Durango, con el objetivo de intensificar las labores de prevención e investigación de delitos.
ConsideracionesLa seguridad pública se ha convertido en el principal reclamo de la ciudadanía; encabeza la agenda y el quehacer político nacional. En efecto, el índice de inseguridad a que nos enfrentamos como sociedad ha llegado a convertirse en el principal tema de debate en cualquier ambiente social, político o económico, cuestionando en primer plano la función de los órganos de seguridad pública, lo que lo hace figurar como uno de los sectores más desacreditados en el ámbito de la función gubernamental.
La problemática que engloba la inseguridad pública en el país se ha incrementado en algunos estados de la república por la presencia de organizaciones delictivas, cuyo actuar da lugar a estimar preocupantes los múltiples y atroces actos de violencia. Durango no escapa de esta ola de violencia e incremento delictivo; basta considerar los siguientes datos para darse cuenta del panorama que priva en la entidad:
Las cifras citadas, y con base a la problemática que enfrenta Durango en cuanto al clima de inseguridad propiciado por el crimen organizado, conllevan a la necesidad de solicitar respetuosamente al procurador General de la República y al secretario de Seguridad Pública federal que analicen la posibilidad de incrementar, en el caso del primero, el número de agentes del Ministerio Público Federal y agentes federales de investigación; y en el del segundo, el número de policías federales preventivos en dicha entidad federativa, a fin de que se atiendan los problemas de seguridad que prevalecen ahí.
Aunque coincidimos con el silogismo de que ``es mejor calidad que cantidad'', el número de agentes federales del Ministerio Público y de investigación que hay en Durango ha llegado a ser considerado un recurso limitado para el combate frontal y eficaz de los delitos del orden federal que se suscitan en la entidad y que han creado una atmósfera de inseguridad.
En efecto, para cumplimentar los principios de derecho, de que la justicia debe ser pronta y expedita, y a la integración de las averiguación en el término legal para consignar al juez, además se fundamenten de forma adecuada las averiguaciones para así permitir que el juez de competencia desempeñe su función de forma óptima, es necesario fortalecer la presencia del Ministerio Público Federal mediante el aumento de personal en esta área. Se ha llegado a estimar que en la actualidad en la delegación Durango se cuenta con personal insuficiente para realizar de forma óptima esta función. La petición es aumentar de manera significativa --y en lo posible-- el número de agentes en el estado, realizando un esquema operativo más eficaz de atención del delito.
Así, mediante la reingeniería de organización, donde lo podemos exponer un primer planteamiento en el sentido de establecer agentes del Ministerio Público federales por regiones de municipios, o en lugares convergentes, donde sea más rápido el traslado de éstos al lugar de los hechos.
De forma complementaria, se estima que debe aumentarse también el número de policías federales preventivos, pues desde el punto de vista de prevención, la solución que se plantea atendiendo un ámbito integral, es dotar de más elementos operativos de ese orden, con la finalidad de resguardar las carreteras y realizar labores de inteligencia para desarticular posibles delitos del fuero federal.
La coordinación interinstitucional de los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno es fundamental para prevenir y atacar los problemas de inseguridad que presenta el estado.
Lo anterior no es óbice para continuar las actividades de coordinación con otras autoridades de prevención y fuerzas policiacas, no sólo del ámbito federal sino también del local, que son necesarias para alcanzar los objetivos propuestos, pues recordemos que la seguridad pública es responsabilidad de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno y con base en ello pueden coordinarse a fin de implantar los mecanismos idóneos para garantizar la seguridad y tranquilidad públicas.
Por ello considero necesario presentar a esta soberanía el siguiente
Punto de AcuerdoÚnico. Se exhorta al procurador general de la República y al secretario de Seguridad Pública federal a analizar la posibilidad de incrementar, en el caso del primero, el número de agentes del Ministerio Público Federal y de agentes federales de investigación; y, en el del segundo, el número de policías federales preventivos en Durango, con el objetivo de intensificar las acciones correspondientes a las labores de prevención e investigación de delitos.
Notas: 1 Datos proporcionados por Jorge Campos Murillo, ex subprocurador general de la República. Nota de Mónica Perla Hernández, en El Universal, jueves 28 de febrero de 2008. 2 Notimex, 16 de febrero de 2008. 3 Nota publicada en El Norte, 29 de febrero de 2008. 4 Nota publicada por Notimex en la página de La Jornada on line, 10 de marzo de 2008, 19:39 horas. 5 Notimex, publicada el 27 de marzo de 2008, a las 10:10 horas. 6 Nota de Javier Cabrera, en El Universal, viernes 29 de febrero de 2008. 7 Datos aportados por el delegado de la PGR en Durango, Rafael Contreras, según informe de Luis Ángel Rodríguez, de la agencia de noticias del Canal 10, publicado el 26 de marzo de 2008.El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública.
PROGRAMA DE AUSTERIDAD DEL GOBIERNO FEDERAL
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Esta Presidencia recibió del diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Función Públicaque informe de los alcances del Programa de Austeridad del gobierno federal, y realice una investigación de las irregularidades detectadas en el Conaculta.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública que informe sobre los alcances del programa de austeridad del gobierno federal e investigue las irregularidades detectadas en el Conaculta, a cargo del diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla , del Grupo Parlamentario del PRDEl suscrito, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93, párrafo II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 45, numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General, 53 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
ConsideracionesRecientemente se dio a conocer que Sergio Vela, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), realizó gasto excesivo de más de medio millón de pesos en recursos no etiquetados del presupuesto de 2007. Dichas erogaciones las efectuó durante sus visitas a Nueva York, Madrid, Londres, Chile, París y Houston.
Para el Conaculta los viajes realizados por Sergio Vela, han cumplido estrictamente con las normas. Sin embargo, de los nueve viajes que realizó al extranjero en 2007, el funcionario hizo un gasto por 571 mil pesos, mientras que al añadir las giras nacionales, la erogación fue de casi 800 mil pesos.
De acuerdo con información del organismo, Vela asistió a reuniones con directores de instituciones como el Kennedy Center for the Performing Arts, el British Museum, la National Portrait Gallery y el Royal Academy of Arts. También, se entrevistó con la ministra de Cultura de España, Carmen Calvo; el secretario general de la Organización de los Estados Iberoamericanos, Enrique Iglesias; asistió a la décima Conferencia Iberoamericana de Cultura, y en Chile visitó a la presidenta Michellet Bachelet.
El viaje de Vela a Houston en agosto de 2007 fue con el fin de sostener entrevistas con distintos personajes para analizar las posibilidades de llevar a cabo proyectos en los ámbitos de las artes visuales, las artes escénicas y la música. Sin embargo, no hay datos concretos de los resultados de dichas reuniones.
En el viaje a Washington, el cual se llevó a cabo del 4 al 6 de septiembre, Vela inauguró la exposición Tesoros Mexicanos en el Smithsonian, que exhibió un centenar de las obras artísticas más representativas de la cultura mexicana. Del viaje a Nueva York se menciona que presenció la puesta El Rey Lear con la intención de traerla a México, situación que tampoco ha sucedido.
En una entrevista con un noticiario de televisión, el titular del Conaculta aseguró que todos los gastos de sus giras están apegados a la normatividad y transparencia. Pero aceptó que la tarifa por esos viajes es un abuso, lo cual no es propiciado por él, por lo que ordenaría averiguar el procedimiento para adquirir los boletos. Insistió en que no se ha pagado un solo viaje en primera clase y que el Consejo hace la solicitud para comprar los boletos a través de Turissste, la agencia autorizada.
También, el Conaculta dio a conocer otros gastos que realizó el titular de la dependencia en viajes al extranjero, entre los que destacan:
Cabe recordar, que de acuerdo con el decreto de austeridad para funcionarios públicos que expidió el titular del Ejecutivo federal, este prohíbe hacer gastos excesivos como pagar boletos de avión de primera clase.
Las medidas implementadas en 2007 por la aplicación general del decreto de austeridad permitieron un ahorro total de 25 mil 500 millones de pesos. Las medidas de austeridad se generarían por la aplicación de las medidas de reducción del 10 por ciento al salario, de reducción del 2 por ciento del presupuesto de servicios personales, de ahorros en la contratación de seguros institucionales y de reducción del 5 por ciento del presupuesto de operación.
Entre las medidas que promueve dicha ley generó economías de escala y sinergias entre las dependencias de la administración pública federal en la contratación de bienes y servicios, tanto a nivel institucional, como regional, sectorial e interdependencias.
El decreto de austeridad para el Ejecutivo federal incluye, entre otras cosas, la reducción en un 10% en los salarios de ministros del gabinete y del propio presidente, y la disminución al mínimo de gastos de representación y comisiones oficiales, así como de servicios personales.
En este contexto, la Secretaría de la Función Pública (SFP) exoneró en diciembre del año pasado al presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), de posibles actos de corrupción y desvío de recursos públicos. La auditoría realizada el 30 de diciembre de 2007 por el Órgano Interno de Control, de la SFP, determinó que Vela cumplió también con los ordenamientos vigentes y, en especial, con el decreto de austeridad emitido en diciembre de 2006.
Mientras que el funcionario negó, que se haya adquirido un vehículo Chrysler Voyager 3.3 LX automático equipado, con rines de aluminio, como se difundió en varios medios de comunicación., la SFP también determinó que en cuanto a la adquisición de vehículos, el Programa de Inversión 2007 cumplió también con los ordenamientos vigentes.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno el siguiente:
Punto de AcuerdoPrimero. Esta soberanía acuerda solicitar respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, rendir un informe preciso del estado que guardan las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la administración pública federal, como, también proporcionen un informe detallado de los gastos de operación del Conaculta con objeto de que esta soberanía cuente con mayores elementos al respecto.
Segundo. Se acuerda solicitar a la Secretaría de la Función Pública proceda a realizar en el termino de 30 días naturales, una investigación sobre los gastos excesivos detectados en la Presidencia del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y que sus conclusiones se entreguen a la Comisión de la Función Pública de esta soberanía, para que en su caso proceda a fincar las responsabilidades que a sus atribuciones corresponda.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Túrnese a la Comisión de la Función Pública.
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Esta Presidencia recibió del diputado José Manuel del Río Virgen, del Grupo Parlamentario de Convergencia, punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría General de la Repúblicaa que concluya las investigaciones sobre la denuncia en contra de Blue Marine Group y sus filiales, arrendadora Ocean Mexicana, Blue Marine y Subtec. Se exhorta a Pemexa que mientras la PGR no concluya estas investigaciones judiciales, los elimine de las licitaciones que realice la misma.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a concluir las investigaciones sobre la denuncia contra Blue Marine Group y sus filiales Arrendadora Ocean Mexicana, Blue Marine y Subtec; y a Pemex, a eliminarlas de las licitaciones que realice mientras la PGR no concluya esas indagaciones judiciales, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de ConvergenciaEl suscrito, diputado José Manuel del Río Virgen , del Grupo Parlamentario de Convergencia en la LX Legislatura, con lo dispuesto en el artículo 42, de la Ley Orgánica y 58, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el siguiente punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados exhorte a Petróleos Mexicanos a inhabilitar al consorcio Blue Marine Group y a sus filiales de participar en licitaciones mientras la Procuraduría General de la República concluye la investigación judicial contra esta empresa por contratos con sobreprecio.
AntecedentesEl 6 de diciembre de 2007, la Auditoría Superior de la Federación presentó ante la Procuraduría General de la República una denuncia contra funcionarios de Pemex Refinación por otorgar en marzo de 2005 los contratos 4500155808, 4500171600 y 4500176478 a la empresa Arrendadora Ocean Mexicana por el arrendamiento del buque-tanque Torm Asia con un sobreprecio de más de 66 millones de pesos, lo que generó un perjuicio al patrimonio de la hacienda pública federal y violó lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
A pesar de que la Auditoría Superior de la Federación presentó las pruebas de que servidores de Pemex Refinación otorgaron de forma inexplicable los contratos a Arrendadora Ocean Mexicana cuando su propuesta tenía un precio de 38 mil 500 dólares diarios por cuatro meses, mientras que la naviera PMI había ofrecido sus servicios por un costo de 19 mil 500 dólares al día, aún no se obtienen resultados de las pesquisas de la PGR.
En Blue Marine Group, conglomerado al que pertenece Arrendadora Ocean Mexicana junto con Subtec, funge como fundador, socio y presidente Antonio Juan Marco Issa, quien se desempeñó como coordinador de asesores de tres de los últimos directores generales de Pemex: Rogelio Montemayor, Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo, por lo que es obvio que cuenta con información privilegiada sobre Pemex que ahora pone al servicio de particulares.
Antonio Juan Marco Issa envía de forma recurrente obsequios onerosos a los funcionarios propicios que le permitan continuar con sus negocios millonarios, tal como lo demostró la Secretaría de la Función Pública en su más reciente informe donde especificó que casi 50 regalos enviados por la empresa investigada tuvieron que ser rechazados por funcionarios debido a que violaban por ser exageradamente caros el acuerdo para la recepción y disposición de obsequios, donativos o beneficios en general que reciban los servidores públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2006.
Dos de las empresas que conforman el consorcio Blue Marine Group han seguido obteniendo millonarios contratos con Pemex a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación investiga a una de ellas: Arrendadora Ocean Mexicana.
Entre 2004 y 2007, la empresa Arrendadora Ocean Mexicana ganó contratos que de acuerdo con la página de Compranet sumaron un total de mil 662 millones 972 mil 176 pesos, y Subtec consiguió contratos por 143 millones 896 mil 856 pesos, a pesar de ser investigada por la Auditoría Superior de la Federación.
Considerando1. Que la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación especifica en el inciso VI de las Disposiciones Generales que ``las entidades fiscalizadas son: los Poderes de la Unión, los entes públicos federales, las entidades federativas y municipios que ejerzan recursos públicos federales y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales''.
2. Que la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación establece en el artículo 4 que ``son sujetos de fiscalización superior, los Poderes de la Unión, los entes públicos federales y las demás entidades fiscalizadas''.
3. Que es obligación legal y constitucional del Poder Legislativo proteger a Pemex como empresa de todos los mexicanos.
4. Que el contratismo en Pemex se ha convertido --durante los últimos años-- en una fuga de recursos que sólo beneficia a unos cuantos funcionarios corruptos y a varias empresas contratistas, Arrendadora Ocean es un claro ejemplo.
5. Que es obligación de Pemex transparentar todos los contratos con Blue Marine Group y todas las empresas contratadas con el objetivo de supervisar el buen manejo de los recursos.
6. Que la Auditoría Superior de la Federación inició en septiembre de 2007 una serie de auditorías sobre los millonarios contratos que Pemex entrega y aún no se conocen los resultados de dichas auditorías.
7. Que las anomalías registradas en el otorgamiento de contratos en Pemex han motivado que el que suscribe iniciara investigaciones independientes sobre el contratismo y el tráfico de influencias, en las cuales han encontrado muchos obstáculos para el acceso a la información.
8. Que es necesario que se inhabilite a la empresa Arrendadora Ocean Mexicana en las licitaciones de Pemex hasta que la PGR resuelva la investigación sobre el contrato de un buque-tanque con sobreprecio, pero sobre todo se explique de manera suficiente y razonada por qué fue licitada pese a los antecedentes apuntados.
9. Que la naviera Arrendadora Ocean Mexicana continúe trabajando con otras empresas pero no con Pemex mientras sea investigada por la Auditoría Superior de la Federación.
10. Que el Ejecutivo federal está obligado a frenar el contratismo que impera en la paraestatal.
11. Que la PGR debe concluir a la brevedad las investigaciones sobre la denuncia contra Arrendadora Ocean Mexicana, dar a conocer los resultados y, si es el caso, se castigue a los responsables de la corrupción.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 179 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva someta a consideración de este Pleno de urgente y obvia resolución, el siguiente
Punto de AcuerdoÚnico. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a que concluya las investigaciones sobre la denuncia en contra de Blue Marine Group y sus filiales Arrendadora Ocean Mexicana, Blue Marine y Subtec, se exhorta a Petróleos Mexicanos a que mientras la PGR no concluya estas investigaciones judiciales los elimine de las licitaciones que realice Petróleos Mexicanos.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Se turna a la Comisión de Marina.
AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Esta Presidencia recibió del diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que revise la información financiera de los fideicomisos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicoy del Servicio de Administración Tributaria.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que revise la información financiera de los fideicomisos de la SHCP y del SAT, a cargo del diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla , del Grupo Parlamentario del PRDEl suscrito, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
ConsideracionesDe acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la administración tributaria y particularmente las aduanas no estaban preparadas para apoyar las operaciones de comercio exterior por la firma del TLCAN, de manera que se crearon en 1993 fideicomisos, un año antes de su entrada en vigor.
Con la entrada en vigor del TLCAN además de las negociaciones con varios países y la Unión Europea para tratados de doble imposición, según el SAT no se estaba preparado para administrar el volumen y complejidad de las operaciones aduaneras y recaudatorias que se esperaban. Por lo que, se requería de aplicaciones informáticas, infraestructura y personal capacitado en operación y desarrollo de sistemas y mejorar la infraestructura física de las aduanas.
Asimismo, argumentaba que no se contaba con presupuesto suficiente para inversión en infraestructura; no se tenían respaldos actualizados, ni instalaciones de cómputo y eléctricas apropiadas y suficientes, tampoco las plazas y presupuestos para contrataciones de personal eran suficientes; además el personal de tecnología de la información era escaso, estaba poco capacitado y existía una evidente falta de infraestructura física en las aduanas.
La Ley Aduanera, en el artículo 8 (hoy16) establecía que la SHCP autorizará a los particulares para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados, así como para el segundo reconocimiento de mercancías.
El pago a las empresas autorizadas sería mediante una contraprestación que pagan los importadores y exportadores. Para efectos de administrar dicha contraprestación y, con el objeto de suministrarla al autorizado conforme presta el servicio, se estableció en las bases de licitación, que el autorizado debía constituir un fideicomiso a donde ingresaría la contraprestación que pagarían importadores y exportadores.
La empresa ISSA ganadora de la licitación constituyó el fideicomiso privado ISSA, para recibir y administrar la contraprestación del artículo 8B de la Ley Aduanera, donde el fideicomitente era la empresa Integradora de Servicios SA de CV (ISSA); como fideicomisaria primer lugar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; como fiduciaria, Nacional Financiera, SNC; y como fideicomisaria segundo lugar, las personas que en su caso designa la SHCP en términos del contrato.
Sin embargo, derivado de una deficiente prestación del servicio y la problemática que afrontaba la operación, el 28 de mayo de 1993, la SHCP rescindió el contrato de prestación de servicios a ISSA. Derivado de la rescisión se procedió a la liquidación del Fideicomiso al tiempo que se determinó transferir la totalidad de los fondos que se encontraban hasta el 28 de mayo de 1993 a un fideicomiso de nueva creación.
De manera que el 29 de mayo de 1993, se creó un nuevo fideicomiso denominado Aduanas 1. El patrimonio quedó integrado por la cantidad de 200 millones 488 mil 368 pesos que provenían del Fideicomiso ISSA. Las cantidades recibidas por la Fiduciaria de la TESOFE proveniente de las contraprestaciones a que se refiere el artículo 8B de la Ley Aduanera.
Derivado de que el Fideicomiso Aduanas 1 no podía operar por si solo, se constituyeron por el propio Fideicomiso empresas de carácter privado para prestar sus servicios, entre ellas Integradora de Servicios Operativos SA de CV, determinando que para la operación seria (Isosa) e Integradora de Activos para la Adquisición de Activos (IASA).
Además la empresa Isosa y subsidiarias, el Fideicomiso se encargaría de pagar a las empresas autorizadas a prestar los servicios del segundo reconocimiento aduanero. Dicho servicio consiste en la revisión de mercancías por segunda selección, para que la aduana se allegue de elementos para poder determinar irregularidades.
Dentro del contrato del segundo reconocimiento aduanero celebrado con 12 empresas en el año de 1993, se debía constituir un fideicomiso al cual aportaran recursos para dicho fin, y que tuviera como objetivo asegurar el cumplimiento del contrato, entre otras cosas, a través de la afectación de sus acciones en garantía al fideicomiso.
Por lo que, se creó el Fideicomiso Aduanas 2 por las empresas autorizadas para prestar el servicio de segundo reconocimiento aduanero en el cual actúan como fideicomitentes, como fiduciario Nacional Financiera y como fideicomisario la SHCP.
Según el SAT, con el fin de permitir una fiscalización integral, se tomó la decisión de sustituir las funciones del Fideicomiso Aduanas 1, para lo cual se adoptaron las siguientes acciones: conclusión de la operación del fideicomiso Aduanas 1, Isosa y subsidiarias, para la sustitución de los servicios que prestaba Isosa, se realizó el proceso de adquisición y se constituye un Fideicomiso Público que administre los recursos privados. Es pertinente mencionar que la conclusión de actividades de ISOSA fue el 29 de noviembre de 2006.
En mayo de 2004 se constituyo el Fideicomiso Público para Administrar la Contraprestación a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA). Debido a la naturaleza privada del Fideicomiso Aduanas 1 e Isosa, se presentaron diferentes situaciones, tales como que no es auditado por la Auditoría Superior de la Federación ni proporciona información vía el Instituto de Acceso a la Información Pública (IFAI).
Por lo que, la presente administración tomó la decisión de sustituir las funciones del Fideicomiso Aduanas 1, con el fin de permitir una fiscalización integral.
A dicho Fideicomiso se le aportaron recursos públicos por la cantidad de mil pesos. Los demás recursos depositados en el Facla, derivan de la contraprestación del artículo 16 de la Ley Aduanera que pagan los importadores y exportadores y que son de carácter privado.
Al respecto, de acuerdo con el SAT al homologar la operación y la administración de los fideicomisos, al cambiarlos de privados a públicos, se da visibilidad integral al uso de los recursos y a las operaciones de modernización del SAT; se posibilita que cualquier instancia, como la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, pueda auditarlos.
De acuerdo con información oficial, la disponibilidad de recursos del Facla, al 31 de diciembre de 2007 era de 10 millones 622 mil 488 pesos. En contraste la misma fuente señala que la disponibilidad del Fideicomiso Aduanas1, al 31 de marzo de 2006 era de 2 millones 134 mil 448 pesos.
En la revisión de la Cuenta Pública 2004 la ASF detectó errores que incidieron en el registro contable y en el control de estos recursos, por lo que se consideró importante verificar que su operación cumpla con la normativa correspondiente.
El SAT no devolvió 1,000,000.0 miles de pesos, que el 29 de diciembre de 2005 Nafin, en su carácter de fiduciaria del Fideicomiso Aduanas 1 número 954-8 enteró a la Tesofe. Al respecto, la ASF señala que, el 6 de noviembre de 2006 el SAT emitió la Regla 1.3.10, que le permitió retirar esos 1,000,000.0 miles de pesos de la Tesofe, y el 7 de noviembre del mismo año solicitó la devolución para que fueran depositados al Fideicomiso Aduanas 1 núm. 954-8.
En este contexto, para la ASF el FACLA es un fideicomiso registrado como público, pero administra recursos privados, y el SAT es responsable de realizar las operaciones de adquisiciones y la contratación, mientras que el Comité Técnico del fideicomiso está conformado por funcionarios públicos de ese órgano desconcentrado. Por lo anterior, es improcedente que servidores públicos administren recursos del fideicomiso, ya que el Gobierno Federal absorbe los costos de la recaudación del derecho del trámite Aduanero (DTA).
Sin embargo, el SAT incumplió las disposiciones normativas aplicables al licitar y contratar los servicios establecidos en el artículo 16 de la Ley Aduanera, ya que los contratos no incluyeron los descuentos ofrecidos en las propuestas económicas.
Para la ASF el impacto económico de la fiscalización se estima en 1,000,000.0 miles de pesos, que corresponde a la cuantificación monetaria de lo observado, los cuales se consideran como recuperaciones probables.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este pleno el siguiente:
Punto de AcuerdoÚnico. La honrable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que la Auditoría Superior de la Federación lleve a cabo una revisión y compulsa de la información financiera, contable y económica de los fideicomisos que se encuentran en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria e informe a esta soberanía de sus resultados.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Se recibió también del diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que realice una auditoría de obra pública e inversión física y dé seguimiento de las concesiones otorgadas en la terminal 2 delAeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que realice una auditoría de obra pública e inversión física y de seguimiento sobre las concesiones otorgadas en la terminal dos del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, a cargo del diputado Hugo Eduardo Martínez Padilla , del Grupo Parlamentario del PRDEl suscrito, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
ConsideracionesA partir de la cancelación de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se planteó la necesidad de resolver el problema del transporte aéreo de la zona metropolitana del valle de México (ZMVV), debido a que 30 por ciento del tráfico aéreo nacional es atendido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), puso en marcha el programa denominado Modernización de Infraestructura de la Red ASA, relativo a la construcción, la operación y administración de los aeropuertos de la red y la inserción del nuevo esquema de desarrollo de negocios.
De acuerdo con el Colegio de Ingenieros Civiles de México, AC, en la Terminal Uno, se mejoró el área de movimientos con la reestructuración y construcción de rodajes, el drenaje profundo en todo el aeropuerto y la ampliación del edificio en 92 mil metros cuadrados de los cuales 48 mil metros cuadrados fueron obra nueva y 44 mil metros de remodelaciones que terminaron al finalizar el año 2006.
Por su parte, la Terminal Dos tiene una extensión de 242 mil metros cuadrados, contará con una zona comercial, un patio hotel con 350 habitaciones, estacionamiento para tres mil vehículos y terminal de autobuses.
Es pertinente mencionar, que mediante concurso público nacional se licitó el desarrollo arquitectónico y funcional de la Terminal Dos. El concurso se realizó aceptando las propuestas por clave de identificación que únicamente conoció un notario público. El jurado en su momento calificó el concepto arquitectónico y espacial de la propuesta, la factibilidad constructiva, económica y operacional aspectos con los que se determinaron las mejores propuestas, para después proceder a la elección de una propuesta ganadora.
La posibilidad de un mayor número de viajes por avión tras la entrada en operación de aerolíneas de bajo costo aunado a la desaceleración económica en Estados Unidos, ha provocado una reconfiguración del tráfico aéreo en México. No obstante, para la SCT, con las ampliaciones de los aeropuertos de la ciudad de México y de Toluca se tendrá cubierta la demanda en la zona metropolitana, complementado con los aeropuertos de Puebla, Cuernavaca y Querétaro.
En ese sentido, la Terminal Dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dará servicio a 12 millones de usuarios al año. En tanto que la Terminal Uno tiene capacidad para atender a 20 millones de pasajeros, pero actualmente está atendiendo a 25 millones. Con la nueva terminal, se atenderán a 32 millones de pasajeros al año.
Para el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI por sus siglas en ingles), el crecimiento de tráfico aéreo genera mayores ingresos aeronáuticos a través de un incremento del movimiento de aeronaves y también conduce a un alto ingreso no aeronáutico debido a que hay mayor número de pasajeros gastando en productos y servicios aeroportuarios.
El documento de la AIC titulado: Comprendiendo el Negocio Aeroportuario, precisa que los aeropuertos han tenido éxito incrementando las fuentes de ingresos por conceptos no aeronáuticos. Además se destaca que, en 1990 únicamente el 30 por ciento de los ingresos aeroportuarios provenían de fuentes no aeronáuticas, con información de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), el organismo de la ONU que regula el transporte aéreo.
En años recientes, las encuestas realizadas por la ACI confirman que esta figura global está ahora cercana al 50 por ciento con un número de grandes aeropuertos que obtienen el 60 por ciento de sus ingresos brutos provenientes de fuentes no aeronáuticas. Incluyendo concesiones de venta al detalle, estacionamiento, concesiones a arrendadores de autos e ingresos por renta de terrenos aeroportuarios.
En 2003, ASA inició la ampliación del edificio Terminal Uno y la construcción de un nuevo edificio terminal al sur del AICM denominado Terminal Dos, para atender 32 millones de pasajeros y 350 mil operaciones.
Cabe recordar que en 2007 al comparecer ante senadores, Ernesto Velasco de León, director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), negó irregularidades en la construcción de la llamada Terminal Dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Ante los reclamos de los senadores en torno a los altos costos de las obras de la Terminal Dos, el director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares explicó que se han realizado diversas auditorías y ninguna ha revelado desvíos de recursos o irregularidades. El titular de ASA señaló que no rebasarán el techo financiero que la Secretaría de Hacienda autorizó para el proyecto que fue de 8 mil 391 millones, 400 mil pesos.
Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Aerotransporte, Javier Christlieb, ha señalado que un tema urgente es una atención mayor a las zonas operativas de los aeropuertos, más que las comerciales. Según este directivo es bueno que exista una zona comercial en el aeropuerto, pero las operativas deben tener prominencia sobre las comerciales.
Para el presidente de la Cámara Nacional de Aerotransporte las diferencias que hay en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde encontramos el mundo operativo del aeropuerto, tiene carencias enormes en contra parte con las tiendas ``del primer mundo''.
En ese sentido, se puede mencionar que ASA en la Terminal Dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entregó la concesión de cuatro tiendas duty free. El proceso de licitación de estos espacios inició a finales de 2006 y se concretaron en 2007.
Sin embargo, no se omite precisar que los concesionarios de las tiendas duty free de la Terminal Dos resultaron ganadores de la subasta (mayo de 2007) en una licitación privada y entre las restricciones impuestas se encontraba la experiencia de 10 años en el ramo y más de tres tiendas en operación.
Asimismo, en 2007 los taxistas del Sitio 300 que opera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, protestaron ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por una presunta concesión de ese servicio a otras empresas. Actualmente el sitio 300 cuenta con un parque vehicular de mil 37 unidades.
Al respecto, el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Héctor Velázquez Corona, anunció que para subsanar la deficiencia que hay en el servicio de taxis, habría 400 concesiones más para brindar el servicio en las dos terminales, señalando que el aeropuerto capitalino sólo recibe 12 pesos por cada viaje que se realiza.
En la Cuenta Pública 2005, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció que las inversiones en la ampliación del AICM, sólo permitirán continuar las operaciones por siete años, lapso en el que únicamente se deberá administrar la saturación. También, detecto irregularidades en el desempeño de ASA.
Entre las irregularidades destacan: fraccionamiento indebido del proyecto de la Terminal 2, no aplicación de retenciones por atraso de la contratista en su programa de ejecución; pagos improcedentes por duplicación de obra o sin soporte documental, integración indebida de costos indirectos. Además de inclusión de costos indirectos de construcción y mantenimiento de caminos, sin que exista evidencia física de su realización; incorrecta cuantificación de conceptos de obra; y no cubrir el proyecto ejecutivo, los objetivos y metas.
En estas revisiones la ASF determinó un impacto económico por 44.8 millones de pesos.
De acuerdo con la ASF, la entidad no obtuvo la manifestación de construcción de la obra, fraccionó indebidamente la construcción del proyecto de la Terminal 2 y no aplicó retenciones al 31 de diciembre de 2005 por 11,772.6 miles de pesos, por atraso de la contratista en su programa de ejecución.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este pleno el siguiente:
Punto de AcuerdoÚnico. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que la Auditoría Superior de la Federación, lleve a cabo una auditoría de obra pública e inversión física y de seguimiento de las concesiones en la Terminal Dos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y que las entidades relacionadas: SCT, ASA, AICM, rindan cuentas sobre el destino de los recursos.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
ESTADO DE VERACRUZ
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Se recibió del diputado Santiago López Becerra, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportesla remoción del director general y del subdirector de Obras del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportesen Veracruz.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a remover al director general y al subdirector de Obras del Centro SCT Veracruz, a cargo del diputado Santiago López Becerra , del Grupo Parlamentario del PRDEl suscrito, diputado federal Santiago López Becerra , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 8 del Reglamento para el Gobierno Interior, somete a consideración de este Pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo, en base a los siguientes
AntecedentesI. Con fecha 5 de junio de 2007 se documentó una denuncia de hechos ante la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la Auditoria Superior de la Federación, misma en la que se presentaron irregularidades en las licitaciones así como en la construcción de las obras carreteras. En esa misma fecha, se informó a la Contraloría Interna de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la duplicidad de pago que se venía haciendo por parte de la secretaría en los trabajos de reconstrucción y conservación rutinaria anual correspondientes al Centro SCT Veracruz.
II. Con fecha 29 de junio del mismo año se presentó ante la Contraloría Interna de la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a la Secretaría de la Función Pública, la documentación comprobatoria de dicha duplicidad de pagos.
III. Con fecha 16 de octubre de 2007 se acordó con el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y 10 integrantes de la Comisión de Transporte realizar un recorrido conjunto para verificar los dos puntos anteriormente descritos.
IV. Con fecha 5, 6 y 7 de noviembre de 2007, integrantes de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados realizaron un recorrido a los tramos carreteros en los que se había señalado las irregularidades mencionadas.
V. En esta visita de obra se verificó y detectó un fuerte daño patrimonial, que quedó debidamente documentado en las minutas firmadas por los integrantes de la Comisión de Transporte, presidentes municipales y representantes de diferentes sectores sociales.
ConclusionesA pesar de haberse informado de estos ilícitos en tiempo y forma a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoria Superior de la Federación, y haber comprobado la existencia de duplicidad de pagos, así como la reducción en los volúmenes de los conceptos de obra establecidos originalmente en los contratos y que por otra parte fueron estimados en su totalidad a las empresas contratistas, desde el pasado mes de noviembre, fecha en que se comprobaron físicamente los ilícitos señalados, hasta el día de hoy, no hay una respuesta a esta Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por parte de la autoridades correspondiente.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional somete a consideración del Pleno de esta soberanía, el siguiente
Punto de AcuerdoÚnico. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por medio de su titular, doctor Luis Téllez Kuenzler, la inmediata remoción de los funcionarios públicos, ingenieros Agustín Basilio de la Vega y Jaime Yamada Hurtado, director general y subdirector de Obras del Centro SCT Veracruz, respectivamente, para que respondan por los ilícitos señalados.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Túrnese a la Comisión de la Función Pública.
GRUPO DE TRABAJO DE DETENCIONES ARBITRARIAS DE NACIONES UNIDAS, DERIVADAS DE LA VISITA DE 2002
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Se recibió de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD, punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a que informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, derivadas de la visita de 2002.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas derivadas de la visita efectuada en 2002, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del PRDLa que suscribe diputada Aleida Alavez Ruiz , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de diputados, LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto como asunto de urgente resolución a la consideración de esta Asamblea la siguiente propuesta al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones
AntecedentesComo parte de los trabajos que realizó la Primera Comisión --de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia-- de la Comisión Permanente en el pasado período de receso, la cual fue integrada por 6 legisladores del Partido Acción Nacional, 4 del Partido del Revolucionario Institucional, 4 del de la Revolución Democrática y 1 del Verde Ecologista de México, acordamos, por unanimidad, en la sesión de trabajo del 15 de enero de 2008, presentar ante el Pleno de la Comisión Permanente el presente punto de acuerdo, sin embargo ante el limitado tiempo de la Comisión de receso ya no fue posible su discusión por lo que como parte del cumplimiento de nuestra labor legislativa presento a nombre de los legisladores que, en su momento, integramos la Primera Comisión la presente propuesta bajo las siguientes
ConsideracionesDel 27 de octubre al 10 de noviembre de 2002, visitó el país el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, para hacer una valoración de los rezagos en los grandes temas pendientes en cuanto al sistema de justicia mexicano.
En el informe sobre su visita a México el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias reconoce algunos avances generales realizados por México, pero también señala su preocupación por la relación entre las detenciones arbitrarias y el sistema de averiguación previa; la flagrancia equiparada; la corrupción; los operativos de seguridad; el régimen de ejecución de la pena; el arraigo y las deficiencias de la defensa de oficio. Asimismo señala su preocupación por las deficiencias del amparo para combatir la detención arbitraria, el sistema de justicia para menores, la impunidad de responsables de detención arbitraria y la administración de justicia por parte de tribunales militares.
Las recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo reafirman las que ya habían formulado tanto la relatora sobre Ejecuciones Extrajudiciales, como los relatores sobre Tortura e Independencia de Jueces y Abogados, y el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos todos ellos de Naciones Unidas, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Particularmente importante es la recomendación de que las desapariciones forzadas cometidas por militares deben ser de competencia de la jurisdicción civil ordinaria.
Asimismo, resulta contundente la recomendación en el sentido de que se observe una ``estricta separación entre tareas militares y tareas policiales en funciones de orden público''. A pesar de que recomendaciones similares han sido emitidas por la relatora sobre Ejecuciones Extrajudiciales, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los cuerpos policiacos de seguridad pública como la Policía Federal Preventiva continúan militarizándose.
Las observaciones realizadas por el grupo de trabajo revelaban el carácter representativo de los problemas que en materia de detenciones arbitrarias existen en México.
Cuando el Estado procesa penalmente a alguno persona, se pone a prueba el compromiso por la defensa y protección de los derechos humanos. Cuando los encargados de hacer cumplir la ley someten al detenido a torturas o malos tratos, cuando se fabrican pruebas y se condenan inocentes, cuando los juicios son injustos, el sistema de justicia de cualquier país se pone en duda, ``la injusticia en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en todas partes'', señala Martin Luther King.
Es por esto que se requiere entender la detención arbitraria como un concepto que abarca, no sólo la detención de una persona fuera de los casos que prevé el articulo 16 de la Constitución mexicana, sino los supuestos de privación de la libertad por virtud de una sentencia cuyo régimen impide la libertad anticipada y las normas inadecuadas en materia de reconocimiento de inocencia.
La forma de centrar la política exterior mexicana en la defensa de los derechos humanos consiste en la armonización del derecho interno con el cuerpo de derecho internacional de derechos humanos, está relacionada con el deber de cumplir los propios compromisos que se derivan de organismos o mecanismos internacionales cuando éstos se pronuncian sobre violaciones a derechos humanos en el país.
En el ámbito concreto de la justicia penal internacional la mejor manera de cooperar en materia de derechos humanos es adecuar el derecho mexicano a los estándares internacionales como lo precisa el Estatuto de Roma; y esta será una de las principales tareas que enfrente el Congreso Mexicano en los días por venir.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración, como asunto de urgente resolución, la siguiente proposición con
Punto de AcuerdoPrimero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a que remita, de manera urgente, el informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que visitó nuestro país del 27 de octubre al 10 de noviembre de 2002 y que se encuentran pendientes de cumplimiento desde esas fechas, así como remitir dicha información a esta soberanía.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.
LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA PENSION ALIMENTARIA PARA LOS ADULTOS MAYORES DE 70 AÑOS
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Esta Presidencia recibió del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del PRD, solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Excitativa a las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, y de Presupuesto y Cuenta Pública, a solicitud del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , del Grupo Parlamentario del PRDDiputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.
El que suscribe, diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , integrante del Grupo Parlamentario del PRD a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente le solicito que, en uso de la facultad que le confiere la fracción XVI del artículo 21del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite en nombre de la Cámara a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y Presupuesto y Cuenta Pública a que presente dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que Establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de 70 Años, que Habiten en Comunidades Menores a Dos Mil Quinientos Habitantes y Personas con Capacidades Diferentes.
ConsideracionesPrimera. La presidenta de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme a la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de excitar a las comisiones a nombre de la Cámara a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días hábiles después de aquel en que se les turne un asunto y, si no fuere suficiente, la emplazará para día determinado y, si ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.
Segunda. Es el caso que el día 26 de abril de 2007, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, Presupuesto y Cuenta Pública la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que Establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de 70 Años que Habiten en Comunidades Menores a Dos Mil Quinientos Habitantes y Personas con Capacidades Diferentes, cuyo objetivo es establecer la obligación del Estado para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), garantice el derecho de los adultos mayores de 70 años que residan en comunidades menores a 2 mil 500 habitantes y las personas con capacidades diferentes que residan en cualquier población del país, a recibir una pensión mensual equivalente a medio salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Que el Ejecutivo federal deberá incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la asignación presupuestal que garantice tal derecho, así como que la Sedesol deberá integrar y mantener actualizado el padrón de beneficiarios.
Tercera. Es de señalarse que han transcurrido once meses y las comisiones referidas no han presentado al pleno de la Cámara el dictamen respectivo, incumpliendo así con lo establecido por el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que establece cinco días hábiles después de aquel en que se les turne un asunto, y si no fuera suficiente, la emplazará para día determinado y, si ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.
Por lo anteriormente expuesto, le solicito de la manera más atenta la siguiente
ExcitativaÚnico. Excite a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Presupuesto, y Cuenta Pública a que presenten el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley que Establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de 70 Años que Habiten en Comunidades Menores a Dos Mil Quinientos Habitantes y Personas con Capacidades Diferentes, presentada por el que suscribe, en términos del reglamento, emplazándola para el día 17 de abril de 2008 y, si ni así se presentare el dictamen, proponga a la Cámara que pase a otra comisión.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Esta Presidencia, de conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excita a las comisiones mencionadas para que emitan el dictamen correspondiente.
LEY DE COORDINACION FISCAL
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Esta Presidencia recibió también del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del PRD, solicitud de excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La Secretaria diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela : «Excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , del Grupo Parlamentario del PRDEl que suscribe, diputado Francisco Javier Calzada Vázquez , integrante del Grupo Parlamentario del PRD a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente solicito que, en uso de la facultad que le confiere la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite en nombre de la Cámara a la Comisión de Hacienda y Crédito Público a que presente el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 25 y se adiciona el artículo 48 Bis de la Ley de Coordinación Fiscal.
ConsideracionesPrimera. La presidenta de la Mesa Directiva tiene la facultad, conforme a la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de excitar a las comisiones a nombre de la Cámara a que presente dictamen si han transcurrido cinco días hábiles después de aquel en que se les turne un asunto y, si no fuere suficiente, la emplazará para día determinado y, si ni así presentare el dictamen propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.
Segunda. Es el caso que el 26 de abril de 2007, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 25 y se adiciona el artículo 48 Bis de la Ley de Coordinación Fiscal que tiene por objeto incluir dentro de los fondos de aportaciones federales al Fondo de Aportaciones para el desarrollo regional, el cual se constituirá con el 0.25 por ciento de la recaudación federal participable que aparezca en la Ley de Ingresos y se distribuirá entre las diez entidades federativas que presenten un índice de desarrollo humanos del Programa de las Nacionaes Unidas para el desarrollo menos a la media nacional de dicho indicador.
Tercera. Es de señalarse que han transcurrido 11 meses y la comisión referida no ha presentado al Pleno de la Cámara el dictamen respectivo, incumpliendo así con los establecido por el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que establece cinco días hábiles después de aquel en que se les turne un asunto, y si no fuera suficiente, la emplazará para día determinado y, si ni así se presenta el dictamen, propondrá a la Cámara que pase a otra comisión.
Por lo expuesto, solicito de la manera más atenta la siguiente
ExcitativaÚnico. Excite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público a que presente el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 25 y se adiciona el artículo 48 Bis de la Ley de Coordinación Fiscal presentada por el que suscribe, en términos del Reglamento, emplazándola para el 17 de abril de 2008 y, si ni así se presenta el dictamen, proponga a la Cámara que pase a otra comisión.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la comisión mencionada para que emita el dictamen correspondiente.
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Continúe la Secretaría con el orden del día.
ORDEN DEL DIA
La Secretaria diputada Patricia Villanueva Abraján : «Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.
Orden del día
Jueves 10 de abril de 2008.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
Del Congreso del estado de Oaxaca.
Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez (a las 14: 47 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 10 de abril a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9: 30 horas.
--------------- O ---------------
RESUMEN DE TRABAJOS
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)
ASISTENCIA
SECRETARÍA GENERAL
| GRUPO PARLAMENTARIO |
ASISTENCIA | ASISTENCIA POR CÉDULA |
ASISTENCIA COMISIÓN OFICIAL |
PERMISO MESA DIRECTIVA |
INASISTENCIA JUSTIFICADA |
INASISTENCIAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALT | 185 | 5 | 0 | 4 | 0 | 12 | 206 |
| PRD | 111 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 126 |
| PRI | 94 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 106 |
| CONV | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| PVEM | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| PT | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| NA | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| ALT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| TOTAL | 441 | 12 | 0 | 14 | 0 | 31 | 31 |
Nota: Las diferencias que existen entre las listas de asistencias y el número de votos puede variar conforme a los diputados presentes al momento de la votación.
SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA
| PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | |
|---|---|
| 1 Acosta Dávila Constantino | CÉDULA |
| 2 Aguilar López José Alejandro | ASISTENCIA |
| 3 Alcalde Virgen Moisés | ASISTENCIA |
| 4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges | ASISTENCIA |
| 5 Álvarez Bernal María Elena | ASISTENCIA |
| 6 Amezola Fonceca Gerardo | ASISTENCIA |
| 7 Aranda Orozco Gerardo | ASISTENCIA |
| 8 Arellano Arellano Joel | INASISTENCIA |
| 9 Arenas Guzmán Margarita | ASISTENCIA |
| 10Arizméndi Uribe Efraín | ASISTENCIA |
| 11 Armendáriz García Pedro | ASISTENCIA |
| 12 Arredondo Ibarra Salvador | ASISTENCIA |
| 13 Arredondo Velázquez Jesús | ASISTENCIA |
| 14 Ávila Mayo Obdulio | ASISTENCIA |
| 15 Barradas Miravete Gregorio | ASISTENCIA |
| 16 Barrios Rodríguez Juan Enrique | ASISTENCIA |
| 17 Bello Pérez Alfonso Othón | ASISTENCIA |
| 18 Berber Martínez Antonio | ASISTENCIA |
| 19 Bermúdez Viramontes Andrés | ASISTENCIA |
| 20 Bolaños Aguilar Edmundo Javier | ASISTENCIA |
| 21 Borboa Becerra Omar Antonio | ASISTENCIA |
| 22 Borrego Estrada Felipe | ASISTENCIA |
| 23 Bracho González Carlos Augusto | ASISTENCIA |
| 24 Buganza Salmerón Gerardo | ASISTENCIA |
| 25 Campos Galván María Eugenia | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 26 Carbajal Méndez Liliana | ASISTENCIA |
| 27 Carbajal Tejada Rogelio | ASISTENCIA |
| 28 Cárdenas Sánchez Esmeralda | ASISTENCIA |
| 29 Cardona Benavidez Alma Xóchil | ASISTENCIA |
| 30 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto | ASISTENCIA |
| 31 Castaño Contreras Cristián | ASISTENCIA |
| 32Castro De la Rosa Osiel | ASISTENCIA |
| 33 Castro Muñoz Juan de Dios | ASISTENCIA |
| 34Castro Romero Ma. Sofía Del Perpetuo | ASISTENCIA |
| 35 Ceja Romero Ramón | ASISTENCIA |
| 36 Chávez García Daniel | ASISTENCIA |
| 37 Collado Lara Beatriz | ASISTENCIA |
| 38 Contreras Coeto José Luis | ASISTENCIA |
| 39 Corral Aguilar María Mercedes | ASISTENCIA |
| 40 Cuen Garibi Marcela | ASISTENCIA |
| 41 Curiel Preciado Leobardo | ASISTENCIA |
| 42 Dávila Fernández Adriana | ASISTENCIA |
| 43 Dávila García Francisco | ASISTENCIA |
| 44 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio | ASISTENCIA |
| 45 De León Tello Jesús | ASISTENCIA |
| 46 Degante Romero Silvia Emilia | ASISTENCIA |
| 47Del Toro del Villar Tomás | ASISTENCIA |
| 48 Del Valle Toca Antonio | ASISTENCIA |
| 49 Delgado Oscoy Alejandro Enrique | ASISTENCIA |
| 50Denegre Vaught Ramírez Rosaura Virginia | ASISTENCIA |
| 51 Deschamps Falcón Ángel Rafael | ASISTENCIA |
| 52 Díaz García José Antonio | ASISTENCIA |
| 53 Díaz Garibay Felipe | ASISTENCIA |
| 54 Díaz Gordillo Martha Cecilia | ASISTENCIA |
| 55 Díaz Mena Joaquín Jesús | ASISTENCIA |
| 56 Díaz de León Torres Leticia | ASISTENCIA |
| 57 Domínguez Servién Francisco | ASISTENCIA |
| 58 Duck Núñez Edgar Mauricio | ASISTENCIA |
| 59 Enríquez Flores Armando | INASISTENCIA |
| 60 Escaroz Soler Gerardo Antonio | ASISTENCIA |
| 61 Escobar Jardinez Adolfo | ASISTENCIA |
| 62 Espinosa Piña José Luis | ASISTENCIA |
| 63 Félix Holguín Armando Jesús | ASISTENCIA |
| 64 Felton González Carlos Eduardo | ASISTENCIA |
| 65 Fernández Cabrera Adrián | ASISTENCIA |
| 66Fernández Ugarte Ma. del Carmen | ASISTENCIA |
| 67 Figueroa Ortega David | ASISTENCIA |
| 68 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro | CÉDULA |
| 69 Flores Grande Arturo | INASISTENCIA |
| 70 Flores Morfín Jesús Vicente | ASISTENCIA |
| 71 Fraile García Francisco Antonio | ASISTENCIA |
| 72 Franco Cazarez Ricardo | ASISTENCIA |
| 73 Fuentes Ortíz José Guillermo | ASISTENCIA |
| 74 García González Carlos Alberto | ASISTENCIA |
| 75 García Müller Martha Margarita | ASISTENCIA |
| 76 García Reyes Ángel Humberto | ASISTENCIA |
| 77 García Reyes Beatriz Eugenia | ASISTENCIA |
| 78 García Vivián Raúl | ASISTENCIA |
| 79 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes | ASISTENCIA |
| 80 Gómez Leyva Silvio | ASISTENCIA |
| 81 González Betancourt Jorge Justiniano | ASISTENCIA |
| 82 González Martínez María Gabriela | ASISTENCIA |
| 83 González Morán Martín Oscar | ASISTENCIA |
| 84 González Roaro Benjamín Ernesto | ASISTENCIA |
| 85 González Ruiz Felipe | ASISTENCIA |
| 86González Sánchez Ma. Dolores | ASISTENCIA |
| 87Gudiño Ortíz Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 88 Guerrero Torres José Gildardo | INASISTENCIA |
| 89 Gutiérrez Lagunes María Victoria | ASISTENCIA |
| 90 Hernández Núñez Elia | ASISTENCIA |
| 91 Hurtado Pérez Nelly Asunción | INASISTENCIA |
| 92 Iragorri Durán Enrique | ASISTENCIA |
| 93Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 94 Jiménez Ramos María Esther | ASISTENCIA |
| 95 Joaquín Coldwell Addy Cecilia | ASISTENCIA |
| 96 Lagunes Viveros Violeta del Pilar | ASISTENCIA |
| 97 Landero Gutiérrez Alejandro | ASISTENCIA |
| 98 Landeros González Ramón | ASISTENCIA |
| 99 Lara Compeán David | ASISTENCIA |
| 100 Larios Córdova Héctor | CÉDULA |
| 101 Laviada Hernández Iñigo Antonio | ASISTENCIA |
| 102 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio | CÉDULA |
| 103 Leura González Agustín | ASISTENCIA |
| 104 Lezama Aradillas René | ASISTENCIA |
| 105 Limas Frescas María Soledad | ASISTENCIA |
| 106 Lizaola de la Torre Alonso Manuel | ASISTENCIA |
| 107 López Cisneros José Martín | ASISTENCIA |
| 108 López Reyna Omeheira | ASISTENCIA |
| 109 López Silva Rubí Laura | ASISTENCIA |
| 110 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel | ASISTENCIA |
| 111 Lujano Nicolás Christian Martín | ASISTENCIA |
| 112 Maawad Robert Luis Xavier | ASISTENCIA |
| 113 Macías Zambrano Gustavo | ASISTENCIA |
| 114 Madrazo Limón Carlos | ASISTENCIA |
| 115Magallón Arceo Leonardo Melesio de J. | ASISTENCIA |
| 116 Malagón Ríos Martín | ASISTENCIA |
| 117 Maldonado González David | ASISTENCIA |
| 118Manuell-Gómez Angulo Dolores De María | ASISTENCIA |
| 119 Martínez Díaz María de Jesús | ASISTENCIA |
| 120 Martínez Valero Dora Alicia | INASISTENCIA |
| 121 Medellín Varela Antonio | ASISTENCIA |
| 122 Medina Macias Alma Hilda | ASISTENCIA |
| 123 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia | ASISTENCIA |
| 124 Mejía García Luis Alonso | ASISTENCIA |
| 125 Méndez Meneses Apolonio | ASISTENCIA |
| 126 Mendoza Morales Lucía Susana | ASISTENCIA |
| 127 Mohamar Dainitin Oscar Miguel | ASISTENCIA |
| 128 Mollinedo Hernández Agustín | INASISTENCIA |
| 129 Monraz Ibarra Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 130 Montes Sánchez Fabián Fernando | ASISTENCIA |
| 131 Mora Cuevas Marisol | INASISTENCIA |
| 132 Morales Ramos José Nicolás | ASISTENCIA |
| 133 Morelos Borja María Esperanza | CÉDULA |
| 134 Moreno Álvarez Mario Eduardo | ASISTENCIA |
| 135 Morgan Franco Rocío del Carmen | ASISTENCIA |
| 136 Muñoz Serrano José Antonio | ASISTENCIA |
| 137 Murillo Flores Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 138 Murillo Torres José Luis | ASISTENCIA |
| 139 Navarro Sugich Carlos Alberto | ASISTENCIA |
| 140 Nordhausen González Jorge Rubén | ASISTENCIA |
| 141Noriega Blanco Vigil María Nieves | ASISTENCIA |
| 142 Ochoa López Nabor | ASISTENCIA |
| 143 Olvera Higuera Edgar Armando | ASISTENCIA |
| 144 Orozco Ruiz Velazco Marco Heriberto | ASISTENCIA |
| 145Ortega Martínez Ma. del Pilar | ASISTENCIA |
| 146Ortíz Hernández Eduardo | INASISTENCIA |
| 147 Oviedo Oviedo Ernesto | ASISTENCIA |
| 148 Padilla Orozco Raúl Alejandro | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 149 Palafox Núñez José Inés | ASISTENCIA |
| 150 Paredes Rodríguez Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 151 Parra Jiménez Dolores María del Carmen | ASISTENCIA |
| 152 Parra Noriega Luis Gustavo | ASISTENCIA |
| 153 Pérez Cuéllar Cruz | ASISTENCIA |
| 154 Peyrot Solís Marco Antonio | ASISTENCIA |
| 155 Plascencia Alonso Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 156 Priego Tapia Gerardo | ASISTENCIA |
| 157 Pulido Pecero Pedro | ASISTENCIA |
| 158 Quintero Bello Jorge | ASISTENCIA |
| 159 Ramírez Barba Ector Jaime | ASISTENCIA |
| 160 Ramírez Pech Edgar Martín | ASISTENCIA |
| 161 Ramírez Villarreal Gustavo | ASISTENCIA |
| 162 Ramos Covarrubias Héctor Manuel | ASISTENCIA |
| 163 Reyes López Carlos Armando | ASISTENCIA |
| 164 Rincón Vargas Mirna Cecilia | ASISTENCIA |
| 165 Rivera Rivera José Guadalupe | ASISTENCIA |
| 166 Rivero Rivero Rolando | ASISTENCIA |
| 167 Rodríguez Ahumada Luis Fernando | ASISTENCIA |
| 168 Rodríguez Jiménez Ricardo | ASISTENCIA |
| 169 Rodríguez Prats Juan José | ASISTENCIA |
| 170 Rodríguez Uresti Enrique | ASISTENCIA |
| 171 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana | INASISTENCIA |
| 172 Rojas Hernández Laura Angélica | ASISTENCIA |
| 173 Román Isidoro Demetrio | ASISTENCIA |
| 174 Romo Jiménez Martha Angélica | ASISTENCIA |
| 175 Rubio Chávez José Ignacio Alberto | ASISTENCIA |
| 176 Rueda Gómez Francisco | ASISTENCIA |
| 177 Ruiz Velasco de Lira Ernesto | INASISTENCIA |
| 178 Salas Contreras Marcos | ASISTENCIA |
| 179 Salazar Madera Mario Alberto | ASISTENCIA |
| 180 Salum del Palacio Jorge Alejandro | ASISTENCIA |
| 181 Sánchez Díaz de Rivera Antonio | ASISTENCIA |
| 182 Sánchez Domínguez Alejandro | ASISTENCIA |
| 183 Sánchez Gil Carlos René | ASISTENCIA |
| 184 Sánchez Juárez Claudia | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 185 Sánchez Trujillo José Víctor | ASISTENCIA |
| 186Sandoval Munguia Juan Manuel | ASISTENCIA |
| 187 Serrato Castell Luis Gerardo | ASISTENCIA |
| 188 Shej Guzmán Sara | ASISTENCIA |
| 189 Solano Muñoz José de Jesús | ASISTENCIA |
| 190 Stefanonni Mazzocco Martín | ASISTENCIA |
| 191 Tamayo Herrera Yadhira Yvette | ASISTENCIA |
| 192 Torres Gómez Artemio | ASISTENCIA |
| 193 Torres Herrera Víctor Manuel | ASISTENCIA |
| 194 Torres Torres Carlos Alberto | ASISTENCIA |
| 195Valenzuela García María Gloria | INASISTENCIA |
| 196 Valladolid Rodríguez Antonio | ASISTENCIA |
| 197 Vasconcelos Rueda Antonio | ASISTENCIA |
| 198 Vázquez Martínez Alberto | ASISTENCIA |
| 199 Vega Corona Antonio | ASISTENCIA |
| 200 Velázquez Gutiérrez José Guillermo | ASISTENCIA |
| 201 Verástegui Ostos César Augusto | ASISTENCIA |
| 202 Verdín Saldaña Jaime | ASISTENCIA |
| 203 Victoria Alva Juan | ASISTENCIA |
| 204 Vieyra Olivares Adriana Rebeca | ASISTENCIA |
| 205 Villanueva Arjona Juan Manuel | ASISTENCIA |
| 206 Zambrano Elizondo Javier Martín | ASISTENCIA |
| Asistencias: 185 | |
| Asistencias por cédula: 5 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 4 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 12 | |
| Total diputados: 206 | |
| PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | |
|---|---|
| 1Aguirre Alcaide Victor | ASISTENCIA |
| 2 Alavez Ruiz Aleida | CÉDULA |
| 3 Almazán González José Antonio | ASISTENCIA |
| 4 Almonte Borja Ramón | ASISTENCIA |
| 5 Alonso Flores Lourdes | ASISTENCIA |
| 6Wilfrido Alonso Razo Humberto | ASISTENCIA |
| 7 Altamirano Toledo Carlos | ASISTENCIA |
| 8 Alva Olvera Maribel Luisa | ASISTENCIA |
| 9 Álvarez Ramón Silbestre | INASISTENCIA |
| 10 Amaro Corona Alberto | ASISTENCIA |
| 11 Aragón Castillo Irene | ASISTENCIA |
| 12 Arellano Pulido Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 13Arreola Calderón Juan Dario | ASISTENCIA |
| 14 Barreiro Pérez Armando | ASISTENCIA |
| 15 Batres Guadarrama Valentina Valia | ASISTENCIA |
| 16 Bautista Bravo Alliet Mariana | ASISTENCIA |
| 17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh | ASISTENCIA |
| 18 Brito González Modesto | ASISTENCIA |
| 19 Calzada Vázquez Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 20 Campos Aburto Amador | ASISTENCIA |
| 21 Cárdenas Hernández Raymundo | ASISTENCIA |
| 22 Cervantes Rodríguez Aurora | ASISTENCIA |
| 23 Chávez García Higinio | ASISTENCIA |
| 24Condado Escamilla Cuitlahuac | ASISTENCIA |
| 25 Contreras Julián Maricela | CÉDULA |
| 26 Cruz Santiago Claudia Lilia | ASISTENCIA |
| 27 Cuevas Córdova Othón | ASISTENCIA |
| 28 Dagdug Lützow Moisés Félix | ASISTENCIA |
| 29 De la Rosa García Juan Hugo | ASISTENCIA |
| 30 De los Santos Molina Joaquín Conrado | ASISTENCIA |
| 31 Dehesa Mora Daniel | ASISTENCIA |
| 32 Del Toro Mario Enrique | INASISTENCIA |
| 33 Díaz Contreras Adriana | ASISTENCIA |
| 34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz | ASISTENCIA |
| 35 Espejel Lazcano Jaime | ASISTENCIA |
| 36 Fernández Balboa Mónica | ASISTENCIA |
| 37 Flores Maldonado César | ASISTENCIA |
| 38 Flores Salazar Guadalupe Socorro | ASISTENCIA |
| 39 Franco Melgarejo Rafael | ASISTENCIA |
| 40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo | ASISTENCIA |
| 41 García Rodríguez Víctor Hugo | INASISTENCIA |
| 42 Garzón Contreras Neftalí | ASISTENCIA |
| 43 González Garza Javier | ASISTENCIA |
| 44 Guerra Ochoa Juan Nicasio | ASISTENCIA |
| 45 Gutiérrez Calzadilla José Luis | ASISTENCIA |
| 46 Hernández Gaytán Daisy Selene | ASISTENCIA |
| 47 Hernández Hernández Sergio | ASISTENCIA |
| 48 Hernández Manzanares Javier | ASISTENCIA |
| 49 Hernández Silva Benjamín | INASISTENCIA |
| 50Nohelia Ibarra Franquez Sonia | INASISTENCIA |
| 51 Jacques y Medina José | ASISTENCIA |
| 52 Jiménez Valenzuela María Eugenia | ASISTENCIA |
| 53 Landero López Pedro | ASISTENCIA |
| 54Lemarroy Martínez Juan Darío | ASISTENCIA |
| 55 Leyva Piñón Ana Yurixi | ASISTENCIA |
| 56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel | ASISTENCIA |
| 57 López Barriga Erick | ASISTENCIA |
| 58 López Becerra Santiago | ASISTENCIA |
| 59 López Rojas Alberto | ASISTENCIA |
| 60 López Torres Ma. Soledad | ASISTENCIA |
| 61 Lozano Lozano Andrés | ASISTENCIA |
| 62 Luna Munguía Alma Lilia | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 63 Márquez Madrid Camerino Eleazar | ASISTENCIA |
| 64 Márquez Tinoco Francisco | INASISTENCIA |
| 65 Martínez Hernández Alejandro | ASISTENCIA |
| 66 Martínez Martínez Carlos Roberto | ASISTENCIA |
| 67 Martínez Martínez Francisco | ASISTENCIA |
| 68 Martínez Padilla Hugo Eduardo | ASISTENCIA |
| 69 Martínez Vargas Octavio | ASISTENCIA |
| 70 Matías Alonso Marcos | ASISTENCIA |
| 71 Matus Toledo Holly | ASISTENCIA |
| 72 Mayans Canabal Fernando Enrique | ASISTENCIA |
| 73 Mendoza Arellano David | ASISTENCIA |
| 74 Mendoza Flores Roberto | ASISTENCIA |
| 75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio | ASISTENCIA |
| 76 Mendoza Mendoza Irineo | ASISTENCIA |
| 77 Monreal Ávila Susana | ASISTENCIA |
| 78 Montalvo Rojas Victorio Rubén | ASISTENCIA |
| 79 Morales Sánchez Efraín | ASISTENCIA |
| 80 Morales Vázquez Carlos Orsoe | ASISTENCIA |
| 81Narcía Álvarez Héctor | ASISTENCIA |
| 82 Navarro López Carlos Ernesto | ASISTENCIA |
| 83 Ojeda Hernández Concepción | ASISTENCIA |
| 84 Oliva Fragoso Silvia | ASISTENCIA |
| 85 Orcí Martínez Juan Adolfo | INASISTENCIA |
| 86 Ortega Martínez Antonio | ASISTENCIA |
| 87 Ortiz Magallón Rosario Ignacia | ASISTENCIA |
| 88Pacheco LLanes Ramón Félix | ASISTENCIA |
| 89 Pedraza Chávez Isidro | ASISTENCIA |
| 90 Pedrozo Castillo Adrián | ASISTENCIA |
| 91 Peña Sánchez Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 92 Pérez Cruz Raciel | CÉDULA |
| 93 Pulido Santiago Celso David | ASISTENCIA |
| 94 Ramos Becerril Rafael Plácido | CÉDULA |
| 95 Ramos Castellanos Martín | ASISTENCIA |
| 96 Rasgado Corsi Gloria | ASISTENCIA |
| 97 Ríos Gamboa Raúl | ASISTENCIA |
| 98 Romero Gutiérrez Odilón | ASISTENCIA |
| 99Ruíz Sánchez Salvador | ASISTENCIA |
| 100 Saavedra Coronel José Antonio | ASISTENCIA |
| 101 San Martín Hernández Juan Manuel | ASISTENCIA |
| 102 Sánchez Barrios Carlos | ASISTENCIA |
| 103 Sánchez Cabrales Rafael Elías | ASISTENCIA |
| 104 Sánchez Camacho Alejandro | ASISTENCIA |
| 105 Sánchez Camacho David | ASISTENCIA |
| 106Sánchez Jiménez V. Luis | ASISTENCIA |
| 107 Sánchez Ramos Francisco | ASISTENCIA |
| 108 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc | ASISTENCIA |
| 109 Santos Arreola Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 110 Solares Chávez Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 111 Soriano Sánchez Rosa Elva | ASISTENCIA |
| 112 Soto Ramos Faustino | INASISTENCIA |
| 113 Soto Sánchez Antonio | ASISTENCIA |
| 114 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso | ASISTENCIA |
| 115 Torres Baltazar María Elena | ASISTENCIA |
| 116 Torres García Daniel | ASISTENCIA |
| 117 Trejo Pérez Pablo | ASISTENCIA |
| 118 Ulloa Pérez Emilio | INASISTENCIA |
| 119 Vallejo Estevez Mario | ASISTENCIA |
| 120 Varela López Víctor Gabriel | ASISTENCIA |
| 121 Velázquez Aguirre Jesús Evodio | INASISTENCIA |
| 122 Villanueva Albarrán Gerardo | ASISTENCIA |
| 123 Villicaña García Rafael | ASISTENCIA |
| 124 Zavaleta Salgado Ruth | ASISTENCIA |
| 125 Zazueta Aguilar Jesús Humberto | ASISTENCIA |
| 126 Zepeda Hernández Martín | ASISTENCIA |
| Asistencias: 111 | |
| Asistencias por cédula: 4 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 1 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 10 | |
| Total diputados: 126 | |
| PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | |
|---|---|
| 1 Abramo Masso Yerico | ASISTENCIA |
| 2 Aguilar Diego | ASISTENCIA |
| 3 Aguilar Solís Samuel | ASISTENCIA |
| 4 Aispuro Torres José Rosas | ASISTENCIA |
| 5 Alcántara Núñez Jesús Sergio | ASISTENCIA |
| 6 Aldana Prieto Luis Ricardo | ASISTENCIA |
| 7 Amador Gaxiola Daniel | ASISTENCIA |
| 8 Amador Leal Narcizo Alberto | ASISTENCIA |
| 9 Ayala Almeida Joel | INASISTENCIA |
| 10 Badillo Martínez Roberto | ASISTENCIA |
| 11Barajas Del Toro Salvador | ASISTENCIA |
| 12 Barajas López Ramón | ASISTENCIA |
| 13 Barba Hernández Alfredo | ASISTENCIA |
| 14 Beltrán Montes Israel | ASISTENCIA |
| 15 Benítez Ojeda Luis Enrique | ASISTENCIA |
| 16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio | ASISTENCIA |
| 17 Biebrich Torres Carlos Armando | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 18 Blanco Pajón José Luis | ASISTENCIA |
| 19 Caballero Camargo Gustavo Fernando | ASISTENCIA |
| 20 Camacho Quiroz César Octavio | ASISTENCIA |
| 21 Canavati Tafich Jesús Ricardo | ASISTENCIA |
| 22 Carballo Bustamante Andrés | ASISTENCIA |
| 23Cárdenas Del Avellano Enrique | ASISTENCIA |
| 24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo | ASISTENCIA |
| 25 Cervantes Andrade Raúl | INASISTENCIA |
| 26 Chaurand Arzate Carlos | ASISTENCIA |
| 27 Colín Guadarrama María Mercedes | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 28 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 29De la Garza Treviño Jorge Luis | ASISTENCIA |
| 30 Díaz Athié Antonio de Jesús | ASISTENCIA |
| 31 Díaz Solorzano Elmar Darinel | INASISTENCIA |
| 32 Domínguez Domínguez Nemesio | ASISTENCIA |
| 33 Duarte Jáquez César Horacio | ASISTENCIA |
| 34 Escajeda Jiménez José Rubén | ASISTENCIA |
| 35 Escalante Jasso Aracely | ASISTENCIA |
| 36 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías | ASISTENCIA |
| 37 Estefan Chidiac Charbel Jorge | ASISTENCIA |
| 38 Flores Sandoval Patricio | ASISTENCIA |
| 39 Gamboa Patrón Emilio | ASISTENCIA |
| 40 Garza Garza Horacio Emigdio | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 41 Gebhardt Garduza Yary del Carmen | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 42 Gloria Requena Tomás | ASISTENCIA |
| 43 Gómez Lugo Elda | ASISTENCIA |
| 44 González Calderón Martha Hilda | ASISTENCIA |
| 45 González Salum Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 46 González Zarur Mariano | ASISTENCIA |
| 47 Guerrero García Javier | ASISTENCIA |
| 48 Guerrero Juárez Joel | ASISTENCIA |
| 49 Herrera Ale Juana Leticia | INASISTENCIA |
| 50 Herrera Coyac Wenceslao | ASISTENCIA |
| 51 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando | INASISTENCIA |
| 52 Lagunes Gallina Gerardo | ASISTENCIA |
| 53 Lescieur Talavera Jorge Mario | ASISTENCIA |
| 54 López Balbuena Guillermina | ASISTENCIA |
| 55Madrid Tovilla Arely | ASISTENCIA |
| 56 Martínez Rocha Arturo | ASISTENCIA |
| 57 Martínez Rodríguez Lorena | ASISTENCIA |
| 58 Méndez Lanz Víctor Manuel | ASISTENCIA |
| 59 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso | ASISTENCIA |
| 60 Merodio Reza Lilia Guadalupe | ASISTENCIA |
| 61Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl | ASISTENCIA |
| 62 Montalvo Gómez Pedro | ASISTENCIA |
| 63 Morales García Elizabeth | ASISTENCIA |
| 64 Mota Hernández Adolfo | ASISTENCIA |
| 65 Muñoz Serna Rogelio | ASISTENCIA |
| 66 Murat José | ASISTENCIA |
| 67 Ochoa González Arnoldo | ASISTENCIA |
| 68 Ojeda Camacho Gilberto | ASISTENCIA |
| 69 Olivares Monterrubio Alejandro | ASISTENCIA |
| 70 Olivares Ventura Héctor Hugo | ASISTENCIA |
| 71 Ordaz Jiménez Ismael | ASISTENCIA |
| 72 Orihuela Bárcenas José Ascención | ASISTENCIA |
| 73 Orihuela Trejo José Amado | ASISTENCIA |
| 74Ortiz Del Carpio Víctor | ASISTENCIA |
| 75 Ortiz Proal Mauricio | ASISTENCIA |
| 76 Padilla Gutiérrez Héctor | ASISTENCIA |
| 77 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz | ASISTENCIA |
| 78 Palma César Víctor Samuel | ASISTENCIA |
| 79 Parás González Juan Manuel | ASISTENCIA |
| 80Partida Guzmán Martha Rocío | ASISTENCIA |
| 81 Patrón Montalvo Jesús Manuel | ASISTENCIA |
| 82 Peñuelas Acuña Mayra Gisela | ASISTENCIA |
| 83 Pérez Valdés Daniel | ASISTENCIA |
| 84 Pinete Vargas María del Carmen | ASISTENCIA |
| 85 Quiñones Canales Lourdes | ASISTENCIA |
| 86 Ramírez Martínez José Edmundo | ASISTENCIA |
| 87 Ramírez Stabros Jesús | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 88 Reyna García José Jesús | ASISTENCIA |
| 89 Ríos Camarena Alfredo Adolfo | ASISTENCIA |
| 90 Rivera Bedoya Juan Francisco | ASISTENCIA |
| 91 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda | ASISTENCIA |
| 92 Rojas Gutiérrez Carlos | ASISTENCIA |
| 93Ruíz Chávez Sara Latife | ASISTENCIA |
| 94 Salas López Ramón | ASISTENCIA |
| 95 Sánchez Hernández Eduardo | INASISTENCIA |
| 96 Sandoval Paredes Sergio | ASISTENCIA |
| 97 Serrano Escobar Enrique | ASISTENCIA |
| 98 Sosa Castelán Gerardo | ASISTENCIA |
| 99 Toledo Luis Jorge | ASISTENCIA |
| 100Valencia De los Santos Víctor Leopoldo | ASISTENCIA |
| 101 Vargas Landeros Gerardo Octavio | ASISTENCIA |
| 102Vega Ortíz María Oralia | ASISTENCIA |
| 103 Velasco Pérez Juan Carlos | ASISTENCIA |
| 104 Villa Villa Isael | ASISTENCIA |
| 105 Villanueva Abraján Patricia | ASISTENCIA |
| 106 Zatarain González Carlos Ernesto | ASISTENCIA |
| Asistencias: 94 | |
| Asistencias por cédula: 0 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 6 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 6 | |
| Total diputados: 106 | |
| CONVERGENCIA | |
|---|---|
| 1 Abad De Jesús Juan | ASISTENCIA |
| 2 Aguilera Rico José Luis | ASISTENCIA |
| 3 Cárdenas Márquez Elías | ASISTENCIA |
| 4 Castellanos Hernández Félix | ASISTENCIA |
| 5 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús | ASISTENCIA |
| 6 Chanona Burguete Alejandro | ASISTENCIA |
| 7 Del Río Virgen José Manuel | ASISTENCIA |
| 8 Esteva Salinas Alberto | ASISTENCIA |
| 9 Godoy Cárdenas Jorge | ASISTENCIA |
| 10 López Lena Cruz Humberto | ASISTENCIA |
| 11 Salvatori Bronca María del Carmen | ASISTENCIA |
| 12 Samperio Montaño Juan Ignacio | ASISTENCIA |
| 13 Sansores San Román Layda Elena | ASISTENCIA |
| 14 Tagle Martínez Martha Angélica | ASISTENCIA |
| 15 Uscanga Cruz Robinson | ASISTENCIA |
| 16 Valdés Chávez Ramón | ASISTENCIA |
| 17 Varela Lagunas Tomás José Luis | ASISTENCIA |
| 18 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc | ASISTENCIA |
| Asistencias: 18 | |
| Asistencias por cédula: 0 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 0 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 0 | |
| Total diputados: 18 | |
| PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | |
|---|---|
| 1 Arévalo González José Antonio | ASISTENCIA |
| 2 Chozas y Chozas Olga Patricia | ASISTENCIA |
| 3 Cobo Terrazas Diego | ASISTENCIA |
| 4 Elizondo Garrido Francisco | ASISTENCIA |
| 5 Estrada González Faustino Javier | ASISTENCIA |
| 6García Noriega Ma. Guadalupe Josefina | ASISTENCIA |
| 7 González Martínez Jorge Emilio | ASISTENCIA |
| 8 Lavara Mejía Gloria | INASISTENCIA |
| 9 López Adame Antonio Xavier | ASISTENCIA |
| 10 López Ramírez Sergio Augusto | ASISTENCIA |
| 11 Notholt Guerrero Alan | ASISTENCIA |
| 12 Portilla Dieguez Manuel Salvador | ASISTENCIA |
| 13 Puente Salas Carlos Alberto | CÉDULA |
| 14 Ramírez Cerda Ana María | ASISTENCIA |
| 15 Salgado Amador Manuel Salvador | ASISTENCIA |
| 16 Sesma Suárez Jesús | ASISTENCIA |
| 17 Velasco Rodríguez Verónica | INASISTENCIA |
| Asistencias: 14 | |
| Asistencias por cédula: 1 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 0 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 2 | |
| Total diputados: 17 | |
| PARTIDO DEL TRABAJO | |
|---|---|
| 1 Aguilar Jiménez Rubén | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo | ASISTENCIA |
| 3 Cantú Garza Ricardo | ASISTENCIA |
| 4 Garay Ulloa Silvano | ASISTENCIA |
| 5 Herrera Solís Anuario Luis | ASISTENCIA |
| 6Maciel Ortiz Ma. Mercedes | ASISTENCIA |
| 7 Peregrino García Abundio | ASISTENCIA |
| 8Reynoso Esparza Julián Ezequiel | CÉDULA |
| 9 Romero Guzmán Rosa Elia | ASISTENCIA |
| 10 Solís Parga Rodolfo | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 11 Vela González Joaquín Humberto | ASISTENCIA |
| Asistencias: 8 | |
| Asistencias por cédula: 1 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 2 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 0 | |
| Total diputados: 11 | |
| NUEVA ALIANZA | |
|---|---|
| 1 Arriola G. Mónica T. | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 2 Cárdenas Fonseca Manuel | ASISTENCIA |
| 3 Castillo Nájera Ariel | ASISTENCIA |
| 4 Dávila Esquivel Humberto | ASISTENCIA |
| 5 Gómez Pasillas Jacinto | ASISTENCIA |
| 6 Jiménez Godínez Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 7 Luna Becerril Blanca | CÉDULA |
| 8 Luna Rodríguez Silvia | ASISTENCIA |
| 9 Piñeyro Arias Irma | INASISTENCIA |
| Asistencias: 6 | |
| Asistencias por cédula: 1 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 1 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 1 | |
| Total diputados: 9 | |
| ALTERNATIVA | |
|---|---|
| 1 Arvizu Rivas Aida Marina | ASISTENCIA |
| 2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe | ASISTENCIA |
| 3 García Méndez Armando | ASISTENCIA |
| 4 Hernández Valadés Delio | ASISTENCIA |
| 5 Pedro Cortés Santiago Gustavo | ASISTENCIA |
| Asistencias: 5 | |
| Asistencias por cédula: 0 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 0 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 0 | |
| Total diputados: 5 | |
SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS
| PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 Arellano Arellano Joel | ||
| 2 Enríquez Flores Armando | ||
| 3 Flores Grande Arturo | ||
| 4 Guerrero Torres José Gildardo | ||
| 5 Hurtado Pérez Nelly Asunción | ||
| 6 Martínez Valero Dora Alicia | ||
| 7 Mollinedo Hernández Agustín | ||
| 8 Mora Cuevas Marisol | ||
| 9 Ortíz Hernández Eduardo | ||
| 10 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana | ||
| 11 Ruiz Velasco de Lira Ernesto | ||
| 12 Valenzuela García María Gloria Guadalupe | ||
| Faltas por grupo: 12 | ||
| PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 Álvarez Ramón Silbestre | ||
| 2 Del Toro Mario Enrique | ||
| 3 García Rodríguez Víctor Hugo | ||
| 4 Hernández Silva Benjamín | ||
| 5 Nohelia Ibarra Franquez Sonia | ||
| 6 Márquez Tinoco Francisco | ||
| 7 Orcí Martínez Juan Adolfo | ||
| 8 Soto Ramos Faustino | ||
| 9 Ulloa Pérez Emilio | ||
| 10 Velázquez Aguirre Jesús Evodio | ||
| Faltas por grupo: 10 | ||
| PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 Ayala Almeida Joel | ||
| 2 Cervantes Andrade Raúl | ||
| 3 Díaz Solorzano Elmar Darinel | ||
| 4 Herrera Ale Juana Leticia | ||
| 5 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando | ||
| 6 Sánchez Hernández Eduardo | ||
| Faltas por grupo: 6 | ||
| PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 Lavara Mejía Gloria | ||
| 2 Velasco Rodríguez Verónica | ||
| Faltas por grupo: 2 | ||
| NUEVA ALIANZA | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 Piñeyro Arias Irma | ||