SUMARIO

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ASISTENCIA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 295 diputados; por tanto, hay quórum.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (a las 12:07 horas): Se abre la sesión.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra...

COMISION PERMANENTE

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Le dan sonido a la diputada, por favor. Le dan sonido a la curul.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Gracias, Presidenta. Para una consulta. En la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el título IV... yo le pediría, ahorita después de mi pregunta, que si pudieran leer el artículo 116 y el artículo 118, en la fracción I.

¿Por qué? Porque aquí dice claramente que la Comisión Permanente es el órgano del Congreso de la Unión que durante los recesos de éste, desempeña sus funciones. Y ayer en la tarde fue instalada la Comisión Permanente. Luego entonces, si ya está instalada la Comisión Permanente, quiere decir que estamos en receso y que esta sesión, pues no existe.

Entonces yo sí quisiera pedirle que por favor leyeran los artículos 116 y 118, y solicitar un explicación de por qué, si ya está instalada la Comisión Permanente, luego entonces en funciones, por qué tenemos esta sesión, o si esta sesión nada más es protocolaria o de adorno, y qué validez tiene ésta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Ya diputada, ya. Esta Cámara todavía no clausura sus trabajos, por lo que la sesión es válida, ordinaria, normal. Jurídicamente estuvo supervisado este asunto y no vamos a obsequiarle la lectura porque es una cuestión de interpretación, en todo caso.

Le pediría, por favor, si usted tuviera alguna otra duda, se la vamos a aclarar ya en lo particular con el compañero de Proceso Parlamentario, porque este asunto se checó muy bien con el Senado, para no incurrir en alguna falta de parte de nosotros.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Gracias, Presidenta. Vuelvo a lo mismo. Legalmente... aquí la ley dice una cosa. Si ya está instalada la Comisión Permanente, ¿carácter de qué tiene esta sesión?

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : No, diputada. Vuelvo a decirle, es un problema de interpretación. Esta Cámara de Diputados no ha clausurado sus trabajos. Está en sesión ordinaria.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Si no los ha clausurado, ¿por qué se instaló la Comisión Permanente?

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Porque, compañera, no pasa nada si se instala la Comisión Permanente, que va a presidir ahora el Senado, y nosotros tenemos la sesión de hoy. Jurídicamente se checó, se revisó. Está la asesoría jurídica con los abogados.

Si usted quiere, le pediría de la manera más atenta que pudiéramos revisar este asunto en particular, si usted tiene dudas al respecto.

ORDEN DEL DIA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Por instrucciones de la Presidenta, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Miércoles 30 de abril de 2008.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Licencias de los diputados María Guadalupe Josefina García Noriega y Sergio Augusto López Ramírez .

Protestas de los diputados Pascual Bellizia Rosique y Beatriz Manrique Guevara.

Reincorporación del diputado José de la Torre Sánchez .

De la Junta de Coordinación Política.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política

Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación y a la Auditoría Superior de la Federación que investiguen y, en su caso, determinen presuntas irregularidades por la entrega de recursos públicos por el gobierno de Jalisco para la construcción del Santuario de los Mártires Mexicanos. (Votación)

Por el que se autoriza una prórroga a la vigencia de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a la procuración de justicia vinculada al ejercicio de la función pública durante la gestión administrativa del ex presidente Vicente Fox Quesada con relación a los señalamientos del incremento de su patrimonio. (Votación)

Por el que se autoriza una prórroga a la vigencia de la Comisión de Investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública, concesiones, contratos de suministros de bienes de consumo o de compra venta de bienes inmuebles de titularidad pública, otorgada por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a la Empresa Construcciones Prácticas, SA de CV, y cualesquiera otras que tuvieran relación con la misma. (Votación)

Por el que se modifican los lineamientos para la asignación de boletos de avión y viáticos a las diputadas y diputados para la realización de viajes de trabajo en territorio nacional, acordados por las comisiones y comités. (Votación)

Por el que se aprueban las normas y lineamientos en materia administrativa y financiera que en el mismo se indican. (Votación)

Oficios de la Cámara de Senadores

Con el que remite la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, presentada por el senador Ramiro Hernández García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite iniciativa que adiciona el artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el senador Alfonso Elías Serrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con el que remite iniciativa que reforma y adiciona el artículo cuarto del decreto que reforma, adiciona, deroga y abroga diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del 21 de diciembre de 2007, presentada por el senador Alfonso Elías Serrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Minutas

Con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 212 de la Ley General de Salud. (Turno a Comisión)

Con proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud. (Turno a Comisión)

Elección de Contralor general del Instituto Federal Electoral

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma el párrafo quinto de la fracción I del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se que reforman los artículo 40, 115 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Comisión de Cultura, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

De las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Equidad y Género, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo a los artículos 10 y 122, y reforma el artículo 132 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación)

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que deroga el Capítulo IV del Título Decimoquinto del Libro Segundo del Código Penal Federal.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 315 Bis del Código Penal Federal.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 247 del Código Penal Federal.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Penales.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y adiciona un párrafo tercero al artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales.

De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 1o. de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejercito y Fuerza Aérea Mexicanos.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal y deroga el artículo noveno transitorio del decreto que expide la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2001.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Uniones de Crédito y se adiciona y reforma la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 39 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

Posicionamiento de los grupos parlamentarios en torno de la conclusión de los trabajos de la CENCA, en el marco de la reforma del Estado.

Iniciativas

A. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para mejorar la estructura y el funcionamiento del Poder Legislativo federal, suscrita por legisladores de diversos grupos parlamentarios. (Sólo turno a Comisión)

B. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el Consejo Económico y Social, suscrita por legisladores de diversos grupos parlamentarios. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma los artículos 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 27 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Francisco Elizondo Garrido , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, y General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma las fracciones II del artículo 184 de la Ley de Amparo, y XXXV del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado Carlos Chaurand Arzate , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Sólo turno a Comisión)

Que expide la Ley de Amnistía para Todos los Presos, Desaparecidos y Perseguidos por Motivos Políticos de Jurisdicción Federal o del Ámbito del Distrito Federal, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Nacionalidad, y General de Población, a cargo de la diputada Aurora Cervantes Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 56 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Enrique Rodríguez Uresti , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Reforma del Estado, a cargo del diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona una fracción VII al artículo 2 de la Ley de Planeación, a cargo de la diputada Verónica Velasco Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federales de Procedimiento Administrativo, y de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 44 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado José Murillo Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de las Leyes General de Educación, y para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo del diputado Sergio Hernández Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Gerardo Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 25 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1o. del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Joaquín Humberto Vela González , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 77 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona el artículo 39 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y 31 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Silvia Luna Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 40 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Javier González Garza , José Antonio Almazán González y Susana Monreal Ávila , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 15 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, y 2 de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Elmar Darinel Díaz Solórzano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Ernesto Zatarain González , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Eduardo Espinosa Abuxapqui , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Protección al Consumidor y del Código de Comercio, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior, a cargo de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona los artículos 16 y 21 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Ramón Barajas López , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo de la diputada Guillermina López Balbuena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 9 y 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Sergio Hernández Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, y para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Enrique Cárdenas del Avellano , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Ramón Valdés Chávez , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 32 y 83 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada María Guadalupe García Noriega , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 705 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Marco Antonio Peyrot Solís , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda ``Movimiento Estudiantil del 68'', suscrita por los diputados Maricela Contreras Julián y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General para la Competitividad de la Actividad Artesanal, a cargo de la diputada Guillermina López Balbuena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 50 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, a cargo del diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 48 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes de la Comisión de Equidad y Género. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado José de Jesús Solano Muñoz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Felipe Borrego Estrada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Jorge Toledo Luis , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, suscrita por los diputados Gustavo Macías Zambrano , Miguel Ángel Monraz Ibarra y Omar Antonio Borboa Becerra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Jorge Toledo Luis , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y del Código Penal Federal, suscrita por los diputados Carlos Alberto Navarro Sugich y Carlos Alberto Torres Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Salud, y de Educación, suscrita por las diputadas Concepción Ojeda Hernández y Daisy Selene Hernández Gaytán , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal; y expide la Ley General de Colegios de Profesionistas, a cargo del diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jacinto Gómez Pasillas , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, a cargo de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción V del artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Humberto Dávila Esquivel , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Capitalización del Procampo, a cargo de la diputada Adriana Díaz Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de la Zona Federal Marítimo-Terrestre, Playas, Terrenos Ganados al Mar o Cualquier Depósito de Aguas Marítimas, a cargo del diputado Luis Sánchez Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código de Comercio y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Lourdes Quiñones Canales , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 71, 78 y 83 de la Ley de Vivienda, a cargo del diputado Sergio Augusto López Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y abroga la Ley del Servicio Militar, a cargo del diputado Miguel Jiménez Godínez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 307 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y expide el Reglamento para la Inscripción con Letras de Oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, suscrita por los diputados Víctor Samuel Palma César y Carlos Ernesto Zatarain González , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, y el artículo 58 de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley del Instituto Nacional para la Prevención y el Tratamiento de las Adicciones, a cargo del diputado Carlos Ernesto Zatarain González , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 20 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María del Carmen Salvatori Bronca , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal del Derecho de Autor, y de la Propiedad Industrial, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes del Servicio Público de Energía Eléctrica, Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a cargo de la diputada Blanca Luna Becerril , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, Fiscal de la Federación, y Federal de Procedimientos Penales, así como de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 171 de la Ley General de Salud y 42 de la Ley General de Educación, suscrita por las diputadas Verónica Velasco Rodríguez y Ana María Ramírez Cerda , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 7 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Blanca Luna Becerril , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, a cargo del diputado Cruz Pérez Cuéllar , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Daniel Dehesa Mora , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a cargo del diputado Wenceslao Herrera Coyac , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 35 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Francisco Elizondo Garrido , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Sofía Castro Romero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y General de Educación, a cargo de la diputada Ana María Ramírez Cerda , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona una fracción al artículo 119 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Gilberto Ojeda Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, del Servicio Militar, y General de Protección Civil, a cargo del diputado José Antonio Arévalo González , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Leonardo Magallón Arceo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Francisco Javier Murillo Flores , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población, a cargo de la diputada Yolanda Rodríguez Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a cargo del diputado Obdulio Ávila Mayo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción VII del artículo 167 de la Ley Aduanera, a cargo de la diputada María Dolores González Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley del Sistema Nacional para la Competitividad; y reforma y adiciona las Leyes de Planeación, y Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Mariano González Zarur , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del artículo 7 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado Íñigo Laviada Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo del diputado Carlos Alberto Torres Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 132 y 134 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Francisco Antonio Fraile García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 76 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las diputadas Esmeralda Cárdenas Sánchez y Claudia Sánchez Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, suscrita por las diputadas Esmeralda Cárdenas Sánchez y Claudia Sánchez Juárez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción I del decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Lilia Merodio Reza y César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alan Notholt Guerrero , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado José Martín López Cisneros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 233 Bis a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado José Martín López Cisneros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 59 de la Ley Aduanera, a cargo del diputado José Martín López Cisneros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Wenceslao Herrera Coyac del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 201 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado José Martín López Cisneros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley del Archivo General de la Administración Pública Federal; y reforma las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado José Martín López Cisneros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Leticia Díaz de León Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Distrito Federal; y deroga diversas disposiciones de las Leyes Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Orgánica de la Administración Pública Federal, y de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Benjamín González Roaro , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Martín López Cisneros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, a cargo del diputado Fernando Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Hilda González Calderón , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 13 y adiciona un artículo 15 Bis al Código Civil Federal, a cargo del diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Federales de Procedimientos Penales, y Civiles, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Juan Carlos Velasco Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, suscrita por los diputados Marco Antonio Peyrot Solís y Gerardo Buganza Salmerón , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 7 de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, a cargo del diputado Ramón Barajas López , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 9 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a cargo de la diputada Silvia Emilia Degante Romero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 31 de la Ley General de Salud y 77 de la Ley de la Propiedad Industrial, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 59 y 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada María Soledad Limas Frescas , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Pensión Universal para las Personas de Setenta Años de Edad o Más, a cargo del diputado Víctor Gabriel Varela López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Beatriz Pagés Llergo Rebollar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 34 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley de Vías Generales de Comunicación, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona un artículo 10 Bis a la Ley Federal de Defensoría Pública, a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a cargo del diputado Alejandro Delgado Oscoy, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados Ramón Félix Pacheco Llanes y Daniel Dehesa Mora , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 60 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Patricia Villanueva Abraján , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a cargo del diputado Rafael Villicaña García , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 250 Bis del Código Penal Federal y 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Patricia Villanueva Abraján , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Agraria que reforma la del 26 de febrero de 1992, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 219 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Lourdes Quiñones Canales , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma las Leyes General de Salud, y de Asistencia Social, a cargo del diputado Gerardo Buganza Salmerón , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley Federal sobre los Derechos de las Madres Solteras o Solas y de las Mujeres en Estado de Violencia, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado José Rosas Aispuro Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado Israel Beltrán Montes , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General de Protección y Estímulo al Nopal y sus Derivados, a cargo del diputado Irineo Mendoza Mendoza , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Gustavo Cárdenas Monroy , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 98 y 148 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga el artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Roberto Badillo Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley que Crea la Universidad del Conocimiento, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Irene Aragón Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, Orgánica de la Financiera Rural, Agraria, y de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, a cargo del diputado Isidro Pedraza Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las Leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Orgánica de los Tribunales Agrarios, y Agraria, a cargo del diputado Isidro Pedraza Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Torres Baltazar , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, suscrita por diputados de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, y de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Gerardo Sosa Castelán y Samuel Palma César, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 114, 115 y 216 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Aguas Nacionales, General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y Federal de Derechos, a cargo de la diputada María Mercedes Colín Guadarrama , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley General del Ejercicio del Derecho de Petición, a cargo del diputado Fernando Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 195 y 216 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 18 y 64 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, a cargo del diputado Fernando Moctezuma Pereda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y a la PGJ del Distrito Federal, para que en el ámbito de sus competencias, creen fiscalías especializadas en materia de robo de energía eléctrica y combustibles, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a respetar la libertad de expresión que ejercen todos los medios de comunicación, a cargo del diputado José Luis Aguilera Rico , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Sólo Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía a realizar un homenaje al ciudadano Jesús León Santos, ganador del premio Goldman del Activismo Ambiental, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Sólo Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del IMSS a informar sobre la desaparición de la Coordinación de Salud Sexual y Reproductiva y por el cierre de los Centros de Atención Rural al Adolescente, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario Alternativa. (Sólo Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Segob a informar sobre la desaparición de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez , del Grupo Parlamentario Alternativa. (Sólo Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a rendir un informe detallado respecto a los abortos practicados legalmente en el Distrito Federal, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a remover al titular de la Sagarpa, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente Resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a la SRE y a la Sedesol a implantar un programa de apoyo a la población adulta mayor que vive en Estados Unidos de América, suscrito por los diputados Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez y Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cumplir los acuerdos aprobados por el Congreso de la Unión, y de la Mesa Directiva de esta soberanía, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Durango a entregar los documentos que justifiquen el manejo adecuado de las 99 mil toneladas de cemento que fueron donadas al pueblo de Durango, suscrito por los diputados Joaquín Humberto Vela González y Pablo Leopoldo Arreola Ortega , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a investigar los delitos de pederastia y pornografía infantil relativos al expediente 2/2006, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al proceso electoral en el estado de Hidalgo, a cargo del diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del DF a explicar la orden de destrucción de edificios considerados como monumentos históricos ubicados en el centro de la Ciudad de México, suscrito por los diputados Miguel Ángel Jiménez Godínez , Blanca Luna Becerril , Obdulio Ávila Mayo , Eduardo Sánchez Hernández y Antonio Xavier López Adame , de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Nueva Alianza, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, respectivamente. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la LVI Legislatura del estado de México, así como al gobierno de dicha entidad, investiguen respecto a la invasión y proliferación de construcciones en diversas poblaciones comunales y/o ejidales declaradas área natural protegida con la categoría de parque estatal, denominado santuario del agua y forestal subcuenca tributaria Río San Lorenzo, a cargo del diputado Salvador Arredondo Ibarra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT a garantizar el servicio de calidad en los aeropuertos del país, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat para que, en coordinación con las autoridades competentes, elabore y publique una norma oficial para regular el control de la proliferación de la maleza acuática en lagos y embalses, a cargo del diputado Gustavo Macías Zambrano , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Salud a expedir una norma oficial mexicana que establezca los lineamientos a seguir para prevenir, tratar y controlar las enfermedades mentales, suscrito por los diputados Jorge Quintero Bello , Omar Antonio Borboa Becerra y Pedro Armendáriz García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que la Secretaría de la Función Pública investigue los hechos que se derivan del Informe de la Revisión de la Cuenta Pública de 2006 por parte de la Auditoría Superior de la Federación, suscrita por los diputados Pablo Trejo Pérez y Andrés Lozano Lozano , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Salud a reforzar los programas nacionales contra la farmacodependencia y revisar los criterios empleados para la distribución y venta de estupefacientes y substancias psicotrópicas, suscrito por los diputados Jorge Quintero Bello , Omar Antonio Borboa Becerra y Pedro Armendáriz García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SFP, a la SRE y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal que informen sobre el cumplimiento de los artículos 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad, respecto del nombramiento del ciudadano Juan Camilo Mouriño Terrazo, titular de la Segob, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a realizar las acciones conducentes para equilibrar el acuífero principal de la Comarca Lagunera en los estados de Coahuila y Durango, a cargo del diputado Jesús Vicente Flores Morfín , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Semarnat, a la Profepa y al gobierno del estado de Coahuila así como al municipio de Torreón a reubiquen a las familias que viven en las colonias aledañas a la compañía Met-Mex Peñoles ya que se consideran inhabitables por ser zonas de alto riesgo, a cargo del diputado Jesús Vicente Flores Morfín , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la SE, a la Secretaría de Salud y a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía para que se expida una norma oficial mexicana que regule la disposición final de pilas y baterías importadas o, en su caso, fabricadas en México, a cargo del diputado José Luis Espinosa Piña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP para que en la ceremonia cívica del 24 de febrero que rinde honores a la Bandera se dé lectura, en las escuelas de educación básica, a la Arenga a la Bandera, del maestro Andrés Henestrosa, a cargo de la diputada María Nieves Noriega Blanco Vigil, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a pagar de forma inmediata al Sistema de Aguas de la Ciudad de México la totalidad de sus adeudos por concepto de suministro de agua potable, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la formulación de diversas solicitudes a la Sener, a Pemex y a la CFE, a cargo del diputado José Murat, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Hidalgo a realizar diversas acciones relativas al control y vigilancia de la contribución por el uso de suelo, en diversos municipios de dicha entidad, a cargo del diputado Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sagarpa instrumente un programa especial de apoyo a los productores de amaranto, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades federativas a llevar a cabo las medidas necesarias para destinar un lugar separado al de los hombres, para aquellas mujeres que se encuentren privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o bien compurgando una sanción, a cargo del diputado José Luis Murillo Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SSP de las entidades federativas y de los centros penitenciarios del país a revisar la normatividad en materia de readaptación social, con la finalidad de que propongan las reformas que permitan restringir las llamadas telefónicas que se realizan desde dichos centros y se implante un sistema de bloqueo de este medio de comunicación, a cargo del diputado José Luis Murillo Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las entidades federativas de los centros penitenciarios del país y del órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública federal a llevar a cabo revisiones minuciosas y periódicas al interior de los centros federales de readaptación social, con la finalidad de controlar el ingreso de artículos y sustancias prohibidas, a cargo del diputado José Luis Murillo Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a implantar mecanismos de control que eviten que funcionarios del Gobierno del Distrito Federal realicen actividades proselitistas y se abstengan de desviar recursos materiales y humanos con fines electorales, a cargo del diputado David Mendoza Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sagarpa implante las acciones conducentes para detener el uso de las artes de pesca no selectivas dentro del polígono del área de refugio para la protección de la vaquita, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF a aplicar a los contribuyentes del impuesto predial un esquema gradual de actualización del valor catastral, a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a las actividades del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Sagarpa, a iniciar una campaña de difusión en los medios para dar a conocer exhaustivamente la figura de prestador de servicios profesionales entre los agentes económicos que intervienen en el desarrollo de programas dirigidos al sector rural, a cargo del diputado Gregorio Barradas Miravete , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establece como sede del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el edificio que albergó al Instituto Lingüístico de Verano, a cargo del diputado Wenceslao Herrera Coyac , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al SAE a realizar las acciones conducentes para comercializar bienes a los municipios, como apoyo a la gestión de los gobiernos locales, a cargo del diputado Cruz Pérez Cuéllar , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para integrar una mesa de trabajo tendiente a resolver los problemas limítrofes y agrarios entre los estados de Chiapas y Oaxaca, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades a respetar los derechos humanos de los inmigrantes centroamericanos, a cargo del diputado José Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT para que a través de Capufe otorgue la condonación del cobro de peaje en la caseta del Puente de Nautla a los habitantes de la cabecera, congregaciones y ejidos pertenecientes a ese municipio de Veracruz, así como también se lleve a cabo la actualización del padrón de beneficiarios, a cargo de la diputada María de Jesús Martínez Díaz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer una mesa de análisis para la renegociación del TLCAN, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT para que a través del responsable de la Subsecretaría de Infraestructura revise el contrato que dicha dependencia contrajo con la constructora Codiocsa de Xalapa, SA de CV, respecto a la conservación periódica de la carretera Atzálan-Tlapacoyan, Veracruz, a cargo de la diputada María de Jesús Martínez Díaz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Servicio Postal Mexicano que informe a esta soberanía sobre las medidas de prevención y de las querellas presentadas sobre el robo de correspondencia, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, a la SSP y a la Administración General de Aduanas a informar a esta soberanía sobre los programas implantados para evitar el tráfico de armas desde los Estados Unidos de América, a cargo del diputado Ángel Rafael Deschamps Falcón , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar un programa de profesionalización de las policías federales y sustitución de efectivos militares en labores de combate al narcotráfico, a cargo del diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sagarpa, expida el Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos, a cargo del diputado Fabián Fernando Montes Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores de los estados y a los titulares de la administración pública federal a realizar un ahorro monetario del PEF 2008, a fin de que dichos recursos sean trasladados a las Fuerzas Armadas Mexicanas para la adquisición de equipo y mantenimiento del servicio que prestan, a cargo del diputado Jorge Justiniano González Betancourt , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INAH, en coordinación con el gobierno del estado de Puebla, a implantar las medidas necesarias para la protección, conservación y difusión de la zona arqueológica de Tepexi el Viejo, municipio de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a cargo del diputado José Luis Contreras Coeto , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Conagua realice los estudios necesarios para determinar la posibilidad de construir una serie de represas en los lechos de los ríos Valles, Tampaón y Santa María del Río, en el estado de San Luis Potosí, a cargo del diputado David Lara Compeán , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que en la Rotonda de las Personas Ilustres se erija un cenotafio en honor a don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, a cargo del diputado Jorge Rubén Nordhausen González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que difundan y promuevan el Día de la Familia, a cargo de la diputada María Victoria Gutiérrez Lagunes , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la ASF que entregue un informe exhaustivo sobre la aplicación de los recursos transferidos por la SHCP en 2006 al Fideicomiso para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio, a cargo del diputado David Mendoza Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a respetar y evitar actos discriminatorios en contra de los habitantes de la entidad, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la STPS y de la PGR se hagan las indagatorias que correspondan a fin de esclarecer lo acaecido el 19 de febrero de 2006 en la mina Pasta de Conchos, ubicada en San Juan de Sabinas, Nueva Rosita, Coahuila, concesionada a Industrial Minera México del Grupo México, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instaurar el 9 de febrero como el Día Nacional del Cirujano Dentista, suscrito por diversos diputados, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al titular de la Comisión de Nacional Bancaria y de Valores para que presente un informe pormenorizado respecto de las irregularidades en diversas casas de bolsa y casas de cambio, a cargo del diputado Alejandro Martínez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a impulsar medidas normativas y programas públicos que permitan el crecimiento y desarrollo de las zonas urbanas de manera planeada bajo el principio de desarrollo sustentable, a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS para que a través de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos considere el estado de Coahuila dentro de los regidos en el área geográfica ``A'', a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SCT y de la SHCP destine recursos del Fondo Nacional de Infraestructura para la rehabilitación de la carretera internacional 15 en su tramo Estación Don-Nogales, en el estado de Sonora, a cargo del diputado Carlos Ernesto Zatarain González , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener, a la CFE, a la SHCP, a la Comisión Reguladora de Energía y al gobierno federal a efectuar una revisión y reestructuración de las tarifas eléctricas que son aplicadas en la región centro del estado de Coahuila, a cargo del diputado Rolando Rivero Rivero , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la problemática que se presenta en la Universidad Pedagógica Nacional, a cargo del diputado Salvador Barajas del Toro , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que en coordinación con Capufe proceda a la exención del pago de las carreteras de cuota a los vehículos que transporten mercancía a comunidades y regiones consideradas como zonas de emergencia, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la SEP y a la STPS a realizar acciones en atención a las personas zurdas, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se convoca al Ejecutivo federal a entablar el diálogo prometido con el Congreso de la Unión, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de Puebla a reformar la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la distribución de las participaciones federales a los municipios del estado de Jalisco, a cargo del diputado Salvador Barajas del Toro , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, implante programas de fomento a la industria vitivinícola nacional y elabore un estudio de viabilidad para la exención del impuesto especial sobre producción y servicios a la enajenación de productos vitivinícolas nacionales, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la PGR a emitir una circular a los agentes del MP federal para que se respete plenamente la garantía del indiciado, a cargo de la diputada Patricia Villanueva Abraján , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal y al jefe delegacional de Cuajimalpa de Morelos que rindan un informe sobre las acciones llevadas a cabo en la barranca La Diferencia, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la primera etapa de construcción del tren suburbano Buenavista-Cuautitlán, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres niveles de gobierno a establecer una mesa de diálogo para dar solución a la huelga de los trabajadores de la mina de cobre Mexicana de Cananea, en el estado de Sonora, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al GDF y al titular de la delegación Xochimilco que rindan un informe sobre los avances y acciones que ha realizado la comisión interdependencial para la conservación del patrimonio natural y cultural del área de Xochimilco, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que se cite a comparecer al director general de Luz y Fuerza del Centro, a cargo del diputado José Antonio Almazán González , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se declara al Palacio Legislativo de San Lázaro como lugar cien por ciento libre de humo producido por tabaco, a cargo de la diputada Oralia Vega Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la SCT que demande a la empresa Ferrocarril Mexicano, SA de CV, la construcción de un libramiento que no permita el paso de sus unidades de transporte de carga por la ciudad de Tepic, Nayarit, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a realizar a través de la Comisión para la Cooperación Ambiental un informe del impacto ambiental que resultará del revestimiento del canal Todo Americano, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia por el respeto irrestricto a la autonomía del Distrito Federal, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para citar a comparecer al secretario de Salud, a efecto de que explique las medidas adoptadas por el gobierno federal en el caso de la alerta epidemiológica por sarampión, suscrito por los diputados César Duarte Jáquez, Israel Beltrán Montes y Lilia Merodio Reza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatal y municipal de Puebla de Zaragoza a realizar las acciones necesarias para subsanar la problemática del suministro de agua, a cargo del diputado José Luis Contreras Coeto , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de Puebla a realizar reformas a la legislación local considerando las necesidades sociales actuales, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a otorgar un apoyo extraordinario a los jubilados y pensionados del IMSS e ISSSTE, a cargo del diputado Juan de Dios Castro Muñoz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del IMSS a tomar las medidas necesarias para poner fin a los actos de discriminación llevados a cabo contra las médicas residentes de la especialidad máxilofacial en el Centro Médico Nacional La Raza, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del GDF a informar a esta soberanía respecto al daño ecológico por las obras del Metrobús, así como las acciones y programas de reforestación que se implanten en la Ciudad de México, suscrito por los diputados Carlos Rojas Gutiérrez y Eduardo Sánchez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, a la Embajada de México en Estados Unidos de América y a los Consulados de México en Texas y Arizona a revisar e investigar la aplicación del programa Tolerancia Cero, a cargo de la diputada Blanca Luna Becerril , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a esta soberanía que se sume a los eventos conmemorativos por el centenario del natalicio del maestro Rafael Preciado Hernández, realizando una sesión solemne el día 29 de abril de 2008, a cargo del diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la Cofetel a integrar el área telefónica de servicio local 160, al área telefónica de servicio local 58, a cargo del diputado Juan Darío Arreola Calderón , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que instruya a la SHCP y a la Secretaría de Salud para que remitan a la brevedad los recursos federales contemplados para resolver el problema de los ``trabajadores precarios'' del sector salud, a cargo del diputado Érick López Barriga, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Conagua a investigar los altos índices de contaminación con arsénico en el agua potable de la región de los Altos de Jalisco, a cargo de la diputada Martha Angélica Romo Jiménez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a entregar los recursos pendientes del Programa de Competitividad de la Citricultura para 2007, suscrito por diputados integrantes de la Comisión Especial de Citricultura. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Congreso de la Unión que realice una evaluación sobre las acciones emprendidas para el cumplimiento del Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Instituto Nacional de las Mujeres, a cargo de la diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para que se establezca una agenda permanente de trabajo con el IFE, a través de un grupo interdisciplinario, para dar paso a las iniciativas legislativas que fortalezcan la participación y el voto de los mexicanos en el extranjero, a cargo del diputado Alberto Amaro Corona , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Conade, a cargo del diputado Javier Hernández Manzanares , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobernador del estado de Michoacán de Ocampo a implantar medidas para la prevención, localización, combate y extinción de los incendios forestales que se están suscitando en el estado de Michoacán, a cargo del diputado Rafael Villicaña García , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para que la ASF realice una auditoría integral y especial al Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda para que consolide sus acciones de promoción a fin de lograr niveles de sustentabilidad de ésta, a cargo del diputado José Luis Murillo Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con el Fideicomiso del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural, a cargo del diputado Carlos Ernesto Zatarain González , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo de Promoción Turística de México a revisar el gasto dirigido a la promoción de México en el extranjero y dirija sus acciones en la promoción dentro de Europa, a cargo del diputado Carlos Eduardo Felton González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía, dé cumplimiento a la Ley General de Salud en su artículo 188, fracción II, en relación con la recién aprobada Ley del Tabaco, a cargo del diputado Carlos Augusto Bracho González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la crisis política actual en América Latina, a cargo del diputado Humberto Zazueta Aguilar , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para condenar la incursión del Ejército de Colombia en el territorio de la República de Ecuador, a cargo del diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar un estudio para determinar la relación entre la ingesta de comida con alto contenido calórico y de escaso valor nutricional y su publicidad en los medios masivos de comunicación, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para conocer las causas de la crisis financiera, el adeudo y la falta de recursos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como el seguimiento al cambio de régimen establecido en la nueva ley del propio Instituto, suscrito por los diputados José Luis Gutiérrez Calzadilla , Rosario Ignacia Ortiz Magallón y Adrián Pedrozo Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Presidente de la CNDH y a las comisiones de derechos humanos de las entidades federativas que implanten programas de capacitación en la materia, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobierno federal que retire los promocionales de Pemex de todos los medios de comunicación masivos, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a supervisar el TLCAN en materia de autotransporte, en cuanto a los impactos negativos que éste trae hacía la infraestructura comercial y ambiental mexicana, a cargo del diputado Jacinto Gómez Pasillas , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita que se autorice un 40 por ciento deducible por concepto de autofactura en relación a la Ley del IETU, suscrito por diputados integrantes de la Comisión Especial de atención a los pueblos que viven en el bosque. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a declarar el 15 de febrero de cada año como el Día Nacional del Niño con Cáncer, a cargo de la diputada María Gloria Guadalupe Valenzuela García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Sedesol que remita a esta soberanía información relacionada con el Programa de Atención a Adultos Mayores de 70 y más, a cargo del diputado Gustavo Caballero Camargo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la remoción de diversos funcionarios de la SCT, suscrito por diputados integrantes de la Comisión de Transportes. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de Zacatecas a comprometerse con la legalidad y la transparencia para evitar el uso indebido de programas y recursos públicos para el desarrollo social durante el proceso electoral interno del PRD en Zacatecas, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Verde Ecologista de México y del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se condenan las actitudes represoras, violentas e irracionales en contra de habitantes del municipio de Coacalco de Berriozábal, estado de México, a cargo del diputado Juan Manuel Sandoval Munguía , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer un plan nacional de contingencia económica, en donde incluya un paquete de reformas económicas y fiscales, a cargo del diputado Joaquín Humberto Vela González , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Comité de Administración de esta soberanía para que, en el ámbito de sus competencias, vigile las condiciones laborales que las empresas concesionarias de este recinto brindan a sus trabajadores, a cargo del diputado Humberto Dávila Esquivel , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Sagarpa que informe sobre el papel que jugó para permitir la salida de semillas mexicanas a Noruega por parte del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, a cargo de la diputada Adriana Díaz Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a reclasificar las carreteras 136 y 140 como tipo A, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Puebla para que a través de las instancias correspondientes efectúe las medidas necesarias para agilizar la circulación vial y disminuir el tráfico vehicular en el centro histórico del municipio de Puebla de Zaragoza, a cargo del diputado José Luis Contreras Coeto , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia ante la Comisión del de esta soberanía de los titulares de la SHCP y de la Sedesol del GDF, para que expliquen el monto de los recursos no entregados al Distrito Federal por concepto de participaciones de fondos federales, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Segob, a la Semar, a la Semarnat y al INEGI que realicen un inventario nacional de islas, arrecifes y cayos de la República Mexicana, e informen a esta soberanía de la situación que guardan en los mares adyacentes, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a dar cumplimiento al artículo cuarto transitorio de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, a cargo del diputado David Lara Compeán , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SCT realice un estudio de factibilidad técnico-económico sobre la aplicación de los geosintéticos en las carreteras, a cargo del diputado Francisco Javier Gudiño Ortiz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al director general de ASA un informe de los trabajos que la empresa Administradora Gutsa, SA de CV, realizó en la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, así como copia certificada de los contratos firmados entre dicha empresa y ASA, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Recursos Hidráulicos de esta soberanía a integrar un grupo de trabajo que analice los recursos destinados al Fondo Nacional de Infraestructura en su apartado de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a cargo del diputado Martín Stefanonni Mazzocco , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Semarnat considere la realización de una mesa de trabajo con los gobiernos estatales y municipales, la Gerencia Regional Lerma Santiago de la Conagua y el Consejo de Cuenca del Río Santiago, para dar solución al tratamiento del agua contaminada del río Santiago, a cargo del diputado Mario Eduardo Moreno Álvarez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Puebla para que en coordinación con la Conagua y los gobiernos municipales de Tepeaca y Acajete prohíban y prevengan la descarga de aguas residuales sin tratar y destinen los recursos necesarios para el saneamiento de aguas en la barranca del Águila, a cargo del diputado José Luis Contreras Coeto , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a impulsar los telebachilleratos a nivel nacional, a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Jalisco a ejercer los recursos aprobados en el PEF del ejercicio fiscal 2007 para apoyar a los productores de agave de la entidad, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas a incluir programas en lenguas indígenas, en el marco de los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución Mexicana, en sus veinte emisoras del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas, a cargo del diputado Carlos Roberto Martínez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a declinar la política privatizadora que ha instaurado dicha institución y a respetar la pluralidad de ideas y la opinión estudiantil, dándoles cauce dentro del Consejo Universitario, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general de Banobras, SNC, a dar cumplimiento a las demandas de los jubilados de esa institución, a cargo del diputado Jesús Ramírez Stabros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar oportunamente el o los reglamentos de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo del diputado Alejandro Martínez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al impacto que tiene el TLCAN en las mujeres mexicanas y solicitar la comparecencia de la titular de Inmujeres, a cargo de la diputada Lourdes Quiñones Canales , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la violencia que existe en el estado de Chihuahua, suscrito por los diputados Lilia Merodio Reza , César Duarte Jáquez, Israel Beltrán Montes y Enrique Serrano Escobar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SEP y de la Secretaría de Salud refuercen las políticas públicas de educación sexual, por medio de libros de texto de primaria y secundaria, a cargo de la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del DF y a la delegación Miguel Hidalgo a tomar las medidas conducentes para resolver el problema del cobro de tarifas por estacionar automóviles en el bosque de Chapultepec, a cargo de la diputada Blanca Luna Becerril , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la militarización, los derechos humanos y el estado de derecho en Sinaloa, a cargo del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al aniversario del nacimiento de César Chávez, luchador por los derechos de los trabajadores agrícolas, a cargo del diputado José Jacques y Medina , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la participación de nacionales mexicanos en el ejército de Estados Unidos de América, a cargo del diputado José Jacques y Medina , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a elabore un programa de mejora a la infraestructura hidráulica para el suministro de agua en bloque, a cargo del diputado José Martín López Cisneros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y a la Secretaría de Salud a llevar a cabo medidas de seguridad en rastros, carnicerías y tiendas de autoservicio para realizar monitoreos permanentes y expedir certificados de explotaciones pecuarias libres de clenbuterol, a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Migración a cumplir las normas migratorias sin uso de violencia y con estricto respeto a los derechos humanos de los migrantes y transmigrantes, a cargo de la diputada Irma Piñeyro Arias , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al operativo contra migrantes centroamericanos en la Comunidad las Palmas, municipio de Niltepec, Oaxaca, suscrito por los diputados Maricela Contreras Julián y José Jacques y Medina , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a los derechos humanos en la frontera sur de México y la violación documentada de dos ciudadanas guatemaltecas, a cargo del diputado Humberto Zazueta Aguilar , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la PGR que inicie una investigación al presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, a cargo del diputado Guillermo Velázquez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SE modifique la NOM-081-1994, adecuándose a los estándares internacionales avalados por la Organización Mundial de Salud, a cargo del diputado Carlos Augusto Bracho González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobernador del estado de México que rinda un informe sobre el estado que guarda el hospital para enfermos crónicos Doctor Gustavo Baz Prada, a cargo del diputado Christian Martín Lujano Nicolás , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la SHCP y de la CFE extienda un mes más las tarifas preferenciales en los municipios de la región huasteca de San Luis Potosí, a cargo del diputado David Lara Compeán , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, en relación con los recursos excedentes derivados del precio internacional del petróleo, a cargo del diputado Irineo Mendoza Mendoza , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE a publicar en el DOF el acuerdo de arancel-cupo para la importación de mercancías clasificadas en la partida 4412 de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, suscrita por diputados de diversos Grupos Parlamentarios. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos locales a despenalizar los delitos de injurias, difamación y calumnias en sus legislaciones, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la agenda de trabajo relacionada con el TLCAN y su capítulo agropecuario, suscrito por diputados de diversos Grupos Parlamentarios. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos a implantar áreas especiales encargadas de dar atención y seguimiento a los agravios cometidos en contra de periodistas en su entidad, a cargo del diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a incluir en el catálogo médico de enfermedades atendibles a través del Seguro Popular la hemofilia, a cargo del diputado Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a emitir el reglamento a que se refiere el párrafo segundo del artículo 271 de la Ley General de Salud, suscrito por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a instrumentar programas y campañas encaminadas a la atención de la población que padece la enfermedad de Alzheimer, a cargo de la diputada María Gabriela González Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Cofetel que aplique los mecanismos necesarios a fin de que todas las compañías de telefonía celular implanten y homologuen el servicio de buzón de voz optativo, a cargo del diputado José Luis Blanco Pajón , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a garantizar el respeto a los derechos humanos del estudiante mexicano Alejandro Ordaz Moreno, en el proceso judicial que se inició en su contra en la ciudad de Sevilla, España, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y al SAT a agilizar los mecanismos y normas para la entrada de mercancías que respondan a donativos, a cargo del diputado David Figueroa Ortega , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a realizar una revisión que transparente el manejo de los recursos otorgados por el gobierno federal durante el ejercicio fiscal 2007 a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado de Nuevo León, utilizados en la organización y operación del Fórum Universal de las Culturas Monterrey 2007, a cargo del diputado José Martín López Cisneros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua para que el Fondo Nacional para el Tratamiento de Aguas Residuales implante reglas especiales de operación que permitan una simplificación técnica y administrativa para una pronta licitación y ejecución de obras, a cargo del diputado Martín Stefanonni Mazzocco , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria a atender el conflicto agrario que presentan los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán en el estado de Chiapas, a cargo del diputado Víctor Ortiz del Carpio del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que a través de sus dependencias y entidades correspondientes exhorte a los Gobernadores de los Estados y al jefe del Gobierno del Distrito Federal a implantar medidas económicas a las empresas y a la población de sus territorios, a cargo del diputado José Inés Palafox Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a acordar la reclasificación de las tarifas eléctricas en la zona del istmo de Tehuantepec del estado de Oaxaca; y a la Secretaría de Salud a implantar un programa especial para evitar que proliferen las enfermedades derivadas de las altas temperaturas registradas en esta zona, a cargo del diputado Jorge Toledo Luis del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a la SE para que los recursos destinados al desarrollo y fortalecimiento de las Mipymes se otorguen de manera permanente, suscrito por los diputados Rolando Rivero Rivero y Yadhira Yvette Tamayo Herrera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la Cofetel a realizar una revisión sobre la distribución de las claves lada en el país, suscrito por los diputados Antonio Vega Corona y Yadhira Yvette Tamayo Herrera , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a realizar los procesos de licitación a través de oficios de secas, suscrito por los diputados José Guillermo Fuentes Ortiz , Yadhira Yvette Tamayo Herrera y Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a abstenerse de disponer de los planteles educativos ubicados frente al Parque Fundidora para efectos distintos para los que fueron creados, a cargo del diputado José Martín López Cisneros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Chihuahua a implantar acciones que garanticen el acceso a los programas de salud relativos a la atención, prevención y terminación del tratamiento de la tuberculosis con miras a erradicarla, a cargo de la diputada María Soledad Limas Frescas , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP a presentar un informe en el que explique las razones por las cuales no ha emitido las sanciones correspondientes en contra de funcionarios y ex servidores públicos de la Conaliteg, por el caso de las denuncias presentadas por la Empresa Encuadernaciones de Oriente, SA de CV, a cargo del diputado Francisco Antonio Fraile García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Semarnat, a la UNAM, al IPN y al Instituto Nacional de Ecología que incluyan en los programas de estudio de los grados escolares obligatorios las materias académicas relacionadas con el estudio y comprensión del cambio climático y sus efectos, a cargo del diputado Jesús Alcántara Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SCT, a la Cofetel, a Telmex y a las demás empresas prestadoras de servicios telefónicos en el estado de México que revisen las tarifas de telefonía fija básica, a fin de homologarlas al servicio local del DF y su zona conurbada, a cargo del diputado Jesús Alcántara Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a implantar medidas preventivas en el abasto de agua para uso agrícola y consumo urbano en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Pedro Montalvo Gómez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cofetel y a la SSP a implantar acciones para el combate de delitos cometidos en contra de menores por medio de Internet, a cargo del diputado Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a la SFP, a la ASF y la Contaduría Mayor de Hacienda del estado de Coahuila a realizar una auditoría a los recursos destinados para educación pública a dicha entidad, suscrito por los diputados Rolando Rivero Rivero y Jesús de León Tello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo al asesinato de dos locutoras de la Radio Comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de la Reforma Agraria a tomar las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos agrarios, a cargo del diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat para que en coordinación con la Profepa se cercioren de que Química Central de México retire de sus instalaciones residuos de cromo que contaminaron el suelo y el agua de los Pueblos del Rincón, a cargo del diputado Jaime Verdín Saldaña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca a investigar y castigar a los responsables de los crímenes contra las comunicadoras de la Radiodifusora Comunitaria La Voz que Rompe el Silencio, ubicada en el municipio de San Juan Copala, Oaxaca, suscrito por los diputados Othón Cuevas Córdova y Marcos Matías Alonso , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP que asigne al estado de México, montos presupuestales mayores en el rubro de infraestructura para el transporte masivo, a cargo del diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, emprenda acciones para frenar la discriminación a grupos de jóvenes denominados Emos, a cargo del diputado Oscar González Morán , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a Capufe a realizar un diagnóstico e implantar medidas conducentes para que los concesionarios lleven a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo en las autopistas del país, suscrito por los diputados Francisco Javier Paredes Rodríguez , Yadhira Yvette Tamayo Herrera y Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud instituya la Semana Nacional contra el Cáncer de Mama, la Semana Nacional contra el Cáncer Cérvico-Uterino y la Semana Nacional contra el Cáncer de Próstata, asimismo, que formule y emita la norma oficial mexicana para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de próstata, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur y a la Semarnat a firmar un acuerdo de coordinación entre el Ejecutivo y los poderes estatales y municipales para asesorar el derecho de acceso de los mexicanos a playas federales, suscrito por los diputados Francisco Dávila García y Carlos Alberto García González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la realización de la marcha mitin del Día Internacional del Inmigrante, por celebrarse el 1 de mayo de 2008, por parte de los trabajadores migrantes mexicanos residentes en los Estados Unidos de América, a cargo del diputado José Jacques y Medina , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador del estado de Nuevo León a establecer los mecanismos necesarios para facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales al régimen de pequeños contribuyentes frente al IETU con una cuota justa, a cargo del diputado José Martín López Cisneros , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud declare y celebre el 2009 como el Año Mundial sin Tabaco, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía a actualizar la NOM-001-ECOL-1996, a cargo del diputado Héctor Manuel Ramos Covarrubias , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a los gobiernos estatal de San Luis Potosí y municipal de Cerro de San Pedro a atender las resoluciones legales respecto del proyecto de Minera de San Xavier para suspender las actividades de ésta, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al desarrollo regional sustentable de la Sierra Negra y Valle de Tehuacan del estado de Puebla, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al titular de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas que informe a esta soberanía respecto de las sanciones que se han adoptado en contra del sector asegurador por irregularidades en el servicio que prestan a los usuarios, así como las denuncias penales en contra de las aseguradoras, suscrito por los diputados Manuel Cárdenas Fonseca y Pablo Trejo Pérez , de los Grupos Parlamentarios de Nueva Alianza y del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al Gobierno del DF a instalar y promover el sistema de alarma sísmica en el conjunto urbano Presidente Adolfo López Mateos-Unidad Habitacional Nonoalco Tlaltelolco, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, para exhortar a Ferrocarriles Nacionales, en liquidación, y al Conaculta para que a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Ferrocarrilero rescaten el patrimonio ferrocarrilero en el estado de Aguascalientes, a cargo del diputado Santiago López Becerra , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales a integrar una subcomisión plural que verifique las acciones y que se haya cumplido con las condiciones establecidas dentro de la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales del municipio de La Paz, Baja California, suscrito por los diputados Víctor Manuel Lizárraga Peraza , Armando García Méndez y José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Clausura.»

ACTA DE LA SESION ANTERIOR

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes veintinueve de abril de dos mil ocho, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las 12 horas con 17 minutos del martes 29 de abril de 2008, con la asistencia de 405 diputadas y diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.

La asamblea dispensa la lectura del orden del día en votación económica.

Desde su curul, el diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado , del Partido de la Revolución Democrática, a nombre de su grupo parlamentario, manifiesta su inconformidad por el procedimiento llevado a cabo en la sesión del 24 de abril de 2008, durante la discusión y aprobación de cinco dictámenes con proyecto de decreto y la Presidencia instruye quede constancia de su intervención en el acta de la presente sesión.

La asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de ésta manera la aprueba.

La Secretaría de Obras Públicas del gobierno de Nuevo León, remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados. Se remite a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.

El diputado Delber Medina Rodríguez , del Partido Acción Nacional, comunica la reincorporación a sus labores legislativas, a partir del 29 de abril de 2008. De enterado, comuníquese.

La Junta de Coordinación Política, comunica:

En votación económica, la asamblea aprueba los cambios. Comuníquense.

La Secretaría da lectura a acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al Congreso del estado de Sonora, a efecto de que realice adecuaciones en su legislación, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la redistritación electoral para el siguiente proceso electoral 2008-2009. En votación económica, la asamblea lo aprueba. Comuníquese.

Se recibe de la Coordinación Ejecutiva de Petróleos Mexicanos, información en relación con los ingresos netos obtenidos en flujo de efectivo correspondientes al periodo enero-marzo, comparado contra el presupuesto original. Se remite a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

A las 12 horas con 31 minutos, la Secretaría instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia, con un registro de 429 diputadas y diputados.

Se reciben minutas con proyecto de decreto:

a) Para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

b) Para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población. Desde su curul, el diputado José Nicolás Morales Ramos , del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita la dispensa de todos los trámites y la asamblea así lo autoriza en votación económica. Intervienen para referirse al tema los diputados José Nicolás Morales Ramos , del Partido Acción Nacional; Irma Piñeyro Arias , de Nueva Alianza; Alejandro Chanona Burguete , de Convergencia; José Jacques y Medina , del Partido de la Revolución Democrática; José Edmundo Ramírez Martínez , del Partido Revolucionario Institucional; Rutilio Cruz Escandón Cadenas , Fernel Arturo Gálvez Rodríguez , y Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , todos del Partido de la Revolución Democrática. La Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, que resulta aprobatoria por 393 votos. La Presidenta declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

Desde su curul, el diputado Francisco Javier Santos Arreola , del Partido de la Revolución Democrática, manifiesta su apoyo a la Presidencia de la Mesa Directiva.

Se recibe solicitud de la Junta de Coordinación Política, para modificar el orden del día e integrar acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo federal inicie una controversia constitucional en contra del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tulum, municipio de Solidaridad, Quintana Roo. En votación económica, la asamblea autoriza su inclusión, la Secretaría da lectura al punto de acuerdo y en votación económica, se aprueba. Comuníquese.

Se reciben minutas con proyecto de decreto:

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura de los dictámenes con proyecto de decreto de las comisiones de:

a) Justicia, que:

b) Defensa Nacional, que adiciona un párrafo segundo al artículo uno de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

c) Salud, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de cuidados paliativos.

d) Unidas de Puntos Constitucionales, y de Educación Pública y Servicios Educativos, que reforma y adiciona los artículos 3 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y deroga el artículo quinto transitorio del decreto que adiciona los artículos 3, párrafo primero, fracciones III, V y VI; y 31, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

e) Hacienda y Crédito Público, que:

Quedan de primera lectura.

Desde su curul, el diputado Ector Jaime Ramírez Barba , del Partido Acción Nacional, solicita la dispensa de la segunda lectura del dictamen de la Comisión de Salud antes mencionado y la Presidenta indica que en su oportunidad se dará trámite a su petición.

En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensa la lectura de los dictámenes con proyecto de decreto de las comisiones de:

Presidencia del diputado Luis Sánchez Jiménez

En votación económica, la asamblea considera el asunto suficientemente discutido.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular, resulta aprobatoria por 376 votos. La Presidenta declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

En su oportunidad, la Presidenta comunica a la asamblea que a solicitud del Presidente de la Comisión de Justicia, se pospone para la próxima sesión la discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto que deroga el Capítulo Cuarto del Título Decimoquinto del Libro Segundo del Código Penal Federal. Desde su curul, la diputada Valentina Valia Batres Guadarrama , del Partido de la Revolución Democrática, solicita información que la Presidencia aclara.

En votación económica, la asamblea dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Salud, en materia de cuidados paliativos. En términos del artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se otorga la palabra para fundamentar el dictamen a nombre de la comisión, al diputado Ector Jaime Ramírez Barba , del Partido Acción Nacional. Intervienen para fijar el posicionamiento de su respectivo grupo parlamentario los diputados: Daniel Dehesa Mora , del Partido de la Revolución Democrática y Jorge Quintero Bello , del Partido Acción Nacional. La Presidenta anuncia a la asamblea, con fundamento en el artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la reserva del artículo 166 Bis 15. La Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, resulta aprobatoria por 368 votos en pro y uno en contra. Se otorga el uso de la tribuna al diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al artículo reservado y propone su supresión, que en votación económica, se admite su discusión. Desde su curul, el diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla , del Partido de la Revolución Democrática, solicita moción de procedimiento y la Presidencia hace la aclaración. La Secretaría recoge la votación de la propuesta presentada, que se aprueba por 198 votos en pro, 147 en contra y ninguna abstención.

La Presidenta declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto con la eliminación del artículo 166 Bis 15, recorriéndose el orden de los subsiguientes. Se devuelve al Senado de la República para los efectos del inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se recibe minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de Fomento para la lectura y el libro. Se turna a la Comisión de Cultura.

La Secretaría da lectura a solicitud de la Junta de Coordinación Política, para que se incluya en el orden del día el dictamen con proyecto de decreto de las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Desde sus respectivas curules, las diputadas Valentina Valia Batres Guadarrama y Mónica Fernández Balboa , ambas del Partido de la Revolución Democrática, solicitan votación nominal; Juan José Rodríguez Prats , del Partido Acción Nacional, hace comentarios al respecto y la Presidencia instruye la apertura del sistema electrónico de votación para tal efecto. Con el registro de 229 diputadas y diputados la Presidenta declara la ausencia de quórum.

Desde sus respectivas curules los diputados del Partido Acción Nacional: José Gildardo Guerrero Torres , solicita la aplicación del artículo 64 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Rogelio Carbajal Tejada , hace comentarios de procedimiento.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

La Presidenta clausura la sesión a las 16 horas con 15 minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 30 de abril de 2008 a las 11:00 horas.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso...

El diputado José Jacques y Medina (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Permítame, por favor.

Ahorita, compañero. No había observado que quería hablar usted. Le dan sonido, por favor. ¿Quién es quien quiere hablar? Al compañero José Jacques.

El diputado José Jacques y Medina (desde la curul): Sí, Presidenta. Sobre la dispensa que se dio ayer al trámite en relación con el artículo 72. Quería nada más que se anexara que después de la votación económica se dio... se pusiera que la votación de los partidos del Frente Amplio Progresista fue en contra del procedimiento fast track, no en contra de la propuesta; que se anexara ahí, por favor.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Tome nota la Secretaría, por favor. Continúe.

COMISION PERMANENTE

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Sí, diputada.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Gracias, Presidenta. Perdón que insista, pero me están explicando aquí de Servicios Parlamentarios que efectivamente tengo razón; que esto es un problema... que los senadores se entercaron en instalar la Comisión Permanente.

En ese sentido, que las afectaciones jurídicas recaerían en la Permanente, porque no es válida. En todo caso tendría que haber un litigio, y no es válida la instalación de la Permanente. Aquí tengo el acta de instalación de la comisión.

En ese sentido, le quiero pedir que quede una constancia en las actas de esta sesión, de que estamos llevando a cabo la misma a pesar de que ayer se instaló y ya está en funciones la Comisión Permanente. Le solicito que quede en actas.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Le voy a pedir a la diputada Secretaria que pueda leer cómo se instaló la Comisión Permanentey las palabras que dijo el senador Santiago Creel, para aclarar esta circunstancia que nos está demandando la diputada, por favor.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Sí. Dice: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, informo a ustedes que esta sesión de la Comisión Permanente es sólo con el propósito de elegir a su Mesa Directiva y hacer la declaratoria de su instalación. Se trata de actos formales que de ninguna forma implican el inicio de actividades o el ejercicio de competencias constitucionales y legales, que esta Comisión Permanente tiene legalmente asignadas.

Las sesiones oficiales de la Comisión iniciarán la siguiente semana, a partir de nuestra cita, que será el 7 de mayo. ¿Con eso?

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Pues no sé, si no les queda claro, compañeros, discúlpenme, pero se los leímos precisamente para decirles que sólo se eligió la Mesa Directiva y se instaló ayer.

Discúlpennos, se los tuvimos que leer, porque la diputada insiste en que estamos incurriendo en una cuestión ilegal nosotros. En todo caso, si estuviera incurriendo alguien en algo ilegal, tendría que ser la Permanente, y es ahí donde se tendría que pedir la explicación.

Esta sesión es válida, ordinaria, jurídicamente no tiene ningún problema. Entonces vamos a continuar.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Sí, diputada. Ya no le voy a seguir en este tema, porque...

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Se está incurriendo en una falta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Por eso, diputada, si hubiera alguna irregularidad se le tiene que demandar a la Permanente. Yo le solicito que dirija allá su demanda, a la Permanente, y que le dé la Permanente una explicación. Aquí nosotros estamos sesionando de forma ordinaria.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Que quede acordado en el acta que estamos sesionando cuando ya se instaló la Permanente en el Senado.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Así es... no, diputada.

Sí, diputado Javier González. Le dan sonido a su curul, por favor, del diputado.

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Muchas gracias, compañera Presidenta.

En mi opinión esta Cámara de Diputados no está en falta. El asunto sí es cierto que la Comisión Permanente se instaló antes de que terminara el periodo de esta Cámara de Diputados.

Y mi opinión y mi petición es que ese comentario se envíe a la del Congreso de la Unión, diciendo que no puede ser que un asunto legal de esta naturaleza se haya resuelto como tal. Una crítica a eso, porque, efectivamente, se tienen que terminar ---en mi opinión--- los dos periodos.

Insisto, esta Cámara no está en falta. Si los senadores se querían ir a donde fuera, bueno, son ellos. Nosotros tenemos que hacer la crítica a la Comisión Permanente. Ésa es mi propuesta. Gracias, compañera Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se lo agradezco mucho, diputado Javier González. Y se la tomamos tal cual, su propuesta, para enviar estas observaciones a la Permanente.

Vamos a continuar, por favor.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba...

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde la curul): No hay orden del día.

El diputado Isidro Pedraza Chávez (desde la curul): Presidenta, no nos han dado el orden del día.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Permítame, diputada.

Les vamos a entregar ahorita el orden del día, pero es el orden que pactamos con los líderes parlamentarios; ellos nos lo pasaron. Ahorita se lo pasamos, lo estamos imprimiendo porque muchos compañeros llegaron con muchos temas. Siendo el último día quieren agendarlos y tuvimos que volver a rehacer el orden del día.

Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobada el acta. Continúe la Secretaría, por favor.

DIPUTADOS QUE SOLICITAN LICENCIA

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva.--- Presente.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, me permito solicitar licencia indefinida para separarme de mi cargo como diputado federal, a partir de esta fecha.

Por tal motivo, solicito a usted realice todos los trámites conducentes que ocurren al presente acto jurídico y se llame a mi suplente.

Sin otro particular.

Presidencia del diputado Luis Sánchez Jiménez

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada María Guadalupe Josefina García Noriega para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la tercera circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta a los diputados si son de aprobarse los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Aprobados. Comuníquense. Continúe la Secretaría.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva.--- Presente.

Por este conducto y con fundamento en los artículos 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar a usted someta a esta soberanía la solicitud de licencia del que suscribe, a partir del 30 de abril del 2008.

Motivo por el cual le solicito se llame a mi suplente para concretar el presente acto jurídico.

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención que se sirva brindar al presente.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Sergio Augusto López Ramírez para separarse de sus funciones como diputado federal electo por la segunda circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobados. Comuníquense.

DIPUTADOS SUPLENTES QUE SE INCORPORAN

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos Beatriz Manrique Guevara y Pascual Bellizzia Rosique, diputados federales electos en la segunda y la tercera circunscripción plurinominal.

Se designa en comisión, para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a las siguientes diputadas y los siguientes diputados: Édgar Mauricio Duck Núñez, Alma Hilda Medina Macías , Lourdes Quiñones Canales , Pedro Montalvo Gómez , Martha Angélica Tagle Martínez , Jesús Sesma Suárez , Manuel Portilla Diéguez, Francisco Elizondo Garrido , Manuel Cárdenas Fonseca y Abundio Peregrino García .

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Se pide a la comisión cumplir este encargo.

(La comisión cumple su cometido)

Se invita a los presentes a ponerse de pie.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Ciudadanos Beatriz Manrique Guevara y Pascual Bellizzia Rosique,¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputados que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Los ciudadanos Beatriz Manrique Guevara y Pascual Bellizzia Rosique: Sí, protestamos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Si así no lo hicieran que la nación se los demande.

Continúe la Secretaría, por favor.

ESTADO DE JALISCO

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación y a la Auditoría Superior de la Federación que investiguen y, en su caso, determinen presuntas irregularidades relacionadas con la entrega de recursos públicos por el gobierno de Jalisco para la construcción del Santuario de los Mártires Mexicanos

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33 y 34, numeral 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno el presente punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

1. Antecedentes

2. Consideraciones

De acuerdo con lo declarado por el mismo gobernador del estado, el día 24 de marzo de 2008, los recursos tienen objetivos espirituales y turísticos, al mencionar:

``Sin desconocer que tienen objetivos espirituales para quienes están impulsando esta obra, el gobierno ve la posibilidad de una gran derrama económica en la capital, de una gran derrama de los servicios turísticos que alrededor de ella se generarán.''

Como reacción al donativo, el día 26 de marzo del año en curso, Salvador Beltrán del Río, titular de la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, aseguró que la donación hecha por el gobernador de Jalisco ``sí viola el Estado laico''.

No obstante, el 27 de marzo de este mismo año, el vocero del Arzobispado de Guadalajara, Antonio Gutiérrez Montaño, aseguró que el donativo no es ilegal, ya que el dinero no se entregó directamente a la Iglesia Católica: ``El cheque salió a nombre de una fundación legalmente constituida que se llama Fundación Pro Construcción del Santuario de los Mártires''.

En una actitud de falta de transparencia por parte del gobierno del estado, no se ha precisado el origen de los recursos públicos donados a la construcción del santuario; incluso existen claras contradicciones.

Por un lado, el gobernador del estado de Jalisco afirmó que ``los recursos son producto de ahorros en el rubro de gasto corriente y serán a fondo perdido lo cual resulta incongruente en virtud de que nos encontramos en el primer cuatrimestre del año. En tanto que el titular de la Secretaría de Finanzas indicó que no estaba en condiciones de informar qué partida sería afectada, si se trataría del presupuesto anual de la secretaría de turismo o de excedentes financieros, o ahorros en el gasto corriente.

Es claro que la donación de recursos públicos por parte del gobernador del estado de Jalisco, Emilio González Márquez, estaría violando, en primer término, el principio histórico de la separación del Estado y la Iglesia, consagrado en el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además de vulnerar principios como el de discriminación y libertad religiosa, consagrados en los artículos 1o. y 24 de la misma Constitución.

Asimismo, se estarían violando distintas disposiciones como la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, el Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco 2008, y las Reglas de Operación de la Partida 4304, denominada ``Instituciones sin fines de lucro''; dichas reglas establecen claramente que ``Las instituciones beneficiarias no deberán ser asociaciones religiosas y no estar afiliadas o hacer promoción a algún partido político''.

A mayor abundamiento, el donativo no fue incluido en el Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco 2008, ni en el Plan Estatal de Desarrollo de Jalisco, por lo que se violaría lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución, que establece que ``no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o determinado por ley posterior''.

De probarse la desviación de recursos públicos a fines distintos a los que fueron destinados, estaríamos también en presencia de acciones de carácter penal, por ubicarse en los supuestos de peculado.

El gobierno del estado pretende eludir la responsabilidad, argumentando que los 30 millones de pesos fueron entregados a la asociación civil Fundación Pro Construcción del Santuario de los Mártires Mexicanos, a través del ciudadano Juan Manuel Hernández, como miembro del Comité de Finanzas de dicha asociación civil, y no a la Arquidiócesis de Guadalajara.

Es evidente que el gobierno del estado de Jalisco ha intentado hacer una simulación, triangulando la entrega de los recursos públicos a una asociación civil para destinarlo a la construcción del santuario, y favorecer con ello a la Iglesia Católica. Lo anterior, violando lo dispuesto en el artículo 3o. de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público que dispone: ``...El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio a favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa''. Así también violando lo dispuesto en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, que en su artículo 3o. establece que no podrán entregarse apoyos y estímulos a las agrupaciones u organizaciones que persigan fines religiosos.

Los promoventes consideramos que resulta a todas luces incongruente querer argumentar que dicha asociación no persigue fines religiosos, cuando el propio nombre precisa que es para la construcción del santuario. Además, en el Consejo de dicha Asociación Civil el mismo cardenal Juan Sandoval Íñiguez aparece como coordinador general, el obispo auxiliar Rafael Martínez Sáinz como integrante de la Comisión de Finanzas y el sacerdote Gildardo Partida Núñez como integrante de la Comisión de Atención Pastoral.

Hay que señalar enfáticamente que los promoventes no planteamos una postura anticlerical, ya que la propia Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 aprobó recursos para el rescate histórico de los templos religiosos, como es el caso del municipio de Tecámac de Felipe Villanueva, en el estado de México. Sin embargo, esta asignación se justifica plenamente ya que estamos en presencia de edificios históricos que forman parte del patrimonio cultural de la nación.

En suma, y con el fin de deslindar responsabilidades, es necesario que la Secretaría de Gobernación, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público forme una Comisión que investigue y determine presuntas infracciones a la misma ley. Lo anterior, toda vez que se presumen acciones de discriminación, preferencia y privilegio por parte del gobierno del estado de Jalisco a favor de una determinada asociación religiosa, consistente en la donación de recursos públicos para la construcción del santuario de los mártires mexicanos, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 3 de la mencionada ley.

Asimismo, es indispensable que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en términos de lo establecido en el artículo 79, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 36, 37, 38, inciso a), y demás relativos de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, lleve a cabo una revisión de situación excepcional. Ello, a efecto de determinar si los recursos públicos donados por el estado de Jalisco para la construcción del santuario de los mártires mexicanos, son de carácter federal, total o parcialmente.

Cabe señalar que dicha donación asciende a cien mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, lo que justifica --de acuerdo con la fracción a) del artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación-- la procedencia de la revisión de situación excepcional. Así, se solicita a la ASF que, de ser el caso, determine los daños y perjuicios a la hacienda pública federal y finque directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del Pleno de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Secretaría de Gobernación que, en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 30 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, proceda a conformar una comisión que investigue y determine las presuntas infracciones a dicho ordenamiento, en la donación de recursos públicos por el titular del Ejecutivo del estado de Jalisco para la construcción del santuario de los mártires mexicanos.

Segundo. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que lleve a cabo una revisión de situación excepcional, a efecto de determinar si los recursos públicos donados por el estado de Jalisco para la construcción del santuario de los mártires mexicanos son de carácter federal total o parcialmente y, de ser el caso, proceda en los términos del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobado, comuníquese.

Quiero compartir con el pleno que se encuentra entre nosotros el presidente de la mesa directiva del Congreso de Tlaxcala, el diputado Damián Mendoza Ordóñez. Bienvenido, diputado.

Continúe la Secretaría, por favor.

VICENTE FOX QUESADA

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se autoriza prorrogar la vigencia de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a la procuración de justicia vinculada al ejercicio de la función pública durante la gestión administrativa del ex presidente Vicente Fox Quesada con relación a los señalamientos del incremento de su patrimonio

Considerandos

1. Que el 2 de abril de 2008, este órgano de gobierno recibió escrito del diputado Víctor Valencia de los Santos, presidente de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a la procuración de justicia vinculada al ejercicio de la función pública durante la gestión administrativa del ex presidente Vicente Fox Quesada en relación con su patrimonio, por el que solicita una prórroga en la vigencia de la referida comisión especial, toda vez que se encuentran pendientes de recibir auditorías que han solicitado a la Auditoría Superior de la Federación, las cuales estarían en condiciones de entregarlas a más tardar el 31 de marzo de 2009.

II. Que no escapa del conocimiento de esta Junta lo establecido en los resolutivos cuarto y sexto del acuerdo de creación de la comisión especial de fecha 11 de octubre de 2007 que a la letra dicen:

III. Que esta Junta de Coordinación Política, una vez hecho el análisis de la solicitud mencionada, ha tenido a bien someter a consideración el siguiente

Acuerdo

Único. Se autoriza conceder una prórroga de la vigencia hasta el 20 de agosto de 2008 a la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a la procuración de justicia vinculada al ejercicio de la función pública durante la gestión administrativa del ex presidente Vicente Fox Quesada en relación con su patrimonio.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Diputado Héctor Larios Córdova , Presidente de la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados.--- Presente.

En virtud de que está por concluir el periodo para el cual se mandato a esta Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a la procuración de justicia vinculada al ejercicio de la función pública, durante la gestión administrativa del ex presidente Vicente Fox Quesada en relación a los señalamientos del incremento de su patrimonio, y que se instaló el día 11 de octubre de 2007.

Es menester de esta comisión informar a ustedes que la actitud recurrente de los titulares y la mayoría de los encargados de despacho del gobierno federal ha sido de no colaborar con esta comisión, aduciendo o argumentando restricciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información en la que se nos niega acceso a información según ellos reservada, clasificada y en algunos casos hasta supuestamente inexistente; dicha información negada ha impedido cumplir a cabalidad en tiempo y forma el cometido de investigación que nos encomendó esta soberanía sin embargo para este efecto generamos una iniciativa de reforma, al artículo 42 de la Ley Orgánica del honorable Congreso de la Unión, que permita que las comisiones especiales tengan acceso a la información reservada y así poder cumplir con el espíritu y el propósito para lo que son creadas.

Por otra parte está en proceso la firma de un convenio de colaboración y apoyo entre esta comisión y la UNAM para que, a través de su Instituto de Investigaciones Jurídicas, se procese y sistematice toda la información que han entregado las diferentes dependencias de gobierno, esto es de suma importancia en virtud de que requerimos como ya es del conocimiento de la Junta de Coordinación Política, este apoyo para poder construir el informe requerido.

En lo que se refiere a las comparecencias de servidores públicos autorizadas por esta soberanía están pendientes cuando menos cuatro de ellas: licenciado Eduardo Medina Mora Icaza (PGR), doctor Jesús Federico Reyes Heroles González Garza ( Pemex), José Moisés Bravo (Aduanas) y a la Contraloría de la Presidencia de la República.

A la fecha algunas dependencias no han entregado la información solicitada y han pedido prórroga para cumplir con esta obligación; como Pemex, IPAB, PGR, SFP, ASF, SAT y SHCP; entre otras.

Algunas denuncias presentadas por ciudadanos originarios de Guanajuato y Michoacán han solicitado la presencia física de los integrantes de esta comisión en sus entidades, con la finalidad de hacer entrega de documentación que sustenten sus denuncias y asimismo solicitar el seguimiento respectivo ante el Ministerio Público.

Y por último, en congruencia con lo aprobado en el punto cuatro y el seis del acuerdo por el que se crea este órgano de investigación.

Cuarto. La comisión podrá solicitar a la Auditoría Superior de la Federación la realización de auditorías o revisiones que le permitan determinar la veracidad o falsedad de los señalamientos realizados, cuyos resultados deberán ser publicitados en su oportunidad.

Sexto. La comisión especial estará vigente hasta el 11 de abril de 2008, pudiendo extenderse su periodo si existiera alguna auditoría en curso, sólo por el tiempo en que ésta concluya.

Solicitamos respetuosamente una prórroga hasta el 30 de abril de 2009, esto de acuerdo a la respuesta de la Auditoría Superior de la Federación, oficio número OASF/0570t. Z008, en la que nos confirma que las auditorías requeridas por esta comisión estarían en condiciones de ser entregados a mas tardar el día 31 de marzo de 2009, por lo que sin esta información no cumpliríamos con el mandato con lo que fue aprobado este acuerdo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Para hablar sobre el tema se han inscrito los siguientes diputados: Juan de Dios Castro Muñoz , Alma Edwviges Alcaraz Hernández y Juan José Rodríguez Prats . Por lo cual tiene el uso de la palabra el diputado Juan de Dios Castro Muñoz .

El diputado Juan de Dios Castro Muñoz : Con el permiso de la Presidencia.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Adelante, diputado.

El diputado Juan de Dios Castro Muñoz : Acción Nacional va a votar a favor de prolongar la comisión especial, que tiene que ver con la administración del ex presidente Vicente Fox. Y la primera razón por la que va a votar a favor es por la negligencia de quien preside la misma.

La propia Constitución señala que la comisión, al terminar sus trabajos, debe entregar un informe al titular del Poder Ejecutivo, cosa que hasta la fecha no ha llevado a cabo. Por eso vamos a prolongarla.

Y quiero también traer a colación, compañeras diputadas y compañeros diputados, que Acción Nacional votó a favor de que se integre esta comisión para conocer la administración de Vicente Fox. Como votó a favor de la comisión Mouriño, como votó a favor de la comisión Bribiesca. Y siempre ha estado Acción Nacional a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas.

Y así como Acción Nacional votó a favor de esas comisiones investigadoras, yo espero que el diputado Víctor Valencia, cuando le pidamos la conformación de una comisión para investigar la red de pederastía del gobernador Mario Marín, también vote a favor.

Y también cuando propongamos una comisión para investigar las chamaqueadas del ``niño verde'', que así se le llamó en medios de comunicación, el Partido Verde también vote a favor.

Y cuando propongamos la comisión para investigar el traslado de recursos del gobierno del Distrito Federal a la campaña de Alejandro Encinas, también van a votar a favor para que la transparencia y la rendición de cuentas sea pareja.

Lo que sí queremos dejar de manifiesto, compañeras diputadas y compañeros diputados, es que algunos miembros de la comisión ya no están investigando...

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Presidenta. Si me permite una pregunta el diputado.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Permítame, diputado. Permítame, por favor. Que si permite usted una pregunta. ¿Una pregunta le quiere hacer diputada?

El diputado Juan de Dios Castro Muñoz : Cuando termine mi intervención, con todo gusto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Cuando termine. No admite preguntas. Continúe, por favor, diputado.

El diputado Juan de Dios Castro Muñoz : Continúo. Esta comisión... y les quiero decir que está en actas; el acta del 7 de noviembre, el compañero diputado Juan N. Guerra... y está en actas, hay versión estenográfica, Dijo en esa reunión: ``es que vamos a investigar, porque hay rumores en mi tierra, rumores en mi tierra que la pseudoefedrina que entra al país se debe a Vicente Fox''. Nada qué ver con el objeto de la comisión.

Acusaron primero que el rancho San Cristóbal se había hecho con recursos públicos; les demostramos que no y ya no dijeron nada. Acusaron después que la asociación que tiene la señora Marta había violado la ley, y acudimos con los funcionarios y se dieron cuenta que no.

Y para que nos demos cuenta cómo actuaron de facciosos, cómo actuaron de facciosos, está en actas, está en actas. Pidieron que se investigara a la fundación y a los donantes, pero cosa rara, el gobierno perredista de Zacatecas hizo donativos a la fundación y no piden que se investigue. Y el gobierno del Estado de México hizo donativos a la fundación y no pide que se investigue. Y el gobierno de Michoacán.

Han utilizado a la comisión para defenestrar, para acusar, sin prueba alguna. Hasta ahorita no tenemos el informe y es por la negligencia del presidente. Por eso vamos a votar a favor de que la comisión dure hasta agosto.

Por su atención, gracias; y ahora sí las preguntas, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Le dan sonido a la curul de la diputada Valentina Batres, por favor. ¿Se va a anotar para participar? ¿Desde allá? Nada más faltaría el diputado Benítez y luego ya le damos la palabra al diputado Valencia.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Diputado, ¿qué es lo que los detiene a solicitar todas estas comisiones de investigación? ¿Qué, el hecho de que no la soliciten es aspirar a que los trabajadores de la Comisión Investigadora del gobierno de Fox no encuentre nada? Por eso lo menciona usted, para sacarles los trapos sucios a todos, esperando la complicidad de las irregularidades graves y de los robos; abusos del gobierno de Fox.

¿Por qué no empiezan a solicitar todas estas comisiones investigadoras? Pero lo que es el colmo es que el gobierno del PAN es el que gobierna y tiene la Secretaría de la Función Pública y no se atreve a utilizarla para investigar a fondo. Eso es lo más vergonzoso, diputado: que ustedes siendo gobierno necesiten de comisiones investigadoras teniendo la Secretaría de la Función Pública.

Díganos, diputado, ¿por qué no han solicitado que se formen todas estas comisiones investigadoras, si lo que tanto les interesa es aclarar lo que ustedes creen que está irregular? ¿Por qué no lo han solicitado, diputado? Gracias.

El diputado Juan de Dios Castro Muñoz : Le voy a contestar, compañera diputada. Lo vamos a hacer a la brevedad posible, pero con base en la ley, porque la misma Constitución señala y hay una declaratoria de la Corte de que no se puede molestar a particulares; solamente se pueden investigar las dependencias.

Y le quiero decir, compañera diputada, también como respuesta, que no solamente tenemos la Función Pública, también tenemos la Auditoría Superior de la Federación que, por cierto, le hace observaciones al fideicomiso del segundo piso y a Andrés Manuel, en donde hay irregularidades graves. Y ese informe lo tiene usted en su poder, compañera diputada.

No sé quién más siga con preguntas, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El diputado Enrique Benítez. Por favor, le dan sonido a la curul del diputado Enrique Benítez.

El diputado Luis Enrique Benítez Ojeda (desde la curul): Sólo para preguntarle al diputado Juan de Dios Castro si también estaría de acuerdo en que este Congreso forme una comisión para investigar a la ex presidenta municipal de Lerdo, su hermana, Rosario Castro Lozano, porque ya, por cierto, hay ahí una averiguación previa integrada que está por consignarse por malversación de fondos y por irregularidad en los manejos de pasada administración de Lerdo.

El diputado Juan de Dios Castro Muñoz : Yo le recomiendo, compañero diputado, paisano, que vea los medios de comunicación. Hace tres días en rueda de prensa declaré que se investigue no nada más a Rosario Castro Lozano; también al gobernador de Durango, quien hizo un fraude millonario con la Mariana Trinitaria, con el cemento. Vamos a investigarnos todos y todos a favor. Por eso subí a esta tribuna a decir que vamos a votar a favor. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos, del PRI, por alusiones personales.

El diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos : Con su permiso, señora Presidenta.

Qué bonita familia. He subido hoy con muchísimo gusto para, entre otras cosas, recordarle a mi amigo y compañero que ha de batallar muchísimo, pobrecito, defender lo indefendible. Ha tratado de obstaculizar el trabajo de esta comisión que nos mandató esta soberanía.

Hay testigos y ahí están precisamente las actas de esta comisión, que incluso en los medios de comunicación está muy clara cuál ha sido la postura ---que no la vamos a criticar, la comprendemos--- la complicidad y el fomento a la opacidad ha sido una de las características que ha tenido el diputado Juan de Dios Castro.

Sin embargo, habrá que recordarle al diputado Juan de Dios Castro, hablando de responsabilidad, diputado Juan de Dios, habrá de recordar usted ---yo sé que esto no es un diálogo, pero es importante que la gente sepa--- que hablando de responsabilidad en la alusión que hizo a mi responsabilidad como presidente de la comisión, usted ha faltado en dos ocasiones a su responsabilidad en la comparecencia de funcionarios públicos que esta legislatura nos mandató, al del secretario de la Función Pública y al comisionado presidente del IFAI.

Ahí tengo el documento, que le puedo mostrar para recordarle que me argumenta que no va a poder asistir a esa reunión, porque tiene un compromiso de su partido. Usted cree tener autoridad moral y desde luego, es evidente que no tiene ningún interés de que se esclarezca lo que todos los mexicanos tienen derecho a saber, si alguien dispuso o no del patrimonio de los mexicanos.

Una de las razones que usted esgrimió para no asistir a esa reunión de manera irresponsable, a la comparecencia del comisionado presidente del IFAI, es porque tenía una cita con su amiga, la que hoy vemos en los medios de comunicación vestida de payaso, con una naricita, porque fue a platicar con ella.

Me parece que esa irresponsabilidad y esa burla que hace a los mexicanos, no a la comisión, por incumplir con su responsabilidad y privilegiar una relación partidista y de complicidad, es lo que está entre el escrutinio público que seguramente habrán de juzgar no solamente sus representados, sino seguramente también sus mismos compañeros de partido, si tienen conciencia.

También quiero decirle y preguntarle, diputado, si me puede contestar, ¿quién es y qué hace su señor padre? ¿Acaso quiere que le turnemos esa investigación al señor subprocurador general de Justicia? ¿Usted cree que eso sería congruente y estaría satisfecho para que así se aclarara todo lo que los mexicanos tienen derecho a saber? ¿Para usted eso sería justicia? Le pregunto, señor diputado.

Por último, no solamente en su tierra se rumora, en la mía también y en todo el país saben perfectamente quién es Vicente Fox y quién es Marta Sahagún de Fox, así como los hijastros del señor Fox.

Así es que esto es un secreto a voces, y lo que usted quiere y pretende encapsular para que la gente no sepa y conozca lo que tiene derecho a saber, quién dispuso ilegalmente del patrimonio de los mexicanos, obviamente es responsabilidad suya y ojalá tenga la vergüenza suficiente para venir aquí a responder por ello. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado Víctor Valencia de los Santos.

El diputado Juan de Dios Castro Muñoz (desde la curul): Señora Presidenta, solicito la palabra para alusiones personales.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Le vamos a dar la palabra al diputado Juan de Dios Castro Muñozpor alusiones personales.

El diputado Juan de Dios Castro Muñoz : Con el permiso de la Presidencia, para responder las alusiones a mi persona, del preopinante.

De la pregunta que hace de quién es y qué hace mi padre, yo sí sé quién es mi padre. Es subprocurador de Derechos Humanos y no tiene nada que ver con la materia de investigación.

Del comentario que hace de familia feliz, podemos hablar también de familia feliz en su partido, señor diputado; y si gusta, venimos aquí a dar nombres.

Del comentario, bueno, mis compañeros paisanos saben que el ex gobernador puso a su hijo de diputado. Aquí hay una compañera diputada, no nada más una, hay varias que tienen vínculos familiares y eso no es ningún delito, señor diputado. Ningún delito.

De la acusación que hace de mis faltas, señor diputado Víctor Valencia, yo le quiero pedir que comparemos cuántas inasistencias tiene usted a la Comisión de Federalismo y cuántas inasistencias tengo yo. Yo he sido más responsable que usted. Y a la primera que falté, falté porque fuimos al rancho de Vicente Fox, como usted se juntó con Lino Korrodi. Y todo lo que decía Lino Korrodi venía y lo declaraba en medios sin dar una sola prueba. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Guerra Ochoa.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa : Gracias, ciudadana Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Adelante, diputado.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa : Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, siempre me acojo al 113 aunque no use todo el tiempo.

Nos dice el diputado Juan de Dios Castro que por qué no se investiga a Marcelo Ebrard respecto a los recursos que le haya dado a Encinas; y por qué no se investigan otros asuntos ---señaló--- del PRI. ¿Nos están proponiendo un pacto de complicidad?, porque nosotros no hacemos pactos de complicidad. Nosotros nunca nos hemos opuesto a que investiguen a Marcelo o a quien quieran. Los que quieren ocultar y los que no quieren que se investigue, aunque voten a favor, son ustedes. Están como almeja con limón, retorciéndose, y diciendo ``vamos a favor'', porque no les queda de otra; porque no se quieren evidenciar y vienen aquí a solicitar pactos de complicidad con el PRI, con el Verde, con todos los partidos.

Si lo quieren hacer, háganlo. Ustedes colocaron ese punto de Marcelo en el orden del día y ustedes lo retiraron. ¿Cuál es el asunto? Nosotros nunca les pedimos nada al respecto ni estamos de acuerdo en que no se investigue a Fox y todas sus pillerías, por lo que ustedes mencionan. Háganlo, lo que necesita este país es que se investigue la corrupción y no estarla solapando y estar dándose golpes de pecho.

Dice también el diputado Juan de Dios Castro que yo dije que había un rumor en mi tierra respecto a que la introducción ilegal de efedrina ---o de base para todo este tipo de drogas que se producen--- o pseudofedrina, que yo había dicho que era de Fox.

Le voy a decir, el rumor ---no en mi tierra, en todo el país--- es que los niños pícaros Bribiesca, a través de aduana permitieron no solamente toda la introducción de la efedrina y pseudofedrina, que rebasa con mucho lo que médicamente se requería y que colocó a México como el principal exportador de ese tipo de droga a Estados Unidos, y que además permitieron toda la importación de los textiles y de la peletería que arruinó, entre otras cosas, a peleteros de Guanajuato, a textileros de varios estados.

Ése no es un rumor ---discúlpeme--- sólo de mi tierra; es un rumor generalizado en todos los empresarios, que los que manejaban las aduanas eran precisamente los Bribiesca y que cobraban cuota por ella.

Y, además, la efedrina entró por las aduanas y colocó a México como el principal exportador y todavía no hay sancionados. ¿Por dónde pasaba? Por Manzanillo, ahí están, en los puestos públicos del SAT, ocupándolos y no hemos formado una comisión. Eso es lo que dije y, evidentemente, usted nada más asómese y hay un rumor por todos lados. No es un rumor, eso lo sabe el diputado Juan de Dios.

Esto no es un rumor, éste es un hecho: el señor Vicente Fox hasta como empresario era malo, no tenía más que una vaca; no tenía propiedades. Cuando fue gobernador de Guanajuato y cuando entró aquí, la señora Martita, que se inventó propiedades, que tampoco las tiene, y que después las pudo haber hecho y él tampoco tenía nada. Lo que acusamos es que el recurso que tiene es producto de un enriquecimiento inexplicable. Éste es el asunto.

¿Pero por qué se amplía el tiempo de la comisión? Por cierto, no el tiempo que se había establecido previamente. Se amplía, porque en la resolución que integró esta comisión se dice que cuando hubiese auditorías pendientes la comisión prolongará su tiempo hasta la conclusión de las auditorías. No es culpa nuestra que el auditor superior de la Federación esté pidiendo de plazo hasta febrero del próximo año para entregar los resultados de estas auditorías.

Es más, la Junta de Coordinación se queda corta al dar agosto. Lo que vamos a hacer es simple y sencillamente integrar al informe, terminar las comparecencias que no se han concluido y presentar, elaborar las denuncias penales que correspondan. Pero incluso, lo coherente con el acuerdo es que se extendieran hasta cuando dice el auditor.

Eso lo habían aprobado ustedes, ¿por qué ahora se retuerce? Es muy obvio y lo dijimos, porque era la actitud del diputado Juan de Dios Castro, incluso, en la comisión. Sabemos que tiene un conflicto de intereses: su papá, por muy respetuoso que sea, obviamente fue empleado de Vicente Fox, obviamente fue su abogado, obviamente él tiene que ser solidario a ver cómo cubre esto, obviamente van forzados a investigar a Fox, obviamente lo que quieren es ver cómo le sirven de tapadera.

Por eso les digo: no se asusten. Son el partido de la doble moral, el partido que habla de combatir la corrupción y solapa la corrupción y se remueve porque se va a investigar a Fox y porque va a haber conclusiones. Y tiene razón, Fox, todo indica, es un sinvergüenza; los Bribiesca son unos sin vergüenzas y ahí tienen hasta un senador Bueno Torio, que nada más dio 10 mil millones de pesos de contrato, y tienen a Mouriño.

Retuérzanse como almeja en limón. Están empapados de la corrupción.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Tiene el uso de la palabra la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández.

La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández : Con su venia, diputada Presidenta.

Los legisladores de Acción Nacional tenemos clara la visión de gobernabilidad democrática y por tanto, que es necesario despejar las dudas que existan o bien, que se hayan sembrado de manera infame entre los mexicanos.

Diputados y diputadas, medios de comunicación: El 11 de octubre de 2007, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, la Junta de Coordinación Política sometió a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, y fue aprobado, el acuerdo por el que sea crea la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a la procuración de justicia vinculada al ejercicio del ex presidente Vicente Fox Quesada, en relación con los señalamientos de su patrimonio. Esto nos obliga a revisar del año 2000 al 2006. Tómenlo como nota. Así como Grupo Parlamentario de Acción Nacional, participamos con el mejor de los ánimos, con el mejor de los deseos para desentrañar la verdad.

Sin embargo, esta metodología no fue aplicada por alguno de los miembros de esta comisión, porque la metodología, de alguno de los miembros, fue el rechazo de toda prueba que demostrara que esa guerra se levantaba sobre arenas movedizas; la falta de un pensamiento inteligente y un análisis serio sobre las expectativas racionales; no de hígado.

Conforme transcurría el tiempo de la comisión, la información indicaba que la situación se estaba deteriorando con los crecientes documentos oficiales que invalidaban los rumores e injurias y el esfuerzo empezó a ir a niveles más bajos de deterioro porque ahí era precisamente donde se quería ganar la batalla en los dimes y en los diretes, sin pruebas y sin fundamentos.

Las declaraciones sin sustento que difundieron algunos miembros de la comisión especial en torno a acusaciones tan débiles y tan insostenibles como el supuesto enriquecimiento y la incomprobable transformación de una humilde vivienda a todo un palacio.

Declaraciones como la temeraria información de que Marta Sahagún adquirió un lote de joyas mediante el mandato de Vicente Fox; la imputación que se hizo a Vicente Fox encadenándolo como dueño de todo el rancho San Cristóbal, así como del kiosco de la iglesia, de la unidad deportiva de dicha localidad.

De igual manera, y delirando en lo absurdo, se llegó a señalar que Vicente Fox nunca entregó las tierras que se expropiaron en 1937, señores, año en el cual ni siquiera había nacido él y que su familia es responsable de la situación legal del ciudadano Guadalupe Cruz, quien se encuentra preso; o bien, la declaración de algunos miembros de la comisión en relación con que el novio de Ana Cristina Fox había adquirido un yate por miles de dólares y lo había pagado en efectivo, acusación que jamás pudieron comprobar.

Esta información, al igual que las anteriores, lo único que buscaba era confundir a la opinión pública sin contar con las bases legales, con las bases fácticas que permitieran sostener esta información.

En efecto, tengo en mi poder y pongo a disposición de todos aquellos que busquen la verdad, copia de la documentación que consiste en imágenes fijas y videos de la casa de Fox, antes y después; declaraciones patrimoniales de Vicente Fox, de Marta Sahagún, actas de asambleas generales, actas de deslinde y amojonamiento de la comunidad de San Cristóbal, y la averiguación previa de la acción penal.

Todos estos documentos que prueban, sin lugar a duda, la mala fe con que se actuó en todos estos casos, y de cómo se filtraba información falsa a los medios de comunicación para generar confusión y para generar molestia. Este tipo de cosas no se valen porque no son justas ni aquí ni en China.

Además es necesario mencionar y dejar muy claro algo muy importante: el número sexto de dicho acuerdo estableció lo siguiente: ``la Comisión Especial va a estar vigente hasta el 11 de abril de 2008, pudiendo extenderse su periodo si existiera alguna auditoría en curso, sólo por el tiempo en que ésta concluya''.

De lo anterior, mucho ojo, tenemos que en términos de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica citada, el pleno de la Cámara de Diputados estimó que era suficiente el plazo... ¿Me permitiría más tiempo?

Presidencia del diputado Luis Sánchez Jiménez

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Concluya, diputada, por favor.

La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández : Voy a concluir, diputados, ¿me permiten? Tenemos claro que lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica, citado al pleno de la Cámara de Diputados, estimó que era suficiente el plazo para el cumplimiento de las tareas de la Comisión Especial, hasta el 11 de abril de 2008, salvo que existiera alguna auditoría. Al respecto no queda duda de que para que opere tal condición deben cumplirse dos elementos, diputados y diputadas:

Primero, que la auditoría se encuentre en curso. Es decir, resulta muy claro el texto del numeral sexto en el sentido de que la auditoría debe estar desarrollándose en este momento, y no tratarse de ninguna manera de una solicitud o un compromiso de la Auditoría Superior de la Federación para realizarla.

Y, segundo,...

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Me permite un momento, diputada. ¿Con qué objeto, diputada Soledad?

La diputada María Soledad López Torres (desde la curul): Quiero ver si la oradora acepta una pregunta.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : ¿Acepta una pregunta, diputada?

La diputada Alma Eduviges Alcaraz Hernández: No.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : No acepta. Adelante.

La diputada Alma Eduviges Alcaraz Hernández: Primero, que la auditoría se encuentre en curso. Número dos, que el fin de la auditoría se encuentre vinculado con el objeto de la comisión. Es decir, que su finalidad sea determinar que en ejercicio de la función pública durante la gestión administrativa del ex presidente existió un incremento patrimonial indebido.

Y resulta que la auditoría de la que hablaba nuestro compañero es una auditoría que está solicitando la Auditoría Superior de la Federación del año 2007, porque toda la información de la Cuenta Pública de 2006 fue entregada por el auditor superior de la Federación hace aproximadamente un mes. Por tanto, no existe ninguna auditoría en curso, y esto lo pueden ustedes consultar con la Auditoría Superior de la Federación.

Así las cosas, no existe dicha condición ---el 11 de abril ni a la fecha, ambos elementos--- para que opere la condición suspensiva del término de la vigencia. Y repito, no existe a la fecha una auditoría en curso que se encuentre vinculada con el objeto de nuestra comisión, lo cual confirma totalmente el que el órgano de la Cámara ya se encuentra de facto extinto.

Asimismo y al poseer la Auditoría Superior de la Federación, por disposición de la Constitución General, al poseer autonomía técnica y de gestión, no se encuentra la Auditoría Superior obligada a atender ninguna petición.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Le pido respeto a la asamblea; y a la oradora, que concluya, por favor.

La diputada Alma Eduviges Alcaraz Hernández: Y que quede claro, diputados y diputadas, aceptamos la continuidad, concediendo, sin aceptar, que ustedes tienen la razón. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos en la transparencia y porque creemos en la cultura de la rendición de cuentas, y aportaremos siempre nuestro mejor esfuerzo para el desa-rrollo de una mejor fiscalización, porque entendemos nuestro compromiso con la justicia, con la democracia, pero sobre todo, con el pueblo de México. Muchas gracias.

REGISTRO DE ASISTENCIA

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados, considerando la asistencia de la señora Presidenta, toda vez que no se refleja en el tablero por fallas en su sistema de registro.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : ¿Falta alguna diputada o algún diputado de registrar su asistencia? Ciérrese el sistema electrónico. Hay una asistencia de 452 ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados, señor Presidente.

VICENTE FOX QUESADA

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Juan José Rodríguez Prats, de la fracción parlamentaria del PAN.

El diputado Juan José Rodríguez Prats : Con su permiso, señor Presidente.

Creo que lo que hoy ha acontecido aquí nos debe invitar a muchas reflexiones. Efectivamente, en todas las asambleas del mundo aflora la pasión, aflora el coraje, aflora el sentimiento de defender nuestras banderas, de defender nuestras ideas. Y no debemos asustarnos.

El Congreso en sí refleja el alma de un pueblo. Y efectivamente, hemos pasado momentos difíciles en esta legislatura. Me ha tocado estar en cinco legislaturas con momentos de tensión, momentos en el que se pone en riesgo a las instituciones. Pero todo ello nos debe conducir a que asumamos una responsabilidad y un deber para que este Congreso cumpla sus funciones.

Yo doy las gracias porque al anotarse este punto me trae a esta tribuna a defender, no defender porque no necesita defensa como aquí claramente lo expuso quien me antecedió en la palabra, sino inmiscuirme en un debate que mucho nos honra porque yo considero que Vicente Fox es un gran mexicano.

Porque yo considero que hizo una hazaña enorme: haber ganado dos veces la gubernatura de Guanajuato, terminar con un sistema de 70 años de la hegemonía de un poder y entregarle el poder a un correligionario. Eso, señores, está consignado en la historia, y definitivamente ése será el veredicto que rinda el tiempo.

Yo quiero recordar aquí las palabras que pronunció Víctor Valencia. ``Por eso debo decirles ---dijo Víctor Valencia--- a mis compañeras y a mis compañeros, reiterarles que actuaremos conforme a las leyes, sin juicios sumarios, ni linchamiento mediáticos anticipados. No buscaremos ni estaremos siendo protagónicos de algo que no nos corresponde, para que los ciudadanos tengamos la plena certidumbre respecto al manejo de los recursos públicos de la pasada administración''.

Yo quiero llamar al presidente de esta comisión, precisamente a que cumpla su palabra. Hemos hecho verdaderamente de la democracia, no el poder del pueblo, sino una ``teatrocracia''. Nos llaman los reflectores y nos olvidamos de la reflexión. Buscamos hacer imputaciones y en esta función primigenia del Congreso, que es precisamente la de controlar el poder, simplemente utilizamos la tribuna para llenarnos unos a otros de lodo y de imputaciones que no son probadas.

Yo por eso, señores, y apelo a una frase ya añeja, que dice: ``Todas las verdades que se silencian terminan volviéndose venenosas''. Por eso mi compañera puntualizó, y el diputado Juan de Dios Castro, las tareas de esta comisión.

Por eso en una amplia discusión en la bancada panista, decidimos votar a favor de los argumentos que ellos han expuesto. Pero yo exhortaría que se asuma en plenitud el deber. No estamos ocultando nada. Tenemos plena convicción de la honestidad de nuestro correligionario, y por eso, con todo y que está vencido el término, daremos nuestro voto a favor.

Cuando el embajador acreditado ante el Vaticano, Luis Felipe Bravo Mena, le presentó sus credenciales al papa Benedicto XVI, el papa dijo una frase que me parece muy prudente citar: ``En el largo proceso a través del cual los pueblos se ejercitan en la corresponsabilidad democrática, siempre prevalecerá ese sentido del deber''. Corresponsabilidad. Ése sería mi llamado y ratificar el voto a favor del PAN. A favor del PAN, a favor este punto de acuerdo, pero corresponsabilidad...

El diputado Elías Cárdenas Márquez (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Permítame, diputado, permítame. ¿Con qué objeto diputado Elías Cárdenas? ¿Con qué objeto?

El diputado Elías Cárdenas Márquez (desde la curul): Para solicitarle al orador si me permite hacerle una pregunta.

El diputado Juan José Rodríguez Prats : Con muchísimo gusto, señor diputado.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Adelante a su pregunta.

El diputado Elías Cárdenas Márquez (desde la curul): Gracias. Señor licenciado, usted nos ha dicho que Fox ganó dos veces la gubernatura. ¿Estaría usted de acuerdo con las declaraciones de él, de que ganó dos veces la Presidencia? Gracias.

El diputado Juan José Rodríguez Prats : Señor diputado, en todas las democracias del mundo... asomémonos a la democracia francesa, a la democracia inglesa, a la democracia norteamericana, a los países latinoamericanos, si no al verse ratificado un partido que llevó al poder a un político, al ser favorecido en el voto, no se ve como un triunfo. Chirac al entregar el poder y tomarlo Sarkozy... ¿no es un triunfo? Desde luego que sí.

En España ahora que se ratifica a Rodríguez Zapatero, ¿no es un triunfo del mismo partido? Yo creo que queremos sacar de contexto la frase. Sin lugar a dudas el hecho de que la ciudadanía votara de nuevo por el PAN, pues es ratificando el hecho de que Vicente Fox fue un gran presidente. Muchísimas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría.

CONSTRUCCIONES PRACTICAS, SA DE CV

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se autoriza una prórroga a la vigencia de la Comisión de Investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública, concesiones, contratos de suministro de bienes de consumo o de compraventa de bienes inmuebles de titularidad pública, otorgados por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, SA de CV, y cualesquiera otras que tuvieren relación con la misma

Considerandos

I. Que el 1o. de abril de 2008, este órgano de gobierno recibió escrito de los diputados Elías Cárdenas Márquez , Cruz Pérez Cuellar y Jesús Humberto Zazueta Aguilar , presidente y secretarios, respectivamente, de la Comisión de Investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública, concesiones, contratos de suministros de bienes de consumo o de compraventa de bienes inmuebles de titularidad pública, otorgada por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, SA de CV, y cualesquiera otras que tuvieran relación con ésta, por el que solicita una prórroga en la vigencia de la referida comisión de investigación, toda vez que se encuentran pendientes de analizar el informe de la revisión de la Cuenta Pública de 2006 que recientemente entregó la Auditoría Superior de la Federación.

II. Que no escapa del conocimiento de esta junta la necesidad de atender la referida solicitud de prórroga, con la finalidad de la comisión de investigación esté en condiciones de presentar a éste órgano de gobierno los resultados de las investigaciones realizadas.

III. Que ésta Junta de Coordinación Política, una vez hecho el análisis de la solicitud mencionada, ha tenido a bien someter a consideración el siguiente:

Acuerdo

Único. Se autoriza conceder una prórroga de la vigencia hasta el 9 de julio de 2008 a la Comisión de Investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública, concesiones, contratos de suministros de bienes de consumo o de compraventa de bienes inmuebles de titularidad pública, otorgada por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, SA de CV, y cualesquiera otras que tuvieran relación con la misma.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados.

Como ustedes saben, está por terminar el periodo para el cual se mandató a esta Comisión de Investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de suministros de bienes de consumo o de compraventa de inmuebles de titularidad pública, otorgada por organismos descentralizados o por empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, SA de CV, y cualesquiera otras que tengan relación con la misma; que ustedes, en el marco de las atribuciones que les otorga el artículo 93 de la Constitución, y 41 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tuvieron a bien aprobar el 24 de abril de 2007 e instalar el 11 de mayo del mismo año, les podemos informar que se han logrado avances muy importantes en este asunto que tanto ha lastimado a la sociedad mexicana.

Ello, no obstante que la actitud de los titulares y altos funcionarios de las dependencias encargadas de proporcionar la información necesaria, para esclarecer de manera imparcial y documentada la legalidad de las operaciones, no ha sido la mejor para estos fines.

Esta última particularidad ha impedido, como a nosotros nos hubiera satisfecho, allegamos la información necesaria para redondear la investigación, así como con el tiempo suficiente para analizarla e incorporarla en nuestro informe a la fecha en la que se ha fijado para tal efecto, que es el próximo 9 de abril. En vista de ello, esta comisión solicita respetuosamente una prórroga de noventa días, a fin de estar en mejores condiciones que permitan rendir cuentas de una manera que satisfaga el reclamo de la sociedad.

Entre la documentación para analizar se encuentra el informe de la revisión de la Cuenta Pública de 2006 que recientemente entregó la Auditoría Superior de la Federación, documento en el que seguramente se incluirán mayores elementos relacionados con la investigación que nos ocupa.

La prórroga solicitada nos daría margen para completar algunas tareas que ya están encaminadas y, con ello, como ya se comentó, tener mayores elementos que nos permitan conducirnos hacia una conclusión imparcial, objetiva y profesional. Entre estas tareas se encuentran:

I. Información documental

Avalúos y antecedentes registrales de los siguientes fraccionamientos:

De igual forma, estamos rastreando los expedientes de juicios hipotecarios para ejercer las garantías que Bancrecer, SA, ha iniciado contra las empresas Plaza Industrial, SA de CV, Urbanizadora Americana, SA de CV, y Constructora Inmobiliaria Latina, SA de CV, deudoras del banco cuyas carteras y bienes en garantía constituyen el paquete C.

Al respecto ya tenemos ubicados algunos expedientes como es el caso de La Esperanza, que actualmente se está ventilando en los juzgados.

Estamos en espera de la información de los registros públicos de la propiedad en relación con los inmuebles integrantes de un fideicomiso con base en el cual se constituyó el paquete H, los cuales se ubican en Puebla, estado de México y el Distrito Federal, así como visitas de inspección a dichos inmuebles.

Actualmente se está localizando el expediente del juicio que el IPAB enderezó contra Fénix Administración de Activos, S de RL de CV, empresa que el instituto contrató para que actuara a su nombre en diversas licitaciones y subastas, enfatizando para ello la experiencia así como la probidad técnica y moral de este organismo.

Del IPAB esperamos puntual respuesta sobre las escrituras públicas a través de las cuales debieron haber quedado formalizadas las cesiones de cartera y bienes inmuebles que le hizo Bancrecer, SA, en diciembre de 2001. Estos documentos son significativos e indispensables para esta investigación.

Está pendiente la recepción de información de créditos otorgados a derechohabientes del Fovissste.

De la Secretaría de Hacienda falta la información sobre el valor de los paquetes C y H, y que gire las instrucciones, a fin de que proporcione datos sobre Banco del Bajío, en su carácter de intermediario en operaciones de financiamiento.

Finalmente, estamos solicitando una resolución del IFAI respecto a información que ha sido desclasificada, sobre cuestiones que implican a las empresas investigadas.

Anexamos al presente escrito copias simples de los documentos que apoyan nuestra petición.

Visitas de trabajo

Respecto al paquete C, están pendientes visitas a las otras localidades en donde se tiene la hipótesis fundamentada de un comportamiento fraudulento de la empresa Plaza Industrial, SA de CV, similar al que se ha observado en el fraccionamiento Las Biznagas, en Guanajuato. Tales localidades son:

Comparecencias

De igual forma, se requieren desahogar las comparecencias de los titulares de las siguientes dependencias:

De ser afirmativa la solicitud garantizamos que esta comisión seguirá realizando sus mejores esfuerzo como hasta ahora lo ha hecho, para cumplir con la gran responsabilidad que se nos ha conferido.

Damos las gracias por anticipado por la atención que presten a esta petición.

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría.

LINEAMIENTOS PARA LA ASIGNACION DE BOLETOS DE AVION Y VIATICOS

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

LAcuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifican los lineamientos sobre la asignación de boletos de avión y viáticos a las diputadas y a los diputados, para la realización de viajes de trabajo en territorio nacional, acordados por las comisiones y los comités

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que de acuerdo con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones señaladas, la Junta de Coordinación Política emite el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se reforman el segundo párrafo del numeral 1; primer párrafo del numeral 4; numeral 8; segundo párrafo del numeral 10, y los numerales 12 y 30; se adicionan un tercer y cuarto párrafo al numeral 25 y se deroga el segundo párrafo del numeral 4, de los lineamientos para la asignación de boletos de avión y viáticos a las diputadas y los diputados para la realización de viajes de trabajo en Territorio Nacional, acordados por las comisiones y comités, publicados en la Gaceta Parlamentaria de fecha 12 de octubre de 2005, para quedar como sigue:

Transitorios

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo establecido por este acuerdo.

En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría.

LINEAMIENTOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se aprueban normas y lineamientos en materias administrativa y financiera

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Que de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cada una de las Cámaras puede, sin la intervención de la otra, dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior.

2. Que en términos del artículo 34, numeral 1, inciso g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación Política tiene entre sus atribuciones asignar los recursos humanos, materiales y financieros de la Cámara de Diputados.

3. Que en 2005 y 2006 los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados y del Pleno de esta soberanía emitieron las normas y los lineamientos en materia administrativa, como respuesta a la necesidad de que las áreas encargadas de las operaciones respectivas contaran con los elementos indispensables para garantizar la racionalidad en la aplicación de los recursos y la transparencia en los actos correspondientes.

4. Que la LX Legislatura, mediante la emisión de diversas disposiciones administrativas, ha impulsado la adecuación de los ordenamientos de la naturaleza que se indica en el numeral anterior, por considerar que las actividades de las áreas administrativas y financieras de la Cámara de Diputados deben estar dotadas de disposiciones jurídicas y administrativas que garanticen la estricta rendición de cuentas.

5. Que, en el mismo sentido, con fecha 27 de marzo de 2008 fue publicado en la Gaceta Parlamentaria el nuevo Manual General de Organización de la Cámara de Diputados, instrumento que constituye un avance sustantivo para la regulación de las áreas que la integran, dando certeza jurídica a las actividades y funciones que desempeñan los mandos medios y superiores que forman su estructura orgánica.

6. Que, como resultado de la emisión del nuevo Manual General de Organización, es procedente promover las adecuaciones del marco jurídico de la normatividad en materias administrativa y financiera para hacerlas consecuentes con la organización y las funciones previstas en dicho manual.

Con base en lo expuesto y con fundamento en las disposiciones citadas, la Junta de Coordinación Política emite el siguiente

Acuerdo

Primero. Se aprueba la Norma para el Presupuesto, Contabilidad y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que se precisa el anexo 1 que forma parte de este acuerdo.

Segundo. Se aprueban los Lineamientos que Regulan la Aplicación de los Fondos Fijos y Revolventes, que se precisan el anexo 2 que forma parte de este acuerdo.

Tercero. Se aprueban los Lineamientos para la Administración y Control de los Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, que se precisan el anexo 3 que forma parte de este acuerdo.

Cuarto. Se aprueban los Lineamientos para la Administración y Control de la Tarjeta Iave, que se precisan el anexo 4 que forma parte de este acuerdo.

Quinto. Se aprueban los Lineamientos para Regular los Servicios de Alimentación en la Cámara de Diputados, que se precisan en el anexo 5 que forma parte de este acuerdo.

Sexto. Se aprueban los Lineamientos para la Realización de Exposiciones Artísticas y Muestras Artesanales en las Instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, que se precisan el anexo 6 que forma parte de este acuerdo.

Séptimo. Sométase el presente acuerdo, para su aprobación, al Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Octavo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria; en el caso de la Norma para el Presupuesto, Contabilidad y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, ésta deberá publicarse también en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 3 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Transitorios

Primero. El presente acuerdo y sus anexos correspondientes surtirán efectos el día de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Segundo. Se abrogan:

Tercero. Se abroga cualquier disposición anterior que se oponga a lo establecido en las normas y los lineamientos referidos en este acuerdo.

Anexo 1 Norma para el Presupuesto, Contabilidad y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1. El objetivo de la presente norma es regular las actividades para la planeación, programación, presupuestación, ejecución, control y evaluación del ejercicio presupuestal, así como de la contabilidad y Cuenta Pública, a fin de propiciar un manejo eficiente, eficaz, transparente, racional, austero y disciplinado del presupuesto anual autorizado a la Cámara.

Artículo 2. Para efectos de esta norma, se entenderá por

Artículo 3. Son sujetos de observancia de la presente norma los órganos de gobierno, de apoyo legislativo, grupos parlamentarios y las unidades administrativas de la Cámara, en razón de las actividades institucionales que realizan de conformidad con las atribuciones y facultades que les confieren la legislación y normatividad aplicable.

Artículo 4. La estructura programática y el Clasificador por Objeto del Gasto son la base para integrar el anteproyecto y ejercer el presupuesto de egresos de la Cámara, los registros, afectaciones, adecuaciones y el seguimiento y control presupuestal, así como los diversos reportes presupuestales que sean requeridos para el ejercicio, comprobación e integración de la Cuenta Pública.

Artículo 5. Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de la presente norma deberán observar que la administración y ejercicio de los recursos públicos se realicen con base en los principios de legalidad, honradez, racionalidad, eficiencia, eficacia, austeridad, transparencia y rendición de cuentas.

Artículo 6. El ejercicio presupuestal de la Cámara de Diputados deberá cumplir las disposiciones que le sean aplicables en la materia, así como los ordenamientos y políticas que al efecto apruebe la Junta de Coordinación Política o, en su caso, el Comité de Administración.

Artículo 7. Los casos no contemplados por la presente norma serán resueltos por la Junta de Coordinación Política o, en su caso, por el Comité de Administración.

Capítulo II De las Responsabilidades en Materia Programática y Presupuestal

Artículo 8. Son responsabilidades de la Secretaría General en materia programática y presupuestal las siguientes:

Artículo 9. Las Secretarías de Servicios Administrativos y Financieros, y de Servicios Parlamentarios deberán formular los planes y programas de su competencia y participar en los procesos de presupuestación, a fin de cumplir con las actividades institucionales que tienen encomendadas.

Artículo 10. La Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros tiene las siguientes responsabilidades en materia programática y presupuestal:

Artículo 11. La Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad tiene las siguientes responsabilidades en materia de programación, presupuestación y contabilidad:

Capítulo III De la Planeación, Programación y Anteproyecto de Presupuesto

Artículo 12. Las unidades responsables de gasto planearán adecuadamente su anteproyecto de presupuesto anual de egresos a fin de determinar sus objetivos, metas e indicadores de desempeño, y con ello lograr una mayor eficiencia y racionalidad en la aplicación de los recursos financieros de la Cámara.

Artículo 13. La Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad deberá realizar las siguientes actividades en el proceso de programación, elaboración e integración del anteproyecto de presupuesto anual de egresos de la Cámara:

Artículo 14. Una vez aprobado el presupuesto anual de egresos para la Cámara, el Presidente de la Mesa Directiva deberá enviarlo al Presidente de la República para que ordene su incorporación al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 15. Las unidades responsables de gasto deberán elaborar e integrar su propuesta de programación y anteproyecto de presupuesto conforme a los lineamientos, formatos, metodología y tiempos de ejecución que les sean comunicados por la Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad, remitiéndolos a la misma a más tardar diez días hábiles después de la recepción de los documentos que establece la fracción I del artículo 13, a efecto de que dicha dirección integre, procese y valide la información proporcionada.

Capítulo IV De la Presupuestación, Calendarización y Registro de los Recursos Presupuestales

Artículo 16. La Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad tiene la responsabilidad de realizar las siguientes actividades para llevar a cabo la presupuestación, calendarización y registro de los recursos presupuestales de la Cámara:

Artículo 17. Las unidades responsables de gasto, para la presupuestación y registro de los recursos presupuestales que les hayan sido autorizados, tienen la responsabilidad de llevar a cabo el registro oportuno y adecuado de los diferentes movimientos presupuestales que realicen.

Capítulo V De las Adecuaciones Presupuestales y el Registro de los Ingresos no Presupuestales de la Cámara

Artículo 18. Las adecuaciones presupuestarias que requieran las unidades responsables de gasto para un mejor cumplimiento de sus programas y actividades institucionales podrán realizarse previo análisis y validación de las instancias administrativas competentes, siempre y cuando cuenten con suficiencia presupuestal, no excedan del techo presupuestal autorizado y no se refieran a partidas restringidas en su ejercicio por la Junta de Coordinación Política o, en su caso, por el Comité de Administración.

Artículo 19. Las unidades responsables de gasto presentarán las solicitudes de adecuaciones presupuestarias a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para su análisis y, de considerarse procedentes, su autorización, informando de ello a la Secretaría General y a la Junta de Coordinación Política o, en su caso, al Comité de Administración.

Artículo 20. El presupuesto anual autorizado puede ser objeto de reducciones presupuestales, como resultado de haberse registrado una situación contingente que afecte el monto global de los recursos presupuestales, en cuyo caso se deberán prever y aplicar medidas restrictivas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

Artículo 21. La Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad tiene las siguientes responsabilidades al efectuar las adecuaciones presupuestales y llevar a cabo el registro de los ingresos no presupuestales:

Artículo 22. No está permitido a los grupos parlamentarios el traspaso de recursos de y hacia la partida 3827, ``Asignaciones a los Grupos Parlamentarios'', a las subpartidas ``Subvención Ordinaria Fija'' y ``Subvención Ordinaria Variable'', debiendo ajustarse a la presupuestación original y a lo que acuerde y disponga la Junta de Coordinación Política o, en su caso, el Comité de Administración.

Artículo 23. Las unidades responsables de gasto deberán cumplir lo siguiente, en lo referente a las adecuaciones presupuestales:

Capítulo VI Del Seguimiento, Control Presupuestal y la Evaluación del Desempeño

Artículo 24. La Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad, en el seguimiento, control y evaluación presupuestal, tiene las siguientes responsabilidades:

Artículo 25. Las unidades responsables de gasto deberán ajustarse a la estructura programática autorizada, vigilando que el ejercicio de los recursos se apegue a las actividades, metas e indicadores comprometidos en los programas anuales y a la disponibilidad presupuestal. Asimismo, tendrán la obligación de proporcionar la información que les soliciten para conciliar el presupuesto autorizado, ejercido y comprometido.

Capítulo VII De la Estructura Programática y del Clasificador por Objeto del Gasto

Artículo 26. La Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad tiene la responsabilidad de elaborar, proponer, difundir y actualizar la estructura programática y el Clasificador por Objeto del Gasto, así como de integrar un catálogo de unidades responsable de gasto de la Cámara.

Artículo 27. El Clasificador por Objeto del Gasto deberá elaborarse y actualizarse conforme a las necesidades de la Cámara, el cual será congruente con su similar emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, haciendo del conocimiento de dicha dependencia su integración y modificaciones.

Artículo 28. La estructura programática y el Catálogo de Unidades Responsables de Gasto deberán incorporar, para su elaboración y actualización permanente, criterios orgánicos y funcionales que mejoren su aplicación.

Capítulo VIII De la Cuenta Pública

Artículo 29. La Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad deberá integrar trimestralmente los informes de la Cuenta Pública que se remiten a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el correspondiente al ejercicio anual del presupuesto asignado a la Cámara.

Artículo 30. La cuenta pública de la Cámara será entregada en tiempo y forma por el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara al presidente de la república, para que ordene su incorporación a la Cuenta Pública anual de la Hacienda Pública Federal.

Transitorios

Primero. La presente norma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Segundo. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publíquese la presente norma en el Diario Oficial de la Federación, para los efectos legales conducentes.

Tercero. Se abrogan la Norma para el Presupuesto, Contabilidad y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 21 de abril de 2006, así como cualquier disposición anterior sobre la materia que se oponga a lo establecido en la presente norma.

Anexo 2 Lineamientos que Regulan la Aplicación de los Fondos Fijos y Revolventes

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1. Los presentes lineamientos tienen por objeto regular las asignaciones, uso, destino y forma de comprobación de los fondos fijos y revolventes.

Artículo 2. Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por

Capítulo II De los Fondos Fijos

Artículo 3. Son sujetos de fondos fijos los órganos de gobierno y de apoyo legislativo y las unidades administrativas que, previa autorización, determine la Junta de Coordinación Política o, en su caso, el Comité de Administración. El fondo fijo será entregado de manera mensual y está sujeto a comprobación.

Artículo 4. Los montos de los fondos fijos serán determinados por la Junta de Coordinación Política o, en su caso, por el Comité de Administración.

Artículo 5. El fondo fijo será repuesto mensualmente, y sujeto a las disponibilidades presupuestales y al cumplimiento de los requisitos establecidos para el caso. Si transcurriera un periodo de hasta dos meses sin que mediara comprobación alguna de los recursos asignados al fondo, se suspenderán las subsecuentes ministraciones, hasta en tanto no se efectúe la comprobación correspondiente.

Artículo 6. Corresponde a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, con el apoyo de las áreas administrativas competentes, vigilar la correcta aplicación de los fondos, conforme a la normatividad aplicable.

Artículo 7. Los casos no contemplados por los presentes lineamientos serán resueltos por la Junta de Coordinación Política o, en su caso, por el Comité de Administración.

Capítulo III De los Fondos Revolventes

Artículo 8. Son sujetos de fondos revolventes los órganos de gobierno, y las unidades administrativas que determine, previa justificación por parte de la Secretaría General, la Junta de Coordinación Política o, en su caso, el Comité de Administración. Este fondo se reembolsará parcial o totalmente conforme a las comprobaciones de gasto que se realicen y a la disponibilidad presupuestal.

Artículo 9. Los montos de los fondos revolventes serán autorizados por la Junta de Coordinación Política o, en su caso, por el Comité de Administración, a propuesta de la Secretaría General de la Cámara de Diputados.

Artículo 10. La aplicación de los recursos del fondo revolvente se destinará a solventar alguna contingencia de carácter administrativo, quedando prohibida su utilización para fines no oficiales o de carácter personal.

Artículo 11. Los fondos revolventes serán reembolsados contra la comprobación de gastos efectuados, previa verificación del cumplimiento de la normatividad y de las disposiciones fiscales. El monto máximo mensual que podrá reembolsarse, si existe disponibilidad presupuestal, será de hasta dos veces el total del monto del fondo autorizado.

Capítulo IV De la Aplicación de los Fondos Fijos y Revolventes

Artículo 12. Cada titular autorizado para recibir un fondo fijo o revolvente deberá registrar su firma ante la Dirección General de Finanzas para efectos administrativos de control y podrá habilitar, por escrito, a otra persona para efectos de la operación de dichos fondos.

Artículo 13. Las adquisiciones de bienes muebles contempladas en el capítulo 5000 del Clasificador por Objeto del Gasto de la Cámara de Diputados, así como la contratación de servicios generales, deberán solicitarse invariablemente a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios. Cuando por necesidades o urgencia de trabajo de los órganos o unidades administrativas responsables de los fondos se requiera la adquisición de bienes o servicios, se podrá disponer del fondo, siempre que el importe de la compra no rebase el equivalente a 60 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de lo cual deberá notificar, por escrito, a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, si se trata de un bien mueble. En ningún caso podrá fraccionarse la compra u operación de un bien o servicio.

Artículo 14. Los fondos fijos se podrán aplicar en consumo de alimentos solamente para los órganos de gobierno, de apoyo legislativo y grupos parlamentarios.

Artículo 15. En ningún caso podrán destinarse recursos del fondo revolvente para consumo de alimentos, salvo aquellos que, por requerimientos del servicio, estén destinados al cumplimiento de las funciones sustantivas de las unidades administrativas responsables de su ejercicio.

Artículo 16. No serán reembolsables aquellos gastos que rebasen el monto autorizado para los fondos fijos.

Artículo 17. Los titulares de los fondos fijos o revolventes serán responsables de su utilización, así como de la comprobación correspondiente, conforme a la normatividad aplicable.

Artículo 18. El fondo fijo y el fondo revolvente podrán aplicarse en:

Artículo 19. Queda prohibido, salvo para las excepciones estipuladas en los artículos 14 y 15 de los presentes lineamientos, destinar los recursos de los fondos fijo y revolvente al pago de los siguientes conceptos:

Artículo 20. No se reembolsarán erogaciones con cargo a fondos fijos y revolventes en los siguientes conceptos:

Capítulo V De la Comprobación de los Fondos Fijos y Revolventes

Artículo 21. Los gastos que se realicen mediante el fondo fijo deberán ser comprobados dentro del mes siguiente en que se efectuaron. En caso de que se registre incumplimiento durante dos meses consecutivos, la Dirección General de Finanzas informará de ello a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, para su atención procedente.

Artículo 22. Los gastos que se realicen a través de fondo fijo o fondo revolvente deberán ser comprobados con las respectivas notas o facturas que justifiquen el gasto, documentos que deberán cumplir los requisitos administrativos y fiscales vigentes en el momento que se hayan realizado.

Artículo 23. La documentación que se presente como comprobación del gasto deberá ser expedida a nombre de la honorable Cámara de Diputados.

Artículo 24. Las compras que se realicen en tiendas de autoservicio se comprobarán con la factura correspondiente, la cual deberá contener

Artículo 25. Las reparaciones de vehículos, además de cumplir lo que establece el artículo 18, fracción V, de estos lineamientos, deberán contener en las facturas o notas relativas los datos siguientes:

Artículo 26. La fecha de los documentos comprobatorios y justificatorios del gasto deberá corresponder al mes en que se está efectuando la comprobación o al mes inmediato anterior; y deberá estar autorizada por el titular responsable del fondo de que se trate. En ningún caso se reembolsarán facturas o notas pagadas con vales de despensa.

Artículo 27. Los titulares de los órganos de gobierno y grupos parlamentarios podrán delegar expresamente y por escrito, en su caso, a quien habilitan para firmar de manera autógrafamente los documentos comprobatorios y justificatorios de los fondos asignados, así como los relativos a los trámites para comprobar los gastos efectuados.

Artículo 28. Se aceptarán gastos menores sin comprobantes que contengan requisitos fiscales, hasta por un monto de 10 por ciento del fondo mensual, debiendo formularse para este efecto un recibo en hoja membretada que contenga en el encabezado el nombre del órgano o unidad administrativa responsable del fondo y, además:

Artículo 29. Los comprobantes de gastos de estacionamiento serán los talones que para tal efecto expidan los establecimientos respectivos, y deberán indicar el importe pagado.

Artículo 30. Todos los comprobantes deberán contener firma autógrafa del titular responsable del fondo, en el cuerpo del documento presentado como comprobatorio o justificatorio de su ejercicio.

Artículo 31. El trámite del reembolso del fondo fijo o revolvente se hará mediante el formato autorizado para tal efecto por la Dirección General de Finanzas, acompañado de la solicitud de reembolso del fondo. El trámite de pago, si cumple con los requisitos señalados en los presentes lineamientos y la normatividad aplicable, no rebasará cinco días hábiles a partir de la fecha de recepción en la Dirección General de Finanzas.

Artículo 32. A la solicitud de reembolso se deberá anexar la relación clasificada por concepto de gasto, la cual también deberá contar con la firma del titular del órgano, grupo parlamentario o unidad administrativa responsable del fondo y enviarse a la Dirección General de Finanzas, observando lo siguiente:

Artículo 33. La asignación del fondo fijo será de enero a noviembre de cada año fiscal, con la excepción señalada en los artículos 35 y 36. Las erogaciones realizadas durante el mes de diciembre se efectuarán como reembolso de gastos, a más tardar en el último día hábil del mes de enero del siguiente año.

Artículo 34. Las unidades administrativas responsables del ejercicio de fondos deberán finiquitar los correspondientes a cada año fiscal, a más tardar el último día hábil de la primera quincena del mes de diciembre, en el formato establecido por la Dirección General de Finanzas para el finiquito del fondo, a fin de disponer con la documentación comprobatoria y justificatoria que permita a las áreas competentes preparar el cierre del ejercicio presupuestal y contable respectivo.

Artículo 35. Los órganos de gobierno, de apoyo legislativo y grupos parlamentarios deberán presentar la última comprobación de los fondos correspondiente al año fiscal respectivo a más tardar el último día hábil del mes de enero del año siguiente.

Artículo 36. El último año de la Legislatura de que se trate, los órganos de gobierno, de apoyo legislativo y grupos parlamentarios deberán enviar, a más tardar el último día hábil del mes de julio, la información relativa al finiquito del fondo, con la documentación comprobatoria y justificatoria correspondiente.

Transitorios

Primero. Los presentes lineamientos entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Segundo. Se abrogan los Lineamientos que Regulan la Aplicación de los Fondos Fijos y Revolventes, publicados en la Gaceta Parlamentaria el 1 de junio de 2005, y las demás disposiciones en la materia que se opongan a los presentes lineamientos.

Anexo 3 Lineamientos para la Administración y Control de los Recursos Humanos de la Cámara de Diputados

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1. El objeto de los presentes lineamientos es regular, en lo general, la administración y control de los recursos humanos de la Cámara, así como las obligaciones y prohibiciones de todo el personal de la misma.

Artículo 2. Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por:

Artículo 3. El ámbito de aplicación de los presentes lineamientos comprende a los órganos de gobierno, de apoyo legislativo, grupos parlamentarios y unidades administrativas que requieran servicios en materia de recursos humanos, así como el personal de la Cámara adscrito a las mismas, y las unidades administrativas responsables de su administración y control.

Artículo 4. La Dirección General de Recursos Humanos es responsable de administrar y controlar en lo que corresponda, de acuerdo con la normatividad vigente, los procesos de reclutamiento, selección, designación, percepciones, promociones, capacitación, desarrollo y evaluación del personal, con base en la estructura ocupacional y presupuesto autorizados para la Cámara, y efectuar las retenciones y cuotas a favor de terceros, así como formular y presentar a la Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad el anteproyecto del presupuesto del capítulo de servicios personales.

Artículo 5. La Cámara deberá contar con al menos 1 por ciento de personal con algún tipo de discapacidad, del total de sus plazas de ocupación, considerando todas las modalidades y regímenes de contratación.

Artículo 6. Los casos no contemplados en los presentes lineamientos serán resueltos por la Junta de Coordinación Política o, en su caso, por el Comité de Administración.

Capítulo II Del Catálogo de Puestos y los Tabuladores de Sueldos

Artículo 7. El Catálogo General de Puestos es el instrumento técnico que tiene por objeto identificar, clasificar y denominar los puestos y las funciones del personal requerido para el cumplimiento de las atribuciones y funciones encomendadas a la Cámara y contiene el registro y la descripción de los puestos y niveles que integran la estructura de organización y ocupacional.

Artículo 8. La Dirección General de Recursos Humanos es la responsable de formular y proponer el Catálogo General de Puestos de la Cámara, a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para su análisis y revisión, a efecto de someterlo a la validación de la Secretaría General.

Artículo 9. El Catálogo General de Puestos de la Cámara deberá contener al menos los siguientes aspectos:

Artículo 10. El Catálogo General de Puestos, comprenderá al menos, las siguientes clasificaciones:

Artículo 11. Los puestos de mandos medios y superiores son los comprendidos en la estructura orgánica.

Los puestos homólogos especializados se definen como los encargados de realizar funciones de investigación cuyo ingreso al servicio de la Institución se sujeta a las disposiciones que emitan las autoridades competentes.

Se entenderá por puestos homólogos de apoyo a aquellos que realizan actividades indirectas a las funciones especificadas en el Manual General de Organización. Su responsabilidad, en su caso, deriva de la delegación expresa de facultades por parte del titular del área.

Artículo 12. El Catálogo General de Puestos de la Cámara podrá modificarse por los siguientes motivos:

Artículo 13. Las modificaciones al Catálogo General de Puestos, serán propuestas y dictaminadas por la Dirección General de Recursos Humanos, a efecto de someterlas a la consideración de las instancias administrativas competentes.

Tratándose de puestos de nueva creación el dictamen deberá incluir: fecha de inicio del puesto, nivel salarial propuesto y, en su caso, el impacto presupuestal que pueda significar la autorización del mismo.

Artículo 14. Los puestos del Catálogo General, para efectos de su ocupación tendrán una correspondencia con el presupuesto aprobado y número de plazas autorizadas en la estructura ocupacional. La Dirección General de Recursos Humanos remitirá a las instancias solicitantes las plantillas autorizadas para su conocimiento, conciliación y seguimiento.

Artículo 15. Los Órganos de gobierno, de apoyo legislativo, grupos parlamentarios y unidades administrativas de la Cámara sólo podrán designar o contratar personal, siempre y cuando cuenten con plazas vacantes autorizadas en su estructura ocupacional que tengan el respaldo presupuestal correspondiente.

Artículo 16. las instancias solicitantes, podrán presentar requerimientos de plazas de nueva creación, mediante solicitud suscrita por el titular de la Instancia que corresponda, acompañada con la última conciliación de la plantilla debidamente validada, precisando la adscripción directa de las plazas a crear y la justificación del porqué la operación actual no puede ser atendida con las plazas existentes, acreditando también en que forma se contribuirá a elevar significativamente la productividad y estableciendo metas específicas a este respecto.

Artículo 17. Las solicitudes de creación de nuevas plazas serán dictaminadas por la Dirección General de Recursos Humanos y de existir disponibilidad presupuestal y de considerarlas procedentes, las instancias administrativas competentes las validarán, a efecto de ser sometidas a la autorización de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos o la Junta de Coordinación Política o, en su caso, del Comité de Administración, según proceda.

Artículo 18. En ningún caso las instancias solicitantes podrán establecer un compromiso laboral para cubrir plazas, sin contar con la autorización respectiva.

Artículo 19. Los tabuladores de sueldos son los instrumentos técnicos a través de los cuales se fijan y ordenan, por grupo y nivel salarial, las remuneraciones para los puestos contenidos en el Catálogo General de Puestos autorizado para la Cámara.

Artículo 20. Se podrán efectuar movimientos de conversión de plazas, debidamente justificados y a propuesta de la Dirección General de Recursos Humanos, previa validación del Secretario de Servicios Administrativos Financieros.

Artículo 21. Los tabuladores de sueldos deberán ser autorizados por la Junta de Coordinación Política o, en su caso, por el Comité de Administración y se clasifican de la siguiente manera:

Se podrán autorizar nuevos tabuladores de acuerdo a los requerimientos de la Cámara.

Artículo 22. El Catálogo de Rangos y Puestos del personal del servicio de carrera, será autorizado por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Capítulo III Del Reclutamiento, Selección y Alta del Personal de la Cámara

Artículo 23. La Dirección General de Recursos Humanos, anualmente hará del conocimiento de los órganos de gobierno, de apoyo legislativo, grupos parlamentarios y unidades administrativas de la Cámara, la plantilla de personal autorizada, la cual deberá ser conciliada con dicha dirección y validada por las instancias solicitantes para efectos de realizar movimientos de personal.

Artículo 24. Los procesos de reclutamiento y selección del personal de la Cámara se llevarán a cabo conforme a la normatividad aplicable, ya sea que se trate del personal contemplado en el servicio de carrera o el externo al mismo.

Artículo 25. La ocupación de plazas vacantes estará sujeta a la disponibilidad presupuestal y los facultados para solicitar su ocupación serán los titulares de las instancias solicitantes.

Artículo 26. Los candidatos a ocupar un puesto en la Cámara deberán cumplir con los requisitos que les sean solicitados y sujetarse a las evaluaciones psicométricas, de conocimientos y habilidades que les sean requeridas.

Artículo 27. Los candidatos a ocupar una plaza no deberán tener vínculos familiares, filiales, profesionales, laborales o de negocios con personal que preste sus servicios en el mismo órgano de gobierno, de apoyo legislativo, grupo parlamentario o unidad administrativa, a la que se encuentre adscrita dicha plaza.

Artículo 28. Las evaluaciones psicométricas se aplicarán en los niveles de subdirector, jefe de departamento, homólogos a éstos, personal operativo y a petición del titular de la instancia solicitante a los puestos de mando y homólogos de niveles superiores. Dichas evaluaciones constituyen una herramienta de apoyo y orientación a las áreas en los procesos de ingreso del personal.

Artículo 29. El personal de mandos medios, superiores y homólogos de los órganos de gobierno y de sus áreas adscritas, será designado directamente por su titular.

Artículo 30. Las altas de personal deberán solicitarse conforme a lo estipulado en los presentes Lineamientos y atendiendo los plazos establecidos en el calendario de movimientos de personal remitido a las Instancias Solicitantes por la Dirección General de Recursos Humanos.

Artículo 31. En los procesos de reclutamiento y selección de personal se deberá considerar, en igualdad de circunstancias, a personas con algún tipo de discapacidad que reúnan el perfil del puesto a ocupar.

Artículo 32. No se podrá dar de alta a candidatos que no entreguen los documentos mínimos para que ésta proceda. El personal tendrá hasta veinte días hábiles para proporcionar la documentación requerida por la Dirección General de Recursos Humanos, para efectos de la integración de su expediente personal.

Artículo 33. No procederá el alta de personas que se encuentren inhabilitadas por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o que desempeñen otro trabajo cuyo horario no sea compatible con el asignado en la Cámara.

Artículo 34. La persona seleccionada para ocupar una plaza deberá presentar a la Dirección General de Recursos Humanos, escrito en el que declare bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en los supuestos de los artículos 27 y 33 de los presentes lineamientos.

Artículo 35. Las altas del Personal de la Cámara, solo surtirán efecto en nómina, a partir de los días primero o dieciséis de cada mes, salvo en casos excepcionales, por requerimientos del servicio y autorización expresa del titular de la Dirección General de Recursos Humanos.

Artículo 36. En el cierre de ejercicio presupuestal, o por conclusión de la Legislatura las altas se sujetarán al calendario y términos que al efecto comunique la Dirección General de Recursos Humanos a las instancias solicitantes.

Artículo 37. La Dirección General de Recursos Humanos es la responsable de expedir y entregar a los interesados los nombramientos del personal de la Cámara, dentro de los 30 días hábiles, posteriores a su registro en el sistema de nómina:

Capítulo IV De la Capacitación del Personal de la Cámara

Artículo 38. Las acciones de capacitación y desarrollo estarán orientadas a apoyar la adquisición de conocimientos y habilidades e incrementar los niveles de productividad en las tareas asignadas al personal de la Cámara y prestadores de servicios profesionales, a fin de mejorar la prestación de los servicios, el desempeño y desarrollo personal.

Artículo 39. La Dirección General de Recursos Humanos, en materia de capacitación y desarrollo del personal, tiene las siguientes responsabilidades.

Artículo 40. El personal de la Cámara y prestadores de servicios profesionales que participe en acciones de capacitación tienen las siguientes obligaciones:

Artículo 41. Las actividades de capacitación en las que participe el personal de la Cámara y los prestadores de servicios profesionales deberán estar acordes con la detección de necesidades y el Programa Anual, pudiéndose incorporar durante el ejercicio nuevas acciones que requieran de preparación especializada, de actualización, o derivadas de la innovación en sistemas y procesos de trabajo.

Artículo 42. La solicitud o propuesta de nuevas acciones de capacitación, no incluidas en el Programa Anual deberán ser requeridas por el titular de la instancia solicitante y estarán sujetas al análisis de la Dirección General de Recursos Humanos, disponibilidad presupuestal, y el visto bueno del Secretario de Servicios Administrativos y Financieros.

Artículo 43. Los órganos de gobierno, de apoyo legislativo, grupos parlamentarios y unidades administrativas de la Cámara tendrán la obligación de aportar la información que les requiera la Dirección General de Recursos Humanos para detectar e identificar los requerimientos de capacitación del personal bajo su adscripción, así como de otorgarles las facilidades para asistir y cumplir los requisitos establecidos para cada acción, en la que hayan autorizado que participen. Dichas instancias deberán informar al área competente de recursos humanos, en caso de que participen en cursos externos, lo conducente para los efectos de registro y control de asistencia.

Artículo 44. Los cursos, talleres, conferencias, seminarios, diplomados y otras acciones de capacitación que se requieran, fuera del Programa Anual aprobado para la Cámara, deberán ser solicitados a la Dirección General de Recursos Humanos, con un mínimo de 10 días hábiles de anticipación, anexando la documentación soporte que incluya costos y características de cada evento, para su valoración en términos de lo establecido en el artículo 42 de estos lineamientos, salvo aquellas que se promuevan para el personal que forme parte del servicio de carrera.

Artículo 45. La capacitación deberá impartirse dentro del horario de la jornada laboral establecida, salvo que atendiendo a requerimientos específicos, se convenga con la instancia solicitante, que se imparta en horario distinto. Las acciones de capacitación podrán impartirse dentro o fuera de las instalaciones de la Cámara.

Artículo 46. El personal de la Cámara que desee participar en acciones de capacitación distinta a la función que desempeña deberá realizarlas fuera de su jornada de trabajo.

Artículo 47. Las acciones de capacitación podrán desarrollarse de acuerdo a las siguientes vertientes:

I. Capacitación institucional: Se refiere a aquellas acciones que tienen como objetivo ampliar conocimientos, habilidades o actitudes, de carácter general. A este tipo de capacitación podrá asistir todo el personal de la Cámara, siempre y cuando su participación se encuentre fuera del horario de su jornada laboral, o bien se cuente con la autorización de su jefe inmediato.II. Capacitación al puesto: Se refiere a las necesidades específicas de un grupo ocupacional determinado, mismas que surgen de su actividad técnico-profesional, a fin de que el personal domine y perfeccione el desempeño de su puesto. La capacitación al puesto deberá proporcionar al personal las técnicas, conocimientos y habilidades para que el desempeño en el mismo se lleve a cabo con la eficiencia y calidad requerida por las áreas. El personal que asista a este tipo de capacitación lo hará por petición expresa del jefe inmediato, con el visto bueno del titular de la instancia solicitante, a la Dirección General de Recursos Humanos, con base en el Programa Anual de Capacitación.III. Capacitación para la formación: consiste en proporcionar capacitación especializada con el propósito de ampliar los conocimientos, actitudes, habilidades y técnicas que le permitan al personal, el desarrollo y bases para ampliar su formación profesional. A dicha capacitación podrá asistir únicamente el personal que reúna el perfil de ingreso y con la autorización del titular de la instancia solicitante. Las vertientes de capacitación deberán tener como sustento un modelo de desarrollo curricular, que contenga al menos denominación de la actividad; objetivo a lograr; modalidad de capacitación; perfil del participante (en caso de requerirse); horas de instrucción; temario y, en su caso, bibliografía y material de apoyo. Para efectos de la participación del personal, estarán sujetas a la disponibilidad de cupo.

Artículo 48. Las vertientes y modalidades de capacitación que se organicen o promuevan por la Cámara, podrán realizarse a través de instructores internos y externos; instituciones educativas públicas o privadas y prestadores de servicios de capacitación.

Artículo 49. La contratación de prestadores de servicios de capacitación, se realizará conforme a lo estipulado en la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados, pudiéndose llevar a cabo en forma directa cuando se trate de profesionistas que proporcionen capacitación y de escuelas de educación superior, institutos, asociaciones civiles de carácter no lucrativo y personas físicas de reconocido prestigio académico, sin requerir en estos casos de garantía (fianza), ni de que estén inscritos en el padrón de proveedores de la Cámara.

Capítulo V De las Promociones al Personal de la Cámara

Artículo 50. La Dirección General de Recursos Humanos es la responsable de analizar y dictaminar las solicitudes de promoción del personal operativo de confianza y de mandos medios y superiores y homólogos de la Cámara, que formulen por escrito los titulares de las instancias solicitantes, las cuales estarán debidamente justificadas y acompañadas de la documentación que avale la petición y se someterán a las evaluaciones correspondientes.

En el caso del personal de base, y base sindicalizado, las promociones estarán sujetas al corrimiento escalafonario correspondiente, conforme a lo establecido en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como a las disposiciones normativas aplicables en la Cámara, según lo acordado con la representación sindical. Las del personal del servicio de carrera se sujetarán al procedimiento que al efecto se determine por la normatividad aplicable.

Artículo 51. Por promoción se entiende el incremento en el nivel salarial del ocupante de un puesto dentro de su misma plaza y sólo procederá si existe disponibilidad presupuestal y ha transcurrido por lo menos un año de la fecha de ingreso o, en su caso, de la última promoción efectuada.

Las promociones se realizarán en la misma plaza, a través de su conversión a un nivel mayor, hasta un máximo de dos niveles por año, dentro de los tabuladores de sueldos autorizados, por lo que no implican creación de plazas.

Artículo 52. La Dirección General de Recursos Humanos considerará, como factores para el otorgamiento de una promoción:

Artículo 53. Las promociones, que se consideren procedentes y sean autorizadas, deberán efectuarse respetando los niveles establecidos dentro de cada uno de los rangos autorizados para cada puesto o grupo jerárquico.

Artículo 54. Las promociones dictaminadas como favorables y que cuenten con disponibilidad presupuestal, deberán autorizarse de la siguiente manera:

Artículo 55. La Dirección General de Recursos Humanos implementará un sistema de evaluación del desempeño del personal que permitirá, entre otros factores, contar con elementos para dictaminar la procedencia de las promociones solicitadas.

Capítulo VI De las Prestaciones y Servicios al Personal de la Cámara

Artículo 56. La Dirección General de Recursos Humanos es la encargada de tramitar las prestaciones y servicios que se otorgan al personal de la Cámara, conforme a la normatividad aplicable para los diferentes regímenes de contratación.

Artículo 57. Los sueldos y prestaciones del personal de mando y homólogos, se encuentran contenidos en el Manual de Percepciones para los Servidores Públicos de la Cámara de Diputados, publicado anualmente en el Diario Oficial de la Federación, conforme a lo que establece el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 58. Las prestaciones para el personal de base se encuentran contenidas, en las Condiciones Generales de Trabajo; las señaladas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado ``B'' del artículo 123 constitucional; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y las que procedan conforme a la normatividad aplicable, así como aquellas que al efecto apruebe la Junta de Coordinación Política o, en su caso, el Comité de Administración.

Artículo 59. Las prestaciones del personal de base sindicalizado se señalan en el Convenio de Prestaciones Económicas, Sociales, Culturales y Recreativas de la Cámara de Diputados.

Artículo 60. Las prestaciones que por Acuerdo de la Junta de Coordinación Política o, en su caso, del Comité de Administración, se autoricen a otros regímenes de contratación, serán tramitadas por la Dirección General de Recursos Humanos.

Artículo 61. Las prestaciones que se otorgan a los pensionados, que hayan sido personal sindicalizado de la Cámara, son las contenidas en el Convenio de Prestaciones Económicas, Sociales, Culturales y Recreativas de la Cámara de Diputados, pudiendo concederse también las que apruebe el Ejecutivo federal, previa autorización de la Junta de Coordinación Política o, en su caso, del Comité de Administración.

Artículo 62. En ningún caso, se podrán otorgar a una misma persona, más de una prestación, por un mismo concepto.

Artículo 63. Se podrán otorgar prestaciones adicionales al personal de la Cámara, las cuales deberán ser autorizadas por parte de la Junta de Coordinación Política o, en su caso, por el Comité de Administración.

Artículo 64. La Dirección General de Recursos Humanos podrá celebrar convenios con instituciones de los sectores público, social o privado para la obtención de servicios que beneficien al personal de la Cámara.

Artículo 65. La Dirección General de Recursos Humanos, proporcionará al personal de la Cámara, los documentos o formatos necesarios para la realización de los trámites que en materia de prestaciones y servicios se requieran.

Artículo 66. La Dirección General de Recursos Humanos, a través de los formatos autorizados para tal efecto y previa solicitud de los interesados, expedirá constancias y hojas de servicios, certificaciones de préstamos ante el ISSSTE y cambio de domicilio particular.

Artículo 67. La Dirección General de Recursos Humanos obtendrá el consentimiento del personal, para asegurar y proceder a la designación de los beneficiarios del Seguro Colectivo de Vida o Incapacidad Total y Permanente, así como el correspondiente del personal de mandos medios, superiores y homólogos, para ser asegurado en el Seguro de Gastos Médicos Mayores y la determinación para incorporarse o no al Seguro de Separación Individualizado.

Artículo 68. La Dirección General de Recursos Humanos brindará asesoría al personal para la gestión y trámites ante las instituciones de seguros contratadas por la Cámara, así como en aquellas prestaciones y servicios que promueva y en las que el personal decida participar de manera voluntaria, siempre y cuando cumplan con los requisitos que correspondan para cada una de ellas.

Artículo 69. Los trámites de pensiones alimenticias se realizarán a través de la Dirección General de Recursos Humanos, previa orden judicial, y los pagos de las mismas, se efectuarán directamente a los beneficiarios o a sus apoderados, en la Dirección General de Finanzas.

Artículo 70. Tienen derecho al servicio del Centro de De-sarrollo Infantil (Cendi) las madres trabajadoras de la Cámara que se beneficien de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se aceptará la inscripción de hijos de padres trabajadores viudos o divorciados, siempre y cuando en éste último caso, se acredite la custodia del menor. En ambos supuestos, el derecho queda restringido hasta un máximo de dos hijos, inscritos simultáneamente y al cupo disponible, de acuerdo con la edad del menor.

Capítulo VII De las Gratificaciones por Remoción o Separación del Cargo

Artículo 71. Conforme al acuerdo que emita la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se podrán otorgar gratificaciones económicas con motivo de la separación del servicio para el personal de Cámara en activo, que ocupe puestos de mandos medios, superiores y homólogos, operativos de confianza y los prestadores de servicios profesionales.

Artículo 72. Quedan excluidos del artículo anterior, los trabajadores que ocupen puestos de base y de base sindicalizados, aquellos que cuenten con un tiempo de servicios ininterrumpidos, menor a seis meses, así como los contratados por obra y tiempo determinado, independientemente de su régimen de contratación.

Artículo 73. La Secretaría General o la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, a propuesta de la Dirección General de Recursos Humanos, serán la autoridades que resuelvan sobre los casos de remoción del personal de mandos medios y superiores, operativo de confianza y prestadores de servicios profesionales, previa consulta con la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Artículo 74. El personal del servicio de carrera podrá ser removido y separado del servicio de acuerdo con la normatividad aplicable.

Capítulo VIII De las Relaciones Laborales

Artículo 75. La Dirección General de Recursos Humanos es la responsable de aplicar y vigilar que se cumpla la legislación en materia laboral y las Condiciones Generales de Trabajo.

Artículo 76. La Dirección General de Recursos Humanos deberá integrar, conforme a la normatividad en la materia, las Comisiones Mixtas de Seguridad y Salud en el Trabajo y la de Escalafón.

Artículo 77. La Dirección General de Recursos Humanos es responsable del levantamiento de actas conciliatorias y administrativas, en términos de lo estipulado por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado ``B'' del Artículo 123 Constitucional, y las Condiciones Generales de Trabajo.

Artículo 78. La Dirección General de Recursos Humanos deberá aportar a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, toda la información con la que disponga, para la atención de conflictos laborales y mandamientos administrativos y judiciales relacionados con el personal de la Cámara.

Artículo 79. La Dirección General de Recursos Humanos es la responsable de aplicar al personal, las sanciones a que se haga acreedor, de acuerdo con la normatividad que proceda.

Capítulo IX De la Contratación de Prestadores de Servicios Profesionales por Honorarios

Artículo 80. La contratación de prestadores de servicios profesionales, bajo el régimen de honorarios se sujetará a lo siguiente:

Artículo 81. La Dirección General de Recursos Humanos, es la responsable de formalizar la contratación de prestadores de servicios profesionales bajo el régimen de honorarios, la cual estará sujeta a los recursos y disponibilidad presupuestal de los órganos de gobierno, órganos de apoyo legislativo, grupos parlamentarios y unidades administrativas de la Cámara.

Artículo 82. No procederá la contratación de prestadores de servicios profesionales, con una retroactividad mayor a treinta días naturales, los cuales serán contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud por parte de la Dirección General de Recursos Humanos, salvo casos excepcionales y plenamente justificados que sean autorizados por la Junta de Coordinación Política o, en su caso, por el Comité de Administración.

Artículo 83. Los prestadores de servicios profesionales una vez aprobada su propuesta, deberán entregar los documentos que les sean requeridos para efectuar el movimiento de alta, en la nómina correspondiente. El pago estará sujeto, en todos los casos, a la firma previa del contrato y la declaración, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentran en alguno de los supuestos contemplados en los artículos 27 y 33 de los presentes lineamientos.

Artículo 84. Los pagos de los prestadores de servicios profesionales se sujetarán al calendario autorizado por la Dirección General de Recursos Humanos.

Capítulo X De la Elaboración de Nóminas y Pago de Cuotas y Aportaciones

Artículo 85. La Dirección General de Recursos Humanos tiene la responsabilidad de elaborar y emitir las nóminas del personal de la Cámara y las de los prestadores de servicios profesionales contratados por la misma, conforme a la plantilla y recursos autorizados, así como la de jubilados y las que resulten de convenios específicos.

Artículo 86. El salario asignado deberá sujetarse a los niveles y rangos establecidos en los tabuladores de sueldos autorizados. Será responsabilidad de la Cámara retener y enterar los impuestos, cuotas y aportaciones del personal de la Cámara y de los prestadores de servicios profesionales, de conformidad con la normatividad aplicable y de acuerdo con los regímenes de contratación.

Artículo 87. La Dirección General de Recursos Humanos es la responsable del cálculo de las percepciones y deducciones fijas y variables de las nóminas que emita, para efecto de que la Dirección General de Finanzas realice los pagos correspondientes.

Artículo 88. Únicamente procederán movimientos de nómina que cuenten con la debida autorización, la disponibilidad presupuestal correspondiente y se efectúen dentro de los plazos establecidos en el calendario remitido a las instancias solicitantes por la Dirección General de Recursos Humanos, durante el mes de diciembre anterior a cada ejercicio fiscal.

Artículo 89. No procederán movimientos de alta de personal de la Cámara o de prestadores de servicios profesionales, que se soliciten con una retroactividad mayor a treinta días naturales, a partir de la fecha de recepción del documento de la Instancia Solicitante en la Dirección General de Recursos Humanos, salvo casos excepcionales y plenamente justificados que sean autorizados por la Junta de Coordinación Política o, en su caso, por el Comité de Administración.

Artículo 90. Los movimientos de nómina relacionados con personal de la Cámara o prestadores de servicios profesionales, conforme a la normatividad aplicable, deberán ser solicitados por escrito a la Dirección General de Recursos Humanos, de acuerdo al calendario aprobado por la misma. En ningún caso las instancias solicitantes podrán establecer compromisos de pago o de movimientos sin contar con la autorización correspondiente.

Capítulo XI De las Compensaciones por Horario Complementario

Artículo 91. Se entenderá como compensación por horario complementario a la percepción extraordinaria que se cubre al personal operativo, por la ampliación de su jornada laboral y será fijada mediante un porcentaje adicional al sueldo base del trabajador; su asignación se sujetará a las disponibilidades presupuestales, a las Condiciones Generales de Trabajo y a los presentes lineamientos, para el personal de base, este concepto se identificará como pago de compensación por horario extendido y para el personal de confianza como compensación adicional.

Artículo 92. El monto de la compensación por horario complementario, será del 50 por ciento del sueldo base para el personal operativo de confianza, y en los términos de las Condiciones Generales de Trabajo de 65 por ciento para el personal de base.

Artículo 93. En el caso del personal de base, el horario que deberá cubrirse será el establecido en el artículo 78 de las Condiciones Generales de Trabajo y para el personal operativo de confianza, deberá ser la jornada de ocho horas, con intermedio de hora y media para comer, de acuerdo con las necesidades del área, procurando asignar la jornada del personal de base, para mantener un esquema uniforme de horarios.

Artículo 94. La cancelación del pago por horario complementario, podrá aplicarse con fundamento en lo previsto por las Condiciones Generales de Trabajo o cuando las condiciones que le dieron origen sean modificadas.

Artículo 95. El personal al que se le haya autorizado compensación por horario complementario, deberá registrar su asistencia en los sistemas de control que para tal efecto le indique la Dirección General de Recursos Humanos.

Artículo 96. Los titulares de las instancias solicitantes a las que se les hubiere autorizado compensaciones por horario complementario, deberán verificar permanentemente la vigencia y cumplimiento de las razones que les dieron origen y en su caso, deberán notificar de inmediato a la Dirección General de Recursos Humanos sobre su incumplimiento o cancelación para los efectos a que haya lugar. De igual forma deberán instruir al personal sobre la obligación del cumplimiento del horario asignado, quedando bajo la responsabilidad de dicho personal informar a la Dirección General de Recursos Humanos cualquier modificación al mismo y/o a las circunstancias que dan origen a la asignación de la compensación autorizada.

Artículo 97. La compensación por horario complementario no formará parte del salario integrado del personal que goce de ella, por lo que en caso de litigio entre éste y la Cámara, no será exigible como prestación.

Capítulo XII De la Autorización y Pago por Tiempo Extraordinario

Artículo 98. Se entiende por tiempo extraordinario la prolongación de la jornada ordinaria de trabajo, originada por circunstancias especiales o imprevistas.

Artículo 99. Procederá la autorización del pago de tiempo extraordinario a personal de base y de confianza que realiza labores de tipo operativo y que presta sus servicios en la Cámara de Diputados cuando:

Artículo 100. El pago del tiempo extraordinario, será responsabilidad del titular de la instancia solicitante, por lo que en caso de que no se comprueben los supuestos enunciados en el artículo anterior, se procederá a su cancelación.

Artículo 101. El pago del tiempo extraordinario generado por cada trabajador, será considerado para efecto del cálculo y retención de impuestos, en los términos de las disposiciones fiscales aplicables, y no se considerará bajo ninguna circunstancia como parte de la retribución básica (sueldo), cesando su asignación cuando desaparezcan las circunstancias que le dieron origen.

Artículo 102. No se autorizará el pago de tiempo extraordinario a los trabajadores que gozan de Compensación Adicional por Servicios Especiales, Compensación por Horario Extendido y/o Compensación por Servicios, salvo en aquellos casos en que se agote la jornada normal o extendida de acuerdo con las Condiciones Generales de Trabajo, según sea el caso de cada trabajador, y que sean debidamente justificados por la instancia solicitante, y autorizados por la Dirección General de Recursos Humanos o la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros.

Artículo 103. Será improcedente el pago de tiempo extraordinario, cuando el personal se encuentre en período vacacional, goce de incapacidad médica, se le hayan asignado viáticos, o cuando en la fecha en que se solicite, el trabajador no haya registrado en tiempo y forma su asistencia.

Artículo 104. La Dirección General de Recursos Humanos, llevará el control mensual del gasto de tiempo extraordinario, ejercido por las unidades administrativas de la Cámara.

Capítulo XIII De la Disposición de Personal y las Transferencias

Artículo 105. Se entenderá por disposición de personal, el movimiento requerido por los titulares de las instancias solicitantes, con motivo de reestructuración, cierre de áreas o por razones inherentes al desempeño de los trabajadores y cualquier otra causal relacionada con las necesidades de operación institucional.

La Dirección General de Recursos Humanos sólo dará trámite a las solicitudes que el personal presente en forma directa, si cuentan con la validación del área de adscripción.

Artículo 106. El trabajador a disposición de personal deberá permanecer en su área de adscripción hasta en tanto la Dirección General de Recursos Humanos le notifique su nueva ubicación, debiendo cumplir con el horario y el desempeño de las labores que le sean asignadas. El área de adscripción deberá reportar a la Dirección antes mencionada, cualquier incidencia en que incurra dicho personal.

Artículo 107. Formalizada la disposición de un trabajador no se autorizarán nuevas contrataciones, únicamente procederán reemplazos, previa solicitud a la Dirección General de Recursos Humanos, con personal de Cámara disponible, de acuerdo con las necesidades del área.

Artículo 108. Se considera transferencia de personal, al cambio de adscripción de un trabajador, convenido entre dos áreas, previa autorización por parte de los titulares tanto del área de origen, como del área receptora, por necesidades específicas del servicio o para el desempeño de funciones que impliquen la posibilidad de crecimiento profesional para el trabajador.

Artículo 109. Las áreas solicitantes no deberán de establecer compromisos laborales con el personal en proceso de transferencia, debiendo éste permanecer en su área de origen hasta en tanto la Dirección General de Recursos Humanos valore la procedencia de la solicitud a fin de formalizar el cambio de adscripción.

Artículo 110. En caso de que un área de adscripción desaparezca en forma temporal o permanente, los trabajadores quedarán adscritos, en tanto se defina su ubicación, a la Dirección General de Recursos Humanos.

Capítulo XIV De la Integración de Expedientes

Artículo 111. La Dirección General, de Recursos Humanos es la responsable de integrar los expedientes del personal de la Cámara y de los prestadores de servicios profesionales, así como de su actualización, resguardo y consulta.

Artículo 112. El expediente de personal incluirá al menos los siguientes documentos:

I. Acta de Nacimiento.

El personal o las instancias administrativas y judiciales competentes podrán, conforme a la normatividad aplicable. solicitar por escrito, a la Dirección General de Recursos Humanos, copia de alguno de los documentos que integran el expediente personal y, en su caso, se podrán expedir copias simples o certificadas por el titular de dicha Dirección General.

Artículo 113. La Dirección General de Recursos Humanos podrá efectuar el préstamo de expedientes, a las instancias competentes para su consulta, a través del llenado del formato autorizado para tal efecto.

Capítulo XV De la Expedición de Credenciales y Gafetes

Artículo 114. La Dirección General de Recursos Humanos es la única instancia, autorizada para emitir credenciales del personal de la Cámara y de prestadores de servicios profesionales.

Artículo 115. La Dirección General de Recursos Humanos podrá expedir gafetes de identificación, para acceso al Palacio Legislativo, previa solicitud por escrito debidamente justificada, por las instancias solicitantes o legisladores, los cuales deberán portarse en lugar visible.

Artículo 116. Las credenciales deberán ser portadas de manera visible, por el personal de la Cámara y los prestadores de servicios profesionales, dentro de sus instalaciones.

Artículo 117. Las credenciales y gafetes expedidos son propiedad de la Cámara y deberán ser devueltos al finalizar la relación laboral o el motivo que originó su expedición, para su destrucción.

Artículo 118. Queda prohibido alterar las credenciales o gafetes, así como utilizar reducciones, fotocopias, o cualquier otro tipo de reproducción de las mismas.

Artículo 119. En caso de robo o extravío de la credencial o el gafete, el interesado o la instancia solicitante deberán pedir la reposición, previa presentación de acta expedida por autoridad competente.

Capítulo XVI Del Registro y Control de Asistencia del Personal de la Cámara

Artículo 120. La Dirección General de Recursos Humanos es la responsable de los registros y el control de asistencia e incidencias del personal de la Cámara, conforme a la normatividad aplicable, excepto en aquellos casos en que se justifique plenamente por el cargo o la naturaleza de las funciones a desempeñar.

Artículo 121. El personal deberá registrar su asistencia en los sistemas magnéticos, documentales, o de cualquier otra índole, autorizados por la Dirección General de Recursos Humanos.

Artículo 122. Es responsabilidad de los órganos de gobierno, de apoyo legislativo, grupos parlamentarios y unidades administrativas de la Cámara reportar a la Dirección General de Recursos Humanos las inasistencias justificadas del personal adscrito a las mismas.

Artículo 123. El personal que goce de incapacidad médica del Issste deberá hacerla del conocimiento de su área de adscripción, y entregar el original para el trámite ante la Dirección General de Recursos Humanos, en un plazo no mayor de 48 horas. Serán aceptadas incapacidades médicas en apego a lo que establece la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; con el sello y firma del médico tratante, que se presenten, dentro del mismo plazo, y en los mismos términos, siempre y cuando sean expedidas por instituciones públicas del sector salud, o conforme a la cobertura del Seguro de Gastos Médicos Mayores contratado por la Cámara.

Capítulo XVII De Otras Obligaciones y Prohibiciones del Personal de la Cámara

Artículo 124. El personal de la Cámara tiene además de las obligaciones estipuladas en los presentes lineamientos, entre otras, las siguientes:

Artículo 125. El personal de la Cámara tiene, entre otras, las siguientes prohibiciones:

Artículo 126. La inobservancia de las obligaciones y prohibiciones previstas en los presentes Lineamientos, será sancionada conforme a la normatividad aplicable.

Transitorios

Primero. Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Segundo. Se abrogan los Lineamientos para la Administración y Control de los Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, publicados en la Gaceta Parlamentaria el 26 de abril de 2006, así como el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se establecen los Lineamientos para la Autorización y el Pago de Tiempo Extraordinario, publicados en la Gaceta Parlamentaria de fecha 8 de junio de 2007 y cualquier otra disposición anterior sobre la materia, que se oponga a lo establecido en los presentes lineamientos.

Anexo 4 Lineamientos para la Administración y Control de la Tarjeta Iave

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1. El objeto de los presentes lineamientos es regular la adquisición, asignación y control de las tarjetas Iave que se otorgan a los legisladores y al personal de la Cámara, con base en criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, en el uso de los recursos de la Cámara.

Artículo 2. Para efectos de los presentes lineamientos se entenderá por:

Artículo 3. Son sujetos de la aplicación de los presentes lineamientos, los usuarios y las unidades administrativas responsables de la adquisición, asignación y control de la tarjeta Iave.

Artículo 4. Los casos no contemplados en los presentes lineamientos serán resueltos por la Junta de Coordinación Política o, en su caso, por el Comité de Administración.

Capítulo II De la Adquisición de la Tarjeta Iave

Artículo 5. La tarjeta Iave es un medio electrónico intransferible y de uso exclusivo del usuario al que le sea asignada, a través del cual se efectúa el pago de peaje en las casetas autorizadas por Capufe, en las autopistas de la República Mexicana, conforme al contrato celebrado por la Cámara.

Artículo 6. La tarjeta Iave puede ser de dos tipos:

Artículo 7. La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios es la instancia encargada de celebrar el contrato para la adquisición de las tarjetas Iave, así como de representar a la Cámara ante Capufe para todos los efectos administrativos relacionados con dichas tarjetas.

Artículo 8. El importe de las facturas por concepto de uso de la tarjeta Iave debe representar el importe total de los adeudos mensuales, con base en los cruces registrados, a través de los sistemas electrónicos de Capufe. Las facturas deberán expedirse a nombre de la Cámara, cumplir con los requisitos fiscales vigentes y Capufe anexará a las mismas los estados de cuenta que comprueben la utilización de la tarjeta Iave.

Artículo 9. El titular de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios deberá validar las facturas originales, con firma autógrafa, para su trámite de pago, ante la Dirección General de Finanzas.

Capítulo III De la Asignación y Control de la Tarjeta Iave

Artículo 10. Tienen derecho a recibir una tarjeta Iave los legisladores en funciones, para apoyar los trabajos relacionados con el proceso legislativo y el cumplimiento de sus atribuciones.

A los grupos parlamentarios se les otorgarán, conforme al acuerdo que al efecto establezca la Junta de Coordinación Política o, en su caso, el Comité de Administración, tarjetas utilitarias, las cuales serán usadas conforme a las necesidades y políticas internas de cada grupo, siendo responsabilidad de los mismos la utilización de dichas tarjetas conforme a lo estipulado en los presentes lineamientos.

Asimismo, tendrán derecho a la tarjeta Iave el Secretario General; el Secretario de Servicios Administrativos y Financieros; el Secretario de Servicios Parlamentarios; los Directores Generales; el Contralor Interno y sus Directores Generales; el titular de la Coordinación de Comunicación Social y los titulares de puestos homólogos a éstos, para el desempeño de sus funciones.

Artículo 11. Las tarjetas Iave serán entregadas por la Dirección General de Servicios a Diputados, a cada legislador, al inicio de la Legislatura, y tratándose de licencias, reincorporaciones o incorporaciones, una vez que se haya tomado la protesta respectiva.

Las tarjetas utilitarias se entregarán a los grupos parlamentarios al inicio de la Legislatura.

Los usuarios a los que se refiere el último párrafo del artículo 10 de los presentes Lineamientos, recibirán la tarjeta Iave a través de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios.

Artículo 12. Cada usuario que reciba una tarjeta Iave, para efectos de control, deberá firmar una constancia de asignación que para tal efecto le extienda la Dirección General de Servicios a Diputados, o la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, según corresponda en cada caso.

Artículo 13. La Dirección General de Servicios a Diputados será responsable de llevar un registro y control de las tarjetas Iave, asignadas a cada Legislador y a los grupos parlamentarios, en el que también se consignen los movimientos de nueva alta de usuarios, reposición o cancelación de las mismas.

En el caso de los usuarios a los que se refiere el último párrafo del artículo 10 de los presentes lineamientos, el registro y control de las tarjetas Iave será responsabilidad de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios.

Artículo 14. La tarjeta Iave de tipo personal asignada, tendrá como vigencia la duración del encargo del usuario. En el supuesto de licencia, separación del cargo, renuncia, remoción o fallecimiento del usuario, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios deberá cancelar la tarjeta Iave ante Capufe y darla de baja de su relación de registro y control. Tratándose de un usuario Legislador, la Dirección General de Servicios a Diputados deberá dar aviso a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios para que tramite la cancelación de la tarjeta, y también procederá a darla de baja de su relación de registro y control.

Capítulo IV Obligaciones y Responsabilidades de los Usuarios de la Tarjeta Iave

Artículo 15. El usuario, desde el momento de recibir la tarjeta Iave, será responsable de su uso y custodia. En caso de daño, robo, destrucción o extravío de la tarjeta, deberá dar aviso de inmediato a la Dirección General de Servicios a Diputados o a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, según corresponda. Una vez notificada por el usuario o por la Dirección General de Servicios a Diputados, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios procederá a tramitar la cancelación de la tarjeta ante Capufe.

Artículo 16. En cumplimiento de la normatividad de Capufe, el Usuario deberá colocar en el parabrisas del vehículo la tarjeta Iave y circular por los carriles autorizados para el uso de la misma.

Artículo 17. El usuario, al término de su encargo, deberá devolver de inmediato la tarjeta Iave, a la Dirección General de Servicios a Diputados o a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, según corresponda.

Artículo 18. En razón de que la reposición de la tarjeta Iave tiene un costo adicional, el usuario deberá evitar, hasta donde sea posible, que la misma sufra daños que la inutilicen o su extravío y, en caso de que esto ocurra, se tendrá derecho hasta una reposición por usuario.

Las solicitudes de reposición de la tarjeta Iave deberán presentarse por escrito ante la Dirección General de Servicios a Diputados o ante la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, según corresponda, indicando las causas o la justificación para tal efecto. Recibida la solicitud del usuario o de la Dirección General de Servicios a Diputados, en caso de ser procedente, la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios tramitará la reposición de la tarjeta ante Capufe.

Artículo 19. Cuando por alguna razón, el sistema de Capufe invalide la tarjeta Iave, el Usuario deberá hacerlo del conocimiento inmediato de la Dirección General de Servicios a Diputados o, en su caso, de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, a efecto de realizar las gestiones que correspondan ante el organismo para detectar las causas que impidieron su uso, y proceder, si fuera necesario, a la reposición de la tarjeta.

Transitorios

Primero. Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Segundo. Se abrogan los Lineamientos para la Administración y Control de la tarjeta Iave publicados en la Gareta Parlamentaria el 21 de abril de 2006, y las demás disposiciones en la materia que se opongan a los presentes lineamientos.

Anexo 5 Lineamientos para Regular los Servicios de Alimentación en la Cámara de Diputados

Capítulo Primero Generales

Artículo 1 . El objetivo de los presentes lineamientos es el de regular el servicio de alimentos que se proporciona en la Cámara de Diputados, a fin de facilitar el desarrollo de las tareas legislativas a cargo de los órganos de gobierno, comisiones y comités; grupos parlamentarios, legisladores y áreas administrativas.

Artículo 2. Los presentes lineamientos son de aplicación general para todos los usuarios del servicio de alimentación que se presta en las instalaciones de la Cámara de Diputados y su observancia es de carácter obligatorio.

Artículo 3. Se entenderá por:

Artículo 4. Todo lo no previsto en los presentes Lineamientos será resuelto por la Junta de Coordinación Política o, en su caso, por el Comité de Administración.

Capítulo Segundo Del Servicio de Restaurante

Artículo 5. Para otorgar el servicio de alimentos, la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros dispondrá de los espacios denominados ``Los Cristales'', ``La Terraza'' y ``Los Vitrales'', habilitados para ese fin.

Artículo 6. El servicio de alimentación en las instalaciones será prestado por empresas externas especializadas, con las siguientes características:

Artículo 7. El horario de servicio de los restaurantes ubicados en las instalaciones del Palacio Legislativo, será:

Artículo 8. Los restaurantes darán servicio en sus instalaciones, en el horario establecido, a los Legisladores, personal de apoyo administrativo y visitantes, quienes podrán hacer uso indistinto de los mismos.

En caso de ser necesario, en periodos ordinarios y extraordinarios de sesiones, se habilitará el servicio exclusivo para los legisladores en cualquiera de los restaurantes establecidos en Palacio Legislativo, por lo que el resto de los usuarios del servicio tendrán acceso a cualquiera de los otros restaurantes.

Así también, cuando por tratarse de un evento especial o relevante y que por sus características, éste requiera le sean proporcionados servicios de alimentación en las instalaciones de alguno de los restaurantes o secciones del mismo, los usuarios del servicio podrán hacer uso del resto de las instalaciones, respetando esta determinación el tiempo que dure el evento.

Capítulo Tercero De los Eventos con Servicio de Alimentos

Artículo 9. La Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, a través de la Dirección General de Servicios a Diputados, será la responsable de otorgar el servicio de eventos con alimentos.

Artículo 10. Para otorgar el servicio de eventos con alimentos, la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, a través de la Dirección General de Servicios a Diputados, podrá disponer de los siguientes espacios:

Artículo 11. Los eventos con servicio de alimentos serán prestados por:

Artículo 12. Las empresas especializadas en otorgar servicios de alimentación instaladas en el Palacio Legislativo deberán entregar con anticipación un menú por cada día de la semana a la Dirección General de Servicios a Diputados. Este menú será de características similares y será ofrecido a los solicitantes del servicio, por la Dirección General de Servicios a Diputados, como menú de evento, limitándose a ser desayuno, comida, cena, box, lunch o club sandwich.

El precio del menú deberá estar comprendido en el rango de competencia determinado y autorizado por la Junta de Coordinación Política o, en su caso, por el Comité de Administración, a través de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, en función de la disponibilidad presupuestal que para el caso fue autorizada.

Artículo 13. Los servicios de alimentación para eventos serán solicitados a través de la Dirección General de Servicios a Diputados, previa solicitud con el formato establecido para tal efecto, a la empresa que ofrezca las mejores condiciones de atención en cuanto a precio, calidad y oportunidad de entrega. Dicha solicitud deberá contener al menos:

Artículo 14. Los servicios de alimentación serán proporcionados y servidos, exclusivamente, en el área que fue asignada para ese evento.

Artículo 15. Podrán solicitar el servicio de eventos con alimentos:

Artículo 16. La solicitud de servicio de eventos con alimentos deberá efectuarse en la Dirección General de Servicios a Diputados, a través del formato establecido para tal efecto, con por lo menos setenta y dos horas de anticipación para efecto de programación y organización del mismo.

Artículo 17. Las solicitudes serán atendidas en estricto orden cronológico, conforme a la disponibilidad de salones y espacios.

Artículo 18. Las solicitudes deberán contar con las siguientes aprobaciones:

Artículo 19. Para la cancelación de eventos con servicio de alimentos, invariablemente deberá presentarse por escrito la petición respectiva ante la Dirección General de Servicios a Diputados, haciendo referencia al folio de la solicitud del servicio a cancelar.

El documento de cancelación deberá ser entregado con por lo menos veinticuatro horas previas al inicio del evento.

Cuando un evento no haya sido cancelado con oportunidad, el monto que la empresa contratada cobre por la prestación del servicio, invariablemente será cargado, según corresponda, al techo presupuestal del solicitante y los alimentos le serán entregados para que disponga de su uso. Esta medida se adopta en función de la racionalización y ahorro de recursos.

Artículo 20. Los órganos de gobierno podrán programar eventos con servicio de alimentación, y su costo será cargado a la subpartida 2204-8 ``Eventos Generales de la Cámara de Diputados''.

Artículo 21. Los grupos parlamentarios contarán con una partida presupuestal asignada por la Junta de Coordinación Política o, en su caso, por el Comité de Administración, conforme al principio de proporcionalidad respecto del número de legisladores que los integran, así como a la disponibilidad presupuestal.

El costo de los eventos con servicio de alimentación será cargado a la subpartida 2204-6 ``Eventos de los Grupos Parlamentarios''.

La Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, a través de la Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad, dará a conocer el presupuesto anual asignado a cada grupo parlamentario.

La Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, a través de la Dirección General de Servicios a Diputados, reportará de manera mensual a cada grupo parlamentario el gasto que ha ejercido de los eventos con servicio de alimentación que tramitó a través de esta área.

Artículo 22. Las Comisiones y Comités dispondrán de un presupuesto global para eventos con servicio de alimentación, cuyo gasto será cargado en la subpartida 2204-7 ``Eventos de las Comisiones y Comités''.

Artículo 23. Las áreas administrativas, para llevar a cabo actividades relativas a su función, podrán solicitar mensualmente hasta un evento con servicio de alimentación para un máximo de treinta asistentes. El costo del servicio se hará con cargo a la subpartida 2204-8 ``Eventos Generales de la Cámara de Diputados''.

Artículo 24. Durante los períodos ordinarios y extraordinarios de sesiones las Comisiones y Comités, podrán solicitar mensualmente hasta cuatro eventos con servicio de alimentación, para un máximo de cincuenta asistentes por evento. Durante los períodos de receso podrán solicitar mensualmente hasta dos eventos con servicio de alimentación para un máximo de cincuenta asistentes por evento.

Artículo 25. Cuando por las características particulares de los asuntos legislativos, los eventos con servicio de alimentación sean solicitados por comisiones unidas cada una podrá solicitar para un máximo de cincuenta asistentes y se le contará como un evento de los que puede programar al mes con este tipo de servicio.

Artículo 26. Si la solicitud que presente la Comisión o Comité rebasara el tope de cincuenta servicios de alimentación, invariablemente el costo del número adicional indicado será cargado al presupuesto anual para gastos operativos que cada uno de ellos tiene asignado.

Artículo 27. Invariablemente, en los menús estándar estará incluido el café para desayunos, comidas o cenas; por lo que la Dirección General de Servicios a Diputados no deberá proporcionar en éstos el servicio de cafetería. Si el evento está previsto para que se prolongue por más de dos horas, deberá aclararse en la solicitud correspondiente previo a la realización del mismo, de manera que, de existir disponibilidad, se otorgue el servicio de cafetería para el mejor desarrollo del evento.

Artículo 28. Cuando el solicitante, por considerar que las características de su evento, requiere de un menú diferente al estándar que le es ofrecido, deberá avalar con su firma la propuesta de menú especial o ejecutivo que se le presentará. En estos casos el costo del mismo siempre será con cargo a su techo presupuestal.

Artículo 29. Si durante la realización del evento se presenta una situación que requiera, a juicio del solicitante, la ampliación de los servicios originalmente solicitados, los servicios adicionales serán cargados a su techo presupuestal. En estos casos el supervisor del servicio que sea designado deberá:

Artículo 30. En el supuesto de que durante la realización del evento asista un menor número de personas de las que se programó inicialmente, y ello motive que sobren servicios, se le consultará al solicitante o a la persona que funja como enlace para que dispongan de los alimentos sobrantes. Es facultad exclusiva del solicitante determinar el destino final de éstos.

Artículo 31. Cuando los servicios de alimentación para eventos sean distintos a los considerados como menús estándar las porciones servidas obedecerán a la siguiente relación:

Todas aquellas solicitudes que excedan los parámetros referidos para este tipo de servicios se cargarán al techo presupuestal del solicitante.

Artículo 32. Para el mejor desarrollo de los trabajos legislativos, los fruteros y jarras con jugo de temporada no serán considerados dentro de los parámetros establecidos y podrán ser solicitados mensualmente hasta para ocho eventos.

Artículo 33. La Dirección General de Servicios a Diputados reportará mensualmente a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, el ejercicio de todos estos gastos, para que ésta, a su vez, lo haga del conocimiento de la Junta de Coordinación Política o, en su caso, del Comité de Administración.

Artículo 34. La Secretaria de Servicios Administrativos y Financieros, a través de la Dirección General de Servicios a Diputados, supervisará la prestación de los servicios de alimentación en los eventos y comprobará que las normas de higiene así como la calidad de la atención se apliquen conforme a lo previsto en los contratos correspondientes.

Artículo 35. La Dirección General de Servicios a Diputados, a través de la Dirección de Eventos, designará a los supervisores de servicios de alimentación encargados de realizar la supervisión sanitaria y de la calidad de los servicios durante el desarrollo del evento.

Artículo 36. La Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, a través de la Dirección General de Servicios a Diputados, integrará con los documentos respectivos el expediente de cada evento, revisando y validando el contenido de dicho soporte documental, para ser remitido posteriormente a la Dirección General de Finanzas para el tramité de pago del gasto correspondiente.

Capítulo Cuarto De los Apoyos Otorgados para Alimentos

Artículo 37. Tendrán derecho a recibir vales para alimentos en días hábiles:

La Junta de Coordinación Política o, en su caso, el Comité de Administración, fijará el monto en dinero para la dotación de vales para alimentos para cada grupo de beneficiarios, en función del trabajo legislativo y la disponibilidad presupuestal.

Artículo 38. Asimismo, al inicio del ejercicio presupuestal, revisará el monto para la dotación que será entregada a cada grupo de beneficiarios, o bien las veces que lo consideren pertinente.

Artículo 39. Los vales para alimentos tienen como finalidad contribuir a facilitar el desarrollo de las tareas legislativas; no son una prestación económica adicional al salario, por lo que los titulares de las áreas administrativas determinarán su otorgamiento en función de las necesidades del servicio y las cargas de trabajo.

Artículo 40. La distribución de vales para alimentación se realizará de acuerdo al criterio de proporcionalidad y distribución que determine la Junta de Coordinación Política o, en su caso, el Comité de Administración en estricto apego al presupuesto autorizado y se efectuará como sigue:

Artículo 41. La comprobación de la distribución mensual de vales de alimentos se hará a través del formato establecido para tal efecto, el cual contendrá el nombre, puesto, cantidad recibida, destino de los vales y firma del empleado beneficiado con la entrega de los vales de alimentos.

En el caso de los órganos de gobierno y grupos parlamentarios, la requisición del formato estará a cargo del responsable de la administración, quien deberá conservarlo en el área para una eventual revisión del órgano interno de control.

En el caso de los legisladores, será suficiente para efectos de comprobación, con la firma de recibido de dichos vales.

Transitorios

Primero. Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Segundo. Se abrogan las Normas para Regular los Servicios de Alimentación en la Cámara de Diputados vigentes a partir del 25 de octubre de 2005, así como cualquier disposición anterior sobre la materia, que se oponga a lo estipulado en los presentes Lineamientos.

Anexo 6 Lineamientos para la Realización de Exposiciones Artísticas y Muestras Artesanales en las Instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro

Capítulo I Disposiciones Generales y Objetivos

Artículo 1. Los presentes lineamientos tienen por objeto regular y dar curso a las solicitudes de exposiciones artísticas y muestras artesanales que se presenten en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en lo relativo a la promoción, planeación, realización y su evaluación.

Artículo 2. Se entenderá por:

Artículo 3. Los presentes lineamientos tienen como principios para la autorización de las exposiciones artísticas y muestras artesanales:

Capítulo II De la Mesa Directiva y la Comisión de Cultura

Artículo 4. La Mesa Directiva en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos velará, a través de la Secretaría General, por la estricta observancia de los presentes lineamientos.

Artículo 5. La Comisión de Cultura será responsable de evaluar en cada caso específico las solicitudes presentadas para las exposiciones artísticas y muestras artesanales, así como para la venta de productos artesanales, la cual dará curso a dichas peticiones para su realización.

Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión de Cultura presentará para su aprobación a la Mesa Directiva el calendario de exposiciones correspondiente.

Artículo 6. Todo lo no previsto en los presentes Lineamientos será resuelto por la Junta de Coordinación Política o, en su caso, por el Comité de Administración, contando con la opinión de la Comisión de Cultura.

Capítulo III De las Solicitudes para las Exposiciones Artísticas y Muestras Artesanales

Artículo 7. La Comisión de Cultura elaborará el formato de solicitud que deberán llenar los solicitantes, con los requisitos e información necesaria para que aquélla proceda a evaluar la realización de la exposición artística.

Artículo 8. Cada promovente deberá cumplir con los siguientes requisitos, ante la Comisión de Cultura, con la finalidad de que ésta proceda al estudio de la solicitud:

Las solicitudes serán atendidas en estricto orden cronológico, según su fecha de recepción, y conforme a la disponibilidad y capacidad de las áreas de apoyo administrativo.

Será la Comisión de Cultura quien posterior al análisis de la solicitud correspondiente, autorizará o declinará la petición, notificando su resolución al promovente.

Artículo 9. Al momento de ingresar como expositor al Palacio Legislativo, el artista quedará registrado en un padrón, el cual será elaborado por la Comisión de Cultura.

Artículo 10. En ningún caso, un promovente podrá proponer más de una exposición artística por año legislativo.

Artículo 11. La Comisión elaborará un formato único por cada una de las exposiciones artísticas autorizadas y lo remitirá a la Secretaría General, a través de la Dirección General de Servicios a Diputados, la cual como instancia administrativa responsable procurará, de acuerdo a la disponibilidad de recursos, la logística de cada una de las exposiciones, así como los apoyos y trámites que se requieran.

Artículo 12. El plazo mínimo para entregar la solicitud es de sesenta días hábiles previos a la fecha propuesta para la realización del evento. La Comisión de Cultura determinará en un plazo máximo de quince días hábiles su autorización o negativa, de manera que las áreas administrativas cuenten con igual número de días para la planeación del evento.

Capítulo IV De la Utilización de las Instalaciones

Artículo 13. Para la exhibición de exposiciones de arte, muestras artesanales y otras expresiones culturales, la Secretaría General, a través de la Dirección General de Servicios a Diputados, podrá disponer de los siguientes lugares:

El expositor deberá necesariamente respetar el área asignada por Dirección General de Servicios a Diputados y las medidas de seguridad y protección civil señaladas por la Dirección General de Resguardo y Seguridad.

Artículo 14. La Secretaría General, a través de la Dirección General de Servicios a Diputados, se encargará de registrar, en orden de prelación de las solicitudes recibidas, las exposiciones autorizadas en las áreas disponibles para su uso y notificará la disponibilidad de los lugares propuestos. Las excepciones sobre el uso de los espacios destinados a la presentación de las exposiciones serán resueltas en términos de lo estipulado en el Capítulo II de los presentes lineamientos.

Artículo 15. La documentación sobre el ingreso de personas, artesanías, equipo, materiales y vehículos a las instalaciones del Palacio Legislativo queda a cargo de la Comisión de Cultura y deberá tramitarse ante las instancias competentes, al menos, con una semana de anticipación a la realización del evento de que trate.

Capítulo V De los Servicios que Otorga la Cámara de Diputados

Artículo 16. Los servicios y apoyos que presta la Cámara de Diputados son totalmente gratuitos y se otorgan en la medida de la disponibilidad de recursos, con el fin de coadyuvar en el fortalecimiento de las tradiciones y el arte del pueblo de México. En caso de gastos adicionales se sujetará a las normas administrativas correspondientes para su autorización.

Cuando el apoyo que brinde la Cámara de Diputados implique alguna erogación de recursos, la Junta de Coordinación Política o, en su caso el Comité de Administración, deberá autorizarlo de acuerdo con sus atribuciones.

Artículo 17. Una vez autorizada la exposición artística por la Comisión de Cultura, se tramitarán ante las instancias correspondientes, con quince días de anticipación a la fecha del evento, los apoyos materiales y de logística para el desarrollo del evento que en su caso proceda otorgarse.

Artículo 18. La pega de carteles alusivos y volantes de difusión del evento de que se trate, se sujetará a las disposiciones en la materia o, en su caso, se hará en los espacios físicos que para tal efecto están determinados dentro de las instalaciones de la Cámara de Diputados.

Artículo 19. En lo referente a los apoyos, la Comisión de Cultura solicitará ante las áreas administrativas que a continuación se mencionan, y de acuerdo a las posibilidades de cada caso, lo siguiente:

Capítulo VI De la Realización

Artículo 20. La duración de los eventos será la siguiente:

Capítulo VII De las Prohibiciones

Artículo 21. No se permitirá la venta de ningún tipo de artículo que no tenga el carácter de artesanal y la autorización específica para ello.

Artículo 22. Queda estrictamente prohibido realizar la exposición fuera del espacio asignado, o desacatar las indicaciones que en materia de seguridad y protección civil se impongan a los expositores y/o a la exposición misma.

Artículo 23. Queda estrictamente prohibida la instalación de bazares comerciales o actividades cuyo fin sea lucrativo, excepción hecha de aquellas que tengan el carácter de muestra artesanal de productos nacionales y cuenten con el permiso correspondiente.

Artículo 24. En caso de que se expendan artículos que no cuenten con el permiso correspondiente, o se infrinja cualquiera de las demás prohibiciones establecidas en este Capítulo, la Secretaría General, con el auxilio de la Dirección General de Resguardo y Seguridad, en coordinación con la Dirección General de Servicios a Diputados, podrá tomar de inmediato las medidas pertinentes, inclusive la cancelación de exposiciones.

Artículos Transitorios

Primero. Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Segundo. Se abrogan los Lineamientos para la Realización de Exposiciones Artísticas y Muestras Artesanales en las Instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro publicados el 1° de junio de 2005 en la Gaceta Parlamentaria, y sus modificaciones y adiciones publicadas el 1° de marzo y 28 de noviembre de 2007, así como cualquier disposición anterior sobre la materia que se oponga a los presentes Lineamientos.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Aprobado. Comuníquese.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, les recuerdo que hoy tenemos programada la recepción del cuerpo diplomático de los diversos países acreditados en México. Las embajadoras y los embajadores se encuentran ya en el lobby principal de este edificio. Quien guste ir a saludarlos pueden hacerlo. Les recuerdo que en unos minutos más estaremos entrando a la elección del contralor general del IFE.

Vamos a dar lectura a diversos oficios antes de ello. Continúe la Secretaría.

CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES - LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes que en la sesión celebrada en esta fecha, se aprobó el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Desarrollo Social, de Equidad y Género, y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se desecha la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales; y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

En consecuencia, para los efectos de lo dispuesto por el inciso d) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente respectivo.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Atención a Grupos Vulnerables.

LEY DE COORDINACION FISCAL - LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha se recibió del senador Ramiro Hernández García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados, iniciativa que se anexa.

«Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción VIII, adiciona una fracción IX al artículo 25; y adiciona los artículos 52, 53, 54 y 55 a la Ley de Coordinación Fiscal; y que modifica la fracción XXIII del artículo 3o., y los artículos 14, 15, 16, 17,19,20, y 23 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Ramiro Hernández García, senador de la república por la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11, 72, incisos h) e i), y 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción 11, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción VIII, adiciona una fracción IX al artículo 25; y adiciona los artículos 52, 53, 54 y 55 de la Ley de Coordinación Fiscal; y que modifica la fracción XXIII del artículo 3o., y los artículos 14, 15, 16, 17, 19, 20 y 23 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con objeto de establecer un fondo de aportaciones para el desarrollo rural, agropecuario y alimentario, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. Retos de la globalización

México ha entrado en una etapa de desarrollo económico, político y social que requiere de reformas profundas para enfrentar los grandes retos y dinámicas que se generan por la integración económica internacional resultante del proceso de globalización, así como por la dinámica de las relaciones comerciales internacionales entre los distintos países del mundo.

Actualmente, China representa una creciente amenaza para distintas empresas que comercializan bienes y servicios en todo el mundo, factor que hemos advertido se reproduce en México, en industrias como el calzado, el vestido, químicos y actualmente esto se refleja en el incremento de los precios internacionales de distintos productos agropecuarios, lo cual deviene en consecuencia al cambio de hábitos de consumo y del poder adquisitivo de esa nación.

Tomando en consideración que nuestro país ha signado 12 acuerdos comerciales con 40 países del mundo, es imposible desconocer el hecho que formamos parte de ese contexto globalizado, en el que las fluctuaciones y condiciones de los mercados, así como el movimiento de bienes y servicios, influyen de manera determinante en el diseño de estrategias de los países para afianzar su crecimiento económico a partir del diseño de políticas públicas estratégicas, en las que asuntos como la calidad, la competitividad y la eficiencia productiva, ocupen un lugar destacado como aspectos que orienten la toma de decisiones política y para proyectar un desarrollo sostenido en el largo plazo.

II. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte

Hace 14 años entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre México, Estados Unidos y Canadá, que establecía fechas límite a efecto de ejecutar los acuerdos de desgravación arancelaria, para cumplir con los compromisos pactados por los países en las negociaciones previas, así como los objetivos declarados del artículo 102 del propio tratado.

El 1 de enero de 2008 entró en vigor, como parte de los acuerdos y compromisos pactados, la desgravación absoluta del capítulo agropecuario que contempla la liberalización del comercio de maíz, frijol, azúcar y leche. Ante esta situación, el 30 del mismo mes, se realizó una multitudinaria marcha de protesta por parte de distintas organizaciones sociales y campesinas para expresar su repudio a la apertura del capítulo agropecuario, argumentando que el campo mexicano se encuentra sumergido en una crisis de graves proporciones.

Al Tratado de Libre Comercio de América del Norte se le atribuyen resultados positivos y negativos. El debate en torno a los resultados está abierto, pero más allá del tratado, lo que México debe poner a discusión es la conveniencia de establecer una nueva política de apoyo agropecuario, rural y alimentario, en la que se organicen las prioridades con proyecciones hacia el largo plazo.

III. El rezago del campo y la pobreza

México padece de un profundo abandono en el campo, así como una falta absoluta de una política de estado que promueva el desarrollo de los sectores agroalimentario y agropecuario, por lo cual el país no sólo ha perdido competitividad internacional, sino que incluso, actualmente padece una creciente dependencia alimentaria, además de enfrentar la amenaza a la propia sustentabilidad de los cultivos de granos ante la demanda de biocombustibles y el agotamiento de los combustibles fósiles, lo cual podría generar en el futuro una crisis alimentaria de graves proporciones.

Por otra parte, la superación de la pobreza constituye una preocupación permanente para los gobiernos del país de los últimos 18 años. Para tal efecto, se han asumido distintas acciones para abatir este flagelo, e incluso, la Secretaría de Desarrollo Social tiene como uno de sus objetos principales el combate a la pobreza, así como la instrumentación de políticas, planes, proyectos y programas orientados a ese propósito.

A pesar de los esfuerzos, el problema de la pobreza se agudiza fundamentalmente entre los sectores rural y campesino, de la manera que actualmente, en el campo radican 30.6 millones de personas, de la cuales 24 millones viven en situación de pobreza y 16.6 se encuentran entre quienes padecen pobreza extrema (INEGI, 2007).

De la misma manera, en situación de pobreza de capacidades se encuentra el 32.7 por ciento de los habitantes del campo, lo cual equivale a 9.3 millones de personas, mientras que en situación de pobreza alimentaria se encuentra el 24.5 por ciento, lo cual equivale a 7.6 millones de habitantes. Bajo estas consideraciones, entendemos que el 60 por ciento de la pobreza de México se encuentra concentrada en el campo.

Es un hecho que los problemas del campo se han agudizado en los últimos 18 años ante el abandono y la falta de atención integral por parte de los gobernantes en turno. Al considerarlo como un sector no prioritario, se pospuso deliberadamente su modernización, por lo que tampoco se aprovechó el periodo de desgravación del TLCAN, ya que durante 14 años, México careció de una política de Estado para el campo y ni siquiera se consideró un programa para modernizarlo y estar en condiciones de competir, no sólo con nuestros socios de América del Norte, sino con todos aquellos países con los cuales hemos signado Tratados de Libre Comercio.

IV. La Coordinación para el desarrollo rural y agropecuario

El principal esfuerzo que se ha realizado a nivel nacional para coordinar e integrar los numerosos programas de apoyo a los sectores agropecuario y rural, se encuentra establecido en el Título Segundo, Capítulos I, II y III de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que entró en vigor el 7 de diciembre del año 2001.

Para tal efecto, el artículo 5 de ese ordenamiento dispone que ``en el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través del gobierno federal y en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados a los siguientes objetivos:

En este sentido, el Título Segundo, relativo a la ``Planeación y Coordinación de la Política para el Desarrollo Rural Sustentable'', señala en el artículo 12 que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional y la conducción de la política del desarrollo rural sustentable, las cuales se ejercerán por conducto de las dependencias y entidades del gobierno federal y mediante los convenios que este celebre con los gobiernos de las entidades federativas, y a través de éstos, con los gobiernos municipales, según lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución.

Asimismo, el artículo 13 del citado ordenamiento establece que la programación sectorial del corto, mediano y largo plazo se efectuará de conformidad con la Ley de Planeación y el Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo a:

En atención a estas disposiciones, la Comisión Intersecretarial prevista en el artículo 21 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, e integrada por 9 secretarías, puso en marcha en 2002 el Programa Especial Concurrente (PEC), cuyo objetivo es integrar las políticas públicas orientadas a la generación y diversificación de empleo y a garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a las poblaciones económica y socialmente débiles.

V. Insuficiencia del Programa Especial Concurrente

A pesar de este importante esfuerzo, los programas y proyectos que se encuentran concentrados en el Programa Especial Concurrente han resultado ineficaces, por lo que sus efectos se han diluido al carecer de objetivos integrales y una planificación adecuada. Por lo mismo, la transferencia de recursos, desde el anterior hasta el actual esquema, simplemente no ha sido funcional, ni fomenta la competitividad, ni genera mejores oportunidades de desarrollo, toda vez que los recursos no llegan a los agricultores o productores, sino que se quedan entre aquellos intermediarios, despachos o asesores que conocen las complejas reglas técnicas para acceder a los recursos financieros.

En razón con lo anterior, los objetivos y aspiraciones contenidos en las fracciones I a IV de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable no se han cumplimentado satisfactoriamente, ni el Programa Especial Concurrente ha resultado ser el mejor instrumento para una adecuada distribución presupuestal, con lo que la dispersión de programas y apoyos destinados al campo se mantiene distribuido en 9 secretarías, situación que en vez de concentrar y ejecutar políticas distributivas consistentes, pierde su efectividad al pulverizarlas, con las consecuencias negativas como la pérdida de competitividad, persistencia de la pobreza en el sector rural y el rezago del 80 por ciento de los productores agropecuarios y su desplazamiento de los mercados nacional e internacional.

Ante la multiplicidad de programas y formas de transferencias, el gobierno federal actual, en vez de optar por establecer medidas racionales, reorganizar los fondos, fideicomisos y otras medidas asistenciales, se ha limitado a establecer cinco acciones:

Si tomamos en consideración que actualmente la Sagarpa opera 12 programas de transferencias de recursos:

Si a esos programas principales se añaden los que operan 16 dependencias aparte de la Sagarpa, con todo y la disminución del PEC actual respecto de 2007, se mantienen en operación 43 subprogramas en el PEC, 79 componentes y persiste la dispersión administrativa a cargo de 17 dependencias.

La estructura actual del PEC revela que los apoyos para el campo están destinados no al fortalecimiento de la producción, comercialización o modernización agropecuario, sino al desarrollo de infraestructura, apoyos sociales, educación y medio ambiente, que no corresponde a la función de la Sagarpa:

Si a ello se añade el papel del Banco de México como fiduciario de:

Todos ellos integrados en el FIRA, con fundamento por lo dispuesto en el artículo décimo transitorio de la Ley del Banco de México, y en cumplimiento de instrucciones recibidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de coordinadora sectorial del Sistema FIRA, mediante oficio de referencia 368.-254 del 17 de mayo de 2000, así como de los acuerdos adoptados por los comités técnicos de los citados fideicomisos.

Podemos concluir en consecuencia que la transferencia de recursos financieros al campo bajo distintos programas y modalidades, en vez de fortalecerlo y servir como vehículo para el desarrollo, es un catálogo impreciso de acciones inconexas, casi imposibles de fiscalizar, con la consecuente pérdida de efectividad.

VI. Problemática del PEC

A pesar del ajuste que sufrió el PEC para el presente ejercicio, permanecen programas que duplican funciones en casi todas las secretarías de Estado, y programas que transfieren recursos desde la Sagarpa. En efecto, esta secretaría debe ser la encargada de dirigirlos y operarios, así como de programar, presupuestar y conducir la política agropecuaria nacional, mientras que también se observa una regulación deficiente de las normas de operación, con lo que los requisitos para acceder al crédito constituyen más bien obstáculos en vez de apoyos al campo y al sector rural de nuestro país.

Ahora bien, para el ejercicio del Presupuesto para 2008, el Programa Especial Concurrente tiene contemplado para ejercer un monto de recursos por 204 mil millones de pesos distribuidos en 7 vertientes y en Presupuesto de Egresos de la Federación se enumeran 100 proyectos o programas, mientras que se argumenta que esta cifra es histórica. No obstante, una mayor canalización de recursos, sin una política de Estado adecuada, no garantiza el éxito de las políticas actuales, cuya nula efectividad ha quedado demostrada.

Como puede apreciarse, la característica que sobresale en la evaluación del desempeño del sector rural, (que incluye los rubros agropecuario y alimentario) es una fuerte problemática asociada a la existencia de un número desproporcionado de programas, que responde a una concepción equivocada de la norma legal, toda vez que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable otorga al Ejecutivo facultades para presupuestar y ejecutar el presupuesto en una forma cuasicentralista, misma que en los hechos, es contraria al espíritu del federalismo hacendario, así como a los preceptos constitucionales y legales previstos en los artículos cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, doce, trece y catorce la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

VII. La Ley de Coordinación Fiscal

La Ley de Coordinación Fiscal fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1978. Según lo expresado en el artículo 1 del mismo ordenamiento ``tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la federación con los de los estados, municipios y distrito federal, establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales, distribuir entre ellos dichas participaciones, fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales, constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento''.

En efecto, la fórmula -- tanto de la coordinación entre la federación, los estados y los municipios, como de la distribución de las participaciones federales-- presupone la renuncia de las entidades federativas a sus potestades tributarias sobre ciertos impuestos y derechos, a cambio de percibir participaciones de un fondo general constituido por ingresos tributarios federales, de manera que en la exposición de motivos de la iniciativa de 1978, se reconoció que el funcionamiento del Fondo General de Participaciones propuesto, establecería un mecanismo para resarcir a las entidades los recursos que dejaron de recaudar por contribuir a la armonización y simplificación fiscal, mediante un componente redistributivo para apoyar a las entidades menos favorecidas'', en virtud de que las entidades más desarrolladas tienen mejores sistemas de captación de recursos tributarios, así como de generación de riqueza.

La polarización de la riqueza y la pobreza entre las entidades de la federación ha fragmentado al país en dos grandes polos: los estados del norte y algunos del centro con un elevado grado de desarrollo y por otra, los estados del sur, tradicionalmente marginados y supeditados a las transferencias federales de los estados ricos.

En gran medida, son los estados del centro-sur los que registran los mayores índices de pobreza, marginación y asentamientos de población rural, así como de las unidades productivas agropecuarias de autosuficiencia, mientras que los estados del norte han ingresado a la carrera de la modernidad, la competitividad y están adaptando sus sistemas productivos a los retos que presupone el libre comercio. En efecto, no sorprende que en estos estados se concentre el 90 por ciento de las agroindustrias exportadoras.

En este orden de ideas, el actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) que tuvo su origen en la Ley de Coordinación Fiscal que entró en vigor del primero de enero de 1980, desde su creación establece el conjunto de disposiciones y órganos que regulan la cooperación entre la federación y las entidades federativas, incluyendo el Distrito Federal, con la finalidad de armonizar el sistema tributario mediante la coordinación y colaboración intergubernamental, al establecer y distribuir las participaciones que correspondan a sus haciendas públicas en los ingresos federales y apoyar al sistema de transferencias mediante los fondos de aportaciones federales. A través de dichos órganos, el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y los gobiernos de las entidades por medio de su órgano hacendario, ha construido un canal adecuado y efectivo para la transferencia de los recursos federales, por lo que la conveniencia de contar con un instrumento distributivo de naturaleza semejante a los ya existentes en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, sería una herramienta fundamental para el desarrollo del sector rural y agropecuario en el futuro.

VIII. El caso de la Unión Europea

El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) es un instrumento único de financiación de la política de desarrollo rural, el cual inició su vigencia el 1 de enero de 2007. La utilización de un único fondo tiene por objeto contribuir a mejorar la competitividad de los sectores agrario y forestal, el medio ambiente y la gestión del espacio rural, así como la calidad de vida y la diversificación de actividades en las zonas rurales. El Feader financiará asimismo estrategias de desarrollo local y medidas de asistencia técnica (proyectos análogos a Leader).

Para tal efecto, el acto se protocolizó en la reforma al Reglamento (CE) número 1698/2005 del Consejo Europeo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

En adición, dicho fondo contribuirá a la realización de los tres objetivos correspondientes a los tres ejes de desarrollo rural definidos a nivel comunitario, es decir:

La intervención del fondo también se orienta a complementar las actuaciones nacionales, regionales y locales, y contribuye al logro de las prioridades comunitarias. La comisión y los Estados miembros, por su parte, deben garantizar la coherencia entre la asistencia procedente de este fondo y de los Estados miembros, con las actuaciones, las políticas y las prioridades de la comisión y con las medidas financiadas con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga).

Necesidad de un fondo para el desarrollo rural, agropecuario y alimentario

Como puede apreciarse en los argumentos de la presente exposición de motivos, se desprende que el sistema de planeación y programación presupuestal para el establecimiento de políticas públicas en el campo mexicano es insuficiente, obsoleto e ineficiente, además de carecer de unidad y coherencia, e incluso, hay una falta de correspondencia entre los fines y objetivos contenidos, tanto en la Ley de Desarrollo Rural

Sustentable, la Ley de Coordinación Fiscal, el Presupuesto de Egresos de la Federación y otros ordenamientos que destinan recursos, apoyos o dirigen programas y políticas de apoyo al campo.

Ahora bien, cuando se analiza la programación del Presupuesto, en el Programa Especial Concurrente resulta evidente que la multiplicidad de programas, proyectos y planes no se ha resuelto, sino que en realidad existe una extensa confusión y multiplicación de esfuerzos que dispersan los apoyos al sector, haciéndolos infructuosos e inefectivos al perderse entre los trámites, las complicadas reglas de operación y los numerosos requisitos que se exigen a los productores para acceder a ellos.

IX. Objeto de la iniciativa

La presente iniciativa tiene por objeto crear un fondo de aportaciones para el desarrollo rural, agropecuario y alimentario, en el cual se integren todas las partidas presupuestales del PEC y todos los recursos federales destinados al campo, con el objeto de ordenar, depurar y racionalizar el presupuesto con base en la formulación de políticas públicas estratégicas orientadas a la recuperación del sector agropecuario, al mismo tiempo que se fortalece el desarrollo rural, dando cumplimiento a la federalización de los recursos y ampliando las facultades de las entidades federativas para decidir sobre el uso de esos recursos, pero además, somete al cumplimiento de metas y objetivos el acceso a dicho fondo, con lo cual se rompe el esquema de la discrecionalidad en el uso de los recursos hacia otros propósitos. Asimismo, los planes, programas y proyectos que harán uso de los recursos depositados en este fondo estarán sometidos a una evaluación y calificación, así como la efectividad de la propia reforma que se propone.

Una vez tomado en consideración que no se han alcanzado los objetivos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable ni de la Ley de Coordinación Fiscal, y ante la gran necesidad de asumir acciones urgentes para la recuperación del campo mexicano y el sector rural, se estima en sumo conveniente presentar ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que modifica la fracción VIII, adiciona una fracción IX al artículo 25; y adiciona los artículos 52, 53, 54 y 55 a la Ley de Coordinación Fiscal; y que modifica la fracción XXIII del artículo 3o., y los artículos 14, 15, 16, 17, 19, 20, y 23 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con el objeto de establecer un Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Rural, Agropecuario y Alimentario

Artículo Primero. Se modifica la fracción VIII y se adiciona una fracción IX al artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 25. Con independencia de lo establecido en los Capítulos I a IV de esta ley, respecto de la participación de los estados, municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales como recursos que la federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, del Distrito Federal y, en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta ley para los fondos siguientes:

Artículo Segundo. Se adiciona un artículo 52, un artículo 53 y un artículo 54 a la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 52. El monto del Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Rural, Agropecuario y Alimentario se constituirá con cargo a recursos federales, mismos que serán determinados anualmente o multianualmente en los casos que proceda, en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, por un monto equivalente sólo para efectos de referencia, al 1.25 por ciento de la recaudación federal participable que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente. Para el entero de estos recursos no transcurrirán más de dos meses contados a partir del primero de enero del año de que se trate.

La distribución total del Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Rural, Agropecuario y Alimentario se realizará cada año o multianualmente según corresponda y en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada entidad federativa, de acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, previa justificación programática y la presentación de proyectos específicos.

Artículo 53. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Rural, Agropecuario y Alimentario reciban los estados de la federación y el Distrito Federal se destinarán exclusivamente al desarrollo rural y productivo a largo plazo; a la superación de la pobreza en el sector rural, así como alcanzar un desarrollo agropecuario y alimentario sostenido que otorgue autosuficiencia alimentaria en el país, tomando como base políticas públicas orientadas a la productividad, la calidad y la competitividad.

Artículo 54. Para acceder al Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Rural Agropecuario y Alimentario, las entidades federativas y el Distrito Federal, de acuerdo con la Sagarpa, deberán presentar exclusivamente programas de política para el desarrollo rural agropecuario y alimentario, así como el tipo de proyectos específicos a que serán destinados los recursos. El monto de las asignaciones estará sujeto a las reglas que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año que corresponda, otorgando prioridad a los proyectos multianuales planificados en el largo plazo.

Artículo 55. Para acceder a los recursos del Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Rural Agropecuario y Alimentario del ejercicio presupuestal del año siguiente, las entidades federativas y el Distrito Federal deben comprobar el cumplimiento de objetivos y metas contemplados en los programas y proyectos del año anterior inmediato; de lo contrario, deberán reintegrar a la federación los recursos no ejercidos.

Artículo Tercero. Se modifica la fracción XXIII del artículo 3 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue:

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

Artículo Cuarto. Se modifican los artículos 14, 15, 16, 17, 19, 20 y 23 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar como sigue:

Artículo 14. La Comisión Intersecretarial, en los términos del artículo 13 de este ordenamiento, considerará las propuestas de las organizaciones que concurren a las actividades del sector y del Consejo Mexicano, a fin de ser consideradas en la programación del Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Rural Agropecuario y Alimentario. Igualmente incorporará los compromisos que conforme a los convenios respectivos asuman los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, estableciendo además las normas y mecanismos de evaluación y seguimiento para su aplicación.

Artículo 15. El Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Rural Agropecuario y Alimentario fomentará acciones en las siguientes materias:

Artículo 16. El Congreso federal y la Secretaría de Hacienda, en el marco de sus atribuciones respectivas, establecerán las previsiones presupuestarias necesarias para la conformación y ejecución del Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Rural Agropecuario y Alimentario, atendiendo las recomendaciones que, en su caso, efectúe la Comisión Intersecretarial con la participación del Consejo Mexicano. Las previsiones presupuestales podrán ser anuales o multianuales y serán etiquetadas en los proyectos de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el año o años que corresponda.

Artículo 17. Se crea el Consejo Mexicano...

La participación del Consejo Mexicano, junto con la Comisión Intersecretarial, consistirá en la emisión de opiniones y la coordinación de actividades de promoción hacia los sectores sociales representados, de los programas y acciones integrados en el Fondo para el Desarrollo Rural, Agropecuario y Alimentario, así como de los sistemas contemplados en la presente ley.

Artículo 19. La conducción de la política de Estado para el desarrollo rural sustentable, agropecuario y alimentario corresponde al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, la cual coordinará las acciones y programas del desarrollo rural, agropecuario y alimentario. La Sagarpa podrá recurrir a la Comisión Intersecretarial para el diseño de las políticas públicas federales que den cumplimiento a los objetivos contenidos en la presente ley.

Artículo 20. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación será la responsable de atender, coordinar y dar el seguimiento correspondiente a los programas sectoriales y especiales que tengan como propósito impulsar el desarrollo rural sustentable, la política agropecuaria y la autosuficiencia alimentaria. Asimismo, será la responsable de promover y coordinar acciones para la concertación de objetivos, programas y proyectos, a través de la Comisión Intersecretarial, con las dependencias y entidades federales competentes en las materias de la presente ley.

Artículo 23. El federalismo...

Las dependencias y entidades de la administración pública federal, para dar curso a sus acciones, deberán coordinarse con las entidades federativas para que con base en los previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, así como a lo estipulado en los planes estatales y municipales de desarrollo respectivos, establezcan los programas y proyectos para acceder al Fondo para el Desarrollo Rural, Agropecuario y Alimentario, otorgando atención prioritaria a las zonas de mayor rezago económico y social, ajustándose a lo que ordena la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás ordenamientos legales vigentes.

Transitorios

Primero. El siguiente decreto entrará en vigor un día después al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán adecuar su legislación aplicable conforme a lo dispuesto en este decreto, a más tardar, en un plazo de 60 días a partir de su entrada en vigor.

Tercero. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomará las medidas conducentes para la extinción del Programa Especial Concurrente, así como el reordenamiento programático y los ajustes de política sectorial para su consolidación en el Fondo para el Desarrollo Rural, Agropecuario y Alimentario.

Cuarto. El Fondo para el Desarrollo Rural, Agropecuario y Alimentario, una vez en funciones, extingue al Programa Especial Concurrente.

Quinto. La reforma que establece el Fondo para el Desarrollo Rural, Agropecuario y Alimentario será sometida a revisión anualmente por las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca de las Cámaras de Diputados y Senadores con el concurso de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, a efecto de calificar su efectividad y, en su caso, implantar las medidas correctivas para su cumplimiento.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Desarrollo Rural.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió del senador Alfonso Elías Serrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

«Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del senador Alfonso Elías Serrano

El suscrito, senador Alfonso Elías Serrano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo previsto por los artículos 55, fracción 11, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El costo de la energía eléctrica resulta un tema extremadamente sensible, esto a causa de las tarifas aplicables tanto para la industria y los consumidores domésticos, como por sus consecuencias sobre el desarrollo regional.

A raíz de la emisión del acuerdo que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para el suministro y venta de energía y reduce el subsidio a las tarifas domésticas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2002, se establecieron los lineamientos para instrumentar una política de incremento en las tarifas eléctricas residenciales que buscaba reducir el subsidio a los estratos de la población de mayores ingresos y que consumen mayor electricidad.

A pesar de las estimaciones formuladas en ese momento por el titular de Hacienda y Crédito Público, en el sentido de que el 75 por ciento de los hogares mantendrían el subsidio eléctrico residencial, un estudio de la Cámara de Diputados aseguró que con la tarifa residencial promedio, únicamente el 25 por ciento de los hogares que demanda el servicio eléctrico mantendría el subsidio, mientras que, con las tarifas residenciales ponderadas, ningún decil de ingreso tendría acceso a dicho subsidio. ¹

A seis años de su emisión, valdría la pena revisar las consecuencias que ha tenido la ejecución del acuerdo antes referido y así saber qué tan precisas fueron las predicciones formuladas.

Por otra parte, en el análisis elaborado por la colegisladora se estableció que la relación que existe entre el nivel de ingreso y el consumo de electricidad de los diferentes estratos de la población no es más que un reflejo de la terrible desigualdad que aqueja a nuestro país.

Así, la población con más bajos ingresos participó con el 11.29 por ciento del gasto total en electricidad, es decir, el 25.29 por ciento de los hogares que demandaron electricidad, en tanto que la población con ingresos altos y muy altos participaron con el 67.49 por ciento del gasto total de electricidad, lo cual equivale al 44.62 por ciento de los hogares que demandaron electricidad.

Aunado a lo anterior, los hogares pertenecientes a los estratos sociales altos asignaron un porcentaje mensual menor de su ingreso para el consumo eléctrico que los hogares con los ingresos más bajos. De esta forma, la asignación entre los estratos más bajos varió entre un 4.71 y un 3.23 por ciento, en tanto que para los altos la variación fue de entre 2.62 y 1.55 por ciento del ingreso. ²

Aún cuando el monto de los recursos gubernamentales asignados al sector eléctrico se incrementó hasta la fecha de emisión del citado estudio, la destinada para el consumo residencial doméstico resultó inequitativa, toda vez que se benefició a los estratos poblacionales con mayores recursos, esto en virtud de que la población más desprotegida captó únicamente el 8.71 por ciento de los subsidios totales, mientras que la población con los ingresos más altos concentraron el 65.79 por ciento, siendo tales desigualdades el principal argumento del gobierno para aplicar en ese momento el aumento a las tarifas eléctricas.

Finalmente, en el estudio en comento se realizó un comparativo internacional entre México y algunos países de América Latina y Europa en materia de tarifas residenciales, resultando de lo anterior que, a pesar de nuestro enorme potencial en materia de generación de energía, nuestras tarifas fueron superiores a las vigentes en naciones como Costa Rica, Guatemala, Chile, Italia y el Reino Unido.

Pero la problemática relacionada con el consumo de energía eléctrica resulta mucho más compleja si tomamos en consideración la situación particular de cada estado de la república. Por ejemplo, en estados como Chiapas, Tabasco o Veracruz, los cuales tienen una probada capacidad de producción, el consumidor no cuenta con tarifas accesibles, llegando a pagar precios más elevados que en la mayoría de las entidades no productoras.

Tal como lo hemos expresado en otra oportunidad en esta misma tribuna, ³ tenemos estados como Sonora que cuentan con un clima sumamente caluroso durante la primavera y el verano, lo cual genera una gran demanda por la energía eléctrica, a pesar de lo elevado de las tarifas, demanda que se justifica por la imperiosa necesidad de contar con sistemas de enfriamiento que permitan desarrollar de mejor manera todas aquellas labores cotidianas como, por ejemplo, las inherentes a los planteles educativos.

En efecto, tenemos en aquella entidad cerca de 800 mil niños, niñas y jóvenes, de los tres niveles educativos, que se ven obligados a soportar en algún momento temperaturas extremas durante su horario escolar, lo cual les acarrea consecuencias negativas no sólo en su aprendizaje, sino también en su salud.

Tal situación ha hecho indispensable la instalación de sistemas de aire acondicionado para refrescar el ambiente en los salones de clases, el ajuste de los calendarios y horarios escolares y, en algunos casos, hasta la suspensión de labores a causa de las altas temperaturas.

Desafortunadamente, las medidas tendientes a mitigar los efectos del calor, así como el consumo de energía eléctrica generado por las 1355 aulas de medios, los 3 mil sistemas Enciclomedia en las escuelas de educación básica, las miles de computadoras y el nuevo equipamiento de las preparatorias y universidades públicas, trajeron consigo un gasto de 150 millones de pesos aplicable al presupuesto educativo del estado del ejercicio fiscal 2006. ⁴

Empero, el principal problema no radica en el consumo en sí mismo, sino el precio sumamente elevado de las tarifas que se aplican a la educación. Así, al 87 por ciento de las escuelas públicas en Sonora se les cobró hasta el año pasado la tarifa número 2, que tuvo un precio promedio de 2.52 pesos el kilovatio por hora, que es de las más elevadas de las tarifas que ofrece la Comisión Federal de Electricidad ( CFE).5

Pero la situación de Sonora no es más que un reflejo de lo que ocurre en otras partes del país, sobre todo ahora que nos enfrentamos a las consecuencias imprevisibles del cambio climático.

Ante un panorama como el antes descrito, en el que la inequidad en el ingreso se ve reflejada en el consumo de energía eléctrica, donde los consumidores de los estados productores no cuentan con tarifas acordes a la capacidad de generación de la entidad y el diseño de las tarifas no obedece a las condiciones de cada región del país, consideramos que debe darse paso a medidas audaces que nos permitan resolver problemas específicos derivados del consumo de energía eléctrica y que inciden directamente en la calidad de vida de los mexicanos, como, por ejemplo, el consumo de energía eléctrica en los planteles escolares.

Atentos a lo anterior, proponemos a través de la presente iniciativa la eliminación del pago del impuesto al valor agregado por la venta de energía eléctrica a los planteles públicos de educación básica, esto a fin de aligerar la carga impositiva que pesa sobre los consumidores finales, es decir, las autoridades educativas federales, estatales y municipales, que es a quienes se les traslada el pago de la contribución referida, la cual, como es de suponerse, debe ser enterada al fisco por los organismos públicos descentralizados Comisión Federal de Electricidad y Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Si bien es cierto sabemos que las condiciones meteorológicas varían de manera importante entre cada región del país, estimamos necesario hacer extensiva esta medida a todo el territorio nacional, toda vez que no sólo el norte de nuestras geografía padece de los efectos del calor extremo, sino también las regiones costeras e, incluso, aquellas que han visto elevar sus temperaturas promedio como consecuencia del calentamiento global, esto ante la falta de adaptación por parte de los alumnos ante situaciones climatológicas que les resultan inéditas.

De igual forma, tampoco se descarta que la presencia de temperaturas extremas durante el invierno obligue en un momento dado a las autoridades educativas a adquirir sistemas de calefacción que les permitan proteger la salud de los alumnos, situación que podría tener un impacto en el consumo de energía tanto en el norte, como en el centro y el occidente del país.

Con lo anterior pretendemos demostrar que el impacto causado por el clima, si bien afecta de modo distinto en cada entidad del país, no por ello deja de repercutir en las erogaciones que todas las autoridades educativas deben realizar a fin de hacerle frente, razón que se estima suficiente para proponer la presente iniciativa.

En tal virtud, y de conformidad con lo antes expuesto, se propone la discusión y en su caso, aprobación del siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se adiciona una fracción XVI al artículo 15 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 15. No se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el primer día del siguiente ejercicio fiscal respecto de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1. Tarifas eléctricas, Impacto en los hogares mexicanos por el incremento de las tarifas eléctricas residenciales. Análisis por deciles de ingresos. Cámara de Diputados. Dirección de Servicios de Bibliotecas. Servicio de Investigación y Análisis. División de Economía y Comercio.2. Ibídem.3. Elías Serrano, Alfonso. Proposición con punto de acuerdo del por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que establezca una tarifa de energía eléctrica especial para las escuelas públicas de los estados de la República Mexicana con altas temperaturas ambientales. Gaceta del 11 de abril de 2007.4. Elías Serrano. Op. Cit.5. Ibídem.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY DE COORDINACION FISCAL - LEY DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS - LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Me permito comunicar a usted que en sesión celebrada en esta fecha se recibió del senador Alfonso Elías Serrano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos segundo y tercero y se adiciona un párrafo cuarto al artículo cuarto del decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del 21 de diciembre de 2007.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados, misma que se anexa.

«Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo cuarto del decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del 21 de diciembre de 2007

El suscrito, senador Alfonso Elías Serrano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 70, 71, fracción 11, 72, inciso h), y 73, fracción XVIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y con fundamento en los artículos 55, fracción 11, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y con fundamento por lo dispuesto en el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la elevada consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos segundo y tercero, y se adiciona un párrafo cuarto al artículo cuarto del decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del 21 de diciembre de 2007, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El impuesto sobre tenencia o uso de vehículos se incluyó por primera vez en la Ley de Ingresos de la Federación para el año 1962, por decreto del entonces presidente de la república, Adolfo López Mateos.

Por lo que a finales del año de 1962, el presidente de la república, Adolfo López Mateos, presentó la iniciativa de Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Automóviles, considerando en su exposición de motivos que la experiencia del año había demostrado la conveniencia de conservar ese impuesto, que al estar ya incluido en la Ley de Ingresos no se trataba de establecer un nuevo gravamen tributario, sino solamente de regular con la debida amplitud las bases indispensables para su cobro.

En 1980 se abrogó la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Automóviles de 1962, votándose una nueva ley que entró en vigor el 1 de enero de 1981, en la cual, además de vehículos automotores, se incluyeron las motocicletas terrestres y acuáticas, veleros embarcaciones, esquíes acuáticos motorizados, tablas de oleaje con motor y aeronaves, incluyendo helicópteros, bajo el argumento de que quien adquiere estos vehículos tiene una capacidad económica superior al común de los ciudadanos, debiendo participar en dicho impuesto a los automóviles.

Compañeras y compañeros legisladores: el pasado 21 de diciembre se publicó en el Diario Oficial el decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que suprime el impuesto sobre tenencia vehicular a partir del 1 de enero de 2012.

En dicho decreto, sin embargo, no se consideraron los efectos de la crisis económica en la de por sí frágil economía de miles de familias mexicanas que han visto disminuir su capacidad de consumo, en virtud de la escalada de precios de principios de año, la falta de empleo y el nivel de endeudamiento en el que se encuentran, que se verá agravada conforme la economía estadounidense frene su crecimiento.

Esta situación nos obliga a retomar nuevamente la abrogación de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos para que, en tanto de deroga el pago del impuesto, éste sea diferido cada año en pagos cuatrimestrales mientras llega el 10 de enero de 2012.

Por lo que si consideramos que de conformidad con el artículo 10 de la referida ley, este impuesto se causa de manera anual, y se establece un periodo de pago que comprende sólo los tres primeros meses del ejercicio, la disposición analizada resulta gravosa para los contribuyentes, toda vez que las autoridades fiscales exigen el pago por adelantado del impuesto anual causado, sin que exista en la propia ley mecanismo alguno que le permita al contribuyente diferir el pago en parcialidades, conforme se vaya devengando el tributo cronológicamente.

Adicionalmente, a excepción de los vehículos nuevos, la referida ley carece de elementos de proporcionalidad y de equidad, con referencia a los meses transcurridos del ejercicio, como por ejemplo en casos en los que la unidad causa baja por pérdida total, sin que el contribuyente pueda recuperar la parte del impuesto pagada, no devengada, situación que también debe ser contemplada en la propia ley, por principio elemental de equidad y proporcionalidad.

No obstante esta ley federal está programada para ser abrogada a finales de 2011, se considera necesario proponer la presente iniciativa de reforma para apoyar la liquidez de las familias mexicanas, justo en estos años, en que se resentirán cada vez más los efectos derivados de la crisis de la economía estadounidense, cuya recuperación se prevé durará un buen tiempo, y aprovechar, asimismo, que se corrijan las inequidades anunciadas anteriormente, ya que los estados habrán de legislar para introducir una ley local similar a más tardar en 2012, y seguramente la actual ley federal servirá de modelo para estos efectos.

Por lo anteriormente expuesto, y en mérito de lo expuesto, me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto, a fin de que sea trasladada a la honorable Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación, en debido cumplimiento a la limitante que la propia Constitución impone, en su inciso H del artículo 72, a la Cámara de Senadores para iniciar leyes referentes a impuestos, el cual es el caso que nos ocupa.

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se reforman los párrafos segundo y cuarto, y se adiciona un párrafo cuarto al artículo cuarto del decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del 21 de diciembre de 2007, para quedar como sigue:

Artículo Cuarto. ...

En la obligación al pago del impuesto establecido en el artículo 1o. de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, el contribuyente podrá optar por pagar este impuesto en forma trimestral, sin recargo alguno, liquidando en cuatro parcialidades, de 25 por ciento cada una, el impuesto anual causado, durante los meses de enero, abril, julio y octubre de cada ejercicio. La falta de pago oportuno de cualquier parcialidad dará lugar al pago de las actualizaciones y recargos que marca el Código Fiscal de la Federación. En caso de que el vehículo por el que se haya cubierto este impuesto de forma anual sea dado de baja del padrón vehicular por causa de pérdida total el propietario podrá solicitar la devolución del impuesto que efectivamente haya pagado, y no haya sido devengado. Si el vehículo se llegare a reincorporar al servicio activo, el propietario deberá cubrir este impuesto a partir de la fecha del nuevo registro.

En caso de que, en términos de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, antes de la fecha señalada en el primer párrafo de este artículo las entidades federativas establezcan impuestos locales sobre tenencia o uso de vehículos respecto de vehículos por los que se deba cubrir el impuesto federal contemplado en la ley que se abroga, se suspenderá el cobro del impuesto federal correspondiente en la entidad federativa de que se trate.

Las obligaciones derivadas de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos que se abroga conforme al artículo anterior de este decreto que hubieran nacido durante su vigencia por la realización de las situaciones jurídicas previstas en dichos ordenamientos deberán ser cumplidas en las formas y plazos establecidos en los mismos y en las demás disposiciones aplicables.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se presenta al pleno de la honorable Cámara de Diputados la propuesta del nombre para ocupar el cargo de contralor general del Instituto Federal Electoral.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Junta de Coordinación Política...

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Permítame la Secretaría. Mientras que la Secretaría da lectura al acuerdo vamos a proceder a repartir las cédulas a todas las diputadas y todos los diputados. Continúe la Secretaría.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se presenta al Pleno de la honorable Cámara de Diputados, la propuesta del nombre para ocupar el cargo de contralor general del Instituto Federal Electoral.

Con fundamento en los artículos 33 y 34, inciso h), así como en el artículo segundo transitorio del decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 21 de abril de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados presenta acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Que el 13 de noviembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo dicho decreto en párrafos quinto y séptimo de la base quinta del artículo 41 de la Constitución, que el titular de la Contraloría General del Instituto Federal Electoral será designado por la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a propuesta de instituciones públicas de educación superior, en la forma y términos que determina la ley.

II. Que el 21 de abril de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo en el inciso h) del numeral uno del artículo 34 que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados le corresponde proponer al pleno la convocatoria para la designación del Consejero Presidente, de los consejeros electorales y del Contralor General del Instituto Federal Electoral, en los términos establecidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la presente ley y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los procedimientos que de ella se deriven, con el consenso de los respectivos grupos parlamentarios.

III. Que el 23 de abril de 2008 se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados la convocatoria para el proceso de selección de candidatos a ocupar el cargo de Contralor General del Instituto Federal Electoral.

IV. Que una vez desahogadas las bases, cumplimentados los términos y procedimientos de la convocatoria, recibidas las propuestas y el dictamen de la Comisión de Función Pública, la Junta de Coordinación Política, a través de los grupos parlamentarios y por el más amplio consenso posible, presenta al pleno la propuesta de Contralor General del Instituto Federal Electoral.

Por lo anterior, se somete a la consideración del pleno el siguiente

Acuerdo

Primero. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados propone al pleno al ciudadano Gregorio Guerrero Pozas, para ocupar el cargo de contralor general del Instituto Federal Electoral.

Segundo. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Se va a proceder a la elección del contralor general del Instituto Federal Electoral, por cédula. Se pide a las diputadas y a los diputados que pasen a depositar su cédula al escuchar su nombre.

Si hay alguien que no cuenta con la cédula, favor de indicarlo. Por favor pasen aquí abajo; aquí, a este extremo izquierdo, y les daremos la cédula a quienes falten. Pido a Apoyo Parlamentario que nos asista, por favor.

El diputado Horacio Emigdio Garza Garza (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : ¿Con qué objeto, diputado Horacio Garza? Sonido a su curul, por favor.

El diputado Horacio Emigdio Garza Garza (desde la curul): Señor Presidente, para presentar una moción suspensiva por vicios en el procedimiento.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Diputado... quiero informar a la asamblea que éste es un punto de acuerdo que se sometió a consideración del pleno. No se registraron oradores previamente.

En este momento estamos ya en el proceso de votación. Vamos a continuar el trámite.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : ¿Falta alguna diputada o algún diputado de nombrarse? ¿Falta alguna diputada o diputado de depositar su cédula?

Se emitieron 427 votos: 367 a favor, 5 por otras propuestas, 49 en contra y 6 abstenciones.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Muchas gracias.

Se declara que ha sido electo el ciudadano Gregorio Guerrero Pozas como contralor general del Instituto Federal Electoral por 367 votos, de conformidad con lo que disponen los artículos 41, base V, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, numeral 1, inciso h), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Comuníquese.

El siguiente punto del orden del día es el de dictámenes de primera lectura...

Diputada Holly Matus, ¿con qué objeto?

COMISION EJECUTIVA DE NEGOCIACION Y CONSTRUCCION DE ACUERDOS

La diputada Holly Matus Toledo (desde la curul): Para solicitarle, por favor, que se respete el orden del día para que puedan pasar los diversos partidos políticos a emitir posicionamiento relativo a la CENCA.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Hay un acuerdo, compañera diputada, en el sentido de que pasemos a dictámenes de primera lectura. Inmediatamente después de ello vendría el posicionamiento de las fracciones en torno al tema de la CENCA. Creo que haríamos esto muy ágil para poder darle salida al otro punto.

Por favor, sonido a la diputada Holly Matus.

La diputada Holly Matus Toledo (desde la curul): Para solicitar, por favor, que se nos diga de quién es el acuerdo.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Se consultó a los coordinadores de los diversos grupos parlamentarios esta posibilidad y ellos han aceptado. Ése es el acuerdo que se tiene. Le informo que se consultó a todos los coordinadores parlamentarios.

Diputado Juan Guerra. Sonido a su curul, por favor

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde la curul): Gracias. Solamente para señalar que tiene razón la diputada Holly Matus. Si se va a modificar el orden del día, en todo caso el pleno lo tiene que votar. Esto debe ser una práctica permanente. El pleno es el que toma la última decisión, porque si nos atenemos a acuerdos solamente de la Junta, podemos clausurar el pleno.

Simplemente solicito que si va a haber un cambio en el orden del día cuando menos el pleno la pueda sancionar y no se dé esto ya por hecho.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Muy bien. Vamos a acceder a esta petición. Vamos a someter a consideración de la asamblea si es que modificamos el orden del día. Consulte la Secretaría a la asamblea si es de modificarse el orden del día para que el posicionamiento de los grupos parlamentarios en torno a la conclusión de los trabajos de la CENCA, en el marco de la reforma del Estado, sea posterior a la lectura de los dictámenes de primera lectura, y de discusión, claro.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si es de aprobarse la modificación del orden del día para que el punto referente a posicionamiento de los partidos, en relación con la CENCA y la reforma del Estado, sea puesto después del punto del orden del día de dictámenes de primera lectura.

Las diputadas y los diputados que estén... Perdón, corrijo, de dictámenes a discusión. En votación económica, se pregunta a las diputadas y los diputados que estén a favor de la modificación, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén en contra.

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Aprobado.

ARTICULO 116 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de dictámenes. En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si en votación económica se les dispensa la lectura. Cada diputado y cada diputada podrán votar según su convencimiento.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Pido la palabra, señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Permítame, diputada, vamos a votar el tema.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Es que quiero argumentar, antes de la votación.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Usted podrá votar en contra, diputada. Adelante, Secretaria.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

«Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma el párrafo quinto de la fracción I del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del inciso b) de la fracción I del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72, 73 y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6, incisos f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 57, 60, 87 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente:

Dictamen

I. Antecedentes del proceso legislativo

1. En fecha 25 de marzo de 2008 se presentó la minuta que contiene proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del inciso b) de la fracción I del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que remite la Cámara de Senadores y es turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados.

II. Materia de la Minuta

La Minuta enviada por el Senado a esta Cámara, en su calidad de revisora, tiene como objetivo establecer un parámetro general para todos los estados de la República Mexicana, en materia de la edad elegible para los gobernadores.

Su finalidad expresa, es que quede establecido en las normas de mayor jerarquía, un requisito fundamental para aquéllos que pretendan dirigir los destinos de una entidad federativa.

Los argumentos que expone la Minuta en cuestión, plantean lo siguiente:

Señalan como uno de los motivos esenciales para modificar el texto constitucional, el hecho de incentivar la participación mayoritaria de los jóvenes en los procesos políticos y de dirección gubernamental:

Por otro lado, la Cámara de origen considera ``apremiante la necesidad de fijar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el requisito mínimo de edad para ocupar el cargo de gobernador'', esto --explican-, en virtud de que daría más unión y cohesión a nuestro sistema federal, brindando al mismo tiempo mayor peso a los liderazgos juveniles, lo cual viene motivado por la composición demográfica del país, cada vez más integrada por jóvenes.

III. Valoración de la Minuta

Esta Cámara, en su calidad de revisora, coincide esencialmente en los términos propuestos en la Minuta por su colegisladora.

Coincide, en virtud de los razonamientos expuestos en el dictamen correspondiente, los cuales tienen fundamento en la relevancia de otorgar más espacios de participación al sector juvenil, en los procesos políticos que interesan a toda la sociedad.

Consideramos que ya no es pertinente que se excluya de las decisiones políticas fundamentales del país a los jóvenes, pues en ellos se encuentra no sólo el futuro de México, sino el presente --por ello, algunos especialistas han llamado a la juventud como ``lo que posee un gran porvenir''--; un presente que se construye por todos los ciudadanos y ciudadanas de una Nación; en tanto, resulta indispensable darles voz y decisión sin ambigüedades.

Esta Soberanía debe pronunciarse en dirección a atacar la apatía que se ha observado en el sector juvenil, respecto a los temas políticos y, una forma de hacerlo, sería enviando un mensaje contundente. Dicho mensaje estaría inscrito en la modificación al texto constitucional, sobre la edad de elegibilidad para ser gobernadores de sus estados. Esta propuesta, de ser aceptada por los representantes populares, motivaría indudablemente una mayor participación política y social de la juventud mexicana, al proporcionarles toda la confianza en sus capacidades de liderazgo y dirección política, respecto a los destinos de un Estado de la Federación mexicana.

Coincidimos con la colegisladora en sus argumentos para establecer una edad apropiada para ser gobernadores de los estados, por la composición demográfica que actualmente tiene nuestro país, que es considerablemente juvenil; por el reconocimiento a la capacidad de los jóvenes para gobernar, en virtud de que una persona de 30 años se encuentra en un momento apropiado de madurez y creatividad que ayudaría notablemente en la conducción de una entidad federativa y, sobre todo, porque esta Representatividad considera insoslayable transitar hacia un camino de mayor participación plural de la sociedad en las decisiones políticas fundamentales de esta Nación.

No obstante esta Cámara revisora está de acuerdo con el contenido propuesto en la Minuta enviada por el Senado, resulta necesario plantear una adecuación de técnica legislativa. La Cámara de Senadores plantea modificar ``el párrafo segundo del inciso b) de la fracción I del artículo 116 constitucional '', sin embargo, no existe como tal un párrafo segundo de la fracción I del artículo 116 (ver el texto del Diario Oficial de la Federación). En todo caso, esta Comisión dictaminadora corrige la instrucción ya que no altera el sentido ni la intención de la cámara revisora para quedar como decreto que reforma el párrafo quinto de la fracción I del artículo 116 constitucional, resultando lo conducente.

Por lo anteriormente expuesto y motivado de acuerdo con la Constitución, La Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMA EL PÁRRAFO QUINTO DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 116, fracción I, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 116. ...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de los estados deberán realizar las adecuaciones que correspondan a sus Constituciones locales, así como a su legislación secundaria en un plazo máximo de treinta días naturales contados a partir del inicio de la vigencia de este decreto.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Queda de primera lectura.

A ver, diputada Mónica Fernández. Desde su curul, diputada. No está aún a discusión el dictamen, le estamos permitiendo desde la curul.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Es una reforma constitucional, compañeros; es una reforma constitucional. Ya estuvo bueno de que estemos saltando la legalidad.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Diputada, no tiene el uso de la tribuna. No tiene usted el uso de la tribuna, diputada.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Pues sí voy a hablar, señor Presidente, porque es el colmo que sigamos en esta Cámara en contra de la legalidad. Yo le quiero pedir que lean el artículo 30 del Reglamento y el artículo 95.

Estamos en una reforma constitucional, no podemos seguir haciendo esto; tiene que haber primera lectura y segunda...

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Diputada, diputada, con todo gusto le podemos escuchar desde su curul. Con todo gusto desde su curul le podemos dar el uso de la palabra. Diputado Javier González.

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Compañero Presidente, le pido... Ésta es una sesión complicada; si usted le quiere dar la palabra desde la curul, no tiene sentido porque ya está ahí. Le pido, por favor, que deje a la compañera intervenir y va a ser más rápido el trámite. Es una sesión complicada. Tratemos todos de ver cómo resolvemos el asunto; no hagamos ese trámite de hacerla bajar para hablar. Le pido que le dé el uso de la tribuna. Gracias.

El diputado Francisco Elizondo Garrido (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Diputado Francisco Elizondo.

El diputado Francisco Elizondo Garrido (desde la curul): Gracias, Presidente. Solicito que pregunte a la asamblea si se dispensa la segunda lectura del dictamen del artículo 116 de la Comisión de Puntos Constitucionales, conforme al artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y se ponga a su discusión de inmediato. Gracias, Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Permítame, diputado, lo haremos en su momento.

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Diputado Javier González.

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Justo para evitar estas cosas, que dé trámite, por favor; y que ella concluya su intervención. Y después vamos resolviéndolos, los demás problemas. Gracias.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Bien. A ver, vamos a conceder, vamos a acceder a esta petición sin que se siente precedente...

La diputada Mónica Fernández Balboa : Gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Vamos a dar la voz a la diputada, después de escuchar al diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): Presidente, yo respeto mucho la posición de la diputada e inclusive hasta podría coincidir con ella, pero definitivamente si nos atenemos al Reglamento, lo que ella debe interponer, después de que se someta a votación, si se dispensa la segunda lectura, es una moción suspensiva. No intervenir en este momento.

Yo le suplicaría que aplique el Reglamento. Y le pido a la diputada que desde la curul presente la moción suspensiva.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Presidente.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Ahora sí, ya habló el diputado Rodríguez Prats.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Diputada Valentina Batres.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Diputado Presidente, no es otro diputado el que interpreta lo que quiere apelar u objetar la diputada Mónica Fernández.

Pero además, quiero comentar, que no es un adorno que exista la primera lectura y la segunda lectura de un proyecto de dictamen, sobre todo cuando estamos hablando de la reforma a la Constitución.

Me parece que el que tiene que argumentar por qué la prisa de poder aprobar esta iniciativa que modifique nuestra Constitución, es de quien lo propone; a manera de que tenga sentido, que no sea un adorno la primera lectura y la segunda lectura; o sea, de que está pidiendo que se exente.

Que se pare a argumentar: ¿cuál es la prisa enorme, cuando el Senado de la República ya clausuró trabajos? ¿Cuál es el objeto de que al cuarto para las cinco o al cinco para las cinco se esté aprobando aquí en la Cámara de Diputados una reforma constitucional?

¿Cuál es el procedimiento que yo le pido, diputado Presidente? Es que nos argumenten, todos los diputados que están pidiendo que se exenten procedimientos, que argumenten la prisa.

El diputado Emilio Gamboa Patrón (desde la curul): Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Muy bien, diputada. Diputado Emilio Gamboa.

El diputado Emilio Gamboa Patrón (desde la curul): Presidente diputado, hoy es el último día de un período ordinario que ha sido complejo y difícil. Hemos hecho, a través de este período, cosas importantes para México, la sociedad mexicana está viendo el comportamiento de la Cámara de los diputados, a ellos nos debemos.

Yo le pido que haga usted una excepción hoy, que deje que la diputada que está en la tribuna haga el uso de ella y tratemos de facilitar el proceso legislativo y acordemos, después que someta usted al pleno, si vamos a ir con ella o no.

Yo le pido para que transite esto, que haga uso de la palabra la diputada que está en la tribuna.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Así es, diputado. Ahora no soy quien impide que la diputada tome la palabra, sino diversos diputados y diversas diputadas. Si me permiten vamos a escuchar a la diputada Mónica Fernández, y si es necesario, posteriormente daremos la participación de ustedes.

La diputada Mónica Fernández Balboa : Gracias, señor Presidente.

Gracias, compañeros diputados. Es muy corta mi intervención. Quisiera pedirle, si tiene a bien el señor Presidente, que alguna Secretaria lea la fracción IV del artículo 30 del Reglamento, y el artículo 95 en su primer párrafo.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : IV. Dictámenes que consulten proyectos de ley o decreto y que deben sufrir una lectura antes del día señalado para su discusión.

De las discusiones. Artículo 95. Llegada la hora de la discusión se leerá la iniciativa, proposición u oficio que la hubiere provocado, y después el dictamen de la comisión a cuyo examen se remitió, y el voto particular si lo hubiere.

Es cuanto, Presidente.

La diputada Mónica Fernández Balboa : Gracias, Presidente.

En este sentido es muy claro. No estamos jugando. Hay tres artículos, tres reformas que están programadas para hoy, que tocan la Constitución. Por favor, no podemos obviar la primera lectura, esto no es un juguete.

Por acuerdos parlamentarios se han dispensando, pero debemos respetar el proceso legislativo, particularmente en las reformas a la Constitución. Así lo acreditan más de 500 reformas que ha sufrido la misma desde 1917, que a la fecha se han aprobado.

Aquí mismo la reforma en materia constitucional, la reforma electoral, fuimos muy pulcros, tratamos de cuidar todas estas cosas del reglamento. Un día se leyó y se presentó el dictamen y hasta el día siguiente fue la discusión y la aprobación.

No podemos seguir jugando y seguir manipulando, no solamente nuestra Carga Magna, sino la voluntad de todos los ciudadanos. Y perdónenme compañeros, pero no podemos estar jugueteando la Constitución a petición de partes.

Por eso yo les pido que recapacitemos, que volvamos a la legalidad y que hagamos, como debe ser, la primera lectura, máxime cuando se trata de cambios constitucionales; y posteriormente la segunda lectura y la aprobación o discusión.

Por estos motivos los conmino a que hagamos lo que dice la legalidad. Ya no podemos seguirnos saltando y haciendo iniciativas y apoyando leyes en fast track, obviando todos los procedimientos.

Por estas razones yo me opongo. Y me opondría a que se votara la dispensa de la primera lectura para todos los dictámenes que están puestos. Es la Constitución.

Y le pido que vuelva a someter a consideración la votación para que no se dispense la primera lectura, al menos de los dictámenes que vienen en cambios constitucionales y que la votación sea nominal. Es cuanto, Presidente. Gracias por su atención.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias a usted, diputada.

Bien, para aclarar a la asamblea, la petición de la diputada es que se leyera el dictamen íntegro. Bueno. Y hay una petición hacia el resto, a los que vienen.

Sin embargo, hubo una votación en la que mayoritariamente se vota porque se omita la lectura. Dado que ya está publicado en la Gaceta Parlamentaria es que se vota mayoritariamente y se propone a la asamblea si se le dispensa la lectura. Se aprobó esta dispensa.

Estaremos, pues, continuando con el trámite, pero hay algunos diputados que están aún solicitando la palabra. Yo voy a pedir que ojalá y podamos ser breves. Diputado Gerardo Villanueva.

El diputado Gerardo Villanueva Albarrán (desde la curul): Muchas gracias, diputado Presidente.

Yo sé que estoy en la curul 500, pero me preocupa que les cueste trabajo ver hasta atrás. Reiteradamente he solicitado el uso de la palabra y ni siquiera voltean a este lado del salón. Hay que ver más a la izquierda y menos a la derecha. Ahí les encargo a mis amigos de la Mesa Directiva.

No se ha distribuido el dictamen. Es un requisito que se publique en la Gaceta Parlamentaria y no se tiene. Ya la semana pasada tuvimos un ejemplo, un triste antecedente, un albazo de albazos, diputado Presidente, que no se puede repetir.

Yo le solicito que no se convierta en cómplice, que no arruinemos a esta Cámara de Diputados y que se convierta en una herramienta, nada más, del Ejecutivo; que no se discuta nada, que no se lea nada, que se aprueban las cosas nada más por consigna y por la obediencia ciega que se le tiene al Ejecutivo federal.

Entonces, más allá de que el debate se centre en quién opina desde la tribuna o desde su curul, aquí el problema es que se están tomando decisiones sobre las rodillas. Esto no es un horno de microondas, diputado Presidente. No se convierta en cómplice de las presiones que tanto el PAN como el PRI han hecho de este Parlamento, una instancia que no lee, que no debate, que no discute, que no dictamina. Y eso ---simplemente se lo digo, diputado Presidente, con todo respeto, y a la Mesa Directiva--- es intolerable.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Compañeras diputadas y compañeros diputados, esta Presidencia el papel que debe cumplir es llevar a cabo en orden los temas que se tienen agendados.

Yo le pediría al diputado que no haga juicios personales. Respete verdaderamente, no solamente a la Presidencia, sino al pleno en su conjunto. Y le pido que revise sus documentos. Estamos obligados a revisar los documentos que se nos entregan.

En el anexo 2 de la Gaceta Parlamentaria se encuentran los dictámenes, y éstos han sido distribuidos, y seguramente que están ahí también, en su curul. Si no fuera el caso y fuera usted el único que no lo tuviera, lo podríamos atender, por supuesto, de inmediato.

Vamos a continuar el trámite. Por último, vamos a darle la palabra a la diputada Mónica Fernández.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Gracias, Presidente.

Para pedirle, ahorita que va a seguir el procedimiento, decirle desde este momento que yo objeto que vayan a dispensar la segunda lectura, y además, en ese sentido, pedirle que si ésa es su intención, que someta a votación nominal la dispensa de la segunda lectura.

La Corte está revisando el procedimiento, todo el procedimiento; está revisando el procedimiento legislativo y tenemos que ser muy cuidadosos con las acciones de esta Cámara. Acaban de aceptar la controversia que propuso Convergencia ante la reforma constitucional, aun cuando aquí se trató de ser pulcros y de cuidarla.

Entonces yo le quiero pedir que por cumplir la legalidad, una vez más, si van a someter a consideración erróneamente, que se dispense la segunda lectura... para empezar, decirle que yo objeto eso y le pido que sea a través de una votación nominal.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Vamos a proceder. Vamos a proceder incluso como lo señala la diputada Mónica Fernández. Vamos a instruir a la Secretaría...

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : A ver, diputada Valentina Batres.

La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama (desde la curul): Le solicité oportunamente ---antes de que abra el tablero--- que el que propuso que se obviara la segunda lectura tiene la obligación de argumentar por qué es necesario obviar la segunda lectura, diputado Presidente. Si no, ¿a razón de qué uno formula conscientemente su voto? ¿Cuál es la premura para reformar la Constitución?

Diputado Presidente, le pido que le solicite la argumentación a quien lo ha solicitado de esta manera.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Compañeras y compañeros, diputadas y diputados, el diputado Francisco Elizondo Garridohizo una petición de obviar la segunda lectura con fundamento en los artículos 59 y 60 de nuestra Ley Orgánica. Estoy obligado a someter a consideración y lo vamos a hacer, tal cual se ha solicitado, por votación nominal.

Se instruye a la Secretaría a abrir el sistema electrónico hasta por 10 minutos, para consultar a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Por instrucciones de la Presidencia, háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior y actívese el sistema electrónico de votación hasta por 10 minutos.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto? Ábrase el micrófono a la curul 220, del diputado Pascual Bellizzia.

El diputado Pascual Bellizzia Rosique (desde la curul): Bellizzia Rosique Pascual, a favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Gracias. Curul 180, diputada Beatriz Manrique.

La diputada Beatriz Manrique Guevara (desde la curul): Beatriz Manrique, a favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Gracias. ¿Falta alguna otra diputada o algún otro diputado de emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 270 votos en pro, 116 en contra y 5 abstenciones. Es mayoría calificada, diputado Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias. Se dispensa la segunda lectura. En consecuencia, está a discusión, en lo general y en lo particular, el artículo único del proyecto de decreto.

No habiendo inscritos diputadas ni diputados para posicionamiento, vamos a pasar a la discusión en lo general y en lo particular. Se han registrado para participar en contra el diputado Juan José Rodríguez Prats , de la fracción parlamentaria del PAN, y en pro los diputados Francisco Elizondo Garrido , de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, y el diputado Adolfo Mota Hernández , del Partido Revolucionario Institucional. Tiene el uso de la tribuna el diputado Juan José Rodríguez Prats , hasta por cinco minutos.

El diputado Juan José Rodríguez Prats : Solicitaría, señor Presidente, si se me conceden 10 minutos. Me parece que es una reforma constitucional y creo que merece un debido debate.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Adelante, diputado y en todo caso el mismo criterio será para todos los oradores.

El diputado Juan José Rodríguez Prats : Con su permiso, señor Presidente.

En primer lugar quiero dar las gracias a mi grupo parlamentario. Quiero manifestar una vez más mi inmensa lealtad y mi gratitud al Partido Acción Nacional, que respetando una tradición de libertad, de siempre darle la oportunidad a un diputado si no está de acuerdo con lo que decida el grupo, por objeción de conciencia venir a exponer mis puntos de vista, por lo cual voy a votar en contra de la modificación del artículo 116.

Lo hago no por las cuestiones de forma a las que aquí se ha aludido, sino porque me parece que la reforma es inconstitucional. Me baso en el artículo 124 de la Carta Magna, que señala las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales; se entiende reservada a los estados.

Evidentemente, los requisitos para ser gobernador de una entidad federativa corresponde determinarlos al Congreso local de esa entidad federativa. Estamos invadiendo el pacto federal. Estamos rompiendo lo que es el auténtico federalismo.

Yo les recuerdo a ustedes que aquí votamos la Ley para la Reforma del Estado, y había temas como el de régimen político y de gobierno; había temas como la reforma al Poder Judicial, reformas electorales, reformas en garantías sociales, y estaba el capítulo de federalismo.

No hicimos nada con relación a descentralizar la vida nacional. Es una asignatura pendiente que traemos desde hace varias décadas, como en su oportunidad lo dijo don Jesús Reyes Heroles, cuando afirmaba que en materia de federalismo era muy pobre lo que se había avanzado desde el surgimiento de la república, en 1824.

Y el argumento cuando se empezó a centralizar el poder en el caso de don Porfirio Díaz... él sostenía que las entidades federativas, que los estados eran menores de edad para precisar las cuestiones que le corresponden en su ámbito de competencia.

Y ése es el único argumento al que se puede aludir en este debate: que los Congresos locales no son lo suficientemente maduros, no son lo suficientemente sensatos para efectos de decidir los requisitos para el titular del Ejecutivo.

Quisiera que reflexionaran, señores diputados, si de repente un Congreso local pusiera los requisitos para ser presidente de la república. ¿Qué le podemos decir cuando nosotros estamos invadiendo su área de competencia? Y si nosotros violando el 124, ponemos requisitos para ser gobernador, preguntaría: ¿y por qué no lo hacemos para el Poder Judicial y por qué no lo hacemos para presidentes municipales? Y entonces ya definitivamente, les sugerimos a los Congresos locales que hagan a un lado sus constituciones locales y que se apeguen a la Constitución federal.

Todavía recuerdo e hice esta referencia, es una gente que aprecio mucho y le reconozco su conocimiento jurídico, al diputado Carlos Armando Biebrich, que el Congreso local modifica los requisitos para que él arribara a la gubernatura, para que fuera elegible a ese cargo.

En las tesis del PAN, siempre hemos sostenido la subsidiariedad y lo recordaba un compañero diputado en la reunión previa, que no haga la entidad mayor lo que debe hacer la entidad menor, que no haga la federación lo que pueden hacer los estados, que no hagan los estados lo que pueden hacer lo municipios, que no hagan los municipios lo que puede hacer la familia y que no haga la familia lo que puede hacer el hombre.

También se recordaba la definición de Manuel J. Clouthier, como una gráfica y una metáfora muy acertada para describir el principio de subsidiariedad: ``que no tan sólo estén firmes los escalones de arriba, sino también que sean sólidos los escalones de abajo''.

Pero hay algo más que me preocupa profundamente: esta reforma a la Constitución tiene dedicatoria y, señores, esto es muy grave, no podemos legislar para el caso, no podemos ceder a una presión de quienes están interesados porque aspiran a esta posición en sus correspondientes entidades federativas.

Atropella al estado de derecho, tiene efectos retroactivos, y con toda certeza nos condenaría a la opinión pública si esto lo aprobamos. Teniendo tantos retos nosotros modificamos la edad para ser gobernador.

El argumento que dice el dictamen, que está en la exposición de motivos, es para darle participación a los jóvenes. Señores, eso no se hace con normas jurídicas. La participación de los jóvenes se hace a través de los partidos políticos, a través de capacitación, a través de preparación y a través de consolidar liderazgos, no bajando requisitos para ocupar un cargo público.

Y todavía, si eso no fuera suficiente, quisiera aludir al dictamen a discusión cuando se dice que debe tener 30 años cumplidos el día de la elección o menos, si así lo establece la Constitución Política de las entidades federativas, porque el argumento que se ha dicho es que algunos señores gobernadores se resisten a cierta gente y yo diría, si no aquí estamos abriendo la puerta para que un ejecutivo modifique la Constitución, a través de esos compañeros de partido, en el Congreso local y pongan 18 años y entonces quieran manipular o quieran continuar su desempeño manipulando a un joven de 18 años.

Algo da la edad. En esto debo hablar a título personal, no tan sólo se trata de estimular la juventud.

Me adelanto al argumento de que ya el artículo 116 tiene alguna limitación a las entidades federativas. Efectivamente, el 116 dice: ``Los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: ...

---Y ahí dice--- Sólo podrá ser gobernador constitucional de un estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección.''

Efectivamente, aquí sí hay una limitación a las constituciones locales, pero es algo muy claro y está abriendo derechos de la gente que tiene residencia, de la gente que ha nacido en una entidad federativa o tiene residencia.

Pero lo más grave de todo... vean el transitorio segundo: ``Las legislaturas de los estados deberán realizar las adecuaciones que correspondan a sus constituciones locales, así como a su legislación secundaria, en un plazo máximo de 30 días naturales, contados a partir del inicio de la vigencia de este decreto''.

No tan sólo aplastamos a los Congresos locales, los obligamos a que en 30 días aprueben la reforma constitucional de acuerdo con el 135, formando parte del Constituyente Permanente, sino también a su ley secundaria. No puedo concebir que cometamos este atropello. Apelo a la conciencia federalista, apelo a nuestro anhelo de descentralizar la vida nacional. Ya no opera el criterio de que solamente la federación y el centro pueden decidir cosas acertadas.

Traigo a colación mi último argumento ---y con esto concluyo---: la moral es una cualidad matemática, es la exactitud aplicada a la valoración ética de las acciones. Si los argumentos jurídicos fueran escasos, apelaría a ustedes a la conciencia moral, a la conciencia ética para depositar su voto en contra.

Agradezco a mi bancada su comprensión y dejo aquí este testimonio de algo que me parece que dañaría nuestra ya deteriorada imagen y violaría nuestro texto fundamental. Muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias, diputado Rodríguez Prats. Tiene el uso de la tribuna el diputado Francisco Elizondo Garrido, del Partido Verde Ecologista de México.

El diputado Francisco Elizondo Garrido : Gracias, Presidente.

Honorable asamblea, el Partido Verde siempre ha sido promotor de las capacidades de los jóvenes. Por ello es necesario construir el marco normativo que permita el acceso de los jóvenes a las fuerzas políticas de este país con la finalidad de que ellos aporten ideas vanguardistas sobre el entorno político, social y democrático que nuestro país necesita.

La juventud es el futuro próximo de México. Por ello se deben construir los espacios necesarios para que ellos puedan guiar a las nuevas generaciones, ya que ellos serán los próximos responsables de diseñar las soluciones a los nuevos retos que enfrentan los jóvenes, especialmente en la velocidad de la innovación del conocimiento y de los problemas sociales, económicos, políticos y culturales que están transformando a las sociedades en el mundo.

El Partido Verde, consciente de ello, considera que las reformas propuestas al artículo 116 constitucional, votadas en el Senado de la República a favor, por unanimidad de los senadores presentes, son congruentes con el entorno internacional. Los jóvenes son los que tienen la capacidad de enfrentar con nuevas fuerzas los retos del mundo contemporáneo.

Un claro ejemplo de ello son los diputados del Partido Verde, quienes han sido promotores de iniciativas trascendentes que buscan el beneficio de la sociedad y de la salud en general.

Esta reforma constituye un avance en la democracia de nuestro país. Con ello se van a desterrar viejos vicios políticos que entorpecen el avance económico y la democracia. Es así que el Partido Verde reconoce que México es un país de jóvenes, porque en los próximos 20 años 80 por ciento de la población será joven y vivirá la etapa más importante de su vida.

No podemos desperdiciar estas décadas de desarrollo, crecimiento y expansión que representa una multitud joven, deseosa de administrar, generar, innovar y eficientar los procesos políticos de nuestro país.

Es así que esta iniciativa demuestra que las ganas y el conocimiento pueden ganar terreno a la experiencia, ya que sólo con fórmulas creativas y novedosas podremos establecer una política pública que transforme la vida de los mexicanos.

Esta nueva propuesta es congruente con la realidad internacional. Un claro ejemplo de ello es el promedio de legisladores jóvenes a nivel internacional. En América Latina el promedio registrado para ser diputados a nivel constitucional es de 21 a 25 años. Hoy el elemento más valioso de un país es su capital humano por ser considerado el motor de las ideas y la clave para alcanzar un crecimiento sostenido.

A nivel internacional las grandes empresas están dirigidas por jóvenes emprendedores que tienen una idea clara de cómo y adónde llegar. Se trata, pues, de captar a los mejores prospectos que puedan ofrecer a nuestro país un gobierno de calidad, que sepa las necesidades de los jóvenes y pueda competir con otros países, sin afectar el compromiso social y moral con la nación mexicana. Muchas gracias, Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias a usted, diputado Elizondo. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Adolfo Mota Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Adolfo Mota Hernández : Hace unos momentos, en la sesión del Grupo Parlamentario del PRI, se dio un amplio debate respecto de la reforma constitucional del artículo 116.

Escuchamos opiniones de compañeras diputadas y de compañeros diputados que se pronunciaron al mismo tiempo por el federalismo, que por juventud, por los espacios, por alentar a los jóvenes a participar en los procesos internos de los partidos, de la edad, del juicio valorativo que puede tener un joven a los 30 años y de la experiencia que éste puede tener para tomar decisiones desde una gubernatura.

En lo personal, en mi estado, que es Veracruz, esta reforma se dio por una iniciativa que yo mismo presenté como diputado local a los 21 años, y se reformó con apoyo de todos los partidos políticos. En aquel entonces el artículo decía que debería tener 35 años cumplidos al día de la elección, para reformarse a 30 años.

Hoy quiero señalar en la tribuna de las diputadas y de los diputados que esta oportunidad es extraordinaria para hablar de la juventud, pero también no desatender el tema que tiene que ver con el federalismo y la decisión que los estados de la república tienen para darse sus propias leyes y sus propias decisiones.

Sin embargo, la gran tendencia, la tendencia en más de 25 estados de la república, es sugerir esta probabilidad, e incluso estados como el de Sonora, que al reconocer la ciudadanía con plena capacidad de goce y de ejercicio no limita la edad y, por ende, estaría dando esa posibilidad desde los 18 años; o Quintana Roo, que la sugiere a los 25.

Como prevé el dictamen, esta ola, esta posibilidad que pueda llegar a la Cámara de Diputados y desde aquí sugerir a las legislaturas locales que pueda hacerse, y que faltan de esta iniciativa, de las medidas conducentes para que jóvenes, mujeres y hombres, puedan acceder a este cargo de altísima responsabilidad.

Hoy queremos pronunciarnos, desde el PRI, por el respeto a los Congresos locales, a los gobiernos de los estados; manifestar que en el seno del grupo parlamentario y en el debate que se dio, también traemos una opinión consensuada, si no mayoritaria, porque hubo compañeros que expresaron sus puntos de vista muy respetables; si en una posición de participación de jóvenes y de darles la oportunidad. Es pues esta iniciativa que viene del Senado de la República y que fue votada por todas las compañeras senadoras y compañeros senadores de la república, a iniciativa del compañero senador de Acción Nacional, que presentó esta iniciativa en el Senado de la República, en el que venimos cuidadosamente a solicitar su voto a favor.

Sabemos de la polémica que puede generar la etapa biológica de un joven y el análisis que de este mismo deberá hacerse respecto de la decisión que deba tomar en la gubernatura de un estado.

Sin duda alguna, la dinámica poblacional, que es similar la del país a muchos estados de la república, nos lleva a pensar que si más de 60 por ciento de la población está entre los 30 años, esta dinámica poblacional pueda llamar a participar y a renovar constitución federal, reforma constitucional y poder invocar la participación de muchos jóvenes a este espacio.

Estamos pues, nosotros, generando o participando nuestra condición de grupo parlamentario, con la intención de convocar la mayoría de la votación para que esta reforma pueda caminar.

Convoco al mismo tiempo, y estoy seguro que así será, a quienes con las vivencias de los años y la experiencia creen en el entreveramiento generacional, como creo yo y creemos mis compañeros y compañeras del Grupo Parlamentario del PRI.

Sin el entreveramiento generacional sería imposible entender y conocer los resultados que esta legislatura ha venido entregando al pueblo de México. Sin el entreveramiento generacional sería como polarizar el debate y negar la posibilidad de que aquellos que con la vivencia y las posibilidades que les ha dado la vida tengan el juicio que estas vivencias les han dado para poder decidir desde una gubernatura, desde un estado.

Pero también, la dinámica, la entera idea de que podamos y que puedan los jóvenes participar y encabezar luchas hacia un espacio de participación política, como puede ser la gubernatura de un estado, nos obliga a defender esta posición y a proponerla al pleno de la Cámara, de los diputados y las diputadas.

Hace un momento escuchaba con mucha atención al diputado Juan José Rodríguez Prats , a quien respeto ampliamente. Yo quiero reconocer que desde muy joven nacimos a la política conociendo su biografía, que ganó un premio nacional, acerca de don Adolfo Ruiz Cortines y que hoy sigo leyendo y releyendo y presumo con dedicatoria, porque es brillantísima y porque contiene una serie de sucesos de la vida nacional que delatan y relatan los tiempos que vivió México en esa etapa. Mis felicitaciones por la biografía.

Y del mismo libro quisiera tomar, para cerrar mi participación, una frase que él mismo cita refiriéndose a don Adolfo y con la cual me parece que puede ilustrar ampliamente lo que nuestro país vive y lo que la reforma puede traer.

Él señala, citando a Gastón Boissier, lo siguiente: ``Tres causas contribuyen ordinariamente a formar las opiniones políticas de un hombre: su nacimiento, sus meditaciones personales y su temperamento ---acota el autor con brillantez---. Si yo no hablara aquí únicamente de convicciones sinceras, añadiría con gusto una cuarta; el interés. Es decir, aquella propensión que nos lleva, a pesar nuestro, a creer que el partido más ventajoso también es el más justo, y a conformar nuestros sentimientos con las posiciones que ocupamos o con aquellas a las que aspiramos''.

Yo soy un joven mexicano como cualquier otro, con aspiraciones como muchos jóvenes políticos, de Acción Nacional, del PRD, de Nueva Alianza, del Verde Ecologista y del PRI, compartiendo con el autor esta cuarta opinión, todos tenemos el interés de crecimiento, de propiciar el aseguramiento de que muchos jóvenes puedan tener acceso a curules y a espacios de gobernar dignamente representados.

Los 30 años, pues, son sólo un espacio de tiempo que no debe coartar la posibilidad de que un joven o una joven se acerque a un partido político y compita en un proceso interno por un cargo tan honroso como es el de gobernar un estado que participa en la orbe nacional y a nivel federal.

Registramos esta participación con el entusiasmo de que podemos llamar la atención de todos y con la sutileza y el cuidado que lo hizo el diputado Rodríguez Prats, al diferir de compañeros propios de su bancada, como en la misma bancada del Revolucionario Institucional, y hasta me atrevo a asegurar que en el PRD se ha dado, podamos votar a favor a traer la mayoría de los votos y finalmente con el juicio, que estoy seguro será positivo, de quienes tengan acceso a más posibilidades de participación política, demostrando, aún sin vivencias políticas fuertes, tener el juicio y la convicción y la educación que la da la familia, de poder tener ese cargo tan honroso de gobernar el estado del que provenimos. Por su atención, muchísimas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias, diputado Mota Hernández. Tiene ahora el uso de la tribuna el diputado Rogelio Carbajal Tejada, del Grupo Parlamentario del PAN.

El diputado Rogelio Carbajal Tejada : Gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Adelante, diputado.

El diputado Rogelio Carbajal Tejada : Voy a hablar en pro de la propuesta, y desde luego me referiré a los comentarios ---con todo respeto--- que ha hecho mi maestro Juan José Rodríguez Prats .

Dice Rodríguez Prats que el dictamen, que la minuta es inconstitucional. Yo refuto esa afirmación.

No es inconstitucional porque la misma Constitución prevé el proceso para reformarse. No invade competencias, porque la propia Constitución establece su proceso para que las legislaturas de los estados acepten si una reforma que ha aprobado esta Cámara de Diputados y, desde luego, el Senado, por mayoría calificada, la refutan como invasoras de sus atribuciones o no. Y será la mayoría de las legislaturas de los estados la que determinen esa supuesta inconstitucionalidad, o la constitucionalidad que afirmo yo de esta reforma.

Somos nosotros, junto con las legislaturas de los estados, las que determinamos en ese elemento federal qué temas, qué disposiciones, qué derechos, qué deberes, se imponen desde la Constitución federal.

Señala el diputado Rodríguez Prats que no se deben interponer limitaciones a los estados en la Constitución federal, pero cuando uno lee la Constitución encuentra, por ejemplo, en los artículos 117 y 118 de la Constitución, una serie de limitaciones y prohibiciones expresas a los estados, acordadas, desde luego, por este Congreso, el Constituyente, y desde luego por la mayoría de las legislaturas de los estados.

Pero el propio artículo 116 establece una serie ya de limitaciones, no sólo para el gobernador, que bien aquí ya se ha dicho, acerca del tiempo que debe tener de residencia o si debe ser nativo o no del estado.

El propio artículo 116 establece un artículo, una disposición muy parecida a la que aquí estamos votando. Dice que parar ser magistrado de un Tribunal Superior de Justicia hay que tener cuando menos 35 años de edad. ¿Por qué? Porque aunque expresamente no lo dice, remite a los mismos requisitos que para ser ministro de la Corte deban tener los magistrados de cualquier Tribunal Superior de Justicia, en cualquier entidad federativa.

Está poniendo ahí el artículo 116 una limitación expresa, desde la Carta Magna, a la actuación, a la voluntad de los propios Congresos estatales, a la hora de designar a sus magistrados. Pero hay muchas más limitaciones que están en la Constitución federal y esta Cámara de Diputados y esta legislatura las ha votado. Por ejemplo, la reforma al artículo 6o. de la Constitución, en donde le impone a los estados ---desde luego también a los municipios--- una serie de elementos y de requisitos de transparencia.

Esta misma Cámara de Diputados votó una serie de lineamientos y de requisitos para que los estados cumplan en materia de fiscalización y de auditoría. Esta misma Cámara de Diputados impuso una serie de limitaciones a los estados de la República en materia electoral cuando votamos la última reforma hace poco más de ocho meses.

Pero la propia Constitución establece también, intrínsecamente, una serie de obligaciones que le imponen a los estados, ahí sí ni siquiera cuando cuenta su voluntad, como en las reformas constitucionales, y me refiero a los tratados internacionales. Cualquier tratado internacional que México signe le obliga no sólo a la federación, sino a los estados, y ahí también se imponen derechos y deberes a las propias entidades federativas.

Me refiero al fondo de la propuesta. La propuesta implica habilitar a más de 8 millones de mexicanos, a 8 millones de ciudadanos mexicanos que hoy están en esa edad o en el rango de esa edad, para poder ser, no gobernadores ---eso lo deciden los ciudadanos con su voto---, para poder ser candidatos, y desde luego que la participación se da a través de los partidos políticos ---y ahí suscribo plenamente lo que dice Rodríguez Prats---, pero precisamente de lo que se trata es de ampliar los derechos políticos de muchos mexicanos para que a través de los partidos políticos puedan ser votados por los ciudadanos.

Me refiero también desde luego ---y con ello quiero concluir--- a que esta reforma se hace eco de un criterio demográfico que para nadie es un secreto en México, y es que el promedio de edad de los mexicanos hoy en día, según el último Conteo de Población en 2005, es de 25 años de edad.

El promedio de edad de los mexicanos es de 25 años de edad y me parece que nosotros tenemos que hacernos eco de una circunstancia demográfica que nos va a acompañar en México durante muchos años.

Termino señalando que ésta no es una ocurrencia de México, que es una tendencia mundial; que todas las reformas que en materia de derechos políticos se están aprobando en el mundo tienden a ser reformas que ensanchen los derechos políticos de los ciudadanos; y yo y los diputados y las diputadas de Acción Nacional, entre un artículo que restrinja derechos para millones de ciudadanos o un artículo que ensanche esos derechos políticos para que millones de mexicanos tengan el derecho de ser votados, preferimos lo segundo.

En una norma siempre habrá que inclinarse por aquella que establece más derechos y no por aquella que los restringe.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias, diputado. Por último tiene el uso de la tribuna el diputado Carlos Alberto Navarro Sugich, de la fracción parlamentaria del PAN.

El diputado Carlos Alberto Navarro Sugich : Con su permiso, señor Presidente. Quiero iniciar mi intervención narrando un par de anécdotas que me ocurrieron o de las que fui testigo en mi estado natal, Sonora.

Cuando se estaba en la dinámica de elegir al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un reconocidísimo abogado, querido por todos, aceptado por todos, se encontró con la limitante de que tenía más de 65 años, que era el tope que le ponía en ese momento la ley a los aspirantes a ocupar el cargo de ombudsman, de manera que por una disposición legal este señor no pudo entrar a competir.

Luego, cuando tuve el honor de ser diputado local, el gobernador de mi estado envió una propuesta para que un funcionario entrara a su gabinete, pero se equivocó el señor gobernador y envió a una persona que no cumplía el requisito de edad, que era de 30 años, cuando esta persona en ese momento tenía 29 y hubo un alud de críticas, una verdadera marejada de opiniones criticando la actitud del gobernador, criticando el nombramiento, pero sobre todo ---y esto es lo más revelador---, criticando la edad de la propuesta.

Ni uno solo de aquellos que elevaron la voz criticaron la incapacidad de la persona propuesta, y ciertamente eso generó ---al menos en un servidor--- la convicción de que algo se tenía que hacer al respecto.

Presentamos una iniciativa en ese entonces, en el Congreso de Sonora, a efecto de que cualquier persona pudiera ocupar cualquier cargo público por designación o por elección, con el solo hecho de haber alcanzado la mayoría de edad y de ahí para adelante. Es decir, se fijó como piso los 18 años y se eliminó el techo.

¿Qué fue lo que intentamos hacer en ese momento y que fue lo que de hecho hicimos, porque fue una constitución de avanzada? Evitar prácticas discriminatorias consignadas en ley y permitir que sea el superior jerárquico o la persona facultada para hacer nombramientos quien efectivamente los hiciera o, en todo caso, que fuera el electorado quien decidera si una persona era o no apta para ocupar un cargo público.

Habiéndoles relatado ese ejemplo, esa experiencia, caigo al asunto que nos trae a esta discusión. Yo estoy convencido ---como lo expresaron quienes me antecedieron en el uso de la voz con excepción del maestro Rodríguez Prats--- que aquí no hay ningún problema de inconstitucionalidad; que estamos ceñidos perfectamente a lo que señala la Constitución General de la República.

Sólo quisiera añadir ---porque el diputado Carbajal lo hizo muy bien--- un argumento más. Suponer que hay un avasallamiento a los estados o suponer que estamos pisoteando la soberanía de los estados es negar un hecho evidente, una ficción que vivimos todos los días en esta Cámara. En esta Cámara están representados los 32 estados de esta república. En esta Cámara tienen voz todos los estados de la república y todos los ciudadanos de la república.

Formamos parte del pacto federal y por tanto, no podemos avasallarlo ni aunque quisiéramos. Esto lo debo decir con toda claridad para que se despeje cualquier duda que pudiésemos tener respecto a las dificultades técnicas que esta minuta pudiera encontrar.

Por lo que toca al fondo del asunto, suponer que algún caso particular generó esta iniciativa o generó la aprobación de la minuta en el Senado es algo que pudiese escapar de mi conocimiento. Reconozco, sin embargo, que presentar iniciativas, aprobar minutas con base en una experiencia particular que haya vivido algún legislador, no es algo nuevo.

Yo estoy seguro que todas y todos ustedes alguna iniciativa han presentado con base en alguna experiencia particular que tuvieron; con base en algo que conocieron de manera empírica. Eso a mí no me asusta. Yo niego rotunda y categóricamente que esta reforma tenga alguna dedicatoria especial a algún ciudadano., porque yo no veo ni en el contenido de la reforma ni en el contenido de los transitorios...

La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Permítame, diputado; permítame un momento.

Diputada Claudia Cruz, ¿con qué objeto? Sonido a la curul de la diputada Claudia Cruz, por favor.

La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago (desde la curul): Gracias. Por su conducto, ¿le puedo hacer una pregunta al diputado que está en el uso de la voz?

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : ¿Acepta una pregunta, diputado Navarro?

El diputado Carlos Alberto Navarro Suguich: Con muchísimo gusto, compañera diputada.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Adelante, diputada.

La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago (desde la curul): Gracias, diputado. Ustedes dicen, y me saltó en este momento, que el diputado Rodríguez Prats dice que hay una dedicatoria sobre la reforma constitucional que hoy estamos discutiendo. Usted hoy dice que no hay. Yo me empecé a dedicar ahorita a preguntar: ¿hay o no dedicatoria a esta reforma?

El diputado Carbajal enuncia que hay 8 millones de mexicanos y mexicanas que pueden hacerse acreedores al beneficio de esta reforma para poder ser gobernadores en nuestro país. También se dice que en ese beneficio estos 8 millones de mexicanos, yo creo que cuando tengan 30 años, uno de los 8 millones pueden ser gobernadores de sus estados.

Argumentan también el asunto de que en los gobiernos estatales se pueden hacer, incluso, reformas para que los candidatos a gobernadores o gobernadoras se puedan hacer desde los estados y que la Constitución no tiene que limitarlos.

La pregunta es cuando dicen que no tienen ningún beneficio personal los ocho millones de mexicanos, esos que ustedes dicen que tienen 30 años ¿pueden acceder hoy, en este momento, en estas condiciones en que está el país a ser gobernadores? Lo pregunto porque pareciera que, en efecto, va a ser un buen beneficio.

En efecto, hay diputados y diputadas que hemos aquí colocado algunas reformas legislativas por experiencias personales, pero es para beneficio de las mayorías.

Mi pregunta entonces es ---cuando ustedes cuestionan otra vez--- ¿tienen o no beneficio, a quién? ¿A un grupo de mexicanas y mexicanos que son la elite de este país? ¿Es para eso la reforma y no para los 8 millones de mexicanos y mexicanas jóvenes, que en su mayoría ni siquiera se encuentran estudiando sino en las calles de la ciudad o de obreros sobreexplotados por las grandes empresas en este país? Gracias.

El diputado Carlos Alberto Navarro Sugich : En primer lugar, compañera diputada, nosotros no estamos cuestionando nada. Nosotros estamos afirmando que la aprobación de esta minuta ciertamente va a poner el suelo parejo para muchos millones de mexicanos. Que el suelo esté parejo para muchos millones de mexicanos en el fondo, en cuanto al acceso que tengan a educación o a partidos políticos, ése es otro tema, eso requiere otras medidas.

Por supuesto que no está el suelo parejo para todos los mexicanos. Por supuesto que hay muchos mexicanos que estamos en ventaja frente a otros. Pero de eso se trata, de ir poniendo cada vez más accesible el acceso al poder para más y más mexicanos. Pero en fin, a mí me parece que ése, con todo respeto, diputada, es un tema que debe tratarse en otro foro, no en otro foro, quizá en otra iniciativa o quizá dentro de otro tema.

Continúo. Yo no veo que esta reforma tenga alguna dedicatoria especial o particular. Yo no veo que se encuentre hipotecado el ámbito de validez espacial, personal o temporal de esta minuta. La apreciación que alguien pueda tener con respecto a las consecuencias que vaya esta aprobación a generar, ya queda a discreción y a la valoración de cada persona.

Por último, difícilmente el Grupo Parlamentario del PAN podría estar en contra de esta iniciativa cuando uno de nuestros fundadores, don Manuel Gómez Morín, tuvo la oportunidad a los 29 años, de ser subsecretario de Hacienda y un par de años más tuvo la oportunidad de ser gobernador del Banco de México.

Ciertamente lo que queremos es facilitar a las personas talentosas de este país el acceso a los cargos públicos, en este caso a gobernador, quizá el día de mañana a algún otro cargo más. Pero que de ninguna manera esto implique algún requisito de edad, que desde mi punto de vista es extremadamente discriminatorio impedirle el acceso a algún cargo público a una persona. Muchas gracias, compañeros diputados...

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Permítame, diputado.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): Pido la palabra.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : ¿Con qué objeto diputado?

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): Si me acepta una pregunta el compañero diputado.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Diputado, ¿acepta una pregunta del diputado Pablo Arreola?

El diputado Carlos Alberto Navarro Sugich : Será un placer, diputado.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega (desde la curul): Desde mi punto de vista legislar en razón al tema de edad, para que ciudadanos puedan acceder a ser gobernadores, gobernadoras, creo que estamos invadiendo la esfera del federalismo. Un principio que es fundamental en el federalismo es dejar que los estados decidan sobre lo que no está legislado en nuestra Constitución.

Yo le pregunto a nuestro compañero diputado que se encuentra en la tribuna, que si algún estado de la república fija como edad mínima 25 o 20, creo que está en libertad para que lo puedan hacer, por las condiciones propias del estado. ¿No cree que poner una edad, como se está manejando en estos momentos, limita las libertades de los estados para que puedan decidir sobre esta cuestión que es propia de los estados? Me gustaría su opinión respecto a este principio que es fundamental en el federalismo.

El diputado Carlos Alberto Navarro Sugich : Con mucho gusto le respondo, señor diputado. Por supuesto que no limita las facultades, ni lesiona, ni agrede, ni riñe. Lo que estamos pretendiendo hacer con las facultades y obligaciones de los estados...

Por principio de cuentas, repito, los estados aquí se encuentran representados. Usted está representando a un estado, no sé a cuál, pero está representando a un estado; está depositada la soberanía de ese estado en el pueblo y usted está representando al pueblo. Es un conjunto de ficciones que aquí se materializan y que tienen que ver con la representación que usted, yo y todos los demás compañeros que aquí estamos sentados, estamos llevando a cabo.

Por otra parte los estados van a participar de esta reforma. Aquí no va a caer el último out. Por supuesto que si se aprueba esta minuta van a tener participación los estados y sólo va a surtir efecto, sólo va a ser obligatoria, sólo vamos a poderla publicar en el Diario Oficial de la Federación si la aprueba la mitad más uno de las legislaturas de los estados.

Es decir, van a volver a participar los estados, por una segunda ocasión. Repito, una primera es lo que estamos haciendo aquí; aquí estamos sentados los estados. La segunda oportunidad que tendrán los estados es cuando se vaya esta minuta a los Congresos estatales para que sean aprobados. Eso por lo que toca, insisto, al argumento de que podríamos estar lesionando la soberanía de los estados.

Pero por lo que toca al fondo, compañero, que eso es muy importante, en verdad aquí no estamos hablando de convertir en gobernadores a menores de 35 años o a menores de 30, ni estamos hablando de convertirlos en diputados. Estamos hablando de permitirles que compitan y que sea el electorado quien decida si vale la pena o no darles el privilegio de ocupar algún cargo público.

En verdad, el asunto de la edad es un asunto sobrevalorado. Hay personas, amigo diputado, hay mayores de edad que constituyen un verdadero riesgo para este país y hasta cargos públicos han ocupado, de manera que yo creo que el asunto de la edad si bien es cierto debe ser impulsado por este Congreso, por este Constituyente Permanente, creo que está sobrevalorado por alguno de los compañeros que aquí me acompañan. Muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias, diputado. No existiendo más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto, en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico hasta por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Está abierto aún el sistema. Repito, si falta alguna diputada o diputado está abierto aún el sistema de votación electrónico. Ciérrese el sistema de votación electrónico.

Ábrase el micrófono a la curul 220, del diputado Pascual Bellizzia.

El diputado Pascual Bellizzia Rosique (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : A la curul 180, diputada Beatriz Manrique.

La diputada Beatriz Manrique Guevara (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : ¿Alguien más? Diputado Ramón Landeros.

El diputado Ramón Landeros González (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : ¿Alguna diputada o algún diputado que falte de emitir su voto? Se emitieron 340 votos en pro, 31 en contra y 19 abstenciones. Es votación calificada, diputado Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Aprobado, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma el párrafo quinto de la fracción I del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa a las legislaturas de los estados para sus efectos constitucionales.

ARTICULO 69 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : El siguiente dictamen de primera lectura, de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

«Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, le fueron turnadas para su estudio y dictamen diversas iniciativas para reformar el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para modificar la obligación del Presidente de la República a rendir un Informe al Congreso de la Unión sobre el estado general que guarda la Administración Pública del País.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6, incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60, 87 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente:

Dictamen

I. Antecedentes del proceso legislativo

1. En sesión ordinaria celebrada el 14 de septiembre de 2006, en la Cámara de Diputados el H. Congreso de la Unión, los diputados Ricardo Cantú Garza , Jaime Cervantes Rivera , Rubén Aguilar Jiménez , Rodolfo Solís Parga , Abundio Peregrino García , María Mercedes Maciel Ortiz , Santiago Gustavo Pedro Cortés , Félix Castellanos Hernández , Pablo Leopoldo Arreola Ortega , Joaquín Humberto Vela González , Anuario Luis Herrera Solís , Rosa Elia Romero Guzmán , Silvano Garay Ulloa , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentaron iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se considera en este dictamen por coincidir en la materia.

2. En sesión ordinaria celebrada el 14 de diciembre de 2006, en la Cámara de Diputados el H. Congreso de la Unión, los diputados Víctor Samuel Palma César , Jesús Ramírez Stabros , Luis Enrique Benítez Ojeda , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se considera en este dictamen por coincidir en la materia.

3. En sesión ordinaria celebrada el 29 de marzo de 2007, en la Cámara de Diputados el H. Congreso de la Unión, el diputado Mario Enrique del Toro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 69 y se adicionan los párrafos segundo y tercero, se adicionan los párrafos cuarto y quinto al artículo 65 y una fracción XX al artículo 89, pasando el texto vigente de la actual a ser la nueva fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se considera en este dictamen por coincidir en la materia.

4. En sesión ordinaria celebrada el 26 de abril de 2007, en la Cámara de Diputados el H. Congreso de la Unión, la diputada Ruth Zavaleta Salgado , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 69 y diversas disposiciones más de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en virtud de la reforma que se plantea al artículo 69 es que se considera dicha iniciativa en este dictamen por coincidir en la materia.

5. En sesión ordinaria celebrada el 30 de mayo de 2007, en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, los diputados Héctor Larios Córdova , Cristián Castaño Contreras y Dora Alicia Martínez Valero y los senadores José González Morfín y Federico Döring Casar, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en cada una de las Cámaras respectivamente, presentaron iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 69 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 67, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se considera en este dictamen por coincidir en la materia.

6. No pasa desapercibido para los integrantes de esta Comisión, que además de las iniciativas anteriormente descritas, existen otros proyectos que comparten el objeto materia de este dictamen, consistente en modificar el formato del informe presidencial, pero cuya dictaminación es compartida con otras comisiones, en virtud de que fueron acompañadas con reformas a la Ley o al Reglamento de este Congreso de la Unión, siendo el caso que el ánimo de este dictamen en este momento sólo es el análisis, estudio, discusión y aprobación de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que las mismas no entran formalmente a su dictaminación pero se advierte que su contenido y alcance fue considerado por los integrantes de esta Comisión, a fin de contar con mayores elementos de juicio e enriquecer la presente reforma, por lo que en el presente documento se da cuenta del contenido de las mismas.

Tal es el caso de la iniciativa presentada en la sesión del 13 de marzo del 2007 por el diputado Manuel Cárdenas Fonseca , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza con Proyecto de Decreto por la que se reforman los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como la iniciativa presentada el 15 de marzo de 2007 del Diputado José Jesús Reyna García , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 69, se deroga el párrafo primero del artículo 93, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

7. En sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales celebrada el día 30 de abril del año 2008, se sometió a consideración de los integrantes de la misma, y fue aprobado por mayoría de los presentes.

II. Valoración de las iniciativas

1. En cuanto a la iniciativa presentada por los diputados Ricardo Cantú Garza , Jaime Cervantes Rivera , Rubén Aguilar Jiménez , Rodolfo Solís Parga , Abundio Peregrino García , María Mercedes Maciel Ortiz , Santiago Gustavo Pedro Cortés , Félix Castellanos Hernández , Pablo Leopoldo Arreola Ortega , Joaquín Humberto Vela González , Anuario Luis Herrera Solís , Rosa Elia Romero Guzmán , Silvano Garay Ulloa del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sus autores señalan que por disposición consignada en el artículo 69 de nuestra norma suprema, el Presidente de la República tiene la obligación de asistir a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias y de rendir ante el Congreso un informe del estado que guarda la administración pública del país.

Expresan que el informe presidencial debe ser un acto de rendición de cuentas que se hace ante el Poder Legislativo, actuando las dos Cámaras del Congreso como asamblea única, y posteriormente, por separado cada Cámara realiza el análisis del informe en los cuatro rubros que se señalan en el artículo 7o., numeral 4, de la Ley Orgánica del Congreso General.

Exponen que independientemente de este análisis, la Cámara de Diputados realiza, a través de la Auditoría Superior de la Federación, la revisión de la Cuenta Pública de cada ejercicio fiscal. Está previsto que la Cámara de Diputados aprueba, en uso de facultades exclusivas, el Presupuesto de Egresos de la Federación, previa solicitud que el Ejecutivo federal hace de las asignaciones presupuestales que requiere para la realización de las actividades de gobierno, y que en la Cuenta Pública se determina la coincidencia o discrepancia entre lo autorizado respecto de lo ejercido y la forma en la cual los recursos públicos son utilizados.

Que este examen es siempre ex post, por lo que resulta necesario encontrar un mecanismo ágil y que permita también un diálogo directo entre el titular del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Legislativo. La iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo que hoy se somete a su consideración tiene el propósito de establecer en la Constitución ese diálogo entre poderes, ya que el mecanismo actual que se establece en la Ley Orgánica del Congreso únicamente limita al envío al Presidente de la República, por parte de cada Cámara del Congreso, de las versiones estenográficas de las sesiones en que se realiza la glosa o comparezcan los secretarios de despacho, solamente para el conocimiento del Presidente de la República.

Manifiestan que el contenido específico de su propuesta es establecer una relación directa, respetuosa y continua entre los titulares de dos de los poderes públicos de la nación que el pueblo elige a través de su sufragio. Asimismo, indican que esta obligación del Ejecutivo de asistir a la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso se estableció por vez primera en el México independiente en el artículo 68 de la Constitución de 1824, que señalaba: ``El Congreso General se reunirá todos los años el día primero de enero'' y ``a ésta asistirá el Presidente de la federación, quien pronunciará un discurso análogo a este acto tan importante; y el que presida el Congreso contestará en términos generales''. Que ésta fue la primera ocasión en que se estableció, independientemente del sistema de división de poderes, la relación respetuosa y coordinada entre los titulares de dos de los poderes públicos del país.

Expresan que el informe presidencial, que debe ser un acto republicano de rendición de cuentas, se convirtió en un acto cortesano, se convirtió en el día del presidente, en el día del informe presidencial, soslayando el hecho de que el Presidente es el que concurre a la sede del Congreso a la apertura del periodo de sesiones ordinarias, a presentar un informe del estado que guarda el país.

Que toda esta ceremonia se convirtió en el día de loas y de quema de incienso a la mítica figura presidencial. Que en el régimen monolítico de partido de Estado nunca se cuestionó al Presidente. No es sino hasta que, como consecuencia de la reforma política de 1977, que se traduce en una integración plural de la Cámara de Diputados en 1979, cuando con el arribo a la Cámara de nuevas fuerzas políticas se da la posibilidad de que la Cámara de Diputados sea más dinámica en sus trabajos, se cuestione más la acción del gobierno, se discuta más en la aprobación del Presupuesto de Egresos, así como en la revisión de la Cuenta Pública.

Señalan que el sistema de división de poderes previsto en la Constitución no es rígido ni inflexible, pues la propia Constitución del país establece casuísticamente los casos en que los poderes Legislativo y Ejecutivo intervienen para la realización de ciertos actos.

Exponen que esta iniciativa tiende a fortalecer el diálogo entre poderes, y que el formato de presentación del informe de gobierno, convertido en un diálogo de sordos, ha quedado totalmente rebasado. Que resulta pertinente mantener el sistema de rendición de cuentas que el Ejecutivo hace a la nación por medio de sus representantes, los legisladores, para dar mayor fluidez a la relación entre dos poderes públicos.

2. Respecto a iniciativa presentada por los diputados Víctor Samuel Palma César , Jesús Ramírez Stabros , Luis Enrique Benítez Ojeda , integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sus autores exponen que el artículo 69 constitucional que específica que el Jefe del Ejecutivo debe presentar un balance administrativo ante las Cámaras de Diputados y Senadores reunidos en el Congreso para la apertura de sus sesiones ordinarias, ha pasado por varias modificaciones, antes de ser lo que actualmente conocemos.

Los autores señalan que las reformas que hasta el momento ha tenido el artículo 69 Constitucional no abordan de manera directa la forma en que el Presidente de la República habrá de presentar su informe, ya que sólo se establece que será por escrito y manifestará en él estado general que guarda la administración pública del país.

Los promoventes hacen una serie de reflexiones en torno a la relación entre poderes, en ese sentido exponen que Montesquieu en su libro ``Del Espíritu de la Leyes'', trazó las coordenadas de un diseño estratégico para evitar la concentración del poder político y garantizar la vigencia de lo que actualmente conocemos como derechos fundamentales. Con el tiempo las ideas de Montesquieu fueron adquiriendo una traducción institucional concreta en los estados constitucionales modernos, de manera que la división de poderes se convirtió en una exigencia mínima e indispensable para la existencia de una Constitución.

Indican que pensadores como John Locke y Montesquieu establecieron la necesidad de separar el poder para que no se concentrara en una sola persona, garantizando de esta manera la libertad y la seguridad de los gobernados. En los Estados democráticos el poder se divide para evitar su concentración. La división tradicional de poderes es: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial.

Exponen que la Constitución establece un poder Ejecutivo fuerte pero no ilimitado. Los poderes Legislativo y Judicial están dotados de ciertos mecanismos para contraponer su fuerza. Que lograr nuevas instituciones jurídicas y políticas para modernizar el sistema de pesos y contrapesos entre los Poderes de la Unión es un imperativo para garantizar la gobernabilidad del país, el ejercicio democrático y una mayor capacidad de respuesta institucional. Este objetivo pasa necesariamente por el acotamiento del ejercicio unipersonal y absoluto del poder, que es, poder definición una amenaza contra la democracia. Don Manuel Orozco y Berra señalaba que la principal característica de un sistema democrático es la dilución pública de los problemas. Aunque exista la mejor buena fe en una sola persona responsabilizada del ejercicio del poder, tenderá de manera natural a interponer sus intereses o el de su círculo, pudiendo cortar de tajo la delicada semilla de la libertad.

Manifiestan que por ello, juristas, filósofos, politólogos e investigadores de los asuntos públicos tanto del país como del extranjero han sugerido que la mejor garantía para la democracia es la existencia de mejores controles en el ejercicio el poder. Que de ello se infiere que el actual esquema de examen de la situación que guarda el país está concebida jurídicamente como un acto protocolario y cortesano, que en la vox populi se ha llamado incluso ``el día del Presidente'', ya que un acto que debiera servir para examinar los asuntos torales del país es empleado para la promoción personal del Poder Ejecutivo.

En tal contexto exponen que transformar este evento en un ejercicio republicano, democrático, enfocado al diálogo y el intercambio entre poderes, que genere un examen objetivo y más útil para la nación es una meta muy relevante para mejorar el funcionamiento de nuestro sistema político y de nuestra democracia.

Asimismo los autores realizan una serie de consideraciones respecto al fortalecimiento del Congreso, y su papel de representatividad y control, para ello indican que la Constitución Política de los Estados Unidos establece como forma de organización política del Estado Mexicano, la de una República representativa, democrática y federal. Que la representación significa que el ciudadano a través del instrumento de elección delega el poder político, por cierto tiempo, a determinadas personas. Es así como el Congreso de la Unión se encuentra integrado por personas elegidas a través del voto de los ciudadanos. Por ello, dichos representantes tienen la gran obligación de conocer los problemas económicos, políticos y sociales de la población y ejerciendo sus facultades, contribuir a resolverlos.

Que el Legislativo tiene la obligación de controlar la acción del gobierno, precisamente porque éste se basa no sólo en la división de poderes, sino también en el equilibrio entre ellos, esto es, en la existencia de un sistema de frenos y contrapesos que impidan el ejercicio ilimitado e irresponsable de las actividades públicas. Por esto, el poder público debe ser un poder limitado, es decir debe estar controlado.

Exponen que respecto al Informe presidencial, tenemos que éste tiene un carácter eminentemente informativo, y puede constituir un acto de control en virtud de que el Poder Legislativo posteriormente analiza el contenido del informe, y como consecuencia puede poner en marcha otros actos, incluso la exigencia de responsabilidad política de algún miembro del gobierno. Además, debido a que el informe es por costumbre oral, las consecuencias de su realización recaen en el electorado, lo cual podrá constituirse en una responsabilidad política difusa como el fortalecimiento de la mayoría o de la oposición, el voto de castigo o el abstencionismo. Así pues, por medio de este acto se ponen en contacto el gobierno, la institución representativa y la ciudadanía.

Que las anteriores reflexiones llevan a afirmar que no puede haber un sistema efectivo de pesos y contrapesos sin modificar el mecanismo previsto en la Constitución para examinar la situación política y administrativa del país, mediante nuevas reglas para su análisis. Que es importante enfatizar que este objetivo puede materializarse sin vulnerar la división de poderes, el respeto y la colaboración entre instituciones emanadas de la voluntad popular, lo cual está contenido en el espíritu de este proyecto de reforma constitucional.

3. En cuanto a la iniciativa del diputado Mario Enrique del Toro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la exposición de motivos señala que una de las fortalezas del Estado mexicano, se encuentra en la capacidad de responder a las necesidades de transformación de sus instituciones, lo que ha permitido dar cauce a los nuevos requerimientos y exigencias de la diversidad que conforma la nación mexicana.

Indica el diputado promoverte que el concepto de poder público ha evolucionado, y con ello también sus instituciones y estructuras económicas y sociales, lo que nos ha permitido avanzar en el desarrollo de una sociedad más democrática y libre, así como establecer las bases para la construcción de un futuro en un clima de paz en el que se tome en cuenta la participación de todos.

El citado autor expone que la correlación de fuerzas existentes en el Congreso de la Unión hace cada vez más frecuente la ausencia de grupos parlamentarios con mayoría. Por ello, la actual conformación del Congreso de la Unión genera que las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo cambien para adaptarse a las nuevas formas de representación política. Que estas relaciones se tornan cada vez más complejas, situación que resta confianza y credibilidad a la figura presidencial, cada vez más sometida a mayorías opositoras mucho más heterogéneas.

Indica que estas condiciones han generado que en los últimos años el Informe Presidencial haya pasado de ser una ceremonia solemne, en la que el presidente de la República rinde cuentas ante el Congreso de la Unión sobre el estado que guarda la administración del país, a ser un espectáculo en el que el interés por manifestar las posturas políticas de los miembros del Congreso, exceda los límites del respeto y la civilidad que debe privar entre los Poderes de la Unión, llevando a la política a representar un triste espectáculo público dramatizado.

Expone el autor aludido que lo anterior hace necesario tomar medidas para sentar las bases hacia una reforma del Estado. Las condiciones políticas, no obstante, se presentan muy complicadas, lo que exige una decidida voluntad política por parte de todos los actores involucrados, a fin de implantar acciones que hagan más equitativa esta relación entre poderes, que necesariamente implicará el fortalecimiento del Poder Legislativo.

Señala que el equilibrio entre los poderes es una condición fundamental para la consolidación de la democracia y el respeto al estado de derecho. Con la ayuda del balance entre poderes, se puede aspirar a un gobierno responsable, que atienda las demandas sociales en un clima de respeto a la ley y la civilidad. Que debemos partir de un hecho que es irreversible: la democracia se ha vuelto un modelo social prevaleciente. De acuerdo con Freedom House, en 1950 sólo se eligieron por la vía del sufragio el 30 por ciento de los gobiernos nacionales en el mundo. En el 2000, el porcentaje correspondió al 63 por ciento.

Expone el autor de la iniciativa que la relación entre poderes, por otra parte, es sumamente perfectible. No existen canales institucionales para empatar la agenda de gobierno y la del Congreso. No hay requisitos claros para facilitar el procesamiento de las iniciativas de reforma constitucional y secundaria, que involucre de manera productiva a los promoventes, los ejecutores y los destinatarios.

Indica que es necesario salir del menosprecio hacia la política, para replantear la politización de la sociedad, reencontrarla y poder así reinventar y reformar la política. En concordancia con el espíritu planteado por los grandes pensadores republicanos. Que ese es precisamente el objetivo de fondo de esta Iniciativa. Hacer posible transitar a una nueva era en donde la esencia de la vida democrática es el debate, la confrontación de ideas y la puesta en escena pública de las acciones gubernamentales. Ello no es posible con el formato obsoleto de una vez al año en donde el Congreso examina, a medias, la gestión gubernamental. Que la tarea de gobernar es de todos los días y, como afirmaba Tocqueville, también se requiere debatir permanentemente.

Estima el autor que el formato en el que actualmente se lleva a cabo el Informe Presidencial, no sólo expresa una incompatibilidad entre el nuevo régimen plural que se vive en la esfera parlamentaria, sino la persistencia de viejos rituales políticos con simbolismo y protocolo altamente funcional para una relación de poderes basada en la hegemonía y verticalidad de la investidura presidencial.

Expone que la diversidad y complejidad de los asuntos que demandan atención en el país, requieren de estabilidad, fluidez, permanencia y colaboración estrecha y responsable entre quienes toman las decisiones; y en este nuevo esquema de colaboración se hace inoperante la actual forma en la que se desarrolla el Informe Presidencial.

Que es necesario proporcionarle al Poder Legislativo una mayor capacidad fiscalizadora de las decisiones y acciones tomadas por el Ejecutivo. Es necesario crear un contrapeso a favor del Legislativo, que induzca al Poder Ejecutivo a la estricta observancia de sus facultades, y que tenga también capacidad de revalidación de las acciones de gobierno, favoreciendo con esto la rendición de cuentas de una manera cotidiana, a efecto de impulsar una relación entre poderes más frecuente y permanente.

El autor citado manifiesta que los retos que implica una nación moderna, democrática y participativa, sólo se lograrán con pleno respeto entre los poderes, fortaleciendo al Poder Legislativo para que sus actividades tengan reconocimiento de la sociedad; y con transparencia en las acciones que permitan a los gobernados evaluar y corregir, apoyar e influir en el progreso del país.

4. Respecto a la iniciativa de la diputada Ruth Zavaleta Salgado , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la misma se señala que el reclamo ciudadano actual para la reelaboración y actualización de los equilibrios de los poderes republicanos es contundente y parte del análisis riguroso de nuestra historia. Que los mexicanos sabemos que los momentos de equilibrio y división cabal entre los poderes de la República han sido más bien excepcionales en nuestro pasado colectivo.

Expone la autora de la iniciativa que el régimen político emanado de la Revolución Mexicana contribuyó de manera sustancial a recrudecer el esquema centralista del poder, e hizo de la Presidencia de la República el eje articulador del entramado social e institucional del país. Que el titular del Poder Ejecutivo no sólo predominaba sobre los otros dos poderes, sino que en los hechos los sustituyó. Indica, también que el presidente no sólo fungía como el titular del Poder Ejecutivo sino que encarnaba de facto al Estado mismo; las esferas del Estado y el gobierno eran francamente indistinguibles.

Expone la diputada promoverte que uno de los capítulos sustanciales de la agenda política es justamente el del equilibrio de los poderes públicos, que en un principio, sugiere el fortalecimiento del Poder Legislativo, confiriéndole rasgos parlamentarios al sistema político, ya que se trata, efectivamente, de dotar al Poder Legislativo de mecanismos que aumenten su capacidad planificadora, fiscalizadora y ratificadora sobre acciones y decisiones del Poder Ejecutivo, para que finalmente, rinda cuentas de sus actos a las cámaras legislativas de manera más cotidiana.

Por ello, entre los temas que la autora de la iniciativa plantea esta el de la práctica del informe presidencial, por lo que señala que habría que superarla dejándola atrás como parte de nuestra historia, junto con todo el fasto de esa ceremonia inspirada en las monarquías que al menos en América Latina, son cosa del pasado. De tal suerte que en la apertura del primer periodo ordinario, el presidente de la República, simplemente se concrete a mandar por escrito a esta soberanía el informe del estado que guarda la administración pública federal. Con esta práctica afirmamos la austeridad y mesura propias de una república como debe ser la nuestra y nos evitamos de esta ceremonia que exalta a una figura, a un poder sobre otro poder republicano y lesiona los derechos básicos de los ciudadanos que viven y desarrollan sus actividades en los alrededores de este Palacio Legislativo de San Lázaro, por los exagerados operativos de seguridad pública y con todo ello se contribuya a exacerbar los ánimos de esta representación nacional.

5. En lo que hace a la iniciativa presentada por los diputados Héctor Larios Córdova , Cristián Castaño Contreras y Dora Alicia Martínez Valero y senadores José González Morfín y Federico Döring Casar, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en cada una de las Cámaras respectivamente, se expone que en la conformación de una sociedad democrática se ha hecho indispensable, para el buen funcionamiento de un Estado, que el poder sea limitado, controlado, por lo que en este sentido, dentro de dicha preocupación, se ha afirmado que mediante la distribución de competencias entre los órganos del Estado o la restricción del ámbito de acción de los gobernantes o detentadores del poder público, resulta ser un límite a la posibilidad de abusar de éste.

Los autores de la iniciativa señalan que es así que la delimitación en ámbitos de actuación por parte de los titulares del poder político, como se da una forma de controlar el ejercicio del poder, ya que la separación relativa de funciones a partir del otorgamiento prioritario de ellas a distintos órganos, trae consigo un equilibrio en el ejercicio del poder, y la cooperación, es decir, la interdependencia o realización conjunta de acciones, constituyen un sistema de control del poder mismo. Que con esta premisa se logra una ventaja esencial, consistente en eliminar el peligro de que un órgano ignore cuál es el campo preciso de sus atribuciones y lo desborde. Desbordamiento, que como lo ha demostrado la historia se da en detrimento de las libertades humanas. Que la concepción a favor de la moderación en el ejercicio del poder público, fue precisamente lo que dio vida a lo que hoy conocemos como la ``teoría de los frenos y contrapesos'' o ``teoría de la división de poderes''.

Indican los promoventes de la iniciativa que la función de control del poder, tiene como propósito fundamental equilibrar el ejercicio del poder para garantizar la vigencia de la Constitución Política, asegurar el respeto de los derechos humanos y hacer posible la vigencia plena de la democracia. En este contexto, señalan los autores del proyecto legislativo que el poder Legislativo es la pieza central del sistema de la división de poderes y de la democracia representativa.

Exponen los autores citados que la expresión plural, la confronta cívica y la competencia regulada de las ideas, tienen cabida en el Congreso como en ningún otro lado, es aquí por excelencia la arena institucional de la discusión de los asuntos públicos. Y sea vigente la frase de don Manuel Herrera y Lasso en el sentido de que los Congresos sean asambleas de libre discusión en las que se tratan los asuntos públicos en voz alta y a la luz pública, para generar bienes públicos.

Manifiestan que la consolidación del Poder Legislativo en nuestro sistema político, es condición necesaria para la consolidación de la democracia. Para que sea lo que afirmará Ortega y Gasset ``la cima de las instituciones democráticas''. Por lo que el mejoramiento del Poder Legislativo conlleva necesariamente a refrendar el equilibrio o la racionalidad en el ejercicio del poder público, dentro de nuestro régimen político presidencial. Es así que el control político o control legislativo, su esencia dentro de una democracia es la inspección, vigilancia, fiscalización, revisión, comprobación, denuncia, escrutinio y discusión pública de los asuntos públicos.

Los autores expresan la necesidad de contar con un marco adecuado que permita a cada uno de los órganos del Estado cumplir correctamente con sus funciones, logrando una coordinación eficaz y transparente entre sí. Indican que lo importante o lo que interesa es un régimen donde las reglas de la acción política garanticen un nuevo equilibrio, o si se quiere llamar reequilibrio en la racionalización del poder, mismo que asegure los pesos y los contrapesos en su ejercicio, sin que ello sea interpretado como una confrontación entre los poderes públicos.

Se manifiesta que es indispensable buscar una permanente y constante colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo, mediante el diálogo y un punto de encuentro en las soluciones de los asuntos nacionales. Que es una exigencia, detonar los mecanismos constitucionales y legales que incentiven el diálogo y la negociación entre los poderes públicos, particularmente entre el Ejecutivo y el Legislativo. Que se deben establecer figuras o métodos que fortalezcan el intercambio, la colaboración y la ayuda mutua entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que a su vez abonen al fortalecimiento del principio de separación de poderes, y con ello a la consolidación del orden constitucional y de la democracia.

Los autores de la iniciativa manifiestan que un acto de información y rendición de cuentas, pero también ideado como un mecanismo de control legislativo, que se ha constituido en los regímenes presidenciales, es el relativo a la obligación del presidente de la República de presentar ante el Congreso o Poder Legislativo, un Informe de Gobierno.

Manifiestan, que sin embargo, el actual formato del informe presidencial, no responde a un auténtico mecanismo de diálogo institucional, ni mucho menos de control político. Que el marco vigente del formato no es más que una reminiscencia del presidencialismo mexicano que respondía no a la idea de una comunicación o diálogo armónico, vigoroso y respetuoso de dos poderes, sino al diseño de un escenario donde el gran tlatoani no era cuestionado sino incluso alabado y convertido en el centro de felicitaciones y elogios, no se trataba de un escrutinio y evaluación por la soberanía popular, sino de la gran fiesta presidencial.

Exponen que el marco jurídico vigente respecto al formato del informe presidencial, nació en una época en la que existía una identidad o compactación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que derivaba en cuanto a que la mayoría absoluta del Congreso pertenecía al mismo partido que la del presidente de la República, circunstancia que como se sabe provoco que el Congreso renunciara a su facultad de control, y fuera sólo mero ratificador de las acciones del Ejecutivo.

Que esta subordinación eclipso o anulo el sistema político equilibrado y con pesos y contrapesos recíprocos, al destronar al Legislativo de su función de control e incluso, ante la permisión de una ilegítima usurpación o penetración por el Ejecutivo de funciones que correspondían al Congreso o a otros poderes.

Argumentan los diputados autores, que bajo este contexto político, el informe presidencial se diera en ``un ambiente de fiesta, con vallas en las calles por donde va a pasar para dirigirse al edificio del Congreso, lea en éste un largo informe que tarda varias horas. Y que es interrumpido en muchas ocasiones por aplausos. Cuando el presidente de la república termina, el Presidente de la Cámara de Diputados le contesta, y ya sabemos que esa respuesta estará llena de elogios. Todo México puede actualmente ver y escuchar esta ceremonia, dado que se transmite por todos los canales de televisión y de radio''.

Señalan que los tiempos del presidencialismo exacerbado, el acto del informe presidencial no fue un acto de rendición de cuentas del Ejecutivo ante el pueblo, representado en el Legislativo, sino la ceremonia de la pleitesía, del besamanos, del aplauso encendido, del elogio apasionado y cortesano a la figura del presidente de la república. Se trataba de un ritual, en donde el Congreso quedaba subordinado ante la energía vital del Ejecutivo federal.

Exponen los autores del proyecto de reforma que la nueva realidad política de gobiernos divididos, donde ningún partido político detenta la mayoría legislativa, nos sitúa ante nuevas realidades y nuevos retos. Por lo tanto, resulta conveniente y oportuno impulsar una reforma para modificar el formato del informe presidencial ya que si bien en la actualidad resulta un medio ``acartonado'' o ``rígido'' que no permite un auténtico acto republicano y el reflejo de una mejor relación entre el Congreso y el Ejecutivo, ello no obsta para no considerar tal instrumento jurídico como un acto que ``potencialmente'' puede constituir un mecanismo eficaz de control legislativo y en consecuencia, de control político. Pero para ello será necesario innovar el formato actual, transformarlo de tal manera que constituya una verdadera comunicación entre el Ejecutivo y la representación popular en la que el titular del Ejecutivo realmente rinda cuentas de su actuar.

Asimismo señalan, que el informe presidencial no debe ser, como fue en el pasado, el día del presidente o el monólogo presidencial, ni la algarabía, ni el aplauso, ni la contestación cortesana legislativa en torno a la figura del titular del Ejecutivo; no debe ser más un acto informativo y de lectura unipersonal. Indican, que debe ser un foro de diálogo plural, de intercambio de opiniones entre el Ejecutivo y el Legislativo; ser un medio que propicie una completa interlocución; que genere plática y diálogo serio, tolerante y respetuoso entre el Congreso y el jefe del Ejecutivo; debe ser un instrumento republicano que permita confrontar posiciones, visiones, ideas y proyectos respecto de la política nacional.

Afirman los diputados citados, que el informe presidencial debe ser un auténtico mecanismo de control político, un espacio de evaluación del desempeño tanto de la sociedad como del Ejecutivo y el Legislativo que permita racionalizar el poder y logre un equilibrio y balance del poder político, mediante la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo a la soberanía: el pueblo; y donde el Congreso sea el espacio público donde haya de rendirse, dada su representatividad popular.

III. Consideraciones de la Comisión

Para esta Comisión, la función de control del poder, tiene como propósito fundamental equilibrar su ejercicio para garantizar la vigencia de la Constitución Política, asegurar el respeto de los derechos humanos y hacer posible la vigencia plena de la democracia.

En este contexto los integrantes de la Comisión, coincidimos en que el poder Legislativo es la pieza central del sistema de la división de poderes y de la democracia representativa. Que la representación social que ejerce el Poder Legislativo en las esferas del poder es uno de los postulados característicos de todo régimen democrático.

Que en efecto el Poder Legislativo, es pieza fundamental para un equilibrado ejercicio del poder político, para que éste se lleve a cabo de acuerdo con el marco legal y con estricto apego a las normas éticas, de racionalidad, de oportunidad, prudencia, corrección y eficiencia que deben imperar en la gestión de los negocios públicos.

El informe presidencial tiene como fin que el Congreso compruebe, inspeccione, verifique, examine y valore la actividad del Ejecutivo, situación que se presenta en las sesiones subsecuentes, es decir, dicha actividad es un mecanismo de control parlamentario. En este sentido, la relevancia del informe se encuentra en la información que en este se proporciona al Congreso el cual, además, cuenta con la potestad conferida por el artículo 93 constitucional, y regulada en el artículo 45 numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 53, 128 al 131 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que le faculta a citar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República, así como a los directores y administradores de las empresas de participación estatal mayoritaria con el objeto de llegar a una clara comprensión de lo que se le presenta.

Para esta Comisión la consolidación democrática exige necesariamente poderes públicos fuertes, ello implica el mejoramiento de las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, que permita un buen desempeño institucional, que se traduce en configurar un sistema de relaciones adecuado, un sistema de equilibrios y contrapesos bien diseñado, en la que exista correspondencia en las facultades y las responsabilidades de dichos poderes, de suerte que se garanticen relaciones de cooperación, colaboración y construcción de bienes y servicios públicos.

Por ello esta Comisión coincide que el actual formato del informe presidencial, no responde a un auténtico mecanismo de diálogo institucional, ni mucho menos de control político. Que el marco vigente del formato no es más que una reminiscencia del presidencialismo mexicano. Asimismo, comparten con varios de los argumentos esgrimidos en las iniciativas materia de dictamen, en que el informe presidencial no debe ser la ceremonia de la pleitesía, del besamanos, del aplauso encendido, del elogio apasionado y cortesano a la figura del presidente de la República, no debe ser un diálogo de sordos; ni un ritual que se convierta en el día del presidente.

En los últimos años, en razón de la pluralidad existente dentro del Congreso, y con ello de las diferentes ideologías manifiestas de los grupos que lo componen, se ha considerado controvertida la presentación del informe presidencial sobre todo desde la época del Presidente Miguel de la Madrid. Así, los distintos momentos políticos han marcado el desarrollo del ceremonial llevando en ocasiones a situaciones de irrupción que han impedido el adecuado desarrollo de un suceso que por costumbre y no así por obligación se venía presentando (fue el Presidente Guadalupe Victoria en 1824 quien dio lectura por primera vez al informe).

Aunado a lo anteriormente expuesto, debe la Constitución, como el máximo instrumento de conducción y regulación social, y en un afán previsivo, considerar la posibilidad de realización de distintas situaciones que pudieran impedir al Ejecutivo Federal asistir a la presentación del informe. Situaciones de caso fortuito y fuerza mayor como enfermedades o acontecimientos naturales pueden causar la ausencia del Presidente de la República en el Congreso de la Unión.

Lo importante es transitar a la creación de mecanismos eficaces de dialogo y de relación armónica entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, y un auténtico equilibrio en el ejercicio del poder público y un adecuado sistema de rendición de cuentas. Y que efectivamente el Poder Legislativo, siga siendo la pieza fundamental para un equilibrado ejercicio del poder político, para que éste se lleve a cabo de acuerdo con el marco legal y con estricto apego a las normas éticas, de racionalidad, de oportunidad, prudencia, corrección y eficiencia que deben imperar en la gestión de los negocios públicos.

En razón de las consideraciones vertidas, esta Comisión siguiere la modificación del texto constitucional para establecer que la obligación del Presidente de la República de rendir el informe sobre el estado que guarda la administración pública del país, solamente lo deberá hacer de manera escrita sin requerir de su asistencia a la sesión ordinaria de apertura del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, y que posteriormente la ley del congreso deberá establecer las bases y las condiciones en las que pueda asistir a presentarlo.

Por lo anteriormente expuesto y motivado de acuerdo con la Constitución Política, la Ley Orgánica del Congreso General y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, todos los ordenamientos de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente dictamen con proyecto de:

Decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 69. A la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus Cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente, informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La información correspondiente al periodo del 1º de septiembre al 31 de diciembre de 2007, deberá incorporarse en el informe de 2008.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Queda de primera lectura.

Diputada Yadhira Tamayo, con qué objeto.

La diputada Yadhira Ivette Tamayo Herrera (desde la curul) Gracias, diputado Presidente. Para pedir una dispensa de la segunda lectura del dictamen, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento; para pasar a la discusión del dictamen.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionalescon proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se consulta a la asamblea si se dispensa la segunda lectura del dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Se dispensa la segunda lectura.

Proceda la Secretaría a dar lectura a la fe de erratas presentada por la Comisión de Puntos Constitucionales.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Comisión de Puntos Constitucionales.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura.--- Presente.

Por acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales, solicito someter a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la modificación del texto del decreto aprobado en sesión plenaria de la comisión respecto de la reforma al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicha modificación, es para mejorar la redacción del texto, específicamente cambiar el artículo con que inicia la oración, y consiste en lo siguiente:

El texto aprobado en el dictamen aludido dice:

Artículo 69 . A la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Propuesta de redacción:

Artículo 69. En . ...

Sin otro particular, le reitero mi consideración.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Agréguese al expediente. En consecuencia está a discusión, en lo general y en lo particular, este artículo único de proyecto de decreto.

Se ha inscrito para participar en la discusión, en lo general y en lo particular, el diputado Juan Guerra Ochoa, en contra, por parte de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Tiene el uso de la tribuna el diputado Juan Guerra Ochoa.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa : Gracias, Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Adelante, diputado.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa : Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, debo aclarar como un preopinante que en este tema ---en que yo me he inscrito en contra--- hablo siempre de acuerdo con el 103, por favor, aunque no lo use todo el tiempo.

Que en este tema mi grupo parlamentario tomó la decisión de apoyarlo y que, evidentemente, también le agradezco el que pueda ---con la libertad que tenemos en el PRD--- hacer uso de la voz en otro sentido. Quiero exponer a todo mundo o a todo el pleno las razones de por qué.

Esta reforma al 69 lo único que establece es que a la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la república presentará un informe por escrito.

Esto quiere decir que quien ocupe el cargo de titular del Ejecutivo en este país ya nunca va a venir al Congreso, no va a comparecer ni rendir cuentas al Congreso. Basta que con un motociclista mande el escrito. Llega la motocicleta, se lo entregan aquí a la Presidencia y cubierto el trámite.

¿Ustedes se han preguntado cuántos países en el mundo que tengan Congreso tienen esta práctica? Ni al que acusen de más dictador, no hay ninguno. Es una práctica de la democracia de todo mundo que ocupa el cargo de jefe de gobierno o titular del Ejecutivo y en alguna ocasión comparece ante el Congreso.

Aquí esto ya no va a ocurrir. Aquí llega la motocicleta, se la entrega a la Presidencia, se da el informe y se acabó y no se presenta ni una vez. Es decir, si habrá comunicación entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo pues será por carta, como a Eufemia, porque de otra forma no va a haber esa comunicación.

Yo entiendo las razones de mi grupo parlamentario de que como cuestionamos el origen ilegítimo de Calderón, pues quizá digamos: no lo queremos ni ver aquí, y que mande por escrito. Nada más que sí debo decir que no se legisla para coyunturas. No se está reformando la Constitución al interés coyuntural en cada caso o de cada grupo.

Porque Calderones pasarán y habrá otros, y entonces se tienen que estar haciendo reformas cada vez que llegue alguien. Entonces nuestra Constitución se vuelve un juego; algo que se modifica.

Yo creo que la iniciativa, y lo digo haciéndome cargo de ello, la iniciativa que había presentado Larios era muchísimo mejor; establecía que se puede enviar por escrito y que luego podía acudir a comparecer en el segundo periodo. Eso era mucho mejor.

Pero han retirado, no digo como a mi bancada, que entiendo la coyuntura con que ustedes lo están viendo, porque puede ser que la coyuntura con la que ustedes lo están viendo es después del debate con el tema ahora energético.

Aunque el debate se los ganáramos, que estamos seguros que se los vamos a ganar, y aun a pesar del costo político, ustedes quieren de todas maneras meterlo; que se apruebe y dar un albazo ---claro, necesitarían el apoyo de otras bancadas--- y le quitan la molestia a Calderón de que venga, incluso. Ya nadie lo puede cuestionar ni en septiembre ni en febrero.

Tal vez ése sea el motivo coyuntural que a ustedes los lleve a aceptar una reforma. Porque tampoco es digno, si ustedes reconocen al titular del Ejecutivo, decir que ya no va a venir al Congreso. No tiene eso nada de democrático, no tiene eso nada de republicano, no tiene nada de antecedentes; atiende a dos coyunturas de intereses coyunturales. Luego el PRI que nos platique cuál es su coyuntura o por qué aprueba esto o qué hubo.

Pero la coyuntura de que por que es Calderón no debe venir y no debe debatir; no me parece. Y la coyuntura de que si hubiera un albazo así ya ni lo cuestionan; no me parece, y me parece que estamos jugando con la Constitución.

El gran problema es que tenemos una crisis en este país, no sólo los partidos, que por supuesto autocríticamente reconozco la nuestra. Tenemos una crisis como políticos porque estamos jugando con todo tipo de instituciones, con todo tipo de coyuntura, porque no ha habido el interés realmente de pactar lo que aquí hemos insistido muchos perredistas, un acuerdo nacional y darnos reglas.

Es más, la CENCA, ahorita ya votamos, dejamos al final el posicionamiento. La CENCA produjo muchos acuerdos de federalismo, garantías sociales; el único que le interesó a Acción Nacional sacar es como un libro, la coyuntura, para que no venga Felipe, por si las dudas, el primero de septiembre.

Entonces, perdónenme, mientras no pensemos en el país y mientras no pensemos en un acuerdo para darle estabilidad a esto, nada más estamos profundizando la crisis. Y yo les digo una cosa: después de los partidos sí siguen cosas. Las guerrillas, que ya las tenemos en este país y que ahora están pidiendo diálogo, son desgraciadamente la pobreza; y para mucha juventud, una alternativa cuando fracasan los políticos y yo creo que estamos jugando con las reformas a la Constitución.

Creo que las estamos haciendo a contentillo, coyunturales, por una u otra razón, y luego se coincide aunque sea por distintas razones. Yo lamento de veras que el PAN haya desaprovechado, porque a medida que se acerca la elección es menos la posibilidad, con toda la posibilidad que tuvo de diálogo con la bancada del PRD y de haber hecho acuerdos más trascendentes, de haber hecho reformas más a fondo, de haberse planteado en serio la reforma del Estado.

Lamento que una estrechez de miras, una visión miope les haya dicho: Oye, saca lo del Presidente. Es como cuando la toma de la tribuna que nos cuestionaron. Ah, saca la gira de Calderón y lo demás no importa, como quiera sacamos al contralor y otros temas. O sea, perdón, pero estamos sumiendo esto en una situación donde sin visión, sin ver hacia delante, nada más coyunturalmente estamos actuando.

Por eso yo le pido, le agradezco a mi bancada que me permita externar la opinión y obviamente le pido autorización para abstenerme, porque no comparto esta visión coyunturalista ni esta estrechez de miras.

Y sí deploro que no se haya tenido la visión, sobre todo el partido mayoritario, para, incluso con la CENCA, sacar más cosas y ver solamente cómo resuelven que Calderón no venga el 1 de septiembre, como si esto ya se fuera a quedar y como si no pudiera haber comunicación entre poderes. Por su atención muchas gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias, diputado Guerra.

No existiendo más oradores inscritos, consulte la Secretaría a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir el sentido de su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico.

Ábrase el micrófono de la curul 220, del diputado Pascual Bellizzia Rosique.

El diputado Pascual Bellizzia Rosique (desde la curul): Pascual Bellizzia, a favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Ábrase el micrófono de la curul 180, de la diputada Beatriz Manrique Guevara.

La diputada Beatriz Manrique Guevara (desde la curul): Beatriz Manrique, a favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Gracias. Se emitieron 307 votos en pro, 39 en contra y 31 abstenciones; por tanto, hay mayoría calificada, diputado Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Aprobado en lo general y en lo particular, por 307 votos, el proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

ARTICULOS 40, 115 Y 130 CONSTITUCIONALES

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : El siguiente dictamen de primera lectura es de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 40, 115 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 40, 115 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea...

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : No, perdón, perdón. Adelante.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la primera lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

«Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se que reforman los artículo 40, 115 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60, 87 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente:

Dictamen

I. Antecedentes del proceso legislativo

1. En sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2007, las diputadas Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez y Aída Marina Arvizu Rivas del Grupo Parlamentario Alternativa; los diputados Martha Tagle Martínez y Alejandro Chanona Burguete del Grupo Parlamentario de Convergencia; los diputados Rosario Ortiz Magallón , Maricela Contreras Julián , Raymundo Cárdenas Hernández , Javier González Garza , David Sánchez Camacho y José Alfonso Suárez del Real del Grupo Parlamentario del PRD; los diputados Irma Piñeyro Arias y Miguel Ángel Jiménez Godínez del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; los diputados María Beatriz Pagés Rebollar y Carlos Chaurand Arzate del Grupo Parlamentario del PRI; el diputado Diódoro Carrasco Altamirano del Grupo Parlamentario del PAN; el diputado Ricardo Garza Cantú del Grupo Parlamentario del PT y el diputado Antonio Xavier López Adame del Grupo Parlamentario del PVEM, presentaron iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 40, 108, 109 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue turnada para su estudio y dictaminación a esta Comisión de Puntos Constitucionales;

2. En sesión celebrada el día 9 de mayo de 2007, el Diputado Alfonso Izquierdo Bustamante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 40 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada para su estudio y dictamen a esta Comisión de Puntos Constitucionales.

3. En sesión celebrada el día 31 de julio de 2007, las diputadas Claudia Lilia Cruz Santiago e Irene Aragón Castillo , del Grupo Parlamentario de de la Revolución Democrática, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue turnada para su estudio y dictamen a esta Comisión de Puntos Constitucionales. Dicha iniciativa se considerara en la valoración del presente dictamen sólo en lo concerniente a su propuesta de modificación al artículo 40 constitucional, referente a la voluntad del pueblo mexicano de constituirse en una República laica, quedando sin efecto el resto de las propuestas motivo de la iniciativa con la aceptación de la Diputada promovente.

4. En sesión celebrada el día 9 de febrero de 2006, el Diputado Rafael García Tinajero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 40 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue turnada para su estudio y dictamen a esta Comisión de Puntos Constitucionales.

5. En sesión celebrada el 4 de enero de 2006, el Diputado Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo y deroga el párrafo tercero del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue turnada a esta Comisión de Puntos Constitucionales.

6. Se realizaron dos reuniones con académicos y organismos de la sociedad civil interesados en el tema, los cuales plantearon observaciones y propuestas que fueron tomadas en cuenta para enriquecer el dictamen. Algunos de los participantes fueron: el académico Roberto Blancarte del Colegio de México, Católicas por el Derecho a Decidir, el Foro Intereclesiástico Mexicano y GIRE (Grupo de Información y Reproducción Elegida), entre otros.

7. Con fecha 29 de Abril del año 2008, en sesión plenaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, existiendo el quórum reglamentario, fue aprobado por mayoría de los presentes el presente dictamen, por lo que se pone a consideración de esta Cámara de Diputados, para su discusión y resolución constitucional.

II. Materia de las iniciativas

Las iniciativas enunciadas en el apartado de ``Antecedentes del proceso legislativo'', referentes a los puntos 1, 2 y 3, coinciden en hacer explícita la característica del Estado mexicano, como un Estado laico. Plantean la conveniencia de elevar a rango constitucional los principios de laicidad que debe prevalecer en el ejercicio de un gobierno democrático. Por su parte, la iniciativa referida al punto 4 presentada por el diputado Federico Döring tiene como propósito reformar el artículo 24, con la finalidad de regular la libertad religiosa.

Por un lado, la iniciativa presentada por el diputado Alfonso Izquierdo, señala en su exposición de motivos que ``al incorporar a la Constitución Política principios laicos, para que se respeten las libertades religiosas y de pensamiento, para que el Estado tome decisiones de acuerdo al mandato constitucional, avanzamos hacia una sociedad de pleno ejercicio de la democracia, reconociendo los valores de la misma, como lo son la pluralidad, la tolerancia y la inclusión.

En tanto, los argumentos que expone la iniciativa presentada por el diputado Rafael García Tinajero, se esgrimen en el sentido de que ``un Estado laico fuerte es la mejor garantía para que, en una vida democrática, se incentive la libre circulación de las ideas, y se fortalezca la libertad de creencias y de cultos. Es ese el espacio ideal para que, en libertad, los ciudadanos determinen sus convicciones''.

Ambas iniciativas, plantean el fortalecimiento de un Estado democrático a través de principios que garanticen el establecimiento de una cultura democrática y de respeto a los derechos humanos. En ésta concepción, el principio de laicidad, entendida como el respeto a la pluralidad de opciones ante lo religioso, formaría parte fundamental de su materialización. Esto es, que el Estado esté comprometido con la pluralidad confesional, precisamente sin adoptar alguna.

En ese tenor, nos dice la iniciativa del diputado Izquierdo:

Por su parte, la iniciativa presentada por la diputada Elsa Conde Rodríguez plantea que la separación entre el Estado y las Iglesias si bien ha sido una medida política importante, no ha sido suficiente para la autonomía de las decisiones políticas del Estado frente a las doctrinas religiosas y convicciones filosóficas específicas, de ahí que propongan a este Congreso la adición a un artículo constitucional que establezca la laicidad del Estado mexicano.

III. Considerandos

En lo general

El camino de la separación de los asuntos del Estado y los de la Iglesia en el mundo, tuvo su primer asomo en Francia con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en la que se estipuló en su artículo X que ``nadie puede ser molestado por sus opiniones, incluso religiosas, siempre y cuando sus manifestaciones no alteren el orden público establecido por la ley''. Sin embargo, esta derecho no tuvo la virtud de establecer claramente una separación de los asuntos del Estado respecto a los de las Iglesias, sino más bien del derecho a la libertad de credos. Fue a finales del siglo XVIII que en la Declaración de Derechos de Virginia de 1776 se empezaba a perfilar la necesidad de que nadie fuese obligado a creer en algo que no generara su convicción personal, menos aún, de tener que contribuir por obligación con una Iglesia en la que no creyera, sólo por ser la portadora de la religión oficial impuesta por el Estado. La Declaración de Virginia, consignaba textualmente al respecto: ``Que la religión, o los deberes que tenemos para con nuestro Creador, y la manera de cumplirlos, sólo pueden regirse por la razón y la convicción, no por la fuerza o por la violencia; en consecuencia, todos los hombres tienen igual derecho al libre ejercicio de la religión, de acuerdo a los dictados de su conciencia; y que es deber recíproco de todos el practicar la paciencia, el amor y la caridad cristianos para con el prójimo''. Más adelante, James Madison y Thomas Jefferson padres de la patria estadunidense, redactaron en 1786 el Estatuto de Libertad Religiosa de Virginia , el cual sirvió de base a muchos documentos libertarios posteriores. Pero la expresa separación de Iglesia y Estado, vendría con la Declaración de Derechos presentada por James Madison en 1791 en forma de enmienda a la Constitución de Estados Unidos de América, con ella se eliminaba el carácter oficial de las Iglesias en cualquier entidad de la Federación. El nuevo principio quedaba expreso de la siguiente manera:

Los anteriores eventos en otros lugares del mundo, ofrecieron elementos para que en nuestro país se iniciara desde la Constitución de 1857, el camino de separación Iglesia y Estado. Uno de los objetivos fundamentales que se planteó con ello, fue el establecimiento de los asuntos exclusivos que le estarían conferidos al Estado por ser el garante del interés general de la nación y en consecuencia, la separación clara de la Iglesia de los asuntos de interés público. Se trataba de garantizar las libertades de todos, gracias a la menor influencia posible de lo religioso en la política pública.

Así empezaba un proceso de laicización en México, en el que el Estado ya no proclamaba una religión para legitimarse, quedando excluidas otras expresiones confesionales. Un Estado aconfesional se instalaba en la vida política del país para darle fuerza y legitimidad a los actos que de él emanaran, poniendo el interés general en primer término. Sin duda, este ha sido uno de los principios fundantes que ha dado a nuestro Estado mexicano identidad y legitimidad ante otras naciones y lo hizo, a su vez, para evitar que las divisiones de creencias religiosas fracturaran de forma irremediable a la comunidad política.

Un verdadero Estado de derecho se fundamenta entre otros principios, por su carácter laico. Así lo expresa, por ejemplo, la Declaración Universal de la Laicidad en el Siglo XXI al plantear que la laicidad se define como la armonización, en diversas coyunturas socio-históricas y políticas de tres principios: respeto a la libertad de conciencia y de su práctica individual y colectiva; autonomía de lo político y de la sociedad civil frente a las normas religiosas y filosóficas particulares; no discriminación directa o indirecta hacia los seres humanos (artículo 4). Así pues, respetando estos principios es como emerge todo Estado moderno que pretenda asegurar los derechos fundamentales de cada ciudadano (artículo 5). La democracia así, no puede entenderse sin el respeto al principio de laicidad en un Estado, es un elemento clave en la vida democrática y la aceptación y compromiso con el plano social y político del pluralismo.

Retomamos los planteamientos del Pronunciamiento Republicano en defensa del Estado laico, realizado en la Cámara de Diputados por varios legisladores y ciudadanos(as) el 17 de julio de 2007:

El concepto de laicismo tomó significado a partir de la raíz griega original para designar el impulso moderno --surgido durante el Siglo de las Luces-- de los estados, organizaciones y personas para la independencia de las instituciones respecto al poder eclesiástico, el deseo de limitar la religión al ámbito privado, particular o colectivo, de las personas y permitir mejores condiciones para la convivencia de la diversidad religiosa, poniendo al Estado de árbitro y, como reglas del juego, los derechos humanos. Es así que la laicidad armoniza tres principios esenciales y que supone todo Estado democrático, como lo menciona la iniciativa presentada por la diputada Elsa Guadalupe Conde Rodríguez: 1) el respeto a la libertad de conciencia y de su práctica individual y colectiva; 2) autonomía de lo político y de la sociedad civil frente a las normas religiosas y filosóficas particulares y 3) igualdad ante la ley y no discriminación directa e indirecta hacia las personas.

En ese contexto, otorgarle la característica expresa de ``laico'' a nuestro Estado mexicano, continuaría y confirmaría la trayectoria que un día se plantearon nuestros legisladores del constituyente de 57 y que reafirmaron los de 17, pues se ha constatado en nuestra experiencia colectiva y la de otras naciones, que el laicismo es una fórmula eficaz para la convivencia de la pluralidad; una solución positiva para la convivencia entre religiones mayoritarias y minoritarias, y para evitar que las creencias de unos cuantos se hagan dominantes a través de la fuerza del Estado y no de la del convencimiento y la persuasión legítima¹.

Un personaje clave en la historia de la construcción del Estado mexicano, Benito Juárez, se refiere así en Apuntes para mis hijos , sobre el tema de la separación Iglesia y Estado:

Con esta nueva práctica del poder público, se inauguraba en México el principio establecido ya en otros países, de que las convicciones religiosas no deben formar parte de la esfera pública. Es un sano principio que ayuda a garantizar que los funcionarios públicos representen el interés general de la población y no el de sus particulares convicciones en materia religiosa, en virtud de que, al asumir un cargo público se deben comprometer a representar a todos los ciudadanos(as), constituyendo la mejor forma de hacerlo el hecho de no tomar preferencia por alguna religión. La idea subyacente consiste, en que las decisiones y políticas públicas no se vean influenciadas por alguna religión o filosofía en particular, adoptándose por el contrario, una visión plural que reconozca las diversas expresiones sociales, culturales y religiosas que se manifiestan en nuestro país.

Este es el espíritu que se contiene en nuestra Constitución Política Mexicana en varios de sus artículos. En una interpretación sistemática e integral de la Constitución, podemos observar el ánimo que ha tenido el legislador mexicano de establecer cada vez con más claridad el principio rector de laicidad del Estado y que esta Comisión dictaminadora considera importante consolidar. En su artículo 3º, el Constituyente convino en establecer que la educación que imparta el Estado sea laica y, por lo tanto, completamente ajena a cualquier doctrina religiosa. Por su parte, el artículo 24 constitucional --que cuenta en su haber con una sólo reforma desde el Constituyente de 1917-- tutela la libertad de creencias, estableciendo expresamente que ``todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley...''. En esa misma tesitura, es el artículo 130 constitucional en el que se consagra el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias y la regulación rectora de Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Así pues, este espíritu que ha prevalecido en el legislador mexicano de verter en la Constitución Política el principio de laicidad, debe ser consolidado con la inclusión expresa del carácter laico del Estado mexicano, consagrándose con ello como un Estado incluyente y democrático. No es suficiente con lo que tenemos establecido hasta ahora, pues la laicidad del Estado supone mucho más que la separación del Estado y las Iglesias. Significa el respeto por parte del poder público de los derechos fundamentales, la libertad de conciencia, la no discriminación y el pleno reconocimiento de la pluralidad que expresa una sociedad democrática.

En lo particular

Tanto la iniciativa presentada por el diputado Alfonso Izquierdo Bustamante (PRI), la que presentó el diputado Rafael García Tinajero (PRD), así como la iniciativa planteada por la diputada Elsa Conde y signada por varios diputados(as) de las diferentes expresiones políticas de esta Cámara, plantean igualmente adicionar al artículo 40 el carácter de ``laico'' a la República representativa, democrática y federal. Con esa misma intención, los promoventes de las primeras dos iniciativas referidas líneas arriba, plantean también que a la forma de gobierno que adoptarán los Estados federados se le añada el carácter de laica (artículo 115).

Esta Comisión considera ampliamente la conveniencia y el compromiso que expresaría elevar a rango constitucional en el artículo 40, el carácter de Estado laico de nuestro Estado mexicano. La asunción expresa del principio de laicidad del Estado en el artículo 40 constitucional, implicaría el reconocimiento de que todos los seres humanos tienen derecho a la libertad de conciencia, el de adherirse a cualquier religión o a cualquier corriente filosófica y su práctica individual o colectiva. El Estado debe ser el garante de los derechos de libre elección de religión o de convicciones y es a través del carácter laico del mismo, la mejor forma de cristalizarlos. Se evitaría con ello, que los valores o intereses religiosos se erijan en parámetros para medir la legitimidad o justicia de las normas y actos de los poderes públicos, lo cual veda cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y funciones estatales ² . De ahí que en los debates que se susciten en los órganos del Estado deba prevalecer como guía de las discusiones, el principio de laicidad, como por ejemplo en los asuntos relacionados con el cuerpo y la sexualidad, la investigación científica y la bioética, la libertad de las mujeres, las normas de salud pública, entre otras muchas que ponen en riesgo la posibilidad de que el Estado adopte una posición de alguna posición moral particular en detrimento de la representación del interés general.

Coincidimos con los autores de las iniciativas a dictaminación, que en México debe existir y consolidarse el principio de laicidad, cuyo contenido ampliaría el horizonte de respeto a la pluralidad de expresiones religiosas, lográndose con ello un clima de paz y tolerancia, objetivos que deben ser primordiales para el Estado. La ética que debe regir la vida pública, empieza por la consolidación del principio del laicismo en nuestro orden jurídico mexicano.

Se asume con los promoventes las propuestas en torno a que debe ser en el artículo 40 constitucional en el que se le otorgue al Estado su carácter de laico, pues es en este artículo donde se señala la voluntad del pueblo mexicano de otorgarle las características que deberá prevalecer en la forma de su gobierno: como una república representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida. Es en el contenido de este artículo de suma importancia dentro de nuestro marco constitucional, en el que se le da carácter y forma al Gobierno y al Estado mexicano, donde debe incluirse el principio de laicidad que impregnará todas las acciones que lleve a cabo en lo subsecuente.

Esta Comisión dictaminadora también conviene con las iniciativas en análisis, en la propuesta de modificar el artículo 115 constitucional en lo que corresponde al régimen interior que los Estados de la federación deberán adoptar. A la forma de gobierno republicano, representativo y popular que ya tienen como obligación asumir las entidades federativas, se agregaría el carácter de laico , con la finalidad de que corresponda con las características asumidas por el Estado Mexicano y su forma de gobierno establecida en el artículo 40.

En cuanto a las modificaciones propuestas a los artículos 108 y 109 constitucionales en la iniciativa presentada por la diputada Elsa Conde y varios diputados de las diversas expresiones políticas de esta Cámara --lo cual muestra la convergencia en el interés de que nuestro Estado Mexicano se declare expresamente como laico--, proponen textualmente lo siguiente:

Al respecto, se considera inconveniente la propuesta de la iniciativa en análisis, debido a que la naturaleza del artículo 108 tiene como finalidad exclusiva establecer quiénes se reputarán como servidores públicos (de la Federación o del Distrito Federal) con la finalidad de que se les pueda fincar responsabilidades por los actos u omisiones en los que incurran en el desempeño de sus funciones. Además, establece un régimen especial de responsabilidades del Presidente de la República; los servidores públicos de los estados sujetos a las responsabilidades del Título Cuarto y, el contenido de las constituciones estatales que deberán prever en materia de responsabilidades de los servidores públicos. Por lo anterior, resulta ajeno a la naturaleza y objetivos del mismo, establecer en él la forma en que deberán guiar su actuación las autoridades federales, estatales y municipales en materia de separación de Iglesia y Estado. En estricto sentido, el artículo 108 sólo tiene como objeto establecer quiénes son los servidores públicos que podrán ser sujetos de responsabilidades al no cumplir --como textualmente lo expresa-- con los actos u omisiones que estén obligados por la Constitución y por las leyes que de ella emanen. Sin embargo, esta Comisión dictaminadora no desecha la propuesta en lo particular, en virtud de que el contenido se considera plausible. Lo que proponemos es trasladar la propuesta al artículo 130, que es el artículo constitucional que rige las relaciones Estado-Iglesias. Se propone incorporar el texto al último párrafo del artículo (el cual se convertiría en párrafo octavo en virtud de la adición de un nuevo párrafo segundo), por tratarse de la forma en que deberán guiar su actuación las autoridades en materia de separación de Iglesia-Estado. Actualmente el artículo 130 párrafo último señala: ``Las autoridades federales, de los estados y de los municipios tendrán en esta materia las facultades y responsabilidades que determine la ley''. La propuesta que hace esta dictaminadora, quedaría como sigue: ``Las autoridades federales, estatales, del Distrito Federal y municipales, deberán guiar su actuación respetando y salvaguardando en todo momento, la separación entre asuntos políticos y religiosos, entre aquéllos relativos al Estado y las iglesias y entre creencias personales y función pública. El incumplimiento de esta obligación conllevará responsabilidad en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y las demás que establezcan las leyes''.

Con lo anterior, los integrantes de esta Comisión dictaminadora establecen la laicidad como una obligación para los servidores públicos, que de no respetarse, derivará en responsabilidades. Conviene establecer la obligación expresa para los servidores públicos de respetar el carácter laico y la separación Iglesias y Estado, para que todos los actos derivados de su función pública se vean impregnados por este principio. Ello redundará en una de las principales intenciones que tuvieron los constituyentes al establecer el Título Cuarto de la Constitución relativo a las responsabilidades de los servidores públicos, de evitar el abuso de poder y la falta de observancia a la Constitución y las leyes que de ella emanan. Estarán obligados a cumplir con el principio de laicidad del Estado mexicano por igual, todos los servidores públicos de los tres poderes de la Unión, de los estados de la República y del Distrito Federal.

Por su parte, entre las propuestas de la iniciativa en análisis, la modificación al artículo 109 constitucional propone lo siguiente:

Del análisis realizado a esta propuesta, desprendemos uno de los argumentos que esgrimimos para replantear la propuesta de modificación que pretendían los iniciadores sobre el artículo 108; en el mismo sentido, la naturaleza del artículo 109 no pretende hacer un listado de los principios constitucionales que en caso de ser violados, serían motivo de sanciones a los servidores públicos. La pretensión principal del artículo 109 es establecer prevenciones generales que deberán tomar en consideración tanto el Congreso de la Unión como las Legislaturas de los Estados al momento de expedir leyes en materia de responsabilidades de los servidores públicos. Por ejemplo, en la fracción I se hace alusión al juicio político (regulado por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos), el cual protege una serie de valores relativos a los intereses públicos fundamentales y al buen despacho, todos ellos desarrollados en la ley mencionada. Precisamente en el artículo 7 de dicha Ley, se establece que ``Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho'', entre otros, ``el ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y federal'', que de aprobarse la propuesta de modificación al artículo 40 constitucional planteada en éste dictamen, el artículo referido de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tendría que adicionar el término ``laico'' y obligaría a los servidores públicos a respetar este principio fundamental una vez establecido en nuestra Constitución Política. Además, se considera innecesaria la incorporación de una fracción IV al artículo 109 --como lo propone la iniciativa en análisis-- pues la intención del contenido propuesto, en gran medida, estaría expresada y garantizada en la propuesta que hacemos de modificación al artículo 130, ya subrayado.

Con relación a la propuesta de modificación al artículo 130 también planteada en la iniciativa con proyecto de decreto, los iniciadores proponen la siguiente redacción:

Del análisis minucioso a esta propuesta, se previene lo siguiente:

Sobre la propuesta anterior, se razona lo siguiente:

Por todo lo anterior, la propuesta que hacemos en el proyecto de decreto relativo al artículo 130 constitucional, quedaría de la siguiente manera:

Artículo 130. Los principios históricos de laicidad y de separación del Estado y las iglesias, orientan las normas contenidas en el presente artículo. Las Iglesias, asociaciones y agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley.

El Estado mexicano, cuya legitimidad política proviene de la soberanía popular, asume el principio de laicidad como garante de la libertad de conciencia de todas las personas y, en consecuencia, de los actos que de ésta se deriven. Garantiza también la autonomía de sus instituciones frente a las normas, reglas y convicciones religiosas o ideológicas particulares; así como la igualdad de todas las personas ante la ley, independientemente de sus convicciones o creencias.

El Estado no podrá establecer ningún tipo de privilegio a favor de iglesia, asociación o agrupación religiosa alguna.

...

a)

b) a e) ...

...

...

...

Las autoridades federales, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios deberán guiar su actuación respetando y salvaguardando en todo momento, el principio de laicidad; la separación entre asuntos políticos y religiosos; entre aquéllos relativos al Estado y las iglesias y, entre creencias personales y función pública. El inclumplimiento de esta obligación conllevará responsabilidad en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y las demás que establezcan las leyes.

Finalmente, consideramos que de asumirse el compromiso sin restricciones del principio de laicidad en nuestro país, los legisladores mexicanos estaremos reafirmando el camino que un día trazaron los personajes históricos más importantes que han ayudado a construir la identidad de la Nación mexicana.

Con mayor fuerza en el México actual es necesario reconocer la pluralidad cultural y religiosa como un rasgo irrenunciable e irreductible de nuestra experiencia colectiva.

Por lo anteriormente expuesto y motivado de acuerdo con la Constitución, La Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión somete a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Proyecto de Decreto de la Comisión de Puntos Constitucionales por el que se reforman el artículo 40, el párrafo primero del artículo 115; el párrafo primero y último del artículo 130 y se adiciona un párrafo segundo y un párrafo tercero recorriéndose los siguientes, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman los artículos 40; 115, primer párrafo; 130, primer y último párrafos, y se adicionan al artículo 130, un segundo y tercer párrafos, recorriéndose en su orden los actuales, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como siguen:

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, laico, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

I. a X. ...

Artículo 130. Los principios históricos de laicidad y de separación del Estado y las iglesias, orientan las normas contenidas en el presente artículo. Las Iglesias, asociaciones y agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley.

El Estado mexicano, cuya legitimidad política proviene de la soberanía popular, asume el principio de laicidad como garante de la libertad de conciencia de todas las personas y, en consecuencia, de los actos que de ésta se deriven. Garantiza también la autonomía de sus instituciones frente a las normas, reglas y convicciones religiosas o ideológicas particulares; así como la igualdad de todas las personas ante la ley, independientemente de sus convicciones o creencias.

El Estado no podrá establecer ningún tipo de privilegio a favor de iglesia, asociación o agrupación religiosa alguna.

...

a) a e) ...

...

...

...

...

Las autoridades federales, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios deberán guiar su actuación respetando y salvaguardando en todo momento, el principio de laicidad; la separación entre asuntos políticos y religiosos; entre aquéllos relativos al Estado y las iglesias y, entre creencias personales y función pública. El incumplimiento de esta obligación conllevará responsabilidad en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y las demás que establezcan las leyes.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En los siguientes treinta días hábiles contados a partir de la vigencia de esta reforma, el Congreso de la Unión deberá reformar la fracción II del artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos para establecer la laicidad en la forma de gobierno del Estado mexicano.

Notas: 1 Roberto Blancarte, ``¿Es intolerante separar la religión de la política?'', en Libertades laicas. Red iberoamericana por las libertades laicas , Colegio de la Frontera Norte.2 Apreciaciones emitidas entre 1982 y 2002, por el Tribunal Constitucional español sobre el tema.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Queda de primera lectura.

LEY GENERAL DE EDUCACION

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : El siguiente dictamen de primera lectura es de Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

En virtud de que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la primera lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

«Dictamen de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 41, 55 fracción II, 59, 69 y 70 de la Ley General de Educación, en materia de infraestructura física para los educandos con discapacidad.

Los integrantes de las comisiones dictaminadoras, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 39, 44 y 45 numeral 6, incisos e), f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 56, 60, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el presente

Dictamen

I. Antecedentes

II. Consideraciones generales

Las iniciativas en estudio tienen como finalidad ampliar el marco jurídico vigente de tal forma que se garantice el pleno goce del derecho a la educación a las personas con discapacidad ¹ .

Las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Atención a Grupos Vulnerables compartimos la preocupación de los proponentes expresada en los proyectos de iniciativas, respecto a las condiciones adversas que tienen que enfrentar las personas discapacitadas para tener acceso a la educación.

De igual manera, se coincide plenamente en que se les debe tomar más en cuenta al momento de definir los planes y programas educativos, y que se requiere un mayor compromiso por parte del Estado para establecer como obligación la accesibilidad en la infraestructura de las escuelas mexicanas.

Los legisladores y legisladoras de las comisiones dictaminadoras pugnamos, al igual que los iniciantes, por que se eliminen las barreras para facilitar el libre tránsito y el acceso a las personas con alguna discapacidad.

Sólo hasta hace muy pocos años, el tema de la discriminación ha pasado de la preocupación de unas cuantas personas a una demanda ciudadana, para convertirse ahora en una atención legislativa.

En la actualidad, la discriminación desde el enfoque de las capacidades diferentes se sustenta en la idea de la llamada diferenciación positiva, que supone un trato diferente de circunstancias y situaciones, frente a la idea de igualdad formal o diferenciación negativa entendida como el trato igual de circunstancias o situaciones diferentes, ² apoyada en la idea abstracta de la igualdad de todos ante la ley.

Esta diferenciación positiva basada en principios de equidad, justicia social, equiparación de oportunidades, reconocimiento de las diferencias, dignidad, integración, respeto, accesibilidad y desarrolladas en acciones legislativas, educativas o de políticas públicas positivas o compensatorias, se recogen en distintas disposiciones como en la Ley General de las Personas con Discapacidad, en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

No obstante, estas acciones positivas o compensatorias no se han plasmado claramente en la Ley General de Educación que se ha quedado rezagada en la defensa y protección de las personas con capacidades distintas, siendo que la educación es el eje fundamental del desarrollo tanto personal, como profesional de todas las personas.

Retomando lo dicho por el diputado Francisco Antonio Fraile García en su exposición de motivos ``es imperativo incidir en el paradigma de la integración escolar a través de la inserción del derecho del alumno con discapacidad en nuestro marco normativo, porque el rezago educativo o retraso en la cobertura para las personas con discapacidad, constituye una deuda social y un cumplimiento del Estado en las garantías y derechos que otorga la Constitución, además de una pérdida social y económica''.

El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de todos los individuos a recibir educación. Por su parte, el inciso c) del artículo 3o. establece que la educación que imparta el Estado contribuirá a sustentar los ideales de igualdad de derechos de todos los hombres.

En cumplimiento a estas garantías constitucionales, el artículo 2 de la Ley General de Educación señala que, ``todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional''. En tanto que en el artículo 8 del cuerpo normativo se dispone que el criterio que orientará a la educación que imparta el Estado y los particulares luchará contra la discriminación. Finalmente, en el artículo 32 se establece que ``las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos''.

La Ley General de Educación regula lo concerniente a la educación especial, destinada a individuos con ``discapacidades'' transitorias o definitivas, así como aquellos con aptitudes sobresalientes. Para algunos, esta educación especial está dirigida para aquellas personas con problemas muy concretos, como pueden ser los preceptúales, daño cerebral, disfunción cerebral mínima, afasia de desarrollo, entre otros ³ , para otros, la educación especial tiene una connotación mucho más amplia e incluyente, que responde al término utilizado en los tratados internacionales como en las leyes nacionales.

De acuerdo con el artículo 1 de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad el término discapacidad significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal. En el mismo sentido, en la Ley General de las Personas con Discapacidad se entiende por educación especial al ``Conjunto de servicios, programas, orientación y recursos educativos especializados, puestos a disposición de las personas que padecen algún tipo de discapacidad, que favorezcan su desarrollo integral, y faciliten la adquisición de habilidades y destrezas que les capaciten para lograr los fines de la educación''. Nótese que se habla de personas que padecen algún tipo de discapacidad, que para la Ley General de Personas con Discapacidad, al igual que para la Convención Interamericana, es toda persona que presenta una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal.

Anterior a la promulgación de esta ley, el término ``discapacidad'' establecido en el artículo 41 de la Ley General de Educación se prestaba a confusión, sin embargo, esta normatividad nos resuelve el problema de la ambigüedad en el término de desigualdad.

A mayor abundamiento, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en su artículo 9, prohíbe toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades, considerando como práctica discriminatoria el ``impedir el acceso a la educación pública o privada, así como a becas e incentivos para la permanencia en los centros educativos, en los términos de las disposiciones aplicables''.

Incluso, la fracción VII del artículo 13 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece que los órganos públicos y las autoridades federales en el ámbito de su competencia llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad: ``Promover que todos los espacios e inmuebles públicos o que presten servicios al público, tengan las adecuaciones físicas y de señalización para su acceso, libre desplazamiento y uso''.

En este orden de ideas, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dispone en su artículo 31 inciso D, que:

Además de establecer un capítulo especial sobre el Derecho a la Educación en su artículo 32 se establece que: ``niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación que respete su dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los términos del artículo 3o. de la Constitución. Las leyes promoverán las medidas necesarias para que:

Por su parte, la Ley General de las Personas con Discapacidad establece acciones muy concretas para garantizar la plena inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito educativo.

Por último, el Estado mexicano es signatario de la Convención Interamericana para Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad ⁴ , que entró en vigor para México el 14 de septiembre de 2001 y en donde se comprometió a:

Como se puede observar, nuestra legislación ha avanzado significativamente en favor de las personas con discapacidad, incorporando acciones concretas desde la perspectiva de la diferenciación positiva.

Si bien estas disposiciones recogen algunas de las inquietudes de los proponentes, estas comisiones estiman que existen algunas ambigüedades e imprecisiones que generan confusión en el ámbito educativo particularmente, por lo que se requiere que se implanten en la propia Ley General de Educación medidas muy concretas desde los nuevos enfoques y estrategias.

Así, por ejemplo, el artículo 13 de la Ley General de las Personas con Discapacidad señala que:

En primer lugar, está disposición deja fuera a las escuelas privadas y, en segundo lugar, se entiende que las escuelas que fueron construidas antes de la entrada en vigor de esta ley, que son la gran mayoría, no están obligadas a acatar estas disposiciones.

Por su parte, el artículo 14 de la Ley dispone que ``Las empresas privadas deberán contar con facilidades arquitectónicas para sus trabajadores con alguna discapacidad''.

De nueva cuenta, esta disposición se presta a confusión en el ámbito educativo, ya que las escuelas privadas sólo tendrían que preocuparse por sus empleados y no por los educandos.

En este orden de ideas, el artículo 15 del mismo cuerpo normativo señala que:

De igual manera, estas disposiciones dejan fuera a las escuelas privadas.

En consecuencia, estas comisiones dictaminadoras además de apoyar las iniciativas para que se establezca en la Ley General de Educación que las escuelas tanto públicas como privadas deban contar con los requerimientos de infraestructura física necesarios para las personas con discapacidad, proponemos que se articulen los derechos y garantías consagradas tanto en la Ley General de las Personas con Discapacidad, como en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la propia Ley General de Educación, de tal forma que no existan ninguna duda en el derecho de libre acceso a la educación de las personas con discapacidad.

III. Consideraciones particulares

a) A efecto de armonizar con las propuestas de los iniciantes y de materializar en el cuerpo normativo la acción afirmativa en favor de las personas con discapacidad, estas comisiones dictaminadoras estiman oportuno modificar la fracción I del artículo 7 de la Ley General de Educación, de tal forma que se precise que la educación impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tiene como fines el contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente sus capacidades humanas, especialmente de las personas con discapacidad .

Cabe aclarar que se utiliza el término ``personas con discapacidad'', en lugar de ``con capacidades diferentes'', para homologarlo con el término utilizado en la Constitución y en la Ley General de las Personas con Discapacidad, como ya se expuso previamente en este documento.

b) De igual manera, se estima pertinente incluir el término educación ``especial'' en los artículo 13, fracción I y 20 fracción I, de la Ley General de Educación, para considerarla junto a los servicios de educación inicial, básica e indígena.

c) En la iniciativa se propone adicionar el último párrafo del artículo 41 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Al respecto, se considera necesario suprimir lo concerniente ``a ya sea exterior o interior'' , de tal forma que no se preste a confusión la competencia de las instituciones educativas para realizar adecuaciones al exterior de sus instalaciones, que es competencia de los ayuntamientos.

Se propone incluir, además de educandos ``o cualquier otra persona'', a efecto de que la disposición tenga efectos generales y no se excluya al personal docente o administrativo, padres de familia, entre otros.

Asimismo, se sugiere añadir que deberán contar con los requerimientos pedagógicos y que será en los términos y condiciones previstas en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y en la Ley General de las Personas con Discapacidad, así como en las demás disposiciones aplicables, de tal forma que no se tenga que transcribir en la Ley General de Educación todas y cada una de las disposiciones que establecen derechos en favor de las personas con discapacidad ya reconocidos en otras leyes.

En relación con las propuestas de reforma al los artículos 55 y 69, de igual manera se propone incluir ``o cualquier otra persona''.

d) En cuanto a la propuesta de reforma del artículo 59, se sugiere eliminar, ya que es redundante con la propuesta del artículo 41, en donde se hace referencia a todas las instituciones educativas, por lo que resulta innecesaria.

e) En la reforma al artículo 70 para que el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación gestione el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas que cuenten con las adecuaciones físicas de acceso y uso de espacios y servicios necesarias para los educandos con alguna discapacidad , se propone sustituir de igual manera ``educandos'' por ``personas'' y precisar que es ``para que realicen las educaciones..., ya que de lo contrario se estaría autorizando el mejoramiento sólo de aquellas escuelas que cuenten con las adecuaciones para las personas con discapacidad.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación

Artículo Único. Se reforman los artículos 7 fracción I, 13 fracción I, 20 fracción I, 55 fracción II, 69 tercer párrafo y 70 y se adiciona al artículo 41, un segundo párrafo, recorriéndose los actuales en su orden de la Ley General de Educación, para quedar como sigue

Artículo 7o. ...

Artículo 13. ...

Artículo 20. ...

Artículo 41. ...

Las instituciones educativas que impartan cualquier tipo o modalidad de educación deberán contar con los requerimientos pedagógicos, físicos de acceso y uso de todo espacio y servicio para los educandos o cualquier otra persona con alguna discapacidad, en los términos y condiciones previstas en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en la Ley General de las Personas con Discapacidad, en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en las demás disposiciones aplicables.

...

...

Artículo 55. Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:

Artículo 69. ...

...

Este consejo conocerá el calendario escolar, las metas educativas y el avance de las actividades escolares, con el objeto de coadyuvar con el maestro a su mejor realización; tomará nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas; propiciará la colaboración de maestros y padres de familia; podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, maestros, directivos y empleados de la escuela; estimulará, promoverá y apoyará actividades extraescolares que complementen y respalden la formación de los educandos; llevará a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión necesarias para la protección civil y la emergencia escolar; alentará el interés familiar y comunitario por el desempeño del educando; podrá opinar en asuntos pedagógicos; contribuirá a reducir las condiciones sociales adversas que influyan en la educación; estará facultado para realizar convocatorias para trabajos específicos de mejoramiento de las instalaciones escolares, los cuales deberán incluir los requerimientos físicos de acceso y uso de los espacios y servicios para los educandos o cualquier otra persona con alguna discapacidad, respaldará las labores cotidianas de la escuela y, en general, podrá realizar actividades en beneficio de la propia escuela.

...

Artículo 70. ...

Este consejo gestionará ante el ayuntamiento y ante la autoridad educativa local el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas públicas, y para que realicen las adecuaciones físicas de acceso y uso de espacios y servicios necesarias para las personas con alguna discapacidad y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio, conocerá de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas; llevará a cabo labores de seguimiento de las actividades de las escuelas públicas de educación básica del propio municipio; estimulará, promoverá y apoyará actividades de intercambio, colaboración y participación interescolar en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales; establecerá la coordinación de escuelas con autoridades y programas de bienestar comunitario; hará aportaciones relativas a las particularidades del municipio que contribuyan a la formulación de contenidos locales a ser propuestos para los planes y programas de estudio; podrá opinar en asuntos pedagógicos; coadyuvará a nivel municipal en actividades de protección civil y emergencia escolar; promoverá la superación educativa en el ámbito municipal mediante certámenes interescolares; promoverá actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a padres de familia y tutores, para que cumplan cabalmente con sus obligaciones en materia educativa; podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, maestros, directivos y empleados escolares; procurará la obtención de recursos complementarios para el mantenimiento físico y para proveer de equipo básico a cada escuela pública y, en general, podrá realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en el municipio.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las instituciones educativas públicas y privadas tendrán un plazo de cinco años para cumplir, de manera gradual, con las disposiciones y requerimientos previstos en el segundo párrafo del artículo 41 de la presente ley. En el caso de las instituciones públicas, el cumplimiento de dichas disposiciones estará sujeto a la disponibilidad de recursos presupuestales asignados por los tres niveles de gobierno.

Notas:

1) Cabe precisar que el término para referirse a las personas con alguna discapacidad fue objeto de debate por el constituyente permanente. El 14 de agosto de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 1o. constitucional, en donde se estableció el término ``capacidades diferentes''. No obstante, el 4 de diciembre de 2006 se reformó de nueva cuenta dicho artículo para incorporar el término ``discapacidades '' en lugar de ``capacidades diferentes ''. Más recientemente, el 18 de abril del 2007, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables desechó una iniciativa que pretendía sustituir el término ``discapacidad'' por el de ``capacidad diferente'', en la Ley General de las Personas con Discapacidad, retomando los argumentos del Constituyente Permanente.

2) De Asís Roig, Rafael. ``Derechos Humanos y Discapacidad, en Igualdad, no discriminación y discapacidad . Buenos Aires: Edir Sociedad Anónima Editora, 2006, p. 20.

3) http://www.latarea.com.mx/articu/articu6/ortega6.htm#not1#not1, 10 de agosto de 2007.

4) El pasado 30 marzo del 2007 México firmó la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, el cual tendrá que pasar por el trámite establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para su entrada en vigor.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Queda de primera lectura. Diputado Tonatiuh Bravo.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Diputado Presidente, en virtud de que se trata de un conjunto de modificaciones a la Ley General de Educación, pero todos tendientes a adecuar la infraestructura física para los educandos con discapacidad y en virtud de que en ambas comisiones ha sido aprobado por el consenso de los grupos parlamentarios que participan en ambas comisiones, y en virtud de que se trata de sólo una reforma de carácter legal, y no de carácter constitucional, me permito solicitar la dispensa de la segunda lectura para que pueda entrar y ser sometido a votación.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias, diputado.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Por instrucciones de la Presidencia, y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se dispensa la segunda lectura del dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Se dispensa la segunda lectura. En consecuencia, está a discusión en lo general.

No habiendo oradores inscritos, consulte la Secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Suficientemente discutido. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

No habiendo artículos reservados, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación.)

¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz:

El diputado Pascual Bellizzia Rosique (desde la curul): Pascual Bellizzia, a favor.

La diputada Beatriz Manrique Guevara (desde la curul): Beatriz Manrique, a favor.

El diputado Isael Villa Villa (desde la curul): Isael Villa Villa , a favor.

La diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez (desde la curul): A favor.

El diputado Alejandro Olivares Monterrubio (desde la curul): Alejandro Olivares, a favor.

La diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (desde la curul): A favor.

El diputado Francisco Rueda Gómez (desde la curul): Francisco Rueda, a favor.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Diputado Presidente, se emitieron 355 votos a favor, ninguno en contra y 1 abstención.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Aprobado, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, por 355 votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : El siguiente dictamen de primera lectura es de la Comisión de Cultura, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. En virtud de que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se le omite la lectura.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se omite la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa...

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Repítala. Si hay duda, diputada, repita la votación, por favor. Se solicita a los diputados y a las diputadas poner atención a esta votación, por favor.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Las diputadas y los diputados que estén por la negativa. Mayoría por la negativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Compañeras diputadas y compañeros diputados, lo que se ha votado es que se lea el dictamen. Lo que determinó la Secretaría cuando recoge la votación es que se lea el dictamen. Vamos a proceder a la lectura, no se omite, se lee.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Comisión de Cultura.

Dictamen que emite la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, enviada por la Cámara de Senadores.

Honorable asamblea, a la Comisión de Cultura le fue turnada la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, que fue aprobada por parte del Senado de la República, una vez que le dio cumplimiento al expediente...

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Permítame, diputada. Un momento por favor.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (desde la curul) Señor Presidente, pido la palabra.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Diputado Suárez del Real, ¿con qué objeto?

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (desde la curul): Presidente, con mucho respeto le solicito que se obvie esta lectura, toda vez que está publicado en la Gaceta Parlamentaria. Pregunte usted de nuevo al respecto. Creo que hubo una confusión en esta votación. Le ruego de la manera más atenta que pregunte nuevamente si se puede obviar esta lectura, ya que ha sido publicado en el anexo IX, que nos fue entregado con oportunidad.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias, diputado.

El diputado Armando García Méndez (desde la curul): Respetuosamente le pido, para que haya claridad en el proceso legislativo, que se repita la votación, porque hay mucha confusión.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Diputado Adrián Fernández.

El diputado Adrián Fernández Cabrera (desde la curul): Presidente, en el mismo sentido. Me parece que es esto una confusión en la votación, yo pediría se repitiera y si es necesario, que se haga en el tablero electrónico.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : El diputado Cárdenas Fonseca.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Gracias, señor Presidente. Yo lo que pido es que continuemos con lo que estamos haciendo. La votación ya se dio, usted ya la cantó; ya inició el proceso de lectura. No podemos en esta soberanía estar siendo condescendientes sobre hechos, inclusive, consumados.

Respetuosamente le solicito que no nada más fue una vez la que usted planteó la votación sino que, inclusive, ya pidió que se repitiera y al repetirse se confirmó. De otra suerte, señor Presidente, vamos a generar un precedente que no es sano para el trabajo parlamentario.

En el supuesto caso de que los legisladores se hayan equivocado por no saber qué era lo que se estaba votando, que no creo que sea el caso, tampoco ha lugar para que esa Presidencia esté obsequiando la modificación de un fallo que ya fue cantado y que ya se inició el proceso de lectura.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Diputado Javier González.

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Gracias. No es pedir que obsequie usted, a algunos diputados que han intervenido, nada. Lo que estamos refiriendo es que había confusión. Es seguramente un problema nuestro, no lo dudo, y por lo tanto le pido que someta usted nuevamente a votación el punto. Gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Por último, el diputado Zatarain.

El diputado Carlos Ernesto Zatarain González (desde la curul): Diputado Presidente, es costumbre y una buena costumbre, publicar en la Gaceta Parlamentaria todo este tipo de iniciativas.

Lo más importante aquí es que lleguemos a un buen acuerdo, como bien lo dijo el diputado González y otros diputados, que por una confusión en el sentido de la votación, y la Secretaria estuvo correcta, sin embargo reitero la petición hecha por algunos compañeros, que repita usted la votación en obvio de repeticiones innecesarias, de esa lectura. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Para ilustrar a la asamblea, quiero decirles que la lectura de este dictamen nos llevaría aproximadamente una hora. Considero que, en efecto, hubo una equivocación. No estábamos muy atentos a lo que estábamos votando. Por tanto, vamos a repetir la votación. Diputado Cárdenas Fonseca.

El diputado Manuel Cárdenas Fonseca (desde la curul): Gracias, Presidente. Respetuosamente, señor Presidente, insisto en que no pensemos por los demás, por cuanto al imaginario colectivo. Los que estamos en el pleno, sabíamos y sabemos muy bien cuál fue el trámite que se presentó a consideración de nosotros. El que sigamos perdiendo el tiempo en un debate o en una discusión de que si es obsequioso o no, no es la materia a discusión; ya se votó y se votó dos veces. Y en ambas ocasiones el resultado fue el mismo.

Ahora entonces estaríamos sentando un grave precedente si para efectos de la Mesa Directiva, el votar el mismo tema dos veces y resultare en el mismo sentido, le permite imaginar que hubo error a la hora de plantear al pleno el sentido de la votación. Insisto, señor Presidente, con todo respeto, continuemos con el tema porque ya estaba iniciada la lectura. Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Muchas gracias, señor diputado.

Esta Presidencia considera que lo que se votó no es el dictamen en sí, es un procedimiento. Por tanto, vamos a obsequiar la repetición de la votación. Le solicito a la Secretaría que someta a consideración de la asamblea si se omite la lectura del presente dictamen.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se omite la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Presidente, mayoría por la afirmativa.

«Dictamen de la Comisión de Cultura, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Cultura le fue turnada la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, misma que fue aprobada por parte del Senado de la República, una vez que le dio cumplimiento al expediente con las observaciones del pasado titular del Poder Ejecutivo federal al Decreto por el que se expide la citada Ley, y devuelto al Congreso de la Unión para los efectos de los incisos b) y c) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numerales 6. incisos e) y f) y 7 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Cultura, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente dictamen:

Antecedentes

1. El 26 de abril de 2005, durante la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, el entonces senador Tomás Vázquez Vigil presentó ante el Pleno de la Cámara de senadores iniciativa con proyecto de Ley de Fomento para el Libro y la Lectura.

2. La iniciativa, dictaminada por las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, fue aprobada por el Senado de la República el 16 de marzo de 2006 con 86 votos a favor y enviada a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso a) del artículo 72 constitucional.

3. La Cámara de Diputados aprobó la minuta correspondiente el 26 de abril de 2006 con 361 votos a favor y cinco abstenciones y, por disposición de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, fue turnada al Ejecutivo federal para los efectos del inciso a) del artículo 72 constitucional.

4. El pasado titular del Poder Ejecutivo federal, en uso de sus atribuciones constitucionales, devolvió a la Cámara de Senadores el proyecto de referencia con fundamento en los inciso s b) y c) del artículo 72 constitucional mediante oficio número SEL/300/4470/06 del 1 de septiembre de 2006, suscrito por el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.

5. El 5 de septiembre de 2006, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dio cuenta al Pleno del expediente con las observaciones del pasado titular del Poder Ejecutivo federal y ordenó el turno del mismo a las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos.

6. El 4 de marzo de 2008 se recibió en la oficina de la Presidencia de la Comisión de Educación del Senado de la República oficio con fecha del 28 de febrero del mismo año suscrito por la Presidenta de la Comisión de Cultura, senadora María de Lourdes Rojo e Incháustegui, en la que se hace llegar la opinión de ese cuerpo legislativo respecto de la observaciones formuladas por el pasado titular del Poder Ejecutivo federal sobre la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

7. Con base en los citados antecedentes y en consideración a la opinión vertida por los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República, los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos se dieron a la tarea de realizar el estudio del expediente que contiene las observaciones del pasado titular del Poder Ejecutivo federal.

8. Con fecha 29 de abril del presente año, la Cámara de Senadores envió a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió a esta Comisión de Cultura, la minuta ya referida, para los efectos legales conducentes.

9. Recibida el día 29 de abril del 2008 por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y ante el Pleno de ésta, se turnó la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, a la Comisión de Cultura.

10. El Pleno de la Comisión de Cultura analizó y aprobó el presente dictamen, remitiéndolo al Pleno de la Cámara de Diputados, para sus efectos conducentes, el día 30 de abril del 2008.

Considerandos

Por las consideraciones expuestas en el presente dictamen, los integrantes de la Comisión de Cultura, para los efectos del inciso c) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 60, 87, 88 y 136 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, someten a la consideración del Pleno para su discusión y, en su caso aprobación, el siguiente:

Decreto

Artículo Primero. Se expide la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro en los siguientes términos:

Ley de Fomento para la Lectura y el Libro

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

Lo establecido en esta ley se aplicará sin perjuicio de lo ordenado en la Ley de Imprenta, la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley General de Educación, la Ley General de Bibliotecas y sus respectivos reglamentos, así como cualquier otro ordenamiento en la materia, siempre y cuando no contravengan lo que en ésta se dispone.

Artículo 2. Para efectos de la presente ley se entenderá como:

Artículo 3. El fomento a la lectura y el libro se establece en esta ley en el marco de las garantías constitucionales de libertad de escribir, editar y publicar libros sobre cualquier materia, propiciando el acceso a la lectura y el libro a toda la población.

Ninguna autoridad federal, estatal, municipal o del Distrito Federal podrá prohibir, restringir ni obstaculizar la creación, edición, producción, distribución, promoción o difusión de libros y de las publicaciones periódicas.

Artículo 4. La presente ley tiene por objeto:

Capítulo II De las Autoridades Responsables

Artículo 5. Son autoridades encargadas de la aplicación de la presente ley en el ámbito de sus respectivas competencias:

Artículo 6. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, de manera concurrente y considerando la opinión y propuestas del Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura:

Artículo 7. Las autoridades responsables emplearán tiempos oficiales y públicos que corresponden al Estado en los medios de comunicación para fomentar el libro y la lectura.

Artículo 8. Las autoridades responsables, de manera concurrente o separada, deberán impulsar la creación, edición, producción, difusión, venta y exportación del libro mexicano y de las coediciones mexicanas, en condiciones adecuadas de calidad, cantidad, precio y variedad, asegurando su presencia nacional e internacional.

Artículo 9. Es obligación de las autoridades responsables de la aplicación de esta ley, de manera concurrente o separada, promover programas de capacitación y desarrollo profesional dirigidos a los encargados de instrumentar las acciones de fomento a la lectura y a la cultura escrita.

Artículo 10. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública:

Artículo 11. Corresponde al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes:

Capítulo III Del Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura

Artículo 12. Se crea el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura como un órgano consultivo de la Secretaría de Educación Pública y espacio de concertación y asesoría entre todas las instancias públicas, sociales y privadas vinculadas al libro y la lectura.

Artículo 13. El Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura se regirá por el manual de operación que emita, por las disposiciones contenidas en esta ley y por lo que quede establecido en su Reglamento.

Artículo 14. El consejo estará conformado por:

Por acuerdo del consejo se podrá convocar para participar con carácter de invitado no permanente a los titulares de las secretarías, consejos e institutos de cultura de las entidades federativas y el Distrito Federal, o a cualquier persona o institución pública o privada que se considere necesario para el cumplimiento pleno de sus funciones.

La pertenencia y participación en este consejo es a título honorario.

Artículo 15. El Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la lectura tendrá las siguientes funciones:

Articulo 16. El Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura sesionará ordinariamente como mínimo tres veces al año y sobre los asuntos que el mismo establezca.

Artículo 17. Las reuniones extraordinarias serán convocadas por el presidente, o bien por un tercio de los integrantes del consejo, con una antelación de al menos 48 horas. En caso de no haber el quórum requerido, se trate de reuniones ordinarias o extraordinarias, se emitirá de inmediato una segunda convocatoria para que se lleve a efecto la reunión en un plazo no mayor de 48 horas. De no haber quórum nuevamente, se hará otra convocatoria para que se realice la reunión en un plazo no mayor de 48 horas. En esta ocasión, la reunión se llevará a efecto con los que asistan a dicho encuentro.

Artículo 18. El quórum mínimo será del cincuenta por ciento más uno de sus miembros, y para que sus decisiones sean válidas deberán ser aprobadas por la mayoría de los miembros presentes, salvo en lo establecido en el artículo inmediato anterior.

Capítulo IV De la Coordinación Interinstitucional, Intergubernamental y con la Sociedad Civil

Artículo 19. La Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, son las instancias responsables de incentivar y promover la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas y acciones de los distintos órdenes de gobierno, con base en los objetivos, estrategias y prioridades de la política nacional de fomento a la lectura y el libro.

Artículo 20. Para impulsar la coordinación interinstitucional e intergubernamental en la aplicación de la presente ley, la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, deberán:

Capítulo V De la Disponibilidad y Acceso Equitativo al Libro

Artículo 21. En todo libro editado en México, deberán constar los siguientes datos: titulo de la obra, nombre del autor, editor, número de la edición, lugar y fecha de la impresión, nombre y domicilio del editor en su caso; ISBN y código de barras. El libro que no reúna estas características no gozará de los beneficios fiscales y de otro tipo que otorguen las disposiciones jurídicas en la materia.

Artículo 22. Toda persona física o moral que edite o importe libros estará obligada a fijar un precio de venta al público para los libros que edite o importe. El editor o importador fijará libremente el precio de venta al público, que regirá como precio único.

Artículo 23. El precio se registrará en una base de datos a cargo del Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura y estará disponible para consulta pública.

Artículo 24. Los vendedores de libros al menudeo deben aplicar el precio único de venta al público sin ninguna variación, excepto en lo establecido en el artículo 25 y 26 de la presente ley.

Artículo 25. El precio único establecido en el artículo 22 de la presente ley no se aplica a las compras que para sus propios fines, excluyendo la reventa, hagan el Estado, las bibliotecas que ofrezcan atención al público o préstamo, los establecimientos de enseñanza y de formación profesional o de investigación.

Artículo 26. Los vendedores de libros podrán aplicar precios inferiores al precio de venta al público mencionado en el artículo 22 de la presente ley, cuando se trate de libros editados o importados con 18 meses de anterioridad, así como los libros antiguos, los usados, los descatalogados, los agotados y los artesanales.

Artículo 27. Las acciones para detener y reparar las violaciones al precio único establecido en esta ley pueden ser emprendidas por cualquier competidor, por profesionales de la edición y difusión del libro, así como por autores o por cualquier organización de defensa de autores.

Dicha defensa se llevará a cabo por vía jurisdiccional y en su caso por medio de arbitraje para lo cual el consejo podrá actuar como perito.

Transitorios

Artículo Primero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Con la publicación de la presente ley y su entrada en vigor se abroga la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de junio del año 2000.

Artículo Tercero. En el término de noventa días contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley deberá formarse el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura con base en lo establecido en los artículos 12 y 14 de la presente ley. De no hacerlo, convocará la secretaría ejecutiva.

Artículo Cuarto. El Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura deberá expedir su manual de operación y programa de trabajo a los sesenta días de su integración.

Artículo Quinto. El Programa de Fomento para el Libro y la Lectura establecido en el artículo 6 de la presente ley tendrá que ser expedido por el secretario de Educación Pública en un plazo no mayor a 120 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de esta ley.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Queda de primera lectura. Diputado Suárez del Real.

El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (desde la curul): Gracias, señor Presidente, por haber obsequiado esta votación. Quisiéramos proponerle a nombre de la Comisión de Cultura que, de conformidad con el artículo 59 y 60 de nuestro Reglamento para el Gobierno Interior, solicitar que se ponga a consideración del pleno la dispensa de la segunda lectura, toda vez que ésta, que no es una reforma constitucional, estriba fundamentalmente en observaciones hechas por el Ejecutivo en 2006 y que han sido subsanadas por nuestros pares, y la Comisión de Cultura, en su pleno, votó de manera unánime el dictamen que está sujeto a discusión.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias, diputado Suárez del Real. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria el dictamen de la Comisión de Cultura, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se dispensa la segunda lectura del dictamen, y se pone a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Se dispensa la segunda lectura.

Proceda la Secretaría a dar lectura a la fe de erratas presentada por la Comisión de Cultura.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura.--- Presente.

Los abajo suscritos diputados a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, integrantes de la Comisión de Cultura, solicitamos sea puesta a consideración del pleno la siguiente fe de erratas al artículo 26 del dictamen que emite la Comisión de Cultura sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, enviada por la Cámara de Senadores para quedar como sigue:

Dice:

Artículo 26. Los vendedores de libros podrán aplicar precios inferiores al precio de venta al público mencionado en el artículo 22 de la presente ley, cuando se trate de libros editados o importados con 18 meses de anterioridad, así como los libros antiguos, los usados, los descatalogados, los agotados y los artesanales.

Debe decir:

Artículo 26. Los vendedores de libros podrán aplicar precios inferiores al precio de venta al público mencionado en el artículo 22 de la presente ley, cuando se trate de libros editados o importados con más de dieciocho meses de anterioridad, así como los libros antiguos, los usados, los descatalogados, los agotados y los artesanales.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Esta fe de erratas se anexa al expediente correspondiente.

En consecuencia, se encuentra a discusión en lo general el dictamen.

No habiendo ningún orador para fijar posición de su grupo parlamentario se considera el dictamen suficientemente discutido.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

No habiendo ninguna reserva, se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, en un solo acto.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Cinco minutos. Va a dar tiempo. Cinco minutos y vamos a dar tolerancia para que no nos griten. Cinco minutos y damos tolerancia, por favor.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto?

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : ¿Faltan votos?

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Dicen que sí. Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz:

La diputada Beatriz Manrique Guevara (desde la curul): Beatriz Manrique, a favor.

La diputada Silvia Emilia Degante Romero (desde la curul): En contra.

El diputado Jesús Humberto Zazueta Aguilar (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Ernesto Navarro López (desde la curul): A favor.

La diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (desde la curul): A favor.

El diputado José Martín López Cisneros (desde la curul): En contra.

El diputado Pascual Bellizzia Rosique (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Se informa a la Presidencia que se emitieron 314 votos en pro, 32 votos en contra y 8 abstenciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobado en lo general y en lo particular, por 314 votos, el proyecto que se expide... ¿Sí? ¿Le dan sonido a la curul del diputado Tonatiuh, por favor?

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (desde la curul): Gracias, Presidenta. Solamente para solicitar respetuosamente que se haga constar que hay mayoría calificada, en virtud de que es una votación que supera observaciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Okey. Aprobado en lo general y en lo particular, por 314 votos, mayoría calificada, el proyecto de decreto con que se expide la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION - LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federacióny de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoralha sido retirado por los dos presidentes de las comisiones correspondientes.

LEY DE UNIONES DE CREDITO - LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Uniones de Crédito y se adiciona y reforma la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta. Se le dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Uniones de Crédito y se adiciona y reforma la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

Honorable Asamblea

Con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la H. Cámara de Senadores remitió Minuta con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Uniones de Crédito y se adiciona la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Los integrantes de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Dictamen

Antecedentes

En sesión de la Colegisladora de fecha 29 de noviembre de 2007, el Senador Carlos Lozano de la Torre, presentó la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Uniones de Crédito.

En sesión del 22 de abril de 2008, la H. Cámara de Senadores aprobó por 75 votos a favor la iniciativa en comento la cual fue turnada a la H. Cámara de Diputados.

En sesión del 24 de abril la Mesa Directiva turno la Minuta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen.

Descripción de la minuta

La Minuta referida propone que se expida la Ley de Uniones de Crédito y se adicione la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

La Colegisladora en términos generales, destaca en la mencionada Minuta:

Que en la actualidad, las Uniones de Crédito se encuentran reguladas, fundamentalmente, en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC), expedida en el año de 1985. Este Ordenamiento ha sido objeto de diversas reformas; sin embargo, en materia de Uniones de Crédito, las más importantes fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 1993, toda vez que se desreguló de manera significativa su marco normativo, con el propósito de fortalecer financieramente a las ya existentes, dotarlas de mayor autonomía de gestión y promover su desarrollo, en el contexto de una mayor competitividad.

La Ley que rige a estas empresas señala que sólo pueden efectuar operaciones con sus accionistas, quienes deben ser personas físicas con actividad empresarial o personas morales; también establece que ningún socio puede ser propietario de más del 10% del capital pagado de una unión de crédito.

Existen diversas operaciones que una unión de crédito puede celebrar con sus accionistas, siendo las más comunes: otorgamiento de crédito, préstamos de socios, compras en común y servicios de asistencia técnica, entre otras.

Como sociedades anónimas también deben cumplir con la Ley General de Sociedades Mercantiles. Es importante destacar que las Uniones de Crédito son empresas privadas que no cuentan con participación o subsidio del gobierno federal o de las entidades de la administración pública, su capital se integra con las aportaciones que hacen sus accionistas.

Las Uniones de Crédito también están sujetas a las disposiciones de la Ley General de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, cuyo cumplimiento está a cargo de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

De acuerdo con la National Credit Union Administration (NCUA) de los Estados Unidos, actualmente existen más de 10,000 Uniones de Crédito que ofrecen sus servicios a más de 80 millones de personas. las Uniones de Crédito a nivel federal están certificadas, reguladas y aseguradas por la Administración Nacional de Uniones de Crédito (NCUA por sus siglas en inglés). A través del Fondo Nacional de Participación en Seguros para Uniones de Crédito (National Credit Union Share Insurance Fund, NCUSIF), de la NCUA, los depósitos de los miembros de las Uniones de Crédito federales están asegurados por hasta US$100,000. La NCUA también asegura la mayoría de los depósitos de las Uniones de Crédito certificadas a nivel estatal.

En México el segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas representa el 99% de las unidades empresariales aporta el 50% del PIB nacional y genera el 70% de los empleos. La relevancia de estas cifras, hace necesario impulsar organismos que provean financiamiento, faciliten la compra de insumos, la comercialización de productos y el acceso a la tecnología, en términos de precios y costos competitivos como es el caso de las Uniones de Crédito.

Los apoyos crediticios de las instituciones de desarrollo y de la banca comercial a las micro, pequeñas y medianas empresas ha venido declinando durante los últimos doce años lo que se ha traducido en un crecimiento ínfimo del empleo y que, no obstante, las Uniones de Crédito han crecido en un promedio anual del 16% en el volumen de sus financiamientos y número de socios, con sus propios recursos, demostrando con ello su solvencia y fortaleza como intermediarias financieras al servicio de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Cuando una empresa es accionista de una unión de crédito habitualmente le es más fácil lograr la comprensión de los directivos y consejeros de esa Unión sobre la conveniencia de que ésta apoye con financiamiento el proyecto. Esto se debe a que las Uniones están formadas por personas que también tienen empresas y a quienes es más sencillo comprender las necesidades de los solicitantes.

Adicionalmente, existen Uniones de Crédito que pagan a sus accionistas importantes dividendos que les genera la operación financiera y comercial, por lo que además de recibir un trato diferente en el servicio, hay la posibilidad de obtener utilidades sobre las acciones propiedad de los socios.

Antes de tomar la decisión de convertirse en accionista de una unión de crédito, los promoventes tiene el derecho de solicitar se le informe cual es la posición financiera de la Unión, los servicios que proporciona, las características y requisitos de éstos, el capital, el precio de las acciones y las utilidades acumuladas o generadas en el año. Estos son, sin duda, impactos benéficos que se generan dentro del sector.

La crisis financiera que enfrentó el país desde finales de 1994 tuvo el efecto, entre otros, de restringir el acceso al financiamiento de la banca comercial sobre todo para la pequeña y mediana empresa (pyme). La reacción ante la sequía del crédito como palanca de desarrollo y crecimiento de la industria nacional fue la organización y el agrupamiento de las pymes en Uniones de Crédito que, dentro de cada ramo productivo en que operan, resultan hoy las más especializadas para canalizar y administrar el apoyo financiero recíproco que se capta de las propias pymes.

En tales condiciones, la mayoría de las Uniones de Crédito que nacieron antes de los noventa, han mostrado una mayor capacidad y flexibilidad para adaptarse a los cambios, ya que no sólo sobrevivieron a la crisis, sino que además salieron fortalecidas de ella.

Es de reconocerse que hoy la figura está rezagada perdiendo gradualmente presencia en el sistema financiero nacional. Aunado a esto, el nacimiento de las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES) y las recientes reformas a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito para desregular a empresas de factoraje y arrendadoras financieras que dan origen a la creación de la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) parecen confirmarlo, desde 1993 no ha habido reformas importantes al capítulo de Uniones de Crédito en la ley.

A diferencia de las Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS) cuya vocación natural es atender el mercado popular, las Uniones no atienden el mercado de crédito para el consumo, segmento para el que incluso no están preparadas para atender, ya no solo en cuanto al elevado número de operaciones que demanda, sino también por lo que se refiere a la ausencia de metodologías para analizar las posibilidades reales de pago de los consumidores; a lo anterior se agrega el hecho de que el financiamiento al consumo está prohibido en el sector, al igual que la captación de ahorro.

A partir de la disminución del fondeo de la banca de desarrollo a las Uniones de Crédito en 1994-1995, se impulsó la captación de préstamos de socios, actividad que por su monto representa actualmente en el sector el 86% de los recursos invertidos en cartera. Lo anterior está estrechamente vinculado con el perfil de las personas y empresas que conforman el mercado natural de las Uniones, integrado por micro y pequeños empresarios y demandantes de crédito con el mismo perfil.

Cabe destacar que una de las mayores fortalezas de las Uniones está en el conocimiento de las actividades empresariales de sus acreditados, lo que tiene su origen precisamente en que están formadas por empresarios, quienes para sus decisiones de crédito deben asistirse de personas con experiencia en el sector financiero.

Asimismo, la Minuta en comento, establece como temas principales de la nueva Ley de Uniones de Crédito, los siguientes:

• Esquema de autorización a través de la Junta de Gobierno de la CNBV.

Actualmente la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito prevé que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es la autoridad financiera facultada para autorizar la constitución de uniones de crédito, sin embargo no prevé que tales autorizaciones se emitan por su Junta de Gobierno; en ese sentido, se propone modernizar el esquema de autorización referido a fin de homologarlo con la legislación financiera recientemente modificada en estos aspectos.

Adicionalmente se mejora el esquema de autorización, a efecto de prever los requisitos de información y documentación que deberán presentar los solicitantes para la constitución de uniones de crédito, así como para incorporar la autorización para el inicio de operaciones, a efecto de transparentar y ordenar el procedimiento mediante el cual se otorgan las referidas autorizaciones.

Asimismo, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito no contiene disposiciones relativas a las fusiones y escisiones de uniones de crédito, lo que resulta en un régimen estático. En el presente dictamen se detallan los actos que se deben realizar y la información que se debe presentar ante la autoridad, a efecto de que una unión de crédito se fusione o escinda, permitiendo además que dichos actos se lleven a cabo con otras uniones, cualquier sociedad o entidades financieras. En consecuencia, resulta una alternativa para la salida ordenada de estos intermediarios lo que permitirá opciones que consoliden al sector.

En este orden de ideas, el presente dictamen busca incentivar la entrada de nuevos participantes al sector.

• Capitales mínimos establecidos en la Ley de acuerdo a su nivel de operaciones (I, II, o III) con un piso de dos millones de Unidades de Inversión.

La legislación actual establece un requisito de capital mínimo que no refleja el nivel de operaciones de las uniones, ni la complejidad de dichas operaciones y el riesgo al que se encuentran sujetas. En ese sentido, el dictamen que nos ocupa establece diferentes capitales mínimos que deberán cumplir las uniones de crédito en función del nivel de operaciones que se les asigne, de tal suerte que a mayor número de operaciones que deseen realizar les será exigido un capital mayor. Asimismo, se incrementa el capital mínimo requerido para constituir una unión de crédito a fin de otorgar viabilidad financiera a estos intermediarios.

El capital mínimo requerido en función de las operaciones que realicen las uniones de crédito, permitirá que aquellas que no deseen realizar todas las operaciones previstas en la presente Ley, mantengan un capital mínimo adecuado para esos efectos. Ello, en congruencia con las disposiciones que se contienen en este dictamen que amplían el catálogo de operaciones que las uniones de crédito podrán realizar.

Lo anterior, permitirá dar oportunidad a un mayor número de intermediarios para incorporarse a un marco de operación formal, de modo que dicho marco no excluya a aquellos intermediarios que operan en menor escala.

• Se mejora el régimen de propiedad de capital en las uniones de crédito, a saber:

• Participación de capital extranjero

La disposición relativa a la restricción de inversión extranjera en el capital social de uniones de crédito, que se encuentra prevista en la Ley de Inversión Extranjera, hoy en día no refleja la dinámica de los mercados financieros así como la interacción de la economía mexicana con otras economías. Ello, conlleva la necesidad de modificar el régimen existente a fin de permitir que personas físicas o morales extranjeras mantengan, de manera limitada, acciones representativas del capital social de uniones de crédito, lo que permitirá que las Pequeñas y Medianas Empresas que tengan socios extranjeros puedan ser, a su vez, accionistas de uniones de crédito.

Para estos efectos es importante destacar que la regla general que limita la tenencia accionaria para cualquier persona, no importando su nacionalidad, está prevista en el segundo párrafo del artículo 21 de la Ley de Uniones de Crédito, el cual señala que ninguna persona física o moral puede participar directa o indirectamente en más del 10% del capital social de una unión de crédito.

Es por ello que las sociedades mexicanas propiedad de extranjeros pueden participar en términos de la regla general.

Por otra parte, se permite la participación de forma directa en el capital social de una unión de crédito por parte de personas físicas o morales extranjeras, sin embargo, la suma de las participaciones directas de extranjeros no puede rebasar el 10% del capital de una unión de crédito.

Lo señalado en el párrafo anterior de ninguna manera modifica la regla general de tenencia accionaria individual del 10% del capital social de una unión de crédito, por lo que, en caso de que una persona extranjera cuente con una tenencia indirecta del 7% del capital social de una unión de crédito, sólo podría alcanzar una tenencia directa del 3% de dicho capital, aún cuando el límite agregado de tenencia accionaria directa por parte de extranjeros no haya alcanzado el 10%.

Con lo anterior, se resguarda el límite de tenencia accionaria individual directa e indirecta, de capital mexicano o extranjero, con limitaciones en la participación directa de extranjeros en el capital de uniones de crédito.

De esa forma se introduce la participación de la inversión extranjera en las uniones de crédito sin que se trate de una apertura total a éstas, lo que permitirá que las uniones de crédito puedan realizar alianzas estratégicas que les faciliten el acceso a los avances tecnológicos, así como integración en los procesos de comercialización. Lo anterior, tendrá un impacto positivo en las economías sectoriales y regionales de las poblaciones en las cuales se encuentren establecidas las uniones de crédito.

• Límites máximos de tenencia accionaria del 10% (con el conocimiento o autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores según el porcentaje de adquisición)

El presente dictamen mantiene el régimen actual de tenencia accionaria a fin de conservar el espíritu societario de la figura de la unión de crédito. No obstante ello, con el objeto de tener una adecuada supervisión de los participantes en el sector, y vigilar la transferencia del control accionario de las uniones, se establecen los requisitos de información y se somete a la autorización de la Comisión el cambio de control que puede implicar de hecho la transmisión de la autorización a otro grupo de empresarios.

• La propiedad de acciones se limita a personas físicas o morales con actividad empresarial en términos del Código Fiscal.

La preocupación principal de diferentes autoridades respecto a las uniones de crédito, consiste en evitar que participen en ellas, sobre todo como inversionistas, personas físicas que no realicen actividades empresariales, o cuyo perfil sea incompatible con los riesgos a que está expuesta su inversión los cuales son inherentes a la operación de una unión de crédito. Es por ello que el presente dictamen establece claramente los requisitos que deben cumplir los socios que participen en una unión de crédito, así como limitaciones o prohibiciones respecto de la participación de las personas señaladas anteriormente.

• Se prevén normas del código de mejores prácticas corporativas a efecto de actualizar el régimen de la administración de las uniones de crédito.

Las uniones de crédito deben contar órganos de gobierno adecuados a su operación, por lo que el dictamen establece requisitos y características que deben reunir los consejeros del consejo de administración, funcionarios, comisarios y auditor externo. Asimismo, se prevé la figura del consejero independiente a fin de homologar la presente Ley con las demás leyes financieras.

• Se amplía el catálogo de operaciones que pueden llevar a cabo las uniones de crédito en tres niveles y se mejora el control de las operaciones del departamento especial a través del consejo de administración de las uniones de crédito.

El presente dictamen amplía el catálogo de operaciones que las uniones de crédito podrán realizar, incorporando la posibilidad de realizar operaciones de arrendamiento financiero, factoraje financiero, actuar como fiduciaria en fideicomisos de garantía, así como distribuir acciones de sociedades de inversión. Lo anterior, permitirá que las uniones participen en otras actividades, sujetándolas al capital mínimo que deberán mantener y a su nivel de operaciones.

Adicionalmente, se establece que el consejo de administración de las uniones de crédito apruebe un manual de políticas y procedimientos respecto de todas aquellas operaciones que se realicen a través del departamento especial.

• Requerimientos de capital en función a riesgos y reglas para calificación de cartera.

A fin de que las uniones de crédito sean un intermediario con mayores posibilidades de crecimiento, y con capacidad para realizar operaciones de mayor complejidad así como reducir su vulnerabilidad a los riesgos de mercado, crédito y operacional, su capital debe ser adecuado en atención a dichos riesgos, el volumen de activos y operaciones que realiza. Adicionalmente, para fortalecer la estructura financiera de las uniones de crédito, se introduce regulación prudencial para estimar el grado de recuperabilidad de la cartera; esto permitirá revelar con transparencia la verdadera situación financiera de las uniones de crédito.

• Se incorpora un capítulo de regulación prudencial para la celebración de operaciones de las uniones de crédito, con un enfoque orientado a una mejor administración de riesgos.

La adecuación del marco normativo debe contemplar el establecimiento de facultades para la emisión de regulación prudencial en materia de administración integral de riesgos, integración de expedientes, diversificación de riesgos, procesos crediticios, entre otros, a fin de fomentar sanas prácticas y limitar los riesgos de las operaciones propias de las uniones de crédito.

En relación con la celebración de operaciones con personas relacionadas, se establecen límites respecto de la concentración de la cartera de crédito relacionada al consejo de administración de las uniones de crédito, que buscan evitar una indebida concentración del crédito, así como el conflicto de intereses.

• Se mejora la regulación en materia de contabilidad, inspección y vigilancia.

• Se incorporan normas en materia de medidas correctivas, así como revocación y liquidación de las uniones de crédito.

Se detalla el proceso de revocación, liquidación y cancelación de las uniones de crédito con el objeto de permitir su salida ordenada del sector, permitiendo a un mayor número de personas físicas o morales ser designados como liquidadores o síndicos de uniones de crédito.

Asimismo, el dictamen prevé la posibilidad de que el Gobierno Federal transfiera los recursos necesarios al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en el supuesto de que este organismo descentralizado sea designado como liquidador o síndico de uniones de crédito, con el exclusivo propósito de realizar los gastos asociados a publicaciones y otros trámites relativos a tales procedimientos, cuando se advierta que éstos no podrán ser afrontados con cargo al patrimonio de la unión de que se trate por falta de liquidez, o bien por insolvencia, en cuyo caso, se constituirá como acreedor de esta última éstas.

• Se incorpora un capítulo de sanciones y delitos que le permiten a la autoridad aplicar de forma eficiente los preceptos de la Ley, con niveles de sanciones congruentes para cada tipo de infracción.

Por otra parte, se estima pertinente adicionar la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito a fin de establecer que las uniones de crédito podrán actuar como fiduciarias en fideicomisos de garantía.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

PRIMERA. Esta Comisión comparte el criterio con la Colegisladora en el sentido de que la Minuta que se presenta busca coadyuvar con la generación de empleos formales, la creación de empresas, el fortalecimiento de las cadenas productivas y la elevación de los niveles de competitividad y productividad ya que son áreas prioritarias para el crecimiento nacional; bajo esta premisa, es fundamental modernizar, fortalecer, desarrollar y promover a las Uniones de Crédito como organizaciones empresariales, y que requieren de un marco jurídico específico que permita su reconfiguración para encuadrar de manera más precisa dentro del sistema financiero nacional.

SEGUNDA. Esta Comisión dictaminadora está de acuerdo que con el fin de estimular la capitalización de las Uniones y de contar con un marco legal, este proyecto contemple 3 niveles de operación, que en el nivel II las uniones puedan celebrar también operaciones de arrendamiento financiero y factoraje; en el nivel III, que además puedan actuar como fiduciarias en fideicomisos de garantía relacionados con sus propias operaciones; para las uniones que se ubiquen en el nivel I, se mantienen las operaciones que ya contempla la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito en el capítulo correspondiente.

TERCERA. Esta Comisión considera oportuno prestarle especial atención a la vocación original de las Uniones para que sus accionistas sean personas con actividad empresarial, además, que los accionistas lo puedan ser al comprar acciones por un monto no inferior a un mil unidades de inversión, con estas propuestas, se pretende evitar la aceptación de socios que no tengan actividad empresarial, así como el uso indebido de la autorización para recibir préstamos de los socios.

CUARTA. Esta Comisión comparte el criterio que sustenta la Colegisladora sobre el tema de gobernabilidad, a fin de que se amplíen los requisitos a cumplir por los directivos y consejeros de las uniones, incluyéndose la obligación de que en el consejo de administración participen consejeros independientes, de quienes se definen las condiciones para que lo puedan ser. Asimismo, se establecen limitantes para que los empleados o directivos de las empresas de los consejeros puedan ser funcionarios de primer y segundo nivel de la unión de que se trate, mismas que aplican a los familiares de los consejeros.

Para evitar que la concentración de los créditos vinculados se convierta en una causa de posibles quebrantos, se enuncian las reglas que limitan su monto con respecto a la cartera total y se amplía el concepto de vinculación; se propone también la facultad a la autoridad para que emita reglas que obliguen a la calificación de cartera.

QUINTA. Esta Comisión corrobora la apreciación de la Colegisladora en cuanto a que los préstamos de socios representan aproximadamente el 90% de la cartera de las Uniones, dada la importancia que representan en la operación, se propone que la autoridad emita reglas que limiten los montos que de una o más personas se puedan recibir en calidad de préstamo.

SEXTA. La Dictaminadora coincide en que la mayoría de las uniones operan con reducidos márgenes de intermediación, y a efecto de que les sea posible tener otros ingresos estima prudente que se plantee, que dichas uniones de crédito puedan proporcionar a sus socios otros servicios, entre ellos los de administración y cobranza de créditos.

SÉPTIMA. La Dictaminadora comparte el criterio sostenido por la Colegisladora en el sentido de que la nueva Ley de Uniones de Crédito ampliará en forma muy importante los servicios de estos intermediarios, buscando la atención integral a los requerimientos de las mipymes asociadas, solucionando no únicamente necesidades de crédito por la vía tradicional, sino también a través de figuras como el arrendamiento, el factoraje, la formalización y profesionalización del departamento especial, servicios fiduciarios, tarjetas de debito, captación de recursos nacionales y extranjeros, garantías y avales, cartas de crédito, emisión de valores, depósitos de dinero, contratación de seguros, etc.

OCTAVA. Esta Comisión confirma lo señalado por la Cámara de Origen en el sentido de que las Uniones de Crédito con vocaciones específicas como las agrícolas, ganaderas y agroindustriales, así como aquellas especializadas en la construcción y en los servicios turísticos consolidarían su impacto en el desarrollo regional, además de modernizar dichos sectores con el soporte de todos los servicios contemplados en la nueva Ley de Uniones de Crédito.

En congruencia con la tendencia globalizadora del mundo actual y la modernización que viene aplicándose al sector financiero mexicano, se origina la presente propuesta para incorporar a las Uniones de Crédito en igualdad de condiciones a las que ya se aplican a las demás entidades financieras del país.

NOVENA. Finalmente, cabe mencionar que con fundamento en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados en su oficio CEFP/290/08 considera que la Minuta con Proyecto de Decreto que expide la Ley de Uniones de Crédito, no implica impacto presupuestario alguno, ya que únicamente indica las medidas para el buen funcionamiento de las uniones de crédito que tendrá a su cargo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que no crea ni modifica estructuras orgánicas y ocupacionales; así como tampoco se requieren de recursos adicionales provenientes del Erario Federal.

Por las razones expuestas, la Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE UNIONES DE CRÉDITO Y SE ADICIONA Y REFORMA LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la siguiente:

LEY DE UNIONES DE CRÉDITO

TÍTULO PRIMERO Disposiciones preliminares

CAPÍTULO UNICO

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de las uniones, así como las operaciones que las mismas podrán realizar.

Artículo 2. El Gobierno Federal y las entidades de la administración pública paraestatal no podrán responsabilizarse ni garantizar el resultado de las operaciones que realicen las uniones, así como tampoco asumir responsabilidad alguna de las obligaciones contraídas con sus socios o terceros.

Las uniones deberán mantener en un lugar visible de sus oficinas lo dispuesto en el párrafo anterior, así como señalarlo expresamente en su publicidad.

Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Comisión, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores;

II. Control, a la capacidad de imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas de la unión; el mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social de la unión; dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la unión, ya sea a través de la propiedad de valores o por cualquier otro acto jurídico;

III. Grupo empresarial, al conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de participación directa o indirecta del capital social, en las que una misma sociedad mantiene el control de dichas personas morales. Asimismo, se considerarán como grupo empresarial a los grupos financieros constituidos conforme a la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras;

IV. Grupo de personas, a las personas que tengan acuerdos, de cualquier naturaleza, para tomar decisiones en un mismo sentido. Se presume, salvo prueba en contrario, que constituyen un grupo de personas:

V. Secretaría, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y

VI. Unión o uniones, a las uniones de crédito;

Artículo 4. Las palabras unión de crédito u otras que expresen ideas semejantes en cualquier idioma, sólo podrán ser usadas en la denominación de las sociedades a las que haya sido otorgada la autorización para organizarse y operar como unión.

Se exceptúan de la aplicación del párrafo anterior, a las asociaciones de uniones, siempre que no realicen operaciones sujetas a autorización por esta Ley.

Artículo 5. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría podrá interpretar para efectos administrativos los preceptos de esta Ley.

Artículo 6. La Secretaría podrá solicitar la opinión del Banco de México, así como de las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores, de Seguros y Fianzas y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuando para el mejor cumplimiento de las atribuciones que le confiere la presente Ley, lo estime procedente.

Asimismo, la Secretaría podrá consultar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en los casos en que requiera su opinión y de conformidad con las atribuciones conferidas a esta última.

Artículo 7. Los actos jurídicos que se celebren en contravención a lo establecido en esta Ley, darán lugar, en su caso, a la imposición de las sanciones administrativas y penales que el presente ordenamiento legal contempla, sin que dichas contravenciones produzcan la nulidad de los actos, en protección de terceros de buena fe, salvo que esta Ley establezca expresamente lo contrario.

Artículo 8. En lo no previsto por esta Ley, a las uniones les aplicarán en el orden siguiente:

I. Las leyes mercantiles;

II. Los usos mercantiles imperantes entre las uniones;

III. El Código Civil Federal;

IV. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo respecto de la tramitación de los recursos a que se refiere esta Ley, y

V. El Código Fiscal de la Federación respecto de la actualización de multas.

Artículo 9. El plazo para que las autoridades administrativas resuelvan lo que corresponda no podrá exceder de noventa días, salvo que en las disposiciones específicas se establezca otro. Transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente, a menos que en las disposiciones aplicables se prevea lo contrario. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia, dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante la autoridad competente que deba resolver, conforme al Reglamento Interior respectivo; igual constancia deberá expedirse cuando las disposiciones específicas prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido positivo. De no expedirse la constancia mencionada dentro del plazo citado, se fincará, en su caso, la responsabilidad que resulte aplicable.

Los requisitos de presentación y plazos, así como otra información relevante aplicable a las promociones que realicen las uniones, deberán precisarse en disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión.

Cuando el escrito inicial no contenga los datos o no cumpla con los requisitos previstos en las disposiciones aplicables, la autoridad deberá prevenir al interesado, por escrito y por una sola vez, para que dentro de un término que no podrá ser menor de diez días hábiles subsane la omisión. Salvo que en las disposiciones específicas se establezca otro plazo, dicha prevención deberá hacerse a más tardar dentro de la mitad del plazo de respuesta de la autoridad y, cuando éste no sea expreso, dentro de los veinte días hábiles siguientes a la presentación del escrito inicial.

Notificada la prevención, se suspenderá el plazo para que las autoridades administrativas resuelvan y se reanudará a partir del día hábil inmediato siguiente a aquél en que el interesado conteste. En el supuesto de que no se desahogue la prevención en el término señalado, las autoridades desecharán el escrito inicial.

Si las autoridades no hacen el requerimiento de información dentro del plazo correspondiente, no podrán rechazar el escrito inicial por incompleto.

Salvo disposición expresa en contrario, los plazos para que las autoridades contesten empezarán a correr el día hábil inmediato siguiente a la presentación del escrito correspondiente.

Artículo 10. El plazo a que se refiere el artículo anterior no será aplicable a las promociones relacionadas con las autorizaciones relativas a la constitución, fusión, escisión y liquidación de las uniones. En estos casos no podrá exceder de ciento ochenta días el plazo para que las autoridades administrativas resuelvan lo que corresponda, siendo aplicables las demás reglas a que se refiere el artículo 9 de esta Ley.

Artículo 11. Las autoridades administrativas competentes, a solicitud de parte interesada, podrán ampliar los plazos establecidos en la presente Ley, sin que dicha ampliación exceda en ningún caso de la mitad del plazo previsto originalmente en las disposiciones aplicables, cuando así lo exija el asunto y no tengan conocimiento de que se perjudica a terceros en sus derechos.

Artículo 12. No se les aplicará lo establecido en los artículos 9 a 11 a las autoridades administrativas en el ejercicio de sus atribuciones de supervisión.

Artículo 13. Para efectos de la presente Ley, los plazos fijados en días se entenderán en días naturales, salvo que expresamente se señale que se trata de días hábiles. En los casos en que se haga referencia a un plazo en días naturales, si éste vence en un día inhábil, se entenderá concluido el primer día hábil siguiente.

TÍTULO SEGUNDO De la organización y funcionamiento de las uniones de crédito

CAPÍTULO I De la organización

Artículo 14. Para organizarse y operar como unión se requerirá autorización del Gobierno Federal, que compete otorgar discrecionalmente a la Comisión, previo acuerdo de su Junta de Gobierno. Por su naturaleza estas autorizaciones serán intransmisibles.

Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que la Junta de Gobierno de la Comisión haya resuelto otorgar la autorización a que se refiere el párrafo anterior, dicha Comisión notificará la resolución, así como su opinión favorable respecto del proyecto de estatutos de la sociedad de que se trate, a fin de que se realicen los actos tendientes a su constitución o a la transformación de su organización y funcionamiento, según corresponda. El promovente, en un plazo de noventa días contado a partir de dicha notificación, deberá presentar a la propia Comisión, para su aprobación, el instrumento público en que consten los estatutos de la sociedad en términos de esta Ley para posteriormente proceder a su inscripción en el Registro Público de Comercio sin que se requiera mandamiento judicial al respecto.

La autorización que se otorgue conforme a este artículo, quedará sujeta a la condición de que se obtenga la autorización para iniciar las operaciones respectivas en términos del artículo 43 de esta Ley, la que deberá solicitarse dentro de un plazo de ciento ochenta días contado a partir de la aprobación del instrumento público a que se refiere el párrafo anterior. Al efectuarse la citada inscripción del instrumento público, deberá hacerse constar que la autorización para organizarse y operar como unión se encuentra sujeta a la condición señalada en este párrafo.

Las autorizaciones para organizarse y operar como unión, así como sus modificaciones, se publicarán, a costa de la unión de que se trate, en el Diario Oficial de la Federación.

Sólo las sociedades que gocen de autorización en los términos de esta Ley podrán operar como uniones y serán consideradas como intermediarios financieros.

Artículo 15. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, hasta en tanto entre en vigor la autorización para organizarse y operar como unión, la sociedad correspondiente, una vez que se haya recibido la notificación mencionada en dicho artículo, podrá celebrar los actos necesarios para cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 43 de esta Ley para el inicio de operaciones, sin que, durante dicho periodo, pueda celebrar ninguna de las operaciones señaladas en el artículo 40 de esta Ley, excepto las previstas en su fracción XIX. Durante el periodo antes referido, la sociedad de que se trate estará exceptuada de la aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 4 de esta Ley.

La autorización para organizarse y operar como unión, conforme a esta Ley, no surtirá sus efectos, sin que para ello sea necesaria declaración de autoridad alguna, cuando no se cumpla la condición referida.

Artículo 16. Las sociedades que se autoricen para operar como uniones, deberán constituirse en forma de sociedad anónima de capital variable, organizadas con arreglo a la Ley General de Sociedades Mercantiles, en todo lo que no esté previsto por esta Ley y, particularmente de acuerdo con las siguientes disposiciones que son de aplicación especial:

I. Tendrán por objeto las operaciones a que se refiere el artículo 40 de este ordenamiento;

II. La duración de la sociedad será indefinida;

III. Deberán contar con el capital social y el capital mínimo que corresponda conforme a lo dispuesto en esta Ley.

IV. Su domicilio social estará en territorio nacional, y

V. La denominación social deberá contener la expresión ``unión de crédito''.

Los estatutos sociales y cualquier modificación de los mismos deberán ser sometidos a la previa aprobación de la Comisión, a efecto de verificar si se cumple con los requisitos establecidos por esta Ley. Una vez aprobados, los estatutos o sus reformas, deberán presentarse en un plazo de quince días hábiles ante el Registro Público de Comercio. La sociedad deberá proporcionar a la Comisión, los datos de su inscripción respectivos dentro de los quince días hábiles siguientes al otorgamiento del registro.

Artículo 17. La solicitud de autorización para constituir y operar una unión deberá acompañarse de la documentación e información siguiente:

I. Proyecto de estatutos de la sociedad que se ajuste a lo dispuesto en esta Ley;

II. Relación e información de las personas que directa o indirectamente pretendan mantener una participación en el capital social de la unión a constituir, que deberá contener, de conformidad con las disposiciones de carácter general que al efecto expida la Comisión, previo acuerdo de su Junta de Gobierno, lo siguiente:

III. Relación de los probables consejeros, director general y principales directivos de la sociedad, acompañada de la información que acredite que dichas personas cumplen con los requisitos que esta Ley establece para dichos cargos.

IV. Plan general de funcionamiento de la sociedad que comprenda por lo menos:

V. Comprobante de depósito en moneda nacional constituido en institución de crédito o de valores gubernamentales por su valor de mercado, a favor de la Tesorería de la Federación, por una cantidad igual al diez por ciento del capital mínimo según su nivel de operaciones exigido para su constitución, según esta Ley.

VI. La demás documentación e información relacionada que la Comisión requiera para tal efecto.

La Comisión tendrá la facultad de verificar que la solicitud a que se refiere el presente artículo cumpla con lo previsto en esta Ley, para lo cual dicha Comisión contará con facultades para corroborar la veracidad de la información proporcionada y, en tal virtud, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como las demás instancias federales, entregarán la información relacionada.

Cuando no se presente el instrumento público en el que consten los estatutos de la sociedad, para su aprobación dentro del plazo de noventa días señalado en el segundo párrafo del artículo 14 de esta Ley; no se obtenga o no se solicite la autorización para iniciar operaciones en términos de los artículos 15 y 43 de esta Ley, respectivamente; la sociedad inicie operaciones distintas a las señaladas en el artículo 15 de esta misma Ley sin contar con dicha autorización, o se revoque la autorización para organizarse y operar como unión al amparo de la fracción I del artículo 97 de esta Ley, la Comisión instruirá a la Tesorería de la Federación para hacer efectiva la garantía por el importe original del depósito mencionado en la fracción V de este artículo.

En el supuesto de que se niegue la autorización solicitada, exista desistimiento por parte de los interesados o se inicien operaciones en los términos previstos en esta Ley, se devolverá al solicitante el principal y accesorios del depósito referido en la fracción V del presente artículo.

Una vez que se haya hecho la notificación a que se refiere el artículo 14 de esta Ley y se haya otorgado la aprobación de los estatutos prevista en ese mismo artículo, el inicio de operaciones de la unión deberá sujetarse a lo dispuesto en el artículo 43 de esta Ley.

CAPÍTULO II Capital y accionistas

Artículo 18. El capital mínimo suscrito y pagado para las uniones será determinado de acuerdo con el nivel de operaciones que tenga asignado, conforme a lo siguiente:

I. Para las uniones con nivel de operaciones I, deberá ser el equivalente en moneda nacional al valor de 2,000,000 de unidades de inversión;

II. Para las uniones con nivel de operaciones II, deberá ser el equivalente en moneda nacional al valor de 3,000,000 de unidades de inversión, y

III. Para las uniones con nivel de operaciones III, deberá ser el equivalente en moneda nacional al valor de 5,000,000 de unidades de inversión.

El monto del capital mínimo con el que deberán contar las uniones tendrá que estar suscrito y pagado a más tardar el último día hábil del año de que se trate. Al efecto, se considerará el valor de las unidades de inversión correspondiente al 31 de diciembre del año inmediato anterior. El capital mínimo deberá estar integrado por acciones sin derecho a retiro. El capital pagado con derecho a retiro, en ningún caso podrá ser superior al capital pagado sin derecho a retiro.

Cuando una unión anuncie su capital social, deberá al mismo tiempo anunciar su capital pagado.

El capital neto en ningún momento deberá ser inferior al capital mínimo pagado que le resulte aplicable conforme a lo establecido en este artículo.

La Comisión establecerá los casos y condiciones en que las uniones podrán adquirir transitoriamente las acciones representativas de su propio capital procurando su sano desarrollo y liquidez.

Artículo 19. Todas las acciones de las uniones, serán de igual valor; dentro de cada serie conferirán iguales derechos y deberán pagarse íntegramente en efectivo en el acto de ser suscritas, o bien, en especie si, en este último caso, así lo autoriza la Comisión considerando la situación financiera de la unión y velando por su liquidez y solvencia.

Para la transmisión de las acciones se requerirá indispensablemente la autorización del consejo de administración.

Artículo 20. Las uniones podrán emitir acciones sin valor nominal.

Las uniones podrán emitir acciones no suscritas y que serán entregadas a los suscriptores, contra el pago total de su valor nominal y de las primas que, en su caso, fije la sociedad.

Los estatutos sociales de las uniones contendrán las disposiciones relativas a las distintas series de acciones y sus características.

Artículo 21. Las acciones representativas del capital social de las uniones, únicamente podrán ser adquiridas por personas físicas o morales que realicen actividades empresariales en términos de lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación.

La participación, directa o indirecta, de cualquier persona física o moral, en el capital social de una unión no podrá exceder del diez por ciento. Se exceptúa de lo dispuesto en este párrafo al Gobierno Federal.

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, cualquier persona física o moral extranjera y las entidades extranjeras sin personalidad jurídica, podrán participar indirectamente hasta en el diez por ciento del capital de una unión, siempre y cuando las acciones representativas del capital social de la unión sean adquiridas por personas morales mexicanas, en las que participe dicha persona física o moral extranjera. Asimismo, dichas personas y entidades extranjeras podrán participar directamente en el capital social de una unión hasta en un diez por ciento de forma agregada.

No podrán participar en forma alguna en el capital social de las uniones, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad.

La Comisión determinará mediante disposiciones de carácter general los requisitos que deberán cumplir las personas que adquieran acciones de las uniones.

Artículo 22. Las uniones se abstendrán, en su caso, de efectuar la inscripción en el registro a que se refieren los artículos 128 y 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles de las transmisiones de acciones que se efectúen en contravención a lo dispuesto por los artículos 21 y 23 de esta Ley, y deberán informar a la Comisión, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de ello.

La abstención referida en el párrafo anterior no dará lugar a la responsabilidad a que se refiere el artículo 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Las adquisiciones de acciones de una unión que se realicen en contravención a lo previsto en los artículos 21 y 23 de esta Ley, estarán afectas de nulidad y no surtirán efectos hasta que se acredite que se ha obtenido la autorización que corresponda, de modo que las personas que las hubieren adquirido o los hayan celebrado no podrán ejercer los derechos corporativos y patrimoniales respectivos. Una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes, las adquisiciones y actos antes referidos serán convalidados.

Artículo 23. La adquisición, mediante una o varias operaciones simultáneas, de acciones representativas del capital social de una unión, por parte de una persona o grupo de personas, estará sujeta a los requisitos siguientes:

I. Cuando se adquiera más del dos por ciento y hasta el cinco por ciento del capital social de la unión, deberán informar por escrito a la Comisión, dentro de los tres días hábiles siguientes a la transmisión o adquisición.

II. Cuando se pretenda adquirir más del cinco por ciento y hasta el diez por ciento del capital social de una unión, deberán obtener la previa autorización de la Comisión para lo cual deberán acompañar a su solicitud la información y documentación a que se refiere el artículo 17, fracción II de esta Ley.

III. Cuando un grupo de personas pretenda adquirir en su conjunto el control o el diez por ciento o más del capital social de una unión, se requerirá de la previa autorización de la Comisión, para lo cual deberán acompañar a su solicitud la información y documentación a que se refiere el artículo 17, fracción II de esta Ley. La propia Comisión determinará mediante disposiciones de carácter general los grupos de personas que se considerarán como una sola por los vínculos de interés común que mantengan.

Para efectos de lo previsto en esta fracción, la Comisión deberá tomar en cuenta que el grupo de personas no tenga relación directa con otros socios o que esto motive una concentración indebida de capital.

IV. Cuando un grupo de personas que no sean consideradas como una sola persona, pretendan adquirir en su conjunto, mediante operaciones simultáneas, el control o más del diez por ciento del capital social de una unión, requerirán previa autorización de la Comisión para lo cual deberán acompañar a su solicitud la información y documentación a que se refiere el artículo 17, fracción II de esta Ley.

CAPÍTULO III De la administración de las uniones de crédito

Artículo 24. La administración de las uniones estará encomendada a un consejo de administración y a un director general, en sus respectivas esferas de competencia.

Artículo 25. El consejo de administración de las uniones estará integrado por un mínimo de tres y un máximo de quince consejeros propietarios, de los cuales cuando menos el veinticinco por ciento deberán ser independientes. Cada consejero propietario designará a su respectivo suplente, en el entendido de que los consejeros suplentes de los consejeros independientes, deberán tener este mismo carácter.

Cada accionista o grupo de accionistas que representen por lo menos un diez por ciento del capital pagado de una unión, tendrán derecho a designar un consejero. Sólo podrá revocarse el nombramiento de estos consejeros de minoría, cuando se revoque el de todos los demás.

Artículo 26. Los nombramientos de consejeros de las uniones deberán recaer en personas que cuenten con calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio, así como con amplios conocimientos y experiencia en materia financiera, legal o administrativa.

La mayoría de los consejeros deberán ser residentes en el territorio nacional.

En ningún caso podrán ser consejeros:

I. Los directivos y empleados de la unión, con excepción del director general;

II. El cónyuge, la concubina o el concubinario de cualquier consejero, así como las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, o civil, con más de dos consejeros;

III. Los directivos o empleados de las empresas en que sean accionistas uno o más integrantes del consejo de administración de la propia unión;

IV. Las personas que tengan litigio pendiente con la unión de que se trate;

V. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales dolosos y las inhabilitadas para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano;

VI. Los quebrados y concursados, y

VII. Quienes realicen funciones de supervisión o regulación de las uniones.

Los consejeros de las uniones que participen en el consejo de administración de otras entidades financieras, deberán revelar dicha circunstancia a la asamblea de accionistas en el acto de su designación.

Artículo 27. Por consejero independiente, deberá entenderse a la persona que sea ajena a la unión respectiva, y que reúna los requisitos y condiciones que determine la Comisión, mediante disposiciones de carácter general, en las que igualmente se establecerán los supuestos bajo los cuales, se considerará que un consejero deja de ser independiente.

No podrán ser consejeros independientes:

I. Los empleados o directivos de la unión;

II. Los accionistas de la unión;

III. Socios o personas que ocupen un empleo cargo o comisión en sociedades o asociaciones importantes que presten servicios a la unión, cuyos ingresos representen el cinco por ciento o más de sus ingresos;

IV. Los clientes, proveedores, prestadores de servicios, deudores, acreedores importantes, socios, consejeros o empleados de una sociedad que sea cliente, proveedor, prestador de servicios, deudor o acreedor importante de la unión.

Se considera que un cliente, proveedor o prestador de servicios es importante cuando los servicios que le preste la unión o las ventas que aquél le haga a ésta, representan más del diez por ciento de los servicios o ventas totales del cliente o del proveedor, respectivamente. Asimismo, se considera que un deudor o acreedor es importante cuando el importe de la operación respectiva es mayor al quince por ciento de los activos de la unión o de su contraparte;

V. Los empleados de una fundación, asociación o sociedad civiles que reciban donativos importantes de la unión.

Se consideran donativos importantes a aquellos que representen más del quince por ciento del total de donativos recibidos por la fundación, asociación o sociedad civiles de que se trate;

VI. Los directores generales o directivos de alto nivel de una sociedad en cuyo consejo de administración participe el director general o un directivo de alto nivel de la unión;

VII. Los cónyuges, concubina o concubinario, así como los parientes por consanguinidad o afinidad en primer grado de alguna de las personas mencionadas en las fracciones III a VI anteriores, o bien, hasta el tercer grado, en relación con las señaladas en las fracciones I, II, VIII y IX de este artículo;

VIII. Quienes hayan estado comprendidos en alguno de los supuestos anteriores, durante el año anterior al momento en que se pretenda hacer su designación, y

IX. Las personas relacionadas a que se refiere el artículo 61 de esta Ley.

Artículo 28. El consejo de administración deberá reunirse por lo menos trimestralmente y en forma extraordinaria, cuando sea convocado por su presidente, al menos el veinticinco por ciento de los consejeros, o cualquiera de los comisarios de la unión. Para la celebración de las sesiones ordinarias y extraordinarias del consejo de administración se deberá contar con la asistencia de cuando menos el cincuenta y uno por ciento de los consejeros, de los cuales por lo menos uno deberá ser consejero independiente.

El Presidente del consejo tendrá voto de calidad en caso de empate.

Artículo 29. Los consejeros estarán obligados a abstenerse expresamente de participar en la deliberación y votación de cualquier asunto que implique para ellos un conflicto de intereses. Asimismo, deberán mantener absoluta confidencialidad respecto de todos aquellos actos, hechos o acontecimientos relativos a la unión de que sean consejeros, así como de toda deliberación que se lleve a cabo en el consejo, sin perjuicio de la obligación que tendrá la unión de proporcionar toda la información que le sea solicitada al amparo de la presente Ley.

Artículo 30. El consejo de administración, sin perjuicio de las funciones que le son propias, deberá contar con un comité de auditoría, con carácter consultivo. Dicho comité, en su integración y funcionamiento, deberá ajustarse a las disposiciones de carácter general que emita la Comisión.

Artículo 31. El consejo de administración de las uniones deberá aprobar el Manual de Políticas y Procedimientos, el cual contendrá, entre otros, la regulación aplicable a las operaciones que se realizarán a través del departamento especial.

Artículo 32. Los nombramientos del director general de las uniones y de los directivos que ocupen el cargo con la jerarquía inmediata inferior a la de éste, deberán recaer en personas que cuenten con elegibilidad crediticia y honorabilidad, y que además reúnan los requisitos que establezca la Comisión mediante disposiciones de carácter general.

Artículo 33. La unión de que se trate, deberá verificar que las personas que sean designadas como consejeros, director general y directivos con la jerarquía inmediata inferior a la de este último, cumplan, con anterioridad al inicio de sus gestiones, con los requisitos señalados en esta Ley. La Comisión podrá establecer, mediante disposiciones de carácter general, los criterios mediante los cuales se deberán integrar los expedientes que acrediten el cumplimiento a lo señalado en el presente artículo.

Las uniones deberán informar a la Comisión los nombramientos de consejeros, director general y directivos con la jerarquía inmediata inferior a la de este último, dentro de los cinco días hábiles posteriores a su designación, manifestando expresamente que los mismos cumplen con los requisitos aplicables.

Artículo 34. Los poderes que otorguen las uniones no requerirán otras inserciones que las relativas al acuerdo del consejo que haya autorizado el otorgamiento del poder, a las facultades que en la escritura constitutiva o en los estatutos sociales se concedan al mismo consejo sobre el particular y a la comprobación del nombramiento de los consejeros.

Artículo 35. Los comisarios de las uniones deberán contar con calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio en términos de las disposiciones a que se refiere el artículo 33 de esta Ley, así como con amplios conocimientos y experiencia en materia financiera, contable, legal o administrativa.

Artículo 36. No podrán ser comisarios propietarios o suplentes de las uniones:

I. Sus directores generales, y

II. Los miembros de sus consejos de administración, propietarios o suplentes.

CAPÍTULO IV De la fusión y escisión

Artículo 37. Para la fusión de dos o más uniones o de cualquier sociedad o entidad financiera con una unión, se requerirá autorización previa de la Comisión con aprobación de su Junta de Gobierno y se efectuará de acuerdo con las bases siguientes:

I. Las sociedades respectivas presentarán a la Comisión los proyectos de los acuerdos de las asambleas de accionistas relativos a la fusión, del convenio de fusión y de las modificaciones que correspondería realizar a los estatutos de las propias sociedades, estados contables que presenten la situación de las sociedades y que servirán de base para que la asamblea autorice la fusión, estados financieros proyectados de la sociedad resultante de la fusión y la información siguiente:

II. Una vez obtenida la autorización a que se refiere este artículo, los acuerdos de fusión se inscribirán en el Registro Público de Comercio. A partir de la fecha en que se inscriban surtirá efectos la fusión;

III. Una vez hecha la inscripción anterior, los acuerdos de fusión adoptados por las respectivas asambleas de accionistas se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

IV. La autorización que otorgue la Comisión para la fusión de una unión como fusionada, dejará sin efectos la autorización otorgada a ésta para organizarse y operar como tal, sin que para ello, resulte necesaria la emisión de una declaratoria expresa por parte de la autoridad que la haya otorgado, y

V. Durante los noventa días naturales siguientes a partir de la fecha de publicación, los acreedores de las sociedades podrán oponerse judicialmente a la misma, con el único objeto de obtener el pago de sus créditos, sin que esta oposición suspenda la fusión.

Artículo 38. Para la escisión de una unión, se requerirá autorización previa de la Comisión con aprobación de su Junta de Gobierno.

La sociedad escindente presentará a la Comisión el proyecto de acta que contenga los acuerdos de su asamblea general extraordinaria de accionistas relativos a su escisión, proyecto de reformas estatutarias de la sociedad escindente, proyecto de estatutos sociales de la sociedad escindida, estados contables que presenten la situación de la sociedad escindente y que servirán de base para la asamblea que autorice la escisión, estados financieros proyectados de las sociedades que resulten de la escisión, y la demás documentación conexa que requiera la Comisión a efecto de evaluar la solicitud respectiva.

La autorización a que se refiere este artículo, los acuerdos de la asamblea de accionistas relativos a la escisión y la escritura constitutiva de la escindida, se inscribirán en el Registro Público de Comercio. A partir de la fecha en que se inscriban surtirá efectos la escisión.

Una vez hecha la inscripción anterior, los acuerdos de escisión adoptados por la asamblea de accionistas de la sociedad escindente se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

Durante los noventa días naturales siguientes a partir de la fecha de publicación a que se refiere la fracción anterior, los acreedores de la sociedad escindente podrán oponerse judicialmente a la misma, con el único objeto de obtener el pago de sus créditos, sin que esta oposición suspenda la escisión.

La sociedad escindida no se entenderá autorizada para organizarse y operar como unión, y la sociedad escindente que subsista conservará la autorización que se le haya otorgado para tales efectos.

Con motivo de la escisión, a la sociedad escindida sólo se le transmitirán operaciones activas, pasivas, fidecomisos y comisiones de la unión escindente, en los casos en que lo autorice la Comisión, cuando considere que no se afectan adversamente los intereses de los socios de las uniones en las operaciones respectivas y no exista oposición de acreedores. Los fideicomisos o comisiones sólo podrán transmitirse cuando el causahabiente final sea una entidad financiera autorizada para llevar a cabo este tipo de operaciones.

En el evento de que la escisión produzca la extinción de la unión escindente, la autorización otorgada para organizarse y operar como tal quedará sin efectos, sin que resulte necesario la emisión de una declaratoria expresa al respecto.

TÍTULO TERCERO De las operaciones

CAPÍTULO I Disposiciones generales

Artículo 39. Las uniones estarán clasificadas en tres niveles de operación conforme al capital mínimo suscrito y pagado exigido por esta Ley, y podrán realizar las operaciones en términos de lo previsto en el artículo 40 siguiente.

Artículo 40. Las uniones, en los términos de su autorización y dependiendo del nivel de operaciones que les corresponda, sólo podrán realizar las siguientes operaciones:

I. Recibir préstamos y créditos exclusivamente de sus socios, de fondos privados de financiamiento e inversión, de instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, de otras uniones o de entidades financieras del exterior, así como de sus proveedores.

Las operaciones a que se refiere esta fracción que se garanticen con hipoteca de propiedades de las uniones, deberán acordarse previamente en asamblea general extraordinaria de accionistas por votación que represente por lo menos el sesenta y seis por ciento de su capital pagado, salvo que en sus estatutos tengan establecido un porcentaje más elevado;

II. Recibir financiamientos de fondos aportados a fideicomisos constituidos por los gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en las reglas de operación que los mismos establezcan;

III. Emitir valores, para su colocación entre el gran público inversionista, excepto obligaciones subordinadas de cualquier tipo;

IV. Otorgar créditos y préstamos a sus socios, con o sin garantía, o bien, facilitar el acceso al crédito otorgándoles su garantía o aval;

V. Practicar con sus socios operaciones de descuento, préstamo y crédito;

VI. Efectuar con fines de cobertura, sin que en ningún caso actúe como intermediario, operaciones financieras derivadas;

VII. Emitir cartas de crédito, previa recepción de su importe;

VIII. Constituir depósitos en instituciones de crédito y entidades financieras del exterior;

IX. Efectuar operaciones de factoraje financiero con sus socios o con las empresas de las que éstos tengan control;

X. Celebrar contratos de arrendamiento financiero con sus socios y adquirir los bienes que sean objeto de tales contratos;

XI. Descontar, dar en garantía o negociar los títulos de crédito y afectar los derechos provenientes de los contratos de financiamiento que realicen con sus socios o de las operaciones autorizadas a las uniones, con las personas de las que reciban financiamiento, en términos de las fracciones I y II anteriores, así como afectar en fideicomiso irrevocable los títulos de crédito y los derechos provenientes de los contratos de financiamiento que celebren con sus socios a efecto de garantizar el pago de las emisiones a que se refiere la fracción III de este artículo;

XII. Recibir de sus socios dinero para el cumplimiento de mandatos o comisiones con el exclusivo objeto de prestar servicios de caja, cuyos saldos podrá depositar la unión en instituciones de crédito, entidades financieras del exterior o invertirlos en valores gubernamentales.

Los recursos en dinero recibidos para la ejecución de mandatos o comisiones a que se refiere el párrafo anterior podrán ser retirados en efectivo, mediante tarjeta de débito, así como mediante traspasos y órdenes de pago no negociables. En ningún caso podrá disponerse de ellos mediante cheques;

XIII. Realizar operaciones con valores por cuenta propia, con la intermediación de casas de bolsa y otros intermediarios del mercado de valores autorizados;

XIV. Prestar a sus socios servicios de administración y cobranza de créditos derivada de la provisión de bienes o servicios;

XV. Actuar como intermediarios en la contratación de seguros documentados, exclusivamente en contratos de adhesión, salvo en los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social, en los términos de las disposiciones aplicables;

XVI. Actuar como fiduciarias, en los fideicomisos de garantía a que se refiere la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;

XVII. Proporcionar de manera directa servicios de distribución de acciones a las sociedades de inversión, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Inversión y en las disposiciones de carácter general aplicables a este tipo de operaciones;

XVIII. Adquirir títulos representativos del capital de sociedades mercantiles, incluyendo aquéllas que les presten servicios complementarios o auxiliares en su administración, o en la realización de su objeto, así como de sociedades inmobiliarias que sean propietarias o administradoras de bienes destinados a sus oficinas, previa autorización de la Comisión; dichas sociedades deberán ajustarse, en cuanto a los servicios u operaciones que la Comisión repute complementarios o auxiliares de las operaciones que sean propias de las uniones, a las disposiciones de carácter general que dicte la misma Comisión, y a su inspección y vigilancia y, en consecuencia, deberán cubrir las cuotas de inspección y vigilancia correspondientes;

XIX. Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de su objeto y enajenarlos cuando corresponda;

XX. Dar en arrendamiento sus bienes muebles e inmuebles, cuando concurran circunstancias que lo justifiquen;

XXI. Tomar a su cargo o contratar la construcción o administración de obras de propiedad de sus socios para uso de los mismos, cuando esas obras sean necesarias para el objeto directo de sus empresas, negociaciones o industrias;

XXII. Promover la organización y administrar empresas industriales o comerciales para lo cual podrán asociarse con terceras personas. Estas operaciones deberán realizarse con recursos provenientes de su capital pagado y reservas de capital o de préstamos que reciban para ese fin;

XXIII. Encargarse de la compra y venta de los frutos o productos obtenidos o elaborados por sus socios o por terceros;

XXIV. Comprar, vender y comercializar insumos, materias primas, mercancías y artículos diversos, así como alquilar bienes de capital necesarios para la explotación agropecuaria, industrial, comercial y de servicios, por cuenta de sus socios o de terceros;

XXV. Adquirir por cuenta propia los bienes a que se refiere la fracción anterior para enajenarlos o rentarlos a sus socios o a terceros;

XXVI. Encargarse, por cuenta propia, de la transformación industrial o del beneficio de los productos obtenidos o elaborados por sus socios;

XXVII. La transformación que se señala en la fracción anterior podrá realizarse en las plantas industriales que adquieran al efecto, con cargo a su capital pagado y reservas de capital o con recursos provenientes de financiamientos de instituciones de crédito, y

XXVIII. Las demás operaciones análogas y conexas que, mediante disposiciones de carácter general autorice la Comisión.

Las operaciones señaladas en las fracciones XXIII a XXV de este artículo que realicen las uniones con terceros, en ningún caso constituirán su actividad preponderante, debiendo en todo caso realizarse tales operaciones a través del departamento especial a que se refiere el artículo 31 de esta Ley.

Las operaciones a que se refieren las fracciones XXI a XXVII de este artículo, se efectuarán por medio de departamento especial.

Las uniones podrán otorgar o recibir créditos de otras uniones siempre y cuando éstos no representen más del diez por ciento de su capital neto, cuando se encuentren comprendidas en los niveles de operaciones II y III.

Las operaciones de factoraje financiero y arrendamiento financiero, únicamente podrán llevarse a cabo por uniones que se ubiquen en los niveles de operaciones II y III. La encomienda fiduciaria en fideicomisos de garantía, sólo podrá realizarse por las uniones que se ubiquen en el nivel de operaciones III.

Artículo 41. Las uniones podrán, previa autorización de la Comisión, celebrar operaciones de compra y venta de divisas exclusivamente con sus socios.

Para obtener la autorización a que se refiere este artículo, las uniones deberán acreditar fehacientemente a la Comisión que requieren divisas de manera cotidiana, como resultado de sus operaciones normales, de las de sus socios o de las empresas de estos últimos.

Artículo 42. Las características de las operaciones activas, pasivas, y de servicios que realicen las uniones se sujetarán a lo dispuesto por las disposiciones de carácter general que emita la Comisión con el propósito de atender necesidades de regulación crediticia.

Artículo 43. La Comisión autorizará a las uniones el inicio de operaciones o el cambio de nivel de operaciones a que se refiere el artículo 39 de esta Ley, cuando acrediten el cumplimiento de lo siguiente:

I. Que las operaciones de que se trate se encuentren expresamente señaladas en sus estatutos sociales;

II. Que cuentan con el capital social mínimo pagado que les corresponda conforme a lo establecido en el artículo 18 de esta Ley, en función de su nivel de operaciones;

III. Que los consejeros, el director general y los directivos que ocupen el cargo con la jerarquía inmediata inferior a la de éste, cumplen los requisitos establecidos en esta Ley y demás disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión;

IV. Que cuentan con la infraestructura y controles internos necesarios para realizar sus operaciones y otorgar sus servicios, conforme a las disposiciones aplicables, incluso ante el evento de contratar con terceros la prestación de servicios necesarios para el desarrollo de su objeto social, y

V. Que se encuentran al corriente en el pago de las sanciones impuestas por incumplimiento a esta Ley que hayan quedado firmes, así como en el cumplimiento de las observaciones y acciones correctivas que, en ejercicio de sus funciones hubiere dictado la citada Comisión.

La Comisión practicará las visitas de inspección que considere necesarias a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos a que se refieren las fracciones anteriores.

La unión de que se trate deberá inscribir en el Registro Público de Comercio, para efectos declarativos, la autorización que se le haya otorgado para el inicio de operaciones en términos del presente artículo, a más tardar a los treinta días posteriores a que le haya sido notificada.

Artículo 44. Las uniones en ningún caso podrán dar noticias o información de los préstamos, créditos, servicios o cualquier tipo de operaciones, sino al socio, acreditante, acreditado, titular o beneficiario que corresponda, a sus representantes legales o a quienes tenga otorgado poder para disponer de los créditos otorgados o concedidos o para intervenir en la operación o servicio, salvo en los casos previstos en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Artículo 45. Las operaciones de crédito que practiquen las uniones con sus socios, deberán estar relacionadas directamente con las actividades de las empresas o negocios de aquéllos.

CAPÍTULO II Regulación prudencial

Artículo 46. La Comisión emitirá lineamientos mínimos de regulación prudencial a los que deberán sujetarse las uniones, en temas tales como procesos crediticios, calificación de cartera crediticia, coeficientes de liquidez, administración integral de riesgos, controles internos y aquellos otros que juzgue convenientes para proveer la solvencia financiera y la adecuada operación de las uniones.

La Comisión determinará mediante disposiciones técnicas y operativas de carácter general, las bases para la calificación de la cartera de créditos de las uniones, la documentación e información que éstas recabarán para el otorgamiento, renovación y durante la vigencia de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantía real, los requisitos que dicha documentación habrá de reunir y la periodicidad con que deba obtenerse, así como la integración de las estimaciones preventivas, que por cada rango de calificación tengan que constituirse, buscando asegurar la solvencia y estabilidad de las uniones y la confiabilidad de su información financiera.

Las uniones deberán cumplir con las disposiciones generales de carácter prudencial que emita la Comisión en términos de lo previsto en este artículo.

Artículo 47. Al realizar sus operaciones las uniones deben diversificar sus riesgos. La Comisión determinará mediante disposiciones de carácter general lo siguiente:

I. Los porcentajes máximos de los pasivos a cargo de una unión que correspondan a obligaciones directas o contingentes en favor de una misma persona, entidad o grupo de personas que de acuerdo con las mismas reglas deban considerarse para estos efectos, como un solo acreedor.

II. Los límites máximos del importe de las responsabilidades directas y contingentes incluyendo las inversiones en títulos representativos de capital, de una misma persona, entidad o grupo de personas que por sus nexos patrimoniales o de responsabilidad, constituyan riesgos comunes, los cuales no podrán exceder del cincuenta por ciento del capital neto señalado en el artículo 48 de la presente Ley.

La Comisión en la emisión de las disposiciones a que se refiere este artículo, para el cálculo de los montos máximos de financiamiento que pueden otorgar las uniones, tomará en cuenta en todo caso, los pasivos contraídos por las uniones a que se refiere la fracción I del artículo 40 de esta Ley que se hayan constituido como garantía irrevocable de créditos concedidos a sus socios, para establecer límites adicionales a los establecidos en el párrafo anterior.

La Comisión, a solicitud de la unión podrá autorizar operaciones específicas por montos que excedan los límites máximos, cuando las características de las mismas así lo justifiquen.

Artículo 48. Las uniones deberán mantener un capital neto en relación con los riesgos de mercado, de crédito y otros en que incurran en su operación, que no podrá ser inferior a la cantidad que resulte de sumar los requerimientos de capital por cada tipo de riesgo, en términos de las disposiciones de carácter general que establezca la Comisión con aprobación de su Junta de Gobierno.

El capital neto, en su parte básica y complementaria, se determinará conforme a lo que establezca la propia Comisión en las mencionadas disposiciones que procuren salvaguardar la solvencia y estabilidad financiera de las uniones.

La Comisión, en las disposiciones de carácter general a que se refiere el primer párrafo de este artículo, establecerá el procedimiento para el cálculo del índice de capitalización aplicable a las uniones.

Cuando la Comisión con motivo de su función de supervisión, requiera a las uniones realizar ajustes a los registros contables relativos a sus operaciones activas y pasivas que, a su vez, puedan derivar en modificaciones a su índice de capitalización, la Comisión deberá llevar a cabo las acciones necesarias para que se realice el cálculo de dicho índice de conformidad con lo previsto en este artículo y en las disposiciones aplicables, en cuyo caso escuchará previamente a la unión afectada.

El índice de capitalización que, en términos del presente artículo, resulte de los ajustes requeridos por la Comisión será el utilizado para todos los efectos legales conducentes.

Artículo 49. Las inversiones con cargo al capital de la unión, se sujetarán a los límites siguientes:

I. No excederá del sesenta por ciento de la parte básica del capital neto, el importe de las inversiones en mobiliario y equipo, en inmuebles destinados a sus oficinas y bodegas, más el importe de las inversiones en el capital de las sociedades que les presten servicios complementarios o auxiliares en su administración, o en la realización de su objeto, así como de sociedades inmobiliarias que sean propietarias o administradoras de bienes destinados a sus oficinas. La inversión en dichas acciones y los requisitos que deban satisfacer las sociedades a que se hace referencia, se sujetarán a las disposiciones de carácter general que dicte la Comisión.

II. El importe de los gastos de organización o similares no podrá exceder del veinte por ciento de la parte básica del capital neto.

III. El importe total de las inversiones en plantas industriales, sociedades comerciales o de servicios que estén vinculadas con las actividades de sus socios, así como en empresas propietarias de dichas plantas, no podrá ser superior al setenta y cinco por ciento del capital contable de la unión.

Cuando tengan saldos insolutos provenientes de créditos destinados a la adquisición de plantas industriales, sociedades comerciales o de servicios, o empresas propietarias de dichas plantas, las uniones no podrán acordar devoluciones de capital con derecho a retiro.

Lo dispuesto en las fracciones I y III anteriores, es sin perjuicio de lo previsto en la fracción V del artículo 103 de esta Ley.

CAPÍTULO III Reglas especiales

Artículo 50. En los créditos, préstamos o financiamientos que las uniones otorguen, el pago de los intereses no podrá ser exigido por adelantado, sino únicamente por períodos vencidos, sin perjuicio de ajustarse a la legislación mercantil aplicable. La Comisión mediante las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 42 de esta Ley, determinará los montos de los créditos, préstamos y financiamientos a los que les será aplicable este artículo, de los cuales las uniones estarán obligadas a informar a sus socios al momento de pactar los términos del crédito.

Artículo 51. Para el otorgamiento de sus créditos, las uniones deberán estimar la viabilidad de pago de los mismos por parte de los acreditados o contrapartes, valiéndose para ello de un análisis a partir de información cuantitativa y cualitativa, que permita establecer su solvencia crediticia y la capacidad de pago en el plazo previsto del crédito. Lo anterior, deberá observarse sin menoscabo de considerar el valor monetario de las garantías que se hubieren ofrecido.

De igual manera, las modificaciones a los contratos de crédito que las uniones acuerden con sus acreditados, por convenir a sus respectivos intereses, deberán basarse en análisis de viabilidad de pago, a partir de información cuantitativa y cualitativa, en los términos del párrafo anterior.

Cuando se presenten o se presuman circunstancias financieras adversas o diferentes de aquellas consideradas en el momento del análisis original, que le impiden al acreditado hacer frente a sus compromisos adquiridos en tiempo y forma, o cuando se mejore la viabilidad de la recuperación, las uniones deberán basarse en análisis cuantitativos y cualitativos que reflejen una mejoría en las posibilidades de recuperación del crédito, para sustentar la viabilidad de la reestructura que se acuerde. En estos casos, las uniones deberán realizar las gestiones necesarias para la obtención de pagos parciales o garantías adicionales a las originalmente contratadas. Si en la reestructura, además de la modificación de condiciones originales, se requiriera de recursos adicionales, deberá contarse con un estudio que soporte la viabilidad de pago del adeudo agregado bajo las nuevas condiciones.

En todos los casos deberá existir constancia de que los procedimientos de crédito se ajustaron a las políticas y lineamientos que la propia unión hubiere establecido para tales efectos.

Para la adecuada observancia de lo previsto en el presente artículo, las uniones se ajustarán a las disposiciones de carácter prudencial que, en materia de crédito y administración de riesgos, expida la Comisión para procurar la solvencia de las uniones.

La Comisión vigilará que las uniones observen debidamente lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 52. Los contratos de crédito refaccionario y de habilitación o avío, que celebren las uniones, se ajustarán a lo dispuesto por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y a las bases siguientes:

I. Se consignarán, según convenga a las partes y cualquiera que sea su monto, en póliza ante corredor público titulado, en escritura pública o en contrato privado, que en este último caso se firmará por triplicado ante dos testigos y se ratificará ante notario público, corredor público titulado, juez de primera instancia en funciones de notario o ante el encargado del Registro Público correspondiente;

II. Sin satisfacer más formalidades que las señaladas en la fracción anterior, se podrán establecer garantías reales sobre bienes muebles o inmuebles, además de los que constituyen la garantía propia de estos créditos, o sobre la unidad agrícola, ganadera o de otras actividades primarias, industrial, comercial o de servicios, con las características que se mencionan en el artículo siguiente;

III. Los bienes sobre los cuales se constituya la prenda, en su caso, podrán quedar en poder del deudor en los términos establecidos en el artículo 329 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;

IV. El deudor podrá usar y disponer de la prenda que quede en su poder, conforme a lo que se pacte en el contrato, y

V. Podrá exceder del cincuenta por ciento la parte de los créditos refaccionarios que se destine a cubrir los pasivos a que se refiere el párrafo segundo el artículo 323 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sólo en los casos que la Comisión autorice a la unión para ello, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 51 de esta Ley.

Artículo 53. En los contratos de crédito de habilitación o avío, el acreditante se reservará el derecho de negociar, afectar en garantía o endosar a entidades financieras del país, los títulos que expida el acreditado por las disposiciones que vaya efectuando y se obligará, en su caso, a rescatarlos de acuerdo con lo pactado, a medida que se vayan haciendo los reembolsos del crédito; cada disposición estará de acuerdo con los ciclos de producción; la mora en el pago de una disposición, suspenderá el ejercicio del crédito y los frutos o productos futuros y los nuevos bienes que adquiera el acreditado para servicio de la unidad productiva dentro de la vigencia del contrato, quedarán en garantía sin necesidad de ulteriores anotaciones o inscripciones en el Registro Público de Comercio que corresponda, salvo que se trate de bienes inmuebles.

Cuando el crédito de habilitación o avío sea complementario de un crédito refaccionario y se formalice en el mismo instrumento, los plazos de aquél podrán ampliarse a los establecidos para el refaccionario, siempre que se observen los requisitos y condiciones señalados en el párrafo anterior.

Artículo 54. La prenda sobre bienes y valores se constituirá en la forma prevista en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, bastando al efecto que se consigne en el documento de crédito respectivo con expresión de los datos necesarios para identificar los bienes dados en garantía.

En todo caso de anticipo sobre títulos o valores, de prenda sobre ellos, sobre sus frutos y mercancías, las uniones podrán efectuar la venta de los títulos, bienes o mercancías, en los casos que proceda de conformidad con la mencionada Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por medio de corredor público titulado o de dos comerciantes de la localidad, conservando en su poder la parte del precio que cubra las responsabilidades del deudor, que podrán aplicar en compensación de su crédito y guardando a disposición de aquél el sobrante que pueda existir.

Artículo 55. Cuando las uniones reciban en prenda créditos en libros, bastará que se haga constar así, en los términos del artículo anterior, en el contrato correspondiente, que los créditos dados en prenda se hayan especificado en las notas o relaciones respectivas, y que esas relaciones hayan sido transcritas por la unión acreedora en un libro especial en asientos sucesivos, en orden cronológico, en el que se expresará el día de la inscripción, a partir de la cual la prenda se entenderá constituida.

El deudor se considerará como mandatario del acreedor para el cobro de los créditos, y tendrá las obligaciones y responsabilidades civiles y penales que al mandatario correspondan.

Artículo 56. Las hipotecas constituidas en favor de uniones, sobre la unidad completa de una empresa industrial, agrícola, ganadera o dedicada a la explotación de bienes o servicios públicos, deberán comprender la concesión o concesiones respectivas, en su caso; todos los elementos materiales, muebles o inmuebles afectos a la explotación, considerados en su unidad; y además, podrán comprender el dinero en caja de la explotación corriente y los créditos a favor de la empresa, nacidos directamente de sus operaciones, sin perjuicio de la posibilidad de disponer de ellos y de sustituirlos en el movimiento normal de las operaciones, sin necesidad del consentimiento del acreedor salvo pacto en contrario.

Las uniones acreedoras de las hipotecas a que se refiere este artículo, deberán permitir el desarrollo normal de la explotación de los bienes afectos a las mismas, conforme al destino que les corresponda, y no podrán, tratándose de bienes afectos a una concesión de servicio público, oponerse a las alteraciones o modificaciones que a los mismos se haga durante el plazo de la hipoteca, siempre que resulten necesarios para la mejor prestación del servicio público correspondiente.

Sin embargo, como acreedores podrán oponerse a la venta o enajenación de parte de los bienes y a la fusión con otras empresas, en caso de que se origine con ello un peligro para la seguridad de los créditos hipotecarios.

La referida hipoteca podrá constituirse, en segundo lugar, si el importe de los rendimientos netos de la explotación libre de toda otra carga, alcanza para cubrir los intereses y amortizaciones del préstamo.

Las hipotecas a que se refiere este artículo deberán ser inscritas en el Registro Público de Comercio del lugar o lugares en que estén ubicados los bienes.

Será aplicable en lo pertinente a las hipotecas a que se refiere este artículo, lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Artículo 57. En los contratos de crédito, arrendamiento financiero y factoraje financiero que celebren las uniones en que se pacte que el acreditado o mutuatario, arrendatario o factorado puedan disponer de la suma acreditada o del importe del préstamo en cantidades parciales o estén autorizados para efectuar reembolsos previos al vencimiento del término señalado en el contrato, el estado de cuenta certificado por el contador de la unión acreedora hará fe, salvo prueba en contrario, en el juicio respectivo para la fijación del saldo resultante a cargo del deudor.

Artículo 58. El contrato o documento en que se hagan constar los créditos, arrendamientos financieros o factoraje financiero que otorguen las uniones, junto con la certificación del estado de cuenta a que se refiere el artículo anterior, serán título ejecutivo mercantil sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito alguno.

Tratándose de factoraje financiero, además del contrato se deberá contar con los documentos que demuestren los derechos de crédito trasmitidos a uniones, notificados debidamente al deudor.

El estado de cuenta certificado antes citado, deberá contener los datos sobre la identificación del contrato o convenio en donde conste el crédito o arrendamiento otorgado; el capital inicial dispuesto o importe de las rentas determinadas; el capital o rentas vencidas no pagadas; el capital o rentas pendientes por vencer; las tasas de interés del crédito o variabilidad de la renta aplicable las rentas determinables a cada período de pago; los intereses moratorios generados; la tasa de interés aplicable a intereses moratorios, y el importe de accesorios generados.

Artículo 59. El juez decretará de plano la posesión del bien objeto del contrato de arrendamiento financiero, solicitada conforme al artículo 416 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito por las uniones que hayan celebrado dicho contrato como arrendador, siempre que, además del contrato de arrendamiento financiero debidamente certificado ante fedatario público, aquéllas acompañen a su solicitud el estado de cuenta certificado en los términos del artículo 57 de esta Ley.

Artículo 60. Las uniones, al emitir las cartas de crédito a que se refieren la fracción VII del artículo 40 de esta Ley, se sujetarán a lo señalado en este artículo y, de manera supletoria, a los usos y prácticas que expresamente indiquen las partes en cada una de ellas, sin que resulte aplicable para esta operación lo dispuesto en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en materia de cartas de crédito.

Para efectos de esta Ley, se entenderá por carta de crédito al instrumento por virtud del cual una unión se obliga a pagar, a la vista o a plazo, a nombre propio o por cuenta de su socio, directamente o a través de un banco corresponsal, una suma de dinero determinada o determinable a favor del beneficiario, contra la presentación de los documentos respectivos, siempre y cuando se cumplan los términos y condiciones previstos en la propia carta de crédito.

Las cartas de crédito podrán ser emitidas por las uniones con base en el otorgamiento de créditos o previa recepción de su importe como prestación de un servicio. En ambos casos, los documentos con base en los cuales se lleve a cabo la emisión de la carta de crédito deberán contener, al menos, los términos y condiciones para el ejercicio del crédito o la prestación del servicio, el pago de principal, accesorios, gastos y comisiones, así como la devolución de las cantidades no utilizadas.

Una vez emitidas las cartas de crédito, la obligación de pago de la unión emisora será independiente de los derechos y obligaciones que ésta tenga frente a su socio. Las cartas de crédito deberán establecer un plazo de vigencia determinado o determinable.

Las cartas de crédito irrevocables solo podrán ser modificadas o canceladas con la aceptación expresa de la unión emisora, del beneficiario y, en su caso, de la unión confirmadora.

Para efectos del presente artículo, se entenderá por confirmación el compromiso expreso de pago que asume una unión respecto de una carta de crédito emitida por otra, a petición de esta última. La confirmación de la carta de crédito que realice una unión implicará para ella una obligación directa de pago frente al beneficiario, sujeta a que éste cumpla con los términos y condiciones previstos en la propia carta de crédito. Dicha obligación de pago es independiente de los derechos y obligaciones que existan entre la unión que realiza la confirmación y la unión emisora.

Las uniones no serán responsables por:

I. El cumplimiento o incumplimiento del hecho o acto que motive la emisión de la carta de crédito;

II. La exactitud, autenticidad o valor legal de cualquier documento presentado al amparo de la carta de crédito;

III. Los actos u omisiones de terceros, aun si esos terceros son designados por la unión emisora, incluyendo a bancos que actúen como corresponsales;

IV. La calidad, cantidad, peso, valor o cualquier otra característica de las mercancías o servicios descritos en los documentos;

V. El retraso o extravío en los medios de envío o de comunicación, y

VI. El incumplimiento por caso fortuito o fuerza mayor.

Las cartas de crédito a que se refiere este artículo podrán ser comerciales, así como de garantía o contingentes.

Las cartas de crédito comerciales permiten al beneficiario hacer exigible el pago de una obligación derivada de una operación de comercio, contra la presentación de los documentos en ellas previstos y de conformidad con sus términos y condiciones. Cuando se utilicen las expresiones ``crédito documentario'', ``crédito comercial documentario'' y ``crédito comercial'', se entenderá que se refieren a las cartas de crédito comerciales previstas en este párrafo.

Las cartas de crédito de garantía o contingentes garantizan el pago de una suma determinada o determinable de dinero, a la presentación del requerimiento de pago y demás documentos previstos en ellas, siempre y cuando se cumplan los requisitos estipulados.

Salvo pacto en contrario, la resolución de controversias relacionadas con las cartas de crédito se sujetará a la jurisdicción de los tribunales competentes del lugar donde se emitan. No obstante lo anterior, la obligación de pago derivada de la confirmación de cartas de crédito, salvo pacto en contrario, será exigible ante los tribunales competentes del lugar donde se efectúe la confirmación.

Artículo 61. Serán operaciones con personas relacionadas, las celebradas por las uniones, en las que resulten o puedan resultar deudores de las mismas, las personas que se indican a continuación:

I. Los miembros del consejo de administración de la unión, el director general de la misma y los funcionarios de la jerarquía inmediata inferior a éste;

II. Los cónyuges, concubina o concubinario y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado o civil con las personas señaladas en la fracción anterior;

III. Las personas morales, así como los consejeros y directivos de éstas, en las que la unión, posea directa o indirectamente el control del diez por ciento o más de los títulos representativos de su capital, y

IV. Las personas morales en las que cualesquiera de las personas señaladas en las fracciones anteriores, posean directa o indirectamente el control del diez por ciento o más de los títulos representativos de su capital.

Artículo 62. La suma total de los montos de crédito dispuestos, más las líneas de apertura de crédito irrevocable otorgados a personas relacionadas, no podrá exceder del cien por ciento del capital contable de la unión.

Sin perjuicio de lo anterior, las uniones podrán otorgar créditos a personas relacionadas cuando estos créditos tengan como garantía irrevocable los pasivos a que se refiere la fracción I del artículo 40, hasta por un monto adicional equivalente al cien por ciento de su capital contable.

Para los efectos del párrafo anterior, el capital contable que deberá utilizarse será el correspondiente al último día hábil del trimestre calendario inmediato anterior a la fecha en que se efectúen los cálculos.

Artículo 63. Las uniones podrán ceder o descontar su cartera crediticia con cualquier persona.

Tratándose de cesiones o descuentos de cartera crediticia que se celebren con el Banco de México, instituciones de crédito, fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico o fideicomisos que tengan por objeto emitir valores, se llevarán a cabo sin restricción alguna.

Cuando las uniones celebren cesiones o descuentos de cartera crediticia con otras uniones o personas distintas de las mencionadas en el párrafo anterior y pretendan responder por la solvencia del deudor, otorgar financiamiento al cesionario o descontatario, o convenir con estos últimos obligaciones o derechos que le permitan readquirir la cartera crediticia cedida o descontada, requerirán de la previa autorización de la Comisión la cual deberá salvaguardar la solvencia y estabilidad financiera de las uniones. Asimismo, quienes se subroguen en los derechos de dicha cartera, no podrán recibir financiamiento de la propia unión, respecto de dicha operación o los créditos objeto de la misma, ni tampoco esta unión podrá responder por la solvencia del deudor.

Las uniones no estarán sujetas a lo establecido en el artículo 44 de esta Ley por lo que hace a la información relacionada con los activos que se mencionan a continuación, cuando ésta sea proporcionada a personas con las que se negocien o celebren las siguientes operaciones:

I. Los créditos que vayan a ser objeto de cesión o descuento, o

II. Su cartera u otros activos, tratándose de la transmisión o suscripción de un porcentaje significativo de su capital social. Para dar a conocer la información respectiva deberá obtenerse la autorización previa de la Comisión.

Durante los procesos de negociación a que se refiere este artículo, los participantes deberán guardar la debida confidencialidad sobre la información a que tengan acceso con motivo de los mismos.

Artículo 64. Las uniones quedarán sujetas, en lo que respecta a las operaciones de fideicomiso de garantía que administren de acuerdo con la Sección Segunda del Capítulo V del Título Segundo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a lo dispuesto por los artículos 79 y 80 de la Ley de Instituciones de Crédito para dichas instituciones.

TÍTULO CUARTO De la contabilidad, inspección y vigilancia

CAPÍTULO I De la contabilidad

Artículo 65. Todo acto o contrato que signifique variación en el activo o en el pasivo de una unión, o implique obligación directa o contingente, deberá ser registrado en la contabilidad el mismo día en que se efectúe. La contabilidad, los libros y documentos correspondientes y el plazo que deban ser conservados se regirán por las disposiciones de carácter general que dicte la Comisión, tendientes a asegurar la confiabilidad, oportunidad y transparencia de la información contable y financiera de las uniones.

Artículo 66. Las uniones podrán microfilmar, grabar en formato digital, medios ópticos o magnéticos, o conservar en cualquier otro medio que les autorice la Comisión, todos aquellos libros, registros y documentos en general que obren en su poder relacionados con los actos que lleven a cabo y que mediante disposiciones de carácter general señale la Comisión, de acuerdo a las bases técnicas que para la microfilmación o la grabación, su manejo y conservación establezca la misma.

Los negativos originales de cámara obtenidos por el sistema de microfilmación y la primera copia que se obtenga de los discos ópticos o magnéticos con imágenes digitalizadas o cualquier otro medio autorizado, de acuerdo a lo señalado por el párrafo anterior, así como las impresiones obtenidas de dichos sistemas o medios, debidamente certificadas por el directivo autorizado de la unión, tendrán en juicio el mismo valor probatorio que los libros, registros y documentos microfilmados, grabados o conservados a través de cualquier otro medio autorizado.

Transcurrido el plazo en el que las uniones se encuentran obligadas a conservar la contabilidad, libros y demás documentos de conformidad con el artículo 65 de esta Ley y las disposiciones que haya emitido la Comisión, los registros que figuren en la contabilidad de la unión harán fe, salvo prueba en contrario, en los juicios respectivos para la fijación de los saldos resultantes de las operaciones a que se refiere las fracciones I y XII del artículo 40 de esta Ley.

Artículo 67. La Comisión, mediante disposiciones de carácter general que procuren la transparencia y confiabilidad de la información financiera de las uniones, señalará los requisitos a que se sujetará la aprobación de los estados financieros por parte de los administradores de las uniones; su difusión a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo a los medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología; así como el procedimiento a que se ajustará la revisión que de los mismos efectúe la propia Comisión.

La Comisión establecerá, mediante disposiciones de carácter general que faciliten la transparencia y confiabilidad de la información financiera de las uniones, la forma y el contenido que deberán presentar los estados financieros de las uniones; de igual forma, podrá ordenar que los estados financieros se difundan con las modificaciones pertinentes y en los plazos que al efecto establezca.

Las uniones como excepción a lo dispuesto en el artículo 177 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, deberán publicar sus estados financieros en los términos y medios que establezcan las disposiciones de carácter general a que se refiere el párrafo primero de este artículo.

Los estados financieros anuales deberán estar dictaminados por un auditor externo independiente, quien será designado directamente por el consejo de administración de la unión de que se trate.

La propia Comisión, mediante disposiciones de carácter general que procuren la transparencia y confiabilidad de la información financiera de las uniones, podrá establecer las características y requisitos que deberán cumplir los auditores externos independientes, determinar el contenido de sus dictámenes y otros informes, así como señalar la información que deberán revelar en sus dictámenes.

Artículo 68. Las uniones estarán obligadas a poner a disposición de sus socios la información corporativa, financiera, administrativa, operacional, económica y jurídica que determine la Comisión, mediante disposiciones de carácter general que emita para tales efectos. Para dictar dichas disposiciones, la Comisión deberá tomar en consideración la relevancia de esa información para transparentar a los socios de las uniones la solvencia, liquidez y seguridad operativa de éstas. Para tales efectos, se podrán utilizar medios automatizados o digitalizados

Artículo 69. La Comisión contará con facultades de inspección y vigilancia, respecto de las personas morales que presten servicios de auditoría externa en términos de esta Ley, incluyendo los socios o empleados de aquéllas que formen parte del equipo de auditoría, a fin de verificar el cumplimiento de esta Ley y la observancia de las disposiciones de carácter general que de ella emanen.

Para tal efecto, la citada Comisión podrá:

I. Requerir toda clase de información y documentación relacionada con la prestación de este tipo de servicios;

II. Practicar visitas de inspección;

III. Requerir la comparecencia de socios, representantes y demás empleados de las personas morales que presten servicios de auditoría externa, y

IV. Emitir o reconocer normas y procedimientos de auditoría que deberán observar las personas morales que presten servicios de auditoría externa al dictaminar o emitir opiniones relativas a los estados financieros de las uniones.

El ejercicio de las facultades a que se refiere este artículo estará circunscrito a los dictámenes, opiniones y prácticas de auditoría que, en términos de esta Ley, practiquen las personas morales que presten servicios de auditoría externa, así como sus socios o empleados.

Artículo 70. Las uniones deberán observar lo dispuesto en los artículos 67 y 71 de esta Ley, respecto a los requisitos que debe cumplir la persona moral que les proporcione los servicios de auditoría externa, así como el auditor externo que suscriba el dictamen y otros informes correspondientes a los estados financieros.

Artículo 71. Los auditores externos que suscriban el dictamen a los estados financieros en representación de las personas morales que proporcionen los servicios de auditoría externa deberán contar con honorabilidad en términos del artículo 17, fracción II, de esta Ley; reunir los requisitos personales y profesionales que establezca la Comisión mediante disposiciones de carácter general, y ser socios de una persona moral que preste servicios profesionales de auditoría de estados financieros y que cumpla con los requisitos de control de calidad que al efecto establezca la propia Comisión en las citadas disposiciones.

Además, los citados auditores externos, la persona moral de la cual sean socios y los socios o personas que formen parte del equipo de auditoría no deberán ubicarse en ninguno de los supuestos de falta de independencia que al efecto establezca la Comisión, mediante disposiciones de carácter general, en las que se consideren, entre otros aspectos, vínculos financieros o de dependencia económica, prestación de servicios adicionales al de auditoría y plazos máximos durante los cuales los auditores externos puedan prestar los servicios de auditoría externa a las uniones.

Artículo 72. El auditor externo, así como la persona moral de la cual sea socio, estarán obligados a conservar la documentación, información y demás elementos utilizados para elaborar su dictamen, informe u opinión, por un plazo de al menos cinco años. Para tales efectos, se podrán utilizar medios automatizados o digitalizados.

Asimismo, los auditores externos deberán suministrar a la Comisión los informes y demás elementos de juicio en los que sustenten sus dictámenes y conclusiones. Si durante la práctica o como resultado de la auditoría encuentran irregularidades que afecten la liquidez, estabilidad o solvencia de alguna de las uniones a las que presten sus servicios de auditoría, deberán presentar al comité de auditoría, y en todo caso a la Comisión, un informe detallado sobre la situación observada.

Las personas que proporcionen servicios de auditoría externa responderán por los daños y perjuicios que ocasionen a la unión que los contrate, cuando:

I. Por negligencia inexcusable, el dictamen u opinión que proporcionen contenga vicios u omisiones que, en razón de su profesión u oficio, debieran formar parte del análisis, evaluación o estudio que dio origen al dictamen u opinión.

II. Intencionalmente, en el dictamen u opinión:

Artículo 73. Las personas a que se refiere el artículo 70 de esta Ley no incurrirán en responsabilidad por los daños o perjuicios que ocasionen, derivados de los servicios u opiniones que emitan, cuando actuando de buena fe y sin dolo se actualice lo siguiente:

I. Rindan su dictamen u opinión con base en información proporcionada por la persona a la que otorguen sus servicios, y

II. Rindan su dictamen u opinión apegándose a las normas, procedimientos y metodologías que deban ser aplicadas para realizar el análisis, evaluación o estudio que corresponda a su profesión u oficio.

Artículo 74. La Comisión fijará las reglas máximas para la estimación de los activos de las uniones y las reglas mínimas para la determinación de sus obligaciones y responsabilidades, en aras de procurar la adecuada valuación de dichos conceptos en la contabilidad de las uniones.

CAPÍTULO II De la inspección y vigilancia

Artículo 75. Las uniones estarán sujetas a la supervisión de la Comisión, la que tendrá en lo que no se oponga a esta Ley, todas las facultades que en materia de inspección y vigilancia le confiere la Ley que la rige y la Ley de Instituciones de Crédito.

Artículo 76. Las uniones estarán obligadas a prestar a los inspectores de la Comisión, todo el apoyo que se les requiera, proporcionando los datos, informes, registros, libros de actas, auxiliares, documentos, correspondencia y en general, la documentación que los mismos estimen necesaria para el cumplimiento de su cometido; pudiendo tener acceso a sus oficinas, locales y demás instalaciones.

Artículo 77. Los servidores públicos de la Comisión, tendrán prohibido realizar operaciones con las uniones sujetas a la supervisión de aquélla, en condiciones preferentes a las ofrecidas al resto de sus socios.

Artículo 78. Las uniones deberán presentar la información y documentación que, en el ámbito de sus respectivas competencias, les soliciten la Secretaría, la Comisión así como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, dentro de los plazos y a través de los medios que las mismas establezcan.

Para propiciar el mejor cumplimiento de sus funciones, la Secretaría, la Comisión así como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, podrán solicitar y compartir la información que obtengan conforme al párrafo anterior, sin que les resulte oponible las restricciones previstas en el artículo 44 de esta Ley.

La información a que se refiere este artículo sólo podrá solicitarse y proporcionarse en ejercicio de las atribuciones conferidas conforme a las disposiciones aplicables.

TÍTULO QUINTO De las facultades de las autoridades

CAPÍTULO I Medidas correctivas

Artículo 79. Las medidas correctivas deberán tener por objeto prevenir y, en su caso, corregir los problemas que las uniones presenten, derivados de las operaciones que realicen y que puedan afectar su estabilidad financiera o solvencia.

La Comisión deberá notificar por escrito a las uniones las medidas correctivas que deban observar en términos de este Capítulo, así como verificar su cumplimiento de acuerdo con lo previsto en este ordenamiento. En la notificación a que se refiere este párrafo, la Comisión deberá definir los términos y plazos para el cumplimiento de las medidas correctivas.

Las uniones deberán prever lo relativo a la implementación de las medidas correctivas dentro de sus estatutos sociales, obligándose a adoptar las acciones que, en su caso resulten aplicables.

La adopción de cualquiera de las medidas correctivas que imponga la Comisión, con base en esta Ley y, en su caso, las sanciones o procedimientos de revocación que deriven de su incumplimiento, se considerarán de orden público e interés social, por lo que no procederá en su contra medida suspensional alguna.

Artículo 80. Cuando las uniones no cumplan con los requerimientos de capitalización establecidos conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de esta Ley y en las disposiciones que de ese precepto emanen, la Comisión deberá ordenar la aplicación de las medidas correctivas mínimas siguientes:

I. Medidas correctivas mínimas:

Independientemente del índice de capitalización de las uniones, la Comisión podrá ordenar la aplicación de medidas correctivas especiales adicionales.

II. Las medidas correctivas especiales adicionales que, en su caso, deberán cumplir las uniones serán las siguientes:

Para la aplicación de las medidas correctivas especiales adicionales, la Comisión podrá considerar, entre otros elementos, la situación financiera integral de la unión, el cumplimiento al marco regulatorio, la tendencia de su índice de capitalización y de los principales indicadores que reflejen el grado de estabilidad y solvencia, la calidad de la información contable y financiera, y el cumplimiento en la entrega de dicha información.

Artículo 81. Cuando a juicio de la Comisión existan irregularidades en las uniones, que afecten su estabilidad o solvencia y pongan en peligro los intereses de los socios o acreedores, el Presidente de dicho órgano podrá proponer a la Junta de Gobierno, la declaración de intervención con carácter de gerencia de la unión de que se trate y designar a la persona física que se haga cargo de la unión con el carácter de interventor-gerente.

Artículo 82. La intervención gerencial de que habla el artículo anterior se llevará a cabo directamente por un interventor-gerente, y al iniciarse dicha intervención se entenderá con el principal funcionario de la unión que se encuentre en las oficinas de ésta.

Artículo 83. El interventor-gerente tendrá todas las facultades que normalmente correspondan al consejo de administración de la unión y plenos poderes generales para actos de dominio, de administración, de pleitos y cobranzas, con las facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley, para otorgar y suscribir títulos de crédito, para presentar denuncias y querellas y desistir de estas últimas, previo acuerdo del Presidente de la Comisión, y para otorgar los poderes generales o especiales que juzgue convenientes, y revocar los que estuvieren otorgados por la unión intervenida y los que él mismo hubiere conferido.

El interventor-gerente no quedará supeditado en su actuación a la asamblea de accionistas ni al consejo de administración.

Artículo 84. Los interventores a que se refiere este capítulo, deberán reunir los requisitos previstos en esta Ley para ser director general de una unión, con la salvedad de que podrán ser designados como interventores quienes realicen funciones de inspección y vigilancia de las uniones. Asimismo, sólo podrán obtener de las uniones préstamos, o adquirir el carácter de deudores de tales uniones por cualquier título, en los mismos términos que, en su caso, apruebe la Junta de Gobierno de la Comisión para sus empleados.

Artículo 85. El oficio que contenga el nombramiento de interventor-gerente deberá inscribirse en el Registro Público de Comercio que corresponda al domicilio de la unión intervenida, sin más requisitos que el oficio respectivo de la Comisión.

Artículo 86. Desde el momento de la intervención quedarán supeditadas al interventor-gerente todas las facultades del consejo de administración y los poderes de las personas que el interventor determine; pero la asamblea de accionistas podrá continuar reuniéndose regularmente para conocer de los asuntos que le competen, y lo mismo podrá hacer el consejo para estar informado por el interventor-gerente sobre el funcionamiento y las operaciones que realice la sociedad, y para opinar sobre los asuntos que el mismo interventor-gerente someta a su consideración. El interventor-gerente podrá citar a asamblea de accionistas y reuniones del consejo de administración con los propósitos que considere necesarios o convenientes.

Artículo 87. La Comisión acordará levantar la intervención con carácter de gerencia cuando las irregularidades que hayan afectado la estabilidad o solvencia de la unión se hubieran corregido.

Cuando la Comisión acuerde levantar la intervención con carácter de gerencia, lo comunicará así al encargado del Registro Público de Comercio que haya hecho la anotación a que se refiere el artículo 85 de esta Ley, a efecto de que cancele la inscripción respectiva.

Artículo 88. Las uniones deberán dar aviso a la Comisión por lo menos con treinta días de anticipación a la apertura, cambio de ubicación y clausura de cualquier clase de oficinas en el país, excepto cuando se trate del cambio de domicilio social, del cual se requerirá autorización previa de la Comisión.

Artículo 89. Las uniones requerirán de autorización previa de la Comisión para adquirir acciones o participaciones en el capital social de empresas o sociedades extranjeras.

Artículo 90. Las uniones deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones en los días que señale la Comisión mediante disposiciones de carácter general.

Los días señalados en los citados términos se considerarán como inhábiles para todos los efectos legales.

Artículo 91. Las uniones se ajustarán a las disposiciones de carácter general que emita la Comisión, en las que establezca la forma y términos que deberá cumplir la publicidad relativa a las características de sus operaciones activas, pasivas y de servicios. Para la expedición de las referidas disposiciones, la citada dependencia escuchará la opinión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

La Comisión, de oficio o a solicitud de la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, podrá ordenar la suspensión de la publicidad que realicen las uniones, cuando a su juicio ésta implique inexactitud, o competencia desleal entre las mismas, o que por cualquier otra circunstancia pueda inducir a error, respecto de sus operaciones y servicios, o bien, no se ajuste a lo previsto en este artículo, así como en las disposiciones de carácter general que con base en este precepto se emitan.

Artículo 92. La documentación que utilicen las uniones relacionada con la solicitud y contratación de sus operaciones, deberá sujetarse a las disposiciones de esta Ley, las que emanen de ella y las demás que le sean aplicables. La Comisión podrá objetar en todo tiempo la utilización de la mencionada documentación, cuando a su juicio ésta implique inexactitud, obscuridad o por cualquier otra circunstancia que pueda inducir a error, respecto de sus operaciones y servicios.

Artículo 93. La Comisión, con acuerdo de su Junta de Gobierno, podrá en todo tiempo determinar que se proceda a la remoción de los miembros del consejo de administración, directores o gerentes y comisarios, delegados fiduciarios y funcionarios que puedan obligar con su firma a la unión, así como suspender de tres meses hasta cinco años a las personas antes mencionadas, cuando considere que no cuentan con la suficiente calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio para el desempeño de sus funciones, no reúnan los requisitos al efecto establecidos o incurran de manera grave o reiterada en infracciones a la presente Ley o a las disposiciones de carácter general que de ella deriven.

En los dos últimos supuestos, la propia Comisión podrá además, inhabilitar a las citadas personas para desempeñar un empleo, cargo o comisión dentro del sistema financiero mexicano, por el mismo periodo de tres meses hasta cinco años, sin perjuicio de las sanciones que conforme a éste u otros ordenamientos legales fueren aplicables. Antes de dictar la resolución correspondiente, la citada Comisión deberá escuchar al interesado y a la unión.

La propia Comisión podrá, también con el acuerdo de su Junta de Gobierno, ordenar la remoción de los auditores externos independientes de las uniones, así como suspender a dichas personas por el período señalado en el párrafo anterior, cuando incurran de manera grave o reiterada en infracciones a esta Ley o las disposiciones de carácter general que de la misma emanen, sin perjuicio de las sanciones a que pudieran hacerse acreedores.

Para los efectos de este artículo se entenderá por:

Las resoluciones a que se refiere este artículo podrán ser recurridas ante la Comisión dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se hubieren notificado. La Comisión, con aprobación de su Junta de Gobierno, podrá revocar, modificar o confirmar la resolución recurrida, previa audiencia de las partes.

Artículo 94. Las uniones podrán contratar con terceros, incluyendo a otras uniones o entidades financieras, la prestación de servicios o comisiones necesarios para realizar las operaciones previstas en el artículo 40 de esta Ley, de conformidad con las disposiciones de carácter general que expida la Comisión, previo acuerdo de su Junta de Gobierno.

Lo dispuesto en el artículo 44 de esta Ley le será aplicable a los terceros a que se refiere el presente artículo, así como a los representantes, directivos y empleados de dichos terceros, aun cuando dejen de laborar o prestar sus servicios a tales terceros.

La Comisión, previo derecho de audiencia que se otorgue a la unión, podrá ordenar la suspensión parcial o total, temporal o definitiva, de la prestación de los servicios o comisiones a través del tercero de que se trate, cuando las uniones incumplan de forma reiterada las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión o pueda verse afectada la estabilidad financiera o continuidad operativa de la unión a juicio de la propia Comisión. Lo anterior, salvo que se cuente con un programa de regularización autorizado por la Comisión, que reúna los requisitos que al efecto se establezcan en las disposiciones de carácter general referidas.

La Comisión formulará directamente a las uniones los requerimientos de información y, en su caso, las observaciones y medidas correctivas que deriven de la supervisión que realice con motivo de las operaciones que las uniones lleven a cabo a través de prestadores de servicios o comisionistas conforme a lo previsto en el presente artículo. Asimismo, la Comisión podrá, en todo momento, practicar inspecciones a los prestadores de servicios o comisionistas que contraten las uniones, o bien, ordenar a las uniones realizar auditorías a dichos prestadores de servicios o comisionistas, quedando obligada la propia unión a rendir un informe a la Comisión al respecto. La Comisión deberá especificar el objeto de las inspecciones o auditorías, las cuales deberán circunscribirse a la materia del servicio contratado y al cumplimiento de lo previsto en esta Ley y las disposiciones que de ella emanen.

La contratación de los servicios o comisiones a que se refiere este artículo, no eximirá a las uniones, ni a sus directivos, delegados fiduciarios, empleados y demás personas que ocupen un empleo, cargo o comisión en la unión, de la obligación de observar lo establecido en el presente ordenamiento legal y en las disposiciones de carácter general que emanen de éste.

Artículo 95. La Comisión podrá, previo derecho de audiencia de las uniones, suspender o limitar de manera parcial la celebración de las operaciones activas, pasivas y de servicios a que se refiere el artículo 40 de esta Ley, cuando dichas operaciones se ubiquen en cualquiera de los supuestos siguientes:

I. No se cuente con la infraestructura o controles internos necesarios para realizar las operaciones y servicios respectivos, conforme a las disposiciones aplicables;

II. Se deje de cumplir o se incumpla con alguno de los requisitos para el inicio de las operaciones y servicios de que se trate;

III. Se realicen operaciones distintas a las autorizadas;

IV. Se incumpla con los requisitos necesarios para realizar operaciones o proporcionar servicios específicos, establecidos en disposiciones de carácter general;

V. Se realicen operaciones o proporcionen servicios que impliquen conflicto de intereses en perjuicio de sus socios o intervengan en operaciones que estén prohibidas en esta Ley o en las disposiciones que de ella emanen, y

VI. En los demás casos que señalen ésta u otras leyes.

La orden de suspensión a que se refiere este artículo es sin perjuicio de las sanciones que puedan resultar aplicables en términos de lo previsto en esta Ley y demás disposiciones.

Artículo 96. La Comisión, en el ejercicio de las facultades a que se refiere esta ley, podrá señalar la forma y términos en que se deberá dar cumplimiento a sus requerimientos.

Asimismo, la citada Comisión, para hacer cumplir sus determinaciones respecto a los sujetos regulados por la presente ley, podrá emplear, indistintamente, los siguientes medios de apremio:

I. Amonestación con apercibimiento;

II. Multa de 2,000 a 5,000 días de salario;

III. Multa adicional de 100 días de salario por cada día que persista la infracción, y

IV. El auxilio de la fuerza pública.

Si fuera insuficiente el apremio, se podrá solicitar a la autoridad competente se proceda contra el rebelde por desobediencia a un mandato legítimo de autoridad competente.

Para efectos de este artículo, las autoridades judiciales o ministeriales federales y los cuerpos de seguridad o policiales federales o locales deberán prestar en forma expedita el apoyo que solicite la Comisión.

En los casos de cuerpos de seguridad pública de las Entidades Federativas o de los Municipios, el apoyo se solicitará en los términos de los ordenamientos que regulan la seguridad pública o, en su caso, de conformidad con los acuerdos de colaboración administrativa que dichos órdenes de gobierno tengan celebrados con la Federación.

CAPÍTULO II De la revocación y liquidación

Artículo 97. La Comisión, con el acuerdo de su Junta de Gobierno y previa audiencia de la sociedad interesada, podrá declarar la revocación de la autorización otorgada a las uniones, en los siguientes casos:

I. Si no inicia sus operaciones dentro del plazo de treinta días a partir de que se notifique la autorización a que se refiere el artículo 43 de esta Ley;

II. Si la unión no cumple con los requerimientos de capitalización establecidos conforme a lo dispuesto por el artículo 48 de esta Ley y las disposiciones a que dicho precepto se refiere;

III. Si la unión de que se trate no cumple con cualquiera de las medidas correctivas mínimas a que se refiere el artículo 80 de esta Ley; no cumple con más de una medida correctiva especial adicional a que se refiere dicho artículo o bien, incumple una medida correctiva especial adicional;

IV. Si efectúa operaciones en contravención a lo dispuesto por la presente Ley o por las disposiciones que de ella emanen, o si abandona o suspende las operaciones para las cuales se encuentra autorizada en términos del artículo 40 de esta Ley;

V. Si, a pesar de las observaciones de la Comisión, la unión efectúa operaciones distintas a las operaciones para las cuales se encuentre autorizada o no mantiene las proporciones del activo o pasivo establecidas en la misma; o bien, si a juicio de la Comisión no cumple adecuadamente con las funciones para las que fue autorizada por la falta de diversificación de sus operaciones o con su objeto social, de conformidad con lo dispuesto por esta Ley;

VI. Cuando por causas imputables a la unión no se registren en la contabilidad, el mismo día en que se efectúen los actos o contratos que signifiquen variación en el activo o en el pasivo de la unión, o impliquen obligación directa o contingente;

VII. Si la unión actúa sin autorización de la Comisión, en los casos en que la Ley así lo exija;

VIII. Si omite dar cumplimiento a los requerimientos de las autoridades financieras con motivo del ejercicio de sus facultades;

IX. Cuando en dos o más ocasiones se proporcione información imprecisa o incompleta a las autoridades financieras;

X. Cuando se proporcione información falsa a las autoridades financieras;

XI. Si, por causa imputable a la unión, falta al cumplimiento de obligaciones derivadas de las operaciones contratadas;

XII. Si se disuelve, entra en estado de liquidación o en concurso mercantil;

XIII. Si la unión reincide en la realización de operaciones prohibidas previstas en el artículo 103 de esta Ley y sancionadas conforme al artículo 105 de la misma;

Se considerará que la unión reincide en las infracciones señaladas en el párrafo anterior, cuando habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, cometa otra del mismo tipo o naturaleza, dentro de los dos años inmediatos siguientes a la fecha en que haya quedado firme la resolución correspondiente.

XIV. Si el capital contable de la unión es menor al capital mínimo requerido en función al nivel de operaciones que le fue autorizado, y

XV. En cualquier otro establecido por la Ley.

Para proceder a la revocación de una unión en los casos a que se refieren las fracciones III, V, VIII y XI de este artículo, se requerirá que la unión actualice el mismo supuesto en dos o más ocasiones dentro de un periodo de tres años.

Artículo 98. Las uniones podrán solicitar a la Comisión que, previo acuerdo de su Junta de Gobierno, declare la revocación de su autorización para operar con tal carácter, siempre que se cumpla con lo siguiente:

I. La asamblea de accionistas de la unión, haya acordado su disolución y liquidación y aprobado los estados financieros en los que ya no se encuentren registradas obligaciones a cargo de la unión derivadas de las operaciones para las cuales se encuentra autorizada.

II. La unión haya presentado a la Comisión los mecanismos y procedimientos para realizar la entrega o transferencia de bienes a que se refieren las fracciones XVI, XVII del artículo 40, o, en su caso, las que se realicen a través del departamento especial, así como las fechas estimadas para su aplicación.

III. La unión haya presentado a la Comisión los estados financieros, aprobados por la asamblea general de accionistas, acompañados del dictamen de un auditor externo, que incluya las opiniones del auditor relativas a componentes, cuentas o partidas específicas de los estados financieros, donde se confirme el estado de los registros a que se refiere la fracción I anterior.

Artículo 99. La declaración de revocación se publicará en el Diario Oficial de la Federación y pondrá en estado de disolución y liquidación a la sociedad, sin necesidad del acuerdo de la asamblea de accionistas. La revocación incapacitará a la sociedad para realizar sus operaciones a partir de la fecha en que se notifique la misma.

Artículo 100. La disolución y liquidación de las uniones se regirá por lo dispuesto en los Capítulos X y XI de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el concurso mercantil conforme al Capítulo III del Título Octavo de la Ley de Concursos Mercantiles, con las siguientes excepciones:

I. El cargo del liquidador podrá recaer en instituciones de crédito, en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, o bien, en personas físicas o morales que cuenten con experiencia en liquidación de sociedades.

Cuando se trate de personas físicas, el nombramiento deberá recaer en una persona que reúna los requisitos siguientes:

Tratándose de personas morales, las personas físicas designadas para desempeñar las actividades vinculadas a esta función, deberán cumplir con los requisitos a que hace referencia esta fracción.

II. La Comisión promoverá ante la autoridad judicial para que designe al liquidador, si en el plazo de sesenta días hábiles de publicada la revocación no hubiere sido designado por la propia unión.

III. La Comisión podrá solicitar la declaración de concurso mercantil.

Artículo 101. Tratándose de procedimientos de liquidación o concurso mercantil de uniones en los que se desempeñe como liquidador o síndico el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el Gobierno Federal podrá asignar recursos a dicho organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con el exclusivo propósito de realizar los gastos asociados a publicaciones y otros trámites relativos a tales procedimientos, cuando se advierta que éstos no podrán ser afrontados con cargo al patrimonio de la unión de que se trate por falta de liquidez, o bien por insolvencia, en cuyo caso, se constituirá como acreedor de esta última.

Artículo 102. Cuando la Comisión o el liquidador encuentre que existe imposibilidad de llevar a cabo la liquidación de la sociedad, lo hará del conocimiento del juez competente para que ordene la cancelación de su inscripción en el Registro Público de Comercio, la que surtirá sus efectos transcurridos ciento ochenta días naturales a partir del mandamiento judicial.

Los interesados podrán oponerse a esta cancelación dentro de un plazo de sesenta días, contados a partir de la inscripción de la cancelación en el Registro Público de Comercio ante la propia autoridad judicial.

TÍTULO SEXTO De las prohibiciones, infracciones, delitos y notificaciones

CAPÍTULO I De las prohibiciones

Artículo 103. A las uniones les estará prohibido:

I. Realizar operaciones de descuento, préstamo o crédito de cualquier clase con personas que no sean socios de la unión, excepto con las personas y fideicomisos expresamente autorizados en el artículo 40, fracciones I y II de esta Ley; así como realizar operaciones de préstamo o celebrar mandatos y comisiones para realizar servicios de caja, en todo caso, con los socios que no tengan una aportación mínima del equivalente en moneda nacional a 2,500 unidades de inversión al capital pagado sin derecho a retiro de la unión al momento de la celebración de la operación respectiva.

II. Otorgar garantías, cauciones o avales, salvo que sean en favor de sus socios o las garantías a que se refiere la fracción XI del artículo 40 de esta Ley;

III. Garantizar valores, con excepción de los suscritos en términos de lo dispuesto en el artículo 40, fracción III o los emitidos por sus socios, de acuerdo con lo señalado por el artículo 40, fracción IV de esta Ley;

IV. Comerciar por cuenta propia o ajena sobre mercancías de cualquier género, salvo lo dispuesto en las fracciones XXIII, XXIV y XXV del artículo 40 de esta Ley;

V. Participar en sociedades que no sean de responsabilidad limitada y explotar por su cuenta: minas, plantas metalúrgicas, fincas rústicas, y establecimientos mercantiles o industriales, salvo el caso a que se refiere el artículo 40, fracción XXVI de la presente Ley, o bien cuando los reciban en pago de créditos o en garantía de los ya concertados, casos en los cuales podrán continuar la explotación de ellos, previa autorización de la Comisión, por un periodo que no exceda de dos años a partir de la fecha de su adquisición.

En casos excepcionales, la Comisión podrá prorrogar ese plazo por una sola vez, por el período que a su juicio sea estrictamente necesario para el traspaso de los bienes de que se trate, sin que la prórroga exceda de dos años;

VI. Adquirir derechos reales que no sean de garantía, muebles e inmuebles distintos a los permitidos para las uniones o en exceso de las proporciones señaladas en el artículo 49 de la presente Ley, excepto los que reciban en pago de créditos o por adjudicación.

Cuando los bienes y derechos a que se refiere el párrafo anterior, hubieren sido adquiridos en pago de deudas o por adjudicación en remate dentro de juicios relacionados con créditos a favor de la unión, deberán liquidarse, tratándose de bienes muebles, dentro del plazo de dos años a partir de su adquisición y en el caso de inmuebles, dentro de un plazo de cuatro años;

VII. Operar directa o indirectamente sobre sus propias acciones, así como otorgar crédito para la adquisición de las mismas; salvo lo previsto por el último párrafo del artículo 18 de esta Ley;

VIII. Aceptar o pagar letras de cambio o cualquier otro documento, en descubierto, salvo en los casos de apertura de créditos concertada en los términos de ley;

IX. Hacer operaciones de reporto, salvo aquellas de corto plazo sobre valores gubernamentales;

X. Celebrar operaciones en virtud de las cuales puedan resultar deudores directos de la sociedad sus comisarios y auditores externos, a menos que, en su caso, estas operaciones correspondan a préstamos de carácter laboral o sean aprobadas por una mayoría de cuatro quintas partes de los votos del consejo de administración. Esta regla se aplicará a los ascendientes, descendientes o cónyuges de las personas indicadas;

XI. Realizar operaciones con personas físicas que no cuenten con actividad empresarial, en los términos del artículo 21 de esta Ley;

XII. Realizar operaciones a futuro con oro, plata y divisas, salvo lo dispuesto en el artículo 40 fracción VI. Se exceptúan las operaciones de divisas relacionadas con financiamientos o contratos que celebren en moneda extranjera, o cuando se trate de operaciones en el extranjero vinculadas a su objeto social, las cuales se ajustarán en todo momento a las disposiciones de carácter general, que en su caso, expida la Comisión;

XIII. Destinar los recursos de dinero que reciban para el cumplimiento de mandatos o comisiones, a fines distintos de los permitidos por la Ley;

XIV. Enajenar los bienes adquiridos por adjudicación o dación en pago, al mismo socio del que los adquirió o a empresas vinculadas con éste o integradas con él en un mismo grupo;

XV. Otorgar fianzas;

XVI. Otorgar créditos hipotecarios para vivienda;

XVII. Otorgar créditos para el consumo;

XVIII. En la realización de las operaciones a que se refiere la fracción XVI del artículo 40 de esta Ley:

Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto por las fracciones anteriores será nulo.

XIX. Adquirir derechos de crédito a cargo de empresas en las que participen sus socios, salvo por lo que respecta a operaciones de factoraje financiero.

XX. Invertir en el capital de entidades financieras.

CAPÍTULO II De las infracciones administrativas

Artículo 104. Las infracciones a esta Ley o a las disposiciones que sean emitidas con base en ésta por la Comisión, serán sancionadas con multa administrativa que impondrá la citada Comisión, a razón de días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, conforme a lo siguiente:

I. Multa de 200 a 2,000 días de salario:

II. Multa de 1,000 a 5,000 días de salario:

III. Multa de 3,000 a 15,000 días de salario:

IV. Multa de 5,000 a 20,000 días de salario:

V. Multa de 20,000 a 100,000 días de salario:

a) A las uniones que proporcionen, en forma dolosa, información falsa, imprecisa o incompleta a la Comisión, que tenga como consecuencia que no se refleje su verdadera situación financiera, administrativa, económica o jurídica, siempre y cuando se compruebe que el director general o algún miembro del consejo de administración de la unión correspondiente tuvo conocimiento de tal acto.La Comisión podrá abstenerse de sancionar a las uniones, siempre y cuando se trate de las conductas infractoras señaladas en las fracciones I y II del presente artículo y, además, justifique la causa de tal abstención y se refieran a hechos, actos u omisiones que no revistan gravedad ni constituyan delito o pongan en peligro los intereses de terceros.

Artículo 105. Las infracciones que consistan en realizar operaciones prohibidas o no autorizadas, conforme a esta ley y las disposiciones que emanan de ella, serán sancionadas con multa que impondrá la Comisión a las uniones, de acuerdo a lo siguiente:

I. Multa por el equivalente del 1% hasta el 4% del importe de la operación de que se trate o, en caso de que no se pueda determinar el monto de la operación, de 5,000 a 10,000 días de salario, a las uniones que contravengan lo dispuesto por el artículo 103, fracciones IV, V, VI, VIII, IX, X, XII, XVIII inciso i), así como el artículo 23.

II. Multa del 5% hasta el 15% del importe de la operación de que se trate o, en caso de que no se pueda determinar el monto de la operación, de 10,000 a 30,000 días de salario, a las uniones que contravengan lo dispuesto por el artículo 103 fracciones I, II, III, VII, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, incisos a), b), c), d), e), f) y g), XIX y XX.

Artículo 106. La infracción a cualquier otro precepto de esta Ley o de las disposiciones que de ella deriven, distinta de las señaladas expresamente en algún otro artículo de esta Ley y que no tenga sanción especialmente señalada en este ordenamiento será sancionada con multa de 1,000 a 5,000 días de salario, o del 0.1% hasta el 1% de su capital pagado y reservas de capital, dependiendo de la naturaleza de la infracción.

Artículo 107. Cuando la Comisión presuma que una persona física o moral está realizando operaciones de las reservadas a las uniones, sin contar con la autorización correspondiente, podrá nombrar un inspector y los auxiliares necesarios para que revisen la contabilidad y demás documentación de la negociación, empresa o establecimiento de la persona física o moral, a fin de verificar si efectivamente está celebrando las operaciones mencionadas en violación a lo dispuesto por esta Ley, en cuyo caso la Comisión podrá ordenar la suspensión inmediata de operaciones o proceder a la clausura de la negociación, empresa o establecimiento de la persona física o moral de que se trate.

Los procedimientos de inspección, suspensión de operaciones y clausura a que se refiere el párrafo anterior son de interés público. Será aplicable en lo conducente lo dispuesto en este Capítulo.

Artículo 108. En los procedimientos administrativos de imposición de sanciones previstos en esta Ley se admitirán toda clase de pruebas. En el caso de la confesional a cargo de autoridades, ésta deberá ser desahogada por escrito.

Una vez desahogado el derecho de audiencia a que se refiere el artículo 110 de esta Ley o bien, presentado el escrito mediante el cual se interponga recurso de revisión, únicamente se admitirán pruebas supervenientes, siempre y cuando no se haya emitido la resolución correspondiente.

La Comisión podrá allegarse de los medios de prueba que considere necesarios, así como acordar sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas. Sólo podrán rechazarse las pruebas aportadas por los interesados cuando no fuesen ofrecidas conforme a derecho, no tengan relación con el fondo del asunto, sean improcedentes, innecesarias o contrarias a la moral o al derecho. La valoración de las pruebas se hará conforme a lo establecido por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 109. La facultad de la Comisión para imponer las sanciones de carácter administrativo previstas en esta Ley, así como en las disposiciones que de ella emanen, caducará en un plazo de cinco años, contado a partir del día hábil siguiente al que se realizó la conducta o se actualizó el supuesto de infracción.

El plazo de caducidad señalado en el párrafo inmediato anterior se interrumpirá al iniciarse los procedimientos relativos. Se entenderá que el procedimiento de que se trata ha iniciado a partir de la notificación al presunto infractor del oficio mediante el cual se le concede el derecho de audiencia a que hace referencia la fracción I del artículo 110 de esta ley.

Para calcular el importe de las multas en aquellos supuestos contemplados por esta ley a razón de días de salario, se tendrá como base el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal el día en que se realice la conducta sancionada o se actualice el supuesto que dé motivo a la sanción correspondiente.

Las multas que la citada Comisión imponga deberán ser pagadas dentro de los quince días hábiles siguientes al de su notificación. Cuando las multas no se paguen dentro del plazo señalado en este párrafo, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, en los mismos términos que establece el Código Fiscal de la Federación para este tipo de supuestos.

En caso de que el infractor pague las multas impuestas por la mencionada Comisión dentro de los quince días referidos en el párrafo anterior, se aplicará una reducción en un veinte por ciento de su monto, siempre y cuando no se hubiere interpuesto medio de defensa alguno en contra de dicha multa.

Artículo 110. La Comisión, en la imposición de sanciones de carácter administrativo a que se refiere esta ley, se sujetará a lo siguiente:

I. Se otorgará audiencia al infractor, quien, en un plazo de diez días hábiles contado a partir del día hábil siguiente a aquél en que surta efectos la notificación correspondiente, deberá manifestar por escrito lo que a su interés convenga, ofrecer pruebas y formular alegatos. La Comisión, a petición de parte, podrá ampliar por una sola ocasión el plazo a que se refiere esta fracción, hasta por el mismo lapso, para lo cual considerará las circunstancias particulares del caso. La notificación surtirá efectos al día hábil siguiente a aquél en que se practique.

II. En caso de que el infractor no hiciere uso del derecho de audiencia dentro del plazo concedido o bien, habiéndolo ejercido no lograre desvanecer las imputaciones vertidas en su contra, se tendrán por acreditadas las infracciones imputadas y se procederá a la imposición de la sanción administrativa correspondiente.

III. En la imposición de sanciones se tomarán en cuenta, en su caso, lo siguiente:

Artículo 111 . Las sanciones serán impuestas por la Junta de Gobierno de la Comisión, la que podrá delegar esa facultad, en razón de la naturaleza de la infracción o del monto de la multa, al presidente o a los demás servidores públicos de esa Comisión.

Artículo 112. La Comisión podrá, atendiendo a las circunstancias de cada caso, imponer la multa que corresponda al infractor en los supuestos señalados en las fracciones I y II del artículo 104 de esta Ley, o bien, solamente amonestarlo.

Artículo 113. Las multas a que se refiere el presente Capítulo podrán ser impuestas a las uniones, así como a los miembros del consejo de administración, directores generales, directivos, funcionarios, empleados o personas que ostenten un cargo, mandato, comisión o cualquier otro título jurídico que las citadas uniones otorguen a terceros para la realización de sus operaciones, que hayan incurrido directamente o hayan ordenado la realización de la conducta materia de la infracción. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión, atendiendo a las circunstancias de cada caso, podrá proceder conforme a lo previsto en el artículo 93 de esta ley.

Corresponderá a la Secretaría hacer efectivas las multas impuestas por la Comisión a las uniones.

Artículo 114. La Comisión considerará como atenuante en la imposición de sanciones administrativas, cuando el presunto infractor, de manera espontánea y previo al inicio del procedimiento de imposición de sanción a que se refiere la presente Ley, informe por escrito de la violación en que hubiere incurrido a la citada Comisión y corrija las omisiones o contravenciones a las normas aplicables en que hubiere incurrido o, en su caso, presente ante la misma Comisión un programa de corrección que tenga por objeto evitar que la unión se ubique de nueva cuenta en la conducta infractora. Asimismo, se considerará como atenuante la acreditación que el presunto infractor haga ante la Comisión de haber resarcido el daño causado, así como el hecho de que aporte información que coadyuve en el ejercicio de las atribuciones de la Comisión en materia de inspección y vigilancia, a efecto de deslindar responsabilidades.

Artículo 115. Los procedimientos para la imposición de las sanciones administrativas a que se refiere esta ley se iniciarán con independencia de la opinión de delito que, en su caso, emita la Comisión en términos del artículo 120 del presente ordenamiento legal.

Artículo 116. En ejercicio de sus facultades sancionadoras, la Comisión, ajustándose a los lineamientos que apruebe su Junta de Gobierno, deberá hacer del conocimiento del público en general, a través de su portal de Internet, las sanciones que al efecto imponga por infracciones a esta Ley, una vez que dichas resoluciones hayan quedado firmes o sean cosa juzgada, para lo cual deberá señalar exclusivamente la denominación o razón social del infractor, el precepto infringido y la sanción.

Artículo 117. Los afectados con motivo de los actos de la Comisión que pongan fin a los procedimientos de autorizaciones o de la imposición de sanciones administrativas, podrán acudir en defensa de sus intereses interponiendo recurso de revisión, cuya interposición será optativa.

El recurso de revisión deberá interponerse por escrito dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del acto respectivo y deberá presentarse ante la Junta de Gobierno de la Comisión, cuando el acto haya sido emitido por dicha Junta o por el presidente de esa misma Comisión, o ante este último cuando se trate de actos realizados por otros servidores públicos.

El escrito mediante el cual se interponga el recurso de revisión deberá contener:

I. El nombre, denominación o razón social del recurrente;

II. Domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones;

III. Los documentos con los que se acredita la personalidad de quien promueve;

IV. El acto que se recurre y la fecha de su notificación;

V. Los agravios que se le causen con motivo del acto señalado en la fracción IV anterior, y

VI. Las pruebas que se ofrezcan, las cuales deberán tener relación inmediata y directa con el acto impugnado.

Cuando el recurrente no cumpla con alguno de los requisitos a que se refieren las fracciones I a VI de este artículo, la Comisión lo prevendrá, por escrito y por única ocasión, para que subsane la omisión prevenida dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de dicha prevención y, en caso que la omisión no sea subsanada en el plazo indicado en este párrafo, dicha Comisión lo tendrá por no interpuesto. Si se omitieran las pruebas se tendrán por no ofrecidas.

Artículo 118. La interposición del recurso de revisión suspenderá los efectos del acto impugnado cuando se trate de multas.

Artículo 119. El órgano encargado de resolver el recurso de revisión podrá:

I. Desecharlo por improcedente;

II. Sobreseerlo en los casos siguientes:

III. Confirmar el acto impugnado;

IV. Revocar total o parcialmente el acto impugnado, y

V. Modificar o mandar reponer el acto impugnado o dictar u ordenar expedir uno nuevo que lo sustituya.

No se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por el recurrente.

El encargado de resolver el recurso de revisión deberá atenderlo sin la intervención del servidor público de la Comisión que haya dictaminado la sanción administrativa que haya dado origen a la imposición del recurso correspondiente.

La resolución de los recursos de revisión deberá ser emitida en un plazo que no exceda a los noventa días hábiles posteriores a la fecha en que se interpuso el recurso, cuando deba ser resuelto por el presidente de la Comisión, ni a los ciento veinte días hábiles cuando se trate de recursos que sean competencia de la Junta de Gobierno.

La Comisión deberá prever los mecanismos que eviten conflictos de interés entre el área que emite la resolución objeto del recurso y aquella que lo resuelve.

CAPÍTULO III De los delitos

Artículo 120. En los casos previstos en los artículos 121 a 128 de esta Ley, se procederá indistintamente a petición de la Secretaría, previa opinión de la Comisión; o bien a petición de la unión de que se trate, o de quien tenga interés jurídico.

Para determinar el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial previstos en este capítulo, se considerarán como días de salario, el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de cometerse el delito de que se trate.

Lo dispuesto en los artículos citados, no excluye la imposición de las sanciones que conforme a otras leyes fueren aplicables, por la comisión de otro u otros delitos.

Artículo 121. Serán sancionados con prisión de dos a diez años y multa de quinientos a cincuenta mil días de salario, los consejeros, directores generales y demás directivos o empleados, comisarios o auditores externos de las uniones o quienes intervengan directamente en la operación:

I. Que omitan u ordenen omitir registrar en los términos del artículo 65 de esta Ley, las operaciones efectuadas por la unión de que se trate, o que alteren u ordenen alterar los registros para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas, afectando la composición de activos, pasivos, cuentas contingentes o resultados;

II. Presenten a la Comisión datos, informes o documentos falsos o alterados sobre la solvencia del deudor o sobre el valor de las garantías que protegen los créditos;

III. Destruyan u ordenen que se destruyan total o parcialmente, los sistemas o registros contables o la documentación soporte que dé origen a los asientos contables respectivos, con anterioridad al vencimiento de los plazos legales de conservación;

IV. Destruyan u ordenen que se destruyan total o parcialmente, información, documentos o archivos, incluso electrónicos, con el propósito de impedir u obstruir los actos de supervisión y vigilancia de la Comisión;

V. Que proporcionen o permitan que se incluyan datos falsos en los documentos, informes, dictámenes, opiniones, estudios o calificación crediticia, que deban presentarse a la Comisión en cumplimiento de lo previsto en esta Ley;

VI. Que conociendo la falsedad sobre el monto de los activos o pasivos, concedan el préstamo o crédito;

VII. Que, conociendo los vicios que señala la fracción III del artículo 122 de esta Ley, concedan el préstamo o crédito, si el monto de la alteración hubiere sido determinante para concederlo.

Artículo 122. Se sancionará con prisión de tres meses a dos años y multa de treinta a dos mil días de salario cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, no exceda del equivalente a dos mil días de salario.

Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, exceda de dos mil y no de cincuenta mil días de salario, se sancionará con prisión de dos a cinco años y multa de dos mil a cincuenta mil días de salario.

Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, exceda de cincuenta mil, pero no de trescientos cincuenta mil días de salario, se sancionará con prisión de cinco a ocho años y multa de cincuenta mil a doscientos cincuenta mil días de salario.

Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, exceda de trescientos cincuenta mil días de salario, se sancionará con prisión de ocho a quince años y multa de doscientos cincuenta mil a trescientos cincuenta mil días de salario.

Considerando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, las sanciones previstas en este artículo se impondrán a:

I. Las personas que con el propósito de obtener un préstamo o crédito, o de celebrar un contrato de arrendamiento financiero o de factoraje financiero proporcionen a una unión, datos falsos sobre el monto de activos o pasivos de una entidad o persona física o moral, si como consecuencia de ello resulta quebranto o perjuicio patrimonial para la unión;

Serán sancionados hasta en una mitad más de las penas previstas en este artículo, aquéllos funcionarios, empleados o comisionistas de terceros que participen en la solicitud y/o trámite para el otorgamiento del crédito, y conozcan la falsedad de los datos sobre los montos de los activos o pasivos de los acreditados, o que directa o indirectamente alteren o sustituyan la información mencionada, para ocultar los datos reales sobre dichos activos o pasivos;

II. Los consejeros, directivos, empleados o quienes intervengan directamente en la operación que, falsifiquen, alteren, simulen o a sabiendas realicen operaciones que resulten en quebranto o perjuicio al patrimonio de la unión.

Se considerarán comprendidos dentro de lo dispuesto en el párrafo anterior y, consecuentemente, sujetos a iguales sanciones, los consejeros, directivos o empleados de las uniones o quienes intervengan directamente en las operaciones que:

III. Las personas que para obtener préstamos o créditos o con el fin de celebrar contratos de arrendamiento financiero o de factoraje financiero, presenten avalúos que no correspondan a la realidad, de manera que el valor real de los bienes que se ofrecen en garantía sea inferior al importe del crédito o préstamo, bienes en arrendamiento o derechos del crédito, resultando quebranto o perjuicio patrimonial para la unión;

IV. Los acreditados o arrendatarios financieros que desvíen un crédito concedido o un bien dado en arrendamiento financiero por alguna unión a fines distintos para los que se otorgó, si la fuente de recursos utilizada por la unión proviene de fondos de fomento, fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para el fomento económico u organismos internacionales, y

V. Los deudores que no destinen el importe del crédito a los fines pactados, y como consecuencia de ello resulte quebranto o perjuicio patrimonial a la unión.

Artículo 123. Los consejeros, directores generales y demás directivos, funcionarios y empleados de las uniones, o quienes intervengan directamente en la operación, que con independencia de los cargos o intereses fijados por la sociedad respectiva, por sí o por interpósita persona hayan obtenido de los sujetos de crédito, arrendatarios financieros, clientes de factoraje o de operaciones con divisas, beneficios por su participación en el trámite u otorgamiento del crédito, de los bienes objeto del arrendamiento, del contrato de factoraje o de operaciones con divisas, serán sancionados con pena de prisión de tres meses a tres años y con multa de treinta a quinientos días de salario cuando el beneficio no sea valuable, o el monto del beneficio no exceda de quinientos días de salario, en el momento de cometerse el delito; cuando el beneficio exceda de dicho monto serán sancionados con prisión de dos a diez años y multa de quinientos a cincuenta mil días de salario.

Artículo 124. Los consejeros, directores o gerentes generales y demás directivos, comisarios, empleados o accionistas que inciten u ordenen a directivos o empleados de la unión a la comisión de los delitos que se refieren en los artículos 121 y 122 fracción II, serán sancionados hasta en una mitad más de las penas previstas en los artículos respectivos.

Artículo 125. Serán sancionados con penas de prisión de tres a quince años y multa hasta de cien mil días de salario, las personas físicas, consejeros, directivos o administradores de personas morales que lleven a cabo operaciones de las reservadas para las uniones de crédito, sin contar con las autorizaciones previstas en la ley.

Artículo 126. Serán sancionados con prisión de uno a seis años las personas que por sí o a través de otra persona o por medio de nombres comerciales, por cualquier medio de publicidad se ostenten frente al público como unión, sin contar con la autorización para constituirse, funcionar, organizarse u operar con tal carácter, según sea el caso, emitida por la Comisión.

Artículo 127. Serán sancionados los servidores públicos de la Comisión, con la pena establecida para los delitos correspondientes más una mitad, según se trate de los delitos previstos en los artículos 121 a 123 y 126 de esta Ley, cuando:

I. Oculten al conocimiento de sus superiores hechos que probablemente puedan constituir delito;

II. Permitan que los directivos o empleados de la unión, alteren o modifiquen registros con el propósito de ocultar hechos que probablemente puedan constituir delito;

III. Obtengan o pretendan obtener un beneficio a cambio de abstenerse de informar a sus superiores hechos que probablemente puedan constituir delito;

IV. Ordenen o inciten a sus inferiores a alterar informes con el fin de ocultar hechos que probablemente puedan constituir delito, o

V. Inciten u ordenen no presentar la petición a que se refiere el artículo 120 de esta Ley a quien esté facultado para ello.

Artículo 128. Se sancionará con prisión de tres a quince años al miembro del consejo de administración, director general y cualquier otro directivo o empleado de una unión, que por sí o por interpósita persona, dé u ofrezca dinero o cualquier otra cosa a un servidor público de la Comisión, para que haga u omita un determinado acto relacionado con sus funciones.

Igual sanción se impondrá al servidor público de la Comisión, que por sí o por interpósita persona solicite u obtenga para sí o para otro, dinero o cualquier otra cosa, para hacer o dejar de hacer algún acto relacionado con sus funciones.

Artículo 129. Las uniones en términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría, escuchando la previa opinión de la Comisión, estarán obligadas a:

I. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, y

II. Presentar a la Secretaría, a través de la Comisión, reportes sobre:

Las uniones deberán conservar, por al menos diez años, la información y documentación a que se refiere la fracción iii, sin perjuicio de lo establecido en éste u otros ordenamientos aplicables.

La Secretaría estará facultada para requerir y recabar, a través de la Comisión, información y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refiere la fracción II del presente artículo. Las uniones estarán obligadas a proporcionar dicha información y documentación. La Secretaría estará facultada para obtener información adicional de otras fuentes con el mismo fin y a proporcionar información a las autoridades competentes.

El cumplimiento de las obligaciones señaladas en el presente artículo no implicará trasgresión alguna a la obligación de confidencialidad legal, ni constituirá violación a las restricciones sobre revelación de información establecidas por vía contractual.

Las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo deberán ser observadas por las uniones, así como por los miembros del consejo de administración, administradores, directores generales y demás directivos, empleados y apoderados respectivos, por lo cual, tanto las entidades como las personas mencionadas serán responsables del estricto cumplimiento de las obligaciones que mediante dichas disposiciones se establezcan.

La violación a las disposiciones a que se refiere el presente artículo será sancionada por la Comisión conforme al procedimiento previsto en el artículo 110 de la presente Ley, con multa equivalente del 10% al 100% de la operación inusual para el supuesto de que ésta haya sido determinada y no haya sido reportada, y en los demás casos con multa de 200 y hasta 100,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Los servidores públicos de la Secretaría y de la Comisión, las uniones, sus miembros del consejo de administración, administradores, directores generales y demás directivos, empleados y apoderados, deberán abstenerse de dar noticia de los reportes y demás documentación e información a que se refiere este artículo, a personas o autoridades distintas a las facultadas expresamente en los ordenamientos relativos para requerir, recibir o conservar tal documentación e información. La violación a estas obligaciones será sancionada en los términos de las leyes correspondientes.

Artículo 130. Los delitos previstos en esta Ley sólo admitirán comisión dolosa. La acción penal en los delitos previstos en esta Ley, perseguibles por petición de la Secretaría, por la unión ofendida, o por quien tenga interés jurídico, prescribirá en tres años contados a partir del día en que dicha Secretaría o la unión o quien tenga interés jurídico tengan conocimiento del delito y del probable responsable, y si no tienen ese conocimiento, en cinco años que se computarán conforme a las reglas establecidas en el artículo 102 del Código Penal Federal. Una vez cubierto el requisito de procedibilidad, la prescripción seguirá corriendo según las reglas del Código Penal Federal.

Artículo 131. Serán sancionados con prisión de dos a siete años todo aquél que habiendo sido removido, suspendido o inhabilitado, por resolución firme de la Comisión, en términos de lo previsto en el artículo 93 de esta ley, continúe desempeñando las funciones respecto de las cuales fue removido o suspendido o bien, ocupe un empleo, cargo o comisión, dentro del sistema financiero mexicano, a pesar de encontrarse suspendido o inhabilitado para ello.

Artículo 132. Las penas previstas en esta Ley, se reducirán en un tercio cuando se acredite haber reparado el daño o haber resarcido el perjuicio ocasionado.

Capítulo IV De las notificaciones

Artículo 133. Las notificaciones de los requerimientos, visitas de inspección ordinarias y especiales, medidas cautelares, solicitudes de información y documentación, citatorios, emplazamientos, resoluciones de imposición de sanciones administrativas o de cualquier acto que ponga fin a los procedimientos de suspensión, revocación de autorizaciones a que se refiere la presente Ley, así como los actos que nieguen las autorizaciones a que se refiere la presente Ley y las resoluciones administrativas que le recaigan a los recursos de revisión y a las solicitudes de condonación interpuestos conforme a las leyes aplicables, se podrán realizar de las siguientes maneras:

I. Personalmente, conforme a lo siguiente:

II. Mediante oficio entregado por mensajero o por correo certificado, ambos con acuse de recibo;

III. Por edictos, en los supuestos señalados en el artículo 141 de esta Ley, y

IV. Por medio electrónico, en el supuesto previsto en el artículo 142 de esta Ley.

Respecto a la información y documentación que deba exhibirse a los inspectores de la Comisión al amparo de una visita de inspección se deberá observar lo previsto en el reglamento expedido por el Ejecutivo Federal, en materia de supervisión, al amparo de lo establecido en el artículo 5, primer párrafo de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Para efectos de este Capítulo, se entenderá por autoridades financieras a la Secretaría y a la Comisión.

Artículo 134. Las autorizaciones, revocaciones de autorizaciones solicitadas por el interesado o su representante, los actos que provengan de trámites promovidos a petición del interesado y demás actos distintos a los señalados en el artículo 133 de esta Ley, podrán notificarse mediante la entrega del oficio en el que conste el acto correspondiente, en las oficinas de la autoridad que realice la notificación, recabando en copia de dicho oficio la firma y nombre de la persona que la reciba.

Asimismo, las autoridades financieras podrán efectuar dichas notificaciones por correo ordinario, telegrama, fax, correo electrónico o mensajería cuando el interesado o su representante se lo soliciten por escrito señalando los datos necesarios para recibir la notificación, dejando constancia en el expediente respectivo, de la fecha y hora en que se realizó.

También, se podrán notificar los actos a que se refiere el primer párrafo del presente artículo por cualquiera de las formas de notificación señaladas en el artículo 133 de esta Ley.

Artículo 135. Las notificaciones de visitas de investigación y de la declaración de intervención a que se refiere esta Ley se realizarán en un solo acto y conforme a lo previsto en el reglamento a que hace referencia el penúltimo párrafo del artículo 133 de esta Ley.

Artículo 136. Las notificaciones personales podrán efectuarse en las oficinas de las autoridades financieras solamente cuando el interesado o su representante acuda a las mismas y manifieste su conformidad en recibir las notificaciones; para lo cual quien realice la notificación levantará por duplicado un acta que cumpla con la regulación aplicable a este tipo de actos.

Artículo 137. Las notificaciones personales también podrán practicarse con el interesado o con su representante, en el último domicilio que hubiere proporcionado a la autoridad financiera correspondiente o en el último domicilio que haya señalado ante la propia autoridad en el procedimiento administrativo de que se trate, para lo cual se levantará acta en los términos a que se refiere el penúltimo párrafo de este artículo.

En el supuesto de que el interesado o su representante no se encuentre en el domicilio mencionado, quien lleve a cabo la notificación entregará citatorio a la persona que atienda la diligencia, a fin de que el interesado o su representante lo espere a una hora fija del día hábil siguiente y en tal citatorio apercibirá al citado que de no comparecer a la hora y el día que se fije, la notificación la practicará con quien lo atienda o que en caso de encontrar cerrado dicho domicilio o que se nieguen a recibir la notificación respectiva, la hará mediante instructivo conforme a lo previsto en el artículo 140 de esta Ley. Quien realice la notificación levantará acta en los términos previstos en el penúltimo párrafo de este artículo.

El citatorio de referencia deberá elaborarse por duplicado y dirigirse al interesado o a su representante, señalando lugar y fecha de expedición, fecha y hora fija en que deberá esperar al notificador, quien deberá asentar su nombre, cargo y firma en dicho citatorio, el objeto de la comparecencia y el apercibimiento respectivo, así como el nombre y firma de quien lo recibe. En caso de que esta última no quisiera firmar, se asentará tal circunstancia en el citatorio, sin que ello afecte su validez.

El día y hora fijados para la práctica de la diligencia motivo del citatorio, el encargado de realizar la diligencia se apersonará en el domicilio que corresponda, y encontrando presente al citado, procederá a levantar acta en los términos a que se refiere el penúltimo párrafo de este artículo.

En el caso de que no comparezca el citado, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en el que se realiza la diligencia; para tales efectos se levantará acta en los términos de este artículo.

En todo caso, quien lleve a cabo la notificación levantará por duplicado un acta en la que hará constar, además de las circunstancias antes señaladas, su nombre, cargo y firma, que se cercioró que se constituyó y se apersonó en el domicilio buscado, que notificó al interesado, a su representante o persona que atendió la diligencia, previa identificación de tales personas, el oficio en el que conste el acto administrativo que deba notificarse, asimismo hará constar la designación de los testigos, el lugar, hora y fecha en que se levante, datos de identificación del oficio mencionado, los medios de identificación exhibidos, nombre del interesado, representante legal o persona que atienda la diligencia y de los testigos designados. Si las personas que intervienen se niegan a firmar o a recibir el acta de notificación, se hará constar dicha circunstancia en el acta, sin que esto afecte su validez.

Para la designación de los testigos, quien efectúe la notificación requerirá al interesado, a su representante o persona que atienda la diligencia para que los designe; en caso de negativa o que los testigos designados no aceptaran la designación, la hará el propio notificador.

Artículo 138. En el supuesto de que la persona encargada de realizar la notificación hiciere la búsqueda del interesado o su representante en el domicilio a que se refiere el primer párrafo del artículo 137 de esta Ley, y la persona con quien se entienda la diligencia niegue que es el domicilio de dicho interesado o su representante, quien realice la diligencia levantará acta para hacer constar tal circunstancia. Dicha acta deberá reunir, en lo conducente, los requisitos previstos en el penúltimo párrafo del artículo 137 del presente ordenamiento legal.

En el caso previsto en este precepto, quien efectúe la notificación podrá realizar la notificación personal en cualquier lugar en que se encuentre el interesado o su representante. Para los efectos de esta notificación, quien la realice levantará acta en la que haga constar que la persona notificada es de su conocimiento personal o haberle sido identificada por dos testigos, además de asentar, en lo conducente, lo previsto en el penúltimo párrafo del citado artículo 137, o bien hacer constar la diligencia ante fedatario público.

Artículo 139. Las notificaciones que se efectúen mediante oficio entregado por mensajería o por correo certificado, con acuse de recibo, surtirán sus efectos al día hábil siguiente a aquél que como fecha recepción conste en dicho acuse.

Artículo 140. En el supuesto de que el día y hora señalados en el citatorio que se hubiere dejado en términos del artículo 137 de esta Ley, quien realice la notificación encontrare cerrado el domicilio que corresponda o bien el interesado, su representante o quien atienda la diligencia, se nieguen a recibir el oficio motivo de la notificación, hará efectivo el apercibimiento señalado en el mencionado citatorio. Para tales efectos llevará a cabo la notificación, mediante instructivo que fijará en lugar visible del domicilio, anexando el oficio en el que conste el acto a notificar, ante la presencia de dos testigos que al efecto designe.

El instructivo de referencia se elaborará por duplicado y se dirigirá al interesado o a su representante. En dicho instructivo se harán constar las circunstancias por las cuales resultó necesario practicar la notificación por ese medio, lugar y fecha de expedición; el nombre, cargo y firma de quien levante el instructivo; el nombre, datos de identificación y firma de los testigos; la mención de que quien realice la notificación se cercioró de que se constituyó y se apersonó en el domicilio buscado, y los datos de identificación del oficio en el que conste el acto administrativo que deba notificarse.

El instructivo hará prueba de la existencia de los actos, hechos u omisiones que en él se consignen.

Artículo 141. Las notificaciones por edictos se efectuarán en el supuesto de que el interesado haya desaparecido, hubiere fallecido, se desconozca su domicilio o exista imposibilidad de acceder a él, y no tenga representante conocido o domicilio en territorio nacional o se encuentre en el extranjero sin haber dejado representante.

Para tales efectos, se publicará por tres veces consecutivas un resumen del oficio respectivo, en un periódico de circulación nacional, sin perjuicio de que la autoridad financiera que notifique difunda el edicto en la página electrónica de la red mundial denominada Internet que corresponda a la autoridad financiera que notifique; indicando que el oficio original se encuentra a su disposición en el domicilio que también se señalará en dicho edicto.

Artículo 142. Las notificaciones por medios electrónicos, con acuse de recibo, podrán realizarse siempre y cuando el interesado o su representante así lo haya aceptado o solicitado expresamente por escrito a las autoridades financieras a través de los sistemas automatizados y mecanismos de seguridad que las mismas establezcan.

Artículo 143. Las notificaciones que no fueren efectuadas conforme a este Capítulo, se entenderán legalmente hechas y surtirán sus efectos el día hábil siguiente a aquél en el que el interesado o su representante se manifiesten sabedores de su contenido.

Artículo 144. Para los efectos de esta Ley se tendrá por domicilio para oír y recibir notificaciones relacionadas con los actos relativos al desempeño de su encargo como miembros del consejo de administración, directores generales, comisarios, directores, funcionarios, delegados fiduciarios, directivos que ocupen la jerarquía inmediata inferior a la del director general, y demás personas que puedan obligar con su firma a las sociedades reguladas por esta Ley, el del lugar en donde se encuentre ubicada la sociedad a la cual presten sus servicios, salvo que dichas personas señalen por escrito a la Comisión un domicilio distinto, el cual deberá ubicarse dentro del territorio nacional.

En los supuestos señalados en el párrafo anterior, la notificación se podrá realizar con cualquier persona que se encuentre en el citado domicilio.

Para lo previsto en este artículo, se considerará como domicilio de la sociedad el último que hubiere proporcionado ante la propia Comisión o en el procedimiento administrativo de que se trate.

Artículo 145. Las notificaciones a que se refiere este capítulo surtirán sus efectos al día hábil siguiente al que:

I. Se hubieren efectuado personalmente;

II. Se hubiere entregado el oficio respectivo en los supuestos previstos en los artículos 133 y 142;

III. Se hubiere efectuado la última publicación a que se refiere el artículo 141, y

IV. Se hubiere efectuado por correo ordinario, telegrama, fax, medio electrónico o mensajería.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman las fracciones V y VI, y adiciona una fracción VII al artículo 395 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 395. ...

I. a IV. ...

V. Sociedades financieras de objeto múltiple a que se refiere el artículo 87-B de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito;

VI. Almacenes generales de depósito, y

VII. Uniones de crédito.

...

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se deroga el Capítulo III del Título Segundo de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1985, así como toda referencia en dicha Ley a uniones de crédito.

Las uniones de crédito autorizadas para operar como tales con arreglo a las disposiciones que se derogan, se reputarán autorizadas para operar en los términos del presente Decreto.

Las uniones de crédito autorizadas para operar como tales antes de la entrada en vigor del presente Decreto, únicamente podrán admitir nuevos socios que cumplan con la característica establecida en el primer párrafo del artículo 21 del artículo Primero del presente Decreto. Asimismo, no podrán renovar las operaciones que hayan pactado con los socios que no acrediten la referida característica.

Tercero. En tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, emite las disposiciones de carácter general a que se refiere esta Ley, seguirán aplicándose las expedidas con anterioridad a la vigencia de la misma, en las materias correspondientes, en lo que no se opongan al presente Decreto. Al expedirse las disposiciones a que se refiere este artículo, se señalarán expresamente aquéllas a las que sustituyan o queden derogadas.

Sin perjuicio de lo anterior, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto se deroga el Acuerdo por el que se determinan los capitales mínimos con que deberán contar los almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, uniones de crédito, empresas de factoraje financiero y casas de cambio para el año 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2008, en todo lo relativo a uniones de crédito.

Cuarto. Las uniones de crédito contarán con un plazo de dos años contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para ajustarse a las disposiciones a que se refieren los artículos 61 y 62 de la Ley de Uniones de Crédito.

Quinto. Las autorizaciones otorgadas a las uniones de crédito y los demás actos administrativos realizados con fundamento en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, que conforme a lo dispuesto en el presente Decreto corresponda llevar a cabo a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, continuarán en vigor, hasta que, en su caso, sean revocadas o sus términos modificados expresamente por dicha Comisión o bien, dejen de producir sus efectos.

Sexto. Las infracciones y delitos cometidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, se sancionarán conforme a la ley vigente al momento de cometerse las citadas infracciones o delitos.

En los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite, el interesado podrá optar por su continuación conforme al procedimiento vigente durante su iniciación o por la aplicación de las disposiciones aplicables a los procedimientos administrativos previstos en el presente Decreto.

Séptimo. Las uniones de crédito contarán con un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para presentar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para su aprobación, sus estatutos sociales a fin de que ajusten su operación a lo previsto en el referido Decreto.

Octavo. A la entrada en vigor del presente Decreto todas las uniones de crédito que hayan sido autorizadas para operar como tales en términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, serán clasificadas con un nivel de operaciones I.

Las uniones de crédito podrán solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que les autorice el cambio de nivel de operaciones previo cumplimiento de los requisitos a que se refieren los artículos 39 y 43 del artículo Primero de este Decreto.

Noveno. Las uniones de crédito que a la entrada en vigor del presente Decreto no cumplan con el capital mínimo previsto en el artículo 18 del artículo Primero del presente Decreto para el nivel de operaciones I, contarán con un plazo de cinco años para integrar el capital mínimo referido.

Transcurrido el plazo citado, las autorizaciones que haya otorgado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la constitución y operación de uniones de crédito que no cuenten con un capital mínimo equivalente en moneda nacional al valor de 2,000,000 de unidades de inversión, quedarán sin efecto por ministerio de ley, por lo que las sociedades que tengan dicho carácter dejarán de ser uniones de crédito.

Las sociedades señaladas en el párrafo anterior no estarán obligadas a disolverse y liquidarse por el hecho de que, conforme a lo dispuesto por el párrafo anterior, queden sin efecto las autorizaciones respectivas, aunque, para continuar operando, deberán:

I. Reformar sus estatutos sociales a efecto de eliminar cualquier referencia expresa o de la cual se pueda inferir que son uniones de crédito y que se encuentran autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para constituirse y funcionar con tal carácter.

II. Presentar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a más tardar ciento ochenta días naturales el instrumento público en el que conste la reforma estatutaria referida en la fracción anterior, con los datos de la respectiva inscripción en el Registro Público de Comercio.

Las sociedades que no cumplan con lo dispuesto por la fracción II anterior entrarán, por ministerio de ley, en estado de disolución y liquidación, sin necesidad de acuerdo de asamblea general de accionistas.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicará en el Diario Oficial de la Federación aquéllas autorizaciones que conforme a este artículo queden sin efecto.

Décimo. Se deroga la fracción IV del artículo 6 de la Ley de Inversión Extranjera.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : En virtud de que no se ha inscrito nadie para fundamentar el dictamen ni tampoco para discutirlo en lo general, se considera suficientemente discutido. Y para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular, especificando la ley de que se trate.

No habiendo ningún artículo reservado, se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, en un solo acto.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Ábrase el micrófono del diputado Pascual Bellizzia Rosique.

El diputado Pascual Bellizzia Rosique (desde la curul): Pascual Bellizzia, a favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Gracias. Ábrase el micrófono de la diputada Beatriz Manrique Guevara.

La diputada Beatriz Manrique Guevara (desde la curul): Beatriz Manrique, a favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Gracias. ¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir el sentido de su voto? Está abierto el sistema. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 329 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Ya cantaron la votación. Está bien. De viva voz que mencionen su voto.

El diputado Armando García Méndez (desde la curul): Armando García, a favor.

El diputado César Horacio Duarte Jáquez (desde la curul): A favor.

El diputado Carlos Alberto Puente Salas (desde la curul): A favor.

La diputada María Dolores González Sánchez (desde la curul): A favor.

El diputado Édgar Martín Ramírez Pech (desde la curul): A favor.

El diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Se emitieron 335 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobado en lo general y en lo particular, por 335 votos, el proyecto de decreto que expide la Ley de Uniones de Crédito, y adiciona y reforma la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Por favor, les pido que no se retiren. Prácticamente nos faltan dos dictámenes y nada más turnar los asuntos que tenemos pendientes, por favor.

El siguiente...

DICTAMENES A DISCUSION

La diputada Maricela Contreras Julián (desde la curul): Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Sí, diputada. Le dan sonido a la diputada Maricela Contreras, por favor.

La diputada Maricela Contreras Julián (desde la curul): Me gustaría que, por favor, nos aclarara, o me aclarara, por qué nos brincamos todo los dictámenes anteriores.

Y en particular hicimos un esfuerzo porque todos los coordinadores y coordinadoras parlamentarias de las fracciones firmaran para que pudiera subir el dictamen de Comisiones Unidas de la Defensa Nacional, y de Equidad y Género, en el tema de ascensos y recompensas, y ya no están en la lista.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Sí, diputada, en particular le voy a contestar. Ese dictamen que usted está pidiendo acaba de llegar hace una hora. Y efectivamente, me dicen que saltaron estos dictámenes porque así lo acordaron con el presidente en turno. Ahorita vamos a darle trámite, de todos modos, a ese dictamen que usted está solicitando. Nos hacen falta más de dos dictámenes, efectivamente.

Por favor le dan sonido a la curul de la diputada Martha Tagle.

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez (desde la curul): En el mismo sentido de la diputada Contreras. Hacen falta en el orden del día, y que están agendados desde la mañana, 10 dictámenes a discusión.

De hecho, los que ya abordamos fueron los dictámenes de primera lectura y todos los dictámenes a discusión, que son 10 de iniciativas, están pendientes, y demás dictámenes de puntos de acuerdo.

Entiendo aquí a todos los compañeros que estén cansados y quieran retirarse, pero es un asunto que se ha venido retrasando y que es importante darle salida a estos dictámenes.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Sí, diputada. No es culpa del pleno ni de ningún diputado; es culpa mía. El diputado hizo un acuerdo aquí en la mesa y yo me confundí. O sea, lo asumo y ahorita le voy a decir cuántos dictámenes faltan.

Son 10 dictámenes a discusión los que nos faltan todavía por aprobar. Vamos a continuar. Solamente adelantamos los de Hacienda y vamos a continuar con la lista.

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona el artículo 39 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se le dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 39 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros

Honorable Asamblea:

Con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la honorable Cámara de Senadores remitió la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 39 a la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

Los integrantes de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público, con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente dictamen:

Esta comisión que suscribe, se abocó al análisis de la minuta antes señalada y conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron los miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, conforme a los siguientes

Antecedentes

En sesión de la colegisladora de fecha 28 de febrero de 2008, los Senadores José Eduardo Calzada Rovirosa, María de los Ángeles Moreno Uriegas y Carlos Lozano de la Torre presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 39 a la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

En sesión del 22 de abril de 2008 la colegisladora aprobó por 75 votos a favor el decreto materia de este dictamen, que con esta misma fecha remitió a esta Cámara de Diputados.

Con fecha 24 de abril de 2008, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su estudio y dictamen la Minuta antes enunciada.

Análisis de la minuta

La minuta que nos ocupa señala que la actividad aseguradora debe ser considerada de orden público, lo cual obliga a proporcionar a la población una protección patrimonial mínima mediante productos básicos y fácilmente comparables, contra los quebrantos que puedan ocasionarse por eventos contingentes; colaborando de esta manera a la estabilidad económica de las familias, así como al adecuado funcionamiento de la economía nacional y en consecuencia a la generación de ahorro interno, permitiendo el financiamiento de actividades productivas en el país.

Que con motivo de lo anterior, es una realidad que los distintos productos de seguros proporcionan protección contra las consecuencias económicas que un daño o siniestro pueden ocasionar, respondiendo a la necesidad de seguridad de las personas.

Refiere también que en la actualidad existe un gran número de instituciones de seguros que ofrecen una gran variedad de pólizas de seguros para satisfacer necesidades concretas de protección de la población.

Que dicha consideración toma especial relevancia si se considera el veloz incremento que se ha observado en el número de los diferentes productos y planes de seguros en el mercado, ya que cada año surge una diversa cantidad de nuevos productos de seguros; mismos que por su propia naturaleza, características y estructura, son instrumentos financieros complejos.

En tal virtud, la colegisladora consideró necesario aprobar el producto básico de seguro, toda vez que la gran diversidad de nuevos productos en materia de seguros, dificultan la comparación de los mismos, especialmente para los usuarios que se aproximan por primera vez a estos servicios financieros.

Ahora bien, la colegisladora consideró necesario señalar en ley la obligación de que las instituciones aseguradoras ofrezcan un producto básico estandarizado, en complemento a su oferta regular de productos.

Toda vez que dicha medida logrará facilitar la comprensión del seguro en un mismo modelo de contrato, ya que las condiciones contractuales serán uniformes y simples, así como con requisitos sencillos para la reclamación y pago de siniestros.

Lo anterior, refiere la Colegisladores, impactará favorablemente el costo de oportunidad de los usuarios, al otorgarles la posibilidad de comparar fácilmente las primas de tarifa que fijen las distintas instituciones.

Por lo anterior, la colegisladora considero necesario que las instituciones aseguradoras, inscriban los modelos de contratos uniformes, así como informar a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, de las tarifas y primas de los distintos productos estandarizados para cada tipo de seguro, ya que dicha medida logrará una mayor transparencia en la competencia de las distintas instituciones aseguradoras, tal como actualmente sucede con la publicación del cobro de comisiones por parte de las instituciones financieras y del cobro de intereses por parte de las Casas de Empeño ante la Procuraduría Federal del Consumidor, respectivamente.

Finalmente consideró que las medidas propuestas en la Minuta que se dictamina, coadyuvarán en gran medida, a fomentar la cultura de protección patrimonial, así como la ampliación de la cobertura de los seguros en la población más vulnerable, máxime que promueve la cultura de la prevención y, con ello aumenta el uso del seguro.

Consideraciones de la comisión

Esta comisión coincide con lo planteado por la Cámara de Senadores, por lo que estima conveniente la aprobación de la Minuta en el sentido de establecer en ley, la obligación por parte de las instituciones aseguradoras de ofrecer productos básicos estandarizados, en complemento a su oferta regular de productos, los cuales se emitirían bajo un mismo modelo de contrato, con condiciones contractuales uniformes y simples, con requisitos sencillos para la reclamación y pago de siniestros, y en los que, consecuentemente, el público podría comparar fácilmente las primas de tarifa que fijen las distintas instituciones.

Esta comisión coincide con la colegisladora en que, en los últimos años ha aumentado la demanda de seguros por parte de la población del país, lo cual se ha reflejado en el crecimiento del número de pólizas, del número de instituciones aseguradoras y del número, variedad y grado de sofisticación de los diferentes productos de seguros.

No obstante lo anterior, y a pesar de los evidentes beneficios que la competencia y la innovación han traído consigo, la gran diversidad de nuevos productos dificultan la comparación de los mismos, especialmente para los usuarios que por primera vez utilizan estos servicios financieros.

Por lo anterior, esta dictaminadora considera que la existencia de productos de seguros básicos y fácilmente comparables permitirá a la población contar con elementos para facilitar su elección. Este mecanismo será de gran utilidad para acercar los beneficios del seguro a una mayor porción de la población, así como para promover la cultura de la prevención y, con ello, elevar la penetración del seguro en México.

Esta comisión que dictamina coincide en la importancia de que las instituciones de seguros, atendiendo a las operaciones y ramos que tengan autorizados, ofrezcan un producto básico estandarizado para cada una de las siguientes coberturas: fallecimiento, accidentes personales, gastos médicos, salud y responsabilidad civil.

De igual forma se estima indispensable que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, oyendo la opinión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros dé a conocer el modelo de contrato de adhesión que las aseguradoras deberán utilizar para cada una de los riesgos antes señalados, así como que dichas aseguradoras registren los productos básicos estandarizados.

Por lo antes señalado esta comisión considera que las medidas antes citadas fortalecerán la cultura del seguro y redundarán en beneficio de la población.

Por todo lo anterior la Comisión de Hacienda y Crédito Público se pone a consideración del Pleno el siguiente

Decreto por el que se adiciona el artículo 39 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros

Artículo Único. Se adiciona el artículo 39 a la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, para quedar como sigue:

Artículo 39. Con el propósito de fortalecer la cultura del seguro y extender los beneficios de su protección a una mayor parte de la población, las instituciones de seguros, atendiendo a las operaciones, ramos que tengan autorizados, así como a los seguros y coberturas que comercializan, deberán ofrecer un producto básico estandarizado para cada una de las siguientes coberturas:

I. Fallecimiento, en la operación de vida;

II. Accidentes personales, en la operación de accidentes y enfermedades;

III. Gastos médicos, en la operación de accidentes y enfermedades;

IV. Salud, en la operación de accidentes y enfermedades, y

V. Responsabilidad civil, en el ramo de automóviles.

Para efectos de esta Ley, se entenderá por productos básicos estandarizados de seguros, los que cubren aquellos riesgos que enfrenta la población, que se pueden homologar por sus características comunes y que tienen por propósito satisfacer necesidades concretas de protección de la población.

A fin de garantizar que los referidos productos básicos estandarizados sean comparables entre todas las instituciones del sector, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, oyendo la opinión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y considerando la opinión que le presenten las instituciones de seguros, mediante disposiciones de carácter general dará a conocer el modelo de contrato de adhesión que las instituciones deberán utilizar para cada una de las coberturas referidas en este artículo. Dichos modelos deberán considerar cláusulas contractuales de fácil comprensión que uniformen: riesgos cubiertos, exclusiones, suma asegurada, deducibles, duración del contrato, periodicidad del pago de la prima, procedimiento para el cobro de la indemnización y demás elementos que los integren.

Las instituciones deberán registrar estos productos de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 D de esta Ley, observando que la nota técnica en la que cada institución sustente la fijación de la prima, guarde congruencia con lo dispuesto en este artículo.

Con el objeto de efectuar la comparación de las primas de tarifa de estos productos y difundirlas entre el público, las instituciones de seguros deberán informar mensualmente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros la prima de tarifa total que cobren respecto de los productos a que se refiere este artículo, en la forma y términos que la misma establezca. Dichas instituciones podrán cumplir con esta obligación mediante la difusión y actualización de la información a que se refiere este párrafo en la página principal de su portal electrónico de Internet.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas deberá dictar las disposiciones a las que se refiere el presente Decreto dentro de los 180 días naturales siguientes a los de su entrada en vigor.

Artículo Tercero. Las instituciones de seguros deberán efectuar el registro y ofrecer al público los productos básicos estandarizados a que se refiere el presente Decreto dentro de los 180 días naturales siguientes a que entren en vigor las disposiciones a que se refiere el artículo anterior.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : En virtud de que no se ha inscrito nadie para fundamentar el dictamen ni tampoco para posicionar a nombre de su grupo parlamentario, se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular el dictamen. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto, en un solo acto.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Les vamos a pedir que procuremos votar en cinco minutos para que podamos agilizar todas las votaciones, para que no se vayan del pleno. Vamos a tratar de votar rápido.

(Votación)

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Ábrase el micrófono de la curul 220, del diputado Pascual Bellizzia Rosique, por favor.

El diputado Pascual Bellizzia Rosique (desde la curul): Pascual Bellizzia, a favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Gracias. Ábrase el micrófono de la curul 180, de la diputada Beatriz Manrique Guevara, por favor. Está abierto el sistema.

La diputada Beatriz Manrique Guevara (desde la curul): Beatriz Manrique, a favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Gracias. Está abierto el sistema electrónico de votación. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 326 votos en pro, 0 en contra y 5 abstenciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobado en lo general y en lo particular, por 326 votos, el proyecto de decreto que adiciona el artículo 39 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

LEY ORGANICA DE SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL - LEY ORGANICA DE SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, y deroga el artículo noveno transitorio del decreto que expide la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2001.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal y deroga el artículo noveno transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2001

Honorable Asamblea:

Con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la H. Cámara de Senadores remitió la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal y deroga el artículo noveno transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2001.

Los integrantes de esta Comisión de Hacienda y Crédito Público con base en las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente

Dictamen

Esta comisión que suscribe, se abocó al análisis de la minuta antes señalada y, conforme a las deliberaciones y el análisis que de la misma realizaron los miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, conforme a los siguientes:

Antecedentes

1. En la sesión del 15 de abril de 2008, la Cámara de Senadores recibió una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal y deroga el artículo noveno transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2001, presentada por los Senadores Carlos Lozano de la Torre y Carlos Aceves del Olmo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y los senadores Jaime Rafael Díaz Ochoa y Ramón Galindo Noriega, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

2. En la sesión celebrada el 22 de abril de 2008, fue aprobado por 75 votos a favor 0 en contra y 0 abstención por el Pleno del Senado de la República el dictamen en comento, turnado a la Cámara de Diputados.

3. En sesión celebrada el 24 de abril de 2008 por el Pleno de la Cámara de Diputados, Mesa Directiva turnó la Minuta en comento a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para análisis y elaboración del dictamen de conformidad con lo siguiente:

Análisis de la minuta

La minuta en estudio, señala que la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal y deroga el artículo Noveno Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2001, se refiere a dos aspectos principales, el primero de ellos consistente en ampliar las actividades de la Sociedad Hipotecaria Federal para permitirle que continúe con el otorgamiento de créditos y la segunda, en cuanto a fortalecerla institucionalmente, dotándola de una mayor autonomía de gestión.

Refiere la Minuta que se analizó en un primer término lo relativo a la ampliación de actividades de la Sociedad Hipotecaria Federal en lo que respecta al otorgamiento de crédito, conforme al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa y que, a fin de alcanzar tal objetivo, la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios.

Consideró que, a efecto de atender a un importante sector de la población, que no resulta beneficiario de las principales instituciones públicas dedicadas al financiamiento a la vivienda, como son el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), se creó mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2001 la Sociedad Hipotecaria Federal, como Sociedad Nacional de Crédito, la cual tiene como objeto impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda, únicamente a través del otorgamiento de garantías destinadas a la construcción, adquisición y mejora de la vivienda, preferentemente de interés social, además del incremento de la capacidad productiva y el desarrollo tecnológico relacionados con la vivienda; así, resaltó la Minuta, que en el 2001 el mercado crecía con las mencionadas instituciones, así como con las sociedades financieras de objeto limitado (Sofoles) de reciente creación en esa época y que estaban retomando su participación las instituciones de banca múltiple (bancos), se estableció en el artículo Noveno Transitorio del mencionado Decreto que la Sociedad Hipotecaria Federal dejaría de otorgar préstamos y créditos en octubre de 2009.

Asimismo, señala la minuta, que no obstante lo anterior, se consideró que a pesar de que el mercado primario de crédito a la vivienda se ha desarrollado adecuadamente en México, es necesario replantear la limitante establecida para la Sociedad Hipotecaria Federal relativa al otorgamiento de crédito, bajo dos aspectos principales: i) la necesidad de vivienda de la población que actualmente no ha sido suficientemente atendida y, ii) los recientes acontecimientos derivados de la crisis de hipotecas ``subprime'' en los Estados Unidos de América.

En cuanto a la atención de la población que actualmente no se encuentra suficientemente atendida, se destacó en la Minuta la importancia de analizar las actividades que Sociedad Hipotecaria Federal ha realizado en el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda, ya que el otorgamiento de crédito por parte de Sociedad Hipotecaria Federal, ha permitido generar estándares de originación de cartera, de perfil financiero del producto crediticio, de administración de crédito, así como de toma de riesgo crediticio, facilitado la especialización de las entidades financieras en las actividades más relevantes en su operación, tales como la originación, administración y cobranza de su cartera, dejando en la Sociedad las capacidades de administración de riesgo de mercado y prepago, aprovechando las economías de escala que este esquema puede lograr.

Por ello se concluyó que facultar a Sociedad Hipotecaria Federal el continuar otorgando crédito en los términos de la Iniciativa, permitirá que a través de la experiencia adquirida por dicha Institución, se procure la atención de la población que actualmente no se encuentra suficientemente atendida, y el otorgamiento de créditos deberá estar enfocado al desarrollo de algún segmento de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda, quedando así facultada a aplicar los esquemas desarrollados en beneficio de la población que requiere vivienda, abocándose especialmente a los segmentos de más bajos ingresos y a la población no asalariada.

Asimismo, por lo que se refiere a los recientes acontecimientos derivados de la crisis ``subprime'' , se señala en la Minuta, que éstos han hecho evidente la necesidad de que el Estado cuente con elementos para que a través de mecanismos expeditos, como lo puede ser el otorgamiento de crédito de la Sociedad Hipotecaria Federal a las entidades financieras, se disipen posibles incertidumbres de los inversionistas que generen o agraven una crisis de los mercados, o bien, se pueda atender en forma oportuna las necesidades de la población derivadas de desastres naturales. Ello es así, ya que en el caso particular de México, al ser un mercado que se encuentra en desarrollo, resintió los efectos de la crisis internacional a través de la disminución de liquidez a las entidades financieras que se dedican al financiamiento a la vivienda, por lo que con el otorgamiento de líneas de crédito por parte de la Sociedad Hipotecaria Federal, al poder actuar de forma ágil, se evitaron efectos adversos derivados de una falta de liquidez.

En cuanto al fortalecimiento institucional de la Sociedad Hipotecaria Federal, se refiere en la Minuta que se consideraron adecuadas, en términos generales, las propuestas contenidas en el Iniciativa, tomando en cuenta que se ha manifestado en diversos foros especializados, la conveniencia de realizar una reingeniería de la banca de desarrollo para dotarla de una mayor autonomía de gestión considerando que dichas instituciones se encuentran procurando sus respectivos objetivos en entornos dinámicos.

Con base en lo anterior y como primer punto, se dispone en la Minuta que se consideró adecuada la incorporación de facultades al Consejo Directivo de la Sociedad Hipotecaria Federal para: i) aprobar los objetivos, lineamientos y políticas en materia de originación y administración del crédito, así como los criterios para el otorgamiento de los mismos; ii) establecer las políticas de carácter prudencial que limiten la exposición al riesgo de la Sociedad derivado de su función de proveedor de liquidez al mercado; iii) la expedición de las normas y bases que habrán de seguirse para la enajenación a precio de mercado de bienes muebles o inmuebles recibidos en pago o adjudicados a la Sociedad Hipotecaria Federal y a las instituciones de seguros en cuyo capital participe, y iv) designar al responsable del área de auditoria interna, encargada de la vigilancia y control interno.

En este sentido, coincidieron las Comisiones de la Colegisladora con los argumentos establecidos en la Iniciativa, y únicamente se resaltó que la autonomía de gestión que se confiere a la Sociedad Hipotecaria Federal, en cuanto a los temas relacionados con el control y vigilancia a través del área de auditoría interna, con sus estructuras orgánicas y administración de personal, así como lo relativo a la enajenación de bienes muebles o inmuebles, obedecen tanto a las recientes reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, como a la necesidad de subsanar vacíos normativos, así como también a procurar que pueda desarrollar sus operaciones en igualdad de condiciones a las de otras entidades financieras en situaciones semejantes.

Asimismo y como segundo punto, se tomó en cuenta en la Minuta que la autonomía de gestión no es completa si no se fortalecen los mecanismos de control y vigilancia, por lo que se consideraron adecuadas las modificaciones relativas al tema de auditoría interna, así como a la integración y facultades del Comité de Auditoría de la Sociedad Hipotecaria Federal, toda vez que con las mismas dicha Institución podrá contar con personas que se encuentren debidamente calificadas; sin embargo, puntualizó el quórum de asistencia que se establece para dicho Comité, el cual se encuentra contemplado en la minuta recibida.

Finalmente, la Colegisladora consideró conveniente disponer que Sociedad Hipotecaria Federal proporcione a los integrantes de su Consejo y a los servidores públicos que le presten sus servicios, servicios de asistencia y defensoría legal, con respecto a los actos que las personas referidas lleven a cabo en ejercicio de las funciones que tienen encomendadas por Ley, en el entendido de que si la autoridad competente dicta resolución definitiva en contra del sujeto de la asistencia legal, éste deberá rembolsar a la Sociedad los gastos y cualesquiera otras erogaciones en las que hubiere incurrido con ese motivo, así como que los consejeros externos de la Sociedad no se consideren servidores públicos, con lo que la Sociedad podrá contar con consejeros externos en la integración del Consejo Directivo, con personas que, por sus conocimientos y experiencia, enriquezcan la actuación de este Órgano de Gobierno, con la seguridad y certidumbre que dicha función requiere.

Consideraciones de la comisión

Esta comisión coincide con lo planteado por la honorable Cámara de Senadores, por lo que estima conveniente la aprobación de la Minuta, a través de la que se podrán ampliar las actividades de Sociedad Hipotecaria Federal para permitirle que continúe con el otorgamiento de créditos relacionados con la vivienda, con el fin de impulsar el desarrollo de segmentos específicos de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda o de procurar la estabilidad de dichos mercados conforme a los criterios que defina su Consejo Directivo.

Esta comisión coincide con la colegisladora en que es conveniente dicha ampliación de actividades, considerando que existen segmentos del mercado de crédito a la vivienda que aún no han sido suficientemente atendidos, ya que la mayoría de la población mexicana no es asalariada, por lo que carece de la posibilidad de acceder a esquemas de financiamiento proporcionados por el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores o por el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; así como que, se requiere la existencia de una entidad que pueda solventar las necesidades de liquidez de las entidades financieras enfocadas al otorgamiento de créditos a la vivienda, para que ante situaciones adversas se mantenga la estabilidad del tren de vivienda.

En este sentido, cabe destacar que las actividades impulsadas por la Sociedad Hipotecaria Federal, en cumplimiento del mandato para el que fue creada, han permitido un desarrollo del mercado primario y secundario de crédito a la vivienda, pues en la actualidad el segmento de la población con ingresos de 6 salarios mínimos en adelante, se encuentra atendida con variantes de productos financieros que están a su alcance, destacándose que cobra mayor relevancia de manera particular, que el índice de morosidad de cartera de la Sociedad presenta, conforme a las disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tan solo el 0.76% del total de su cartera.

Asimismo, esta comisión dictaminadora considera que fortalecer institucionalmente a la Sociedad Hipotecaria Federal, a través de la puntualización de las facultades de su Consejo Directivo, del Comité de Auditoría, del Director General y del contralor interno, conforme a los principios de gobierno corporativo, se permite un fortalecimiento de los órganos de gobierno, administración y vigilancia, lo cual es congruente y necesario para dotarla de una mayor autonomía de gestión que le permita la flexibilidad en su operación, la cual se requiere ante el dinámico entorno en el que desarrolla sus actividades.

Esta comisión, respecto de la minuta que se presenta, hace un análisis en cuanto a la reforma de la fracción X Ter del artículo 4o., referente a la exención en la aplicación de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuando la Sociedad Hipotecaria Federal, contrate los servicios de las empresas en cuyo capital participe, considerando que, sin soslayar la necesidad de procurar los principios que deben de regir este tipo de contrataciones en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estima que una reforma de esta naturaleza procura que la Sociedad pueda contratar a las empresas que ella misma constituye para que le presten servicios, y no por ello se violente los aludidos principios que se consagran en el mencionado artículo Constitucional, lo anterior congruentemente con el propio ordenamiento legal que establece que este tipo de entidades, como lo es la Sociedad, puedan invertir y participar en el capital de las empresas que le presten servicios auxiliares y complementarios al objeto de la propia Sociedad, así como los requisitos para la autorización de tales inversiones, dentro de los que destacan el que formen parte de su programación y planeación presupuestaria, y tienen obligatoriamente que coincidir con el mandato legal de la Institución, por lo que al existir tales requisitos y dada la naturaleza de este tipo de empresas, resulta innecesario pretender someterlas a normatividad adicional, que busca la observancia de principios Constitucionales que están siendo procurados desde el momento mismo en que se toma la decisión de invertir en una empresa de este tipo.

Adicionalmente, durante la operación de la Sociedad Hipotecaria Federal y de la empresas en las que participe, existen autoridades supervisoras que controlan y vigilan la operación tanto de una como de otra, en el caso particular de las empresas en las que invierta, estamos hablando de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y en el caso de la Sociedad Hipotecaria Federal, además de la anterior autoridad, las que le son propias a una entidad de la Administración Pública Federal, particularmente en cuanto al ejercicio de su presupuesto.

En el análisis de la minuta, esta comisión considera oportuno precisar que la mención específica a que se refiere el proyecto de Reforma en cuanto a que los consejeros externos no sean considerados servidores públicos, es únicamente un efecto de la naturaleza de esos miembros del Consejo Directivo, dado que requieren absoluta independencia y el propio ordenamiento establece los requisitos para que puedan ser consejeros externos, así como las obligaciones a que están sujetos, inclusive, dentro de las disposiciones aplicables se prevén sanciones que, por tener el carácter de consejeros, se hacen mas severas.

Esta dictaminadora, considera conveniente realizar el análisis particular de la propuesta de modificación a la fracción VII del artículo 20 de la Minuta recibida, relativo incorporar la excepción en cuanto a la determinación del Consejo Directivo de la Sociedad para establecer las normas y bases que habrán de seguirse en la enajenación a precio de mercado de bienes muebles o inmuebles recibidos en pago o adjudicados a la Sociedad y a las instituciones de seguros en cuyo capital participe la primera, no le resulte aplicables las disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales ni la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Lo anterior, tomando en cuenta que conforme con el objeto de la Sociedad contenido en el artículo 2o. de la Ley que se propone modificar conforme a la Minuta, y el marco normativo al que se deben ajustar las resoluciones del mencionado Consejo Directivo, las disposiciones que emita este órgano de gobierno, deberán estar enfocadas a impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda, preferentemente de interés social, siendo esto último lo que cobra relevancia en el análisis que se realiza, puesto que no obstante se propone en la Minuta una excepción, el Consejo Directivo se encuentra constreñido a orientar sus decisiones a la vivienda de interés social, por lo que en las disposiciones que al efecto emita deberá establecer los mecanismos a través de los cuales se procurarán beneficios para aquella población que demanda este satisfactor tan importante, como lo es la vivienda.

Asimismo, esta comisión dictaminadora considera que no obstante que a través de esta disposición se realiza una excepción a la Ley General de Bienes Nacionales y a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, también lo es que la Sociedad en el desempeño de sus actividades, requiere de mayor autonomía para procurar su patrimonio y participar en igualdad de condiciones en el dinámico entorno en el que realiza sus actividades, ya que a través de la adición que se propone en la Minuta, la Sociedad podrá contar con mecanismos ágiles que le permitan obtener mejores resultados de su operación, bajo las premisas a que se refiere el párrafo anterior.

Cabe destacar que, la fe de erratas del dictamen realizado por las Comisiones Unidas del Senado de la República y contenida en la minuta recibida, procura la adecuada congruencia de las facultades del Consejo Directivo de la Sociedad Hipotecaria Federal, con las recientes reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, publicadas en el Diario Oficial de Federación el 1 de febrero de 2008.

Por todo lo anterior, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público pone a consideración del Pleno el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal y deroga el artículo noveno transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2001.

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 2o., primer párrafo; 4o. fracción X Ter; 5o.; 14 fracción I, inciso e); 17 fracción I; 20, fracción VI; 22 fracciones I y II Bis; 23 quinto y sexto párrafos; 23 Bis fracción I, incisos d) y e); 24 Quáter, primer párrafo, y 29; se adicionan la fracciones V Bis y V Ter al artículo 4o.; un cuarto párrafo al artículo 16 que recorre el actual al quinto párrafo; las fracciones VII, VIII con los incisos a), b) y c), IX y X al artículo 20; un segundo párrafo a la fracción I y las fracciones II Bis 1 y III Bis al artículo 22; el inciso f) a la fracción I y la fracción II Bis al artículo 23 Bis, y el artículo 33 de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, tendrá por objeto impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda, mediante el otorgamiento de crédito y garantías destinadas a la construcción, adquisición y mejora de vivienda, preferentemente de interés social en los términos de esta Ley, así como al incremento de la capacidad productiva y el desarrollo tecnológico, relacionados con la vivienda.

...

...

...

Artículo 4o. ...

I. a V. ....

V Bis. Otorgar créditos relacionados con la vivienda con el fin de impulsar el desarrollo de algún segmento de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda o de procurar la estabilidad de dichos mercados conforme a los criterios que defina su Consejo Directivo;

V Ter. Prestar servicios de consultoría;

VI. a X Bis. ...

X Ter. Invertir, con la previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el capital social de las empresas que le presten servicios complementarios o auxiliares en la administración o en la realización del objeto de la propia Sociedad o realizar aportaciones para la constitución de este tipo de empresas, en cuyo caso éstas no serán consideradas de participación estatal y, por lo tanto, no estarán sujetas a las disposiciones aplicables a las entidades de la Administración Pública Federal Paraestatal, así como contratar sus servicios sin que resulte aplicable para tal efecto la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y

XI. ...

Artículo 5o. Las operaciones a que se refiere el artículo 4o. deberán contratarse en términos que guarden congruencia con la consecución del objetivo de la Sociedad y con la sana administración de su patrimonio. Con este propósito, cualquier financiamiento que otorgue la Sociedad deberá contar con garantía y satisfacer los criterios que defina su Consejo Directivo.

Artículo 14. ...

I. ...

e) El Titular de la Comisión Nacional de Vivienda, y

II. ...

...

...

Artículo 16. ...

...

...

Los consejeros externos no formarán parte del personal de la Sociedad, por lo que no se considerarán servidores públicos.

El Consejo Directivo de la Sociedad tendrá la facultad indelegable de fijar las remuneraciones de los consejeros externos, a propuesta del Comité señalado en el artículo 31 de esta Ley, sin que éstas se sujeten a autorización alguna por parte de autoridades administrativas. Para adoptar las resoluciones a que se refiere este párrafo, en la respectiva sesión del Consejo Directivo, no podrán participar los consejeros externos y éste deberá considerar las remuneraciones existentes para el personal de la Sociedad, así como la evolución de las remuneraciones en el sistema financiero del país. Asimismo, como criterio rector, el Consejo Directivo deberá procurar que la Sociedad cuente con consejeros externos idóneos y calificados, en términos de las disposiciones aplicables y con base en las condiciones del mercado laboral. Los pagos se realizarán con cargo al presupuesto autorizado de la Sociedad.

Artículo 17. ...

I. Estar en pleno goce de sus derechos;

II. a VII. ...

...

...

...

Artículo 20. ....

I. a IV. ...

V. Expedir las normas y criterios a los cuales deberán sujetarse la elaboración y el ejercicio del presupuesto de gasto corriente y de inversión física de la Sociedad, así como aprobar dicho presupuesto y las modificaciones que corresponda efectuar durante el ejercicio, sujetándose a los montos globales anuales autorizados al efecto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

VI. Aprobar, a propuesta del director general, la estructura orgánica, las bases para la elaboración de tabuladores de sueldos, política salarial y para el otorgamiento de incentivos; programas de estímulos, ascensos, promociones y jubilaciones; lineamientos de selección, reclutamiento y capacitación; criterios de separación; indicadores de evaluación de desempeño para la determinación de compensaciones y demás prestaciones económicas y de seguridad social establecidas en beneficio de los servidores públicos que laboren en la Sociedad, previa opinión y recomendación que en su caso emita el comité de recursos humanos y desarrollo institucional;

VII. Expedir las normas y bases que habrán de seguirse para la enajenación a precio de mercado de bienes muebles o inmuebles recibidos en pago o adjudicados a la Sociedad y a las instituciones de seguros en cuyo capital participe la primera, sin que le resulten aplicables la Ley General de Bienes Nacionales ni la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;

VIII. Aprobar los objetivos, lineamientos y políticas en materia de originación y administración del crédito, así como establecer, conforme a la fracción V Bis del artículo 4o. de esta Ley, los criterios para el otorgamiento de créditos, los cuales deberán incluir, cuando menos:

IX. Establecer políticas de carácter prudencial que fijen límites a la exposición de la Sociedad en su función de proveedor de liquidez al mercado, y

X. Designar a propuesta del Director General al titular de la contraloría interna quien además será el responsable del área de auditoría interna de la Sociedad, la cual estará integrada y desempeñará funciones en materia de vigilancia y control interno de la Sociedad, conforme a las disposiciones que expida la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y demás disposiciones normativas aplicables, así como aprobar sus lineamientos generales y planes de trabajo.

Artículo 22. ...

I. En el ejercicio de sus atribuciones de representación legal, podrá celebrar u otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto de la Sociedad. Contará para ello con las más amplias facultades para realizar actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aún aquellas que requieran de autorización especial según otras disposiciones legales o reglamentarias. En tal virtud y de manera enunciativa, y no limitativa, podrán emitir, avalar y negociar títulos de crédito, querellarse y otorgar perdón, ejercitar y desistirse de acciones judiciales, inclusive en el juicio de amparo; comprometer en árbitros y transigir, otorgar poderes generales y especiales con todas las facultades que le competan, aún las que requieran cláusula especial, sustituirlos, revocarlos y otorgar facultades de sustitución a los apoderados, debiendo obtener autorización expresa del Consejo Directivo cuando se trate de otorgar poderes generales para actos de dominio.

También podrá representar a la Sociedad cuando ésta actúe como Autoridad Responsable en el juicio de amparo, el titular de la unidad administrativa encargada del área jurídica de la Sociedad;

II. ...

II Bis. Formular el plan de trabajo de largo plazo de la Sociedad de cuando menos cinco años, para someterlo a consideración del Consejo Directivo, que comprenda las proyecciones financieras, operativas y estrategias de la Institución. Este plan estratégico se revisará al menos cada tres años o antes en caso que se requiriera ajustar;

II Bi. Formular el plan de trabajo anual relacionado con la estrategia, así como el avance y seguimiento del plan de largo plazo para someterlo a consideración del Consejo Directivo en el primer trimestre de cada año;

III. ...

III Bis. Expedir certificaciones de constancias de los expedientes de la Sociedad y determinar a los servidores públicos de la Sociedad que cuenten con esta atribución;

IV. a X. ...

Artículo 23. ...

...

...

...

El Comité de Auditoría estará integrado por dos de los consejeros externos de la Sociedad designados por el propio Consejo, quien de entre los cuales determinará al presidente, así como por una persona designada también por el Consejo Directivo de la Sociedad, quien deberá contar con experiencia en materia de auditoría y cubrir los requisitos previstos en el primer párrafo y las fracciones I a VI del artículo 17 de esta Ley, y permanecerá en su encargo dos ejercicios fiscales consecutivos, pudiendo el Consejo volver a designarlo, así como removerlo cuando incurra en alguna de las causales a que se refieren las fracciones I, I Bis, I Ter, III y VI del artículo 18 de esta Ley. El contralor interno de la Sociedad fungirá como secretario de dicho Comité y el titular del órgano interno de control de la Sociedad participará en el mismo, con voz pero sin voto.

El Comité de Auditoría sesionará en forma ordinaria trimestralmente y, en forma extraordinaria, cuando sea necesario, previa convocatoria que realicen por lo menos dos de sus miembros. Las sesiones del Comité serán válidas con la asistencia de al menos dos de sus miembros. Los acuerdos que se emitan se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes y, en caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad.

Artículo 23 Bis . ...

I. ...

II. ...

II Bis. Recibir del contralor interno los informes de la auditoría interna, el cual se coordinará con el órgano interno de control dependiente de la Secretaría de la Función Pública a efecto de que pueda desempeñar las funciones de su competencia conforme a las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y establecer los lineamientos para no duplicar las funciones de auditoría interna;

III. a VII. ...

...

...

Artículo 24 Quáter . Como excepción a lo dispuesto por el artículo 29, fracciones VII, VII Bis y VII Bis 2 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, en lo que respecta a los consejos de administración de las instituciones de seguros de que trata este capítulo, éstos quedarán integrados por los mismos consejeros que conforman el Consejo Directivo de la Sociedad y tendrán las facultades que establezca la normativa aplicable. El Comité de Auditoría y el comisario de la Sociedad fungirán como tales en las instituciones de seguros, así como el contralor interno de la Sociedad podrá fungir como contralor normativo de las mismas.

...

...

...

Artículo 29. Para efectos de lo previsto en las fracciones V y V Bis del artículo 4o. de esta Ley, por entidades financieras se entenderá a las instituciones de banca múltiple, instituciones de banca de desarrollo, instituciones de seguros, sociedades financieras de objeto limitado, sociedades financieras de objeto múltiple, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, uniones de crédito, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, las sociedades financieras populares, así como las sociedades de ahorro y préstamo, que se encuentren operando bajo el régimen transitorio establecido en el ``Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular'', publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2005 y que en términos de dicho Decreto hayan presentado su expediente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar como Entidad de Ahorro y Crédito Popular, ya sea que actúen por cuenta propia o, en su caso, en carácter de fiduciario, así como a los fideicomisos de fomento económico que cuenten con la garantía del Gobierno Federal en la operación de que se trate.

El Consejo Directivo podrá determinar las demás personas que puedan ser consideradas como entidades financieras, las cuales quedarán incluidas en los supuestos del párrafo anterior.

Artículo 33. La Sociedad prestará los servicios de asistencia y defensa legal a los integrantes de su Consejo Directivo y a los servidores públicos que laboren en la propia Sociedad o en las instituciones de seguros en cuyo capital participe, con respecto a los actos que las personas antes referidas lleven a cabo en el ejercicio de las funciones que por ley les estén encomendadas.

La mencionada asistencia y defensa se proporcionará aún cuando las personas indicadas dejaren de desempeñar sus funciones o prestar sus servicios, según corresponda a la Sociedad o a las instituciones de seguros, siempre que se trate de actos realizados en el desempeño de sus funciones o actividades al servicio de la Sociedad o de las instituciones de seguros.

La asistencia y defensa legal se proporcionará con cargo a los recursos con los que para estos fines cuente la Sociedad de acuerdo con los lineamientos de carácter general que apruebe su Consejo Directivo, en los cuales deberá preverse el supuesto de que si la autoridad competente le dicta al sujeto de la asistencia legal resolución definitiva que cause ejecutoria en su contra, dicho sujeto deberá rembolsar a la Sociedad los gastos y cualquier otra erogación en que se hubiere incurrido con motivo de la asistencia y defensa legal.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se deroga el artículo noveno transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2001, para quedar como sigue:

Transitorios

Primero a Octavo. ...

Noveno. Se deroga.

Décimo. ...

Décimo Primero. ...

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : No habiendo ningún orador inscrito para fundamentar el dictamen ni se ha registrado ningún diputado para fijar posición de su grupo parlamentario, se considera suficientemente discutido en lo general el dictamen. Y para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral se informa a la asamblea que hay una reserva al artículo 4o., fracción X Ter, del diputado Pablo Trejo Pérez.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, de los artículos no reservados.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados.

(Votación)

Diputados que registran votación de viva voz.

El diputado Pascual Bellizzia Rosique (desde la curul): Pascual Bellizzia, a favor.

La diputada Beatriz Manrique Guevara (desde la curul): Beatriz Manrique, a favor.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Gracias. ¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto? Está abierto el sistema. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se informa a la Presidencia que se emitieron 325 votos en pro, 0 en contra y 4 abstenciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados, por 325 votos.

Esta Presidencia informa que se reservó para su discusión en lo particular el artículo 4o., fracción X Ter.

No habiendo ningún orador inscrito para fundamentar, se considera suficientemente discutido el artículo y se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación.

El diputado Pablo Trejo Pérez (desde la curul): Señora Presidenta, yo voy a pasar a la tribuna.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Nos dijeron que no iba a pasar, diputado. Permítame, ahorita lo consulto aquí con Rubén. Tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Trejo Pérez, para fundamentar la reserva que ha enviado a esta Mesa Directiva.

El diputado Pablo Trejo Pérez : Con su permiso, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Adelante, diputado.

El diputado Pablo Trejo Pérez : Reconociendo que las modificaciones a la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal son modificaciones importantes que van a permitir el acceso a personas que no cuentan con la posibilidad de comprobar sus ingresos ---concretamente los no asalariados---, nos preocupa en el Grupo Parlamentario del PRD un artículo, que es el artículo 4o., en su fracción X Ter.

Nos preocupa porque al final, en las modificaciones que se hacen lo que se está planteando es que al invertir con previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el capital social de las empresas que les presten servicios complementarios o auxiliares en la administración o en la realización del objeto de la propia sociedad, se pide que se elimine la obligatoriedad de la Ley de Adquisiciones.

Eso no nos parece correcto, más cuando la Auditoría Superior nos ha señalado en reiteradas ocasiones que lo que hay que evitar son los huecos y la opacidad en las leyes. Por eso estamos proponiendo que el artículo 4o., en su fracción X Ter, elimine los últimos tres renglones para quedar como estaba originalmente en la ley en comento. Es cuanto, diputada Presidenta.

«Modificaciones del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del PRD, relativo al dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal y deroga el artículo noveno transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2001

Diputado Jorge Estefan Chidiac , Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 124 y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Comisión la siguiente propuesta de modificación a la fracción X Ter del artículo 4 del Dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal y deroga el artículo noveno transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, publicado en el diario oficial de la federación el 11 de octubre de 2001 al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una de las principales recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación ha sido el de eliminar los espacios de discrecionalidad previstos en las leyes de la materia con la finalidad de evitar espacios de opacidad que permitan prácticas inadecuadas en la Administración Pública Federal y dado que exentar la aplicación de la Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público a las empresas que le presten servicios complemetarios o auxiliares en la administración o en la realización del objeto de las propia Sociedad, en las que se haya invertido, abren la oportunidad indebida del uso de los recursos públicos y con ello el daño patrimonial a lal Federación en sus recursos públicos.

Por los motivos expuestos, se proponen modificar la fracción X Ter del artículo 4 del Dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal y deroga el artículo noveno transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, publicado en el diario oficial de la federación el 11 de octubre de 2001, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 4o. ...

I. a X Bis. ...

X Ter . Invertir, con la previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el capital social de las empresas que le presten servicios complementarios o auxiliares en la administración o en la realización del objeto de la propia Sociedad o realizar aportaciones para la constitución de este tipo de empresas, en cuyo caso éstas no serán consideradas de participación estatal y, por lo tanto, no estarán sujetas a las disposiciones aplicables a las entidades de la Administración Pública Federal Paraestatal. Se elimina (así como contratar sus servicios sin que resulte aplicable para tal efecto la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y)

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado.

Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se admite a discusión la modificación propuesta por el diputado Pablo Trejo Pérez .

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta del diputado Pablo Trejo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa...

Perdón, diputada.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se de-secha la propuesta y se va a abrir por favor el sistema electrónico cinco minutos para votarse en sus términos el dictamen... permítame, diputada... el artículo que estamos discutiendo.

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Presidenta, le pido la palabra.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Le dan sonido por favor, a la curul del diputado Javier González Garza.

El diputado Javier González Garza (desde la curul): Muchísimas gracias.

Nuevamente resulta que es una minuta del Senado y nuevamente resulta que todo mundo está de acuerdo en que eso no debe quedar. Pero como es una minuta del Senado hay que pasarla y luego hacer una reforma.

Me parece absolutamente equivocado el procedimiento. Pido a todo mundo, por favor, que entendamos. Si se equivocaron no importa; hagamos las cosas bien... no tiene sentido, tenemos la opinión de la Auditoría Superior de la Federación. No puede ser que un asunto de esta naturaleza pase así. Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Le agradezco el comentario, diputado, pero no procede. Discúlpenme, vamos a continuar la votación. Se abre el sistema. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para votar el artículo en sus términos.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal del artículo reservado, en sus términos.

(votación)

Votación de viva voz:

El diputado Pascual Bellizzia Rosique (desde la curul): A favor.

La diputada Beatriz Manrique Guevara (desde la curul): Beatriz Manrique, a favor.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : ¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto? Está abierto el sistema, diputados.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : No, diputados. Voy a obsequiar dos minutos más. Voy a esperar a que se haga el quórum.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se informa a la Presidencia que se emitieron 230 votos en pro, 36 en contra y 19 abstenciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobado el artículo en sus términos, del dictamen, por 230 votos. Aprobado, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, y deroga el artículo noveno transitorio del decreto que expide la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2001. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que deroga el Capítulo IV del Título Décimoquinto del Libro Segundo del Código Penal Federal. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta. Se le dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se deroga el Capítulo IV del Título Decimoquinto del Libro Segundo del Código Penal Federal

Honorable Asamblea:

La Comisión de Justicia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45, numeral 6, incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente dictamen con proyecto de decreto, por el que se deroga el Capítulo IV del Título Decimoquinto del Libro Segundo del Código Penal Federal.

Antecedentes

I. Con fecha 27 de abril de de 2006, el diputado Jorge Kahwagi Macari, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el Capítulo IV del Título Decimoquinto del Código Penal Federal.

II. En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos dicha iniciativa.

III. En fecha 5 de diciembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial la reforma al artículo 39 fracción XX de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en la que se separan la Comisión de Justicia y la de Derechos Humanos.

Contenido

El código original fue creado por el Presidente Pascual Ortiz Rubio, en el ejercicio de las facultades extraordinarias que le fueron otorgadas por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de enero de 1931, el cual no contó con exposición de motivos, y el artículo respecto del adulterio no sufrió reforma alguna desde su fecha original de promulgación hasta el 15 de marzo de 2004.

Ciertamente la conducta del adulterio no se encuentra definida en el tipo penal respectivo, pues únicamente señala la sanción aplicable y la circunstancia de modo y lugar en que se comete dicho delito.

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define el adulterio como el mantenimiento de relaciones sexuales extramatrimoniales estando casado el hombre o la mujer o ambos.

Asimismo, el Instituto de Investigaciones Jurídicas expone que adulterio, en el lenguaje común, se entiende que es la relación sexual de una persona casada con otra que no es su cónyuge, haciendo un breve panorama de la figura jurídica de adulterio, podemos pensar lo siguiente:

Desde la perspectiva del marco jurídico nacional no es posible dar una definición de este vocablo, toda vez que en cuanto a ciertos códigos penales, se deslinda que se impondrá prisión de hasta dos años y privación de derechos civiles hasta por seis años a los culpables de adulterio cometido en el domicilio conyugal o con escándalo.

De la anterior disposición normativa se ha derivado una fuerte discusión doctrinal penal mexicana en la que podemos distinguir dos corrientes. Un sector afirma que se viola el principio de legalidad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Federal, toda vez que no se contiene en la descripción punitiva expuesta la exacta conducta que se prohíbe, sino que únicamente establece la punibilidad aplicable para los culpables de adulterio, frente a la anterior corriente se erige otra que sostiene el punto contrario, para la cual el adulterio de acuerdo con su percepción penal se configura precisamente con el adulterio verificado en el domicilio conyugal o con escándalo.

Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido respecto del adulterio que a pesar de la ausencia de una definición sobre el delito de adulterio, que en general se nota en todos los ordenamientos penales que rigen en la república para su entendimiento se ha atendido por su significación gramatical ordinaria, es decir la prueba se ha dirigido a demostrar las relaciones extramaritales de los cónyuges, y éstas, por su propia naturaleza, son de muy difícil justificación en un proceso, son susceptibles de apreciarse en determinadas circunstancias que no dejan duda alguna respecto al acreditamiento de aquellas relaciones íntimas con persona ajena a la ligada por el vínculo conyugal.

Por otra parte, recurriendo a la doctrina, incluso la jurisprudencia misma sostiene que la doctrina y la jurisprudencia han establecido de modo firme que el adulterio consiste en la infidelidad de uno de los cónyuges sexualmente consumada.

En el año 2000, el Código Penal Federal dejó de ser ambivalente, es decir, era válido en el ámbito local para el Distrito Federal como en el ámbito federal para toda la república, cuando se da el cambio jurídico en el sentido de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal crea su propio Código Penal no considera al adulterio como delito, sin embargo el Legislativo Federal omitió derogarlo en el Código Penal Federal.

El adulterio presupone la existencia de la unión matrimonial y la acompaña desde sus orígenes. Genéricamente, se estima adúltera toda actividad sexual que implique ruptura de los deberes de fidelidad y lealtad vistos como necesarios en las relaciones sexuales humanas, aún sin que exista vínculo matrimonial. En algunas legislaciones, el adulterio es considerado delito; en otras, se le incluye entre las causales de divorcio. Todavía se discute entre lo autores si el que comete homicidio o lesiona a su cónyuge sorprendido en adulterio flagrante debe quedar excluido de responsabilidad penal, aunque prima el criterio negativo.

Consideraciones

Es innegable que el Código Penal Federal cuenta con diversos tipos penales que no tienen bien definido el bien jurídico que se protege, o teniéndolo, resulta no ser un bien jurídico relevante que tenga que ser protegido a través del derecho penal bajo el principio de lesividad y mínima intervención.

El bien jurídico del adulterio resulta confuso, pues algunos estudiosos consideran que se trata de la ``fidelidad que se merecen los cónyuges'', pero si esto fuera así, entonces por qué limitarlo a que se realice ``con escándalo o en el domicilio conyugal'', tal parecería que mas bien se quiso proteger el honor del cónyuge engañado, pues si se realiza la conducta en secreto o fuera del domicilio conyugal no se configura el delito.

El honor resulta ser un bien jurídico que no tiene que ser protegido por el derecho penal tal como se manifestó con la reciente reforma que derogó los delitos de difamación y calumnias en abril de este año. El adulterio es una causal de divorcio señalada por el Código Civil pero que efectivamente debe dejar de ser una conducta delictiva, tal como bien lo ha dicho el autor de la iniciativa ha sucedido en el Distrito Federal y en otros Estados y en muchos países.

Ahora bien, sin duda que, amén de lo antes señalado, es un tipo penal que carece de certeza jurídica, violando el principio o garantía de taxatividad, ya que no describe en que consiste la conducta delictiva, dejándolo a la interpretación del juzgador o autoridad que conozca, vulnerando así el artículo 14 constitucional.

Al respecto cabe señalar el siguiente criterio jurisprudencial:

Por otro lado, no cabe duda que uno de los objetivos de toda ley es su eficaz cumplimiento; esta comisión considera que difícilmente podríamos considerar algún caso en materia federal, en el que pudiese ser aplicable esta norma, sin duda este tipo de conductas serían los supuestos de cada día en las agencias del Ministerio Público y en los Juzgados de Paz Penales pero del fuero común, pero de ninguna manera sería competencia de la Procuraduría General de la República y de los Juzgados de Distrito en términos de lo señalado por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En mérito de lo expuesto, la comisión dictaminadora ha llegado a la conclusión de aprobar en sus términos la iniciativa en estudio.

Con base en las consideraciones anteriores, los integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se deroga el Capítulo IV del Título Decimoquinto del Libro Segundo del Código Penal Federal

Artículo Único. Se deroga el Capítulo IV del Título Decimoquinto del Libro Segundo del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Capítulo IV Adulterio (Se deroga)

Artículo 273. (Se deroga).

Artículo 274. (Se deroga).

Artículo 275. (Se deroga).

Artículo 276. (Se deroga).

Transitorio

Único .- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : No habiéndose inscrito ningún orador para fundamentar el dictamen ni para posicionar a nombre del grupo parlamentario, se le va a otorgar la palabra a la diputada Maricela Contreras Julián, para hablar en pro del dictamen.

La diputada Maricela Contreras Julián : Con su permiso, diputada Presidenta.

El dictamen que presenta la Comisión de Justicia, para que se derogue el delito de adulterio, nos permite reflexionar sobre lo anquilosada que está nuestra legislación penal respecto a la tipificación de delitos que afectan directamente a las mujeres.

Es importante citar que de acuerdo con datos que tenemos, y con los que contamos, la violencia feminicida a pesar de ser la más severa y extrema por el hecho de causar la muerte de una mujer, no se encuentra tipificada en ninguna legislación, sino que se contempla sólo como homicidio.

A pesar de que los feminicidios que se cometen son consecuencia, estos, de acciones misóginas en algunos códigos penales hay aberraciones. De ahí la importancia de esta derogación como las de homicidios por razones de honor, donde la pena del asesino se atenúa. De manera irónica se rebaja la sanción a la persona que asesina si tiene estas razones de honor con su cónyuge o concubina.

Esto nos hace pensar en la importancia de la armonización legislativa a nivel federal para que los estados puedan actuar en consecuencia y estas aberraciones que se encuentran todavía en códigos penales puedan ser enmendados y puedan ser modificados.

El sistema de impartición de justicia es un elemento que tiene que servir para preservar la vida de las mujeres.

El Grupo Parlamentario del PRD estará a favor de esta iniciativa, y es importante seguir trabajando en la coordinación con los estados y con las legislaturas locales para que podamos juntos, con la voluntad política, modernizar y actualizar nuestros códigos penales, nuestros códigos civiles que hoy por hoy tienen una serie de reglamentaciones obsoletas que afectan de manera directa a las mujeres.

Es cuanto, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputada Maricela Contreras Julián.

No habiendo ningún orador inscrito más para continuar con este tema, se considera suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

(Votación)

¿Falta algún diputado o alguna diputada de emitir su voto? De viva voz:

El diputado Pascual Bellizzia Rosique (desde la curul): A favor.

La diputada Beatriz Manrique Guevara (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Ciérrese el sistema electrónico de votación. Diputada Presidenta, el resultado de la votación fue 301 a favor, 31 en contra y 8 abstenciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobado en lo general y en lo particular, por 301 votos, el proyecto de decreto que deroga el capítulo IV del título XV del Libro Segundo del Código Penal Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 315 Bis del Código Penal Federal.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se le dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 315 Bis del Código Penal Federal

Honorable Asamblea:

La Comisión de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6, incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente dictamen de la:

Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo al artículo 315 bis del Código Penal Federal.

Antecedentes

I. Con fecha 11 de octubre de 2007, el diputado Juan Enrique Barrios Rodríguez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 315 bis del Código Penal Federal.

II. En la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a la Comisión de Justicia dicha iniciativa mediante oficio D.G.P.L. 60-II-1-912.

III. Con fecha 5 de febrero de 2008, el diputado Miguel Angel Arellano Pulido, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el Capítulo IV del Título Sexto y se adiciona un artículo 189 Bis del Código Penal Federal.

IV. Con la misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a la Comisión de Justicia dicha iniciativa mediante oficio D.G.P.L. 60-II-5-1480.

V. Las iniciativas antes señaladas, en razón de similitud de su contenido, serán analizadas de manera conjunta.

Contenido

A. Iniciativa del diputado Juan Enrique Barrios Rodríguez

El problema de la seguridad pública es un tema que preocupa a nuestro país en sus diversos órdenes de gobierno --Federación, Estados, Municipios y el Distrito Federal--. El artículo 21 constitucional señala que la seguridad pública tiene como objetivo salvaguardar la integridad de las personas y preservar el orden público. En este orden de ideas, es labor del Estado proporcionar los elementos necesarios para procurar y mantener un eficaz sistema de seguridad pública.

La seguridad pública la ejerce el Estado a través de las autoridades de policía preventiva, ministerio público, jueces y tribunales, de las responsables de la prisión preventiva, ejecución de penas y tratamiento de menores infractores, de las encargadas de la protección de las instalaciones y servicios estratégicos del país, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones, deban contribuir directa o indirectamente a realizar funciones encaminadas a esta actividad.

En tiempos recientes el Estado ha destinado grandes esfuerzos a combatir el crimen organizado, que ha cobrado fuerza alterando en gran medida la tranquilidad de la ciudadanía.

Es por ello que se deben aportar elementos suficientes para que, quienes dedican su trabajo a proteger la integridad de las personas y del orden y paz públicos, vean protegida y salvaguardada su propia integridad, en especial cuando esa lucha que tiene lugar en contra de la delincuencia organizada les ha costado la vida a muchos elementos de los cuerpos de seguridad pública.

Por lo anterior, el iniciante considera necesario y de gran importancia agravar los delitos de homicidio y lesiones cuando éstos sean en agravio de personal de un cuerpo de seguridad, aplicando la pena del artículo 320 en caso de homicidio y 298 en caso de lesiones.

B. Iniciativa del diputado Miguel Angel Arellano Pulido

En los últimos años, se ha dado un fenómeno muy especial con la delincuencia en nuestro país, se ha recrudecido e incrementado, y lo mas grave aún, la delincuencia organizada ha prosperado significativamente, los hechos delictuosos se cometen con un alto grado de violencia, saña y vejaciones, como lo apreciamos en las llamadas ``ejecuciones''.

La delincuencia organizada se ha infiltrado en los cuerpos de seguridad pública, o bien a través de la intimidación, practicando una especie de terrorismo contra los cuerpos de seguridad, ejecutando a los elementos a plena luz del día con operativos impresionantes con un gran número de sicarios y vehículos y con el uso de armas de fuego de alto poder.

Así también, en la delincuencia común cada vez es más frecuente que los delincuentes opten por enfrentar a los policías para impedir su detención, sufriendo éstos ataques físicos, con armas blancas, armas de fuego e incluso con explosivos, que indudablemente buscan lesionar y hasta privar de la vida a los otros policías.

La propuesta consiste en reformar un Capítulo IV del Título Sexto del Libro Segundo del Código Penal Federal para sustituir la expresión ``funcionarios públicos'' por una más actualizada y correcta que es la de ``servidores públicos''.

Asimismo, propone adicionar un artículo 189 bis al Código Penal Federal en el que se tipifique el delito de agresión o ataques en contra de elementos de seguridad pública, procuración de justicia, de los centros de reclusión o del ejército mexicano, con la finalidad de evitar su detención o evadirse de la misma. Estableciéndose diversas penalidades dependiendo de si la agresión sólo fue física sin armas, o fue con arma blanca o de fuego; las penalidades se aplicarán con independencia de aquellas que merezcan por la comisión de otros delitos que pudieren producirse.

Consideraciones

Es innegable que los instrumentos legales deben ser actualizados atendiendo a las necesidades sociales, sin duda la inseguridad es un tema primordial que debe ser combatido por el Estado no sólo en sus tres órdenes de gobierno, sino a través de los tres poderes.

A los legisladores no sólo nos corresponde crear normas que permitan prevenir y enfrentar a la delincuencia organizada, sino que debemos crear mecanismos legales que ayuden a proteger a nuestros servidores públicos que día a día se enfrentan a los criminales y que en muchas ocasiones resultan víctimas de la misma criminalidad.

Al respecto no debemos olvidar que nuestro Código Penal Federal ya contempla en el Capítulo IV, Título Sexto del Libro Segundo en su artículo 189 los delitos cometidos contra funcionarios públicos el cual señala:

Como podemos observar, los delitos cometidos en contra de un servidor público en funciones o con motivo de ellas ya se encuentran sancionados por la ley sustantiva, sin embargo esta Comisión considera la necesidad de crear un tipo complementado cualificado --como lo propone el diputado Juan Enrique Barrios-- para el caso del homicidio y lesiones, cuando el sujeto pasivo sea cualificado, es decir, que tenga la calidad específica de ser un servidor público que se encargue de la administración o procuración de justicia y de agentes policiales y también que reúna ciertas circunstancias de modo, es decir, que sea en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas.

Esta Comisión de Justicia estima que en razón del bien jurídico que protege el tipo penal, debe ser ubicado precisamente en los delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal y como segundo bien jurídico al servicio público o ejercicio legítimo de la autoridad.

También se comparte el criterio de considerar, --sobre todo en estos momentos-- al personal del ejército como sujeto pasivo, pues también se encuentran en constante lucha contra la delincuencia organizada, por lo que debemos darle las mismas herramientas legales que a los agentes policiales.

Consideramos plenamente justificado el agravamiento de la pena para el caso del homicidio o lesiones en contra de servidores públicos que se encarguen de la administración o procuración de justicia, de agentes policiales y del ejército, en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas. Recordemos que el derecho penal tiene como función la protección de bienes jurídicos y cuando se crea un tipo penal o se agrava uno existente, se debe justificar el bien jurídico que se vulnera, en el caso del homicidio y las lesiones la protección está en la vida y en la integridad física, pero cuando el sujeto pasivo es un servidor público federal y dichos delitos se cometen estando en funciones o con motivo de ellas, no sólo se lesionan bienes jurídicos de carácter personal --vida e intregridad física-- sino también bienes suprapersonales como lo sería el servicio público y el ejercicio legítimo de la autoridad.

Con estas propuestas se pretende sancionar con mayor rigor, es decir, aplicar la pena prevista en los artículos 298 y 320 del Código Penal Federal, a quien cometa lesiones u homicidio en agravio de un servidor público en ejercicio de funciones o con motivo de ellas, siempre y cuando sean aquellos encargados de la administración o procuración de justicia o sean agentes policiales o personal del ejército, incorporando esta Comisión también al personal de la fuerza aérea y armada, por considerarlo acorde con el propósito que se persigue.

Sin duda el respeto a nuestras autoridades es en gran medida un instrumento para prevenir el delito, no solo inhibiendo a cometer conductas delictivas, sino además dando confianza, apoyo y protección a nuestras autoridades para el desempeño de sus funciones.

Esta Comisión coincide con las propuestas de los Diputados iniciantes, por lo que una vez expresadas las consideraciones respectivas se aprueban las iniciativas en estudio y se somete a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 315 Bis del Código Penal Federal.

Artículo Único. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 315 Bis del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 315 Bis. ...

...

Se impondrá la pena del artículo 320 de este Código, cuando el homicidio sea cometido en contra de servidores públicos que se encarguen de la administración o procuración de justicia, de agentes policiales y de personal del ejército, fuerza aérea y armada, en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas. Tratándose de lesiones se aplicará la pena prevista en el artículo 298 de este Código.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Proceda la Secretaría a dar lectura a la fe de erratas presentada por la Comisión de Justicia.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Comisión de Justicia.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados.--- Presente.

Distinguida Presidenta: por instrucciones del diputado César Camacho, Presidente de esta comisión, informo a usted que el pasado 23 de abril, se llevó a cabo nuestra 13a. reunión ordinaria, en la que se aprobaron diversos dictámenes, entre ellos el dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 315-Bis del Código Penal Federal. Dicho dictamen fue publicado en la Gaceta del día de ayer, con un error; toda vez que está enlistado en el orden del día de la sesión de hoy, para ser discutido y en su caso aprobado, ruego a usted gire sus instrucciones a quien corresponda a fin de que dicho error sea subsanado, y publicada la fe de erratas en la Gaceta Parlamentaria. El error consiste en lo siguiente:

Dice:

Se impondrá la pena del artículo 320 de este código, cuando el homicidio sea cometido en contra de servidores públicos que se encarguen de la administración o procuración de justicia, de agentes policiales y de personal del ejército, fuerza aérea y armada, en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas. Tratándose de lesiones se aplicará la pena prevista en el artículo 298 de este código.

Debe decir:

Se impondrá la pena del artículo 320 de este código, cuando el homicidio sea cometido en contra de servidores públicos que se encarguen de la administración o procuración de justicia, de agentes policiales o de personal del ejército, fuerza aérea y armada, en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas. Tratándose de lesiones se aplicará la pena prevista en el artículo 298 de este código.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su apoyo, reciba un cordial saludo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : ¿En conclusión, se está cambiando una i por una o, o la o por la i? Ya se leyó. Agréguese al expediente.

No habiéndose inscrito ningún diputado para fundamentar el dictamen, se encuentra a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

No se ha registrado ningún orador para posicionar a nombre de su grupo parlamentario, por lo cual se considera suficientemente discutido el dictamen.

Pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

(Votación)

Ábrase el micrófono de la curul 220, del diputado Pascual Bellizzia Rosique, por favor.

El diputado Pascual Bellizzia Rosique (desde la curul): Pascual Bellizzia, a favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Ábrase el micrófono de la curul 180, de la diputada Beatriz Manrique Guevara, por favor.

La diputada Beatriz Manrique Guevara (desde la curul): Beatriz Manrique, a favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Gracias. ¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir el sentido de su voto? Está abierto el sistema, diputada. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 321 votos en pro, 1 en contra y 18 abstenciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobado en lo general y en lo particular, por 321 votos, el proyecto de decreto que adiciona el párrafo tercero al artículo 315 Bis del Código Penal Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 247 del Código Penal Federal. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se le dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 247 del Código Penal Federal

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la LIX Legislatura y a la Comisión de Justicia de la LX Legislatura, les fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la minuta proyecto de decreto y las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 247 del Código Penal Federal.

Esta Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 8 de marzo de 2007, se dio cuenta con el oficio número DGPL.-3136, de 6 de marzo de 2007, mediante el cual la Cámara de Senadores remite minuta proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 247 del Código Penal Federal.

Segundo. En esa misma fecha, la Mesa Directiva, mediante oficio número DGPL 60-II-5-596, acordó se turnara a la Comisión de Justicia dicha minuta.

Tercero. En sesiones celebradas por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fechas 16 de marzo de 2006 y 4 de septiembre de 2007, respectivamente, los diputados César Amín González Orantes y Yary del Carmen Gebhardt Garduza , ambos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 247 del Código Penal Federal.

Cuarto. La Mesa Directiva, en esas mismas fechas, mediante los oficios números D.G.P.L. 59-II-4-2199 y D.G.P.L. 60-II-2-873, acordó se turnaran a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y a la Comisión de Justicia, respectivamente.

Quinto. En virtud del decreto publicado el 5 de diciembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman y adicionan los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dividió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en dos comisiones: Comisión de Justicia y Comisión de Derechos Humanos, quedando a cargo de la Comisión de Justicia, la emisión del dictamen de la primera iniciativa a la que se ha hecho referencia.

Contenido de la minuta y de las iniciativas

En la minuta proyecto de decreto que devuelve la Cámara de Senadores se establece que es procedente la reforma al artículo 247 del Código Penal Federal, ya que se encamina a enmendar un vicio inconstitucional que subsiste en el párrafo primero de dicho artículo, ya que se omitió precisar la naturaleza de la pena temporal aplicable a los diversos tipos del delito de falsedad previstos en el numeral citado, no obstante la fe de erratas que pretendió subsanar ese descuido. Lo anterior, en virtud de la contradicción de tesis resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó que el precepto que nos ocupa viola las garantías de seguridad jurídica y de exacta aplicación de la ley penal, ya que no señala la pena temporal que merece la conducta que se establece en ese numeral.

Igualmente señala que habrá de considerar el concepto de ``días multa'' para determinar el monto de la sanción económica que deberá imponerse por la consumación de las diferentes tipos del delito de falsedad en declaraciones, habida cuenta que se integra con el total de las percepciones netas diarias que le correspondan en el momento de perpetrar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos, según lo dispone el párrafo segundo del artículo 29 del Código Penal Federal.

Por otra parte, exponen los autores de las iniciativas que en fecha 22 de noviembre de 1993 fue enviada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por conducto del Secretario de Gobernación, la iniciativa del Presidente de la República con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del entonces Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, en dicha iniciativa se planteó reformar, entre otros el primer párrafo del artículo 247 en los siguientes términos:

La citada iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia de la LV Legislatura de esta Cámara de Diputados, siendo sometido a consideración del Pleno el 14 de diciembre de 1993, este proyecto propuso para su discusión y aprobación, entre otros, el citado primer párrafo del artículo 247, mismo que aparece redactado en idénticos términos que en la iniciativa enviada por el Presidente de la República, con excepción de la multa de 40 a 120 días propuesta, la cual se incrementó de 100 a 300 días multa. El 20 de diciembre de 1993, nuevamente en esta Cámara se llevó a cabo la discusión y aprobación del proyecto de reformas contenido en el referido dictamen, el cual fue aprobado sobre un texto que omite precisar como pena para el delito respectivo la prisión. Fue remitido a la Cámara de Senadores para los efectos constitucionales, es el caso que el proyecto aprobado por la Cámara de Senadores aparece redactado en idénticos términos que el proyecto propuesto por las mencionadas Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados.

Así pues, la reforma realizada al citado artículo 247 del Código Penal Federal fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de enero de 1994, en donde el repetido artículo 247 aparece redactado en iguales términos que en la iniciativa de decreto del Presidente de la República, y en los proyectos que fueron discutidos y votados tanto por esta Cámara de Diputados como por el Senado, es decir, sin el término ``de prisión'', con la siguiente trascripción: ``Artículo 247. Se impondrán de dos a seis años y multa de cien a trescientos días multa:..''.

Por la omisión anterior, señalan los autores de las presentes iniciativas que, el 1 de febrero de 1994, el Secretario de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación la fe de erratas que a la letra dice:'' ``Fe de erratas al decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal... publicado el 10 de enero de 1994.''... En la página 8, segunda columna, artículo 247, párrafo primero, dice: Se impondrá de dos a seis años y multa de cien a trescientos días de multa: ``Debe decir: Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de cien a trescientos días multa. ...''

Por lo antes expuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia por contradicción de tesis; dicho criterio es visible en la página 18 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, Materia(s): Constitucional, Penal, Novena Época, con el rubro siguiente: Falsedad en declaraciones rendidas ante autoridad distinta de la judicial. El primer párrafo del artículo 247 del ahora Código Penal Federal viola las garantías de seguridad jurídica y exacta aplicación de la Ley Penal, en la parte que señala ``Se impondrán de dos a seis años'', porque no especifica la naturaleza de la pena (Diario Oficial de la Federación del 10 de enero de 1994).

En consecuencia, manifiesta por un lado la Diputada iniciante que, el texto del decreto aprobado por el Congreso de la Unión corresponde única y exclusivamente al que fue discutido y votado sucesivamente por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, sin que dicho texto pueda ser alterado en su esencia al remitirse para su sanción y promulgación al Ejecutivo, esto es, en el caso concreto, el decreto multicitado no señala en el primer párrafo del artículo 247 del Código Penal Federal que la pena de dos a seis años que prevé es la prisión, pues dicho artículo, fue presentado en esos términos desde la iniciativa presidencial, subsistiendo tal omisión en el proyecto aprobado tanto por esta Cámara de Diputados, como por la Cámara de Senadores, sin que sea suficiente el hecho de que al ser enviado al Poder Ejecutivo para continuar con el proceso legislativo, el texto del decreto respectivo, en el cual se subsana la omisión referida, se encuentre autorizado por las firmas de los presidentes y secretarios de ambas Cámaras, en la medida en que dicha formalidad, que corresponde en todo caso al acto inicial de la etapa de sanción de la ley, no puede tener el alcance de variar el texto aprobado por los representantes populares en ejercicio de las facultades legislativas que la Constitución les atribuye, en razón de lo anterior, la voluntad conjunta del Congreso de la Unión se expresó en el momento que se discutieron y aprobaron los dictámenes presentados por las comisiones respectivas, sin que la mera autorización que del texto del decreto de reforma a la ley realizan los presidentes y secretarios de ambas Cámaras, pueda por si sólo modificar, corregir o alterar la decisión que tomó, democráticamente, cada uno de los cuerpos legislativos que integran el Congreso, esto es que el texto de una ley o decreto no puede ser esencialmente distinto a aquél que aparece aprobado por los legisladores, sin que la voluntad o intervención de los presidentes o secretarios de las Cámaras pueda válidamente modificar dicho texto, pues en ningún caso podría considerarse que en ellos resida la facultad legislativa que la Constitución atribuye a las Cámaras del Congreso y; por otro lado, el diputado iniciante señala que a pesar de la buena fe del ejecutivo al presentar una fe de erratas, ésta no puede ser considerada como tal, en virtud de que está viola el espíritu de la Carta Magna, que concede al legislador la facultad de presentar iniciativas, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 71 Constitucional, por lo que el acto del Secretario de Gobernación, queda sin materia, toda vez que una corrección de esta naturaleza obedece a errores tipográficos o a falta o exceso de algún signo de puntuación y en la que no altere la sintaxis del contenido de la oración, en contraste con el agregado que hace esta Secretaría de Estado y que no tiene facultades para legislar.

En vista de lo anterior, expresan los legisladores iniciantes que, el texto del artículo 247, primer párrafo, del Código Penal Federal fue aprobado por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, sin que precisara la clase de pena temporal que corresponde a la comisión del ilícito previsto en dicho precepto, al no haberse consignado el término de ``prisión'', considerando nuestro máximo tribunal que por ende, tal disposición transgrede las garantías de exacta aplicación de la ley en materia penal y de seguridad jurídica. En este orden de ideas, el primer párrafo del artículo 247 fracción I del citado Código Penal, con motivo de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 10 de enero de 1994, en tanto establece como una de las sanciones previstas para el delito de falsedad de declaraciones ante autoridad distinta de la judicial, que ``se impondrán de dos a seis años'', sin especificar la clase de pena a que se refiere dicho lapso, resulta violatorio de la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal y por ende, de la garantía de seguridad jurídica, al no precisar la naturaleza de una de las dos penas que corresponden a la conducta que describe.

Lo anterior es así, porque de acuerdo con el principio de la exacta aplicación de la ley en materia penal, el juzgador, al imponer las penas, sólo puede aplicar, siempre dentro del margen de las facultades discrecionales que la ley le otorga para sancionar, aquellas expresamente previstas en la ley para el caso concreto, siendo el propio constituyente el que estableció claramente tal limitación, al disponer en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional, que queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no este decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate.

Igualmente exponen que el secretario de Gobernación, al publicar la fe de erratas en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 1994, mediante el cual corrige el texto del decreto de reformas, concretamente el texto del artículo 247, primer párrafo, en lo que hace al término de ``dos a seis años de prisión'', está ejerciendo una facultad legislativa que no le corresponde, ya que la Constitución Federal y la legislación secundaria que regulan el proceso legislativo ordenan al legislador remitir al Ejecutivo federal la ley o decreto que haya aprobado, para efectos de su sanción y publicación textual, pues aún cuando el Ejecutivo interviene en el proceso formativo de la ley, su actividad en este aspecto se encuentra subordinada a la voluntad del Poder Legislativo que la expide, preponderancia que hace que se considere a la ley como un acto legislativo tanto desde el punto de vista formal como material y, por ello, el ejecutivo sólo está facultado para autorizar la ley o decreto que le fuera remitido y, en su caso, hacer observaciones y devolverlo al legislador, empero, una vez sancionado el texto enviado, su función no es otra más que la de publicarlo íntegramente.

Por lo anterior, señalan que no deja de llamar la atención el uso de facultades meta constitucionales del Ejecutivo Federal en este asunto, cuya consecuencia desde luego no fue grave, pero que sigue siendo arbitraria, por lo que considera que en su momento, el Congreso deberá hacer lo conducente para impedir que en lo sucesivo el Ejecutivo realice enmiendas a lo que el Congreso ha dispuesto.

Concluyen señalando que en aras de una eficaz y real seguridad jurídica, es necesario ingresar la palabra prisión, al primer párrafo del artículo 247 del Código Penal Federal, para que con ello se subsane la omisión apuntada de que adolece el citado numeral, insertándola en el contexto del mismo primer párrafo, a fin de que no se siga generando un estado de incertidumbre jurídica para el gobernado y se continúe transgrediendo la garantía de seguridad jurídica tutelada por el artículo 14 Constitucional, como al efecto lo ha sostenido el pleno del máximo tribunal.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Justicia exponemos las siguientes:

Consideraciones

Primera. Después de haber analizado los argumentos vertidos en la minuta proyecto de decreto que devolvió el Senado, así como los de las iniciativas que nos ocupan, esta Comisión coincide plenamente con lo expresado por los legisladores, toda vez que efectivamente, existe una omisión en el artículo 247 del Código Penal Federal.

De conformidad con lo argumentado en párrafos precedentes, las propuestas en estudio adquieren vital importancia, ya que dará certeza jurídica al gobernado y obligará a las autoridades encargadas de aplicar la ley federal que nos ocupa, a respetar la garantía de exacta aplicación de la ley penal y en consecuencia, el acatamiento a la garantía de seguridad jurídica, pues no debe soslayarse que las leyes emanadas del Congreso de la Unión, deben estar redactadas de forma clara, precisa y exacta, ello en atención, a la citada garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, que instituye la prohibición de imponer penas que no estén establecidas por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate, prohibición que es reconocida por el principio de derecho penal, nulla poena sine lege.

Segunda. De los antecedentes relatados en el contenido de la minuta proyecto de decreto y de las iniciativas en estudio, se advierte que los legisladores que participaron en el proceso de reforma del artículo 247 del Código Penal Federal, en lo absoluto señalaron la naturaleza de una de las penas impuestas al delito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, cuando estableció lo siguiente: ``... Se impondrán de dos a seis años y multa de cien a trescientos días multa: ...''. De la anterior trascripción se concluye que el legislador fue claro y preciso sólo en cuanto a la naturaleza y monto de la pena consistente en la multa, al señalar ``... multa de cien a trescientos días multa: ...'', pero fue omiso al no establecer la naturaleza de la pena, cuando señala ``... de dos a seis años ...'', por lo que tal olvido, viola la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, ya que crea incertidumbre en la aplicación de la pena y, por consiguiente, transgrede la garantía de seguridad jurídica, ya que la omisión a dicha ley, puede permitir actos arbitrarios de la autoridad encargada de aplicarla, o de otras autoridades, quienes con base en interpretaciones contrarias a lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, pueden presumir que se trata de la pena de prisión o bien de otras a las que hace referencia el artículo 24 del Código Penal Federal, que también son susceptibles de medirse en tiempo.

Tercera. La omisión señalada en la consideración anterior, tuvo como resultado que el Poder Judicial de la Federación emitiera varios criterios jurisprudenciales, como el que se trascribe a continuación, mismo que es visible en la página 238 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Junio de 2001, Materia(s): Constitucional, Penal, Novena Época:

Por lo anterior, es evidente que corresponde a esta Legislatura solventar las omisiones del propio Congreso de la Unión, pues constitucionalmente éste, tiene la obligación de expedir las leyes de carácter federal, de forma clara, precisa y exacta, de tal manera que el gobernado tenga certeza de la intención del legislador al emitir las leyes.

Por todo lo argumentado, nos adherimos en sus términos a la Minuta Proyecto de Decreto que devuelve el Senado, ya que la misma es sin duda procedente, además que recoge las inquietudes y propósitos de las iniciativas en estudio.

Por las anteriores consideraciones se aprueba en sus términos la Minuta Proyecto de Decreto, para los efectos del artículo 72 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, la Comisión de Justicia, somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 247 del Código Penal Federal.

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 247 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 247. Se impondrán de dos a seis años de prisión y de cien a trescientos días multa:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : En virtud de que no hay ningún diputado para fundamentar el dictamen inscrito ni tampoco se ha registrado ningún orador para fundamentar a nombre de su grupo parlamentario, se considera suficientemente discutido el proyecto de decreto.

Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto, en un solo acto.

(Votación)

De viva voz:

El diputado Pascual Bellizzia Rosique (desde la curul): Pascual Bellizzia, a favor.

La diputada Beatriz Manrique Guevara (desde la curul): Beatriz Manrique, a favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Gracias, diputada. ¿Falta alguna diputada o algún diputado por emitir su voto? Está abierto aún el sistema electrónico. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 329 votos en pro; 0 en contra; y 3 abstenciones, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias.Aprobado en lo general y en lo particular, por 329 votos, el proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 247 del Código Penal Federal. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

CODIGO CIVIL FEDERAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia le fueron turnadas dos iniciativas con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones del Código Civil Federal, relativas a la celebración del contrato matrimonial.

Esta Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

I. Con fecha 28 de marzo de 2006, el diputado José Mario Wong Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 156 del Código Civil Federal.

II. En la misma fecha, mediante oficio número D.G.P.L. 59-II-4-2245, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la iniciativa antes señalada.

III. Con fecha 16 de enero de 2007, la diputada Sara Latife Ruiz Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 98 del Código Civil Federal.

lV. En la misma fecha, mediante oficio número D.G.P.L. 60-II-3-1260, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Justicia la iniciativa antes señalada.

Contenido de las iniciativas

Si bien las iniciativas plantean una problemática diversa, ambas se refieren a los requisitos que deben observarse para la celebración del contrato matrimonial, de ahí que ambas se dictaminen en el presente instrumento. Las iniciativas en estudio proponen:

1. La primera de ellas propone reformar el artículo 156 del Código Civil Federal, a efecto de coadyuvar a la protección y vigencia de los derechos humanos, mediante el absoluto respeto por parte de la autoridad, a las garantías individuales de quienes, habiendo decidido unir sus vidas mediante el contrato de matrimonio civil, enfrentan obstáculos en la ley para tal fin. Es el caso del artículo 156 del Código Civil Federal, que en sus 10 fracciones establece los impedimentos para contraer matrimonio. De éstas, destaca la fracción VIII, que establece como impedimento:

De acuerdo con el proponente, desde que en nuestro país se instituyó el matrimonio civil, éste se convirtió en la forma legal de formar una familia, figura que ha evolucionado, fijando criterios y ciertos requisitos que el legislador ha denominado elementos de existencia --que tienen por finalidad el surgimiento pleno de esta figura a la vida jurídica--, y de validez --que convalidan sus efectos, imposibilitando la nulidad del mismo--.

Es importante retomar también lo que el legislador señala en el sentido de que las entidades federativas iniciaron la adopción de las coincidencias del modelo jurídico establecido en el Código Civil Federal, mencionando también que, con el transcurso del tiempo, cada una de ellas adecuó este marco normativo a las necesidades y exigencias propias de su entorno social, con base en las facultades para legislar en todo lo relativo al fuero común en la materia.

Finalmente, y tomando en consideración el sentido de la iniciativa que se analiza, además de las razones en ella aducidas, esta dictaminadora estima que es conveniente incluir en el presente proyecto de decreto la reforma a la fracción IV del artículo 98 del mismo ordenamiento, relativa a las constancias que los contrayentes deben acompañar a su solicitud de matrimonio, en este caso, la consistente en el ``...certificado suscrito por un médico titulado que asegure, bajo protesta de decir verdad, que los pretendientes no padecen sífilis, tuberculosis, ni enfermedad alguna crónica e incurable que sea, además, contagiosa hereditaria...''. La obligación contenida en esta fracción, a juicio de esta Comisión, debe referenciarse a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 156, cuya modificación se propone en la iniciativa motivo del presente dictamen.

2. La segunda iniciativa plantea una problemática que resulta pertinente atender, sobre todo en el contexto del proceso de globalización y del creciente fenómeno de interacción cultural y social que tiene lugar a nivel mundial, derivado del avance tecnológico en materia de comunicaciones y transportes. Se trata de la práctica cada vez más común de la celebración del contrato de matrimonio civil especialmente en destinos turísticos altamente apreciados entre los viajantes, o bien entre personas de distinta nacionalidad.

A esta práctica se le ha catalogado como ``turismo de boda'', el cual se ha acrecentado notablemente a nivel mundial, sobre todo en los destinos de playa.

A decir de la legisladora proponente, a pesar de que nuestro país es uno de los destinos turísticos más frecuentados de América Latina, a la vez que atractivo para el turismo de boda, los requisitos que exige la legislación civil para la celebración del contrato matrimonial representan un obstáculo adicional para quienes han decidido contraer matrimonio fuera de su país y están en busca de un destino turístico de su interés para tal fin.

Es el caso del artículo 97 del Código Civil Federal, el cual previene que quienes pretendan contraer matrimonio presentarán un escrito al Juez del Registro Civil del domicilio de cualquiera de los contrayentes, en el que expresarán sus datos generales, la declaratoria de que no tienen impedimento legal para casarse y que es su voluntad unirse en matrimonio.

A este escrito, prescribe el artículo 98, fracción I, deberá acompañarse ``...el acta de nacimiento de los pretendientes y, en su defecto, un dictamen médico que compruebe su edad...'', documento que, en el contexto de la disposición contenida en esta fracción, tiene por objeto comprobar que los contrayentes tienen la edad legal para unirse en matrimonio.

El hecho de que la presentación del acta de nacimiento sea un requisito que también deben cumplir los contrayentes de nacionalidad distinta a la mexicana --en el contexto del turismo de boda-- implica una complicación innecesaria que éstos deben enfrentar para realizar su enlace matrimonial en nuestro país, lo que en muchas ocasiones incide en que opten por un destino turístico distinto para tal fin y, por ende, lleven a otros países la derrama económica que estos eventos conllevan.

Tomando en cuenta que el pasaporte es un documento oficial, reconocido incluso a nivel internacional, que puede servir al mismo propósito que el previsto para el acta de nacimiento en el numeral cuya reforma se propone, éste deba considerarse como alternativa para los efectos en él previstos. Derivado de lo anterior, la iniciativa sugiere reformar la fracción I del artículo 98 del Código Civil Federal, a efecto de que quienes pretendan contraer matrimonio, puedan acompañar al escrito al que se refiere el artículo 97, ya sea su acta de nacimiento o su pasaporte.

Por otra parte, de acuerdo con el sentido de la iniciativa que se dictamina y con base en las mismas razones en ella aducidas, esta Comisión considera que también resulta oportuno incluir en el proyecto de decreto que se propone a esta Soberanía la reforma al primer párrafo del artículo 97 del mismo ordenamiento, a efecto de modificar la actual obligación a cargo de los contrayentes de presentar su solicitud de matrimonio precisamente ante al Juez del Registro Civil del domicilio de cualquiera de ellos y establecer que deberá presentarse ante el Oficial Registrador ante el cual habrán de celebrar el enlace matrimonial.

Lo anterior, en razón de que el llamado turismo de boda no únicamente constituye una práctica cada vez más frecuente en el mundo, sino entre los propios ciudadanos mexicanos que, frente a lo dispuesto por este numeral, se ven impedidos de celebrar su enlace matrimonial en un lugar distinto a aquél donde se ubica su domicilio.

Consideraciones

Primera. En virtud del decreto publicado el 5 de diciembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman y adicionan los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dividió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en dos comisiones: Comisión de Justicia y Comisión de Derechos Humanos, quedando a cargo de la Comisión de Justicia, la emisión del dictamen de la iniciativa marcada con el numeral I del Capítulo de Antecedentes.

Segunda. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1o., como bien señala el proponente, establece que ``... todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Queda prohibida toda discriminación por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas...''

En el caso de una de las iniciativas que se dictamina, es dable concluir que el Código Civil Federal, en su numeral 156, fracción VIII, transgrede lo dispuesto por la Constitución General de la República en materia de discriminación, en este caso, por condiciones de salud. En efecto, lo dispuesto por este numeral tiende a anular, a menoscabar los derechos y libertades de quienes, padeciendo impotencia incurable para la cópula, o alguna enfermedad crónica e incurable, han decidido celebrar un contrato matrimonial.

En nuestro sistema jurídico, la reforma realizada en el año 2000 al artículo 1º, constituyó una ampliación de los derechos de los ciudadanos y de sus garantías individuales, derivado del desarrollo de la sociedad mexicana y de la suscripción de nuestro país de tratados internacionales, y su ratificación, que tutelan derechos fundamentales.

El surgimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las Comisiones Estatales son hechos relativamente recientes que han venido a reforzar una cultura de respeto a los derechos fundamentales de las personas.

Tercera. Tiene razón el proponente de la primera iniciativa al señalar que la fracción VIII del artículo 156 del Código Civil Federal debe ser dispensable, dejando a los contrayentes la decisión, manifestada por escrito su consentimiento, para contraer matrimonio, una vez que hayan acreditado fehacientemente, mediante documento expedido por institución o médico especialista, que conocen los alcances, efectos y prevención de la enfermedad motivo del impedimento.

Cuarta. De acuerdo con las cifras que aporta la diputada proponente de la segunda iniciativa que se analiza, en el año 2006 más de 11 mil 200 extranjeros contrajeron nupcias en nuestro país. Lo anterior, a la luz de las disposiciones relativas a la celebración del contrato de matrimonio en el Código Civil Federal --que las entidades federativas recogieron prácticamente en sus términos y alcances en su legislación local--, permite arribar a la conclusión de que los oficiales del Registro Civil debieron otorgar, eventualmente, ciertas dispensas de trámites para la celebración del matrimonio.

Quinta. Atento a lo señalado, y tomando en cuenta que el llamado turismo de boda es una práctica recurrente y cada vez más frecuente en todo el mundo, y que nuestro país es uno de los destinos turísticos más visitados en América Latina, lo que le acarrea una importante derrama económica, a juicio de esta Comisión resulta conveniente actualizar las disposiciones motivo del presente dictamen a las necesidades que marca la dinámica moderna en este tema, es decir, agregando el pasaporte como documento oficial alternativo al acta de nacimiento y permitiendo que los contrayentes puedan presentar su solicitud de matrimonio ante el Oficial Registrador ante el cual celebrar el contrato respectivo.

Sexta. Por otra parte, no pasa inadvertido para esta dictaminadora el hecho de que si bien la aplicación del Código Civil Federal es muy limitada tanto en el ámbito territorial --el territorio insular en los términos previstos en el artículo 48 constitucional, los buques o embarcaciones nacionales y las representaciones diplomáticas de nuestro país en el extranjero-- como en la materia del derecho de las personas y de la familia, no dejan de ser trascendentes las reformas que a dicho cuerpo normativo se practican, por dos razones fundamentales:

La primera, es la importancia que reviste el territorio insular mexicano, no sólo para los efectos de delimitación del mar territorial y la zona económica exclusiva, sino por el número de personas que en ellas habitan. De acuerdo con un estudio realizado por el INEGI --y que utilizamos sólo como referente para el presente análisis--, en nuestro país existen 107 islas habitadas, de las cuales un total de 59 se encuentran bajo jurisdicción federal. La población de estas 107 islas en 1990 ascendía a 149,980 habitantes, de los cuales el 85% se concentraba en Isla del Carmen (Campeche), y en Cozumel e Isla Mujeres (Quintana Roo). Valga decir que estas tres islas se encuentran actualmente bajo la jurisdicción estatal respectiva. El 15% restante de la población se ubica en las otras 104 islas, 12 de las cuales superaban los mil habitantes y 22 tenían entre 100 y mil personas.

La segunda, es que el Código Civil Federal aún es tomado como modelo a seguir por parte de las legislaturas de las entidades federativas y las reformas propuestas pueden motivar reformas similares en el ámbito local.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Justicia somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal.

Artículo Único. Se reforman los artículos 97, primer párrafo; 98, fracciones I y IV, primer párrafo; y se adiciona un párrafo final al artículo 156 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 97. Las personas que pretendan contraer matrimonio presentarán un escrito al Juez del Registro Civil ante el cual celebrarán el contrato respectivo, que exprese:

Artículo 98. Al escrito a que se refiere el artículo anterior, se acompañará:

Artículo 156. Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : No habiéndose inscrito ningún orador para fundamentar el dictamen ni tampoco para posicionar a nombre de sus grupos parlamentarios, se considera suficientemente discutido el dictamen en lo general. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral no se ha reservado ningún artículo. Se pide a la Secretaría, por tanto, que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, en un solo acto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : A los cinco minutos vamos a cerrar. Los diputados que no alcancen a votar pueden hacerlo con una cédula, para constar que aquí estaban y que van a votar.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Sonido para votación de viva voz del diputado Pascual Bellizzia Rosique.

El diputado Pascual Bellizzia Rosique (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Diputada Beatriz Manrique Guevara.

La diputada Beatriz Manrique Guevara (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se informa a la Presidencia que se emitieron 325 votos en pro, 0 en contra y 6 abstenciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobado, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, por 325 votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Penales. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta. Se le dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Penales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia le fueron turnadas dos iniciativas con proyecto de decreto que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de discapacitados visuales o auditivos.

Esta Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

I. Con fecha 27 de abril de 2006, el diputado Omar Ortega Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales.

II. Con fecha 6 de noviembre de 2007, la diputada María Gloria Guadalupe Valenzuela García , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales.

II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva, turnó a la entonces Comisión de Justicia y Derechos Humanos la iniciativa señalada en el numeral I, y a la Comisión de Justicia la iniciativa referida en el numeral II.

III. En virtud del decreto publicado el 5 de diciembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman y adicionan los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dividió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en dos comisiones: Comisión de Justicia y Comisión de Derechos Humanos, quedando a cargo de la Comisión de Justicia, la emisión del dictamen de las iniciativa señalada en el numeral I, a que se ha hecho referencia.

IV. En sesión de esta Comisión, que registró el quórum reglamentario, fue aprobado el presente dictamen, que se somete a consideración de esta Soberanía para su discusión y resolución constitucional.

Contenido de las iniciativas

La iniciativa mencionada en el numeral I, propone reformar los artículos 28, 32 y 124 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, a efecto de que se garanticen los Principios de Igualdad Jurídica, el de Celeridad y el de Gratuidad a favor de los débiles visuales en los procesos de carácter penal, y evitar el retardo en su acceso a la justicia, mediante la inclusión de algunas disposiciones en los ordenamientos jurídicos que otorguen vigencia a sus garantías individuales.

El proponente urge a redimensionar el concepto de discapacidad e insistir en una cultura de respeto hacia los discapacitados, un cambio de actitud en la población en general, que se refleje en la integración efectiva de este sector a la sociedad, favoreciendo condiciones de igualdad y equidad en todos los sentidos, incluyendo el acceso inigualdad de condiciones a la justicia.

La iniciativa tiene por objeto especificar en el Código de Procedimientos Penales las garantías para los discapacitados en el acceso a la procuración de justicia. Es verdad, como acota el proponente, que este ordenamiento contiene algunas disposiciones a este respecto, aunque orientadas solamente a quienes no hablan el castellano y a los débiles auditivos, omitiendo a las que tienen alguna discapacidad visual, lo que los coloca en un estado de indefensión al no poder constatar por ellos mismos lo que ha quedado asentado en el acta, lo que hace nugatorio su acceso efectivo a la justicia.

Por su parte, la iniciativa señalada en el numeral II, propone reformar y adicionar los artículos 15, 16, 31, 73, 128, 146, 154, 244 y 246 del Código Federal de Procedimientos Penales, a efecto de salvaguardar los derechos de las personas con alguna discapacidad durante cualquier procedimiento penal. De acuerdo con la proponente, con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, suscrita y ratificada por nuestro país, se cerró una fase del proceso de avances normativos en la materia y que la otra fase debe continuar, mediante la adecuación de las leyes mexicanas, en todos sus ámbitos, para lograr sacar adelante el tema de discapacitados.

En efecto, en palabras de la diputada proponente, no es suficiente que México haga suya formalmente una norma internacional, sino que es necesario que, a partir de su aceptación, se modifiquen las normas legales y los diseños de política pública, para hacer valer las protecciones y políticas de promoción que se señalan en la Convención ya mencionada.

Consideraciones

Primero. Esta dictaminadora coincide con los proponentes en la necesidad de reformar diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, a efecto de garantizar el acceso a la impartición de la justicia, en materia penal federal, a todas aquellas personas que, teniendo una discapacidad --auditiva o visual--, no tienen garantizado el acceso pleno a las actuaciones dentro del proceso, por lo que su garantía de acceso a la justicia queda ciertamente muy limitada.

Segundo. A la luz del contenido de los diferentes instrumentos normativos que esta Comisión se allegó para el análisis de las presentes iniciativas, fue posible determinar que la reforma propuesta resulta, en cierta forma, insuficiente, ya que, para garantizar a las personas con discapacidad auditiva o visual su acceso efectivo a la impartición de justicia en materia penal federal, se requiere contar con los apoyos a que se refiere la Ley General de las Personas con Discapacidad, por lo que resulta indispensable que esta reforma impacte en todas las etapas del juicio en las que la intervención de intérpretes y traductores sea requerida.

Por lo tanto, esta Comisión considera que el presente dictamen debe incluir los aspectos que las iniciativas que se analizan no consideran, y desechar algunos cuya propuesta de modificación no se adecua al sentido de proveer los apoyos que resulten menester para garantizar a quienes padecen alguna discapacidad su participación en un juicio de carácter penal en condiciones de igualdad.

Atento a los alcances que las iniciativas plantean, así como a las disposiciones constitucionales y legales, y al contenido de las convenciones internacionales en materia de combate a la discriminación, suscritas y ratificadas por nuestro país, no resta a esta Comisión sino incluir en el presente dictamen todos aquellos dispositivos del ordenamiento cuya reforma se propone, que se refieren a los apoyos necesarios a favor de quienes padecen alguna discapacidad visual o auditiva, a efecto de armonizar su contenido con el sentido último de las iniciativas que se analizan.

Tercero. Esta Comisión aprobó, en sesión plenaria realizada el 19 de septiembre de 2007, el dictamen de la iniciativa que propone reformar el artículo 342 del Código Federal de Procedimientos Civiles, mismo que incluyó no sólo el artículo 342, sino todas las disposiciones relacionadas. Este dictamen contiene el proyecto de decreto de reformas a este ordenamiento civil cuyo sentido último es el mismo que las propuestas en la presente iniciativa: garantizar el acceso a la justicia a quienes tienen alguna discapacidad visual o auditiva. Dicho dictamen fue aprobado también por el Pleno de la Cámara de Diputados en sesión del 29 de noviembre pasado, y remitido al Senado, para los efectos constitucionales.

En tal sentido, en el presente dictamen suscribimos y reproducimos el contenido de los Considerandos Tercero y Cuarto del dictamen referido, en lo conducente y en los términos de los párrafos siguientes.

El tema del combate a todas las formas de discriminación, que ha sido recogido en nuestra Carta Magna, según se desprende de la reforma practicada al texto de sus artículos 1º y 2º, la cual fue publicada en agosto de 2001.

La reforma otorgó un carácter tan trascendente a la asignatura del combate a la discriminación que más adelante incidió en la reforma de diversas disposiciones legales e incluso en la elaboración de leyes secundarias que recogieron el espíritu y alcance de dicha reforma.

La reforma constitucional que entró en vigor en agosto de 2001 dio sus frutos en la creación de leyes para su aplicación efectiva. Es el caso de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley General de las Personas con Discapacidad, que pasaron a formar parte de nuestro derecho positivo en junio de 2003 y junio de 2005, respectivamente.

De esta forma, los artículos 24 y 25 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, en el capítulo relativo a la seguridad jurídica de las personas con discapacidad establecen que:

Este mismo ordenamiento introduce una importante definición que, en opinión de esta dictaminadora, debiera incorporarse o bien hacerse la remisión correspondiente en la reforma al Código Federal de Procedimientos Penales materia del presente dictamen. El artículo 2 de dicha ley, en sus fracciones V y VI, establece que, para los efectos de la misma, se entenderá por:

Fracción V. ``Equiparación de Oportunidades: Proceso de adecuaciones, ajustes y mejoras necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y servicios, que faciliten a las personas con discapacidad una integración, convivencia y participación en igualdad de oportunidades y posibilidades con el resto de la población;''

Fracción VI. ``Estenografía Proyectada: Es el oficio y la técnica de transcribir un monólogo o un diálogo oral de manera simultánea a su desenvolvimiento y, a la vez, proyectar el texto resultante por medios electrónicos visuales o en Sistema de Escritura Braille;''

Por su parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 4, establece que debe entenderse por discriminación:

En cuanto a la interpretación de dicha ley y las características a las que debe apegarse la actuación de las autoridades federales, en su artículo 6 previene que:

Finalmente, y en tratándose del acceso al ejercicio pleno de sus derechos y a la igualdad de oportunidades, el artículo 9 del mismo ordenamiento estipula:

``Artículo 9. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.

Como es de apreciarse, el tema del combate a la discriminación se ha colocado como eje fundamental que debe cruzar transversalmente todas aquellas vertientes de la actividad del Estado, incluida la administración de justicia. Por ello, la reforma propuesta resulta oportuna a efecto de adecuarla no sólo a la reforma constitucional ya señalada, sino a los diversos ordenamientos a los que nos hemos referido líneas arriba.

En el mismo sentido de la evolución de nuestro marco normativo, en agosto de 2006, delegados de todo el mundo, incluido nuestro país, aprobaron, al seno de la Organización de las Naciones Unidas, la Convención Internacional sobre Derechos de los Discapacitados, cuyo alcance e implicaciones importan en el análisis de la presente iniciativa, por lo que cabe traer parte de su contenido a este espacio. Dicho instrumento, en el apartado correspondiente al Preámbulo, entre otras circunstancias,

Por otro lado, dentro de las obligaciones generales que los Estados Partes aceptan, como parte de los puntos resolutivos de la Convención en cita, se encuentran las siguientes:

En su artículo 5, la Convención previene:

Finalmente, en su artículo 13, la Convención establece que:

Cuarto. Derivado del análisis de la reforma constitucional y la creación de leyes secundarias, así como el contenido de diversas convenciones internacionales que ha suscrito y ratificado nuestro país --especialmente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad citada líneas arriba---, todas en materia de combate a la discriminación, esta dictaminadora considera que es apropiado incluir en el análisis del presente dictamen la reforma a los artículos 87, 103 y 388, además de la propuesta a los artículos 28, 32 y 124 Bis, contenidas en la iniciativa mencionada en el numeral I. del proemio del presente dictamen, y a los artículos 15, 16, 31, 73, 128, 146, 154, 244 y 246, contenidos en la iniciativa mencionada en el numeral II.

La intención es la de incluir en estos numerales las previsiones que son necesarias para proveer al cumplimiento del nuestro marco jurídico vigente en materia de seguridad jurídica y acceso a la justicia, las cuales nos constriñen a promover medidas tendientes a la consolidación de un ambiente de igualdad de oportunidades para todos, especialmente para quienes, por causa de una discapacidad visual o auditiva, requieren de apoyos especializados para hacer efectivo su acceso a la impartición de la justicia, como los que propone el presente proyecto de decreto.

Quinto. Esta Comisión considera que es necesario introducir una redacción distinta a la reforma propuesta en la iniciativa citada en el numeral I., en los artículos 28, 32 y 124 Bis. Con ello no se pretende alterar el sentido de la reforma y sí proveer a su adecuación con la reforma propuesta a los artículos 87, 103 y 388 del propio Código Federal de Procedimientos Penales, cuya modificación se plantea en el presente dictamen, además armonizarlos con el contenido conceptual de las leyes y convenciones internacionales aludidas en los considerandos anteriores.

El autor de la iniciativa propone reformar los artículos 28, 31 y 124 en los siguientes términos:

Esta dictaminadora propone introducir en los numerales transcritos, la referencia expresa a los conceptos contenidos en la Ley General de las Personas con Discapacidad, en los términos de la fracción VI del artículo 2, relativa a la definición de carácter técnico relativa a la ``estenografía proyectada'', y derogar el artículo 32 cuyo contenido queda sin sustancia frente al alcance de las reformas propuestas a los diversos numerales referidos en el proyecto de decreto.

Sexto. En cuanto a la iniciativa mencionada en el numeral II., esta Comisión considera que son adecuadas las modificaciones propuestas, con las salvedades siguientes:

Por ello, resulta inadecuado introducir una diferenciación respecto de la forma en que deben conducirse las autoridades, tomando en cuenta que, en tratándose de los casos específicos de las personas señaladas en el párrafo anterior, éstas tienen la obligación de ajustarse al Capítulo III del Título Primero de este Código, además de atender lo que establecen otros dispositivos al respecto.

Esta dictaminadora propone una redacción que no dé lugar a diferenciaciones innecesarias y que además subraye la obligación de las autoridades de proveer la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, cuando se trate de personas que tengan alguna discapacidad visual o auditiva.

Séptima. En lo referente a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, respecto de la obligación de las comisiones de trabajo del Congreso de la Unión de realizar una valoración del impacto presupuestario en la elaboración de los dictámenes de las iniciativas de ley o decreto.

Esta Comisión considera que tal valoración resulta innecesaria, tomando en cuenta lo que disponen los artículos 24 y 25 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, de cuyo contenido se deduce la responsabilidad tanto del gobierno federal como de los estatales de contar con la estructura orgánica necesaria en sus respectivas instituciones de administración e impartición de justicia, para proveer de los ``...recursos de comunicación, ayudas técnicas y humanas necesarias para el acceso equitativo de las personas con discapacidad en su jurisdicción''.

Octava. Por lo que hace a las disposiciones transitorias, la iniciativa plantea un solo dispositivo que se refiere a la entrada en vigor de la reforma, el cual esta dictaminadora considera adecuado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Justicia somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Penales

Artículo Único. Se reforman los artículos 31, 87, tercer párrafo; 103, segundo párrafo; 124, 128, fracción IV; 146, primer párrafo; 154, primer párrafo; 246, último párrafo; Se adicionan a los artículos 15, un tercer párrafo; 28, un segundo párrafo recorriéndose el actual en su orden; 124 Bis, un cuarto párrafo; 154, un tercer párrafo recorriéndose en su orden los actuales párrafos; 388, una fracción II Ter y se deroga el artículo 32 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 15. ...

...

Cuando quien deba intervenir en el juicio tuviese alguna discapacidad visual o auditiva, se deberá ordenar la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad o a través de cualquier otro medio que permita una adecuada asistencia a la persona con discapacidad.

Artículo 28. ...

Cuando quienes hayan de intervenir en el juicio, en cualquiera de las modalidades descritas en el párrafo anterior, tuviesen alguna discapacidad visual o auditiva, se deberá ordenar la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad o a través de cualquier otro medio que permita una adecuada asistencia a la persona con discapacidad.

...

Artículo 31. Si el inculpado, el ofendido o algún testigo tuviese alguna discapacidad visual o auditiva, se deberá ordenar la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad o a través de cualquier otro medio que permita una adecuada asistencia a la persona con discapacidad.

Artículo 32. Se deroga.

Artículo 87. ...

...

En el supuesto a que se refiere el artículo 124 bis de este Código, no podrán llevarse a cabo las audiencias en que deba participar el inculpado sin el traductor, ni sin la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad o a través de cualquier otro medio que permita una adecuada asistencia a la persona con discapacidad.

Artículo 103. ...

Cuando la resolución entrañe una citación o un término para la práctica de una diligencia, se notificará personalmente con cuarenta y ocho horas de anticipación, cuando menos, al día y hora en que se haya de celebrar la actuación o audiencia a que se refiera, debiéndose tomar en cuenta lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 72 de este Código, y asistiéndose de traductor si la persona por notificarse no habla o no entiende suficientemente el idioma castellano o de ser el caso, proveerse de la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad o a través de cualquier otro medio que permita una adecuada asistencia a la persona con discapacidad.

Artículo 124. En caso del artículo anterior, se procederá a levantar el acta correspondiente, que contendrá: la hora, fecha y modo en que se tenga conocimiento de los hechos; el nombre y carácter de la persona que dio noticia de ellos, y su declaración, así como la de los testigos cuyos dichos sean más importantes y la del inculpado, si se encontrase presente, incluyendo el grupo étnico indígena al que pertenece; si tiene alguna discapacidad, el tipo y el grado de la misma; la descripción de lo que haya sido objeto de inspección ocular; los nombres y domicilios de los testigos que no se hayan podido examinar; el resultado de la observación de las particularidades que se hayan notado a raíz de ocurridos los hechos, en las personas que en ellas intervengan; las medidas y providencias que se hayan tomado para la investigación de los hechos, así como los demás datos y circunstancias que se estime necesario hacer constar.

Artículo 124 Bis. ...

...

...

Cuando quien deba intervenir en la averiguación previa tuviese alguna discapacidad visual o auditiva, se deberá ordenar la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, en los términos de la fracción VI del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad o a través de cualquier otro medio que permita una adecuada asistencia a la persona con discapacidad.

Artículo 128. ...

Artículo 146. Durante la instrucción, el tribunal que conozca del proceso deberá tomar en cuenta las circunstancias peculiares del inculpado, allegándose datos para conocer su edad, educación e ilustración; sus costumbres y conductas anteriores; los motivos que lo impulsaron a delinquir; sus condiciones económicas y las especiales en que se encontraba en el momento de la comisión del delito; la pertenencia del inculpado, en su caso, a un grupo étnico indígena y las prácticas y características que como miembro de dicho grupo pueda tener; si presenta alguna discapacidad, el tipo y grado de la misma; los demás antecedentes personales que puedan comprobarse; así como sus vínculos de parentesco, amistad o nacidos de otras relaciones sociales, la calidad de las personas ofendidas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, que en su conjunto demuestren la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente.

...

...

Artículo 154. La declaración preparatoria comenzará por las generales del inculpado, en las que se incluirán también los apodos que tuviere, el grupo étnico indígena al que pertenezca, en su caso, y si habla y entiende suficientemente el idioma castellano, si presenta alguna discapacidad, el tipo y el grado de la misma, y sus demás circunstancias personales. Acto seguido se le hará saber el derecho que tiene para defenderse por sí o por persona de su confianza, advirtiéndole que si no lo hiciere, el juez le nombrará un defensor de oficio.

...

Si el inculpado presenta alguna discapacidad visual o auditiva, se ordenará la asistencia necesaria en materia de estenografía proyectada, en los términos de la fracción IV, del artículo 2, de la Ley General de las Personas con Discapacidad o a través de cualquier otro medio que permita una adecuada asistencia a la persona con discapacidad.

...

...

...

Artículo 246. ...

Artículo 388. Habrá lugar a la reposición del proceso por alguna de las causas siguientes:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahc8adart.htm2 Ídem.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : No habiendo ningún orador para fundamentar el dictamen... ni tampoco se ha inscrito para fijar posición de sus grupos parlamentarios, se considera suficientemente discutido. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral tampoco se ha reservado ningún artículo, por lo que se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, de todo el dictamen.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Ábrase el sistema por cinco minutos para recoger la votación nominal, en lo general y en lo particular.

(Votación)

Actívese el micrófono de la curul 220, del diputado Pascual Rosique.

El diputado Pascual Bellizzia Rosique (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Repita el sentido de su voto, diputado, por favor.

El diputado Pascual Bellizzia Rosique (desde la curul): A favor.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Actívese el sonido de la curul 180, de la diputada Beatriz Guevara.

La diputada Beatriz Manrique Guevara (desde la curul): Beatriz Manrique, a favor.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : ¿Falta algún diputado o alguna diputada por emitir su voto? Ciérrese el sistema electrónico. Diputada Presidenta, se emitieron 317 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Voy a incluir mi voto, porque como el diputado Larios me entretuvo, no voté: a favor.

Aprobado, en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Penales, por 318 votos, en lugar de 317, para incluir el mío, por favor. Gracias. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

CODIGO PENAL FEDERAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se le dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia, le fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 149 bis, 196, 366, 366 ter y 366 quáter del Código Penal Federal.

Esta Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente Dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 24 de febrero de 2005, el diputado Guillermo Tamborrel Suárez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 149 bis, 196, 366, 366 ter y 366 quáter del Código Penal Federal.

Segundo. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva mediante oficio número D.G.P.L. 59-II-3-1303, acordó que dicha iniciativa se turnara a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con opinión de la Comisión de Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias.

Tercero. En virtud del decreto publicado el 5 de diciembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman y adicionan los artículos 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se dividió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en dos comisiones: Comisión de Justicia y Comisión de Derechos Humanos, quedando a cargo de la Comisión de Justicia, la emisión del dictamen de la iniciativa a que se ha hecho referencia.

Cuarto. La Comisión de la Niñez, Adolescencia y Familias, por ser de carácter especial, no fue creada en la presente Legislatura.

Contenido de la iniciativa

De la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el diputado Guillermo Tamborrel Suárez, se advierte la siguiente propuesta:

Consideraciones

Primera. Esta Comisión Dictaminadora, después de realizar un estudio sistemático de la iniciativa presentada, advierte lo siguiente:

A partir de las consideraciones expresadas, esta Comisión dictaminadora formula la siguiente valoración en torno al contenido de la iniciativa:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Justicia, somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

Proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal

Artículo Único. Se reforman los artículos 149 Bis, tercer párrafo; 366, fracción II, inciso e) y fracción III; 366 Ter, primer párrafo, fracción I, II, primer párrafo, incisos a) y b), fracción III; y último párrafo y 366 Quáter, fracción I, II y antepenúltimo párrafo del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 149 Bis. ...

...

Si con idéntico propósito se llevaren a cabo ataques a la integridad corporal o a la salud de los miembros de dichas comunidades o se trasladaren de ellas a otros grupos menores de dieciocho años, empleando para ello la violencia física o moral, la sanción será de cinco a veinte años de prisión y multa de dos mil a siete mil pesos.

...

...

Artículo 366. Al que prive de la libertad a otro se le aplicará:

Artículo 366 Ter. Comete el delito de tráfico de menores o de incapaces, quien traslade a un menor de dieciocho años de edad o a persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, o lo entregue a un tercero, de manera ilícita, fuera del territorio nacional, con el propósito de obtener un beneficio económico indebido por el traslado o la entrega del menor.

...

Artículo 366 Quáter. Las penas a que se refiere el artículo anterior se reducirán en una mitad cuando:

Se impondrán las penas a que se refiere este artículo al padre o madre de un menor de dieciocho años o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho que de manera ilícita o sin el consentimiento de quien o quienes ejerzan la patria potestad o la custodia del menor, sin el propósito de obtener un lucro, lo trasladen fuera del territorio nacional con el fin de cambiar su residencia habitual o impedir a la madre o al padre, según sea el caso, convivir con el menor de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o visitarlo.

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : No habiendo ningún diputado para fundamentar el dictamen, ni para fijar posición de su grupo parlamentario, se considera suficientemente discutido en lo general el dictamen. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del CongresoGeneral tampoco nadie reservó algún artículo. Se pide a la Secretaría, por tanto, que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, en un solo acto.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

De viva voz:

El diputado Pascual Bellizzia Rosique (desde la curul): Pascual Bellizzia, a favor.

La diputada Beatriz Manrique Guevara (desde la curul): Beatriz Manrique, a favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 325 votos en pro, 0 en contra y 5 abstenciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobado, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, por 325 votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y adiciona el párrafo tercero al artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se le dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y adiciona un párrafo tercero al artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Justicia de la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales.

Esta Comisión de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6 incisos f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente dictamen, basándose en los siguientes:

Antecedentes

Primero. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en fecha 25 de abril de 2007, el diputado Francisco Elizondo Garrido , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales.

Segundo. La Mesa Directiva, en esa misma fecha, mediante oficio número D.G.P.L. 60-II-1-623, acordó se turnara a la Comisión de Justicia.

Contenido de la iniciativa

Expone el autor que actualmente vivimos en una sociedad donde los adolescentes tienden con facilidad a adoptar hábitos insanos, como fumar, beber alcohol, usar drogas, etcétera, que añadido al sedentarismo precoz, estropea la salud de nuestra juventud. Añadiendo que, estos hábitos deben atajarse incluso antes de las primeras edades de esta etapa del desarrollo evolutivo, y sin duda una de las soluciones más eficaces es instaurar en el menor de edad hábitos saludables como la actividad física, que sirvan de factor protector a ese problema.

Señala que es incuestionable la importancia que el deporte tiene en cualquier sociedad. El desarrollo social integral implica indudablemente el cultivo de la salud física. La actividad física, ya sea como juego, ejercicio, deporte o recreación no sólo es componente de la salud individual, sino también una forma de expresión de sociabilidad. El deporte, apunta el autor, nos enseña a reconocer al que gana y respetar al que pierde; nos enseña a trabajar en equipo, hacer disciplinados y a reconocer que el esfuerzo y la confianza son elementos que mejoran la condición humana.

Continúa manifestando el autor, que el deporte es sin duda factor indispensable en la prevención de las adicciones, por varias razones; algunas son de tipo externo: proporciona a los muchachos una actividad divertida, con la que pueden ocupar una parte importante de su tiempo libre. Además, el deporte favorece una cierta preocupación por estar en buena forma física. Hay en el acercamiento a las drogas una actitud de abandono físico, incompatible con el deporte. En tercer lugar los deportes constituyen un modo de relación y socialización, y la necesidad de pertenecer a un grupo, de sentirse integrado en él, aceptado por él, es uno de los factores que desfavorecen las drogadicciones. El espíritu de equipo, la conciencia de una meta común, la interdependencia, actúan como apoyo social, forman una red protectora para cada participante.

Por lo anterior, afirma que es irrenunciable por parte del Estado responder a las expectativas y a los derechos ciudadanos de prestar el servicio demandado facilitando instalaciones, los profesionales, los programas que pongan al alcance de todos la práctica del deporte en condiciones de ejercicio democrático, y de su responsabilidad de protección del sistema deportivo.

Ante este panorama y al amparo de la legislación en la materia, apunta que, es válido apostarle a la promoción de las actividades deportivas, desde la construcción de espacios aptos y suficientes, mantenimiento de instalaciones, capacitación constante de instructores deportivos, realización de justas y reconocimiento al desempeño, cuya educación en esta materia deberá fortalecerse desde los niveles de instrucción básica.

Manifiesta también que en la realidad son muchas las demandas y las necesidades y, nunca suficientes las inversiones que se requieren para enfrentarlas. Por eso, en tanto los recursos financieros fluyen en suficiencia, se deben hacer los esfuerzos necesarios para optimizar el uso de las instalaciones deportivas existentes, de los recursos humanos y buscar fuentes de financiamiento para los programas de promoción de la cultura física y deporte.

Por ello, propone el diputado iniciante que los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales a que se refiere la fracción I del artículo 1 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como por la enajenación de sus frutos y productos, y que actualmente se distribuyen en partes iguales al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Salud, sean destinados también a la Secretaría de Educación Pública para la promoción de programas para la promoción de la cultura física y el deporte, respondiendo a su importancia en la prevención de adicciones.

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los miembros de la Comisión de Justicia exponemos las siguientes:

Consideraciones

Primera. Después de haber analizado los argumentos vertidos en la iniciativa que nos ocupa, esta Comisión coincide plenamente con lo expresado por el legislador, toda vez que efectivamente, por mandamiento constitucional, el Estado tiene la obligación de impartir educación laica y gratuita, la cual tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano; así como contribuir a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona, la integridad de la familia y la convicción del interés general de la sociedad, lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de nuestra Carta Magna.

El deporte y la cultura física, forman parte del desarrollo integral del ser humano, por ello la educación que imparte el Estado lleva implícita la instrucción de las actividades deportivas para todo individuo.

Por lo anterior y a efecto de tener un mayor acercamiento a los términos concernientes al deporte, resulta necesario expresar aquí, lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, dispositivo que define los siguientes conceptos:

De todo lo expuesto, se advierte que el tema de lo deportivo, contempla muchos elementos, como los culturales, los materiales y los físicos, por ello la propuesta en estudio adquiere vital importancia, ya que pretende otorgar más recursos a la Secretaría de Educación Pública para que esta los destine a programas relativos al deporte y a la cultura física.

Segunda. La Ley General de Cultura Física y Deporte, antes referida, es de orden e interés público y de observancia general en toda la República, por lo que no debe soslayarse los fines generales que pretende la misma, como fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones y expresiones; elevar, por medio de la cultura física y el deporte, el nivel de vida social y cultural de los habitantes en las entidades federativas, Distrito Federal y municipios; impulsar la creación, conservación, mejoramiento, protección, difusión, promoción, investigación y aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la cultura física y el deporte; provocar el desarrollo de la cultura física y el deporte, como medio importante en la preservación de la salud y prevención de enfermedades; fomentar el desarrollo de la cultura física y el deporte, como medio importante en la prevención del delito; incentivar la inversión social y privada para el desarrollo de la cultura física y el deporte, como complemento de la actuación pública; promover las medidas necesarias para erradicar la violencia y reducir los riegos en la práctica de actividades físicas, recreativas o deportivas que pudieran derivarse del doping, así como de otros métodos no reglamentarios; suscitar en la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas el aprovechamiento, protección y conservación adecuada del medio ambiente, así como garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, capacidades diferentes, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen.

Para lograr dichos fines, la propia ley establece las políticas y mecanismos necesarios que ayuden a alcanzarlos, como por ejemplo, los que se señalan en los artículos 77, 78, 79 y 80 que disponen lo siguiente:

No obstante lo anterior, el presupuesto destinado a la Secretaría de Educación Pública para fomentar el deporte y la cultura física, resulta insuficiente para solventar las necesidades que en esa materia tiene toda la República Mexicana.

Tercera. Igualmente no pasa desapercibido para esta Comisión dictaminadora, la facultad conferida al Congreso de la Unión para legislar en materia de educación, con el fin de unificarla y coordinarla en toda la República, expidiendo las leyes necesarias para a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, así como la facultad específica de legislar en materia deportiva, dichas facultades se derivan de lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 3 y fracciones XXV y XXIX-J del artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, preceptos que señalan lo siguiente:

Por todo lo argumentado, la propuesta en estudio es sin duda procedente, toda vez que encuentra sustento jurídico en las consideraciones aludidas en líneas que anteceden.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Justicia, somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforma el párrafo primero y se adiciona un párrafo tercero al artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales.

Artículo Único. Se reforma el párrafo primero y se adiciona un párrafo tercero al artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 182-R. Los recursos que se obtengan por la enajenación de los bienes decomisados en procesos penales federales a que se refiere la fracción I del artículo 1 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como por la enajenación de sus frutos y productos, serán entregados conforme a lo dispuesto en el artículo 89 de la citada ley, en la siguiente proporción: el diez por ciento a la Secretaría de Educación Pública y el resto de los recursos será distribuido, en partes iguales, entre el Poder Judicial de la Federación, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Salud.

...

Los recursos que correspondan a la Secretaría de Educación Pública deberán destinarse, a través de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a la planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte conforme a lo establecido en el artículo 80 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : En virtud de que no hay ningún orador inscrito para fundamentar el dictamen ni para fijar posición de su grupo parlamentario, se considera suficientemente discutido el dictamen.

Se instruye a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, en un solo acto.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto, en un solo acto.

(Votación)

De viva voz:

El diputado Pascual Bellizzia Rosique (desde la curul): Pascual Bellizzia, a favor.

La diputada Beatriz Manrique Guevara (desde la curul): Beatriz Manrique, a favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : ¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto? Está abierto aún el sistema de votación electrónico. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 328 votos en pro, 1 en contra y 1 abstención, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobado en lo general y en lo particular, por 328 votos, el proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y se adiciona un párrafo tercero al artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

LEY DE ASCENSOS Y RECOMPENSAS DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 1o. de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se le dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 1o. de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

Honorable Asamblea:

La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los párrafos 1, 2, fracción VII, y 3 del artículo 39; párrafos 6, incisos e), f) y g), y 7 del artículo 45 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 65, 66, 87, 88, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; presenta a consideración de esta soberanía el presente dictamen, conforme a los siguientes

Antecedentes

En sesión celebrada el 26 de abril de 2007 por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la diputada Martha Angélica Tagle Martínez , del Grupo Parlamentario de Convergencia, presentó la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 1o., 3o., 5o., 7o., 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 32, 37, 44, 46, 53, 70 y 73 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

La Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: ``Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional''.

Valoración de la iniciativa

En la exposición de motivos, el texto de la iniciativa establece

Consideraciones

Las Fuerzas Armadas requieren una convicción militar para dar lugar a un objetivo claro en cuanto a sus responsabilidades constitucionales, y son estas responsabilidades, asumidas por todos sus miembros, la razón por la que la Carta Magna y sus leyes secundarias le dedican normas específicas que rigen su funcionamiento.

Las políticas de Estado, antes de cualquier otra cualidad, deben ser responsables y serias, atendiendo al interés nacional. Recordemos las palabras del filosofo griego Aristóteles, quien sentenció: ``La ley es la razón, libre de pasión''.

Los valores de la profesión militar, sobre los cuales se sustenta su organización, son --entre otros-- la vocación, el mérito profesional, la disciplina vertical, la unidad de mando y el respeto del marco legal de la república.

No debemos pasar por alto que el primer deber entre militares es lealtad a los superiores, lo cual es una cuestión de honor.

No ponemos en duda en ningún momento, ni cuestionamos las capacidades intelectuales y físicas de las mujeres, y consideramos que lo que debe defenderse es la cohesión de los integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea, por estar dedicadas a la defensa de la integridad, independencia y soberanía del territorio nacional.

La participación de las mujeres en la institución castrense obedece precisamente a esta búsqueda de la excelencia, y queda claro que en ningún momento se discrimina al sexo femenino, por el contrario, se tiene la convicción y se reconoce la gran capacidad que demuestran las mujeres en cuanto al desempeño de sus responsabilidades en el instituto armado.

En el momento en que se participa en operaciones militares de alto riesgo, todos los involucrados están sujetos a la disciplina militar, conforme a los preceptos de honor, lealtad y obediencia, lo que implica que todos dependen de todos, en todo momento.

En ese sentido, podemos referirnos a la fracción I del artículo 4o. de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la cual dispone lo siguiente:

La legislación castrense en su conjunto, al utilizar los términos ``militar'' o ``militares'' --entendemos--, incluye tanto a mujeres como a hombres.

En las Fuerzas Armadas, la capacidad y el mérito son criterios esenciales en la selección de los mejores, independientemente de si se es mujer u hombre; lo importante es el compromiso centrado en el servicio a los demás, actitud que poseen todos los militares.

Establecer perfiles y definir funciones en la institución no es una decisión arbitraria o discriminatoria con base en el género sino que tiene por objetivo formar un Ejército de calidad, al evitar y minimizar las deficiencias, físicas o morales, ya sea en mujeres u hombres dentro de la institución castrense, e inculcar valores entre los militares como un objetivo constante. El Ejército debe ser de excelencia por la delicada tarea que tiene encomendada: la defensa de la patria. La exclusión y negar un ascenso o prestaciones por razones de género no son acciones que se lleven a cabo en las Fuerzas Armadas.

El ingreso voluntario de militares, sean mujeres u hombres, en las Fuerzas Armadas debe implicar contar desde un principio con militares de vocación, condición imprescindible para formar fuerzas armadas con espíritu de cuerpo.

En el Ejército y Fuerza Aérea, el trato de las mujeres no es en ningún momento desigual sino que responde a un respeto absoluto de los grados en la escala jerárquica, lo cual aplica a todos sus miembros, sean hombres o mujeres, y tiene por objetivo preservar sobre todas las cosas la disciplina en la institución castrense.

No omitimos que el momento histórico es importante y que, por lo mismo, las instituciones del Estado deben ser fortalecidas. La supervivencia y consolidación democrática, que también implica propiciar una visión de género, requieren también instituciones sumamente especializadas, como es el caso de las Fuerzas Armadas.

Estamos de acuerdo con la necesidad de una apertura en cuanto a las oportunidades laborales para las mujeres, en igualdad de circunstancias, y estar con ello en sincronía con el desarrollo moderno de las sociedades a escala mundial. Formar parte del Ejército y Fuerza Aérea es precisamente una de las formas de propiciar modificaciones en la conciencia colectiva de las sociedades, cambios en el pensar y el actuar, tanto de mujeres como de hombres.

En el país se han logrado la firma y aceptación de diversos instrumentos internacionales en materia de participación política de las mujeres. Entre los más importantes tenemos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo, la Plataforma de Acción de Beijing y la Declaración del Milenio.

Esos instrumentos establecen disposiciones que tienen como objetivo avanzar hacia la protección de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de las mujeres, en el reconocimiento de la igualdad entre éstas y los hombres. Además, buscan eliminar la discriminación por razones de género.

Coincidimos en que es necesario, como primer paso, desterrar la idea de que las mujeres son inferiores a los hombres, y --una vez más-- esto se puede lograr únicamente mediante un esfuerzo conjunto, empezando por la educación de los hijos por las madres y los padres. Sólo así podremos dar lugar a una real integración de las mujeres en todos los ámbitos: empresas privadas, dependencias de gobierno en los tres órdenes, partidos políticos, etcétera.

Hoy día, las mujeres desempeñan cargos de decisión en infinidad de instituciones, tanto de la iniciativa privada como del servicio público. La organización de las sociedades se realiza paulatinamente, donde los cambios requieren necesariamente una nueva manera de enfrentar la realidad, lo cual debe realizarse en un esfuerzo conjunto de la sociedad.

Así entonces, estimamos que la intención de la iniciativa en estudio puede y debe ser atendida, lo cual se traduciría en una acción afirmativa hacia las mujeres. Por ello, la Comisión de Defensa Nacional recomienda y considera necesario realizar modificaciones a la propuesta original, ya que con sólo adicionar un párrafo segundo al artículo 1o. de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos permitiría eliminar de los demás artículos en discusión los términos ``hombres y/o mujeres'', sin que ello desvirtuara el fin que se persigue con la iniciativa de reforma.

Con base en lo expuesto y fundado, la Comisión de Defensa Nacional somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 1o. de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 1o. de la de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 1o. La presente ley regula los ascensos y las recompensas de los militares pertenecientes al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y su aplicación corresponderá al presidente de los Estados Unidos Mexicanos y a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Para los efectos de esta ley, se entenderá por militares a las mujeres y a los hombres que presten sus servicios al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : En virtud de que no se ha inscrito ningún orador para fundamentar el dictamen, nos encontramos en discusión en lo general y en lo particular, del artículo único del proyecto de decreto. No se ha inscrito tampoco ningún orador para fijar posición a nombre de su grupo parlamentario.

Se han inscrito la diputada Martha Tagle Martínez y la diputada Maricela Contreras Julián para hablar en pro del dictamen. Tiene el uso de la palabra la diputada Martha Tagle Martínez .

La diputada Martha Angélica Tagle Martínez : Presidenta, en consideración al tiempo y por economía procesal, solamente voy a dejar en esta Secretaría el documento al que daría lectura, con la petición de que se inscriba en el Diario de los Debates y podamos proceder a la votación.

«Intervención de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez , con motivo del dictamen en positivo de la iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona los artículos 1, 3, 5, 7, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 32, 37, 44, 46, 53, 70 y 73 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos ante el pleno de la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2008.

En nuestros días, el rol de la mujer mexicana, ha trascendido al trabajo familiar, la crianza de los hijos y las labores domésticas; en este nuevo milenio, estamos inmersas en la industria, la construcción, el transporte, las ciencias, el espacio y las fuerzas armadas donde se están creando nuevas e innovadoras formas de acción.

No cabe duda que vivimos tiempos de grandes transformaciones políticas, jurídicas y sociales, y estamos frente a una reorganización internacional del mapa mundial. Esta situación requiere contar con instituciones fuertes, democráticas, versátiles e innovadoras, capaces de transformar un medio inseguro en un entorno seguro; donde se cumpla el estado de derecho y los ciudadanos, perciban la protección de la seguridad que brindan las instituciones.

Los cambios mencionados están fomentando una transformación radical a instituciones tan antiguas como son los ejércitos; en nuestro país, dicha institución cuenta con un prestigio de lealtad y entrega probado, ya sea en un servicio a la patria o cuando los desastres naturales han rebasado a los servicios civiles o cuando la violencia de la delincuencia, parece no tener freno; pero ésta gran tarea, no se ha logrado sólo con la presencia de los hombres, ha sido más efectiva gracias a la incorporación de mujeres con vocación de servicio.

Visto de ésta manera, una institución castrense con perspectiva de género, es justa en cuanto brinda conforme al mérito, igualdad de oportunidades a hombres y mujeres en las prestaciones, recompensas, y los ascensos; ello, no disminuye la valentía militar; por el contrario, la hace más firme, convirtiendo a la institución en un ejemplo donde el desarrollo, la profesionalización, la dignidad por el trabajo realizado y de servicio a la patria es una realidad, además convierte a las fuerzas armadas en una opción profesional atractiva.

Esta iniciativa la presenté convencida de que las mujeres, cuentan con una firme convicción militar, y para dar lugar a un objetivo claro en cuanto a sus responsabilidades constitucionales y legales; en este sentido, las mujeres que participan activamente en el ejercito mexicano, han demostrado sus valores y firmeza en la profesión militar, vocación, mérito profesional, disciplina vertical, respeto a la unidad de mando y al marco legal de la república.

Estas razones, nos obligan como legisladores a impulsar el fortalecimiento de las fuerzas castrenses, en igualdad de género respecto a las mismas oportunidades de ingreso, permanencia, prestaciones, haberes y ascensos a fin de dar paso a los cambios culturales necesarios en su profesionalización, efectividad y funcionalidad.

El dictamen en positivo de esta iniciativa, demuestra que la participación de las mujeres dentro de la institución castrense, obedece precisamente a esta búsqueda de la excelencia sin discriminación por sexo, con lo cual, se reconoce su capacidad y entrega.

El ingreso voluntario de hombres y mujeres a las fuerzas armadas, es un primer paso para desterrar la idea de que la mujer es inferior al hombre y que en lo que respecta al servicio y operaciones militares de alto riesgo, ambos géneros se desempeñan bajo los mismos preceptos de honor, lealtad y obediencia que se requiere en las fuerzas armadas.

En Convergencia estamos impulsando una nueva cultura democrática, incluyente y constructora de instituciones fuertes que incorpore a toda la sociedad en los retos que nuestro país enfrenta; por ello, esta iniciativa debe ser vista con beneplácito por toda la ciudadanía y esta soberanía en su pluralidad por que consideramos que la transversalidad de la perspectiva de género, fortalece al Estado mexicano y consolida sus instituciones.

Como diputada de Convergencia de ésta LX Legislatura y como representante de miles de mujeres de nuestra nación, agradezco la apertura y disposición de quienes impulsaron este dictamen, con ello se contribuye a la consolidación de un Estado democrático.

Finalmente, estoy convencida que esta reforma se convertirá en una acción afirmativa hacia las mujeres militares y debe, ser atendida en la magnitud de su justa dimensión por todos los partidos que integran esta honorable Cámara de Diputados. Es cuanto muchas gracias.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Agradezco mucho su generosidad, diputada. Muchas gracias. Le agradezco. Tiene el uso de la palabra la diputada Maricela Contreras Julián.

La diputada Maricela Contreras Julián : Con su permiso, diputada Presidenta.

De manera muy rápida también, quiero decir que esta iniciativa es muy importante, porque una institución que tradicionalmente ha sido cerrada a las mujeres en los ascensos y en las actividades laborales que han venido desempeñando, hoy se ha abierto. Esta es una iniciativa presentada y que dictaminó solamente la Comisión de la Defensa Nacional; pero enseguida habrá otra que se dictaminó en conjunto con la Comisión de Equidad y Género y que tiene que ver con los ascensos y las recompensas para las mujeres.

Reconocemos también la labor que ha hecho el Ejército, toda vez que en este proceso de convocatoria para incorporarse a las diferentes disciplinas del Ejército, éstas han sido abiertas en todas sus carreras para las mujeres. Son elementos que, me parece, son importantes de resaltar.

Dejaré mi discurso también íntegro, para que se pueda incorporar al Diario de los Debates, felicitándonos por esta actividad a favor de las mujeres militares. ¡Democracia, ya. Generalas para todas!

«Intervención de la diputada Maricela Contreras Julián para hablar a favor del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional sobre la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

Con el permiso de la presidencia: mi intervención será muy breve compañeras y compañeros, en función de que el dictamen que nos ocupa, viene a complementarse con otro más que esperamos se pueda abordar en esta sesión y que reforma a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

No es ninguna novedad que en nuestro país existe un gran rezago en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

Mucho hemos hablado en esta tribuna al respecto y es una de los puntos en los que podemos encontrar coincidencias entre las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión.

De igual forma, tampoco es novedoso que algunas actividades se les reserve de manera histórica al género femenino o masculino, por lo roles que tradicionalmente se les ha asignado.

Uno de esos espacios es el de la actividad que desarrolla el Ejército y Fuerza Aéreas Mexicanos.

Por ello, expreso mi beneplácito por estar haciendo uso de la palabra para hablar a favor de este dictamen que nos presenta la Comisión de Defensa Nacional, el cual permitirá que las mujeres de este país que por su propia voluntad decidan incorporarse a las filas del Ejército y las que ya pertenezcan, puedan tener acceso sin distinción de género a los ascensos y recompensas dentro del orden militar.

Con la aprobación de la iniciativa que presentó la compañera Martha Tagle de Convergencia, e integrante de la Comisión de Equidad y Género, se impulsará el desarrollo profesional y la igualdad entre los miembros de la milicia para ocupar cargos que la ley les confiere, una vez cumplidas las características de trayectoria curricular que los propios ordenamientos en la materia establecen.

De aprobarse este dictamen, estaremos garantizando en la legislación federal el principio de igualdad entre mujeres y hombres consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Igualdad que debe traducirse en todos los ámbitos de la política nacional como un reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres.

De ahí, la importancia de que se apruebe este dictamen en sus términos pues para alcanzar la plena integración de las mujeres en las Fuerzas Armadas, es necesaria la adopción de medidas para garantizar que no se vean vulnerados los principios de igualdad y no discriminación consagrados en nuestra Constitución y en diversos instrumentos internacionales.

Por ello, compañeras y compañeros, votemos a favor de este dictamen que es votar por la erradicación de cualquier forma de discriminación. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputada Maricela Contreras.

No habiéndose inscrito ningún orador, se considera suficientemente discutido el proyecto de decreto. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, en un solo acto.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.

(Votación)

Ábrase el micrófono de la curul 220, del diputado Pascual Bellizzia Rosique, por favor.

El diputado Pascual Bellizzia Rosique (desde la curul): Pascual Bellizzia, a favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Ábrase el micrófono de la curul 180, de la diputada Beatriz Manrique Guevara, por favor.

La diputada Beatriz Manrique Guevara (desde la curul): Beatriz Manrique, a favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Está abierto el sistema, diputado. ¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir el sentido de su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 338 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobado en lo general y en lo particular, por 338 votos, el proyecto de decreto que adiciona el párrafo segundo al artículo 1o. de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ésta.

ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura.--- Presente.

Con fundamento en el artículo vigésimo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicitamos a usted atentamente que se sirva consultar al pleno, en el primer turno posible, la modificación al orden del día para la incorporación y desahogo del siguiente:

• Dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que presentan las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Equidad y Género.

Con la petición de que con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se le dispensen todos los trámites y se someta a discusión y votación de inmediato.

Sin más por el momento, agradecemos de antemano las atenciones que se sirva dar la presente.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de modificarse el orden del día.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día en los términos solicitados por la Junta de Coordinación Política. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobada.

LEY ORGANICA DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Equidad y Género entregaron a esta Presidencia el dictamen con proyecto de decreto que adiciona un párrafo a los artículos 10 y 122 y reforma el artículo 132 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. En virtud de que se ha distribuido el dictamen entre los diputados, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

«Dictamen de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Equidad y Género, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo a los artículos 10 y 122, y se reforma el artículo 132 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana

Honorable Asamblea:

Las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Equidad y Género de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los párrafos 1, 2, fracción VII, y 3 del artículo 39, párrafos 6, incisos e), f) y g), y 7 del artículo 45 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 56, 60, 65, 66, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía el presente dictamen, conforme a los siguientes

Antecedentes

En sesión ordinaria de fecha 8 de marzo de 2005 fue presentada al Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, suscrita por la diputada Cristina Portillo Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

En misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva dictó el siguiente trámite: ``Túrnese a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Equidad y Género''.

Valoración de la iniciativa

En la exposición de motivos, el texto de la iniciativa establece:

Consideraciones

Hoy día, la mujer desempeña cargos de decisión en infinidad de instituciones, tanto de la iniciativa privada como del servicio público. La organización de las sociedades se realiza paulatinamente, donde los cambios requieren necesariamente una nueva manera de enfrentar la realidad, lo cual debe realizarse en un esfuerzo conjunto de la sociedad.

Las mujeres tienen derecho a elegir un proyecto de vida y desarrollar una capacidad profesional, lo cual es apoyado por el instituto armado.

La consolidación del régimen democrático en México sólo se alcanzará si se dan cambios en todas las estructuras, en todas las instituciones con relación a la participación real de la mujer.

La sociedad mexicana vive nuevos tiempos, y ello implica la existencia de nuevas actitudes, nuevos compromisos, nuevas responsabilidades y nuevas políticas públicas, lo cual es asumido seriamente por el instituto armado.

La reivindicación de los derechos de las mujeres no es sólo un acto de justicia sino que es un acto que dignifica a toda sociedad contemporánea, donde la globalización ha dado lugar a que sean las actitudes y aptitudes de las personas las que cuenten al valorar al ser humano y no sólo su género.

La Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos son ordenamientos de carácter castrense, por lo que sus disposiciones son dirigidas exclusivamente a las personas que pertenecen al Ejército, a la Fuerza Aérea o a la Armada; es decir, a los militares, por lo que dichas normas no sólo atienden a la igualdad en referencia a quien van dirigidas sino que no atienden a preferencias, ya que ello debilitaría un pilar fundamental en el instituto armado: la disciplina.

El párrafo tercero del artículo 1o. de la Carta Magna dispone:

Con ello, mujeres y hombres se encuentran en el mismo plano de igualdad ante la ley.

Esta disposición constitucional es considerada en la legislación castrense, lo cual se observa claramente en lo dispuesto en la fracción I del artículo 4o. de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos:

Artículo 4o. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos están integrados por:

Artículo 32. ...

...

...

Para pertenecer al activo del Ejército en tiempo de paz y al de la Armada o al de la Fuerza Aérea en todo momento, o desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento.

...

...

En las Fuerzas Armadas no hay distinciones por razón de género, tampoco diferencias por cuestión de sexo, ya que su legislación evita tales actitudes entre militares.

Es indispensable señalar, con relación al asunto que nos ocupa, que los grados obtenidos por las mujeres y los hombres en el instituto armado se basan en la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la cual establece a la letra en el numeral VIII del artículo 2o.:

Artículo 2o. En la presente ley se entenderá por:

Este ascenso no es de ninguna manera discrecional o discriminatorio, ya que en forma complementaria el artículo 8o. del mismo ordenamiento establece:

Artículo 8o. Los ascensos serán conferidos atendiendo conjuntamente a las circunstancias siguientes:

Como se observa, en ninguno de estos dos artículos se establece una estructura gramatical que aluda a género, lo que deja claro que en ningún momento en estos dos aspectos de la ley en cuestión hay discriminación, dejando abierta la posibilidad a toda mujer de ascender conforme a la ley en el instituto armado.

Con ello, en el instituto armado se da a la mujer la misma oportunidad de ascenso y, por consiguiente, de desarrollo profesional, pues dispone de un entorno que le permite alcanzar los mismos resultados que un hombre.

En las Fuerzas Armadas, la capacidad y el mérito son criterios esenciales en la selección de los mejores, independientemente de si se es mujer u hombre; lo importante es el compromiso centrado en el servicio a los demás, actitud que poseen todos los militares.

Así entonces, en el Ejercito y Fuerza Aérea el trato a la mujer no es en ningún momento discriminatorio sino que los ascensos responden a una rigurosa escala jerárquica, lo cual aplica a todos sus miembros, sean hombres o mujeres, y que tiene por objetivo preservar sobre todas las cosas la disciplina en la institución castrense. No debemos omitir ni pasar por alto que el primer deber entre militares es lealtad a los superiores, lo cual es una cuestión de honor.

Por otro lado, el Ejército realiza sus operaciones militares de acuerdo con sus necesidades estratégicas y tácticas, para con ello dar cabal cumplimiento a sus misiones.

En el momento en que se realizan operaciones militares de alto riesgo, todos los involucrados están sujetos a la disciplina militar, bajo los preceptos de honor, lealtad y obediencia, y no puede haber consideraciones de género, lo que implica que todos dependen de todos, en todo momento.

No ponemos en duda en ningún momento ni cuestionamos las capacidades intelectuales y físicas de las mujeres, así como consideramos necesario entender la fundamental cohesión de los integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea, sustentada en el orden y la disciplina, por la responsabilidad que implica la defensa de la integridad, independencia y soberanía del territorio nacional.

Miguel de Cervantes, dramaturgo, poeta y novelista español, sentenció:

Actualmente, en las filas del instituto armado destacan mujeres militares de todas las jerarquías, siendo admirable su desempeño en las distintas actividades que desarrollan con profesionalismo, entusiasmo, esfuerzo, eficacia, devoción, compromiso y lealtad.

En el instituto armado, el concurso y el desarrollo profesional de los militares se dan en igualdad de circunstancias.

Lo anterior, atendiendo a que en nuestro país se han logrado la firma y aceptación de diversos instrumentos internacionales en materia de participación política de las mujeres. Entre los más importantes tenemos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su Protocolo Facultativo, la Plataforma de Acción de Beijing y la Declaración del Milenio.

Estos instrumentos establecen disposiciones que tienen como objetivo avanzar hacia la protección de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de las mujeres, en el reconocimiento de la igualdad entre la mujer y el hombre; además, lo que buscan es eliminar la discriminación por razones de género.

Las dictaminadoras destacan lo establecido en el numeral 8 de la Recomendación General número 25, sobre el párrafo 1 del artículo 4 de la CEDAW, que señala lo siguiente:

La misma CEDAW, en los artículos 4, 10 y 11, establece la obligación de los Estados que son parte, México incluido, de la adopción de medidas que garantizan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, donde se deben adoptar normas que no sean desiguales, el acceso a los programas educativos vigentes y a un empleo digno en todos los niveles de gobierno, pero en igualdad de oportunidades, con la finalidad de atender la obligación de erradicar la discriminación que hay entre mujeres y hombres.

En ese contexto, también en las recomendaciones del Comité de Seguimiento de la CEDAW respecto al sexto informe que presenta México se señala lo siguiente:

El comité pide al Estado parte que tome nota de que los términos equidad e igualdad transmiten mensajes distintos, y su uso simultáneo puede dar lugar a una confusión conceptual. La convención tiene por objeto eliminar la discriminación contra la mujer y asegurar la igualdad de hecho y de derecho (en la forma y el fondo) entre mujeres y hombres. El comité recomienda al Estado parte que en sus planes y programas utilice sistemáticamente el término igualdad.

En 1995, durante la Cuarta Conferencia sobre la Mujer, celebrada en Beijing, China, 189 gobiernos, incluido el de México, se comprometieron a tomar medidas para asegurar el acceso igualitario de todas las mujeres y a incrementar las posibilidades de las mujeres para participar en la toma de decisiones y el liderazgo. Para lograr estos objetivos estratégicos, la principal acción a que se comprometieron fue la de llegar a la meta del equilibrio de género en los cuerpos gubernamentales, así como en las entidades de la administración pública. Para tal efecto se implantarían medidas para incrementar sustancialmente el número de mujeres en puestos de toma de decisión, con miras a obtener igual representación entre mujeres y hombres, de ser necesario, por medio de acciones positivas, en todas las posiciones del gobierno y de la administración pública.

Por último, el párrafo primero del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

Con ello se fortalece el principio de igualdad jurídica, y que es acorde con un principio que rige a todos los militares, y que es anteponer en los hechos el interés institucional al interés personal, tanto de mujeres como de hombres.

Sin embargo, coincidimos en que es necesario desterrar la idea de que la mujer es inferior al hombre, mas esto únicamente se puede lograr mediante un esfuerzo conjunto, empezando por la educación de los hijos por las madres y los padres; sólo así podremos dar paso a una real integración de la mujer en todos los ámbitos.

El desarrollo nacional implica un desarrollo humano donde se identifiquen y reduzcan las desigualdades entre mujeres y hombres, aumentando y fortaleciendo las oportunidades de participación productiva con igualdad de reconocimiento. En el instituto armado se está haciendo lo que le corresponde como parte de un poder de Estado.

En el instituto armado, la voz femenina no sólo es escuchada sino que es tomada en cuenta para hacerla copartícipe del desarrollo nacional.

Así entonces, estimamos que la intención de la iniciativa en estudio puede y debe ser atendida, lo cual se traduciría en una acción afirmativa hacia las mujeres. Por ello, las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Equidad y Género acuerdan como necesario realizar modificaciones a la propuesta original, consistentes en adicionar un párrafo segundo a los artículos 10 y 122 y reformar el artículo 132 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con lo cual se alcanzaría el fin que persigue la iniciativa en análisis.

Con base en lo expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Defensa Nacional, y de Equidad y Género someten a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo a los artículos 10 y 122, y se reforma el artículo 132 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona un párrafo segundo a los artículos 10 y 122, y se reforma el artículo 132 de la de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 10. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos forman una organización que realiza sus operaciones mediante una estructura jerárquica que comprende los siguientes niveles de mando:

Artículo 122. Los establecimientos de educación militar tendrán por objeto la educación profesional de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea, para la integración de sus cuadros, e inculcarles la conciencia de servicio, amor a la patria, la superación profesional y la responsabilidad social de difundir a las nuevas generaciones los conocimientos que se les hubieren transmitido.

Dichos establecimientos estarán constituidos por

Artículo 132. Militares son las mujeres y los hombres que legalmente pertenecen a las Fuerzas Armadas Mexicanas, con un grado de la escala jerárquica. Estarán sujetos a las obligaciones y derechos que para ellos establecen la Constitución, la presente ley y demás ordenamientos castrenses.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Es de primera lectura.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura del dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se dispensa la segunda lectura.

No habiendo ningún orador para fundamentar el dictamen, se encuentra a discusión en lo general.

Tampoco se ha inscrito ningún orador para fijar posición de su grupo parlamentario, por lo cual se considera suficientemente discutido el dictamen.

Tampoco se ha reservado ningún artículo para efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, por lo que se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, en un solo acto.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación)

De viva voz:

El diputado Pascual Bellizzia Rosique (desde la curul): Pascual Bellizzia, a favor.

La diputada Beatriz Manrique Guevara (desde la curul): Beatriz Manrique, a favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : ¿Falta algún diputado o alguna diputada de emitir el sentido de su voto? Está abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 332 votos en pro, 0 en contra y 2 abstenciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobado, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que adiciona un párrafo a los artículos 10 y 122 y reforma el artículo 132 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por 332 votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

De la Junta de Coordinación Política, por favor, dé lectura la Secretaría.

ORDEN DEL DIA

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.---Presente.

Con fundamento en el artículo 34, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo vigésimo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le solicitamos a usted atentamente consultar al pleno la modificación al orden del día para la incorporación y trámite correspondiente, en el primer turno posible, el siguiente asunto:

• Movimientos en comisiones solicitados por los coordinadores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México.

COMISIONES LEGISLATIVAS

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 8 tercer párrafo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Javier González Garza , coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Que el diputado Rafael Plácido Ramos Becerril ocupe la presidencia de la Comisión de Seguridad Social, en sustitución del diputado Miguel Ángel Navarro Quintero .

Sin otro particular, quedo de usted.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 8 tercer párrafo del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por el diputado Javier González Garza , coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

• Que la diputada Maricela Contreras Julián cause baja como integrante del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

Sin otro particular, quedo de usted.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Con fundamento en el artículo 34, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 8, tercer párrafo, del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, le pido atentamente que se sometan a consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes movimientos solicitados por la diputada Gloria Lavara Mejía , coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

• Que el diputado Manuel Salvador Salgado Amador cause baja en la Comisión de Cultura.• Que el diputado Antonio Xavier López Adame cause baja en la Comisión de Turismo.• Que la diputada Ana María Ramírez Cerda cause baja en la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.• Que la diputada María Guadalupe Josefina García Noriega cause baja en la Comisión de Asuntos Indígenas.• Que la diputada María Guadalupe Josefina García Noriega cause baja en la Comisión de Desarrollo Rural.• Que la diputada Josefina García Noriega cause baja en la Comisión de Pesca.• Que el diputado Antonio Xavier López Adame cause alta en la Comisión de Cultura.• Que el diputado Manuel Salvador Salgado Amador cause alta en la Comisión de Pesca.• Que la diputada Ana María Ramírez Cerda cause alta en la Comisión de Turismo.• Que el diputado Pascual Bellizzia Rosique cause alta en la Comisión de Asuntos Indígenas.• Que el diputado Pascual Bellizzia Rosique cause alta en la Comisión de Desarrollo Rural.• Que el diputado Pascual Bellizzia Rosique cause alta en la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.• Que el diputado Sergio Augusto López Ramírez cause baja en la Comisión de Economía.• Que el diputado Sergio Augusto López Ramírez cause baja en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.• Que el diputado Sergio Augusto López Ramírez cause baja en la Comisión de Vivienda.• Que el diputado Jesús Sesma Suárez cause baja en la Comisión de Derechos Humanos.• Que la diputada Beatriz Manrique Guevara cause alta en la Comisión de Derechos Humanos.• Que la diputada Beatriz Manrique Guevara cause alta en la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales.• Que la diputada Beatriz Manrique Guevara cause alta en la Comisión de Vivienda.• Que el diputado Jesús Sesma Suárez cause alta en la Comisión de Economía.

Sin otro particular, quedo de usted.

En votación económica se pregunta si se aprueban los cambios solicitados. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobada.

DIPUTADO QUE SE REINCORPORA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió oficio del diputado José de la Torre Sánchez, por el que comunica su reincorporación al cargo de diputado federal a partir del 1 de mayo del año en curso.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión.- Presente.

El que suscribe LAE José de la Torre Sánchez , en mi carácter de diputado federal con licencia por el VII distrito de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, por medio del presente me dirijo a usted de manera atenta y respetuosa para manifestar:

Que de acuerdo a la Gaceta Plenaria número 2119 de fecha 24 de octubre de 2006 y oficio No. D.G.P.1.60-II-0-146 de fecha 24 de octubre de 2006 signado por los ciudadanos diputados Jacinto Gómez Pasillas y María Eugenia Jiménez Valenzuela en su carácter de Secretarios de la Mesa Directiva de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, el suscrito actualmente goza de una licencia por tiempo indefinido para separarme de mis funciones como diputado federal por el VII Distrito electoral del estado de Veracruz.

Por lo anterior, y toda vez que en el escrito de solicitud me he reservado el derecho de revocar la licencia temporal que me fuera concedida por esta LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 65 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables, es que revocó la licencia referida, con todas las consecuencias de hecho y de derecho que se deriven de la misma, solicitando a esta LX Legislatura Federal se me autorice regresar a partir del próximo día 1 de mayo del 2008, a fungir como diputado federal por el VII distrito.

Sin más por el momento y esperando verme favorecido en las consideraciones aquí expuestas, quedo de usted a sus apreciables ordenes.

Atentamente

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : De enterado, comuníquese.

Se procederá a la lectura de las siguientes minutas con proyecto de decreto.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 212, de la Ley General de Salud.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 212, de la Ley General de Salud.

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 212, de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 212. ...

Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán incluir datos de valor nutricional y señalar entre otros, el contenido de grasas, ácidos grasos saturados e insaturados, colesterol, valor calórico, carbohidratos, fibra dietética, proteínas, aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales, así como tener elementos comparativos con los recomendados por las autoridades sanitarias, a manera de que contribuyan a la educación nutricional de la población.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo: La Secretaría de Salud y la Secretaría de Economía deberán modificar las Normas Oficiales Mexicanas aplicables con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el presente decreto.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Salud.

LEY GENERAL DE SALUD

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.

Minuta Proyecto de Decreto

Por el que se adiciona una fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud

Único. Se adiciona la fracción VI al artículo 61 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 61.- La atención materno-infantil tiene carácter prioritario y comprende las siguientes acciones:

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades competentes para ejecutar el presente decreto cuentan con nueve años a partir de su entrada en vigor para crear la infraestructura tendiente a dar cumplimiento a los objetivos que persigue el mismo.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Salud.

INICIATIVAS DE LEY O DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : De conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Políticaaprobado por el pleno de esta Cámara en sesión del 25 de abril de 2008, las iniciativas con proyecto de ley, decreto y las proposiciones con punto de acuerdo inscritas en el orden del día serán turnadas por esta Presidencia a las comisiones que correspondan.

Se ordena la inserción de los textos íntegros en el Diario de los Debates y la publicación en la Gaceta Parlamentaria del trámite dictado para cada uno de los asuntos.

Hoy finalizamos el segundo periodo de sesiones del segundo año del ejercicio de la LX Legislatura. Al presentar su voto particular en torno a la creación del juicio de amparo el 5 de abril de 1847... ¿Sí?

COMISION EJECUTIVA DE NEGOCIACION Y CONSTRUCCION DE ACUERDOS

La diputada Holly Matus Toledo (desde la curul): ¿Diputada, me permite la palabra?

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Le dan por favor sonido a la curul de la diputada Holly Matus?

La diputada Holly Matus Toledo (desde la curul): Gracias, señora Presidenta.

Toda vez que en el orden del día había sido establecido que después de dictámenes se iba a dar el posicionamiento de los distintos grupos parlamentarios relativos a la CENCA y a la reforma del Estado, sí me gustaría que pudiera considerarse ese hecho.

De no ser así, que quede establecido dentro del Diario de los Debates mi inconformidad por no haberse abordado dicho punto, toda vez que estuvimos trabajando más de seis meses en el tema de garantías sociales para poder avanzar y es necesario que se diera este posicionamiento, para quedar en claro cuáles fueron los avances relativos al tema de reforma del Estado.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Le hago una propuesta, diputada. Todos los diputados que iban a posicionar en el tema de la CENCA me mandan sus documentos, se los voy a insertar íntegros en el Diario de los Debates y también en la Gaceta Parlamentaria. Vamos a continuar, por favor.

«Posicionamiento del Grupo Parlamentario del PAN, en relación con los trabajos de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión

El pasado 14 de abril de 2008 se concluyó el espacio que se otorgó a la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA) para la reforma del Estado.

En los tiempos que la ley marcaba, el Partido Acción Nacional participó de manera activa en la fase de consulta, presentando además su propuesta de reforma del Estado. La visión de la propuesta fue y sigue siendo clara: colocar en el centro de nuestras acciones a la persona humana, buscando el mejoramiento de sus condiciones de vida. Actuando de manera realista y gradual en los cambios a nuestra Constitución, pero sin buscar ni una nueva Carta Magna, ni un nuevo régimen de gobierno.

Trabajamos para consolidar la democracia de nuestro país y hacerla más eficiente, para fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la gobernabilidad, a fin de generar un mejor desarrollo humano sustentable para todos.

Conducimos nuestros esfuerzos para construir acuerdos e incorporar valores a las propuestas generadas. Valores tales como el respeto a la dignidad de la persona, la libertad con responsabilidad, la igualdad de oportunidad, la subsidiariedad, la solidaridad, la justicia y el bien común.

Esto debe ser complementado por un poder judicial que asuma el equilibrio en el ejercicio del poder público y que garantice el pleno respeto al estado de derecho.

Por ello, la reforma del Estado debe mejorar nuestro sistema federal y permitir la autonomía responsable de los gobiernos locales y la redefinición de competencias de los tres órdenes de gobierno.

Llevar a cabo la reforma del Estado es pensar en el país que los mexicanos queremos para nosotros y para nuestros hijos. Es pensar en instituciones que puedan salvaguardar nuestros derechos y en políticas que incentiven nuestro desarrollo tanto personal como colectivo. Es, en suma, formular un proyecto de país.

Ante la importancia de esta tarea, cuya realización ha recaído en gran parte en esta sexagésima legislatura, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, junto con los demás partidos, ha atendido el llamado de la sociedad, que en esta coyuntura ha pedido soluciones a los grandes problemas nacionales.

Como legisladores tenemos una gran deuda social, aquella con las garantías sociales, es decir, con reconocer a nivel constitucional las demandas de la ciudadanía para la mejora de sus condiciones de vida.

En nuestro partido hemos enfrentado este reto con la cabeza en alto, buscando siempre el bienestar común, para que todos vivamos mejor.

En este sentido, siendo uno de los frutos primigenios de la CENCA, hemos impulsado, siendo ya una realidad, una reforma electoral que estamos convencidos vigorizará a la democracia mexicana.

También hemos aprobado una reforma en materia de justicia, los cambios realizados pondrán en salvaguarda las garantías de protección para los mexicanos y una mejor procuración de la justicia, para proteger siempre a los inocentes que por razones socioeconómicas no pueden acceder a ella.

Estamos convencidos de que la CENCA ha sido un proceso fructífero, responsable, que ha sido impulsado por todos los partidos y que nos ha dejado múltiples lecciones de trabajo parlamentario.

Quizá la lección más importante son las amplias dimensiones que el trabajo de reformar nuestras instituciones y crear un nuevo proyecto de estado significa.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional apoya entre otras propuestas, la de modernizar al Poder Legislativo, la de revisar el esquema federal sobre todo con miras a fortalecer al municipio y la de discutir el tiempo que sea necesario los cambios en el sistema de justicia.

A mi juicio el más significativo es el reconocimiento de los derechos humanos y que por ende debe ser un capítulo central de los cambios que deben hacerse a nuestra Constitución.

Proteger a los ciudadanos reconociendo su igualdad dignidad, estableciendo las condiciones para mejorar las condiciones de vida de todos, pero especialmente de los más pobres, este es el objetivo de una verdadera visión de derechos en la reforma del Estado.

En una sociedad democrática como la que hoy es México, una reforma del Estado no puede ser llevada a cabo mediante saltos abruptos que desestabilicen a la nación, sino a través de pasos firmes que vigoricen el país en el que hoy vivimos y que poco a poco puedan corregir los problemas que nos afectan.

En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ha trabajado para que no perdamos el gran terreno que se ha ganado y que ha hecho posible que hoy nos encontremos ante un intercambio de ideas y una construcción de acuerdos que hasta hace unos años eran impensables.

El proceso de la reforma del Estado ha sido largo y aún falta por recorrer un largo tramo. Estamos consientes de que la CENCA ha sido una etapa en este gran proceso y que el trabajo debe continuar, incluso a un ritmo más acelerado, con la directriz del congreso, con una amplia y continuada la participación de la sociedad civil.

Tenemos ante nosotros la tarea de seguir legislando sobre los valiosos resultados arrojados por la CENCA y actuar con la responsabilidad que conlleva nuestro cargo para el beneficio de México.

Llamamos al Congreso y a la sociedad a estar conscientes de que la reforma del Estado no ha concluido, que, al contrario, se deberán redoblar los esfuerzos. Las iniciativas de la CENCA están terminadas y sólo falta concluir el proceso legislativo que las convierta en normas que contribuyan con el desarrollo y bienestar de nuestra sociedad. El compromiso de mi partido es diáfano y no tiene arrugas: trabajar todos los días por continuar con este proceso de máximo consenso que es el de la reforma del Estado.

Con ese afán hemos trabajando, considerando a la reforma del Estado como ``...una acción permanente que... Hiciera valer en la vida pública la convivencia del hombre integral; una...reforma de estructuras políticas y sociales, para gestionar el bien común'' [González Morín, 1939].

«Posicionamiento del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, relativo a la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos

El proceso de reforma del Estado originado en el Congreso de la Unión y normado por el decreto que crea la Ley para la Reforma del Estado tuvo una vigencia de 12 meses, durante los cuales hubo logros, pero no fue posible alcanzar la meta fijada.

Quienes, como legisladoras y legisladores, nos integramos a los diferentes grupos de trabajo de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos tuvimos la encomienda de establecer mecanismos y conclusiones para que la reforma del Estado fuera democrática, plural y compatible con la participación de las ciudadanas y los ciudadanos.

El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza reconoce que si bien la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción tuvo logros, también hubo desaciertos respecto a las conclusiones no consensuadas y acordadas por la Subcomisión Redactora.

El proceso de reforma del Estado no se ha agotado, las metas no se han cumplido a cabalidad; se encuentra en la lista de espera la presentación de proyectos de iniciativas para reformar nueve leyes en materia de justicia, entre otras, enfatizando que se debe contar con la aprobación de mínimo 17 Congresos estatales.

Como sabemos, nuestra agenda nacional está integrada por varias reformas prioritarias, como la de federalismo, régimen de Estado y gobierno, Poder Judicial, garantías sociales, y democracia y sistema electoral, los cuales son imprescindibles para la reconstrucción y el desarrollo del país.

Por ello resulta irrefutable cimentar consensos que nos permitan tener un mejor esquema de organización y funcionamiento de los poderes públicos, capaces de asumir una sociedad con mayores derechos de decisión y diversas garantías, a través del fortalecimiento del federalismo, esencia del Estado mexicano y punto medular en el equilibrio y la colaboración entre la federación, las entidades federativas y los municipios. Un auténtico federalismo integral que no sólo traslade obligaciones del orden federal al estatal y municipal sino que devuelva y reconozca las facultades recaudatorias que permitan asumir las obligaciones de estos órdenes de gobierno.

Ante la conclusión en la vigencia efímera de esta ley, es necesario construir y consensuar una vez más para así lograr conclusiones en cada uno de los grupos de trabajo y presentar propuestas legislativas más acabadas y, sobre todo, consensuadas por sus integrantes, con objeto de cumplir las prioridades de la agenda nacional y las metas por las que fue creada la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión.

«Posicionamiento del Grupo Parlamentario de Alternativa, sobre la conclusión de los trabajos de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos

Una vez concluida la vigencia de la Ley para la Reforma del Estado, es obligada una evaluación del ejercicio. El proyecto concertó un amplio respaldo de todos los grupos parlamentarios en ambas Cámaras y fue incorporando el interés de diversos sectores y grupos sociales interesados en la reflexión que comenzaba a plantearse.

La consulta pública realizada en una primera etapa sobre los cinco ejes temáticos señalados en la ley, derivó en más de 5 mil 500 ponencias, muchas de las cuales fueron presentadas por un amplio número de organizaciones sociales, sindicales, profesionales, intelectuales y de diversas instituciones.

No obstante lo anterior, el proceso ya comenzaba a observar signos preocupantes: uso discrecional y poco eficiente de los recursos públicos; determinación de prioridades y agendas acordadas por fuera de los órganos legales establecidos; rechazo sistemático a la deliberación abierta de los asuntos, fueron las constantes de los trabajos del llamado ``proceso de construcción de acuerdos''.

Todavía será necesario explicar el uso concreto y los beneficios reportados en una operación por el cual se otorgaron 79 millones de pesos del erario; en la que se aprobaron 61 plazas administrativas de distintos niveles para la operación de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA). Se arrendó un edificio de 5 pisos, el cual tuvo que ser remodelado y equipado para su funcionamiento con un costo de 1.3 millones de pesos aproximadamente.

De los cinco ejes temáticos, sólo la reforma electoral a nivel constitucional se permitió sortear, no sin dificultades y obstáculos, el espíritu de la reforma. La reforma al código electoral fue un perfecto ejemplo de que la construcción de acuerdos no sería más que discurso mal disimulado y peor aún, inacabado, ya que a pesar de las reformas que en materia jurisdiccional habremos de votar próximamente, existe aun una decena de leyes que no se han logrado aprobar.

Del resto de los ejes temáticos, solo la reforma al sistema de justicia ha logrado aprobarse a nivel constitucional, dejando aun pendiente su instrumentación legal. No dejamos de reconocer el avance significativo de dicha reforma, pero es precisamente dicho avance el que deja ver el páramo de las restantes reformas intocadas.

El régimen de gobierno no paso del nivel de la mera especulación política y en el mejor de los casos teórica, como lo fue la pretensión de implantar el semiparlamentario en nuestro país. Por su parte, y no obstante el cúmulo de propuestas e incluso iniciativas ya presentadas en esta legislatura y en las anteriores, todas ellas siguen durmiendo el sueño de los justos. Y mientras esto sucede, los problemas sociales y políticos se reproducen una y otra vez en la escena nacional, optando siempre en la esperanza de que el paso del tiempo habrá de resolverlos. Incluso el actual debate petrolero y los cuestionamientos a las tácticas políticas carecerían de sentido de haberse aprobado ya fórmulas de democracia semidirecta, como fueron presentadas en la mesa correspondiente.

Por su parte, el país sigue esperando la reforma federalista tanto tiempo anunciada.

Pero sin duda, nada más lamentable que los trabajos de la Mesa de trabajo sobre garantías sociales. Y ello, porque no obstante el acuerdo alcanzado originalmente en mas de 93 propuestas originalmente consensuadas de modificaciones legales, a la postre sólo se aprobaron 6 modificaciones, valiosas sin duda, pero por demás limitadas dadas las necesidades de la población del país, pero sobre todo injustificado en función del tiempo invertido y las razones aún no explicadas para su objeción.

Para el Grupo Parlamentario de Alternativa, el balance final dista mucho de ser satisfactorio. De cinco objetivos planteados, apenas dos han brindado medianos resultados por lo inacabado de sus alcances. Con todo respeto lo digo, si ese va a ser el resultado del debate petrolero, el futuro no resulta muy promisorio.»

«Posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD, respecto de la conclusión de los trabajos de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos

La conclusión de los trabajos de la CENCA nos da la oportunidad de hacer una reflexión sobre este accidentado proceso de búsqueda de consensos.

Cabe recordar que la Ley para la Reforma del Estado crea un mecanismo de excepción que nos obliga como legisladores y legisladoras a construir acuerdos en un contexto en extremo delicado y polarizado. Sólo a través de la voluntad se transforma, se da contenido y se promueve la tolerancia y los principios democráticos.

Esta ley intentó abrir un proceso de participación para que la ciudadanía presentara sus propias visiones y propuestas para reformar al Estado mexicano. Quedó claro, con más de 6 mil propuestas presentadas, que existe una percepción social de necesidad de cambio constitucional profundo en el Estado mexicano, por cierto, discordante con la visión parlamentaria.

Reconocemos que setenta y dos acuerdos impulsados por el PRD ya son texto constitucional y legal vigente en materia electoral, otros 30 acuerdos ya forman parte de la reforma constitucional al Poder Judicial.

Logramos reducir el costo de las elecciones, aumentar las capacidades fiscalizadoras del IFE y acotar el papel de los medios de comunicación en la competencia política, reduciendo la presencia de los partidos políticos en los medios electrónicos a los tiempos del Estado, administrados exclusivamente por la autoridad electoral. Acortamos el tiempo de las campañas, regulamos las precampañas. Sin embargo, no atinamos a avanzar en la ley de partidos y tampoco en la paridad electoral.

En justicia, la reforma plantea la profesionalización de los cuerpos policiales y judiciales, y se modifica el sistema penal inquisitorio por el sistema penal acusatorio con presunción de inocencia en rango constitucional; sin embargo persisten las facultades extras al Ministerio Público y permanece la averiguación previa como un minijuicio.

En el tema de régimen de Estado y de gobierno, logramos impulsar acuerdos que fortalecen las facultades del Poder Legislativo, pero claudicamos en el aspecto fundamental de cambiar el sistema presidencial que lleva ya once años estancado en una crisis por estar encuadrados en un esquema de gobierno de minoría ineficaz e inoperante.

Se logró también acuerdos para fortalecer las atribuciones del régimen municipal, retirando por ejemplo las restricciones para la libre asociación entre municipios, y la creación de los espacios de desarrollo metropolitano.

Reconozco lo anterior en el afán de honrar el trabajo de muchos legisladores y de muchas legisladoras de buena fe que lograron avances parciales. Sin embargo, el ejercicio de la reforma del Estado quedó corto por la decisiones verticales y autoritarias de los operadores para la construcción de acuerdos. Escamotearon los acuerdos que no se lograron en las cuatro mesas ya referidas, y simplemente dinamitaron todo el trabajo de la mesa de garantías sociales que incluso presidieron ellos.

Quiero mencionar que, en este ámbito, desarrollamos un arduo trabajo de más de seis meses y más de 70 reuniones en las que participaron diputados, senadores, asesores, organizaciones no gubernamentales, académicos, la oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El resultado de ese esfuerzo se tradujo en el aparente acuerdo de todos los partidos políticos sobre 93 reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El PAN debatió, propuso y avaló estas reformas.

Sin embargo, compañeros, quiero denunciar ante este pleno la actitud soberbia e irresponsable de Acción Nacional que a pesar de haber contado con interlocutores formales en las mesas de trabajo de garantías sociales, una vez concluida la construcción de acuerdos, al pasar a la fase de redacción de iniciativas, sin ninguna ética política, sin ningún argumento sólido y con la sinrazón de la arrogancia, se retractaron de lo previamente acordado. El motivo: ordenes de poderes fácticos que influyen en las decisiones de los legisladores del PAN.

Para Acción Nacional, los derechos humanos, la equidad de género, el desarrollo humano sustentable, el combate al hambre, a la pobreza, a la discriminación, la igualdad de oportunidades, el combate al deterioro ambiental y el cuidado, aprovechamiento y uso del agua son lisonjas que sólo quedaron escritas en los temas legislativos para la agenda nacional propuesta por Felipe Calderón. Sólo quimeras.

A pesar de ello, se construyó el mayor consenso posible entre los Grupos Parlamentarios del PRD, PT, Convergencia, PRI, Nueva Alianza y PVEM mediante 7 iniciativas, las cuales se presentaron el 9 de abril del año en curso, en la última reunión de la Subcomisión Redactora de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos, con los temas de derechos humanos, derechos económicos, sociales y ambientales, derechos de las mujeres y transversalidad de la perspectiva de género, derechos de los pueblos indígenas, derechos de niñas, niños y adolescentes, derecho a la identidad y laicidad.

Estas iniciativas que generaron el mayor consenso seguirán la ruta de un proceso legislativo ordinario.

Hago un paréntesis para mencionar que en un último esfuerzo el tema de educación se apartó a fin de generar un consenso más amplio, que aún se encuentra en construcción. Hacemos votos porque la cordura se sobreponga a las imposiciones del Ejecutivo.

La reforma del Estado nos brindó la oportunidad de mostrarle a la sociedad el modelo de país queremos, ahí cada partido puso sus cartas sobre la mesa, el PAN apoyo reformas estructurales, pero fue huérfano de propuestas en el tema social y quedó en la peor de las orfandades. En el tema de derechos humanos, el PAN juega a deslindar al Estado de su responsabilidad de generar bienestar social. Juega, además, a evitar la laicidad, pensando que la permanencia de un Estado confesional legitimara su llegada oscura al poder.

Frente a la incipiente reforma social, coartada desde el Ejecutivo con el sometimiento de los Grupos Parlamentarios del PAN en ambas Cámaras, queremos dejar claro que el PRD mantiene su convicción de impulsar el fortalecimiento de un Estado democrático, social, laico y de derecho, que genere las condiciones para el desarrollo de una sociedad justa, armónica, equitativa e incluyente, en la que todos los mexicanos y las mexicanas tengan igualdad de oportunidades. El esfuerzo realizado para ello sigue vigente y el debate aún no termina.

Concluyo señalando que entre los individuos como entre las naciones, el respeto a los derechos humanos es la paz.

PRESIDENCIA MESA DIRECTIVA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Al presentar su voto particular en torno al juicio de creación del juicio de amparo el 5 de abril de 1847, Mariano Otero afirmó la necesidad de llamar a todos los intereses a ser representados y no proclamar el duro y absoluto imperio de la mayoría sin el equilibrio de la representación de las minorías.

Durante este periodo el trabajo legislativo no ha sido sencillo, pues la pluralidad de la Cámara se ha expresado y nos ha obligado a redoblar esfuerzos para conjugar y consensuar todas las visiones representadas.

Hemos buscado el equilibrio entre las mayorías y minorías e intentado conjugar responsabilidad institucional con posiciones políticas diferentes. Entre la decisión de actuar institucionalmente y asumir una posición parcial, los integrantes de esta Mesa Directiva privilegiamos la visión institucional que creemos es la que obliga a este órgano legislativo y de representación y la que demandan los habitantes de este país.

Durante este segundo periodo se llevaron a cabo 27 sesiones, donde hemos construido los acuerdos necesarios para aprobar reformas sustanciales que en breve darán frutos tangibles a nuestra sociedad en distintos ámbitos.

Tal es el caso de la Ley que crea el Fideicomiso de Administración al Fondo de Apoyo Social para Trabajadores Migratorios Mexicanos; Ley de Fiscalización Superior de la Federación; Ley del Seguro Social; Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente; Ley de Aguas Nacionales; Ley de Institutos de Salud.

Mención especial merecen los trabajos que fortalecieron la vida democrática de la república, reformas al Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral.

La aprobación de reformas para construir nuevas herramientas que afiancen nuestro sistema de justicia y seguridad pública, y las que fortalecen el desarrollo nacional y regional con la aprobación de la reforma hacendaria y el paquete económico presupuestal.

Ninguna reforma, ley o trabajo legislativo puede ser considerado completo si carece de la voz de todos los representantes de la nación. La Cámara de Diputados es la casa de los mexicanos y, como tal, debe mantener la altura de visión, debe convocar a la nación a plantearse las grandes transformaciones que aseguren nuestro futuro y el de las generaciones precedentes.

Al concluir este segundo periodo del segundo año de ejercicio, nos sentimos obligados a convocar a todos nuestros compañeros a buscar con nuestro trabajo legislativo el privilegio del diálogo, la supremacía de las coincidencias y el matiz de las diferencias.

La LX Legislatura tiene en sus manos una parte de la historia nacional y es responsable de los destinos futuros, pero también mantiene el peligro de convertirse en un frontón de ecos donde todos hablen y griten e impidan escuchar a los otros.

La democracia se construye día a día con actitudes de respeto al otro, de respeto a las minorías y de permanente diálogo, para entender y zanjar las diferencias. La LX Legislatura tiene muchos saldos por cubrir y el tiempo es cada vez menor. Exhorto a todos los compañeros a cumplir la responsabilidad a la que nos convocaron los ciudadanos, y a formular y completar la agenda legislativa que México requiere.

Aprovecho la ocasión también para manifestar mi agradecimiento al Presidente de la Cámara de Senadores, con quien he mantenido una relación de coordinación de todos los temas que nos incumben a las dos Cámaras.

Así también, agradezco muy grandemente el apoyo que le ha dado a esta Presidencia el personal de la Cámara, el personal técnico, por supuesto, los compañeros diputados, todos y cada uno de los integrantes de esta Mesa Directiva.

Pero sobre todo, agradezco el trabajo profesional y comprometido de nuestros líderes parlamentarios: Héctor Larios Córdova , Javier González Garza , Emilio Gamboa Patrón , Gloria Lavara Mejía , Alejandro Chanona Burguete , Aída Marina Arvizu Rivas , Silvia Luna Rodríguez y Ricardo Cantú Garza .

Por último, quiero concluir diciendo que no se despidan de mí, porque todavía pienso estar en los siguientes periodos extraordinarios. Muchas gracias.

CAMARA DE DIPUTADOS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : La Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, participará que la Cámara de Diputados cerró su segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LX Legislatura, por escrito, al ciudadano Presidente de la República, a la Cámara de Senadoresy a la Asamblea Legislativa delDistrito Federal.

Se invita a los presentes a ponerse de pie para hacer la clausura.

(Puestos los presentes de pie)

DECLARATORIA DE CLAUSURA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Hoy, 30 de abril de 2008, la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio.

Se va a proceder a entonar nuestro Himno Nacional.

(Se entona el Himno Nacional Mexicano)

¡Viva México, compañeros!

ACTA DE LA PRESENTE SESION

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Consulte la Secretaría a la asamblea si se da por leída el acta de esta sesión.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se da por leída el acta de esta sesión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el miércoles treinta de abril de dos mil ocho, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia de la Diputada Ruth Zavaleta Salgado

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las doce horas con siete minutos del miércoles treinta de abril de dos mil ocho, con la asistencia de doscientos noventa y cinco diputadas y diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.

Desde su curul, la diputada Mónica Fernández Balboa , del Partido de la Revolución Democrática, hace comentarios en relación con la recién instalación de la Comisión Permanente y lo que establecen los artículos ciento dieciséis y ciento dieciocho, fracción primera, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La Asamblea dispensa la lectura del Orden del Día en votación económica.

La Asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica.

Desde sus respectivas curules intervienen los diputados del Partido de la Revolución Democrática: José Jacques y Medina , para hacer comentarios en relación con una minuta a la que se dispensaron todos los trámites en la sesión del veintinueve de abril de dos mil ocho; Mónica Fernández Balboa , para solicitar información en relación a la instalación de la Comisión Permanente y la Presidencia solicita la lectura de un fragmento de la versión estenográfica de la sesión de instalación de la misma; y Javier González Garza , para proponer el envío de la intervención de la diputada Mónica Fernández Balboa , a la Comisión Permanente y la Presidencia otorga tal petición.

En votación económica, la Asamblea aprueba el Acta de la Sesión Anterior.

Presidencia del diputado Luis Sánchez Jiménez

Solicitan licencia por tiempo indefinido para separarse de sus funciones, a partir de esta fecha, como diputados federales del Partido Verde Ecologista de México, los ciudadanos: María Guadalupe Josefina García Noriega , electa en la Tercera Circunscripción Plurinominal y Sergio Augusto López Ramírez , electo en la Segunda Circunscripción Plurinominal.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

En sendas votaciones económicas, la Asamblea aprueba los puntos de acuerdo por los que se conceden las licencias solicitadas y se llama a los suplentes.

La Presidenta comunica a la Asamblea que a las puertas del Salón de Sesiones se encuentran los ciudadanos Beatriz Manrique Guevara y Pascual Bellizzia Rosique, electos como diputados federales suplentes en la segunda y tercera circunscripciones nominales, quienes acompañados de una comisión designada, rinden su protesta y entran en funciones de inmediato.

La Secretaría da lectura a acuerdos de la Junta de Coordinación Política:

• Por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación y a la Auditoría Superior de la Federación investiguen y, en su caso, determinen presuntas irregularidades por la entrega de recursos públicos por parte del Gobierno del estado de Jalisco, para la construcción del santuario de los Mártires Mexicanos. En votación económica, la Asamblea lo aprueba. Comuníquese.• Por el que se autoriza una prórroga a la vigencia de la Comisión Especial para el Seguimiento a las Denuncias Presentadas por el Presunto Ejercicio Indebido de Servicio Público en la Presidencia de la República, durante la Gestión del Ciudadano Vicente Fox Quesada. Se otorga el uso de la Tribuna, para referirse al tema, al diputado: Juan de Dios Castro Muñoz , quien acepta interpelaciones de los diputados Valentina Valia Batres Guadarrama , del Partido de la Revolución Democrática y Luis Enrique Benítez Ojeda , del Partido Revolucionario Institucional. Contestan alusiones personales los diputados Víctor Leopoldo Valencia de los Santos , del Partido Revolucionario Institucional y Juan de Dios Castro Muñoz , del Partido Acción Nacional. Continúan con el tema los diputados: Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Partido de la Revolución Democrática; Alma Edwviges Alcaraz Hernández y

Presidencia del diputado Luis Sánchez Jiménez

Juan José Rodríguez Prats , del Partido Acción Nacional, quien acepta interpelación del diputado Elías Cárdenas Márquez , de Convergencia. En votación económica, la Asamblea aprueba el acuerdo. Comuníquese.• Se autoriza una prórroga a la vigencia de la Comisión de Investigación Encargada de Revisar la Legalidad de los Contratos de Obra Pública, Concesiones, Contratos de Suministros de Bienes de Consumo o de Compra Venta de Bienes Inmuebles de Titularidad Pública, otorgada por Organismos Descentralizados o Empresas de Participación Estatal Mayoritaria a la Empresa Construcciones Prácticas, Sociedad Anónima de Capital Variable y Cualesquiera otras que tuvieran relación con la misma. En votación económica la Asamblea lo aprueba. Comuníquese.• Se modifican los lineamientos para la asignación de boletos de avión y viáticos a las diputadas y diputados para la realización de viajes de trabajo en territorio nacional, acordados por las Comisiones y Comités. En votación económica, la Asamblea lo aprueba. Comuníquese.• Por el que se aprueban las normas y lineamientos en materia administrativa y financiera que en el mismo se indican. En votación económica, la Asamblea lo aprueba. Comuníquese.

A las trece horas con doce minutos, la Secretaría instruye el cierre del Sistema Electrónico de Asistencia, con un registro de cuatrocientos cincuenta y dos diputadas y diputados.

Se reciben del Senado de la República:

a) Para los efectos del inciso d) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, minuta con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables.

b) Iniciativas con proyecto de decreto presentadas por los senadores:

• Ramiro Hernández García, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Rural.• Alfonso Elías Serrano, del Partido Revolucionario Institucional, que adiciona el artículo dieciséis de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.• Alfonso Elías Serrano, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona el artículo cuarto del Decreto que reforma, adiciona, deroga y abroga diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal; de la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, del veintiuno de diciembre de dos mil siete. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaría da lectura a acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se presenta al Pleno de la honorable Cámara de Diputados, la propuesta del nombre para ocupar el cargo de Contralor General del Instituto Federal Electoral. Desde su curul, el diputado Horacio Emigdio Garza Garza , del Partido Revolucionario Institucional, solicita moción suspensiva y la Presidencia hace aclaraciones. Se procede a la elección correspondiente por cédula y después del escrutinio y cómputo respectivos, la Secretaría informa que se aprueba la propuesta antes referida por trescientos sesenta y siete votos en pro, cuarenta y nueve en contra, seis abstenciones y cinco votos para otras propuestas. Con fundamento en los artículos cuarenta y uno, base quinta, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo treinta y cuatro numeral uno, inciso h) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente declara electo al ciudadano Gregorio Guerrero Pozas, para ocupar el cargo de Contralor General del Instituto Federal Electoral. Comuníquese.

Desde sus respectivas curules, los diputados del Partido de la Revolución Democrática: Holly Matus Toledo y Juan Nicasio Guerra Ochoa , solicitan moción de procedimiento, con el fin de abordar el posicionamiento relativo a la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos, la Presidencia hace las aclaraciones y la Asamblea, en votación económica, autoriza abordar el tema a continuación de los dictámenes a discusión.

En votación económica la Asamblea dispensa la lectura del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Puntos Constitucionales, que reforma el párrafo quinto de la fracción primera del artículo ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Queda de Primera lectura. Se otorga el uso de la Tribuna a la diputada Mónica Fernández Balboa , del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una moción de procedimiento en relación con el dictamen mencionado con anterioridad y solicita la lectura de los artículos treinta, fracción cuarta, y noventa y cinco, primer párrafo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la Presidencia dispone lo conducente. Desde sus respectivas curules, comentan el procedimiento llevado a cabo para la discusión y votación de este asunto los diputados: Javier González Garza , del Partido de la Revolución Democrática; Juan José Rodríguez Prats , del Partido Acción Nacional; Valentina Valia Batres Guadarrama , del Partido de la Revolución Democrática; Emilio Gamboa Patrón , del Partido Revolucionario Institucional y Francisco Elizondo Garrido , del Partido Verde Ecologista de México, quien solicita en base a los artículos cincuenta y nueve y sesenta del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la dispensa de la segunda lectura. Aluden, desde sus respectivas curules, a la propuesta antes mencionada, los diputados del Partido de la Revolución Democrática: Valentina Valia Batres Guadarrama , Gerardo Villanueva Albarrán y Mónica Fernández Balboa , quien objeta la dispensa de la segunda lectura y solicita que dicho trámite se decida en votación nominal y la Presidencia instruye la apertura del Sistema Electrónico de Votación. Con un resultado de doscientos setenta votos en pro, ciento dieciséis en contra y cinco abstenciones, y por mayoría calificada, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto. Se otorga el uso de la Tribuna a los diputados: Juan José Rodríguez Prats , del Partido Acción Nacional, en contra; y en pro: Francisco Elizondo Garrido , del Partido Verde Ecologista de México; Adolfo Mota Hernández , del Partido Revolucionario Institucional; Rogelio Carbajal Tejada y Carlos Alberto Navarro Sugich , ambos del Partido Acción Nacional, quien acepta interpelaciones de los diputados Claudia Lilia Cruz Santiago , del Partido de la Revolución Democrática y Pablo Leopoldo Arreola Ortega , del Partido del Trabajo. En votación económica la Asamblea considera el asunto suficientemente discutido. La Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria por trescientos cuarenta votos en pro, treinta y uno en contra y diecinueve abstenciones. El Presidente decreta aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa a las legislaturas de los estados para sus efectos constitucionales.

La Asamblea dispensa la lectura en votación económica del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Puntos Constitucionales, que reforma el artículo sesenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde su curul, la diputada Yadhira Yvette Tamayo Herrera , del Partido Acción Nacional, solicita, en base a los artículos cincuenta y nueve y sesenta del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la dispensa de la segunda lectura. En votación económica, la Asamblea obsequia en votación económica dicha petición. La Secretaría da lectura a Fe de Erratas remitida por la comisión y la Presidencia instruye se anexe al expediente. Interviene en contra el diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa , del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica, la Asamblea considera el asunto suficientemente discutido. La Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria, por mayoría calificada, por trescientos siete votos en pro, treinta y nueve en contra y treinta y un abstenciones. El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Puntos Constitucionales, que reforma los artículos cuarenta, ciento quince y ciento treinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Queda de Primera Lectura.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del dictamen con proyecto de decreto de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Atención a Grupos Vulnerables, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Queda de Primera Lectura. Desde su curul, el diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla , del Partido de la Revolución Democrática, solicita la dispensa de la segunda lectura que la Asamblea autoriza en votación económica. Se considera el asunto suficientemente discutido en votación económica. La Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria por trescientos cincuenta y cinco votos en pro, ninguno en contra y una abstención. El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

En votación económica, la Asamblea, no autoriza la dispensa de la lectura del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Cultura, que expide la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro y la Secretaría procede a su lectura. Desde sus respectivas curules, solicitan moción de procedimiento, para obviar la lectura, los diputados: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Partido de la Revolución Democrática; Armando García Méndez , de Alternativa; Adrián Fernández Cabrera , del Partido Acción Nacional; Manuel Cárdenas Fonseca , de Nueva Alianza, en dos ocasiones; Javier González Garza , del Partido de la Revolución Democrática; Carlos Ernesto Zatarain González , del Partido Revolucionario Institucional y en votación económica, se considera omitir la lectura del dictamen, quedando de Primera Lectura. Desde su curul, el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Partido de la Revolución Democrática, solicita a nombre de la comisión y con fundamento en los artículos cincuenta y nueve y sesenta del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la dispensa de la segunda lectura que en votación económica, la Asamblea otorga. La Secretaría da lectura a Fe de Erratas remitida por la comisión y la Presidencia instruye incorporarla al expediente.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria por mayoría calificada de trescientos catorce votos en pro, treinta y dos en contra y ocho abstenciones. La Presidenta declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

La Presidencia informa que a solicitud de las comisiones de Justicia y de Gobernación, se retira el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

La Asamblea, en votación económica, dispensa la lectura del dictamen con proyecto de decreto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, que expide la Ley de Uniones de Crédito y adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. La Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria por trescientos treinta y cinco votos en pro, ninguno en contra y una abstención. La Presidenta declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Desde sus respectivas curules las diputadas Maricela Contreras Julián , del Partido de la Revolución Democrática y Martha Angélica Tagle Martínez , de Convergencia, solicitan moción de procedimiento, para discutir y aprobar todos los dictámenes contenidos en el Orden del Día y la Presidenta hace la aclaración.

En sendas votaciones económicas, la Asamblea dispensa las lecturas de los dictámenes con proyecto de decreto de las comisiones:

a) De Hacienda y Crédito Público:

• Que adiciona el artículo treinta y nueve de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. La Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria por trescientos veintiséis votos en pro, ninguno en contra y cinco abstenciones. La Presidenta declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.• Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal y deroga el artículo Noveno Transitorio del Decreto que expide la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil uno. La Presidenta anuncia a la Asamblea, con fundamento en el artículo ciento treinta y cuatro del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la reserva del diputado Pablo Trejo Pérez , del Partido de la Revolución Democrática del artículo cuatro, fracción décima Ter. La Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, misma que resulta aprobatoria por trescientos veinticinco votos en pro, ninguno en contra y cuatro abstenciones. Se otorga el uso de la Tribuna al diputado Pablo Trejo Pérez , del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al artículo reservado y propone modificaciones, que en votación económica, se desechan. Desde su curul, el diputado Javier González Garza , del Partido de la Revolución Democrática, realiza observaciones con relación al procedimiento. La Secretaría recoge la votación del artículo cuatro, fracción décima ter, del proyecto de decreto, que se aprueba en los términos del dictamen por doscientos treinta votos en pro, treinta y seis en contra y diecinueve abstenciones. La Presidenta declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales.

b) Justicia, que:

• Deroga el Capítulo cuarto del Título Decimoquinto del Libro Segundo del Código Penal Federal. Interviene en pro la diputada Maricela Contreras Julián , del Partido de la Revolución Democrática. La Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria por trescientos un votos en pro, treinta y uno en contra y ocho abstenciones. La Presidenta declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.• Adiciona un párrafo tercero al artículo trescientos quince Bis del Código Penal Federal. La Secretaría da lectura a Fe de Erratas suscrita por la comisión y la Presidencia instruye anexarla al expediente. La Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria por trescientos veintiún votos en pro, uno en contra y dieciocho abstenciones. La Presidenta declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.• Reforma el primer párrafo del artículo doscientos cuarenta y siete del Código Penal Federal. La Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria por trescientos veintinueve votos en pro, ninguno en contra y tres abstenciones. La Presidenta declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.• Reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal. La Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria por trescientos veinticinco votos en pro, ninguno en contra y seis abstenciones. La Presidenta declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.• Reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Penales. La Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria por trescientos dieciocho votos en pro, ninguno en contra y una abstención. La Presidenta declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.• Reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal. La Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria por trescientos veinticinco votos en pro, ninguno en contra y cinco abstenciones. La Presidenta declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.• Reforma el párrafo primero y adiciona un párrafo tercero al artículo ciento ochenta y dos-R del Código Federal de Procedimientos Penales. La Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria por trescientos veintiocho votos en pro, uno en contra y una abstención. La Presidenta declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

c) De Defensa Nacional, que adiciona un párrafo segundo al artículo uno de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Se concede el uso de la Tribuna para hablar en pro a las diputadas Martha Angélica Tagle Martínez , de Convergencia y Maricela Contreras Julián , del Partido de la Revolución Democrática. La Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria por trescientos treinta y ocho votos. La Presidenta declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

La Secretaría da lectura a solicitud de la Junta de Coordinación Política, para que se incluya en el Orden del Día, con dispensa de trámites, el dictamen con proyecto de decreto de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Equidad y Género, que adiciona un párrafo a los artículos diez y ciento veintidós y reforma el artículo ciento treinta dos de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. En sendas votaciones económicas, la Asamblea autoriza incluir el dictamen en el orden del día y dispensar la primera y segunda lectura. La Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, misma que resulta aprobatoria por trescientos treinta y dos votos en pro, ninguno en contra y dos abstenciones. La Presidenta declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

La Secretaría da lectura a solicitud de la Junta de Coordinación Política, para que se incluya en el Orden del Día cambios en comisiones. En votación económica, la Asamblea autoriza su inclusión y la Secretaría da lectura a los mismos que comunican:

- La sustitución del diputado Miguel Ángel Navarro Quintero por el diputado Rafael Plácido Ramos Becerril en la presidencia de la Comisión de Seguridad Social.- Las bajas, como integrantes, de los diputados:• Maricela Contreras Julián , del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.• Manuel Salvador Salgado Amador , de la Comisión de Cultura.• Antonio Xavier López Adame , de la Comisión de Turismo.• Ana María Ramírez Cerda , de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.• María Guadalupe Josefina García Noriega , de las comisiones de Asuntos Indígenas, de Desarrollo Social y de Pesca.- Las altas, como integrantes, de los diputados:• Antonio Xavier López Adame , de la Comisión de Cultura.• Manuel Salvador Salgado Amador , de la Comisión de Pesca.• Ana María Rodríguez Cerda, de la Comisión de Turismo.• Pascual Bellizzia Rosique, de las comisiones de: Asuntos Indígenas; Desarrollo Rural y Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.- Las bajas, como integrantes, de los diputados:• Sergio Augusto López Ramírez , de las comisiones de: Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Vivienda.• Jesús Sesma Suárez , de la Comisión de Derechos Humanos.- Las altas, como integrantes, de los diputados:• Beatriz Manrique Guevara, de las comisiones de: Derechos Humanos, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Vivienda.• Jesús Sesma Suárez , de la Comisión de Economía.

En votación económica la Asamblea aprueba los cambios solicitados.

Se recibe comunicación del diputado José de la Torre Sánchez , del Partido Acción Nacional, por la que informa la reincorporación a sus labores legislativas, a partir del primero de mayo de dos mil ocho. De enterado. Comuníquese.

Se turnan a la Comisión de Salud, minutas con proyecto de decreto que:

• Reforma el segundo párrafo del artículo doscientos doce de la Ley General de Salud.• Adiciona una fracción sexta al artículo sesenta y uno de la Ley General de Salud.

La Presidenta anuncia a la Asamblea que, de conformidad con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado el veinticuatro de abril de dos mil ocho, las iniciativas con proyecto de decreto y de ley, así como las proposiciones con punto de acuerdo inscritas en el orden del día, serán turnadas a las comisiones correspondientes, ordena la inserción de los textos íntegros en el Diario de los Debates y la publicación en la Gaceta Parlamentaria de los trámites dictados para cada uno de los asuntos.

Desde su curul, la diputada Holly Matus Toledo , del Partido de la Revolución Democrática, solicita abordar el tema en relación con la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos y de común acuerdo con la Presidencia, se instruye insertar íntegros los discursos al respecto en el Diario de los Debates, así como su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

La Presidenta de la Mesa Directiva, dirige a la Asamblea un mensaje con respecto a la clausura de los trabajos del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de la Sexagésima Legislatura.

Con fundamento en el artículo once del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidenta informa que participará por escrito que la Cámara de Diputados cierra su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura: al Presidente de la República, la Cámara de Senadores y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Puestos todos de pie, la Presidenta declara:

``Hoy, treinta de abril de dos mil ocho, la Cámara de Diputados de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de la Unión, declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio''.

La Asamblea entona el Himno Nacional Mexicano.

Se autoriza en votación económica, que el acta de la presente sesión se dé por leída y se distribuyan copias de la misma a los grupos parlamentarios para su revisión y aprobación.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobada.

CLAUSURA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (a las 19:52 horas): Se levanta la sesión.

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RESUMEN DE TRABAJOS

Clausura del segundo periodo de sesiones ordinarias correspondiente al segundo año de ejercicio de la LX Legislatura
• Tiempo de duración: 7 horas 45 minutos.
• Quórum a la apertura de sesión: 295 diputados.
• Asistencia al cierre de registro: 452 diputados.
• Diputados que solicitan licencia: 2.
• Diputados suplentes que se incorporan: 2.
• Diputado que se reincorpora: 1.
• Comisión reglamentaria y protocolaria: 1.
• Acuerdos de la Junta de Coordinación Políticaaprobados: 6.
Diputados por grupo parlamentario que participaron durante la sesión: 431PAN-136, PRD-127, PRI-106, Convergencia-10, PVEM-17, PT-8, Nueva Alianza-23, Alternativa-4.
• Se recibió:
• 3 oficios de la Junta de Coordinación Política, con los que comunica cambios en la integración del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género; de las Comisiones de Seguridad Social; de Cultura; de Turismo; de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios; de Asuntos Indígenas; de Desarrollo Social; de Pesca; de Desarrollo Rural; de Economía; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Vivienda y de Derechos Humanos;
• 189 proposiciones con punto de acuerdo;
• 1 minuta con proyecto de decreto para los efectos del inciso d) del artículo 72 constitucional
• 3 iniciativas de senadores del PRI;
• 2 minutas con proyectos de decreto;
• 177 iniciativas remitidas de la siguiente forma:
40 PAN 45 PRD 62 PRI 3 Convergencia 15 PVEM 2 PT 9 Nueva Alianza 1 Alternativa
• Dictámenes de primera lectura:
• 1 de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
• 1 de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
• 1 de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 40, 115 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
• 1 de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación;
• 1 de la Comisión de Cultura, con proyecto de decreto que expide la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro;
• 1 de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Equidad y Género con proyecto de decreto que adiciona los artículos 10 y 122 y reforma el artículo 132 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
• Dictámenes aprobados:
• 1 de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma la fracción I del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
• 1 de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
• 1 de las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos, y de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación;
• 1 de la Comisión de Cultura, con proyecto de decreto que expide la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro;
• 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que expide la Ley de Uniones de Crédito, y adiciona y reforma la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;
• 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 39 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros;
• 1 de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal y deroga el artículo noveno transitorio del decreto que expide la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2001;
• 1 de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se deroga el Capítulo IV del Título Décimo Quinto del Libro Segundo del Código Penal Federal;
• 1 de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 315 Bis del Código Penal Federal;
• 1 de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 247 del Código Penal Federal;
• 1 de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal;
• 1 de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Penales;
• 1 de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma los artículos 149 Bis, 366, 366 Ter y 366 Quáter del Código Penal Federal;
• 1 de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero y adiciona un párrafo tercero al artículo 182-R del Código Federal de Procedimientos Penales;
• 1 de la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 1o. de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos;
• 1 de las Comisiones Unidas de Defensa Nacional y de Equidad y Género, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 10 y 122 y reforma el artículo 132 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

• Aguilera Rico, José Luis(Convergencia) Estado de Guanajuato (anexo VII): 27
• Aispuro Torres, José Rosas(PRI) Ley de Coordinación Fiscal (anexo VI): 773
• Alavez Ruiz, Aleida(PRD) Artículos 2, 27, 42, 43 y 73 constitucionales (anexo III): 342
• Alavez Ruiz, Aleida(PRD) Juan Camilo Mouriño Terrazo (anexo VII): 59
• Alavez Ruiz, Aleida(PRD) Ley de Amnistía para todos los Presos, Desaparecidos y Perseguidos por Motivos Políticos de Jurisdicción Federal o del ámbito del Distrito Federal (anexo I): 67
• Alcántara Núñez, Jesús Sergio(PRI) Estado de México (anexo VIII): 309
• Alcántara Núñez, Jesús Sergio(PRI) Programas de estudio sobre cambio climático (anexo VIII): 296
• Alcántara Núñez, Jesús Sergio(PRI) Sector agrario (anexo VIII): 305
• Alcántara Núñez, Jesús Sergio(PRI) Tarifas de telefonía fija básica (anexo VIII): 298
• Alcaraz Hernández, Alma Edwviges(PAN) Ley de Coordinación Fiscal (anexo I): 84
• Alcaraz Hernández, Alma Edwviges(PAN) Vicente Fox Quesada: 60
• Almazán González, José Antonio(PRD) Compañía de Luz y Fuerza del Centro (anexo VII): 148
• Amador Leal, Narcizo Alberto(PRI) Estado de Puebla (anexo VIII): 335
• Amador Leal, Narcizo Alberto(PRI) Ley de Amparo (anexo III): 415
• Amador Leal, Narcizo Alberto(PRI) Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (anexo I): 94
• Amaro Corona, Alberto(PRD) Ley General de Población (anexo III): 328
• Amaro Corona, Alberto(PRD) Voto de mexicanos en el extranjero (anexo VIII): 180
• Aragón Castillo, Irene(PRD) Artículo 4 constitucional (anexo VI): 817
• Arévalo González, José Antonio(PVEM) Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos - Ley General de Protección Civil (anexo III): 404
• Arredondo Ibarra, Salvador(PAN) Estado de México (anexo VII): 49
• Arreola Calderón, Juan Darío(PRD) Red telefónica Distrito Federal - municipios del estado de México (anexo VII): 173
• Arreola Ortega, Pablo Leopoldo(PT) Artículo 116 constitucional: 134
• Arriola, Mónica (Nueva Alianza) Alejandro Ordaz Moreno (anexo VIII): 279
• Arriola, Mónica (Nueva Alianza) Delitos de pederastia y pornografía infantil (anexo VII): 43
• Arriola, Mónica (Nueva Alianza) Ley General de Cultura Física y Deporte (anexo III): 406
• Ávila Mayo, Obdulio(PAN) Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros (anexo III): 424
• Badillo Martínez, Roberto(PRI) Artículo 129 constitucional (anexo VI): 795
• Barajas del Toro, Salvador(PRI) Estado de Jalisco (anexo VII): 134
• Barajas del Toro, Salvador(PRI) Universidad Pedagógica Nacional (anexo VII): 128
• Barajas López, Ramón(PRI) Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos (anexo V): 658
• Barajas López, Ramón(PRI) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (anexo II): 177
• Barradas Miravete, Gregorio(PAN) Sector rural (anexo VII): 94
• Barreiro Pérez, Armando(PRD) Estado de San Luis Potosí (anexo VIII): 331
• Barreiro Pérez, Armando(PRD) Sistema de alarma sísmica (anexo VIII): 342
• Barreiro Pérez, Armando(PRD) Tren suburbano Buenavista-Cuautitlán (anexo VII): 140
• Batres Guadarrama, Valentina Valia(PRD) Artículo 116 constitucional: 123, 126
• Batres Guadarrama, Valentina Valia(PRD) Vicente Fox Quesada: 57
• Beltrán Montes, Israel(PRI) Ley de Desarrollo Rural Sustentable (anexo VI): 781
• Benítez Ojeda, Luis Enrique(PRI) Artículo 20 constitucional (anexo III): 399
• Benítez Ojeda, Luis Enrique(PRI) Código Federal de Procedimientos Penales - Código Federal de Procedimientos Civiles (anexo IV): 568
• Benítez Ojeda, Luis Enrique(PRI) Diálogo entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo (anexo VII): 131
• Benítez Ojeda, Luis Enrique(PRI) Ley del Archivo General de la Administración Pública Federal - Ley Orgánica de la Administración Pública Federal - Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (anexo IV): 523
• Benítez Ojeda, Luis Enrique(PRI) Ley General de Salud (anexo IV): 505
• Benítez Ojeda, Luis Enrique(PRI) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal - Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública - Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República - Código Federal de Procedimientos Penales (anexo I): 150
• Benítez Ojeda, Luis Enrique(PRI) Vicente Fox Quesada: 58
• Blanco Pajón, José Luis(PRI) Telefonía celular (anexo VIII): 277
• Borrego Estrada, Felipe(PAN) Artículo 107 constitucional (anexo II): 227
• Bracho González, Carlos Augusto(PAN) Artículo 51 constitucional (anexo IV): 495
• Bracho González, Carlos Augusto(PAN) Contaminación acústica (anexo VIII): 259
• Bracho González, Carlos Augusto(PAN) Ley General para el Control del Tabaco (anexo VIII): 193
• Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh (PRD) Ley General de Educación: 167
• Buganza Salmerón, Gerardo(PAN) Ley General de Salud - Ley de Asistencia Social (anexo V): 764
• Caballero Camargo, Gustavo (PRI) Programa de Atención a Adultos Mayores de 70 años y Más (anexo VIII): 207
• Cantú Garza, Ricardo(PT) Ley General de Educación (anexo II): 220
• Cantú Garza, Ricardo(PT) Mina Pasta de Conchos (anexo VII): 116
• Cantú Garza, Ricardo(PT) Petróleos Mexicanos (anexo VIII): 201
• Cantú Garza, Ricardo(PT) Universidad Autónoma de Puebla (anexo VIII): 235
• Carbajal Tejada, Rogelio(PAN) Artículo 116 constitucional: 130
• Cárdenas del Avellano, Enrique(PRI) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal - Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados - Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (anexo II): 195
• Cárdenas Fonseca, Manuel(Nueva Alianza) Aseguradoras (anexo VIII): 339
• Cárdenas Fonseca, Manuel(Nueva Alianza) Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (anexo VII): 93
• Cárdenas Fonseca, Manuel(Nueva Alianza) Ley de Fomento para la Lectura y el Libro: 169, 170
• Cárdenas Fonseca, Manuel(Nueva Alianza) Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos - Ley del Banco de México (anexo I): 145
• Cárdenas Márquez, Elías(Convergencia) Artículos 25, 26 y 116 constitucionales (anexo I): 34
• Cárdenas Márquez, Elías(Convergencia) Vicente Fox Quesada: 63
• Cárdenas Monroy, Gustavo(PRI) Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (anexo VI): 791
• Cárdenas Sánchez, Esmeralda(PAN) Artículos 76 y 117 constitucionales (anexo IV): 485
• Cárdenas Sánchez, Esmeralda(PAN) Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación - Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (anexo IV): 488
• Castro Muñoz, Juan de Dios(PAN) Jubilados y pensionados IMSS - ISSSTE (anexo VII): 164
• Castro Muñoz, Juan de Dios(PAN) Vicente Fox Quesada: 56, 59
• Castro Romero, María Sofía(PAN) Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (anexo III): 389
• Ceja Romero, Ramón(PAN) Ley Agraria (anexo V): 697
• Cervantes Rodríguez, Aurora(PRD) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal - Ley de Nacionalidad - Ley General de Población (anexo I): 70
• Chaurand Arzate, Carlos(PRI) Ley de Amparo - Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (anexo I): 65
• Colín Guadarrama, María Mercedes(PRI) Ley de Aguas Nacionales - Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente - Ley Federal de Derechos (anexo VI): 855
• Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe(Alternativa) Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas (anexo VII): 32
• Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe(Alternativa) Ley General de Salud - Código Penal Federal - Código Federal de Procedimientos Penales (anexo I): 46
• Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe(Alternativa) Salud sexual y reproductiva (anexo VII): 31
• Contreras Coeto, José Luis(PAN) Estado de Puebla (anexo VII): 107, 162
• Contreras Coeto, José Luis(PAN) Estado de Puebla (anexo VIII): 217, 230
• Contreras Julián, Maricela(PRD) Asesinato de las locutoras de radio Teresa Bautista y Felicitas Martínez (anexo VIII): 303
• Contreras Julián, Maricela(PRD) Código Penal Federal: 245
• Contreras Julián, Maricela(PRD) Dictámenes a discusión: 227
• Contreras Julián, Maricela(PRD) Letras de Oro (anexo II): 207
• Contreras Julián, Maricela(PRD) Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos: 284
• Contreras Julián, Maricela(PRD) Ley General de Salud (anexo II): 278
• Contreras Julián, Maricela(PRD) Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres (anexo II): 239
• Contreras Julián, Maricela(PRD) Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (anexo II): 222
• Contreras Julián, Maricela(PRD) Migrantes centroamericanos (anexo VIII): 255
• Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías(PRI) Alimentos contaminados con clembuterol (anexo VIII): 251
• Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías(PRI) Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (anexo II): 176
• Cruz Santiago, Claudia Lilia(PRD) Artículo 116 constitucional: 133
• Cuevas Córdova, Othón(PRD) Asesinato de las locutoras de radio Teresa Bautista y Felicitas Martínez (anexo VIII): 308
• Cuevas Córdova, Othón(PRD) Productores de amaranto (anexo VII): 83
• Dávila Esquivel, Humberto(Nueva Alianza) Cámara de Diputados (anexo VIII): 213
• Dávila Esquivel, Humberto(Nueva Alianza) Ley Federal del Trabajo (anexo II): 275
• Dávila Fernández, Adriana(PAN) Ley Federal de Telecomunicaciones (anexo VI): 841
• Dávila García, Francisco(PAN) Playas federales (anexo VIII): 317
• Degante Romero, Silvia Emilia(PAN) Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (anexo V): 661
• Dehesa Mora, Daniel(PRD) Artículo 26 constitucional - Ley General de Desarrollo Social (anexo III): 377
• Delgado Oscoy, Alejandro (PAN) Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (anexo V): 687
• Deschamps Falcón, Ángel Rafael(PAN) Tráfico de armas (anexo VII): 105
• Díaz Contreras, Adriana(PRD) Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (anexo VIII): 215
• Díaz Contreras, Adriana(PRD) Ley de Capitalización del Procampo (anexo II): 283
• Díaz de León Torres, Leticia(PAN) Ley General de Salud (anexo IV): 535
• Díaz Solórzano, Elmar Darinel (PRI) Ley de Coordinación Fiscal (anexo I): 147
• Diputados de la Comisión de TransportesSecretaría de Comunicaciones y Transportes (anexo VIII): 208
• Diputados de la Comisión Especial de atención a los pueblos que viven en el bosque Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (anexo VIII): 204
• Diputados de la Comisión Especial de Citricultura Citricultura (anexo VIII): 177
• Diputados de los Grupos Parlamentarios del PRD, de Alternativa y de Convergencia Estado de Baja California (anexo VIII): 345
• Diputados de los Grupos Parlamentarios del PRD, del PAN, del PVEM y del PT Estado de Zacatecas (anexo VIII): 209
• Diputados de los Grupos Parlamentarios del PRD, del PRI, de Nueva Alianza, del PT, de Alternativa, del PVEM y del PAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte (anexo VIII): 269
• Diputados de los Grupos Parlamentarios del PRI, del PT, del PAN, de Alternativa y del PVEM Importación de madera de triplay (anexo VIII): 266
• Diputados del Grupo Parlamentario del PAN Cirugía plástica (anexo VIII): 274
• Diputados del Grupo Parlamentario del PAN Código Penal Federal - Código Fiscal de la Federación - Código Federal de Procedimientos Penales - Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (anexo III): 363
• Diputados del Grupo Parlamentario del PAN Día Nacional del Cirujano Dentista (anexo VII): 117
• Diputados del Grupo Parlamentario del PT Estado de Nayarit (anexo VII): 152
• Duarte Jáquez, César Horacio(PRI) Código Civil Federal (anexo IV): 565
• Duarte Jáquez, César Horacio(PRI) Sarampión (anexo VII): 161
• Elizondo Garrido, Francisco(PVEM) Artículo 116 constitucional: 123, 128
• Elizondo Garrido, Francisco(PVEM) Ley del Impuesto sobre la Renta - Ley del Seguro Social (anexo I): 43
• Elizondo Garrido, Francisco(PVEM) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (anexo III): 386
• Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías(PRI) Ley de Coordinación Fiscal (anexo I): 145
• Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías(PRI) Ley General de las Personas con Discapacidad (anexo I): 160
• Espinosa Piña, José Luis(PAN) Desecho de pilas y baterías importadas (anexo VII): 72
• Felton González, Carlos Eduardo(PAN) Promoción Turística de México en Europa (anexo VIII): 191
• Fernández Balboa, Mónica(PRD) Artículo 116 constitucional: 123, 124, 125
• Fernández Balboa, Mónica(PRD) Comisión Permanente: 17, 49
• Fernández Cabrera, Adrián(PAN) Ley de Fomento para la Lectura y el Libro: 169
• Figueroa Ortega, David(PAN) Importación de mercancías relacionadas con donaciones nacionales e internacionales de bienes y servicios (anexo VIII): 280
• Flores Morfín, Jesús Vicente(PAN) Estado de Coahuila (anexo VII): 63
• Flores Morfín, Jesús Vicente(PAN) Estados de Coahuila y Durango (anexo VII): 61
• Flores Salazar, Guadalupe Socorro(PRD) Educación sexual (anexo VIII): 242
• Flores Salazar, Guadalupe Socorro(PRD) Ley General de Salud (anexo III): 322
• Fraile García, Francisco Antonio(PAN) Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (anexo VIII): 294
• Fraile García, Francisco Antonio(PAN) Ley Federal del Trabajo (anexo IV): 482
• Fuentes Ortiz, José Guillermo(PAN) Secretaría de Comunicaciones y Transportes (anexo VIII): 290
• Gamboa Patrón, Emilio(PRI) Artículo 116 constitucional: 124
• García Méndez, Armando(Alternativa) Ley de Fomento para la Lectura y el Libro: 169
• García Noriega, María Guadalupe(PVEM) Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (anexo II): 202
• Garza Garza, Horacio Emigdio(PRI) Instituto Federal Electoral: 119
• Garzón Contreras, Neftalí(PRD) Ley Federal del Trabajo (anexo I): 96
• Gebhardt Garduza, Yary del Carmen(PRI) Derechos Humanos (anexo VIII): 199
• Gebhardt Garduza, Yary del Carmen(PRI) Ley Federal de Defensoría Pública (anexo II): 180
• Gómez Lugo, Elda(PRI) Desarrollo de zonas urbanas (anexo VII): 121
• Gómez Lugo, Elda(PRI) Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (anexo III): 383
• Gómez Lugo, Elda(PRI) Ley Federal de Defensoría Pública (anexo V): 685
• Gómez Lugo, Elda(PRI) Ley General de Desarrollo Social (anexo I): 131
• Gómez Lugo, Elda(PRI) Telebachilleratos (anexo VIII): 231
• Gómez Pasillas, Jacinto(Nueva Alianza) Artículos 73, 115, 116 y 117 constitucionales (anexo II): 268
• Gómez Pasillas, Jacinto(Nueva Alianza) Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos: 298
• Gómez Pasillas, Jacinto(Nueva Alianza) Tratado de Libre Comercio de América del Norte (anexo VIII): 202
• González Betancourt, Jorge Justiniano(PAN) Fuerzas Armadas Mexicanas (anexo VII): 107
• González Calderón, Martha Hilda(PRI) Artículo 4o. constitucional (anexo IV): 563
• González Garza, Javier(PRD) Artículo 116 constitucional: 123
• González Garza, Javier(PRD) Artículos 40 y 130 constitucionales (anexo I): 138
• González Garza, Javier(PRD) Comisión Permanente: 50
• González Garza, Javier(PRD) Ley de Fomento para la Lectura y el Libro: 169
• González Garza, Javier(PRD) Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal - Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal: 241
• González Martínez, María Gabriela(PAN) Enfermedad del Alzheimer (anexo VIII): 275
• González Morán, Óscar (PAN) Grupos de jóvenes denominados ``emos'' (anexo VIII): 310
• González Roaro, Benjamín Ernesto(PAN) Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Distrito Federal - Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos - Ley Orgánica de la Administración Pública Federal - Ley de Coordinación Fiscal (anexo IV): 543
• González Sánchez, María Dolores(PAN) Ley Aduanera (anexo III): 428
• González Zarur, Mariano(PRI) Ley del Sistema Nacional para la Competitividad - Ley de Planeación - Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (anexo III): 461
• Gudiño Ortiz, Francisco Javier(PAN) Construcción de carreteras (anexo VIII): 224
• Guerra Ochoa, Juan Nicasio(PRD) Artículo 69 constitucional: 145
• Guerra Ochoa, Juan Nicasio(PRD) Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos: 119
• Guerra Ochoa, Juan Nicasio(PRD) Vicente Fox Quesada: 59
• Gutiérrez Calzadilla, José Luis(PRD) Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (anexo VIII): 198
• Gutiérrez Lagunes, María Victoria(PAN) Día de la Familia (anexo VII): 112
• Hernández Hernández, Sergio(PRD) Artículo 3 constitucional - Ley General de Educación (anexo II): 192
• Hernández Hernández, Sergio(PRD) Ley General de Educación - Ley de Coordinación para la Educación Superior (anexo I): 114
• Hernández Manzanares, Javier(PRD) Comisión Nacional del Deporte (anexo VIII): 182
• Herrera Coyac, Wenceslao(PRI) Artículos 52 a 56 constitucionales - Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (anexo IV): 516
• Herrera Coyac, Wenceslao(PRI) Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (anexo VII): 96
• Jacques y Medina, José(PRD) Acta de la sesión anterior: 49
• Jacques y Medina, José(PRD) César Chávez (anexo VIII): 247
• Jacques y Medina, José(PRD) Día Internacional del Inmigrante (anexo VIII): 318
• Jacques y Medina, José(PRD) Ejército de los Estados Unidos de América (anexo VIII): 248
• Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles (PAN) Código Federal de Procedimientos Penales (anexo III): 402
• Jiménez Godínez, Miguel Ángel(Nueva Alianza) Artículos 5 y 31 constitucionales - Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos - Ley del Servicio Militar (anexo III): 320
• Jiménez Godínez, Miguel Ángel(Nueva Alianza) Distrito Federal (anexo VII): 46
• Jiménez Godínez, Miguel Ángel(Nueva Alianza) Ley General de Salud (anexo I): 126
• Jiménez Godínez, Miguel Ángel(Nueva Alianza) Ley para la Reforma del Estado (anexo I): 83
• Lagunes Viveros, Violeta del Pilar(PAN) Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (anexo VIII): 179
• Lagunes Viveros, Violeta del Pilar(PAN) Distrito Federal (anexo VII): 34
• Lagunes Viveros, Violeta del Pilar(PAN) Estado de Puebla (anexo VII): 132, 163
• Lagunes Viveros, Violeta del Pilar(PAN) Exención de pago en carreteras de cuota a vehículos que transporten mercancía en zonas de emergencia (anexo VII): 129
• Lagunes Viveros, Violeta del Pilar(PAN) Personas zurdas (anexo VII): 130
• Lara Compeán, David(PAN) Estado de San Luis Potosí (anexo VII): 109
• Lara Compeán, David(PAN) Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (anexo VIII): 223
• Lara Compeán, David(PAN) Tarifas eléctricas (anexo VIII): 263
• Laviada Hernández, Íñigo (PAN) Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (anexo IV): 477
• Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio(PAN) Rafael Preciado Hernández (anexo VII): 171
• Leyva Piñón, Ana Yurixi(PRD) Artículo 80 constitucional (anexo II): 232
• Leyva Piñón, Ana Yurixi(PRD) Artículos 65 y 66 constitucionales - Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (anexo III): 392
• Limas Frescas, María Soledad(PAN) Ley Federal del Trabajo (anexo V): 667
• Limas Frescas, María Soledad(PAN) Tuberculosis (anexo VIII): 293
• Llergo Rebollar, Beatriz Pagés (PRI) Artículo 4o. constitucional (anexo V): 676
• López Balbuena, Guillermina(PRI) Ley General para la Competitividad de la Actividad Artesanal (anexo II): 212
• López Balbuena, Guillermina(PRI) Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (anexo II): 183
• López Barriga, Érick (PRD) Artículos 65 y 66 constitucionales - Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (anexo V): 655
• López Barriga, Érick (PRD) Código Fiscal de la Federación (anexo VI): 777
• López Barriga, Érick (PRD) Sector salud (anexo VIII): 175
• López Becerra, Santiago(PRD) Estado de Aguascalientes (anexo VIII): 344
• López Cisneros, José Martín(PAN) Código Fiscal de la Federación (anexo IV): 499
• López Cisneros, José Martín(PAN) Consumo de agua potable (anexo VIII): 250
• López Cisneros, José Martín(PAN) Estado de Nuevo León (anexo VIII): 291, 319
• López Cisneros, José Martín(PAN) Forum Universal de las Culturas, Monterrey 2007 (anexo VIII): 281
• López Cisneros, José Martín(PAN) Ley Aduanera (anexo IV): 514
• López Cisneros, José Martín(PAN) Ley del Seguro Social (anexo IV): 508, 521
• López Cisneros, José Martín(PAN) Ley Federal del Trabajo (anexo IV): 533
• López Cisneros, José Martín(PAN) Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (anexo IV): 558
• López Ramírez, Sergio Augusto(PVEM) Ley de Vivienda (anexo III): 316
• Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel(PAN) Estado de Hidalgo (anexo VII): 45, 80
• Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel(PAN) Hemofilia (anexo VIII): 272
• Lujano Nicolás, Christian Martín(PAN) Distrito Federal (anexo VII): 138, 146
• Lujano Nicolás, Christian Martín(PAN) Hospital Doctor Gustavo Baz Prada (anexo VIII): 261
• Luna Becerril, Blanca(Nueva Alianza) Distrito Federal (anexo VIII): 244
• Luna Becerril, Blanca(Nueva Alianza) Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica - Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo - Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (anexo III): 356
• Luna Becerril, Blanca(Nueva Alianza) Ley General de Educación (anexo III): 372
• Luna Becerril, Blanca(Nueva Alianza) Programa Tolerancia Cero (anexo VII): 170
• Luna Rodríguez, Silvia(Nueva Alianza) Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación - Ley General de las Personas con Discapacidad (anexo I): 134
• Macías Zambrano, Gustavo(PAN) Artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos - Ley de Amparo (anexo II): 235
• Macías Zambrano, Gustavo(PAN) Maleza acuática en lagos y embalses (anexo VII): 51
• Magallón Arceo, Leonardo (PAN) Artículo 1o. constitucional (anexo III): 409
• Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María(PAN) Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (anexo II): 253
• Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María(PAN) Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (anexo V): 679
• Martínez Díaz, María de Jesús(PAN) Estado de Veracruz (anexo VII): 101, 103
• Martínez Hernández, Alejandro(PRD) Casas de bolsa - casas de cambio (anexo VII): 120
• Martínez Hernández, Alejandro(PRD) Ley Federal de Sanidad Animal (anexo VIII): 237
• Martínez Martínez, Carlos Roberto(PRD) Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (anexo VIII): 234
• Martínez Rodríguez, Lorena(PRI) Artículo 115 constitucional (anexo III): 395
• Martínez Rodríguez, Lorena(PRI) Ley Federal de Radio y Televisión (anexo III): 365
• Martínez Rodríguez, Lorena(PRI) Ley General de Salud - Ley de la Propiedad Industrial (anexo V): 664
• Martínez Vargas, Octavio(PRD) Ley de Vivienda - Código Penal Federal - Ley Federal de Protección al Consumidor - Código de Comercio (anexo II): 161
• Martínez Vargas, Octavio(PRD) Sistema aeroportuario (anexo VII): 50
• Matus Toledo, Holly(PRD) Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos: 119, 296, 299
• Mayans Canabal, Fernando Enrique(PRD) Artículo 18 constitucional - Ley General de Salud (anexo I): 73
• Mayans Canabal, Fernando Enrique(PRD) Artículos 16, 21, 76, 89 y 102 constitucionales - Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (anexo I): 79
• Mayans Canabal, Fernando Enrique(PRD) Ley General de Salud - Ley Federal de Radio y Televisión (anexo III): 338
• Mayans Canabal, Fernando Enrique(PRD) Ley que Crea la Universidad del Conocimiento (anexo VI): 797
• Mendoza Arellano, David(PRD) Distrito Federal (anexo VII): 87
• Mendoza Arellano, David(PRD) Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio (anexo VII): 114
• Mendoza Mendoza, Irineo(PRD) Ley General de Protección y Estímulo al Nopal y sus derivados (anexo VI): 784
• Mendoza Mendoza, Irineo(PRD) Precio internacional del petróleo (anexo VIII): 264
• Merodio Reza, Lilia(PRI) Decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos (anexo IV): 496
• Merodio Reza, Lilia(PRI) Estado de Chihuahua (anexo VIII): 240
• Moctezuma Pereda, Fernando (PRI) Ley Federal de Telecomunicaciones (anexo VI): 893
• Moctezuma Pereda, Fernando (PRI) Ley General del Ejercicio del Derecho de Petición (anexo VI): 870
• Moctezuma Pereda, Fernando (PRI) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (anexo IV): 560
• Montalvo Gómez, Pedro(PRI) Carreteras entre los estados de México y Veracruz (anexo VIII): 216
• Montalvo Gómez, Pedro(PRI) Estado de Veracruz (anexo VIII): 300
• Montalvo Gómez, Pedro(PRI) Ley General de Educación (anexo III): 325
• Montes Sánchez, Fabián Fernando(PAN) Ley de Productos Orgánicos (anexo VII): 107
• Morales Sánchez, Efraín(PRD) 2009 Año Mundial sin Tabaco (anexo VIII): 324
• Morales Sánchez, Efraín(PRD) Cáncer de Mama - Cáncer Cérvico-Uterino - Cáncer de Próstata (anexo VIII): 313
• Moreno Álvarez, Mario Eduardo(PAN) Cuenca del Río Santiago (anexo VIII): 228
• Mota Hernández, Adolfo(PRI) Artículo 116 constitucional: 129
• Mota Hernández, Adolfo(PRI) Ley del Servicio de Administración Tributaria (anexo VI): 896
• Murat , José(PRI) Sector energético (anexo VII): 78
• Murillo Flores, Francisco Javier(PAN) Ley General de Educación (anexo III): 419
• Murillo Torres, José Luis(PAN) Bloqueo de telefonía celular en sistema penitenciario (anexo VII): 84
• Murillo Torres, José Luis(PAN) Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (anexo VIII): 188
• Murillo Torres, José Luis(PAN) Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados (anexo I): 112
• Murillo Torres, José Luis(PAN) Sistema penitenciario (anexo VII): 83
• Murillo Torres, José Luis(PAN) Sustancias prohibidas en sistema penitenciario (anexo VII): 86
• Navarro López, Carlos Ernesto(PRD) Estado de Jalisco (anexo VIII): 232
• Navarro López, Carlos Ernesto(PRD) Ley de Desarrollo Rural Sustentable (anexo V): 662
• Navarro López, Carlos Ernesto(PRD) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (anexo I): 128
• Navarro López, Carlos Ernesto(PRD) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (anexo II): 225
• Navarro López, Carlos Ernesto(PRD) Mina de cobre Mexicana de Cananea (anexo VII): 145
• Navarro López, Carlos Ernesto(PRD) Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (anexo VII): 37
• Navarro López, Carlos Ernesto(PRD) Tratado de Libre Comercio de América del Norte (anexo VII): 101
• Navarro Sugich, Carlos Alberto(PAN) Artículo 116 constitucional: 132
• Navarro Sugich, Carlos Alberto(PAN) Ley Federal contra la Delincuencia Organizada - Código Penal Federal (anexo II): 249
• Nordhausen González, Jorge Rubén(PAN) Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá (anexo VII): 110
• Noriega Blanco Vigil, María Nieves (PAN) Honores a la Bandera Nacional (anexo VII): 74
• Notholt Guerrero, Alan(PVEM) Artículo 88 constitucional (anexo IV): 498
• Ojeda Camacho, Gilberto(PRI) Ley General de Salud (anexo III): 402
• Ojeda Hernández, Concepción(PRD) Ley General de Salud - Ley General de Educación (anexo II): 256
• Oliva Fragoso, Silvia(PRD) Código Penal Federal - Ley de Vías Generales de Comunicación (anexo V): 682
• Oliva Fragoso, Silvia(PRD) Islas, arrecifes y cayos (anexo VIII): 221
• Oliva Fragoso, Silvia(PRD) Servicio Postal Mexicano (anexo VII): 104
• Ortiz del Carpio, Víctor(PRI) Estado de Chiapas (anexo VIII): 284
• Pacheco Llanes, Ramón Félix(PRD) Ley Federal del Trabajo (anexo V): 688
• Palafox Núñez, José Inés(PAN) Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (anexo III): 322
• Palafox Núñez, José Inés(PAN) Programas de apoyo económico a entidades federativas y municipios (anexo VIII): 285
• Palma César, Víctor Samuel(PRI) Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos - Reglamento para la inscripción de Letras de Oro en el Muro de Honor de la honorable Cámara de Diputados (anexo III): 331
• Paredes Rodríguez, Francisco Javier(PAN) Mantenimiento de autopistas (anexo VIII): 311
• Parra Jiménez, Dolores María del Carmen(PAN) Código Fiscal de la Federación (anexo I): 159
• Parra Jiménez, Dolores María del Carmen(PAN) Ley de Aguas Nacionales (anexo V): 692
• Pedraza Chávez, Isidro(PRD) Reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones constitucionales - Ley Orgánica de la Administración Pública Federal - Ley Orgánica de la Financiera Rural - Ley Agraria - Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos (anexo VI): 819
• Pedraza Chávez, Isidro(PRD) Reforma y adiciona diversas disposiciones constitucionales - Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación - Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios - Ley Agraria (anexo VI): 830
• Peña Sánchez, Miguel Ángel(PRD) Ley General de las Personas con Discapacidad (anexo I): 91
• Peñuelas Acuña, Mayra Gisela(PRI) Artículo 82 constitucional (anexo IV): 572
• Pérez Cuéllar, Cruz(PAN) Adjudicación directa de bienes muebles e inmuebles a municipios (anexo VII): 97
• Pérez Cuéllar, Cruz(PAN) Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público (anexo III): 372
• Peyrot Solís, Marco Antonio(PAN) Código Civil Federal (anexo II): 204
• Peyrot Solís, Marco Antonio(PAN) Ley de Navegación y Comercio Marítimos (anexo IV): 576
• Piñeyro Arias, Irma(Nueva Alianza) Derechos humanos de migrantes y transmigrantes (anexo VIII): 253
• Portilla Diéguez, Manuel (PVEM) Artículos 5, 73 y 121 constitucionales - Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional - Ley General de Colegios de Profesionistas (anexo II): 261
• Portilla Diéguez, Manuel (PVEM) Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (anexo II): 217
• Priego Tapia, Gerardo(PAN) Delitos contra periodistas (anexo VIII): 270
• Priego Tapia, Gerardo(PAN) Delitos de injuria, difamación y calumnia en Legislaturas estatales: (anexo VIII)
• Puente Salas, Carlos Alberto(PVEM) Ley del Impuesto al Valor Agregado (anexo VI): 860
• Puente Salas, Carlos Alberto(PVEM) Ley General de Salud (anexo VI): 851, 877
• Quintero Bello, Jorge(PAN) Comida de escaso valor nutricional (anexo VIII): 196
• Quintero Bello, Jorge(PAN) Enfermedades mentales (anexo VII): 53
• Quintero Bello, Jorge(PAN) Farmacodependencia (anexo VII): 57
• Quiñones Canales, Lourdes(PRI) Artículo 74 constitucional - Código de Comercio - Ley Federal de Protección al Consumidor (anexo III): 313
• Quiñones Canales, Lourdes(PRI) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (anexo V): 762
• Quiñones Canales, Lourdes(PRI) Instituto Nacional de las Mujeres (anexo VIII): 239
• Ramírez Barba, Éctor Jaime (PAN) Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos: 296
• Ramírez Cerda, Ana María(PVEM) Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes - Ley General de Educación (anexo III): 397
• Ramírez Martínez, José Edmundo(PRI) Delitos en contra de menores por medio de internet (anexo VIII): 301
• Ramírez Martínez, José Edmundo(PRI) Inmigrantes centroamericanos (anexo VII): 100
• Ramírez Stabros, Jesús(PRI) Banobras (anexo VIII): 236
• Ramos Castellanos, Martín(PRD) Estados de Chiapas y Oaxaca (anexo VII): 99
• Ramos Covarrubias, Héctor Manuel(PAN) Descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales (anexo VIII): 330
• Ramos Covarrubias, Héctor Manuel(PAN) Industria vitivinícola (anexo VII): 135
• Ramos Covarrubias, Héctor Manuel(PAN) Ley de Aguas Nacionales (anexo III): 434
• Rincón Vargas, Mirna Cecilia(PAN) Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (anexo VI): 774
• Rivera Bedoya, Juan Francisco(PRI) Estado de Nuevo León (anexo VII): 115
• Rivera Bedoya, Juan Francisco(PRI) Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (anexo I): 109
• Rivera Bedoya, Juan Francisco(PRI) Ley Federal de Procedimiento Administrativo (anexo I): 107
• Rivero Rivero, Rolando(PAN) Estado de Coahuila (anexo VII): 124, 126
• Rivero Rivero, Rolando(PAN) Estado de Coahuila (anexo VIII): 302
• Rivero Rivero, Rolando(PAN) Micro, pequeñas y medianas empresas (anexo VIII): 287
• Rodríguez Ahumada, Luis Fernando(PAN) Canal Todo Americano (anexo VII): 153
• Rodríguez Ahumada, Luis Fernando(PAN) Protección de la vaquita marina en el Golfo de California (anexo VII): 88
• Rodríguez Prats, Juan José(PAN) Artículo 116 constitucional: 123, 126
• Rodríguez Prats, Juan José(PAN) Vicente Fox Quesada: 62
• Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda(PRI) Adultos mayores en Estados Unidos de América (anexo VII): 38
• Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda(PRI) Ley de Comercio Exterior (anexo II): 173
• Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda(PRI) Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (anexo II): 273
• Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda(PRI) Ley General de Desarrollo Social (anexo II): 259
• Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda(PRI) Ley General de Población (anexo III): 422
• Rodríguez Uresti, Enrique(PAN) Ley Federal de Protección al Consumidor (anexo I): 77
• Rojas Gutiérrez, Carlos(PRI) Distrito Federal (anexo VII): 169
• Romo Jiménez, Martha Angélica(PAN) Estado de Jalisco (anexo VIII): 176
• Salvatori Bronca, María del Carmen(Convergencia) Código Penal Federal (anexo III): 350
• Sánchez Hernández, Eduardo(PRI) Impuesto predial en el Distrito Federal (anexo VII): 91
• Sánchez Jiménez, Luis(PRD) Ley de la Zona Federal Marítimo-Terrestre, Playas, Terrenos Ganados al Mar o Cualquier Depósito de Aguas Marítimas (anexo II): 284
• Sandoval Munguía, Juan Manuel(PAN) Estado de México (anexo VIII): 211
• Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc(PRD) Narcotráfico (anexo VII): 106
• Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc(PRD) República del Ecuador (anexo VIII): 195
• Sesma Suárez, Jesús(PVEM) Ley Federal del Derecho de Autor - Ley de la Propiedad Industrial (anexo III): 354
• Solano Muñoz, José de Jesús(PAN) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (anexo II): 225
• Soriano Sánchez, Rosa Elva(PRD) Código Civil Federal (anexo VI): 793
• Soriano Sánchez, Rosa Elva(PRD) Ley Federal del Trabajo (anexo III): 336
• Soriano Sánchez, Rosa Elva(PRD) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (anexo III): 363
• Sosa Castelán, Gerardo(PRI) Artículos 79 y 100 constitucionales (anexo VI): 847
• Stefanonni Mazzocco, Martín(PAN) Agua potable, alcantarillado y saneamiento (anexo VIII): 282
• Stefanonni Mazzocco, Martín(PAN) Fondo Nacional para el Tratamiento de Aguas Residuales (anexo VIII): 227
• Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso(PRD) Estado de Sinaloa (anexo VIII): 245
• Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso(PRD) Ley de Fomento para la Lectura y el Libro: 169, 177
• Tagle Martínez, Martha Angélica(Convergencia) Dictámenes a discusión: 227
• Tagle Martínez, Martha Angélica(Convergencia) Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos: 282
• Tamayo Herrera, Yadhira Yvette(PAN) Artículo 69 constitucional: 144
• Toledo Luis, Jorge(PRI) Ley General de Educación (anexo II): 247
• Toledo Luis, Jorge(PRI) Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (anexo II): 233
• Toledo Luis, Jorge(PRI) Tarifas eléctricas en el istmo de Tehuantepec (anexo VIII): 286
• Torres Baltazar, María Elena(PRD) Artículos 2, 73, 115, 116, 121 y 123 constitucionales (anexo VI): 836
• Torres Torres, Carlos Alberto(PAN) Ley General de Cultura Física y Deporte (anexo IV): 479
• Trejo Pérez, Pablo(PRD) Aeropuerto internacional de la Ciudad de México (anexo VIII): 225
• Trejo Pérez, Pablo(PRD) Aseguradoras (anexo VIII): 339
• Trejo Pérez, Pablo(PRD) Centro Médico Nacional La Raza (anexo VII): 166
• Trejo Pérez, Pablo(PRD) Cuenta Pública de 2006 (anexo VII): 54
• Trejo Pérez, Pablo(PRD) Ley Federal del Trabajo (anexo V): 759
• Trejo Pérez, Pablo(PRD) Ley Federal sobre los Derechos de las Madres Solteras o Solas y de las Mujeres en Estado de Violencia (anexo V): 768
• Trejo Pérez, Pablo(PRD) Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal - Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal: 240
• Trejo Pérez, Pablo(PRD) Programa Federal de Construcción de Escuelas (anexo VIII): 185
• Valdés Chávez, Ramón(Convergencia) Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (anexo II): 199
• Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo(PRI) Vicente Fox Quesada: 58
• Valenzuela García, María Gloria Guadalupe(PAN) Día Nacional del Niño con Cáncer (anexo VIII): 205
• Varela Lagunas, José Luis(Convergencia) Jesús León Santos (anexo VII): 29
• Varela López, Víctor Gabriel(PRD) Ley de Pensión Universal para las Personas de 70 Años de Edad o Más (anexo V): 669
• Vargas Landeros, Gerardo Octavio(PRI) Artículos 109 y 113 constitucionales (anexo IV): 509
• Vargas Landeros, Gerardo Octavio(PRI) Ley de Coordinación Fiscal - Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados - Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (anexo I): 61
• Vargas Landeros, Gerardo Octavio(PRI) Ley Federal de Procedimiento Administrativo - Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (anexo I): 99
• Vargas Landeros, Gerardo Octavio(PRI) Ley Federal de Radio y Televisión (anexo I): 39
• Vargas Landeros, Gerardo Octavio(PRI) Ley General de Desarrollo Social (anexo I): 118
• Vargas Landeros, Gerardo Octavio(PRI) Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (anexo II): 187
• Vega Corona, Antonio(PAN) Telefonía de larga distancia nacional (anexo VIII): 289
• Vega Ortíz, Oralia (PRI) Control de tabaco y protección de los no fumadores (anexo VII): 151
• Vela González, Joaquín Humberto(PT) Artículos 25 y 31 constitucionales - Código Fiscal de la Federación (anexo I): 122
• Vela González, Joaquín Humberto(PT) Estado de Durango (anexo VII): 42
• Vela González, Joaquín Humberto(PT) Plan nacional de contingencia económica (anexo VIII): 212
• Velasco Oliva, Cuauhtémoc(Convergencia) Ejecutivo federal (anexo VII): 40
• Velasco Oliva, Cuauhtémoc(Convergencia) Robo de energía eléctrica y combustibles (anexo VII): 25
• Velasco Pérez, Juan Carlos(PRI) Ley Federal del Trabajo (anexo IV): 573
• Velasco Rodríguez, Verónica(PVEM) Ley de Planeación (anexo I): 94
• Velasco Rodríguez, Verónica(PVEM) Ley General de Salud - Ley General de Educación (anexo III): 369
• Velázquez Gutiérrez, Guillermo (PAN) Estado de Puebla (anexo VIII): 258
• Verdín Saldaña, Jaime(PAN) Estado de Guanajuato (anexo VIII): 307
• Villanueva Abraján, Patricia(PRI) Código Penal Federal - Código Federal de Procedimientos Penales (anexo V): 695
• Villanueva Abraján, Patricia(PRI) Código Penal Federal (anexo V): 691
• Villanueva Abraján, Patricia(PRI) Ministerio Público de la Federación (anexo VII): 137
• Villanueva Albarrán, Gerardo(PRD) Artículo 116 constitucional: 125
• Villanueva Albarrán, Gerardo(PRD) Distrito Federal (anexo VII): 75, 155
• Villanueva Albarrán, Gerardo(PRD) Distrito Federal (anexo VIII): 219
• Villicaña García, Rafael(PRD) Artículo 115 constitucional (anexo V): 693
• Villicaña García, Rafael(PRD) Estado de Michoacán (anexo VIII): 183
• Zatarain González, Carlos Ernesto(PRI) Artículo 105 constitucional (anexo I): 156
• Zatarain González, Carlos Ernesto(PRI) Estado de Sonora (anexo VII): 125
• Zatarain González, Carlos Ernesto(PRI) Fondo de Pensiones del Sistema Banrural (anexo VIII): 190
• Zatarain González, Carlos Ernesto(PRI) Ley de Fomento para la Lectura y el Libro: 169
• Zatarain González, Carlos Ernesto(PRI) Ley del Instituto Nacional para la Prevención y el Tratamiento de las Adicciones (anexo III): 345
• Zavaleta Salgado, Ruth(PRD) Artículos 62, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 77, 78 y 88 constitucionales (anexo I): 23
• Zavaleta Salgado, Ruth(PRD) Presidencia de la Mesa Directiva: 301
• Zazueta Aguilar, Jesús Humberto(PRD) América Latina (anexo VIII): 194
• Zazueta Aguilar, Jesús Humberto(PRD) Derechos humanos en la frontera sur de México (anexo VIII): 257
• Zazueta Aguilar, Jesús Humberto(PRD) Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (anexo VI): 844

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino	ASISTENCIA
2 Aguilar López José Alejandro	ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés	ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges	ASISTENCIA
5 Álvarez Bernal María Elena	ASISTENCIA
6 Amezola Fonceca Gerardo	ASISTENCIA
7 Aranda Orozco Gerardo	ASISTENCIA
8 Arellano Arellano Joel	ASISTENCIA
9 Arenas Guzmán Margarita	ASISTENCIA
10Arizméndi Uribe Efraín	ASISTENCIA
11 Armendáriz García Pedro	ASISTENCIA
12 Arredondo Ibarra Salvador	ASISTENCIA
13 Arredondo Velázquez Jesús	ASISTENCIA
14 Ávila Mayo Obdulio	ASISTENCIA
15 Barradas Miravete Gregorio	ASISTENCIA
16 Barrios Rodríguez Juan Enrique	ASISTENCIA
17 Bello Pérez Alfonso Othón	ASISTENCIA
18 Berber Martínez Antonio	INASISTENCIA
19 Bermúdez Viramontes Andrés	INASISTENCIA
20 Bolaños Aguilar Edmundo Javier	ASISTENCIA
21 Borboa Becerra Omar Antonio	ASISTENCIA
22 Borrego Estrada Felipe	ASISTENCIA
23 Bracho González Carlos Augusto	ASISTENCIA
24 Buganza Salmerón Gerardo	ASISTENCIA
25 Campos Galván María Eugenia	ASISTENCIA
26 Carbajal Méndez Liliana	ASISTENCIA
27 Carbajal Tejada Rogelio	ASISTENCIA
28 Cárdenas Sánchez Esmeralda	ASISTENCIA
29 Cardona Benavidez Alma Xóchil	ASISTENCIA
30 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto	ASISTENCIA
31 Castaño Contreras Cristián	ASISTENCIA
32Castro De la Rosa Osiel	ASISTENCIA
33 Castro Muñoz Juan de Dios	ASISTENCIA
34Castro Romero Ma. Sofía Del Perpetuo	ASISTENCIA
35 Ceja Romero Ramón	ASISTENCIA
36 Chávez García Daniel	ASISTENCIA
37 Collado Lara Beatriz	ASISTENCIA
38 Contreras Coeto José Luis	ASISTENCIA
39 Corral Aguilar María Mercedes	ASISTENCIA
40 Cuen Garibi Marcela	ASISTENCIA
41 Curiel Preciado Leobardo	PERMISO MESA DIRECTIVA
42 Dávila Fernández Adriana	ASISTENCIA
43 Dávila García Francisco	ASISTENCIA
44 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio	ASISTENCIA
45 De León Tello Jesús	ASISTENCIA
46 Degante Romero Silvia Emilia	ASISTENCIA
47Del Toro del Villar Tomás	ASISTENCIA
48 Del Valle Toca Antonio	ASISTENCIA
49 Delgado Oscoy Alejandro Enrique	ASISTENCIA
50Denegre Vaught Ramírez Rosaura Virginia	ASISTENCIA
51 Deschamps Falcón Ángel Rafael	ASISTENCIA
52 Díaz García José Antonio	ASISTENCIA
53 Díaz Garibay Felipe	ASISTENCIA
54 Díaz Gordillo Martha Cecilia	ASISTENCIA
55 Díaz Mena Joaquín Jesús	ASISTENCIA
56 Díaz de León Torres Leticia	ASISTENCIA
57 Domínguez Servién Francisco	ASISTENCIA
58 Duck Núñez Edgar Mauricio	ASISTENCIA
59 Enríquez Flores Armando	ASISTENCIA
60 Escaroz Soler Gerardo Antonio	ASISTENCIA
61 Escobar Jardinez Adolfo	ASISTENCIA
62 Espinosa Piña José Luis	ASISTENCIA
63 Félix Holguín Armando Jesús	ASISTENCIA
64 Felton González Carlos Eduardo	ASISTENCIA
65 Fernández Cabrera Adrián	ASISTENCIA
66Fernández Ugarte Ma. del Carmen	ASISTENCIA
67 Figueroa Ortega David	ASISTENCIA
68 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro	ASISTENCIA
69 Flores Grande Arturo	ASISTENCIA
70 Flores Morfín Jesús Vicente	ASISTENCIA
71 Fraile García Francisco Antonio	ASISTENCIA
72 Franco Cazarez Ricardo	ASISTENCIA
73 Fuentes Ortíz José Guillermo	ASISTENCIA
74 García González Carlos Alberto	ASISTENCIA
75 García Müller Martha Margarita	ASISTENCIA
76 García Reyes Ángel Humberto	ASISTENCIA
77 García Reyes Beatriz Eugenia	ASISTENCIA
78 García Vivián Raúl	INASISTENCIA
79 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes	ASISTENCIA
80 Gómez Leyva Silvio	ASISTENCIA
81 González Betancourt Jorge Justiniano	ASISTENCIA
82 González Martínez María Gabriela	CÉDULA
83 González Morán Martín Oscar	ASISTENCIA
84 González Roaro Benjamín Ernesto	ASISTENCIA
85 González Ruiz Felipe	ASISTENCIA
86González Sánchez Ma. Dolores	ASISTENCIA
87Gudiño Ortíz Francisco Javier	ASISTENCIA
88 Guerrero Torres José Gildardo	ASISTENCIA
89 Gutiérrez Lagunes María Victoria	ASISTENCIA
90 Hernández Núñez Elia	ASISTENCIA
91 Hurtado Pérez Nelly Asunción	ASISTENCIA
92 Iragorri Durán Enrique	ASISTENCIA
93Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles	ASISTENCIA
94 Jiménez Ramos María Esther	ASISTENCIA
95 Joaquín Coldwell Addy Cecilia	INASISTENCIA
96 Lagunes Viveros Violeta del Pilar	ASISTENCIA
97 Landero Gutiérrez Alejandro	ASISTENCIA
98 Landeros González Ramón	ASISTENCIA
99 Lara Compeán David	ASISTENCIA
100 Larios Córdova Héctor	ASISTENCIA
101 Laviada Hernández Iñigo Antonio	ASISTENCIA
102 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio	ASISTENCIA
103 Leura González Agustín	ASISTENCIA
104 Lezama Aradillas René	ASISTENCIA
105 Limas Frescas María Soledad	ASISTENCIA
106 Lizaola de la Torre Alonso Manuel	PERMISO MESA DIRECTIVA
107 López Cisneros José Martín	ASISTENCIA
108 López Reyna Omeheira	PERMISO MESA DIRECTIVA
109 López Silva Rubí Laura	ASISTENCIA
110 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel	ASISTENCIA
111 Lujano Nicolás Christian Martín	ASISTENCIA
112 Maawad Robert Luis Xavier	ASISTENCIA
113 Macías Zambrano Gustavo	ASISTENCIA
114 Madrazo Limón Carlos	ASISTENCIA
115Magallón Arceo Leonardo Melesio de J.	ASISTENCIA
116 Malagón Ríos Martín	ASISTENCIA
117 Maldonado González David	ASISTENCIA
118Manuell-Gómez Angulo Dolores De María	ASISTENCIA
119 Martínez Díaz María de Jesús	ASISTENCIA
120 Martínez Valero Dora Alicia	ASISTENCIA
121 Medellín Varela Antonio	ASISTENCIA
122 Medina Macias Alma Hilda	INASISTENCIA
123 Medina Rodríguez Delber	PERMISO MESA DIRECTIVA
124 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia	ASISTENCIA
125 Mejía García Luis Alonso	ASISTENCIA
126 Méndez Meneses Apolonio	ASISTENCIA
127 Mendoza Morales Lucía Susana	ASISTENCIA
128 Mohamar Dainitin Oscar Miguel	ASISTENCIA
129 Mollinedo Hernández Agustín	ASISTENCIA
130 Monraz Ibarra Miguel Ángel	ASISTENCIA
131 Montes Sánchez Fabián Fernando	ASISTENCIA
132 Mora Cuevas Marisol	ASISTENCIA
133 Morales Ramos José Nicolás	ASISTENCIA
134 Morelos Borja María Esperanza	ASISTENCIA
135 Moreno Álvarez Mario Eduardo	ASISTENCIA
136 Morgan Franco Rocío del Carmen	ASISTENCIA
137 Muñoz Serrano José Antonio	PERMISO MESA DIRECTIVA
138 Murillo Flores Francisco Javier	ASISTENCIA
139 Murillo Torres José Luis	ASISTENCIA
140 Navarro Sugich Carlos Alberto	ASISTENCIA
141 Nordhausen González Jorge Rubén	INASISTENCIA
142Noriega Blanco Vigil María Nieves	ASISTENCIA
143 Ochoa López Nabor	ASISTENCIA
144 Olvera Higuera Edgar Armando	ASISTENCIA
145 Orozco Ruiz Velazco Marco Heriberto	ASISTENCIA
146Ortega Martínez Ma. del Pilar	INASISTENCIA
147Ortíz Hernández Eduardo	ASISTENCIA
148 Oviedo Oviedo Ernesto	ASISTENCIA
149 Padilla Orozco Raúl Alejandro	PERMISO MESA DIRECTIVA
150 Palafox Núñez José Inés	ASISTENCIA
151 Paredes Rodríguez Francisco Javier	ASISTENCIA
152 Parra Jiménez Dolores María del Carmen	ASISTENCIA
153 Parra Noriega Luis Gustavo	ASISTENCIA
154 Pérez Cuéllar Cruz	INASISTENCIA
155 Peyrot Solís Marco Antonio	ASISTENCIA
156 Plascencia Alonso Francisco Javier	ASISTENCIA
157 Priego Tapia Gerardo	ASISTENCIA
158 Pulido Pecero Pedro	ASISTENCIA
159 Quintero Bello Jorge	ASISTENCIA
160 Ramírez Barba Ector Jaime	ASISTENCIA
161 Ramírez Pech Edgar Martín	ASISTENCIA
162 Ramírez Villarreal Gustavo	ASISTENCIA
163 Ramos Covarrubias Héctor Manuel	ASISTENCIA
164 Reyes López Carlos Armando	ASISTENCIA
165 Rincón Vargas Mirna Cecilia	ASISTENCIA
166 Rivera Rivera José Guadalupe	ASISTENCIA
167 Rivero Rivero Rolando	ASISTENCIA
168 Rodríguez Ahumada Luis Fernando	PERMISO MESA DIRECTIVA
169 Rodríguez Jiménez Ricardo	ASISTENCIA
170 Rodríguez Prats Juan José	ASISTENCIA
171 Rodríguez Uresti Enrique	ASISTENCIA
172 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana	ASISTENCIA
173 Rojas Hernández Laura Angélica	ASISTENCIA
174 Román Isidoro Demetrio	ASISTENCIA
175 Romo Jiménez Martha Angélica	ASISTENCIA
176 Rubio Chávez José Ignacio Alberto	ASISTENCIA
177 Rueda Gómez Francisco	ASISTENCIA
178 Ruiz Velasco de Lira Ernesto	ASISTENCIA
179 Salas Contreras Marcos	ASISTENCIA
180 Salazar Madera Mario Alberto	ASISTENCIA
181 Salum del Palacio Jorge Alejandro	ASISTENCIA
182 Sánchez Díaz de Rivera Antonio	ASISTENCIA
183 Sánchez Domínguez Alejandro	ASISTENCIA
184 Sánchez Gil Carlos René	ASISTENCIA
185 Sánchez Juárez Claudia	ASISTENCIA
186 Sánchez Trujillo José Víctor	ASISTENCIA
187Sandoval Munguia Juan Manuel	ASISTENCIA
188 Serrato Castell Luis Gerardo	ASISTENCIA
189 Shej Guzmán Sara	ASISTENCIA
190 Solano Muñoz José de Jesús	ASISTENCIA
191 Stefanonni Mazzocco Martín	ASISTENCIA
192 Tamayo Herrera Yadhira Yvette	ASISTENCIA
193 Torres Gómez Artemio	ASISTENCIA
194 Torres Herrera Víctor Manuel	ASISTENCIA
195 Torres Torres Carlos Alberto	ASISTENCIA
196 Valenzuela García María Gloria Guadalupe	ASISTENCIA
197 Valladolid Rodríguez Antonio	ASISTENCIA
198 Vasconcelos Rueda Antonio	INASISTENCIA
199 Vázquez Martínez Alberto	ASISTENCIA
200 Vega Corona Antonio	ASISTENCIA
201 Velázquez Gutiérrez José Guillermo	ASISTENCIA
202 Verástegui Ostos César Augusto	ASISTENCIA
203 Verdín Saldaña Jaime	ASISTENCIA
204 Victoria Alva Juan	ASISTENCIA
205 Vieyra Olivares Adriana Rebeca	ASISTENCIA
206 Villanueva Arjona Juan Manuel	ASISTENCIA
207 Zambrano Elizondo Javier Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 190
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 7
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 9
Total diputados: 207

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1Aguirre Alcaide Victor	ASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida	ASISTENCIA
3 Almazán González José Antonio	ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón	ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes	ASISTENCIA
6Wilfrido Alonso Razo Humberto	ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos	ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa	ASISTENCIA
9 Álvarez Ramón Silbestre	ASISTENCIA
10 Amaro Corona Alberto	INASISTENCIA
11 Aragón Castillo Irene	ASISTENCIA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel	ASISTENCIA
13Arreola Calderón Juan Dario	ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando	ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia	ASISTENCIA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana	ASISTENCIA
17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh	ASISTENCIA
18 Brito González Modesto	INASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier	ASISTENCIA
20 Campos Aburto Amador	ASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo	ASISTENCIA
22 Cervantes Rodríguez Aurora	ASISTENCIA
23 Chávez García Higinio	ASISTENCIA
24Condado Escamilla Cuitlahuac	ASISTENCIA
25 Contreras Julián Maricela	ASISTENCIA
26 Cruz Santiago Claudia Lilia	ASISTENCIA
27 Cuevas Córdova Othón	ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix	ASISTENCIA
29 De la Rosa García Juan Hugo	ASISTENCIA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado	ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel	ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique	ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana	ASISTENCIA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz	ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime	ASISTENCIA
36 Fernández Balboa Mónica	ASISTENCIA
37 Flores Maldonado César	INASISTENCIA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro	ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael	ASISTENCIA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo	ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo	ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí	ASISTENCIA
43 González Garza Javier	ASISTENCIA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio	ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis	ASISTENCIA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene	ASISTENCIA
47 Hernández Hernández Sergio	ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier	ASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín	ASISTENCIA
50Nohelia Ibarra Franquez Sonia	ASISTENCIA
51 Jacques y Medina José	ASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia	ASISTENCIA
53 Landero López Pedro	ASISTENCIA
54Lemarroy Martínez Juan Darío	CÉDULA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi	ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel	ASISTENCIA
57 López Barriga Erick	ASISTENCIA
58 López Becerra Santiago	ASISTENCIA
59 López Rojas Alberto	ASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad	ASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés	INASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia	ASISTENCIA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar	ASISTENCIA
64 Márquez Tinoco Francisco	ASISTENCIA
65 Martínez Hernández Alejandro	ASISTENCIA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto	ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Francisco	ASISTENCIA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo	ASISTENCIA
69 Martínez Vargas Octavio	ASISTENCIA
70 Matías Alonso Marcos	ASISTENCIA
71 Matus Toledo Holly	ASISTENCIA
72 Mayans Canabal Fernando Enrique	ASISTENCIA
73 Mendoza Arellano David	ASISTENCIA
74 Mendoza Flores Roberto	ASISTENCIA
75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio	ASISTENCIA
76 Mendoza Mendoza Irineo	ASISTENCIA
77 Monreal Ávila Susana	ASISTENCIA
78 Montalvo Rojas Victorio Rubén	ASISTENCIA
79 Morales Sánchez Efraín	ASISTENCIA
80 Morales Vázquez Carlos Orsoe	ASISTENCIA
81Narcía Álvarez Héctor	INASISTENCIA
82 Navarro López Carlos Ernesto	ASISTENCIA
83 Ojeda Hernández Concepción	ASISTENCIA
84 Oliva Fragoso Silvia	INASISTENCIA
85 Orcí Martínez Juan Adolfo	ASISTENCIA
86 Ortega Martínez Antonio	ASISTENCIA
87 Ortiz Magallón Rosario Ignacia	ASISTENCIA
88Pacheco LLanes Ramón Félix	ASISTENCIA
89 Pedraza Chávez Isidro	ASISTENCIA
90 Pedrozo Castillo Adrián	ASISTENCIA
91 Peña Sánchez Miguel Ángel	ASISTENCIA
92 Pérez Cruz Raciel	ASISTENCIA
93 Pulido Santiago Celso David	ASISTENCIA
94 Ramos Becerril Rafael Plácido	ASISTENCIA
95 Ramos Castellanos Martín	ASISTENCIA
96 Rasgado Corsi Gloria	PERMISO MESA DIRECTIVA
97 Ríos Gamboa Raúl	ASISTENCIA
98 Romero Gutiérrez Odilón	ASISTENCIA
99Ruíz Sánchez Salvador	INASISTENCIA
100 Saavedra Coronel José Antonio	ASISTENCIA
101 San Martín Hernández Juan Manuel	ASISTENCIA
102 Sánchez Barrios Carlos	ASISTENCIA
103 Sánchez Cabrales Rafael Elías	PERMISO MESA DIRECTIVA
104 Sánchez Camacho Alejandro	ASISTENCIA
105 Sánchez Camacho David	ASISTENCIA
106Sánchez Jiménez V. Luis	ASISTENCIA
107 Sánchez Ramos Francisco	PERMISO MESA DIRECTIVA
108 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc	ASISTENCIA
109 Santos Arreola Francisco Javier	ASISTENCIA
110 Solares Chávez Miguel Ángel	ASISTENCIA
111 Soriano Sánchez Rosa Elva	ASISTENCIA
112 Soto Ramos Faustino	ASISTENCIA
113 Soto Sánchez Antonio	ASISTENCIA
114 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso	ASISTENCIA
115 Torres Baltazar María Elena	ASISTENCIA
116 Torres García Daniel	ASISTENCIA
117 Trejo Pérez Pablo	ASISTENCIA
118 Ulloa Pérez Emilio	ASISTENCIA
119 Vallejo Estevez Mario	ASISTENCIA
120 Varela López Víctor Gabriel	ASISTENCIA
121 Velázquez Aguirre Jesús Evodio	PERMISO MESA DIRECTIVA
122 Villanueva Albarrán Gerardo	ASISTENCIA
123 Villicaña García Rafael	ASISTENCIA
124 Zavaleta Salgado Ruth	ASISTENCIA
125 Zazueta Aguilar Jesús Humberto	ASISTENCIA
126 Zepeda Hernández Martín	ASISTENCIA
Asistencias: 114
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 4
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 7
Total diputados: 126

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico	ASISTENCIA
2 Aguilar Diego	ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel	ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas	ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio	ASISTENCIA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo	ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel	ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto	ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel	PERMISO MESA DIRECTIVA
10 Badillo Martínez Roberto	ASISTENCIA
11Barajas Del Toro Salvador	ASISTENCIA
12 Barajas López Ramón	ASISTENCIA
13 Barba Hernández Alfredo	PERMISO MESA DIRECTIVA
14 Beltrán Montes Israel	ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique	ASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio	ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando	ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis	INASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando	ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio	ASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo	ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés	ASISTENCIA
23Cárdenas Del Avellano Enrique	ASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo	ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl	ASISTENCIA
26 Chaurand Arzate Carlos	ASISTENCIA
27 Colín Guadarrama María Mercedes	ASISTENCIA
28 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías	ASISTENCIA
29De la Garza Treviño Jorge Luis	ASISTENCIA
30 Díaz Athié Antonio de Jesús	ASISTENCIA
31 Díaz Solorzano Elmar Darinel	ASISTENCIA
32 Domínguez Domínguez Nemesio	ASISTENCIA
33 Duarte Jáquez César Horacio	ASISTENCIA
34 Escajeda Jiménez José Rubén	ASISTENCIA
35 Escalante Jasso Aracely	ASISTENCIA
36 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías	ASISTENCIA
37 Estefan Chidiac Charbel Jorge	ASISTENCIA
38 Flores Sandoval Patricio	ASISTENCIA
39 Gamboa Patrón Emilio	ASISTENCIA
40 Garza Garza Horacio Emigdio	ASISTENCIA
41 Gebhardt Garduza Yary del Carmen	PERMISO MESA DIRECTIVA
42 Gloria Requena Tomás	ASISTENCIA
43 Gómez Lugo Elda	ASISTENCIA
44 González Calderón Martha Hilda	ASISTENCIA
45 González Salum Miguel Ángel	ASISTENCIA
46 González Zarur Mariano	ASISTENCIA
47 Guerrero García Javier	ASISTENCIA
48 Guerrero Juárez Joel	ASISTENCIA
49 Herrera Ale Juana Leticia	ASISTENCIA
50 Herrera Coyac Wenceslao	PERMISO MESA DIRECTIVA
51 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando	INASISTENCIA
52 Lagunes Gallina Gerardo	ASISTENCIA
53 Lescieur Talavera Jorge Mario	ASISTENCIA
54 López Balbuena Guillermina	ASISTENCIA
55Madrid Tovilla Arely	ASISTENCIA
56 Martínez Rocha Arturo	ASISTENCIA
57 Martínez Rodríguez Lorena	ASISTENCIA
58 Méndez Lanz Víctor Manuel	ASISTENCIA
59 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso	ASISTENCIA
60 Merodio Reza Lilia Guadalupe	ASISTENCIA
61Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl	ASISTENCIA
62 Montalvo Gómez Pedro	ASISTENCIA
63 Morales García Elizabeth	INASISTENCIA
64 Mota Hernández Adolfo	ASISTENCIA
65 Muñoz Serna Rogelio	ASISTENCIA
66 Murat José	ASISTENCIA
67 Ochoa González Arnoldo	ASISTENCIA
68 Ojeda Camacho Gilberto	ASISTENCIA
69 Olivares Monterrubio Alejandro	ASISTENCIA
70 Olivares Ventura Héctor Hugo	ASISTENCIA
71 Ordaz Jiménez Ismael	ASISTENCIA
72 Orihuela Bárcenas José Ascención	ASISTENCIA
73 Orihuela Trejo José Amado	PERMISO MESA DIRECTIVA
74Ortiz Del Carpio Víctor	ASISTENCIA
75 Ortiz Proal Mauricio	ASISTENCIA
76 Padilla Gutiérrez Héctor	ASISTENCIA
77 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz	ASISTENCIA
78 Palma César Víctor Samuel	ASISTENCIA
79 Parás González Juan Manuel	ASISTENCIA
80Partida Guzmán Martha Rocío	PERMISO MESA DIRECTIVA
81 Patrón Montalvo Jesús Manuel	PERMISO MESA DIRECTIVA
82 Peñuelas Acuña Mayra Gisela	PERMISO MESA DIRECTIVA
83 Pérez Valdés Daniel	ASISTENCIA
84 Pinete Vargas María del Carmen	ASISTENCIA
85 Quiñones Canales Lourdes	ASISTENCIA
86 Ramírez Martínez José Edmundo	ASISTENCIA
87 Ramírez Stabros Jesús	ASISTENCIA
88 Reyna García José Jesús	ASISTENCIA
89 Ríos Camarena Alfredo Adolfo	ASISTENCIA
90 Rivera Bedoya Juan Francisco	ASISTENCIA
91 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda	ASISTENCIA
92 Rojas Gutiérrez Carlos	ASISTENCIA
93Ruíz Chávez Sara Latife	ASISTENCIA
94 Salas López Ramón	ASISTENCIA
95 Sánchez Hernández Eduardo	ASISTENCIA
96 Sandoval Paredes Sergio	PERMISO MESA DIRECTIVA
97 Serrano Escobar Enrique	ASISTENCIA
98 Sosa Castelán Gerardo	ASISTENCIA
99 Toledo Luis Jorge	ASISTENCIA
100Valencia De los Santos Víctor Leopoldo	ASISTENCIA
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio	ASISTENCIA
102Vega Ortíz María Oralia	ASISTENCIA
103 Velasco Pérez Juan Carlos	ASISTENCIA
104 Villa Villa Isael	ASISTENCIA
105 Villanueva Abraján Patricia	ASISTENCIA
106 Zatarain González Carlos Ernesto	ASISTENCIA
Asistencias: 94
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 9
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 3
Total diputados: 106

CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan	ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis	INASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías	ASISTENCIA
4 Castellanos Hernández Félix	ASISTENCIA
5 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús	ASISTENCIA
6 Chanona Burguete Alejandro	ASISTENCIA
7 Del Río Virgen José Manuel	ASISTENCIA
8 Esteva Salinas Alberto	ASISTENCIA
9 Godoy Cárdenas Jorge	PERMISO MESA DIRECTIVA
10 López Lena Cruz Humberto	ASISTENCIA
11 Salvatori Bronca María del Carmen	ASISTENCIA
12 Samperio Montaño Juan Ignacio	ASISTENCIA
13 Sansores San Román Layda Elena	ASISTENCIA
14 Tagle Martínez Martha Angélica	ASISTENCIA
15 Uscanga Cruz Robinson	ASISTENCIA
16 Valdés Chávez Ramón	ASISTENCIA
17 Varela Lagunas Tomás José Luis	ASISTENCIA
18 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc	ASISTENCIA
Asistencias: 16
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 18

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio	ASISTENCIA
2Bellizzia Rosique Pascual	CÉDULA
3 Chozas y Chozas Olga Patricia	ASISTENCIA
4 Cobo Terrazas Diego	ASISTENCIA
5 Elizondo Garrido Francisco	ASISTENCIA
6 Estrada González Faustino Javier	ASISTENCIA
7 González Martínez Jorge Emilio	ASISTENCIA
8 Lavara Mejía Gloria	ASISTENCIA
9 López Adame Antonio Xavier	ASISTENCIA
10Manrique Guevara Beatriz	CÉDULA
11 Notholt Guerrero Alan	ASISTENCIA
12 Portilla Dieguez Manuel Salvador	ASISTENCIA
13 Puente Salas Carlos Alberto	ASISTENCIA
14 Ramírez Cerda Ana María	ASISTENCIA
15 Salgado Amador Manuel Salvador	ASISTENCIA
16 Sesma Suárez Jesús	ASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica	ASISTENCIA
Asistencias: 15
Asistencias por cédula: 2
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén	ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo	ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo	ASISTENCIA
4 Garay Ulloa Silvano	ASISTENCIA
5 Herrera Solís Anuario Luis	ASISTENCIA
6Maciel Ortiz Ma. Mercedes	ASISTENCIA
7 Peregrino García Abundio	ASISTENCIA
8Reynoso Esparza Julián Ezequiel	ASISTENCIA
9 Romero Guzmán Rosa Elia	ASISTENCIA
10 Solís Parga Rodolfo	CÉDULA
11 Vela González Joaquín Humberto	ASISTENCIA
Asistencias: 10
Asistencias por cédula: 1
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 11

NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T.	PERMISO MESA DIRECTIVA
2 Cárdenas Fonseca Manuel	ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel	ASISTENCIA
4 Dávila Esquivel Humberto	ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto	ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel	ASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca	ASISTENCIA
8 Luna Rodríguez Silvia	ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma	ASISTENCIA
Asistencias: 8
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 9

ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina	ASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe	ASISTENCIA
3 García Méndez Armando	ASISTENCIA
4 Hernández Valadés Delio	ASISTENCIA
5 Pedro Cortés Santiago Gustavo	ASISTENCIA
Asistencias: 5
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 5

SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Diputado
1 Berber Martínez Antonio
2 Bermúdez Viramontes Andrés
3 García Vivián Raúl
4 Joaquín Coldwell Addy Cecilia
5 Medina Macias Alma Hilda
6 Nordhausen González Jorge Rubén
7 Ortega Martínez Ma. del Pilar
8 Pérez Cuéllar Cruz
9 Vasconcelos Rueda Antonio
Faltas por grupo: 9

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Diputado
1 Amaro Corona Alberto
2 Brito González Modesto
3 Flores Maldonado César
4 Lozano Lozano Andrés
5 Narcía Álvarez Héctor
6 Oliva Fragoso Silvia
7 Ruíz Sánchez Salvador
Faltas por grupo: 7

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Blanco Pajón José Luis
2 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando
3 Morales García Elizabeth
Faltas por grupo: 3

CONVERGENCIA
Diputado
1 Aguilera Rico José Luis
Faltas por grupo: 1

VOTACIONES

PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino	Favor
2 Aguilar López, José Alejandro	Favor
3 Alcalde Virgen, Moisés	Favor
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges	Favor
5 Álvarez Bernal, María Elena	Favor
6 Amezola Fonceca, Gerardo	Favor
7 Aranda Orozco, Gerardo	Favor
8 Arellano Arellano, Joel	Favor
9 Arenas Guzmán, Margarita	Favor
10 Arizméndi Uribe, Efraín	Favor
11 Armendáriz García, Pedro	Favor
12 Arredondo Ibarra, Salvador	Favor
13 Arredondo Velázquez, Jesús	Favor
14 Ávila Mayo, Obdulio	Favor
15 Barradas Miravete, Gregorio	Favor
16 Barrios Rodríguez, Juan Enrique	Ausente
17 Bello Pérez, Alfonso Othón	Favor
18 Berber Martínez, Antonio	Ausente
19 Bermúdez Viramontes, Andrés	Ausente
20 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier	Ausente
21 Borboa Becerra, Omar Antonio	Favor
22 Borrego Estrada, Felipe	Favor
23 Bracho González, Carlos Augusto	Favor
24 Buganza Salmerón, Gerardo	Ausente
25 Campos Galván, María Eugenia	Favor
26 Carbajal Méndez, Liliana	Favor
27 Carbajal Tejada, Rogelio	Favor
28 Cárdenas Sánchez, Esmeralda	Favor
29 Cardona Benavídez, Alma Xóchil	Favor
30 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto	Contra
31 Castaño Contreras, Cristián	Favor
32 Castro de la Rosa, Osiel	Favor
33 Castro Muñoz, Juan de Dios	Favor
34 Castro Romero, María Sofia	Favor
35 Ceja Romero, Ramón	Favor
36 Chávez García, Daniel	Favor
37 Collado Lara, Beatriz	Favor
38 Contreras Coeto, José Luis	Favor
39 Corral Aguilar, María Mercedes	Favor
40 Cuen Garibi, Marcela	Ausente
41 Curiel Preciado, Leobardo	Ausente
42 Dávila Fernández, Adriana	Favor
43 Dávila García, Francisco	Favor
44 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio	Favor
45 De León Tello, Jesús	Favor
46 Degante Romero, Silvia Emilia	Contra
47 Del Toro del Villar, Tomás	Favor
48 Del Valle Toca, Antonio	Favor
49 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique	Favor
50 Denegre Vaught, Rosaura	Favor
51 Deschamps Falcón, Ángel Rafael	Favor
52 Díaz de León Torres, Leticia	Contra
53 Díaz García, José Antonio	Favor
54 Díaz Garibay, Felipe	Favor
55 Díaz Gordillo, Martha Cecilia	Contra
56 Díaz Mena, Joaquín Jesús	Favor
57 Domínguez Servién, Francisco	Favor
58 Duck Núñez, Edgar Mauricio	Favor
59 Enríquez Flores, Armando	Favor
60 Escaroz Soler, Gerardo Antonio	Favor
61 Escobar Jardinez, Adolfo	Favor
62 Espinosa Piña, José Luis	Favor
63 Félix Holguín, Armando Jesús	Favor
64 Felton González, Carlos Eduardo	Favor
65 Fernández Cabrera, Adrián	Favor
66 Fernández Ugarte, Carmen	Favor
67 Figueroa Ortega, David	Favor
68 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro	Favor
69 Flores Grande, Arturo	Favor
70 Flores Morfín, Jesús Vicente	Favor
71 Fraile García, Francisco Antonio	Favor
72 Franco Cazarez, Ricardo	Favor
73 Fuentes Ortiz, José Guillermo	Favor
74 García González, Carlos Alberto	Favor
75 García Müller, Martha Margarita	Favor
76 García Reyes, Ángel Humberto	Favor
77 García Reyes, Beatriz Eugenia	Contra
78 García Vivián, Raúl	Ausente
79 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes	Favor
80 Gómez Leyva, Silvio	Favor
81 González Betancourt, Jorge Justiniano	Favor
82 González Martínez, María Gabriela	Favor
83 González Morán, Martín Oscar	Favor
84 González Roaro, Benjamín Ernesto	Favor
85 González Ruiz, Felipe	Favor
86 González Sánchez, María Dolores	Favor
87 Gudiño Ortiz, Francisco Javier	Ausente
88 Guerrero Torres, José Gildardo	Favor
89 Gutiérrez Lagunes, María Victoria	Contra
90 Hernández Núñez, Elia	Favor
91 Hurtado Pérez, Nelly Asunción	Favor
92 Iragorri Durán, Enrique	Favor
93 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles	Favor
94 Jiménez Ramos, María Esther	Favor
95 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia	Ausente
96 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar	Favor
97 Landero Gutiérrez, Alejandro	Favor
98 Landeros González, Ramón	Favor
99 Lara Compeán, David	Favor
100 Larios Córdova, Héctor	Favor
101 Laviada Hernández, Íñigo Antonio	Favor
102 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio	Favor
103 Leura González, Agustín	Favor
104 Lezama Aradillas, René	Favor
105 Limas Frescas, María Soledad	Favor
106 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel	Ausente
107 López Cisneros, José Martín	Favor
108 López Reyna, Omeheira	Ausente
109 López Silva, Rubí Laura	Favor
110 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel	Favor
111 Lujano Nicolás, Christian Martín	Favor
112 Maawad Robert, Luis Xavier	Favor
113 Macías Zambrano, Gustavo	Favor
114 Madrazo Limón, Carlos	Favor
115 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús	Favor
116 Malagón Ríos, Martín	Abstención
117 Maldonado González, David	Favor
118 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María	Favor
119 Martínez Díaz, María de Jesús	Favor
120 Martínez Valero, Dora Alicia	Favor
121 Medellín Varela, Antonio	Favor
122 Medina Macias, Alma Hilda	Favor
123 Medina Rodríguez, Delber	Ausente
124 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia	Favor
125 Mejía García, Luis Alonso	Ausente
126 Méndez Meneses, Apolonio	Favor
127 Mendoza Morales, Lucía Susana	Favor
128 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel	Favor
129 Mollinedo Hernández, Agustín	Favor
130 Monraz Ibarra, Miguel Ángel	Quorum
131 Montes Sánchez, Fabián Fernando	Favor
132 Mora Cuevas, Marisol	Favor
133 Morales Ramos, José Nicolás	Favor
134 Morelos Borja, María Esperanza	Favor
135 Moreno Álvarez, Mario Eduardo	Favor
136 Morgan Franco, Rocío del Carmen	Favor
137 Muñoz Serrano, José Antonio	Ausente
138 Murillo Flores, Francisco Javier	Favor
139 Murillo Torres, José Luis	Favor
140 Navarro Sugich, Carlos Alberto	Favor
141 Nordhausen González, Jorge Rubén	Ausente
142 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves	Favor
143 Ochoa López, Nabor	Favor
144 Olvera Higuera, Edgar Armando	Favor
145 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto	Favor
146 Ortega Martínez, María del Pilar	Favor
147 Ortiz Hernández, Eduardo	Favor
148 Oviedo Oviedo, Ernesto	Contra
149 Padilla Orozco, Raúl Alejandro	Ausente
150 Palafox Núñez, José Inés	Ausente
151 Paredes Rodríguez, Francisco Javier	Favor
152 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen	Favor
153 Parra Noriega, Luis Gustavo	Favor
154 Pérez Cuéllar, Cruz	Ausente
155 Peyrot Solís, Marco A.	Favor
156 Plascencia Alonso, Francisco Javier	Favor
157 Priego Tapia, Gerardo	Favor
158 Pulido Pecero, Pedro	Favor
159 Quintero Bello, Jorge	Favor
160 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana	Favor
161 Ramírez Barba, Ector Jaime	Favor
162 Ramírez Pech, Edgar Martín	Ausente
163 Ramírez Villarreal, Gustavo	Favor
164 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel	Favor
165 Reyes López, Carlos Armando	Contra
166 Rincón Vargas, Mirna Cecilia	Favor
167 Rivera Rivera, José Guadalupe	Favor
168 Rivero Rivero, Rolando	Abstención
169 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando	Favor
170 Rodríguez Jiménez, Ricardo	Favor
171 Rodríguez Prats, Juan José	Contra
172 Rodríguez Uresti, Enrique	Favor
173 Rojas Hernández, Laura Angélica	Favor
174 Román Isidoro, Demetrio	Favor
175 Romo Jiménez, Martha Angélica	Favor
176 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto	Favor
177 Rueda Gómez, Francisco	Favor
178 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto	Favor
179 Salas Contreras, Marcos	Favor
180 Salazar Madera, Mario Alberto	Favor
181 Salum del Palacio, Jorge Alejandro	Favor
182 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio	Favor
183 Sánchez Domínguez, Alejandro	Ausente
184 Sánchez Gil, Carlos René	Favor
185 Sánchez Juárez, Claudia	Favor
186 Sánchez Trujillo, José Víctor	Favor
187 Sandoval Munguia, Juan Manuel	Favor
188 Serrato Castell, Luis Gerardo	Ausente
189 Shej Guzmán Sara	Favor
190 Solano Muñoz, José de Jesús	Favor
191 Stefanonni Mazzocco, Martín	Abstención
192 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette	Favor
193 Torres Gómez, Artemio	Ausente
194 Torres Herrera, Víctor Manuel	Favor
195 Torres Torres, Carlos Alberto	Favor
196 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe	Favor
197 Valladolid Rodríguez, Antonio	Favor
198 Vasconcelos Rueda, Antonio	Ausente
199 Vázquez Martínez, Alberto	Favor
200 Vega Corona, Antonio	Favor
201 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo	Favor
202 Verástegui Ostos, César Augusto	Favor
203 Verdín Saldaña, Jaime	Favor
204 Victoria Alva, Juan	Favor
205 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca	Favor
206 Villanueva Arjona, Juan Manuel	Favor
207 Zambrano Elizondo, Javier Martín	Favor
Favor: 170
Contra: 9
Abstención: 3
Quorum: 1
Ausentes: 24
Total: 207

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor	Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida	Ausente
3 Almazán González, José Antonio	Abstención
4 Almonte Borja, Ramón	Ausente
5 Alonso Flores, Lourdes	Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo	Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos	Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa	Contra
9 Álvarez Ramón, Silbestre	Ausente
10 Amaro Corona, Alberto	Ausente
11 Aragón Castillo, Irene	Abstención
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel	Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario	Abstención
14 Barreiro Pérez, Armando	Abstención
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia	Contra
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana	Favor
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh	Favor
18 Brito González, Modesto	Ausente
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier	Favor
20 Campos Aburto, Amador	Ausente
21 Cárdenas Hernández, Raymundo	Abstención
22 Cervantes Rodríguez, Aurora	Abstención
23 Chávez García, Higinio	Favor
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac	Favor
25 Contreras Julián, Maricela	Favor
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia	Contra
27 Cuevas Córdova, Othón	Contra
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix	Favor
29 De la Rosa García, Juan Hugo	Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado	Contra
31 Dehesa Mora, Daniel	Favor
32 Del Toro , Mario Enrique	Favor
33 Díaz Contreras, Adriana	Abstención
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz	Favor
35 Espejel Lazcano, Jaime	Favor
36 Fernández Balboa, Mónica	Contra
37 Flores Maldonado, César	Ausente
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro	Favor
39 Franco Melgarejo, Rafael	Ausente
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo	Contra
41 García Rodríguez, Víctor Hugo	Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí	Contra
43 González Garza, Javier	Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio	Favor
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis	Favor
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene	Favor
47 Hernández Hernández, Sergio	Favor
48 Hernández Manzanares, Javier	Favor
49 Hernández Silva, Benjamín	Favor
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia	Favor
51 Jacques y Medina, José	Ausente
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia	Favor
53 Landero López, Pedro	Ausente
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario	Favor
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi	Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel	Ausente
57 López Barriga, Erick	Favor
58 López Becerra, Santiago	Ausente
59 López Rojas, Alberto	Favor
60 López Torres, María Soledad	Favor
61 Lozano Lozano, Andrés	Ausente
62 Luna Munguía, Alma Lilia	Favor
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar	Favor
64 Márquez Tinoco, Francisco	Favor
65 Martínez Hernández, Alejandro	Favor
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto	Favor
67 Martínez Martínez, Francisco	Ausente
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo	Favor
69 Martínez Vargas Octavio	Favor
70 Matías Alonso, Marcos	Favor
71 Matus Toledo, Holly	Favor
72 Mayans Canabal, Fernando	Ausente
73 Mendoza Arellano, David	Ausente
74 Mendoza Flores, Roberto	Favor
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio	Favor
76 Mendoza Mendoza, Irineo	Favor
77 Monreal Ávila, Susana	Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén	Ausente
79 Morales Sánchez, Efraín	Ausente
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe	Favor
81 Narcía Álvarez, Héctor	Ausente
82 Navarro López, Carlos Ernesto	Favor
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel	Ausente
84 Ojeda Hernández, Concepción	Favor
85 Oliva Fragoso, Silvia	Ausente
86 Orcí Martínez, Juan Adolfo	Ausente
87 Ortega Martínez, Antonio	Ausente
88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia	Favor
89 Pacheco Llanes, Ramón Félix	Favor
90 Pedraza Chávez, Isidro	Contra
91 Pedrozo Castillo, Adrián	Favor
92 Peña Sánchez, Miguel Ángel	Favor
93 Pérez Cruz, Raciel	Ausente
94 Pulido Santiago, Celso David	Favor
95 Ramos Becerril, Rafael Plácido	Contra
96 Ramos Castellanos, Martín	Favor
97 Rasgado Corsi, Gloria	Ausente
98 Ríos Gamboa, Raúl	Favor
99 Romero Gutiérrez, Odilón	Favor
100 Ruiz Sánchez, Salvador	Ausente
101 Saavedra Coronel, José Antonio	Favor
102 San Martín Hernández, Juan Manuel	Ausente
103 Sánchez Barrios, Carlos	Favor
104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías	Ausente
105 Sánchez Camacho, Alejandro	Favor
106 Sánchez Camacho, David	Favor
107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis	Abstención
108 Sánchez Ramos, Francisco	Ausente
109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc	Favor
110 Santos Arreola, Francisco Javier	Favor
111 Solares Chávez, Miguel Ángel	Favor
112 Soriano Sánchez, Rosa Elva	Favor
113 Soto Ramos, Faustino	Favor
114 Soto Sánchez, Antonio	Ausente
115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso	Favor
116 Torres Baltazar, María Elena	Favor
117 Torres García, Daniel	Favor
118 Trejo Pérez, Pablo	Favor
119 Ulloa Pérez, Emilio	Favor
120 Vallejo Estevez, Mario	Ausente
121 Varela López, Víctor Gabriel	Favor
122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio	Ausente
123 Villanueva Albarrán, Gerardo	Contra
124 Villicaña García, Rafael	Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth	Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto	Contra
127 Zepeda Hernández, Martín	Favor
Favor: 72
Contra: 12
Abstención: 8
Quorum: 0
Ausentes: 35
Total: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico	Favor
2 Aguilar , Diego	Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel	Favor
4 Aispuro Torres, José Rosas	Ausente
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio	Favor
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo	Favor
7 Amador Gaxiola, Daniel	Ausente
8 Amador Leal, Narcizo Alberto	Ausente
9 Ayala Almeida, Joel	Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto	Favor
11 Barajas López, Ramón	Favor
12 Barajas del Toro, Salvador	Favor
13 Barba Hernández, Alfredo	Ausente
14 Beltrán Montes, Israel	Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique	Favor
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio	Favor
17 Biebrich Torres, Carlos Armando	Favor
18 Blanco Pajón, José Luis	Ausente
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando	Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio	Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo	Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés	Ausente
23 Cárdenas del Avellano, Enrique	Favor
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo	Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl	Favor
26 Chaurand Arzate, Carlos	Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes	Favor
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías	Ausente
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis	Favor
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús	Favor
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel	Favor
32 Domínguez Domínguez, Nemesio	Ausente
33 Duarte Jáquez, César Horacio	Favor
34 Escajeda Jiménez, José Rubén	Ausente
35 Escalante Jasso, Aracely	Favor
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías	Favor
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge	Favor
38 Flores Sandoval, Patricio	Favor
39 Gamboa Patrón, Emilio	Favor
40 Garza Garza, Horacio Emigdio	Favor
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen	Ausente
42 Gloria Requena, Tomás	Favor
43 Gómez Lugo, Elda	Favor
44 González Calderón, Martha Hilda	Favor
45 González Salum, Miguel Ángel	Favor
46 González Zarur, Mariano	Ausente
47 Guerrero García, Javier	Favor
48 Guerrero Juárez, Joel	Favor
49 Herrera Ale, Juana Leticia	Ausente
50 Herrera Coyac, Wenceslao	Ausente
51 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando	Ausente
52 Lagunes Gallina, Gerardo	Favor
53 Lescieur Talavera, Jorge Mario	Favor
54 López Balbuena, Guillermina	Favor
55 Madrid Tovilla, Areli	Favor
56 Martínez Rodríguez, Lorena	Favor
57 Martínez Rocha, Arturo	Ausente
58 Méndez Lanz, Víctor Manuel	Favor
59 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso	Abstención
60 Merodio Reza, Lilia Guadalupe	Ausente
61 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl	Favor
62 Montalvo Gómez, Pedro	Favor
63 Morales García, Elizabeth	Ausente
64 Mota Hernández, Adolfo	Favor
65 Muñoz Serna, Rogelio	Ausente
66 Murat , José	Favor
67 Ochoa González, Arnoldo	Favor
68 Ojeda Camacho, Gilberto	Ausente
69 Olivares Monterrubio, Alejandro	Favor
70 Olivares Ventura, Héctor Hugo	Ausente
71 Ordaz Jiménez, Ismael	Favor
72 Orihuela Bárcenas, José Ascención	Ausente
73 Orihuela Trejo, José Amado	Ausente
74 Ortiz del Carpio, Víctor	Ausente
75 Ortiz Proal, Mauricio	Favor
76 Padilla Gutiérrez, Héctor	Favor
77 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz	Favor
78 Palma César, Víctor Samuel	Ausente
79 Parás González, Juan Manuel	Favor
80 Partida Guzmán, Martha Rocío	Ausente
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel	Ausente
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela	Ausente
83 Pérez Valdés, Daniel	Ausente
84 Pinete Vargas, María del Carmen	Favor
85 Quiñones Canales, Lourdes	Favor
86 Ramírez Martínez, José Edmundo	Favor
87 Ramírez Stabros, Jesús	Favor
88 Reyna García, José Jesús	Favor
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo	Ausente
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco	Ausente
91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda	Favor
92 Rojas Gutiérrez, Carlos	Ausente
93 Ruiz Chávez, Sara Latife	Favor
94 Salas López, Ramón	Favor
95 Sánchez Hernández, Eduardo	Ausente
96 Sandoval Paredes, Sergio	Ausente
97 Serrano Escobar, Enrique	Ausente
98 Sosa Castelán, Gerardo	Favor
99 Toledo Luis, Jorge	Favor
100 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo	Ausente
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio	Favor
102 Vega Ortiz, María Oralia	Favor
103 Velasco Pérez, Juan Carlos	Favor
104 Villa Villa, Isael	Favor
105 Villanueva Abraján, Patricia	Favor
106 Zatarain González, Carlos Ernesto	Favor
Favor: 67
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 38
Total: 106

CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan	Abstención
2 Aguilera Rico, José Luis	Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías	Ausente
4 Castellanos Hernández, Félix	Favor
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús	Favor
6 Chanona Burguete, Alejandro	Favor
7 Del Río Virgen, José Manuel	Ausente
8 Esteva Salinas, Alberto	Abstención
9 Godoy Cárdenas, Jorge	Ausente
10 López Lena Cruz, Humberto	Abstención
11 Salvatori Bronca, María del Carmen	Favor
12 Samperio Montaño, Juan Ignacio	Favor
13 Sansores San Román, Layda Elena	Abstención
14 Tagle Martínez, Martha Angélica	Favor
15 Uscanga Cruz, Robinson	Favor
16 Valdés Chávez, Ramón	Favor
17 Varela Lagunas, Tomás José Luis	Favor
18 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc	Abstención
Favor: 9
Contra: 0
Abstención: 5
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 18

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio	Favor
2 Bellizia Rosique, Pascual	Favor
3 Chozas y Chozas, Olga Patricia	Favor
4 Cobo Terrazas, Diego	Favor
5 Elizondo Garrido, Francisco	Favor
6 Estrada González, Faustino Javier	Favor
7 González Martínez, Jorge Emilio	Favor
8 Lavara Mejía, Gloria	Favor
9 López Adame, Antonio Xavier	Favor
10 Manrique Guevara, Beatriz	Favor
11 Notholt Guerrero, Alan	Favor
12 Portilla Diéguez, Manuel	Favor
13 Puente Salas, Carlos Alberto	Favor
14 Ramírez Cerda, Ana María	Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador	Favor
16 Sesma Suárez, Jesús	Favor
17 Velasco Rodríguez, Verónica	Favor
Favor: 17
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén	Ausente
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo	Contra
3 Cantú Garza, Ricardo	Contra
4 Garay Ulloa, Silvano	Ausente
5 Herrera Solís, Anuario Luis	Ausente
6 Maciel Ortiz, María Mercedez	Contra
7 Peregrino García, Abundio	Contra
8 Reynoso Esparza, Julian Ezequiel	Contra
9 Romero Guzmán, Rosa Elia	Contra
10 Solís Parga, Rodolfo	Contra
11 Vela González, Joaquín Humberto	Contra
Favor: 0
Contra: 8
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 11

PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica	Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel	Ausente
3 Castillo Nájera, Ariel	Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto	Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto	Abstención
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel	Ausente
7 Luna Becerril, Blanca	Ausente
8 Luna Rodríguez, Silvia	Favor
9 Piñeyro Arias, Irma	Ausente
Favor: 3
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 5
Total: 9

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina	Contra
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe	Favor
3 García Méndez, Armando	Favor
4 Hernández Valadés, Delio	Contra
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo	Abstención
Favor: 2
Contra: 2
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 0
Total: 5

PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino	Favor
2 Aguilar López, José Alejandro	Favor
3 Alcalde Virgen, Moisés	Favor
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges	Favor
5 Álvarez Bernal, María Elena	Favor
6 Amezola Fonceca, Gerardo	Favor
7 Aranda Orozco, Gerardo	Favor
8 Arellano Arellano, Joel	Favor
9 Arenas Guzmán, Margarita	Favor
10 Arizméndi Uribe, Efraín	Favor
11 Armendáriz García, Pedro	Favor
12 Arredondo Ibarra, Salvador	Favor
13 Arredondo Velázquez, Jesús	Favor
14 Ávila Mayo, Obdulio	Favor
15 Barradas Miravete, Gregorio	Favor
16 Barrios Rodríguez, Juan Enrique	Ausente
17 Bello Pérez, Alfonso Othón	Favor
18 Berber Martínez, Antonio	Ausente
19 Bermúdez Viramontes, Andrés	Favor
20 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier	Ausente
21 Borboa Becerra, Omar Antonio	Favor
22 Borrego Estrada, Felipe	Favor
23 Bracho González, Carlos Augusto	Favor
24 Buganza Salmerón, Gerardo	Favor
25 Campos Galván, María Eugenia	Favor
26 Carbajal Méndez, Liliana	Favor
27 Carbajal Tejada, Rogelio	Favor
28 Cárdenas Sánchez, Esmeralda	Favor
29 Cardona Benavídez, Alma Xóchil	Favor
30 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto	Favor
31 Castaño Contreras, Cristián	Favor
32 Castro de la Rosa, Osiel	Favor
33 Castro Muñoz, Juan de Dios	Favor
34 Castro Romero, María Sofia	Favor
35 Ceja Romero, Ramón	Favor
36 Chávez García, Daniel	Favor
37 Collado Lara, Beatriz	Favor
38 Contreras Coeto, José Luis	Favor
39 Corral Aguilar, María Mercedes	Favor
40 Cuen Garibi, Marcela	Favor
41 Curiel Preciado, Leobardo	Ausente
42 Dávila Fernández, Adriana	Favor
43 Dávila García, Francisco	Favor
44 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio	Favor
45 De León Tello, Jesús	Favor
46 Degante Romero, Silvia Emilia	Favor
47 Del Toro del Villar, Tomás	Favor
48 Del Valle Toca, Antonio	Favor
49 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique	Favor
50 Denegre Vaught, Rosaura	Favor
51 Deschamps Falcón, Ángel Rafael	Favor
52 Díaz de León Torres, Leticia	Favor
53 Díaz García, José Antonio	Favor
54 Díaz Garibay, Felipe	Favor
55 Díaz Gordillo, Martha Cecilia	Favor
56 Díaz Mena, Joaquín Jesús	Favor
57 Domínguez Servién, Francisco	Favor
58 Duck Núñez, Edgar Mauricio	Favor
59 Enríquez Flores, Armando	Favor
60 Escaroz Soler, Gerardo Antonio	Favor
61 Escobar Jardinez, Adolfo	Favor
62 Espinosa Piña, José Luis	Favor
63 Félix Holguín, Armando Jesús	Favor
64 Felton González, Carlos Eduardo	Favor
65 Fernández Cabrera, Adrián	Favor
66 Fernández Ugarte, Carmen	Favor
67 Figueroa Ortega, David	Favor
68 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro	Favor
69 Flores Grande, Arturo	Favor
70 Flores Morfín, Jesús Vicente	Favor
71 Fraile García, Francisco Antonio	Favor
72 Franco Cazarez, Ricardo	Favor
73 Fuentes Ortiz, José Guillermo	Favor
74 García González, Carlos Alberto	Favor
75 García Müller, Martha Margarita	Favor
76 García Reyes, Ángel Humberto	Ausente
77 García Reyes, Beatriz Eugenia	Favor
78 García Vivián, Raúl	Ausente
79 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes	Favor
80 Gómez Leyva, Silvio	Favor
81 González Betancourt, Jorge Justiniano	Favor
82 González Martínez, María Gabriela	Favor
83 González Morán, Martín Oscar	Favor
84 González Roaro, Benjamín Ernesto	Favor
85 González Ruiz, Felipe	Favor
86 González Sánchez, María Dolores	Favor
87 Gudiño Ortiz, Francisco Javier	Ausente
88 Guerrero Torres, José Gildardo	Favor
89 Gutiérrez Lagunes, María Victoria	Favor
90 Hernández Núñez, Elia	Favor
91 Hurtado Pérez, Nelly Asunción	Favor
92 Iragorri Durán, Enrique	Favor
93 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles	Favor
94 Jiménez Ramos, María Esther	Favor
95 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia	Ausente
96 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar	Favor
97 Landero Gutiérrez, Alejandro	Favor
98 Landeros González, Ramón	Favor
99 Lara Compeán, David	Favor
100 Larios Córdova, Héctor	Favor
101 Laviada Hernández, Íñigo Antonio	Favor
102 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio	Favor
103 Leura González, Agustín	Favor
104 Lezama Aradillas, René	Favor
105 Limas Frescas, María Soledad	Favor
106 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel	Ausente
107 López Cisneros, José Martín	Favor
108 López Reyna, Omeheira	Ausente
109 López Silva, Rubí Laura	Favor
110 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel	Favor
111 Lujano Nicolás, Christian Martín	Ausente
112 Maawad Robert, Luis Xavier	Favor
113 Macías Zambrano, Gustavo	Favor
114 Madrazo Limón, Carlos	Favor
115 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús	Favor
116 Malagón Ríos, Martín	Favor
117 Maldonado González, David	Favor
118 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María	Favor
119 Martínez Díaz, María de Jesús	Favor
120 Martínez Valero, Dora Alicia	Favor
121 Medellín Varela, Antonio	Favor
122 Medina Macias, Alma Hilda	Favor
123 Medina Rodríguez, Delber	Ausente
124 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia	Favor
125 Mejía García, Luis Alonso	Ausente
126 Méndez Meneses, Apolonio	Favor
127 Mendoza Morales, Lucía Susana	Favor
128 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel	Favor
129 Mollinedo Hernández, Agustín	Favor
130 Monraz Ibarra, Miguel Ángel	Ausente
131 Montes Sánchez, Fabián Fernando	Favor
132 Mora Cuevas, Marisol	Favor
133 Morales Ramos, José Nicolás	Favor
134 Morelos Borja, María Esperanza	Favor
135 Moreno Álvarez, Mario Eduardo	Favor
136 Morgan Franco, Rocío del Carmen	Favor
137 Muñoz Serrano, José Antonio	Ausente
138 Murillo Flores, Francisco Javier	Favor
139 Murillo Torres, José Luis	Favor
140 Navarro Sugich, Carlos Alberto	Favor
141 Nordhausen González, Jorge Rubén	Ausente
142 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves	Favor
143 Ochoa López, Nabor	Favor
144 Olvera Higuera, Edgar Armando	Favor
145 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto	Favor
146 Ortega Martínez, María del Pilar	Favor
147 Ortiz Hernández, Eduardo	Favor
148 Oviedo Oviedo, Ernesto	Favor
149 Padilla Orozco, Raúl Alejandro	Ausente
150 Palafox Núñez, José Inés	Ausente
151 Paredes Rodríguez, Francisco Javier	Favor
152 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen	Favor
153 Parra Noriega, Luis Gustavo	Favor
154 Pérez Cuéllar, Cruz	Ausente
155 Peyrot Solís, Marco A.	Favor
156 Plascencia Alonso, Francisco Javier	Favor
157 Priego Tapia, Gerardo	Favor
158 Pulido Pecero, Pedro	Favor
159 Quintero Bello, Jorge	Favor
160 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana	Favor
161 Ramírez Barba, Ector Jaime	Favor
162 Ramírez Pech, Edgar Martín	Favor
163 Ramírez Villarreal, Gustavo	Favor
164 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel	Favor
165 Reyes López, Carlos Armando	Favor
166 Rincón Vargas, Mirna Cecilia	Favor
167 Rivera Rivera, José Guadalupe	Favor
168 Rivero Rivero, Rolando	Favor
169 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando	Favor
170 Rodríguez Jiménez, Ricardo	Favor
171 Rodríguez Prats, Juan José	Favor
172 Rodríguez Uresti, Enrique	Favor
173 Rojas Hernández, Laura Angélica	Favor
174 Román Isidoro, Demetrio	Favor
175 Romo Jiménez, Martha Angélica	Favor
176 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto	Favor
177 Rueda Gómez, Francisco	Favor
178 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto	Favor
179 Salas Contreras, Marcos	Favor
180 Salazar Madera, Mario Alberto	Favor
181 Salum del Palacio, Jorge Alejandro	Favor
182 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio	Favor
183 Sánchez Domínguez, Alejandro	Ausente
184 Sánchez Gil, Carlos René	Favor
185 Sánchez Juárez, Claudia	Favor
186 Sánchez Trujillo, José Víctor	Favor
187 Sandoval Munguia, Juan Manuel	Favor
188 Serrato Castell, Luis Gerardo	Ausente
189 Shej Guzmán Sara	Favor
190 Solano Muñoz, José de Jesús	Favor
191 Stefanonni Mazzocco, Martín	Favor
192 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette	Favor
193 Torres Gómez, Artemio	Ausente
194 Torres Herrera, Víctor Manuel	Favor
195 Torres Torres, Carlos Alberto	Favor
196 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe	Favor
197 Valladolid Rodríguez, Antonio	Favor
198 Vasconcelos Rueda, Antonio	Ausente
199 Vázquez Martínez, Alberto	Favor
200 Vega Corona, Antonio	Favor
201 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo	Favor
202 Verástegui Ostos, César Augusto	Favor
203 Verdín Saldaña, Jaime	Favor
204 Victoria Alva, Juan	Favor
205 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca	Favor
206 Villanueva Arjona, Juan Manuel	Favor
207 Zambrano Elizondo, Javier Martín	Favor
Favor: 184
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 23
Total: 207

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor	Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida	Ausente
3 Almazán González, José Antonio	Contra
4 Almonte Borja, Ramón	Ausente
5 Alonso Flores, Lourdes	Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo	Contra
7 Altamirano Toledo, Carlos	Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa	Contra
9 Álvarez Ramón, Silbestre	Ausente
10 Amaro Corona, Alberto	Ausente
11 Aragón Castillo, Irene	Abstención
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel	Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario	Abstención
14 Barreiro Pérez, Armando	Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia	Contra
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana	Favor
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh	Contra
18 Brito González, Modesto	Ausente
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier	Favor
20 Campos Aburto, Amador	Ausente
21 Cárdenas Hernández, Raymundo	Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora	Abstención
23 Chávez García, Higinio	Favor
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac	Favor
25 Contreras Julián, Maricela	Contra
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia	Contra
27 Cuevas Córdova, Othón	Contra
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix	Ausente
29 De la Rosa García, Juan Hugo	Abstención
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado	Contra
31 Dehesa Mora, Daniel	Favor
32 Del Toro , Mario Enrique	Favor
33 Díaz Contreras, Adriana	Abstención
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz	Favor
35 Espejel Lazcano, Jaime	Favor
36 Fernández Balboa, Mónica	Contra
37 Flores Maldonado, César	Ausente
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro	Favor
39 Franco Melgarejo, Rafael	Abstención
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo	Ausente
41 García Rodríguez, Víctor Hugo	Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí	Ausente
43 González Garza, Javier	Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio	Abstención
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis	Favor
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene	Abstención
47 Hernández Hernández, Sergio	Favor
48 Hernández Manzanares, Javier	Favor
49 Hernández Silva, Benjamín	Favor
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia	Favor
51 Jacques y Medina, José	Ausente
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia	Contra
53 Landero López, Pedro	Ausente
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario	Contra
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi	Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel	Ausente
57 López Barriga, Erick	Abstención
58 López Becerra, Santiago	Contra
59 López Rojas, Alberto	Abstención
60 López Torres, María Soledad	Favor
61 Lozano Lozano, Andrés	Ausente
62 Luna Munguía, Alma Lilia	Favor
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar	Abstención
64 Márquez Tinoco, Francisco	Favor
65 Martínez Hernández, Alejandro	Favor
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto	Abstención
67 Martínez Martínez, Francisco	Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo	Abstención
69 Martínez Vargas Octavio	Favor
70 Matías Alonso, Marcos	Favor
71 Matus Toledo, Holly	Contra
72 Mayans Canabal, Fernando	Favor
73 Mendoza Arellano, David	Favor
74 Mendoza Flores, Roberto	Contra
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio	Favor
76 Mendoza Mendoza, Irineo	Favor
77 Monreal Ávila, Susana	Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén	Ausente
79 Morales Sánchez, Efraín	Ausente
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe	Ausente
81 Narcía Álvarez, Héctor	Ausente
82 Navarro López, Carlos Ernesto	Ausente
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel	Ausente
84 Ojeda Hernández, Concepción	Contra
85 Oliva Fragoso, Silvia	Ausente
86 Orcí Martínez, Juan Adolfo	Ausente
87 Ortega Martínez, Antonio	Ausente
88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia	Favor
89 Pacheco Llanes, Ramón Félix	Contra
90 Pedraza Chávez, Isidro	Contra
91 Pedrozo Castillo, Adrián	Contra
92 Peña Sánchez, Miguel Ángel	Contra
93 Pérez Cruz, Raciel	Ausente
94 Pulido Santiago, Celso David	Contra
95 Ramos Becerril, Rafael Plácido	Abstención
96 Ramos Castellanos, Martín	Abstención
97 Rasgado Corsi, Gloria	Ausente
98 Ríos Gamboa, Raúl	Abstención
99 Romero Gutiérrez, Odilón	Favor
100 Ruiz Sánchez, Salvador	Ausente
101 Saavedra Coronel, José Antonio	Favor
102 San Martín Hernández, Juan Manuel	Ausente
103 Sánchez Barrios, Carlos	Abstención
104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías	Ausente
105 Sánchez Camacho, Alejandro	Contra
106 Sánchez Camacho, David	Abstención
107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis	Favor
108 Sánchez Ramos, Francisco	Ausente
109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc	Ausente
110 Santos Arreola, Francisco Javier	Favor
111 Solares Chávez, Miguel Ángel	Ausente
112 Soriano Sánchez, Rosa Elva	Abstención
113 Soto Ramos, Faustino	Contra
114 Soto Sánchez, Antonio	Ausente
115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso	Contra
116 Torres Baltazar, María Elena	Contra
117 Torres García, Daniel	Contra
118 Trejo Pérez, Pablo	Contra
119 Ulloa Pérez, Emilio	Ausente
120 Vallejo Estevez, Mario	Ausente
121 Varela López, Víctor Gabriel	Contra
122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio	Ausente
123 Villanueva Albarrán, Gerardo	Contra
124 Villicaña García, Rafael	Contra
125 Zavaleta Salgado, Ruth	Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto	Ausente
127 Zepeda Hernández, Martín	Favor
Favor: 39
Contra: 30
Abstención: 19
Quorum: 0
Ausentes: 39
Total: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico	Favor
2 Aguilar , Diego	Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel	Favor
4 Aispuro Torres, José Rosas	Ausente
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio	Favor
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo	Ausente
7 Amador Gaxiola, Daniel	Ausente
8 Amador Leal, Narcizo Alberto	Contra
9 Ayala Almeida, Joel	Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto	Favor
11 Barajas López, Ramón	Favor
12 Barajas del Toro, Salvador	Favor
13 Barba Hernández, Alfredo	Ausente
14 Beltrán Montes, Israel	Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique	Favor
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio	Favor
17 Biebrich Torres, Carlos Armando	Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis	Ausente
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando	Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio	Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo	Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés	Ausente
23 Cárdenas del Avellano, Enrique	Favor
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo	Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl	Favor
26 Chaurand Arzate, Carlos	Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes	Favor
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías	Ausente
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis	Favor
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús	Favor
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel	Abstención
32 Domínguez Domínguez, Nemesio	Ausente
33 Duarte Jáquez, César Horacio	Favor
34 Escajeda Jiménez, José Rubén	Ausente
35 Escalante Jasso, Aracely	Favor
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías	Favor
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge	Favor
38 Flores Sandoval, Patricio	Favor
39 Gamboa Patrón, Emilio	Favor
40 Garza Garza, Horacio Emigdio	Ausente
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen	Ausente
42 Gloria Requena, Tomás	Favor
43 Gómez Lugo, Elda	Favor
44 González Calderón, Martha Hilda	Ausente
45 González Salum, Miguel Ángel	Favor
46 González Zarur, Mariano	Ausente
47 Guerrero García, Javier	Favor
48 Guerrero Juárez, Joel	Favor
49 Herrera Ale, Juana Leticia	Ausente
50 Herrera Coyac, Wenceslao	Ausente
51 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando	Ausente
52 Lagunes Gallina, Gerardo	Favor
53 Lescieur Talavera, Jorge Mario	Contra
54 López Balbuena, Guillermina	Favor
55 Madrid Tovilla, Areli	Contra
56 Martínez Rodríguez, Lorena	Favor
57 Martínez Rocha, Arturo	Ausente
58 Méndez Lanz, Víctor Manuel	Favor
59 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso	Contra
60 Merodio Reza, Lilia Guadalupe	Ausente
61 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl	Favor
62 Montalvo Gómez, Pedro	Contra
63 Morales García, Elizabeth	Ausente
64 Mota Hernández, Adolfo	Favor
65 Muñoz Serna, Rogelio	Ausente
66 Murat , José	Abstención
67 Ochoa González, Arnoldo	Favor
68 Ojeda Camacho, Gilberto	Ausente
69 Olivares Monterrubio, Alejandro	Ausente
70 Olivares Ventura, Héctor Hugo	Ausente
71 Ordaz Jiménez, Ismael	Favor
72 Orihuela Bárcenas, José Ascención	Ausente
73 Orihuela Trejo, José Amado	Ausente
74 Ortiz del Carpio, Víctor	Ausente
75 Ortiz Proal, Mauricio	Favor
76 Padilla Gutiérrez, Héctor	Favor
77 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz	Favor
78 Palma César, Víctor Samuel	Ausente
79 Parás González, Juan Manuel	Favor
80 Partida Guzmán, Martha Rocío	Ausente
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel	Ausente
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela	Ausente
83 Pérez Valdés, Daniel	Ausente
84 Pinete Vargas, María del Carmen	Favor
85 Quiñones Canales, Lourdes	Favor
86 Ramírez Martínez, José Edmundo	Favor
87 Ramírez Stabros, Jesús	Favor
88 Reyna García, José Jesús	Abstención
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo	Ausente
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco	Ausente
91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda	Favor
92 Rojas Gutiérrez, Carlos	Contra
93 Ruiz Chávez, Sara Latife	Contra
94 Salas López, Ramón	Favor
95 Sánchez Hernández, Eduardo	Ausente
96 Sandoval Paredes, Sergio	Ausente
97 Serrano Escobar, Enrique	Ausente
98 Sosa Castelán, Gerardo	Favor
99 Toledo Luis, Jorge	Favor
100 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo	Ausente
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio	Favor
102 Vega Ortiz, María Oralia	Favor
103 Velasco Pérez, Juan Carlos	Favor
104 Villa Villa, Isael	Favor
105 Villanueva Abraján, Patricia	Favor
106 Zatarain González, Carlos Ernesto	Contra
Favor: 54
Contra: 8
Abstención: 3
Quorum: 0
Ausentes: 41
Total: 106

CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan	Favor
2 Aguilera Rico, José Luis	Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías	Ausente
4 Castellanos Hernández, Félix	Favor
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús	Ausente
6 Chanona Burguete, Alejandro	Favor
7 Del Río Virgen, José Manuel	Ausente
8 Esteva Salinas, Alberto	Ausente
9 Godoy Cárdenas, Jorge	Ausente
10 López Lena Cruz, Humberto	Ausente
11 Salvatori Bronca, María del Carmen	Favor
12 Samperio Montaño, Juan Ignacio	Favor
13 Sansores San Román, Layda Elena	Abstención
14 Tagle Martínez, Martha Angélica	Favor
15 Uscanga Cruz, Robinson	Ausente
16 Valdés Chávez, Ramón	Ausente
17 Varela Lagunas, Tomás José Luis	Favor
18 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc	Favor
Favor: 8
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 9
Total: 18

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio	Favor
2 Bellizia Rosique, Pascual	Favor
3 Chozas y Chozas, Olga Patricia	Favor
4 Cobo Terrazas, Diego	Favor
5 Elizondo Garrido, Francisco	Favor
6 Estrada González, Faustino Javier	Favor
7 González Martínez, Jorge Emilio	Favor
8 Lavara Mejía, Gloria	Favor
9 López Adame, Antonio Xavier	Ausente
10 Manrique Guevara, Beatriz	Favor
11 Notholt Guerrero, Alan	Favor
12 Portilla Diéguez, Manuel	Favor
13 Puente Salas, Carlos Alberto	Favor
14 Ramírez Cerda, Ana María	Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador	Favor
16 Sesma Suárez, Jesús	Favor
17 Velasco Rodríguez, Verónica	Ausente
Favor: 15
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén	Ausente
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo	Abstención
3 Cantú Garza, Ricardo	Abstención
4 Garay Ulloa, Silvano	Abstención
5 Herrera Solís, Anuario Luis	Ausente
6 Maciel Ortiz, María Mercedez	Ausente
7 Peregrino García, Abundio	Abstención
8 Reynoso Esparza, Julian Ezequiel	Abstención
9 Romero Guzmán, Rosa Elia	Abstención
10 Solís Parga, Rodolfo	Abstención
11 Vela González, Joaquín Humberto	Abstención
Favor: 0
Contra: 0
Abstención: 8
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 11

PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica	Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel	Favor
3 Castillo Nájera, Ariel	Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto	Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto	Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel	Favor
7 Luna Becerril, Blanca	Ausente
8 Luna Rodríguez, Silvia	Favor
9 Piñeyro Arias, Irma	Ausente
Favor: 6
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 9

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina	Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe	Ausente
3 García Méndez, Armando	Favor
4 Hernández Valadés, Delio	Ausente
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo	Contra
Favor: 1
Contra: 1
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 5

PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino	Favor
2 Aguilar López, José Alejandro	Favor
3 Alcalde Virgen, Moisés	Favor
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges	Favor
5 Álvarez Bernal, María Elena	Favor
6 Amezola Fonceca, Gerardo	Favor
7 Aranda Orozco, Gerardo	Favor
8 Arellano Arellano, Joel	Favor
9 Arenas Guzmán, Margarita	Favor
10 Arizméndi Uribe, Efraín	Favor
11 Armendáriz García, Pedro	Favor
12 Arredondo Ibarra, Salvador	Favor
13 Arredondo Velázquez, Jesús	Favor
14 Ávila Mayo, Obdulio	Ausente
15 Barradas Miravete, Gregorio	Favor
16 Barrios Rodríguez, Juan Enrique	Ausente
17 Bello Pérez, Alfonso Othón	Favor
18 Berber Martínez, Antonio	Ausente
19 Bermúdez Viramontes, Andrés	Ausente
20 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier	Ausente
21 Borboa Becerra, Omar Antonio	Favor
22 Borrego Estrada, Felipe	Favor
23 Bracho González, Carlos Augusto	Favor
24 Buganza Salmerón, Gerardo	Ausente
25 Campos Galván, María Eugenia	Favor
26 Carbajal Méndez, Liliana	Favor
27 Carbajal Tejada, Rogelio	Favor
28 Cárdenas Sánchez, Esmeralda	Favor
29 Cardona Benavídez, Alma Xóchil	Ausente
30 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto	Favor
31 Castaño Contreras, Cristián	Favor
32 Castro de la Rosa, Osiel	Favor
33 Castro Muñoz, Juan de Dios	Favor
34 Castro Romero, María Sofia	Favor
35 Ceja Romero, Ramón	Favor
36 Chávez García, Daniel	Favor
37 Collado Lara, Beatriz	Favor
38 Contreras Coeto, José Luis	Favor
39 Corral Aguilar, María Mercedes	Favor
40 Cuen Garibi, Marcela	Favor
41 Curiel Preciado, Leobardo	Ausente
42 Dávila Fernández, Adriana	Favor
43 Dávila García, Francisco	Favor
44 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio	Favor
45 De León Tello, Jesús	Favor
46 Degante Romero, Silvia Emilia	Favor
47 Del Toro del Villar, Tomás	Favor
48 Del Valle Toca, Antonio	Favor
49 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique	Favor
50 Denegre Vaught, Rosaura	Favor
51 Deschamps Falcón, Ángel Rafael	Favor
52 Díaz de León Torres, Leticia	Favor
53 Díaz García, José Antonio	Favor
54 Díaz Garibay, Felipe	Favor
55 Díaz Gordillo, Martha Cecilia	Favor
56 Díaz Mena, Joaquín Jesús	Favor
57 Domínguez Servién, Francisco	Favor
58 Duck Núñez, Edgar Mauricio	Favor
59 Enríquez Flores, Armando	Favor
60 Escaroz Soler, Gerardo Antonio	Favor
61 Escobar Jardinez, Adolfo	Favor
62 Espinosa Piña, José Luis	Ausente
63 Félix Holguín, Armando Jesús	Favor
64 Felton González, Carlos Eduardo	Favor
65 Fernández Cabrera, Adrián	Favor
66 Fernández Ugarte, Carmen	Favor
67 Figueroa Ortega, David	Ausente
68 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro	Favor
69 Flores Grande, Arturo	Favor
70 Flores Morfín, Jesús Vicente	Favor
71 Fraile García, Francisco Antonio	Favor
72 Franco Cazarez, Ricardo	Favor
73 Fuentes Ortiz, José Guillermo	Favor
74 García González, Carlos Alberto	Favor
75 García Müller, Martha Margarita	Favor
76 García Reyes, Ángel Humberto	Ausente
77 García Reyes, Beatriz Eugenia	Favor
78 García Vivián, Raúl	Ausente
79 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes	Favor
80 Gómez Leyva, Silvio	Favor
81 González Betancourt, Jorge Justiniano	Favor
82 González Martínez, María Gabriela	Favor
83 González Morán, Martín Oscar	Favor
84 González Roaro, Benjamín Ernesto	Favor
85 González Ruiz, Felipe	Favor
86 González Sánchez, María Dolores	Favor
87 Gudiño Ortiz, Francisco Javier	Ausente
88 Guerrero Torres, José Gildardo	Favor
89 Gutiérrez Lagunes, María Victoria	Favor
90 Hernández Núñez, Elia	Favor
91 Hurtado Pérez, Nelly Asunción	Favor
92 Iragorri Durán, Enrique	Favor
93 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles	Favor
94 Jiménez Ramos, María Esther	Favor
95 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia	Ausente
96 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar	Favor
97 Landero Gutiérrez, Alejandro	Favor
98 Landeros González, Ramón	Favor
99 Lara Compeán, David	Favor
100 Larios Córdova, Héctor	Ausente
101 Laviada Hernández, Íñigo Antonio	Favor
102 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio	Favor
103 Leura González, Agustín	Favor
104 Lezama Aradillas, René	Favor
105 Limas Frescas, María Soledad	Favor
106 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel	Ausente
107 López Cisneros, José Martín	Ausente
108 López Reyna, Omeheira	Ausente
109 López Silva, Rubí Laura	Favor
110 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel	Favor
111 Lujano Nicolás, Christian Martín	Favor
112 Maawad Robert, Luis Xavier	Favor
113 Macías Zambrano, Gustavo	Favor
114 Madrazo Limón, Carlos	Favor
115 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús	Favor
116 Malagón Ríos, Martín	Favor
117 Maldonado González, David	Favor
118 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María	Favor
119 Martínez Díaz, María de Jesús	Favor
120 Martínez Valero, Dora Alicia	Favor
121 Medellín Varela, Antonio	Favor
122 Medina Macias, Alma Hilda	Favor
123 Medina Rodríguez, Delber	Ausente
124 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia	Favor
125 Mejía García, Luis Alonso	Ausente
126 Méndez Meneses, Apolonio	Favor
127 Mendoza Morales, Lucía Susana	Favor
128 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel	Favor
129 Mollinedo Hernández, Agustín	Favor
130 Monraz Ibarra, Miguel Ángel	Ausente
131 Montes Sánchez, Fabián Fernando	Favor
132 Mora Cuevas, Marisol	Favor
133 Morales Ramos, José Nicolás	Favor
134 Morelos Borja, María Esperanza	Favor
135 Moreno Álvarez, Mario Eduardo	Favor
136 Morgan Franco, Rocío del Carmen	Favor
137 Muñoz Serrano, José Antonio	Ausente
138 Murillo Flores, Francisco Javier	Favor
139 Murillo Torres, José Luis	Favor
140 Navarro Sugich, Carlos Alberto	Favor
141 Nordhausen González, Jorge Rubén	Ausente
142 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves	Favor
143 Ochoa López, Nabor	Favor
144 Olvera Higuera, Edgar Armando	Favor
145 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto	Favor
146 Ortega Martínez, María del Pilar	Favor
147 Ortiz Hernández, Eduardo	Favor
148 Oviedo Oviedo, Ernesto	Favor
149 Padilla Orozco, Raúl Alejandro	Ausente
150 Palafox Núñez, José Inés	Ausente
151 Paredes Rodríguez, Francisco Javier	Favor
152 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen	Favor
153 Parra Noriega, Luis Gustavo	Favor
154 Pérez Cuéllar, Cruz	Ausente
155 Peyrot Solís, Marco A.	Favor
156 Plascencia Alonso, Francisco Javier	Favor
157 Priego Tapia, Gerardo	Favor
158 Pulido Pecero, Pedro	Favor
159 Quintero Bello, Jorge	Favor
160 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana	Favor
161 Ramírez Barba, Ector Jaime	Favor
162 Ramírez Pech, Edgar Martín	Favor
163 Ramírez Villarreal, Gustavo	Favor
164 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel	Favor
165 Reyes López, Carlos Armando	Favor
166 Rincón Vargas, Mirna Cecilia	Favor
167 Rivera Rivera, José Guadalupe	Favor
168 Rivero Rivero, Rolando	Favor
169 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando	Favor
170 Rodríguez Jiménez, Ricardo	Favor
171 Rodríguez Prats, Juan José	Favor
172 Rodríguez Uresti, Enrique	Favor
173 Rojas Hernández, Laura Angélica	Favor
174 Román Isidoro, Demetrio	Favor
175 Romo Jiménez, Martha Angélica	Favor
176 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto	Favor
177 Rueda Gómez, Francisco	Favor
178 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto	Favor
179 Salas Contreras, Marcos	Favor
180 Salazar Madera, Mario Alberto	Ausente
181 Salum del Palacio, Jorge Alejandro	Favor
182 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio	Favor
183 Sánchez Domínguez, Alejandro	Ausente
184 Sánchez Gil, Carlos René	Favor
185 Sánchez Juárez, Claudia	Favor
186 Sánchez Trujillo, José Víctor	Favor
187 Sandoval Munguia, Juan Manuel	Favor
188 Serrato Castell, Luis Gerardo	Ausente
189 Shej Guzmán Sara	Favor
190 Solano Muñoz, José de Jesús	Favor
191 Stefanonni Mazzocco, Martín	Favor
192 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette	Favor
193 Torres Gómez, Artemio	Ausente
194 Torres Herrera, Víctor Manuel	Favor
195 Torres Torres, Carlos Alberto	Favor
196 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe	Favor
197 Valladolid Rodríguez, Antonio	Favor
198 Vasconcelos Rueda, Antonio	Ausente
199 Vázquez Martínez, Alberto	Ausente
200 Vega Corona, Antonio	Favor
201 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo	Favor
202 Verástegui Ostos, César Augusto	Favor
203 Verdín Saldaña, Jaime	Favor
204 Victoria Alva, Juan	Favor
205 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca	Favor
206 Villanueva Arjona, Juan Manuel	Favor
207 Zambrano Elizondo, Javier Martín	Favor
Favor: 175
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 32
Total: 207

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor	Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida	Favor
3 Almazán González, José Antonio	Favor
4 Almonte Borja, Ramón	Ausente
5 Alonso Flores, Lourdes	Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo	Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos	Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa	Favor
9 Álvarez Ramón, Silbestre	Ausente
10 Amaro Corona, Alberto	Ausente
11 Aragón Castillo, Irene	Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel	Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario	Favor
14 Barreiro Pérez, Armando	Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia	Favor
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana	Favor
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh	Favor
18 Brito González, Modesto	Ausente
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier	Favor
20 Campos Aburto, Amador	Ausente
21 Cárdenas Hernández, Raymundo	Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora	Favor
23 Chávez García, Higinio	Ausente
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac	Favor
25 Contreras Julián, Maricela	Favor
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia	Favor
27 Cuevas Córdova, Othón	Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix	Favor
29 De la Rosa García, Juan Hugo	Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado	Favor
31 Dehesa Mora, Daniel	Favor
32 Del Toro , Mario Enrique	Favor
33 Díaz Contreras, Adriana	Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz	Ausente
35 Espejel Lazcano, Jaime	Favor
36 Fernández Balboa, Mónica	Favor
37 Flores Maldonado, César	Ausente
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro	Favor
39 Franco Melgarejo, Rafael	Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo	Ausente
41 García Rodríguez, Víctor Hugo	Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí	Favor
43 González Garza, Javier	Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio	Favor
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis	Favor
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene	Favor
47 Hernández Hernández, Sergio	Favor
48 Hernández Manzanares, Javier	Favor
49 Hernández Silva, Benjamín	Ausente
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia	Favor
51 Jacques y Medina, José	Ausente
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia	Ausente
53 Landero López, Pedro	Ausente
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario	Favor
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi	Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel	Ausente
57 López Barriga, Erick	Favor
58 López Becerra, Santiago	Favor
59 López Rojas, Alberto	Favor
60 López Torres, María Soledad	Favor
61 Lozano Lozano, Andrés	Ausente
62 Luna Munguía, Alma Lilia	Favor
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar	Favor
64 Márquez Tinoco, Francisco	Favor
65 Martínez Hernández, Alejandro	Ausente
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto	Favor
67 Martínez Martínez, Francisco	Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo	Favor
69 Martínez Vargas Octavio	Favor
70 Matías Alonso, Marcos	Favor
71 Matus Toledo, Holly	Ausente
72 Mayans Canabal, Fernando	Favor
73 Mendoza Arellano, David	Ausente
74 Mendoza Flores, Roberto	Favor
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio	Favor
76 Mendoza Mendoza, Irineo	Favor
77 Monreal Ávila, Susana	Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén	Ausente
79 Morales Sánchez, Efraín	Ausente
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe	Ausente
81 Narcía Álvarez, Héctor	Ausente
82 Navarro López, Carlos Ernesto	Ausente
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel	Ausente
84 Ojeda Hernández, Concepción	Favor
85 Oliva Fragoso, Silvia	Ausente
86 Orcí Martínez, Juan Adolfo	Ausente
87 Ortega Martínez, Antonio	Ausente
88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia	Favor
89 Pacheco Llanes, Ramón Félix	Favor
90 Pedraza Chávez, Isidro	Favor
91 Pedrozo Castillo, Adrián	Ausente
92 Peña Sánchez, Miguel Ángel	Favor
93 Pérez Cruz, Raciel	Ausente
94 Pulido Santiago, Celso David	Ausente
95 Ramos Becerril, Rafael Plácido	Favor
96 Ramos Castellanos, Martín	Favor
97 Rasgado Corsi, Gloria	Ausente
98 Ríos Gamboa, Raúl	Favor
99 Romero Gutiérrez, Odilón	Favor
100 Ruiz Sánchez, Salvador	Ausente
101 Saavedra Coronel, José Antonio	Favor
102 San Martín Hernández, Juan Manuel	Ausente
103 Sánchez Barrios, Carlos	Favor
104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías	Ausente
105 Sánchez Camacho, Alejandro	Favor
106 Sánchez Camacho, David	Favor
107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis	Favor
108 Sánchez Ramos, Francisco	Ausente
109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc	Ausente
110 Santos Arreola, Francisco Javier	Favor
111 Solares Chávez, Miguel Ángel	Favor
112 Soriano Sánchez, Rosa Elva	Favor
113 Soto Ramos, Faustino	Ausente
114 Soto Sánchez, Antonio	Ausente
115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso	Favor
116 Torres Baltazar, María Elena	Favor
117 Torres García, Daniel	Favor
118 Trejo Pérez, Pablo	Favor
119 Ulloa Pérez, Emilio	Favor
120 Vallejo Estevez, Mario	Ausente
121 Varela López, Víctor Gabriel	Favor
122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio	Ausente
123 Villanueva Albarrán, Gerardo	Favor
124 Villicaña García, Rafael	Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth	Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto	Ausente
127 Zepeda Hernández, Martín	Favor
Favor: 83
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 44
Total: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico	Favor
2 Aguilar , Diego	Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel	Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas	Ausente
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio	Favor
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo	Ausente
7 Amador Gaxiola, Daniel	Ausente
8 Amador Leal, Narcizo Alberto	Favor
9 Ayala Almeida, Joel	Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto	Favor
11 Barajas López, Ramón	Favor
12 Barajas del Toro, Salvador	Favor
13 Barba Hernández, Alfredo	Ausente
14 Beltrán Montes, Israel	Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique	Favor
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio	Ausente
17 Biebrich Torres, Carlos Armando	Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis	Ausente
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando	Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio	Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo	Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés	Ausente
23 Cárdenas del Avellano, Enrique	Ausente
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo	Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl	Favor
26 Chaurand Arzate, Carlos	Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes	Favor
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías	Ausente
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis	Favor
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús	Favor
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel	Favor
32 Domínguez Domínguez, Nemesio	Ausente
33 Duarte Jáquez, César Horacio	Favor
34 Escajeda Jiménez, José Rubén	Ausente
35 Escalante Jasso, Aracely	Favor
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías	Favor
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge	Favor
38 Flores Sandoval, Patricio	Favor
39 Gamboa Patrón, Emilio	Favor
40 Garza Garza, Horacio Emigdio	Favor
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen	Ausente
42 Gloria Requena, Tomás	Favor
43 Gómez Lugo, Elda	Favor
44 González Calderón, Martha Hilda	Ausente
45 González Salum, Miguel Ángel	Favor
46 González Zarur, Mariano	Ausente
47 Guerrero García, Javier	Favor
48 Guerrero Juárez, Joel	Abstención
49 Herrera Ale, Juana Leticia	Ausente
50 Herrera Coyac, Wenceslao	Ausente
51 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando	Ausente
52 Lagunes Gallina, Gerardo	Favor
53 Lescieur Talavera, Jorge Mario	Favor
54 López Balbuena, Guillermina	Favor
55 Madrid Tovilla, Areli	Favor
56 Martínez Rodríguez, Lorena	Favor
57 Martínez Rocha, Arturo	Ausente
58 Méndez Lanz, Víctor Manuel	Favor
59 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso	Favor
60 Merodio Reza, Lilia Guadalupe	Ausente
61 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl	Favor
62 Montalvo Gómez, Pedro	Favor
63 Morales García, Elizabeth	Ausente
64 Mota Hernández, Adolfo	Favor
65 Muñoz Serna, Rogelio	Ausente
66 Murat , José	Favor
67 Ochoa González, Arnoldo	Favor
68 Ojeda Camacho, Gilberto	Ausente
69 Olivares Monterrubio, Alejandro	Favor
70 Olivares Ventura, Héctor Hugo	Ausente
71 Ordaz Jiménez, Ismael	Favor
72 Orihuela Bárcenas, José Ascención	Ausente
73 Orihuela Trejo, José Amado	Ausente
74 Ortiz del Carpio, Víctor	Ausente
75 Ortiz Proal, Mauricio	Favor
76 Padilla Gutiérrez, Héctor	Favor
77 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz	Favor
78 Palma César, Víctor Samuel	Ausente
79 Parás González, Juan Manuel	Favor
80 Partida Guzmán, Martha Rocío	Ausente
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel	Ausente
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela	Ausente
83 Pérez Valdés, Daniel	Ausente
84 Pinete Vargas, María del Carmen	Favor
85 Quiñones Canales, Lourdes	Favor
86 Ramírez Martínez, José Edmundo	Favor
87 Ramírez Stabros, Jesús	Favor
88 Reyna García, José Jesús	Favor
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo	Ausente
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco	Ausente
91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda	Ausente
92 Rojas Gutiérrez, Carlos	Favor
93 Ruiz Chávez, Sara Latife	Favor
94 Salas López, Ramón	Favor
95 Sánchez Hernández, Eduardo	Ausente
96 Sandoval Paredes, Sergio	Ausente
97 Serrano Escobar, Enrique	Ausente
98 Sosa Castelán, Gerardo	Ausente
99 Toledo Luis, Jorge	Favor
100 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo	Ausente
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio	Ausente
102 Vega Ortiz, María Oralia	Favor
103 Velasco Pérez, Juan Carlos	Favor
104 Villa Villa, Isael	Favor
105 Villanueva Abraján, Patricia	Favor
106 Zatarain González, Carlos Ernesto	Favor
Favor: 60
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 45
Total: 106

CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan	Favor
2 Aguilera Rico, José Luis	Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías	Ausente
4 Castellanos Hernández, Félix	Favor
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús	Ausente
6 Chanona Burguete, Alejandro	Favor
7 Del Río Virgen, José Manuel	Ausente
8 Esteva Salinas, Alberto	Favor
9 Godoy Cárdenas, Jorge	Ausente
10 López Lena Cruz, Humberto	Favor
11 Salvatori Bronca, María del Carmen	Favor
12 Samperio Montaño, Juan Ignacio	Favor
13 Sansores San Román, Layda Elena	Favor
14 Tagle Martínez, Martha Angélica	Favor
15 Uscanga Cruz, Robinson	Ausente
16 Valdés Chávez, Ramón	Ausente
17 Varela Lagunas, Tomás José Luis	Favor
18 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc	Favor
Favor: 11
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 7
Total: 18

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio	Favor
2 Bellizia Rosique, Pascual	Favor
3 Chozas y Chozas, Olga Patricia	Favor
4 Cobo Terrazas, Diego	Favor
5 Elizondo Garrido, Francisco	Favor
6 Estrada González, Faustino Javier	Favor
7 González Martínez, Jorge Emilio	Favor
8 Lavara Mejía, Gloria	Favor
9 López Adame, Antonio Xavier	Ausente
10 Manrique Guevara, Beatriz	Favor
11 Notholt Guerrero, Alan	Favor
12 Portilla Diéguez, Manuel	Favor
13 Puente Salas, Carlos Alberto	Favor
14 Ramírez Cerda, Ana María	Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador	Favor
16 Sesma Suárez, Jesús	Favor
17 Velasco Rodríguez, Verónica	Ausente
Favor: 15
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén	Ausente
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo	Favor
3 Cantú Garza, Ricardo	Ausente
4 Garay Ulloa, Silvano	Ausente
5 Herrera Solís, Anuario Luis	Ausente
6 Maciel Ortiz, María Mercedez	Favor
7 Peregrino García, Abundio	Ausente
8 Reynoso Esparza, Julian Ezequiel	Ausente
9 Romero Guzmán, Rosa Elia	Ausente
10 Solís Parga, Rodolfo	Ausente
11 Vela González, Joaquín Humberto	Favor
Favor: 3
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 8
Total: 11

PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica	Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel	Favor
3 Castillo Nájera, Ariel	Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto	Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto	Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel	Favor
7 Luna Becerril, Blanca	Ausente
8 Luna Rodríguez, Silvia	Favor
9 Piñeyro Arias, Irma	Ausente
Favor: 6
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 9

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina	Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe	Ausente
3 García Méndez, Armando	Favor
4 Hernández Valadés, Delio	Ausente
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo	Favor
Favor: 2
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 5

PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino	Favor
2 Aguilar López, José Alejandro	Favor
3 Alcalde Virgen, Moisés	Favor
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges	Favor
5 Álvarez Bernal, María Elena	Favor
6 Amezola Fonceca, Gerardo	Abstención
7 Aranda Orozco, Gerardo	Contra
8 Arellano Arellano, Joel	Contra
9 Arenas Guzmán, Margarita	Favor
10 Arizméndi Uribe, Efraín	Ausente
11 Armendáriz García, Pedro	Ausente
12 Arredondo Ibarra, Salvador	Favor
13 Arredondo Velázquez, Jesús	Favor
14 Ávila Mayo, Obdulio	Ausente
15 Barradas Miravete, Gregorio	Favor
16 Barrios Rodríguez, Juan Enrique	Ausente
17 Bello Pérez, Alfonso Othón	Favor
18 Berber Martínez, Antonio	Ausente
19 Bermúdez Viramontes, Andrés	Ausente
20 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier	Ausente
21 Borboa Becerra, Omar Antonio	Favor
22 Borrego Estrada, Felipe	Favor
23 Bracho González, Carlos Augusto	Favor
24 Buganza Salmerón, Gerardo	Ausente
25 Campos Galván, María Eugenia	Favor
26 Carbajal Méndez, Liliana	Favor
27 Carbajal Tejada, Rogelio	Abstención
28 Cárdenas Sánchez, Esmeralda	Favor
29 Cardona Benavídez, Alma Xóchil	Ausente
30 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto	Favor
31 Castaño Contreras, Cristián	Favor
32 Castro de la Rosa, Osiel	Ausente
33 Castro Muñoz, Juan de Dios	Favor
34 Castro Romero, María Sofia	Favor
35 Ceja Romero, Ramón	Contra
36 Chávez García, Daniel	Favor
37 Collado Lara, Beatriz	Favor
38 Contreras Coeto, José Luis	Favor
39 Corral Aguilar, María Mercedes	Favor
40 Cuen Garibi, Marcela	Favor
41 Curiel Preciado, Leobardo	Ausente
42 Dávila Fernández, Adriana	Favor
43 Dávila García, Francisco	Favor
44 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio	Ausente
45 De León Tello, Jesús	Favor
46 Degante Romero, Silvia Emilia	Contra
47 Del Toro del Villar, Tomás	Ausente
48 Del Valle Toca, Antonio	Favor
49 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique	Favor
50 Denegre Vaught, Rosaura	Contra
51 Deschamps Falcón, Ángel Rafael	Favor
52 Díaz de León Torres, Leticia	Favor
53 Díaz García, José Antonio	Abstención
54 Díaz Garibay, Felipe	Favor
55 Díaz Gordillo, Martha Cecilia	Favor
56 Díaz Mena, Joaquín Jesús	Favor
57 Domínguez Servién, Francisco	Contra
58 Duck Núñez, Edgar Mauricio	Ausente
59 Enríquez Flores, Armando	Favor
60 Escaroz Soler, Gerardo Antonio	Favor
61 Escobar Jardinez, Adolfo	Favor
62 Espinosa Piña, José Luis	Favor
63 Félix Holguín, Armando Jesús	Ausente
64 Felton González, Carlos Eduardo	Favor
65 Fernández Cabrera, Adrián	Favor
66 Fernández Ugarte, Carmen	Favor
67 Figueroa Ortega, David	Ausente
68 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro	Favor
69 Flores Grande, Arturo	Favor
70 Flores Morfín, Jesús Vicente	Favor
71 Fraile García, Francisco Antonio	Ausente
72 Franco Cazarez, Ricardo	Favor
73 Fuentes Ortiz, José Guillermo	Favor
74 García González, Carlos Alberto	Favor
75 García Müller, Martha Margarita	Contra
76 García Reyes, Ángel Humberto	Ausente
77 García Reyes, Beatriz Eugenia	Favor
78 García Vivián, Raúl	Ausente
79 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes	Favor
80 Gómez Leyva, Silvio	Favor
81 González Betancourt, Jorge Justiniano	Favor
82 González Martínez, María Gabriela	Favor
83 González Morán, Martín Oscar	Favor
84 González Roaro, Benjamín Ernesto	Ausente
85 González Ruiz, Felipe	Favor
86 González Sánchez, María Dolores	Favor
87 Gudiño Ortiz, Francisco Javier	Ausente
88 Guerrero Torres, José Gildardo	Favor
89 Gutiérrez Lagunes, María Victoria	Abstención
90 Hernández Núñez, Elia	Favor
91 Hurtado Pérez, Nelly Asunción	Contra
92 Iragorri Durán, Enrique	Contra
93 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles	Favor
94 Jiménez Ramos, María Esther	Favor
95 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia	Ausente
96 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar	Favor
97 Landero Gutiérrez, Alejandro	Favor
98 Landeros González, Ramón	Favor
99 Lara Compeán, David	Favor
100 Larios Córdova, Héctor	Ausente
101 Laviada Hernández, Íñigo Antonio	Contra
102 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio	Favor
103 Leura González, Agustín	Favor
104 Lezama Aradillas, René	Favor
105 Limas Frescas, María Soledad	Favor
106 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel	Ausente
107 López Cisneros, José Martín	Contra
108 López Reyna, Omeheira	Ausente
109 López Silva, Rubí Laura	Favor
110 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel	Favor
111 Lujano Nicolás, Christian Martín	Favor
112 Maawad Robert, Luis Xavier	Contra
113 Macías Zambrano, Gustavo	Favor
114 Madrazo Limón, Carlos	Contra
115 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús	Favor
116 Malagón Ríos, Martín	Favor
117 Maldonado González, David	Favor
118 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María	Favor
119 Martínez Díaz, María de Jesús	Favor
120 Martínez Valero, Dora Alicia	Ausente
121 Medellín Varela, Antonio	Contra
122 Medina Macias, Alma Hilda	Favor
123 Medina Rodríguez, Delber	Ausente
124 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia	Favor
125 Mejía García, Luis Alonso	Ausente
126 Méndez Meneses, Apolonio	Favor
127 Mendoza Morales, Lucía Susana	Favor
128 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel	Ausente
129 Mollinedo Hernández, Agustín	Favor
130 Monraz Ibarra, Miguel Ángel	Ausente
131 Montes Sánchez, Fabián Fernando	Ausente
132 Mora Cuevas, Marisol	Favor
133 Morales Ramos, José Nicolás	Contra
134 Morelos Borja, María Esperanza	Favor
135 Moreno Álvarez, Mario Eduardo	Favor
136 Morgan Franco, Rocío del Carmen	Favor
137 Muñoz Serrano, José Antonio	Ausente
138 Murillo Flores, Francisco Javier	Favor
139 Murillo Torres, José Luis	Favor
140 Navarro Sugich, Carlos Alberto	Favor
141 Nordhausen González, Jorge Rubén	Ausente
142 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves	Favor
143 Ochoa López, Nabor	Favor
144 Olvera Higuera, Edgar Armando	Favor
145 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto	Contra
146 Ortega Martínez, María del Pilar	Contra
147 Ortiz Hernández, Eduardo	Contra
148 Oviedo Oviedo, Ernesto	Favor
149 Padilla Orozco, Raúl Alejandro	Ausente
150 Palafox Núñez, José Inés	Ausente
151 Paredes Rodríguez, Francisco Javier	Favor
152 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen	Favor
153 Parra Noriega, Luis Gustavo	Contra
154 Pérez Cuéllar, Cruz	Ausente
155 Peyrot Solís, Marco A.	Favor
156 Plascencia Alonso, Francisco Javier	Favor
157 Priego Tapia, Gerardo	Contra
158 Pulido Pecero, Pedro	Favor
159 Quintero Bello, Jorge	Favor
160 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana	Contra
161 Ramírez Barba, Ector Jaime	Favor
162 Ramírez Pech, Edgar Martín	Favor
163 Ramírez Villarreal, Gustavo	Favor
164 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel	Favor
165 Reyes López, Carlos Armando	Contra
166 Rincón Vargas, Mirna Cecilia	Contra
167 Rivera Rivera, José Guadalupe	Favor
168 Rivero Rivero, Rolando	Favor
169 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando	Favor
170 Rodríguez Jiménez, Ricardo	Abstención
171 Rodríguez Prats, Juan José	Favor
172 Rodríguez Uresti, Enrique	Favor
173 Rojas Hernández, Laura Angélica	Favor
174 Román Isidoro, Demetrio	Contra
175 Romo Jiménez, Martha Angélica	Favor
176 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto	Abstención
177 Rueda Gómez, Francisco	Favor
178 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto	Abstención
179 Salas Contreras, Marcos	Favor
180 Salazar Madera, Mario Alberto	Ausente
181 Salum del Palacio, Jorge Alejandro	Contra
182 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio	Favor
183 Sánchez Domínguez, Alejandro	Ausente
184 Sánchez Gil, Carlos René	Favor
185 Sánchez Juárez, Claudia	Favor
186 Sánchez Trujillo, José Víctor	Favor
187 Sandoval Munguia, Juan Manuel	Favor
188 Serrato Castell, Luis Gerardo	Ausente
189 Shej Guzmán Sara	Abstención
190 Solano Muñoz, José de Jesús	Favor
191 Stefanonni Mazzocco, Martín	Contra
192 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette	Favor
193 Torres Gómez, Artemio	Ausente
194 Torres Herrera, Víctor Manuel	Favor
195 Torres Torres, Carlos Alberto	Favor
196 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe	Favor
197 Valladolid Rodríguez, Antonio	Favor
198 Vasconcelos Rueda, Antonio	Ausente
199 Vázquez Martínez, Alberto	Favor
200 Vega Corona, Antonio	Favor
201 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo	Favor
202 Verástegui Ostos, César Augusto	Ausente
203 Verdín Saldaña, Jaime	Favor
204 Victoria Alva, Juan	Favor
205 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca	Favor
206 Villanueva Arjona, Juan Manuel	Favor
207 Zambrano Elizondo, Javier Martín	Contra
Favor: 130
Contra: 27
Abstención: 8
Quorum: 0
Ausentes: 42
Total: 207

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor	Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida	Favor
3 Almazán González, José Antonio	Favor
4 Almonte Borja, Ramón	Ausente
5 Alonso Flores, Lourdes	Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo	Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos	Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa	Favor
9 Álvarez Ramón, Silbestre	Ausente
10 Amaro Corona, Alberto	Ausente
11 Aragón Castillo, Irene	Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel	Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario	Favor
14 Barreiro Pérez, Armando	Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia	Favor
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana	Favor
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh	Favor
18 Brito González, Modesto	Ausente
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier	Favor
20 Campos Aburto, Amador	Ausente
21 Cárdenas Hernández, Raymundo	Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora	Favor
23 Chávez García, Higinio	Favor
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac	Favor
25 Contreras Julián, Maricela	Favor
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia	Favor
27 Cuevas Córdova, Othón	Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix	Favor
29 De la Rosa García, Juan Hugo	Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado	Favor
31 Dehesa Mora, Daniel	Favor
32 Del Toro , Mario Enrique	Favor
33 Díaz Contreras, Adriana	Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz	Ausente
35 Espejel Lazcano, Jaime	Favor
36 Fernández Balboa, Mónica	Favor
37 Flores Maldonado, César	Ausente
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro	Favor
39 Franco Melgarejo, Rafael	Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo	Favor
41 García Rodríguez, Víctor Hugo	Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí	Favor
43 González Garza, Javier	Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio	Favor
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis	Favor
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene	Favor
47 Hernández Hernández, Sergio	Favor
48 Hernández Manzanares, Javier	Favor
49 Hernández Silva, Benjamín	Ausente
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia	Favor
51 Jacques y Medina, José	Ausente
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia	Ausente
53 Landero López, Pedro	Ausente
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario	Favor
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi	Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel	Ausente
57 López Barriga, Erick	Favor
58 López Becerra, Santiago	Favor
59 López Rojas, Alberto	Favor
60 López Torres, María Soledad	Favor
61 Lozano Lozano, Andrés	Ausente
62 Luna Munguía, Alma Lilia	Favor
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar	Favor
64 Márquez Tinoco, Francisco	Favor
65 Martínez Hernández, Alejandro	Favor
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto	Favor
67 Martínez Martínez, Francisco	Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo	Favor
69 Martínez Vargas Octavio	Favor
70 Matías Alonso, Marcos	Favor
71 Matus Toledo, Holly	Favor
72 Mayans Canabal, Fernando	Favor
73 Mendoza Arellano, David	Ausente
74 Mendoza Flores, Roberto	Favor
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio	Favor
76 Mendoza Mendoza, Irineo	Favor
77 Monreal Ávila, Susana	Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén	Ausente
79 Morales Sánchez, Efraín	Ausente
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe	Ausente
81 Narcía Álvarez, Héctor	Ausente
82 Navarro López, Carlos Ernesto	Favor
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel	Ausente
84 Ojeda Hernández, Concepción	Favor
85 Oliva Fragoso, Silvia	Ausente
86 Orcí Martínez, Juan Adolfo	Ausente
87 Ortega Martínez, Antonio	Ausente
88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia	Ausente
89 Pacheco Llanes, Ramón Félix	Favor
90 Pedraza Chávez, Isidro	Favor
91 Pedrozo Castillo, Adrián	Ausente
92 Peña Sánchez, Miguel Ángel	Favor
93 Pérez Cruz, Raciel	Ausente
94 Pulido Santiago, Celso David	Favor
95 Ramos Becerril, Rafael Plácido	Favor
96 Ramos Castellanos, Martín	Favor
97 Rasgado Corsi, Gloria	Ausente
98 Ríos Gamboa, Raúl	Favor
99 Romero Gutiérrez, Odilón	Favor
100 Ruiz Sánchez, Salvador	Ausente
101 Saavedra Coronel, José Antonio	Favor
102 San Martín Hernández, Juan Manuel	Ausente
103 Sánchez Barrios, Carlos	Favor
104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías	Ausente
105 Sánchez Camacho, Alejandro	Ausente
106 Sánchez Camacho, David	Favor
107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis	Favor
108 Sánchez Ramos, Francisco	Ausente
109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc	Ausente
110 Santos Arreola, Francisco Javier	Favor
111 Solares Chávez, Miguel Ángel	Favor
112 Soriano Sánchez, Rosa Elva	Favor
113 Soto Ramos, Faustino	Favor
114 Soto Sánchez, Antonio	Ausente
115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso	Favor
116 Torres Baltazar, María Elena	Favor
117 Torres García, Daniel	Favor
118 Trejo Pérez, Pablo	Favor
119 Ulloa Pérez, Emilio	Favor
120 Vallejo Estevez, Mario	Favor
121 Varela López, Víctor Gabriel	Favor
122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio	Ausente
123 Villanueva Albarrán, Gerardo	Favor
124 Villicaña García, Rafael	Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth	Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto	Favor
127 Zepeda Hernández, Martín	Favor
Favor: 90
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 37
Total: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico	Favor
2 Aguilar , Diego	Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel	Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas	Ausente
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio	Favor
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo	Ausente
7 Amador Gaxiola, Daniel	Ausente
8 Amador Leal, Narcizo Alberto	Ausente
9 Ayala Almeida, Joel	Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto	Favor
11 Barajas López, Ramón	Favor
12 Barajas del Toro, Salvador	Ausente
13 Barba Hernández, Alfredo	Ausente
14 Beltrán Montes, Israel	Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique	Favor
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio	Favor
17 Biebrich Torres, Carlos Armando	Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis	Ausente
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando	Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio	Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo	Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés	Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique	Favor
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo	Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl	Favor
26 Chaurand Arzate, Carlos	Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes	Favor
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías	Ausente
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis	Ausente
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús	Favor
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel	Favor
32 Domínguez Domínguez, Nemesio	Ausente
33 Duarte Jáquez, César Horacio	Favor
34 Escajeda Jiménez, José Rubén	Ausente
35 Escalante Jasso, Aracely	Favor
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías	Favor
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge	Favor
38 Flores Sandoval, Patricio	Favor
39 Gamboa Patrón, Emilio	Favor
40 Garza Garza, Horacio Emigdio	Ausente
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen	Ausente
42 Gloria Requena, Tomás	Favor
43 Gómez Lugo, Elda	Favor
44 González Calderón, Martha Hilda	Ausente
45 González Salum, Miguel Ángel	Favor
46 González Zarur, Mariano	Ausente
47 Guerrero García, Javier	Favor
48 Guerrero Juárez, Joel	Favor
49 Herrera Ale, Juana Leticia	Ausente
50 Herrera Coyac, Wenceslao	Ausente
51 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando	Favor
52 Lagunes Gallina, Gerardo	Favor
53 Lescieur Talavera, Jorge Mario	Favor
54 López Balbuena, Guillermina	Favor
55 Madrid Tovilla, Areli	Favor
56 Martínez Rodríguez, Lorena	Favor
57 Martínez Rocha, Arturo	Ausente
58 Méndez Lanz, Víctor Manuel	Favor
59 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso	Ausente
60 Merodio Reza, Lilia Guadalupe	Ausente
61 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl	Favor
62 Montalvo Gómez, Pedro	Favor
63 Morales García, Elizabeth	Ausente
64 Mota Hernández, Adolfo	Favor
65 Muñoz Serna, Rogelio	Ausente
66 Murat , José	Favor
67 Ochoa González, Arnoldo	Ausente
68 Ojeda Camacho, Gilberto	Ausente
69 Olivares Monterrubio, Alejandro	Favor
70 Olivares Ventura, Héctor Hugo	Ausente
71 Ordaz Jiménez, Ismael	Favor
72 Orihuela Bárcenas, José Ascención	Ausente
73 Orihuela Trejo, José Amado	Ausente
74 Ortiz del Carpio, Víctor	Ausente
75 Ortiz Proal, Mauricio	Favor
76 Padilla Gutiérrez, Héctor	Favor
77 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz	Favor
78 Palma César, Víctor Samuel	Ausente
79 Parás González, Juan Manuel	Favor
80 Partida Guzmán, Martha Rocío	Ausente
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel	Ausente
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela	Ausente
83 Pérez Valdés, Daniel	Ausente
84 Pinete Vargas, María del Carmen	Favor
85 Quiñones Canales, Lourdes	Favor
86 Ramírez Martínez, José Edmundo	Favor
87 Ramírez Stabros, Jesús	Favor
88 Reyna García, José Jesús	Favor
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo	Ausente
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco	Ausente
91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda	Favor
92 Rojas Gutiérrez, Carlos	Favor
93 Ruiz Chávez, Sara Latife	Favor
94 Salas López, Ramón	Favor
95 Sánchez Hernández, Eduardo	Ausente
96 Sandoval Paredes, Sergio	Ausente
97 Serrano Escobar, Enrique	Ausente
98 Sosa Castelán, Gerardo	Ausente
99 Toledo Luis, Jorge	Favor
100 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo	Ausente
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio	Ausente
102 Vega Ortiz, María Oralia	Favor
103 Velasco Pérez, Juan Carlos	Favor
104 Villa Villa, Isael	Favor
105 Villanueva Abraján, Patricia	Favor
106 Zatarain González, Carlos Ernesto	Favor
Favor: 60
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 46
Total: 106

CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan	Favor
2 Aguilera Rico, José Luis	Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías	Ausente
4 Castellanos Hernández, Félix	Favor
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús	Ausente
6 Chanona Burguete, Alejandro	Ausente
7 Del Río Virgen, José Manuel	Ausente
8 Esteva Salinas, Alberto	Favor
9 Godoy Cárdenas, Jorge	Ausente
10 López Lena Cruz, Humberto	Ausente
11 Salvatori Bronca, María del Carmen	Favor
12 Samperio Montaño, Juan Ignacio	Favor
13 Sansores San Román, Layda Elena	Favor
14 Tagle Martínez, Martha Angélica	Favor
15 Uscanga Cruz, Robinson	Ausente
16 Valdés Chávez, Ramón	Ausente
17 Varela Lagunas, Tomás José Luis	Favor
18 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc	Favor
Favor: 9
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 9
Total: 18

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio	Ausente
2 Bellizia Rosique, Pascual	Favor
3 Chozas y Chozas, Olga Patricia	Favor
4 Cobo Terrazas, Diego	Favor
5 Elizondo Garrido, Francisco	Favor
6 Estrada González, Faustino Javier	Favor
7 González Martínez, Jorge Emilio	Favor
8 Lavara Mejía, Gloria	Favor
9 López Adame, Antonio Xavier	Favor
10 Manrique Guevara, Beatriz	Favor
11 Notholt Guerrero, Alan	Ausente
12 Portilla Diéguez, Manuel	Favor
13 Puente Salas, Carlos Alberto	Favor
14 Ramírez Cerda, Ana María	Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador	Favor
16 Sesma Suárez, Jesús	Ausente
17 Velasco Rodríguez, Verónica	Ausente
Favor: 13
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén	Ausente
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo	Favor
3 Cantú Garza, Ricardo	Favor
4 Garay Ulloa, Silvano	Favor
5 Herrera Solís, Anuario Luis	Ausente
6 Maciel Ortiz, María Mercedez	Favor
7 Peregrino García, Abundio	Favor
8 Reynoso Esparza, Julian Ezequiel	Favor
9 Romero Guzmán, Rosa Elia	Favor
10 Solís Parga, Rodolfo	Favor
11 Vela González, Joaquín Humberto	Favor
Favor: 9
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 11

PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica	Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel	Contra
3 Castillo Nájera, Ariel	Contra
4 Dávila Esquivel, Humberto	Contra
5 Gómez Pasillas, Jacinto	Contra
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel	Ausente
7 Luna Becerril, Blanca	Ausente
8 Luna Rodríguez, Silvia	Contra
9 Piñeyro Arias, Irma	Ausente
Favor: 0
Contra: 5
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 9

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina	Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe	Ausente
3 García Méndez, Armando	Favor
4 Hernández Valadés, Delio	Ausente
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo	Favor
Favor: 2
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 5

PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino	Favor
2 Aguilar López, José Alejandro	Favor
3 Alcalde Virgen, Moisés	Favor
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges	Favor
5 Álvarez Bernal, María Elena	Favor
6 Amezola Fonceca, Gerardo	Favor
7 Aranda Orozco, Gerardo	Favor
8 Arellano Arellano, Joel	Favor
9 Arenas Guzmán, Margarita	Favor
10 Arizméndi Uribe, Efraín	Ausente
11 Armendáriz García, Pedro	Ausente
12 Arredondo Ibarra, Salvador	Favor
13 Arredondo Velázquez, Jesús	Favor
14 Ávila Mayo, Obdulio	Ausente
15 Barradas Miravete, Gregorio	Ausente
16 Barrios Rodríguez, Juan Enrique	Ausente
17 Bello Pérez, Alfonso Othón	Favor
18 Berber Martínez, Antonio	Ausente
19 Bermúdez Viramontes, Andrés	Ausente
20 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier	Ausente
21 Borboa Becerra, Omar Antonio	Favor
22 Borrego Estrada, Felipe	Favor
23 Bracho González, Carlos Augusto	Favor
24 Buganza Salmerón, Gerardo	Favor
25 Campos Galván, María Eugenia	Favor
26 Carbajal Méndez, Liliana	Favor
27 Carbajal Tejada, Rogelio	Favor
28 Cárdenas Sánchez, Esmeralda	Favor
29 Cardona Benavídez, Alma Xóchil	Ausente
30 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto	Favor
31 Castaño Contreras, Cristián	Favor
32 Castro de la Rosa, Osiel	Ausente
33 Castro Muñoz, Juan de Dios	Favor
34 Castro Romero, María Sofia	Favor
35 Ceja Romero, Ramón	Favor
36 Chávez García, Daniel	Favor
37 Collado Lara, Beatriz	Favor
38 Contreras Coeto, José Luis	Favor
39 Corral Aguilar, María Mercedes	Favor
40 Cuen Garibi, Marcela	Favor
41 Curiel Preciado, Leobardo	Ausente
42 Dávila Fernández, Adriana	Favor
43 Dávila García, Francisco	Favor
44 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio	Favor
45 De León Tello, Jesús	Favor
46 Degante Romero, Silvia Emilia	Favor
47 Del Toro del Villar, Tomás	Ausente
48 Del Valle Toca, Antonio	Favor
49 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique	Favor
50 Denegre Vaught, Rosaura	Favor
51 Deschamps Falcón, Ángel Rafael	Favor
52 Díaz de León Torres, Leticia	Favor
53 Díaz García, José Antonio	Favor
54 Díaz Garibay, Felipe	Favor
55 Díaz Gordillo, Martha Cecilia	Favor
56 Díaz Mena, Joaquín Jesús	Favor
57 Domínguez Servién, Francisco	Favor
58 Duck Núñez, Edgar Mauricio	Favor
59 Enríquez Flores, Armando	Favor
60 Escaroz Soler, Gerardo Antonio	Favor
61 Escobar Jardinez, Adolfo	Favor
62 Espinosa Piña, José Luis	Favor
63 Félix Holguín, Armando Jesús	Ausente
64 Felton González, Carlos Eduardo	Favor
65 Fernández Cabrera, Adrián	Favor
66 Fernández Ugarte, Carmen	Favor
67 Figueroa Ortega, David	Ausente
68 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro	Favor
69 Flores Grande, Arturo	Favor
70 Flores Morfín, Jesús Vicente	Favor
71 Fraile García, Francisco Antonio	Favor
72 Franco Cazarez, Ricardo	Favor
73 Fuentes Ortiz, José Guillermo	Favor
74 García González, Carlos Alberto	Favor
75 García Müller, Martha Margarita	Favor
76 García Reyes, Ángel Humberto	Ausente
77 García Reyes, Beatriz Eugenia	Favor
78 García Vivián, Raúl	Ausente
79 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes	Favor
80 Gómez Leyva, Silvio	Favor
81 González Betancourt, Jorge Justiniano	Favor
82 González Martínez, María Gabriela	Favor
83 González Morán, Martín Oscar	Favor
84 González Roaro, Benjamín Ernesto	Ausente
85 González Ruiz, Felipe	Favor
86 González Sánchez, María Dolores	Favor
87 Gudiño Ortiz, Francisco Javier	Ausente
88 Guerrero Torres, José Gildardo	Favor
89 Gutiérrez Lagunes, María Victoria	Favor
90 Hernández Núñez, Elia	Favor
91 Hurtado Pérez, Nelly Asunción	Favor
92 Iragorri Durán, Enrique	Favor
93 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles	Favor
94 Jiménez Ramos, María Esther	Favor
95 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia	Ausente
96 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar	Favor
97 Landero Gutiérrez, Alejandro	Favor
98 Landeros González, Ramón	Favor
99 Lara Compeán, David	Favor
100 Larios Córdova, Héctor	Ausente
101 Laviada Hernández, Íñigo Antonio	Favor
102 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio	Favor
103 Leura González, Agustín	Favor
104 Lezama Aradillas, René	Favor
105 Limas Frescas, María Soledad	Favor
106 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel	Ausente
107 López Cisneros, José Martín	Favor
108 López Reyna, Omeheira	Ausente
109 López Silva, Rubí Laura	Favor
110 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel	Favor
111 Lujano Nicolás, Christian Martín	Favor
112 Maawad Robert, Luis Xavier	Favor
113 Macías Zambrano, Gustavo	Favor
114 Madrazo Limón, Carlos	Favor
115 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús	Favor
116 Malagón Ríos, Martín	Favor
117 Maldonado González, David	Favor
118 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María	Favor
119 Martínez Díaz, María de Jesús	Favor
120 Martínez Valero, Dora Alicia	Favor
121 Medellín Varela, Antonio	Favor
122 Medina Macias, Alma Hilda	Ausente
123 Medina Rodríguez, Delber	Ausente
124 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia	Favor
125 Mejía García, Luis Alonso	Ausente
126 Méndez Meneses, Apolonio	Favor
127 Mendoza Morales, Lucía Susana	Favor
128 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel	Ausente
129 Mollinedo Hernández, Agustín	Favor
130 Monraz Ibarra, Miguel Ángel	Ausente
131 Montes Sánchez, Fabián Fernando	Ausente
132 Mora Cuevas, Marisol	Favor
133 Morales Ramos, José Nicolás	Favor
134 Morelos Borja, María Esperanza	Favor
135 Moreno Álvarez, Mario Eduardo	Favor
136 Morgan Franco, Rocío del Carmen	Favor
137 Muñoz Serrano, José Antonio	Ausente
138 Murillo Flores, Francisco Javier	Favor
139 Murillo Torres, José Luis	Ausente
140 Navarro Sugich, Carlos Alberto	Favor
141 Nordhausen González, Jorge Rubén	Ausente
142 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves	Favor
143 Ochoa López, Nabor	Ausente
144 Olvera Higuera, Edgar Armando	Favor
145 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto	Favor
146 Ortega Martínez, María del Pilar	Favor
147 Ortiz Hernández, Eduardo	Favor
148 Oviedo Oviedo, Ernesto	Favor
149 Padilla Orozco, Raúl Alejandro	Ausente
150 Palafox Núñez, José Inés	Ausente
151 Paredes Rodríguez, Francisco Javier	Favor
152 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen	Favor
153 Parra Noriega, Luis Gustavo	Favor
154 Pérez Cuéllar, Cruz	Ausente
155 Peyrot Solís, Marco A.	Favor
156 Plascencia Alonso, Francisco Javier	Favor
157 Priego Tapia, Gerardo	Ausente
158 Pulido Pecero, Pedro	Quorum
159 Quintero Bello, Jorge	Favor
160 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana	Favor
161 Ramírez Barba, Ector Jaime	Favor
162 Ramírez Pech, Edgar Martín	Favor
163 Ramírez Villarreal, Gustavo	Favor
164 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel	Favor
165 Reyes López, Carlos Armando	Favor
166 Rincón Vargas, Mirna Cecilia	Favor
167 Rivera Rivera, José Guadalupe	Favor
168 Rivero Rivero, Rolando	Favor
169 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando	Favor
170 Rodríguez Jiménez, Ricardo	Favor
171 Rodríguez Prats, Juan José	Favor
172 Rodríguez Uresti, Enrique	Favor
173 Rojas Hernández, Laura Angélica	Favor
174 Román Isidoro, Demetrio	Favor
175 Romo Jiménez, Martha Angélica	Favor
176 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto	Favor
177 Rueda Gómez, Francisco	Favor
178 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto	Favor
179 Salas Contreras, Marcos	Favor
180 Salazar Madera, Mario Alberto	Ausente
181 Salum del Palacio, Jorge Alejandro	Favor
182 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio	Favor
183 Sánchez Domínguez, Alejandro	Ausente
184 Sánchez Gil, Carlos René	Favor
185 Sánchez Juárez, Claudia	Favor
186 Sánchez Trujillo, José Víctor	Favor
187 Sandoval Munguia, Juan Manuel	Favor
188 Serrato Castell, Luis Gerardo	Ausente
189 Shej Guzmán Sara	Favor
190 Solano Muñoz, José de Jesús	Favor
191 Stefanonni Mazzocco, Martín	Favor
192 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette	Favor
193 Torres Gómez, Artemio	Ausente
194 Torres Herrera, Víctor Manuel	Favor
195 Torres Torres, Carlos Alberto	Favor
196 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe	Ausente
197 Valladolid Rodríguez, Antonio	Favor
198 Vasconcelos Rueda, Antonio	Ausente
199 Vázquez Martínez, Alberto	Favor
200 Vega Corona, Antonio	Favor
201 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo	Favor
202 Verástegui Ostos, César Augusto	Favor
203 Verdín Saldaña, Jaime	Favor
204 Victoria Alva, Juan	Favor
205 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca	Favor
206 Villanueva Arjona, Juan Manuel	Favor
207 Zambrano Elizondo, Javier Martín	Favor
Favor: 164
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 1
Ausentes: 42
Total: 207

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor	Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida	Favor
3 Almazán González, José Antonio	Favor
4 Almonte Borja, Ramón	Ausente
5 Alonso Flores, Lourdes	Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo	Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos	Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa	Favor
9 Álvarez Ramón, Silbestre	Ausente
10 Amaro Corona, Alberto	Ausente
11 Aragón Castillo, Irene	Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel	Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario	Favor
14 Barreiro Pérez, Armando	Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia	Favor
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana	Favor
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh	Favor
18 Brito González, Modesto	Ausente
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier	Favor
20 Campos Aburto, Amador	Ausente
21 Cárdenas Hernández, Raymundo	Ausente
22 Cervantes Rodríguez, Aurora	Favor
23 Chávez García, Higinio	Favor
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac	Favor
25 Contreras Julián, Maricela	Favor
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia	Abstención
27 Cuevas Córdova, Othón	Abstención
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix	Ausente
29 De la Rosa García, Juan Hugo	Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado	Favor
31 Dehesa Mora, Daniel	Favor
32 Del Toro , Mario Enrique	Favor
33 Díaz Contreras, Adriana	Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz	Ausente
35 Espejel Lazcano, Jaime	Favor
36 Fernández Balboa, Mónica	Favor
37 Flores Maldonado, César	Ausente
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro	Favor
39 Franco Melgarejo, Rafael	Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo	Ausente
41 García Rodríguez, Víctor Hugo	Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí	Ausente
43 González Garza, Javier	Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio	Ausente
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis	Favor
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene	Favor
47 Hernández Hernández, Sergio	Favor
48 Hernández Manzanares, Javier	Favor
49 Hernández Silva, Benjamín	Ausente
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia	Ausente
51 Jacques y Medina, José	Ausente
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia	Ausente
53 Landero López, Pedro	Ausente
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario	Favor
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi	Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel	Ausente
57 López Barriga, Erick	Favor
58 López Becerra, Santiago	Favor
59 López Rojas, Alberto	Favor
60 López Torres, María Soledad	Ausente
61 Lozano Lozano, Andrés	Ausente
62 Luna Munguía, Alma Lilia	Favor
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar	Favor
64 Márquez Tinoco, Francisco	Ausente
65 Martínez Hernández, Alejandro	Favor
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto	Favor
67 Martínez Martínez, Francisco	Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo	Favor
69 Martínez Vargas Octavio	Favor
70 Matías Alonso, Marcos	Favor
71 Matus Toledo, Holly	Favor
72 Mayans Canabal, Fernando	Favor
73 Mendoza Arellano, David	Ausente
74 Mendoza Flores, Roberto	Favor
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio	Favor
76 Mendoza Mendoza, Irineo	Favor
77 Monreal Ávila, Susana	Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén	Ausente
79 Morales Sánchez, Efraín	Ausente
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe	Ausente
81 Narcía Álvarez, Héctor	Ausente
82 Navarro López, Carlos Ernesto	Favor
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel	Ausente
84 Ojeda Hernández, Concepción	Favor
85 Oliva Fragoso, Silvia	Ausente
86 Orcí Martínez, Juan Adolfo	Ausente
87 Ortega Martínez, Antonio	Ausente
88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia	Favor
89 Pacheco Llanes, Ramón Félix	Favor
90 Pedraza Chávez, Isidro	Favor
91 Pedrozo Castillo, Adrián	Ausente
92 Peña Sánchez, Miguel Ángel	Favor
93 Pérez Cruz, Raciel	Ausente
94 Pulido Santiago, Celso David	Favor
95 Ramos Becerril, Rafael Plácido	Ausente
96 Ramos Castellanos, Martín	Ausente
97 Rasgado Corsi, Gloria	Ausente
98 Ríos Gamboa, Raúl	Favor
99 Romero Gutiérrez, Odilón	Favor
100 Ruiz Sánchez, Salvador	Ausente
101 Saavedra Coronel, José Antonio	Favor
102 San Martín Hernández, Juan Manuel	Ausente
103 Sánchez Barrios, Carlos	Ausente
104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías	Ausente
105 Sánchez Camacho, Alejandro	Abstención
106 Sánchez Camacho, David	Favor
107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis	Favor
108 Sánchez Ramos, Francisco	Ausente
109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc	Ausente
110 Santos Arreola, Francisco Javier	Favor
111 Solares Chávez, Miguel Ángel	Ausente
112 Soriano Sánchez, Rosa Elva	Favor
113 Soto Ramos, Faustino	Favor
114 Soto Sánchez, Antonio	Ausente
115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso	Favor
116 Torres Baltazar, María Elena	Ausente
117 Torres García, Daniel	Favor
118 Trejo Pérez, Pablo	Favor
119 Ulloa Pérez, Emilio	Favor
120 Vallejo Estevez, Mario	Favor
121 Varela López, Víctor Gabriel	Ausente
122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio	Ausente
123 Villanueva Albarrán, Gerardo	Ausente
124 Villicaña García, Rafael	Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth	Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto	Ausente
127 Zepeda Hernández, Martín	Favor
Favor: 73
Contra: 0
Abstención: 3
Quorum: 0
Ausentes: 51
Total: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico	Favor
2 Aguilar , Diego	Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel	Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas	Ausente
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio	Favor
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo	Ausente
7 Amador Gaxiola, Daniel	Ausente
8 Amador Leal, Narcizo Alberto	Ausente
9 Ayala Almeida, Joel	Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto	Favor
11 Barajas López, Ramón	Favor
12 Barajas del Toro, Salvador	Favor
13 Barba Hernández, Alfredo	Ausente
14 Beltrán Montes, Israel	Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique	Favor
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio	Favor
17 Biebrich Torres, Carlos Armando	Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis	Ausente
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando	Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio	Ausente
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo	Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés	Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique	Favor
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo	Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl	Favor
26 Chaurand Arzate, Carlos	Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes	Favor
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías	Ausente
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis	Ausente
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús	Favor
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel	Favor
32 Domínguez Domínguez, Nemesio	Ausente
33 Duarte Jáquez, César Horacio	Favor
34 Escajeda Jiménez, José Rubén	Ausente
35 Escalante Jasso, Aracely	Ausente
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías	Favor
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge	Favor
38 Flores Sandoval, Patricio	Favor
39 Gamboa Patrón, Emilio	Favor
40 Garza Garza, Horacio Emigdio	Favor
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen	Ausente
42 Gloria Requena, Tomás	Favor
43 Gómez Lugo, Elda	Favor
44 González Calderón, Martha Hilda	Ausente
45 González Salum, Miguel Ángel	Favor
46 González Zarur, Mariano	Ausente
47 Guerrero García, Javier	Favor
48 Guerrero Juárez, Joel	Favor
49 Herrera Ale, Juana Leticia	Ausente
50 Herrera Coyac, Wenceslao	Ausente
51 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando	Favor
52 Lagunes Gallina, Gerardo	Favor
53 Lescieur Talavera, Jorge Mario	Favor
54 López Balbuena, Guillermina	Favor
55 Madrid Tovilla, Areli	Favor
56 Martínez Rodríguez, Lorena	Favor
57 Martínez Rocha, Arturo	Ausente
58 Méndez Lanz, Víctor Manuel	Favor
59 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso	Ausente
60 Merodio Reza, Lilia Guadalupe	Ausente
61 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl	Favor
62 Montalvo Gómez, Pedro	Favor
63 Morales García, Elizabeth	Ausente
64 Mota Hernández, Adolfo	Favor
65 Muñoz Serna, Rogelio	Ausente
66 Murat , José	Ausente
67 Ochoa González, Arnoldo	Ausente
68 Ojeda Camacho, Gilberto	Ausente
69 Olivares Monterrubio, Alejandro	Favor
70 Olivares Ventura, Héctor Hugo	Ausente
71 Ordaz Jiménez, Ismael	Favor
72 Orihuela Bárcenas, José Ascención	Ausente
73 Orihuela Trejo, José Amado	Ausente
74 Ortiz del Carpio, Víctor	Ausente
75 Ortiz Proal, Mauricio	Favor
76 Padilla Gutiérrez, Héctor	Favor
77 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz	Favor
78 Palma César, Víctor Samuel	Ausente
79 Parás González, Juan Manuel	Favor
80 Partida Guzmán, Martha Rocío	Ausente
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel	Ausente
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela	Ausente
83 Pérez Valdés, Daniel	Ausente
84 Pinete Vargas, María del Carmen	Favor
85 Quiñones Canales, Lourdes	Favor
86 Ramírez Martínez, José Edmundo	Favor
87 Ramírez Stabros, Jesús	Favor
88 Reyna García, José Jesús	Favor
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo	Ausente
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco	Ausente
91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda	Favor
92 Rojas Gutiérrez, Carlos	Favor
93 Ruiz Chávez, Sara Latife	Favor
94 Salas López, Ramón	Favor
95 Sánchez Hernández, Eduardo	Ausente
96 Sandoval Paredes, Sergio	Ausente
97 Serrano Escobar, Enrique	Ausente
98 Sosa Castelán, Gerardo	Ausente
99 Toledo Luis, Jorge	Favor
100 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo	Ausente
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio	Ausente
102 Vega Ortiz, María Oralia	Favor
103 Velasco Pérez, Juan Carlos	Favor
104 Villa Villa, Isael	Favor
105 Villanueva Abraján, Patricia	Favor
106 Zatarain González, Carlos Ernesto	Favor
Favor: 59
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 47
Total: 106

CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan	Favor
2 Aguilera Rico, José Luis	Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías	Ausente
4 Castellanos Hernández, Félix	Favor
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús	Ausente
6 Chanona Burguete, Alejandro	Ausente
7 Del Río Virgen, José Manuel	Ausente
8 Esteva Salinas, Alberto	Favor
9 Godoy Cárdenas, Jorge	Ausente
10 López Lena Cruz, Humberto	Ausente
11 Salvatori Bronca, María del Carmen	Favor
12 Samperio Montaño, Juan Ignacio	Favor
13 Sansores San Román, Layda Elena	Favor
14 Tagle Martínez, Martha Angélica	Favor
15 Uscanga Cruz, Robinson	Ausente
16 Valdés Chávez, Ramón	Ausente
17 Varela Lagunas, Tomás José Luis	Favor
18 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc	Favor
Favor: 9
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 9
Total: 18

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio	Favor
2 Bellizia Rosique, Pascual	Favor
3 Chozas y Chozas, Olga Patricia	Favor
4 Cobo Terrazas, Diego	Favor
5 Elizondo Garrido, Francisco	Favor
6 Estrada González, Faustino Javier	Favor
7 González Martínez, Jorge Emilio	Favor
8 Lavara Mejía, Gloria	Favor
9 López Adame, Antonio Xavier	Favor
10 Manrique Guevara, Beatriz	Favor
11 Notholt Guerrero, Alan	Favor
12 Portilla Diéguez, Manuel	Favor
13 Puente Salas, Carlos Alberto	Favor
14 Ramírez Cerda, Ana María	Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador	Favor
16 Sesma Suárez, Jesús	Favor
17 Velasco Rodríguez, Verónica	Ausente
Favor: 16
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén	Ausente
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo	Favor
3 Cantú Garza, Ricardo	Ausente
4 Garay Ulloa, Silvano	Favor
5 Herrera Solís, Anuario Luis	Ausente
6 Maciel Ortiz, María Mercedez	Favor
7 Peregrino García, Abundio	Favor
8 Reynoso Esparza, Julian Ezequiel	Ausente
9 Romero Guzmán, Rosa Elia	Favor
10 Solís Parga, Rodolfo	Favor
11 Vela González, Joaquín Humberto	Favor
Favor: 7
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 11

PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica	Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel	Favor
3 Castillo Nájera, Ariel	Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto	Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto	Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel	Ausente
7 Luna Becerril, Blanca	Ausente
8 Luna Rodríguez, Silvia	Favor
9 Piñeyro Arias, Irma	Ausente
Favor: 5
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 9

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina	Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe	Ausente
3 García Méndez, Armando	Favor
4 Hernández Valadés, Delio	Ausente
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo	Favor
Favor: 2
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 5

PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino	Favor
2 Aguilar López, José Alejandro	Favor
3 Alcalde Virgen, Moisés	Favor
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges	Ausente
5 Álvarez Bernal, María Elena	Favor
6 Amezola Fonceca, Gerardo	Favor
7 Aranda Orozco, Gerardo	Favor
8 Arellano Arellano, Joel	Favor
9 Arenas Guzmán, Margarita	Favor
10 Arizméndi Uribe, Efraín	Ausente
11 Armendáriz García, Pedro	Ausente
12 Arredondo Ibarra, Salvador	Favor
13 Arredondo Velázquez, Jesús	Favor
14 Ávila Mayo, Obdulio	Ausente
15 Barradas Miravete, Gregorio	Ausente
16 Barrios Rodríguez, Juan Enrique	Ausente
17 Bello Pérez, Alfonso Othón	Favor
18 Berber Martínez, Antonio	Ausente
19 Bermúdez Viramontes, Andrés	Ausente
20 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier	Ausente
21 Borboa Becerra, Omar Antonio	Favor
22 Borrego Estrada, Felipe	Favor
23 Bracho González, Carlos Augusto	Favor
24 Buganza Salmerón, Gerardo	Favor
25 Campos Galván, María Eugenia	Favor
26 Carbajal Méndez, Liliana	Favor
27 Carbajal Tejada, Rogelio	Favor
28 Cárdenas Sánchez, Esmeralda	Favor
29 Cardona Benavídez, Alma Xóchil	Ausente
30 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto	Favor
31 Castaño Contreras, Cristián	Favor
32 Castro de la Rosa, Osiel	Ausente
33 Castro Muñoz, Juan de Dios	Ausente
34 Castro Romero, María Sofia	Favor
35 Ceja Romero, Ramón	Favor
36 Chávez García, Daniel	Favor
37 Collado Lara, Beatriz	Favor
38 Contreras Coeto, José Luis	Favor
39 Corral Aguilar, María Mercedes	Favor
40 Cuen Garibi, Marcela	Favor
41 Curiel Preciado, Leobardo	Ausente
42 Dávila Fernández, Adriana	Favor
43 Dávila García, Francisco	Favor
44 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio	Favor
45 De León Tello, Jesús	Favor
46 Degante Romero, Silvia Emilia	Ausente
47 Del Toro del Villar, Tomás	Ausente
48 Del Valle Toca, Antonio	Favor
49 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique	Favor
50 Denegre Vaught, Rosaura	Favor
51 Deschamps Falcón, Ángel Rafael	Favor
52 Díaz de León Torres, Leticia	Favor
53 Díaz García, José Antonio	Favor
54 Díaz Garibay, Felipe	Favor
55 Díaz Gordillo, Martha Cecilia	Favor
56 Díaz Mena, Joaquín Jesús	Favor
57 Domínguez Servién, Francisco	Favor
58 Duck Núñez, Edgar Mauricio	Favor
59 Enríquez Flores, Armando	Favor
60 Escaroz Soler, Gerardo Antonio	Favor
61 Escobar Jardinez, Adolfo	Favor
62 Espinosa Piña, José Luis	Favor
63 Félix Holguín, Armando Jesús	Ausente
64 Felton González, Carlos Eduardo	Ausente
65 Fernández Cabrera, Adrián	Favor
66 Fernández Ugarte, Carmen	Favor
67 Figueroa Ortega, David	Ausente
68 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro	Favor
69 Flores Grande, Arturo	Favor
70 Flores Morfín, Jesús Vicente	Favor
71 Fraile García, Francisco Antonio	Favor
72 Franco Cazarez, Ricardo	Favor
73 Fuentes Ortiz, José Guillermo	Favor
74 García González, Carlos Alberto	Favor
75 García Müller, Martha Margarita	Favor
76 García Reyes, Ángel Humberto	Ausente
77 García Reyes, Beatriz Eugenia	Favor
78 García Vivián, Raúl	Ausente
79 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes	Favor
80 Gómez Leyva, Silvio	Favor
81 González Betancourt, Jorge Justiniano	Favor
82 González Martínez, María Gabriela	Favor
83 González Morán, Martín Oscar	Favor
84 González Roaro, Benjamín Ernesto	Ausente
85 González Ruiz, Felipe	Favor
86 González Sánchez, María Dolores	Favor
87 Gudiño Ortiz, Francisco Javier	Ausente
88 Guerrero Torres, José Gildardo	Ausente
89 Gutiérrez Lagunes, María Victoria	Favor
90 Hernández Núñez, Elia	Favor
91 Hurtado Pérez, Nelly Asunción	Favor
92 Iragorri Durán, Enrique	Favor
93 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles	Favor
94 Jiménez Ramos, María Esther	Favor
95 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia	Ausente
96 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar	Favor
97 Landero Gutiérrez, Alejandro	Favor
98 Landeros González, Ramón	Favor
99 Lara Compeán, David	Favor
100 Larios Córdova, Héctor	Ausente
101 Laviada Hernández, Íñigo Antonio	Favor
102 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio	Favor
103 Leura González, Agustín	Favor
104 Lezama Aradillas, René	Favor
105 Limas Frescas, María Soledad	Favor
106 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel	Ausente
107 López Cisneros, José Martín	Favor
108 López Reyna, Omeheira	Ausente
109 López Silva, Rubí Laura	Favor
110 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel	Favor
111 Lujano Nicolás, Christian Martín	Favor
112 Maawad Robert, Luis Xavier	Favor
113 Macías Zambrano, Gustavo	Favor
114 Madrazo Limón, Carlos	Favor
115 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús	Favor
116 Malagón Ríos, Martín	Favor
117 Maldonado González, David	Ausente
118 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María	Favor
119 Martínez Díaz, María de Jesús	Favor
120 Martínez Valero, Dora Alicia	Favor
121 Medellín Varela, Antonio	Favor
122 Medina Macias, Alma Hilda	Favor
123 Medina Rodríguez, Delber	Ausente
124 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia	Favor
125 Mejía García, Luis Alonso	Ausente
126 Méndez Meneses, Apolonio	Favor
127 Mendoza Morales, Lucía Susana	Favor
128 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel	Ausente
129 Mollinedo Hernández, Agustín	Favor
130 Monraz Ibarra, Miguel Ángel	Ausente
131 Montes Sánchez, Fabián Fernando	Ausente
132 Mora Cuevas, Marisol	Favor
133 Morales Ramos, José Nicolás	Favor
134 Morelos Borja, María Esperanza	Favor
135 Moreno Álvarez, Mario Eduardo	Favor
136 Morgan Franco, Rocío del Carmen	Favor
137 Muñoz Serrano, José Antonio	Ausente
138 Murillo Flores, Francisco Javier	Favor
139 Murillo Torres, José Luis	Favor
140 Navarro Sugich, Carlos Alberto	Abstención
141 Nordhausen González, Jorge Rubén	Ausente
142 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves	Favor
143 Ochoa López, Nabor	Ausente
144 Olvera Higuera, Edgar Armando	Favor
145 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto	Favor
146 Ortega Martínez, María del Pilar	Favor
147 Ortiz Hernández, Eduardo	Favor
148 Oviedo Oviedo, Ernesto	Favor
149 Padilla Orozco, Raúl Alejandro	Ausente
150 Palafox Núñez, José Inés	Ausente
151 Paredes Rodríguez, Francisco Javier	Favor
152 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen	Favor
153 Parra Noriega, Luis Gustavo	Favor
154 Pérez Cuéllar, Cruz	Ausente
155 Peyrot Solís, Marco A.	Favor
156 Plascencia Alonso, Francisco Javier	Favor
157 Priego Tapia, Gerardo	Favor
158 Pulido Pecero, Pedro	Favor
159 Quintero Bello, Jorge	Favor
160 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana	Favor
161 Ramírez Barba, Ector Jaime	Favor
162 Ramírez Pech, Edgar Martín	Favor
163 Ramírez Villarreal, Gustavo	Favor
164 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel	Favor
165 Reyes López, Carlos Armando	Favor
166 Rincón Vargas, Mirna Cecilia	Favor
167 Rivera Rivera, José Guadalupe	Favor
168 Rivero Rivero, Rolando	Favor
169 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando	Favor
170 Rodríguez Jiménez, Ricardo	Favor
171 Rodríguez Prats, Juan José	Favor
172 Rodríguez Uresti, Enrique	Favor
173 Rojas Hernández, Laura Angélica	Favor
174 Román Isidoro, Demetrio	Favor
175 Romo Jiménez, Martha Angélica	Favor
176 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto	Favor
177 Rueda Gómez, Francisco	Favor
178 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto	Favor
179 Salas Contreras, Marcos	Favor
180 Salazar Madera, Mario Alberto	Ausente
181 Salum del Palacio, Jorge Alejandro	Favor
182 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio	Favor
183 Sánchez Domínguez, Alejandro	Ausente
184 Sánchez Gil, Carlos René	Favor
185 Sánchez Juárez, Claudia	Favor
186 Sánchez Trujillo, José Víctor	Favor
187 Sandoval Munguia, Juan Manuel	Favor
188 Serrato Castell, Luis Gerardo	Ausente
189 Shej Guzmán Sara	Favor
190 Solano Muñoz, José de Jesús	Favor
191 Stefanonni Mazzocco, Martín	Favor
192 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette	Favor
193 Torres Gómez, Artemio	Ausente
194 Torres Herrera, Víctor Manuel	Favor
195 Torres Torres, Carlos Alberto	Favor
196 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe	Ausente
197 Valladolid Rodríguez, Antonio	Favor
198 Vasconcelos Rueda, Antonio	Ausente
199 Vázquez Martínez, Alberto	Favor
200 Vega Corona, Antonio	Favor
201 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo	Favor
202 Verástegui Ostos, César Augusto	Favor
203 Verdín Saldaña, Jaime	Favor
204 Victoria Alva, Juan	Favor
205 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca	Favor
206 Villanueva Arjona, Juan Manuel	Ausente
207 Zambrano Elizondo, Javier Martín	Favor
Favor: 160
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 46
Total: 207

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor	Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida	Favor
3 Almazán González, José Antonio	Abstención
4 Almonte Borja, Ramón	Ausente
5 Alonso Flores, Lourdes	Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo	Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos	Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa	Favor
9 Álvarez Ramón, Silbestre	Ausente
10 Amaro Corona, Alberto	Ausente
11 Aragón Castillo, Irene	Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel	Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario	Favor
14 Barreiro Pérez, Armando	Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia	Abstención
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana	Favor
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh	Favor
18 Brito González, Modesto	Ausente
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier	Favor
20 Campos Aburto, Amador	Ausente
21 Cárdenas Hernández, Raymundo	Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora	Favor
23 Chávez García, Higinio	Ausente
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac	Favor
25 Contreras Julián, Maricela	Favor
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia	Favor
27 Cuevas Córdova, Othón	Abstención
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix	Favor
29 De la Rosa García, Juan Hugo	Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado	Favor
31 Dehesa Mora, Daniel	Favor
32 Del Toro , Mario Enrique	Favor
33 Díaz Contreras, Adriana	Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz	Ausente
35 Espejel Lazcano, Jaime	Favor
36 Fernández Balboa, Mónica	Favor
37 Flores Maldonado, César	Ausente
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro	Favor
39 Franco Melgarejo, Rafael	Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo	Ausente
41 García Rodríguez, Víctor Hugo	Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí	Favor
43 González Garza, Javier	Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio	Ausente
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis	Favor
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene	Favor
47 Hernández Hernández, Sergio	Favor
48 Hernández Manzanares, Javier	Favor
49 Hernández Silva, Benjamín	Ausente
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia	Favor
51 Jacques y Medina, José	Ausente
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia	Ausente
53 Landero López, Pedro	Ausente
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario	Favor
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi	Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel	Ausente
57 López Barriga, Erick	Ausente
58 López Becerra, Santiago	Favor
59 López Rojas, Alberto	Favor
60 López Torres, María Soledad	Favor
61 Lozano Lozano, Andrés	Ausente
62 Luna Munguía, Alma Lilia	Favor
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar	Favor
64 Márquez Tinoco, Francisco	Ausente
65 Martínez Hernández, Alejandro	Favor
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto	Favor
67 Martínez Martínez, Francisco	Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo	Favor
69 Martínez Vargas Octavio	Favor
70 Matías Alonso, Marcos	Favor
71 Matus Toledo, Holly	Favor
72 Mayans Canabal, Fernando	Favor
73 Mendoza Arellano, David	Ausente
74 Mendoza Flores, Roberto	Favor
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio	Favor
76 Mendoza Mendoza, Irineo	Favor
77 Monreal Ávila, Susana	Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén	Ausente
79 Morales Sánchez, Efraín	Ausente
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe	Ausente
81 Narcía Álvarez, Héctor	Ausente
82 Navarro López, Carlos Ernesto	Ausente
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel	Ausente
84 Ojeda Hernández, Concepción	Favor
85 Oliva Fragoso, Silvia	Ausente
86 Orcí Martínez, Juan Adolfo	Ausente
87 Ortega Martínez, Antonio	Ausente
88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia	Favor
89 Pacheco Llanes, Ramón Félix	Favor
90 Pedraza Chávez, Isidro	Favor
91 Pedrozo Castillo, Adrián	Ausente
92 Peña Sánchez, Miguel Ángel	Favor
93 Pérez Cruz, Raciel	Ausente
94 Pulido Santiago, Celso David	Favor
95 Ramos Becerril, Rafael Plácido	Favor
96 Ramos Castellanos, Martín	Ausente
97 Rasgado Corsi, Gloria	Ausente
98 Ríos Gamboa, Raúl	Favor
99 Romero Gutiérrez, Odilón	Abstención
100 Ruiz Sánchez, Salvador	Ausente
101 Saavedra Coronel, José Antonio	Favor
102 San Martín Hernández, Juan Manuel	Favor
103 Sánchez Barrios, Carlos	Favor
104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías	Ausente
105 Sánchez Camacho, Alejandro	Favor
106 Sánchez Camacho, David	Favor
107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis	Favor
108 Sánchez Ramos, Francisco	Ausente
109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc	Ausente
110 Santos Arreola, Francisco Javier	Favor
111 Solares Chávez, Miguel Ángel	Favor
112 Soriano Sánchez, Rosa Elva	Favor
113 Soto Ramos, Faustino	Favor
114 Soto Sánchez, Antonio	Ausente
115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso	Favor
116 Torres Baltazar, María Elena	Ausente
117 Torres García, Daniel	Favor
118 Trejo Pérez, Pablo	Favor
119 Ulloa Pérez, Emilio	Favor
120 Vallejo Estevez, Mario	Favor
121 Varela López, Víctor Gabriel	Ausente
122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio	Ausente
123 Villanueva Albarrán, Gerardo	Ausente
124 Villicaña García, Rafael	Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth	Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto	Ausente
127 Zepeda Hernández, Martín	Favor
Favor: 78
Contra: 0
Abstención: 4
Quorum: 0
Ausentes: 45
Total: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico	Favor
2 Aguilar , Diego	Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel	Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas	Ausente
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio	Favor
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo	Ausente
7 Amador Gaxiola, Daniel	Ausente
8 Amador Leal, Narcizo Alberto	Ausente
9 Ayala Almeida, Joel	Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto	Favor
11 Barajas López, Ramón	Favor
12 Barajas del Toro, Salvador	Favor
13 Barba Hernández, Alfredo	Ausente
14 Beltrán Montes, Israel	Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique	Ausente
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio	Ausente
17 Biebrich Torres, Carlos Armando	Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis	Ausente
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando	Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio	Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo	Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés	Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique	Favor
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo	Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl	Favor
26 Chaurand Arzate, Carlos	Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes	Favor
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías	Ausente
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis	Ausente
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús	Favor
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel	Favor
32 Domínguez Domínguez, Nemesio	Ausente
33 Duarte Jáquez, César Horacio	Favor
34 Escajeda Jiménez, José Rubén	Ausente
35 Escalante Jasso, Aracely	Ausente
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías	Favor
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge	Favor
38 Flores Sandoval, Patricio	Favor
39 Gamboa Patrón, Emilio	Favor
40 Garza Garza, Horacio Emigdio	Favor
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen	Ausente
42 Gloria Requena, Tomás	Favor
43 Gómez Lugo, Elda	Favor
44 González Calderón, Martha Hilda	Ausente
45 González Salum, Miguel Ángel	Favor
46 González Zarur, Mariano	Ausente
47 Guerrero García, Javier	Ausente
48 Guerrero Juárez, Joel	Favor
49 Herrera Ale, Juana Leticia	Ausente
50 Herrera Coyac, Wenceslao	Ausente
51 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando	Favor
52 Lagunes Gallina, Gerardo	Favor
53 Lescieur Talavera, Jorge Mario	Favor
54 López Balbuena, Guillermina	Favor
55 Madrid Tovilla, Areli	Favor
56 Martínez Rodríguez, Lorena	Favor
57 Martínez Rocha, Arturo	Ausente
58 Méndez Lanz, Víctor Manuel	Favor
59 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso	Ausente
60 Merodio Reza, Lilia Guadalupe	Ausente
61 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl	Favor
62 Montalvo Gómez, Pedro	Ausente
63 Morales García, Elizabeth	Ausente
64 Mota Hernández, Adolfo	Favor
65 Muñoz Serna, Rogelio	Ausente
66 Murat , José	Ausente
67 Ochoa González, Arnoldo	Ausente
68 Ojeda Camacho, Gilberto	Ausente
69 Olivares Monterrubio, Alejandro	Favor
70 Olivares Ventura, Héctor Hugo	Ausente
71 Ordaz Jiménez, Ismael	Favor
72 Orihuela Bárcenas, José Ascención	Ausente
73 Orihuela Trejo, José Amado	Ausente
74 Ortiz del Carpio, Víctor	Ausente
75 Ortiz Proal, Mauricio	Favor
76 Padilla Gutiérrez, Héctor	Favor
77 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz	Favor
78 Palma César, Víctor Samuel	Ausente
79 Parás González, Juan Manuel	Favor
80 Partida Guzmán, Martha Rocío	Ausente
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel	Ausente
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela	Ausente
83 Pérez Valdés, Daniel	Ausente
84 Pinete Vargas, María del Carmen	Favor
85 Quiñones Canales, Lourdes	Favor
86 Ramírez Martínez, José Edmundo	Ausente
87 Ramírez Stabros, Jesús	Ausente
88 Reyna García, José Jesús	Favor
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo	Ausente
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco	Ausente
91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda	Favor
92 Rojas Gutiérrez, Carlos	Favor
93 Ruiz Chávez, Sara Latife	Ausente
94 Salas López, Ramón	Favor
95 Sánchez Hernández, Eduardo	Ausente
96 Sandoval Paredes, Sergio	Ausente
97 Serrano Escobar, Enrique	Ausente
98 Sosa Castelán, Gerardo	Ausente
99 Toledo Luis, Jorge	Favor
100 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo	Ausente
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio	Ausente
102 Vega Ortiz, María Oralia	Favor
103 Velasco Pérez, Juan Carlos	Favor
104 Villa Villa, Isael	Favor
105 Villanueva Abraján, Patricia	Favor
106 Zatarain González, Carlos Ernesto	Favor
Favor: 53
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 53
Total: 106

CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan	Favor
2 Aguilera Rico, José Luis	Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías	Ausente
4 Castellanos Hernández, Félix	Favor
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús	Ausente
6 Chanona Burguete, Alejandro	Ausente
7 Del Río Virgen, José Manuel	Ausente
8 Esteva Salinas, Alberto	Ausente
9 Godoy Cárdenas, Jorge	Ausente
10 López Lena Cruz, Humberto	Ausente
11 Salvatori Bronca, María del Carmen	Favor
12 Samperio Montaño, Juan Ignacio	Favor
13 Sansores San Román, Layda Elena	Favor
14 Tagle Martínez, Martha Angélica	Favor
15 Uscanga Cruz, Robinson	Ausente
16 Valdés Chávez, Ramón	Ausente
17 Varela Lagunas, Tomás José Luis	Favor
18 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc	Favor
Favor: 8
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 10
Total: 18

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio	Favor
2 Bellizia Rosique, Pascual	Favor
3 Chozas y Chozas, Olga Patricia	Favor
4 Cobo Terrazas, Diego	Ausente
5 Elizondo Garrido, Francisco	Favor
6 Estrada González, Faustino Javier	Ausente
7 González Martínez, Jorge Emilio	Favor
8 Lavara Mejía, Gloria	Favor
9 López Adame, Antonio Xavier	Ausente
10 Manrique Guevara, Beatriz	Favor
11 Notholt Guerrero, Alan	Favor
12 Portilla Diéguez, Manuel	Favor
13 Puente Salas, Carlos Alberto	Favor
14 Ramírez Cerda, Ana María	Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador	Favor
16 Sesma Suárez, Jesús	Favor
17 Velasco Rodríguez, Verónica	Ausente
Favor: 13
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén	Ausente
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo	Favor
3 Cantú Garza, Ricardo	Ausente
4 Garay Ulloa, Silvano	Favor
5 Herrera Solís, Anuario Luis	Ausente
6 Maciel Ortiz, María Mercedez	Favor
7 Peregrino García, Abundio	Favor
8 Reynoso Esparza, Julian Ezequiel	Ausente
9 Romero Guzmán, Rosa Elia	Favor
10 Solís Parga, Rodolfo	Favor
11 Vela González, Joaquín Humberto	Favor
Favor: 7
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 11

PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica	Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel	Favor
3 Castillo Nájera, Ariel	Ausente
4 Dávila Esquivel, Humberto	Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto	Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel	Ausente
7 Luna Becerril, Blanca	Ausente
8 Luna Rodríguez, Silvia	Favor
9 Piñeyro Arias, Irma	Ausente
Favor: 4
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 5
Total: 9

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina	Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe	Ausente
3 García Méndez, Armando	Favor
4 Hernández Valadés, Delio	Favor
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo	Favor
Favor: 3
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 5

PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino	Favor
2 Aguilar López, José Alejandro	Favor
3 Alcalde Virgen, Moisés	Favor
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges	Ausente
5 Álvarez Bernal, María Elena	Favor
6 Amezola Fonceca, Gerardo	Favor
7 Aranda Orozco, Gerardo	Favor
8 Arellano Arellano, Joel	Favor
9 Arenas Guzmán, Margarita	Favor
10 Arizméndi Uribe, Efraín	Ausente
11 Armendáriz García, Pedro	Ausente
12 Arredondo Ibarra, Salvador	Favor
13 Arredondo Velázquez, Jesús	Favor
14 Ávila Mayo, Obdulio	Favor
15 Barradas Miravete, Gregorio	Ausente
16 Barrios Rodríguez, Juan Enrique	Ausente
17 Bello Pérez, Alfonso Othón	Favor
18 Berber Martínez, Antonio	Ausente
19 Bermúdez Viramontes, Andrés	Ausente
20 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier	Ausente
21 Borboa Becerra, Omar Antonio	Favor
22 Borrego Estrada, Felipe	Favor
23 Bracho González, Carlos Augusto	Favor
24 Buganza Salmerón, Gerardo	Favor
25 Campos Galván, María Eugenia	Favor
26 Carbajal Méndez, Liliana	Favor
27 Carbajal Tejada, Rogelio	Favor
28 Cárdenas Sánchez, Esmeralda	Favor
29 Cardona Benavídez, Alma Xóchil	Ausente
30 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto	Favor
31 Castaño Contreras, Cristián	Favor
32 Castro de la Rosa, Osiel	Ausente
33 Castro Muñoz, Juan de Dios	Ausente
34 Castro Romero, María Sofia	Favor
35 Ceja Romero, Ramón	Favor
36 Chávez García, Daniel	Favor
37 Collado Lara, Beatriz	Favor
38 Contreras Coeto, José Luis	Favor
39 Corral Aguilar, María Mercedes	Favor
40 Cuen Garibi, Marcela	Favor
41 Curiel Preciado, Leobardo	Ausente
42 Dávila Fernández, Adriana	Favor
43 Dávila García, Francisco	Favor
44 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio	Favor
45 De León Tello, Jesús	Favor
46 Degante Romero, Silvia Emilia	Favor
47 Del Toro del Villar, Tomás	Ausente
48 Del Valle Toca, Antonio	Favor
49 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique	Favor
50 Denegre Vaught, Rosaura	Favor
51 Deschamps Falcón, Ángel Rafael	Favor
52 Díaz de León Torres, Leticia	Favor
53 Díaz García, José Antonio	Favor
54 Díaz Garibay, Felipe	Favor
55 Díaz Gordillo, Martha Cecilia	Favor
56 Díaz Mena, Joaquín Jesús	Favor
57 Domínguez Servién, Francisco	Favor
58 Duck Núñez, Edgar Mauricio	Favor
59 Enríquez Flores, Armando	Favor
60 Escaroz Soler, Gerardo Antonio	Favor
61 Escobar Jardinez, Adolfo	Favor
62 Espinosa Piña, José Luis	Favor
63 Félix Holguín, Armando Jesús	Ausente
64 Felton González, Carlos Eduardo	Ausente
65 Fernández Cabrera, Adrián	Favor
66 Fernández Ugarte, Carmen	Favor
67 Figueroa Ortega, David	Ausente
68 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro	Favor
69 Flores Grande, Arturo	Favor
70 Flores Morfín, Jesús Vicente	Favor
71 Fraile García, Francisco Antonio	Favor
72 Franco Cazarez, Ricardo	Favor
73 Fuentes Ortiz, José Guillermo	Favor
74 García González, Carlos Alberto	Favor
75 García Müller, Martha Margarita	Favor
76 García Reyes, Ángel Humberto	Ausente
77 García Reyes, Beatriz Eugenia	Favor
78 García Vivián, Raúl	Ausente
79 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes	Favor
80 Gómez Leyva, Silvio	Favor
81 González Betancourt, Jorge Justiniano	Favor
82 González Martínez, María Gabriela	Favor
83 González Morán, Martín Oscar	Favor
84 González Roaro, Benjamín Ernesto	Ausente
85 González Ruiz, Felipe	Favor
86 González Sánchez, María Dolores	Favor
87 Gudiño Ortiz, Francisco Javier	Ausente
88 Guerrero Torres, José Gildardo	Ausente
89 Gutiérrez Lagunes, María Victoria	Favor
90 Hernández Núñez, Elia	Favor
91 Hurtado Pérez, Nelly Asunción	Favor
92 Iragorri Durán, Enrique	Favor
93 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles	Ausente
94 Jiménez Ramos, María Esther	Favor
95 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia	Ausente
96 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar	Favor
97 Landero Gutiérrez, Alejandro	Favor
98 Landeros González, Ramón	Favor
99 Lara Compeán, David	Favor
100 Larios Córdova, Héctor	Ausente
101 Laviada Hernández, Íñigo Antonio	Favor
102 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio	Favor
103 Leura González, Agustín	Favor
104 Lezama Aradillas, René	Favor
105 Limas Frescas, María Soledad	Favor
106 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel	Ausente
107 López Cisneros, José Martín	Favor
108 López Reyna, Omeheira	Ausente
109 López Silva, Rubí Laura	Favor
110 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel	Favor
111 Lujano Nicolás, Christian Martín	Favor
112 Maawad Robert, Luis Xavier	Favor
113 Macías Zambrano, Gustavo	Favor
114 Madrazo Limón, Carlos	Favor
115 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús	Favor
116 Malagón Ríos, Martín	Favor
117 Maldonado González, David	Ausente
118 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María	Favor
119 Martínez Díaz, María de Jesús	Favor
120 Martínez Valero, Dora Alicia	Favor
121 Medellín Varela, Antonio	Favor
122 Medina Macias, Alma Hilda	Favor
123 Medina Rodríguez, Delber	Ausente
124 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia	Favor
125 Mejía García, Luis Alonso	Ausente
126 Méndez Meneses, Apolonio	Favor
127 Mendoza Morales, Lucía Susana	Favor
128 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel	Ausente
129 Mollinedo Hernández, Agustín	Favor
130 Monraz Ibarra, Miguel Ángel	Ausente
131 Montes Sánchez, Fabián Fernando	Ausente
132 Mora Cuevas, Marisol	Favor
133 Morales Ramos, José Nicolás	Favor
134 Morelos Borja, María Esperanza	Favor
135 Moreno Álvarez, Mario Eduardo	Ausente
136 Morgan Franco, Rocío del Carmen	Favor
137 Muñoz Serrano, José Antonio	Ausente
138 Murillo Flores, Francisco Javier	Favor
139 Murillo Torres, José Luis	Favor
140 Navarro Sugich, Carlos Alberto	Favor
141 Nordhausen González, Jorge Rubén	Ausente
142 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves	Favor
143 Ochoa López, Nabor	Ausente
144 Olvera Higuera, Edgar Armando	Favor
145 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto	Favor
146 Ortega Martínez, María del Pilar	Favor
147 Ortiz Hernández, Eduardo	Favor
148 Oviedo Oviedo, Ernesto	Favor
149 Padilla Orozco, Raúl Alejandro	Ausente
150 Palafox Núñez, José Inés	Ausente
151 Paredes Rodríguez, Francisco Javier	Favor
152 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen	Favor
153 Parra Noriega, Luis Gustavo	Favor
154 Pérez Cuéllar, Cruz	Ausente
155 Peyrot Solís, Marco A.	Favor
156 Plascencia Alonso, Francisco Javier	Favor
157 Priego Tapia, Gerardo	Favor
158 Pulido Pecero, Pedro	Favor
159 Quintero Bello, Jorge	Favor
160 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana	Favor
161 Ramírez Barba, Ector Jaime	Favor
162 Ramírez Pech, Edgar Martín	Favor
163 Ramírez Villarreal, Gustavo	Favor
164 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel	Favor
165 Reyes López, Carlos Armando	Favor
166 Rincón Vargas, Mirna Cecilia	Favor
167 Rivera Rivera, José Guadalupe	Favor
168 Rivero Rivero, Rolando	Favor
169 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando	Favor
170 Rodríguez Jiménez, Ricardo	Favor
171 Rodríguez Prats, Juan José	Favor
172 Rodríguez Uresti, Enrique	Favor
173 Rojas Hernández, Laura Angélica	Favor
174 Román Isidoro, Demetrio	Favor
175 Romo Jiménez, Martha Angélica	Favor
176 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto	Favor
177 Rueda Gómez, Francisco	Favor
178 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto	Favor
179 Salas Contreras, Marcos	Favor
180 Salazar Madera, Mario Alberto	Ausente
181 Salum del Palacio, Jorge Alejandro	Ausente
182 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio	Favor
183 Sánchez Domínguez, Alejandro	Ausente
184 Sánchez Gil, Carlos René	Favor
185 Sánchez Juárez, Claudia	Favor
186 Sánchez Trujillo, José Víctor	Favor
187 Sandoval Munguia, Juan Manuel	Favor
188 Serrato Castell, Luis Gerardo	Ausente
189 Shej Guzmán Sara	Favor
190 Solano Muñoz, José de Jesús	Favor
191 Stefanonni Mazzocco, Martín	Favor
192 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette	Favor
193 Torres Gómez, Artemio	Ausente
194 Torres Herrera, Víctor Manuel	Favor
195 Torres Torres, Carlos Alberto	Favor
196 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe	Ausente
197 Valladolid Rodríguez, Antonio	Favor
198 Vasconcelos Rueda, Antonio	Ausente
199 Vázquez Martínez, Alberto	Favor
200 Vega Corona, Antonio	Favor
201 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo	Favor
202 Verástegui Ostos, César Augusto	Favor
203 Verdín Saldaña, Jaime	Favor
204 Victoria Alva, Juan	Favor
205 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca	Favor
206 Villanueva Arjona, Juan Manuel	Favor
207 Zambrano Elizondo, Javier Martín	Favor
Favor: 161
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 46
Total: 207

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor	Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida	Favor
3 Almazán González, José Antonio	Abstención
4 Almonte Borja, Ramón	Ausente
5 Alonso Flores, Lourdes	Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo	Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos	Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa	Favor
9 Álvarez Ramón, Silbestre	Ausente
10 Amaro Corona, Alberto	Ausente
11 Aragón Castillo, Irene	Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel	Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario	Favor
14 Barreiro Pérez, Armando	Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia	Abstención
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana	Abstención
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh	Favor
18 Brito González, Modesto	Ausente
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier	Favor
20 Campos Aburto, Amador	Ausente
21 Cárdenas Hernández, Raymundo	Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora	Favor
23 Chávez García, Higinio	Ausente
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac	Ausente
25 Contreras Julián, Maricela	Ausente
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia	Favor
27 Cuevas Córdova, Othón	Ausente
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix	Favor
29 De la Rosa García, Juan Hugo	Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado	Favor
31 Dehesa Mora, Daniel	Favor
32 Del Toro , Mario Enrique	Favor
33 Díaz Contreras, Adriana	Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz	Ausente
35 Espejel Lazcano, Jaime	Favor
36 Fernández Balboa, Mónica	Favor
37 Flores Maldonado, César	Ausente
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro	Favor
39 Franco Melgarejo, Rafael	Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo	Ausente
41 García Rodríguez, Víctor Hugo	Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí	Favor
43 González Garza, Javier	Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio	Ausente
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis	Favor
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene	Favor
47 Hernández Hernández, Sergio	Favor
48 Hernández Manzanares, Javier	Favor
49 Hernández Silva, Benjamín	Ausente
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia	Favor
51 Jacques y Medina, José	Ausente
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia	Ausente
53 Landero López, Pedro	Ausente
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario	Favor
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi	Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel	Ausente
57 López Barriga, Erick	Favor
58 López Becerra, Santiago	Favor
59 López Rojas, Alberto	Favor
60 López Torres, María Soledad	Favor
61 Lozano Lozano, Andrés	Ausente
62 Luna Munguía, Alma Lilia	Favor
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar	Favor
64 Márquez Tinoco, Francisco	Ausente
65 Martínez Hernández, Alejandro	Favor
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto	Favor
67 Martínez Martínez, Francisco	Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo	Favor
69 Martínez Vargas Octavio	Favor
70 Matías Alonso, Marcos	Favor
71 Matus Toledo, Holly	Favor
72 Mayans Canabal, Fernando	Favor
73 Mendoza Arellano, David	Ausente
74 Mendoza Flores, Roberto	Favor
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio	Favor
76 Mendoza Mendoza, Irineo	Favor
77 Monreal Ávila, Susana	Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén	Ausente
79 Morales Sánchez, Efraín	Ausente
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe	Ausente
81 Narcía Álvarez, Héctor	Ausente
82 Navarro López, Carlos Ernesto	Favor
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel	Ausente
84 Ojeda Hernández, Concepción	Favor
85 Oliva Fragoso, Silvia	Ausente
86 Orcí Martínez, Juan Adolfo	Ausente
87 Ortega Martínez, Antonio	Ausente
88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia	Ausente
89 Pacheco Llanes, Ramón Félix	Ausente
90 Pedraza Chávez, Isidro	Favor
91 Pedrozo Castillo, Adrián	Ausente
92 Peña Sánchez, Miguel Ángel	Favor
93 Pérez Cruz, Raciel	Ausente
94 Pulido Santiago, Celso David	Favor
95 Ramos Becerril, Rafael Plácido	Favor
96 Ramos Castellanos, Martín	Favor
97 Rasgado Corsi, Gloria	Ausente
98 Ríos Gamboa, Raúl	Favor
99 Romero Gutiérrez, Odilón	Favor
100 Ruiz Sánchez, Salvador	Ausente
101 Saavedra Coronel, José Antonio	Favor
102 San Martín Hernández, Juan Manuel	Favor
103 Sánchez Barrios, Carlos	Favor
104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías	Ausente
105 Sánchez Camacho, Alejandro	Favor
106 Sánchez Camacho, David	Favor
107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis	Favor
108 Sánchez Ramos, Francisco	Ausente
109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc	Favor
110 Santos Arreola, Francisco Javier	Favor
111 Solares Chávez, Miguel Ángel	Favor
112 Soriano Sánchez, Rosa Elva	Favor
113 Soto Ramos, Faustino	Favor
114 Soto Sánchez, Antonio	Ausente
115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso	Favor
116 Torres Baltazar, María Elena	Ausente
117 Torres García, Daniel	Favor
118 Trejo Pérez, Pablo	Favor
119 Ulloa Pérez, Emilio	Favor
120 Vallejo Estevez, Mario	Favor
121 Varela López, Víctor Gabriel	Ausente
122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio	Ausente
123 Villanueva Albarrán, Gerardo	Ausente
124 Villicaña García, Rafael	Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth	Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto	Ausente
127 Zepeda Hernández, Martín	Favor
Favor: 78
Contra: 0
Abstención: 3
Quorum: 0
Ausentes: 46
Total: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico	Favor
2 Aguilar , Diego	Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel	Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas	Ausente
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio	Favor
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo	Ausente
7 Amador Gaxiola, Daniel	Ausente
8 Amador Leal, Narcizo Alberto	Ausente
9 Ayala Almeida, Joel	Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto	Favor
11 Barajas López, Ramón	Favor
12 Barajas del Toro, Salvador	Favor
13 Barba Hernández, Alfredo	Ausente
14 Beltrán Montes, Israel	Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique	Ausente
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio	Ausente
17 Biebrich Torres, Carlos Armando	Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis	Ausente
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando	Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio	Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo	Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés	Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique	Favor
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo	Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl	Favor
26 Chaurand Arzate, Carlos	Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes	Favor
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías	Ausente
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis	Ausente
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús	Favor
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel	Favor
32 Domínguez Domínguez, Nemesio	Ausente
33 Duarte Jáquez, César Horacio	Favor
34 Escajeda Jiménez, José Rubén	Ausente
35 Escalante Jasso, Aracely	Ausente
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías	Favor
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge	Favor
38 Flores Sandoval, Patricio	Favor
39 Gamboa Patrón, Emilio	Favor
40 Garza Garza, Horacio Emigdio	Favor
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen	Ausente
42 Gloria Requena, Tomás	Ausente
43 Gómez Lugo, Elda	Favor
44 González Calderón, Martha Hilda	Ausente
45 González Salum, Miguel Ángel	Favor
46 González Zarur, Mariano	Ausente
47 Guerrero García, Javier	Favor
48 Guerrero Juárez, Joel	Ausente
49 Herrera Ale, Juana Leticia	Ausente
50 Herrera Coyac, Wenceslao	Ausente
51 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando	Ausente
52 Lagunes Gallina, Gerardo	Favor
53 Lescieur Talavera, Jorge Mario	Favor
54 López Balbuena, Guillermina	Ausente
55 Madrid Tovilla, Areli	Favor
56 Martínez Rodríguez, Lorena	Ausente
57 Martínez Rocha, Arturo	Ausente
58 Méndez Lanz, Víctor Manuel	Favor
59 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso	Ausente
60 Merodio Reza, Lilia Guadalupe	Ausente
61 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl	Favor
62 Montalvo Gómez, Pedro	Ausente
63 Morales García, Elizabeth	Ausente
64 Mota Hernández, Adolfo	Ausente
65 Muñoz Serna, Rogelio	Ausente
66 Murat , José	Favor
67 Ochoa González, Arnoldo	Ausente
68 Ojeda Camacho, Gilberto	Ausente
69 Olivares Monterrubio, Alejandro	Favor
70 Olivares Ventura, Héctor Hugo	Ausente
71 Ordaz Jiménez, Ismael	Favor
72 Orihuela Bárcenas, José Ascención	Ausente
73 Orihuela Trejo, José Amado	Ausente
74 Ortiz del Carpio, Víctor	Ausente
75 Ortiz Proal, Mauricio	Favor
76 Padilla Gutiérrez, Héctor	Favor
77 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz	Favor
78 Palma César, Víctor Samuel	Ausente
79 Parás González, Juan Manuel	Favor
80 Partida Guzmán, Martha Rocío	Ausente
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel	Ausente
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela	Ausente
83 Pérez Valdés, Daniel	Ausente
84 Pinete Vargas, María del Carmen	Favor
85 Quiñones Canales, Lourdes	Ausente
86 Ramírez Martínez, José Edmundo	Favor
87 Ramírez Stabros, Jesús	Favor
88 Reyna García, José Jesús	Favor
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo	Ausente
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco	Ausente
91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda	Favor
92 Rojas Gutiérrez, Carlos	Favor
93 Ruiz Chávez, Sara Latife	Ausente
94 Salas López, Ramón	Favor
95 Sánchez Hernández, Eduardo	Ausente
96 Sandoval Paredes, Sergio	Ausente
97 Serrano Escobar, Enrique	Ausente
98 Sosa Castelán, Gerardo	Ausente
99 Toledo Luis, Jorge	Favor
100 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo	Ausente
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio	Ausente
102 Vega Ortiz, María Oralia	Ausente
103 Velasco Pérez, Juan Carlos	Favor
104 Villa Villa, Isael	Favor
105 Villanueva Abraján, Patricia	Favor
106 Zatarain González, Carlos Ernesto	Favor
Favor: 49
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 57
Total: 106

CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan	Favor
2 Aguilera Rico, José Luis	Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías	Ausente
4 Castellanos Hernández, Félix	Favor
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús	Ausente
6 Chanona Burguete, Alejandro	Ausente
7 Del Río Virgen, José Manuel	Ausente
8 Esteva Salinas, Alberto	Favor
9 Godoy Cárdenas, Jorge	Ausente
10 López Lena Cruz, Humberto	Ausente
11 Salvatori Bronca, María del Carmen	Favor
12 Samperio Montaño, Juan Ignacio	Favor
13 Sansores San Román, Layda Elena	Favor
14 Tagle Martínez, Martha Angélica	Favor
15 Uscanga Cruz, Robinson	Ausente
16 Valdés Chávez, Ramón	Ausente
17 Varela Lagunas, Tomás José Luis	Favor
18 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc	Favor
Favor: 9
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 9
Total: 18

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio	Favor
2 Bellizia Rosique, Pascual	Favor
3 Chozas y Chozas, Olga Patricia	Favor
4 Cobo Terrazas, Diego	Ausente
5 Elizondo Garrido, Francisco	Favor
6 Estrada González, Faustino Javier	Favor
7 González Martínez, Jorge Emilio	Favor
8 Lavara Mejía, Gloria	Favor
9 López Adame, Antonio Xavier	Ausente
10 Manrique Guevara, Beatriz	Favor
11 Notholt Guerrero, Alan	Favor
12 Portilla Diéguez, Manuel	Favor
13 Puente Salas, Carlos Alberto	Favor
14 Ramírez Cerda, Ana María	Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador	Favor
16 Sesma Suárez, Jesús	Favor
17 Velasco Rodríguez, Verónica	Ausente
Favor: 14
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén	Ausente
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo	Ausente
3 Cantú Garza, Ricardo	Ausente
4 Garay Ulloa, Silvano	Favor
5 Herrera Solís, Anuario Luis	Ausente
6 Maciel Ortiz, María Mercedez	Abstención
7 Peregrino García, Abundio	Favor
8 Reynoso Esparza, Julian Ezequiel	Ausente
9 Romero Guzmán, Rosa Elia	Favor
10 Solís Parga, Rodolfo	Favor
11 Vela González, Joaquín Humberto	Favor
Favor: 5
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 5
Total: 11

PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica	Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel	Favor
3 Castillo Nájera, Ariel	Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto	Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto	Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel	Ausente
7 Luna Becerril, Blanca	Favor
8 Luna Rodríguez, Silvia	Favor
9 Piñeyro Arias, Irma	Ausente
Favor: 6
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 9

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina	Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe	Ausente
3 García Méndez, Armando	Favor
4 Hernández Valadés, Delio	Favor
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo	Favor
Favor: 3
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 5

PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino	Favor
2 Aguilar López, José Alejandro	Favor
3 Alcalde Virgen, Moisés	Favor
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges	Ausente
5 Álvarez Bernal, María Elena	Favor
6 Amezola Fonceca, Gerardo	Favor
7 Aranda Orozco, Gerardo	Favor
8 Arellano Arellano, Joel	Favor
9 Arenas Guzmán, Margarita	Favor
10 Arizméndi Uribe, Efraín	Ausente
11 Armendáriz García, Pedro	Ausente
12 Arredondo Ibarra, Salvador	Favor
13 Arredondo Velázquez, Jesús	Favor
14 Ávila Mayo, Obdulio	Favor
15 Barradas Miravete, Gregorio	Ausente
16 Barrios Rodríguez, Juan Enrique	Ausente
17 Bello Pérez, Alfonso Othón	Favor
18 Berber Martínez, Antonio	Ausente
19 Bermúdez Viramontes, Andrés	Ausente
20 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier	Ausente
21 Borboa Becerra, Omar Antonio	Favor
22 Borrego Estrada, Felipe	Favor
23 Bracho González, Carlos Augusto	Favor
24 Buganza Salmerón, Gerardo	Favor
25 Campos Galván, María Eugenia	Favor
26 Carbajal Méndez, Liliana	Favor
27 Carbajal Tejada, Rogelio	Ausente
28 Cárdenas Sánchez, Esmeralda	Favor
29 Cardona Benavídez, Alma Xóchil	Ausente
30 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto	Favor
31 Castaño Contreras, Cristián	Favor
32 Castro de la Rosa, Osiel	Ausente
33 Castro Muñoz, Juan de Dios	Favor
34 Castro Romero, María Sofia	Favor
35 Ceja Romero, Ramón	Favor
36 Chávez García, Daniel	Favor
37 Collado Lara, Beatriz	Favor
38 Contreras Coeto, José Luis	Favor
39 Corral Aguilar, María Mercedes	Favor
40 Cuen Garibi, Marcela	Favor
41 Curiel Preciado, Leobardo	Ausente
42 Dávila Fernández, Adriana	Favor
43 Dávila García, Francisco	Favor
44 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio	Favor
45 De León Tello, Jesús	Favor
46 Degante Romero, Silvia Emilia	Favor
47 Del Toro del Villar, Tomás	Ausente
48 Del Valle Toca, Antonio	Favor
49 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique	Favor
50 Denegre Vaught, Rosaura	Favor
51 Deschamps Falcón, Ángel Rafael	Favor
52 Díaz de León Torres, Leticia	Favor
53 Díaz García, José Antonio	Favor
54 Díaz Garibay, Felipe	Favor
55 Díaz Gordillo, Martha Cecilia	Favor
56 Díaz Mena, Joaquín Jesús	Favor
57 Domínguez Servién, Francisco	Favor
58 Duck Núñez, Edgar Mauricio	Favor
59 Enríquez Flores, Armando	Favor
60 Escaroz Soler, Gerardo Antonio	Favor
61 Escobar Jardinez, Adolfo	Favor
62 Espinosa Piña, José Luis	Favor
63 Félix Holguín, Armando Jesús	Ausente
64 Felton González, Carlos Eduardo	Favor
65 Fernández Cabrera, Adrián	Favor
66 Fernández Ugarte, Carmen	Favor
67 Figueroa Ortega, David	Ausente
68 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro	Favor
69 Flores Grande, Arturo	Favor
70 Flores Morfín, Jesús Vicente	Favor
71 Fraile García, Francisco Antonio	Favor
72 Franco Cazarez, Ricardo	Favor
73 Fuentes Ortiz, José Guillermo	Favor
74 García González, Carlos Alberto	Favor
75 García Müller, Martha Margarita	Favor
76 García Reyes, Ángel Humberto	Ausente
77 García Reyes, Beatriz Eugenia	Favor
78 García Vivián, Raúl	Ausente
79 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes	Favor
80 Gómez Leyva, Silvio	Favor
81 González Betancourt, Jorge Justiniano	Favor
82 González Martínez, María Gabriela	Favor
83 González Morán, Martín Oscar	Favor
84 González Roaro, Benjamín Ernesto	Ausente
85 González Ruiz, Felipe	Favor
86 González Sánchez, María Dolores	Favor
87 Gudiño Ortiz, Francisco Javier	Ausente
88 Guerrero Torres, José Gildardo	Ausente
89 Gutiérrez Lagunes, María Victoria	Favor
90 Hernández Núñez, Elia	Favor
91 Hurtado Pérez, Nelly Asunción	Favor
92 Iragorri Durán, Enrique	Favor
93 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles	Favor
94 Jiménez Ramos, María Esther	Favor
95 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia	Ausente
96 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar	Favor
97 Landero Gutiérrez, Alejandro	Favor
98 Landeros González, Ramón	Favor
99 Lara Compeán, David	Favor
100 Larios Córdova, Héctor	Favor
101 Laviada Hernández, Íñigo Antonio	Favor
102 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio	Favor
103 Leura González, Agustín	Favor
104 Lezama Aradillas, René	Favor
105 Limas Frescas, María Soledad	Favor
106 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel	Ausente
107 López Cisneros, José Martín	Favor
108 López Reyna, Omeheira	Ausente
109 López Silva, Rubí Laura	Favor
110 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel	Favor
111 Lujano Nicolás, Christian Martín	Favor
112 Maawad Robert, Luis Xavier	Favor
113 Macías Zambrano, Gustavo	Favor
114 Madrazo Limón, Carlos	Favor
115 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús	Favor
116 Malagón Ríos, Martín	Favor
117 Maldonado González, David	Ausente
118 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María	Favor
119 Martínez Díaz, María de Jesús	Favor
120 Martínez Valero, Dora Alicia	Favor
121 Medellín Varela, Antonio	Favor
122 Medina Macias, Alma Hilda	Favor
123 Medina Rodríguez, Delber	Ausente
124 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia	Favor
125 Mejía García, Luis Alonso	Ausente
126 Méndez Meneses, Apolonio	Favor
127 Mendoza Morales, Lucía Susana	Favor
128 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel	Ausente
129 Mollinedo Hernández, Agustín	Favor
130 Monraz Ibarra, Miguel Ángel	Favor
131 Montes Sánchez, Fabián Fernando	Ausente
132 Mora Cuevas, Marisol	Favor
133 Morales Ramos, José Nicolás	Favor
134 Morelos Borja, María Esperanza	Favor
135 Moreno Álvarez, Mario Eduardo	Ausente
136 Morgan Franco, Rocío del Carmen	Favor
137 Muñoz Serrano, José Antonio	Ausente
138 Murillo Flores, Francisco Javier	Favor
139 Murillo Torres, José Luis	Favor
140 Navarro Sugich, Carlos Alberto	Favor
141 Nordhausen González, Jorge Rubén	Ausente
142 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves	Favor
143 Ochoa López, Nabor	Ausente
144 Olvera Higuera, Edgar Armando	Favor
145 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto	Favor
146 Ortega Martínez, María del Pilar	Favor
147 Ortiz Hernández, Eduardo	Favor
148 Oviedo Oviedo, Ernesto	Favor
149 Padilla Orozco, Raúl Alejandro	Ausente
150 Palafox Núñez, José Inés	Ausente
151 Paredes Rodríguez, Francisco Javier	Favor
152 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen	Favor
153 Parra Noriega, Luis Gustavo	Favor
154 Pérez Cuéllar, Cruz	Ausente
155 Peyrot Solís, Marco A.	Favor
156 Plascencia Alonso, Francisco Javier	Favor
157 Priego Tapia, Gerardo	Favor
158 Pulido Pecero, Pedro	Favor
159 Quintero Bello, Jorge	Favor
160 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana	Favor
161 Ramírez Barba, Ector Jaime	Favor
162 Ramírez Pech, Edgar Martín	Favor
163 Ramírez Villarreal, Gustavo	Favor
164 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel	Favor
165 Reyes López, Carlos Armando	Favor
166 Rincón Vargas, Mirna Cecilia	Favor
167 Rivera Rivera, José Guadalupe	Favor
168 Rivero Rivero, Rolando	Favor
169 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando	Favor
170 Rodríguez Jiménez, Ricardo	Favor
171 Rodríguez Prats, Juan José	Favor
172 Rodríguez Uresti, Enrique	Favor
173 Rojas Hernández, Laura Angélica	Favor
174 Román Isidoro, Demetrio	Favor
175 Romo Jiménez, Martha Angélica	Favor
176 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto	Favor
177 Rueda Gómez, Francisco	Favor
178 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto	Favor
179 Salas Contreras, Marcos	Favor
180 Salazar Madera, Mario Alberto	Ausente
181 Salum del Palacio, Jorge Alejandro	Ausente
182 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio	Favor
183 Sánchez Domínguez, Alejandro	Ausente
184 Sánchez Gil, Carlos René	Favor
185 Sánchez Juárez, Claudia	Favor
186 Sánchez Trujillo, José Víctor	Ausente
187 Sandoval Munguia, Juan Manuel	Favor
188 Serrato Castell, Luis Gerardo	Ausente
189 Shej Guzmán Sara	Favor
190 Solano Muñoz, José de Jesús	Favor
191 Stefanonni Mazzocco, Martín	Favor
192 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette	Favor
193 Torres Gómez, Artemio	Ausente
194 Torres Herrera, Víctor Manuel	Favor
195 Torres Torres, Carlos Alberto	Favor
196 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe	Ausente
197 Valladolid Rodríguez, Antonio	Favor
198 Vasconcelos Rueda, Antonio	Ausente
199 Vázquez Martínez, Alberto	Favor
200 Vega Corona, Antonio	Favor
201 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo	Favor
202 Verástegui Ostos, César Augusto	Ausente
203 Verdín Saldaña, Jaime	Favor
204 Victoria Alva, Juan	Favor
205 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca	Favor
206 Villanueva Arjona, Juan Manuel	Favor
207 Zambrano Elizondo, Javier Martín	Favor
Favor: 163
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 44
Total: 207

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor	Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida	Contra
3 Almazán González, José Antonio	Ausente
4 Almonte Borja, Ramón	Ausente
5 Alonso Flores, Lourdes	Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo	Ausente
7 Altamirano Toledo, Carlos	Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa	Ausente
9 Álvarez Ramón, Silbestre	Ausente
10 Amaro Corona, Alberto	Ausente
11 Aragón Castillo, Irene	Ausente
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel	Ausente
13 Arreola Calderón, Juan Dario	Quorum
14 Barreiro Pérez, Armando	Abstención
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia	Ausente
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana	Ausente
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh	Ausente
18 Brito González, Modesto	Ausente
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier	Ausente
20 Campos Aburto, Amador	Ausente
21 Cárdenas Hernández, Raymundo	Ausente
22 Cervantes Rodríguez, Aurora	Contra
23 Chávez García, Higinio	Quorum
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac	Ausente
25 Contreras Julián, Maricela	Contra
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia	Contra
27 Cuevas Córdova, Othón	Ausente
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix	Ausente
29 De la Rosa García, Juan Hugo	Quorum
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado	Ausente
31 Dehesa Mora, Daniel	Ausente
32 Del Toro , Mario Enrique	Abstención
33 Díaz Contreras, Adriana	Abstención
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz	Ausente
35 Espejel Lazcano, Jaime	Contra
36 Fernández Balboa, Mónica	Contra
37 Flores Maldonado, César	Ausente
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro	Abstención
39 Franco Melgarejo, Rafael	Contra
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo	Ausente
41 García Rodríguez, Víctor Hugo	Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí	Ausente
43 González Garza, Javier	Ausente
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio	Ausente
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis	Ausente
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene	Ausente
47 Hernández Hernández, Sergio	Abstención
48 Hernández Manzanares, Javier	Contra
49 Hernández Silva, Benjamín	Ausente
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia	Abstención
51 Jacques y Medina, José	Ausente
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia	Ausente
53 Landero López, Pedro	Ausente
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario	Ausente
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi	Abstención
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel	Ausente
57 López Barriga, Erick	Ausente
58 López Becerra, Santiago	Quorum
59 López Rojas, Alberto	Abstención
60 López Torres, María Soledad	Contra
61 Lozano Lozano, Andrés	Ausente
62 Luna Munguía, Alma Lilia	Abstención
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar	Abstención
64 Márquez Tinoco, Francisco	Ausente
65 Martínez Hernández, Alejandro	Ausente
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto	Ausente
67 Martínez Martínez, Francisco	Abstención
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo	Ausente
69 Martínez Vargas Octavio	Abstención
70 Matías Alonso, Marcos	Ausente
71 Matus Toledo, Holly	Contra
72 Mayans Canabal, Fernando	Contra
73 Mendoza Arellano, David	Ausente
74 Mendoza Flores, Roberto	Contra
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio	Ausente
76 Mendoza Mendoza, Irineo	Ausente
77 Monreal Ávila, Susana	Abstención
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén	Ausente
79 Morales Sánchez, Efraín	Ausente
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe	Ausente
81 Narcía Álvarez, Héctor	Ausente
82 Navarro López, Carlos Ernesto	Contra
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel	Ausente
84 Ojeda Hernández, Concepción	Abstención
85 Oliva Fragoso, Silvia	Ausente
86 Orcí Martínez, Juan Adolfo	Ausente
87 Ortega Martínez, Antonio	Ausente
88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia	Ausente
89 Pacheco Llanes, Ramón Félix	Ausente
90 Pedraza Chávez, Isidro	Ausente
91 Pedrozo Castillo, Adrián	Ausente
92 Peña Sánchez, Miguel Ángel	Quorum
93 Pérez Cruz, Raciel	Ausente
94 Pulido Santiago, Celso David	Ausente
95 Ramos Becerril, Rafael Plácido	Abstención
96 Ramos Castellanos, Martín	Abstención
97 Rasgado Corsi, Gloria	Ausente
98 Ríos Gamboa, Raúl	Abstención
99 Romero Gutiérrez, Odilón	Ausente
100 Ruiz Sánchez, Salvador	Ausente
101 Saavedra Coronel, José Antonio	Contra
102 San Martín Hernández, Juan Manuel	Contra
103 Sánchez Barrios, Carlos	Ausente
104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías	Ausente
105 Sánchez Camacho, Alejandro	Ausente
106 Sánchez Camacho, David	Ausente
107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis	Abstención
108 Sánchez Ramos, Francisco	Ausente
109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc	Ausente
110 Santos Arreola, Francisco Javier	Contra
111 Solares Chávez, Miguel Ángel	Contra
112 Soriano Sánchez, Rosa Elva	Ausente
113 Soto Ramos, Faustino	Ausente
114 Soto Sánchez, Antonio	Ausente
115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso	Contra
116 Torres Baltazar, María Elena	Ausente
117 Torres García, Daniel	Ausente
118 Trejo Pérez, Pablo	Abstención
119 Ulloa Pérez, Emilio	Ausente
120 Vallejo Estevez, Mario	Ausente
121 Varela López, Víctor Gabriel	Ausente
122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio	Ausente
123 Villanueva Albarrán, Gerardo	Ausente
124 Villicaña García, Rafael	Ausente
125 Zavaleta Salgado, Ruth	Quorum
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto	Ausente
127 Zepeda Hernández, Martín	Ausente
Favor: 1
Contra: 18
Abstención: 19
Quorum: 6
Ausentes: 83
Total: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico	Favor
2 Aguilar , Diego	Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel	Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas	Ausente
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio	Favor
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo	Ausente
7 Amador Gaxiola, Daniel	Ausente
8 Amador Leal, Narcizo Alberto	Ausente
9 Ayala Almeida, Joel	Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto	Favor
11 Barajas López, Ramón	Favor
12 Barajas del Toro, Salvador	Favor
13 Barba Hernández, Alfredo	Ausente
14 Beltrán Montes, Israel	Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique	Ausente
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio	Ausente
17 Biebrich Torres, Carlos Armando	Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis	Ausente
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando	Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio	Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo	Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés	Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique	Favor
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo	Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl	Favor
26 Chaurand Arzate, Carlos	Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes	Favor
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías	Ausente
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis	Ausente
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús	Favor
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel	Favor
32 Domínguez Domínguez, Nemesio	Ausente
33 Duarte Jáquez, César Horacio	Favor
34 Escajeda Jiménez, José Rubén	Ausente
35 Escalante Jasso, Aracely	Ausente
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías	Favor
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge	Favor
38 Flores Sandoval, Patricio	Favor
39 Gamboa Patrón, Emilio	Favor
40 Garza Garza, Horacio Emigdio	Favor
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen	Ausente
42 Gloria Requena, Tomás	Favor
43 Gómez Lugo, Elda	Favor
44 González Calderón, Martha Hilda	Ausente
45 González Salum, Miguel Ángel	Favor
46 González Zarur, Mariano	Ausente
47 Guerrero García, Javier	Favor
48 Guerrero Juárez, Joel	Ausente
49 Herrera Ale, Juana Leticia	Ausente
50 Herrera Coyac, Wenceslao	Ausente
51 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando	Ausente
52 Lagunes Gallina, Gerardo	Favor
53 Lescieur Talavera, Jorge Mario	Favor
54 López Balbuena, Guillermina	Favor
55 Madrid Tovilla, Areli	Favor
56 Martínez Rodríguez, Lorena	Ausente
57 Martínez Rocha, Arturo	Ausente
58 Méndez Lanz, Víctor Manuel	Quorum
59 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso	Ausente
60 Merodio Reza, Lilia Guadalupe	Favor
61 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl	Favor
62 Montalvo Gómez, Pedro	Favor
63 Morales García, Elizabeth	Ausente
64 Mota Hernández, Adolfo	Ausente
65 Muñoz Serna, Rogelio	Ausente
66 Murat , José	Favor
67 Ochoa González, Arnoldo	Ausente
68 Ojeda Camacho, Gilberto	Ausente
69 Olivares Monterrubio, Alejandro	Favor
70 Olivares Ventura, Héctor Hugo	Ausente
71 Ordaz Jiménez, Ismael	Favor
72 Orihuela Bárcenas, José Ascención	Ausente
73 Orihuela Trejo, José Amado	Ausente
74 Ortiz del Carpio, Víctor	Ausente
75 Ortiz Proal, Mauricio	Favor
76 Padilla Gutiérrez, Héctor	Favor
77 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz	Favor
78 Palma César, Víctor Samuel	Ausente
79 Parás González, Juan Manuel	Favor
80 Partida Guzmán, Martha Rocío	Ausente
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel	Ausente
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela	Ausente
83 Pérez Valdés, Daniel	Ausente
84 Pinete Vargas, María del Carmen	Ausente
85 Quiñones Canales, Lourdes	Ausente
86 Ramírez Martínez, José Edmundo	Favor
87 Ramírez Stabros, Jesús	Favor
88 Reyna García, José Jesús	Favor
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo	Ausente
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco	Ausente
91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda	Favor
92 Rojas Gutiérrez, Carlos	Favor
93 Ruiz Chávez, Sara Latife	Ausente
94 Salas López, Ramón	Favor
95 Sánchez Hernández, Eduardo	Ausente
96 Sandoval Paredes, Sergio	Ausente
97 Serrano Escobar, Enrique	Ausente
98 Sosa Castelán, Gerardo	Ausente
99 Toledo Luis, Jorge	Favor
100 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo	Ausente
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio	Ausente
102 Vega Ortiz, María Oralia	Ausente
103 Velasco Pérez, Juan Carlos	Favor
104 Villa Villa, Isael	Ausente
105 Villanueva Abraján, Patricia	Favor
106 Zatarain González, Carlos Ernesto	Favor
Favor: 50
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 1
Ausentes: 55
Total: 106

CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan	Ausente
2 Aguilera Rico, José Luis	Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías	Contra
4 Castellanos Hernández, Félix	Contra
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús	Ausente
6 Chanona Burguete, Alejandro	Ausente
7 Del Río Virgen, José Manuel	Contra
8 Esteva Salinas, Alberto	Contra
9 Godoy Cárdenas, Jorge	Ausente
10 López Lena Cruz, Humberto	Ausente
11 Salvatori Bronca, María del Carmen	Ausente
12 Samperio Montaño, Juan Ignacio	Contra
13 Sansores San Román, Layda Elena	Ausente
14 Tagle Martínez, Martha Angélica	Ausente
15 Uscanga Cruz, Robinson	Ausente
16 Valdés Chávez, Ramón	Ausente
17 Varela Lagunas, Tomás José Luis	Favor
18 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc	Contra
Favor: 1
Contra: 6
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 11
Total: 18

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio	Favor
2 Bellizia Rosique, Pascual	Favor
3 Chozas y Chozas, Olga Patricia	Favor
4 Cobo Terrazas, Diego	Ausente
5 Elizondo Garrido, Francisco	Favor
6 Estrada González, Faustino Javier	Favor
7 González Martínez, Jorge Emilio	Favor
8 Lavara Mejía, Gloria	Favor
9 López Adame, Antonio Xavier	Ausente
10 Manrique Guevara, Beatriz	Favor
11 Notholt Guerrero, Alan	Favor
12 Portilla Diéguez, Manuel	Favor
13 Puente Salas, Carlos Alberto	Favor
14 Ramírez Cerda, Ana María	Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador	Favor
16 Sesma Suárez, Jesús	Favor
17 Velasco Rodríguez, Verónica	Ausente
Favor: 14
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén	Ausente
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo	Contra
3 Cantú Garza, Ricardo	Contra
4 Garay Ulloa, Silvano	Contra
5 Herrera Solís, Anuario Luis	Ausente
6 Maciel Ortiz, María Mercedez	Ausente
7 Peregrino García, Abundio	Contra
8 Reynoso Esparza, Julian Ezequiel	Ausente
9 Romero Guzmán, Rosa Elia	Ausente
10 Solís Parga, Rodolfo	Ausente
11 Vela González, Joaquín Humberto	Contra
Favor: 0
Contra: 5
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 6
Total: 11

PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica	Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel	Contra
3 Castillo Nájera, Ariel	Contra
4 Dávila Esquivel, Humberto	Contra
5 Gómez Pasillas, Jacinto	Contra
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel	Ausente
7 Luna Becerril, Blanca	Contra
8 Luna Rodríguez, Silvia	Contra
9 Piñeyro Arias, Irma	Ausente
Favor: 0
Contra: 6
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 9

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina	Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe	Ausente
3 García Méndez, Armando	Favor
4 Hernández Valadés, Delio	Contra
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo	Ausente
Favor: 1
Contra: 1
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 5

PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino	Favor
2 Aguilar López, José Alejandro	Favor
3 Alcalde Virgen, Moisés	Favor
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges	Ausente
5 Álvarez Bernal, María Elena	Favor
6 Amezola Fonceca, Gerardo	Contra
7 Aranda Orozco, Gerardo	Favor
8 Arellano Arellano, Joel	Favor
9 Arenas Guzmán, Margarita	Favor
10 Arizméndi Uribe, Efraín	Ausente
11 Armendáriz García, Pedro	Ausente
12 Arredondo Ibarra, Salvador	Contra
13 Arredondo Velázquez, Jesús	Favor
14 Ávila Mayo, Obdulio	Favor
15 Barradas Miravete, Gregorio	Ausente
16 Barrios Rodríguez, Juan Enrique	Ausente
17 Bello Pérez, Alfonso Othón	Contra
18 Berber Martínez, Antonio	Ausente
19 Bermúdez Viramontes, Andrés	Ausente
20 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier	Ausente
21 Borboa Becerra, Omar Antonio	Favor
22 Borrego Estrada, Felipe	Favor
23 Bracho González, Carlos Augusto	Favor
24 Buganza Salmerón, Gerardo	Favor
25 Campos Galván, María Eugenia	Contra
26 Carbajal Méndez, Liliana	Favor
27 Carbajal Tejada, Rogelio	Favor
28 Cárdenas Sánchez, Esmeralda	Favor
29 Cardona Benavídez, Alma Xóchil	Abstención
30 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto	Favor
31 Castaño Contreras, Cristián	Favor
32 Castro de la Rosa, Osiel	Ausente
33 Castro Muñoz, Juan de Dios	Favor
34 Castro Romero, María Sofia	Favor
35 Ceja Romero, Ramón	Favor
36 Chávez García, Daniel	Favor
37 Collado Lara, Beatriz	Contra
38 Contreras Coeto, José Luis	Favor
39 Corral Aguilar, María Mercedes	Favor
40 Cuen Garibi, Marcela	Contra
41 Curiel Preciado, Leobardo	Ausente
42 Dávila Fernández, Adriana	Favor
43 Dávila García, Francisco	Ausente
44 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio	Favor
45 De León Tello, Jesús	Favor
46 Degante Romero, Silvia Emilia	Favor
47 Del Toro del Villar, Tomás	Ausente
48 Del Valle Toca, Antonio	Favor
49 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique	Favor
50 Denegre Vaught, Rosaura	Abstención
51 Deschamps Falcón, Ángel Rafael	Favor
52 Díaz de León Torres, Leticia	Favor
53 Díaz García, José Antonio	Favor
54 Díaz Garibay, Felipe	Favor
55 Díaz Gordillo, Martha Cecilia	Favor
56 Díaz Mena, Joaquín Jesús	Favor
57 Domínguez Servién, Francisco	Favor
58 Duck Núñez, Edgar Mauricio	Favor
59 Enríquez Flores, Armando	Favor
60 Escaroz Soler, Gerardo Antonio	Favor
61 Escobar Jardinez, Adolfo	Favor
62 Espinosa Piña, José Luis	Favor
63 Félix Holguín, Armando Jesús	Ausente
64 Felton González, Carlos Eduardo	Contra
65 Fernández Cabrera, Adrián	Favor
66 Fernández Ugarte, Carmen	Favor
67 Figueroa Ortega, David	Ausente
68 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro	Contra
69 Flores Grande, Arturo	Favor
70 Flores Morfín, Jesús Vicente	Favor
71 Fraile García, Francisco Antonio	Contra
72 Franco Cazarez, Ricardo	Favor
73 Fuentes Ortiz, José Guillermo	Contra
74 García González, Carlos Alberto	Favor
75 García Müller, Martha Margarita	Contra
76 García Reyes, Ángel Humberto	Ausente
77 García Reyes, Beatriz Eugenia	Contra
78 García Vivián, Raúl	Ausente
79 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes	Favor
80 Gómez Leyva, Silvio	Favor
81 González Betancourt, Jorge Justiniano	Favor
82 González Martínez, María Gabriela	Favor
83 González Morán, Martín Oscar	Favor
84 González Roaro, Benjamín Ernesto	Ausente
85 González Ruiz, Felipe	Contra
86 González Sánchez, María Dolores	Favor
87 Gudiño Ortiz, Francisco Javier	Ausente
88 Guerrero Torres, José Gildardo	Ausente
89 Gutiérrez Lagunes, María Victoria	Favor
90 Hernández Núñez, Elia	Favor
91 Hurtado Pérez, Nelly Asunción	Contra
92 Iragorri Durán, Enrique	Favor
93 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles	Favor
94 Jiménez Ramos, María Esther	Favor
95 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia	Ausente
96 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar	Favor
97 Landero Gutiérrez, Alejandro	Contra
98 Landeros González, Ramón	Favor
99 Lara Compeán, David	Favor
100 Larios Córdova, Héctor	Favor
101 Laviada Hernández, Íñigo Antonio	Contra
102 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio	Favor
103 Leura González, Agustín	Favor
104 Lezama Aradillas, René	Favor
105 Limas Frescas, María Soledad	Contra
106 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel	Ausente
107 López Cisneros, José Martín	Ausente
108 López Reyna, Omeheira	Ausente
109 López Silva, Rubí Laura	Contra
110 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel	Favor
111 Lujano Nicolás, Christian Martín	Favor
112 Maawad Robert, Luis Xavier	Favor
113 Macías Zambrano, Gustavo	Favor
114 Madrazo Limón, Carlos	Favor
115 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús	Abstención
116 Malagón Ríos, Martín	Favor
117 Maldonado González, David	Ausente
118 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María	Favor
119 Martínez Díaz, María de Jesús	Favor
120 Martínez Valero, Dora Alicia	Favor
121 Medellín Varela, Antonio	Favor
122 Medina Macias, Alma Hilda	Contra
123 Medina Rodríguez, Delber	Ausente
124 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia	Favor
125 Mejía García, Luis Alonso	Ausente
126 Méndez Meneses, Apolonio	Favor
127 Mendoza Morales, Lucía Susana	Favor
128 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel	Ausente
129 Mollinedo Hernández, Agustín	Favor
130 Monraz Ibarra, Miguel Ángel	Ausente
131 Montes Sánchez, Fabián Fernando	Ausente
132 Mora Cuevas, Marisol	Favor
133 Morales Ramos, José Nicolás	Favor
134 Morelos Borja, María Esperanza	Favor
135 Moreno Álvarez, Mario Eduardo	Ausente
136 Morgan Franco, Rocío del Carmen	Favor
137 Muñoz Serrano, José Antonio	Ausente
138 Murillo Flores, Francisco Javier	Favor
139 Murillo Torres, José Luis	Contra
140 Navarro Sugich, Carlos Alberto	Favor
141 Nordhausen González, Jorge Rubén	Ausente
142 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves	Favor
143 Ochoa López, Nabor	Ausente
144 Olvera Higuera, Edgar Armando	Favor
145 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto	Contra
146 Ortega Martínez, María del Pilar	Favor
147 Ortiz Hernández, Eduardo	Favor
148 Oviedo Oviedo, Ernesto	Contra
149 Padilla Orozco, Raúl Alejandro	Ausente
150 Palafox Núñez, José Inés	Ausente
151 Paredes Rodríguez, Francisco Javier	Contra
152 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen	Favor
153 Parra Noriega, Luis Gustavo	Ausente
154 Pérez Cuéllar, Cruz	Ausente
155 Peyrot Solís, Marco A.	Favor
156 Plascencia Alonso, Francisco Javier	Favor
157 Priego Tapia, Gerardo	Favor
158 Pulido Pecero, Pedro	Favor
159 Quintero Bello, Jorge	Favor
160 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana	Favor
161 Ramírez Barba, Ector Jaime	Favor
162 Ramírez Pech, Edgar Martín	Favor
163 Ramírez Villarreal, Gustavo	Favor
164 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel	Contra
165 Reyes López, Carlos Armando	Favor
166 Rincón Vargas, Mirna Cecilia	Contra
167 Rivera Rivera, José Guadalupe	Favor
168 Rivero Rivero, Rolando	Contra
169 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando	Favor
170 Rodríguez Jiménez, Ricardo	Favor
171 Rodríguez Prats, Juan José	Favor
172 Rodríguez Uresti, Enrique	Favor
173 Rojas Hernández, Laura Angélica	Favor
174 Román Isidoro, Demetrio	Contra
175 Romo Jiménez, Martha Angélica	Favor
176 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto	Favor
177 Rueda Gómez, Francisco	Contra
178 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto	Ausente
179 Salas Contreras, Marcos	Favor
180 Salazar Madera, Mario Alberto	Favor
181 Salum del Palacio, Jorge Alejandro	Ausente
182 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio	Favor
183 Sánchez Domínguez, Alejandro	Ausente
184 Sánchez Gil, Carlos René	Favor
185 Sánchez Juárez, Claudia	Favor
186 Sánchez Trujillo, José Víctor	Ausente
187 Sandoval Munguia, Juan Manuel	Contra
188 Serrato Castell, Luis Gerardo	Ausente
189 Shej Guzmán Sara	Abstención
190 Solano Muñoz, José de Jesús	Favor
191 Stefanonni Mazzocco, Martín	Favor
192 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette	Favor
193 Torres Gómez, Artemio	Ausente
194 Torres Herrera, Víctor Manuel	Favor
195 Torres Torres, Carlos Alberto	Favor
196 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe	Ausente
197 Valladolid Rodríguez, Antonio	Favor
198 Vasconcelos Rueda, Antonio	Ausente
199 Vázquez Martínez, Alberto	Favor
200 Vega Corona, Antonio	Favor
201 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo	Contra
202 Verástegui Ostos, César Augusto	Ausente
203 Verdín Saldaña, Jaime	Ausente
204 Victoria Alva, Juan	Favor
205 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca	Favor
206 Villanueva Arjona, Juan Manuel	Ausente
207 Zambrano Elizondo, Javier Martín	Contra
Favor: 124
Contra: 31
Abstención: 4
Quorum: 0
Ausentes: 48
Total: 207

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor	Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida	Favor
3 Almazán González, José Antonio	Favor
4 Almonte Borja, Ramón	Ausente
5 Alonso Flores, Lourdes	Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo	Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos	Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa	Favor
9 Álvarez Ramón, Silbestre	Ausente
10 Amaro Corona, Alberto	Ausente
11 Aragón Castillo, Irene	Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel	Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario	Favor
14 Barreiro Pérez, Armando	Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia	Favor
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana	Favor
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh	Favor
18 Brito González, Modesto	Ausente
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier	Favor
20 Campos Aburto, Amador	Ausente
21 Cárdenas Hernández, Raymundo	Ausente
22 Cervantes Rodríguez, Aurora	Favor
23 Chávez García, Higinio	Favor
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac	Favor
25 Contreras Julián, Maricela	Favor
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia	Favor
27 Cuevas Córdova, Othón	Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix	Favor
29 De la Rosa García, Juan Hugo	Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado	Favor
31 Dehesa Mora, Daniel	Favor
32 Del Toro , Mario Enrique	Favor
33 Díaz Contreras, Adriana	Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz	Ausente
35 Espejel Lazcano, Jaime	Favor
36 Fernández Balboa, Mónica	Favor
37 Flores Maldonado, César	Ausente
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro	Abstención
39 Franco Melgarejo, Rafael	Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo	Favor
41 García Rodríguez, Víctor Hugo	Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí	Ausente
43 González Garza, Javier	Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio	Ausente
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis	Ausente
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene	Favor
47 Hernández Hernández, Sergio	Favor
48 Hernández Manzanares, Javier	Favor
49 Hernández Silva, Benjamín	Ausente
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia	Ausente
51 Jacques y Medina, José	Ausente
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia	Ausente
53 Landero López, Pedro	Ausente
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario	Favor
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi	Ausente
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel	Ausente
57 López Barriga, Erick	Favor
58 López Becerra, Santiago	Favor
59 López Rojas, Alberto	Favor
60 López Torres, María Soledad	Favor
61 Lozano Lozano, Andrés	Ausente
62 Luna Munguía, Alma Lilia	Favor
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar	Favor
64 Márquez Tinoco, Francisco	Favor
65 Martínez Hernández, Alejandro	Favor
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto	Favor
67 Martínez Martínez, Francisco	Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo	Favor
69 Martínez Vargas Octavio	Favor
70 Matías Alonso, Marcos	Favor
71 Matus Toledo, Holly	Favor
72 Mayans Canabal, Fernando	Favor
73 Mendoza Arellano, David	Favor
74 Mendoza Flores, Roberto	Favor
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio	Favor
76 Mendoza Mendoza, Irineo	Favor
77 Monreal Ávila, Susana	Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén	Ausente
79 Morales Sánchez, Efraín	Ausente
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe	Ausente
81 Narcía Álvarez, Héctor	Ausente
82 Navarro López, Carlos Ernesto	Abstención
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel	Ausente
84 Ojeda Hernández, Concepción	Favor
85 Oliva Fragoso, Silvia	Ausente
86 Orcí Martínez, Juan Adolfo	Ausente
87 Ortega Martínez, Antonio	Favor
88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia	Favor
89 Pacheco Llanes, Ramón Félix	Favor
90 Pedraza Chávez, Isidro	Favor
91 Pedrozo Castillo, Adrián	Ausente
92 Peña Sánchez, Miguel Ángel	Ausente
93 Pérez Cruz, Raciel	Favor
94 Pulido Santiago, Celso David	Favor
95 Ramos Becerril, Rafael Plácido	Favor
96 Ramos Castellanos, Martín	Favor
97 Rasgado Corsi, Gloria	Ausente
98 Ríos Gamboa, Raúl	Favor
99 Romero Gutiérrez, Odilón	Favor
100 Ruiz Sánchez, Salvador	Ausente
101 Saavedra Coronel, José Antonio	Favor
102 San Martín Hernández, Juan Manuel	Favor
103 Sánchez Barrios, Carlos	Favor
104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías	Ausente
105 Sánchez Camacho, Alejandro	Favor
106 Sánchez Camacho, David	Favor
107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis	Favor
108 Sánchez Ramos, Francisco	Ausente
109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc	Favor
110 Santos Arreola, Francisco Javier	Favor
111 Solares Chávez, Miguel Ángel	Favor
112 Soriano Sánchez, Rosa Elva	Favor
113 Soto Ramos, Faustino	Favor
114 Soto Sánchez, Antonio	Ausente
115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso	Favor
116 Torres Baltazar, María Elena	Ausente
117 Torres García, Daniel	Favor
118 Trejo Pérez, Pablo	Favor
119 Ulloa Pérez, Emilio	Favor
120 Vallejo Estevez, Mario	Favor
121 Varela López, Víctor Gabriel	Ausente
122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio	Ausente
123 Villanueva Albarrán, Gerardo	Ausente
124 Villicaña García, Rafael	Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth	Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto	Favor
127 Zepeda Hernández, Martín	Favor
Favor: 85
Contra: 0
Abstención: 2
Quorum: 0
Ausentes: 40
Total: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico	Favor
2 Aguilar , Diego	Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel	Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas	Ausente
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio	Favor
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo	Ausente
7 Amador Gaxiola, Daniel	Ausente
8 Amador Leal, Narcizo Alberto	Ausente
9 Ayala Almeida, Joel	Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto	Favor
11 Barajas López, Ramón	Favor
12 Barajas del Toro, Salvador	Favor
13 Barba Hernández, Alfredo	Ausente
14 Beltrán Montes, Israel	Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique	Ausente
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio	Ausente
17 Biebrich Torres, Carlos Armando	Favor
18 Blanco Pajón, José Luis	Ausente
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando	Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio	Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo	Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés	Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique	Favor
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo	Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl	Favor
26 Chaurand Arzate, Carlos	Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes	Ausente
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías	Ausente
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis	Ausente
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús	Favor
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel	Favor
32 Domínguez Domínguez, Nemesio	Ausente
33 Duarte Jáquez, César Horacio	Favor
34 Escajeda Jiménez, José Rubén	Ausente
35 Escalante Jasso, Aracely	Ausente
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías	Favor
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge	Favor
38 Flores Sandoval, Patricio	Favor
39 Gamboa Patrón, Emilio	Favor
40 Garza Garza, Horacio Emigdio	Ausente
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen	Ausente
42 Gloria Requena, Tomás	Favor
43 Gómez Lugo, Elda	Favor
44 González Calderón, Martha Hilda	Ausente
45 González Salum, Miguel Ángel	Favor
46 González Zarur, Mariano	Ausente
47 Guerrero García, Javier	Favor
48 Guerrero Juárez, Joel	Ausente
49 Herrera Ale, Juana Leticia	Ausente
50 Herrera Coyac, Wenceslao	Ausente
51 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando	Ausente
52 Lagunes Gallina, Gerardo	Favor
53 Lescieur Talavera, Jorge Mario	Favor
54 López Balbuena, Guillermina	Favor
55 Madrid Tovilla, Areli	Favor
56 Martínez Rodríguez, Lorena	Favor
57 Martínez Rocha, Arturo	Ausente
58 Méndez Lanz, Víctor Manuel	Favor
59 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso	Ausente
60 Merodio Reza, Lilia Guadalupe	Favor
61 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl	Favor
62 Montalvo Gómez, Pedro	Favor
63 Morales García, Elizabeth	Ausente
64 Mota Hernández, Adolfo	Ausente
65 Muñoz Serna, Rogelio	Ausente
66 Murat , José	Favor
67 Ochoa González, Arnoldo	Ausente
68 Ojeda Camacho, Gilberto	Ausente
69 Olivares Monterrubio, Alejandro	Ausente
70 Olivares Ventura, Héctor Hugo	Ausente
71 Ordaz Jiménez, Ismael	Favor
72 Orihuela Bárcenas, José Ascención	Ausente
73 Orihuela Trejo, José Amado	Ausente
74 Ortiz del Carpio, Víctor	Ausente
75 Ortiz Proal, Mauricio	Favor
76 Padilla Gutiérrez, Héctor	Favor
77 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz	Favor
78 Palma César, Víctor Samuel	Ausente
79 Parás González, Juan Manuel	Favor
80 Partida Guzmán, Martha Rocío	Ausente
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel	Ausente
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela	Ausente
83 Pérez Valdés, Daniel	Ausente
84 Pinete Vargas, María del Carmen	Favor
85 Quiñones Canales, Lourdes	Ausente
86 Ramírez Martínez, José Edmundo	Favor
87 Ramírez Stabros, Jesús	Favor
88 Reyna García, José Jesús	Favor
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo	Ausente
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco	Ausente
91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda	Favor
92 Rojas Gutiérrez, Carlos	Favor
93 Ruiz Chávez, Sara Latife	Ausente
94 Salas López, Ramón	Favor
95 Sánchez Hernández, Eduardo	Ausente
96 Sandoval Paredes, Sergio	Ausente
97 Serrano Escobar, Enrique	Ausente
98 Sosa Castelán, Gerardo	Ausente
99 Toledo Luis, Jorge	Favor
100 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo	Ausente
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio	Ausente
102 Vega Ortiz, María Oralia	Ausente
103 Velasco Pérez, Juan Carlos	Favor
104 Villa Villa, Isael	Ausente
105 Villanueva Abraján, Patricia	Favor
106 Zatarain González, Carlos Ernesto	Favor
Favor: 51
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 55
Total: 106

CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan	Favor
2 Aguilera Rico, José Luis	Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías	Favor
4 Castellanos Hernández, Félix	Favor
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús	Ausente
6 Chanona Burguete, Alejandro	Ausente
7 Del Río Virgen, José Manuel	Favor
8 Esteva Salinas, Alberto	Favor
9 Godoy Cárdenas, Jorge	Ausente
10 López Lena Cruz, Humberto	Ausente
11 Salvatori Bronca, María del Carmen	Favor
12 Samperio Montaño, Juan Ignacio	Favor
13 Sansores San Román, Layda Elena	Favor
14 Tagle Martínez, Martha Angélica	Favor
15 Uscanga Cruz, Robinson	Ausente
16 Valdés Chávez, Ramón	Ausente
17 Varela Lagunas, Tomás José Luis	Favor
18 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc	Favor
Favor: 11
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 7
Total: 18

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio	Favor
2 Bellizia Rosique, Pascual	Favor
3 Chozas y Chozas, Olga Patricia	Favor
4 Cobo Terrazas, Diego	Favor
5 Elizondo Garrido, Francisco	Favor
6 Estrada González, Faustino Javier	Abstención
7 González Martínez, Jorge Emilio	Abstención
8 Lavara Mejía, Gloria	Favor
9 López Adame, Antonio Xavier	Ausente
10 Manrique Guevara, Beatriz	Favor
11 Notholt Guerrero, Alan	Favor
12 Portilla Diéguez, Manuel	Favor
13 Puente Salas, Carlos Alberto	Favor
14 Ramírez Cerda, Ana María	Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador	Favor
16 Sesma Suárez, Jesús	Favor
17 Velasco Rodríguez, Verónica	Ausente
Favor: 13
Contra: 0
Abstención: 2
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén	Ausente
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo	Favor
3 Cantú Garza, Ricardo	Favor
4 Garay Ulloa, Silvano	Favor
5 Herrera Solís, Anuario Luis	Ausente
6 Maciel Ortiz, María Mercedez	Favor
7 Peregrino García, Abundio	Favor
8 Reynoso Esparza, Julian Ezequiel	Ausente
9 Romero Guzmán, Rosa Elia	Favor
10 Solís Parga, Rodolfo	Favor
11 Vela González, Joaquín Humberto	Favor
Favor: 8
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 11

PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica	Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel	Favor
3 Castillo Nájera, Ariel	Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto	Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto	Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel	Ausente
7 Luna Becerril, Blanca	Favor
8 Luna Rodríguez, Silvia	Favor
9 Piñeyro Arias, Irma	Ausente
Favor: 6
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 9

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina	Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe	Ausente
3 García Méndez, Armando	Favor
4 Hernández Valadés, Delio	Favor
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo	Favor
Favor: 3
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 5

PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino	Favor
2 Aguilar López, José Alejandro	Favor
3 Alcalde Virgen, Moisés	Favor
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges	Ausente
5 Álvarez Bernal, María Elena	Favor
6 Amezola Fonceca, Gerardo	Favor
7 Aranda Orozco, Gerardo	Favor
8 Arellano Arellano, Joel	Favor
9 Arenas Guzmán, Margarita	Favor
10 Arizméndi Uribe, Efraín	Ausente
11 Armendáriz García, Pedro	Ausente
12 Arredondo Ibarra, Salvador	Favor
13 Arredondo Velázquez, Jesús	Favor
14 Ávila Mayo, Obdulio	Favor
15 Barradas Miravete, Gregorio	Ausente
16 Barrios Rodríguez, Juan Enrique	Ausente
17 Bello Pérez, Alfonso Othón	Favor
18 Berber Martínez, Antonio	Ausente
19 Bermúdez Viramontes, Andrés	Ausente
20 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier	Ausente
21 Borboa Becerra, Omar Antonio	Favor
22 Borrego Estrada, Felipe	Favor
23 Bracho González, Carlos Augusto	Favor
24 Buganza Salmerón, Gerardo	Favor
25 Campos Galván, María Eugenia	Favor
26 Carbajal Méndez, Liliana	Favor
27 Carbajal Tejada, Rogelio	Favor
28 Cárdenas Sánchez, Esmeralda	Favor
29 Cardona Benavídez, Alma Xóchil	Favor
30 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto	Favor
31 Castaño Contreras, Cristián	Favor
32 Castro de la Rosa, Osiel	Ausente
33 Castro Muñoz, Juan de Dios	Favor
34 Castro Romero, María Sofia	Favor
35 Ceja Romero, Ramón	Favor
36 Chávez García, Daniel	Favor
37 Collado Lara, Beatriz	Favor
38 Contreras Coeto, José Luis	Favor
39 Corral Aguilar, María Mercedes	Favor
40 Cuen Garibi, Marcela	Favor
41 Curiel Preciado, Leobardo	Ausente
42 Dávila Fernández, Adriana	Favor
43 Dávila García, Francisco	Favor
44 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio	Favor
45 De León Tello, Jesús	Favor
46 Degante Romero, Silvia Emilia	Favor
47 Del Toro del Villar, Tomás	Ausente
48 Del Valle Toca, Antonio	Favor
49 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique	Favor
50 Denegre Vaught, Rosaura	Favor
51 Deschamps Falcón, Ángel Rafael	Favor
52 Díaz de León Torres, Leticia	Favor
53 Díaz García, José Antonio	Favor
54 Díaz Garibay, Felipe	Favor
55 Díaz Gordillo, Martha Cecilia	Favor
56 Díaz Mena, Joaquín Jesús	Favor
57 Domínguez Servién, Francisco	Ausente
58 Duck Núñez, Edgar Mauricio	Favor
59 Enríquez Flores, Armando	Favor
60 Escaroz Soler, Gerardo Antonio	Favor
61 Escobar Jardinez, Adolfo	Favor
62 Espinosa Piña, José Luis	Favor
63 Félix Holguín, Armando Jesús	Ausente
64 Felton González, Carlos Eduardo	Ausente
65 Fernández Cabrera, Adrián	Favor
66 Fernández Ugarte, Carmen	Favor
67 Figueroa Ortega, David	Ausente
68 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro	Contra
69 Flores Grande, Arturo	Favor
70 Flores Morfín, Jesús Vicente	Favor
71 Fraile García, Francisco Antonio	Favor
72 Franco Cazarez, Ricardo	Favor
73 Fuentes Ortiz, José Guillermo	Favor
74 García González, Carlos Alberto	Favor
75 García Müller, Martha Margarita	Favor
76 García Reyes, Ángel Humberto	Ausente
77 García Reyes, Beatriz Eugenia	Favor
78 García Vivián, Raúl	Ausente
79 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes	Favor
80 Gómez Leyva, Silvio	Favor
81 González Betancourt, Jorge Justiniano	Favor
82 González Martínez, María Gabriela	Favor
83 González Morán, Martín Oscar	Favor
84 González Roaro, Benjamín Ernesto	Ausente
85 González Ruiz, Felipe	Favor
86 González Sánchez, María Dolores	Favor
87 Gudiño Ortiz, Francisco Javier	Ausente
88 Guerrero Torres, José Gildardo	Ausente
89 Gutiérrez Lagunes, María Victoria	Favor
90 Hernández Núñez, Elia	Favor
91 Hurtado Pérez, Nelly Asunción	Favor
92 Iragorri Durán, Enrique	Favor
93 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles	Favor
94 Jiménez Ramos, María Esther	Favor
95 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia	Ausente
96 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar	Favor
97 Landero Gutiérrez, Alejandro	Favor
98 Landeros González, Ramón	Favor
99 Lara Compeán, David	Favor
100 Larios Córdova, Héctor	Favor
101 Laviada Hernández, Íñigo Antonio	Favor
102 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio	Favor
103 Leura González, Agustín	Favor
104 Lezama Aradillas, René	Favor
105 Limas Frescas, María Soledad	Favor
106 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel	Ausente
107 López Cisneros, José Martín	Favor
108 López Reyna, Omeheira	Ausente
109 López Silva, Rubí Laura	Favor
110 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel	Favor
111 Lujano Nicolás, Christian Martín	Favor
112 Maawad Robert, Luis Xavier	Favor
113 Macías Zambrano, Gustavo	Favor
114 Madrazo Limón, Carlos	Favor
115 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús	Favor
116 Malagón Ríos, Martín	Favor
117 Maldonado González, David	Ausente
118 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María	Favor
119 Martínez Díaz, María de Jesús	Favor
120 Martínez Valero, Dora Alicia	Favor
121 Medellín Varela, Antonio	Favor
122 Medina Macias, Alma Hilda	Favor
123 Medina Rodríguez, Delber	Ausente
124 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia	Favor
125 Mejía García, Luis Alonso	Ausente
126 Méndez Meneses, Apolonio	Favor
127 Mendoza Morales, Lucía Susana	Favor
128 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel	Ausente
129 Mollinedo Hernández, Agustín	Favor
130 Monraz Ibarra, Miguel Ángel	Ausente
131 Montes Sánchez, Fabián Fernando	Ausente
132 Mora Cuevas, Marisol	Favor
133 Morales Ramos, José Nicolás	Favor
134 Morelos Borja, María Esperanza	Favor
135 Moreno Álvarez, Mario Eduardo	Ausente
136 Morgan Franco, Rocío del Carmen	Favor
137 Muñoz Serrano, José Antonio	Ausente
138 Murillo Flores, Francisco Javier	Favor
139 Murillo Torres, José Luis	Favor
140 Navarro Sugich, Carlos Alberto	Favor
141 Nordhausen González, Jorge Rubén	Ausente
142 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves	Favor
143 Ochoa López, Nabor	Ausente
144 Olvera Higuera, Edgar Armando	Favor
145 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto	Favor
146 Ortega Martínez, María del Pilar	Favor
147 Ortiz Hernández, Eduardo	Favor
148 Oviedo Oviedo, Ernesto	Favor
149 Padilla Orozco, Raúl Alejandro	Ausente
150 Palafox Núñez, José Inés	Ausente
151 Paredes Rodríguez, Francisco Javier	Favor
152 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen	Favor
153 Parra Noriega, Luis Gustavo	Favor
154 Pérez Cuéllar, Cruz	Ausente
155 Peyrot Solís, Marco A.	Favor
156 Plascencia Alonso, Francisco Javier	Favor
157 Priego Tapia, Gerardo	Favor
158 Pulido Pecero, Pedro	Favor
159 Quintero Bello, Jorge	Favor
160 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana	Favor
161 Ramírez Barba, Ector Jaime	Favor
162 Ramírez Pech, Edgar Martín	Favor
163 Ramírez Villarreal, Gustavo	Favor
164 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel	Favor
165 Reyes López, Carlos Armando	Favor
166 Rincón Vargas, Mirna Cecilia	Favor
167 Rivera Rivera, José Guadalupe	Favor
168 Rivero Rivero, Rolando	Favor
169 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando	Favor
170 Rodríguez Jiménez, Ricardo	Favor
171 Rodríguez Prats, Juan José	Favor
172 Rodríguez Uresti, Enrique	Favor
173 Rojas Hernández, Laura Angélica	Ausente
174 Román Isidoro, Demetrio	Favor
175 Romo Jiménez, Martha Angélica	Favor
176 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto	Favor
177 Rueda Gómez, Francisco	Favor
178 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto	Favor
179 Salas Contreras, Marcos	Favor
180 Salazar Madera, Mario Alberto	Favor
181 Salum del Palacio, Jorge Alejandro	Ausente
182 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio	Favor
183 Sánchez Domínguez, Alejandro	Ausente
184 Sánchez Gil, Carlos René	Favor
185 Sánchez Juárez, Claudia	Ausente
186 Sánchez Trujillo, José Víctor	Ausente
187 Sandoval Munguia, Juan Manuel	Favor
188 Serrato Castell, Luis Gerardo	Ausente
189 Shej Guzmán Sara	Favor
190 Solano Muñoz, José de Jesús	Favor
191 Stefanonni Mazzocco, Martín	Favor
192 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette	Favor
193 Torres Gómez, Artemio	Ausente
194 Torres Herrera, Víctor Manuel	Favor
195 Torres Torres, Carlos Alberto	Favor
196 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe	Ausente
197 Valladolid Rodríguez, Antonio	Favor
198 Vasconcelos Rueda, Antonio	Ausente
199 Vázquez Martínez, Alberto	Favor
200 Vega Corona, Antonio	Favor
201 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo	Favor
202 Verástegui Ostos, César Augusto	Ausente
203 Verdín Saldaña, Jaime	Favor
204 Victoria Alva, Juan	Favor
205 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca	Favor
206 Villanueva Arjona, Juan Manuel	Favor
207 Zambrano Elizondo, Javier Martín	Favor
Favor: 160
Contra: 1
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 46
Total: 207

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor	Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida	Favor
3 Almazán González, José Antonio	Abstención
4 Almonte Borja, Ramón	Ausente
5 Alonso Flores, Lourdes	Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo	Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos	Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa	Favor
9 Álvarez Ramón, Silbestre	Ausente
10 Amaro Corona, Alberto	Ausente
11 Aragón Castillo, Irene	Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel	Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario	Abstención
14 Barreiro Pérez, Armando	Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia	Favor
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana	Abstención
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh	Favor
18 Brito González, Modesto	Ausente
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier	Ausente
20 Campos Aburto, Amador	Ausente
21 Cárdenas Hernández, Raymundo	Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora	Favor
23 Chávez García, Higinio	Favor
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac	Favor
25 Contreras Julián, Maricela	Favor
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia	Favor
27 Cuevas Córdova, Othón	Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix	Abstención
29 De la Rosa García, Juan Hugo	Abstención
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado	Ausente
31 Dehesa Mora, Daniel	Favor
32 Del Toro , Mario Enrique	Favor
33 Díaz Contreras, Adriana	Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz	Ausente
35 Espejel Lazcano, Jaime	Favor
36 Fernández Balboa, Mónica	Favor
37 Flores Maldonado, César	Ausente
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro	Favor
39 Franco Melgarejo, Rafael	Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo	Favor
41 García Rodríguez, Víctor Hugo	Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí	Ausente
43 González Garza, Javier	Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio	Favor
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis	Ausente
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene	Favor
47 Hernández Hernández, Sergio	Favor
48 Hernández Manzanares, Javier	Abstención
49 Hernández Silva, Benjamín	Ausente
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia	Favor
51 Jacques y Medina, José	Ausente
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia	Ausente
53 Landero López, Pedro	Ausente
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario	Favor
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi	Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel	Ausente
57 López Barriga, Erick	Favor
58 López Becerra, Santiago	Favor
59 López Rojas, Alberto	Abstención
60 López Torres, María Soledad	Favor
61 Lozano Lozano, Andrés	Ausente
62 Luna Munguía, Alma Lilia	Abstención
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar	Favor
64 Márquez Tinoco, Francisco	Favor
65 Martínez Hernández, Alejandro	Ausente
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto	Favor
67 Martínez Martínez, Francisco	Abstención
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo	Abstención
69 Martínez Vargas Octavio	Abstención
70 Matías Alonso, Marcos	Favor
71 Matus Toledo, Holly	Ausente
72 Mayans Canabal, Fernando	Favor
73 Mendoza Arellano, David	Favor
74 Mendoza Flores, Roberto	Abstención
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio	Favor
76 Mendoza Mendoza, Irineo	Favor
77 Monreal Ávila, Susana	Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén	Ausente
79 Morales Sánchez, Efraín	Ausente
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe	Ausente
81 Narcía Álvarez, Héctor	Ausente
82 Navarro López, Carlos Ernesto	Favor
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel	Ausente
84 Ojeda Hernández, Concepción	Favor
85 Oliva Fragoso, Silvia	Ausente
86 Orcí Martínez, Juan Adolfo	Ausente
87 Ortega Martínez, Antonio	Favor
88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia	Favor
89 Pacheco Llanes, Ramón Félix	Favor
90 Pedraza Chávez, Isidro	Abstención
91 Pedrozo Castillo, Adrián	Ausente
92 Peña Sánchez, Miguel Ángel	Favor
93 Pérez Cruz, Raciel	Abstención
94 Pulido Santiago, Celso David	Favor
95 Ramos Becerril, Rafael Plácido	Favor
96 Ramos Castellanos, Martín	Favor
97 Rasgado Corsi, Gloria	Ausente
98 Ríos Gamboa, Raúl	Favor
99 Romero Gutiérrez, Odilón	Favor
100 Ruiz Sánchez, Salvador	Ausente
101 Saavedra Coronel, José Antonio	Favor
102 San Martín Hernández, Juan Manuel	Favor
103 Sánchez Barrios, Carlos	Favor
104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías	Ausente
105 Sánchez Camacho, Alejandro	Favor
106 Sánchez Camacho, David	Favor
107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis	Favor
108 Sánchez Ramos, Francisco	Ausente
109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc	Abstención
110 Santos Arreola, Francisco Javier	Abstención
111 Solares Chávez, Miguel Ángel	Favor
112 Soriano Sánchez, Rosa Elva	Favor
113 Soto Ramos, Faustino	Favor
114 Soto Sánchez, Antonio	Ausente
115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso	Favor
116 Torres Baltazar, María Elena	Ausente
117 Torres García, Daniel	Favor
118 Trejo Pérez, Pablo	Favor
119 Ulloa Pérez, Emilio	Favor
120 Vallejo Estevez, Mario	Favor
121 Varela López, Víctor Gabriel	Ausente
122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio	Ausente
123 Villanueva Albarrán, Gerardo	Ausente
124 Villicaña García, Rafael	Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth	Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto	Favor
127 Zepeda Hernández, Martín	Favor
Favor: 72
Contra: 0
Abstención: 16
Quorum: 0
Ausentes: 39
Total: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico	Favor
2 Aguilar , Diego	Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel	Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas	Ausente
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio	Favor
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo	Ausente
7 Amador Gaxiola, Daniel	Ausente
8 Amador Leal, Narcizo Alberto	Ausente
9 Ayala Almeida, Joel	Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto	Favor
11 Barajas López, Ramón	Favor
12 Barajas del Toro, Salvador	Favor
13 Barba Hernández, Alfredo	Ausente
14 Beltrán Montes, Israel	Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique	Ausente
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio	Ausente
17 Biebrich Torres, Carlos Armando	Favor
18 Blanco Pajón, José Luis	Ausente
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando	Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio	Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo	Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés	Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique	Ausente
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo	Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl	Favor
26 Chaurand Arzate, Carlos	Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes	Favor
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías	Ausente
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis	Ausente
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús	Favor
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel	Favor
32 Domínguez Domínguez, Nemesio	Ausente
33 Duarte Jáquez, César Horacio	Favor
34 Escajeda Jiménez, José Rubén	Ausente
35 Escalante Jasso, Aracely	Ausente
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías	Favor
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge	Favor
38 Flores Sandoval, Patricio	Favor
39 Gamboa Patrón, Emilio	Favor
40 Garza Garza, Horacio Emigdio	Favor
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen	Ausente
42 Gloria Requena, Tomás	Ausente
43 Gómez Lugo, Elda	Favor
44 González Calderón, Martha Hilda	Ausente
45 González Salum, Miguel Ángel	Favor
46 González Zarur, Mariano	Ausente
47 Guerrero García, Javier	Favor
48 Guerrero Juárez, Joel	Ausente
49 Herrera Ale, Juana Leticia	Ausente
50 Herrera Coyac, Wenceslao	Ausente
51 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando	Ausente
52 Lagunes Gallina, Gerardo	Favor
53 Lescieur Talavera, Jorge Mario	Favor
54 López Balbuena, Guillermina	Favor
55 Madrid Tovilla, Areli	Favor
56 Martínez Rodríguez, Lorena	Favor
57 Martínez Rocha, Arturo	Ausente
58 Méndez Lanz, Víctor Manuel	Favor
59 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso	Ausente
60 Merodio Reza, Lilia Guadalupe	Favor
61 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl	Favor
62 Montalvo Gómez, Pedro	Favor
63 Morales García, Elizabeth	Ausente
64 Mota Hernández, Adolfo	Ausente
65 Muñoz Serna, Rogelio	Ausente
66 Murat , José	Ausente
67 Ochoa González, Arnoldo	Ausente
68 Ojeda Camacho, Gilberto	Ausente
69 Olivares Monterrubio, Alejandro	Favor
70 Olivares Ventura, Héctor Hugo	Ausente
71 Ordaz Jiménez, Ismael	Favor
72 Orihuela Bárcenas, José Ascención	Ausente
73 Orihuela Trejo, José Amado	Ausente
74 Ortiz del Carpio, Víctor	Ausente
75 Ortiz Proal, Mauricio	Favor
76 Padilla Gutiérrez, Héctor	Favor
77 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz	Favor
78 Palma César, Víctor Samuel	Ausente
79 Parás González, Juan Manuel	Favor
80 Partida Guzmán, Martha Rocío	Ausente
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel	Ausente
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela	Ausente
83 Pérez Valdés, Daniel	Ausente
84 Pinete Vargas, María del Carmen	Favor
85 Quiñones Canales, Lourdes	Favor
86 Ramírez Martínez, José Edmundo	Favor
87 Ramírez Stabros, Jesús	Favor
88 Reyna García, José Jesús	Favor
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo	Ausente
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco	Ausente
91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda	Ausente
92 Rojas Gutiérrez, Carlos	Favor
93 Ruiz Chávez, Sara Latife	Ausente
94 Salas López, Ramón	Favor
95 Sánchez Hernández, Eduardo	Ausente
96 Sandoval Paredes, Sergio	Ausente
97 Serrano Escobar, Enrique	Ausente
98 Sosa Castelán, Gerardo	Ausente
99 Toledo Luis, Jorge	Favor
100 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo	Ausente
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio	Ausente
102 Vega Ortiz, María Oralia	Ausente
103 Velasco Pérez, Juan Carlos	Favor
104 Villa Villa, Isael	Favor
105 Villanueva Abraján, Patricia	Favor
106 Zatarain González, Carlos Ernesto	Favor
Favor: 52
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 54
Total: 106

CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan	Favor
2 Aguilera Rico, José Luis	Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías	Favor
4 Castellanos Hernández, Félix	Favor
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús	Ausente
6 Chanona Burguete, Alejandro	Ausente
7 Del Río Virgen, José Manuel	Favor
8 Esteva Salinas, Alberto	Favor
9 Godoy Cárdenas, Jorge	Ausente
10 López Lena Cruz, Humberto	Ausente
11 Salvatori Bronca, María del Carmen	Favor
12 Samperio Montaño, Juan Ignacio	Favor
13 Sansores San Román, Layda Elena	Abstención
14 Tagle Martínez, Martha Angélica	Favor
15 Uscanga Cruz, Robinson	Ausente
16 Valdés Chávez, Ramón	Ausente
17 Varela Lagunas, Tomás José Luis	Favor
18 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc	Favor
Favor: 10
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 7
Total: 18

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio	Favor
2 Bellizia Rosique, Pascual	Favor
3 Chozas y Chozas, Olga Patricia	Favor
4 Cobo Terrazas, Diego	Favor
5 Elizondo Garrido, Francisco	Favor
6 Estrada González, Faustino Javier	Favor
7 González Martínez, Jorge Emilio	Favor
8 Lavara Mejía, Gloria	Favor
9 López Adame, Antonio Xavier	Ausente
10 Manrique Guevara, Beatriz	Favor
11 Notholt Guerrero, Alan	Ausente
12 Portilla Diéguez, Manuel	Favor
13 Puente Salas, Carlos Alberto	Favor
14 Ramírez Cerda, Ana María	Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador	Favor
16 Sesma Suárez, Jesús	Favor
17 Velasco Rodríguez, Verónica	Ausente
Favor: 14
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén	Ausente
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo	Ausente
3 Cantú Garza, Ricardo	Favor
4 Garay Ulloa, Silvano	Favor
5 Herrera Solís, Anuario Luis	Ausente
6 Maciel Ortiz, María Mercedez	Favor
7 Peregrino García, Abundio	Favor
8 Reynoso Esparza, Julian Ezequiel	Ausente
9 Romero Guzmán, Rosa Elia	Favor
10 Solís Parga, Rodolfo	Favor
11 Vela González, Joaquín Humberto	Favor
Favor: 7
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 11

PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica	Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel	Favor
3 Castillo Nájera, Ariel	Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto	Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto	Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel	Ausente
7 Luna Becerril, Blanca	Favor
8 Luna Rodríguez, Silvia	Favor
9 Piñeyro Arias, Irma	Ausente
Favor: 6
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 9

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina	Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe	Ausente
3 García Méndez, Armando	Ausente
4 Hernández Valadés, Delio	Favor
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo	Abstención
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 5

PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino	Favor
2 Aguilar López, José Alejandro	Favor
3 Alcalde Virgen, Moisés	Favor
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges	Ausente
5 Álvarez Bernal, María Elena	Favor
6 Amezola Fonceca, Gerardo	Favor
7 Aranda Orozco, Gerardo	Favor
8 Arellano Arellano, Joel	Favor
9 Arenas Guzmán, Margarita	Favor
10 Arizméndi Uribe, Efraín	Ausente
11 Armendáriz García, Pedro	Ausente
12 Arredondo Ibarra, Salvador	Favor
13 Arredondo Velázquez, Jesús	Favor
14 Ávila Mayo, Obdulio	Favor
15 Barradas Miravete, Gregorio	Ausente
16 Barrios Rodríguez, Juan Enrique	Ausente
17 Bello Pérez, Alfonso Othón	Favor
18 Berber Martínez, Antonio	Ausente
19 Bermúdez Viramontes, Andrés	Ausente
20 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier	Ausente
21 Borboa Becerra, Omar Antonio	Favor
22 Borrego Estrada, Felipe	Favor
23 Bracho González, Carlos Augusto	Favor
24 Buganza Salmerón, Gerardo	Favor
25 Campos Galván, María Eugenia	Favor
26 Carbajal Méndez, Liliana	Favor
27 Carbajal Tejada, Rogelio	Favor
28 Cárdenas Sánchez, Esmeralda	Favor
29 Cardona Benavídez, Alma Xóchil	Favor
30 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto	Favor
31 Castaño Contreras, Cristián	Favor
32 Castro de la Rosa, Osiel	Ausente
33 Castro Muñoz, Juan de Dios	Ausente
34 Castro Romero, María Sofia	Favor
35 Ceja Romero, Ramón	Favor
36 Chávez García, Daniel	Favor
37 Collado Lara, Beatriz	Favor
38 Contreras Coeto, José Luis	Favor
39 Corral Aguilar, María Mercedes	Favor
40 Cuen Garibi, Marcela	Favor
41 Curiel Preciado, Leobardo	Ausente
42 Dávila Fernández, Adriana	Favor
43 Dávila García, Francisco	Favor
44 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio	Favor
45 De León Tello, Jesús	Favor
46 Degante Romero, Silvia Emilia	Ausente
47 Del Toro del Villar, Tomás	Ausente
48 Del Valle Toca, Antonio	Ausente
49 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique	Favor
50 Denegre Vaught, Rosaura	Ausente
51 Deschamps Falcón, Ángel Rafael	Ausente
52 Díaz de León Torres, Leticia	Favor
53 Díaz García, José Antonio	Favor
54 Díaz Garibay, Felipe	Favor
55 Díaz Gordillo, Martha Cecilia	Favor
56 Díaz Mena, Joaquín Jesús	Favor
57 Domínguez Servién, Francisco	Favor
58 Duck Núñez, Edgar Mauricio	Favor
59 Enríquez Flores, Armando	Favor
60 Escaroz Soler, Gerardo Antonio	Favor
61 Escobar Jardinez, Adolfo	Favor
62 Espinosa Piña, José Luis	Favor
63 Félix Holguín, Armando Jesús	Ausente
64 Felton González, Carlos Eduardo	Favor
65 Fernández Cabrera, Adrián	Favor
66 Fernández Ugarte, Carmen	Favor
67 Figueroa Ortega, David	Ausente
68 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro	Ausente
69 Flores Grande, Arturo	Favor
70 Flores Morfín, Jesús Vicente	Favor
71 Fraile García, Francisco Antonio	Favor
72 Franco Cazarez, Ricardo	Favor
73 Fuentes Ortiz, José Guillermo	Favor
74 García González, Carlos Alberto	Favor
75 García Müller, Martha Margarita	Favor
76 García Reyes, Ángel Humberto	Ausente
77 García Reyes, Beatriz Eugenia	Favor
78 García Vivián, Raúl	Ausente
79 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes	Favor
80 Gómez Leyva, Silvio	Favor
81 González Betancourt, Jorge Justiniano	Favor
82 González Martínez, María Gabriela	Favor
83 González Morán, Martín Oscar	Favor
84 González Roaro, Benjamín Ernesto	Ausente
85 González Ruiz, Felipe	Favor
86 González Sánchez, María Dolores	Favor
87 Gudiño Ortiz, Francisco Javier	Ausente
88 Guerrero Torres, José Gildardo	Ausente
89 Gutiérrez Lagunes, María Victoria	Favor
90 Hernández Núñez, Elia	Favor
91 Hurtado Pérez, Nelly Asunción	Favor
92 Iragorri Durán, Enrique	Favor
93 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles	Favor
94 Jiménez Ramos, María Esther	Favor
95 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia	Ausente
96 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar	Favor
97 Landero Gutiérrez, Alejandro	Favor
98 Landeros González, Ramón	Favor
99 Lara Compeán, David	Favor
100 Larios Córdova, Héctor	Favor
101 Laviada Hernández, Íñigo Antonio	Ausente
102 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio	Favor
103 Leura González, Agustín	Favor
104 Lezama Aradillas, René	Favor
105 Limas Frescas, María Soledad	Favor
106 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel	Ausente
107 López Cisneros, José Martín	Favor
108 López Reyna, Omeheira	Ausente
109 López Silva, Rubí Laura	Favor
110 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel	Favor
111 Lujano Nicolás, Christian Martín	Ausente
112 Maawad Robert, Luis Xavier	Favor
113 Macías Zambrano, Gustavo	Favor
114 Madrazo Limón, Carlos	Favor
115 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús	Favor
116 Malagón Ríos, Martín	Favor
117 Maldonado González, David	Ausente
118 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María	Favor
119 Martínez Díaz, María de Jesús	Favor
120 Martínez Valero, Dora Alicia	Favor
121 Medellín Varela, Antonio	Favor
122 Medina Macias, Alma Hilda	Favor
123 Medina Rodríguez, Delber	Ausente
124 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia	Favor
125 Mejía García, Luis Alonso	Ausente
126 Méndez Meneses, Apolonio	Favor
127 Mendoza Morales, Lucía Susana	Favor
128 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel	Ausente
129 Mollinedo Hernández, Agustín	Favor
130 Monraz Ibarra, Miguel Ángel	Ausente
131 Montes Sánchez, Fabián Fernando	Favor
132 Mora Cuevas, Marisol	Ausente
133 Morales Ramos, José Nicolás	Favor
134 Morelos Borja, María Esperanza	Favor
135 Moreno Álvarez, Mario Eduardo	Ausente
136 Morgan Franco, Rocío del Carmen	Favor
137 Muñoz Serrano, José Antonio	Ausente
138 Murillo Flores, Francisco Javier	Favor
139 Murillo Torres, José Luis	Favor
140 Navarro Sugich, Carlos Alberto	Favor
141 Nordhausen González, Jorge Rubén	Ausente
142 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves	Favor
143 Ochoa López, Nabor	Ausente
144 Olvera Higuera, Edgar Armando	Favor
145 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto	Favor
146 Ortega Martínez, María del Pilar	Favor
147 Ortiz Hernández, Eduardo	Favor
148 Oviedo Oviedo, Ernesto	Favor
149 Padilla Orozco, Raúl Alejandro	Ausente
150 Palafox Núñez, José Inés	Ausente
151 Paredes Rodríguez, Francisco Javier	Favor
152 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen	Favor
153 Parra Noriega, Luis Gustavo	Favor
154 Pérez Cuéllar, Cruz	Ausente
155 Peyrot Solís, Marco A.	Favor
156 Plascencia Alonso, Francisco Javier	Favor
157 Priego Tapia, Gerardo	Favor
158 Pulido Pecero, Pedro	Favor
159 Quintero Bello, Jorge	Favor
160 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana	Favor
161 Ramírez Barba, Ector Jaime	Favor
162 Ramírez Pech, Edgar Martín	Favor
163 Ramírez Villarreal, Gustavo	Favor
164 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel	Favor
165 Reyes López, Carlos Armando	Favor
166 Rincón Vargas, Mirna Cecilia	Favor
167 Rivera Rivera, José Guadalupe	Favor
168 Rivero Rivero, Rolando	Favor
169 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando	Favor
170 Rodríguez Jiménez, Ricardo	Favor
171 Rodríguez Prats, Juan José	Favor
172 Rodríguez Uresti, Enrique	Favor
173 Rojas Hernández, Laura Angélica	Favor
174 Román Isidoro, Demetrio	Ausente
175 Romo Jiménez, Martha Angélica	Ausente
176 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto	Favor
177 Rueda Gómez, Francisco	Favor
178 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto	Favor
179 Salas Contreras, Marcos	Favor
180 Salazar Madera, Mario Alberto	Favor
181 Salum del Palacio, Jorge Alejandro	Ausente
182 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio	Favor
183 Sánchez Domínguez, Alejandro	Ausente
184 Sánchez Gil, Carlos René	Favor
185 Sánchez Juárez, Claudia	Favor
186 Sánchez Trujillo, José Víctor	Ausente
187 Sandoval Munguia, Juan Manuel	Favor
188 Serrato Castell, Luis Gerardo	Ausente
189 Shej Guzmán Sara	Favor
190 Solano Muñoz, José de Jesús	Favor
191 Stefanonni Mazzocco, Martín	Favor
192 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette	Favor
193 Torres Gómez, Artemio	Ausente
194 Torres Herrera, Víctor Manuel	Favor
195 Torres Torres, Carlos Alberto	Favor
196 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe	Ausente
197 Valladolid Rodríguez, Antonio	Favor
198 Vasconcelos Rueda, Antonio	Ausente
199 Vázquez Martínez, Alberto	Favor
200 Vega Corona, Antonio	Favor
201 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo	Favor
202 Verástegui Ostos, César Augusto	Ausente
203 Verdín Saldaña, Jaime	Favor
204 Victoria Alva, Juan	Favor
205 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca	Favor
206 Villanueva Arjona, Juan Manuel	Favor
207 Zambrano Elizondo, Javier Martín	Favor
Favor: 155
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 52
Total: 207

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor	Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida	Favor
3 Almazán González, José Antonio	Abstención
4 Almonte Borja, Ramón	Ausente
5 Alonso Flores, Lourdes	Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo	Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos	Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa	Favor
9 Álvarez Ramón, Silbestre	Ausente
10 Amaro Corona, Alberto	Ausente
11 Aragón Castillo, Irene	Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel	Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario	Favor
14 Barreiro Pérez, Armando	Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia	Abstención
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana	Favor
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh	Favor
18 Brito González, Modesto	Ausente
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier	Favor
20 Campos Aburto, Amador	Ausente
21 Cárdenas Hernández, Raymundo	Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora	Favor
23 Chávez García, Higinio	Favor
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac	Favor
25 Contreras Julián, Maricela	Favor
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia	Favor
27 Cuevas Córdova, Othón	Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix	Favor
29 De la Rosa García, Juan Hugo	Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado	Favor
31 Dehesa Mora, Daniel	Favor
32 Del Toro , Mario Enrique	Favor
33 Díaz Contreras, Adriana	Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz	Ausente
35 Espejel Lazcano, Jaime	Favor
36 Fernández Balboa, Mónica	Favor
37 Flores Maldonado, César	Ausente
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro	Favor
39 Franco Melgarejo, Rafael	Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo	Ausente
41 García Rodríguez, Víctor Hugo	Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí	Ausente
43 González Garza, Javier	Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio	Favor
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis	Ausente
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene	Favor
47 Hernández Hernández, Sergio	Favor
48 Hernández Manzanares, Javier	Favor
49 Hernández Silva, Benjamín	Ausente
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia	Favor
51 Jacques y Medina, José	Ausente
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia	Ausente
53 Landero López, Pedro	Ausente
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario	Ausente
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi	Ausente
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel	Ausente
57 López Barriga, Erick	Favor
58 López Becerra, Santiago	Favor
59 López Rojas, Alberto	Ausente
60 López Torres, María Soledad	Favor
61 Lozano Lozano, Andrés	Ausente
62 Luna Munguía, Alma Lilia	Favor
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar	Favor
64 Márquez Tinoco, Francisco	Favor
65 Martínez Hernández, Alejandro	Favor
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto	Favor
67 Martínez Martínez, Francisco	Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo	Favor
69 Martínez Vargas Octavio	Favor
70 Matías Alonso, Marcos	Favor
71 Matus Toledo, Holly	Favor
72 Mayans Canabal, Fernando	Favor
73 Mendoza Arellano, David	Ausente
74 Mendoza Flores, Roberto	Favor
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio	Favor
76 Mendoza Mendoza, Irineo	Favor
77 Monreal Ávila, Susana	Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén	Ausente
79 Morales Sánchez, Efraín	Ausente
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe	Ausente
81 Narcía Álvarez, Héctor	Ausente
82 Navarro López, Carlos Ernesto	Favor
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel	Ausente
84 Ojeda Hernández, Concepción	Favor
85 Oliva Fragoso, Silvia	Ausente
86 Orcí Martínez, Juan Adolfo	Ausente
87 Ortega Martínez, Antonio	Ausente
88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia	Favor
89 Pacheco Llanes, Ramón Félix	Favor
90 Pedraza Chávez, Isidro	Favor
91 Pedrozo Castillo, Adrián	Ausente
92 Peña Sánchez, Miguel Ángel	Favor
93 Pérez Cruz, Raciel	Favor
94 Pulido Santiago, Celso David	Favor
95 Ramos Becerril, Rafael Plácido	Favor
96 Ramos Castellanos, Martín	Favor
97 Rasgado Corsi, Gloria	Ausente
98 Ríos Gamboa, Raúl	Favor
99 Romero Gutiérrez, Odilón	Favor
100 Ruiz Sánchez, Salvador	Ausente
101 Saavedra Coronel, José Antonio	Favor
102 San Martín Hernández, Juan Manuel	Favor
103 Sánchez Barrios, Carlos	Favor
104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías	Ausente
105 Sánchez Camacho, Alejandro	Favor
106 Sánchez Camacho, David	Favor
107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis	Favor
108 Sánchez Ramos, Francisco	Ausente
109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc	Favor
110 Santos Arreola, Francisco Javier	Favor
111 Solares Chávez, Miguel Ángel	Favor
112 Soriano Sánchez, Rosa Elva	Favor
113 Soto Ramos, Faustino	Ausente
114 Soto Sánchez, Antonio	Ausente
115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso	Favor
116 Torres Baltazar, María Elena	Favor
117 Torres García, Daniel	Favor
118 Trejo Pérez, Pablo	Ausente
119 Ulloa Pérez, Emilio	Favor
120 Vallejo Estevez, Mario	Favor
121 Varela López, Víctor Gabriel	Favor
122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio	Ausente
123 Villanueva Albarrán, Gerardo	Ausente
124 Villicaña García, Rafael	Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth	Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto	Favor
127 Zepeda Hernández, Martín	Favor
Favor: 84
Contra: 0
Abstención: 2
Quorum: 0
Ausentes: 41
Total: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico	Favor
2 Aguilar , Diego	Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel	Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas	Ausente
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio	Favor
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo	Ausente
7 Amador Gaxiola, Daniel	Ausente
8 Amador Leal, Narcizo Alberto	Ausente
9 Ayala Almeida, Joel	Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto	Abstención
11 Barajas López, Ramón	Favor
12 Barajas del Toro, Salvador	Ausente
13 Barba Hernández, Alfredo	Ausente
14 Beltrán Montes, Israel	Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique	Ausente
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio	Ausente
17 Biebrich Torres, Carlos Armando	Favor
18 Blanco Pajón, José Luis	Ausente
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando	Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio	Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo	Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés	Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique	Ausente
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo	Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl	Favor
26 Chaurand Arzate, Carlos	Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes	Favor
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías	Ausente
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis	Ausente
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús	Favor
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel	Favor
32 Domínguez Domínguez, Nemesio	Ausente
33 Duarte Jáquez, César Horacio	Favor
34 Escajeda Jiménez, José Rubén	Ausente
35 Escalante Jasso, Aracely	Ausente
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías	Favor
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge	Favor
38 Flores Sandoval, Patricio	Favor
39 Gamboa Patrón, Emilio	Favor
40 Garza Garza, Horacio Emigdio	Favor
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen	Ausente
42 Gloria Requena, Tomás	Ausente
43 Gómez Lugo, Elda	Favor
44 González Calderón, Martha Hilda	Ausente
45 González Salum, Miguel Ángel	Favor
46 González Zarur, Mariano	Ausente
47 Guerrero García, Javier	Ausente
48 Guerrero Juárez, Joel	Ausente
49 Herrera Ale, Juana Leticia	Ausente
50 Herrera Coyac, Wenceslao	Ausente
51 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando	Ausente
52 Lagunes Gallina, Gerardo	Favor
53 Lescieur Talavera, Jorge Mario	Favor
54 López Balbuena, Guillermina	Favor
55 Madrid Tovilla, Areli	Favor
56 Martínez Rodríguez, Lorena	Favor
57 Martínez Rocha, Arturo	Ausente
58 Méndez Lanz, Víctor Manuel	Favor
59 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso	Ausente
60 Merodio Reza, Lilia Guadalupe	Favor
61 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl	Favor
62 Montalvo Gómez, Pedro	Favor
63 Morales García, Elizabeth	Ausente
64 Mota Hernández, Adolfo	Ausente
65 Muñoz Serna, Rogelio	Ausente
66 Murat , José	Ausente
67 Ochoa González, Arnoldo	Ausente
68 Ojeda Camacho, Gilberto	Ausente
69 Olivares Monterrubio, Alejandro	Favor
70 Olivares Ventura, Héctor Hugo	Ausente
71 Ordaz Jiménez, Ismael	Favor
72 Orihuela Bárcenas, José Ascención	Ausente
73 Orihuela Trejo, José Amado	Ausente
74 Ortiz del Carpio, Víctor	Ausente
75 Ortiz Proal, Mauricio	Favor
76 Padilla Gutiérrez, Héctor	Favor
77 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz	Favor
78 Palma César, Víctor Samuel	Ausente
79 Parás González, Juan Manuel	Favor
80 Partida Guzmán, Martha Rocío	Ausente
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel	Ausente
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela	Ausente
83 Pérez Valdés, Daniel	Ausente
84 Pinete Vargas, María del Carmen	Favor
85 Quiñones Canales, Lourdes	Favor
86 Ramírez Martínez, José Edmundo	Favor
87 Ramírez Stabros, Jesús	Favor
88 Reyna García, José Jesús	Favor
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo	Ausente
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco	Ausente
91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda	Favor
92 Rojas Gutiérrez, Carlos	Favor
93 Ruiz Chávez, Sara Latife	Ausente
94 Salas López, Ramón	Favor
95 Sánchez Hernández, Eduardo	Ausente
96 Sandoval Paredes, Sergio	Ausente
97 Serrano Escobar, Enrique	Ausente
98 Sosa Castelán, Gerardo	Ausente
99 Toledo Luis, Jorge	Favor
100 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo	Ausente
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio	Ausente
102 Vega Ortiz, María Oralia	Ausente
103 Velasco Pérez, Juan Carlos	Favor
104 Villa Villa, Isael	Favor
105 Villanueva Abraján, Patricia	Favor
106 Zatarain González, Carlos Ernesto	Favor
Favor: 50
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 55
Total: 106

CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan	Favor
2 Aguilera Rico, José Luis	Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías	Favor
4 Castellanos Hernández, Félix	Favor
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús	Ausente
6 Chanona Burguete, Alejandro	Favor
7 Del Río Virgen, José Manuel	Favor
8 Esteva Salinas, Alberto	Favor
9 Godoy Cárdenas, Jorge	Ausente
10 López Lena Cruz, Humberto	Ausente
11 Salvatori Bronca, María del Carmen	Favor
12 Samperio Montaño, Juan Ignacio	Favor
13 Sansores San Román, Layda Elena	Favor
14 Tagle Martínez, Martha Angélica	Favor
15 Uscanga Cruz, Robinson	Ausente
16 Valdés Chávez, Ramón	Ausente
17 Varela Lagunas, Tomás José Luis	Favor
18 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc	Favor
Favor: 12
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 6
Total: 18

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio	Favor
2 Bellizia Rosique, Pascual	Favor
3 Chozas y Chozas, Olga Patricia	Favor
4 Cobo Terrazas, Diego	Favor
5 Elizondo Garrido, Francisco	Favor
6 Estrada González, Faustino Javier	Ausente
7 González Martínez, Jorge Emilio	Ausente
8 Lavara Mejía, Gloria	Favor
9 López Adame, Antonio Xavier	Ausente
10 Manrique Guevara, Beatriz	Favor
11 Notholt Guerrero, Alan	Favor
12 Portilla Diéguez, Manuel	Favor
13 Puente Salas, Carlos Alberto	Favor
14 Ramírez Cerda, Ana María	Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador	Favor
16 Sesma Suárez, Jesús	Ausente
17 Velasco Rodríguez, Verónica	Ausente
Favor: 12
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 5
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén	Favor
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo	Favor
3 Cantú Garza, Ricardo	Ausente
4 Garay Ulloa, Silvano	Favor
5 Herrera Solís, Anuario Luis	Ausente
6 Maciel Ortiz, María Mercedez	Favor
7 Peregrino García, Abundio	Favor
8 Reynoso Esparza, Julian Ezequiel	Ausente
9 Romero Guzmán, Rosa Elia	Favor
10 Solís Parga, Rodolfo	Favor
11 Vela González, Joaquín Humberto	Favor
Favor: 8
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 11

PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica	Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel	Favor
3 Castillo Nájera, Ariel	Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto	Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto	Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel	Ausente
7 Luna Becerril, Blanca	Ausente
8 Luna Rodríguez, Silvia	Favor
9 Piñeyro Arias, Irma	Ausente
Favor: 5
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 9

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina	Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe	Ausente
3 García Méndez, Armando	Favor
4 Hernández Valadés, Delio	Favor
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo	Favor
Favor: 3
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 5

PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino	Ausente
2 Aguilar López, José Alejandro	Favor
3 Alcalde Virgen, Moisés	Favor
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges	Ausente
5 Álvarez Bernal, María Elena	Favor
6 Amezola Fonceca, Gerardo	Favor
7 Aranda Orozco, Gerardo	Favor
8 Arellano Arellano, Joel	Favor
9 Arenas Guzmán, Margarita	Favor
10 Arizméndi Uribe, Efraín	Ausente
11 Armendáriz García, Pedro	Ausente
12 Arredondo Ibarra, Salvador	Favor
13 Arredondo Velázquez, Jesús	Favor
14 Ávila Mayo, Obdulio	Favor
15 Barradas Miravete, Gregorio	Ausente
16 Barrios Rodríguez, Juan Enrique	Ausente
17 Bello Pérez, Alfonso Othón	Favor
18 Berber Martínez, Antonio	Ausente
19 Bermúdez Viramontes, Andrés	Ausente
20 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier	Ausente
21 Borboa Becerra, Omar Antonio	Favor
22 Borrego Estrada, Felipe	Favor
23 Bracho González, Carlos Augusto	Favor
24 Buganza Salmerón, Gerardo	Favor
25 Campos Galván, María Eugenia	Favor
26 Carbajal Méndez, Liliana	Favor
27 Carbajal Tejada, Rogelio	Favor
28 Cárdenas Sánchez, Esmeralda	Favor
29 Cardona Benavídez, Alma Xóchil	Favor
30 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto	Favor
31 Castaño Contreras, Cristián	Favor
32 Castro de la Rosa, Osiel	Ausente
33 Castro Muñoz, Juan de Dios	Favor
34 Castro Romero, María Sofia	Favor
35 Ceja Romero, Ramón	Favor
36 Chávez García, Daniel	Favor
37 Collado Lara, Beatriz	Favor
38 Contreras Coeto, José Luis	Favor
39 Corral Aguilar, María Mercedes	Favor
40 Cuen Garibi, Marcela	Favor
41 Curiel Preciado, Leobardo	Ausente
42 Dávila Fernández, Adriana	Favor
43 Dávila García, Francisco	Favor
44 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio	Favor
45 De León Tello, Jesús	Favor
46 Degante Romero, Silvia Emilia	Favor
47 Del Toro del Villar, Tomás	Ausente
48 Del Valle Toca, Antonio	Ausente
49 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique	Favor
50 Denegre Vaught, Rosaura	Favor
51 Deschamps Falcón, Ángel Rafael	Ausente
52 Díaz de León Torres, Leticia	Favor
53 Díaz García, José Antonio	Favor
54 Díaz Garibay, Felipe	Favor
55 Díaz Gordillo, Martha Cecilia	Favor
56 Díaz Mena, Joaquín Jesús	Ausente
57 Domínguez Servién, Francisco	Favor
58 Duck Núñez, Edgar Mauricio	Favor
59 Enríquez Flores, Armando	Favor
60 Escaroz Soler, Gerardo Antonio	Favor
61 Escobar Jardinez, Adolfo	Favor
62 Espinosa Piña, José Luis	Favor
63 Félix Holguín, Armando Jesús	Ausente
64 Felton González, Carlos Eduardo	Favor
65 Fernández Cabrera, Adrián	Favor
66 Fernández Ugarte, Carmen	Favor
67 Figueroa Ortega, David	Ausente
68 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro	Ausente
69 Flores Grande, Arturo	Favor
70 Flores Morfín, Jesús Vicente	Favor
71 Fraile García, Francisco Antonio	Favor
72 Franco Cazarez, Ricardo	Favor
73 Fuentes Ortiz, José Guillermo	Favor
74 García González, Carlos Alberto	Favor
75 García Müller, Martha Margarita	Favor
76 García Reyes, Ángel Humberto	Ausente
77 García Reyes, Beatriz Eugenia	Favor
78 García Vivián, Raúl	Ausente
79 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes	Favor
80 Gómez Leyva, Silvio	Favor
81 González Betancourt, Jorge Justiniano	Favor
82 González Martínez, María Gabriela	Favor
83 González Morán, Martín Oscar	Favor
84 González Roaro, Benjamín Ernesto	Ausente
85 González Ruiz, Felipe	Favor
86 González Sánchez, María Dolores	Favor
87 Gudiño Ortiz, Francisco Javier	Ausente
88 Guerrero Torres, José Gildardo	Ausente
89 Gutiérrez Lagunes, María Victoria	Favor
90 Hernández Núñez, Elia	Favor
91 Hurtado Pérez, Nelly Asunción	Favor
92 Iragorri Durán, Enrique	Favor
93 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles	Favor
94 Jiménez Ramos, María Esther	Favor
95 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia	Ausente
96 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar	Favor
97 Landero Gutiérrez, Alejandro	Favor
98 Landeros González, Ramón	Favor
99 Lara Compeán, David	Favor
100 Larios Córdova, Héctor	Favor
101 Laviada Hernández, Íñigo Antonio	Favor
102 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio	Favor
103 Leura González, Agustín	Favor
104 Lezama Aradillas, René	Favor
105 Limas Frescas, María Soledad	Favor
106 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel	Ausente
107 López Cisneros, José Martín	Favor
108 López Reyna, Omeheira	Ausente
109 López Silva, Rubí Laura	Favor
110 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel	Favor
111 Lujano Nicolás, Christian Martín	Ausente
112 Maawad Robert, Luis Xavier	Favor
113 Macías Zambrano, Gustavo	Favor
114 Madrazo Limón, Carlos	Favor
115 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús	Favor
116 Malagón Ríos, Martín	Favor
117 Maldonado González, David	Ausente
118 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María	Favor
119 Martínez Díaz, María de Jesús	Favor
120 Martínez Valero, Dora Alicia	Favor
121 Medellín Varela, Antonio	Favor
122 Medina Macias, Alma Hilda	Favor
123 Medina Rodríguez, Delber	Ausente
124 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia	Favor
125 Mejía García, Luis Alonso	Ausente
126 Méndez Meneses, Apolonio	Favor
127 Mendoza Morales, Lucía Susana	Favor
128 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel	Ausente
129 Mollinedo Hernández, Agustín	Favor
130 Monraz Ibarra, Miguel Ángel	Ausente
131 Montes Sánchez, Fabián Fernando	Ausente
132 Mora Cuevas, Marisol	Ausente
133 Morales Ramos, José Nicolás	Favor
134 Morelos Borja, María Esperanza	Favor
135 Moreno Álvarez, Mario Eduardo	Ausente
136 Morgan Franco, Rocío del Carmen	Favor
137 Muñoz Serrano, José Antonio	Ausente
138 Murillo Flores, Francisco Javier	Favor
139 Murillo Torres, José Luis	Favor
140 Navarro Sugich, Carlos Alberto	Favor
141 Nordhausen González, Jorge Rubén	Ausente
142 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves	Favor
143 Ochoa López, Nabor	Ausente
144 Olvera Higuera, Edgar Armando	Favor
145 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto	Favor
146 Ortega Martínez, María del Pilar	Favor
147 Ortiz Hernández, Eduardo	Favor
148 Oviedo Oviedo, Ernesto	Favor
149 Padilla Orozco, Raúl Alejandro	Ausente
150 Palafox Núñez, José Inés	Ausente
151 Paredes Rodríguez, Francisco Javier	Favor
152 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen	Favor
153 Parra Noriega, Luis Gustavo	Favor
154 Pérez Cuéllar, Cruz	Ausente
155 Peyrot Solís, Marco A.	Favor
156 Plascencia Alonso, Francisco Javier	Favor
157 Priego Tapia, Gerardo	Ausente
158 Pulido Pecero, Pedro	Favor
159 Quintero Bello, Jorge	Favor
160 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana	Favor
161 Ramírez Barba, Ector Jaime	Favor
162 Ramírez Pech, Edgar Martín	Favor
163 Ramírez Villarreal, Gustavo	Favor
164 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel	Favor
165 Reyes López, Carlos Armando	Favor
166 Rincón Vargas, Mirna Cecilia	Favor
167 Rivera Rivera, José Guadalupe	Favor
168 Rivero Rivero, Rolando	Favor
169 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando	Favor
170 Rodríguez Jiménez, Ricardo	Favor
171 Rodríguez Prats, Juan José	Favor
172 Rodríguez Uresti, Enrique	Favor
173 Rojas Hernández, Laura Angélica	Favor
174 Román Isidoro, Demetrio	Favor
175 Romo Jiménez, Martha Angélica	Favor
176 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto	Favor
177 Rueda Gómez, Francisco	Favor
178 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto	Favor
179 Salas Contreras, Marcos	Favor
180 Salazar Madera, Mario Alberto	Favor
181 Salum del Palacio, Jorge Alejandro	Ausente
182 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio	Favor
183 Sánchez Domínguez, Alejandro	Ausente
184 Sánchez Gil, Carlos René	Favor
185 Sánchez Juárez, Claudia	Abstención
186 Sánchez Trujillo, José Víctor	Ausente
187 Sandoval Munguia, Juan Manuel	Favor
188 Serrato Castell, Luis Gerardo	Ausente
189 Shej Guzmán Sara	Favor
190 Solano Muñoz, José de Jesús	Favor
191 Stefanonni Mazzocco, Martín	Favor
192 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette	Favor
193 Torres Gómez, Artemio	Ausente
194 Torres Herrera, Víctor Manuel	Favor
195 Torres Torres, Carlos Alberto	Favor
196 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe	Ausente
197 Valladolid Rodríguez, Antonio	Favor
198 Vasconcelos Rueda, Antonio	Ausente
199 Vázquez Martínez, Alberto	Favor
200 Vega Corona, Antonio	Favor
201 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo	Favor
202 Verástegui Ostos, César Augusto	Ausente
203 Verdín Saldaña, Jaime	Favor
204 Victoria Alva, Juan	Favor
205 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca	Favor
206 Villanueva Arjona, Juan Manuel	Favor
207 Zambrano Elizondo, Javier Martín	Favor
Favor: 156
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 50
Total: 207

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor	Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida	Favor
3 Almazán González, José Antonio	Abstención
4 Almonte Borja, Ramón	Ausente
5 Alonso Flores, Lourdes	Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo	Ausente
7 Altamirano Toledo, Carlos	Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa	Favor
9 Álvarez Ramón, Silbestre	Ausente
10 Amaro Corona, Alberto	Ausente
11 Aragón Castillo, Irene	Abstención
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel	Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario	Favor
14 Barreiro Pérez, Armando	Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia	Favor
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana	Favor
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh	Favor
18 Brito González, Modesto	Ausente
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier	Favor
20 Campos Aburto, Amador	Ausente
21 Cárdenas Hernández, Raymundo	Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora	Favor
23 Chávez García, Higinio	Favor
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac	Favor
25 Contreras Julián, Maricela	Ausente
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia	Favor
27 Cuevas Córdova, Othón	Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix	Favor
29 De la Rosa García, Juan Hugo	Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado	Favor
31 Dehesa Mora, Daniel	Favor
32 Del Toro , Mario Enrique	Favor
33 Díaz Contreras, Adriana	Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz	Ausente
35 Espejel Lazcano, Jaime	Favor
36 Fernández Balboa, Mónica	Ausente
37 Flores Maldonado, César	Ausente
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro	Favor
39 Franco Melgarejo, Rafael	Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo	Ausente
41 García Rodríguez, Víctor Hugo	Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí	Ausente
43 González Garza, Javier	Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio	Favor
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis	Ausente
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene	Favor
47 Hernández Hernández, Sergio	Favor
48 Hernández Manzanares, Javier	Favor
49 Hernández Silva, Benjamín	Ausente
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia	Ausente
51 Jacques y Medina, José	Ausente
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia	Ausente
53 Landero López, Pedro	Ausente
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario	Favor
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi	Ausente
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel	Ausente
57 López Barriga, Erick	Favor
58 López Becerra, Santiago	Favor
59 López Rojas, Alberto	Favor
60 López Torres, María Soledad	Favor
61 Lozano Lozano, Andrés	Ausente
62 Luna Munguía, Alma Lilia	Favor
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar	Favor
64 Márquez Tinoco, Francisco	Favor
65 Martínez Hernández, Alejandro	Favor
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto	Favor
67 Martínez Martínez, Francisco	Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo	Favor
69 Martínez Vargas Octavio	Favor
70 Matías Alonso, Marcos	Favor
71 Matus Toledo, Holly	Favor
72 Mayans Canabal, Fernando	Favor
73 Mendoza Arellano, David	Favor
74 Mendoza Flores, Roberto	Favor
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio	Favor
76 Mendoza Mendoza, Irineo	Favor
77 Monreal Ávila, Susana	Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén	Ausente
79 Morales Sánchez, Efraín	Ausente
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe	Ausente
81 Narcía Álvarez, Héctor	Ausente
82 Navarro López, Carlos Ernesto	Favor
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel	Ausente
84 Ojeda Hernández, Concepción	Favor
85 Oliva Fragoso, Silvia	Ausente
86 Orcí Martínez, Juan Adolfo	Ausente
87 Ortega Martínez, Antonio	Favor
88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia	Favor
89 Pacheco Llanes, Ramón Félix	Favor
90 Pedraza Chávez, Isidro	Favor
91 Pedrozo Castillo, Adrián	Ausente
92 Peña Sánchez, Miguel Ángel	Favor
93 Pérez Cruz, Raciel	Favor
94 Pulido Santiago, Celso David	Favor
95 Ramos Becerril, Rafael Plácido	Favor
96 Ramos Castellanos, Martín	Favor
97 Rasgado Corsi, Gloria	Ausente
98 Ríos Gamboa, Raúl	Favor
99 Romero Gutiérrez, Odilón	Favor
100 Ruiz Sánchez, Salvador	Ausente
101 Saavedra Coronel, José Antonio	Favor
102 San Martín Hernández, Juan Manuel	Favor
103 Sánchez Barrios, Carlos	Favor
104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías	Ausente
105 Sánchez Camacho, Alejandro	Favor
106 Sánchez Camacho, David	Favor
107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis	Favor
108 Sánchez Ramos, Francisco	Ausente
109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc	Favor
110 Santos Arreola, Francisco Javier	Favor
111 Solares Chávez, Miguel Ángel	Ausente
112 Soriano Sánchez, Rosa Elva	Favor
113 Soto Ramos, Faustino	Favor
114 Soto Sánchez, Antonio	Ausente
115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso	Favor
116 Torres Baltazar, María Elena	Abstención
117 Torres García, Daniel	Favor
118 Trejo Pérez, Pablo	Favor
119 Ulloa Pérez, Emilio	Favor
120 Vallejo Estevez, Mario	Favor
121 Varela López, Víctor Gabriel	Favor
122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio	Ausente
123 Villanueva Albarrán, Gerardo	Ausente
124 Villicaña García, Rafael	Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth	Ausente
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto	Favor
127 Zepeda Hernández, Martín	Favor
Favor: 83
Contra: 0
Abstención: 3
Quorum: 0
Ausentes: 41
Total: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico	Favor
2 Aguilar , Diego	Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel	Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas	Ausente
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio	Favor
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo	Ausente
7 Amador Gaxiola, Daniel	Ausente
8 Amador Leal, Narcizo Alberto	Ausente
9 Ayala Almeida, Joel	Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto	Abstención
11 Barajas López, Ramón	Favor
12 Barajas del Toro, Salvador	Ausente
13 Barba Hernández, Alfredo	Ausente
14 Beltrán Montes, Israel	Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique	Ausente
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio	Ausente
17 Biebrich Torres, Carlos Armando	Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis	Ausente
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando	Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio	Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo	Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés	Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique	Ausente
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo	Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl	Favor
26 Chaurand Arzate, Carlos	Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes	Favor
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías	Ausente
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis	Ausente
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús	Favor
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel	Favor
32 Domínguez Domínguez, Nemesio	Ausente
33 Duarte Jáquez, César Horacio	Favor
34 Escajeda Jiménez, José Rubén	Ausente
35 Escalante Jasso, Aracely	Ausente
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías	Favor
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge	Favor
38 Flores Sandoval, Patricio	Favor
39 Gamboa Patrón, Emilio	Favor
40 Garza Garza, Horacio Emigdio	Favor
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen	Ausente
42 Gloria Requena, Tomás	Ausente
43 Gómez Lugo, Elda	Favor
44 González Calderón, Martha Hilda	Ausente
45 González Salum, Miguel Ángel	Favor
46 González Zarur, Mariano	Ausente
47 Guerrero García, Javier	Ausente
48 Guerrero Juárez, Joel	Ausente
49 Herrera Ale, Juana Leticia	Ausente
50 Herrera Coyac, Wenceslao	Ausente
51 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando	Ausente
52 Lagunes Gallina, Gerardo	Favor
53 Lescieur Talavera, Jorge Mario	Favor
54 López Balbuena, Guillermina	Favor
55 Madrid Tovilla, Areli	Ausente
56 Martínez Rodríguez, Lorena	Ausente
57 Martínez Rocha, Arturo	Ausente
58 Méndez Lanz, Víctor Manuel	Favor
59 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso	Ausente
60 Merodio Reza, Lilia Guadalupe	Favor
61 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl	Favor
62 Montalvo Gómez, Pedro	Ausente
63 Morales García, Elizabeth	Ausente
64 Mota Hernández, Adolfo	Ausente
65 Muñoz Serna, Rogelio	Ausente
66 Murat , José	Favor
67 Ochoa González, Arnoldo	Ausente
68 Ojeda Camacho, Gilberto	Ausente
69 Olivares Monterrubio, Alejandro	Favor
70 Olivares Ventura, Héctor Hugo	Ausente
71 Ordaz Jiménez, Ismael	Favor
72 Orihuela Bárcenas, José Ascención	Ausente
73 Orihuela Trejo, José Amado	Ausente
74 Ortiz del Carpio, Víctor	Ausente
75 Ortiz Proal, Mauricio	Favor
76 Padilla Gutiérrez, Héctor	Favor
77 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz	Favor
78 Palma César, Víctor Samuel	Ausente
79 Parás González, Juan Manuel	Favor
80 Partida Guzmán, Martha Rocío	Ausente
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel	Ausente
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela	Ausente
83 Pérez Valdés, Daniel	Ausente
84 Pinete Vargas, María del Carmen	Favor
85 Quiñones Canales, Lourdes	Favor
86 Ramírez Martínez, José Edmundo	Ausente
87 Ramírez Stabros, Jesús	Favor
88 Reyna García, José Jesús	Favor
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo	Ausente
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco	Ausente
91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda	Ausente
92 Rojas Gutiérrez, Carlos	Favor
93 Ruiz Chávez, Sara Latife	Ausente
94 Salas López, Ramón	Favor
95 Sánchez Hernández, Eduardo	Ausente
96 Sandoval Paredes, Sergio	Ausente
97 Serrano Escobar, Enrique	Ausente
98 Sosa Castelán, Gerardo	Ausente
99 Toledo Luis, Jorge	Favor
100 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo	Ausente
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio	Ausente
102 Vega Ortiz, María Oralia	Ausente
103 Velasco Pérez, Juan Carlos	Favor
104 Villa Villa, Isael	Ausente
105 Villanueva Abraján, Patricia	Favor
106 Zatarain González, Carlos Ernesto	Favor
Favor: 44
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 61
Total: 106

CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan	Favor
2 Aguilera Rico, José Luis	Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías	Favor
4 Castellanos Hernández, Félix	Favor
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús	Ausente
6 Chanona Burguete, Alejandro	Favor
7 Del Río Virgen, José Manuel	Favor
8 Esteva Salinas, Alberto	Favor
9 Godoy Cárdenas, Jorge	Ausente
10 López Lena Cruz, Humberto	Ausente
11 Salvatori Bronca, María del Carmen	Favor
12 Samperio Montaño, Juan Ignacio	Favor
13 Sansores San Román, Layda Elena	Favor
14 Tagle Martínez, Martha Angélica	Favor
15 Uscanga Cruz, Robinson	Ausente
16 Valdés Chávez, Ramón	Ausente
17 Varela Lagunas, Tomás José Luis	Favor
18 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc	Favor
Favor: 12
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 6
Total: 18

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio	Favor
2 Bellizia Rosique, Pascual	Favor
3 Chozas y Chozas, Olga Patricia	Favor
4 Cobo Terrazas, Diego	Favor
5 Elizondo Garrido, Francisco	Favor
6 Estrada González, Faustino Javier	Favor
7 González Martínez, Jorge Emilio	Favor
8 Lavara Mejía, Gloria	Favor
9 López Adame, Antonio Xavier	Ausente
10 Manrique Guevara, Beatriz	Favor
11 Notholt Guerrero, Alan	Favor
12 Portilla Diéguez, Manuel	Favor
13 Puente Salas, Carlos Alberto	Favor
14 Ramírez Cerda, Ana María	Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador	Favor
16 Sesma Suárez, Jesús	Favor
17 Velasco Rodríguez, Verónica	Ausente
Favor: 15
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén	Favor
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo	Favor
3 Cantú Garza, Ricardo	Favor
4 Garay Ulloa, Silvano	Favor
5 Herrera Solís, Anuario Luis	Ausente
6 Maciel Ortiz, María Mercedez	Ausente
7 Peregrino García, Abundio	Favor
8 Reynoso Esparza, Julian Ezequiel	Ausente
9 Romero Guzmán, Rosa Elia	Favor
10 Solís Parga, Rodolfo	Favor
11 Vela González, Joaquín Humberto	Abstención
Favor: 7
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 11

PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica	Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel	Favor
3 Castillo Nájera, Ariel	Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto	Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto	Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel	Ausente
7 Luna Becerril, Blanca	Favor
8 Luna Rodríguez, Silvia	Favor
9 Piñeyro Arias, Irma	Ausente
Favor: 6
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 9

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina	Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe	Ausente
3 García Méndez, Armando	Favor
4 Hernández Valadés, Delio	Favor
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo	Ausente
Favor: 2
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 5

PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino	Favor
2 Aguilar López, José Alejandro	Favor
3 Alcalde Virgen, Moisés	Favor
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges	Ausente
5 Álvarez Bernal, María Elena	Favor
6 Amezola Fonceca, Gerardo	Favor
7 Aranda Orozco, Gerardo	Favor
8 Arellano Arellano, Joel	Favor
9 Arenas Guzmán, Margarita	Favor
10 Arizméndi Uribe, Efraín	Ausente
11 Armendáriz García, Pedro	Ausente
12 Arredondo Ibarra, Salvador	Favor
13 Arredondo Velázquez, Jesús	Favor
14 Ávila Mayo, Obdulio	Favor
15 Barradas Miravete, Gregorio	Ausente
16 Barrios Rodríguez, Juan Enrique	Ausente
17 Bello Pérez, Alfonso Othón	Favor
18 Berber Martínez, Antonio	Ausente
19 Bermúdez Viramontes, Andrés	Ausente
20 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier	Ausente
21 Borboa Becerra, Omar Antonio	Favor
22 Borrego Estrada, Felipe	Favor
23 Bracho González, Carlos Augusto	Favor
24 Buganza Salmerón, Gerardo	Ausente
25 Campos Galván, María Eugenia	Favor
26 Carbajal Méndez, Liliana	Favor
27 Carbajal Tejada, Rogelio	Favor
28 Cárdenas Sánchez, Esmeralda	Favor
29 Cardona Benavídez, Alma Xóchil	Favor
30 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto	Ausente
31 Castaño Contreras, Cristián	Favor
32 Castro de la Rosa, Osiel	Ausente
33 Castro Muñoz, Juan de Dios	Ausente
34 Castro Romero, María Sofia	Favor
35 Ceja Romero, Ramón	Favor
36 Chávez García, Daniel	Favor
37 Collado Lara, Beatriz	Quorum
38 Contreras Coeto, José Luis	Favor
39 Corral Aguilar, María Mercedes	Favor
40 Cuen Garibi, Marcela	Favor
41 Curiel Preciado, Leobardo	Ausente
42 Dávila Fernández, Adriana	Favor
43 Dávila García, Francisco	Ausente
44 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio	Favor
45 De León Tello, Jesús	Favor
46 Degante Romero, Silvia Emilia	Favor
47 Del Toro del Villar, Tomás	Ausente
48 Del Valle Toca, Antonio	Favor
49 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique	Favor
50 Denegre Vaught, Rosaura	Favor
51 Deschamps Falcón, Ángel Rafael	Ausente
52 Díaz de León Torres, Leticia	Favor
53 Díaz García, José Antonio	Favor
54 Díaz Garibay, Felipe	Favor
55 Díaz Gordillo, Martha Cecilia	Favor
56 Díaz Mena, Joaquín Jesús	Favor
57 Domínguez Servién, Francisco	Ausente
58 Duck Núñez, Edgar Mauricio	Favor
59 Enríquez Flores, Armando	Favor
60 Escaroz Soler, Gerardo Antonio	Favor
61 Escobar Jardinez, Adolfo	Favor
62 Espinosa Piña, José Luis	Favor
63 Félix Holguín, Armando Jesús	Ausente
64 Felton González, Carlos Eduardo	Favor
65 Fernández Cabrera, Adrián	Favor
66 Fernández Ugarte, Carmen	Favor
67 Figueroa Ortega, David	Ausente
68 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro	Ausente
69 Flores Grande, Arturo	Favor
70 Flores Morfín, Jesús Vicente	Favor
71 Fraile García, Francisco Antonio	Favor
72 Franco Cazarez, Ricardo	Favor
73 Fuentes Ortiz, José Guillermo	Favor
74 García González, Carlos Alberto	Favor
75 García Müller, Martha Margarita	Favor
76 García Reyes, Ángel Humberto	Ausente
77 García Reyes, Beatriz Eugenia	Favor
78 García Vivián, Raúl	Ausente
79 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes	Favor
80 Gómez Leyva, Silvio	Favor
81 González Betancourt, Jorge Justiniano	Favor
82 González Martínez, María Gabriela	Favor
83 González Morán, Martín Oscar	Favor
84 González Roaro, Benjamín Ernesto	Ausente
85 González Ruiz, Felipe	Ausente
86 González Sánchez, María Dolores	Favor
87 Gudiño Ortiz, Francisco Javier	Ausente
88 Guerrero Torres, José Gildardo	Ausente
89 Gutiérrez Lagunes, María Victoria	Favor
90 Hernández Núñez, Elia	Favor
91 Hurtado Pérez, Nelly Asunción	Favor
92 Iragorri Durán, Enrique	Favor
93 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles	Favor
94 Jiménez Ramos, María Esther	Favor
95 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia	Ausente
96 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar	Favor
97 Landero Gutiérrez, Alejandro	Favor
98 Landeros González, Ramón	Favor
99 Lara Compeán, David	Favor
100 Larios Córdova, Héctor	Ausente
101 Laviada Hernández, Íñigo Antonio	Favor
102 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio	Favor
103 Leura González, Agustín	Favor
104 Lezama Aradillas, René	Favor
105 Limas Frescas, María Soledad	Favor
106 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel	Ausente
107 López Cisneros, José Martín	Favor
108 López Reyna, Omeheira	Ausente
109 López Silva, Rubí Laura	Favor
110 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel	Favor
111 Lujano Nicolás, Christian Martín	Ausente
112 Maawad Robert, Luis Xavier	Favor
113 Macías Zambrano, Gustavo	Favor
114 Madrazo Limón, Carlos	Favor
115 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús	Favor
116 Malagón Ríos, Martín	Favor
117 Maldonado González, David	Ausente
118 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María	Favor
119 Martínez Díaz, María de Jesús	Favor
120 Martínez Valero, Dora Alicia	Favor
121 Medellín Varela, Antonio	Favor
122 Medina Macias, Alma Hilda	Favor
123 Medina Rodríguez, Delber	Ausente
124 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia	Favor
125 Mejía García, Luis Alonso	Ausente
126 Méndez Meneses, Apolonio	Favor
127 Mendoza Morales, Lucía Susana	Favor
128 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel	Ausente
129 Mollinedo Hernández, Agustín	Favor
130 Monraz Ibarra, Miguel Ángel	Ausente
131 Montes Sánchez, Fabián Fernando	Favor
132 Mora Cuevas, Marisol	Ausente
133 Morales Ramos, José Nicolás	Ausente
134 Morelos Borja, María Esperanza	Favor
135 Moreno Álvarez, Mario Eduardo	Ausente
136 Morgan Franco, Rocío del Carmen	Favor
137 Muñoz Serrano, José Antonio	Ausente
138 Murillo Flores, Francisco Javier	Favor
139 Murillo Torres, José Luis	Favor
140 Navarro Sugich, Carlos Alberto	Favor
141 Nordhausen González, Jorge Rubén	Ausente
142 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves	Ausente
143 Ochoa López, Nabor	Ausente
144 Olvera Higuera, Edgar Armando	Favor
145 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto	Favor
146 Ortega Martínez, María del Pilar	Favor
147 Ortiz Hernández, Eduardo	Favor
148 Oviedo Oviedo, Ernesto	Favor
149 Padilla Orozco, Raúl Alejandro	Ausente
150 Palafox Núñez, José Inés	Ausente
151 Paredes Rodríguez, Francisco Javier	Favor
152 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen	Favor
153 Parra Noriega, Luis Gustavo	Ausente
154 Pérez Cuéllar, Cruz	Ausente
155 Peyrot Solís, Marco A.	Favor
156 Plascencia Alonso, Francisco Javier	Favor
157 Priego Tapia, Gerardo	Favor
158 Pulido Pecero, Pedro	Favor
159 Quintero Bello, Jorge	Favor
160 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana	Ausente
161 Ramírez Barba, Ector Jaime	Favor
162 Ramírez Pech, Edgar Martín	Favor
163 Ramírez Villarreal, Gustavo	Favor
164 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel	Favor
165 Reyes López, Carlos Armando	Favor
166 Rincón Vargas, Mirna Cecilia	Favor
167 Rivera Rivera, José Guadalupe	Favor
168 Rivero Rivero, Rolando	Favor
169 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando	Favor
170 Rodríguez Jiménez, Ricardo	Favor
171 Rodríguez Prats, Juan José	Favor
172 Rodríguez Uresti, Enrique	Favor
173 Rojas Hernández, Laura Angélica	Favor
174 Román Isidoro, Demetrio	Favor
175 Romo Jiménez, Martha Angélica	Favor
176 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto	Favor
177 Rueda Gómez, Francisco	Favor
178 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto	Favor
179 Salas Contreras, Marcos	Favor
180 Salazar Madera, Mario Alberto	Favor
181 Salum del Palacio, Jorge Alejandro	Ausente
182 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio	Favor
183 Sánchez Domínguez, Alejandro	Ausente
184 Sánchez Gil, Carlos René	Favor
185 Sánchez Juárez, Claudia	Favor
186 Sánchez Trujillo, José Víctor	Ausente
187 Sandoval Munguia, Juan Manuel	Favor
188 Serrato Castell, Luis Gerardo	Ausente
189 Shej Guzmán Sara	Favor
190 Solano Muñoz, José de Jesús	Favor
191 Stefanonni Mazzocco, Martín	Favor
192 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette	Ausente
193 Torres Gómez, Artemio	Ausente
194 Torres Herrera, Víctor Manuel	Favor
195 Torres Torres, Carlos Alberto	Favor
196 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe	Ausente
197 Valladolid Rodríguez, Antonio	Favor
198 Vasconcelos Rueda, Antonio	Ausente
199 Vázquez Martínez, Alberto	Favor
200 Vega Corona, Antonio	Favor
201 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo	Favor
202 Verástegui Ostos, César Augusto	Ausente
203 Verdín Saldaña, Jaime	Favor
204 Victoria Alva, Juan	Favor
205 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca	Favor
206 Villanueva Arjona, Juan Manuel	Favor
207 Zambrano Elizondo, Javier Martín	Favor
Favor: 149
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 1
Ausentes: 57
Total: 207

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor	Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida	Favor
3 Almazán González, José Antonio	Favor
4 Almonte Borja, Ramón	Ausente
5 Alonso Flores, Lourdes	Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo	Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos	Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa	Favor
9 Álvarez Ramón, Silbestre	Ausente
10 Amaro Corona, Alberto	Ausente
11 Aragón Castillo, Irene	Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel	Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario	Favor
14 Barreiro Pérez, Armando	Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia	Favor
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana	Favor
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh	Favor
18 Brito González, Modesto	Ausente
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier	Favor
20 Campos Aburto, Amador	Ausente
21 Cárdenas Hernández, Raymundo	Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora	Favor
23 Chávez García, Higinio	Favor
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac	Favor
25 Contreras Julián, Maricela	Ausente
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia	Favor
27 Cuevas Córdova, Othón	Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix	Favor
29 De la Rosa García, Juan Hugo	Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado	Ausente
31 Dehesa Mora, Daniel	Favor
32 Del Toro , Mario Enrique	Favor
33 Díaz Contreras, Adriana	Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz	Ausente
35 Espejel Lazcano, Jaime	Favor
36 Fernández Balboa, Mónica	Ausente
37 Flores Maldonado, César	Ausente
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro	Favor
39 Franco Melgarejo, Rafael	Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo	Favor
41 García Rodríguez, Víctor Hugo	Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí	Ausente
43 González Garza, Javier	Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio	Favor
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis	Favor
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene	Favor
47 Hernández Hernández, Sergio	Favor
48 Hernández Manzanares, Javier	Favor
49 Hernández Silva, Benjamín	Ausente
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia	Favor
51 Jacques y Medina, José	Ausente
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia	Ausente
53 Landero López, Pedro	Ausente
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario	Ausente
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi	Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel	Ausente
57 López Barriga, Erick	Favor
58 López Becerra, Santiago	Favor
59 López Rojas, Alberto	Favor
60 López Torres, María Soledad	Favor
61 Lozano Lozano, Andrés	Ausente
62 Luna Munguía, Alma Lilia	Favor
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar	Favor
64 Márquez Tinoco, Francisco	Favor
65 Martínez Hernández, Alejandro	Favor
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto	Favor
67 Martínez Martínez, Francisco	Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo	Favor
69 Martínez Vargas Octavio	Favor
70 Matías Alonso, Marcos	Favor
71 Matus Toledo, Holly	Favor
72 Mayans Canabal, Fernando	Favor
73 Mendoza Arellano, David	Ausente
74 Mendoza Flores, Roberto	Favor
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio	Favor
76 Mendoza Mendoza, Irineo	Favor
77 Monreal Ávila, Susana	Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén	Ausente
79 Morales Sánchez, Efraín	Ausente
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe	Ausente
81 Narcía Álvarez, Héctor	Ausente
82 Navarro López, Carlos Ernesto	Favor
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel	Ausente
84 Ojeda Hernández, Concepción	Favor
85 Oliva Fragoso, Silvia	Ausente
86 Orcí Martínez, Juan Adolfo	Ausente
87 Ortega Martínez, Antonio	Favor
88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia	Favor
89 Pacheco Llanes, Ramón Félix	Favor
90 Pedraza Chávez, Isidro	Favor
91 Pedrozo Castillo, Adrián	Ausente
92 Peña Sánchez, Miguel Ángel	Favor
93 Pérez Cruz, Raciel	Favor
94 Pulido Santiago, Celso David	Favor
95 Ramos Becerril, Rafael Plácido	Favor
96 Ramos Castellanos, Martín	Favor
97 Rasgado Corsi, Gloria	Ausente
98 Ríos Gamboa, Raúl	Ausente
99 Romero Gutiérrez, Odilón	Favor
100 Ruiz Sánchez, Salvador	Ausente
101 Saavedra Coronel, José Antonio	Favor
102 San Martín Hernández, Juan Manuel	Favor
103 Sánchez Barrios, Carlos	Ausente
104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías	Ausente
105 Sánchez Camacho, Alejandro	Favor
106 Sánchez Camacho, David	Favor
107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis	Favor
108 Sánchez Ramos, Francisco	Ausente
109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc	Ausente
110 Santos Arreola, Francisco Javier	Favor
111 Solares Chávez, Miguel Ángel	Favor
112 Soriano Sánchez, Rosa Elva	Ausente
113 Soto Ramos, Faustino	Favor
114 Soto Sánchez, Antonio	Ausente
115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso	Ausente
116 Torres Baltazar, María Elena	Ausente
117 Torres García, Daniel	Favor
118 Trejo Pérez, Pablo	Favor
119 Ulloa Pérez, Emilio	Favor
120 Vallejo Estevez, Mario	Favor
121 Varela López, Víctor Gabriel	Favor
122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio	Ausente
123 Villanueva Albarrán, Gerardo	Ausente
124 Villicaña García, Rafael	Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth	Ausente
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto	Favor
127 Zepeda Hernández, Martín	Favor
Favor: 83
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 44
Total: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico	Favor
2 Aguilar , Diego	Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel	Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas	Ausente
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio	Favor
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo	Ausente
7 Amador Gaxiola, Daniel	Ausente
8 Amador Leal, Narcizo Alberto	Ausente
9 Ayala Almeida, Joel	Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto	Favor
11 Barajas López, Ramón	Favor
12 Barajas del Toro, Salvador	Ausente
13 Barba Hernández, Alfredo	Ausente
14 Beltrán Montes, Israel	Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique	Ausente
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio	Ausente
17 Biebrich Torres, Carlos Armando	Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis	Ausente
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando	Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio	Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo	Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés	Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique	Ausente
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo	Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl	Favor
26 Chaurand Arzate, Carlos	Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes	Favor
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías	Ausente
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis	Ausente
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús	Favor
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel	Abstención
32 Domínguez Domínguez, Nemesio	Ausente
33 Duarte Jáquez, César Horacio	Favor
34 Escajeda Jiménez, José Rubén	Ausente
35 Escalante Jasso, Aracely	Ausente
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías	Favor
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge	Favor
38 Flores Sandoval, Patricio	Favor
39 Gamboa Patrón, Emilio	Favor
40 Garza Garza, Horacio Emigdio	Favor
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen	Ausente
42 Gloria Requena, Tomás	Ausente
43 Gómez Lugo, Elda	Favor
44 González Calderón, Martha Hilda	Ausente
45 González Salum, Miguel Ángel	Ausente
46 González Zarur, Mariano	Ausente
47 Guerrero García, Javier	Ausente
48 Guerrero Juárez, Joel	Ausente
49 Herrera Ale, Juana Leticia	Ausente
50 Herrera Coyac, Wenceslao	Ausente
51 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando	Ausente
52 Lagunes Gallina, Gerardo	Favor
53 Lescieur Talavera, Jorge Mario	Favor
54 López Balbuena, Guillermina	Favor
55 Madrid Tovilla, Areli	Favor
56 Martínez Rodríguez, Lorena	Favor
57 Martínez Rocha, Arturo	Ausente
58 Méndez Lanz, Víctor Manuel	Favor
59 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso	Ausente
60 Merodio Reza, Lilia Guadalupe	Favor
61 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl	Favor
62 Montalvo Gómez, Pedro	Favor
63 Morales García, Elizabeth	Ausente
64 Mota Hernández, Adolfo	Ausente
65 Muñoz Serna, Rogelio	Ausente
66 Murat , José	Favor
67 Ochoa González, Arnoldo	Ausente
68 Ojeda Camacho, Gilberto	Ausente
69 Olivares Monterrubio, Alejandro	Favor
70 Olivares Ventura, Héctor Hugo	Ausente
71 Ordaz Jiménez, Ismael	Favor
72 Orihuela Bárcenas, José Ascención	Ausente
73 Orihuela Trejo, José Amado	Ausente
74 Ortiz del Carpio, Víctor	Ausente
75 Ortiz Proal, Mauricio	Ausente
76 Padilla Gutiérrez, Héctor	Favor
77 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz	Ausente
78 Palma César, Víctor Samuel	Ausente
79 Parás González, Juan Manuel	Ausente
80 Partida Guzmán, Martha Rocío	Ausente
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel	Ausente
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela	Ausente
83 Pérez Valdés, Daniel	Ausente
84 Pinete Vargas, María del Carmen	Favor
85 Quiñones Canales, Lourdes	Favor
86 Ramírez Martínez, José Edmundo	Favor
87 Ramírez Stabros, Jesús	Favor
88 Reyna García, José Jesús	Ausente
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo	Ausente
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco	Ausente
91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda	Ausente
92 Rojas Gutiérrez, Carlos	Favor
93 Ruiz Chávez, Sara Latife	Ausente
94 Salas López, Ramón	Favor
95 Sánchez Hernández, Eduardo	Ausente
96 Sandoval Paredes, Sergio	Ausente
97 Serrano Escobar, Enrique	Ausente
98 Sosa Castelán, Gerardo	Ausente
99 Toledo Luis, Jorge	Favor
100 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo	Ausente
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio	Ausente
102 Vega Ortiz, María Oralia	Ausente
103 Velasco Pérez, Juan Carlos	Favor
104 Villa Villa, Isael	Favor
105 Villanueva Abraján, Patricia	Favor
106 Zatarain González, Carlos Ernesto	Favor
Favor: 44
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 61
Total: 106

CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan	Favor
2 Aguilera Rico, José Luis	Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías	Favor
4 Castellanos Hernández, Félix	Favor
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús	Ausente
6 Chanona Burguete, Alejandro	Favor
7 Del Río Virgen, José Manuel	Favor
8 Esteva Salinas, Alberto	Favor
9 Godoy Cárdenas, Jorge	Ausente
10 López Lena Cruz, Humberto	Ausente
11 Salvatori Bronca, María del Carmen	Favor
12 Samperio Montaño, Juan Ignacio	Ausente
13 Sansores San Román, Layda Elena	Favor
14 Tagle Martínez, Martha Angélica	Favor
15 Uscanga Cruz, Robinson	Ausente
16 Valdés Chávez, Ramón	Ausente
17 Varela Lagunas, Tomás José Luis	Ausente
18 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc	Favor
Favor: 10
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 8
Total: 18

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio	Favor
2 Bellizia Rosique, Pascual	Favor
3 Chozas y Chozas, Olga Patricia	Favor
4 Cobo Terrazas, Diego	Favor
5 Elizondo Garrido, Francisco	Favor
6 Estrada González, Faustino Javier	Favor
7 González Martínez, Jorge Emilio	Favor
8 Lavara Mejía, Gloria	Favor
9 López Adame, Antonio Xavier	Favor
10 Manrique Guevara, Beatriz	Favor
11 Notholt Guerrero, Alan	Favor
12 Portilla Diéguez, Manuel	Favor
13 Puente Salas, Carlos Alberto	Favor
14 Ramírez Cerda, Ana María	Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador	Favor
16 Sesma Suárez, Jesús	Favor
17 Velasco Rodríguez, Verónica	Ausente
Favor: 16
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén	Ausente
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo	Favor
3 Cantú Garza, Ricardo	Favor
4 Garay Ulloa, Silvano	Favor
5 Herrera Solís, Anuario Luis	Ausente
6 Maciel Ortiz, María Mercedez	Favor
7 Peregrino García, Abundio	Favor
8 Reynoso Esparza, Julian Ezequiel	Ausente
9 Romero Guzmán, Rosa Elia	Favor
10 Solís Parga, Rodolfo	Favor
11 Vela González, Joaquín Humberto	Favor
Favor: 8
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 11

PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica	Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel	Ausente
3 Castillo Nájera, Ariel	Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto	Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto	Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel	Ausente
7 Luna Becerril, Blanca	Ausente
8 Luna Rodríguez, Silvia	Favor
9 Piñeyro Arias, Irma	Ausente
Favor: 4
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 5
Total: 9

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina	Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe	Ausente
3 García Méndez, Armando	Favor
4 Hernández Valadés, Delio	Favor
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo	Favor
Favor: 3
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 5

PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino	Favor
2 Aguilar López, José Alejandro	Favor
3 Alcalde Virgen, Moisés	Ausente
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges	Ausente
5 Álvarez Bernal, María Elena	Favor
6 Amezola Fonceca, Gerardo	Favor
7 Aranda Orozco, Gerardo	Favor
8 Arellano Arellano, Joel	Favor
9 Arenas Guzmán, Margarita	Favor
10 Arizméndi Uribe, Efraín	Ausente
11 Armendáriz García, Pedro	Ausente
12 Arredondo Ibarra, Salvador	Favor
13 Arredondo Velázquez, Jesús	Favor
14 Ávila Mayo, Obdulio	Favor
15 Barradas Miravete, Gregorio	Ausente
16 Barrios Rodríguez, Juan Enrique	Ausente
17 Bello Pérez, Alfonso Othón	Favor
18 Berber Martínez, Antonio	Ausente
19 Bermúdez Viramontes, Andrés	Ausente
20 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier	Ausente
21 Borboa Becerra, Omar Antonio	Favor
22 Borrego Estrada, Felipe	Favor
23 Bracho González, Carlos Augusto	Favor
24 Buganza Salmerón, Gerardo	Favor
25 Campos Galván, María Eugenia	Favor
26 Carbajal Méndez, Liliana	Favor
27 Carbajal Tejada, Rogelio	Favor
28 Cárdenas Sánchez, Esmeralda	Favor
29 Cardona Benavídez, Alma Xóchil	Favor
30 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto	Favor
31 Castaño Contreras, Cristián	Ausente
32 Castro de la Rosa, Osiel	Ausente
33 Castro Muñoz, Juan de Dios	Favor
34 Castro Romero, María Sofia	Favor
35 Ceja Romero, Ramón	Favor
36 Chávez García, Daniel	Favor
37 Collado Lara, Beatriz	Favor
38 Contreras Coeto, José Luis	Favor
39 Corral Aguilar, María Mercedes	Favor
40 Cuen Garibi, Marcela	Favor
41 Curiel Preciado, Leobardo	Ausente
42 Dávila Fernández, Adriana	Favor
43 Dávila García, Francisco	Favor
44 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio	Favor
45 De León Tello, Jesús	Favor
46 Degante Romero, Silvia Emilia	Ausente
47 Del Toro del Villar, Tomás	Ausente
48 Del Valle Toca, Antonio	Favor
49 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique	Favor
50 Denegre Vaught, Rosaura	Favor
51 Deschamps Falcón, Ángel Rafael	Ausente
52 Díaz de León Torres, Leticia	Favor
53 Díaz García, José Antonio	Favor
54 Díaz Garibay, Felipe	Favor
55 Díaz Gordillo, Martha Cecilia	Favor
56 Díaz Mena, Joaquín Jesús	Favor
57 Domínguez Servién, Francisco	Favor
58 Duck Núñez, Edgar Mauricio	Favor
59 Enríquez Flores, Armando	Favor
60 Escaroz Soler, Gerardo Antonio	Favor
61 Escobar Jardinez, Adolfo	Favor
62 Espinosa Piña, José Luis	Favor
63 Félix Holguín, Armando Jesús	Ausente
64 Felton González, Carlos Eduardo	Favor
65 Fernández Cabrera, Adrián	Favor
66 Fernández Ugarte, Carmen	Favor
67 Figueroa Ortega, David	Ausente
68 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro	Ausente
69 Flores Grande, Arturo	Favor
70 Flores Morfín, Jesús Vicente	Favor
71 Fraile García, Francisco Antonio	Favor
72 Franco Cazarez, Ricardo	Favor
73 Fuentes Ortiz, José Guillermo	Favor
74 García González, Carlos Alberto	Favor
75 García Müller, Martha Margarita	Favor
76 García Reyes, Ángel Humberto	Ausente
77 García Reyes, Beatriz Eugenia	Favor
78 García Vivián, Raúl	Ausente
79 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes	Favor
80 Gómez Leyva, Silvio	Favor
81 González Betancourt, Jorge Justiniano	Favor
82 González Martínez, María Gabriela	Favor
83 González Morán, Martín Oscar	Favor
84 González Roaro, Benjamín Ernesto	Ausente
85 González Ruiz, Felipe	Favor
86 González Sánchez, María Dolores	Favor
87 Gudiño Ortiz, Francisco Javier	Ausente
88 Guerrero Torres, José Gildardo	Ausente
89 Gutiérrez Lagunes, María Victoria	Favor
90 Hernández Núñez, Elia	Favor
91 Hurtado Pérez, Nelly Asunción	Favor
92 Iragorri Durán, Enrique	Favor
93 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles	Favor
94 Jiménez Ramos, María Esther	Favor
95 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia	Ausente
96 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar	Favor
97 Landero Gutiérrez, Alejandro	Favor
98 Landeros González, Ramón	Favor
99 Lara Compeán, David	Favor
100 Larios Córdova, Héctor	Favor
101 Laviada Hernández, Íñigo Antonio	Favor
102 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio	Favor
103 Leura González, Agustín	Favor
104 Lezama Aradillas, René	Favor
105 Limas Frescas, María Soledad	Favor
106 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel	Ausente
107 López Cisneros, José Martín	Ausente
108 López Reyna, Omeheira	Ausente
109 López Silva, Rubí Laura	Favor
110 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel	Favor
111 Lujano Nicolás, Christian Martín	Ausente
112 Maawad Robert, Luis Xavier	Favor
113 Macías Zambrano, Gustavo	Favor
114 Madrazo Limón, Carlos	Favor
115 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús	Favor
116 Malagón Ríos, Martín	Favor
117 Maldonado González, David	Ausente
118 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María	Favor
119 Martínez Díaz, María de Jesús	Favor
120 Martínez Valero, Dora Alicia	Favor
121 Medellín Varela, Antonio	Favor
122 Medina Macias, Alma Hilda	Favor
123 Medina Rodríguez, Delber	Ausente
124 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia	Favor
125 Mejía García, Luis Alonso	Ausente
126 Méndez Meneses, Apolonio	Favor
127 Mendoza Morales, Lucía Susana	Favor
128 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel	Ausente
129 Mollinedo Hernández, Agustín	Favor
130 Monraz Ibarra, Miguel Ángel	Ausente
131 Montes Sánchez, Fabián Fernando	Favor
132 Mora Cuevas, Marisol	Ausente
133 Morales Ramos, José Nicolás	Ausente
134 Morelos Borja, María Esperanza	Favor
135 Moreno Álvarez, Mario Eduardo	Ausente
136 Morgan Franco, Rocío del Carmen	Favor
137 Muñoz Serrano, José Antonio	Ausente
138 Murillo Flores, Francisco Javier	Favor
139 Murillo Torres, José Luis	Favor
140 Navarro Sugich, Carlos Alberto	Favor
141 Nordhausen González, Jorge Rubén	Ausente
142 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves	Favor
143 Ochoa López, Nabor	Ausente
144 Olvera Higuera, Edgar Armando	Favor
145 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto	Favor
146 Ortega Martínez, María del Pilar	Favor
147 Ortiz Hernández, Eduardo	Favor
148 Oviedo Oviedo, Ernesto	Favor
149 Padilla Orozco, Raúl Alejandro	Ausente
150 Palafox Núñez, José Inés	Ausente
151 Paredes Rodríguez, Francisco Javier	Favor
152 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen	Favor
153 Parra Noriega, Luis Gustavo	Favor
154 Pérez Cuéllar, Cruz	Ausente
155 Peyrot Solís, Marco A.	Favor
156 Plascencia Alonso, Francisco Javier	Favor
157 Priego Tapia, Gerardo	Favor
158 Pulido Pecero, Pedro	Favor
159 Quintero Bello, Jorge	Favor
160 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana	Favor
161 Ramírez Barba, Ector Jaime	Favor
162 Ramírez Pech, Edgar Martín	Favor
163 Ramírez Villarreal, Gustavo	Favor
164 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel	Favor
165 Reyes López, Carlos Armando	Favor
166 Rincón Vargas, Mirna Cecilia	Favor
167 Rivera Rivera, José Guadalupe	Favor
168 Rivero Rivero, Rolando	Favor
169 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando	Favor
170 Rodríguez Jiménez, Ricardo	Favor
171 Rodríguez Prats, Juan José	Favor
172 Rodríguez Uresti, Enrique	Favor
173 Rojas Hernández, Laura Angélica	Favor
174 Román Isidoro, Demetrio	Favor
175 Romo Jiménez, Martha Angélica	Favor
176 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto	Favor
177 Rueda Gómez, Francisco	Favor
178 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto	Favor
179 Salas Contreras, Marcos	Favor
180 Salazar Madera, Mario Alberto	Favor
181 Salum del Palacio, Jorge Alejandro	Ausente
182 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio	Favor
183 Sánchez Domínguez, Alejandro	Ausente
184 Sánchez Gil, Carlos René	Favor
185 Sánchez Juárez, Claudia	Favor
186 Sánchez Trujillo, José Víctor	Ausente
187 Sandoval Munguia, Juan Manuel	Favor
188 Serrato Castell, Luis Gerardo	Ausente
189 Shej Guzmán Sara	Favor
190 Solano Muñoz, José de Jesús	Favor
191 Stefanonni Mazzocco, Martín	Favor
192 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette	Favor
193 Torres Gómez, Artemio	Ausente
194 Torres Herrera, Víctor Manuel	Favor
195 Torres Torres, Carlos Alberto	Favor
196 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe	Ausente
197 Valladolid Rodríguez, Antonio	Favor
198 Vasconcelos Rueda, Antonio	Ausente
199 Vázquez Martínez, Alberto	Favor
200 Vega Corona, Antonio	Favor
201 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo	Favor
202 Verástegui Ostos, César Augusto	Ausente
203 Verdín Saldaña, Jaime	Favor
204 Victoria Alva, Juan	Quorum
205 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca	Favor
206 Villanueva Arjona, Juan Manuel	Favor
207 Zambrano Elizondo, Javier Martín	Favor
Favor: 156
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 1
Ausentes: 50
Total: 207

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor	Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida	Ausente
3 Almazán González, José Antonio	Favor
4 Almonte Borja, Ramón	Ausente
5 Alonso Flores, Lourdes	Abstención
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo	Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos	Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa	Favor
9 Álvarez Ramón, Silbestre	Ausente
10 Amaro Corona, Alberto	Ausente
11 Aragón Castillo, Irene	Abstención
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel	Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario	Favor
14 Barreiro Pérez, Armando	Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia	Abstención
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana	Favor
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh	Abstención
18 Brito González, Modesto	Ausente
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier	Favor
20 Campos Aburto, Amador	Ausente
21 Cárdenas Hernández, Raymundo	Ausente
22 Cervantes Rodríguez, Aurora	Favor
23 Chávez García, Higinio	Favor
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac	Favor
25 Contreras Julián, Maricela	Ausente
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia	Favor
27 Cuevas Córdova, Othón	Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix	Favor
29 De la Rosa García, Juan Hugo	Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado	Favor
31 Dehesa Mora, Daniel	Favor
32 Del Toro , Mario Enrique	Favor
33 Díaz Contreras, Adriana	Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz	Ausente
35 Espejel Lazcano, Jaime	Favor
36 Fernández Balboa, Mónica	Ausente
37 Flores Maldonado, César	Ausente
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro	Favor
39 Franco Melgarejo, Rafael	Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo	Favor
41 García Rodríguez, Víctor Hugo	Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí	Ausente
43 González Garza, Javier	Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio	Ausente
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis	Favor
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene	Favor
47 Hernández Hernández, Sergio	Favor
48 Hernández Manzanares, Javier	Favor
49 Hernández Silva, Benjamín	Ausente
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia	Favor
51 Jacques y Medina, José	Ausente
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia	Ausente
53 Landero López, Pedro	Ausente
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario	Favor
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi	Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel	Ausente
57 López Barriga, Erick	Favor
58 López Becerra, Santiago	Favor
59 López Rojas, Alberto	Favor
60 López Torres, María Soledad	Favor
61 Lozano Lozano, Andrés	Ausente
62 Luna Munguía, Alma Lilia	Favor
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar	Favor
64 Márquez Tinoco, Francisco	Favor
65 Martínez Hernández, Alejandro	Favor
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto	Favor
67 Martínez Martínez, Francisco	Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo	Favor
69 Martínez Vargas Octavio	Favor
70 Matías Alonso, Marcos	Favor
71 Matus Toledo, Holly	Favor
72 Mayans Canabal, Fernando	Favor
73 Mendoza Arellano, David	Ausente
74 Mendoza Flores, Roberto	Favor
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio	Favor
76 Mendoza Mendoza, Irineo	Favor
77 Monreal Ávila, Susana	Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén	Ausente
79 Morales Sánchez, Efraín	Ausente
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe	Ausente
81 Narcía Álvarez, Héctor	Ausente
82 Navarro López, Carlos Ernesto	Favor
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel	Ausente
84 Ojeda Hernández, Concepción	Favor
85 Oliva Fragoso, Silvia	Ausente
86 Orcí Martínez, Juan Adolfo	Ausente
87 Ortega Martínez, Antonio	Favor
88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia	Favor
89 Pacheco Llanes, Ramón Félix	Favor
90 Pedraza Chávez, Isidro	Favor
91 Pedrozo Castillo, Adrián	Ausente
92 Peña Sánchez, Miguel Ángel	Favor
93 Pérez Cruz, Raciel	Favor
94 Pulido Santiago, Celso David	Favor
95 Ramos Becerril, Rafael Plácido	Favor
96 Ramos Castellanos, Martín	Favor
97 Rasgado Corsi, Gloria	Ausente
98 Ríos Gamboa, Raúl	Favor
99 Romero Gutiérrez, Odilón	Favor
100 Ruiz Sánchez, Salvador	Ausente
101 Saavedra Coronel, José Antonio	Favor
102 San Martín Hernández, Juan Manuel	Favor
103 Sánchez Barrios, Carlos	Favor
104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías	Ausente
105 Sánchez Camacho, Alejandro	Favor
106 Sánchez Camacho, David	Favor
107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis	Favor
108 Sánchez Ramos, Francisco	Ausente
109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc	Favor
110 Santos Arreola, Francisco Javier	Ausente
111 Solares Chávez, Miguel Ángel	Favor
112 Soriano Sánchez, Rosa Elva	Favor
113 Soto Ramos, Faustino	Favor
114 Soto Sánchez, Antonio	Ausente
115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso	Favor
116 Torres Baltazar, María Elena	Favor
117 Torres García, Daniel	Favor
118 Trejo Pérez, Pablo	Favor
119 Ulloa Pérez, Emilio	Ausente
120 Vallejo Estevez, Mario	Favor
121 Varela López, Víctor Gabriel	Favor
122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio	Ausente
123 Villanueva Albarrán, Gerardo	Ausente
124 Villicaña García, Rafael	Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth	Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto	Favor
127 Zepeda Hernández, Martín	Favor
Favor: 83
Contra: 0
Abstención: 4
Quorum: 0
Ausentes: 40
Total: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico	Favor
2 Aguilar , Diego	Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel	Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas	Ausente
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio	Favor
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo	Ausente
7 Amador Gaxiola, Daniel	Ausente
8 Amador Leal, Narcizo Alberto	Ausente
9 Ayala Almeida, Joel	Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto	Favor
11 Barajas López, Ramón	Favor
12 Barajas del Toro, Salvador	Ausente
13 Barba Hernández, Alfredo	Ausente
14 Beltrán Montes, Israel	Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique	Ausente
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio	Ausente
17 Biebrich Torres, Carlos Armando	Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis	Ausente
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando	Ausente
20 Camacho Quiroz, César Octavio	Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo	Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés	Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique	Ausente
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo	Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl	Favor
26 Chaurand Arzate, Carlos	Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes	Favor
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías	Ausente
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis	Ausente
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús	Favor
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel	Favor
32 Domínguez Domínguez, Nemesio	Ausente
33 Duarte Jáquez, César Horacio	Favor
34 Escajeda Jiménez, José Rubén	Ausente
35 Escalante Jasso, Aracely	Ausente
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías	Favor
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge	Favor
38 Flores Sandoval, Patricio	Favor
39 Gamboa Patrón, Emilio	Favor
40 Garza Garza, Horacio Emigdio	Favor
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen	Ausente
42 Gloria Requena, Tomás	Ausente
43 Gómez Lugo, Elda	Favor
44 González Calderón, Martha Hilda	Ausente
45 González Salum, Miguel Ángel	Favor
46 González Zarur, Mariano	Ausente
47 Guerrero García, Javier	Ausente
48 Guerrero Juárez, Joel	Ausente
49 Herrera Ale, Juana Leticia	Ausente
50 Herrera Coyac, Wenceslao	Ausente
51 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando	Ausente
52 Lagunes Gallina, Gerardo	Favor
53 Lescieur Talavera, Jorge Mario	Favor
54 López Balbuena, Guillermina	Favor
55 Madrid Tovilla, Areli	Favor
56 Martínez Rodríguez, Lorena	Ausente
57 Martínez Rocha, Arturo	Ausente
58 Méndez Lanz, Víctor Manuel	Ausente
59 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso	Ausente
60 Merodio Reza, Lilia Guadalupe	Favor
61 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl	Favor
62 Montalvo Gómez, Pedro	Ausente
63 Morales García, Elizabeth	Ausente
64 Mota Hernández, Adolfo	Ausente
65 Muñoz Serna, Rogelio	Ausente
66 Murat , José	Favor
67 Ochoa González, Arnoldo	Ausente
68 Ojeda Camacho, Gilberto	Ausente
69 Olivares Monterrubio, Alejandro	Favor
70 Olivares Ventura, Héctor Hugo	Ausente
71 Ordaz Jiménez, Ismael	Favor
72 Orihuela Bárcenas, José Ascención	Ausente
73 Orihuela Trejo, José Amado	Ausente
74 Ortiz del Carpio, Víctor	Ausente
75 Ortiz Proal, Mauricio	Ausente
76 Padilla Gutiérrez, Héctor	Favor
77 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz	Favor
78 Palma César, Víctor Samuel	Ausente
79 Parás González, Juan Manuel	Favor
80 Partida Guzmán, Martha Rocío	Ausente
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel	Ausente
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela	Ausente
83 Pérez Valdés, Daniel	Ausente
84 Pinete Vargas, María del Carmen	Favor
85 Quiñones Canales, Lourdes	Favor
86 Ramírez Martínez, José Edmundo	Ausente
87 Ramírez Stabros, Jesús	Favor
88 Reyna García, José Jesús	Ausente
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo	Ausente
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco	Ausente
91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda	Favor
92 Rojas Gutiérrez, Carlos	Favor
93 Ruiz Chávez, Sara Latife	Ausente
94 Salas López, Ramón	Favor
95 Sánchez Hernández, Eduardo	Ausente
96 Sandoval Paredes, Sergio	Ausente
97 Serrano Escobar, Enrique	Ausente
98 Sosa Castelán, Gerardo	Ausente
99 Toledo Luis, Jorge	Favor
100 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo	Ausente
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio	Ausente
102 Vega Ortiz, María Oralia	Ausente
103 Velasco Pérez, Juan Carlos	Favor
104 Villa Villa, Isael	Abstención
105 Villanueva Abraján, Patricia	Favor
106 Zatarain González, Carlos Ernesto	Favor
Favor: 43
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 62
Total: 106

CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan	Favor
2 Aguilera Rico, José Luis	Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías	Favor
4 Castellanos Hernández, Félix	Favor
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús	Ausente
6 Chanona Burguete, Alejandro	Favor
7 Del Río Virgen, José Manuel	Favor
8 Esteva Salinas, Alberto	Ausente
9 Godoy Cárdenas, Jorge	Ausente
10 López Lena Cruz, Humberto	Ausente
11 Salvatori Bronca, María del Carmen	Favor
12 Samperio Montaño, Juan Ignacio	Ausente
13 Sansores San Román, Layda Elena	Favor
14 Tagle Martínez, Martha Angélica	Favor
15 Uscanga Cruz, Robinson	Ausente
16 Valdés Chávez, Ramón	Favor
17 Varela Lagunas, Tomás José Luis	Favor
18 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc	Favor
Favor: 11
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 7
Total: 18

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio	Favor
2 Bellizia Rosique, Pascual	Favor
3 Chozas y Chozas, Olga Patricia	Favor
4 Cobo Terrazas, Diego	Favor
5 Elizondo Garrido, Francisco	Favor
6 Estrada González, Faustino Javier	Favor
7 González Martínez, Jorge Emilio	Favor
8 Lavara Mejía, Gloria	Favor
9 López Adame, Antonio Xavier	Ausente
10 Manrique Guevara, Beatriz	Favor
11 Notholt Guerrero, Alan	Favor
12 Portilla Diéguez, Manuel	Favor
13 Puente Salas, Carlos Alberto	Favor
14 Ramírez Cerda, Ana María	Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador	Favor
16 Sesma Suárez, Jesús	Favor
17 Velasco Rodríguez, Verónica	Ausente
Favor: 15
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén	Favor
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo	Favor
3 Cantú Garza, Ricardo	Favor
4 Garay Ulloa, Silvano	Favor
5 Herrera Solís, Anuario Luis	Ausente
6 Maciel Ortiz, María Mercedez	Favor
7 Peregrino García, Abundio	Favor
8 Reynoso Esparza, Julian Ezequiel	Ausente
9 Romero Guzmán, Rosa Elia	Favor
10 Solís Parga, Rodolfo	Favor
11 Vela González, Joaquín Humberto	Favor
Favor: 9
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 11

PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica	Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel	Ausente
3 Castillo Nájera, Ariel	Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto	Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto	Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel	Ausente
7 Luna Becerril, Blanca	Favor
8 Luna Rodríguez, Silvia	Favor
9 Piñeyro Arias, Irma	Ausente
Favor: 5
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 9

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina	Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe	Ausente
3 García Méndez, Armando	Favor
4 Hernández Valadés, Delio	Favor
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo	Favor
Favor: 3
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 5

PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino	Favor
2 Aguilar López, José Alejandro	Favor
3 Alcalde Virgen, Moisés	Favor
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges	Ausente
5 Álvarez Bernal, María Elena	Favor
6 Amezola Fonceca, Gerardo	Favor
7 Aranda Orozco, Gerardo	Favor
8 Arellano Arellano, Joel	Favor
9 Arenas Guzmán, Margarita	Favor
10 Arizméndi Uribe, Efraín	Ausente
11 Armendáriz García, Pedro	Ausente
12 Arredondo Ibarra, Salvador	Favor
13 Arredondo Velázquez, Jesús	Favor
14 Ávila Mayo, Obdulio	Favor
15 Barradas Miravete, Gregorio	Favor
16 Barrios Rodríguez, Juan Enrique	Ausente
17 Bello Pérez, Alfonso Othón	Favor
18 Berber Martínez, Antonio	Ausente
19 Bermúdez Viramontes, Andrés	Ausente
20 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier	Ausente
21 Borboa Becerra, Omar Antonio	Favor
22 Borrego Estrada, Felipe	Favor
23 Bracho González, Carlos Augusto	Favor
24 Buganza Salmerón, Gerardo	Ausente
25 Campos Galván, María Eugenia	Favor
26 Carbajal Méndez, Liliana	Favor
27 Carbajal Tejada, Rogelio	Favor
28 Cárdenas Sánchez, Esmeralda	Favor
29 Cardona Benavídez, Alma Xóchil	Favor
30 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto	Favor
31 Castaño Contreras, Cristián	Ausente
32 Castro de la Rosa, Osiel	Ausente
33 Castro Muñoz, Juan de Dios	Favor
34 Castro Romero, María Sofia	Favor
35 Ceja Romero, Ramón	Favor
36 Chávez García, Daniel	Favor
37 Collado Lara, Beatriz	Favor
38 Contreras Coeto, José Luis	Favor
39 Corral Aguilar, María Mercedes	Favor
40 Cuen Garibi, Marcela	Favor
41 Curiel Preciado, Leobardo	Ausente
42 Dávila Fernández, Adriana	Favor
43 Dávila García, Francisco	Favor
44 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio	Ausente
45 De León Tello, Jesús	Favor
46 Degante Romero, Silvia Emilia	Favor
47 Del Toro del Villar, Tomás	Ausente
48 Del Valle Toca, Antonio	Favor
49 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique	Favor
50 Denegre Vaught, Rosaura	Favor
51 Deschamps Falcón, Ángel Rafael	Ausente
52 Díaz de León Torres, Leticia	Favor
53 Díaz García, José Antonio	Favor
54 Díaz Garibay, Felipe	Favor
55 Díaz Gordillo, Martha Cecilia	Favor
56 Díaz Mena, Joaquín Jesús	Favor
57 Domínguez Servién, Francisco	Favor
58 Duck Núñez, Edgar Mauricio	Favor
59 Enríquez Flores, Armando	Favor
60 Escaroz Soler, Gerardo Antonio	Favor
61 Escobar Jardinez, Adolfo	Favor
62 Espinosa Piña, José Luis	Favor
63 Félix Holguín, Armando Jesús	Ausente
64 Felton González, Carlos Eduardo	Favor
65 Fernández Cabrera, Adrián	Favor
66 Fernández Ugarte, Carmen	Favor
67 Figueroa Ortega, David	Ausente
68 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro	Ausente
69 Flores Grande, Arturo	Favor
70 Flores Morfín, Jesús Vicente	Favor
71 Fraile García, Francisco Antonio	Favor
72 Franco Cazarez, Ricardo	Favor
73 Fuentes Ortiz, José Guillermo	Favor
74 García González, Carlos Alberto	Ausente
75 García Müller, Martha Margarita	Favor
76 García Reyes, Ángel Humberto	Ausente
77 García Reyes, Beatriz Eugenia	Favor
78 García Vivián, Raúl	Ausente
79 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes	Ausente
80 Gómez Leyva, Silvio	Favor
81 González Betancourt, Jorge Justiniano	Favor
82 González Martínez, María Gabriela	Favor
83 González Morán, Martín Oscar	Favor
84 González Roaro, Benjamín Ernesto	Ausente
85 González Ruiz, Felipe	Favor
86 González Sánchez, María Dolores	Favor
87 Gudiño Ortiz, Francisco Javier	Ausente
88 Guerrero Torres, José Gildardo	Ausente
89 Gutiérrez Lagunes, María Victoria	Favor
90 Hernández Núñez, Elia	Favor
91 Hurtado Pérez, Nelly Asunción	Favor
92 Iragorri Durán, Enrique	Favor
93 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles	Favor
94 Jiménez Ramos, María Esther	Favor
95 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia	Ausente
96 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar	Favor
97 Landero Gutiérrez, Alejandro	Favor
98 Landeros González, Ramón	Favor
99 Lara Compeán, David	Favor
100 Larios Córdova, Héctor	Favor
101 Laviada Hernández, Íñigo Antonio	Favor
102 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio	Favor
103 Leura González, Agustín	Favor
104 Lezama Aradillas, René	Favor
105 Limas Frescas, María Soledad	Favor
106 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel	Ausente
107 López Cisneros, José Martín	Ausente
108 López Reyna, Omeheira	Ausente
109 López Silva, Rubí Laura	Favor
110 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel	Favor
111 Lujano Nicolás, Christian Martín	Ausente
112 Maawad Robert, Luis Xavier	Favor
113 Macías Zambrano, Gustavo	Favor
114 Madrazo Limón, Carlos	Favor
115 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús	Favor
116 Malagón Ríos, Martín	Favor
117 Maldonado González, David	Ausente
118 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María	Favor
119 Martínez Díaz, María de Jesús	Favor
120 Martínez Valero, Dora Alicia	Favor
121 Medellín Varela, Antonio	Favor
122 Medina Macias, Alma Hilda	Ausente
123 Medina Rodríguez, Delber	Ausente
124 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia	Favor
125 Mejía García, Luis Alonso	Ausente
126 Méndez Meneses, Apolonio	Favor
127 Mendoza Morales, Lucía Susana	Favor
128 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel	Ausente
129 Mollinedo Hernández, Agustín	Favor
130 Monraz Ibarra, Miguel Ángel	Ausente
131 Montes Sánchez, Fabián Fernando	Favor
132 Mora Cuevas, Marisol	Ausente
133 Morales Ramos, José Nicolás	Favor
134 Morelos Borja, María Esperanza	Favor
135 Moreno Álvarez, Mario Eduardo	Ausente
136 Morgan Franco, Rocío del Carmen	Favor
137 Muñoz Serrano, José Antonio	Ausente
138 Murillo Flores, Francisco Javier	Favor
139 Murillo Torres, José Luis	Favor
140 Navarro Sugich, Carlos Alberto	Favor
141 Nordhausen González, Jorge Rubén	Ausente
142 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves	Favor
143 Ochoa López, Nabor	Ausente
144 Olvera Higuera, Edgar Armando	Favor
145 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto	Contra
146 Ortega Martínez, María del Pilar	Favor
147 Ortiz Hernández, Eduardo	Favor
148 Oviedo Oviedo, Ernesto	Favor
149 Padilla Orozco, Raúl Alejandro	Ausente
150 Palafox Núñez, José Inés	Ausente
151 Paredes Rodríguez, Francisco Javier	Favor
152 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen	Favor
153 Parra Noriega, Luis Gustavo	Favor
154 Pérez Cuéllar, Cruz	Ausente
155 Peyrot Solís, Marco A.	Favor
156 Plascencia Alonso, Francisco Javier	Favor
157 Priego Tapia, Gerardo	Ausente
158 Pulido Pecero, Pedro	Favor
159 Quintero Bello, Jorge	Favor
160 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana	Favor
161 Ramírez Barba, Ector Jaime	Favor
162 Ramírez Pech, Edgar Martín	Favor
163 Ramírez Villarreal, Gustavo	Favor
164 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel	Favor
165 Reyes López, Carlos Armando	Ausente
166 Rincón Vargas, Mirna Cecilia	Favor
167 Rivera Rivera, José Guadalupe	Favor
168 Rivero Rivero, Rolando	Favor
169 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando	Favor
170 Rodríguez Jiménez, Ricardo	Favor
171 Rodríguez Prats, Juan José	Favor
172 Rodríguez Uresti, Enrique	Favor
173 Rojas Hernández, Laura Angélica	Favor
174 Román Isidoro, Demetrio	Favor
175 Romo Jiménez, Martha Angélica	Favor
176 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto	Favor
177 Rueda Gómez, Francisco	Favor
178 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto	Favor
179 Salas Contreras, Marcos	Favor
180 Salazar Madera, Mario Alberto	Favor
181 Salum del Palacio, Jorge Alejandro	Ausente
182 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio	Favor
183 Sánchez Domínguez, Alejandro	Ausente
184 Sánchez Gil, Carlos René	Favor
185 Sánchez Juárez, Claudia	Favor
186 Sánchez Trujillo, José Víctor	Ausente
187 Sandoval Munguia, Juan Manuel	Favor
188 Serrato Castell, Luis Gerardo	Ausente
189 Shej Guzmán Sara	Favor
190 Solano Muñoz, José de Jesús	Favor
191 Stefanonni Mazzocco, Martín	Favor
192 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette	Favor
193 Torres Gómez, Artemio	Ausente
194 Torres Herrera, Víctor Manuel	Ausente
195 Torres Torres, Carlos Alberto	Favor
196 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe	Ausente
197 Valladolid Rodríguez, Antonio	Favor
198 Vasconcelos Rueda, Antonio	Ausente
199 Vázquez Martínez, Alberto	Favor
200 Vega Corona, Antonio	Favor
201 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo	Favor
202 Verástegui Ostos, César Augusto	Ausente
203 Verdín Saldaña, Jaime	Favor
204 Victoria Alva, Juan	Favor
205 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca	Favor
206 Villanueva Arjona, Juan Manuel	Favor
207 Zambrano Elizondo, Javier Martín	Favor
Favor: 152
Contra: 1
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 54
Total: 207

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor	Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida	Favor
3 Almazán González, José Antonio	Abstención
4 Almonte Borja, Ramón	Ausente
5 Alonso Flores, Lourdes	Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo	Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos	Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa	Favor
9 Álvarez Ramón, Silbestre	Ausente
10 Amaro Corona, Alberto	Ausente
11 Aragón Castillo, Irene	Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel	Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario	Favor
14 Barreiro Pérez, Armando	Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia	Favor
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana	Favor
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh	Favor
18 Brito González, Modesto	Ausente
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier	Favor
20 Campos Aburto, Amador	Ausente
21 Cárdenas Hernández, Raymundo	Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora	Favor
23 Chávez García, Higinio	Favor
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac	Favor
25 Contreras Julián, Maricela	Ausente
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia	Favor
27 Cuevas Córdova, Othón	Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix	Favor
29 De la Rosa García, Juan Hugo	Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado	Favor
31 Dehesa Mora, Daniel	Favor
32 Del Toro , Mario Enrique	Favor
33 Díaz Contreras, Adriana	Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz	Ausente
35 Espejel Lazcano, Jaime	Favor
36 Fernández Balboa, Mónica	Favor
37 Flores Maldonado, César	Ausente
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro	Favor
39 Franco Melgarejo, Rafael	Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo	Favor
41 García Rodríguez, Víctor Hugo	Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí	Favor
43 González Garza, Javier	Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio	Ausente
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis	Favor
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene	Favor
47 Hernández Hernández, Sergio	Favor
48 Hernández Manzanares, Javier	Favor
49 Hernández Silva, Benjamín	Ausente
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia	Favor
51 Jacques y Medina, José	Ausente
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia	Ausente
53 Landero López, Pedro	Ausente
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario	Favor
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi	Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel	Ausente
57 López Barriga, Erick	Favor
58 López Becerra, Santiago	Favor
59 López Rojas, Alberto	Favor
60 López Torres, María Soledad	Favor
61 Lozano Lozano, Andrés	Ausente
62 Luna Munguía, Alma Lilia	Favor
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar	Favor
64 Márquez Tinoco, Francisco	Favor
65 Martínez Hernández, Alejandro	Favor
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto	Favor
67 Martínez Martínez, Francisco	Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo	Favor
69 Martínez Vargas Octavio	Favor
70 Matías Alonso, Marcos	Favor
71 Matus Toledo, Holly	Favor
72 Mayans Canabal, Fernando	Favor
73 Mendoza Arellano, David	Ausente
74 Mendoza Flores, Roberto	Favor
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio	Favor
76 Mendoza Mendoza, Irineo	Favor
77 Monreal Ávila, Susana	Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén	Ausente
79 Morales Sánchez, Efraín	Ausente
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe	Ausente
81 Narcía Álvarez, Héctor	Ausente
82 Navarro López, Carlos Ernesto	Favor
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel	Ausente
84 Ojeda Hernández, Concepción	Ausente
85 Oliva Fragoso, Silvia	Ausente
86 Orcí Martínez, Juan Adolfo	Ausente
87 Ortega Martínez, Antonio	Favor
88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia	Ausente
89 Pacheco Llanes, Ramón Félix	Favor
90 Pedraza Chávez, Isidro	Favor
91 Pedrozo Castillo, Adrián	Ausente
92 Peña Sánchez, Miguel Ángel	Favor
93 Pérez Cruz, Raciel	Favor
94 Pulido Santiago, Celso David	Favor
95 Ramos Becerril, Rafael Plácido	Favor
96 Ramos Castellanos, Martín	Favor
97 Rasgado Corsi, Gloria	Ausente
98 Ríos Gamboa, Raúl	Favor
99 Romero Gutiérrez, Odilón	Favor
100 Ruiz Sánchez, Salvador	Ausente
101 Saavedra Coronel, José Antonio	Favor
102 San Martín Hernández, Juan Manuel	Favor
103 Sánchez Barrios, Carlos	Favor
104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías	Ausente
105 Sánchez Camacho, Alejandro	Favor
106 Sánchez Camacho, David	Favor
107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis	Favor
108 Sánchez Ramos, Francisco	Ausente
109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc	Ausente
110 Santos Arreola, Francisco Javier	Favor
111 Solares Chávez, Miguel Ángel	Favor
112 Soriano Sánchez, Rosa Elva	Ausente
113 Soto Ramos, Faustino	Favor
114 Soto Sánchez, Antonio	Ausente
115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso	Favor
116 Torres Baltazar, María Elena	Favor
117 Torres García, Daniel	Ausente
118 Trejo Pérez, Pablo	Favor
119 Ulloa Pérez, Emilio	Favor
120 Vallejo Estevez, Mario	Favor
121 Varela López, Víctor Gabriel	Favor
122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio	Ausente
123 Villanueva Albarrán, Gerardo	Ausente
124 Villicaña García, Rafael	Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth	Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto	Favor
127 Zepeda Hernández, Martín	Favor
Favor: 87
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 39
Total: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico	Favor
2 Aguilar , Diego	Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel	Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas	Ausente
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio	Favor
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo	Ausente
7 Amador Gaxiola, Daniel	Ausente
8 Amador Leal, Narcizo Alberto	Ausente
9 Ayala Almeida, Joel	Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto	Favor
11 Barajas López, Ramón	Favor
12 Barajas del Toro, Salvador	Ausente
13 Barba Hernández, Alfredo	Ausente
14 Beltrán Montes, Israel	Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique	Ausente
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio	Ausente
17 Biebrich Torres, Carlos Armando	Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis	Ausente
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando	Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio	Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo	Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés	Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique	Ausente
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo	Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl	Favor
26 Chaurand Arzate, Carlos	Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes	Favor
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías	Ausente
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis	Ausente
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús	Favor
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel	Favor
32 Domínguez Domínguez, Nemesio	Ausente
33 Duarte Jáquez, César Horacio	Favor
34 Escajeda Jiménez, José Rubén	Ausente
35 Escalante Jasso, Aracely	Ausente
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías	Favor
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge	Favor
38 Flores Sandoval, Patricio	Favor
39 Gamboa Patrón, Emilio	Favor
40 Garza Garza, Horacio Emigdio	Ausente
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen	Ausente
42 Gloria Requena, Tomás	Ausente
43 Gómez Lugo, Elda	Favor
44 González Calderón, Martha Hilda	Ausente
45 González Salum, Miguel Ángel	Ausente
46 González Zarur, Mariano	Ausente
47 Guerrero García, Javier	Ausente
48 Guerrero Juárez, Joel	Ausente
49 Herrera Ale, Juana Leticia	Ausente
50 Herrera Coyac, Wenceslao	Ausente
51 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando	Ausente
52 Lagunes Gallina, Gerardo	Favor
53 Lescieur Talavera, Jorge Mario	Favor
54 López Balbuena, Guillermina	Favor
55 Madrid Tovilla, Areli	Favor
56 Martínez Rodríguez, Lorena	Ausente
57 Martínez Rocha, Arturo	Ausente
58 Méndez Lanz, Víctor Manuel	Favor
59 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso	Ausente
60 Merodio Reza, Lilia Guadalupe	Favor
61 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl	Favor
62 Montalvo Gómez, Pedro	Ausente
63 Morales García, Elizabeth	Ausente
64 Mota Hernández, Adolfo	Ausente
65 Muñoz Serna, Rogelio	Ausente
66 Murat , José	Favor
67 Ochoa González, Arnoldo	Ausente
68 Ojeda Camacho, Gilberto	Ausente
69 Olivares Monterrubio, Alejandro	Favor
70 Olivares Ventura, Héctor Hugo	Ausente
71 Ordaz Jiménez, Ismael	Favor
72 Orihuela Bárcenas, José Ascención	Ausente
73 Orihuela Trejo, José Amado	Ausente
74 Ortiz del Carpio, Víctor	Ausente
75 Ortiz Proal, Mauricio	Favor
76 Padilla Gutiérrez, Héctor	Favor
77 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz	Favor
78 Palma César, Víctor Samuel	Ausente
79 Parás González, Juan Manuel	Ausente
80 Partida Guzmán, Martha Rocío	Ausente
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel	Ausente
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela	Ausente
83 Pérez Valdés, Daniel	Ausente
84 Pinete Vargas, María del Carmen	Favor
85 Quiñones Canales, Lourdes	Favor
86 Ramírez Martínez, José Edmundo	Favor
87 Ramírez Stabros, Jesús	Favor
88 Reyna García, José Jesús	Favor
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo	Ausente
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco	Ausente
91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda	Ausente
92 Rojas Gutiérrez, Carlos	Favor
93 Ruiz Chávez, Sara Latife	Ausente
94 Salas López, Ramón	Favor
95 Sánchez Hernández, Eduardo	Ausente
96 Sandoval Paredes, Sergio	Ausente
97 Serrano Escobar, Enrique	Ausente
98 Sosa Castelán, Gerardo	Ausente
99 Toledo Luis, Jorge	Favor
100 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo	Ausente
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio	Ausente
102 Vega Ortiz, María Oralia	Ausente
103 Velasco Pérez, Juan Carlos	Favor
104 Villa Villa, Isael	Favor
105 Villanueva Abraján, Patricia	Favor
106 Zatarain González, Carlos Ernesto	Favor
Favor: 45
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 61
Total: 106

CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan	Favor
2 Aguilera Rico, José Luis	Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías	Ausente
4 Castellanos Hernández, Félix	Favor
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús	Ausente
6 Chanona Burguete, Alejandro	Favor
7 Del Río Virgen, José Manuel	Favor
8 Esteva Salinas, Alberto	Favor
9 Godoy Cárdenas, Jorge	Ausente
10 López Lena Cruz, Humberto	Ausente
11 Salvatori Bronca, María del Carmen	Favor
12 Samperio Montaño, Juan Ignacio	Favor
13 Sansores San Román, Layda Elena	Favor
14 Tagle Martínez, Martha Angélica	Favor
15 Uscanga Cruz, Robinson	Ausente
16 Valdés Chávez, Ramón	Favor
17 Varela Lagunas, Tomás José Luis	Favor
18 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc	Favor
Favor: 12
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 6
Total: 18

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio	Favor
2 Bellizia Rosique, Pascual	Favor
3 Chozas y Chozas, Olga Patricia	Favor
4 Cobo Terrazas, Diego	Favor
5 Elizondo Garrido, Francisco	Favor
6 Estrada González, Faustino Javier	Favor
7 González Martínez, Jorge Emilio	Favor
8 Lavara Mejía, Gloria	Favor
9 López Adame, Antonio Xavier	Ausente
10 Manrique Guevara, Beatriz	Favor
11 Notholt Guerrero, Alan	Favor
12 Portilla Diéguez, Manuel	Favor
13 Puente Salas, Carlos Alberto	Favor
14 Ramírez Cerda, Ana María	Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador	Favor
16 Sesma Suárez, Jesús	Favor
17 Velasco Rodríguez, Verónica	Ausente
Favor: 15
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén	Favor
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo	Favor
3 Cantú Garza, Ricardo	Favor
4 Garay Ulloa, Silvano	Favor
5 Herrera Solís, Anuario Luis	Ausente
6 Maciel Ortiz, María Mercedez	Favor
7 Peregrino García, Abundio	Favor
8 Reynoso Esparza, Julian Ezequiel	Ausente
9 Romero Guzmán, Rosa Elia	Favor
10 Solís Parga, Rodolfo	Favor
11 Vela González, Joaquín Humberto	Favor
Favor: 9
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 11

PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica	Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel	Ausente
3 Castillo Nájera, Ariel	Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto	Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto	Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel	Ausente
7 Luna Becerril, Blanca	Favor
8 Luna Rodríguez, Silvia	Favor
9 Piñeyro Arias, Irma	Ausente
Favor: 5
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 9

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina	Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe	Ausente
3 García Méndez, Armando	Favor
4 Hernández Valadés, Delio	Favor
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo	Favor
Favor: 3
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 5

PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino	Favor
2 Aguilar López, José Alejandro	Favor
3 Alcalde Virgen, Moisés	Favor
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges	Ausente
5 Álvarez Bernal, María Elena	Favor
6 Amezola Fonceca, Gerardo	Favor
7 Aranda Orozco, Gerardo	Favor
8 Arellano Arellano, Joel	Favor
9 Arenas Guzmán, Margarita	Favor
10 Arizméndi Uribe, Efraín	Ausente
11 Armendáriz García, Pedro	Ausente
12 Arredondo Ibarra, Salvador	Favor
13 Arredondo Velázquez, Jesús	Favor
14 Ávila Mayo, Obdulio	Favor
15 Barradas Miravete, Gregorio	Favor
16 Barrios Rodríguez, Juan Enrique	Ausente
17 Bello Pérez, Alfonso Othón	Favor
18 Berber Martínez, Antonio	Ausente
19 Bermúdez Viramontes, Andrés	Ausente
20 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier	Ausente
21 Borboa Becerra, Omar Antonio	Favor
22 Borrego Estrada, Felipe	Favor
23 Bracho González, Carlos Augusto	Favor
24 Buganza Salmerón, Gerardo	Favor
25 Campos Galván, María Eugenia	Favor
26 Carbajal Méndez, Liliana	Favor
27 Carbajal Tejada, Rogelio	Favor
28 Cárdenas Sánchez, Esmeralda	Favor
29 Cardona Benavídez, Alma Xóchil	Favor
30 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto	Favor
31 Castaño Contreras, Cristián	Favor
32 Castro de la Rosa, Osiel	Ausente
33 Castro Muñoz, Juan de Dios	Ausente
34 Castro Romero, María Sofia	Favor
35 Ceja Romero, Ramón	Favor
36 Chávez García, Daniel	Favor
37 Collado Lara, Beatriz	Favor
38 Contreras Coeto, José Luis	Favor
39 Corral Aguilar, María Mercedes	Favor
40 Cuen Garibi, Marcela	Ausente
41 Curiel Preciado, Leobardo	Ausente
42 Dávila Fernández, Adriana	Favor
43 Dávila García, Francisco	Favor
44 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio	Favor
45 De León Tello, Jesús	Favor
46 Degante Romero, Silvia Emilia	Favor
47 Del Toro del Villar, Tomás	Ausente
48 Del Valle Toca, Antonio	Ausente
49 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique	Ausente
50 Denegre Vaught, Rosaura	Favor
51 Deschamps Falcón, Ángel Rafael	Ausente
52 Díaz de León Torres, Leticia	Favor
53 Díaz García, José Antonio	Favor
54 Díaz Garibay, Felipe	Favor
55 Díaz Gordillo, Martha Cecilia	Favor
56 Díaz Mena, Joaquín Jesús	Favor
57 Domínguez Servién, Francisco	Favor
58 Duck Núñez, Edgar Mauricio	Favor
59 Enríquez Flores, Armando	Favor
60 Escaroz Soler, Gerardo Antonio	Favor
61 Escobar Jardinez, Adolfo	Favor
62 Espinosa Piña, José Luis	Favor
63 Félix Holguín, Armando Jesús	Ausente
64 Felton González, Carlos Eduardo	Favor
65 Fernández Cabrera, Adrián	Favor
66 Fernández Ugarte, Carmen	Favor
67 Figueroa Ortega, David	Favor
68 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro	Ausente
69 Flores Grande, Arturo	Favor
70 Flores Morfín, Jesús Vicente	Favor
71 Fraile García, Francisco Antonio	Favor
72 Franco Cazarez, Ricardo	Favor
73 Fuentes Ortiz, José Guillermo	Favor
74 García González, Carlos Alberto	Favor
75 García Müller, Martha Margarita	Favor
76 García Reyes, Ángel Humberto	Ausente
77 García Reyes, Beatriz Eugenia	Favor
78 García Vivián, Raúl	Ausente
79 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes	Favor
80 Gómez Leyva, Silvio	Favor
81 González Betancourt, Jorge Justiniano	Favor
82 González Martínez, María Gabriela	Favor
83 González Morán, Martín Oscar	Favor
84 González Roaro, Benjamín Ernesto	Ausente
85 González Ruiz, Felipe	Favor
86 González Sánchez, María Dolores	Favor
87 Gudiño Ortiz, Francisco Javier	Ausente
88 Guerrero Torres, José Gildardo	Ausente
89 Gutiérrez Lagunes, María Victoria	Favor
90 Hernández Núñez, Elia	Favor
91 Hurtado Pérez, Nelly Asunción	Favor
92 Iragorri Durán, Enrique	Favor
93 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles	Favor
94 Jiménez Ramos, María Esther	Favor
95 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia	Ausente
96 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar	Favor
97 Landero Gutiérrez, Alejandro	Favor
98 Landeros González, Ramón	Favor
99 Lara Compeán, David	Favor
100 Larios Córdova, Héctor	Favor
101 Laviada Hernández, Íñigo Antonio	Favor
102 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio	Favor
103 Leura González, Agustín	Favor
104 Lezama Aradillas, René	Favor
105 Limas Frescas, María Soledad	Favor
106 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel	Ausente
107 López Cisneros, José Martín	Ausente
108 López Reyna, Omeheira	Ausente
109 López Silva, Rubí Laura	Favor
110 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel	Favor
111 Lujano Nicolás, Christian Martín	Ausente
112 Maawad Robert, Luis Xavier	Favor
113 Macías Zambrano, Gustavo	Favor
114 Madrazo Limón, Carlos	Favor
115 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús	Favor
116 Malagón Ríos, Martín	Favor
117 Maldonado González, David	Ausente
118 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María	Favor
119 Martínez Díaz, María de Jesús	Favor
120 Martínez Valero, Dora Alicia	Favor
121 Medellín Varela, Antonio	Favor
122 Medina Macias, Alma Hilda	Favor
123 Medina Rodríguez, Delber	Ausente
124 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia	Favor
125 Mejía García, Luis Alonso	Ausente
126 Méndez Meneses, Apolonio	Favor
127 Mendoza Morales, Lucía Susana	Favor
128 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel	Ausente
129 Mollinedo Hernández, Agustín	Favor
130 Monraz Ibarra, Miguel Ángel	Ausente
131 Montes Sánchez, Fabián Fernando	Favor
132 Mora Cuevas, Marisol	Ausente
133 Morales Ramos, José Nicolás	Favor
134 Morelos Borja, María Esperanza	Favor
135 Moreno Álvarez, Mario Eduardo	Ausente
136 Morgan Franco, Rocío del Carmen	Favor
137 Muñoz Serrano, José Antonio	Ausente
138 Murillo Flores, Francisco Javier	Favor
139 Murillo Torres, José Luis	Favor
140 Navarro Sugich, Carlos Alberto	Favor
141 Nordhausen González, Jorge Rubén	Ausente
142 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves	Favor
143 Ochoa López, Nabor	Ausente
144 Olvera Higuera, Edgar Armando	Favor
145 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto	Favor
146 Ortega Martínez, María del Pilar	Favor
147 Ortiz Hernández, Eduardo	Favor
148 Oviedo Oviedo, Ernesto	Favor
149 Padilla Orozco, Raúl Alejandro	Ausente
150 Palafox Núñez, José Inés	Ausente
151 Paredes Rodríguez, Francisco Javier	Favor
152 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen	Favor
153 Parra Noriega, Luis Gustavo	Favor
154 Pérez Cuéllar, Cruz	Ausente
155 Peyrot Solís, Marco A.	Favor
156 Plascencia Alonso, Francisco Javier	Favor
157 Priego Tapia, Gerardo	Favor
158 Pulido Pecero, Pedro	Favor
159 Quintero Bello, Jorge	Favor
160 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana	Favor
161 Ramírez Barba, Ector Jaime	Favor
162 Ramírez Pech, Edgar Martín	Favor
163 Ramírez Villarreal, Gustavo	Favor
164 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel	Favor
165 Reyes López, Carlos Armando	Favor
166 Rincón Vargas, Mirna Cecilia	Favor
167 Rivera Rivera, José Guadalupe	Favor
168 Rivero Rivero, Rolando	Favor
169 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando	Favor
170 Rodríguez Jiménez, Ricardo	Favor
171 Rodríguez Prats, Juan José	Favor
172 Rodríguez Uresti, Enrique	Favor
173 Rojas Hernández, Laura Angélica	Favor
174 Román Isidoro, Demetrio	Favor
175 Romo Jiménez, Martha Angélica	Ausente
176 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto	Favor
177 Rueda Gómez, Francisco	Favor
178 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto	Favor
179 Salas Contreras, Marcos	Favor
180 Salazar Madera, Mario Alberto	Favor
181 Salum del Palacio, Jorge Alejandro	Ausente
182 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio	Favor
183 Sánchez Domínguez, Alejandro	Ausente
184 Sánchez Gil, Carlos René	Favor
185 Sánchez Juárez, Claudia	Favor
186 Sánchez Trujillo, José Víctor	Ausente
187 Sandoval Munguia, Juan Manuel	Favor
188 Serrato Castell, Luis Gerardo	Ausente
189 Shej Guzmán Sara	Favor
190 Solano Muñoz, José de Jesús	Favor
191 Stefanonni Mazzocco, Martín	Favor
192 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette	Favor
193 Torres Gómez, Artemio	Ausente
194 Torres Herrera, Víctor Manuel	Favor
195 Torres Torres, Carlos Alberto	Favor
196 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe	Ausente
197 Valladolid Rodríguez, Antonio	Favor
198 Vasconcelos Rueda, Antonio	Ausente
199 Vázquez Martínez, Alberto	Favor
200 Vega Corona, Antonio	Favor
201 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo	Favor
202 Verástegui Ostos, César Augusto	Ausente
203 Verdín Saldaña, Jaime	Favor
204 Victoria Alva, Juan	Favor
205 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca	Favor
206 Villanueva Arjona, Juan Manuel	Favor
207 Zambrano Elizondo, Javier Martín	Favor
Favor: 158
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 49
Total: 207

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor	Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida	Favor
3 Almazán González, José Antonio	Favor
4 Almonte Borja, Ramón	Ausente
5 Alonso Flores, Lourdes	Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo	Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos	Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa	Favor
9 Álvarez Ramón, Silbestre	Ausente
10 Amaro Corona, Alberto	Ausente
11 Aragón Castillo, Irene	Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel	Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario	Favor
14 Barreiro Pérez, Armando	Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia	Favor
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana	Favor
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh	Favor
18 Brito González, Modesto	Ausente
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier	Favor
20 Campos Aburto, Amador	Ausente
21 Cárdenas Hernández, Raymundo	Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora	Favor
23 Chávez García, Higinio	Favor
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac	Favor
25 Contreras Julián, Maricela	Favor
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia	Favor
27 Cuevas Córdova, Othón	Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix	Favor
29 De la Rosa García, Juan Hugo	Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado	Favor
31 Dehesa Mora, Daniel	Favor
32 Del Toro , Mario Enrique	Favor
33 Díaz Contreras, Adriana	Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz	Ausente
35 Espejel Lazcano, Jaime	Favor
36 Fernández Balboa, Mónica	Favor
37 Flores Maldonado, César	Ausente
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro	Favor
39 Franco Melgarejo, Rafael	Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo	Favor
41 García Rodríguez, Víctor Hugo	Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí	Favor
43 González Garza, Javier	Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio	Ausente
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis	Favor
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene	Favor
47 Hernández Hernández, Sergio	Favor
48 Hernández Manzanares, Javier	Favor
49 Hernández Silva, Benjamín	Favor
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia	Favor
51 Jacques y Medina, José	Ausente
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia	Ausente
53 Landero López, Pedro	Ausente
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario	Ausente
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi	Ausente
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel	Ausente
57 López Barriga, Erick	Favor
58 López Becerra, Santiago	Favor
59 López Rojas, Alberto	Favor
60 López Torres, María Soledad	Favor
61 Lozano Lozano, Andrés	Ausente
62 Luna Munguía, Alma Lilia	Favor
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar	Favor
64 Márquez Tinoco, Francisco	Favor
65 Martínez Hernández, Alejandro	Favor
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto	Favor
67 Martínez Martínez, Francisco	Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo	Favor
69 Martínez Vargas Octavio	Favor
70 Matías Alonso, Marcos	Favor
71 Matus Toledo, Holly	Favor
72 Mayans Canabal, Fernando	Favor
73 Mendoza Arellano, David	Ausente
74 Mendoza Flores, Roberto	Favor
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio	Favor
76 Mendoza Mendoza, Irineo	Favor
77 Monreal Ávila, Susana	Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén	Ausente
79 Morales Sánchez, Efraín	Ausente
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe	Ausente
81 Narcía Álvarez, Héctor	Ausente
82 Navarro López, Carlos Ernesto	Ausente
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel	Ausente
84 Ojeda Hernández, Concepción	Favor
85 Oliva Fragoso, Silvia	Ausente
86 Orcí Martínez, Juan Adolfo	Ausente
87 Ortega Martínez, Antonio	Favor
88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia	Favor
89 Pacheco Llanes, Ramón Félix	Favor
90 Pedraza Chávez, Isidro	Favor
91 Pedrozo Castillo, Adrián	Ausente
92 Peña Sánchez, Miguel Ángel	Favor
93 Pérez Cruz, Raciel	Favor
94 Pulido Santiago, Celso David	Favor
95 Ramos Becerril, Rafael Plácido	Favor
96 Ramos Castellanos, Martín	Favor
97 Rasgado Corsi, Gloria	Ausente
98 Ríos Gamboa, Raúl	Favor
99 Romero Gutiérrez, Odilón	Favor
100 Ruiz Sánchez, Salvador	Ausente
101 Saavedra Coronel, José Antonio	Favor
102 San Martín Hernández, Juan Manuel	Favor
103 Sánchez Barrios, Carlos	Favor
104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías	Ausente
105 Sánchez Camacho, Alejandro	Favor
106 Sánchez Camacho, David	Favor
107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis	Favor
108 Sánchez Ramos, Francisco	Ausente
109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc	Favor
110 Santos Arreola, Francisco Javier	Favor
111 Solares Chávez, Miguel Ángel	Favor
112 Soriano Sánchez, Rosa Elva	Ausente
113 Soto Ramos, Faustino	Favor
114 Soto Sánchez, Antonio	Ausente
115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso	Favor
116 Torres Baltazar, María Elena	Favor
117 Torres García, Daniel	Favor
118 Trejo Pérez, Pablo	Ausente
119 Ulloa Pérez, Emilio	Favor
120 Vallejo Estevez, Mario	Favor
121 Varela López, Víctor Gabriel	Favor
122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio	Ausente
123 Villanueva Albarrán, Gerardo	Ausente
124 Villicaña García, Rafael	Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth	Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto	Favor
127 Zepeda Hernández, Martín	Favor
Favor: 90
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 37
Total: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico	Favor
2 Aguilar , Diego	Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel	Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas	Ausente
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio	Favor
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo	Ausente
7 Amador Gaxiola, Daniel	Ausente
8 Amador Leal, Narcizo Alberto	Ausente
9 Ayala Almeida, Joel	Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto	Favor
11 Barajas López, Ramón	Favor
12 Barajas del Toro, Salvador	Ausente
13 Barba Hernández, Alfredo	Ausente
14 Beltrán Montes, Israel	Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique	Ausente
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio	Ausente
17 Biebrich Torres, Carlos Armando	Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis	Ausente
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando	Ausente
20 Camacho Quiroz, César Octavio	Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo	Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés	Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique	Ausente
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo	Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl	Favor
26 Chaurand Arzate, Carlos	Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes	Favor
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías	Ausente
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis	Ausente
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús	Favor
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel	Favor
32 Domínguez Domínguez, Nemesio	Ausente
33 Duarte Jáquez, César Horacio	Favor
34 Escajeda Jiménez, José Rubén	Ausente
35 Escalante Jasso, Aracely	Ausente
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías	Favor
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge	Favor
38 Flores Sandoval, Patricio	Favor
39 Gamboa Patrón, Emilio	Favor
40 Garza Garza, Horacio Emigdio	Favor
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen	Ausente
42 Gloria Requena, Tomás	Ausente
43 Gómez Lugo, Elda	Favor
44 González Calderón, Martha Hilda	Ausente
45 González Salum, Miguel Ángel	Favor
46 González Zarur, Mariano	Ausente
47 Guerrero García, Javier	Ausente
48 Guerrero Juárez, Joel	Ausente
49 Herrera Ale, Juana Leticia	Ausente
50 Herrera Coyac, Wenceslao	Ausente
51 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando	Ausente
52 Lagunes Gallina, Gerardo	Favor
53 Lescieur Talavera, Jorge Mario	Favor
54 López Balbuena, Guillermina	Favor
55 Madrid Tovilla, Areli	Favor
56 Martínez Rodríguez, Lorena	Favor
57 Martínez Rocha, Arturo	Ausente
58 Méndez Lanz, Víctor Manuel	Favor
59 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso	Ausente
60 Merodio Reza, Lilia Guadalupe	Favor
61 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl	Favor
62 Montalvo Gómez, Pedro	Favor
63 Morales García, Elizabeth	Ausente
64 Mota Hernández, Adolfo	Ausente
65 Muñoz Serna, Rogelio	Ausente
66 Murat , José	Ausente
67 Ochoa González, Arnoldo	Ausente
68 Ojeda Camacho, Gilberto	Ausente
69 Olivares Monterrubio, Alejandro	Favor
70 Olivares Ventura, Héctor Hugo	Ausente
71 Ordaz Jiménez, Ismael	Favor
72 Orihuela Bárcenas, José Ascención	Ausente
73 Orihuela Trejo, José Amado	Ausente
74 Ortiz del Carpio, Víctor	Ausente
75 Ortiz Proal, Mauricio	Favor
76 Padilla Gutiérrez, Héctor	Favor
77 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz	Favor
78 Palma César, Víctor Samuel	Ausente
79 Parás González, Juan Manuel	Favor
80 Partida Guzmán, Martha Rocío	Ausente
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel	Ausente
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela	Ausente
83 Pérez Valdés, Daniel	Ausente
84 Pinete Vargas, María del Carmen	Favor
85 Quiñones Canales, Lourdes	Favor
86 Ramírez Martínez, José Edmundo	Favor
87 Ramírez Stabros, Jesús	Favor
88 Reyna García, José Jesús	Favor
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo	Ausente
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco	Ausente
91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda	Favor
92 Rojas Gutiérrez, Carlos	Favor
93 Ruiz Chávez, Sara Latife	Ausente
94 Salas López, Ramón	Favor
95 Sánchez Hernández, Eduardo	Ausente
96 Sandoval Paredes, Sergio	Ausente
97 Serrano Escobar, Enrique	Ausente
98 Sosa Castelán, Gerardo	Ausente
99 Toledo Luis, Jorge	Favor
100 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo	Ausente
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio	Ausente
102 Vega Ortiz, María Oralia	Ausente
103 Velasco Pérez, Juan Carlos	Ausente
104 Villa Villa, Isael	Favor
105 Villanueva Abraján, Patricia	Ausente
106 Zatarain González, Carlos Ernesto	Favor
Favor: 47
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 59
Total: 106

CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan	Favor
2 Aguilera Rico, José Luis	Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías	Favor
4 Castellanos Hernández, Félix	Favor
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús	Ausente
6 Chanona Burguete, Alejandro	Favor
7 Del Río Virgen, José Manuel	Favor
8 Esteva Salinas, Alberto	Favor
9 Godoy Cárdenas, Jorge	Ausente
10 López Lena Cruz, Humberto	Ausente
11 Salvatori Bronca, María del Carmen	Favor
12 Samperio Montaño, Juan Ignacio	Ausente
13 Sansores San Román, Layda Elena	Favor
14 Tagle Martínez, Martha Angélica	Favor
15 Uscanga Cruz, Robinson	Favor
16 Valdés Chávez, Ramón	Favor
17 Varela Lagunas, Tomás José Luis	Favor
18 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc	Favor
Favor: 13
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 5
Total: 18

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio	Favor
2 Bellizia Rosique, Pascual	Favor
3 Chozas y Chozas, Olga Patricia	Favor
4 Cobo Terrazas, Diego	Favor
5 Elizondo Garrido, Francisco	Favor
6 Estrada González, Faustino Javier	Favor
7 González Martínez, Jorge Emilio	Favor
8 Lavara Mejía, Gloria	Favor
9 López Adame, Antonio Xavier	Favor
10 Manrique Guevara, Beatriz	Favor
11 Notholt Guerrero, Alan	Favor
12 Portilla Diéguez, Manuel	Favor
13 Puente Salas, Carlos Alberto	Favor
14 Ramírez Cerda, Ana María	Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador	Favor
16 Sesma Suárez, Jesús	Favor
17 Velasco Rodríguez, Verónica	Ausente
Favor: 16
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén	Favor
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo	Favor
3 Cantú Garza, Ricardo	Favor
4 Garay Ulloa, Silvano	Favor
5 Herrera Solís, Anuario Luis	Ausente
6 Maciel Ortiz, María Mercedez	Ausente
7 Peregrino García, Abundio	Favor
8 Reynoso Esparza, Julian Ezequiel	Ausente
9 Romero Guzmán, Rosa Elia	Favor
10 Solís Parga, Rodolfo	Favor
11 Vela González, Joaquín Humberto	Favor
Favor: 8
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 11

PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica	Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel	Ausente
3 Castillo Nájera, Ariel	Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto	Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto	Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel	Ausente
7 Luna Becerril, Blanca	Favor
8 Luna Rodríguez, Silvia	Favor
9 Piñeyro Arias, Irma	Ausente
Favor: 5
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 9

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina	Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe	Ausente
3 García Méndez, Armando	Favor
4 Hernández Valadés, Delio	Ausente
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo	Ausente
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 5

PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino	Favor
2 Aguilar López, José Alejandro	Favor
3 Alcalde Virgen, Moisés	Favor
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges	Ausente
5 Álvarez Bernal, María Elena	Favor
6 Amezola Fonceca, Gerardo	Favor
7 Aranda Orozco, Gerardo	Ausente
8 Arellano Arellano, Joel	Favor
9 Arenas Guzmán, Margarita	Favor
10 Arizméndi Uribe, Efraín	Ausente
11 Armendáriz García, Pedro	Ausente
12 Arredondo Ibarra, Salvador	Favor
13 Arredondo Velázquez, Jesús	Favor
14 Ávila Mayo, Obdulio	Favor
15 Barradas Miravete, Gregorio	Favor
16 Barrios Rodríguez, Juan Enrique	Ausente
17 Bello Pérez, Alfonso Othón	Favor
18 Berber Martínez, Antonio	Ausente
19 Bermúdez Viramontes, Andrés	Ausente
20 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier	Ausente
21 Borboa Becerra, Omar Antonio	Favor
22 Borrego Estrada, Felipe	Favor
23 Bracho González, Carlos Augusto	Favor
24 Buganza Salmerón, Gerardo	Favor
25 Campos Galván, María Eugenia	Favor
26 Carbajal Méndez, Liliana	Favor
27 Carbajal Tejada, Rogelio	Favor
28 Cárdenas Sánchez, Esmeralda	Favor
29 Cardona Benavídez, Alma Xóchil	Favor
30 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto	Favor
31 Castaño Contreras, Cristián	Favor
32 Castro de la Rosa, Osiel	Ausente
33 Castro Muñoz, Juan de Dios	Favor
34 Castro Romero, María Sofia	Favor
35 Ceja Romero, Ramón	Favor
36 Chávez García, Daniel	Favor
37 Collado Lara, Beatriz	Favor
38 Contreras Coeto, José Luis	Favor
39 Corral Aguilar, María Mercedes	Favor
40 Cuen Garibi, Marcela	Favor
41 Curiel Preciado, Leobardo	Ausente
42 Dávila Fernández, Adriana	Favor
43 Dávila García, Francisco	Favor
44 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio	Favor
45 De León Tello, Jesús	Favor
46 Degante Romero, Silvia Emilia	Favor
47 Del Toro del Villar, Tomás	Ausente
48 Del Valle Toca, Antonio	Favor
49 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique	Favor
50 Denegre Vaught, Rosaura	Favor
51 Deschamps Falcón, Ángel Rafael	Ausente
52 Díaz de León Torres, Leticia	Favor
53 Díaz García, José Antonio	Favor
54 Díaz Garibay, Felipe	Favor
55 Díaz Gordillo, Martha Cecilia	Favor
56 Díaz Mena, Joaquín Jesús	Favor
57 Domínguez Servién, Francisco	Favor
58 Duck Núñez, Edgar Mauricio	Favor
59 Enríquez Flores, Armando	Favor
60 Escaroz Soler, Gerardo Antonio	Favor
61 Escobar Jardinez, Adolfo	Favor
62 Espinosa Piña, José Luis	Favor
63 Félix Holguín, Armando Jesús	Ausente
64 Felton González, Carlos Eduardo	Favor
65 Fernández Cabrera, Adrián	Favor
66 Fernández Ugarte, Carmen	Ausente
67 Figueroa Ortega, David	Favor
68 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro	Ausente
69 Flores Grande, Arturo	Favor
70 Flores Morfín, Jesús Vicente	Favor
71 Fraile García, Francisco Antonio	Favor
72 Franco Cazarez, Ricardo	Favor
73 Fuentes Ortiz, José Guillermo	Favor
74 García González, Carlos Alberto	Favor
75 García Müller, Martha Margarita	Ausente
76 García Reyes, Ángel Humberto	Ausente
77 García Reyes, Beatriz Eugenia	Favor
78 García Vivián, Raúl	Ausente
79 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes	Favor
80 Gómez Leyva, Silvio	Favor
81 González Betancourt, Jorge Justiniano	Favor
82 González Martínez, María Gabriela	Favor
83 González Morán, Martín Oscar	Favor
84 González Roaro, Benjamín Ernesto	Ausente
85 González Ruiz, Felipe	Favor
86 González Sánchez, María Dolores	Ausente
87 Gudiño Ortiz, Francisco Javier	Ausente
88 Guerrero Torres, José Gildardo	Ausente
89 Gutiérrez Lagunes, María Victoria	Favor
90 Hernández Núñez, Elia	Favor
91 Hurtado Pérez, Nelly Asunción	Favor
92 Iragorri Durán, Enrique	Favor
93 Jiménez del Castillo, Ma. de los Ángeles	Ausente
94 Jiménez Ramos, María Esther	Favor
95 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia	Ausente
96 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar	Favor
97 Landero Gutiérrez, Alejandro	Favor
98 Landeros González, Ramón	Favor
99 Lara Compeán, David	Favor
100 Larios Córdova, Héctor	Favor
101 Laviada Hernández, Íñigo Antonio	Favor
102 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio	Favor
103 Leura González, Agustín	Favor
104 Lezama Aradillas, René	Favor
105 Limas Frescas, María Soledad	Favor
106 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel	Ausente
107 López Cisneros, José Martín	Ausente
108 López Reyna, Omeheira	Ausente
109 López Silva, Rubí Laura	Favor
110 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel	Favor
111 Lujano Nicolás, Christian Martín	Ausente
112 Maawad Robert, Luis Xavier	Favor
113 Macías Zambrano, Gustavo	Favor
114 Madrazo Limón, Carlos	Favor
115 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús	Favor
116 Malagón Ríos, Martín	Favor
117 Maldonado González, David	Ausente
118 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María	Favor
119 Martínez Díaz, María de Jesús	Favor
120 Martínez Valero, Dora Alicia	Favor
121 Medellín Varela, Antonio	Favor
122 Medina Macias, Alma Hilda	Favor
123 Medina Rodríguez, Delber	Ausente
124 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia	Favor
125 Mejía García, Luis Alonso	Ausente
126 Méndez Meneses, Apolonio	Favor
127 Mendoza Morales, Lucía Susana	Favor
128 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel	Ausente
129 Mollinedo Hernández, Agustín	Favor
130 Monraz Ibarra, Miguel Ángel	Ausente
131 Montes Sánchez, Fabián Fernando	Favor
132 Mora Cuevas, Marisol	Ausente
133 Morales Ramos, José Nicolás	Favor
134 Morelos Borja, María Esperanza	Favor
135 Moreno Álvarez, Mario Eduardo	Ausente
136 Morgan Franco, Rocío del Carmen	Favor
137 Muñoz Serrano, José Antonio	Ausente
138 Murillo Flores, Francisco Javier	Favor
139 Murillo Torres, José Luis	Favor
140 Navarro Sugich, Carlos Alberto	Favor
141 Nordhausen González, Jorge Rubén	Ausente
142 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves	Favor
143 Ochoa López, Nabor	Ausente
144 Olvera Higuera, Edgar Armando	Favor
145 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto	Favor
146 Ortega Martínez, María del Pilar	Ausente
147 Ortiz Hernández, Eduardo	Favor
148 Oviedo Oviedo, Ernesto	Favor
149 Padilla Orozco, Raúl Alejandro	Ausente
150 Palafox Núñez, José Inés	Ausente
151 Paredes Rodríguez, Francisco Javier	Favor
152 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen	Favor
153 Parra Noriega, Luis Gustavo	Favor
154 Pérez Cuéllar, Cruz	Ausente
155 Peyrot Solís, Marco A.	Favor
156 Plascencia Alonso, Francisco Javier	Favor
157 Priego Tapia, Gerardo	Favor
158 Pulido Pecero, Pedro	Favor
159 Quintero Bello, Jorge	Favor
160 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana	Favor
161 Ramírez Barba, Ector Jaime	Favor
162 Ramírez Pech, Edgar Martín	Favor
163 Ramírez Villarreal, Gustavo	Favor
164 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel	Favor
165 Reyes López, Carlos Armando	Favor
166 Rincón Vargas, Mirna Cecilia	Favor
167 Rivera Rivera, José Guadalupe	Favor
168 Rivero Rivero, Rolando	Favor
169 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando	Ausente
170 Rodríguez Jiménez, Ricardo	Favor
171 Rodríguez Prats, Juan José	Favor
172 Rodríguez Uresti, Enrique	Favor
173 Rojas Hernández, Laura Angélica	Favor
174 Román Isidoro, Demetrio	Favor
175 Romo Jiménez, Martha Angélica	Favor
176 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto	Favor
177 Rueda Gómez, Francisco	Favor
178 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto	Favor
179 Salas Contreras, Marcos	Favor
180 Salazar Madera, Mario Alberto	Favor
181 Salum del Palacio, Jorge Alejandro	Ausente
182 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio	Favor
183 Sánchez Domínguez, Alejandro	Ausente
184 Sánchez Gil, Carlos René	Favor
185 Sánchez Juárez, Claudia	Favor
186 Sánchez Trujillo, José Víctor	Ausente
187 Sandoval Munguia, Juan Manuel	Favor
188 Serrato Castell, Luis Gerardo	Ausente
189 Shej Guzmán Sara	Favor
190 Solano Muñoz, José de Jesús	Favor
191 Stefanonni Mazzocco, Martín	Favor
192 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette	Favor
193 Torres Gómez, Artemio	Ausente
194 Torres Herrera, Víctor Manuel	Favor
195 Torres Torres, Carlos Alberto	Favor
196 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe	Ausente
197 Valladolid Rodríguez, Antonio	Favor
198 Vasconcelos Rueda, Antonio	Ausente
199 Vázquez Martínez, Alberto	Favor
200 Vega Corona, Antonio	Favor
201 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo	Favor
202 Verástegui Ostos, César Augusto	Ausente
203 Verdín Saldaña, Jaime	Favor
204 Victoria Alva, Juan	Favor
205 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca	Favor
206 Villanueva Arjona, Juan Manuel	Favor
207 Zambrano Elizondo, Javier Martín	Favor
Favor: 156
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 51
Total: 207

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor	Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida	Favor
3 Almazán González, José Antonio	Favor
4 Almonte Borja, Ramón	Ausente
5 Alonso Flores, Lourdes	Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo	Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos	Ausente
8 Alva Olvera, Maribel Luisa	Favor
9 Álvarez Ramón, Silbestre	Ausente
10 Amaro Corona, Alberto	Ausente
11 Aragón Castillo, Irene	Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel	Favor
13 Arreola Calderón, Juan Dario	Favor
14 Barreiro Pérez, Armando	Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia	Favor
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana	Favor
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh	Favor
18 Brito González, Modesto	Ausente
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier	Favor
20 Campos Aburto, Amador	Ausente
21 Cárdenas Hernández, Raymundo	Favor
22 Cervantes Rodríguez, Aurora	Favor
23 Chávez García, Higinio	Favor
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac	Favor
25 Contreras Julián, Maricela	Favor
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia	Favor
27 Cuevas Córdova, Othón	Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix	Favor
29 De la Rosa García, Juan Hugo	Favor
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado	Favor
31 Dehesa Mora, Daniel	Favor
32 Del Toro , Mario Enrique	Favor
33 Díaz Contreras, Adriana	Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz	Ausente
35 Espejel Lazcano, Jaime	Favor
36 Fernández Balboa, Mónica	Favor
37 Flores Maldonado, César	Ausente
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro	Favor
39 Franco Melgarejo, Rafael	Favor
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo	Favor
41 García Rodríguez, Víctor Hugo	Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí	Favor
43 González Garza, Javier	Favor
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio	Ausente
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis	Favor
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene	Favor
47 Hernández Hernández, Sergio	Favor
48 Hernández Manzanares, Javier	Favor
49 Hernández Silva, Benjamín	Favor
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia	Ausente
51 Jacques y Medina, José	Ausente
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia	Ausente
53 Landero López, Pedro	Ausente
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario	Favor
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi	Ausente
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel	Ausente
57 López Barriga, Erick	Favor
58 López Becerra, Santiago	Favor
59 López Rojas, Alberto	Favor
60 López Torres, María Soledad	Abstención
61 Lozano Lozano, Andrés	Ausente
62 Luna Munguía, Alma Lilia	Favor
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar	Favor
64 Márquez Tinoco, Francisco	Favor
65 Martínez Hernández, Alejandro	Favor
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto	Favor
67 Martínez Martínez, Francisco	Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo	Favor
69 Martínez Vargas Octavio	Favor
70 Matías Alonso, Marcos	Favor
71 Matus Toledo, Holly	Favor
72 Mayans Canabal, Fernando	Favor
73 Mendoza Arellano, David	Ausente
74 Mendoza Flores, Roberto	Favor
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio	Favor
76 Mendoza Mendoza, Irineo	Favor
77 Monreal Ávila, Susana	Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén	Ausente
79 Morales Sánchez, Efraín	Ausente
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe	Ausente
81 Narcía Álvarez, Héctor	Ausente
82 Navarro López, Carlos Ernesto	Favor
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel	Ausente
84 Ojeda Hernández, Concepción	Favor
85 Oliva Fragoso, Silvia	Ausente
86 Orcí Martínez, Juan Adolfo	Ausente
87 Ortega Martínez, Antonio	Favor
88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia	Favor
89 Pacheco Llanes, Ramón Félix	Favor
90 Pedraza Chávez, Isidro	Favor
91 Pedrozo Castillo, Adrián	Ausente
92 Peña Sánchez, Miguel Ángel	Favor
93 Pérez Cruz, Raciel	Favor
94 Pulido Santiago, Celso David	Favor
95 Ramos Becerril, Rafael Plácido	Favor
96 Ramos Castellanos, Martín	Favor
97 Rasgado Corsi, Gloria	Ausente
98 Ríos Gamboa, Raúl	Favor
99 Romero Gutiérrez, Odilón	Favor
100 Ruiz Sánchez, Salvador	Ausente
101 Saavedra Coronel, José Antonio	Favor
102 San Martín Hernández, Juan Manuel	Favor
103 Sánchez Barrios, Carlos	Favor
104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías	Ausente
105 Sánchez Camacho, Alejandro	Favor
106 Sánchez Camacho, David	Favor
107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis	Favor
108 Sánchez Ramos, Francisco	Ausente
109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc	Favor
110 Santos Arreola, Francisco Javier	Favor
111 Solares Chávez, Miguel Ángel	Favor
112 Soriano Sánchez, Rosa Elva	Favor
113 Soto Ramos, Faustino	Favor
114 Soto Sánchez, Antonio	Ausente
115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso	Favor
116 Torres Baltazar, María Elena	Favor
117 Torres García, Daniel	Favor
118 Trejo Pérez, Pablo	Favor
119 Ulloa Pérez, Emilio	Favor
120 Vallejo Estevez, Mario	Favor
121 Varela López, Víctor Gabriel	Favor
122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio	Ausente
123 Villanueva Albarrán, Gerardo	Ausente
124 Villicaña García, Rafael	Favor
125 Zavaleta Salgado, Ruth	Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto	Favor
127 Zepeda Hernández, Martín	Favor
Favor: 92
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 34
Total: 127

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico	Favor
2 Aguilar , Diego	Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel	Ausente
4 Aispuro Torres, José Rosas	Ausente
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio	Ausente
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo	Ausente
7 Amador Gaxiola, Daniel	Ausente
8 Amador Leal, Narcizo Alberto	Ausente
9 Ayala Almeida, Joel	Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto	Favor
11 Barajas López, Ramón	Ausente
12 Barajas del Toro, Salvador	Ausente
13 Barba Hernández, Alfredo	Ausente
14 Beltrán Montes, Israel	Ausente
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique	Ausente
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio	Ausente
17 Biebrich Torres, Carlos Armando	Ausente
18 Blanco Pajón, José Luis	Ausente
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando	Ausente
20 Camacho Quiroz, César Octavio	Favor
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo	Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés	Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique	Ausente
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo	Favor
25 Cervantes Andrade, Raúl	Favor
26 Chaurand Arzate, Carlos	Abstención
27 Colín Guadarrama, María Mercedes	Favor
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías	Ausente
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis	Ausente
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús	Favor
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel	Favor
32 Domínguez Domínguez, Nemesio	Ausente
33 Duarte Jáquez, César Horacio	Favor
34 Escajeda Jiménez, José Rubén	Ausente
35 Escalante Jasso, Aracely	Ausente
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías	Favor
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge	Favor
38 Flores Sandoval, Patricio	Favor
39 Gamboa Patrón, Emilio	Favor
40 Garza Garza, Horacio Emigdio	Favor
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen	Ausente
42 Gloria Requena, Tomás	Ausente
43 Gómez Lugo, Elda	Favor
44 González Calderón, Martha Hilda	Ausente
45 González Salum, Miguel Ángel	Favor
46 González Zarur, Mariano	Ausente
47 Guerrero García, Javier	Ausente
48 Guerrero Juárez, Joel	Ausente
49 Herrera Ale, Juana Leticia	Ausente
50 Herrera Coyac, Wenceslao	Ausente
51 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando	Ausente
52 Lagunes Gallina, Gerardo	Favor
53 Lescieur Talavera, Jorge Mario	Favor
54 López Balbuena, Guillermina	Favor
55 Madrid Tovilla, Areli	Favor
56 Martínez Rodríguez, Lorena	Ausente
57 Martínez Rocha, Arturo	Ausente
58 Méndez Lanz, Víctor Manuel	Favor
59 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso	Ausente
60 Merodio Reza, Lilia Guadalupe	Favor
61 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl	Favor
62 Montalvo Gómez, Pedro	Favor
63 Morales García, Elizabeth	Ausente
64 Mota Hernández, Adolfo	Ausente
65 Muñoz Serna, Rogelio	Ausente
66 Murat , José	Favor
67 Ochoa González, Arnoldo	Ausente
68 Ojeda Camacho, Gilberto	Ausente
69 Olivares Monterrubio, Alejandro	Favor
70 Olivares Ventura, Héctor Hugo	Ausente
71 Ordaz Jiménez, Ismael	Favor
72 Orihuela Bárcenas, José Ascención	Ausente
73 Orihuela Trejo, José Amado	Ausente
74 Ortiz del Carpio, Víctor	Ausente
75 Ortiz Proal, Mauricio	Favor
76 Padilla Gutiérrez, Héctor	Favor
77 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz	Favor
78 Palma César, Víctor Samuel	Ausente
79 Parás González, Juan Manuel	Favor
80 Partida Guzmán, Martha Rocío	Ausente
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel	Ausente
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela	Ausente
83 Pérez Valdés, Daniel	Ausente
84 Pinete Vargas, María del Carmen	Favor
85 Quiñones Canales, Lourdes	Favor
86 Ramírez Martínez, José Edmundo	Favor
87 Ramírez Stabros, Jesús	Favor
88 Reyna García, José Jesús	Favor
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo	Ausente
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco	Ausente
91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda	Ausente
92 Rojas Gutiérrez, Carlos	Favor
93 Ruiz Chávez, Sara Latife	Ausente
94 Salas López, Ramón	Favor
95 Sánchez Hernández, Eduardo	Ausente
96 Sandoval Paredes, Sergio	Ausente
97 Serrano Escobar, Enrique	Ausente
98 Sosa Castelán, Gerardo	Ausente
99 Toledo Luis, Jorge	Favor
100 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo	Ausente
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio	Ausente
102 Vega Ortiz, María Oralia	Ausente
103 Velasco Pérez, Juan Carlos	Favor
104 Villa Villa, Isael	Favor
105 Villanueva Abraján, Patricia	Favor
106 Zatarain González, Carlos Ernesto	Favor
Favor: 45
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 60
Total: 106

CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan	Favor
2 Aguilera Rico, José Luis	Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías	Favor
4 Castellanos Hernández, Félix	Favor
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús	Ausente
6 Chanona Burguete, Alejandro	Favor
7 Del Río Virgen, José Manuel	Favor
8 Esteva Salinas, Alberto	Favor
9 Godoy Cárdenas, Jorge	Ausente
10 López Lena Cruz, Humberto	Ausente
11 Salvatori Bronca, María del Carmen	Favor
12 Samperio Montaño, Juan Ignacio	Favor
13 Sansores San Román, Layda Elena	Favor
14 Tagle Martínez, Martha Angélica	Favor
15 Uscanga Cruz, Robinson	Favor
16 Valdés Chávez, Ramón	Ausente
17 Varela Lagunas, Tomás José Luis	Ausente
18 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc	Favor
Favor: 12
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 6
Total: 18

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio	Favor
2 Bellizia Rosique, Pascual	Favor
3 Chozas y Chozas, Olga Patricia	Favor
4 Cobo Terrazas, Diego	Favor
5 Elizondo Garrido, Francisco	Favor
6 Estrada González, Faustino Javier	Favor
7 González Martínez, Jorge Emilio	Favor
8 Lavara Mejía, Gloria	Favor
9 López Adame, Antonio Xavier	Favor
10 Manrique Guevara, Beatriz	Favor
11 Notholt Guerrero, Alan	Favor
12 Portilla Diéguez, Manuel	Favor
13 Puente Salas, Carlos Alberto	Favor
14 Ramírez Cerda, Ana María	Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador	Favor
16 Sesma Suárez, Jesús	Favor
17 Velasco Rodríguez, Verónica	Ausente
Favor: 16
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 17

PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén	Ausente
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo	Favor
3 Cantú Garza, Ricardo	Ausente
4 Garay Ulloa, Silvano	Favor
5 Herrera Solís, Anuario Luis	Ausente
6 Maciel Ortiz, María Mercedez	Ausente
7 Peregrino García, Abundio	Favor
8 Reynoso Esparza, Julian Ezequiel	Ausente
9 Romero Guzmán, Rosa Elia	Favor
10 Solís Parga, Rodolfo	Favor
11 Vela González, Joaquín Humberto	Ausente
Favor: 5
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 6
Total: 11

PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica	Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel	Ausente
3 Castillo Nájera, Ariel	Favor
4 Dávila Esquivel, Humberto	Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto	Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel	Ausente
7 Luna Becerril, Blanca	Favor
8 Luna Rodríguez, Silvia	Favor
9 Piñeyro Arias, Irma	Ausente
Favor: 5
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 9

COMUNICACIONComunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa del turno que corresponde a cada iniciativa o proposición registradas en el orden del día de la sesión del 30 de abril de 2008. INICIATIVAS1. Que reforma los artículos 62, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 77, 78 y 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para mejorar la estructura y funcionamiento del Poder Legislativo Federal, a cargo de la diputada Ruth Zavaleta Salgado y suscrita por legisladores de diversos grupos parlamentarios. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.2. Que adiciona los artículos 25, 26 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la creación del Consejo Económico y Social, presentada por el diputado Elías Cárdenas Márquez y suscrita por legisladores de diversos grupos parlamentarios. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Economía.

PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina	Ausente
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe	Ausente
3 García Méndez, Armando	Favor
4 Hernández Valadés, Delio	Ausente
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo	Ausente
Favor: 1
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 5

3. Que adiciona el artículo 59 Bis de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

5. Que reforma los artículos 236, 237 y 245 de la Ley General de Salud; los artículos 24, 67, 193, 197, 198 y el Título del Capítulo V del Código Penal Federal, los artículos 524 al 526, el Título Decimosegundo y su Capítulo III del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez y suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Justicia.

4. Que reforma los artículos 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 27 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Francisco Elizondo Garrido, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social.

6. Que adiciona el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal; el artículo 3 Bis de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y el artículo 10 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Pública.

7. Que reforma la fracción II del artículo 184 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción XXXV del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado Carlos Chaurand Arzate, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Justicia.

8. Que expide la Ley de Amnistía para Todos los Presos, Desaparecidos y Perseguidos por Motivos Políticos de Jurisdicción Federal o del Ámbito del Distrito Federal, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y suscrita por diputados integrantes de la LX Legislatura. Se turna a la Comisión de Gobernación.

9. Que reforma diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Nacionalidad, y General de Población, a cargo de la diputada Aurora Cervantes Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Relaciones Exteriores; y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

10. Que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 56 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Salud.

11. Que reforma y adiciona el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Enrique Rodríguez Uresti, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Economía.

13. Que reforma los artículos sexto y séptimo y adiciona el artículo octavo transitorio de la Ley para la Reforma del Estado, a cargo del diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

12. Que reforma los artículos 16, 21, 76, 102, deroga la fracción IX del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y reforma los artículos 1, 16 y 67 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia.

14. Que reforma los artículos 25, 32, 33, 37, 44, 45, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

15. Que reforma y adiciona los artículos 7, 17, 18, 19, 21 y 22 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

16. Que reforma los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de la Función Pública. Retirada por oficio del 6 de mayo de 2008.

17. Que adiciona una fracción VII al artículo 2 de la Ley de Planeación, a cargo de la diputada Verónica Velasco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

18. Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

19. Que adiciona los artículos 4 y 16 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y reforma el 40 y adiciona el 51 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de la Función Pública.

20. Que reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de la Función Pública.

21. Que reforma el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de la Función Pública.

22. Que reforma los numerales 6, 10 y 11 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado José Murillo Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

23. Que reforma el artículo 12 de la Ley General de Educación y los artículos 2, 8 y 16 de la Ley de Coordinación para la Educación Superior, a cargo del diputado Sergio Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

24. Que reforma y adiciona los artículos 5, 25, 30, 43, 44 y 52 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Gerardo Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

26. Que reforma y adiciona los artículos 77 Bis 36 y 77 Bis 37 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Se turna a la Comisión de Salud.

25. Que reforma y adiciona los artículos 25 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 1o. del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Joaquín Humberto Vela González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Hacienda y Crédito Público.

27. Que reforma los artículos 2 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

29. Que reforma el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y el artículo 31 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Silvia Luna Rodríguez , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

28. Que adiciona el artículo 39 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

30. Que reforma los artículos 40 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Javier González Garza, José Antonio Almazán González y Susana Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

32. Que reforma el artículo 15 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 2 de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

31. Que reforma el artículo 28 y adiciona los artículos 31, 41 y 43 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Retirada por oficio del 13 de mayo de 2008.

33. Que reforma los artículos del 25 al 28 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Elmar Darinel Díaz Solórzano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

34. Que adiciona el artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reforma y adiciona los artículo 9, 10 y 50 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, adiciona los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y adiciona los artículos 2 y 141 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Seguridad Pública, y de Justicia.

35. Que reforma la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política del Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Ernesto Zatarain González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

36. Que reforma el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

37. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Eduardo Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Retirada por oficio del 8 de mayo de 2008.

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COMUNICACIÓN

«De la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa del turno que corresponde a cada iniciativa o proposición registradas en el orden del día de la sesión del 30 de abril de 2008

Con fundamento en el artículo 23, numeral 1, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo primero del acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados por el que se determina dar el trámite correspondiente a las iniciativas de ley o de decreto y proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del 30 de abril de 2008, se publica la relación respectiva.

INICIATIVAS

«1. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para mejorar la estructura y funcionamiento del Poder Legislativo, suscrita por legisladores de diversos grupos parlamentarios

Exposición de Motivos

La presente iniciativa es de carácter constitucional, y tiene como objetivo atender las necesidades del Poder Legislativo en cuanto a su organización y mejor funcionamiento, tanto en lo referente al proceso legislativo que es una de sus más importantes atribuciones como en las facultades de control parlamentario hacia el Poder Ejecutivo.

Todas las corrientes políticas coinciden en cuanto a la necesidad de vigorizar las instituciones, y en particular al Congreso de la Unión, para definir un nuevo equilibrio en su relación con el gobierno. Por ello el Congreso de la Unión a través de la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos, se dio a la tarea de analizar el actual marco jurídico que lo rige y lograr --bajo el más amplio consenso posible-- la adecuación de las normas constitucionales que servirán a las cámaras para mejorar su desempeño y cumplir con sus facultades constitucionales de cara a la nación.

La función institucional del órgano legislativo es, hoy como en otras épocas, objeto de análisis y debate. Lo importante, como se verá en la presente exposición de motivos, es que las modificaciones propuestas para la reorganización y funcionamiento del Congreso incorporan diversos instrumentos que se aplican a los sistemas parlamentarios y que resultan compatibles con el sistema presidencial. Con lo cual se favorece una nueva relación entre los órganos del poder.

El Congreso de la Unión es el órgano de la pluralidad democrática por excelencia. En él se expresan las corrientes políticas e ideológicas que conforman nuestro proceso político. Pero discutir, diferir y contrastar opiniones, no anula la posibilidad de convivir, coincidir y acordar.

El fortalecimiento del Poder Legislativo compromete a todos los mexicanos y en especial a los actores políticos, al logro de los altos objetivos consagrados en la Constitución.

Todo lo anterior requiere de adecuaciones puntuales a la organización y funcionamiento del Legislativo, de tal manera que le permitan asumir sus nuevas y viejas tareas en contexto económico, político y social diferentes.

En este marco se inscriben las reformas constitucionales que proponemos atienden los temas que detallamos a continuación.

Régimen de Incompatibilidades

En México se necesita de un régimen más estricto y explícito de incompatibilidades respecto a las funciones de los legisladores. El objetivo de esta iniciativa gira en torno al establecimiento de un régimen de incompatibilidades para los legisladores mexicanos, que no deje lugar a equívocos y que redunde en un desempeño mucho más transparente de la representación popular, evitando con ello conflictos de intereses que puedan poner en peligro las decisiones en torno al interés público.

La redacción actual del artículo 62 constitucional no excluye explícitamente la posibilidad de que los senadores y diputados realicen otras actividades, con goce de sueldo o remuneración, en el sector privado, o incluso en otras fuerzas o grupos políticos o sociales, tales como los partidos políticos, las agrupaciones políticas nacionales o asociaciones de carácter civil o asistencial; en el mismo caso está el ejercicio de las profesiones o la prestación de servicios profesionales a privados o grupos empresariales.

Como consecuencia de ello algunos personajes han ocupado sus puestos para obtener beneficios injustos para sí o personas allegadas, agravando dicha conducta que se realiza en perjuicio de la federación, de los estados o municipios, en una palabra: de la sociedad. Ante estas situaciones el derecho como instrumento regulador de la conducta humana tiene que orientar dichas conductas hacia la justicia y el bien común frenando todo abuso de poder, esto se procura mediante instituciones jurídicas como el establecimiento de incompatibilidades para los funcionarios.

La propuesta de un régimen más específico y riguroso de incompatibilidades --como lo proponemos en la presente iniciativa-- tiene como principales objetivos: 1) garantizar el cumplimiento del principio de división de poderes, 2) asegurar y preservar la independencia y control político del Poder Legislativo sobre el Ejecutivo, y 3) evitar que los representantes populares distraigan su atención en otras ocupaciones ajenas a su encargo.

Por ello se propone la modificación del artículo 62 de la Constitución federal para establecer la prohibición expresa de desempeñar --de manera simultánea a la función legislativa-- cualquier otro empleo, cargo o comisión público o privado. Además para cumplir con tal fin, se establece la obligación de las cámaras de contener un registro de intereses.

Equilibrio temporal de los periodos de Sesiones Ordinarios y los de la Comisión Permanente

Con esta reforma, se pretende homogeneizar la duración de los periodos ordinarios y los de la Comisión Permanente, de manera que ambos periodos durarán 3 meses y medio cada uno, y los de la Comisión Permanente 2 meses y medio. Con ello se pretende organizar los trabajos de la agenda legislativa que deberá ser discutida en los periodos ordinarios, de manera que en los recesos, las comisiones elaboren los dictámenes y realicen los estudios necesarios respecto de las iniciativas presentadas por los legisladores.

La reforma al artículo 67

Esta modificación es de técnica legislativa, en razón de que este artículo contempla la posibilidad de que el Congreso o una de sus Cámaras sesione de manera extraordinaria para tratar algún asunto de su competencia y el artículo 69 constitucional establecía la obligación del presidente de la Comisión Permanente de informar las razones que motivaron dicha convocatoria, en tal sentido se traslada la parte relativa del artículo 69 al segundo párrafo del artículo 67 para que en éste último queden contempladas ambas disposiciones.

Informe presidencial y rendición de cuentas

La modificación sobre la obligación constitucional del Presidente de la República de presentar un informe sobre el estado general que guarda la administración pública federal, atiende a un fenómeno de interés político de los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión, ya que si las condiciones políticas y del momento lo permiten, el presidente podrá asistir a la sesión de apertura del primer periodo de sesiones ordinarias y presentar personalmente si informe, sin embargo si las condiciones políticas son adversas a la presencia del jefe de Estado a dicha sesión bastará con la presentación escrita ante el Congreso de la Unión.

Posteriormente las Cámaras del Congreso podrán citar a comparecer bajo protesta de decir verdad a los servidores públicos que considere necesarios para la glosa correspondiente para hacer más eficiente la rendición de cuentas.

La reforma al artículo 70 integra facultades de control para la rendición de cuentas del Ejecutivo federal, que se encontraban en el artículo 93 constitucional, readecuando y ampliando las instituciones y dependencias que deberán cumplir con esta obligación ante las Cámaras del Congreso de la Unión así como la inclusión de los particulares para efectos informativos.

De esta manera se establece la pregunta parlamentaria, que podrán hacer las Cámaras al titular del Ejecutivo federal y éste deberá responder por escrito en un plazo no mayor a 15 días.

Iniciativa Popular

Se constitucionaliza el derecho de iniciativa legal a favor de los ciudadanos; esta propuesta atiende la demanda histórica en materia de participación ciudadana que ha sido impulsada por diferentes grupos organizados de la sociedad civil.

La misma intención se encuentra plasmada en diferentes iniciativas presentadas por los diversos grupos parlamentarios.

Iniciativa preferente al presidente de la república y a los grupos parlamentarios

En un escenario de gobierno dividido como el que el país ha vivido por ya casi una década, en el cual el Ejecutivo no cuenta con la mayoría absoluta de su partido en las Cámaras del Congreso, se requiere adoptar los mecanismos que propicien una relación más fluida y eficiente entre los poderes que intervienen en el proceso de creación y perfeccionamiento del orden jurídico nacional.

En este sentido, la presente iniciativa tiene por objeto proponer un rediseño del marco constitucional que rige el proceso legislativo, con el objeto de impulsar mecanismos que permitan destrabar y agilizar los proyectos de reforma legal que el Ejecutivo en ejercicio de su facultad constitucional presenta a la consideración de las Cámaras, por lo que se propone la modificación al artículo 71 constitucional.

Existen temas en los cuales es necesario que el Poder Legislativo emita su opinión; es inadmisible que el Congreso congele iniciativas que son de suma importancia para la ejecución del plan de gobierno del propio Ejecutivo y se mantengan en comisiones sin emitir opinión alguna al respecto.

Es importante precisar que el hecho de otorgar o conceder un trámite especial, urgente o preferente a las iniciativas presentadas por el titular del Poder Ejecutivo federal no implica una subordinación del Poder Legislativo frente al Poder Ejecutivo, sino un espacio de preferencia en el tiempo de los legisladores para que discutan los temas que resultan de especial interés para la ejecución del plan de gobierno del Ejecutivo en turno.

Dicha iniciativa preferente la podrá ejercitar el titular del Ejecutivo sólo en la sesión de apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso de la Unión, y podrá presentar hasta dos iniciativas con el carácter de preferente, las cuales tendrán que discutirse y, en su caso aprobarse a más tardar el día que concluya el periodo de sesiones ordinarias.

Los grupos parlamentarios, representados en cada una de las Cámaras del Congreso, gozarán de este derecho en razón de la importancia que en el debate nacional se incorporen temas a manera de iniciativa que la diversidad política genera, si bien es cierto se deben debatir la agenda del gobierno, la tarea de gobierno es compartida y corresponde al Congreso de la Unión la facultad de control mediante la aprobación previo debate de los temas que sean de su interés, y que así presenten los diferentes grupos parlamentarios.

Se establecen restricciones en cuanto a la materia de éstas, por lo que no podrán tener el carácter de iniciativa preferente, las referidas al Presupuesto de Egresos de la Federación así como al sistema electoral y de partidos.

Proceso Legislativo

Uno de los artículos de mayor impacto en el trabajo parlamentario es el que establece el procedimiento legislativo, contenido en el artículo 72 constitucional. La iniciativa contempla una importante reestructuración a este dispositivo constitucional, en los siguientes términos:

En consecuencia con lo anterior, el artículo 72 constitucional que se propone contiene los siguientes procedimientos legislativos:

La iniciativa considera que la nueva redacción y estructura del artículo 72 favorecerá el trabajo legislativo, facilitando el diálogo entre los órganos que intervienen en él y ofrecerá mayor certidumbre jurídica en el trabajo parlamentario.

Régimen interno de las Cámaras del Congreso de la Unión

Se rescata el espacio de la fracción VI del artículo 73 que actualmente se encuentra derogada, estableciendo el texto del segundo y cuarto párrafos del artículo 70, relativo a la facultad del Congreso para emitir la ley que regule su estructura y funcionamiento internos, que dejará de ser orgánica y será Ley General del Congreso de la Unión.

Respecto de la regulación interna de cada Cámara en se dispone en el artículo 77 que cada una de las Cámaras del Congreso, sin intervención de la otra, deberá expedir su Reglamento Interno, así como dictar disposiciones relativas a su régimen interior y nombrar a los empleados de los órganos de apoyo técnico.

La modificación prevista en la fracción III atiende al reconocimiento de la Mesa Directiva como órgano de representación de las Cámaras, ya que anteriormente las comunicaciones ante el Poder Ejecutivo y entre las Cámaras se reconocían a través de las comisiones.

Se establece también la facultad de cada una de las Cámaras para organizar el sistema de comisiones y que éstas cuenten con los mecanismos necesarios para desarrollar las facultades concedidas a las Cámaras en el artículo 70 constitucional.

Se reconoce constitucionalmente la facultad de los senadores y diputados para formar grupos parlamentarios en cada una de sus Cámaras de acuerdo a su filiación partidaria.

De la Comisión Permanente

Se adiciona la última parte de la fracción VIII del artículo 78 para otorgar una facultad a la Comisión Permanente relativa a la toma de protesta de ley de los legisladores suplentes cuando han sido llamados para ejercer el cargo; eliminando por tanto la restricción de que los legisladores suplentes debieran esperarse al periodo ordinario de sesiones más próximo para poder integrarse a sus funciones legislativas.

Facultar al presidente de la república para ausentarse del país sin necesidad de permiso por parte del Congreso de la Unión hasta por siete días.

Se reforma el artículo 88 para facultar al presidente de la república a ausentarse del territorio nacional hasta por parte del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente. Por otro lado se fortalece la facultad de este para solicitar al titular del Ejecutivo federal un informe de las gestiones realizadas ya sea antes o después del viaje según corresponda.

Artículo 93

En atención que los dos últimos párrafos de este artículo se trasladaron al artículo 70, el artículo 93 sólo queda con un párrafo en su contenido.

Fuero constitucional

Respecto a este tema, no fue posible llegar a un consenso definitivo y el acuerdo fue presentar las 2 iniciativas conjuntas de manera que sean las comisiones del Congreso las que logren una propuesta respecto al tema, lo cual indica la necesidad de estudiar a fondo el asunto.

Ambas propuestas coinciden en la necesidad de limitar el fuero para no ser sujeto a proceso y establecen reformas al artículo 111 constitucional para que un servidor público pueda ser sujeto a proceso penal sin que sea necesario para ello la declaración de procedencia de la Cámara de Diputados, y por ende su separación del cargo, pero difieren en el momento y forma en el que pierden la protección constitucional, ya que la propuesta del Partido de la Revolución Democrática sugiere que el juez podrá solicitar que la misma protección sea retirada, ya sea una vez dictada la sentencia condenatoria en primera instancia, o atendiendo a la gravedad o trascendencia de los delitos, solicitud que resolverá la cámara baja directamente y sin dictamen alguno.

En la propuesta del Partido Acción Nacional, la inmunidad se pierde una vez que se tenga sentencia condenatoria firme, sin necesidad de procedimiento alguno ante la Cámara de Diputados, y consecuencia desaparece de la fracción V del artículo 74 de la Carta Magna la figura de declaración de procedencia.

Ambas propuestas establecen que en el caso de gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, acusados por la comisión de delitos federales, se observarán las mismas disposiciones y la protección procesal que en caso de los servidores públicos federales previstos en el primer párrafo del artículo 111 constitucional.

Las dos clarifican que una vez que cuando el servidor público se encuentre separado de su encargo, en razón de licencia o su equivalente, perderá la inmunidad procesal constitucional.

Por lo anterior expuesto y motivado, y en atención a las facultades que nos otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley para la Reforma del Estado, presentamos a esta soberanía la presente:

Iniciativa que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de estructura y funcionamiento del Poder Legislativo federal

Artículo Único. Se reforman los artículos 62, párrafos primero y tercero del 65, el primer párrafo del 66, 67, 69, 70, 71, 72, la fracción VI del 73, 77, fracción VIII 78, y 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 62. Los diputados y senadores propietarios durante el periodo de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la federación, de las entidades federativas o de los municipios por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus funciones representativas, mientras dure la nueva ocupación.

Tampoco podrán desempeñar actividades o percibir beneficios, ingresos, concesiones, prestaciones o emolumentos que sean incompatibles con el ejercicio de sus funciones. La ley determinará las actividades y situaciones que generen incompatibilidades. Al inicio de sus funciones, deberán rendir informe al registro de intereses y patrimonial que para tales efectos señale la ley.

Las mismas reglas se observarán con los diputados y senadores suplentes, cuando estuvieren en ejercicio.

La infracción de estas disposiciones será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador.

Artículo 65. El Congreso de la Unión se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias y a partir del 1 de marzo de cada año para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

...

En cada periodo de sesiones ordinarias el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos que señale su ley.

Artículo 66. Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el presidente de la república inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 15 de junio del mismo año.

Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las sesiones antes de las fechas indicadas, prevalecerá la fecha que más se acerque a la de terminación.

Artículo 67. ...

En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso, o de una de sus Cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Artículo 69. A la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la república presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país.

Cada una de las Cámaras podrá realizar la glosa correspondiente y, en ejercicio de sus facultades, podrá citar a comparecer bajo protesta de decir verdad a los servidores públicos que considere necesarios para una eficaz rendición de cuentas.

La ley regulará la participación de los legisladores en el ejercicio de esta facultad.

Artículo 70. Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los secretarios de Estado, al Procurador General de la República, a los directores y administradores de las entidades de la administración pública paraestatal, así como a los titulares de los órganos constitucionales y legales autónomos, para que informen, bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas. Podrán también llamar, para efectos informativos, a particulares.

Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo federal.

Las Cámaras podrán requerir información o documentación al titular del Ejecutivo federal y de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su formulación.

El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la legislación aplicable.

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

Las iniciativas se sujetarán a los trámites que establezcan la ley y los reglamentos.

El día de la apertura de cada periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, el presidente de la república y los grupos parlamentarios podrán presentar hasta dos iniciativas para trámite legislativo preferente, las cuales deberán ser discutidas y votadas por ambas Cámaras a más tardar el último día de sesiones ordinarias del periodo que corresponda.

No podrán tener el carácter de iniciativas preferentes las que versen sobre el Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos de la federación y sobre el sistema electoral y de partidos.

Artículo 72. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. El proyecto de ley o decreto cuya resolución sea competencia de ambas Cámaras, se discutirá sucesivamente en ellas, observándose la ley y reglamentos parlamentarios sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones;

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

Artículo 77. Cada una de las Cámaras puede, sin la intervención de la otra:

Artículo 78. ...

...

Artículo 93. Los secretarios del despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

Artículo 111. Pendiente para su discusión 2 propuestas.

Artículo 112. Pendiente para su discusión 2 propuestas.

Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

«2. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el Consejo Económico y Social, suscrita por legisladores de diversos grupos parlamentarios.

Con fundamento en el artículo 11 de la Ley para la Reforma del Estado y conforme a los lineamientos legales correspondientes, un grupo plural de senadores y diputados somete a la consideración del Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona los artículos 25, 26 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con el fin de fortalecer y hacer realidad los derechos sociales y económicos en un marco de progresividad de las personas, la presente iniciativa tiene como objeto elevar a rango constitucional la creación de un consejo económico y social que propicie en un marco democrático incluyente una participación justa, deliberativa y participativa de la sociedad en su conjunto. La experiencia mundial en este sentido ha arrojado resultados positivos y de desarrollo donde se ha aplicado, e incluso Naciones Unidas apoya su participación, análisis y deliberaciones en un esquema similar.

Definición para formar la institución

El Consejo Económico y Social puede formarse por el jefe del Ejecutivo y su gabinete económico y social, así como por los diversos representantes de los distintos ámbitos económicos y sociales de la sociedad civil organizada y la sociedad en su conjunto. Los tres Poderes de la Unión pueden consultarlo en materia de política social, aunque también puede tener facultades para recibir quejas, emitir dictámenes de carácter analítico exploratorio si así se requiere, ya que su interrelación es con los responsables directos de la política económica y social, por lo que también puede emitir dictámenes a iniciativa propia a fin de impulsar lo más conveniente para que fortalezcan las políticas en esta materia. De esta manera, participa activamente en el proceso de elaboración de las políticas y de preparación de las decisiones nacionales.

Tiene entre otras misiones facilitar la participación de la sociedad civil organizada en las decisiones del gobierno y reforzar su participación en los grupos sociales más vulnerables, además de fomentar el diálogo estructurado con las organizaciones de la sociedad civil, y así permitir la creación de estructuras consultivas inspiradas en su propio modelo. Así, los ciudadanos organizados participarán plenamente en la vida económica, social, y de procuración e impartición de justicia, así como todo lo relacionado con lo cívico del país.

El Consejo Económico y Social puede integrarse por tres grandes grupos: los empresarios, los trabajadores, y los representantes de sectores de la vida económica y social, e incluso los que no entran en los dos grupos anteriores, como los grupos de actividades diversas, como las ONG y los expertos universitarios, entre otros.

Composición y posible estructura

Su composición puede evolucionar cada tres años para someterse a evaluación y rendición de cuentas que, como marca la ley respectiva, cuando se promulgue será cada año y así evaluar los alcances y avances realizados.

A los miembros del consejo se les puede denominar ``consejeros'', que serán temáticos, o incluso secretarios técnicos y pueden ser nombrados por una conferencia de secretarios de Estado, para cumplir un periodo de tres o seis años a partir de las designaciones, en las cuales podrán participar las organizaciones de la sociedad civil. No será necesario crear una estructura más allá de 100 personas a fin de darle dinámica, eficiencia y eficacia.

Cada secretaría de Estado y las instituciones de los distintos poderes tendrán un consejero que, a su vez, contará con un equipo asesor de no más de tres, que le permita en el ámbito de su competencia aportar lo conducente en cuestiones de política social nacional.

Funcionamiento

El consejo puede estructurarse en seis secciones especializadas, en las cuales se incluye una extensa variedad de competencias para reconducir y, en su caso, reestructurar las políticas sociales:

a) Metodología

Es multidimensional, de gran visión e interinstitucional, que incluya las siguientes dimensiones:

Los dictámenes del consejo son preparados por los ponentes, acompañados por un grupo de estudio, elegido de entre los tres grupos que lo forman, tomando en cuenta su competencia en el tema examinado y la necesidad de preservar un equilibrio geográfico.

El tamaño del grupo de estudio varía de acuerdo con la importancia del asunto tratado, y puede haber asistencia de expertos externos.

En asuntos especiales, el consejo puede organizar audiencias públicas para recoger la opinión de un amplio sector de las partes interesadas. De esa forma, después de un debate a fondo en los grupos de estudio y en la sección, los dictámenes se adoptan por mayoría simple en los plenos. Una vez aprobados, los dictámenes se envían a los tres Poderes de la Unión, a la comisión y al grupo de secretarios, y pueden ser publicados en el Diario Oficial para desarrollar transparencia, productividad y rendición de cuentas.

Importancia

El Consejo Económico y Social contribuirá con sus acciones de tres maneras a mejorar las condiciones del país:

Forma de operación

Los consejeros pertenecen a las instituciones del Estado y a las organizaciones representativas de la sociedad civil organizada del país; por tanto, en el ejercicio de sus funciones aportan la experiencia y los conocimientos técnicos por los que fueron nombrados. El Consejo Económico y Social permite a los representantes de las organizaciones económicas, sociales, socio-profesionales y cívicas deliberar con el Estado y ser parte integrante del proceso de preparación de las políticas y decisiones de los tres poderes a fin de mejorar las condiciones de vida del país, erradicar las desigualdades sociales y erradicar la pobreza extrema.

Dentro de las instituciones, el Consejo Económico y Social pondrá en práctica una forma específica de diálogo, concertación y consulta; a fin de contribuir a que el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial tengan en cuenta las experiencias, aspiraciones y propuestas de las organizaciones representativas de la sociedad civil.

Otra tarea relevante consistirá en crear un grupo de enlace con determinadas redes de la sociedad civil con la finalidad de mantener un diálogo estructurado tendente a consolidar la gobernabilidad y la estabilidad económica del país. Por ende, será el responsable de generar un modelo pluralista que refuerce la legitimidad del proceso de toma de decisiones y responderá a las exigencias de un gobierno moderno. En este sentido, constituye un puente de diálogo permanente entre el gobierno y los ciudadanos.

Impacto social de los trabajos del consejo

El Consejo Económico y Social elaborará informes para sectorizar y delimitarlos desde las instituciones sobre las decisiones que se han tomado respecto de la política social a fin de emitir recomendaciones que redefinan o, en su caso, impulsen las políticas públicas y sociales a fin de crear un entorno positivo para el empleo y el proceso redistributivo de la economía. Empero, para que sea efectiva su influencia debe ser tomada en cuenta para la elaboración de tales cuestiones, ya que pueden tratar aspectos sobre los que se ha prestado poca atención o ninguna.

Otro tipo de dictámenes de importancia son los exploratorios, los cuales brindan la posibilidad de que los distintos componentes de la sociedad civil organizada representados en el Consejo expresen desde el primer momento las aspiraciones, preocupaciones y peticiones de los grupos sociales sobre su ámbito a partir de un proceso de búsqueda de convergencia entre opiniones a veces diametralmente opuestas. De esta forma contribuyen a incrementar la calidad y credibilidad de las políticas sociales y de las decisiones que se aplican y, sobre todo, a lograr la debida legitimidad para la adecuada aceptación por parte de los ciudadanos, además de consolidar el papel del Consejo Económico Social como marco institucional de síntesis que facilita el diálogo y la concertación con la sociedad civil organizada.

Para lograr lo anterior, el mismo consejo opera como un observatorio para el desarrollo sostenible y sustentable, cuyos objetivos son los siguientes:

Los objetivos prioritarios del Consejo Económico y Social

Dentro de su función consultiva, el consejo contribuye a introducir un modelo de democracia participativa en México como complemento de la democracia representativa. Sus objetivos son los mismos que los de todas las instituciones; a saber, el deseo de un desarrollo armónico y equilibrado y el fomento de un modelo de sociedad desarrollada para nuestro país, incluido un modelo social que centre dicho desarrollo en los valores humanos. El programa de trabajo del consejo dependerá del Legislativo y del Ejecutivo, pero esencialmente de las prioridades de desarrollo nacional y del programa de trabajo presentado por cada presidente del sector determinado al inicio de su mandato.

Estructura

Las sesiones serán por sectores y contarán con la participación del presidente de la república o su representante, de un secretario de Estado, un representante de las universidades (científico o investigador) experto en el tema, un representante de los sindicatos, un representante de los sectores sobre el tema que se esté tratando, y un representante de la sociedad organizada en la materia.

Por las consideraciones anteriores, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 25, 26 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona un párrafo a los artículos 25, 26 y 116, para quedar como sigue:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

El Estado, con la participación del Consejo Económico y Social, planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución y contará con un órgano autónomo nacional e interinstitucional de carácter consultivo ante los tres Poderes de la Unión, denominado Consejo Económico y Social, el cual deberá contar con representantes de los distintos ámbitos económicos y sociales, de la sociedad civil organizada y de expertos en la materia para aplicar políticas económicas que permitan el desarrollo de la economía.

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación, para lo cual se formará un gabinete económico y social, donde participarán los secretarios de Estado en la materia y será presidido por el jefe del Ejecutivo e incluirá el Consejo Económico y Social. El consejo tendrá funciones de consulta y podrá participar y opinar en la toma de decisiones; sus observaciones serán tomadas en cuenta por el Ejecutivo y el Legislativo, en su carácter de comité de expertos en la materia económica y social .

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto, de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que, en su caso, se establezcan.

Asimismo, podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, en los términos que establece esta Constitución.

Artículo 26.

A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo, al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal.

El Ejecutivo incluirá en el proceso de planeación al Consejo Económico y Social, cuyas resoluciones tendrán una representatividad en la toma de decisiones.

La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares las acciones por realizar para su elaboración y ejecución.

En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley.

B. El Estado contará con un sistema nacional de información estadística y geográfica, cuyos datos serán considerados oficiales. Para la federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.

La responsabilidad de normar y coordinar dicho sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia.

El organismo tendrá una junta de gobierno, integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá como presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por el presidente de la república, con la aprobación de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la del Congreso de la Unión.

La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia, los requisitos que deberán cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, y la duración y escalonamiento de su encargo.

Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser removidos por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia; y estarán sujetos a lo dispuesto en el Título Cuarto de esta Constitución.

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

Los poderes de los estados contarán con el apoyo en la toma de decisiones en materia de política económica y social del Consejo Económico y Social, y se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

1. (...)

Los estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus municipios, a efecto de que éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a que se refiere el párrafo anterior.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Poder Legislativo federal, las legislaturas de las entidades federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal contarán con un plazo de 90 días para adecuar la legislación secundaria a las disposiciones del presente decreto.

Tercero. Se deroga toda disposición que se oponga en todo o en parte al presente decreto.

Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Economía.

«3. Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Gerardo Octavio Vargas Landeros , Diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se permite someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la Ley Federal de Radio y Televisión, con arreglo en la siguiente

Exposición de Motivos

En su libro Homo videns. La sociedad teledirigida , Giovanni Sartori dice respecto a la televisión que ésta ``no es sólo instrumento de comunicación; es a la vez, paideia , un instrumento 'antropogenético' , un médium que genera un nuevo anthropos , un nuevo tipo de ser humano.'' ¹ El término paideia , de origen griego, denomina el proceso de formación del adolescente.

El mismo autor considera que la televisión es la primera escuela del niño; y el niño es un animal simbólico que recibe su imprint , su impronta educacional, en imágenes de un mundo centrado en el hecho de ver. El niño es una esponja que registra y absorbe indiscriminadamente todo lo que ve. ²

En este sentido, el niño que está expuesto a la violencia visual o a otros elementos inapropiados para su edad, fácilmente puede habituarse a ellos, con el correlativo riesgo de que sea un adulto violento o bien, que desarrolle otro tipo de conductas negativas.

Temas a los que los niños están expuestos todos los días a través de los medios de comunicación, en especial la televisión, como escenas de contenido sexual, el lenguaje inapropiado, el maltrato a otros seres vivos, el racismo, las adicciones, sólo por mencionar algunas influencias nocivas.

Hoy día existen programas, series, películas de dibujos animados con un alto contenido de violencia, lenguaje inapropiado y hasta algunas connotaciones de tipo sexual que se transmiten en horarios para niños, cuando dicho contenido no es propio para la población infantil.

El hecho de que este tipo de programación se transmita en un formato de dibujos animados, no significa que sea apto para niños. Es su contenido lo que determina si es apropiado o no para ser visto por este sector de la población.

De acuerdo con el documento La violencia...¿entretenimiento infantil? , elaborado por el Observatorio Ciudadano de Derecho a la Información, de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), ³ algunos especialistas opinan que la violencia que padecen los niños en sus hogares, un entorno socioeconómico hostil y la permanente difusión de conductas violentas en televisión propician pensamientos, emociones y conductas antisociales que ejercen en el ámbito escolar, donde descargan sus emociones de intolerancia, odio, enojo y discriminación.

Para la realización de esta investigación, la Amedi definió y clasificó la violencia como ``el comportamiento deliberado que resulta o puede resultar en daños físicos o psicológicos a otros seres humanos, y se asocia con la agresión que también puede ser psicológica o emocional a través de amenazas u ofensas. Estos tipos de violencia pueden verse manifestados de la siguiente manera:

El estudio indica que ``se registraron 582 actos violentos, de los cuales 252 corresponden a muertes violentas en 10 horas de programación dirigida a los niños. Si estos datos resultan reveladores, mas aún lo será cuando veamos que estos actos violentos se concentran en algunos horarios y caricaturas especificas ya que en una sola hora, de 12:00 a 13:00, los niños pueden ser testigos de 183 actos violentos, lo que hace un promedio de 3 actos violentos por minuto''.

La Ley Federal de Radio y Televisión vigente regula el contenido de la programación en general y en lo particular, aquélla dirigida a la población infantil en sus artículos 5o., 10 y 59 Bis, principalmente:

Artículo 5. La radio y la televisión, tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de convivencia humana. Al efecto, a través de sus transmisiones, procurarán:

Artículo 10. Compete a la Secretaría de Gobernación:

Artículo 59 Bis. La Programación General dirigida a la población infantil que transmitan las estaciones de Radio y Televisión deberá:

Los programas infantiles que se transmiten en vivo, las series radiofónicas, las telenovelas o teleteatros grabados, las películas o series para niños filmadas, los programas de caricaturas, producidos, grabados o filmados en el país o en el extranjero deberán sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores.

La Programación dirigida a los niños se difundirá en los horarios previstos en el reglamento de esta ley.

En cuanto al tema que nos ocupa, destacan las fracciones I y II del artículo 5o., la fracción II del artículo 10, así como lo dispuesto por el artículo 59 Bis.

Por su parte, la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes establece en su artículo 43 una serie de obligaciones para las autoridades federales en relación con los medios de comunicación.

Artículo 43. Sin perjuicio de lo previsto en la normatividad aplicable a los medios de comunicación masiva, las autoridades federales, en el ámbito de sus competencias, procurarán verificar que éstos:

A. Difundan información y materiales que sean de interés social y cultural para niñas, niños y adolescentes, de conformidad con los objetivos de educación que dispone el artículo 3o. de la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño.

B. Eviten la emisión de información contraria a los objetivos señalados y que sea perjudicial para su bienestar o contraria con los principios de paz, no discriminación y de respeto a todas las personas.

C. Difundan información y materiales que contribuyan a orientarlos en el ejercicio de sus derechos, les ayude a un sano desarrollo y a protegerse a sí mismos de peligros que puedan afectar a su vida o su salud.

D. Eviten la difusión o publicación de información en horarios de clasificación A, con contenidos perjudiciales para su formación, que promuevan la violencia o hagan apología del delito y la ausencia de valores.

E. Además, las autoridades vigilarán que se clasifiquen los espectáculos públicos, las películas, los programas de radio y televisión, los videos, los impresos y cualquier otra forma de comunicación o información que sea perjudicial para su bienestar o que atente contra su dignidad.

Destaca el contenido de este artículo en cuanto a la necesidad de que las autoridades eviten que se transmita información contraria a los principios de paz, a que se difundan contenidos perjudiciales para la formación de los niños o que promuevan la violencia, y que los programas con contenidos perjudiciales sean clasificados.

En cuanto al derecho internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño también establece disposiciones relacionadas con el contenido de los programas y materiales que se difundan a través de los medios de comunicación.

Al respecto, el artículo 17 del mencionado instrumento internacional establece:

Artículo 17.

Los Estados Parte reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los Estados Partes:

Destaca la mención que se hace acerca de que el material e información que se difunda tenga como finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental; así como la protección que se debe de dar a los niños contra toda información y material perjudicial para su bienestar.

A pesar de que la Ley Federal de Radio y Televisión regula parcialmente el contenido de los programas destinados al público infantil, es necesario ser todavía más específicos para evitar que los niños estén expuestos a toda hora a material que perjudique su bienestar, salud y adecuado desarrollo mental y emocional en horarios que supuestamente están protegidos por la ley.

La presente iniciativa no pretende prohibir que se transmitan programas, series o películas de dibujos animados con contenido no propio para niños ni tampoco que se restrinja o altere su contenido, sino que este tipo de material no sea clasificado como apto para niños y que por tanto no sea transmitido en cualquier horario.

Sobre la clasificación de la programación, el artículo 72 de la Ley Federal de Radio y Televisión establece:

Artículo 72. Para los efectos de la fracción II del artículo 5o. de la presente ley, independientemente de las demás disposiciones relativas, la transmisión de programas y publicidad impropios para la niñez y la juventud, en su caso, deberán anunciarse como tales al público en el momento de iniciar la transmisión respectiva.

En tanto, el reglamento de esta ley dispone lo siguiente:

Artículo 23. Para los efectos del artículo 72 de la Ley Federal de Radio y Televisión y del artículo 1o. de la Ley de la Industria Cinematográfica, la Dirección General de Cinematografía autorizará las películas cinematográficas, las series filmadas, las telenovelas y los teleteatros grabados, de acuerdo con la clasificación siguiente:

La Secretaría de Gobernación podrá autorizar la transmisión, a cualquier hora, independientemente de su clasificación, en casos específicos y cuando a su juicio existan circunstancias que así lo ameriten, como la calidad artística del programa, el tipo de auditorio a que va dirigida, su temática u otras razones similares.

En tal virtud, esta iniciativa propone adicionar un párrafo al artículo 59 Bis de la Ley Federal de Radio y Televisión en el sentido de que la programación para niños que contenga lenguaje agresivo o intimidatorio; actos que causen un daño físico o la muerte; amenazas; connotaciones de tipo sexual; actos de racismo o discriminación, o cualquier otro contenido nocivo o perturbador para la niñez, no podrá difundirse en el horario a que se refiere el actual último párrafo del artículo 59 Bis, mismo que remite al Reglamento de la Ley, y que es aquél considerado apto para niños, adolescentes y adultos, en la fracción I del artículo 23 del citado Reglamento.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal de Radio y Televisión

Único. Se adiciona el artículo 59 Bis de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:

Artículo 59 Bis. ...

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1 Giovanni Sartori, Homo videns. La sociedad teledirigida , Taurus, México, página 40.2 Ibídem , página 41.3 http://www.amedi.org.mx/spip.php?article293

Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

«4. Que reforma los artículos 31 de la Ley del Impuesto sobre la Rentay 27 de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Francisco Elizondo Garrido, del Grupo Parlamentario del PVEM

Francisco Elizondo Garrido , diputado de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta honorable Asamblea, la presente iniciativa que contiene proyecto de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y a la ley del Seguro Social para que los vales de despensa no puedan ser utilizados para la compra de tabaco, cerveza y bebidas alcohólicas.

Exposición de Motivos

Los vales de despensa constituyen una de las prestaciones más importantes para los trabajadores dentro del sector formal. Forman parte de las ``previsiones sociales'' de los trabajadores.

En el último párrafo del artículo 8 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) se define a la previsión social como:

De lo anterior se desprende que la interpretación del concepto de previsión social da origen a una gama amplia de prestaciones sociales:

La ventaja para el patrón al otorgar ``previsiones sociales'' es la reducción del sueldo base para su cotización en el IMSS. De acuerdo al artículo 27, fracción VI, Ley del Seguro Social.

Para el trabajador significa la exención de ISR cuando se cumplen las condiciones explicitas en el artículo 109 de la LISR. Este artículo explica que para que las exenciones sean válidas es indispensable que éstas se concedan de manera general, de conformidad con las leyes o por contrato de trabajo.

El límite establecido en este artículo para que el trabajador sea eximible del ISR es el siguiente.

En el último párrafo del artículo 109 se establece dentro de qué límites no es aplicable para otras previsiones sociales, siempre y cuando reúnan los requisitos de deducibilidad del artículo 31 fracción XII de la LISR.

La lógica fiscal que opera con estos incentivos al otorgarlos y recibirlos es que a cambio de otorgar un ingreso monetario que sería gravable por el ISR, se otorga en especie o explícitamente para un fin de consumo de bienes básicos. De esta manera ``la sociedad'' exime al trabajador de los impuesto por ingresos y hace deducible para el patrón del salario base para las cuotas del IMSS.

La Asociación de Sociedades Emisoras de Vales, AC, (Aseval) estima que de todos los trabajadores que reciben esta prestación en promedio de cada uno de ellos percibe 600 pesos mensuales en vales. Asimismo y con base en datos de la Aseval el negocio de los vales de despensa, en el que participan cinco empresas, crece a una tasa de entre 4 a 5 por ciento anual.

El ISR y el IETU

Impositivamente la presente iniciativa no modifica de ninguna forma los ingresos por ISR ni IETU del sistema fiscal mexicano a la luz de la forma en que éste se calcula. Esto con base en los cálculos sugeridos portal del SAT de las deducciones que las empresas hacen por concepto de Seguridad Social; por lo que no existe una distorsión tributaria con la presente iniciativa de reforma. Sin embargo existe un monto de elusión fiscal a consecuencia de a práctica de comprar cerveza, bebidas alcohólicas y cigarrillos con los vales de despensa.

El monto de la elusión fiscal¹.

El consumo de los bienes motivos del presente proyecto de decreto ya están gravados por el IEPS, sin embargo, aun resta un 60 por ciento del valor de estos bienes que son elusión fiscal. El 60 por ciento es el resultado de los recursos que el fisco no ingresa al otorgarlos como exenciones y deducibilidades por previsión social de los trabjadores.

Al mes de febrero de 2008 existían 19,475,720 trabajadores registrados en el IMSS ² . Con base en cálculos de el que propone la presente iniciativa tomando en cuenta el promedio monetario declarado por la Aseval. Se estima linealmente que por cada punto porcentual de los vales destinado a la compra de alguno de los bienes objeto de esta iniciativa se genera mensualmente una elusión fiscal potencial de 72 millones de pesos; equivalente monto con el cual se podría edificar un centro hospitalario de segundo y tercer nivel cada mes. Cabe aclararse que esta cifra se refiere a la recaudación potencial perdida en el largo plazo de mantenerse las legislación en su estado actual.

A pesar de ello los vales no contienen actualmente un mecanismo explícito para no poder comprar con ellos bebidas alcohólicas, cerveza y cigarros. En al actualidad sólo indican que son para el consumo de bienes de primera necesidad, pero ello no impide que se destinen a otros fines. Dado que son prevenciones sociales y el espíritu de éstas es mejorar la calidad de vida del trabajador y de su familia. No tiene sentido que pudiesen ser usados para el consumo de productos que son considerados por la Ley General de Salud como nocivos para el consumo humano. En su artículo 3º esta Ley establece lo siguiente:

Cabe mencionar que la canasta básica empleada a partir del 2002 por el Banco de México omite las bebidas alcohólicas y los cigarrillos como bienes de primera necesidad.

Para hacer coherente la legislación se propone coordinar los objetivos del destino de los vales de despensa con la Ley general de Salud. Es decir alinear objetivos de política pública. En este caso el fiscal con el laboral y el de salud.

Considerandos

1) En vista de que los vales de despensa forman parte de las ``Previsiones Sociales'' y que el fin último de estas es satisfacer necesidades o contingencias futuras del trabajador y que por este motivo las erogaciones que los patrones hacen en este sentido sean deducibles de impuestos bajo el argumento de que contribuyen al elevar la calidad del bienestar del trabajador. El que suscribe no encuentra objeto a que los Vales de Despensa sean utilizados en la compra de bebidas alcohólicas, cervezas y tabacos.

2. Que las exenciones fiscales son un ``crédito'' o ``dispensa'' que la sociedad otorga al patrón del trabajador en materia fiscal bajo el argumento de que son recursos erogados a favor de la calidad de vida de quien las recibe

3. Que las cervezas, alcoholes y tabacos no contribuyen de ninguna manera a elevar la calidad de vida del trabajador. Por sus efectos nocivos, tanto en el individuo, como familiar y socialmente.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el presente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el artículo 27 de la Ley del Seguro Social.

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo final a la fracción XII del Artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos:

Artículo Segundo. Se reforma la fracción VI del artículo 27 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue:

Artículo 27. Para los efectos de esta Ley, se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos:

...

Transitorios

Primero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día primero de enero posterior inmediato a la aprobación de la presente reforma por el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. Los vales vigentes actualmente no serán afectados por la presente disposición siempre y cuando contengan una leyenda que exprese la fecha de vigencia máxima al 31 de diciembre del año de la aprobación de la presente iniciativa de reforma por el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos.

Notas: 1 A diferencia de la evasión fiscal que consiste en omitir, negar o mentir sobre el monto gravable, la elusión fiscal consiste en aprovecharse de los resquicios legales existentes para no cumplir con las disposiciones fiscales correspondientes.2 www.inegi.gob.mx [Consultado el 25 de abril de 2008]

Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social.

«5. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federaly del Código Federal de Procedimientos Penales, suscrita por diputados de diversos grupos parlamentarios

Los suscritos, integrantes de diversos grupos parlamentarios, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto, que reforma los artículos 236, 237 y 245 de la Ley General de Salud; 24, 67, 193, 197 y 198, y el Título del Capítulo V del Código Penal Federal; y 524, 525 y 526, y el Título Decimosegundo y su Capítulo III del Código Federal de Procedimientos Penales, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La planta de la cannabis, cuyas propiedades psicoactivas, médicas e industriales son histórica y ampliamente conocidas por prácticamente todas las culturas de la humanidad, se encuentra en México en un régimen jurídico de prohibición absoluta que impide aprovechar los beneficios reales y potenciales que su uso también conlleva.

Es necesario transformar de forma cualitativa, constructiva y responsable las políticas que regulan el uso de sustancias legales e ilegales en la sociedad.

Para nosotros, hablar de una nueva política hacia las drogas no significa en forma alguna claudicar ante la delincuencia organizada. Es necesario hacer énfasis en este punto, ya que resulta relevante que se distinga con claridad y se trabaje simultáneamente en dos vías: por un lado, proteger los derechos civiles de los consumidores --así como su derecho a la información y a la salud--; y, por la otra, hacer más efectivo el combate contra los canales ilegales de distribución de sustancias ilegales.

Por ello, cualquier política en esta materia debe anclarse en la prevención, la información y la educación; debe proveer a los potenciales consumidores y a los que ya lo son el apoyo que los ayude a tomar las mejores decisiones; y, finalmente, debe respetar las decisiones concientes e informadas de las personas --incluidas las que tienen padecimientos-- que requieran y así lo decidan algún tratamiento terapéutico basado en la cannabis.

Quienes firmamos esta iniciativa estamos convencidos de que el consumo de sustancias con riesgo potencial a la salud debe ser abordado por el Estado desde una perspectiva científica, médica, educativa, informativa y preventiva; pero sobre todo alejada de prejuicios morales, que en nada contribuyen a comprender y enfrentar con eficacia el fenómeno del consumo de drogas en sociedades como la nuestra.

En el caso de las sustancias ilegales en lo general, y en el de la planta de la cannabis en lo particular, la anterior premisa resulta especialmente oportuna: en aras de alcanzar un ``ideal moral'', materializado en ``una sociedad libre de drogas'', se fomentan daños mucho mayores que el problema que pretendemos resolver; y en el caso de la cannabis médica, incluso de impedir que enfermos se beneficien de sus propiedades terapéuticas.

La confusión y la desinformación inducidas por ciertos preceptos morales, así como la ignorancia generalizada que priva entre nuestra sociedad sobre la cannabis, hacen muy difícil cambiar una percepción sumamente negativa sobre la planta, pero aun así requerimos acrecentar las posibilidades de tratamiento médico que miles de personas necesitan cotidianamente.

Por eso conviene reflexionar en el reporte sobre la marihuana médica elaborado por el Instituto de Medicina de Estados Unidos en 1999. En este estudio, investigadores examinaron los riesgos psicológicos de su uso, y advirtieron: ``La marihuana no es una sustancia completamente benigna. Se trata de una droga poderosa con una variedad importante de efectos. Sin embargo, a excepción de los daños relacionados con el fumar, los efectos adversos por el uso de marihuana se encuentran en el rango de efectos tolerados en otros medicamentos''. ¹

La planta de la cannabis produce, entre otros derivados, una sustancia psicoactiva cuya regulación se vuelve imprescindible, pero también es un conocido vehículo terapéutico para el tratamiento de numerosas enfermedades.

Los usos médicos de la planta de la cannabis son numerosos, conocidos y probados científicamente; muchos países han comenzado a reconocer tales cualidades y promueven la investigación médica sobre ella. Esos países cuentan con productos médicos legales y elaborados con sus agentes activos. Pese a ello, nuestro país carece de disposición u ordenamiento legal que nos permita aprovecharla en beneficio de la propia sociedad. La legislación actual que rige la planta en México prohíbe de forma absoluta el uso con fines terapéuticos, así como dificulta en un grado extremo cualquier actividad de investigación médica sobre ella.

La iniciativa representa, en consecuencia, un esfuerzo por replantear la relación que, como sociedad y Estado, tenemos con la planta de la cannabis, en la modalidad de sus usos médicos y propiedades terapéuticas.

Antecedentes de la planta de la cannabis

Antes de fundamentar las propiedades médicas de la cannabis, sus usos terapéuticos y el debate científico actual que hay sobre este asunto, vale la pena dejar constancia, para los fines de esta exposición de motivos, del valor histórico de la planta de la cannabis en el mundo y en nuestro país, toda vez que la revisión de su trayectoria puede demostrar la forma en que la planta es ampliamente conocida y utilizada desde los tiempos de la Colonia en México, que nunca ha representado un problema de salud pública importante y que antes bien, en el caso de sus propiedades terapéuticas, ha sido un importante coadyuvante en numerosos padecimientos.

Así, el cáñamo o marihuana, como también se conoce la cannabis, es una planta originaria de Asia central, de donde al paso de los siglos se difundió en todas direcciones. Los vestigios más antiguos del uso del cáñamo datan de aproximadamente el año 8 mil antes de Cristo.

Se esparció desde su zona de origen principalmente por tres rutas: hacia el este de China, hacia el sur de la India y el sureste de Asia y hacia el oeste asiático, desde donde se difundió hacia África, Europa y, finalmente, América.

Los antiguos egipcios construyeron sus primeras embarcaciones con este material:

En el siglo XI a. C. aparece en la historia el haschish ``al que los asirios llamaban cunubu o cunabu , del que los griegos han hecho derivar cannabis , los franceses chanvre y chénevis , y nosotros cannabis''. ³

Durante el reinado de Enrique VIII en Inglaterra (1509-1547) se promulgó una ley que señalaba que todo propietario de tierras debía dedicar una parte al cultivo de cáñamo o lino con el fin de contar con la fibra suficiente para fabricar los aparejos navieros. En la Inglaterra de esa época, al igual que en el resto de Europa, el cáñamo permeaba todos los aspectos de la vida cotidiana. William Bolena, pariente de Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII, se expresaba así de la planta:

Ningún barco puede navegar sin cáñamo... ningún arado, o carreta puede existir sin cuerda... el pescador debe tener cáñamo para hacer sus redes. No hay arquero que pueda tirar de su arco; y el hombre de Malta lo necesita para su bolsa, con él las bellezas están listas para servir en la Iglesia. ⁴

Podemos decir, sin temor a exagerar, que, hasta el siglo XIX, el cáñamo fue tan importante como lo es el petróleo en nuestros días.

El cáñamo estuvo presente en los viajes de exploración y llegó a América en el siglo XVI, donde se introdujo como fuente de fibra en Chile en 1545 y en Perú nueve años después. Los colonizadores ingleses también comprendieron su importancia, pues fue introducido en Canadá en 1606 y en Virginia en 1611.

Durante la Conquista, el cáñamo llegó a México, traído por Pedro Cuadrado, uno de los conquistadores que integraban la expedición de Pánfilo de Narváez. De acuerdo con sus propias palabras, Cuadrado fue quien comenzó el cultivo de esta planta en estos territorios (grafía original):

Pedro Quadrado, dize en efecto, ques natural de la villa de Alcalá del rrío, tierra de Sevilla, e hijo legítimo de Joan Colín y de Isabel Quadrada, su muger; y que ha que pasó a esta Nueva Spaña quinze años, y fué con el Marqués a la ysla de California, donde estovo con sus armas y cauallos hasta los postreros; y benydo a esta ciudad, dió a Terrazas yndustria cómo senbrase y enuiase cáñamo, y él fué el primero que lo hizo; y touo tienda, por lo qual, al presente ay lo que ay en la tierra; y an benydo otros del dicho officio, el qual, husándolo él, se le murieron quatro sclauos que tenya, por lo qual lo dexó; y á año y medio que se casó con vna hija de vn conquistador de Guatimala, y tiene su casa poblada, con muger, famylia y mucha costa, y padesce necesidad por no tener hazienda ny granjería; y que tiene dos hijas naturales, la vna de honze años y la otra de diez. ⁵

El historiador Silvio Zavala afirma que el propio Hernán Cortés recomendó la siembra y cultivo del cáñamo: ``Las proposiciones que hace fray Juan de Zumárraga con respecto a la agricultura coinciden fundamentalmente con las de Hernán Cortés. (... ) Dice que a los indios, para vivir bien, les ha faltado principalmente, antes de la llegada de los españoles: lana fina, cáñamo, lino, plantas y cuatropeas, mayormente asnal''. ⁶

Al parecer, Zumárraga era entusiasta de la cannabis : de acuerdo con Fray Juan de Torquemada, Zumárraga, aproximadamente en 1531, ``puso diligencia en plantar frutas de Castilla, cáñamo y lino'', ⁷ como una de las medidas encaminadas a lograr una economía próspera que permitiera, a los españoles que vinieran a radicar en estas tierras, adaptarse felizmente.

Joaquín García Icazbalceta también registra, subrayando la visión económica del religioso, esa intención de importar de la península el cultivo de la cannabis sativa :

Quería también que viniera semilla de lino y cáñamo en gran cantidad, con personas que supieran cultivarlos, beneficiarlos y tejerlos, especialmente en las costas del Mar del Sur, donde eran tan necesarios para los navíos que allí solían armarse. Con esa rica granjería, los indios pagarían más fácilmente el tributo, al paso que a los españoles valdría más lo que recibiesen. ⁸

La primera de las leyes directamente relacionadas con el cáñamo se expidió en Ponferrada, España el 13 de junio de 1545; en ella se manda a todos los virreyes que se apliquen al cultivo de lino y cáñamo y que fomenten el cultivo entre los indígenas. Esta ley se encuentra en el ``Libro IIII, Título Diez y Ocho, Del Comercio, Mantenimientos, y Frutos de las Indias.'' de la Recopilación:

Un siglo después, en las instrucciones que dejó a su sucesor el virrey Juan de Palafox, quien gobernó durante un corto periodo en 1642, se encuentra una clara referencia al cultivo de cáñamo en la Nueva España. En estas instrucciones, el también Obispo de Puebla menciona que se debía continuar con la siembra de cáñamo iniciada por él en la región de Atlixco. ¹⁰

La inquisición fue la primera instancia en México que sancionó el uso no industrial del cáñamo. La prohibición se centró en ciertas plantas, entre ellas el peyote, el ololiuqui y los llamados pipilzinzintles o pipilzinzintlis, o ``niños venerables''. Este último es el nombre que emplearon los indígenas para designar al cáñamo --y a otras plantas- en los rituales en los que se ingería por sus efectos psicoactivos.

Esta prohibición se expresa en una orden expedida por el arzobispo Lorenzana: ``... la prohibición de las plantas fue reiterada por edicto de fe el 11 de febrero de 1769, que señalaba como delitos, entre otros, el ejecutar curaciones supersticiosas, valiéndose de medios en lo natural inconducentes para la sanidad o abusando de los pipiltzintzintles , peyote... , o de otras hierbas...'' ¹¹ Es probable que quienes emitían esas disposiciones ni siquiera supieran qué planta prohibían.

A principios de 1777 comenzó una de las campañas económicas de mayor importancia en la historia de la Nueva España: se buscó implantar el cultivo del cáñamo con toda la fuerza de la Corona. Como parte de los proyectos económicos de los Borbones, se decidió dar seguimiento a aquella ley de 1545: se emitieron una serie de reales órdenes al virrey de la Nueva España para que se diera a la tarea de sembrar lino y cáñamo.

Entre las diversas medidas adoptadas, se enviaron expertos en la siembra y proceso de ambas especies con la finalidad de que dieran a conocer la técnica adecuada de cultivo y obtención de fibra.

La Corona manifestó tanto interés en esta empresa que llegó a enviar un grupo de labradores españoles para que difundieran las técnicas de cultivo, incluso modificó su línea política al otorgar un permiso para que se instalara en el virreinato una Real Fábrica de Lonas y Lonetas. ¹²

Con la idea de facilitar todavía más estos cultivos, también se ordenó el reparto de tierras ociosas fueran privadas o propiedad de la Corona --conocidas como ``realengas''-- entre los indígenas, lo cual se estableció en los artículos 61-62 de la Real Ordenanza de Intendentes.

Al parecer es el único momento en todo el tiempo que duró el dominio español en el que una disposición real amenazara a los propietarios de tierras, que ``podían ser confiscadas y repartidas entre los indios por causa de utilidad pública''. ¹³

Para el siglo XVII el cáñamo se sembraba con cierta regularidad en distintas partes de la Nueva España, como lo muestran las cuentas que rinde el alcalde mayor de Atlixco en respuesta a la orden girada a todos los alcaldes mayores para que busquen semilla de cáñamo por toda Nueva España (grafía original):

En debido cumplimiento a la superior orden de su Excia. del presente mes sobre que tomase a los Naturales y Labradores de esta Jurisdicción la instrucción necesaria acerca de conocer las causas o fundamentos que los haya retraido de fomentar, promover y aumentar la siembra y beneficio del Cáñamo, que otras veces se ha cultivado en ella. He practicado las correspondientes diligencias para su averiguación y en su consequencia me dicen que es cierto, que desde el Siglo pasado una Familia nombrada de los Hernández, originaria de esta villa consiguió licencia de ese Superior Gobierno para sembrar y beneficiar la semilla. Y que en efecto sembraron algunos pedacillos de tierra, o tarpanas en las orillas de un Arroyo que pasa inmediato, en las cuales se daba el Cáñamo muy abundante, y frondoso y de él hacían cordeles para Lámparas, Tirantes para coches, cinchas y otros encargos de los mismos cordeles que les pedían hasta de esa Ciudad. Haviendo fallecido el último de La Familia, que fue Dn. Juan Joseph Hernández abrá tiempo de 16 años, feneció también la siembra y beneficio, sin que se hubiere extendido la sédula para aquel Privilegio Exclusivo que tenía, a excepción de algunas matas que conservan los Yndios en algunos Pueblos de esta Jurisdicción, que siembran en los Solarcitos de sus casas diciendo que les sirve para remedio. ¹⁴

Esta notificación es muy importante porque nos muestra cómo los indígenas encontraron rápidamente las propiedades medicinales de la cannabis y las adaptaron a su vida cotidiana.

El cáñamo conviviría de manera más o menos tranquila durante casi dos siglos hasta que en el mencionado edicto de 1769 se prohibieron las prácticas idolátricas en las que se empleaban los llamados pipilzinizintli.

Si bien no se menciona como cáñamo en ese edicto, es Juan Antonio Alzate quien comprobó que las semillas conocidas por los indígenas como pipilzinzintli (prohibidos expresamente en el edicto) eran de cannabis sativa L .

Alzate, un científico de su época, buscó identificar el origen de tales semillas, como lo expresa en sus propias palabras:

Conseguí una pequeña cantidad de dichos pipilzinzintlis, la que se componía de una mezcla de semillas y yerbas secas; a la primera vista luego reconocí no eran otra cosa que las hojas y semillas del cáñamo; advertencia que tuve al punto, por haber visto antes en un jardín la planta del cáñamo. No obstante ésta que para mí era una demostración, en primera ocasión y para quedar del todo convencido, sembré aquellas semillas con toda la precaución posible y logré unas plantas de cáñamo, lo mismo que el de Europa, las que los indios reconociendo por pipilzinzintlis, fue necesario arrancar las plantas luego que comenzaron a madurarse las semillas por cuanto procuraban pillar toda la que podían.15

El uso del cáñamo que sobrevivió a la Independencia no fue el textil, sino el ritual y el medicinal.

La curandería y las prácticas con plantas dejaron de ser perseguidas por motivos religiosos, sin embargo, en su lugar, ``la práctica médica que se produce en esta conciencia contemporánea asumirá esa persecución, aunque durante todo el siglo XIX y los inicios del XX, no fundamenta la necesidad del castigo y sólo se concretan a condenar las creencias o ritualidades de su práctica, exhibiendo su falsedad''. ¹⁶

Las primeras reglamentaciones en el ámbito de salud que comenzaron a finales de la década de los 30 y principios de los 40 del siglo XIX fueron el antecedente del Código Penal de 1871, conocido como el Código de Martínez de Castro, en el que por primera vez se sancionan los delitos contra la salud.

Para este momento la planta ostentaba ya el nombre que la haría famosa todo el mundo y que se asocia inevitablemente a este uso: marihuana.

Es indudable que durante el movimiento armado de 1910-1920, la marihuana formó parte de los ambientes cotidianos. Cientos de referencias hemerográficas, lo mismo que memorias, novelas, anécdotas y hasta documentos internos de los cuarteles y partes militares pueden testimoniarlo. ¹⁷

Un control más férreo del consumo de enervantes comienza en 1908, cuando por iniciativa del Ejecutivo se reforma la fracción XXI de la Constitución de 1857, con lo que ``El Congreso de la Unión está facultado para dictar leyes sobre ciudadanía, naturalización, emigración e inmigración y salubridad general de la República'', ¹⁸ esto implicó la supremacía del poder federal para legislar en materia de salubridad, una prerrogativa que correspondía a cada uno de los estados.

De esta manera se construyó paulatinamente un elaborado discurso que apelaba a la medicina, a la salud pública y a las leyes para perseguir tanto el consumo como la venta y producción de ``enervantes'' y que sustituyó las antiguas actitudes aisladas por lo regular invocaban a la moralidad (la lucha contra el vicio), lo que constituyó un intento más férreo de erradicar a los 'morfinómanos' y 'mariguanos':

Una de las razones esgrimidas para tomar este tipo de medidas contra el consumo de sustancias, era la percepción institucionalizada de que 'degeneran la raza'. Este es un concepto proveniente de finales del siglo XIX que encierra una serie de nociones que abarcan desde la salud pública como vigilante y ``'fortificadora de la raza' hasta elementos de carácter clasista, al identificar a los estratos bajos de la sociedad como los más susceptibles de caer en la degeneración''. ²⁰

El cáñamo en la época contemporánea

El primer estudio serio sobre el cannabis fue realizado por la Indian Hemp Drug Commission en Inglaterra, en 1894. El estudio concluye que el uso moderado es casi siempre ``regla'' y ``no produce prácticamente ningún efecto nocivo''. Sin embargo, en 1925 se agregan, a las tres drogas sometidas a control internacional hasta entonces -opio, cocaína y morfina- la heroína y la marihuana, a instancias de un Egipto controlado por los británicos, y en donde los movimientos de independencia promovían el uso de productos nacionales sobre los extranjeros.

En Estados Unidos, la prohibición data de 1937, y a partir de 1961 se generalizó en el resto del mundo. ²¹ Igual que el opio y la cocaína, asociada a chinos y negros respectivamente, la marihuana fue asociada con los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos, cuya discriminación se intensificó en gran medida con la depresión económica de los años treinta.

Harry J. Anslinger, el primer zar antidrogas de Estados Unidos, realizó durante toda esa década una intensa campaña contra la marihuana, a la que acusó de alentar en los mexicanos actitudes violentas y criminales. Anslinger rechazó u obvió todo argumento médico y científico, y en cambio manipuló la estadística legal y criminal para asociar a la planta con el crimen. Durante los años sesenta, en cambio, el mismo Anslinger, ante las protestas hippies contra la guerra de Vietnam, acusó a la cannabis de ser ``enfermizamente pacificante''.

A la abierta campaña de Anslinger se sumó la competencia entre el papel fabricado a base de árboles y el hecho con cáñamo. William Randolph Hearst, cuyos negocios en la prensa amarillista se nutrían del papel de la madera, negocio en el que también tenía una importante participación, apoyó con todo su poder mediático y económico la criminalización de la marihuana y de todos los usos industriales del cáñamo.

En 1937 se aprobó, de forma absolutamente irregular, la Marihuana Tax Act, cuyas imposiciones fiscales hicieron imposible que esta industria pudiera continuar compitiendo en el mercado norteamericano. Esta maniobra hizo que se desestimara por completo el Informe Laguardia, un extenso estudio hecho en Nueva York sobre el asunto, y cuya conclusión era que la publicidad sobre sus efectos catastróficos carecía de fundamento. ²²

Adicionalmente, a la Asociación Médica Norteamericana no se le avisó mas que cuando era inminente su aprobación, no se le permitió tener un papel importante en el debate y se desestimaron todos sus argumentos. A partir de este punto, los Estados Unidos comenzó a presionar al resto del mundo para que observara las mismas directrices contra la cannabis.

A pesar de ello, en Nueva York en 1938 el alcalde de la ciudad, Fiorello Laguardia, solicitó uno de los más amplios estudios para determinar la peligrosidad del cáñamo como psicoactivo, en el que participó un equipo compuesto por científicos que evaluaron los aspectos médico, psicológico y sociológico del consumo de marihuana. El Informe Laguardia sirvió para evaluar la incidencia de cáñamo en esa ciudad y fue publicado en 1944 con el título de ``El problema de la marihuana en Nueva York'' (The marihuana problem in the city of New York ).

Después de entrevistar a usuarios asiduos que estaban o habían estado en la cárcel y de examinar 14 954 sentencias, se dedujo:

La conclusión a que llega el Informe Laguardia es que ``la publicidad sobre los efectos catastróficos de la mariguana carece de fundamento en la ciudad de Nueva York''. ²³

En 1972, el presidente Richard Nixon nombró una comisión de trece connotados juristas, psiquiatras, sociólogos y senadores que elaboraron el informe oficial de la Comisión Nacional sobre Marihuana y Abuso de Drogas (National Commission on Marihuana and Drug Abuse), cuyas investigaciones arrojaron el resultado de que

A diferencia del gobierno holandés, que aceptó las conclusiones de los informes Hulsmann y Baan, de 1971 y 1972 respectivamente (que consideraron a la mariguana como un ``riesgo aceptable'' o como una ``droga blanda'') los gobiernos de EU, Inglaterra y Canadá, ignoraron los resultados.

Pese a que los Países Bajos signaron la Convención Única sobre narcóticos en 1964, y pese a que las leyes holandesas establecen que el cáñamo es ilegal, en 1976 se adoptó en esa nación una política menos restrictiva, puesto que se dejó de exigir el cumplimiento de las sanciones relacionadas con la posesión o comercio de pequeñas cantidades (en un principio eran 30 g, pero en 1995 se redujo a 5 g). Se permitió a algunos propietarios de cafés la venta de mariguana y resina de cáñamo (hashish ) en pequeña escala. El enfoque de esta política tiene un trasfondo pragmático, pues pretende separar al cáñamo del resto de las drogas psicoactivas ilegales, potencialmente más peligrosas, con lo que se tiene la expectativa de ``reducir el daño''. ²⁵

Alrededor de 1976, Estados Unidos comenzó a sobresalir como uno de los principales productores mundiales de marihuana. En tanto, el entonces candidato a presidente de ese país, James Carter, se define por una política tolerante hacia el consumo, al grado de que su esposa llegó a afirmar públicamente que sus tres hijos mayores fumaban mariguana. ²⁶

En 1982, 11 estados de la Unión Americana producían cáñamo de uso psicoactivo en cantidades industriales, la producción en ese entonces se estimaba en 2 a 6 millones de kilogramos anuales. Para 1988, el valor total de esa cosecha se estimó en 33 mil millones de dólares, cantidad muy por encima del valor de toda la cosecha de cereal reunida, entre otras cosas, debido a que de toda esta producción sólo se gravó alrededor de 16 por ciento. ²⁷

La cannabis médica

Cáñamo es el nombre en español de la planta clasificada en 1753 por Charles Linneo como Cannabis sativa . Existen tres variedades de Cannabis sativa : C. S. Indica , C. S. Sativa y C. S. Ruderalis , que se distinguen entre sí por su forma de crecimiento, por las características de sus semillas y por la diferencia existente en las estructuras de sus fibras.

El cáñamo es un arbusto de ciclo anual que puede llegar a crecer de 1.20 a seis metros de altura, de acuerdo con el clima en el que se siembre, la variedad a la que pertenezca y la finalidad que se persiga con su cultivo. Es una planta dioica, es decir, el sexo masculino y el femenino se encuentran en diferentes individuos. Sus hojas tienen de 3 a 11 foliolos --siempre en número non-- en forma lanceada y bordes dentados, el mayor de ellos es el central y disminuyen en tamaño los laterales. Crece en prácticamente todos los climas del mundo, a excepción de los polares.

Los usos conocidos de la planta de la cannabis se pueden dividir en tres grandes grupos: industriales, médicos, rituales o lúdicos. La presente exposición de motivos se referirá, exclusivamente, a la información y circunstancias de la cannabis destinado a usos terapéuticos.

El uso de la cannabis en la práctica médica se remonta a miles de años.

El primer uso medicinal del que se tiene noticia se remonta alrededor del año 2300 a.C., cuando el emperador chino Shen Nung la recomendaba para el estreñimiento, la gota, el beriberi, la malaria, el reumatismo y los problemas menstruales; mientras que históricamente constituyó, hasta antes de su prohibición planetaria, la más importante planta de la farmacopea árabe.

Adicionalmente, las más distintas culturas han sabido reconocer y utilizar las propiedades terapéuticas de la planta, mismas que se han empleado también para tratar alteraciones digestivas, neuralgias, insomnio, depresión, migraña, inflamaciones, padecimientos oftalmológicos y dermatológicos, entre muchos otros; mientras que en la práctica médica moderna fue el analgésico más socorrido hasta el advenimiento del ácido acetilsalicílico.

Respecto a México, los usos medicinales de la cannabis forman parte de la tradición. Cuenta con una gran variedad de aplicaciones en la medicina tradicional de diversas culturas, incluida la mexicana.

El debate científico sobre las propiedades médicas y terapéuticas de la cannabis tiene un historial extenso, que se ha intensificado en la actualidad.

Principales aplicaciones terapéuticas

La prohibición absoluta que pesa sobre la planta ha tenido como una de sus más funestas consecuencias el impedir un desarrollo adecuado de la investigación científica sobre sus propiedades terapéuticas, así como la imposibilidad práctica, para millones de pacientes en todo el mundo, de beneficiarse de éstos de una forma legal y segura.

El día de hoy, sin embargo, pareciera pesar más el prejuicio desinformado, que los datos y los hechos avalados por la investigación científica.

En medicina, el cáñamo se ha empleado principalmente en la rama de la terapéutica, es decir, en el tratamiento de distintas afecciones. Cuenta con una gran variedad de aplicaciones en la medicina tradicional de diversas culturas, incluida la mexicana.

A continuación, listamos algunas de las aplicaciones terapéuticas de la cannabis recopiladas por la experiencia médica moderna:

Asimismo, se utiliza como antihipertensivo ocular en el glaucoma de ángulo cerrado, uno de los usos más encontrados en la bibliografía.

La cannabis se utiliza también como medicamento para combatir trastornos neurológicos, y se encuentra calificado como útil para la esclerosis múltiple, la amiotrofía lateral esclerosante, la epilepsia, el síndrome de Guilles de la Tourette y muchas otras patologías neurológicas y afines a este sistema; al tiempo que se encuentra ampliamente documentada su utilidad para evitar el vómito irrefrenable y la sensación de nauseas, así como para elevar el apetito y evitar así el wasting syndrome. ²⁹

Como afirma el doctor Gady Zabicky, médico especialista en manejo de adicciones por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, fundador del Programa de Investigaciones Relacionadas con Sustancias de ese instituto y actual consejero médico para el Conasida en materia de drogas intravenosas y VIH, ``no hay reportada en toda la literatura médica existente un solo caso de letalidad directamente inducida por cannabinoides. Nunca. En ningún lugar del mundo, lo que no se puede decir de casi ningún otro medicamento alopático: antibióticos, vitamínicos, antigripales, etcétera, incluida la aspirina''.

Finalmente, afirma Zabicky, otra propiedad médica de importancia de la cannabis es su valor como elemento de reducción de daño en manejos antiadictivos.

El caso de Estados Unidos y de otros países

Incluso, en los países que han determinado ejercer una política prohibicionista total hacia el cannabis se debaten y permiten actualmente sus usos médicos, y se generan opciones legales de tratamiento para los que objetivamente requieren sus propiedades terapéuticas.

Países como Holanda y Canadá cuentan con su propia red de salud pública para el suministro a los pacientes que la necesitan; en el Reino Unido se permite la investigación con fines médicos y hay a disposición del público productos basados en la cannabis.

En Estados Unidos hay medicamentos legales cuyo compuesto principal son los canabinoides, y el país cuenta hoy con 13 estados de la Unión --Alaska, California, Colorado, Hawai, Maine, Maryland, Montana, Nevada, Nuevo México, Oregon, Rhode Island, Vermont y Washington-- permiten y regulan los usos terapéuticos de la cannabis. Además, existen iniciativas legislativas en curso para permitir su uso terapéutico en los estados de Nueva York, Illinois y Connecticut. Vale la pena mencionar, por último, que todas estas iniciativas son, o han sido, apoyadas por coaliciones bipartidistas.

El Consejo de Asuntos Científicos de la Asociación Médica Americana ha reportado que ``datos de anécdotas, encuestas, y clínicos'' demuestran la utilidad médica de la marihuana. Los Institutos Nacionales de Salud afirmaron que ``la marihuana se ve lo suficientemente prometedora como recomendar que se hagan nuevos estudios controlados.'' Agrupaciones que van desde la Sociedad Americana del Cáncer a Kaiser Permanente apoyan el acceso a la marihuana médica o estudios sobre ésta. ³⁰

Doctores individuales están de acuerdo. En una encuesta, más de 70 por ciento de los especialistas estadounidenses en cáncer dijo que recetaría la marihuana si fuese legal; casi la mitad dijo que han instado a sus pacientes a adquirir la droga sin importar la ley. Una encuesta con la Asociación Médica Británica rindió resultados similares. ³¹

El New England Journal of Medicine ha apoyado el acceso a marihuana médica. En mayo, Lancet Neurology señaló que la marihuana ha sido efectiva en pruebas de laboratorio y podría convertirse en la aspirina del Siglo XXI. En una edición reciente de Brain Journal, investigadores del Instituto de Neurología de Londres reportaron que ``además del manejo de síntomas, la cannabis también puede retrasar los procesos neurodegenerativos que ultimadamente llevan a la inhabilidad crónica en la Esclerosis Múltiple y probablemente otras enfermedades''. ³²

Por último, vale la pena mencionar que hasta la fecha el Gobierno Federal de los Estados Unidos ha omitido opinar sobre la sentencia emitida en 1988 por el juez administrativo de la propia Drug Enforcement Agency (DEA) Francis Young, quien concluyó, después de revisar ampliamente los más diversos testimonios sobre el asunto que, ``la marihuana, en su estado natural, es una de las sustancias terapéuticas más seguras conocidas por la humanidad''. ³³

En conclusión, podemos decir que existe una tendencia creciente no sólo en Estados Unidos sino en el resto del mundo, para reconocer las propiedades médicas de la planta, y es por ello que, desde la perspectiva de Alternativa Socialdemócrata, la investigación clínica sobre los beneficios, riesgos y posibilidades terapéuticas de la planta debe ser garantizado y regulado por el Estado de manera urgente.

Régimen legal en México

La orientación actual del derecho pretende proteger al individuo de sí mismo, y para hacerlo, fusiona al delincuente y a la víctima en el mismo sujeto, ya que según convenga, decide discrecionalmente cuál de estas facetas tiene más importancia según sea el caso particular que se trate.

El régimen jurídico que pretende regular a las drogas ilegales en México ha probado sus limitaciones en más de un sentido:

Fundamento jurídico de la iniciativa

La propuesta para la despenalización de los usos médicos de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, la resina de cannabis (haschich) o los isómeros regulados del tetrahidrocannabinol obedece a una adecuada valoración de sus efectos sobre la salud de las personas; una ponderación con base en hechos --por escasos o abundantes que sean-- y no en prejuicios morales. Como ha quedado documentado en la presente exposición de motivos, la cannabis y sus derivados tienen usos médicos que, lejos de perjudicar la salud, la benefician en ciertas circunstancias. Por su parte, el artículo 4o. constitucional establece que ``toda persona tiene derecho a la protección de la salud''. Del texto constitucional se desprende que el derecho fundamental consagrado en este precepto implica una obligación positiva a cargo del Estado, el cual queda obligado a proteger activamente la salud de las personas. Si el objetivo que el Estado debe perseguir es la protección de la salud, ello obliga al menos a realizar una ponderación objetiva de las virtudes terapéuticas de ésta planta, sin dejar de tomar en cuenta los riesgos reales que también puede representar para la salud, pero sin descansar tampoco en prejuicios y lugares comunes sin sustento en los hechos o en la ciencia.

La descripción de los usos médicos de la marihuana ha quedado debidamente documentada en la presente exposición de motivos. Ahora bien, con independencia de la información científica y empírica que respalda estas afirmaciones, es importante señalar que los usos terapéuticos y medicinales de la marihuana han sido expresamente reconocidos por los instrumentos internacionales suscritos por México, que conforme al artículo 133 constitucional forman parte de la ley suprema de la unión.

Los instrumentos internacionales que hablan de la proscripción del uso indebido de la cannabis y sus derivados reconocen, permiten y protegen los usos médicos y científicos de la cannabis incluyendo disposiciones expresas para su regulación y uso legal. En efecto, la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes establece en su preámbulo que el uso médico de los estupefacientes que regula --entre ellos la cannabis y sus derivados-- resulta indispensable. El preámbulo establece que el acuerdo que allí se consagra se alcanza:

De la cita anterior, tenemos lo siguiente:

Más adelante, la convención establece que el propósito del acuerdo mismo es el de limitar el uso de los estupefacientes, manteniendo sus usos médicos :

Como se aprecia, la convención buscaba limitar los usos de los estupefacientes, protegiendo sus usos médicos en claro reconocimiento de sus virtudes terapéuticas. El artículo 4o., inciso c), de la misma convención, al establecer las obligaciones generales limita para usos médicos y científicos la producción, fabricación, exportación, importación, distribución, comercio, uso y posesión de estupefacientes. Interpretado a contrario sensu , esta obligación de limitar su uso a usos médicos, claramente autoriza los usos médicos y científicos.

Más específicamente, en el artículo 28 (interpretado en vinculación con su artículo 23), la convención establece expresamente las normas que deben regir la fiscalización de la producción de la cannabis y su resina, estableciendo, entre otras, que debe de realizarse con base en licencias y ser regulado por un organismo gubernamental.

Por otra parte, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971, también suscrito por México, en su preámbulo reconoce el uso médico y científico de las sustancias psicotrópicas --entre las que se encuentra el tetrahidrocannabinol-- y lo califica, nuevamente, de indispensable. Lo que es más, establece que la restricción para dichos fines no debe ser excesiva ni indebida, poniendo en evidencia la importancia de permitir el acceso a estas sustancias para fines terapéuticos y de investigación:

Reconociendo que el uso de la sustancias psicotrópicas para fines médicos y científicos es indispensable y que no debe restringirse indebidamente su disponibilidad para tales fines.

En otras palabras, en el convenio no sólo se reconocen y permiten usos médicos de las sustancias psicotrópicas --entre las que se encuentra el tetrahidrocannabinol, derivado de la cannabis-- sino que se establece que su disponibilidad para fines médicos debe ser respetada. Por lo demás, el artículo 7 del convenio regula en forma específica las medidas de fiscalización que para la producción, uso y distribución de las sustancias psicotrópicas deben establecer los Estados parte.

Pese a que los instrumentos internacionales suscritos por México reconocen explícita y claramente la existencia y valía de los usos terapéuticos de la cannabis y su derivados, hasta la fecha el Estado mexicano ha optado por una lógica estrictamente prohibicionista que descansa en la acción policiaca del Estado para presuntamente proteger la salud de la población. En consecuencia, contrario a lo explícitamente manifestado en los instrumentos suscritos por nuestro gobierno en relación con los usos médicos y científicos de la cannabis o marihuana, nuestra legislación niega el valor terapéutico de la cannabis y sus derivados. La legislación hasta hoy vigente en materia de salud prohíbe el uso de la cannabis (artículo 237 de la Ley General de Salud) y califica al tetrahidrocannabinol --la sustancia activa de la planta cannabis-- como una sustancia con ``valor terapéutico escaso o nulo'' y que constituye un ``problema especialmente grave para la salud pública'' (artículo 245 del mismo ordenamiento). Como ha quedado de manifiesto en la presente exposición de motivos, la realidad - contrario a lo afirmado en nuestro texto legislativo- es que el valor terapéutico de la cannabis es considerable y la gama de sus usos médicos amplia. Asimismo, la cannabis difícilmente puede ser calificada como un ``problema especialmente grave'' para la salud pública, como lo es, por ejemplo, el tabaco --sustancia lícita pero cada día más fuertemente regulada-- que genera más de 53 mil muertes anuales en el país, según datos de la Secretaría de Salud. Recordemos que, a la fecha, no hay muertes registradas vinculadas directamente al consumo de la cannabis.

A la luz de los hechos sobre el valor terapéutico de la cannabis y sus derivado, y tomando en cuenta la tendencia internacional en materia de regulación de la marihuana para usos médicos, resulta indispensable revisar nuestra legislación en materia de salud a fin de consagrar en el texto legislativo lo que no podemos dejar de reconocer en los hechos: sin negar que usada irresponsablemente la cannabis puede constituir un problema de salud, es innegable que tiene usos médicos de gran valía. En consecuencia, debemos despenalizar su uso para fines médicos y científicos a fin de precisar con mayor sustento las virtudes terapéuticas que tiene, así como determinar los usos adecuados que deben prevalecer.

Hay un aspecto más, directamente vinculado con la obligación constitucional de protección de la salud de la ciudadanía, que vale la pena subrayar. Hoy día, siendo que la legislación en materia de salud niega infundadamente el valor terapéutico de la cannabis, el Estado penaliza la conducta de personas que buscan, con plena responsabilidad, aliviar sus padecimientos y cuidar su propia salud. Quién sobrelleva un tratamiento de quimioterapia o padece de artritis o glaucoma y busca aliviar su malestar y cuidar de su salud mediante el uso responsable, reiterado, consciente y adecuado de la cannabis y sus derivados, deviene un criminal conforme a nuestra legislación. En estos casos, se pervierte por completo el sentido de la tipificación de los delitos contra la salud: los delitos contra la salud pretenden tutelar el bien jurídico salud.

Ahondando un poco, tenemos que en materia de delitos contra la salud, se ha entendido que el bien jurídico tutelado es doble: por una parte se procura proteger la salud personal de los individuos expuestos al uso indebido de narcóticos; por la otra, se procura proteger a la salud pública, al inhibir la extensión del consumo indebido de narcóticos. En consecuencia, las penas deben adecuarse a la finalidad que persiguen: será distinta una pena que procura proteger al individuo de una pena que procura proteger al público en general. Una pena no es válida si no es adecuada para la protección del bien jurídico tutelado, ya que ``fuente de validez de la pena es la protección de los bienes jurídicos.'' ³⁴ Esto nos lleva a considerar un caso más: cuando la conducta del individuo a quien se le pretende imputar responsabilidad penal va precisamente orientada a proteger el bien jurídicamente tutelado por la ley penal entonces no puede justificadamente imponérsele pena alguna. Ese es el caso de los usos médicos de la cannabis: cuando la cannabis es usada con fines médicos o científicos, lejos de vulnerar los bienes jurídicamente tutelados por la ley penal --salud individual y salud pública-- su uso los protege y procura. En consecuencia, no puede en justicia sancionarse la conducta que se encamina exactamente en el mismo sentido que la ley penal: la protección de la salud. Más aún, cuando un individuo usa o receta cannabis para usos médicos en forma responsable y adecuada, protege la salud --ya sea propia o ajena. Ello es consecuente con un mandato constitucional y el derecho fundamental que le da pie (derecho a la protección de la salud, artículo 4o. constitucional). Resulta contrario a toda lógica sancionar penalmente a las personas que realizan conductas ordenadas y protegidas por nuestra Constitución. Es por ello preciso despenalizar los usos médicos de la cannabis y, reconociendo las virtudes terapéuticas que ya le son aceptadas por los instrumentos internacionales que forman parte de nuestra legislación vigente, eliminar el contraproducente sin sentido que es negarle valor terapéutico y penalizar sin miramientos cualquier conducta vinculada a la planta.

En síntesis, la prohibición total del uso de la cannabis y sus derivados no tiene sustento en los hechos ni razón de ser. Al estar establecida en la Ley General de Salud se traduce en la calificación de cualquier uso de la cannabis como un delito contra la salud. Una prohibición así de dogmática no corresponde a un Estado de derecho, donde las razones y no las pasiones deben orientar la deliberación pública y la adopción de políticas en beneficio de la población. Si revisamos los beneficios y riesgos que representa la planta cannabis encontramos que, lejos de representar exclusivamente riesgos, la planta en cuestión posee bondades médicas y propiedades terapéuticas bien conocidas y documentadas. En consecuencia, a la luz de los hechos y haciendo a un lado prejuicios, el Estado esta obligado a revisar tanto la prohibición absoluta establecida en la legislación en materia de salud, como la correspondiente penalización total de todos sus usos. En particular, si en los delitos contra la salud el bien jurídicamente tutelado es la salud --sea ésta individual o pública--, entonces la legislación debe reconocer, regular y proteger los usos de la cannabis que sean precisamente orientados al cuidado de la salud, no penalizarlos.

La propuesta de reforma legislativa

A continuación se describen las reformas propuestas en el decreto que se somete a consideración de ésta soberanía. Antes sin embargo se precisa que el conjunto de reformas que esta iniciativa propone van encaminadas en dos sentidos específicos i) reconocer el valor terapéutico de la cannabis y sus derivados, despenalizando sus usos médicos y ii) corregir deficiencias de técnica legislativa en la redacción del código penal que sitúan al consumidor en un estado de indefensión ante la autoridad bajo ciertas circunstancias. Las propuestas que procuran éste último objetivo surgieron al revisar la legislación vigente en consecución del primero. Siendo que el propósito general de esta iniciativa es mejorar la regulación en torno a la cannabis, se juzgó indispensable incluir reformas que subsanaran las graves deficiencias de técnica legislativa de las que padece nuestra legislación vigente y no solo procurar las modificaciones de fondo.

1. Ley General de Salud

2. Código Penal Federal

3. Código Federal de Procedimientos Penales

Por último, se propone modificar los artículos 524, 525 y 526 del Código Federal de Procedimientos Penales a fin de alcanzar una terminología uniforme con la nueva redacción del artículo 193 del Código Penal Federal.

Por todo lo expuesto, proponemos el siguiente

Decreto

Primero. Se reforman los artículos 236, 237 y 245 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 236. Para el comercio...

A fin de cumplir con funciones de fiscalización a que se refiere el artículo 28 de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y demás obligaciones internacionales aplicables, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, contará con las siguientes facultades:

Artículo 237. Queda prohibido... opio preparado para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, papaver somniferum o adormidera...

(...)

Queda prohibido en el territorio nacional todo acto de los mencionados en el artículo 235 de esta Ley respecto de la cannabis sativa índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas para fines distintos a su uso médico o científico. Para la utilización de la cannabis y sus derivados con fines médicos se deberá de contar con las autorizaciones a que se refieren las fracciones I y II del artículo anterior o bien, para el caso del consumidor, con receta médica otorgada conforme a las normas aplicables. Se estará a lo dispuesto en los convenios internacionales en la materia en lo que se refiera a los usos médicos y científicos de la cannabis.

Artículo 245. En relación...

I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo...

Segundo. Se reforman los artículos 24, 67, 193, 197 y 198, así como el título del Capítulo V, todos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 24. Las penas y medidas de seguridad son

Y las demás que fijen las leyes.

Capítulo V Tratamiento de Inimputables y de Quienes Tienen la Necesidad de Consumir Narcóticos, en Internamiento o en Libertad

Artículo 67. (...)

(...) En caso (...) de consumir narcóticos, el juez ordenará también el tratamiento que proceda...''

Artículo 193. (Derogado)

Para los efectos de este capítulo, son punibles las conductas que se relacionan con los narcóticos, entendiéndose por estos los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias previstos en los artículos 237, 245, fracciones I, II y III y 248 de la Ley General de Salud.

El juzgador, al individualizar la pena o la medida de seguridad...

Artículo 197. (...)

(...)

Las mismas penas del párrafo anterior se impondrán al que induzca a otro para que consuma cualesquiera de los narcóticos señalados en el artículo 193, en contravención de las disposiciones aplicables.

Artículo 198. Al que dedicándose como actividad principal a las labores propias del campo, siembre, cultive o coseche plantas de amapola, hongos alucinógenos, peyote, por cuenta propia (...)

(...)

(...)

(...)

Al que siembre, cultive o coseche plantas de cannabis sin la licencia de la Secretaría de Salud a que se refiere el segundo párrafo, fracción II, del artículo 236 de la Ley General de Salud se le impondrán penas de hasta dos terceras partes de la prevista en el artículo 194 de este código, siempre y cuando la siembra, cultivo o cosecha se hagan con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en las fracciones I y II del artículo 194 referido. Si falta esta finalidad, la pena será de dos a ocho años de prisión. Al que incurra en las conductas descritas en este párrafo y tenga como actividad principal las labores propias del campo, se le impondrá una multa de entre veinte y treinta días o, en caso de reincidencia, una pena de tres meses a un año de prisión.

Tercero. Se reforman los artículos 524, 525 y 526 así como los títulos del Título Decimosegundo y de su Capítulo III del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Título Décimo Segundo Procedimiento Relativo a los Enfermos Mentales, a los Menores y a los que Tienen el Hábito o la Necesidad de Consumir Narcóticos

(...)

Capítulo III De los que Tienen el Hábito o la Necesidad de Consumir Narcóticos

Artículo 524. Si la averiguación se refiere a la adquisición y posesión de narcóticos, el Ministerio Público, de acuerdo con la autoridad sanitaria a que se refiere el artículo anterior, precisará acuciosamente si esa posesión tiene por finalidad exclusiva el uso personal que de ellos haga el indiciado. En este caso, y siempre que el dictamen hecho por la autoridad sanitaria indique que el inculpado tiene el hábito o la necesidad de consumir ese narcótico y la cantidad sea la necesaria para su propio consumo, no hará consignación a los tribunales; en caso contrario, ejercitará acción penal.

Artículo 525. Si se hubiere hecho la consignación y dentro de las setenta y dos horas que señala el artículo 19 constitucional, se formula o se rectifica el dictamen en el sentido de que el inculpado tiene hábito o necesidad de consumir ese narcótico y la cantidad sea la necesaria para su propio consumo, el Ministerio Público se desistirá de la acción penal sin necesidad de consulta al Procurador y pedirá al tribunal que el detenido sea puesto a disposición de la autoridad sanitaria federal para su tratamiento, por el tiempo necesario para su curación.

Artículo 526. Si el inculpado está habituado o tiene la necesidad de consumir narcóticos y además de adquirir, poseer o cultivar los necesarios para su consumo, comete cualquier delito contra la salud, se le consignará, sin perjuicio de que intervenga la autoridad sanitaria para su tratamiento, información o educación.

Notas: 1 Janet E. Joy, Stanley J. Watson, Jr., y John A Benson, Jr. Marijuana and medicine: assesing the science base, Division of Neuroscience and Behavioral Research, Institute of Medicine, Washington, DC, National Academy Press, 1999.2 Secretaría de Educación Pública. La historia de la navegación, colección Sepa..., año 1, número 41, SEP, 1982, página 6.3 Brau, Jean Louis. Historia de las drogas, Bruguera, Barcelona, 1972, página 12.4 Rudgley, Richard. Enciclopedia de las substancias psicoactivas, Paidós, Barcelona, 1999, página 92.5 Icaza, Francisco Asís de. Conquistadores y pobladores de Nueva España. Diccionario autobiográfico sacado de los textos originales, tomo II, Madrid, 1923. Inscripción número 781. En la Introducción de esta obra, el autor, Francisco de Icaza, menciona lo siguiente: ``Don Antonio de Mendoza [a la sazón virrey de la Nueva España] aplazó la ejecución de las Nuevas Leyes [promulgadas por Carlos V], y a ese aplazamiento, y a la promesa de nuevas mercedes o socorros, obedece en principio la formación de los registros de conquistadores, fuente principal de este libro. [Página XXVI.] (El virrey don Antonio de Mendoza gobernó de 1535 a 1550).6 Zavala, Silvio. El servicio personal de los indios en la Nueva España, tomo I. El Colegio de México-El Colegio Nacional, México, 1984, página 60.7 Torquemada, F. Juan de. Monarquía indiana, tomo III, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, México, página 307.8 García Icazbalceta, Joaquín. Don Fray Juan de Zumárraga, primer obispo y arzobispo de México, tomo I (edición de Rafael Aguayo Spencer y Antonio Castro Leal), Porrúa, México, 1947, páginas 318-319.9 Recopilación de leyes de los reynos de las Indias (Madrid, 1791), tomo II, Consejo de la Hispanidad, Madrid, 1943, página 67.10 Navarro de Anda, Ramiro (compilador). Instrucciones y memorias de los virreyes novohispanos, tomo II, Porrúa, México, 1996, páginas 423-424.11 Tenorio, Op. cit ., página 138. Véase el anexo ``Documentos expedidos durante la Colonia''.12 Florescano, Enrique; y Gil Sánchez, Isabel. ``Las reformas borbónicas y el crecimiento económico 1750-1808'', en Cosío Villegas, Daniel (coordinador). Historia general de México, tomo I, tercera edición, Colmex-Harla, México, 1981, página 518.13 Ibíd.14 Informe de Juan Francisco del Valle al virrey Bucareli, Atlixco, 30 de mayo de 1777. Cuaderno número 7 sobre lino y cáñamo. AGN, gpo. doc. Industria y Comercio, volumen 12, fojas 87-88.15 Alzate, José Antonio. ``Memoria sobre el uso que hacen los indios de los pipiltzintzintlis [1772]'', en Moreno, Roberto (compilador). José Antonio de Alzate. Memorias y ensayos, UNAM, México, 1985, página 56.16 Tenorio Tagle, Fernando. El control social de las drogas en México, Inacipe, México, 1991, página 148.17 Pérez Montfort, Ricardo. ``La yerba 'Juanita''', en Pérez Montfort, Ricardo. Hábitos, normas y escándalo. Prensa, criminalidad y drogas durante el porfiriato tardío, Plaza y Valdés, México, 1997, página 193.18 Gutiérrez Ramos, Axayácatl. La prohibición de las drogas en México. La construcción del discurso jurídico 1917-1931, tesis de maestría en historia contemporánea. Instituto Mora, México, 1984, hoja 23. 19 Gutiérrez Ramos. Op. cit., hoja 54.20 Ibíd., hoja 76.21 Robinson, Rowan. El gran libro del cannabis, Lasser Press, México, 1999, páginas 144-159.22 Escohotado, Antonio. Historia general de las drogas, Espasa, Madrid, 2002, página 976.23 Escohotado, Antonio. La cuestión del cáñamo, segunda edición, Anagrama, Barcelona, 1998, página 45.24 Ibíd.25 Iversen, Leslie L. Marihuana, conocimiento científico actual, Ariel, Barcelona, 2001, página 316.26 Escohotado... Historia general ..., página 976.27 Ibíd., páginas 983 y 1305.28 Grinspoon, Lester. Reconsideración de la marihuana, Extemporáneos, México, 1973, página 351.29 Williamson, EM; y Evans, FJ. Drugs, diciembre de 2000, 60(6), página-1314. Cannabinoids in clinical practice . Centre for Pharmacognosy, The School of Pharmacy, University of London, England.Cannabis. Ben Amar M. J Ethnopharmacol, abril de 2006, 05(1-2), páginas 1-25. Epub, 15 de marzo de 2006. Cannabinoids in medicine: A review of their therapeutic potential . Substance Abuse Program, Faculties of Continuing Education and Graduate Studies, University of Montreal, Montreal, Canadá. Croxford JL. CNS Drugs, 2003, 17(3), página-202. Therapeutic potential of cannabinoids in CNS disease. Department of Microbiology-Immunology, Northwestern University Medical School, Chicago, Estados Unidos de América.30 Bandow, Doug. Guerra contra las drogas: ya basta, Cato Institute, National Review, 19 de diciembre de 2003.31 Ibídem.32 Ibídem.33 Nadelmann, Ethan. An end to marihuana prohibition, National Review, 12 de julio de 2004.34 Bustos Ramírez, Juan J.; y Hormazábal Malarée, Hernán. Lecciones de derecho penal, parte general, Trotta, Madrid, 2006, página 68.

Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Justicia.

«6. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, y General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Gerardo Octavio Vargas Landeros , diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se permite someter a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Sin perjuicio del daño que hayan causado a la sociedad y sus integrantes, el Estado debe garantizar a los internos de las cárceles, reclusorios preventivos o centros de readaptación social su derecho a la vida, a la salud, integridad física y moral, a la libertad, condiciones físicas aceptables y seguridad jurídica; lo cual implica gozar dentro de los centros penitenciarios de asistencia médica, alimentación, instalaciones en óptimas condiciones, higiene, servicios psicológicos, sociales y jurídicos.

En el derecho internacional, las Reglas Mínimas sobre Tratamiento de Reclusos de la Organización de las Naciones Unidas de 1955, da lugar a la internacionalización de los criterios básicos sobre los que debe llevarse a cabo la reclusión en los centros penitenciarios, los cuales se han reforzado con otros instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José, la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, por mencionar algunos.

Aunque no todos estos instrumentos internacionales son vinculantes para México, muestran una clara tendencia hacia dónde se dirige el trato y las condiciones de reclusión en el ámbito internacional. Son instrumentos que sirven para medir el grado de reconocimiento y protección de los derechos de este grupo de personas.

En nuestro derecho interno, la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados pretende cumplir lo establecido en el artículo 18 constitucional, así como dar cumplimiento a los lineamientos internacionales en materia de prisiones.

A todos consta que la mayoría de los reclusorios del país se encuentra en condiciones más que deplorables, donde tanto reos preventivos, cuya responsabilidad no se acredita plenamente, como los sentenciados carecen de los elementos mínimos de dignidad humana o calidad de vida.

Uno de los factores que repercute de manera importante en la vida de los internos es la sobrepoblación de los centros penitenciarios, lo que inhibe la sana convivencia entre ellos, y hace que se vulnere el derecho a la intimidad o que se les provea de condiciones inhumanas de habitación.

Esta problemática del sistema nacional penitenciario, ocupa la atención de las autoridades federales y locales de la materia, pero no se aprecia que los datos ni las cifras arrojen alguna mejora.

Sin embargo, prevalecen afectaciones al derecho a la vida, por falta de atención médica oportuna; al derecho a la integridad personal, por la práctica de la tortura y por malos tratos físicos y psicológicos; y al derecho a la reeducación y reinserción social y familiar, por la ausencia o ineficacia de programas educativos y ocupacionales de calidad, y por falta de personal técnico y especializado en el área de educación y orientación.

En este lamentable escenario se circunscribe la presente iniciativa, la cual pretende abordar exclusivamente el aspecto presupuestario, pues en él debe basarse una nueva política de readaptación social, que además de humanitaria, debe implicar mayor colaboración entre la federación y los gobiernos de las entidades federativas en la determinación y aplicación del llamado ``socorro de ley'', el cual consiste en una aportación económica a los gobiernos estatales para cubrir los gastos de reos federales en centros de rehabilitación estatales.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a octubre de 2007 había una población penitenciaria de 217 mil 436; de los cuales 167 mil 579 se encuentran en entidades federativas y 49 mil 577 son internos recluidos en centros federales; 77.20 por ciento son del fuero común y 22.80 por ciento del fuero federal.

En el primer informe de labores de la actual administración, la Secretaría de Seguridad Pública reconoció que el constante crecimiento de la población penitenciaria es uno de los principales problemas que enfrentan las autoridades de los centros de reclusión, ya que implica mayores compromisos en infraestructura, vigilancia y salubridad.

Existen actualmente en el país 447 centros de readaptación social; de los cuales 441 están bajo la responsabilidad de las entidades federativas y el Distrito Federal, y únicamente 6 se encuentran a cargo del gobierno federal. De lo que podemos resaltar que la mayor carga en materia de readaptación social, la tienen las entidades federativas, lo que representa una responsabilidad para los gobiernos de los estados de lograr una verdadera readaptación de los internos.

El gobierno federal asigna en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal una cuota, dentro del Ramo 36, ``Seguridad Pública'', para el rubro de aportaciones federales por concepto de ``socorro de ley''. Se trata de una cooperación enmarcada en el párrafo segundo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual los gobiernos de la federación y los estados organizarán el sistema penal en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios de readaptación social del delincuente.

En ese contexto jurídico, el presupuesto para el denominado ``socorro de ley'' se incrementó, de 18 pesos por interno en el 2005, a 40 pesos en el 2007, lo que representó un incremento de 412 millones a 713 millones, en dos años; esto obedeció a los intensos trabajos y a la persistencia de los gobiernos estatales, así como a la activa participación en materia de seguridad pública de la Confederación Nacional de Gobernadores. Desgraciadamente, este aumento no ha sido suficiente para que las entidades cumplan mejor con su labor penitenciaria ni para que los internos dispongan de un mejor nivel de vida.

Estudios realizados indican que la manutención de un interno tiene un costo de entre 80 y 160 pesos diarios, de los cuales el gobierno federal sólo asume el costo total de menos del 5 por ciento de los presos federales, lo que ha sido un constante reproche de los mandatarios estatales debido a que sus gobiernos tienen que cubrir la diferencia con cargo a sus propias finanzas.

Cabe señalar que el monto destinado al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP) en los últimos tres años se ha mantenido en la cantidad de 5 millones de pesos, monto inferior a las cantidades asignadas en el ejercicio fiscal de 2001.

Es importante mencionar que las entidades federativas destinan este fondo exclusivamente a la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones penitenciarias, sin contemplar su manutención, la cual debe comprender: vigilancia, alimentación, servicios médicos, psicológicos, sociales, jurídicos, laborales, entre otros.

Expertos en la materia critican la postura que han asumido las autoridades federales al pagar a los estados un ``socorro de ley'' de 40 pesos por cada preso de su competencia para su alimentación, sin hacerse cargo del resto de los gastos. Los servicios de salud, atención psicológica, estudios técnicos, deportes, recreación, educación o trabajo que engloban la readaptación de un delincuente corren a cuenta de la prisión que lo alberga.

Se trata pues de un grave problema que el criminólogo José Luis Musi describe bien al decir que la federación tiene a presos en instalaciones locales y a los gobiernos estatales no les paga el costo de prevención, sólo da el socorro que sirve para ``medio alimentarlos''.

En el primer Foro nacional de consulta en materia de seguridad y justicia de la Confederación Nacional de Gobernadores, se destacaron los siguientes aspectos en materia de sistemas penitenciarios: 1) promover la creación de centros penitenciarios federales; 2) aumento al ``socorro de ley'', destinando mayores recursos para mejorar la alimentación de los internos, así como la atención médica, medicinal, psicológica, social y jurídica; 3) aprobar un nuevo eje rector, en el pleno del consejo nacional de seguridad pública, para organizar el trabajo penitenciario; y 4) abrir la posibilidad a los estados de destinar recursos del FASP a fin de apoyar la operación de los centros de readaptación social y la creación de programas de reinserción social.

Con los antecedentes expuestos, esta iniciativa pretende que la ley refuerce --desde el punto de vista financiero-- los sistemas de readaptación social estatales y se amplíen anualmente las aportaciones federales para la operación de los centros penitenciarios.

Para tal efecto, se propone adicionar el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, para que --sin perjuicio de otras partidas presupuestarias-- el FASP comprenderá asimismo el apoyo para el ``socorro de ley'' de los internos del fuero federal, el cual incluye los gastos correspondientes a la vigilancia, manutención y alimentación, así como los servicios médicos, psicológicos, sociales, jurídicos y laborales. Dicho importe deberá incrementarse anualmente en una cifra no menor al índice nacional de precios al consumidor.

En el mismo tenor, se adiciona un artículo 3 Bis a la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados vigente desde 1971, con el fin de prever que en los convenios a que se refiere la misma ley se establecerán los importes del ``socorro de ley'' de los internos del fuero federal, mismo que comprenderá los gastos en que incurran las entidades federativas en materia de:

En concordancia con lo previsto para la Ley de Coordinación Fiscal, se propone que el monto por estos conceptos deberá indexarse anualmente en un importe que nunca será menor al índice nacional de precios al consumidor.

La Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, demuestra un gran avance al fijar los principios con los cuales se conformará la seguridad pública; además, sienta un precedente de la política criminal que regirá a nivel nacional, enfocada a la prevención y combate frontal al delito y la profesionalización de los elementos responsables de la seguridad bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

Debido a ello, se adiciona una fracción IV Bis al artículo 10 de este ordenamiento, para que se disponga expresamente que la coordinación comprenderá los acuerdos y convenios de financiamiento de las actividades que realicen las entidades federativas en auxilio de las autoridades federales de seguridad pública y procuración de justicia, así como las relativas al sostenimiento de los internos del fuero federal:

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona el articulo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal; adiciona el artículo 3 Bis a la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados; y adiciona una fracción IV Bis al articulo 10 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Articulo Primero. Se adiciona el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 45. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de...

Sin perjuicio de otras partidas presupuestarias, el Fondo comprenderá asimismo el apoyo para el socorro de ley de los internos del fuero federal, el cual incluye los gastos correspondientes a la vigilancia, manutención y alimentación, así como los servicios médicos, psicológicos, sociales, jurídicos y laborales. Dicho importe deberá incrementarse anualmente en una cifra no menor al índice nacional de precios al consumidor.

...

...

...

...

Artículo Segundo. Se adiciona un artículo 3 Bis a la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, para quedar como sigue:

Artículo 3 Bis. En los convenios a que se refiere la presente ley, se establecerán los importes del socorro ley de los internos del fuero federal, mismo que comprenderá los gastos en que incurran las entidades federativas en materia de

El monto por estos conceptos deberá indexarse anualmente en un importe que nunca será menor al índice nacional de precios al consumidor.

Artículo Tercero. Se adiciona una fracción IV Bis al artículo 10 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 10. La coordinación comprenderá las materias siguientes:

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. De acuerdo con los procedimientos previstos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para el ejercicio fiscal del año 2008 el monto que servirá de base en el establecimiento del importe de socorro de ley por interno en las cárceles, reclusorios, penitenciarias o centros de readaptación social, ya sea procesados o sentenciados, será de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) por interno.

Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Pública.

«7. Que reforma las fracciones II del artículo 184 de la Ley de Amparo, y XXXV del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a cargo del diputado Carlos Chaurand Arzate, del Grupo Parlamentario del PRI

Carlos Chaurand Arzate , diputado federal a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, me permito respetuosamente proponer a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 184 de la Ley de Amparo y la fracción XXXV del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de acceso a la información pública y transparencia judicial, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La parte nuclear de nuestra democracia, son tanto nuestras instituciones, y la percepción que la ciudadanía tenga de que puede contar con ellas.

El derecho al acceso a la información pública es uno de los medios, quizá el más rápido, del que puede disponer la ciudadanía para alcanzar esa percepción.

Por ello, se dice que sin información y transparencia pública no puede haber democracia y que, entre más amplio y más rápido sea el espectro de ese derecho, mayor será la percepción democrática en la sociedad. A la inversa, entre más lenta y reducida sea la capacidad de acceso a la cosa pública, más alejamiento y desinterés tendrá el ciudadano.

Es incuestionable que el Congreso de la Unión tuvo un papel protagónico en la propuesta, discusión y aprobación de las grandes reformas en materia de acceso a la información pública y transparencia: Primero aprobando la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; después apenas en julio del año pasado la reforma al artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, para elevar a rango constitucional diversas reglas y principios que enriquecieron el ejercicio de la garantía en tal precepto contenida.

La iniciativa que presento a la consideración de ustedes diputadas y diputados, es en congruencia con la ruta de esa apertura , plantea ampliar la garantía de acceso a la información pública en una de las ramas de la actividad del Estado de la que la ciudadanía está, quizás, mas alejada: el sistema de impartición de justicia, que por su tecnicismo y las condiciones en las que hasta hace poco se desenvolvía, no es suficientemente conocida y entendida, no obstante, la importancia que este servicio tiene para la convivencia ordenada, pacífica y justa a la que todos aspiramos.

Como todos los obligados en materia de transparencia y acceso a la información pública, el Poder Judicial de la Federación con oportunidad dio cumplimiento a los preceptos correspondientes: Mediante el acuerdo conjunto del Pleno de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Federal Electoral y del Consejo de la Judicatura Federal, con el que reglamentó y puso en vigor, en el ámbito de su competencia, las disposiciones de la Ley Reglamentaria del artículo 60 constitucional; implementó el Canal Judicial, dando una amplia difusión a las actividades de ese alto Tribunal y de otros órganos de impartición de justicia, en los que se pueden apreciar las discusiones en el pleno de los asuntos de mayor trascendencia para la vida del país, lo que ha permitido ampliar los horizontes de la cultura jurídica y del cumplimiento de la ley. Por otra parte, ha intensificado la difusión de su jurisprudencia, haciendo más accesible su estudio y utilización, por los bajos costos y sistematicidad con la que se publica.

El Poder Judicial de la Federación, según se ve, no ha estado cerrado al escrutinio público ni permanece ajeno a la inercia nacional e internacional que acompaña al movimiento de la información y transparencia públicas, pero se debe ir más allá para logra a cabalidad la garantía en el ejercicio de una precepto constitucional. Las únicas sesiones que pueden difundirse, son las de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los artículos 6º, 16 y 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, prescriben que por regla general las sesiones de la Suprema Corte y Tribunal Electoral serán públicas. Pero nada dice respecto a otros órganos jurisdiccionales no menos importantes, como son los tribunales colegiados de Circuito y lo que es más, la Ley de Amparo establece expresamente que la resolución de los asuntos se hará ``sin discusión pública''. Los tribunales colegiados de Circuito, constituyen la constancia donde se resuelven, en su mayoría los juicios de amparo.

Salvo esos preceptos cuya reforma se propone, no hay justificación alguna para que, tratándose de resoluciones definitivas dictadas por tribunales colegiados de circuito, las sesiones en que se discutan los asuntos puedan igualmente ponerse al escrutinio de la sociedad. Esta propuesta es perfectamente acorde con el principio de máxima publicidad, incorporado a la enmienda constitucional de julio pasado.

Es importante subrayar que no se trata sólo de permitir la ampliación del espectro de difusión el Estado, sino que en la propuesta, subyace otro valor igualmente profundo; el servidor público encargado de impartir justicia debe expandir su compromiso de excelencia con la sociedad a la cual le corresponde juzgar. De esta manera, al juzgador se le convertiría en juzgado, porque al hacer público su trabajo, también se haría público su desempeño, su honestidad como profesionista del derecho, su excelencia como impartidor de justicia y todos aquellos atributos que el artículo 100 Constitucional atribuye al funcionario judicial y que los mexicanos tenemos por supuesto derecho a verificar.

Para hacer posible la propuesta. Propongo también adicionar el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a efecto de facultar al Consejo de la Judicatura Federal para que sea el que regule, recopile, documente, seleccione y difunda, con apego a las normas constitucionales, legales y reglamentarias en la materia, la información de referencia que estime relevante, ya que el propio Consejo, es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los tribunales colegiados del Circuito.

En consecuencia, me permito proponer a este pleno el proyecto de decreto que reforma los artículos 187 de la Ley de Amparo y la fracción XXV del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Decreto

Articulo Primero. Se reforma la fracción II del artículo 184 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 184. ...

Articulo Segundo. Se reforma la fracción XXXV del artículo 81, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

Se turna a la Comisión de Justicia.

«8. Que expide la Ley de Amnistíapara Todos los Presos, Desaparecidos y Perseguidos por Motivos Políticos de Jurisdicción Federal o del Ámbito delDistrito Federal, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Frente Amplio Progresista integrado por los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, de Convergencia y del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 73, fracción XXII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa de Ley de Amnistía General para Todos los Presos, Desaparecidos y Perseguidos por Motivos Políticos de jurisdicción federal o del ámbito del Distrito Federal, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Cuando se habla de amnistía para presos políticos, en principio se reconoce la existencia de ciudadanos inconformes que se han manifestado a través de distintas formas de lucha en contra del gobierno establecido y que se encuentran presos, desaparecidos o son perseguidos por las fuerzas de seguridad gubernamentales.

Además, es evidente que la mayoría de los actuales prisioneros y procesados por motivos políticos, son integrantes de organizaciones sociales que luchan en forma pacífica por demandas legítimas y que han sido acusados, procesados y sentenciados a partir de conductas derivadas de actos de protesta. Otros presos y perseguidos pertenecen a organizaciones que han recurrido a la lucha armada por considerar canceladas las vías pacíficas para transformar al país. Y otros han sido acusados de pertenecer a organizaciones armadas, pero en realidad son parte de la población civil, en contra de la que se ejercen represalias por considerar el gobierno que son base social de los insurrectos.

Es inconcebible que en el extranjero diversos organismos no gubernamentales de derechos humanos señalen la existencia de presos políticos en México, en tanto que el gobierno se niega obstinadamente a reconocer esta realidad.

Si representantes del gobierno expresan públicamente que se está viviendo en un período de ``normalidad democrática'' en la vida política nacional, y aún existe inconformidad por los resultados de los procesos electorales y necesidad de reformar las leyes que rigen dichas contiendas, ello implica que se ha vivido décadas en circunstancias anormales o antidemocráticas; lo cual, aunado a los graves problemas económicos, sociales y políticos, ha generado inconformidad ciudadana, que se expresa de diferentes maneras. Por ello, la amnistía general a los prisioneros, desaparecidos y perseguidos por motivos políticos es un imperativo ético; es saldar una deuda con quienes han tenido el valor de protestar contra el anormal e injusto orden de cosas que ha existido en el país. Es un punto de partida para continuar la transformación del país hacia un régimen donde impere un verdadero estado de derecho.

Existen antecedentes históricos de la aplicación de decretos de amnistía en el país, desde la lucha por la Independencia encontramos esta figura jurídica, cuando el 15 de octubre de 1810 las Cortes españolas decretaron una amnistía para los insurgentes americanos, condicionada a cesar su actividad. Posteriormente, el primero de enero de 1831 se instaló el IV Congreso Constitucional y Anastasio Bustamante, entonces presidente de la república, decretó una amnistía para los rebeldes que lo combatían, entre los que se encontraban los generales Vicente Guerrero y Juan Álvarez.

Uno de los episodios más recientes se registró en septiembre de 1978, cuando por iniciativa de diversas organizaciones sociales agrupadas en el Frente Nacional contra la Represión --de ese entonces-- y por el Comité Eureka, lograron que el Congreso de la Unión aprobara una Ley de Amnistía, que se aplicó en distintas etapas en el curso de ese año y de 1979.

Un asunto básico de la agenda política nacional, el cuál no puede ser soslayado por la LX Legislatura, es el análisis de las causas que han conducido a miles de mexicanos a manifestarse en forma pacífica en contra de las condiciones económicas, sociales y políticas que se viven en México e incluso en algunos casos, a sublevarse en contra del gobierno establecido. El Poder Legislativo debe asumir la responsabilidad de que los mecanismos constitucionales para transformar la realidad nacional operen, pues sólo así se logrará que en un futuro ningún mexicano tenga que rebelarse para acceder a demandas legítimas.

Aun cuando se haya avanzado en reconocer el delito de desaparición forzada de personas, como un caso específico, el hecho es que aún sigue sin resolverse la situación de cientos de personas desaparecidas durante la ``guerra sucia'' de los años 70 y de épocas más recientes. La pretensión anunciada en el sexenio anterior de resolver los ``crímenes del pasado'' no se cumplió y como ocurre cada vez que se hace evidente la impunidad de esos crímenes, estos tienden a repetirse. De esta manera es que hemos visto cómo es que en los últimos dos o tres años se vuelve a la inhumana práctica de la desaparición forzada de personas.

Se requiere poner un alto a esta dinámica. El Frente Nacional contra la Represión se ha constituido precisamente para exigir la libertad de los presos políticos y la presentación de los desaparecidos políticos, además de otras causas de los derechos humanos. La situación de los presos políticos que enfrentan sus casos en forma individual o con el apoyo de sus familiares, compañeros o sus organizaciones es desigual y frecuentemente con procesos en que están sujetos a la presión de autoridades señaladas como responsables de la represión. Algunos de ellos han recorrido prácticamente todas las instancias legales en su defensa. La única salida posible para la resolución de este conflicto en forma general son también medidas de carácter general y resultado de una decisión política.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos ante la Cámara de Diputados, LX Legislatura, la siguiente iniciativa proyecto de

Decreto por el que se expide la siguiente :

Ley de Amnistía

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1o. La presente ley es de orden público, de interés general, de observancia en todo el territorio nacional y tiene por objeto:

Artículo 2o. Para instrumentar el cumplimiento pleno e irrestricto de los objetivos señalados en el artículo anterior, se establece una Comisión Especial Permanente, la cual se integrará de la siguiente manera:

Artículo 3o. La Comisión Especial Permanente tendrá las facultades que esta ley establece y para poder realizar sus funciones se requerirá únicamente la presencia de la mitad más uno de los integrantes del Frente Nacional contra la Represión.

Artículo 4o. No podrán participar en la Comisión Especial Permanente personas involucradas en la detención o desaparición forzada de personas; en caso contrario, cualquier miembro podrá objetar la pertenencia de dicha persona a la propia comisión.

El cargo de comisionado especial será honorario. Los gastos de funcionamiento de la Comisión serán cubiertos íntegramente por el gobierno federal.

Capítulo II De la Amnistía

Artículo 5o. La amnistía extingue las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos que comprende, incluyendo la responsabilidad civil derivada de la comisión de los mismos así como las consecuencias administrativas derivadas de la pena.

En cumplimiento de esta ley, las autoridades judiciales y administrativas competentes, cancelarán y dejarán de ejecutar, según corresponda, las órdenes de aprehensión, de presentación, autos de formal prisión, autos de sujeción a proceso, sentencias condenatorias que se estén compurgando, antecedentes penales y pondrán en libertad a los indiciados, procesados o sentenciados que señala la fracción I del artículo 1o. de esta ley.

Artículo 6o. La aplicación de la presente ley es de oficio para las autoridades judiciales y administrativas, correspondiendo a la Procuraduría General de la República o Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, según corresponda, únicamente realizar la declaración de extinción de la acción penal respectiva.

La Comisión Especial Permanente deberá realizar los trámites necesarios ante las autoridades judiciales y administrativas correspondientes para que los beneficiarios de esta ley puedan obtener su libertad o acogerse a los beneficios que otorga la misma.

Artículo 7o. Los medios de impugnación ordinarios interpuestos por los beneficiarios de esta ley o por sus abogados serán sobreseídos en virtud de la misma; el mismo efecto se producirá respecto a los juicios de amparo que se encuentren en trámite.

Los beneficios de esta ley se extienden a reos sentenciados por delitos derivados de su participación en movilizaciones políticas, reivindicaciones sociales o movimientos armados en los términos que señala esta ley, aun cuando dicha resoluciones hayan causado ejecutoria.

Artículo 8o. La Comisión Especial Permanente podrá impulsar, junto con cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión y la Secretaría de Gobernación, indistintamente, la expedición de las correspondientes leyes de amnistía a los gobiernos de los estados de la república en donde existan indiciados, procesados o sentenciados, o acción persecutoria, por la comisión de delitos previstos en sus respectivas legislaciones derivados de su participación en movilizaciones políticas, reivindicaciones sociales o movimientos armados en los términos de esta ley.

Capítulo III De la Presentación de Desaparecidos Políticos

Artículo 9o. Para los efectos de esta ley se entiende por desaparecidos políticos al sujeto pasivo del delito de desaparición forzada previsto en el capítulo III Bis, Titulo Décimo del Código Penal Federal.

Artículo 10. El gobierno federal ordenará, en el ámbito de competencia de las dependencias respectivas, al Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, las policías y demás corporaciones de seguridad que existan en el país, así como a los elementos a sus órdenes, la inmediata libertad de los desaparecidos que se encuentren en su poder en campos militares, cárceles clandestinas, bases navales o cualquier otro centro de detención.

Artículo 11. La Comisión Especial Permanente es el órgano encargado de instrumentar la presentación de desaparecidos políticos, para lo cual cuenta con las siguientes facultades:

Todas las autoridades del país están obligadas a permitir a los integrantes de la Comisión Especial Permanente el acceso sin restricciones a los lugares de detención que señala la fracción II de este artículo.

Artículo 12. Serán copartícipes del delito de desaparición forzada de personas aquellos que teniendo o habiendo tenido conocimiento de la existencia de cárceles clandestinas, centro de tortura u otros sitios en los que se retenga a los beneficiarios de esta ley, no lo comuniquen a la Comisión Especial Permanente.

Artículo 13. Se sancionará en los términos del artículo anterior a aquéllos funcionarios y autoridades que proporcionen o hayan proporcionado información falsa o incompleta o se nieguen a proporcionarla que obstaculicen la presentación de desaparecidos políticos.

Artículo 14. Las autoridades del país, federales, locales y municipales con mando de fuerza pública, están obligadas a proporcionar de inmediato a la Comisión Especial Permanente el auxilio eficaz y eficiente de la fuerza a su mando, para asegurar que puedan obtener el libre acceso a los lugares donde hayan de practicar sus investigaciones.

Artículo 15. Mientras cualquier persona tenga el carácter de comisionado especial, no podrá ser detenido por ninguna autoridad, ni por ningún motivo. Si alguno fuere detenido durante el desempeño de sus funciones o con motivo de ellas, el Ejecutivo federal dispondrá su inmediata libertad y, para lograrla, deberá hacer uso de todos los medios de apremio establecidos en las leyes federales.

Artículo 16. Las autoridades del país con mando de fuerza apoyaran al Ejecutivo federal para lograr la absoluta libertad del comisionado detenido.

Capítulo IV De las Garantías de los Beneficiarios de esta Ley

Artículo 17. Si durante el curso de las investigaciones fueran encontradas personas que deben ser beneficiadas por esta ley, y las autoridades que hayan ordenado o estén ejecutando su detención se negaren a ponerlas en libertad, los comisionados especiales podrán ponerlas discrecionalmente en absoluta libertad, para lo cual las autoridades respectivas deberán de proporcionarle toda clase de auxilio. Podrán inclusive retirar a los detenidos de su lugar de confinamiento, llevándolos en el acto consigo.

Artículo 18. La Comisión Especial Permanente verificará que cada uno de los beneficiarios de esta Ley, pueda contar con un documento que compruebe el otorgamiento de la amnistía.

Artículo 19. Las personas a quienes aproveche la presente ley, no podrán ser en el futuro detenidas, procesadas, ni objeto de inquisición judicial o administrativa por los mismos hechos.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor el día de su publicación el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Comisión Especial Permanente se constituirá e instalará a más tardar 5 días después de la entrada vigor de la presente ley y sesionará en el Salón Verde de la Cámara de Diputados.

Se turna a la Comisión de Gobernación.

«9. Que reforma diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de Nacionalidad, y General de Población, a cargo de la diputada Aurora Cervantes Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Aurora Cervantes Rodríguez , diputada federal a la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones en materia de matrícula consular, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Con fecha 12 de enero de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto correspondiente de adiciones a la Ley de Nacionalidad, para establecer como documento probatorio de nacionalidad mexicana, entre otros, a la matrícula consular.

La matrícula consular mexicana es un documento oficial emitido por el gobierno de México para registrar a sus ciudadanos en el exterior, se trata, además, de una inscripción oficial de los mexicanos que residen en el exterior en el registro consular correspondiente. A nivel internacional, la emisión de estos documentos se reconoce en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Para el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, la matrícula consular se utiliza como documento de identificación de los mexicanos en otros países, ante oficinas de gobiernos estatales y departamentos de policía; para abrir cuentas bancarias e inscribirse en bibliotecas públicas; y en algunos estados, para tramitar la licencia de manejo. La utilización de la matrícula consular desencadena una serie de transacciones financieras positivas y permite el acceso a un sinnúmero de trámites de la vida diaria.

Se trata de un documento de identificación, puesto que en ningún caso la matrícula consular constituye una forma de ``regularización del estatus migratorio'' o un documento que pueda impedir la aplicación de las leyes migratorias.

Los beneficios que resultan de la utilización de la matrícula consular pueden resumirse en los siguientes puntos:

Sin embargo, al darle reconocimiento como un documento probatorio de nacionalidad, el legislador ordinario omitió su definición y en sus alcances en los ordenamientos correspondientes, lo que ha provocado que en nuestro país no se hayan implantado los mecanismos para que las autoridades tanto federales como locales obliguen su aceptación como forma válida de identificación, sobre todo para quienes, al regresar a su país después de años de vivir fuera de él, no cuentan con una forma de identificación para cambiar un cheque, recibir dinero vía electrónica o para otras actividades.

Por tanto, la iniciativa que ponemos a su consideración propone en este sentido reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública con la finalidad de establecer que a la Secretaría de Relaciones Exteriores le corresponda matricular a los mexicanos, en el registro correspondiente por la oficina consular que corresponda a su domicilio, independientemente de su condición migratoria y en el país que se localice.

Asimismo, proponemos adicionar dos fracciones al actual artículo 2o. de la Ley de Nacionalidad para definir a la matrícula consular como la inscripción oficial de los mexicanos que residen en el exterior, en el registro consular que obra en las oficinas consulares, y al certificado de matrícula consular como la inscripción oficial de los mexicanos que residen en el exterior, en el registro consular que obra en las oficinas consulares.

Por último, proponemos reformas a la Ley General de Población con relación a Registro Nacional de Ciudadanos, cédula de identidad ciudadana y matrícula consular, para efectos de establecer a este documento como medio de identificación personal ante todas las autoridades mexicanas, ya sea en el país o en el extranjero, y las personas físicas y morales con domicilio en el país.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones en materia de matrícula consular

Artículo Primero. Se reforma y adiciona una fracción XII, y se recorre la actual para pasar a ser la fracción XIII del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 28. A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

Artículo Segundo. Se adicionan las fracciones V y VI del artículo 2o. de la Ley de Nacionalidad, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

Artículo Tercero. Se reforman los artículos 96, 97, 105 y 106, así como la denominación del capítulo VII de la Ley General de Población, para quedar como sigue:

Artículo 96. La Secretaría de Relaciones Exteriores informará a la de Gobernación sobre la expedición y cancelación de cartas de naturalización, certificados de nacionalidad, matrículas consulares y renuncias a la nacionalidad que reciba. De igual manera, proporcionará la información necesaria para que los mexicanos residentes en el extranjero, queden incorporados al Registro Nacional de Población, en los términos establecidos por el reglamento.

Capítulo VII Registro Nacional de Ciudadanos, cédula de identidad ciudadana y matrícula consular

Artículo 97. El Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición de la cédula de identidad ciudadana son servicios de interés público que presta el Estado, a través de la Secretaría de Gobernación. La expedición de la matrícula consular corre a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores en los términos de la ley correspondiente.

Artículo 105. La cédula de identidad ciudadana y la matrícula consular tendrán valor como medio de identificación personal ante todas las autoridades mexicanas, ya sea en el país o en el extranjero, y las personas físicas y morales con domicilio en el país.

Artículo 106. Ninguna persona podrá ser sancionada por la no portación de la cédula de identificación ciudadana o matrícula consular .

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario oficial de la Federación.

Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación; de Relaciones Exteriores; y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

«10. Que reforma los artículos 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 56 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del PRD

Fernando Enrique Mayans Canabal , diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a la consideración de la Cámara de Diputados, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 56 de la Ley General de Salud, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las principales características de todo régimen que se pregona democrático, es la vigencia del estado de derecho, que presupone el mantenimiento de la paz pública y la preservación del orden social, así como el pleno ejercicio, respeto y salvaguarda de los derechos más elementales.

Bajo esa premisa, deben inspirarse los cambios y modificaciones del orden constitucional y legal a efecto de hacer más eficiente la acción pública en ese propósito.

Precisamente, uno de los ámbitos en los que hay que reparar para dar vigencia plena al estado de derecho, es el de la justicia y la seguridad pública, en el que se requiere emprender reformas sustanciales.

Siendo la readaptación social uno de los aspectos y fases que sostiene como último eslabón el sistema de justicia, es menester la actualización de las normas que regulan el sistema carcelario para asegurar que quienes hayan infringido la ley en el ámbito penal, y hayan sido privados de su libertad, puedan reincorporarse a la sociedad.

La privación de libertad como sanción penal fue conocida en el derecho penal antiguo hasta el siglo XVIII, la reacción penal estaba destinada fundamentalmente a las penas capitales, corporales e infamantes; en razón de que el encierro de los delincuentes que existió desde tiempos inmemoriales, no tenía carácter de pena, sencillamente su fin era retener a los culpables de un delito en un determinado lugar, mantenerlos seguros hasta que fueran juzgados para proceder a la ejecución de las penas citadas.

En la Edad Antigua, las características de las prisiones tenían un punto en común, se les entendían como un lugar de custodia y tormento; en la Edad Media, surgen dos clases de encierro: las prisiones de Estado y la prisión eclesiástica.

En el siglo XIX, surge la época del humanitarismo con John Howard y César Beccaria, misma que centraba su atención hacia el hombre con base en la Declaración de los Derechos del Hombre, por lo que inicia el pensamiento del correccionalismo, cuya premisa es que existe una relación Estado-Delincuente, y que se hace necesario reparar el daño causado por el delito reformando a quien lo produce.

Antes del siglo XVIII no existía derecho de los procesados o sentenciados a la readaptación, las penas del pasado eran siempre personales, hacían caso omiso de la entidad del ser humano y sólo proponían su destrucción o mutilación, sin concebir que el derecho del individuo a la readaptación, implica la individualidad biológica, psíquica y cultural del sujeto.

Bajo esta premisa, podemos afirmar que siendo la readaptación social un derecho fundamental de todo gobernado que ha quebrantado la ley penal, se prevé en el artículo 18 de nuestra ley fundamental, entre otros aspectos que: ``Los gobiernos de la federación y de los estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente.''

Instrumentos jurídicos fundamentales en el ámbito internacional, como lo son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o ``Pacto de San José de Costa Rica'', del 22 de diciembre de 1969, establecen categóricamente respecto a la readaptación social, que: ``el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados'', y que ``las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados''.

Existen también otros instrumentos internacionales que, si bien no constituyen un imperativo jurídico, son reconocidos como fundamento de principios de justicia penitenciaria, así como del respeto a los derechos humanos de los reclusos, y que de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas constituyen una fuente de derecho para los Estados miembros, entre los cuales se encuentra nuestro país.

Tal es el caso de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977; que en su artículo 58, señala que el fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad son, en definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen, y que sólo se alcanzará este fin si se aprovecha el periodo de privación de libertad para lograr, en lo posible, que el delincuente, una vez liberado, no solamente quiera respetar la ley y proveer sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo.

Debemos reconocer, que la realidad que impera en el sistema penitenciario mexicano obstaculiza la consecución de esos fines, ya que no se cumple con el mandato constitucional de readaptación social, ni con el sentido humanista que desde hace décadas se ha pretendido aplicar en los centros de reclusión.

Como muestra de lo anterior, de acuerdo al análisis de los datos recabados por los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, durante las visitas de supervisión realizadas en el período comprendido entre los años 2000 y 2005, se observó que en la mayoría de los centros de reclusión del orden federal y de las entidades federativas, predominan como principales problemas, además de la sobrepoblación y el hacinamiento:

Los estados en los que se verificó que uno o varios establecimientos presentan alguna de las irregularidades mencionadas son: Baja California Sur, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Es importante señalar, que se considera que no existe una política nacional en la materia, ya que tanto la legislación federal como la de los estados, le dan tratamiento diferente a una sola problemática, que son los beneficios de libertad; en consecuencia, los sentenciados, tanto del fuero federal como del fuero común, acuden de manera constante a las comisiones de derechos humanos para solicitar su intervención respecto de las irregularidades en el otorgamiento de dichos beneficios.

En primer lugar, la falta de médicos generales, odontólogos y enfermeros, trae como consecuencia que las enfermedades de los internos, incluso las más comunes, no sean atendidas de manera oportuna, aunado ello a que generalmente no se cuenta con medicamentos suficientes para tal efecto; asimismo, dichas carencias provocan que las actividades de promoción para la salud que se realizan, se reduzcan a pláticas esporádicas y que prácticamente no existan programas de prevención de padecimientos infectocontagiosos y de detección oportuna de enfermedades crónico degenerativas y bucodentales.

En ese sentido, es necesario precisar que las prisiones no son lugares aislados y que constantemente entran y salen de ellas personas que ahí laboran o que las visitan, además de los internos de nuevo ingreso o quienes ya han cumplido con una pena privativa de la libertad, por lo que existe un vínculo permanente entre la sociedad y la población reclusa, que hace posible la propagación de enfermedades tanto en el interior, como hacia el exterior de los establecimientos.

Tales deficiencias son contrarias a los artículos 11 y 21, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, los cuales establecen, respectivamente, que en todos los reclusorios y centros de readaptación social debe existir un servicio de atención médico-quirúrgico, que permita resolver los problemas que se presentan; así como la obligación que tienen los establecimientos que prestan servicios de atención médica, de contar con personal suficiente e idóneo.

En el caso de las mujeres, es necesario hacer una mención especial, toda vez que generalmente no cuentan con los servicios de un médico gineco-obstetra quien les proporcione la atención especializada que requieren las enfermedades propias de su sexo, así como, de ser el caso, del embarazo, el parto y el puerperio, tal como lo establece el artículo 100, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica. Asimismo, los problemas de salud también afectan a los hijos de estas mujeres, ya que son excepcionales las prisiones que ofrecen atención médica, preventiva y curativa a los niños que viven con sus madres en prisión.

En consecuencia, tal como lo ha expresado el ombusdman mexicano, las irregularidades anteriormente descritas, relacionadas con las deficiencias en la prestación del servicio médico a las personas que se encuentran en los centros de reclusión de nuestro país, violan en su agravio el derecho humano a la protección de la salud previsto en el párrafo tercero del artículo 4o. constitucional; así como en los artículos 12, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y 10, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ``Protocolo de San Salvador'', en los cuales los Estados parte reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y se comprometen a adoptar las medidas necesarias para asegurar la plena efectividad de este derecho.

Coincidiendo con algunos especialistas sobre el tema, como lo es el doctor Miguel Sarre, el concepto de readaptación social debe concebirse como una garantía constitucional que forma parte de un sistema de normas y no sólo de un conjunto de normas. Su contenido normativo debe entenderse en armonía con los derechos de igualdad (art. 1), tolerancia (art. 3), legalidad y seguridad jurídica (arts. 14 y 16), entre otros. La readaptación no debe entenderse como una corrección moral coactiva basada en torturas. Tampoco puede aceptarse que para readaptar al sentenciado se puedan contravenir otras garantías, como las antes mencionadas.

Lo anterior propicia que el marco jurídico sobre el que descansa la regulación del sistema penitenciario se ajuste y armonice para revertir la compleja realidad que vive hoy en día tal sistema, a efecto de hacer efectivo el disfrute y ejercicio de derechos fundamentales, como el de la seguridad pública y justicia.

Considerando, que

En México, la readaptación social de las personas que delinquen, debe entenderse como un derecho humano que establece el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como garantía de seguridad jurídica, la cual tiene como medios para su consecución, el trabajo, la capacitación para el mismo y la educación.

En materia de derechos humanos, el sistema penitenciario mexicano ha mostrado rezagos importantes, a partir de la reforma a dicho artículo constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero de 1965, en la cual se establece que el sistema penal se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente.

La readaptación se inscribe como uno de los fines esenciales de la pena de prisión y se establece como un derecho fundamental de los reclusos para su futura reinserción social, pero también tiene como objetivo natural la seguridad pública de la sociedad.

El proceso de readaptación social tiene como objetivo central el de ajustar la conducta del delincuente a la norma social prevaleciente, es decir, que el infractor de la norma penal vuelva a observar el comportamiento que siguen los integrantes de la sociedad a la que pertenece.

Para alcanzar en buena medida estos propósitos, es necesario adecuar la norma constitucional para incluir principios básicos que deben orientar a todo sistema cuya misión sea el de la reinserción social.

Por lo anterior expuesto, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 56 de la ley general de Salud

Artículo Primero. Se reforma el artículo 18, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de la libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas:

El Estado establecerá un sistema penitenciario que asegure la plena reinserción del sentenciado a la sociedad. Los principios que orientan y caracterizan al sistema, son:

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 56 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 56. ...

En el caso de los establecimientos penitenciarios, deberá existir un servicio de atención médico-quirúrgico, que permita a los internos la atención y resolución de sus problemas de salud que presentan al interior de los mismos.

Para tal efecto, se deberá contarse, de acuerdo a las Normas Técnicas correspondientes, con personal suficiente e idóneo. En caso de que un interno deba ser transferido a una unidad médica con mayor poder de resolución, la custodia quedará a cargo de la autoridad competente.''

En los centros de reclusión para mujeres, se deberá contar con las instalaciones necesarias para la atención del embarazo, parto y puerperio, así como de recién nacidos y establecer las medidas de protección tanto para la madre como para su hijo, de acuerdo con las normas técnicas que al efecto se emitan.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Salud.

«11. Que reforma y adiciona el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Enrique Rodríguez Uresti, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III y adiciona la fracción III Bis del artículo 24 de la Ley de Federal de Protección al Consumidor, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La realidad que vivimos los mexicanos no es nada fácil, es muy compleja, y quiero referirme a los consumidores; y somos todos consumidores, quienes recibimos constantemente abusos y nos enteramos de las múltiples inconformidades de la sociedad porque proveedores de bienes y servicios no cumplen con las condiciones pactadas o bien por vicios ocultos de los productos que ofrecen ( Compañía de Luz y Fuerza del Centro, telefónicas móviles, centros comerciales, talleres mecánicos, inmobiliarias, líneas aéreas y una larga lista más de empresas ); asimismo, nos asombramos de que en varios casos las empresas son recurrentes en defraudar la confianza de los consumidores, sin que la institución responsable de velar por sus intereses pueda acabar con dichas prácticas.

La Procuraduría Federal del Consumidor tiene como funciones principales resolver las controversias entre consumidores y proveedores de bienes y servicios mediante el uso de mecanismos como la conciliación y arbitraje; la verificación y vigilancia de los bienes y servicios ofrecidos al público; así como realizar tareas de investigación y difusión a favor de los consumidores.

Sin embargo, no todos los asuntos llegan a resolverse por completo en este organismo, por lo que los consumidores tienen que acudir a instancias judiciales para obtener una respuesta favorable.

No obstante lo anterior, acudir a un tribunal supone incurrir en gastos importantes, como son el pago de honorarios, tiempo, pago de copias y en general todo los gastos que genera un juicio, probablemente mayores a los del daño sufrido, lo que inhibe a los consumidores agraviados a llevar sus asuntos a los tribunales sin lograr así resarcir sus derechos.

En este sentido, de conformidad con el artículo 24, fracción III, la Profeco tiene atribuciones para representar individualmente, o en grupo, a los consumidores ante autoridades jurisdiccionales y administrativas, y ante los proveedores, pero esta facultad sigue siendo discrecional por parte del organismo, lo que deja en estado de indefensión al consumidor que requiera de apoyo jurídico, ya que en muchos de los casos éste no cuenta con los medios económicos necesarios para hacer valer sus derechos frente a los tribunales.

Por lo anterior compañeras y compañeros legisladores, debemos legislar para otorgar apoyo jurídico a los consumidores para la defensa de sus derechos, toda vez que uno de los debates jurídicos de nuestra época es el acceso a la justicia, es decir, otorgar medios a través de los cuales los derechos se hagan efectivos, pues en la actualidad el acceso a los tribunales constituye una carga onerosa importante para el común de los ciudadanos y el de sus familias, lo que con cierta regularidad conduce a la parte económicamente más débil a aceptar injusticias o transacciones desventajosas; o bien, el costo de los litigios es tan desproporcional que inhibe a los consumidores a ejercitar sus derechos ante las instancias jurisdiccionales.

Debemos dejar atrás que sea facultad discrecional de la Profeco el representar a los consumidores ante el poder judicial, pues este organismo debe representar o asesorar al consumidor siempre que le sea solicitado en todas a aquellas cuestiones que se relacionen con la aplicación de sus derechos, así como que se puedan interponer los recursos ordinarios y extraordinarios para la defensa de los consumidores, ya que de no hacerlo así impide que muchos ciudadanos no hagan uso de la ley así como de sus instituciones, generando mayores desigualdades.

Es indispensable apoyar a una sociedad que ha cumplido y cumple con sus obligaciones y que está ávida de respuesta.... compañeros, los invito a votar a favor de esta iniciativa, por la construcción de una sociedad mejor; es responsabilidad de todos los mexicanos, pero en este momento es responsabilidad especialmente de nosotros...construyamos mejores Instituciones... edifiquemos un México más justo.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Artículo Único. Se reforma la fracción III y se adiciona la fracción III Bis del artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como siguen:

Artículo 24. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con las modalidades que establecen los artículos siguientes:

Segundo. La Procuraduría Federal del Consumidor deberá establecer la estructura administrativa a más tardar seis meses después de la entrada en vigor de esta disposición y en el mismo plazo deberán iniciar funciones.

Tercero. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 2009 deberá contemplar la conformación de las estructuras de personal y los recursos materiales a que se refiere el artículo anterior, que permitan la adecuada representación y asesoría a los consumidores que así lo soliciten ante las autoridades jurisdiccionales y administrativas y ante proveedores.

Cuarto. El Ejecutivo federal deberá expedir las disposiciones reglamentarias dentro del año siguiente a su entrada en vigor.

Se turna a la Comisión de Economía.

«12. Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del PRD

Fernando Enrique Mayans Canabal , diputado federal a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 16, 21, 76, fracción II; 89, fracción IX, y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 16 y 67 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La persecución e investigación de los delitos es una función estratégica que el Estado realiza a través de la institución del Ministerio Público de la Federación, misma que debe cumplir eficazmente a fin de garantizar a los ciudadanos no sólo el ejercicio pleno de su derecho a la justicia sino a la protección de otros derechos como la vida, integridad física, y su patrimonio.

La institución del Ministerio Público de la Federación apareció por influencia de la legislación francesa, en la reforma del 22 de mayo de 1900, a los artículos 91 y 96 de la Constitución del 5 de febrero de 1857, que suprimió de la integración de la Suprema Corte de Justicia al procurador general y al fiscal, que eran electos en segundo grado como los ministros de la propia Corte, por lo que se dispuso que: ``los funcionarios del Ministerio Público y el procurador general que ha de presidirlo, serán nombrados por el Ejecutivo''.

Las diversas constituciones y las leyes orgánicas mexicanas colocaron al promotor fiscal -como se le denominaba- dentro del Poder Judicial, siguiendo la tradición española y, por ello, de acuerdo con el texto original de los citados preceptos de la Constitución de 1857, el procurador general y el fiscal formaban parte de la Suprema Corte de Justicia.

De esta manera, se reformó el título preliminar del Código Federal de Procedimientos Civiles de 1895, relativo a la organización del Poder Judicial Federal, por ley promulgada el 3 de octubre de 1900, para otorgar carácter institucional al procurador general, poniendo bajo sus órdenes a tres agentes auxiliares y a los adscritos a los tribunales colegiados y juzgados de distrito, con lo cual se creó la Procuraduría General, la que se reguló de manera independiente en la Ley de Organización del Ministerio Público Federal de 16 de diciembre de 1908, con las funciones de auxiliar a la administración de justicia en el orden federal; de procurar persecución, investigación y represión de los delitos de competencia de los tribunales federales, y de defender los intereses de la federación ante los propios tribunales.

Por su parte, la Constitución de 1917, en su artículo 102, además de las atribuciones anteriores agregó la de asesoría jurídica del gobierno federal, inspirada en el ejemplo del attorney general de los Estados Unidos y, además, se puso a su disposición a la Policía Judicial Federal de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 de la ley fundamental.

Recientemente, este Congreso de la Unión emprendió el proceso legislativo para aprobar un conjunto de reformas constitucionales en materia de justicia. La preocupación central de tales modificaciones, es el combate contra el crimen organizado.

Desde nuestro punto de vista, creemos que esta reforma lejos de ser integral y de abonar al fortalecimiento de nuestras instituciones para hacer frente a la delincuencia y poder reducir sus elevados índices, no lo fue, ya que no contempló aspectos como el de otorgar plena autonomía al Ministerio Público; además, de que ciertos cambios que fueron afortunadamente eliminados, representaban un serio riesgo para los derechos humanos y garantías individuales, como el allanamiento de domicilio de particulares sin autoridad judicial.

De ahí que se propone, con la presente iniciativa, establecer una nueva ubicación institucional del Ministerio Público federal para transformarlo en un órgano constitucional autónomo, con base en las siguientes consideraciones:

Asimismo, con el objetivo de hacer congruente y armónica la disposición constitucional, y principalmente, garantizar certeza y seguridad jurídica con relación a la aplicación del principio de inocencia, se propone la reforma al artículo 16, en su segundo párrafo, a efecto de que una de las condiciones o requisitos fundamentales que el juez de la causa debe considerar al librar una orden de aprehensión, sea el de que existan datos que acrediten los elementos del tipo penal que hagan probable la responsabilidad del indiciado en su comisión o participación.

La transformación de nuestras instituciones requiere de la voluntad y del concurso de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión. La realidad así lo reclama.

Por una eficiente procuración de la justicia, aceleremos con responsabilidad, prudencia y compromiso social, los cambios necesarios para renovar en su organización y estructura a instituciones que como el Ministerio Público de la Federación son fundamentales para que el Estado no pierda el sentido y la justificación para lo que fue creado.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma los artículos 16, 21, 76, fracción II; 78, fracción V; 89, fracción IX y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 16 y 67 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

Artículo Primero. Se reforman los artículos 16, segundo párrafo; 21, 76, fracción II, y 102, apartado A), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se deroga la fracción IX del artículo 89, también de la Constitución Política, para quedar como sigue:

Artículo 16. ...

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten los elementos del tipo penal y hagan probable la responsabilidad del indiciado en su comisión o participación.

Artículo 21. ...

Toda persona tiene derecho a que se le procure justicia por el Ministerio Público. La investigación de los delitos y la persecución de los responsables en su comisión incumbe al Ministerio Público,...

Artículo 76. ...

Artículo 89. ...

Artículo 102. Apartado A. La procuración de justicia es una función a cargo del Ministerio Público de la Federación, a través de la Procuraduría General de la República, que será un organismo público con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyos funcionarios serán nombrados y adscritos por el Consejo del Ministerio Público. El Ministerio Público de la Federación estará presidido por un procurador general de la República, que será designado por el Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su designación.

Para ser procurador se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de 10 años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. El procurador podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta Constitución.

La actuación del Ministerio Público de la Federación se rige por los principios de legalidad, certeza, eficiencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo y honradez.

Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la investigación de los delitos y la persecución de los responsables de su comisión ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine.

El Consejo del Ministerio Público gozará de independencia técnica, de gestión y resolutiva. Se integrará por cinco miembros de los cuales uno será el procurador general de la República quien presidirá el consejo; y cuatro consejeros designados por el Senado de la República. Para ser consejero se deben reunir los mismos requisitos para ser procurador; además de gozar con reconocimiento en el ámbito de la procuración o administración de justicia en materia penal. Los consejeros deberán observar en el ejercicio de su desempeño los principios que rigen la función del Ministerio Público, por lo que podrán también ser removidos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

...

...

...

...

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 1, 16 y 67 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para quedar como sigue:

Artículo 1. Esta ley tiene por objeto organizar la Procuraduría General de la República, órgano constitucional con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público de la Federación y a su titular, el procurador general de la República, les atribuyen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este ordenamiento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 16. El procurador general de la República será designado y removido conforme a lo establecido en el párrafo primero del apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el voto de las dos terceras partes del Senado de la República.

La designación del procurador general de la República se sujetará al procedimiento siguiente:

En caso de que ningún candidato de la terna propuesta en el dictamen, haya obtenido la votación de las dos terceras partes del Senado de la República, se volverá a someter una nueva propuesta en los términos del artículo anterior. Ningún candidato propuesto en el dictamen rechazado por el Pleno podrá participar de nueva cuenta en el proceso de selección.

Artículo 67. El procurador general de la República, los demás funcionarios y empleados, y en general, toda persona que desempeñe un cargo, comisión o empleo de cualquier naturaleza en la institución, son sujetos de las responsabilidades a que se refiere el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable en materia de responsabilidades.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia.

«13. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Reforma del Estado, a cargo del diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, diputado federal en la LX Legislatura, Miguel Ángel Jiménez Godínez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley para la Reforma del Estado, con de las siguientes

Exposición de Motivos

1. El 12 de abril de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para la Reforma del Estado, mediante la cual se establecieron los mecanismos para el análisis, negociación y construcción de acuerdos para la concreción del proceso de la Reforma del Estado Mexicano.

2. En el artículo 2 de la ley mencionada, se establece la creación de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, como órgano rector de la conducción del proceso de la reforma del Estado en México.

3. El artículo séptimo transitorio establece que la Ley para la Reforma del Estado concluirá su vigencia transcurridos doce meses calendario a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, el 12 de abril de 2008.

4. Como resultado de la amplia participación en los foros de consulta, se recibió un total de 5 mil 656 propuestas, que se clasificaron en los rubros siguientes: federalismo, 735; régimen de estado y gobierno, 567; reforma del Poder Judicial, mil 3; garantías sociales, 1395; democracia y sistema electoral, 1956.

Por otra parte, se presentó un total de mil 157 ponencias de especialistas en los temas siguientes: federalismo, 140; régimen de Estado y gobierno, 184; reforma del Poder Judicial, 249; garantías sociales, 294; y democracia y sistema electoral, 290.

Los resultados del trabajo de las Subcomisiones de Consulta Pública y Redactora, de las otras subcomisiones y grupos de trabajo, han generado propuestas legislativas aún pendientes en los temas de derechos humanos, educación, justicia, seguridad pública y reformas al Congreso, en específico las relativas al informe presidencial.

5. La Comisión Ejecutiva, tiene 17 proyectos de iniciativas de ley, las cuales tienen que avalar las normas secundarias en los asuntos de reforma electoral y de justicia penal, mismas que se encuentran pendientes de enviar a la Subcomisión Redactora.

6. También se encuentra en la lista de espera la presentación de proyectos de iniciativas para reformar nueve leyes en materia de justicia; enfatizando que se debe contar con la aprobación de cuando menos 17 Congresos estatales.

7. En el marco del proceso de reforma del Estado se tiene previsto un cambio sustancial al campo mexicano, tema pendiente el que actualmente se trabajó de forma conjunta con la Cámara de Senadores.

8. Que la dinámica generada por la búsqueda de construcción de acuerdos para la integración de propuestas legislativas que cumplieran con las metas propuestas en la Ley para la Reforma del Estado exigen un plazo mayor que el determinado en el artículo séptimo transitorio de ese ordenamiento.

El artículo séptimo transitorio establece que la Ley para la Reforma del Estado concluirá su vigencia transcurridos doce meses calendario a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la cual se realizó el 13 de abril de 2007.

Por ello, ante el término legal de la vigencia de dicha ley es necesario establecer una prórroga de ésta para concluir los trabajos que permitirán presentar propuestas legislativas más acabadas y consensuadas por los integrantes de los grupos de trabajo, con objeto de cumplir la agenda nacional de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en mi calidad de coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza e integrante de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, someto a consideración de este honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley para la Reforma del Estado, en los términos siguientes:

Único. Se reforman los artículos sexto y séptimo transitorios y se adiciona el artículo octavo transitorio de la Ley para la Reforma del Estado, para quedar como siguen:

Sexto. A efecto de cubrir los gastos que ocasione la prórroga para el cumplimiento de esta ley, se autorizan las transferencias indispensables del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2008, preferentemente de las partidas de programas no sustantivos, que estimen pertinentes los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la federación.

Séptimo. Se prorroga la vigencia de la Ley para la Reforma del Estado, para concluir hasta el día 30 del mes de septiembre del año 2008, periodo durante el cual se procesarán las iniciativas y conclusiones elaborados por los grupos de trabajo. En la segunda sesión del primer periodo ordinario del tercer año de ejercicio de la LX Legislatura, el presidente en turno de la Comisión Ejecutiva presentará un informe de los trabajos realizados.

Octavo. La Comisión Ejecutiva será presidida, en periodos de tres meses cada uno, por el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y por el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en el orden anunciado.

Transitorio

Único. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

«14. Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La diputada federal Alma Edwviges Alcaraz Hernández , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa, por la que se reforman diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal, con el propósito de establecer los lineamientos a que deberán sujetarse el ejercicio y la aplicación de los recursos federales del Ramo 33, ``Aportaciones Federales'', con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En 1998 se promovieron reformas del esquema de asignaciones de recursos a las entidades federativas, derivando en la creación, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de ese ejercicio fiscal, del Ramo General 33, ``Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios'', a través del cual se descentralizaron diversas facultades y recursos a las entidades federativas. A diferencia del Ramo 28, ``Participaciones Federales'', los recursos del 33 se encuentran en su mayoría ``etiquetados'', ya que tienen un destino especifico.

Adicionalmente, en el PEF de 2000, la Cámara de Diputados acordó la creación del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), en el Ramo 23, ``Provisiones Salariales y Económicas''. Para 2001, el PAFEF fue incluido nuevamente en el PEF; su objetivo es apoyar el saneamiento financiero de los sistemas de pensiones de las entidades federativas, así como la inversión en infraestructura. Posteriormente, la Cámara determinó transformar el PAFEF en un ramo general dentro del PEF, con lo cual se creó el Ramo General 39. En 2007 desapareció este ramo y se le incluyó como un fondo en el Ramo 33.

Actualmente, el Ramo 33 constituye el rubro de recursos más significativo para las entidades federativas y los municipios. En el caso de las primeras, de cada peso que perciben de ingreso 90 centavos provienen de la federación y de éstos, más de la mitad son transferencias federales condicionadas.

No obstante la importancia de estos recursos, en la revisión de la Cuenta Pública de 2005 se detectaron numerosas irregularidades en su aplicación que, de manera reiterada, se realizan año con año. Al respecto, el auditor superior de la Federación ha manifestado en diversas ocasiones que una de las ``áreas de opacidad se manifiesta en la magnitud de los recursos federales transferidos a estados y a municipios, que representan aproximadamente 25 por ciento del gasto federal programable. Ésta es una de las áreas más oscuras en materia de transparencia''.

Entre las irregularidades detectadas en la aplicación de estos recursos destacan las siguientes:

Todas esas irregularidades implican incumplimientos de los principios básicos de contabilidad gubernamental y de la normatividad aplicable.

Actualmente, el Ramo 33 es regulado en la Ley de Coordinación Fiscal. Sin embargo, el principal problema para la aplicación de estos recursos federales es la carencia de lineamientos específicos en el PEF que orienten su ejercicio. En la ley prevalecen términos muy subjetivos, que devienen en interpretaciones diferentes y en un uso discrecional de los recursos.

Con motivo de la revisión y fiscalización de los recursos federales transferidos a estados y a municipios en la Cuenta Pública de 2005, el auditor superior de la Federación señaló: ``Dada la reincidencia de las observaciones detectadas, así como las distintas causas de éstas, es necesario revisar con urgencia los objetivos y las reglas de operación de los diferentes fondos, a través de los cuales se transfieren y reasignan recursos públicos federales a estados, a municipios y a delegaciones del Distrito Federal, privilegiando la claridad y sencillez de éstos, a fin de evitar la recurrencia de las anomalías y favorecer la transparencia, la rendición de cuentas y la fiscalización de estos cuantiosos recursos''. ¹

Los lineamientos de operación de los recursos que integran el Ramo 33 deberán servir a los tres órdenes de gobierno en el proceso operativo de los fondos del ramo, y de ninguna manera serán un obstáculo para su adecuado desarrollo. Al mismo tiempo, deberán respetar los principios de autonomía y descentralización. Resulta necesario establecer en la Ley de Coordinación Fiscal los lineamientos de operación de los fondos que integran el Ramo 33, con la finalidad de proporcionar a las entidades federativas y a los municipios un marco normativo general que los apoye en la operación, en el manejo y en la aplicación de los recursos.

Uno de los puntos más importantes de esta propuesta es que se señalan con mayor precisión los rubros a que se podrán destinar los recursos del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social; se indica lo que deberá entenderse por urbanización municipal, e infraestructura básica de salud y educativa; y se permite que, en el caso de los municipios que tengan satisfechas las necesidades básicas, los recursos del fondo se destinen a la creación de reservas territoriales.

Asimismo, se prohíbe utilizar los recursos de los fondos para pagar salarios, bonos, sobresueldos, compensaciones o cualquier otro concepto relacionado con el pago de servicios personales, o para celebraciones, regalos y cualquier rubro que no se vincule con el objetivo de beneficiar directamente a la población en rezago social y pobreza.

Por todo lo expuesto, presento a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 25, 32, 33, 37, 44, 45, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Único. Se reforman los artículos 25, 32, 33, 37, 44, 45, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 25. ...

Artículo 32. ...

Este fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a los estados por conducto de la federación y a los municipios a través de los estados, en un plazo máximo de tres días hábiles, sin más limitaciones ni restricciones, incluidas las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de esta ley.

...

Artículo 33. ...

Artículo 37. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de los estados, y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán exclusivamente al financiamiento de los siguientes rubros: obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y otras prioridades del municipio. El concepto de obligaciones financieras se limitará a la amortización de la deuda municipal.

Únicamente se podrá pagar con recursos del fondo la deuda del municipio y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que haya sido contratada conforme a las disposiciones de la ley de deuda pública del Distrito Federal o del estado correspondiente, así como los adeudos con organismos descentralizados de la administración pública federal.

En el concepto de otras prioridades se buscará dar atención preferente a la realización de proyectos de desarrollo del municipio o de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, considerando en este rubro: obras de infraestructura que atiendan problemas sustantivos; acciones de modernización de los sistemas fiscales que permitirán a los municipios incrementar sus ingresos, y en general, aquellos proyectos que signifiquen un aumento sustantivo en el empleo o bienestar de la población del municipio, o en los ingresos de la administración municipal.

Los recursos correspondientes al fondo a que se refiere este artículo no podrán utilizarse para el pago de salarios, bonos, sobresueldos, compensaciones o cualquier otro concepto relacionado con el pago de servicios personales, ni para celebraciones, regalos y cualquier rubro que no esté vinculado con el objetivo de fortalecer al municipio o a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal y que cumpla las disposiciones locales aplicables.

Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refieren las fracciones I y III del artículo 33 de esta ley.

Artículo 44. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública se constituirá con cargo a recursos federales, que serán determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación. La Secretaría de Seguridad Pública formulará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta para la integración de dicho fondo.

...

El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a los estados y al Distrito Federal y a través de éstas, a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, con base en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, a propuesta de la Secretaría de Seguridad Pública, utilizando para la distribución de los recursos, criterios que incorporen el número de habitantes de los estados y del Distrito Federal; el índice de ocupación penitenciaria; la implantación de programas de prevención del delito; así como el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura. La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación por cada estado y el Distrito Federal deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar a los 30 días naturales siguientes a la publicación en dicho diario del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate. Los convenios celebrados entre las partes integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los anexos técnicos deberán firmarse en un término no mayor de sesenta días, contados a partir de la publicación de la información antes mencionada.

Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal recibirán 40 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública que sean destinados al Distrito Federal o al estado correspondiente, distribuyéndose con base en los criterios a que se refiere este artículo que emita el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

...

...

El Distrito Federal, los estados y, a través de éstos, los municipios, y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reportarán trimestralmente a la Secretaría de Seguridad Pública federal el ejercicio de los recursos del fondo y el avance en el cumplimiento de las metas, así como las modificaciones realizadas a los convenios de colaboración y sus anexos técnicos en la materia; en este último caso deberán incluirse los acuerdos del respectivo Consejo Estatal de Seguridad Pública o el acuerdo correspondiente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como la justificación sobre las adecuaciones a las asignaciones previamente establecidas.

Artículo 45. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública reciban los Estados, municipios, Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales se destinarán exclusivamente al reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; al otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías judiciales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los estados y del Distrito Federal, los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al equipamiento de las policías judiciales o de sus equivalentes, de los peritos, de los ministerios públicos y de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; a la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación; al seguimiento y evaluación de los programas señalados.

...

Dichos recursos deberán aplicarse conforme a los programas de seguridad pública de los estados, municipios, Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales , derivados del Programa Nacional de Seguridad Pública, acordado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

...

El Distrito Federal, los estados y los municipios, por conducto de éstos , proporcionarán al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, la información financiera, operativa y estadística que les sea requerida.

Artículo 48. Los estados y el Distrito Federal enviarán al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los fondos de aportaciones federales a que se refiere este capítulo.

Los informes relativos a los fondos de aportaciones cuyos recursos se destinen al pago de servicios personales, deberán contener la relación del personal, la información referente al cargo y sueldo de los miembros de éste y las plazas que se encuentren vacantes.

......

...

Artículo 49. Las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los fondos a que se refiere este capítulo reciban las entidades y, en su caso, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal no serán embargables, ni los gobiernos correspondientes podrán, por ninguna circunstancia, gravarlas ni afectarlas en garantía o destinarse a mecanismos de fuente de pago, salvo por lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de esta ley; tampoco se podrán realizar transferencias temporales o definitivas de recursos entre los fondos . Dichas aportaciones y sus accesorios, en ningún caso podrán destinarse a fines distintos a los expresamente previstos en los artículos 26, 29, 33, 37, 40, 42, 45 y 47 de esta ley.

Las aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas y, en su caso, de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que las reciban, conforme a sus propias leyes, siempre que sus disposiciones no contravengan lo establecido por la legislación federal. En caso de que los estados o el Distrito Federal no cuenten con legislación aplicable para el ejercicio de las aportaciones federales, se aplicará supletoriamente la legislación federal. Las aportaciones federales deberán registrarse por los estados y el Distrito Federal como ingresos que deberán destinarse específicamente a los fines establecidos en los artículos citados en el párrafo anterior.

Las obras en materia de infraestructura que sean realizadas por los estados, los municipios, el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales con recursos derivados de las aportaciones federales deberán cumplir los requisitos establecidos en la legislación federal en materia ambiental, particularmente, las entidades federativas deberán obtener de las instancias facultadas al efecto la constancia de que su realización no impactará desfavorablemente el sitio ni el entorno donde se ubicarán.

...

Por su parte, cuando la Contaduría Mayor de Hacienda o el órgano equivalente del Poder Legislativo local detecte que los recursos de los fondos no se han destinado a los fines establecidos en esta ley, deberá hacerlo del conocimiento inmediato de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en ejercicio de su autonomía, determine las responsabilidades conducentes, en términos de lo dispuesto en las disposiciones aplicables.

Los recursos que se ejerzan de los fondos de aportaciones federales deberán estar devengados o comprometidos al 31 de diciembre y pagados, como límite máximo, el 28 de febrero del año siguiente al de su ejercicio. En caso contrario, se deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio.

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos federales o locales por el manejo o aplicación indebidos de los recursos de los fondos a que se refiere este capítulo, o por el incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente ley en materia de evaluación, fiscalización, transparencia y, en su caso, reintegro de recursos serán determinadas y sancionadas por las autoridades federales o locales, según corresponda, conforme a las etapas a que se refiere este artículo, de conformidad con sus propias legislaciones. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá suspender la ministración de los recursos a los estados, municipios, Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, respecto de los fondos correspondientes.

La Auditoría Superior de la Federación deberá intervenir en la investigación y aclaración de las irregularidades que detecten las entidades de fiscalización superior estatales respecto al ejercicio de los recursos de los fondos a que se refiere el presente capítulo y determinará las responsabilidades que, en su caso, se generen.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido de este decreto.

Nota: 1 Cfr. México, Auditoría Superior de la Federación, Resumen ejecutivo del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública de 2005, México, marzo de 2007, página 63.

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

«15. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Miguel Ángel Peña Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución General de la República; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; somete a la consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7, 17, 18, 19, 21 y 22 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El país se encuentra inmerso en una etapa de transición, caracterizada por cambios y definiciones trascendentales en materia económica, política, social y jurídica, a los cuales los titulares de la función pública deben responder. La participación activa y comprometida de los mexicanos ha sido el eje que ha contribuido a la construcción y definición de instituciones que garanticen el desenvolvimiento y ejercicio democrático conforme a los principios de equidad, justicia y respeto de la convivencia social.

Un Estado que se denomine de derecho y democrático tiene la obligación de respetar los derechos humanos de todas las personas e integrar a las que padecen algún tipo de discapacidad, exigencia social que es necesario cumplir pues hoy, en pleno siglo XXI, las barreras físicas, sociales, culturales y económicas para las personas con discapacidad no se han eliminado o disminuido respecto a otros países.

Ahora bien, el párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que queda prohibida toda discriminación motivada por la discapacidad, entre otras formas de exclusión, lo cual constituye el mandato para el propio poder público a fin de llevar sus conductas gubernamentales sumando una fuerza productiva que reside en el pueblo para equilibrar los valores de la vida en que se finca la evolución de la sociedad de manera incluyente, sustentable y latente.

De conformidad con el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, en el país hay alrededor de 1 millón 795 mil personas que tienen algún tipo de discapacidad, lo cual representa 1.8 por ciento de la población total. Por ello, en aras de una equiparación real de oportunidades para las personas con discapacidad, el Congreso de la Unión aprobó la Ley General de las Personas con Discapacidad, demostrando con ello voluntad para dar respuesta a un reclamo social que representa la lucha --de más de una década-- de las personas con discapacidad y las organizaciones de la sociedad civil, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2005.

La Ley General de las Personas con Discapacidad, aprobada por el Congreso de la Unión, contiene un conjunto de preceptos que, de ser adecuadamente aplicados, acortará la enorme brecha de injusticia social que hasta el momento ha privado a lo largo y ancho de la nación contra las personas con discapacidad. Con este instrumento normativo se establece la obligatoriedad de promover políticas públicas de Estado y, sobre todo, un cambio de la cultura de los mexicanos para atender la discapacidad como un asunto social.

Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática pretendemos alcanzar la inclusión de las personas con discapacidad mediante la aplicación de modelos gestados en políticas concebidas a través de cuerpos normativos que propongan bases sólidas para que mujeres y hombres en esta situación alcancen sus metas personales en un ambiente dinámico, ajeno a prácticas paternalistas, logrando políticas sociales donde la visión de respeto, control y aplicación de los principios sociales emanados de la Carta de Querétaro de 1917 sea el motor para disminuir las imposibilidades sociales más que físicas para las personas con discapacidad.

El artículo 29 de la Ley General de las Personas con Discapacidad establece que el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad es el instrumento permanente de coordinación intersecretarial e interinstitucional que tiene por objeto contribuir al establecimiento de una política de Estado en la materia, así como promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, las estrategias y los programas derivados de la misma ley. La fracción XVII del artículo 30 indica que tendrá entre sus facultades ``promover a través del secretario ejecutivo la suscripción de convenios para que las organizaciones y las empresas otorguen descuentos a personas con discapacidad en centros comerciales, transporte de pasajeros, farmacias y otros establecimientos''.

No obstante que la ley faculta al secretario ejecutivo del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad para suscribir convenios con personas morales privadas para otorgar descuentos a las personas con discapacidad, es necesario establecer dispositivos normativos que garanticen la gratuidad para ellas, ya que en muchas ocasiones las personas con discapacidad y sus familias carecen de los recursos económicos necesarios que les permitan acceder a los servicios culturales, educativos y de salud, entre otros. Por ello es importante para implantar una verdadera cultura incluyente para las personas con discapacidad, establecer leyes capaces de satisfacer sus necesidades, de buscar la protección de ellas a través de programas gubernamentales, sensibilizando a los tres niveles de gobierno y a los sectores productivos privados para coadyuvar a la equiparación de oportunidades reales de las personas con discapacidad.

Por ello, los diputados debemos trabajar para que las políticas de Estado sean integradas en las normas sociales, mitigando los fenómenos de acciones y omisiones del gobierno federal, que tanto merman la autoestima de los discapacitados que cotidianamente en los centros educativos, deportivos, culturales y de rehabilitación son gravemente excluidos al condicionarles los servicios y sometiéndolos a la conmiseración.

Aun cuando la cultura de respeto y reconocimiento de los derechos humanos se encuentra en pleno fortalecimiento, no debemos olvidar que en espacios de los ámbitos educativo, laboral, urbano y deportivo, entre otros, la exclusión, la desigualdad, la iniquidad se manifiestan con actitudes de intolerancia, incomprensión, y falta de reconocimiento y aceptación de la pluralidad y de la diferencia de las personas con discapacidad.

La no discriminación debe observarse en los lineamientos de una nueva cultura basada en el respeto de los derechos humanos y los derechos de los grupos vulnerables, a los cuales la legislación debe expandir sus garantías sociales. Por ello, la presente iniciativa desea validar los preceptos legales necesarios que reconozcan a los discapacitados, se les respeten sus calidades naturales con igualdad social que se ha pretendido etiquetar indebidamente en forma ajena a sus calidades humanas a una segunda clase, situación que no debemos permitir si aspiramos a alcanzar una democracia plena construida en las bases de la justicia social.

Las personas con discapacidad forman uno de los grupos de atención prioritaria que requiere programas y apoyos que respondan a sus necesidades, a la construcción de espacios y oportunidades que generen su inclusión, formación, participación y disfrute de mejoras en sus condiciones sociales y económicas. La discapacidad es una condición humana que implica una manera diferente de vivir, pero no resta a las personas talento, capacidad, anhelo y derecho a contar con una vida productiva y digna.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona los artículos 7, 17, 18, 19, 21 y 22 de la Ley General de las Personas con Discapacidad

Artículo Único. Se reforman y adicionan los artículos 7, 17, 18 y 19 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 7. Las personas con discapacidad tienen derecho a servicios públicos para la atención de su salud y rehabilitación integral. Para estos efectos, las autoridades competentes del sector salud, en su respectivo ámbito de competencia, realizarán las siguientes acciones:

Artículo 17. Las autoridades competentes realizarán, entre otras acciones, las siguientes:

Artículo 18. Los medios de comunicación implantarán el uso de tecnología y, en su caso, de intérpretes de la lengua de señas mexicana, que permitan a la comunidad de sordos las facilidades de comunicación y el acceso al contenido de su programación.

El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad dará a conocer periódicamente los acuerdos que emita el Consejo Consultivo, a fin de que las dependencias en los tres niveles de gobierno los difundan en el ámbito de sus respectivas competencias, promoviendo los medios de comunicación apropiados para las personas con discapacidad y el libre acceso a los servicios gratuitos de tecnologías de información.

Artículo 19. Las autoridades competentes deberán

Artículo 21. Las autoridades competentes formularán y aplicarán programas y acciones que otorguen las facilidades administrativas y las ayudas técnicas, humanas y financieras requeridas para la práctica de actividades físicas y deportivas a la población con discapacidad, en sus niveles de desarrollo nacional e internacional. Las autoridades competentes del gobierno federal, de las entidades federativas, del Distrito Federal y de los municipios podrán celebrar convenios con los sectores privado y social para que el uso y disfrute de los servicios deportivos y culturales sean a través de programas de acceso gratuito.

...

Artículo 22. ...

...

Transitorio

Articulo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

16. Que reforma los artículos 8 y 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Alberto Amador Leal, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de la Función Pública.Retirada por oficio del 6 de mayo de 2008.

«17. Que adiciona una fracción VII al artículo 2 de la Ley de Planeación, a cargo de la diputada Verónica Velasco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PVEM

Verónica Velasco Rodríguez , diputada de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante el Pleno de esta honorable asamblea, la presente iniciativa que contiene proyecto de decreto, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que el Estado debe conducir el desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable.

Asimismo, en términos de este precepto constitucional, corresponde al Estado planear y coordinar la actividad económica nacional y promover la concurrencia de los sectores público, social y privado al desarrollo económico nacional. Bajo criterios de equidad social y productividad, se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

Para cumplir con estos objetivos, el artículo 26 de la Constitución de la república faculta e instruye al gobierno federal para organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, en el cual, mediante la participación de los diversos sectores sociales, se recogen las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al Plan Nacional de Desarrollo y los programas que se derivan de éste.

Conforme al artículo 3o. de la Ley de Planeación, la planeación nacional del desarrollo es la ordenación racional y sistemática de acciones que, con base en el ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la transformación del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la ley establecen. Mediante las propuestas de planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución; se coordinarán acciones y se evaluarán resultados.

La Ley de Planeación determina también que es responsabilidad del Ejecutivo federal conducir la planeación nacional del desarrollo con la participación democrática de los grupos sociales.

Así, las dependencias federales deberán planear y realizar sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, a fin de cumplir con la obligación del Estado de garantizar que éste sea integral y sustentable. Para ello, deben elaborar sus programas sectoriales tomando en cuenta las propuestas que presenten las entidades del sector y los gobiernos de los estados, así como las opiniones de los grupos sociales y de los pueblos y comunidades indígenas interesados.

La planificación se revela como un a técnica idónea para la materia ambiental. La Declaración de Estocolmo del 16 de junio de 1972, en su principio 14, establece que:

A fin de lograr una ordenación más racional de los recursos y mejorar así las condiciones ambientales, los Estados deberán acordar un enfoque integrado y coordinado de la planificación de su desarrollo, de manera que quede asegurada la compatibilidad del desarrollo con la necesidad de proteger y mejorar el medio humano en beneficio de su población. La planificación racional constituye un instrumento indispensable para conciliar las diferencias que puedan surgir entre las exigencias de desarrollo y la necesidad de proteger y mejorar el medio.

La planeación ambiental tiene un objetivo dual. En primer sentido, trata de establecer un marco de actuación global sobre el entorno que afecta tanto a sujetos de derecho privado como público. Esto se logra en ocasiones mediante normas vinculantes y, otras veces, mediante meras recomendaciones y directrices que, a su vez, preparan el camino a posteriores reglamentaciones ambientales o a actos no normativos con trascendencia para el medio. En segundo lugar, mediante los planes y programas que, como instrumentos jurídicos de la planeación, se consigue con ellos ofrecer una certeza al conjunto social, un referente sobre las actuaciones posibles, las aconsejables y las no deseadas, destinando a perdurar durante un espacio de tiempo determinado.

Es así que la planeación ambiental ofrece a la sociedad civil un margen de seguridad jurídica en la materia ambiental, evitando el riesgo de que es objeto de una sobrerregulación por parte de la autoridad.

Es de reconocerse que el ordenamiento ecológico es la figura clave de la planeación ambiental, a partir del uso y aprovechamiento sustentable de los recursos, y en la identificación de la vocación y aptitud del suelo, en función de sus características.

Sin embargo, debemos reconocer que la materia ambiental no ha logrado ser pieza fundamental en la planeación nacional. El medio ambiente sigue siendo, para muchos, un tema secundario y no una prioridad. No nos hemos dado cuenta que el propio crecimiento económico se pone en riesgo ante un eventual agotamiento de los recursos naturales. Los costos económicos por agotamiento de recursos naturales y degradación ambiental representan el 10.5 por ciento de la riqueza generados en el país y se ha destinado tan sólo cerca del 0.2 por ciento del PIB en los últimos Presupuestos de Egresos.

Esta situación nos motiva a presentar la presente iniciativa que tiene como objetivo principal que en la Ley de Planeación se reconozca como uno de sus principios rectores y fundamentales para su elaboración la protección del medio ambiente y de los recursos naturales.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento por lo dispuesto en los artículos los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el presente

Decreto mediante el cual se adiciona una fracción VII al artículo 2o. de la Ley de Planeación

Artículo Único. Se adiciona una fracción VII al artículo 2o. de la Ley de Planeación, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

«18. Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal Neftalí Garzón Contreras de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 62, 63 y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa de decreto que adiciona a la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El objetivo central de la presente iniciativa es de que el proceso laboral se desarrolle en forma expedita, incluido el dictado de los laudos, para la consecución de la verdadera justicia a favor de la clase trabajadora.

El principal reclamo del pueblo de México, en la actualidad, es la seguridad para sus personas, familias y bienes. Una parte fundamental para respaldar este reclamo es hacer todo lo necesario para lograr que la justicia se aplique de manera puntual.

Recordemos lo que a este respecto, en su parte conducente, señala el artículo 17 de la Constitución federal:

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

En contraposición a lo anterior, en las Juntas de Conciliación y Arbitraje federal y locales, hay miles y miles de demandas de los trabajadores en espera de que algún día se dé el milagro de que sean atendidos en sus reclamos. Por tal motivo, las juntas más que instancias de justicia, parecen almacenes de expedientes inútiles.

Así, en el informe de labores 2007 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se señala:

De los asuntos en proceso de atención, 108 mil expedientes correspondientes a años anteriores a 2007, constituyen el rezago que arrastra la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Poner al día la atención de los expedientes en trámite implicaría, hipotéticamente, que la junta federal dejara de recibir nuevos conflictos individuales durante dos años, tiempo estimado para resolver los asuntos pendientes en fase de instrucción; fase en la que se muestra el mayor saldo rojo; equivalente a dos años de productividad.

A esto se suma, en los últimos años, el incremento de las demandas laborales presentadas ante las juntas, derivado de la crisis económica, de las prácticas patronales cada vez más alejadas de la ley como el outsourcing , de las arbitrariedades de las Afore y los reclamos al fondo de vivienda del Infonavit.

Cuando se habla del derecho laboral incluidas sus reformas, normalmente se piensa en su parte sustantiva, tanto individual como colectiva. Es decir, en el monto del salario, la jornada, el pago del tiempo extraordinario, aguinaldo, y demás condiciones de trabajo como la contratación colectiva, entre otras.

Sin embargo, tan importante es la consagración de un derecho subjetivo, como la existencia de los medios legales para hacerlo efectivo en presencia de un conflicto entre las partes. Es decir, tan relevante es la parte sustantivo como la parte procesal del derecho laboral. Por tal motivo, ambos aspectos deben compartir la misma esencia de tutela de los derechos de los trabajadores, su carácter social, su búsqueda de la justicia real.

Ahora bien, parte esencial de la justicia en general y de la justicia laboral en particular, es que debe alcanzarse en el menor tiempo posible, o como reza el viejo aforismo: ``Justicia que se retarda es justicia que se deniega''. Nos alejamos de la justicia cuando el procedimiento se prolonga injustamente en el tiempo, es otra forma de impunidad.

Esto cobra doble relevancia, cuando vemos el objetivo del derecho procesal laboral, que no es otro sino el de ser el instrumento que busca la reivindicación de derechos mínimos, a final de cuentas de alimentos, la propia subsistencia del trabajador y su familia.

A contracorriente de lo anterior, en las Juntas de Conciliación y Arbitraje los procedimientos cada vez tardan más. Se fijan espacios de tiempo interminables para la celebración de cada audiencia, de una de sus etapas, o el desahogo de cada prueba, igualmente hay retardos inadmisibles para que sean dictados los laudos. Ya es común hablar de juicios de 5, 10, 20 años y más. Sin menoscabo de que algunos de ellos se alargan de manera deliberada por presiones de grupos de poder económico o político.

Esto conlleva no sólo la afectación de los trabajadores, sino de la parte patronal al ver aumentados hasta lo indecible los salarios caídos, en su caso. También la posibilidad de un acuerdo entre las partes se dificulta, ya que el paso del tiempo condiciona la indiferencia y el desprecio hacia la justicia. Finalmente, se abona la inejecución de los laudos, pues se da tiempo para que los patrones saquen la maquinaria y la trasladen a otro domicilio, o bien, pongan a nombre de otra persona los bienes afectos a tal ejecución.

Sobre los laudos hay que enfatizar que, después de meses, normalmente años, con su consecuente inversión de tiempo y gastos, para poner fin a un procedimiento laboral, es decir concluida la instrucción, sucede que las juntas se tardan todavía un buen tiempo para dictar tales laudos.

Pasan los años, y los reclamos de justicia pronta y expedita parecen, cada vez más, una utopía. Para alcanzarla evidentemente no bastan las súplicas, ni las promesas sexenales, ni tampoco el arma del juicio de amparo. Debemos encontrar medios, absolutamente objetivos, que provoquen que el incumplimiento en los tiempos procesales sea más costoso para el Estado que la inversión necesaria para instrumentar las medidas necesarias para lograr un procedimiento transparente y ágil.

En primera, urge establecer límites temporales para el desarrollo de los procedimientos laborales incluido el laudo, esto, bajo la responsabilidad del presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje y del propio Estado a cuyo cargo está la impartición de la justicia. El manejo del tiempo en el proceso laboral, nunca más debe quedar al arbitrio de las juntas.

En segunda, proponemos que el incumplimiento del término máximo para el desahogo del procedimiento laboral sea causal de responsabilidad patrimonial para el Estado, que éste deba pagar daños y perjuicios por no hacer todo lo necesario para hacer realidad la garantía individual prevista en el artículo 17 constitucional.

Esto con independencia de la responsabilidad administrativa, penal y de otro tipo, en que incurra el funcionario omiso que malamente transforme la justicia en una inmovilidad inconstitucional.

Los límites temporales al desarrollo de los procedimientos laborales y la consecuente responsabilidad patrimonial del Estado, presionarán para que los Legislativos federal y locales destinen los recursos necesarios a los órganos de justicia laboral, de manera que exista el número suficiente de juntas y personal, con salarios dignos, con capacitación constante, con la tecnología de vanguardia, con los apoyos materiales necesarios. Los Ejecutivos federal y locales, por su parte se verán obligados igualmente, a hacer todos los ajustes suficientes para que los procedimientos laborales se desarrollen con dinamismo.

Una tarea central de los presidentes de las juntas será cuidar que los procedimientos se desarrollen dentro de los tiempos legales e impulsar los procedimientos hasta su conclusión.

Nuestra iniciativa va dirigida en primer lugar a los procedimiento ordinarios ante las juntas de conciliación y arbitraje, ya que la mayoría de los juicios siguen esta vía, comenzando por los despidos y, donde por tanto, existe el mayor rezago. Igualmente atendemos a los procedimientos especiales, los de ejecución y los paraprocesales o voluntarios.

Excluimos de nuestra iniciativa a los procedimientos de huelga y los conflictos colectivos de naturaleza económica, toda vez de que en el primer caso queda en manos de los trabajadores el promover, cuando lo consideren prudente, la demanda de imputabilidad de la huelga, por lo que someter a este procedimiento a un límite temporal, se estaría condicionando una intromisión inadmisible en el ejercicio del derecho de huelga. Los segundos van en íntima relación con el procedimiento de huelga, además que por tratarse de cuestiones económicas más que jurídicas, no es adecuado presionar una solución.

Por todo lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente

Iniciativa que adiciona diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo

Título Catorce Derecho Procesal del Trabajo

Capítulo XI De la Continuación del Proceso y de la caducidad

Artículo 771. ...

Adicionalmente, esto será causa de responsabilidad patrimonial del Estado, por un mínimo de un mes de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Lo anterior, con independencia de la responsabilidad administrativa, penal o de otra naturaleza en que incurran los presidentes y auxiliares de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Capítulo XVII Procedimientos Ordinarios ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje

Artículo 870. ...

Estos procedimientos, hasta que se dicte el laudo o concluyan por las diferentes causas que esta ley admite, no podrán extenderse por más de seis meses, bajo la estricta responsabilidad del presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje y sus auxiliares. Adicionalmente, esto será causa de responsabilidad patrimonial del Estado, por un mínimo de un mes de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Lo anterior, con independencia de la responsabilidad administrativa, penal o de otra naturaleza en que incurran los presidentes y auxiliares de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Capítulo XVIII De los Procedimientos Especiales

Artículo 892. ...

Estos procedimientos, hasta que se dicte el laudo o concluyan por las diferentes causas que esta ley admite, no podrán extenderse por más de cuatro meses, bajo la estricta responsabilidad del presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje y sus auxiliares. Adicionalmente, esto será causa de responsabilidad patrimonial del Estado, por un mínimo de un mes de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Lo anterior, con independencia de la responsabilidad administrativa, penal o de otra naturaleza en que incurran los presidentes y auxiliares de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Título Quince Procedimiento de Ejecución

Capítulo I

Sección Primera Disposiciones Generales

Artículo 939. ...

Estos procedimientos, hasta que se dicte el laudo o concluyan por las diferentes causas que esta ley admite, no podrán extenderse por más de tres meses, bajo la estricta responsabilidad del presidente de la junta respectiva. Adicionalmente, esto será causa de responsabilidad patrimonial del Estado, por un mínimo de un mes de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Lo anterior, con independencia de la responsabilidad administrativa, penal o de otra naturaleza en que incurran los presidentes de las juntas.

Capítulo III Procedimientos Paraprocesales o Voluntarios

Artículo 982. ...

Estos procedimientos, hasta que se dicte el laudo o concluyan por las diferentes causas que esta ley admite, no podrán extenderse por más de dos meses, bajo la estricta responsabilidad del presidente de la junta. Adicionalmente, esto será causa de responsabilidad patrimonial del Estado, por un mínimo de un mes de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Lo anterior, con independencia de la responsabilidad administrativa, penal o de otra naturaleza en que incurran los presidentes y auxiliares de las juntas.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor a los seis meses siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Debiéndose destinar los recursos presupuestales necesarios para su instrumentación.

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

«19. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federales de Procedimiento Administrativo, y de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Gerardo Octavio Vargas Landeros , diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXIX-E, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos , con arreglo en la siguiente

Exposición de Motivos

I

Transparencia y rendición de cuentas son dos conceptos íntimamente relacionados; rinde cuentas quien no tiene nada que ocultar, quien es transparente en sus actos y sus decisiones.

Todos los órganos del Estado tienen la obligación de hacer públicas sus acciones, no como un favor concedido a los gobernados, sino como un derecho fundamental de éstos para conocer lo que hacen los gobernantes, y al mismo tiempo, ejercer un control estricto sobre las acciones de los funcionarios públicos.

La transparencia de la información pública no es una concesión que los gobiernos hacen a los ciudadanos, sino que es, en primer lugar, un derecho del gobernado y en segundo, una obligación del gobernante.

La transparencia busca que los entes públicos sean más confiables, que los gobernados puedan conocer lo que hacen y, con ello, ganarse su confianza, o al menos que no desconfíen de ellos.

La transparencia y la rendición de cuentas son elementos indispensables para evitar y combatir la corrupción; lo que buscan es precisamente erradicar este problema.

Mientras más se conozca cómo funcionan las instituciones, cómo se toman las decisiones, cómo actúan sus integrantes, menos posibilidades habrá de que incurran en actos corruptos, porque saben que están siendo vigilados y que, en caso de ser descubiertos, serán sancionados.

Respecto a la corrupción, el tratadista italiano Gianfranco Pasquino nos dice que es ``un fenómeno por el cual un funcionario público es impulsado a actuar en modo distinto de los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa''.

Joseph S. Nye, catedrático de la Universidad de Harvard y especialista en temas de ciencia política, considera a la corrupción como ``aquella conducta que se desvía de los deberes normales de un cargo público por consideraciones privadas (familia, amistad), pecuniarias o de estatus; o aquella que viola normas restrictivas de cierto tipo de influencias en beneficio privado''.

Por tal motivo, la corrupción política es la que más lastima a una sociedad, la que más desconfianza genera, y la manera más eficaz para combatirla es propiciando la transparencia y la rendición de cuentas.

Se puede afirmar que ``si la secrecía y la oscuridad son zonas donde florece la corrupción a través de sus múltiples manifestaciones, la transparencia por el contrario, acota en gran medida esas expresiones y reduce de manera considerable los márgenes de maniobra de los servidores públicos proclives a incurrir en actos de corrupción''. ¹

El derecho a la información se encuentra plasmado en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

En este sentido se puede afirmar que cualquier país que se diga democrático o que esté en vías de consolidar un sistema de gobierno de esta naturaleza debe necesariamente garantizar, a través de los ordenamientos jurídicos adecuados, la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información respecto de todas las actividades que lleven a cabo los órganos del Estado.

Por su parte, Miguel Carbonell señala que ``una democracia requiere de un funcionamiento transparente y responsable por parte de los poderes públicos; esto significa que los ciudadanos deben tener la capacidad jurídica de conocer en todo momento la conducta de sus gobernantes''. ²

La presente iniciativa tiene como propósito combatir la corrupción a través de transparentar la información de la administración pública federal; que los actos administrativos de carácter individual se hagan públicos; que las declaraciones de la situación patrimonial de los servidores públicos puedan ser conocidas por la sociedad; y que la sociedad tenga acceso a las normas, lineamientos, códigos y demás disposiciones relacionadas con la conducta de los servidores públicos.

II

Respecto al acto administrativo, éste es, según la definición de la Enciclopedia Jurídica Mexicana ³ , ``el acto que realiza la autoridad administrativa. Expresa la voluntad de la autoridad administrativa, creando situaciones jurídicas individuales, a través de las cuales se trata de satisfacer las necesidades de la colectividad o la comunidad''.

El mismo texto, citando al maestro Andrés Serra Rojas, nos dice que es ``una declaración de voluntad de conocimiento y de juicio, unilateral, concreta y ejecutiva que constituye una decisión ejecutoria que emana de un sujeto: la administración pública, en el ejercicio de una potestad administrativa, que crea, reconoce, modifica, transmite o extingue una situación jurídica subjetiva y su finalidad es la satisfacción del interés general''.

Toda vez que se trata de un acto emanado de un sujeto de la administración pública, cuya finalidad es la satisfacción del interés general, según lo establece la definición anteriormente citada, es fundamental que este tipo de actos se hagan del conocimiento público.

Por tal motivo, el artículo 4, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece:

Artículo 4. Los actos administrativos de carácter general, tales como reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y formatos, así como los lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por objeto establecer obligaciones específicas cuando no existan condiciones de competencia y cualesquiera de naturaleza análoga a los actos anteriores, que expidan las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que produzcan efectos jurídicos.

La anterior disposición se refiere a la publicidad de los actos administrativos de carácter general, por lo que existe también otro tipo de actos administrativos, que son los de carácter individual.

El artículo tercero de la mencionada ley establece los elementos y requisitos del acto administrativo, sin distinguir entre aquéllos de carácter general y los de carácter individual, distinción que, como ya se mencionó, sí hace el referido artículo cuarto.

Artículo 3. Son elementos y requisitos del acto administrativo:

Destaca la fracción III, que establece la ``finalidad de interés público'' de los actos administrativos.

Es precisamente esa ``finalidad de interés público'', la que hace necesaria que la publicidad de los actos administrativos sean de carácter general o individual, toda vez que, como ya se ha dicho, el artículo tercero no establece que dicho requisito sea exclusivo de uno u otro, sino del acto administrativo en sentido amplio.

Todos los días, las diferentes dependencias y entidades de la administración pública federal emiten actos administrativos, los cuales no se hacen públicos. Entre estos actos se encuentran autorizaciones de diversa índole, asignación de concesiones, entre otros, para la realización de múltiples actividades relacionadas con explotaciones forestales, aguas nacionales, almacenaje y transporte de residuos, radio, televisión, telefonía, actividades financieras, puertos, por mencionar sólo algunas.

La publicidad de los actos administrativos de carácter individual definitivos deberá hacerse, en todo momento, salvaguardando la información confidencial y los datos personales de los particulares involucrados, en el tenor de lo establecido en los artículos 18, 19 y 20, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 18. Como información confidencial se considerará:

No se considerará confidencial la información que se halle en los registros públicos o en fuentes de acceso público.

Artículo 19. Cuando los particulares entreguen a los sujetos obligados la información a que se refiere la fracción I del artículo anterior, deberán señalar los documentos que contengan información confidencial, reservada o comercial reservada, siempre que tengan el derecho de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables. En el caso de que exista una solicitud de acceso que incluya información confidencial, los sujetos obligados la comunicarán siempre y cuando medie el consentimiento expreso del particular titular de la información confidencial.

Artículo 20. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y, en relación con éstos, deberán:

La publicidad de los actos administrativos de carácter individual definitivos permitirá a la sociedad conocer los criterios, valoraciones, juicios, estudios y resultados de actos administrativos como el otorgamiento de concesiones, autorizaciones, permisos, licencias y otros similares, en beneficio de la transparencia y el derecho de acceso a la información.

La sociedad tiene derecho a saber bajo qué criterio y a quién se favorece a través de este tipo de actos administrativos pues, como lo establece la propia Ley Federal de Procedimiento Administrativo, su finalidad es de interés público.

Las reformas a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que propone la presente iniciativa tienen como finalidad que las autoridades hagan del conocimiento público los actos administrativos de carácter individual firmes, a través de los sitios de Internet de las diferentes dependencias de la administración pública federal, para que dicha información se mantenga actualizada y a disposición de los ciudadanos en todo momento.

De esta manera se busca incrementar la transparencia en la administración pública federal y, en consecuencia, evitar prácticas de corrupción al interior de la misma.

III

Un tema que ha sido objeto de debate y que se encuentra íntimamente relacionado con la transparencia y el combate a la corrupción es el de la publicidad de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.

Con respecto a la declaración patrimonial, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece lo siguiente:

Artículo 35. La secretaría llevará el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los servidores públicos de las dependencias y entidades, así como de las autoridades a que se refieren las fracciones IV y V del artículo 3, en los términos de la ley y demás disposiciones aplicables.

Las atribuciones que este Título otorga a la secretaría se confieren a las autoridades que aluden las fracciones I, II y VI a X, del artículo 3, en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a la ley y demás disposiciones aplicables.

Para los efectos del párrafo que antecede, las citadas autoridades conforme a su propia legislación determinarán los órganos encargados de ejercer dichas atribuciones, así como los sistemas que se requieran para tal propósito.

Están obligados a presentar declaración patrimonial, según lo dispuesto en el artículo 36 de la ley en cuestión:

Asimismo, deberán presentar las declaraciones a que se refiere este artículo, los demás servidores públicos de las dependencias, entidades y, de las autoridades a que se refieren las fracciones IV y V del artículo 3 de la ley, que determine el titular de la secretaría, mediante disposiciones generales debidamente motivadas y fundadas.

En cuanto a la publicidad de la información relativa a la situación patrimonial de los servidores públicos, la misma ley establece, en el tercer párrafo del artículo 40 lo siguiente:

Articulo 40. ...

...

La publicitación de la información relativa a la situación patrimonial se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate''.

El texto de este tercer párrafo faculta al servidor público para que autorice o no la publicación de su situación patrimonial sin dar una explicación a los gobernados, de quienes recibe su salario, acerca del por qué se niega a que se conozca tal situación.

La publicitación de la situación patrimonial de los servidores públicos debiera de ser obligatoria, siempre y cuando el interesado lo solicite por escrito, se identifique plenamente y exponga las razones por las cuales desea conocer la situación patrimonial del servidor público en cuestión.

La publicación de la situación patrimonial de los servidores públicos debiera ser la regla general y no la excepción como actualmente sucede. Sólo en caso de que el interesado se negara a identificarse plenamente y a exponer las razones para solicitarla, la información debiera negársele, de otra forma no hay justificación para que no la obtenga.

En los Estados Unidos de América, por ejemplo, la situación patrimonial de los servidores públicos puede ser del conocimiento público siempre y cuando haya una solicitud de por medio que contenga los datos del solicitante y otros requisitos establecidos en la Ethics in Government Act , que es la ley encargada de regular lo relacionado con la declaración de situación patrimonial de los funcionarios públicos de aquel país, y en donde se establecen una serie de condiciones para que dicha información sea otorgada.

No se trata de que la situación patrimonial de los servidores públicos se haga del conocimiento de toda la sociedad, ni que se publique en medios de comunicación masiva o electrónicos, sino únicamente de quién la solicite bajo las condiciones establecidas en la propia ley.

Con respecto a la protección de los datos personales, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental considera dentro de los datos personales a proteger, el patrimonio de una persona física (artículo 3, fracción II).

Sin embargo, el artículo 22 establece los casos en los cuales no se requerirá autorización de los individuos para proporcionar los datos personales, entre ellos, por supuesto, el patrimonio. La última fracción de este artículo dice:

Uno de estos casos de excepción sería entonces el de la situación patrimonial de los servidores públicos, siempre que se cumpla con lo establecido en la ley, en este caso, la de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por lo que no se estaría vulnerando lo dispuesto en el mencionado artículo 3o., fracción II de la ley en comento.

Vale la pena mencionar que el 27 de mayo de 1997, México ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción y forma parte del mecanismo de seguimiento de la implantación de dicha convención, desde el 4 de junio de 2001.

Este instrumento jurídico internacional tiene como propósitos promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados partes; de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados partes a fin de asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.

Con objeto de cumplir con estos propósitos, la convención establece, en su artículo III, una serie de medidas a adoptar por los Estados partes destinadas a crear, mantener y fortalecer diversos aspectos en la lucha anticorrupción, entre las cuales destacan los ``sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda''.

Precisamente una de las recomendaciones para México por parte del comité de expertos del mecanismo de seguimiento de la implantación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, órgano responsable del análisis técnico de la implantación de esta convención, ha sido ``regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes en relación con la publicidad --cuando corresponda--, de las declaraciones patrimoniales, ingresos, activos y pasivos, con sujeción a la Constitución y a los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico''.

Con objeto de implantar esta medida en la legislación mexicana, atender la recomendación emitida por el comité de expertos y dar cumplimiento a lo establecido en la Convención Interamericana contra la Corrupción, la presente iniciativa propone reformar el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas a efecto de que la información relativa a la situación patrimonial de los servidores públicos se haga pública de manera obligatoria, siempre y cuando el interesado se identifique plenamente, haga la solicitud por escrito y exponga las razones por las cuales está pidiendo dicha información.

IV

Uno de los factores que más contribuye a lograr una buena relación entre gobernantes y gobernados, así como a la credibilidad en las instituciones gubernamentales es la confianza que éstos tengan en aquéllos.

Para lograr esta confianza es indispensable que la actuación de los servidores públicos se rija por los principios éticos elementales y que su conducta responda a las necesidades de la sociedad; que con su actuar, no traicionen el mandato que el pueblo les ha conferido.

El 31 de julio de 2002, la Secretaría de la Función Pública expidió el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal, el cual contiene reglas de conducta y principios rectores del servicio público.

Asimismo, existen otros ordenamientos que atienden lo relacionado con la conducta de los servidores públicos, tales como la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su reglamento, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Código Penal Federal, por mencionar los más importantes.

Sobre el particular, el artículo 48 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece:

Artículo 48. Para asegurar el cabal cumplimiento de los principios y obligaciones que la ley impone a los servidores públicos será responsabilidad de las dependencias y entidades, considerando las funciones que a cada una de ellas les corresponden y previo diagnóstico que al efecto realicen, establecer acciones permanentes para delimitar las conductas que en situaciones específicas deberán observar éstos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dicho diagnóstico deberá actualizarse conforme a los resultados que arroje la evaluación a que se refiere el artículo 50 de la ley.

En el establecimiento de las acciones referidas, las dependencias y entidades deberán atender los lineamientos generales que emita la secretaría.

El artículo 49 hace alusión a un código de ética con reglas claras para la actuación de los servidores públicos:

Artículo 49. La secretaría, con sujeción a lo previsto en el artículo 48 de la ley, emitirá un código de ética que contendrá reglas claras para que, en la actuación de los servidores públicos, impere invariablemente una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad, y que oriente su desempeño en situaciones específicas que se les presenten, propiciando así una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad.

El código de ética a que se refiere el párrafo anterior, deberá hacerse del conocimiento de los servidores públicos de la dependencia o entidad de que se trate.

El artículo 50 se refiere a la evaluación que las dependencias y entidades de la administración pública deberán llevar a cabo en relación con las acciones relacionadas con la conducta de los servidores públicos y a las modificaciones que, en su caso, debieran hacerse:

Artículo 50. Las dependencias y entidades deberán evaluar anualmente el resultado de las acciones específicas que hayan establecido conforme a este capítulo, y realizar, en su caso, las modificaciones que resulten procedentes, informando de ello a la secretaría en los términos que ésta establezca.

Finalmente, el artículo 51 hace mención de uno de los aspectos más importantes para que las acciones relacionadas con la conducta de los servidores sean eficaces y surtan los efectos que la sociedad espera, es decir, la participación de los sectores social y privado en la elaboración del diagnóstico a que se refiere el artículo 48, cuyo objetivo es establecer acciones permanentes para delimitar las conductas que en situaciones específicas deberán observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Artículo 51. Las dependencias y entidades deberán promover la participación de los sectores social y privado, así como, en su caso, de los gobiernos estatales y municipales correspondientes, en la elaboración del diagnóstico a que se refiere el artículo 48 de la ley, así como en la evaluación de las acciones que las mismas determinen, a efecto de garantizar la prevención de conductas indebidas de los servidores públicos.

El hecho de que existan estas disposiciones y de que los sectores social y privado puedan participar en el diagnóstico a que hace referencia el artículo 48 de la ley, son ya de por sí, elementos valiosos que favorecen una adecuada actuación por parte de los servidores públicos y que permiten que se apeguen a reglas de conducta que satisfagan las exigencias y necesidades de la población.

Sin embargo, en estas disposiciones aún falta un elemento indispensable para que el gobernado pueda exigir una conducta ética por parte de los servidores públicos y que le permita conocer cómo es que deben conducirse en el desempeño de sus funciones; este elemento es la publicidad de todos aquéllos códigos, diagnósticos, lineamientos, disposiciones, evaluaciones y acciones que tengan relación con su forma de conducirse en los cargos que les han sido conferidos.

En tal virtud, la presente iniciativa propone adicionar el artículo 51 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para que el diagnóstico y las acciones permanentes a que hace referencia el artículo 48; el código de ética que se menciona en el artículo 49; la evaluación anual y las modificaciones contempladas en el artículo 50; así como los resultados de la participación de los sectores social y privado a que hace referencia el artículo 51, se hagan públicos a través de los respectivos sitios de Internet de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

En la medida en que los ciudadanos tengan acceso a esta información podrán exigir, de manera responsable y fundada, una correcta actuación de los servidores públicos, apegada a principios éticos y que responda a las necesidades de la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

Primero. Se adicionan los artículos 4o. y 16 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para quedar como sigue:

Artículo 4o. ...

Los actos administrativos de carácter individual deberán publicarse, una vez que hayan quedado firmes, en los respectivos sitios de Internet de las dependencias que los hayan emitido, respetando lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en materia de datos personales.

Artículo 16. La administración pública federal, en sus relaciones con los particulares, tendrá las siguientes obligaciones:

Segundo. Se reforma el artículo 40 y se adiciona el artículo 51, ambos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

Artículo 40. La secretaría llevará un registro de servidores públicos, el cual tendrá el carácter de público.

...

La publicitación de la información relativa a la situación patrimonial será obligatoria y se hará previa solicitud por escrito y mediante la plena identificación del interesado, que contenga nombre, ocupación, domicilio, así como las razones que motiven dicha solicitud.

...

...

...

...

Artículo 51. ...

El diagnóstico, las acciones permanentes, los lineamientos generales, el código de ética, la evaluación anual, las modificaciones y los resultados de la participación de los sectores social y privado a que hacen referencia los artículos 48, 49, 50 y el párrafo anterior, deberán hacerse públicos en los respectivos sitios de Internet de las dependencias y entidades correspondientes.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Se turna a la Comisión de la Función Pública.

«20. Que reforma y adiciona el artículo 44 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal por Nuevo León, Juan Francisco Rivera Bedoya , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con base en la facultad que confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona el artículo 44 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Exposición de Motivos

Nuestro actual estado de derecho implica sobre todo el sometimiento de las autoridades administrativas al orden jurídico, lo que significa que las autoridades solamente pueden realizar aquellos actos que la norma jurídica les autoriza, ello de acuerdo con los principios, reglas y procedimientos previamente establecidos en la norma que los establezca. Asimismo, y derivado de que corresponde a un estado de derecho, como último fin, el llevar a cabo la tutela de los derechos de los administrados mediante la debida previsión en la ley de los medios necesarios que garanticen que los gobernados puedan acceder a instancias dentro del propio procedimiento administrativo a los que pueda acudir ante la eventualidad de que los actos de las autoridades se aparten de la legalidad y vulneren su esfera jurídica, sin que dichos actos puedan ser susceptibles de ser detenidos en cuanto a su alcance y aplicación, hasta en tanto los mismos no hayan sido debidamente considerados o revisados, ya sea de oficio o a petición de parte interesada por el superior jerárquico de la autoridad que los emitió o, en su caso, del titular de la dependencia si hubiese sido este quien da origen al acto por el cual se inicia el procedimiento administrativo.

De ahí la importancia de que la administración pública base su actuación en la normatividad jurídica vigente, respetando las garantías individuales, en especial la de audiencia y de legalidad consagradas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por otro, que los particulares cuenten, en su relación con la administración pública, con certeza y seguridad jurídica mediante el establecimiento en la propia Ley Federal de Procedimiento Administrativo de un coherente y sencillo medio para detener la aplicación o los efectos de los actos y resoluciones emanadas de las autoridades administrativas, como lo es la suspensión de su aplicación, derivado lo anterior, de la solicitud de una segunda opinión respecto al acto o resolución del cual se duele el particular que solicita se inicie dicho procedimiento.

En la actualidad, al no contemplar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo ninguna figura que permita suspender la aplicación del acto administrativo emitido por alguna autoridad una vez iniciado el procedimiento administrativo, a petición de la parte interesada, hasta en tanto el mismo no haya sido estudiado o revisado para establecer si el mismo es irregular o adolece de alguno de los elementos o requisitos del acto administrativo, de donde pudiera producirse su nulidad y que la misma sea declarada por el superior jerárquico de la autoridad que lo emitió o del titular de una dependencia, genera que se pueda llevar a cabo la aplicación del acto administrativo en perjuicio del gobernado sin que este pueda hacer algo para detener su aplicación hasta en tanto el mismo no sea nuevamente revisado.

Por lo que la suspensión que se llegue a otorgar no constituye una instancia, ni su negativa constituirá una resolución contra la que proceda algún medio de defensa o recurso, toda vez que para la suspensión del mismo deberán observarse las particularidades del caso en que se solicita dicha suspensión, en el entendido de que si se concediere la suspensión de la aplicación del acto, ello no implica la suspensión del propio procedimiento iniciado por la parte interesada.

La iniciativa que someto a la consideración de este honorable Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su discusión y, en su caso, aprobación, tiene el claro propósito de proporcionar un marco jurídico que haga posible una actuación administrativa más honesta, responsable, eficiente y transparente, apegada a la legalidad, y que garantice la seguridad jurídica para las personas en sus relaciones con la administración pública, lo anterior tiene como objeto regular los actos, resoluciones y procedimientos administrativos de las autoridades de la administración pública federal en general, cuando éstos actúen en funciones de autoridad, mediante la emisión de actos que puedan afectar la esfera jurídica de los particulares al existir una omisión o irregularidades en los elementos y requisitos de validez del mismo y de que de su reconocimiento a petición de parte interesada se pueda decretar la nulidad del acto administrativo.

En razón de lo expuesto y con fundamento en las facultades que el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos me confiere y derivado de la necesidad de que nuestra legislación sea acorde a los tiempos que actualmente se viven y que responden generalmente a la necesidad de regir la realidad jurídica entre la administración pública y el gobernado y, por ello, dicha normatividad se debe ajustar a las exigencias impuestas por la sociedad a que se encuentra dirigida para poder alcanzar su conveniente y efectiva aplicación.

Lo anterior, derivado del hecho de que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo fue publicada desde el 29 de julio del año de 1994 y de que algunas de las disposiciones que se contienen en la citada Ley Federal de Procedimiento Administrativo actualmente hacen nugatoria la aplicación en la actualidad del contenido del artículo 44 de dicho ordenamiento por ser el mismo demasiado ambiguo, por lo que se propone la reforma y adición del mismo sobre la suspensión de los actos administrativos que sean objeto del procedimiento administrativo iniciado a petición de parte interesada, ello a efecto de que los actos administrativos sean revisados por el superior jerárquico de la autoridad que lo emitió o del titular de una dependencia si este lo hubiese emitido, para establecer si el mismo es irregular o adolece de alguno de los elementos o requisitos esenciales de validez del acto administrativo de donde pudiera producirse su nulidad.

Por ello resulta indispensable adecuar dicha disposición legal a la actualidad para dar un instrumento efectivo a los gobernados para que no se aplique un acto que se aparte de la legalidad y vulnere su esfera jurídica.

Con base en lo anterior se propone el siguiente proyecto de

Decreto por el que se modifica y adiciona el artículo 44 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para quedar como sigue:

Artículo 44. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo podrá adoptar las medidas provisionales establecidas en las leyes administrativas de la materia, y, en su caso, en la presente ley para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existieren suficientes elementos de juicio para ello.

Cuando el procedimiento se inicie a petición de la parte interesada se podrá otorgar la suspensión del acto respecto a su aplicación y efectos, lo anterior para que no se cause algún daño o perjuicio al particular que solicita el inicio del procedimiento administrativo, suspensión que se otorgará siempre que se cumpla con lo siguiente:

Se turna a la Comisión de la Función Pública.

«21. Que reforma y adiciona el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a cargo del diputado Juan Francisco Rivera Bedoya, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal por Nuevo León, Juan Francisco Rivera Bedoya , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con base en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 61, fracciones I y III, y se adicionan una fracción de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Exposición de Motivos

Es sabido que orden público es el conjunto de normas con trascendencia jurídica absolutamente obligatorias e irrenunciables, que persiguen cierto grado de armonía social y de eficacia del derecho, y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas no es la excepción; es una ley de orden público, cuyo objetivo principal es el de reglamentar, entre otros, los artículos 134, 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para garantizar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad en la contratación de las obras públicas, y la aplicación transparente y responsable del gasto público que las mismas requieren.

Por desgracia, durante el proceso de materialización en el ramo de las obras públicas como medio de la inversión en la construcción de la infraestructura y equipamiento necesario para atender las demandas del desarrollo social y productivo de los mexicanos, nos encontramos ante obstáculos que impiden dicha materialización en la forma y términos primigeniamente considerados, uno de ellos es el incumplimiento del particular a las obligaciones asumidas para con el Estado, a través de la dependencia o la entidad contratante; sin embargo, para abatir dichos incumplimientos existe una potestad que ha sido reconocida como un privilegio de los órganos de las dependencias o entidades de la administración pública. Esa potestad se traduce en la facultad rescisoria que se contempla en el artículo 61, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se justifica, en virtud de que en la esfera administrativa imperan razones vinculadas con el interés general, persiguiendo una actuación más oportuna y eficiente de la administración pública ante circunstancias que hacen patente la necesidad de salvaguardar el interés público o de evitar su detrimento por el incumplimiento del contratista a las obligaciones asumidas a través de un contrato de obra pública y servicios relacionados con las mismas.

Sin embargo, la forma y términos en que se encuentra considerada esa facultad rescisoria en el artículo 61, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ha dado pie a que durante el procedimiento administrativo de rescisión se soslayen por confusión o por errónea interpretación las etapas que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada del gobernado antes del acto de privación, y que, de manera genérica, se traducen en las siguientes: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Tales etapas o requisitos se recogen del criterio de jurisprudencia emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P/J 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo II, de diciembre de 1995, página 133, bajo el rubro ``Formalidades esenciales del procedimiento son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo''.

Ese soslayamiento a que se hace referencia en el párrafo que antecede deriva en que en la mayoría de los procedimientos administrativos de rescisión iniciados por las dependencias y entidades de la administración pública se declaren por los tribunales jurisdiccionales como no válidos, a la luz del derecho, no por una cuestión de fondo, sino por una cuestión de forma, verbigracia, la simple circunstancia de no haberse observado la etapa correspondiente a los alegatos, que como se podrá vislumbrar, no se encuentra contemplada en la actual redacción del artículo 61 que nos ocupa, pero que si se aprecia en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en su artículo 56, y que por ello debe desahogarse en el procedimiento administrativo de rescisión que se ventila por una dependencia o entidad al amparo de la Ley de Obra Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y que generalmente se pasa por alto por no encontrarse expresamente contemplada en su artículo 61.

En ese mismo orden de ideas, la falta de un establecimiento claro de la forma y términos en que deben ofrecerse, admitirse y desahogarse las diferentes probanzas que puedan llegar a verificarse por el interés del gobernado inmerso en un procedimiento administrativo de rescisión, pone a las dependencias y entidades en una disyuntiva en su actuar para que, dentro del campo del derecho, consideren el conjunto general de condiciones, requisitos, elementos y circunstancias para llevar a cabo un adecuado procedimiento en lo que a probanzas se refiere.

Cierto es que la multiplicidad de disposiciones supletorias a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas no debería suponer un problema de aplicación en lo que así correspondiere, sin embargo, su falta de señalamiento concreto es campo fértil para una interpretación inadecuada por cualquiera de las partes inmersas en el procedimiento administrativo de rescisión, que finalmente redunda en un tortuoso procedimiento jurisdiccional para desentrañar algo, que de ser clara la ley de donde se desprende el fundamento, no habría porque ser materia de interpretación, puesto que es máxima del derecho que en donde la ley es clara no cabe la interpretación.

Siguiendo el hilo conductor en lo relacionado a las pruebas periciales que puedan llegar a ofrecerse por el gobernado en un procedimiento administrativo de rescisión, existe un mar de confusión respecto de la forma en que deberá ofrecerse, admitirse y desahogarse dicha probanza, ello en razón de que el procedimiento administrativo de rescisión es un procedimiento que se resuelve y tramita por la propia autoridad, por lo que resultaría ilógico que en su caso se propusiera un perito tercero en discordia o que se rinda, siquiera, un peritaje de esa naturaleza, pues no resultaría designado por un juez imparcial, sino por una de las partes en la controversia, ya que la propia autoridad vendría a designar su perito y el tercero en discordia, con lo cual se desvirtuaría la esencia de la prueba pericial, por lo que es necesario buscar la fórmula para erradicar en la medida de lo posible, tales circunstancias, en principio, tal dificultad podría erradicarse si tales peritos no son designados por la propia autoridad, sino por otra autoridad administrativa como lo podría ser la Secretaría de la Función Pública o aquella contraloría interna que corresponda a la dependencia o entidad de que se trate, hecho lo cual la autoridad deberá resolver, con vista a los dictámenes del perito del afectado y de aquellos designados, a reserva de que la prueba pueda rendirse por el gobernado en la vía judicial correspondiente, si el causante o afectado opta por rendir la prueba en tales juicios en vez de hacerla ante la autoridad, opción de la que no puede privársele.

En las circunstancias apuntadas no debe pasarse por alto que las causas que regularmente motivan el inicio del procedimiento administrativo de rescisión y que se encuentran contempladas medularmente en el artículo 127 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, son concretas y su demostración medularmente deviene de aquellos documentos que nacen durante la vida del contrato incumplido, tales como estimaciones de obra, que son un reflejo de los trabajos ejecutados por el contratista al amparo del programa de ejecución pactado, por lo que dichas estimaciones son el documento idóneo para demostrar el cumplimiento o no de dicho programa de obra; así mismo, se cuenta con la bitácora de obra que es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre las partes contratantes y que las vincula en conjunto con otros instrumentos en sus derechos y obligaciones, por lo que para evitar que el ofrecimiento de la prueba pericial sea con una finalidad dilatoria del procedimiento deberá determinarse, con términos específicos para evitar tal circunstancia, so pena de desecharse de no cumplirse con los mismos, lo que evidentemente no vulnera en forma alguna la garantía de seguridad jurídica para el gobernado, pero que sí garantiza un procedimiento expedito en la medida de lo posible, como el que se requiere para un procedimiento administrativo como el que nos ocupa.

En esa tesitura, por lo complejo de la preparación y desahogo de la prueba pericial y de la necesaria contemplación de la etapa de alegatos, los tiempos actualmente considerados para la emisión de una resolución debidamente fundada y motivada resultan imposibles y extremamente reducidos para tales efectos, lo que resulta en el latente riesgo de la emisión de una resolución deficiente y frágil, por ende, con un alto porcentaje de ser declarada procedente la impugnación que de la misma se realice por cuestiones de formalidad legal, lo que constituye propiamente que la improcedencia del actuar de la administración pública no lo fue porque los incumplimientos atribuibles al contratista no se hayan verificado, sino porque no se observaron las cuestiones de formalidad legal, lo que resulta una cuestión por la que se deben de considerar tiempos reales y adecuados a un procedimiento de esta naturaleza, para evitar procedimientos que a la larga resulten estériles, y finalmente en contraposición a la tutela del orden público y del interés social que se persigue, ello a la sazón de resoluciones que únicamente por cumplir con los reducidos tiempos que actualmente se contemplan se emitan al vapor, en forma baladí y sin la debida exhaustividad que se requiere para tener una resolución fundada y motivada que trascienda con fuerza y alcance predominante en el campo del derecho.

Con base en lo anterior se propone el siguiente proyecto de

Decreto por el que se modifica el artículo 61, fracciones II y III, y se adiciona una fracción de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue:

Artículo 61. Las dependencias y entidades podrán rescindir administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

Se turna a la Comisión de la Función Pública.

«22. Que reforma diversas disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado José Luis Murillo Torres, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal José Luis Murillo Torres , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de ésta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los numerales 6, 10 y 11 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La historia de la pena de prisión se remonta a la función que cumplía en el antiguo derecho como medio para mantener seguros a los acusados durante la instrucción del proceso. Pero es hasta finales del siglo XVIII, bajo la influencia de la corriente humanitaria, cuando se incorpora como pena en sí misma, reemplazando los castigos corporales.

La prisión representa, dentro de nuestra sociedad, una institución totalitaria y punitiva, con la finalidad de la intimidación, bajo el postulado de que es un medio eficaz para amenazar a posibles delincuentes o para evitar que reincidan los que ya han incurrido en una conducta antisocial.

Al castigo del cautiverio se añade algo que va más allá de la privación de la libertad, es decir, la condena a la obligada convivencia, a las pésimas condiciones de sobrevivencia, al ocio que inhabilita y llena de frustración a la población penitenciaria.

En relación con los factores sociales que imprimen un carácter criminógeno a la cárcel, la prisión produce efectos como la vergüenza de la familia, el sufrimiento moral en el hogar y el deterioro que significa la pérdida de la percepción económica del encarcelado; por otra parte en el caso de sentencias de larga duración, tratándose de internos casados, el divorcio, la disolución familiar y la inadaptación de los hijos, dado que su educación no se da en situaciones normales.

En resumen, podemos decir que la prisión es un instrumento de control social utilizado por el Estado para la contención de unos cuantos y un factor intimidante para la discutible prevención de conductas que alteren el orden social establecido.

En México, la legislación vigente, específicamente en nuestra Carta Magna, en su artículo 18, considera la pertinencia de separar a hombres y mujeres en las prisiones, no obstante, no se señalan las necesidades de las mujeres en reclusión, sobre todo aquellas asociadas a la maternidad, la atención de los hijos y la educación de los mismos.

Se hace caso omiso a situaciones obvias y contundentes, como la atención que requieren las internas embarazadas o que tienen a sus hijos viviendo junto con ellas en la prisión y, en consecuencia, bajo su cuidado, atención y educación.

Es necesario hacer hincapié en la discriminación hacia las mujeres dentro de las prisiones, pues no se ha considerado prioritario atender sus necesidades por la simple justificación de que la cantidad que representan es mínima en comparación con la población varonil, por lo que pareciera que el diseño operativo y arquitectónico de los Centros de Reclusión responde únicamente a necesidades de personas del género masculino.

La lógica aquí es que los penales están construidos, planeados y organizados únicamente para la población masculina, por lo que es más que evidente la desigualdad entre géneros al interior de los centros de reclusión.

La violencia contra la mujer es un problema que se vive cotidianamente y se manifiesta de diversas formas, es decir física, sexual y emocionalmente y puede presentarse tanto a nivel público como privado.

Este tema se ha considerado como prioritario a nivel mundial, ya que impide el desarrollo de la mujer en todas las áreas, se ha reconocido que tal violencia impide el logro de sus objetivos de igualdad, desarrollo y paz, viola y menoscaba o impide su disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Aunado a los problemas propios de la reclusión, las mujeres son generalmente abandonadas por la familia y no cuentan con apoyo económico para sufragar sus gastos; el acceso a la educación es menor, mientras que el acceso a los servicios de salud y salud reproductiva, el derecho a la visita íntima y las preliberaciones son aspectos que también destacan por la serie de restricciones de que son objeto las reclusas.

La situación de la mujer en la prisión la hace más vulnerable, por el doble abandono del que es objeto, como ya se mencionó por parte de la familia como una forma de reprocharle, en su condición de mujer, haber infringido la ley, y por haber sido etiquetada como delincuente y haber estado en prisión; y en segundo lugar, por la institución penitenciaria al concederle, la mínima significatividad a las condiciones de encierro de la población femenina y a las secuelas sociofamiliares resultantes de su exclusión social.

Es inobjetable el trato diferencial que reciben las mujeres presas en relación con el de la población masculina, en la mayoría de los penales mixtos, los espacios que son asignados para las internas que son madres y sus hijos deben ser adaptados de acuerdo a sus necesidades, obedeciendo esto, como anteriormente se mencionó, a la infraestructura de los mismos, a la satisfacción de un modelo planeado y construido para varones.

Por otra parte resulta preocupante que en la mayoría de los centros de readaptación social no cuenten con alternativas laborales para las mujeres en reclusión. El mismo artículo 18 constitucional precisa que el trabajo, junto con el estudio y la capacitación para el trabajo, es un medio para la readaptación social.

Esto, sin embargo, está obstaculizado por varias condiciones: por ejemplo, no existe una reglamentación del trabajo al interior de los centros de reclusión, por lo que el trabajo no es obligatorio; situación que se evidencia especialmente con las mujeres.

Por otra parte considero compañeros que el castigo a las mujeres es necesariamente un castigo extensivo hacia sus hijos, tanto a los que permanecen con ellas en prisión, como a los que quedan desamparados en el exterior o bajo los cuidados de familiares.

También es importante destacar la situación de permanencia de los hijos de las mujeres privadas de su libertad junto a ellas, ya que esto conlleva un riesgo de contaminación que, a través del proceso de prisionalización, podría explicar un comportamiento delictivo posterior del menor.

Asimismo existe el argumento contrario a lo mencionado, el del derecho del niño a ser cuidado por sus padres (artículo 7.1 de la Convención de los Derechos de la Niñez); adicionalmente, la no separación de los hijos de las madres presas asume el perfil de que, en muchos casos, es la única garantía de su sobrevivencia, dada la situación de marginalidad de la mayoría de las mujeres recluidas en centros de readaptación.

En este contexto, compañeros, tenemos la obligación de tomar las medidas necesarias para garantizar a las mujeres en reclusión y a los hijos en situación de permanencia junto a ellas, el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos, y ejercer nuestra responsabilidad de garantizarles su seguridad y bienestar, formulando políticas penitenciarias en las que sean tomadas en cuenta las condiciones específicas de las mujeres.

La lucha por lograr el pleno goce de los derechos de quienes se encuentran privados de su libertad, no debe cesar, porque es imposible concebir un Estado democrático en el que la práctica violatoria de los derechos de las personas siga siendo algo común y cotidiano, como les ocurre a los reclusos y reclusas en nuestro país.

En atención a lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de ésta honorable asamblea de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto

Primero. Se reforman los numerales 6, 10 y 11 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados para quedar como sigue:

Artículo 6o. ... ...

...

En los centros de reclusión para mujeres, se proporcionará a éstas atención médica especializada durante el embarazo y servicios ginecológicos, obstétricos y pediátricos de emergencia.

...

Artículo 10. La asignación de los internos al trabajo se hará tomando en cuenta los deseos, la vocación, las aptitudes, el estado de gravidez, la capacitación laboral para el trabajo en libertad y el tratamiento de aquellos, así como las posibilidades del reclusorio. El trabajo en los reclusorios se organizará previo estudio de las características de la economía local, especialmente del mercado oficial, a fin de favorecer la correspondencia entre las demandas de éste y la producción penitenciaria, con vistas a la autosuficiencia económica del establecimiento. Para éste último efecto, se trazará un plan de trabajo y producción que será sometido a aprobación del gobierno del estado y, en los términos del convenio respectivo, de la Dirección General de Servicios Coordinados.

Artículo 11. ...

...

Los hijos de las mujeres recluidas, en caso de que permanezcan dentro de la institución, recibirán atención pediátrica, educación inicial y preescolar hasta la edad de 6 años.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Se turna a la Comisión de Seguridad Pública.

«23. Que reforma diversas disposiciones de las Leyes General de Educación, y para la Coordinación de la Educación Superior, a cargo del diputado Sergio Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, diputado federal Sergio Hernández Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presenta a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción segunda al artículo 12 de la Ley General de Educación, y el primer párrafo del artículo 2, el artículo 8 y el artículo 16 de la Ley de Coordinación para la Educación Superior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

No existe la menor duda de que la educación es una herramienta clave para el desarrollo de las naciones; lo anterior, partiendo de dos premisas: la primera, porque vivimos en un mundo globalizado en donde la riqueza la crea el conocimiento, y la segunda, porque la educación es la única manera de disminuir las desigualdades sociales que aún imperan en muchas partes del país.

Por esta razón, es fundamental el apoyo que como legisladores le demos al sector educativo, ya sea mediante la supervisión y el apoyo para la implantación de políticas educativas claras por parte del Ejecutivo, o con la inversión de mayores recursos que hagamos los diputados año con año, pero sobre todo, con la actualización y el fortalecimiento permanente del marco jurídico relativo a la educación en México.

Consciente de lo anterior, el periodo pasado presenté en esta misma tribuna una iniciativa con proyecto de decreto tendente a modificar la Ley General de Educación, con la finalidad de fortalecer la educación en México, mediante la supervisión y evaluación de la calidad educativa en las instituciones privadas, así como de la obligatoriedad de contar con los reconocimientos de validez oficial de estudios, para el inicio y permanencia de las actividades de las instituciones educativas, con el endurecimiento de las sanciones para el caso de incumplimiento de la norma.

En esta ocasión hago uso de esta tribuna una vez más para retomar el tema de los reconocimientos de validez oficial de estudios, desde una perspectiva distinta y enfocada particularmente a la uniformidad de criterios para su expedición en el ámbito de la educación superior, por ser ahí donde se forman las futuras generaciones mexicanas.

Como sabemos, derivado de este proceso de globalización, las nuevas generaciones se enfrentan a mayores retos de los que nos correspondieron a nosotros, lo que implica que los jóvenes deben contar forzosamente con una mayor preparación, para poder enfrentarse exitosamente al mundo laboral y competir con profesionistas de otras naciones. Ejemplo de esto son las nuevas exigencias del dominio de conocimientos tecnológicos, científicos, culturales, de idiomas, entre muchos otros.

Partiendo de lo anterior, debemos entender que la educación superior tiene un grado trascendental de importancia dentro de nuestro sistema educativo, pues es ahí, en donde se forman a las generaciones que se enfrentarán de manera inmediata, a los grandes retos que México tiene frente a un mundo globalizado; abarcando a la educación que se imparte en las universidades durante los estudios de licenciatura, maestría y doctorado, así como los cursos de actualización y especialización.

En este sentido, debe quedar claro entonces que es indispensable ofrecer servicios educativos de gran calidad, que proporcionen a los estudiantes una formación integral, con nuevas competencias y nuevos conocimientos para la construcción de un futuro prometedor.

Actualmente existe una creciente preocupación tanto de los usuarios de los servicios educativos, de las mismas autoridades en el sector, de los padres de familia y los legisladores, derivada de la inexistencia de una homologación de criterios para la expedición de reconocimientos de validez oficial de estudios, toda vez que en el ámbito nacional las entidades federativas expiden dichos registros a instituciones de educación superior, con criterios propios, sin que exista uniformidad en éstos, ocasionando con ello la inequidad en la calidad de la educación de unas instituciones a otras, y permitiendo además la apertura de instituciones de educación superior de dudosa calidad, afectando con esto severamente a las futuras generaciones de mexicanos.

En este sentido, se propone modificar la Ley General de Educación para otorgar la facultad a la Secretaría de Educación Pública de fijar lineamientos generales para la expedición de los registros de validez oficial de estudios, por lo cual es necesario justificar por qué se busca reformar dicho ordenamiento, dejando fuera la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, que podría pensarse de manera lógica, sería el ordenamiento indicado para plantear una reforma de esta naturaleza.

En primer término, no se consideró insertar esta reforma dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, porque ésta establece dentro de su artículo 38, que se refiere a la Secretaría de Educación Pública, los aspectos generales que corresponderán a dicha secretaría en el ejercicio de sus funciones, que van desde la supervisión de planteles educativos, la educación artística, bibliotecas, el fomento a la investigación científica y tecnológica mediante la creación de centros, instalación de laboratorios observatorios, planetarios, la organización de congresos, eventos, ferias de carácter educativo, científico, tecnológico, cultural y artístico, lo relativo al otorgamiento de becas, a la revalidación de estudios y títulos, educación física, programas de capacitación, producción cinematográfica, monumentos nacionales y patrimonio histórico, entre otros; dejando además abierta dicha facultad, en su fracción XXXI, para realizar las funciones que de manera expresa le fijen las leyes y reglamentos en la materia.

Por otro lado, se encuentra la Ley de Coordinación para la Educación Superior, que regula este sector en específico, y remite en diversos artículos a la aplicación de la Ley Federal de Educación de manera directa o de manera supletoria.

Para el caso concreto materia de esta iniciativa, se consideró innecesaria la modificación a dicho ordenamiento, toda vez que su artículo 16 es claro al señalar que ``la autorización para impartir educación normal y el reconocimiento de validez oficial de otros estudios de tipo superior, se regirán por la Ley Federal de Educación, por la presente ley y por los convenios a que la misma se refiere, en la inteligencia de que para cada plantel, extensión, dependencia y plan de estudios se requerirá, según el caso, autorización o reconocimiento''.

Así las cosas, se entiende que sería ocioso modificar este ordenamiento, cuando en la materia que nos ocupa, éste mismo ordenamiento remite de manera directa y en primer término, a la Ley Federal de Educación.

Cabe agregar que, en este caso, del estudio realizado a esta Ley de Coordinación para la Educación Superior, se desprende la urgencia de reformar los artículos segundo primer párrafo, octavo y décimo sexto, toda vez que éstos hacen referencia a la Ley Federal de Educación, que fue abrogada por la Ley General de Educación actual y vigente.

Por estas razones, se consideró que Ley General de Educación plantea de manera específica las actividades y las atribuciones que de manera exclusiva tendrá la autoridad educativa federal o la Secretaría de Educación Pública, entre las cuales se encuentran lineamientos particulares para una adecuada operación y conducción del sistema educativo mexicano en todos sus niveles; constituyéndose así como el ordenamiento jurídico central en materia educativa, del cual se desprenden los lineamientos que serán aplicables tanto en el ámbito federal como en el estatal, y al sector público como al privado.

Igualmente, es necesario hacer referencia al Programa Sectorial de Educación 2007-2012, que entre sus objetivos principales aplicables a la educación media superior y superior, se encuentra el de garantizar la calidad de las instituciones y de los programas educativos que oferten los particulares que reciban el reconocimientos de validez oficial de estudios, mediante la revisión y perfeccionamiento de las reglas y criterios que lo regulan y, en su caso, por medio del establecimiento de convenios con las entidades federativas, tendientes a homogeneizar los criterios entre la Federación y las entidades federativas para el otorgamiento del reconocimiento, que, a falta de disposición expresa en la ley, han sido utilizados por la Secretaría de Educación Pública como mecanismos idóneos para unificar los requisitos de la expedición de éstos en las entidades federativas.

Sin embargo, a pesar de este loable esfuerzo por parte de la secretaría, se considera que no es suficiente para superar la inequidad en la calidad educativa, pues al final la suscripción del convenio de coordinación depende enteramente de la voluntad de la entidad federativa, además de que el incumplimiento de un convenio es menos grave que el incumplimiento de la Ley General de Educación.

Debe quedar claro que esta iniciativa no pretende interferir en facultades otorgadas a los estados; sino, por el contrario, pretende únicamente dictar lineamientos generales que permitan a la autoridad educativa federal implantar criterios mínimos a los que deberán sujetarse las autoridades educativas estatales para la expedición de los reconocimientos de validez oficial de estudios a los particulares, dejando intacta la facultad de los estados para expedir, negar o revocar dichos reconocimientos, e inclusive pudiendo éstos dictar sus propias normas, siempre y cuando cumplan con los mínimos requisitos establecidos por la secretaría, con lo que se pretende garantizar una calidad educativa uniforme para todas las instituciones de educación superior particulares que oferten sus servicios a la población.

Diputadas y diputados, como legisladores, no podemos seguir permitiendo que este problema siga ocasionando una mayor brecha de desigualdad, en donde los alumnos de escuelas con estándares de calidad bajos o muy bajos, difícilmente lograrán adquirir los conocimientos necesarios para igualar a los alumnos de escuelas con altos estándares de calidad, reduciendo con esto aún más sus posibilidades de encontrar un empleo digno y bien remunerado, que les permita salir adelante en un mundo tan competitivo como el actual.

Es nuestra obligación asegurarnos que las instituciones de educación superior privadas en el país, garanticen las condiciones mínimas de calidad establecidas por la Secretaría de Educación Pública.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento esta iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona la fracción II del artículo 12, así como los artículos segundo, en su primer párrafo, octavo y décimo sexto, de la Ley de Coordinación para la Educación Superior

Artículo Primero. Se reforma y adiciona la fracción II del artículo 12 de la Ley General de Educación.

Artículo 12. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los lineamientos generales para la expedición del reconocimiento de validez oficial de estudios, deberán ser fijados por la secretaría en un plazo que no excederá de 6 meses, a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. Las autoridades educativas en las entidades federativas que otorguen o renueven el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, deberán sujetarse a los lineamientos emitidos por la Secretaría para este efecto, en un plazo que no excederá de 12 meses, a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se reforma y adiciona el primer párrafo del artículo 2, el artículo 8 y el artículo 16 de la Ley de Coordinación para la Educación Superior.

Artículo 2. La aplicación de la presente ley corresponde a las autoridades de la federación, de los estados y de los municipios, en los términos que la misma establece.

A falta de disposición expresa de esta ley se aplicará supletoriamente la Ley General de Educación.

Artículo 8. La federación, los estados y los municipios prestarán, en forma coordinada y dentro de sus respectivas jurisdicciones, el servicio público de educación superior, atendiendo a sus necesidades y posibilidades, conforme a lo dispuesto por este ordenamiento y la Ley General de Educación.

Artículo 16. La autorización para impartir educación normal y el reconocimiento de validez oficial a otros estudios de tipo superior, se regirán por la Ley General de Educación, por la presente ley y por los convenios a que la misma se refiere, en la inteligencia de que para cada plantel, extensión, dependencia y plan de estudios se requerirá, según el caso, autorización o reconocimiento.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

«24. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Gerardo Octavio Vargas Landeros , diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 73, fracción XXIX-E de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Desarrollo Social, con arreglo en la siguiente

Exposición de Motivos

I

El desarrollo social debe entenderse como un proceso de mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, a través de la implantación de mecanismos y acciones de políticas públicas que generen las condiciones para la integración plena de individuos, grupos y sectores de la sociedad, con el fin de mejorar integral y sustentablemente sus capacidades productivas, así como garantizar plenamente los derechos consagrados en nuestra Constitución Política; todo lo anterior con el propósito de erradicar la desigualdad social que impera en nuestro país.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), es el órgano encargado de establecer los criterios e indicadores que se utilizan para que la Secretaría de Desarrollo Social determine anualmente las zonas de atención prioritaria (ZAP), atendiendo principalmente al rezago social y a la marginación.

La declaratoria de las ZAP de 2008 comprende a 251 municipios cuyos índices de marginación y pobreza son elevados indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social.

Entre los estados que se encuentran en la relación publicada en el Diario Oficial de la Federación destacan Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Mediante la declaratoria de las ZAP se garantiza una inversión proveniente del gobierno federal para el mejoramiento de la vivienda y la provisión de infraestructura básica, dando prioridad a la solución de problemas de acceso a los servicios y bienes básicos de los hogares. El objetivo principal de este tipo de programas es impactar de manera directa en las condiciones de vida de las personas, acercándolas al nivel de desarrollo de sus estados y del resto del país.

Es menester destacar que las zonas de atención prioritaria no necesariamente tienen que ser comunidades indígenas, aunque es una realidad que son éstas las que presentan un mayor índice de pobreza y marginación.

El apartado B del artículo segundo constitucional establece que la federación, los estados y los municipios promoverán la igualdad de oportunidades de los indígenas, garantizando e impulsando su desarrollo, mejorando las condiciones de vida de sus pueblos mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, garantizando e incrementando sus niveles de escolaridad, asegurando el acceso efectivo a los servicios de salud, según lo establece el apartado B del artículo 2 de nuestro máximo ordenamiento jurídico.

Del texto constitucional citado se desprende la importancia de que las acciones para impulsar el desarrollo de las comunidades y zonas marginadas, sean de origen indígena o no, deben llevarse a cabo de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno. Sin duda, el trabajo coordinado tendrá mejores resultados en favor de la población beneficiada y de las zonas que requieren de apoyos federales a fin de mejorar la educación, vivienda, salud, medio ambiente y trabajo, entre otros aspectos de la vida diaria de las personas.

Es decir, si para el caso de garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas --que son las que presentan un mayor índice de marginación y pobreza-- se establece en el texto constitucional la coordinación entre los diferentes ámbitos de gobierno; para el caso de las zonas de atención prioritaria también debe de haber una coordinación entre dichas autoridades, lo cual a la fecha no sucede.

La Ley General de Desarrollo Social ¹ tiene como objetivo primordial garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social. Asimismo, establece una distribución y concurrencia de competencias entre los tres ámbitos de gobierno.

El artículo 6o. de la mencionada ley contempla los derechos universales para el desarrollo social: la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación.

Por otro lado, la ley de mérito en el artículo 29 define las zonas de atención prioritaria como ``las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índice de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en esta ley. ...''.

De lo señalado en los artículos 6o. y 29 de la propia ley, se puede deducir que una zona de atención prioritaria es la que registra un rezago grave en la tutela y garantía de los derechos universales para el desarrollo social.

La redacción del artículo 30 de la ley en comento establece, como atribución del gobierno federal, determinar anualmente las zonas de atención prioritaria para que, posteriormente, la Cámara de Diputados haga la declaratoria correspondiente.

Por otro lado, la fracción III del artículo 43 vigente señala:

La redacción de los artículos transcritos con anterioridad es omisa en cuanto a la participación de las entidades federativas en el proceso de selección y declaratoria de zonas de atención prioritaria, lo cual resulta grave pues son las entidades federativas quienes mejor conocen la situación de sus áreas o regiones. En tal virtud, lo ideal sería que el Ejecutivo federal tomara en consideración su opinión en cuanto a aquellos sitios que pudieran ser declarados como zonas de atención prioritaria.

La participación de las entidades federativas en este proceso resulta fundamental pues son ellas quienes realmente conocen las necesidades de sus comunidades y localidades, municipios o poblados. No hay instancia mejor que las propias entidades federativas para colaborar en esta importante tarea.

El hecho de que una determinada zona sea considerada de atención prioritaria, implica la asignación de recursos federales para su apoyo, por lo que se vuelve necesario que las entidades federativas participen con el Ejecutivo federal en el proceso de declaración de dichas zonas.

En consideración de los anteriores argumentos, la presente iniciativa propone reformar la Ley General de Desarrollo Social en los artículos 30, para que la revisión anual que haga el Ejecutivo Federal de las zonas de atención prioritaria la haga en coordinación con las entidades federativas; y 43, fracción III, para que el Ejecutivo federal tome en consideración las propuestas y opiniones que le hagan las entidades federativas para determinar anualmente las zonas de atención prioritaria; por otra parte, propone adicionar una fracción VIII al artículo 44, referente a las atribuciones de las entidades federativas, para que éstas puedan proponer qué zonas requieren ser consideradas como de atención prioritaria, ya que son ellas quienes mejor conocen las necesidades de sus diferentes comunidades.

II

México ha pasado por una serie de experiencias relacionadas con desastres naturales que han dejado una marca de tragedia y desolación en la población que de forma directa ha sufrido sus embates. En la mayoría de los casos, estas personas vivían y siguen viviendo en condiciones inseguras, bajo circunstancias de precariedad económica y social.

Es necesario considerar que los desastres exponen las inequidades sociales preexistentes en una sociedad, en temas como el socioeconómico y político, incluyendo las relaciones íntimas, en cualquier ámbito territorial: global, nacional, regional o local.

Como resultado de la situación de emergencia en que se encuentra determinada comunidad, estado o región, después de un desastre natural, se presentan de forma más latente las diferencias socioeconómicas, generacionales, raciales o étnicas; desigualdades que, en estas situaciones de desastre, deben considerarse con mayor cuidado como parte de las políticas de desarrollo social.

La ignorancia en estos temas conlleva la reproducción de la inequidad y el desarrollo de nuevos escenarios aún peores que el anterior, originados por la situación de desastre que, debido al estado de vulnerabilidad en que se encuentra la población, despierta en el ser humano el instinto de sobrevivencia bajo un estado mental poco razonado, dando lugar a la comisión de diversos delitos bajo la premisa de procurar, en ese momento de emergencia y desesperación, cubrir las necesidades más básicas de su familia, como la alimentación, el vestido, la vivienda y el cuidado de la salud.

Por lo que hace al concepto de los derechos para el desarrollo social, a los que ya se ha hecho mención en el apartado I de esta exposición de motivos, debemos considerarlos como prestaciones de bienes o servicios, principalmente frente al Estado, tendientes a satisfacer las necesidades básicas que permitan a los individuos desarrollar sus propios planes de vida. ²

Desde este punto de vista, se resalta el carácter económico de los derechos sociales, que son satisfechos en el momento en que se da la transferencia de los recursos del Estado a la población.

La política social de Estado debe de estar vinculada en todo momento con los propósitos de la estrategia económica, evitando la incompatibilidad e incluso que éstos sean contrarios a los propósitos de la política social, bajo la premisa de ponderar la equidad y la justicia en la diversidad social.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1o. establece que ``en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución'', y prohíbe cualquier forma de discriminación que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

El artículo 8 de la Ley General de Desarrollo Social dispone que toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja; bajo este razonamiento, es indudable que una comunidad, estado o región que haya sido declarado como zona de desastre o en estado de emergencia se encuentre viviendo en una total situación de vulnerabilidad.

En el caso que nos ocupa, las personas que por razones totalmente ajenas a su voluntad enfrentan la pérdida de los bienes más indispensables para vivir, así como del patrimonio que con esfuerzo y trabajo adquirieron, deben tener el derecho de acceder a una política de desarrollo social que le permita hacer frente a la difícil situación que enfrentan.

Actualmente, las medidas para atender los desastres son implantadas como parte de una política de protección civil del Estado en situaciones de emergencia que, como ya ha quedado comprobado en varias ocasiones, no resulta suficiente para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales de la población.

Por un lado se debe enfrentar y superar la situación de desastre de manera inmediata, pero por el otro se debe garantizar una vida digna para las víctimas durante y después de una situación de esta naturaleza; es ahí donde la protección civil y el ejercicio de los derechos para el desarrollo social se encuentran.

Los recursos requeridos para que la población subsista bajo estas circunstancias de vulnerabilidad rara vez se reparten de manera uniforme en el espacio geográfico declarado como zona de desastre o en estado de emergencia; se presentan obstáculos para acceder a ellos y, en el mejor de los casos, llegan demasiado tarde. Esto conlleva a grandes fricciones entre el gobernado y el gobernante y la población.

El artículo 25 de la Ley General de Desarrollo Social contempla un Fondo de Contingencia Social, el cual es establecido y administrado por el Ejecutivo federal, que bien podría ser utilizado en un estado de emergencia para cubrir las necesidades básicas de la población y garantizar sus derechos para el desarrollo social. No olvidemos las condiciones adversas por las que tuvieron que pasar y siguen pasando los habitantes de diversas zonas de Tabasco y Chiapas ante las contingencias naturales de finales de 2007.

Con esta reforma no se pretende invadir el ámbito de competencia de la Ley General de Protección Civil, ni reemplazar el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), lo que se pretende es que se pueda disponer de forma inmediata de recursos adicionales ante la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la población en una situación de esta naturaleza.

Se trata de garantizar los derechos para el desarrollo social de una comunidad, estado o región en estado de emergencia o declarada como zona de desastre, tratando de obtener más recursos de forma más expedita y que se utilice el Fondo de Contingencia Social exclusivamente bajo la condición de haberse declarado el estado de emergencia o zona de desastre.

La presente iniciativa busca atender los efectos causados por los desastres naturales, cuya magnitud rebase la capacidad financiera y de respuesta del Estado y que bajen los recursos económicos que le permitan a la población cubrir sus derechos para el desarrollo social.

En tal virtud, se propone adicionar una fracción VI y una fracción XII, ambas al artículo 5, para definir lo que debe de entenderse por emergencia y por zona de desastre, respectivamente; se adiciona un segundo párrafo al artículo 25, para que en caso de ser declarada una zona de desastre o en estado de emergencia por la autoridad competente, el Ejecutivo federal pueda hacer uso del Fondo de Contingencia Social, con el fin de destinar, de manera inmediata, recursos que garanticen los derechos para el desarrollo social; y se adiciona una fracción VI al artículo 52, para que la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social pueda solicitar al Ejecutivo federal el uso del Fondo de Contingencia Social, en caso de que una comunidad, estado o región se encuentren declarados como zona de desastre o en estado de emergencia.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforman y adicionan los artículos 5, 25, 30, 43, 44 y 52, todos de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 5. Para los efectos de esta ley se entiende por:

Artículo 25. ...

En caso de ser declarada una zona de desastre o en estado de emergencia por la autoridad competente, el Ejecutivo federal podrá hacer uso del Fondo de Contingencia Social a que se refiere el párrafo anterior, con el fin de destinar, de manera inmediata, recursos que garanticen los derechos para el desarrollo social de la población consagrados en esta ley.

Artículo 30. El Ejecutivo federal revisará anualmente, en coordinación con las entidades federativas, las zonas de atención prioritaria, teniendo como referente las evaluaciones de resultados de los estudios de medición de la pobreza que emita el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, e informará a la Cámara de Diputados sobre su modificación para los efectos de asignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación. La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto, hará la declaratoria de zonas de atención prioritaria, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, junto con el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 43. Corresponde al gobierno federal, por conducto de la secretaría, las siguientes atribuciones:

Artículo 44. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones:

Artículo 52. La Comisión Intersecretarial tendrá las siguientes funciones:

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

«25. Que reforma y adiciona los artículos 25 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1o. del Código Fiscal de la Federación, a cargo del diputado Joaquín Humberto Vela González, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, diputado federal Joaquín Humberto Vela González , integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LX Legislatura, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados Federales, la presente iniciativa que reforma los artículos 25 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo 1 del Código Fiscal de la Federación, para garantizar en México una política de fomento industrial que articule las leyes y las políticas económicas, y para adicionar dos principios de fomento en el pago y cobro de impuestos: no afectar al sostenimiento o generación de empleos e incentivar el desarrollo del mercado interno; con objeto de reactivar la economía mexicana y garantizar un desarrollo a largo plazo, en el marco de una más clara y firme rectoría económica del Estado mexicano. Solicito que la presente iniciativa sea turnada a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Todas las economías industrializadas y exitosas del mundo, incluso la mexicana durante su etapa de desarrollo estabilizador, aprovecharon las facultades rectoras del Estado e intervinieron eficazmente en sus economías nacionales, aplicando a sus políticas de fomento todos los instrumentos y niveles de gobierno.

La rectoría económica del Estado, ciertamente, establece límites a la economía de mercado, pero en realidad es un método para que el capitalismo siga funcionando, garantiza la libre competencia, da soporte tecnológico a los sectores productivos dinámicos que pudieran arrastrar cadenas productivas, permite aprovechar al mercado de consumo para el desarrollo armónico de las fuerzas productivas, limita a las tendencias monopólicas que distorsionan y sabotean a la economía de mercado y fomenta a los pequeños empresarios, generadores de la mayoría de los empleos, lo que justifica privilegiarles desde el Estado, como método para garantizar el buen funcionamiento de toda la economía en su conjunto.

La rectoría del Estado, con facultades de intervención económica, está plasmada explícitamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . Su aplicación permitió en México un consistente desarrollo durante décadas, aún sin bonanza petrolera. Sin embargo, en los últimos 25 años, los instrumentos gubernamentales de rectoría económica se dejaron de aplicar en México, como parte de la corrupción del régimen político, trayendo como consecuencia la quiebra de nuestra economía. Hoy, las pequeñas empresas mexicanas son incapaces de competir contra las gigantes extranjeras, por el mercado interno mexicano. Los mexicanos dejamos de consumir a los mexicanos y por dicha causa, dejamos de producir y de generar empleos.

Con esta reforma constitucional buscamos clarificar, mejorar, profundizar, actualizar y hacer efectivas las atribuciones rectoras del Estado mexicano y orientar el alcance de todas las leyes económicas, empezando por las fiscales, con el objetivo inmediato de reactivar la economía nacional y con el mediato de consolidar en México a la economía de mercado y a las fuerzas productivas.

La recaudación de impuestos es una facultad esencial del Estado que justifica gran parte de su rectoría económica, pues la posibilidad de cobrar impuestos, aunque proviene de la autoridad del gobierno, depende del padrón de contribuyentes y de una producción empresarial estable como base para gravar. Si el Estado quiere impuestos, requiere apoyar el desarrollo de la planta de producción y de servicios. Por ello es que en México no han sido formulados los proyectos integrales de reforma fiscal tan ofertados en campañas, por la sencilla razón de que la economía mexicana está quebrada. Buscar recaudar adicionales impuestos no es posible hasta que esté reactivada la economía. Y esa debe ser la prioridad antes de que se acabe nuestro colchón petrolero. Es el momento de apoyar las pequeñas empresas que habrán de sostener al gobierno en 20 años.

Con los ajustes a la Carta Magna que proponemos, buscamos prevenir aberraciones pseudorrecaudatorias como: eliminar incentivos fiscales a la generación de empleos; gravar alimentos y medicinas; buscar incrementar la recaudación castigando más a las pequeñas empresas o a los contribuyentes cautivos, medidas que sí afectan al mercado de consumo nacional, que sí generan presiones inflacionarias y que sí elevan gravemente la evasión.

En esta etapa de definiciones de rumbo de desarrollo, la prioridad debe ser que la economía no se siga deteriorando y reactivarla inmediatamente para volver a producir, antes que pretender, ingenuamente, mayor recaudación a través de incrementar los impuestos a la minoría cautiva de contribuyentes reales, inmersos en la mayoría de evasores, de desempleados y de productores quebrados.

El actual sistema legal mexicano conserva algunos instrumentos de inducción económica y algunos incentivos fiscales, pero en general, el sistema se ha hecho ineficaz y más recaudatorio que fomentador de la economía. Es el momento de establecer el marco legal para recuperar una política industrial y de garantizar que las leyes fiscales no afecten a la economía y, por el contrario, fortalezcan al mercado interno en beneficio de los productores mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto presentamos el siguiente

Decreto por el que se reforma al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría de la economía en México, atribución general a través de la cual debe garantizar en todo el país:

Estas condiciones hacen posible:

Para dar cumplimiento a su responsabilidad económica, el Estado mexicano contará con las siguientes facultades:

Como parte esencial de la política de fomento industrial, el gobierno mexicano deberá dar garantías y soporte a la investigación y al desarrollo tecnológico, tanto en instituciones y en universidades como en empresas privadas; deberá facilitar y coordinar la plena vinculación entre la academia y la producción; deberá generar condiciones e instrumentos para la transferencia de tecnología a los procesos productivos nacionales, en especial a las micros y pequeñas empresas industriales y de servicios; y deberá sustentar y coordinar un sistema tripartita de capacitación industrial y tecnológica permanente y a gran escala.

La ley facilitará y apoyará la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: ejidos, sindicatos, cooperativas, empresas comunitarias y las que pertenezcan a los trabajadores, así como todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

El gobierno federal tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo IV, de la Constitución, conservando el Estado mexicano la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.

Por el que se reforma el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 31. ...

Y por el que se reforma y se le adicionan dos fracciones al artículo 1 del Capítulo I del Título Primero del Código Fiscal de la Federación , que queda redactado de la siguiente manera:

Artículo 1. ...

...

Las disposiciones de este código y de todas las leyes fiscales se aplicarán en su defecto, sin perjuicio de:

Incentivar el desarrollo del mercado interno.

Sólo mediante ley, podrá destinarse o etiquetarse un impuesto o derecho a un gasto público específico.

La federación pagará el impuesto predial y los servicios públicos que le brinden los gobiernos locales por los inmuebles del gobierno federal asentados en las diferentes entidades federativas.

Los Estados extranjeros, en casos de reciprocidad, no están obligados a pagar impuestos. No quedan comprendidas en esta exención las entidades pertenecientes a dichos Estados.

...

Transitorio

Único. La vigencia del presente decreto de reforma entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario de la Federación.

Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Hacienda y Crédito Público.

«26. Que reforma y adiciona el artículo 77 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Miguel Ángel Jiménez Godínez , diputado de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 77 Bis 36 y reforma las fracciones IV, V, VII y XI del artículo 77 Bis 37 de la Ley General de Salud.

Exposición de Motivos

El derecho del paciente a su expediente clínico en México es actualmente un tema controvertido, con varias aristas: por un lado, se encuentra la garantía constitucional del derecho a la información en términos generales; y por el otro, el derecho de propiedad sobre el expediente en favor del médico y de la institución de salud.

La Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, ``Del expediente clínico'', publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 1999, ha definido la práctica en el acceso a la información de los pacientes o sus familiares al expediente clínico. Define expediente clínico como ``conjunto de documentos escritos, gráficos e imagenológicos o de cualquier otra índole en los cuales el personal de salud deberá hacer los registros, anotaciones y certificaciones correspondientes a su intervención, con arreglo a las disposiciones sanitarias'' (definiciones 4.4). También determina que los prestadores de servicios médicos de carácter público, social y privado estarán obligados a integrar y conservar el expediente clínico en los términos previstos en dicha norma (generalidades 5.1). Señala que los expedientes clínicos son propiedad de la institución y del prestador de servicios médicos; sin embargo, y por tratarse de instrumentos expedidos en beneficio de los pacientes , deberán conservarlos por un periodo mínimo de cinco años, contados a partir de la fecha del último acto médico (5.3 generalidades).

Define que los prestadores de servicios otorgarán la información verbal, y el resumen clínico deberá ser solicitado por escrito, especificándose con claridad el motivo de la solicitud, por el paciente, familiar, tutor, representante jurídico o autoridad competente (generalidades 5.5).

En la Ley General de Salud vigente se establece en el artículo 77 Bis 37, entre otros, el derecho del beneficiario del Sistema de Protección Social en Salud a ``contar con un expediente clínico''. Ese derecho en la práctica hospitalaria se ha interpretado en forma restrictiva, llegando a casos absurdos en que el propio paciente no puede acceder al conocimiento directo de su expediente clínico. Con el sustento legal y administrativo que determina la norma oficial mexicana 168, si bien es cierto se parte de la premisa que el expediente clínico pertenece, sobre todo, a la institución médica que presta la atención o el servicio, fundamentalmente porque es la responsable del cuidado y es garante de la salud física y mental del paciente. Se contraviene al derecho fundamental de acceso a la información que tiene el propio paciente, sus familiares o persona autorizada por el primero.

También se confunde el derecho de acceder al expediente con el secreto profesional que los médicos o prestadores del servicio médico deben observar en cuanto al derecho a la intimidad del paciente. El derecho a la intimidad del paciente no se vulnera o menoscaba cuando él personalmente solicita el acceso a la información o copia de su expediente clínico, de forma directa o previa autorización a un tercero.

La justificación en que actualmente se fundamenta la negativa de dar información relativa al expediente clínico es la citada norma oficial mexicana 168, que motivó que los solicitantes acudieran al Instituto Federal de Acceso a la Información, para promover los recursos de revisión números 315/03 y 314/03, previsto en el precepto 39 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por lo que ese órgano de control resolvió el conflicto, mediante la aplicación del criterio de jerarquía de las leyes:

Por tanto, la situación de los sujetos obligados se modificó en el sentido de que ésta, fijada por una norma oficial mexicana, es suplida por una orden de la autoridad federal que regula el acceso a la información. Lo anterior permitió que los sujetos se coloquen en situación de ejecutores de una obligación, en vez de ordenadores de ella.

El criterio resolutivo fue relevante y orientador, ya que la existencia de una regulación contradictoria coloca al servidor público en un dilema que le crea inseguridad y demerita el desempeño de sus funciones.

Conforme al contenido de la Ley Federal de Transparencia, en materia de datos personales el paciente tiene derecho a acceder a ellos, entre los cuales se comprenden los estados de salud física y mental. Por ese motivo, el citado marco normativo sustenta el derecho fundamental de acceso a la información únicamente cuando se trate de prestadores del servicio médico del sector público federal. Quedan fuera de esta posibilidad los prestadores del servicio médico de carácter privado.

En el sector salud se han impulsado acciones para sistematizar, homogenizar y actualizar el manejo del expediente clínico a través de normas oficiales mexicanas, que no son eficaces para garantizar el pleno acceso y conocimiento de los usuarios o pacientes al expediente clínico que se integra por los prestadores del servicio médico del orden público o del privado.

En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos necesario establecer el derecho del paciente a recibir información completa y continuada, en términos comprensibles, en forma verbal y escrita sobre los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos y opciones de tratamiento aplicados o recomendados, así como garantizar el derecho de acceso a todos los documentos que integran su expediente clínico, que deberán ser autorizados personalmente o por quien autorice en su nombre y representación.

Con lo anterior se establece un mecanismo de seguridad y certeza en el proceso de integración del expediente clínico y se garantiza en forma efectiva la información de su consulta o tratamiento a que se sujetan los servicios de salud, a fin de hacer efectivos los derechos del paciente, transformándolo en un paciente informado que active la rendición de cuentas del sector público e incentive su eficiente desempeño, elementos prioritarios de la cultura médico-paciente, impulsada por el Partido Nueva Alianza.

Para ello se propone adicionar un segundo párrafo en el artículo 77 Bis 36 de la Ley General de Salud, en el que se establece la obligación de los prestadores de atención médica de los sectores públicos, social y privado, incluidos los consultorios, para integrar un expediente clínico por paciente atendido, cuya documentación deberá ser rubricada por el paciente o por persona autorizada por éste.

Por lo expuesto, presento a esta soberanía iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona y reforma un párrafo segundo al artículo 77 Bis 36 y se reforman las fracciones IV, V, VII y XI del artículo 77 Bis 37 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 77 Bis 36 y se reforman las fracciones IV, V, VII y XI del artículo 77 Bis 37 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 77 Bis 36. Los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud tienen derecho a recibir bajo ningún tipo de discriminación los servicios de salud, los medicamentos y los insumos esenciales requeridos para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos, en las unidades médicas de la administración pública federal o local acreditados de su elección de los regímenes estatales de protección social en salud.

Los prestadores de servicios de atención médica de los sectores público, social y privado, incluidos los consultorios, están obligados a integrar un expediente clínico por paciente atendido, incluyéndose en él de forma cronológica y serial los documentos escritos, de laboratorio, gráficos e imagenológicos o de cualquier otra índole. En los documentos mencionados, el personal de salud deberá hacer los registros, anotaciones y certificaciones correspondientes a su intervención, que deberán ser autorizadas por el paciente o persona que autorice en su nombre y representación, en los términos que señale el Sistema de Protección Social de Salud.

Artículo 77 Bis 37. Los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud tendrán, además de los derechos establecidos en el artículo anterior, los siguientes:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Se turna a la Comisión de Salud.

«27. Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal Carlos Ernesto Navarro López , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparece ante esta soberanía a fin de presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XLV del artículo 2, el primer párrafo del artículo 77, el primer párrafo de la fracción I y el antepenúltimo párrafo de la fracción II del mismo artículo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En 2006, un estudio realizado por la Universidad Autónoma Chapingo y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados entre 2002 y 2005 sobre el efecto del programa especial concurrente en las unidades de producción rural arrojó, entre otros, los siguientes resultados:

Desprendido de lo anterior, en el artículo décimo primero transitorio del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007 se menciona que el Ejecutivo federal simplificaría las reglas de operación de los programas sujetos a ellas, lo que no ocurrió.

Por otro lado, un servidor promovió una iniciativa para establecer la obligatoriedad de difundir de la manera más amplia posible los programas del PEC y sus beneficios.

Para este año, la nueva estructura que se dio al PEC obligó a la realización de nuevas reglas de operación o al ajuste de algunas de ellas. De manera ilusa pensamos que las nuevas reglas se realizarían con las aportaciones de todos los actores del medio rural y que la problemática de las reglas quedaría rebasada, pero tampoco fue así, y en muy buena parte por la intransigencia del Ejecutivo para escuchar y atender las propuestas de las organizaciones ligadas al medio rural y hasta de los secretarios del ramo en los estados.

Los reclamos de las organizaciones siguen, pero además, en mis recorridos por el país, y especialmente en la primera circunscripción, de la que provengo, al asistir a algún acto o simplemente recorrer a fin de informarme e informar a la ciudadanía de los trabajos realizados en la Cámara de Diputados y en la Comisión de Desarrollo Rural, que tengo la fortuna de presidir, me encuentro constantemente con el reclamo de que las reglas de operación de los programas de apoyo del sector rural que se operan al amparo del programa especial concurrente son inoperantes por la complejidad con que han sido diseñadas, con claras referencias a las anteriores y a las nuevas.

Si partimos de la idea de que las zonas del sector rural mexicano no sólo son las mas deprimidas del país económicamente hablando, sino que también en esas zonas se encuentra el más bajo nivel educativo de nuestra gente, luego entonces resulta ridículo que para que a esa gente le llegue algún apoyo oficial tengan que ser expertos en la interpretación y el manejo de las reglas de operación para realizar los proyectos productivos que les permitan obtener esos apoyos a los que desde la Cámara de Diputados destinamos recursos.

Las reglas de operación se encuentran elaboradas de tal manera, que permiten, como ha sucedido en los últimos años, que los programas sean por lo regular aprovechados no por quienes más los necesitan sino por los grupos o las empresas que tienen capacidad técnica, organizativa y, sobre todo, relaciones.

También viene al caso comentar sobre los subejercicios presupuestales. Considero criminal que teniendo tantas carencias en nuestras zonas rurales, haya recursos que no se inviertan o que su inversión beneficie más a quien menos lo necesita.

De qué sirve que asignemos mayor presupuesto al desarrollo rural si eso no está cumpliendo el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población del campo, y la mayor parte de esos recursos es aprovechada incluso por transnacionales.

Definitivamente, uno de los aspectos fundamentales para lograr que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan estriba en las reglas de operación. Esta soberanía tiene que tomar de inmediato cartas en el asunto.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma la fracción XLV del artículo 2, el primer párrafo del artículo 77, el primer párrafo de la fracción I y el antepenúltimo párrafo de la fracción II del mismo artículo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el objetivo de que las reglas de operación para los programas del Presupuesto Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable cuenten con la aprobación previa de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su aplicación

Artículo Único. Se reforman la fracción XLV del artículo 2, el primer párrafo del artículo 77, la fracción I del artículo 77 y el segundo párrafo del numeral viii), inciso b), fracción II, del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

Artículo 77. Con objeto de cumplir lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de esta ley, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y los programas que deberán sujetarse a reglas de operación. La Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos podrá señalar los programas a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales sobre los cuales el Ejecutivo federal diseñará las reglas de operación de los programas, para someterlos a la aprobación de la Cámara de Diputados .

i) a viii) ... Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas publicarán en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de programas nuevos, así como las modificaciones de las reglas de programas vigentes, a más tardar el 28 de febrero del ejercicio correspondiente y, en su caso, deberán inscribir o modificar la información que corresponda en el Registro Federal de Trámites y Servicios, de conformidad con el Título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«28. Que adiciona el artículo 39 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Elda Gómez Lugo, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Elda Gómez Lugo , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 39 de la Ley General de Desarrollo Social, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La cultura del servicio social comunitario en México es un valor heredado de las antiguas culturas prehispánicas. El derecho colectivo a la tierra y la obligación de desempeñar trabajo gratuito en favor de la comunidad, se manejaba desde los tiempos de los aztecas a través del calpulli. Esta aportación comunitaria permaneció porque en la cultura española, la atención a los necesitados y los humildes fue parte de la misión religiosa que en el testamento de Vasco de Quiroga, trascendió en favor de los indígenas. Para estos grupos, tiene un alto significado la trascendencia individual a través de la trascendencia social en la comunidad.

La educación, como medio para el desarrollo social del país y de los más necesitados, se apoya en el ideario liberal de la época de la independencia. La creación de las instituciones educativas desde su origen, tiene por objetivo el fomento de una conciencia científica y patriota a través del fomento de carreras de aplicación social directa, como medicina, derecho, agronomía e ingeniería.

La educación superior impartida por la Universidad Nacional en 1910 estuvo fuertemente influida por el espíritu revolucionario de la época. De hecho, el postulado universitario ``por una educación superior y una ciencia que incluya a los más desprotegidos'' se expresa en la Constitución de 1917.

El movimiento vasconcelista de autonomía universitaria de 1929, compromete el establecimiento del servicio social obligatorio de los estudiantes, en favor de las clases productoras de la nación, como requisito indispensable para obtener el título profesional. Por esa razón, la autonomía de las universidades públicas tiene por contrapartida una retribución social a las necesidades de las comunidades, especialmente las más marginadas.

En consecuencia, el acceso al título para el ejercicio profesional supone como requisito y retribución, un intercambio entre los estudiantes y el Estado, a través de las instituciones de educación superior, en tiempo y dedicación en favor de los más necesitados, como una forma de compensar los escasos recursos públicos asignados en favor de una movilidad individual, siempre que a futuro compense a quienes dejan de recibir atención con esos recursos.

La reforma de 1942 del artículo 5o. constitucional obliga a prestar los servicios profesionales de carácter social como estrategia nacional para el desarrollo comunitario. Este es un importante antecedente para que en mayo de 1945 se publique en el Diario Oficial, la Ley Reglamentaria de los Artículos 4o. y 5o. Constitucionales, relativos al ejercicio profesional; y en octubre del mismo año se expidió el reglamento de esta ley. A partir de entonces, el servicio social adquiere obligatoriedad constitucional para los estudiantes y los profesionistas.

El servicio social es una actividad temporal y obligatoria previa a la titulación, que tienen que realizar todos los profesionistas; además de contribuir a su formación, desarrollar sus capacidades y habilidades con sentido de responsabilidad y compromiso con los más elevados valores éticos, permite que apliquen sus conocimientos para el beneficio y el interés de la sociedad.

El servicio social es una estrategia fundamental para impulsar el desarrollo municipal, estatal, regional y nacional, para contribuir en la disminución de las desigualdades sociales, propiciando mayores oportunidades para el desarrollo individual y comunitario. El servicio social tiene múltiples impactos y beneficios en los ámbitos académico, de vinculación con la sociedad, de desarrollo de las regiones de atención prioritaria y de los diferentes sectores de la población.

Es necesario entender el servicio social como una acción social organizada, que contribuye favorablemente al desarrollo de un grupo determinado, en la medida en que dicha acción se aplica en un contexto donde se estructura y organiza adecuadamente, a fin de que este importante capital social no se pierda ni se derroche, sino que apoye el alivio de muchas necesidades sociales, como ocurre en el caso de la atención médica y dental, oftalmológica, productiva, agrícola, de organización comunitaria, enseñanza y lucha contra el analfabetismo, entre otras.

Actualmente, hay muchas modalidades de prestación de servicio social en México. De acuerdo con el momento en que se presta, se pueden mencionar las que exigen su cumplimiento hasta finalizar los créditos de su carrera, como es el caso de las áreas de la salud, o las que lo han organizado en diferentes etapas a lo largo de la carrera profesional, aunque en la mayoría de los casos se realiza una vez que se ha cumplido una cantidad mínima de créditos, normalmente 70 por ciento.

En cuanto al tipo de actividades realizadas, se tienen casos con una estrecha relación con actividades profesionales, pero también hay muchos casos en los que las actividades asignadas a los prestadores en poco o nada contribuyen a la formación profesional; y situaciones en que las actividades realizadas tienen una fuerte proyección social, aun independientemente de que sean relevantes para la formación profesional del alumno. Según cifras de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el año 2006 hubo 17 mil 682 alumnos inscritos en un total de 4 mil 375 programas de servicio social. Esto demuestra su alto valor para apoyar áreas sociales, con una adecuada orientación.

Si se considera el sector en que se desempeñan las actividades, se pueden señalar el institucional, el público, el privado y el social. Es de observarse mayor concentración de prestadores en el sector público y en las propias instituciones educativas, mientras que el sector social, que debería ser el más beneficiado, es atendido sólo marginalmente.

Respecto al tiempo de duración del servicio social, se registran distintas modalidades: por un lado, las que exigen un número determinado de horas, normalmente 480, aunque existen casos en que llegan a ser hasta 700 horas, en periodos que van de los seis meses a los dos años.

Esta heterogeneidad de criterios y la falta de definiciones para orientar el servicio social, aunadas a la falta de información dirigida a los estudiantes respecto a programas y requisitos para realizarlo, han dificultado los esfuerzos de coordinación interinstitucional a nivel nacional, para consolidar un sistema nacional que haga de ésta, una actividad relevante para el desarrollo regional y comunitario.

Pese a que en décadas anteriores existía un apoyo económico para los prestadores de servicio social, ahora prácticamente no se da. De esta suerte, los jóvenes de sectores de escasos recursos tienen que afectar la economía de sus familias con los gastos de transportación y de alimentación, extendiendo, en muchos casos, el costo de la familia de sostener a un hijo en la universidad al amparo de buscar su desarrollo y generar mejores formas de vida para ellos mismos.

Las reflexiones anteriores nos llevan a concebir el servicio social en todo momento, como una actividad de elevada importancia académica y no solo se debe concebir como un requisito administrativo, que el alumno de educación superior está obligado a cumplir para acceder a su titulación. Por ello resulta necesario someter esta actividad a procesos de planeación, supervisión y evaluación a partir de metodologías congruentes con la dinámica y el constante cambio de la sociedad, ya que estos factores son parte de la formación profesional y de su compromiso con la sociedad en la que viven.

La iniciativa que hoy se plantea propone adicionar tres párrafos al artículo 39 de la Ley General de Desarrollo Social, a efecto de que la Secretaría de Desarrollo Social implemente un sistema nacional de pasantes, que tendrá como objetivo canalizar a los estudiantes de diversas profesiones afines a las políticas y programas de desarrollo social, para cumplir el servicio social obligatorio, coadyuvando en el diseño, aplicación, impacto y evaluación de los programas y políticas de desarrollo social.

Para la consecución de lo anterior, se celebrarían convenios y acuerdos con las universidades públicas y privadas del país, a efecto de difundir las áreas y programas en donde sea requerido el servicio social y captar a los solicitantes.

Otro punto importante de la iniciativa es la necesidad de que se lleve un registro de los estudiantes que estén realizando el servicio, el área o programa en el cual estén asignados y el control de las horas de servicio prestadas, mismo que será informado a las universidades de manera mensual para que los estudiantes cumplan los requerimientos académicos.

La iniciativa también prevé la necesidad de revalorizar las actividades de apoyo que realizan los estudiantes, las cuales, independientemente de que les son necesarias para cumplir los requisitos académicos y que sin duda contribuyen al correcto desempeño de las áreas en las que se encuentran asignados, también les representa un esfuerzo económico y de sacrificio de tiempo de estudio, de recreación y la gran mayoría de los casos, la postergación de la búsqueda de un empleo que les permita obtener ingresos económicos, en virtud de las horas requeridas para cumplir el requisito.

Los estudiantes que realicen el servicio social en el sistema nacional de pasantes tendrán derecho a recibir un apoyo económico mensual suficiente para cubrir gastos de transportación y alimentación. Adicionalmente, las actividades realizadas durante el servicio social no sustituirán las plazas existentes en las diversas áreas o programas donde sean asignados.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 39 de la Ley General de Desarrollo Social

Único. Se adicionan tres nuevos párrafos segundo, tercero y cuarto en el artículo 39 de la Ley General de Desarrollo Social, pasando el texto vigente del párrafo segundo a ser el quinto, para quedar como sigue:

Artículo 39. ...

Para los efectos del párrafo anterior, la Secretaría implantará un sistema nacional de pasantes, que tendrá como objetivo canalizar a los estudiantes de diversas profesiones afines a las políticas y programas de desarrollo social, para cumplir su servicio social obligatorio, coadyuvando en el diseño, aplicación, impacto y evaluación de los programas y políticas de desarrollo social.

La Secretaría celebrará convenios y acuerdos con la Secretaría de Educación Pública, en el ámbito de su competencia, con otras dependencias y entidades, universidades públicas y privadas del país, a efecto de difundir las áreas y programas en donde sea requerido el servicio social y captar a los solicitantes. De igual forma, llevará el registro de los estudiantes que estén realizando el servicio, el área o programa en el cual estén asignados y el control de las horas de servicio prestadas, que será informado a las universidades de manera mensual para que los estudiantes cumplan sus requerimientos académicos.

Los estudiantes que realicen el servicio social en el Sistema Nacional de Pasantes tendrán derecho a recibir un apoyo económico mensual suficiente para cubrir gastos de transportación y alimentación y las actividades realizadas durante el servicio social no sustituirán a las plazas existentes en las diversas áreas o programas donde sean asignados.

...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Desarrollo Social implantará el Sistema Nacional de Pasantes, coordinándose en lo conducente con la Secretaría de Educación Pública, en un plazo de ciento ochenta días posteriores a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. La Secretaría hará los cálculos presupuestales con base en el número de estudiantes inscritos en el sistema, a efecto de considerar los apoyos económicos en el Presupuesto de Egresos para 2009, y los apoyos que queden pendientes de entrega antes de esta fecha deberán ser previstos para otorgarlos de manera retroactiva.

Cuarto. Remítase a la Cámara de Senadores, para sus efectos constitucionales.

Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

«29. Que reforma los artículos 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y 31 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Silvia Luna Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Silvia Luna Rodríguez , diputada federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se turne a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la XL Legislatura del Congreso de la Unión, la presente iniciativa, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Discriminación consiste en la acción de otorgar un trato de inferioridad a algunos miembros de la sociedad, por algún motivo en específico, y se manifiesta en el acotamiento o la anulación de derechos y oportunidades para el bienestar y desarrollo de esas personas.

En México, la prohibición de la discriminación se reconoció en la reforma realizada al artículo 1o. de la Constitución Política Mexicana en el 2001, mediante la cual se prohibió cualquier tipo de distinción y se reconoció la igualdad material de derechos y oportunidades para todos los mexicanos:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. ¹

En el mismo sentido y acorde con los instrumentos internacionales firmados y ratificados por el país, en 2003 se publicó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cuyo objeto es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, en los términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. Dicha ley dio vida al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), organismo descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Gobernación.

El Conapred es la institución rectora encargada de promover las políticas y medidas necesarias tendentes a contribuir al desarrollo cultural y social de los mexicanos, y avanzar en la inclusión social para garantizar el derecho a la igualdad. Se encarga de recibir y resolver las reclamaciones y quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus funciones., y desarrolla acciones para proteger a los ciudadanos frente a toda distinción o exclusión basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que impida o anule el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

De acuerdo con el artículo 17 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, los objetivos del consejo son

Uno de los grupos a que más se impiden o anulan por prácticas discriminatorias los derechos es el de las personas con discapacidad, que enfrentan diariamente múltiples formas de discriminación, como

La discriminación contra las personas con discapacidad significa toda ``distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad de sus derechos humanos y libertades fundamentales''. ²

En el país, las personas con discapacidad han sido objeto de discriminación por su condición y por la ineficiencia de las políticas instauradas para equiparar la igualdad de oportunidades en la sociedad. Las actitudes que hacen visible la discriminación por ese motivo provienen de diversos estereotipos que hacen que los discapacitados sean tratados como personas inferiores en capacidades o desarrollo.

Según la Ley General de las Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2005, se entiende que una persona es discapacitada cuando ``presenta una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social''.

Según el Censo de Población y Vivienda de 2000, ³ en México hay 1 millón 795 mil personas con discapacidad, quienes representan 1.8 por ciento de la población total. De esa cifra, 52.6 por ciento corresponde a hombres y 47.4 por ciento a mujeres. Para este censo se consideraron cinco tipos de discapacidad: motriz, visual, mental, auditiva y de lenguaje.

La Encuesta Nacional de Salud 2000 registró que 2.3 por ciento de la población del país padece una discapacidad. En 2000, 7 por ciento de los hogares en México tenía entre sus miembros al menos a una persona con algún tipo de discapacidad.

Pese a los grandes avances, como la aprobación y publicación de la Ley General de las Personas con Discapacidad, en junio de 2005, que tiene como objetivo ``establecer las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, en un marco de igualdad y de equiparación de oportunidades, en todos los ámbitos de la vida'', ⁴ y al papel de México como promotor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, la discriminación por motivo de discapacidad es un fenómeno presente en la sociedad, que experimentan cotidianamente quienes la padecen.

Una de las atribuciones del Conapred es diseñar las estrategias y los instrumentos, así como promover programas, proyectos y acciones para prevenir y eliminar la discriminación, en este caso de las personas con discapacidad.

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece en el artículo 13 que los órganos públicos y las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, llevan a cabo, entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias en favor de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad:

Para cumplir los objetivos para los cuales fue creado, y llevar a cabo de forma exitosa las atribuciones que le fueron conferidas, los órganos sustantivos que componen el Conapred son la Junta de Gobierno, la Presidencia del Consejo y la Asamblea Consultiva.

La junta de gobierno tiene como funciones, además de las que se establecen en el artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las siguientes:

Según el artículo 23 de la ley, la junta de gobierno está integrada por cinco representantes del Poder Ejecutivo federal y cinco representantes de la asamblea consultiva. Los cinco representantes del Ejecutivo son de las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Salud, de Educación Pública, y del Trabajo y Previsión Social.

El artículo 23 amplía el catálogo de integrantes de la junta de gobierno: incluye a los representantes de varios organismos públicos, que tendrán derecho a voz pero no a voto en las sesiones de la junta. Se trata de los Institutos Nacional de las Mujeres, Mexicano de la Juventud, Nacional Indigenista, y Nacional de las Personas Adultas Mayores, así como del Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Pese a que el Conapred y sus políticas están encaminados a prevenir y eliminar la discriminación de las personas con discapacidad, y a que en la ley hay un apartado específico para ellas, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad no está considerado entre los organismos públicos que participan en la junta de gobierno.

Creemos necesario que el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad forme parte de la Junta de Gobierno del Conapred. Asimismo, y dado que las personas con discapacidad, como se mencionó, son uno de los grupos más discriminados, es de suma importancia que un representante del Conapred forme también parte del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.

Con el objetivo de corregir la denominación de la Comisión Nacional Indigenista, órgano que desde 2003 fue sustituido por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se propone reformar también el último párrafo del artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Por lo expuesto, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza someto a la aprobación de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y 31 de la Ley General de las Personas con Discapacidad

Primero. Se reforma el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue:

Artículo 23. La Junta de Gobierno estará integrada por cinco representantes del Poder Ejecutivo federal, y cinco integrantes designados por la Asamblea Consultiva. Los representantes del Poder Ejecutivo federal son los siguientes:

Los representantes del Ejecutivo federal deberán tener nivel de subsecretario; y sus respectivos suplentes, el nivel inferior jerárquico inmediato.

Los integrantes designados por la Asamblea Consultiva durarán en el encargo tres años, pudiendo ser ratificados por otro periodo igual. Este cargo tendrá carácter de honorífico.

Asimismo, serán invitados permanentes a la Junta de Gobierno, con derecho a voz pero no a voto, un representante de cada uno de los siguientes órganos públicos: Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto Mexicano de la Juventud, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas , Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.

Segundo. Se reforma el artículo 31 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 31. El Consejo estará integrado por los titulares de las siguientes dependencias:

Los integrantes propietarios designarán a sus suplentes, quienes deberán tener nivel mínimo de director general.

El Consejo será presidido por el secretario de Salud y contará con un secretario ejecutivo, que será el titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Tendrá su sede en la Ciudad de México y contará con las unidades administrativas necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones.

Transitorio

Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

«30. Que reforma los artículos 40 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Javier González Garza, José Antonio Almazán Gonzálezy Susana Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PRD

Los firmantes de la presente, diputados federales Javier González Garza , José Antonio Almazán González y Susana Monreal Ávila , con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en representación de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, someten a consideración de esta soberanía el proyecto de decreto que reforma los artículos 40 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a la siguiente

Exposición de Motivos

La constitución del Estado laico mexicano siempre ha sido cuestionada por grupos intolerantes, minoritarios pero influyentes, que aspiran al restablecimiento de un Estado confesional.

A principios de octubre de 2007, tanto el enviado del Vaticano Dominique Mamberti como la Arquidiócesis de México insistieron en solicitar la reforma de la Constitución para que se permita la educación religiosa en escuelas públicas y para que los ministros de culto intervengan en política. Al mismo tiempo, autoridades del estado de Guanajuato han pretendido asignar nombres, del ámbito religioso, a obras públicas, calles e incluso ciudades.

Estas pretensiones no se han quedado en meros deseos. En los últimos años hemos presenciado cómo, desde el púlpito, en las calles o a través de los medios de comunicación diversas Iglesias han sido firmes opositoras a recientes reformas en temas como los derechos reproductivos y las sociedades de convivencia, e incluso tuvieron destacada participación política en la campaña presidencial de 2006. Estas acciones chocan abiertamente con la letra y el espíritu del artículo 130 constitucional.

El 24 de diciembre de 2007, el gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás, tuvo a bien vetar una denominada ``Ley de la Familia'' --recién aprobada por el Congreso local, dominado por una mayoría ultraconservadora--, que era profundamente contraria a las garantías individuales establecidas en la Constitución, por discriminar a las personas que no encajan en los patrones de la familia tradicional, especialmente a las madres solteras.

Adicionalmente, la opinión pública nacional ha sido conmovida por las recientes revelaciones de actos de pederastia y encubrimiento en diversas Iglesias. Los penosos hechos que rodean estos escándalos evidencian la existencia de un auténtico fuero religioso que otorga total impunidad tanto a los responsables como a los encubridores de estos crímenes.

Todo ello ha creado la percepción, en amplios sectores de la sociedad, de que es pertinente reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de reforzar la naturaleza laica del Estado mexicano y poner coto y valladar a los abusos cometidos en materia sexual por religiosos, así como para garantizar que se indemnice a las víctimas.

Antes de exponer nuestras propuestas de reforma del artículo 130 constitucional, nos permitimos hacer una breve referencia de algunas de las causas históricas de la lucha por un Estado laico.

Aunque los nuevos Estados independientes de América Latina no se proponían, en un primer momento, la separación de la Iglesia y del Estado, pronto fue evidente que para lograr la plena soberanía del segundo y la legitimidad basada en el sufragio ciudadano, así como contar con los suficientes recursos para financiar la implantación de políticas públicas, era menester dicha separación.

El logro de este objetivo ha sido causa de numerosos y sangrientos conflictos a lo largo de la historia de América Latina y particularmente en México. ``La Constitución liberal de 1857, por omisión, decretó de hecho la separación, pues simple y sencillamente no hizo mención de tratamientos privilegiados a la Iglesia o intolerancia hacia las otras religiones. La Guerra de Tres Años que le siguió (1857-1860) habría de radicalizar de tal manera las posiciones entre conservadores y liberales, que conduciría a la promulgación de las Leyes de Reforma. Éstas decretaron la nacionalización de los bienes eclesiásticos, la separación entre el Estado y la Iglesia, la creación del registro y el matrimonio civil, y la secularización de los cementerios. Estas reformas nos pueden parecer poca cosa en nuestros días, pero en su momento terminaron con el antiguo régimen y sentaron las bases para la construcción de un México con libertades modernas''. ¹

El estallido de la Revolución Mexicana de 1910-1917, plena de reivindicaciones sociales y democráticas, adquirió un carácter marcadamente anticlerical. ``Independientemente de las razones del radicalismo revolucionario en relación con la Iglesia, lo cierto es que las medidas impuestas en la Constitución de 1917 buscaron la desaparición del poder religioso en la nueva sociedad que se pretendía construir. El no reconocimiento jurídico a las Iglesias, la prohibición para que poseyeran bienes, las limitaciones al culto externo fuera de los templos, la imposibilidad de construir partidos políticos con referencias religiosas y prohibiciones para que los ministros de culto participaran en actividades políticas fueron todas medidas anticlericales (no antirreligiosas) que, en última instancia, condujeron a la eliminación de la Iglesia católica en la esfera sociopolítica. Desde esa perspectiva, aun si no era ése el objetivo, contribuyeron a la construcción y el fortalecimiento del Estado laico mexicano, es decir, a un sistema político que prescindió en buena medida durante el siglo XX de formas de legitimación provenientes de las instituciones religiosas. No es un azar entonces que la jerarquía de la Iglesia católica haya reaccionado con una firmeza e intransigencia inusitadas a las medidas anticlericales y que las posturas de revolucionarios radicales, así como de católicos integristas, hayan desembocado en enfrentamientos políticos y armados, como la Guerra Cristera. Lo que estaba en juego era un sistema sociopolítico y los fundamentos de la autoridad en el nuevo Estado''. ²

Esa laicidad del Estado mexicano, lograda a través de múltiples vicisitudes, ha sido garantía para el logro de una mejor convivencia entre los diversos sectores de nuestra sociedad ---independientemente de las opiniones de cada individuo en materia religiosa--- y ha posibilitado la profundización de las libertades y los derechos democráticos. Este propósito mantiene su vigencia a raíz del notable crecimiento de doctrinas religiosas distintas de la católica y del sector de la población que no profesa ninguna.

Por la misma razón fue posible que, en 1992, se introdujeran reformas que eliminaron la herencia anticlerical del pasado. Ahora, el Estado garantiza a sus ciudadanos el derecho a la libertad religiosa, y a las Iglesias el derecho de contar con personalidad jurídica propia. Todo ello, a condición de que las diversas Iglesias, como instituciones, respeten y se mantengan al margen de la vida política nacional.

No obstante, la reforma del artículo 130 constitucional efectuada en 1992 ha sido interpretada por grupos conservadores civiles y religiosos como la oportunidad para revertir la laicidad del Estado mexicano, adoptar medidas que vulneran los derechos humanos y las garantías ciudadanas, y permitir la irrupción del clero en toda actividad política.

Es necesario recordar que todo intento de rodar en reversa las ruedas de la historia, lo mismo que avanzarlas más rápido de lo debido, siempre traerá consecuencias lamentables. La naturaleza laica del Estado mexicano es un hecho irreversible, y así debe quedar asentado en nuestra Constitución. El poder dimana del pueblo; por tanto, las leyes y las políticas públicas no pueden responder a los deseos de las dirigencias eclesiásticas ni a las creencias personales de legisladores y funcionarios. Por el contrario, éstos están obligados a velar por el interés público, lo cual supone el respeto de la voluntad de la mayoría y la protección de los derechos de las minorías y de los grupos más vulnerables.

La importancia de fortalecer la naturaleza laica del Estado resalta si analizamos el terrible y escandaloso asunto de los casos de pederastia y su encubrimiento en la Iglesia católica. Informaciones proporcionadas por la Red de Sobrevivientes de Víctimas de Abuso Sexual de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) imputan al cardenal Norberto Rivera encubrir al sacerdote Nicolás Aguilar --acusado de abusar sexualmente de más de 60 menores de edad-- y ayudarlo a escapar tanto de la justicia mexicana como de la estadounidense.

Por esa acusación, el cardenal Rivera fue convocado a comparecer ante la Corte Superior de California, donde sus abogados tuvieron que recurrir a todo tipo de triquiñuelas y tecnicismos legales para evadir el tema central de la demanda: la protección otorgada al cura pederasta Nicolás Aguilar. El juez Elihu Berle dictaminó, el 16 de octubre de 2007, que la corte angelina no tenía jurisdicción para procesar al cardenal Norberto Rivera ni al sacerdote Nicolás Aguilar, sin que ello significara en modo alguno su exoneración.

El caso del padre Nicolás Aguilar Rivera es paradigmático del alto grado de impunidad y encubrimiento del que aún gozan los delitos sexuales cometidos por miembros de congregaciones religiosas existentes en el país. La larga carrera delictiva del padre Aguilar Rivera es prueba contundente de ello.

Las primeras noticias del comportamiento pederasta de Aguilar Rivera datan de hace más de 25 años. ``Los crímenes sexuales de Aguilar Rivera contra menores de edad se iniciaron desde su paso por el seminario, según afirma Agustín Ríos Nájera, otra de las víctimas de esa época. En la década de los ochenta era párroco en Tehuacán, Puebla, donde los ataques a los acólitos eran secreto a voces hasta que (el 8 de agosto de) 1986 Nicolás apareció mal herido, tirado en un charco de sangre a consecuencia de una fuerte contusión en la cabeza (...) Los hechos fueron consignados en medios informativos de Puebla, que afirmaron que el cura mantenía relaciones sexuales con dos muchachos en Cuacnopalan, Puebla, cuando lo golpearon. Luego, otros reportes periodísticos de la zona difundieron la denuncia de una maestra que acusaba al sacerdote de haber violado a su pequeño hijo''. ³

Esas denuncias obligaron a Aguilar Rivera a huir del país e instalarse en 1988 en la diócesis de Los Ángeles, California.

La forma en que se realizó el traslado fue materia de disputa entre el cardenal Roger Mahony, arzobispo de Los Ángeles, y el cardenal Norberto Rivera. El primero afirmó que nunca fue notificado de la conducta delictiva del padre Nicolás Aguilar, pues ``de haber sabido de las tendencias homosexuales de Nicolás, jamás lo habría aceptado en la arquidiócesis'', mientras que el segundo aseveró que sí hizo la respectiva notificación.

El clérigo volvió a México en 1989, huyendo de la justicia angelina, donde enfrenta denuncias por 26 violaciones de niños. Pese a conocer los hechos mediante las cartas del cardenal Mahony, Norberto Rivera, aún obispo de Tehuacán, no lo retiró del ministerio sacerdotal. El derecho canónico ordena que quien abuse sexualmente de un menor puede ser castigado con la suspensión del sacerdocio. No obstante, Aguilar Rivera continuó ejerciendo el ministerio, con el permiso de sus superiores, en diversos templos. En 1997 ocurrió una historia que el cardenal Norberto Rivera Carrera debe conocer muy bien porque se comenzó a divulgar cuando don Norberto acababa de dejar esa diócesis para hacerse cargo del Arzobispado de la Ciudad de México: el sacerdote Nicolás Aguilar Rivera, de la parroquia situada en San Vicente Ferrer, fue denunciado penalmente ante la Procuraduría de Justicia de Puebla, por cometer abusos sexuales en agravio de por lo menos 60 jóvenes de entre 11 y 13 años que concurrían con ese sacerdote a estudiar el catecismo. Los cargos constan en la averiguación previa número 3497/997/DRS.

Incluso, ante las denuncias y pese a la protección de Aguilar Rivera por autoridades locales y sacerdotes, cuatro de los menores denunciantes fueron llevados a la procuraduría estatal para realizarles análisis proctológicos, psicológicos y de otro tipo, reconociendo los forenses la existencia de abusos sexuales y corrupción de menores. La cadena de abusos se develó cuando uno de los niños dijo a su hermano lo sucedido. Otros dos niños lo confirmaron, y la serie de denuncias se fue ampliando. Cuando el sacerdote Aguilar Rivera fue citado a declarar, las autoridades eclesiásticas alegaron primero que no podía hacerlo por ``razones de salud'' y luego procedieron a cambiarlo de parroquia y lo enviaron a la de Santa Clara Huitziltepec, también en Puebla, donde continuó su relación de trabajo con jóvenes.

``Hasta septiembre de 2001 (las denuncias se presentaron desde 1997) el sacerdote Aguilar Rivera no se vio obligado a presentarse a declarar ante el juez primero de defensa social en Tehuacán, Carlos Guillermo Ramírez, en la causa penal 6/1998/1, acusado ahora sólo de 'ataques al pudor' en contra de sólo uno de los menores que lo habían denunciado. Como el juez, en acuerdo con el acusado, lo consideró un 'delito menor', el sacerdote sólo pagó una fianza de 8 mil 500 pesos y quedó en libertad. Pero el MP apeló esa decisión y, sorpresivamente, el 23 de mayo pasado la sexta sala del Tribunal Superior de Justicia del estado decretó girar una orden de reaprehensión contra el sacerdote Aguilar Rivera, acusándolo, ahora sí, de corrupción de menores, lo que es un delito grave que no admite derecho a fianza. Pero un día después, cuando el sacerdote llegó al juzgado a firmar el libro de procesados para mantener el derecho a la libertad bajo fianza, el propio juez Carlos Guillermo Ramírez, en lugar de detenerlo, como se le había ordenado, le advirtió de su situación y le recomendó no aparecerse nunca más por Tehuacán. No es una suposición: el comandante del grupo Tehuacán de la Policía Judicial del estado, Lazard Anaya, así lo confirmó luego de sus investigaciones en una nota informativa enviada a sus superiores el 7 de junio pasado. Evidentemente, el sacerdote Aguilar Rivera está desde entonces prófugo y las autoridades de la parroquia de Santa Clara Huitziltepec han dicho que no saben dónde ubicarlo. Pero no han realizado actividad o esfuerzo alguno para hacerlo. Es más, ni el obispado de Tehuacán ni la conferencia episcopal (...) han manifestado una palabra al respecto''. ⁴

El testimonio de Sergio Sánchez Merino, quien fue víctima de abuso sexual por Nicolás Aguilar cuando tenía 12 años, revela que en noviembre de 1997 se entrevistó ``con el cardenal Rivera para denunciar la conducta criminal del presbítero'', pero el purpurado decidió ``proteger a su subordinado, en lugar de a los niños'', afirma.

Esta amplia relación de hechos muestra las graves deficiencias y carencias de nuestro sistema de aplicación de justicia, y nos permite concluir que

En México, país con la mayor concentración de católicos en el continente después de Brasil, el Departamento de Investigaciones sobre Abusos Religiosos (DIAR), organismo no gubernamental de defensa de los derechos humanos, publicó en mayo de 2002 los resultados de un estudio de 280 denuncias contra ministros y líderes de diferentes denominaciones y religiones.

Del total, 35 por ciento corresponde a agresiones sexuales, 50 por ciento a fraudes y casos de explotación económica, y 15 por ciento a la categoría de violaciones diversas de los derechos humanos. Éstas incluyen la coerción a través de amenazas para impedir que personas dejen tal o cual secta o religión, intimidación, persecución, intolerancia e impedimento de la libertad de creencias (DIAR, 2002).

El DIAR indica que la mayoría de las denuncias que recibe es contra ministros de Iglesias y grupos no católicos diversos, de corte carismático neopentecostal y pentecostal, seguidas por líderes de denominaciones evangélicas, protestantes históricas, sacerdotes católicos y las llamadas ``sectas destructivas''. En la mayoría de los casos, con algunas notables excepciones, las denuncias señalaban a ministros, no a organizaciones, como responsables.

El DIAR afirma que dichas cifras no significan que en la Iglesia católica de México, y en general de Latinoamérica, ocurran menos abusos que en otros grupos religiosos. Explica la diferencia más bien en términos de ``mayor disposición de los evangélicos a denunciar ilícitos debido a una mayor concienciación de sus derechos humanos y menos temor supersticioso a los líderes o a la institución religiosa''. ⁶

Estos niños jamás recibieron tratamiento psicológico u otro tipo de apoyo por la Iglesia. En México no hay, como en Estados Unidos, leyes que en un caso civil permitan que el dirigente de una corporación, o de alguna asociación religiosa en este caso, sea responsable de actos cometidos por sus empleados o personas bajo su control, cometidos en su ámbito de trabajo. Es decir, cualquier dirigente de una corporación deba asumir que cuando uno de sus empleados arrolla a un niño con su camión, en el ámbito de trabajo de la compañía, él tiene responsabilidad civil por los actos negligentes de su trabajador y debe pagar el costo de la reparación del daño.

El decreto aprobado por el Senado el 14 de febrero de 2007 por el que se reformaron diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de explotación sexual infantil, para crear los términos ``corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo'' y ``delitos contra el libre desarrollo de la personalidad'', y por el que se duplicaron las sanciones que por estos delitos cometan los ministros religiosos, es un buen paso en este sentido, pero lo consideramos insuficiente si no elevamos a rango constitucional las enmiendas del artículo 130 que proponemos, que consideran la obligación de las autoridades religiosas de denunciar cualquier delito sexual cometido por sus ministros y personal administrativo, so pena de hacerse acreedores de los delitos correspondientes, independientemente de que la congregación deba asumir el costo de la reparación del daño.

Esta responsabilidad obliga al Estado a asumir mayor vigilancia y transparencia en el registro de las asociaciones religiosas, de su padrón de miembros, y de las propiedades que poseen y a título de quién, así como del conocimiento de sus ingresos y del cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Una vez expuestas las diversas problemáticas que enfrenta nuestro estado de derecho en materia religiosa, presentamos una iniciativa para, con la buena voluntad política de todos ustedes, permitir

Por lo expuesto, ponemos a la consideración de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 40 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Artículo 130. El Estado mexicano es un Estado laico, entendido éste como un régimen social de convivencia basado en la tolerancia y en la libertad de cultos y cuyas instituciones políticas están legitimadas por el voto popular y no por elementos de tipo religioso. El individuo, en tanto que ciudadano, es el único titular de la libertad de conciencia, base de todos los derechos individuales, protegidos por esta Constitución.

El principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las Iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley.

Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de Iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes:

Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político.

La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo establece la ley.

Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuges, así como las asociaciones religiosas a que aquéllos pertenezcan, serán incapaces para heredar por testamento a las personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y que no tengan parentesco dentro del cuarto grado.

Que un candidato que se postule para algún puesto de elección popular de manera pública declare o utilice signos o imágenes religiosas o se sirva de entrevistas con altos dignatarios de las Iglesias para promoverse será motivo para anular su campaña política y se multará al partido político que lo haya registrado.

Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades administrativas en los términos que establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan.

Las autoridades federales, de los estados y de los municipios tendrán en esta materia facultades para cobrar una indemnización al ministro o ministros de cultos, o asociaciones religiosas que incurran en las responsabilidades que determina este artículo y las demás que señale la ley.

Lo recaudado por la indemnización referida en el párrafo anterior será destinado a la ciudadanía como apoyo para fortalecer los gastos que impliquen su educación, comida y salud, administrado y entregado por las autoridades competentes.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se abrogan todas las leyes y disposiciones que se opongan al presente ordenamiento.

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

31. Que reforma el artículo 28 y adiciona los artículos 31, 41 y 43 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.Retirada por oficio del 13 de mayo de 2008.

«32. Que reforma los artículos 15 de la Ley Monetariade los Estados Unidos Mexicanos, y 2 de la Ley del Banco de México, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Manuel Cárdenas Fonseca , diputado de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los correlativos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurre a solicitar que se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las Leyes Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, y del Banco de México, con la siguiente

Exposición de Motivos

La recesión en Estados Unidos de América y su inminente impacto en nuestra economía obligan al legislador a proponer reformas importantes y trascendentes del marco legal que define la regulación monetaria en el país.

El país instaura un modelo económico vinculado profundamente al modelo exportador manufacturero y tiende a mostrar abiertamente signos de agotamiento en los ciclos recesivos de Estados Unidos.

Ante ese tipo de fenómenos no contamos con ningún instrumento de compensación económica que permita estructurar políticas expansivas o anticíclicas.

Adicionalmente, México no cuenta con una política industrial ni crediticia que impulse suficientemente la inversión, el empleo y el ingreso.

Para compensar su proceso recesivo, Estados Unidos baja la tasa de interés a fin de reactivar su ciclo económico, y nosotros la mantenemos inamovible.

Hay que reconocerlo: nuestra política monetaria es ``demasiado restrictiva y profundiza el ciclo recesivo que vive el país''. ¹

Debido a estas presiones externas, el doctor Guillermo Ortiz Martínez, gobernador del Banco de México, analiza la posibilidad de que éste instaure una política monetaria anticíclica. ²

Académicos de diversas instituciones reconocen que para compensar realmente estos procesos recesivos en nuestra economía es necesaria y urgente una reforma de la regulación monetaria que posibilite la instauración de una reforma monetaria que permita apoyar el ciclo económico, la inversión, el empleo y el ingreso.

El actual modelo monetario no controla suficientemente el crecimiento de los precios y, en cambio, frena la inversión productiva, el empleo y el ingreso.

La meta de crecimiento para 2008 fue revisada a la baja por las diferentes representaciones del sector privado en México, por las Secretarías de Hacienda, y de Economía: no alcanzaremos la meta planteada originalmente en los Criterios Generales de Política Económica; estaremos en un nivel de crecimiento de entre 2.0 y 2.5 por ciento del PIB en 2008.

El empleo no crece: de acuerdo con el INEGI, en enero de 2008 la tasa de desempleo se situó en 4.06 de la población económicamente activa.

El ingreso no crece. La Organización Internacional del Trabajo señala en el estudio Panorama laboral 2007, América Latina y el Caribe que México es uno de los cinco países de Latinoamérica que, junto con El Salvador, Paraguay, Venezuela y Uruguay, no han superado el nivel del poder adquisitivo de hace 17 años. El país presenta una tasa de crecimiento negativo de los salarios.

Paradójicamente, tenemos un alto nivel de reservas monetarias, las cuales a la fecha suman alrededor de 79 mil millones de dólares, pero una economía cada vez más dependiente y con poco dinamismo.

Seguimos dependiendo amplia y crecientemente de las remesas, del comportamiento del precio del petróleo, de las exportaciones, de créditos, del sector turismo y de las transacciones fronterizas.

En suma, y a la luz de los pobres resultados obtenidos en el desarrollo económico del país en los últimos años, estamos obligados como legisladores a buscar opciones que posibiliten reconducir el actual esquema de regulación económica hacia una relación óptima entre el Estado y el resto de la economía.

En los últimos años, la participación que el Estado ha tenido en la economía mexicana ha sido errática y con una preocupante tendencia de nuestra actividad económica hacia el estancamiento y pérdida sistemática de competitividad.

La historia reciente del Estado mexicano en el ámbito económico ha transitado de un Estado excesivamente patrimonialista a un pretendido Estado ``mínimo'', condicionado y limitado por serias restricciones fiscales, monetarias y financieras.

Nosotros no compartimos ninguno de estos dos extremos: ni el patrimonialista, por su ineficiencia observada en los años sesenta y setenta; ni el aparente Estado mínimo, que deja todo a una aparente eficiente asignación de recursos por el mercado.

Proponemos una nueva y eficiente participación del Estado y sus instituciones en la regulación económica.

El resultado de perseguir un Estado aparentemente mínimo cambió el perfil del Estado mexicano y su modelo de intervención a tal grado, que ha significado un cambio estructural que ha dado como resultado la pérdida del impulso al crecimiento y caída de la inversión, el empleo y el ingreso. En suma, el Estado en nuestro país se ha alejado de la promoción del desarrollo. ³

La realidad económica nacional nos obliga a transitar hacia un Estado con un perfil de participación eficiente, donde el cambio institucional propicie una relación óptima con los agentes económicos.

El Estado mexicano está obligado a crear expectativas económicas de estabilidad y riesgo bajo, debe contribuir, como lo hacen los de otros países, a la promoción del crecimiento económico, mejorando la operación de la economía y el perfil de la distribución del ingreso.

El Estado debe posibilitar que nuestras instituciones y las políticas que de ellas emanan promuevan la economía real; debe facilitar la creación de normas jurídico-regulatorias a fin de que los agentes económicos incrementen la inversión, el empleo, el ingreso, el consumo, y el ahorro en un contexto de apertura económica y competitividad productiva.

El Estado está obligado a perseguir, alcanzar y sostener crecimiento económico real, y debe verlo como una consecuencia de la evolución estable de los fundamentales macroeconómicos y de una intervención monetaria eficiente.

Por lo expuesto, como diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza comprometidos con el estudio y la implantación de cambios legislativos dirigidos a una mejoría social, y preocupados por el pobre desempeño de la economía nacional, proponemos la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 15 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y 2 de la Ley del Banco de México

Artículo Primero. Se reforma el artículo 15 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 15. La reserva monetaria se destinará exclusivamente a promover el crecimiento económico y el empleo , a sostener el valor de la moneda nacional, y a regular su circulación y los cambios sobre el exterior.

Artículo Segundo. Se reforma el artículo 2 de la Ley del Banco de México, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 2. El Banco de México tendrá por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional. En la consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de dicha moneda. Serán también finalidades del Banco promover el crecimiento económico, el empleo , y el sano desarrollo del sistema financiero, y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

«33. Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Elmar Darinel Díaz Solórzano, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los correlativos 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa que contiene proyecto de decreto de adición y reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La educación es, sin duda, el camino con mayor viabilidad para impulsar el desarrollo nacional. Es la principal herramienta para impulsar el desarrollo personal y social. Entre las naciones de todo el mundo, las sociedades, los ciudadanos que gozan de los mejores niveles de bienestar material, cultural y político son aquellos que están más y mejor educados.

El artículo tercero constitucional contiene un conjunto de definiciones históricas para transformar la educación en un mecanismo de progreso nacional. Por ello, la define como un proyecto de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, otorgándole la responsabilidad para tal efecto a las instituciones del Estado, que tienen la responsabilidad de crear y sostener el sistema de educación básica obligatoria, además de garantizar que sea gratuita y laica, es decir ajena a cualquier dogma y vinculada al progreso científico.

La educación que se otorga a las nuevas generaciones atraviesa situaciones complejas, propias de un país que vive desigualdades económicas profundas y que repercuten en el bienestar social.

Tenemos que reconocer con honestidad y franqueza que el Estado cada vez se encuentra más distante de la sociedad; el proyecto de nación pareciera que se ha extraviado. Es por ello que los objetivos de la educación son un desastre, ante la creciente separación entre el desarrollo y la educación.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, valora a México como un país con menor nivel de desarrollo con relación a sus demás integrantes; en materia educativa señala que el rezago se debe principalmente a la desigualdad social y a la amplia diversidad cultural de los grupos indígenas, que permanecen ajenos a l desarrollo, aunque forman parte de un universo de más de diez millones de personas.

Ejemplo de ello es la educación básica en el medio rural, que opera en condiciones precarias, sobre todo en las zonas indígenas, cuyo entorno es dominado por la pobreza y cuya geografía se caracteriza por la dispersión de la población en pequeñas localidades, lo que dificulta los accesos educativos, como es patente en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz.

En donde llega a existir la educación básica, se trata principalmente de escuelas primarias, que funcionan, además, con base en un sistema ``multigrado'', en donde un docente atiende a más de un grado, que en un elevado número de planteles hay sólo un docente para todos los niveles de primaria.

El reflejo del nivel de abandono de la educación indígena tan sólo en primaria, genera que los mejores resultados en las evaluaciones que aplican las autoridades educativas los obtengan las escuelas privadas, seguidas de las públicas urbanas y comunitarias y por último las escuelas indígenas, lo cual es alarmante y exige soluciones reales y adecuadas.

El actual Plan Nacional de Desarrollo pretende enfocarse a la calidad educativa en los rubros de cobertura, equidad, eficacia, eficiencia y pertinencia, elementos que son indiscutiblemente útiles para comprobar los avances del sistema educativo.

La educación de calidad significa atender e impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades individuales, en los ámbitos intelectual, afectivo, artístico y deportivo, fomentando valores, además de una convivencia social solidaria y las habilidades que permitan estar mejor preparados para la competitividad y las exigencias del mundo del trabajo.

La evaluación es una de las principales herramientas gubernamentales, pero si no se crean las condiciones para que los estratos sociales y particularmente las zonas rurales y las comunidades indígenas gocen de mejores condiciones educativas, su resultados serán engañosos e inútiles.

El Plan Nacional de Desarrollo tiene como propósito para cumplir con una educación de calidad, que las familias indígenas reciban un mejor apoyo para que la población con una edad de entre seis a catorce años acudan de modo general a la escuela básica. Propone también que a partir de los quince años los jóvenes continúen su educación sin afectar la economía familiar.

Plantea apoyar la educación bilingüe, aplicando esquemas que eleven los incentivos para que cada vez más indígenas se preparen como maestros bilingües. En el caso de la educación rural, desde la apreciación del gobierno federal medidas permitirán fortalecer las culturas autóctonas y mejorar su calidad de vida.

Lo cierto es que resulta imprescindible proponer nuevos cambios en materia de educación para los indígenas que representan más del 12 por ciento de la población nacional y hablan más de 62 lenguas indígenas.

Además de garantizar su libre autodeterminación, autonomía y derecho al desarrollo, no deben ser incorporados autoritariamente, ni marginados de la identidad y la cultura nacional; se debe respetar su propio modelo de desarrollo, apoyando sus formas de vida, así como su contribución al proyecto nacional.

Pero ello sólo es posible si crece en cantidad y calidad la educación bilingüe bicultural en los niveles preescolar, primaria y secundaria.

Para lograr tales propósitos se requiere aplicar un programa efectivo, dirigido expresamente a la educación básica y la educación media superior, mismo que debe contar con recursos extraordinarios del Ramo 33, para crear la infraestructura que requieren las comunidades rurales; contratar y capacitar el personal docente suficiente y atender objetivamente las necesidades indígenas en materia de educación.

La Ley de Coordinación Fiscal prevé la descentralización de los recursos para combatir la pobreza y en su Capítulo V establece el ejercicio de los fondos correspondientes a las aportaciones federales o Ramo 33, para fines educativos, a través de convenios suscritos con las entidades federativas.

Los siete fondos que integran el Ramo 33 tienen como objetivo distribuir las aportaciones federales bajo criterios compensatorios, transfiriéndose mayores recursos a las entidades que tienen más rezagos y no a las que aportan más riqueza, pretendiendo garantizar un cierto nivel de equidad entre las distintas regiones del país.

Para determinar el destino de las aportaciones federales en el caso del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, se establece un registro común de escuelas, la plantilla del personal y los recursos presupuestarios transferidos con cargo al FAEB durante el ejercicio inmediato anterior, adicionando: a) las ampliaciones presupuestarias autorizadas y b) la actualización de los gastos de operación.

Su distribución se ejecuta conforme se hacen los requerimientos, toda vez que la ley no establece criterios de distribución. Su destino, de acuerdo a la Ley General de Educación se canaliza a cuatro puntos principales: a) servicios de educación básica, normal y especial; b) formación de maestros: c) investigación científica y tecnológica y d) programa contra el alcoholismo, el tabaquismo y la drogadicción.

El destino de las aportaciones federales de este fondo se remite a la Ley General de Educación.

La presente iniciativa tiene por objeto proponer reformas para que el sistema fiscal intergubernamental permita contar con un destino específico más del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, de modo que en su distribución se contemple de manera precisa la Educación de los Indígenas de México, como un capítulo de apoyo concreto a la superación de la desigualdad educativa en que se encuentran estos grupos de nuestra población.

Como nunca, ante la lucha por superar la marginalidad, se hace necesario comprometerse más con la educación, pero principalmente con la educación de los indígenas de México. Se requiere impulsar su nivel educativo, para hacerlo capaz de formar cuadros que ante cualquier evaluación respondan para estar al nivel de los estándares mundiales.

Exige que la educación esté verdaderamente vinculada al desarrollo económico nacional y regional y que, de acuerdo a sus objetivos fundamentales, sea un medio de justicia y equidad social.

De ahí que con la creación de este subfondo, dirigido a la educación indígena se etiqueten recursos, en el marco de la coordinación fiscal federal, para fortalecer su atención, como uno de los más elevados reclamos de nuestra sociedad.

Con ello se podrá avanzar en el fortalecimiento de la educación de los indígenas, para que sea el instrumento de transformación para ellos mismos, para sus comunidades y para el país.

Para ello se establece la obligación de transferir recursos del presupuesto federal por vía de los estados, destinando una partida especial del Ramo 33 para que específicamente se atienda a la educación de los indígenas de México.

Por lo antes expuesto, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario del PRI, someto a la aprobación de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Único. Se modifican los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

Artículo 25. Con independencia de lo establecido en los Capítulos I a IV de esta ley, respecto de la participación de los estados, los municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales, como recursos que la federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, del Distrito Federal y, en su caso, de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta ley, para los fondos siguientes:

...

Artículo 26. Con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, Normal y Educación para los Indígenas que les correspondan, los Estados y el Distrito Federal recibirán los recursos económicos complementarios que les apoyen para ejercer las atribuciones que de manera exclusiva se les asignan, respectivamente, en los artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación.

Artículo 27. El monto del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, Normal y Educación para los Indígenas, se determinará cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, exclusivamente a partir de los siguientes elementos:

Artículo 28. Las autoridades federales y las entidades federativas, tanto en materia educativa como en las responsabilidades del ejercicio presupuestario, se reunirán con una periodicidad no menor de un año, con el fin de analizar alternativas y propuestas que apoyen una mayor equidad e impulsen una mejor utilización de los recursos transferidos a las entidades federativas para la educación básica, educación indígena y normal.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

«34. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y Orgánica de la Procuraduría General de la República; y del Código Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, del Grupo Parlamentario del PRI

Luis Enrique Benítez Ojeda , en mi carácter de diputado integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II, del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y el Código Federal de Procedimientos Penales, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

En México son muy pocos los delitos que se hacen del conocimiento de la autoridad. Esta situación trae aparejado un ineficaz combate a la delincuencia y que no existan cifras veraces de la incidencia criminal. Pero el déficit de denuncias no es un problema exclusivo del país. Mientras que en México no se denuncia el 77 por ciento de los delitos, el promedio de delitos no denunciados en diversas regiones del mundo, igualmente de países en vías de desarrollo, no rebasa el 65 por ciento. ¹

La falta de información acerca de los delitos que se cometen desvirtúa la realidad en detrimento de la vida, la salud, la seguridad y el patrimonio de las personas, por lo que diversas organizaciones civiles se han dado a la tarea de realizar, por su cuenta, investigaciones y encuestas de victimización que se han constituido en la más confiable información para sugerir medidas y políticas que permitan enfrentar la delincuencia.

Es un hecho que la autoridad no ha sido capaz de recabar información veraz porque las cifras oficiales distan mucho de la realidad. La falta de datos precisos sobre la magnitud, la naturaleza y las consecuencias de los hechos delictivos, constituye un obstáculo para llevar a cabo acciones eficaces para enfrentar la inseguridad que afecta a millones de mexicanos.

Contar con una radiografía de la situación real del país, en cuanto a la comisión de delitos se refiere, es una condición sine qua non para que las autoridades puedan diseñar y poner en práctica una política efectiva de combate al crimen; pero para ello, resulta necesario --entre otras cosas-- que el Estado fomente una cultura de la denuncia.

El fenómeno de la ``no-denuncia'' por parte de los gobernados, obedece principalmente a que no confían en las autoridades, pues saben que, además de que se van a enfrentar a vejaciones administrativas, a procesos burocráticos y a tediosos trámites en lugares generalmente desagradables, lo más probable es que el delincuente salga libre de inmediato, si es que se logra su captura.

Las estadísticas ponen en evidencia este grave problema, pues un estudio del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, AC, (Icesi) se demuestra que sólo una de cada cinco víctimas denuncia el delito y sólo en el 14 por ciento se inicia averiguación previa. ²

En cuanto a la cifra negra --delitos no denunciados-- la misma investigación indica que en las zonas objeto de estudio, sólo se registran oficialmente 13 de cada 100 delitos. Otro dato alarmante es que 7 de cada 10 personas se sienten inseguras en su entidad. Y, según el Icesi, la principal razón por la que no se denuncian los delitos es el hecho de que la gente considera que es una pérdida de tiempo y porque tienen una gran desconfianza en las autoridades. ³

Tal situación amerita que las instituciones hagan un frente común que incluya políticas públicas y reformas legislativas para combatir a quienes, con sus actos, vulneran los derechos fundamentales de la sociedad; la vida, la seguridad, el patrimonio. Es imperante que se permita alzar la voz para señalar a los delincuentes.

Recientemente hemos aprobado una reforma penal a nivel constitucional, pero hay que decir que el actual estado de cosas violenta los derechos plasmados en la Declaración sobre Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder (adoptada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985).

En efecto, dicho instrumento internacional tutela el derecho a un trato digno, que consiste en: 1) reducir las molestias para la víctima y proteger su intimidad durante el proceso; 2) evitar demoras innecesarias en la solución del asunto; 3) brindar la asistencia apropiada a las víctimas durante toda la investigación y el proceso; capacitar a la policía y al personal de justicia, de salud, de servicios sociales y demás involucrados para hacerlos receptivos de las necesidades de las y los agraviados, y 4) crear directrices que garanticen una ayuda rápida y adecuada.

A su vez protege el derecho de acceso a la justicia, el cual establece que: 1) la víctima sea informada de sus derechos; 2) sus opiniones y preocupaciones sean presentadas y analizadas en etapas apropiadas de las actuaciones, siempre que estén en juego sus intereses y sin perjuicio de los derechos de la o el acusado; 3) existan mecanismos oficiosos justos, expeditos y menos costosos de solución de los asuntos (mediación, conciliación, arbitraje, prácticas de justicia consuetudinaria o autóctona, procedimientos civiles, administrativos u otros), con el fin de facilitar la conciliación y la reparación a favor de las víctimas.

Expresamente se establece en la citada declaración, lo siguiente:

A. Las víctimas de delitos

Acceso a la justicia y trato justo

B. Las víctimas del abuso de poder

Luego entonces, el derecho nacional debe asirse al internacional que ha concebido fórmulas para evitar la victimización adicional (sobrevictimización) provocada por las deficiencias humanas de la burocracia judicial, lamentablemente recargada de malos tratos, represalias e impunidad.

Aunque se han emprendido campañas aisladas para fomentar la cultura de la denuncia, no se ha logrado generar la suficiente confianza par que la ciudadanía acuda a formular sus acusaciones. A pesar de que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que a la Secretaría de Seguridad Pública le corresponde desarrollar las políticas de seguridad pública y proponer la política criminal, no existen condiciones para que se convenza a la sociedad de informar sobre los delitos que padece.

Pero la acción aislada de la autoridad federal no será suficiente. Es indispensable que las entidades federativas se involucren de manera coordinada para arraigar en la población la cultura de la denuncia. Es imperiosa la necesidad que las autoridades de los tres ámbitos de gobierno amplíen los instrumentos que faciliten la suma de esfuerzos contra la delincuencia.

En este orden de ideas, es importante adecuar también la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Su artículo 2o. establece que ``el Sistema Nacional de Seguridad Pública se integra con las instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones previstos en la presente ley, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la seguridad pública''; y el numeral 3 dispone que ``conforme al artículo 21 constitucional y para los efectos de esta ley, la seguridad pública es la función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.''

En atención a lo anterior, se propone que el ordenamiento expresamente reconozca la importancia de la cultura de la denuncia como un instrumento que permita brindar mayor seguridad a la población, así como salvaguardar la integridad y derechos de las personas, y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

Específicamente se propone que las autoridades competentes de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, se coordinen para formular propuestas para el fomento entre la población de la cultura de la denuncia de los delitos; para que la coordinación en materia de seguridad pública comprenda el fomento de la denuncia de delitos entre la población; y para que dentro de los Consejos de Coordinación para la Seguridad Pública que prevé la ley, se promueva la participación de la comunidad para sugerir acciones que tengan por objeto el fomento de la cultura de la denuncia de los delitos.

El fomento de una cultura de denuncia tiene que ir forzosamente acompañada de mecanismos que faciliten que los ciudadanos acudan ante la autoridad a denunciar. De nada servirá pedirles que lo hagan, si no se les otorga la seguridad de que su acción tendrá un resultado positivo y de que no padecerán la burocracia gubernamental y los malos tratos de quién los atienda.

Es fundamental que se agilice el procedimiento, por lo que se estima procedente incluir reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República a fin de que ésta admita denuncias y querellas por vía telefónica y por medios electrónicos, estableciendo la posibilidad de que posteriormente se ratifiquen de forma personal, si el caso lo amerita. Para tal efecto, se propone también que la Procuraduría establezca los mecanismos necesarios para la recepción de denuncias y querellas vía telefónica o por medios electrónicos.

Presentar denuncias vía Internet o vía telefónica es ya una práctica en algunas entidades federativas, por lo que es importante incluir esta modalidad en la legislación federal. Por ejemplo, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México puso en operación un programa especial para que las personas que sean víctimas de algún delito puedan proceder a hacer su denuncia vía Internet, para que con posterioridad --y previa cita-- se acuda a ratificar la denuncia con la documentación requerida.

En el portal de Internet de la Procuraduría General de la República se hace mención de las campañas de denuncia ciudadana denominadas ``Denuncia Anónima'' y ``Abre los ojos pero no cierres la boca''; incluso se indican números telefónicos para cada una de ellas. Sin embargo, este tipo de acciones no se encuentran plasmadas los textos federales, lo que las hace nugatorias.

Un procedimiento como el que se propone le daría mayor confianza a la ciudadanía al momento de decidir si acude o no a presentar una denuncia y agilizaría el trabajo del Ministerio Público en beneficio de la población, de la seguridad pública y de la procuración de justicia en el país.

Para encauzar legislativamente lo anterior, se propone adicionar una fracción XVII y recorrer la numeración de las siguientes fracciones del artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que la Secretaría de Seguridad Pública esté obligada a realizar campañas que fomenten entre la población la cultura de la denuncia de delitos o conductas antisociales, y establecer mecanismos de recepción expedita personalizada o a distancia de denuncias, querellas o acusaciones.

Del mismo modo, se proponen adiciones a la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para establecer un sistema nacional de denuncias o querellas más expedito --independientemente del fuero o ámbito territorial o material de jurisdicción de las autoridades policiales o ministeriales--, el cual tenga como fin la promoción de una cultura de la denuncia de actos delictivos entre la población.

Asimismo se propone que la coordinación comprenda --de manera específica-- la promoción de instancias o mecanismos que faciliten la denuncia de la población de actos que puedan constituir delitos o amenazas a la seguridad pública; y que dentro de los Consejos de Coordinación para la Seguridad Pública se promueva la participación de la comunidad, para sugerir acciones que tengan por objeto el fomento de la cultura de denuncia de actos delictivos y crear directrices que garanticen una protección o ayuda rápida y adecuada a la victima u ofendido.

En cuanto a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se propone que el Ministerio Público --dentro de la averiguación previa-- promueva instrumentos que permitan que las denuncias o querellas sean recibidas vía telefónica o por medios remotos, digitales o electrónicos, sin perjuicio de que sean ratificadas personalmente si así lo exigiese la ley procesal aplicable.

Igualmente se responsabiliza a la Procuraduría General de la República del establecimiento de los procedimientos necesarios para facilitar la recepción de denuncias y querellas, así como de aquellas presentadas por vía telefónica o por medios electrónicos o remotos, difundiendo entre la población los medios por los que podrán llevarlas a cabo.

Para materializar en el ámbito del derecho adjetivo estas propuestas, se promueven también adiciones al Código Federal de Procedimientos Penales, para que la ley sea expresa en el sentido de que los fiscales recibirán las denuncias o querellas que le presenten en forma oral o por escrito sobre hechos que puedan constituir delito, así como aquellas presentadas por medios remotos, digitales o electrónicos, sin perjuicio de su ratificación que corresponda.

Pero para que estas adiciones correspondan al derecho de gente criminal, se adiciona un artículo 141 Bis que resalte que todo procedimiento o instancia de recepción de denuncias o querellas, deberá: minimizar las molestias para la víctima y proteger su intimidad durante el proceso; evitar demoras innecesarias en la solución del asunto; y utilizar, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor de las víctimas.

La presente LX Legislatura ha concluido --apenas en el pasado mes de febrero del 2008-- un trascendente debate para reformar a la Constitución en materia de seguridad pública y justicia penal, la cual ha aportado innovaciones en la protección de los derechos de la víctima o del ofendido.

Circunscrito en el mismo propósito, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y el Código Federal de Procedimientos Penales

Primero. Se adiciona una fracción XVII y se recorre la numeración de las siguientes fracciones del artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 30 Bis. A la Secretaría de Seguridad Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

Segundo. Se adiciona una fracción V al artículo 9, se reforma la fracción VIII del artículo 10 y se adiciona una fracción III al artículo 50, recorriéndose las subsecuentes fracciones, todas de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 9. Las autoridades competentes de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, se coordinarán para:

Artículo 10. La coordinación comprenderá las materias siguientes:

Artículo 50. Dentro de los Consejos de Coordinación para la Seguridad Pública que prevé esta ley, se promoverá la participación de la comunidad, para:

Tercero. Se adiciona el inciso a) apartado A), fracción I del artículo 4o.; y se adiciona una fracción X al artículo 5o., recorriéndose las subsecuentes, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para quedar como sigue:

Artículo 4. Corresponde al Ministerio Público de la Federación:

Artículo 5. Corresponde a la Procuraduría General de la República:

Cuarto. Se adiciona el artículo 2 fracción II del Código Federal de Procedimientos Penales, al cual se le adiciona el artículo 141 bis, para quedar como sigue:

Artículo 2. Compete al Ministerio Público Federal llevar a cabo la averiguación previa y ejercer, en su caso, la acción penal ante los tribunales.

En la averiguación previa corresponderá al Ministerio Público:

Artículo 141 Bis. Todo procedimiento o instancia de recepción de denuncias o querellas, deberá:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Seguridad Pública, y de Justicia.

«35. Que reforma, adiciona y deroga la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Ernesto Zatarain González, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho es un universo de normas dirigidas a regular la conducta de las personas que se encuentran en una sociedad, tanto en lo individual y en lo colectivo como en la forma de ejercicio del poder público. De esta manera, el derecho, para regular el comportamiento humano, debe contener principios y fundamentos que beneficien a toda lo sociedad. De ahí sus principios axiológicos de universalidad, abstracción e imparcialidad.

En principio, debe ser certero, permitiendo que los ciudadanos tengan la plena seguridad de que las normas se harán cumplir y que la sociedad conozca los criterios básicos bajo los cuales se aplicarán. También debe ser justo e imparcial, evitando que los jueces orienten sus beneficios hacia alguna de las partes en controversia.

Las normas, sin excepción, se aplican a todos los individuos que se sitúen en una determinada conducta tipificada o caracterizada en la norma, por lo que su alcance es universal regulando a todos los individuos de una sociedad frente a la omisión o la acción en conductas adecuadamente definidas.

Sin duda, la impartición de la justicia debe ser expedita, permitiendo que el proceso legal correspondiente se realice de forma rápida, pero no dejando de ser eficaz y claro en la aplicación de las normas jurídicas. Si la justicia no es pronta, corre el riesgo de ser fuente de aquello que se propone combatir, la desigualdad jurídica.

Por otra parte, el federalismo es la parte del derecho que reconoce la igualdad jurídica de las partes territoriales de un Estado, las tutela, las une y las organiza; es el Estado de derecho en su mayor expresión política. Es un sistema organizativo basado en una distribución funcional y territorial del poder entre un ámbito central y ámbitos locales (estados, provincias o territorios), los cuales participan de un pacto que se sustenta en la Constitución. Es decir, es la unión de estados soberanos que en conjunto integran una federación.

Para Hans Kelsen, padre de la deontología jurídica moderna, el federalismo es un fenómeno que se traduce en la descentralización administrativa, jurídica y política de un país, con arreglo a la igualdad y la supremacía del ethos del Estado.

Nuestro país es un precursor del federalismo, ya que en nuestra Carta Magna, en su artículo 40, desde 1824 establece el carácter federal de la organización política mexicana y lo reconoce como un arreglo institucional que se distingue por la división de poderes entre el nivel central y los gobiernos de los estados miembros. Desde entonces México forma parte del ejemplar grupo de menos de 30 países que optaron por el pacto federal constitucional.

En ese sentido, un Estado federal se caracteriza también por la competencia constituyente que en él tienen los estados miembros. Al respecto, el artículo 124 constitucional señala que en el Estado mexicano los estados miembros tienen cierta área de atribuciones sobre la que pueden legislar en forma autónoma, y otra reservada a los poderes centrales.

De esta manera, el nivel de los municipios puede administrar, por ejemplo, su hacienda pública, así como gozar de facultades para establecer convenios de coordinación.

También existen los sistemas estatales de salud, que permiten que cada estado pueda brindar servicios de este tipo como derecho y garantía social, teniendo su sustento legal en la Ley General de Salud. En materia de educación, mediante la Ley General de Educación se aumenta el margen de decisión de los gobiernos estatales sobre sus responsabilidades y los recursos destinados a la educación básica y normal, siempre al amparo de que estas competencias son constitucionalmente federales y deben ser concurrentes y compartidas.

Desafortunadamente, en materia judicial, con excepción de la seguridad pública, carecemos de un verdadero federalismo. A pesar del proyecto de reforma penal, en donde se contemplan varios temas de gran relevancia como los juicios orales, se ha omitido el contenido de las posibles reformas a las facultades de los tribunales superiores de justicia estatal, inclinadas a crear un verdadero federalismo judicial.

El artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos enumera los múltiples asuntos que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ocasionando que tenga una fuerte carga de trabajo, ya que muchas de las resoluciones se tornan tardías. Sólo en 2007 se resolvieron 3 mil 861 asuntos de miles que ingresaron y que demuestra de qué manera el centralismo judicial es un cuello de botella que inhibe la madurez jurídica de los Estados y municipios, regresando a un esquema que debería ya ser superado.

Las cifras no dejan lugar a duda. En materia de controversias constitucionales tan sólo en dicho año ingresaron 134 asuntos, resultando que a lo largo del año sólo se resolvieron 89, lo que equivale a dos terceras partes. Muchos de estos asuntos tienen que ver con materias locales, pero cuya solución el Constituyente asignó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El artículo 105 citado señala expresamente que dentro de los asuntos relativos a las controversias constitucionales se encuentran los que se suscitan entre dos poderes de un mismo estado, entre un estado y uno de sus municipios o entre dos órganos del Gobierno del Distrito Federal, según sea el caso, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

Han existido a lo largo de la historia importantes avances relativos a las controversias constitucionales a nivel local y municipal. Tal es el caso de la reforma constitucional de 1994, cuando se reconoció expresamente al municipio su calidad de ente legitimado para promover controversias constitucionales.

Es un importante paso, pero el tratamiento de estos asuntos por parte de la Suprema Corte ha ocasionado que sea aún mayor el volumen de los temas a tratar, reflejado muchas veces en lo tardío de sus resoluciones, ya sea por la carga de trabajo o bien por el desconocimiento natural de temas del ámbito local, que se requieren investigar a profundidad, en cuyo caso nos parece que los tribunales superiores estatales pueden ser los más indicados para conocer, documentar, fundamentar, investigar y dictaminar asuntos de esta naturaleza.

Diversos estados, así como estudiosos del derecho y analistas de temas federales, han señalado sugerencias para que los problemas derivados de la constitucionalidad de actos legales y administrativos de orden estrictamente local no los conozca la Suprema Corte y se resuelvan en su propia competencia, fortaleciendo los medios de control constitucional local.

Dentro del federalismo que impulsamos en el nuevo esquema político de nuestro país, es posible y deseable dar fortaleza a la justicia constitucional local, a la justicia que tiene por objeto defender el texto constitucional dentro del ámbito de autonomía que es propio a las entidades federativas, siempre sin contravenir disposición alguna del pacto federal.

Por ello, es necesario seguir avanzando sobre la claridad, certeza y rápida impartición de justicia, fortaleciendo el pacto federal y logrando un verdadero federalismo judicial, trasladando la solución de controversias de naturaleza local al nivel jurídico y judicial local, honrando los principios de los grandes autores federalistas como Madison, Jay, Hamilton, Luis Mora, Teresa de Mier, Rejón, entre otros.

En ese sentido, esta iniciativa propone reformar el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para eliminar, entre las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la de conocer las controversias constitucionales que se susciten entre dos poderes de un mismo Estado, un estado y uno de sus municipios, y entre dos órganos de gobierno del Distrito federal, todos sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

Asimismo, se establece el principio de atracción, a fin de que, cuando lo soliciten los poderes de un mismo estado, por sí o en conjunto, uno o mas municipios que formen parte de una controversia radicada en su órgano superior de justicia de la entidad correspondiente, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá ejercer la atracción del caso para su dictamen. Además podrá ejercitar esta facultad por sí misma cuando la controversia no se solucionare en el ámbito estatal y genere un riesgo ostensible al orden y la gobernabilidad en la entidad federativa de que se trate.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma, deroga y adiciona la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma, deroga y adiciona la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

Artículos Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los Congresos de los estados adecuarán sus Constituciones para que los Tribunales Superiores de Justicia asuman la facultad de solución de controversias constitucionales cuando se susciten entre dos poderes de un mismo estado y entre un estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

Tercero. El Congreso de la Unión reformará el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para establecer la facultad del Tribunal Superior de Justicia para conocer de las controversias entre dos órganos del Gobierno del Distrito Federal sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

«36. Que reforma el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Dolores María del Carmen Parra Jiménez , diputada de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se turne, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona la siguiente disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y somete a consideración de esta soberanía iniciativa con decreto que reforma el Código Fiscal de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 29-A fracción VI, al tenor de lo siguiente:

En los últimos años la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Servicio de Administración Tributaria, principalmente en materia de recaudación fiscal y atención al contribuyente, ha sufrido una evolución sustancial en calidad y servicio que han mejorado de manera ejemplar la hacienda pública de este país, llegando a tener niveles de certificación internacional en parámetros internacionales, como es la ISO 9000.

La relación de mejora en los servicios que otorga el SAT van directamente relacionados con medidas estrictas de control de calidad y de estrictos controles en la recepción de documentos, para poder mejorar los procesos propios de la recaudación fiscal y así poder cumplir con los tiempos de sus procesos, estos procesos requieren parámetros bien definidos para la captura, análisis y proceso de la información proporcionada por el contribuyente, el cual por virtud del articulo 29-A, fracción VI, permite a éste la discrecionalidad de realizar sus facturas indicando cantidad total en número, letra o número y letra, lo anterior crea tres tipos de forma de expresar la cantidad total en las facturas expedidas, esto crea un problema técnico de captura de la información ya que al no tener diferencias en los caracteres el trabajo de captora no se ve entorpecido por dicho cambio.

El modificar el artículo 29-A, fracción VI, para que sea obligatorio que los comprobantes fiscales expresen su total en numero y letra crea un parámetro fijo que permite un control estricto y mejora el proceso de captura, permitiendo, además, una verificación correcta de la cantidad expresada, como ocurre en los cheques bancarios, y el personal del SAT no se enfrentará a una situación de modificar su método de observación para la captura de este tipo de datos al tener que discriminar diferentes maneras en las cuales el contribuyente tiene por ley el derecho de presentar el total que expresa su factura.

Con base en lo anterior, la iniciativa propone estandarizar la forma en que se expresa el total en los comprobantes fiscales y eliminar la discrecionalidad del emisor, esto con el fin de facilitar el trabajo de proceso que realiza el SAT en la verificación de las declaraciones de los contribuyentes, y crear un parámetro claro para certificar el total de un comprobante fiscal cuando este se expresa con numero y letra.

Iniciativa de decreto que reforma el artículo 29-A, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 29-A. Los comprobantes a que se...

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

37. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Eduardo Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Retirada por oficio del 8 de mayo de 2008.

«38. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Protección al Consumidory del Código de Comercio, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Federal Octavio Martínez Vargas , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona las fracciones I, IV y VIII del artículo 6; las fracciones V, XI, XIV y XV del artículo 19; la fracción I del artículo 42; el tercer párrafo del artículo 54; los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 55; y el primer párrafo del artículo 75; la a fracción VIII Bis al artículo 19; un tercer párrafo al artículo 47; un párrafo segundo al artículo 55, por lo que los párrafos segundo y tercero originales pasan a ser tercero y cuarto, y se agrega el artículo 71 Bis, de la Ley de Vivienda; se adicionan los artículos 387 Bis 1 al 387 Bis 8 del Código Penal Federal, se reforma el artículos 7 Bis; la fracción V del artículo 73 Bis; los párrafos primero y segundo de la fracción XIII del artículo 73 Ter; y la fracción I del artículo 128 Ter. Se adicionan un segundo párrafo al artículo 7 Bis, quedando el párrafo original como párrafo primero; un segundo párrafo a la fracción II del artículo 66; dos párrafos al artículo 68; un segundo párrafo al artículo 70, pasando el segundo párrafo original como tercero; las fracciones XIV Bis y XIV Ter al artículo 73 Ter; un segundo párrafo a la fracción I y una fracción II Bis al artículo 128 Ter, de la Ley Federal de Protección al Consumidor; y adición de los artículos 1403, fracción VIII, del artículo 1403, artículo 363; un tercer párrafo al artículo 377; un segundo párrafo al artículo 378 y un segundo párrafo al artículo 383 del Código de Comercio, con el objetivo de regular la actividad de las empresas inmobiliarias y constructoras, a fin de garantizar el derecho a la vivienda para la población, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante el periodo de 2001 a 2006, ocurre lo que podemos llamar el boom de la masiva producción industrial de vivienda, reforzada con el retorno de los bancos y la creación de intermediarios financieros privados conocidos como Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) hipotecarias, y cuyo proceso ha sido posible porque existe una clara subordinación de la política habitacional del Estado a las necesidades de poderosos consorcios inmobiliarios y constructores inscritos en el neoliberalismo globalizador, los cuales proclaman falazmente el derecho a la libre empresa para crear un mercado controlado por un reducido número de empresas, para las cuales la rentabilidad de sus inversiones se mide en sentido inversamente proporcional al derecho a la vivienda digna y decorosa de las familias mexicanas reconocido por la Constitución.

Los organismos nacionales de vivienda han perdido gradual pero inexorablemente su sentido social para erigirse en entidades de carácter financiero, orientadas a consolidar la operación especulativa del sector privado; por tal motivo, sus programas y esquemas de operación no responden al interés público y han contribuido a la imposición de una estrategia que no asume compromisos con la población mayoritaria del país, en un proceso que combina decisiones y reglas de operación que perpetúan la desigualdad y la exclusión, sin visión de desarrollo, carente de soportes básicos como el ordenamiento territorial y la sustentabilidad, además de la existencia de preocupantes deficiencias estructurales y de servicios, además de los impactos negativos en ciudades y metrópolis literalmente invadidas por enormes conjuntos habitacionales de miles de viviendas, desarticulados de cualquier racionalidad en materia de planeación urbana.

Estamos ante la conversión política, jurídica y organizativa de la intervención gubernamental en materia habitacional que antes trataba de basar su quehacer en los preceptos relativos a garantizar tanto la vivienda digna y decorosa, habitaciones cómodas e higiénicas, consagrados en los artículos 4 y 123, respectivamente, de nuestra Constitución Política, para facilitar, tolerar y financiar al sector privado, en detrimento del sector social.

Es preocupante que desde el interior de las propias instituciones públicas se favorezcan prácticas especulativas, tergiversando el derecho a la vivienda en tanto que garantía social para generar una ideología del acceso a la vivienda como un asunto exclusivamente de capacidad de contraer créditos por parte de personas, familias y trabajadores, en función de su nivel de ingreso. Así tenemos que se privilegia la vivienda como mercancía, eliminando su sentido social para imponer la lógica del valor de cambio, desencadenando así una serie de efectos lesivos para los derechos sociales y ante los cuales las autoridades de los tres órdenes de gobierno han permanecido inertes e incluso son cómplices de diversos atropellos, lo que aunado a contrarreformas a leyes secundarias y a la aplicación selectiva de las leyes para perjudicar a la población mayoritaria, permiten a las grandes corporaciones inmobiliarias y constructoras de vivienda hacer muy lucrativos negocios, siendo las ganancias el fin y la usura el medio.

Actualmente la producción masiva de vivienda utiliza métodos y técnicas de construcción en serie que están diseñadas para economizar tiempo y costos, sacrificando la calidad de la vivienda, utilizando materiales deleznables; consecuentemente las viviendas presentan importantes deficiencias estructurales y funcionales, de servicios básicos y sociales, legales, urbanos y ecológicos, generando considerables impactos negativos, que evidencian la ausencia de una política coherente de ordenamiento territorial para el desarrollo sustentable de la vivienda, además de atentar contra la seguridad de las familias.

Es por ello que afirmamos que la actual política habitacional se rige bajo criterios mercantilistas, carente de un proyecto innovador que vincule bienestar y desarrollo nacional; prevalecen los intereses oligopólicos de un reducido grupo de empresas que incluso cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores: Urbi, Homex, Ara, Hogar, Geo, y Sare; las dos últimas empresas cotizan también en Latinbex, donde ingresan aquellas empresas latinoamericanas que cotizan en euros en la Bolsa de Madrid.

La presente iniciativa no pretende coartar la actividad empresarial orientada al mercado habitacional, pero es necesario que se tenga claridad y se respeten las facultades que tenemos los legisladores que integramos el Constituyente Permanente del Congreso de la Unión, de establecer un marco jurídico que permita prevenir, regular y sancionar las acciones dolosas y abusivas, así como las prácticas especulativas de grupos empresariales que, lejos de actuar como empresas socialmente responsables, respetando los derechos sociales sin que ello implique el derecho que tienen a una ganancia legítima en una economía moderna de mercado la cual, como ocurre en los países considerados desarrollados, debe contribuir a conformar un mercado que atienda las necesidades de la población que demanda bienes y servicios relacionados con la vivienda bajo la regulación del Estado.

Las inconmensurables ganancias de estas empresas, evidentemente no se han visto reflejadas en la calidad de los inmuebles que ofertan, pues en los conjuntos habitacionales son evidentes las violaciones a la normatividad existente, tales como deficientes procesos de edificación, riesgos estructurales, utilización de materiales de pésima calidad, vicios ocultos en las construcciones, incontables daños ecológicos, inobservancia de los planes de desarrollo urbano, deforestación, agotamiento de los recursos naturales, devastación de las zonas de cultivo, vialidades escasas y deficientes, dimensiones por debajo de las necesidades familiares, incumplimiento de contratos, precios excesivos frente al valor real de la vivienda y diversas situaciones irregulares que han hecho evidente la usura de la que es objeto este derecho, satisfaciendo así los intereses de las diversas empresas inmobiliarias, no así las necesidades y derechos sociales.

Lo anterior ha originado quejas que hacen evidente la crisis que viven miles de familias. Así lo denunciaba el diario El Financiero en su edición del 28 de julio de 2004, donde se reportaba que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recibió de 2002 a 2004 más de 20 mil denuncias en contra de varias empresas, con un monto reclamado superior a los mil 58 millones de pesos. Las empresas que encabezaban la lista de denuncias fueron Corporación Geo, Desarrolladora Metropolitana (Demet), Construcción y Habitación (Conhabi), Constructora y Edificadora de Michoacán, entre otras. En su boletín número 97, emitido el 3 de octubre de 2007, la Profeco informó que recibió durante el 2006 más de 7 mil quejas en contra de empresas del sector inmobiliario, mientras que al mes de agosto de 2007 se contabilizaban cerca de 6 mil quejas; la Corporación Geo nuevamente destacó entre los primeros lugares. Es evidente la impunidad con la que operan dichas empresas, dado que no hay sanciones que reviertan este viciado proceso de especulación y lucro excesivo.

René Coulomb, destacado investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, ha hecho diversos señalamientos respecto a la actual política de vivienda y afirma que uno algunos errores y omisiones que se cometen en la construcción de unidades habitacionales en los últimos años se refiere a la falta de planeación y de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; por ejemplo, asevera que se construye en áreas donde no hay agua suficiente para atender la demanda de miles de familias, mostrando la tendencia de los desarrolladores a edificar de manera irracional. Este académico considera que la lógica de edificación de las viviendas está basada en la concentración de la demanda en las zonas metropolitanas, en las cuales existen problemas debido a la prácticamente nula planeación, por lo que construir más megadesarrollos habitacionales contribuye a profundizar los problemas ya existentes, por ejemplo, en aspectos tales como contaminación, congestionamientos viales, etcétera.

Además de enfrentar estos problemas, los adquirientes de vivienda padecen otras situaciones, tales como la corrupción, la cual prevalece en los tres órdenes de gobierno, principalmente en el municipal, en donde se aprueban los proyectos de los nuevos desarrollos habitacionales y se otorgan licencias de construcción sin llevar a cabo estudios adecuados de los impactos que dichos asentamientos traerán a los habitantes ya establecidos, así como al entorno ambiental, solapando así que las constructoras no asuman su responsabilidad por las deficiencias que presentan las edificaciones, ya sea en cuestiones de estructura o bien en la dotación de servicios básicos y equipamiento.

Los riesgos de desastre y a la salud son otro problema para los residentes que buscan consolidar un patrimonio familiar al comprar sus viviendas en los conjuntos habitacionales producidos por el sector privado. Se han reportado varios casos en los cuales las constructoras han edificado viviendas en terrenos no aptos para ser habitados, ya sea porque presentan fallas geológicas que generan peligro de derrumbe y hundimiento; por otra parte, existen problemas por sustancias nocivas para la salud de los habitantes, así como la construcción en zonas inundables, sin olvidar los problemas jurídicos. En todo el país podemos constatar la ocurrencia reiterada de este tipo de situaciones; por razones de tiempo, me permito exponer solamente algunos ejemplos que muestran una situación preocupante por la magnitud de los problemas que padecen miles de habitantes de México.

La unidad habitacional Las Américas, inaugurada en el año 2005, fue edificada en los terrenos de lo que antes era la empresa Sosa Texcoco, en el municipio de Ecatepec. Representa graves riesgos para la salud de los residentes ya que ``el subsuelo tiene sodio que acaba con las construcciones; al reaccionar con agua se convierte en sosa cáustica, la cual quema, y al contacto con el cuerpo humano es sumamente agresiva, provoca problemas respiratorios y de la presión (...) sus efectos sobre las construcciones es la corrosión, la cual una vez iniciada provoca el desgaste de las paredes de manera inevitable''. Así lo denunciaron investigadores del Instituto de Geografía del Laboratorio de Análisis Físicos y Químicos del Ambiente en la revista Contralínea en su edición de septiembre de 2003.

Por su parte Donald Forseck, quien fue director de Finanzas de Consorcio Ara hasta julio de 2005, afirmó que ``Las Américas es uno de los proyectos en los que más confía el consorcio'', y reconoció que ``definitivamente va a ser un desarrollo con su propia problemática técnica, pero la tenemos contemplada (...), y además tenemos la escala para enfrentarla'', es evidente la complacencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la materia, ya que sin importar los riesgos que conlleva la construcción en dicha zona, Consorcio Ara continúa con la edificación de viviendas en los terrenos de Sosa Texcoco, ya que el megaproyecto contempla edificar un total de 13 mil viviendas.

Otra irregularidad se presentó en el conjunto habitacional Geo Villas del Puerto, en el municipio de Veracruz, donde los habitantes aseguraban ser víctimas de fraude, ya que de acuerdo a lo que manifestaron las viviendas fueron edificadas en terrenos rellenados y por tanto inestables, lo que provocó graves inundaciones que alcanzaban una altura de hasta 1.7 metros. El 9 de octubre de 2005, los vecinos afectados decidieron organizarse a fin de expresar su inconformidad, cerrando de manera parcial una vialidad que comunica al aeropuerto de la ciudad y por donde llegaría el entonces presidente Vicente Fox, con la intención de llamar la atención de ese funcionario o alguna otra autoridad que pudiera intervenir en la problemática. Sin embargo, la respuesta de las autoridades no privilegió el diálogo, por el contrario, se acudió a medidas coercitivas y represivas a cargo de la Procuraduría General de la República, que inició una investigación de oficio por atentar contra las vías generales de comunicación, dirigiendo dicha querella contra el representante legal de los vecinos; esto demuestra que las autoridades están al servicio del poderío económico de los desarrolladores inmobiliarios y no así de las familias defraudadas por la empresa Geo.

Otro problema de carácter institucional se refiere al otorgamiento y cobro de créditos; existen graves anomalías que pueden derivar en una crisis severa de no tomarse las medidas pertinentes. Es de dominio público que desde 2006 Infonavit inició la venta de cartera vencida a favor de empresas como SCRAP II y Capmart, esto ha desencadenado una serie de abusos en contra de los trabajadores, que por diversas causas, ajenas a su voluntad, no han podido realizar el pago de sus créditos de manera puntual.

Como resultado de lo anterior, las empresas referidas han emprendido acciones abusivas, dirigidas a amedrentar y presionar a los deudores, con la amenaza de confiscarles su vivienda si se niegan a pagar. Este tipo de estrategia institucional tiene la finalidad de que tales empresas se enriquezcan de manera exponencial, ya que el Infonavit les vendió los créditos con montos de aproximadamente 30 mil pesos cada uno, para que esos despachos privados pretendan vender dichos a acreditados en montos que llegan a los 700 mil pesos, otorgando un ficticio 50 por ciento de descuento, quedando el adeudo en 350 mil pesos con mensualidades a pagar por 35 mil pesos. Debemos considerar que la población que adquiere estos créditos no tiene la capacidad financiera para cubrir dichos montos, por lo que su patrimonio se ve seriamente comprometido por este proceso especulativo y usurero.

En el contexto internacional, la crisis financiera del sector inmobiliario que actualmente prevalece en Estados Unidos, con repercusiones que han impactado a varios países, tuvo su origen justamente en el incremento de las tasas de interés, haciendo impagables los créditos hipotecarios, lo que derivó en una crisis mundial que puso al borde del colapso a los diferentes mercados financieros; las repercusiones en nuestro país aún están por verse. A pesar de que el jefe del Ejecutivo federal ha declarado con insistencia que la economía mexicana se encuentra fortalecida y que por tanto esta crisis no repercutirá en la economía de nuestro país, es previsible la implantación de un programa gubernamental de rescate financiero para los consorcios inmobiliarios y financieros involucrados en la cartera vencida en México, en beneficio de las corporaciones pero sin atender las necesidades y problemas de los beneficiarios de los créditos hipotecarios.

De no corregirse las anomalías que se presentan actualmente en el sector de la vivienda, podrían desencadenarse efectos adversos. Por ejemplo, en el estado de México se reporta una caída en los niveles de venta de las viviendas, pues en esta entidad se reporta que desde 2005 a la fecha no han sido vendidas 29 mil viviendas, lo cual es consecuencia de las escasas garantías y numerosos abusos que prevalecen en contra los adquirientes de dichos inmuebles, además de que la sobresaturación de construcción masiva ha dado lugar a la instauración de una veda oficial a la producción de los llamados desarrollos habitacionales en varios municipios del valle de México.

Es imperativa la necesidad de detener el crecimiento anárquico de la producción industrial de vivienda, prevenir y sancionar la complicidad de las autoridades, así como a los empresarios especuladores y usureros. Lo anterior requiere establecer las bases para el desarrollo sustentable de la vivienda, en un marco de legalidad, planeación, respeto al entorno ecológico y urbano, en donde los beneficios sean equitativos para todos los actores, acatando así los mandatos constitucionales relativos a la vivienda digna y decorosa y a las habitaciones cómodas e higiénicas.

Esta iniciativa busca la modernización de las relaciones entre empresas oferentes de vivienda y la población que demanda vivienda en su calidad de acreditados que obtienen crédito para adquirir casas habitación en el mercado. Debemos revertir la inercia prevaleciente, donde el control oligopólico del mercado pervierte dichas relaciones, al basarse en la sujeción de la población a las imposiciones empresariales. Toda sociedad que ha avanzado en la construcción del desarrollo integral de la sociedad y de la economía se definen reglas del juego que impidan los abusos y el manejo especulativo que distorsiona lo que debe ser un mercado moderno, eficiente, y que no imponga a la sociedad visiones arcaicas de un mercado extremadamente desregulado que perjudica a la mayoría de la población.

Con base en lo anterior, planteamos como uno de los objetivos de la presente iniciativa, la regulación de las actividades y procesos de urbanización, producción, comercialización y ocupación de vivienda, con la finalidad de acotar la especulación prevaleciente, impidiendo que las autoridades permanezcan inertes e incluso sean cómplices de dicha situación, caracterizada por la tendencia a una apropiación de ganancias por concepto de ventas irregulares, de precios excesivamente altos y de plusvalías generadas mediante la inversión pública que no benefician a la sociedad, en contraste la población adquiriente ve limitadas o perdidas sus esperanzas de obtener un patrimonio.

Otro objetivo consiste en establecer un marco jurídico que asegure la calidad de las viviendas, el abastecimiento de los servicios básicos, las obligaciones de los desarrolladores inmobiliarios respecto a las condiciones que deben cumplir las casas habitación en materia de seguridad y localización, las medidas que eliminen la usura que actualmente prevalece como práctica empresarial, así como fincar responsabilidades ante cualquier tipo de incumplimiento por parte de los desarrolladores inmobiliarios y que garantice prevalezca el interés público.

Por otra parte, es necesario regular las acciones de las empresas privadas y generar las condiciones con la finalidad de que éstas se obliguen a responder por cualquier tipo de deficiencia que presenten sus construcciones, la ubicación de las mismas o cualquier factor lesivo a los derechos y a la seguridad de las familias y su patrimonio.

Lo anterior ha de lograrse a través de la presente iniciativa dirigida a reformar y adicionar cuatro ordenamientos legales que son los siguientes: 1) Ley de Vivienda; 2) Código Penal Federal; 3) Ley Federal de Protección al Consumidor; y 4) Código de Comercio. En esta iniciativa se definen contenidos específicos que vinculan tales ordenamientos bajo una metodología que complementa las disposiciones correspondientes, a fin de reforzar el marco jurídico para que se garantice el interés público y eliminar la especulación de la que actualmente es objeto la vivienda, la cual está siendo sometida a presiones para eliminar su carácter de derecho tutelado por la Carta Magna, dado el enfoque limitado de la doctrina neoliberal.

Esta iniciativa busca actualizar nuestro marco legal frente a la realidad que priva en el mercado inmobiliario, con base en un planteamiento innovador y eficiente, desde el cual la actividad empresarial observe los diferentes preceptos establecidos por la Ley Fundamental en cuanto al derecho a la vivienda digna y decorosa, cómoda e higiénica, así como la obligación del Estado de garantizar financiamiento justo y créditos baratos y suficientes a las familias, a los trabajadores y a las personas.

A continuación se exponen los aspectos básicos de las reformas y adiciones propuestas para las cuatro leyes analizadas.

Ley de Vivienda

Esta ley fue promulgada en junio de 2006 y no ha respondido de manera integral a los problemas existentes; tiene diversos vacíos legales que no han impedido los abusos, permitiendo además ganancias especulativas a los grandes consorcios inmobiliarios y constructores. La reforma que se propone a esta ley tiene por objeto brindar mayor seguridad a las familias respecto a su patrimonio habitacional, además de garantizar mayor certeza en las condiciones de seguridad de la vivienda, así como acotar los criterios y lineamientos que obliguen a tales consorcios a subsanar cualquier tipo de daño que se presente en las viviendas, cuando los daños sean imputables a dichas empresas.

Para ello, se propone replantear y consolidar la política nacional de vivienda, así como ampliar las atribuciones de la Comisión Nacional de Vivienda en cuanto a su injerencia en la calidad de las viviendas mediante la emisión de normas oficiales orientadas a garantizar la calidad en el proceso de producción industrial habitacional, acotando responsabilidades a las empresas.

Además, se establecen preceptos a cumplir por parte de los desarrolladores respecto a la presentación de los proyectos, así como su obligación de brindar condiciones básicas de seguridad y certeza a los adquirientes en cuanto a la calidad de los inmuebles, estableciendo la obligatoriedad de brindar diferentes tipos de seguros contra irregularidades que puedan presentarse en la construcción o en cualquier servicio inherente a la vivienda.

También se plantean las condiciones para el otorgamiento créditos blandos, ya que actualmente los sistemas hipotecarios asfixian la economía de las familias que con frecuencia se ven obligadas a suspender o retrasar sus pagos, poniendo en riesgo la tenencia de la vivienda y con ello su patrimonio al caer en cartera vencida. En correspondencia a lo anteriormente dicho, se propone la utilización de mecanismos que prevengan la usura y la especulación en el sector habitacional, eliminando el otorgamiento de créditos en unidades de inversión (Udi) y acotando la obligación de otorgar los créditos para vivienda en pesos mexicanos, lo que contribuirá a evitar los perjuicios derivados de operaciones leoninas de compra-venta.

Uno de los aspectos sustantivos de la reforma propuesta es salvaguardar el patrimonio de las familias en situaciones extraordinarias como el desempleo, así como la implantación de mecanismos que permitan a los trabajadores ejercer su derecho ante cualquier abuso que pudieren cometer los desarrolladores inmobiliarios, dado el contexto de precariedad laboral imperante en nuestro país.

Otro aspecto fundamental es la reconceptualización de la vivienda que para el gobierno federal y los desarrolladores es un asunto de acceso, violentando el precepto constitucional del derecho a la vivienda que debe garantizarse como eje rector de la todavía ausente política pública en la materia.

Código Penal Federal

Las adiciones propuestas van dirigidas a tipificar el delito de fraude inmobiliario como todo acto en el que se pretenda comercializar inmuebles con características deficientes o no aptas para ser habitables. Al mismo tiempo, plantea las sanciones a las que se hacen acreedores quienes cometen dicho delito.

Lo anterior tiene como finalidad hacer más eficientes las disposiciones de este ordenamiento legal, así como lo establecido en la Ley de Vivienda, ya que al fijar las sanciones, se busca asegurar el cumplimiento de la ley.

Las sanciones se refieren tanto a lo relacionado al fraude inmobiliario por defectos en la estructura física y de servicios del inmueble, como por aquellos cobros indebidos que se realicen durante el periodo de amortización del crédito, brindando una mayor coherencia e integralidad a la política de vivienda, lo cual deriva en el respeto irrestricto al derecho a la vivienda consagrado en la Carta Magna, en las operaciones de compra-venta de viviendas, buscando garantizar la calidad y seguridad de las viviendas y de todo aquel procedimiento involucrado en dichas operaciones.

Ley Federal de Protección al Consumidor

En este caso se busca dar coherencia a las reformas y a las adiciones anteriores, al incluir elementos que contribuirán a equilibrar las relaciones existentes entre los acreedores o proveedores y los consumidores o adquirientes de vivienda, ello a través de la incorporación de requisitos que deberán cubrirse por parte de los desarrolladores inmobiliarios para llevar a cabo la comercialización de las viviendas.

También se plantean mecanismos para impedir la especulación que actualmente prevalece, como la cancelación de otorgar créditos en unidades de inversión (Udi) o en veces salario mínimo, o cualquier otra modalidad que permita especular con la vivienda. Se proponen lineamientos que permitirán regular la capitalización de los intereses en los créditos que generen intereses moratorios, que es un factor que lesiona la economía de las familias, las cuales suspenden o retrasan los pagos por las condiciones financieras, impuestas por los oligopolios inmobiliarios sin que el Estado intervenga para velar por los derechos sociales.

Por otra parte, se propone adicionar elementos normativos que prevén la obligación para los acreedores de indemnizar a las familias por los daños que hayan sufrido ya sea en su patrimonio o en su integridad física, derivado de los vicios ocultos o cualquier deficiencia que presente la vivienda. Dicho elemento es importante para complementar las reformas y adiciones de los dos ordenamientos anteriores, y al mismo tiempo asegura que los desarrolladores inmobiliarios asuman su responsabilidad por los daños que se generen como consecuencia de las deficiencias en las viviendas.

Lo anterior tiene como finalidad resguardar los derechos de quienes compran una vivienda, frente a los abusos que pudieran cometer los desarrolladores y vendedores que comercializan casas habitación. Recordemos que la tutela y resguardo de los derechos de los consumidores es la finalidad principal de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Código de Comercio

Las reformas propuestas a este ordenamiento legal se relacionan con las anteriores al prever medidas en contra de la especulación de la vivienda; adicionalmente, exceptúa a los créditos hipotecarios de diversas disposiciones que pudieran resultar lesivas a los derechos de los acreditados.

Se busca salvaguardar los derechos de los acreditados frente a los abusos que actualmente se registran por parte de los desarrolladores inmobiliarios. La Constitución de nuestro país es clara al establecer el derecho a la vivienda digna y decorosa y a las habitaciones cómodas e higiénicas en sus artículos 4 y 123, respectivamente, y es responsabilidad de los representantes populares trabajar para garantizar el cumplimiento de este derecho y brindar la posibilidad de obtener una vivienda al mayor número de familias y personas cuyas condiciones socioeconómicas les impiden obtenerla por medio de la banca comercial.

En resumen, la presente iniciativa tiene como objetivo:

De aprobarse la presente iniciativa, se estaría en la posibilidad de regular la acción de los consorcios privados que construyen conjuntos habitacionales en diversas escalas en función del interés público, para hacer realidad el derecho inalienable a la vivienda definido en la Carta Magna, y al mismo tiempo se lograría que la vivienda se constituya en un elemento de desarrollo social, territorial, urbano y económico en beneficio de todos los sectores que integran a la sociedad.

En caso contrario, persistirán los abusos de dichos consorcios, continuará la violación a los planes de desarrollo urbano con todos los estragos y perjuicios sociales y ecológicos que ello implica, y el sentido mercantil y especulativo seguirá vulnerando el derecho a la vivienda en México.

Con el objetivo de prevenir y sancionar de manera eficiente y enérgica los abusos y condiciones impuestas ilegalmente por parte de las corporaciones inmobiliarias y constructoras hacia los adquirientes y los entornos ecológicos y urbanos, me permito poner a su consideración la siguiente iniciativa de ley, que adiciona las fracciones I, IV y VIII del artículo 6; las fracciones V, XI, XIV y XV del artículo 19; la fracción I del artículo 42; el tercer párrafo del artículo 54; los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 55; y el primer párrafo del artículo 75, la a fracción VIII Bis al artículo 19; un tercer párrafo al artículo 47; un párrafo segundo al artículo 55, por lo que los párrafos segundo y tercero originales pasan a ser tercero y cuarto, y se agrega el artículo 71 Bis de la Ley de Vivienda. Se adicionan los artículos 387 Bis 1 al 387 Bis 8 del Código Penal Federal, se reforma el artículo 7 Bis; la fracción V del artículo 73 Bis; los párrafos primero y segundo de la fracción XIII del artículo 73 Ter; y la fracción I del artículo 128 Ter. Se adicionan un segundo párrafo al artículo 7 Bis, quedando el párrafo original como párrafo primero; un segundo párrafo a la fracción II del artículo 66; dos párrafos al artículo 68; un segundo párrafo al artículo 70, pasando el segundo párrafo original como tercero; las fracciones XIV Bis y XIV Ter al artículo 73 Ter; un segundo párrafo a la fracción I y una fracción II Bis al artículo 128 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor; y adición de los artículos 1403 fracción VIII del artículo 1403, artículo 363; un tercer párrafo al artículo 377; un segundo párrafo al artículo 378 y un segundo párrafo al artículo 383 del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se reforman las fracciones I, IV y VIII del artículo 6; las fracciones V, XI, XIV y XV del artículo 19; la fracción I del artículo 42; el tercer párrafo del artículo 54; los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 55; y el primer párrafo del artículo 75. Se adicionan la fracción VIII Bis al artículo 19; un tercer párrafo al artículo 47; un párrafo segundo al artículo 55, por lo que los párrafos segundo y tercero originales pasan a ser tercero y cuarto, y se agrega como nuevo el artículo 71 Bis, todos de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:

Artículo 6. (...)

Artículo 19. (...)

Artículo 42. (...)

Artículo 47. (...)

(...)

La comisión vigilará que los créditos otorgados por las dependencias y las entidades cuyo financiamiento provengan de recursos fiscales, y por lo establecido en el artículo 123 constitucional, se otorguen exclusivamente bajo la modalidad de pesos mexicanos, con la finalidad de cumplir con lo establecido en la fracción VIII del artículo 8 de esta ley. Los esquemas basados en unidades de inversión (Udi), veces el salario mínimo o cualquier otro similar serán anulados.

Artículo 54. (...)

(...)

Para fortalecer la capacidad de pago de la población en situación de pobreza, los recursos provenientes del crédito podrán complementarse con subsidios federales, de las entidades federativas y de los municipios, cuyo otorgamiento se sujetará a lo dispuesto por esta ley, por la Ley Federal de Protección del Consumidor, por el Código de Comercio, por el Código Penal Federal y demás ordenamientos aplicables.

Artículo 55. El gobierno federal desarrollará y fomentará instrumentos de seguro y garantía para impulsar el derecho al crédito público y privado a todos los sectores de la población, preferentemente el destinado a la población en situación de pobreza.

Bajo ninguna circunstancia los créditos podrán tener vigencia superior a los veinte años, tampoco implicarán una afectación superior al veinte por ciento de las percepciones netas de los acreditados.

Las dependencias y entidades que otorguen créditos para vivienda con recursos fiscales deberán diseñar esquemas de créditos que incluyan seguros en caso de desempleo o muerte del titular del crédito, así como seguros contra vicios ocultos o cualquier tipo de siniestro imputable a los desarrolladores inmobiliarios.

Dichas dependencias y entidades deberán proporcionar la información de los beneficiarios a la comisión, quien la remitirá a la Secretaría de Desarrollo Social para su integración en el padrón único de beneficiarios previsto en la Ley General de Desarrollo Social.

Artículo 71 Bis. Para proteger el patrimonio de las personas y de las familias y dar cumplimiento a las disposiciones correspondientes en materia de calidad de la vivienda los créditos que otorguen las dependencias y entidades, cuyo origen provengan de recursos fiscales y por lo dispuesto en el artículo 123 constitucional, deberán contar con los siguientes esquemas de aseguramiento:

Artículo 75. Con la finalidad de promover una adecuada convivencia social, la administración y mantenimiento de conjuntos habitacionales y en general de la vivienda multifamiliar quedará a cargo o dirección de los acreedores por un periodo mínimo de diez años, contados a partir de que inicie la venta de las viviendas del conjunto habitacional en cuestión, conforme a las disposiciones aplicables.

Artículo Segundo. Se adiciona como Sección Única, denominada ``Del Fraude Inmobiliario Habitacional'' y que comprende del artículo 387 Bis 1 al artículo 387 Bis 8, al Capítulo III, titulado ``Fraude'', del Título Vigésimo Cuarto del Código Penal Federal, para quedar como se indica a continuación:

Sección Única Fraude Inmobiliario Habitacional

Artículo 387 Bis 1. Comete el delito de fraude inmobiliario habitacional quien realice transacciones con inmuebles destinados al uso habitacional con fines de usura, para cuyo efecto utilice el engaño, el ocultamiento y tergiversación de información, contravenga las disposiciones de la Ley de Vivienda y de cualquier otro ordenamiento aplicable en materia de calidad y seguridad de las viviendas que perjudique en cualquier forma a los adquirientes de dichos inmuebles.

Artículo 387 Bis 2. El delito de fraude inmobiliario habitacional será sancionado en los términos que establece la fracción III del artículo 386 del presente ordenamiento.

Artículo 387 Bis 3. Se reputará fraude inmobiliario habitacional cuando:

Artículo 387 Bis 4. Se reputará fraude inmobiliario habitacional cuando los oferentes no garanticen el óptimo suministro de los servicios públicos básicos, tales como agua potable, energía eléctrica, drenaje, alcantarillado, infraestructura vial, equipamiento urbano así como todos aquellos que hayan sido convenidos con el adquiriente.

Artículo 387 Bis 5. Aquellos acreedores que lleven a cabo o inicien algún tipo de acción legal en contra de los acreditados que cuenten con prórroga vigente en los términos de la fracción III del artículo 71 Bis de la Ley de Vivienda, se harán acreedores a las sanciones establecidas en el artículo 386 del presente ordenamiento.

Artículo 387 Bis 6. Aquellos acreedores que lleven a cabo la capitalización de intereses en contravención de lo establecido en el artículo 68 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se harán acreedores a las sanciones establecidas en el artículo 386 del presente ordenamiento.

Artículo 387 Bis 7. Los organismos nacionales de vivienda, tanto aquellos que otorguen créditos a los trabajadores como los que operan con recursos de origen fiscal, no deberán otorgar créditos en unidades de inversión (Udi), en veces el salario mínimo o cualquier otra modalidad diferente al peso mexicano.

El no acatamiento de lo establecido en el párrafo anterior dará lugar a las sanciones establecidas en la fracción III del artículo 386 del presente ordenamiento.

Artículo 387 Bis 8. En caso de ocasionar perjuicio por cualquier supuesto acotado en el artículo 387 Bis 3 de esta ley, los acreedores deberán de pagar la indemnización correspondiente, la cual deberá incluir la reparación de los daños en los bienes muebles y a la integridad física del acreditado o quienes residen en el mismo domicilio.

Artículo Tercero. Se reforman el artículo 7 Bis, la fracción V del artículo 73 Bis, los párrafos primero y segundo de la fracción XIII del artículo 73 Ter, y la fracción I del artículo 128 Ter. Se adicionan un segundo párrafo al artículo 7 Bis quedando el párrafo original como párrafo primero; un segundo párrafo a la fracción II del artículo 66; dos párrafos al artículo 68; un segundo párrafo al artículo 70, pasando el segundo párrafo original como tercero; las fracciones XIV Bis y XIV Ter al artículo 73 Ter; un segundo párrafo a la fracción I, y una fracción II Bis al artículo 128 Ter, todos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue:

Artículo 7 Bis. El proveedor está obligado a exhibir de manera visible el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al consumidor. En caso de que los pagos se encuentren sujetos a indicadores económicos de carácter variable como el índice nacional de precios al consumidor, deberá informarse al comprador y establecerse claramente en el contrato, en caso contrario será causal suficiente para rescindir el contrato en los términos de los artículos 1815 y 1816 del Código Civil Federal.

Los créditos para vivienda otorgados por los organismos nacionales de vivienda no podrán ser otorgados en unidades de inversión (Udi) o bajo alguna otra modalidad diferente al peso mexicano, en los términos del artículo 47 de la Ley de Vivienda.

Artículo 66. (...)

Artículo 68. (...)

En los casos de compra venta de vivienda deberá establecerse, de manera clara y específica en el contrato, si se acuerda o no la capitalización de los intereses vencidos del crédito.

En caso de que al momento de la firma del contrato no se establezca un acuerdo explícito que permita capitalizar intereses, se dará por acordado que los intereses no serán capitalizables.

Artículo 70. (...)

En los casos de adquisición de inmuebles destinados a la vivienda, la disposición de hacer cobros por concepto de renta será improcedente si las causas de rescisión del contrato obedecen al incumplimiento del contrato o de las disposiciones establecidas en el artículo 71 Bis de la Ley de Vivienda por parte del acreedor, sin detrimento de lo establecido en el siguiente párrafo.

El comprador que haya pagado parte del precio tiene derecho a recibir los intereses computados conforme a la tasa que, en su caso, se haya aplicado a su pago.

Artículo 73 Bis. (...)

Artículo 73 Ter. (...)

Artículo 128 Ter. (...)

Artículo Cuarto. Se reforma la fracción VIII del artículo 1403. Se adicionan dos párrafos al artículo 363, un tercer párrafo al artículo 377, un segundo párrafo al artículo 378 y un segundo párrafo al artículo 383 del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 363. (...)

En los casos de créditos habitacionales, cuyo financiamiento provenga de los organismos nacionales de vivienda, deberá observarse de manera irrestricta lo establecido en el artículo 68 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, de lo contrario la capitalización de intereses será improcedente.

La contravención de lo establecido en este artículo dará paso a las sanciones establecidas para estos casos en los términos del artículo 386 del Código Penal Federal.

Artículo 377. (...)

(...)

En el caso de créditos habitacionales, cuyo financiamiento provenga de los organismos nacionales de vivienda, los desarrolladores inmobiliarios estarán obligados a responder por los vicios ocultos, daños estructurales y cualquier otra anomalía que ponga en riesgo las condiciones de calidad, seguridad y habitabilidad de la vivienda y sus ocupantes en los términos establecidos en la Ley de Vivienda; las disposiciones aplicables en la Ley Federal de Protección al Consumidor, el Código Penal Federal y el Código de Comercio.

Artículo 378. (...)

Lo anterior no exenta a los desarrolladores inmobiliarios de su obligación de responder por los vicios ocultos y daños estructurales que presenten los inmuebles por ellos ofertados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 Bis de la Ley de Vivienda y demás disposiciones aplicables.

Artículo 383. (...)

En el caso de créditos habitacionales, cuyo financiamiento provenga de organismos nacionales de vivienda, no será aplicable lo señalado en el párrafo anterior y se estará a lo señalado en el artículo 71 Bis la Ley de Vivienda.

Artículo 1403. (...)

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las entidades federativas deberán hacer los ajustes a su marco jurídico, en correspondencia con lo aprobado en el presente decreto.

Tercero. Aquellos créditos que hayan sido otorgados en unidades de inversión (Udi) o cualquier otra modalidad diferente al peso mexicano, deberán ser reestructurados en un plazo máximo de un mes a partir de la publicación del presente decreto, de acuerdo a lo establecido en las diversas disposiciones incluidas en el presente decreto.

Cuarto. Las dependencias y entidades de la administración pública federal deberán ajustar su normatividad, incluyendo sus reglas de operación, a las disposiciones del presente decreto.

Se turna a las Comisiones Unidas de Vivienda, de Justicia, y de Economía.

«39. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior, a cargo de la diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez , en nombre de las integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados al honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior, al tenor de la presente

Exposición de Motivos

Los grandes cambios sociales, culturales, económicos, tecnológicos y laborales vividos durante las últimas décadas del siglo XX y el periodo que corre de este siglo, han modificado sustancialmente la vida de las personas y sobre todo de las mujeres. El aumento de la esperanza de vida, su mayor nivel educativo y la tendencia a tener menos hijos son factores que han influido en su creciente participación laboral.

Las mujeres representan en nuestro país poco más del 50 por ciento de la población. De ellas, sólo el 35 por ciento se encuentran ocupadas en el mercado laboral, el 53 por ciento de los hogares mexicanos dependen de las percepciones económicas de las mujeres y en promedio sus ingresos son 35 por ciento menores que los de los hombres.

México adquirió como compromiso en la Plataforma de Pekín reforzar la capacidad económica y las redes de apoyo a las mujeres, fomentar la armonización de las responsabilidades de hombres y mujeres respecto al trabajo y la familia y proporcionar capacitación, información y apoyo firme e institucional para el acceso de las mujeres a los mercados económicos.

En la actualidad, el trabajo de las mujeres ha dejado de ser complementario del de los hombres. Sin embargo, ante un mercado laboral aún difícil para la incorporación femenina, muchas se desempeñan en categorías laborales bajas, debido principalmente a condiciones discriminatorias propias del actual mercado laboral.

Lo anterior, aunado a la pretensión de obtener autonomía profesional y económica, evitar la jerarquización laboral, luchar por la flexibilidad de horarios que les permitan conciliar su vida familiar y personal, y ante todo crear las condiciones que destierren la discriminación por motivos de género. Estos importantes objetivos, condicionantes de la auténtica igualdad social hacen imprescindible la necesidad de allegarse ingresos económicos por cuenta propia mediante la creación de pequeñas y medianas empresas que se conviertan a su vez en generadoras de empleos.

Esta tendencia se observa mucho más marcada en las mujeres jóvenes y en virtud de la implementación de políticas y programas institucionales de apoyo a las mujeres emprendedoras para formar parte del sector empresarial, ahora existen mejores circunstancias para emprender proyectos que constituyan una fuente de desarrollo económico para las mujeres, así como para sus familias.

A escala mundial cada vez más las mujeres que se suman al mundo empresarial, laboral y productivo. Tan sólo en las zonas urbanas son dueñas del 31 por ciento de los negocios formales establecidos. Según cifras de Nacional Financiera, la participación de las mujeres en sus programas de capacitación es del 50 por ciento.

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las mujeres empresarias en Latinoamérica, desde hace algunos años, tienen una edad promedio de 35 años, son mujeres casadas y con hijos, el 50 por ciento cuenta con carrera universitaria, dedican más de 48 horas semanales al trabajo empresarial y menos de 30 horas a las actividades en el hogar, el 70 por ciento son socias o dueñas de micro, pequeñas y medianas empresas, con un nivel de 10 años de antigüedad y tienden a crear estrategias empresariales basadas en la apertura a las innovaciones en materia de relaciones laborales. Su participación gremial es considerada baja y los factores que limitan el acceso de las mujeres a los diversos gremios empresariales son, principalmente, sus responsabilidades familiares, la falta de tiempo, y la ausencia de estímulo e información por parte de las organizaciones empresariales.

De hecho, al nivel de los directorios empresariales en América Latina, las mujeres constituyen sólo un 6 por ciento y un 30 por ciento en las comisiones, según un diagnóstico realizado por la OIT en 1992.

Las mujeres empresarias han probado que tienen una visión transformadora de los modelos de trabajo existentes y muestran un profundo compromiso para maximizar la productividad y las utilidades que generan, así como para aprovechar los avances tecnológicos y fomentar el intercambio internacional.

Además, existen claras evidencias de que están comprometidas con el cuidado de nuestro planeta y la generación de políticas que fomenten el crecimiento económico propio y de la sociedad en su conjunto.

No obstante lo anterior, persisten la falta de confianza en sí mismas y los prejuicios sociales. Es el caso de las mujeres empresarias, que se enfrentan a la falta de experiencia empresarial y de comercialización, a la insuficiente formación empresarial en aspectos administrativos y de difusión de sus productos, la escasa actualización e información en temas económicos y financieros, barreras en el acceso a fuentes financieras y a los problemas de conciliación laboral, personal y familiar.

Lo anterior hace necesaria la implantación de mecanismos que valoricen las capacidades de liderazgo y gestión pública y empresarial de las mujeres, por lo que es fundamental estimular cada vez más la creación de empresas dirigidas y operadas por mujeres que contribuyan a la superación de la pobreza y al desarrollo económico en México.

El gran desafío, hoy día, consiste en desarrollarnos plenamente como mujeres y como personas íntegras, superar la pobreza y los fenómenos de exclusión y lograr un bienestar económico y social que sea viable, sostenible y equitativo. Las mujeres empresarias y sus organizaciones pueden ser promotoras y aliadas activas en este proceso.

La iniciativa que hoy someto a consideración de esta honorable asamblea propone reformar la Ley de Comercio Exterior, a efecto de que la Secretaría de Economía promueva y fomente el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas creadas y dirigidas por mujeres, a través de establecer facultades expresas para promover la exportación de sus productos.

De igual forma, propone que se establezca en las reglas de origen de las mercancías que ingresan al país y que se exportan, un porcentaje de utilización de mano de obra de las mujeres, como parte de las reglas de contenido nacional o regional que certifican los productos; de este modo, en el contexto de la globalización y la integración de los mercados, que hoy parece ser coto privilegiado de las grandes empresas y que acentúa un peligroso mercantilismo de las relaciones sociales y económicas, en el marco de las doctrinas del comercio justo y del comercio solidario que muchas voces impulsan mundialmente, como Joseph Stiglitz, Amartya Sen o Noam Chomsky, se pugna por darle rostro social a estos procesos.

De este modo, cuestiones como el comercio y las inversiones también es legítimo que se liguen a objetivos de bienestar y de equidad social, por lo que sería muy importante que los flujos comerciales tengan reglas que impulsen una mayor y mejor equidad de género. Por ello, esta propuesta garantizaría un mayor impulso en las empresas, de proporcionar empleo para las mujeres, pues se deberá certificar un porcentaje de la participación de la mujer en la elaboración de los productos objeto del comercio internacional, con lo que México sería sin duda un ejemplo para otras regiones y países.

Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior

Único. Se reforma el último párrafo del artículo 10 y se adiciona en el artículo 5o. un nuevo texto en la fracción XII, recorriéndose el texto vigente de las actuales fracciones, en orden numérico consecutivo, ambos de la Ley de Comercio Exterior, para quedar como sigue:

Artículo 5o. ...

Artículo 10. ...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Remítase a la honorable Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

Se turna a la Comisión de Economía.

«40. Que adiciona los artículos 16 y 21 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , diputado federal por el VIII distrito del estado de Chiapas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con sustento en lo previsto en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IV al artículo 16 y una fracción III al artículo 21 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las personas de la tercera edad representan un patrimonio de la sociedad mexicana, ya que en ellos recae el legado social que se mantiene a través del tiempo; por tanto, es tarea de todos garantizar que los adultos mayores tengan una calidad de vida digna que les permita seguir siendo partícipes de la dinámica social dentro del país.

En México, la atención a los adultos mayores por parte de los diferentes niveles de gobierno debe ser prioritaria, ya que si bien es cierto que actualmente se ha ido incrementando el cuidado a este grupo, también es cierto que dicho segmento de la población seguirá creciendo de manera exponencial durante los próximos años en nuestro país.

Para conocer el panorama actual, es importante mencionar que el INEGI dio a conocer los resultados definitivos de su segundo Conteo de Población y Vivienda, 2005, donde publica que ``la población de la tercera edad crece en términos absolutos y relativos. Es así que durante el último quinquenio, la población de 60 años y más se incrementó en 1.4 millones, pasando de representar el 7.1 por ciento del total en el año 2000, el 8.1 por ciento en el presente''. ¹

Por su parte, el Consejo Nacional de Población menciona, de acuerdo con sus estimaciones, que ``actualmente residen en México 8.5 millones de personas de 60 años o más, y para el 2030 se espera que sean 20.7 millones, en tanto que para la mitad del siglo alcanzarán, según lo previsto, 33.8 millones. Esto se reflejará en el aumento de las proporciones de adultos mayores en las próximas décadas: en 2007 la proporción es de 8.0 por ciento; se incrementará a 17.1 por ciento en 2030 y a 27.7 por ciento en 2050''. ²

Hoy por hoy, es de suma importancia atender ciertos aspectos que son indispensables para asegurar el bienestar y la salud de los adultos mayores; así como también es primordial hacer hincapié en la necesidad imperante de trabajar en pro de la salud y prosperidad de dicho segmento.

Uno de los aspectos en que el gobierno debe trabajar es en la creación de mejores espacios físicos, tanto públicos como privados, adaptados para este segmento de la sociedad; fortaleciendo a su vez la cultura del mexicano acerca del cuidado y la atención para con los adultos mayores.

Por ello, es momento que el gobierno genere políticas públicas encaminadas al bienestar de toda la población adulta mayor, no sólo en cuestiones de infraestructura, sino en acciones concretas que permitan a la persona de la tercera edad tener mayor independencia y libre albedrío en cuanto a su toma de decisiones, cuenten con mejores opciones para realizar actividades de esparcimiento y diversión así como gozar de atención medica y psicológica especializada para atender situaciones propias de su edad.

Todo ello sólo puede ser posible a través de la formación de centros o espacios físicos especializados en los que convivan con personas de su misma edad, sin que sean perturbados por otros y donde además puedan desarrollar sus habilidades para hacerlos sentir útiles dentro de la sociedad.

De esta manera, la primera labor de las instancias gubernamentales para garantizar a los adultos mayores una vida con dignidad es la creación de viviendas de interés social con adaptaciones arquitectónicas propias para los requerimientos físicos de las personas mayores, con el fin de que los individuos puedan tener una mejor calidad de vida y no necesiten hacer mayores esfuerzos que pongan en riesgo su integridad física.

Así también, dichas viviendas deberán contar con capital humano capacitado para atender todas y cada una de las necesidades que requieran los adultos mayores. Además, las personas a cargo de estos centros podrán aportar su experiencia para otorgar un trato especial a las personas que sufran algún tipo de trastorno o padecimiento y de esta manera asegurar un tratamiento integral para las personas de la tercera edad.

Los centros de interés social deberán contar con la infraestructura adecuada y sobretodo con el personal más apto para asegurar que el adulto mayor pueda gozar de todos los servicios de primera necesidad que requiera; tales como salud, limpieza, distracción y orientación, ya que solo así es como se garantizará un servicio de calidad para el cuidado de estos individuos.

A su vez, es necesario crear o diseñar programas por parte de las instancias federales, estatales o municipales, con el fin de implantar estímulos fiscales o crear una tabulación de tarifas preferenciales en cuanto a servicios públicos se refiere para las personas adultas mayores, con base en estudios socioeconómicos que se realicen a la familia previamente.

Por tal virtud, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona una fracción IV al artículo 16 y una fracción III al artículo 21 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Único. Se adiciona una fracción IV al artículo 16 y una fracción III al artículo 21 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Artículo 16. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social:

Artículo 21. Corresponde a las instituciones públicas de vivienda de interés social, garantizar:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

«41. Que reforma el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Ramón Barajas López, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de que en las reglas de operación que instrumente la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para llevar a cabo el Programa de Financiamiento y Aseguramiento al Medio Rural, las instituciones financieras de banca de desarrollo consideren el historial crediticio de los beneficiarios para avalar su solicitud, absteniéndose de presentar los requisitos que garantizan la solvencia para el pago de un crédito, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El desarrollo del sector rural ha sido para México, desde tiempos inmemorables, un detonador del crecimiento económico en virtud de que provee, además de los alimentos que consumen las familias mexicanas y las materias primas para las industrias manufactureras y de transformación, una importante fuente de divisas, manteniendo en los últimos años un gran dinamismo exportador.

A pesar de los beneficios que genera para el crecimiento de la economía del país, el sector primario continúa siendo el de menor productividad, pues de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, representa sólo una cuarta parte del industrial y menos de una quinta parte del de servicios.

Si se considera que en el medio rural viven aproximadamente 25 millones de mexicanos que aportan fuerza de trabajo al sector, pero cuya condición social continúa siendo de extrema pobreza, generado así una fuerte migración y el envejecimiento de los titulares de derechos agrarios, esto ha ocasionado una falta de incentivos económicos para permanecer en sus comunidades de origen, provocando una pérdida de capital humano y social, debilitando así el ámbito rural.

Frente a este panorama, en el nuevo Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012, se ha definido la política de Estado que se implantará en los próximos cuatro años en materia de desarrollo rural, cuyo objetivo será la generación y diversificación de empleo para garantizar el bienestar de la población campesina y su participación e incorporación al desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a las poblaciones económica y socialmente que más lo requieren, tal como establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

El nuevo programa especial concurrente se basa en nueve principios rectores:

Con el de competitividad para la apertura comercial se busca promover la rentabilidad y competitividad de los sistemas producto y la integración agroindustrial y comercial ante el nuevo contexto de apertura comercial total del sector agropecuario mexicano, mediante, entre otras cosas, un mayor impulso a la vertiente financiera.

El sistema financiero es parte medular del desarrollo rural, por lo que su finalidad debe ser ofrecer servicios de ahorro, financiamiento, capacitación, asistencia técnica y aseguramiento en condiciones accesibles para los productores y empresas rurales, con particular énfasis en los estratos de ingresos bajos y medios que no han sido atendidos por los intermediarios financieros privados.

Para lograr dicho objetivo se impulsará el Programa de Financiamiento y Aseguramiento al Medio Rural, donde se prevé la instrumentación de los programas de las instituciones de banca de desarrollo y de Agroasemex.

En concordancia con lo anterior, para el ejercicio fiscal de 2008 la Cámara de Diputados autorizó un presupuesto para este programa de 3 mil 314 millones de pesos: 850 millones para Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura, 300 millones para el Fondo de Capitalización e Inversión Rural, mil 164 millones para Financiera Rural y mil millones de pesos para Agroasemex.

Asimismo, en el artículo 32 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 se precisa que para lograr una mayor transparencia y simplificación de los programas que operan las instituciones agropecuarios financieras anteriormente mencionada, se deberán emitir de manera conjunta sus reglas de operación con requerimientos generales y con las particularidades de cada una de estas entidades.

Considerando que el programa de financiamiento forma parte del nuevo programa especial concurrente, cuya temporalidad es de largo plazo, estableciendo la política de desarrollo rural que deberá implantarse durante el lapso de 2007 a 2012, y que es necesario dar impulso al sector rural debido a un nuevo contexto de apertura comercial, se considera que las reglas de operación emitidas en 2008 para las instituciones de banca de desarrollo enunciadas anteriormente tengan como vigencia el mismo plazo señalado anteriormente.

Resulta ineficiente y costoso tanto para el desarrollo del sector como para los beneficiarios del Programa de Financiamiento y Aseguramiento al Medio Rural, la presentación ante las instituciones financieras de banca de desarrollo de los mismos requisitos exhibidos con anterioridad para obtener un crédito en las mismas instituciones financieras agrícolas que implantan el programa de financiamiento, siendo que existe el historial crediticio y los avales con que cuentan para solicitar el crédito.

Para el Grupo Parlamentario del PRI, el desarrollo del sector rural es de enorme trascendencia, además de que es una tarea pendiente a la cual debemos de brindarle todo el impulso para su progreso, al ser un sector estratégico y prioritario para el país, por lo que se le debe de brindar las herramientas necesarias para su eficiente y eficaz desempeño.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Primero. Se modifica el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 77. ...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«42. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, a cargo de la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal Yary del Carmen Gebhardt Garduza , integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adicionan los artículos 15, 16, 25, 29, 30 y 32 de la Ley Federal de Defensoría Pública, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Dado que la Ley Federal de Defensoría Pública, emitida en 1998, tiene como objeto regular la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, a fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal; y fija el novedoso servicio de asesoría jurídica a fin brindar el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica de quien lo solicite, principios rectores que son de orden público y de aplicación en todo el país.

El Instituto Federal de Defensoría Pública, como órgano del Poder Judicial de la Federación, desde 1998 consolida la prestación del servicio de asesoría jurídica a escala nacional en asuntos de orden no penal.

Su obligación legal está constreñida a prestar el servicio de orientación, asesoría y representación a las personas que lo soliciten conforme lo establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Defensoría Pública y las demás disposiciones aplicables.

Esta obligación legal se traduce en llevar la representación legal ante las autoridades competentes, de carácter administrativo o judicial, cuidando los intereses y los derechos jurídicos de sus asistidos, haciendo valer acciones, excepciones o defensas, interponer incidentes o recursos y realizarán cualquier otro trámite o gestión que proceda conforme a derecho que resulte en una eficaz defensa y asistencia jurídica, para evitar la indefensión de sus representados y consolidar el pleno respeto de las garantías individuales.

Integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a finales de julio de 2007 realizamos una visita a las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, constatando que en dicha entidad federativa se registra más de 50 por ciento de aseguramiento nacional de personas de origen extranjero, lo que tiende a vulnerar las garantías constitucionales, en perjuicio de estas personas en las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración.

En dichas instalaciones no se permite el derecho a los migrantes asegurados de contar con el servicio de asesoría jurídica a fin de brindarles la orientación y asesoría legal y, en su caso, la representación formal de quien lo solicite, ello, en concordancia con la Ley General de Población y su reglamento.

Esos aspectos son tomados como bandera de organizaciones sociales diversas, que en algunos casos se traducen en falsas expectativas por la carencia de conocimientos legales. Los migrantes asegurados se quejan de no contar con una debida atención y asistencia legal, ante la penosa y precaria situación de que son objeto con el aseguramiento migratorio, aunado al lento procedimiento administrativo de verificación migratoria a que se les sujeta, en el cual carecen de la asistencia legal a que tienen derecho, conforme a la norma constitucional y los tratados internacionales suscritos por México en materia de protección de los derechos humanos de las personas que se encuentran en el territorio nacional.

Esa situación se agrava por el hecho que muchos de los migrantes son asegurados en una entidad federativa y trasladados a otra, donde se les instruye el procedimiento administrativo de verificación migratoria, lo que los deja en estado de indefensión, con la consiguiente vulneración de las garantías constitucionales y debida asistencia legal.

En julio de 2007 se observó a un grupo de migrantes asegurados e internados en la estación migratoria Siglo XXI de la ciudad de Tapachula, Chiapas, y que a finales de enero de 2008 por vía telefónica expresaron a esta soberanía que persistía su aseguramiento administrativo e internados en la mencionada estación migratoria, formulando el reclamo de una pronta impartición de justicia aduciendo el respeto de sus derechos humanos para que las autoridades migratorias resuelvan su situación migratoria.

Por ese hecho se formuló atenta excitativa a los órganos jurisdiccionales federales, para que los juicios de garantías interpuestos fueran resueltos con el pleno respeto de la labor jurisdiccional y no se prolongue el aseguramiento migratorio de que son objeto los migrantes en vulneración de lo previsto en la Ley General de Población y su reglamento.

Existe el Instituto Federal de Defensoría Pública, entre cuyas atribuciones está brindar servicio de asesoría jurídica a nacionales o a extranjeros que se encuentren en el país, para brindarles el adecuado acceso a la justicia administrativa del orden federal, mediante la orientación, asesoría y representación jurídica. Tales principios son de orden público, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos acuerdos y tratados internacionales que México ha suscrito.

El Instituto Federal de Defensoría Pública es un órgano dependiente del Consejo de la Judicatura Federal, encargado de otorgar la asistencia legal en los términos de la ley que rige su actuación. En el informe anual rendido el 28 de junio de 2007 señala que cuanta con 141 asesores jurídicos en 61 ciudades del país, que otorgaron a escala nacional:

Si se analizan estas cifras, podríamos considerar que solamente 13 mil 043 asuntos de representación legal fueron los que realmente tuvieron una labor de intervención del patrocinio legal ante los órganos jurisdiccionales y administrativos, atendidos por 141 asesores jurídicos en un año; es decir, un promedio de 92 casos anuales por asesor jurídico. Tan es así, que se reconoce en el texto del informe: ``Este número de asuntos se considera necesario incrementar porque la potencialidad de la institución es sensiblemente mayor...''

Ante este reconocimiento institucional y el hecho evidente de que los migrantes asegurados por el Instituto Nacional de Migración en las estaciones migratorias, donde se les sujeta al procedimiento administrativo de verificación migratoria previsto en la Ley General de Población y su reglamento, se vulnera en su perjuicio el derecho de la garantía de la debida asistencia legal.

Por ello es necesario adecuar la Ley Federal de Defensoría Pública a esta problemática que enfrentan los migrantes, la cual queda comprendida en las atribuciones del Instituto Federal de Defensoría Pública, que no ha generado las acciones pertinentes y políticas públicas necesarias para prestar el servicio de orientación, asesoría y representación a los migrantes que se lo soliciten en las estaciones migratorias, cuya situación es de la esfera de la competencia administrativa federal, y que a la fecha no se otorga.

Por otra parte, a fin de dar congruencia al periodo del encargo del director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, de tres años, con los de los integrantes de la junta directiva, quienes tienen la opción de ser reelegidos por una sola ocasión, se propone que el director de dicha institución sólo pueda ser reelegido por sola una ocasión, ya que el actual se viene desempeñando desde 1999; es decir, casi tres periodos en el encargo sin generar ni proponer a la junta directiva del instituto la modificación de los lineamientos para la prestación del servicio de asesoría jurídica a migrantes asegurados por el Instituto Nacional de Migración; y, como lo ha reconocido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que los migrantes son objeto de la conculcación de sus derechos como seres humanos y se atenta contra su dignidad como personas.

Por lo expuesto, y con apoyo en las disposiciones legales invocadas en el proemio de la presente iniciativa, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se adicionan los artículos 13; 15, con una fracción VI, y se recorre a VII; 16, con último párrafo; 25, con último párrafo, 29, en las fracciones I y IV; 30, parte in fine; y 32, en las fracciones I y V, de la Ley Federal de Defensoría Pública, para quedar como sigue:

Artículo 13.

Las quejas que formulen los defensores públicos, asesores jurídicos, los detenidos o internos de establecimientos de detención o reclusión; o en estaciones migratorias, por falta de atención médica; por tortura; por tratos crueles, inhumanos o degradantes, por golpes y cualquier otra violación a sus derechos humanos que provengan de cualquier servidor público, se denunciarán ante el ministerio público, a la autoridad que tenga a su cargo los reclusorios, centros de readaptación social y estaciones migratorias a los organismos protectores de derechos humanos, según corresponda. Esto, con el fin de que las autoridades adopten las medidas que pongan fin a tales violaciones, se prevenga su repetición y, en su caso, se sancione a quienes las hubiesen cometido, de conformidad con la legislación aplicable.

Artículo 15.

Los servicios de asesoría jurídica se prestarán preferentemente a

Artículo 16.

Para determinar si el solicitante de los servicios de asesoría jurídica reúne los requisitos establecidos para que se le otorgue el servicio, se requerirá un estudio social y económico, elaborado por un trabajador social del Instituto Federal de Defensoría Pública.

En los casos de urgencia previstos en las bases generales de organización y funcionamiento, se deberá prestar de inmediato y por única vez, la asesoría jurídica, sin esperar los resultados del estudio socioeconómico.

Cuando se trate de migrantes extranjeros, no se requerirá el estudio socioeconómico.

Artículo 25.

Las unidades investigadoras del Ministerio Público de la Federación, los juzgados y tribunales del Poder Judicial federal deberán proporcionar en sus locales ubicación física apropiada y suficiente para la actuación de los defensores públicos y asesores jurídicos.

De igual manera, en las estaciones migratorias se deberá acondicionar el espacio para los asesores jurídicos.

Artículo 29.

La junta directiva tendrá las facultades siguientes:

Artículo 30.

El director general del Instituto Federal de Defensoría Pública será nombrado por el Consejo de la Judicatura Federal, a propuesta de su presidente, y durará tres años en el cargo, pudiendo ser reelegido por sola una ocasión.

Artículo 32.

El director general del Instituto Federal de Defensoría Pública tendrá las atribuciones siguientes:

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto Federal de Defensoría Pública instaurará lo necesario para que el servicio de asesoría jurídica se brinde a los migrantes asegurados que así lo requieran en las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración, dependencia que proveerá el espacio necesario para tal fin.

Tercero. Dentro del término de 30 días naturales a partir de la promulgación de este decreto, la Junta Directiva del Instituto Federal de Defensoría Pública adecuará las políticas y acciones de la prestación del servicio de asesoría jurídica a migrantes asegurados en las estaciones migratorias.

Cuarto. El Consejo de la Judicatura Federal, a propuesta de su presidente, nombrará al director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, dentro del término de 30 días a partir de la promulgación de este decreto.

Se turna a la Comisión de Justicia.

«43. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a cargo de la diputada Guillermina López Balbuena, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XVI y XVII del artículo 3o., los incisos c) y d) de la fracción I del artículo 4o., las fracciones III y IV del artículo 9o., las fracciones VIII y IX del artículo 10, el primer párrafo del artículo 18, y las fracciones VI, X y XI del artículo 22, y se adicionan la fracción XVIII al artículo 3, los incisos e) y f) a la fracción I del artículo 4, las fracciones V y VI al artículo 9, las fracciones X y XI al artículo 10, un segundo párrafo al artículo 19, la fracción XII al artículo 22, los artículos 27, 28, y 29, y un Capitulo Sexto, denominado, ``Del Centro de Estudios para la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas'', todos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo a las cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicas, conocida por sus siglas OCDE, la economía mexicana crecerá a un ritmo de 3.5 por ciento en el 2008, ésta cifra se traduce, en que será insuficiente el crecimiento que alcanzara nuestro país para elevar, promover y mejorar los estándares de vida de su población. Actualmente resulta más evidente que México debe continuar con su programa de reformas estructurales que se acordado implantar, con la finalidad de poder alcanzar en un corto plazo tasas de crecimiento de 5 por ciento de manera sostenida.

En este mismo sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocida por sus siglas Cepal, ha manifestado que la economía del país registrará una tasa de crecimiento de 3.3 por ciento en 2008, siendo para ellos, de las más bajas en América Latina. En otro dato proporcionado por este organismo, señala que el producto interno bruto de 2007, será de 3.3 por ciento simplemente por encima de Nicaragua y Ecuador. Con estas estadísticas, México se ubica en los últimos lugares en lo que respecta al crecimiento del producto interno bruto por habitante al crecer 2.5 por ciento en promedio, por debajo de 3.9 por ciento de Chile, 7 por ciento de la India y 9.5 por ciento de China. Inevitablemente el país vivirá otro año más de estancamiento o reducción en el ingreso por habitante, con esto, será el cuarto año consecutivo en el que se estanca la economía de México, lo cual, resulta, un pésimo record para un país que su economía se consolida por su petróleo.

Es evidente, señores legisladores, que México esta creciendo por debajo de su potencial, a pesar del aumento en el rubro de la inversión. En este contexto, las micros, pequeñas y medianas empresas, se han estado convirtiendo en los motores para el crecimiento económico y la generación de empleos del país. Por lo tanto, resulta trascendental, fortalecer el marco jurídico en este rubro, con el objetivo de que ocupen un lugar importante en la economía mexicana.

Actualmente la escasa información sobre el desempeño de las micros, pequeñas y medianas empresas, ha traído como consecuencia una reducción en su crecimiento respecto de las estadounidenses y del mercado Chino. Según cifras internacionales, China e India crecerán en 2008 en un 8.6 por ciento y 10.7 por ciento respectivamente, esto indiscutiblemente traerá fuertes desventajas para las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas.

Actualmente no sabemos bien si los programas implantados por el gobierno federal están funcionando y logrando su éxito, debido a que hay poca transparencia en el manejo de los recursos otorgados. De 2000 al 2007, el número de intermediarios financieros en el país pasó de 10 a 156 entidades dedicadas a las microfinanzas, colocando micro créditos de 90 mil a 5 millones. Como dato, solamente en 2007, el gobierno federal estimaba alcanzar los 700 mil micro créditos.

El objetivo de la presente iniciativa, es establecer mecanismos e instrumentos que estén dirigidos a la investigación de las políticas públicas, con la finalidad de fortalecer la competitividad de éste sector. Es evidente que existe la necesidad de medir lo que el gobierno está gastando de buena voluntad para mejorar su finalidad, ya que, recurrentemente se observa que las acciones del gobierno en esta materia están más en el enfoque de gastar el dinero que en medir el éxito del gasto.

Actualmente, señores legisladores, los estudios realizados por el gobierno federal respecto al comportamiento de las micros, pequeñas y medianas empresas, están restringidos al número de empleos que generan, pero en realidad se desconocen sus variables como: el costo de abrir una empresa de este tipo. En este sentido, resultara fundamental, conocer quienes son, que necesitan y que puede hacer el gobierno para ayudarlas. Esto servirá para que se identifiquen sus necesidades y diseñar los indicadores de desempeño.

Todos sabemos que las instituciones microfinancieras, se han utilizado para llevar servicios de salud y educación a zonas marginadas del país. De acuerdo con el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim), en el territorio nacional, operan 156 microfinancieras con una red de 400 sucursales; sin embargo, alrededor de 700 municipios en el país no cuentan con este tipo de servicios.

Nuestra propuesta esta enfocada a fortalecer la capacitación financiera, ya que con ello, las personas elevaran su calidad de vida, trayendo como consecuencia una mejora en el pago de sus préstamos, traduciéndose esto en una disminución de la cartera vencida. Así mismo, la capacitación referente a los temas de prácticas comerciales y de autoestima, con el objetivo de beneficiar la rentabilidad de las instituciones microfinancieras.

Con base en un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), ha revelado que el impacto de los micro créditos acrecienta en un 30 por ciento el ingreso familiar después de 18 meses, el cual, se transcribe en un mayor gasto en diversión y uso del tiempo libre y mejor distribución de la inversión en alimentación, salud, y educación.

Sin embargo, el rezago de los servicios financieros en zonas rurales ha permitido que sólo el 4 por ciento de esta población tenga la posibilidad de acceder a mecanismos formales de crédito. Con esta propuesta, lograremos que los microcréditos cumplan con la función de reactivar la economía en estas regiones y de esa manera convertirse en un semillero de generación de empleos y capacidad de producción acordes con el mercado donde operan.

Es trascendental incorporar nuevos mecanismos para fortalecer la cobertura en éstas zonas rurales, para que, podamos medir su desarrollo económico en base al aumento de sus ingresos y calidad de vida, a partir, de un mejor acceso a mercados, a la tecnología e información. Con ello, se mejorara el dinamismo y desarrollo jurídico de este sector.

Entre los factores ha fortalecer a través de la presente propuesta, serán mejorar el nivel de competitividad, la capacidad de atraer y retener inversiones, la coordinación de los sistemas de planeación urbana y regional, y la vinculación entre empresas y los centros de investigación.

Por todo lo anterior, presento al Pleno de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de decreto por el cual se reforman las fracciones XVI y XVII del artículo 3, los incisos c) y d) de la fracción I del artículo 4, las fracciones III y IV del artículo 9, las fracciones VIII y IX del artículo 10, el primer párrafo del artículo 18, y las fracciones VI, X y XI del artículo 22, y se adicionan la fracción XVIII al artículo 3, los incisos e) y f) a la fracción I del artículo 4, las fracciones V y VI al artículo 9, las fracciones X y XI al artículo 10, un segundo párrafo al artículo 19, la fracción XII al artículo 22, los artículos 27, 28, y 29, y un Capítulo Sexto, denominado, ``Del Centro de Estudios para la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas'', todos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que dando de la siguiente manera:

Decreto

Artículo Único. Se reforman las fracciones XVI y XVII del artículo 3o., los incisos c) y d) de la fracción I del artículo 4o., las fracciones III y IV del artículo 9o., las fracciones VIII y IX del artículo 10, el primer párrafo del artículo 18, y las fracciones VI, X y XI del artículo 22, y se adicionan la fracción XVIII al artículo 3, los incisos e) y f) a la fracción I del artículo 4, las fracciones V y VI del artículo 9o., las fracciones X y XI del artículo 10, un segundo párrafo del artículo 19, la fracción XII del artículo 22, los artículos 27, 28, y 29, y un Capitulo Sexto, denominado, ``Del Centro de Estudios para la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas'', todos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que dando de la siguiente manera:

Artículo 3o. Para efectos de esta ley, se entiende por:

Artículo 4o. Son objetivos de esta ley:

Artículo 9o. Los programas sectoriales referidos en el artículo 5o. de esta ley, deberán contener, entre otros:

Artículo 10. La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento para la competitividad de las MIPYMES debe atender los siguientes criterios:

Artículo 18. El Consejo estará conformado por 31 integrantes:

...

Artículo 19. ...

Asimismo, informará trimestralmente a la Cámara de Diputados, sobre el gasto ejercido y por ejercer respecto a los recursos asignados para el desarrollo económico de las Mipyme.

Artículo 22. El Consejo tendrá por objeto:

Capitulo Sexto Del Centro de Estudios para la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Artículo 27. El centro de estudios, será un órgano desconcentrado de la Secretaria, con personalidad jurídica y patrimonio propio e independencia técnica en el desempeño de sus funciones.

El centro de estudios, estará a cargo de un director general, quien será designado por las dos terceras partes de los votos de los miembros del Consejo. Asimismo, el Consejo establecerá y aprobara la estructura orgánica del centro de estudios.

Artículo 28. El centro de estudios tendrá como objetivo proporcionar en forma objetiva, imparcial y oportuna los servicios de apoyo técnico y la información analítica en materia de competitividad que les sean requeridos por los miembros del Consejo, así como, apoyarlos técnicamente con estudios de impacto presupuestario y en la rendición de cuentas respecto al gasto ejercido y por ejercer con respecto a los recursos asignados para el desarrollo económico de las Mipyme.

Artículo 29. El centro de estudios con respecto a esta ley, tendrá las siguientes funciones:

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La conformación del Centro de Estudios para la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, tendrá que estar instalado, en un plazo de 45 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Se turna a la Comisión de Economía.

«44. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Gerardo Octavio Vargas Landeros , diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70 y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con arreglo en la siguiente

Exposición de Motivos

El equilibrio entre poderes es una de las condiciones fundamentales para asegurar el progreso de la consolidación democrática y el estado de derecho. Su debido balance requiere, entre otras cosas, del cotidiano fortalecimiento del Poder Legislativo y su adecuación a la compleja realidad social. Como parte de este proceso jurídico-político, la presente legislatura acometió la tarea de avanzar en el rubro electoral, que seguramente trascenderá en mejores condiciones de la praxis democrática.

Para que el Congreso asuma su relevante papel como tribuna central en la construcción de la legitimidad política y de los acuerdos nacionales, requiere profundizar en la regeneración de su marco jurídico; de lo contrario, no será capaz de auspiciar las bases legislativas que requiere el perfeccionamiento de las nuevas instituciones y prácticas democráticas que exige el México del tercer milenio.

A fin de encauzar estos retos, y en el contexto de la reforma del Estado, ambas Cámaras del Congreso de la Unión han ido recibiendo iniciativas para implementar cambios substanciales en su vida interna y en su relación con los otros dos poderes, las organizaciones sociales, las fuerzas políticas y los ciudadanos. Varias de las cuales suscribimos por su importancia y alcance de miras.

En la suma de propuestas se circunscribe la presente iniciativa de reformas, concientes de que es forzoso crear un nuevo ordenamiento que le sirva para realizar eficientemente las tareas que le son propias y participe más activamente en el desarrollo de las políticas públicas. Este ejercicio parlamentario es impostergable porque el debate sobre los asuntos públicos se ha centrado paulatinamente en el Congreso, al grado de que actualmente no existe un asunto de interés nacional que no sea discutido en alguna Cámara o en ambas.

Subrayando que esta propuesta se suma a un amplio espectro de iniciativas sobre el mismo tema, para quien suscribe existen diversas razones para actualizar la actual Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1999; y, en su momento, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General que fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1934, en los siguientes aspectos:

1. Agenda legislativa. Formalizar normativamente los mecanismos de creación y publicación de una agenda legislativa común, que reúna las coincidencias de todos los partidos políticos representados en el Congreso y permita lograr acuerdos que ayuden a avanzar temas de importancia para el país.

En esta agenda legislativa se buscaría que, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial de la federación y las entidades federativas, puedan remitir sus propuestas para que también sean integradas a dicho documento. Deberán priorizarse los asuntos en los que exista coincidencia entre las agendas presentadas por los grupos parlamentarios y deberá contener el calendario para la discusión y, en su caso, aprobación de las iniciativas o proyectos contenidos en la propia agenda.

Es importante establecer que agenda legislativa es el ``conjunto de actividades programadas por los órganos legislativos para ser desahogado durante determinado tiempo, previsto anticipadamente, con el propósito de dar solución a los planteamientos y exigencias sociales por medio del proceso de creación de leyes y del cumplimiento de las responsabilidades que las leyes imponen a los órganos del Congreso''. ¹

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos hace referencia a las agendas legislativas de los grupos parlamentarios en su artículo 26, mismas que deberán ser presentadas en la primera sesión de cada periodo ordinario y que contendrá los temas que cada uno pretenda abordar durante el transcurso de éste. En su artículo 34 indica además que la Junta de Coordinación Política impulsará la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las agendas presentadas por los grupos parlamentarios.

El propio ordenamiento aborda también el tema del ``programa legislativo'', al cual se entiende como un documento que tiene como base las agendas legislativas presentadas por los grupos parlamentarios (artículo 36) y le otorga a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos la facultad de establecerla (artículo 38). Y al Presidente de la Junta de Coordinación Política se le confieren atribuciones para promover la adopción de los acuerdos necesarios para el adecuado desahogo de la agenda legislativa de cada periodo de sesiones y proponer a la Junta el proyecto de programa legislativo para cada periodo de sesiones y el calendario del mismo (artículo 84).

No obstante lo importante de las anteriores disposiciones de nuestra Ley Orgánica, se requiere dar un siguiente paso para que la sociedad y los electores conozcan a cabalidad los asuntos y los calendarios previsibles para desahogarlos o al menos, para su discusión.

Así como la Ley de Planeación exige al Ejecutivo la expedición de una serie de planes y programas a realizar durante su mandato, el Congreso debe imponerse una ruta del trabajo legislativo; no como una camisa de fuerza, sino como un instrumento que ofrezca perspectiva a las fuerzas sociales y políticas de la nación.

Independientemente de la pluralidad representada en el Congreso, ``queda en evidencia que en muchas ocasiones los distintos actores coinciden en la manera en que deben resolverse los problemas que aquejan al país y en este sentido, son estas coincidencias las que pueden permitir lograr acuerdos entre las distintas fuerzas políticas''. ²

Pero esta iniciativa va más allá del recogimiento de ideas de los grupos parlamentarios en la conformación de la agenda legislativa pues, retomando la idea de la nueva realidad política a la que se enfrenta el país y tomando en consideración la composición del Congreso en las últimas cuatro legislaturas, se considera fundamental invitar también a los poderes Ejecutivo y Judicial de la federación, así como a las entidades federativas y a los sectores privado y social, para que remitan sus propuestas y, en su caso, sean integradas a la agenda legislativa.

Mientras más actores se involucren en la conformación de una agenda legislativa, respetando siempre las atribuciones del Poder Legislativo y el derecho de iniciativa contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mayores posibilidades habrá de avanzar en la aprobación de leyes que beneficien al país y de que se agilice el trabajo legislativo.

2. Gaceta Parlamentaria . En la Cámara de Diputados, la Gaceta Parlamentaria se encuentra regulada por un acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de fecha 6 de noviembre de 1997, el cual norma ``lo relativo a las sesiones; el orden del día; las discusiones de dictámenes, debates y deliberaciones sobre asuntos de interés nacional y las votaciones de la Cámara de Diputados''.

El capítulo sexto de este acuerdo parlamentario se refiere a la Gaceta Parlamentaria y los servicios de información de Internet de la Cámara de Diputados y regula lo relativo al contenido, los días de publicación, entre otros aspectos.

En el Senado de la República, la Gaceta Parlamentaria se rige actualmente por las denominadas reglas provisionales en relación con la Gaceta Parlamentaria de fecha 17 de octubre de 2006, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 24 del mismo mes y año.

Tanto el acuerdo parlamentario de la Cámara de Diputados como las reglas provisionales en relación con la Gaceta Parlamentaria, del Senado de la República, regulan de manera adecuada, lo relacionado con este órgano informativo.

Sin embargo, la importancia que ha adquirido a lo largo del tiempo, no sólo entre los legisladores, sino también entre la sociedad en general, amerita que se le otorgue rango de ley y que, por tanto, se destine un artículo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para tal efecto.

La Gaceta se ha convertido en los últimos años en el principal medio informativo de las dos Cámaras del Congreso de la Unión. A través de ella la sociedad se entera de los asuntos que serán tratados en cada una de las sesiones --iniciativas, dictámenes, proposiciones, comunicaciones y oficios-- y otro tipo de información relevante; de las actividades; de las reuniones de comisiones; de las comunicaciones de los legisladores, de los otros Poderes de la Unión y de las entidades federativas; de las actas de las sesiones y de las reuniones de comisiones; de las asistencias a las sesiones del Pleno; de convocatorias e invitaciones, entre otras cosas.

Es un medio informativo imprescindible no sólo para los legisladores, sino también para asesores legislativos, personal de las Cámaras, medios de comunicación, representantes del sector privado, organizaciones sociales, para funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Judicial federales y de las entidades federativas, así como para todo aquel que tenga algún interés en los temas legislativos.

La existencia y permanencia de un documento tan importante para la difusión y transparencia del trabajo legislativo deben quedar garantizadas en el texto de la ley y no depender de los acuerdos de los legisladores o comisiones en turno.

En tal virtud, la presente iniciativa propone adicionar un artículo 133 Bis que establezca que cada Cámara del congreso contará con un medio informativo denominado ``Gaceta Parlamentaria'' con el objetivo de dar publicidad a los actos que, en el ejercicio de sus atribuciones, emiten el Pleno, las comisiones, los comités, la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política, la Comisión Permanente, los grupos parlamentarios, los diputados y senadores y la estructura administrativa de cada una de ellas, y que su contenido será de carácter informativo, por lo que carecerá de validez legal.

Quedará establecido también que cada Cámara, dependiendo de sus propias necesidades y atribuciones emitirá los lineamientos o reglas que rijan sus respectivas gacetas parlamentarias.

3. Evaluación del desempeño legislativo . De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, evaluar significa ``señalar el valor de algo''. La evaluación legislativa consiste entonces en señalar el valor de lo que hacen los legisladores; y ese valor está en función de qué tanto obedecen al mandato que les han conferido los electores y de cuál es su aportación para mejorar las condiciones de vida de la sociedad a través de las leyes que proponen y aprueban.

Todo representante popular, incluidos los legisladores, debemos estar sujetos a una evaluación ciudadana constante de nuestro desempeño, pues es a la sociedad a la que debemos nuestros cargos y, por tanto, tiene todo el derecho de calificar su actuación.

El artículo 15 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de los integrantes del Congreso de ``protestar guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión''. Para hacer efectivo este juramento, los ciudadanos requieren algún mecanismo de comprobación, necesitan de un sistema de evaluación de los trabajos legislativos.

Uno de los elementos de ese sistema de evaluación es la difusión o el aseguramiento del derecho a la información y la transparencia. Sólo así se estará en posibilidad de exigir mejores resultados; de detectar fallas y necesidades; de medir productividad, eficiencia y eficacia del Poder Legislativo.

La evaluación y difusión de los trabajos legislativos fortalecerán y mejorarán las tareas de los legisladores, al quedar expuestas al escrutinio público; y a la vez crearán mayor conciencia e interés en la sociedad por los asuntos que se ventilan en las Cámaras del Congreso. La sociedad mexicana ha demostrado que se encuentra lo suficientemente preparada para hacer juicios críticos, analizar, debatir y discutir los asuntos de interés nacional, pero también para exigir resultados.

Cabe mencionar que la evaluación legislativa no debe basarse en la comparación de periodos legislativos o legislaturas por el número de iniciativas presentadas, o decretos aprobados; éste es sólo un factor que ayuda a medir la productividad legislativa pero de ninguna manera el único o definitivo, como muchos pretenden hacer creer; existen además, otros criterios de tipo cualitativo que deben ser considerados para determinar la eficiencia legislativa.

Una adecuada evaluación le permitiría a la sociedad distinguir de mejor manera el desempeño de sus legisladores, así como analizar su trabajo individual y colectivo para que puedan razonar mejor su voto al momento de elegirlos.

La función legislativa implica un serio compromiso que requiere la definición de rumbos y metas. La idea es que los mexicanos dispongamos de los indicadores y mecanismos de evaluación para poder medir el desempeño de nuestros legisladores.

La presente iniciativa propone cambiar el nombre del Título Quinto de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que a la fecha se llama ``De la Difusión e Información de las Actividades del Congreso'', para quedar como ``De la Difusión, Información y Evaluación de las Actividades del Congreso''; además de adicionar un artículo 136 que establezca, en cada Cámara, un sistema de evaluación y difusión que tenga por objeto dar a conocer a la población el desempeño de los trabajos legislativos durante cada periodo de sesiones, contribuyendo a la detección de necesidades y áreas de oportunidad del poder legislativo, a fin de propiciar su transparencia y mejora continua. Dicho sistema deberá contener indicadores que permitan medir la productividad, la eficiencia, la eficacia, la transparencia y los resultados del trabajo legislativo, los cuales serán difundidos y actualizados permanentemente por el Congreso.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el artículo 84, se modifica la denominación del Título Quinto y se adicionan los artículos 133 Bis y 136, todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue

Artículo 84.

1. Corresponden al Presidente de la Junta de Coordinación Política las siguientes atribuciones:

Título Quinto De la Difusión, Información y Evaluación de las actividades del Congreso

Artículo 133 Bis. Cada Cámara contará con un medio informativo denominado ``Gaceta Parlamentaria'' con el objetivo de dar publicidad a los actos que, en el ejercicio de sus atribuciones, emiten el Pleno, las comisiones, los comités, la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política, la Comisión Permanente, los grupos parlamentarios, los diputados y senadores y la estructura administrativa de cada una de ellas. Su contenido será de carácter informativo, por lo que carecerá de validez legal.

Asimismo, cada Cámara, dependiendo de sus propias necesidades y atribuciones emitirá los lineamientos o reglas que rijan sus respectivas Gacetas Parlamentarias.

Artículo 136. Cada Cámara contará con un sistema de evaluación y difusión que tendrá por objeto dar a conocer a la sociedad el desempeño de los trabajos legislativos durante cada periodo de sesiones y al final de cada legislatura, contribuyendo a la detección de necesidades del Poder Legislativo, a fin de propiciar su transparencia y mejora continua.

Dicho sistema contendrá indicadores que permitan medir la productividad, la eficiencia, la eficacia y los resultados del trabajo legislativo, los cuales serán difundidos y actualizados permanentemente.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

«45. Que reforma los artículos 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 9 y 33 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Sergio Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Sergio Hernández Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura, del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; presento a la consideración de esta honorable soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona la fracción V del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 9, y el artículo 33, fracción XIII de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Durante la LX Legislatura, he presentado diversas iniciativas en el ámbito educativo, tendientes todas ellas a fortalecer los ordenamientos jurídicos en la materia, para mejorar la calidad de la educación que reciben los alumnos en todos los niveles, haciendo énfasis en la educación superior, por ser ésta el espacio en donde se forma a los futuros profesionistas mexicanos que tarde o temprano, tendrán que enfrentarse a un mundo laboral muy competitivo y que requiere el dominio de nuevas tecnologías y conocimientos.

En esta ocasión, hago uso de esta tribuna para plantear una reforma en materia educativa mucho más ambiciosa, que busca encaminar la legislación, las políticas públicas, planes nacionales, estatales, municipales, y programas sectoriales hacia un mismo objetivo, con la finalidad de orientar todas las acciones para garantizar el acceso educativo a instituciones de calidad, a todo aquel mexicano que así lo desee, mediante la implantación del principio de la universalidad de la educación, haciendo énfasis en la educación secundaria, media superior y superior, por ser ahí en donde encontramos un mayor déficit en la cobertura educativa.

Más allá de la afirmación incuestionable de que la educación es un derecho fundamental y humano, contemplado en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en innumerables tratados internacionales de los que México es parte, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que debemos preguntarnos es el porqué a pesar de existir un reconocimiento pleno de este derecho, en México, al igual que en muchas partes del mundo, este es un derecho que los ciudadanos no pueden ejercer, por la falta de capacidad del Estado de proveerlo satisfactoriamente.

Otro aspecto fundamental que no se puede dejar de lado y en el cual también existe un consenso internacional, es que el impulso de la educación, es determinante para el desarrollo social y económico de cualquier país, lo que quiere decir que existe una correlación evidente entre el nivel de escolarización y el desarrollo de las naciones. En este caso, surge el cuestionamiento en relación al por qué en México, no hemos logrado entender la importancia de este binomio tan fundamental, cuando es evidente que las grandes potencias tienen claridad en ello y consideran a la educación como un elemento estratégico para continuar impulsando su desarrollo y mantener su posición de potencias mundiales.

Así pues la educación debe ser un instrumento que provea a los individuos de conocimientos especializados, pero que además les proporcione las herramientas que les permitan desarrollar plenamente sus capacidades, con la finalidad de lograr la reflexión y así, construir sociedades plurales, participativas, tolerantes y democráticas.

Queda claro entonces que en un país como México, con grandes contrastes culturales y profundas desigualdades sociales, en donde habitan 54 millones de mexicanos que padecen algún tipo de pobreza y existen mil 340 municipios considerados de atención prioritaria, por sus bajos índices de desarrollo humano, será difícil solucionar los problemas de desigualdad y subdesarrollo, sin llevar a cabo acciones determinantes que fortalezcan el sistema educativo mexicano y que garantice, a todo aquel que así lo desee, acceder a una educación universal y de calidad en todos sus niveles, que le permita entonces, competir en igualdad de condiciones y así lograr superar esas brechas de desigualdad tan lacerantes que vemos de manera cotidiana. Dicho de otro modo, es indispensable romper el círculo vicioso existente entre la insuficiente cobertura educativa y la mala calidad de ésta, con la pobreza y las desigualdades sociales.

Debe quedar claro entonces que entre mayor sea el esfuerzo por mejorar la calidad y ampliar la cobertura hasta lograr el acceso universal a la educación en todos sus niveles en México, mayor será el progreso social y por lo tanto, la transformación de nuestro futuro, dejando de ser considerado como país subdesarrollado, y pasando a ser un país verdaderamente en vías de desarrollo, como es el caso de la India o China.

Para comprender la magnitud del problema, es necesario hacer referencia a las estadísticas educativas nacionales, comparándolas con las internacionales.

La cobertura educativa en México presenta grandes diferencias por cada nivel educativo. Un gran logro que no se puede dejar de mencionar, es la cobertura al 95 por ciento que se registra en la educación básica, de la cual el 90.7 de los alumnos, asisten a escuelas de educación pública, dejando el resto en manos de instituciones de educación privada.

En el ámbito de la educación secundaria, se registra una cobertura del 87 por ciento y en el de media superior, esta cobertura disminuye a tan solo el 56.6 por ciento de los jóvenes entre los 15 y 17 años que tienen acceso a este tipo de educación en cualquiera de sus modalidades.

Este panorama se torna aún más grave en el caso de la educación superior, que como se ha dicho en otras ocasiones, es uno de los sectores más importantes para el desarrollo del país. En este ámbito, la cobertura es tan sólo del 25 por ciento a nivel nacional, lo que quiere decir que sólo 1 de cada 4 jóvenes en México, tiene acceso a este nivel educativo, repercutiendo gravemente en la disparidad de oportunidades en el ámbito laboral y, por lo tanto, profundizando las desigualdades sociales de los mexicanos; pues según datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México (2004), la diferencia salarial es del 80 por ciento entre quienes concluyeron los estudios a nivel licenciatura, en relación a los que terminaron solamente la preparatoria. A nivel internacional, el criterio es que los jefes de familia con enseñanza superior, cuando menos duplicaban los ingresos obtenidos por quienes únicamente tenían la educación primaria y secundaria. Lo anterior es grave y explica --en cierto modo--, el futuro de México y la continuidad de la desigualdad social en el país, pues se estima que en la actualidad, el 77 por ciento de la población mexicana en edad de trabajar, tiene únicamente la escolaridad básica, comparado contra el promedio de los países miembros de la OCDE, que es del 30 por ciento.

En contraste, la matrícula de educación superior en países miembros de la OCDE, es mucho más elevada que en México, pues los Estados Unidos de América tiene una cobertura del 82 por ciento, Italia del 63 por ciento, Reino Unido del 60 por ciento, Canadá del 57 por ciento, y Japón del 54 por ciento. Igualmente y de acuerdo a las estadísticas proporcionadas por el Panorama Educativo 2007, México se encuentra en el último lugar en el porcentaje de población con acceso a educación media superior, y en último lugar en el porcentaje de graduados de doctorado.

Además, una cifra alarmante, es que el 96.6 por ciento del gasto educativo, es destinado al gasto corriente, y más grave aún es que de ese porcentaje, el 84.4 por ciento se canaliza a la paga de los salarios de los maestros, dejando únicamente un 3.4 por ciento del presupuesto, para invertir verdaderamente en la generación del conocimiento. Con esto, queda clara la urgencia de eficientar la distribución del gasto educativo, tendiente a mejorar la calidad y la cobertura de la educación en México.

De lo anterior, se observa que los retos del Estado en materia educativa son enormes, pues es necesario solucionar la cobertura universal, principalmente en los niveles de secundaria, media superior y superior, así como también es indispensable lograr mejorar la calidad de la educación impartida y la eficiencia del gasto.

Es este orden de ideas, es importante resaltar que en la reforma constitucional del 11 de noviembre del 2002, se instauró la obligatoriedad de la educación preescolar, al ser considerada como parte de la educación básica por el artículo 3o. constitucional, e insertó el concepto de universalización, dirigido a la educación preescolar, pues en la parte final del artículo quinto transitorio de dicha reforma, se señala lo siguiente: ``...En los plazos señalados, el Estado mexicano habrá de universalizar en todo el país, con calidad, la oferta de este servicio educativo''. Esto, con la finalidad de evitar confusiones, pues el concepto de universalización que se propone insertar en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no pretende ni debe entenderse, de ninguna manera, como supletorio de la educación básica obligatoria instaurada en el mismo ordenamiento jurídico, pues éste simplemente busca que el Estado universalice en todo el país, con calidad, la oferta del servicio educativo en todos sus niveles, para garantizar a las futuras generaciones el acceso a instituciones educativas con altos estándares de calidad.

Por esta razón, la presente iniciativa pretende incluir en el texto del artículo 3o. constitucional y en la Ley General de Educación, el principio de la universalización de la educación en México, con la finalidad de lograr que las políticas públicas, los programas nacionales, sectoriales y regionales, se encaminen en su conjunto, a garantizar el acceso universal a la educación en la misma magnitud en que ésta se demanda, así como a la igualdad de oportunidades en el acceso a la misma, con miras a lograr la cobertura total de la demanda educativa en todos sus tipos y modalidades, de manera tal que en el sistema educativo nacional, todas las instituciones estarán obligadas a ofertar sus servicios sin restricción o discriminación para persona alguna, a excepción natural de los requisitos de capacidad y méritos académicos que deban cumplir cada uno de los aspirantes. Con esto, se logrará incrementar la formación de todos los mexicanos, contribuyendo a terminar con las desigualdades sociales, a generar mayores oportunidades y por lo tanto, a lograr el impulso que el país requiere.

Es por eso que, me permito presentar ante esta soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Primero. Se reforma y adiciona la fracción V del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado --federación, estados, Distrito Federal y municipios--, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria.

...

Transitorios

Único. El presenta decreto entrará en vigor, el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se reforman y adicionan el artículo 9o., y el artículo 33, fracción XIII de la Ley General de Educación.

Artículo 9o. Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá la universalización de la educación --directamente, mediante sus organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio-- en todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

El Estado también llevará a cabo programas asistenciales, ayudas alimenticias, campañas de salubridad y demás medidas tendentes a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Estado procurará proveer los servicios públicos necesarios para lograr la universalización de la educación en todos sus niveles, para lo cual las acciones de los 3 niveles de gobierno y el diseño de los planes nacionales de desarrollo, los programas sectoriales y regionales, deberán ir encaminadas a lograr la cobertura total y con calidad de la demanda educativa.

Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Educación Pública y Servicios Educativos.

«46. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, y para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Enrique Cárdenas del Avellano, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Enrique Cárdenas del Avellano , diputado federal a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXIII Bis del artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal; se reforma el segundo párrafo del artículo 3o., y se adiciona un segundo párrafo al artículo 6o., ambos de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados; se modifica el primer párrafo del artículo 7o. de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La niñez es el futuro de cualquier nación, especialmente de la nuestra, por ello debemos legislar para que los niños y las niñas tengan, como se establece en el artículo 4o. de nuestra Constitución Política, la satisfacción de sus necesidades tales como de alimentación, salud, educación y el sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Nuestra constitución establece ciertos derechos y preceptos encaminados a la protección de la niñez mexicana, igualmente dentro de nuestro sistema jurídico mexicano tenemos la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo objetivo es asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.

La ley en comento menciona, entre otros principios rectores, el del interés superior de la infancia; el de la no discriminación por ninguna razón, ni circunstancia; el de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo.

Por otra parte, existen instituciones, tanto gubernamentales como de la sociedad civil, que están encaminadas a la protección de la niñez mexicana; no obstante lo anterior, México enfrenta un gran problema en ésta materia, concretamente en los derechos de las hijas e hijos de las mujeres que se encuentran recluidas en los centro de readaptación social.

Si bien es cierto que la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como ya se mencionó establece principios rectores y otorga derechos tales como el de convivencia familiar, a su integridad física y psíquica, a un adecuado desarrollo, a la educación, a la salud, entre otros, también lo es que tales derechos en la realidad son vulnerados, truncados y violados en el caso de los hijos de madres que se encuentran purgando alguna condena por la comisión de un delito.

El Instituto Nacional de las Mujeres; el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Programa Nacional de Capacitación Penitenciaria de la Secretaria de Seguridad Pública y la Cámara de Diputados organizaron el Foro nacional sobre hijos e hijas de mujeres reclusas, los días 24 y 25 de julio de 2001, con objeto de legislar sobre la materia; a tal distancia es lamentable decir que poco se ha avanzado.

Datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública indican que en mayo del 2001 la población en los centros de readaptación social era de 161 mil internos en todo el país, de los cuales cerca de 7 mil eran mujeres, para septiembre de 2007 el número de internos llegó a 218 mil 135; de estos 11 mil 166 son mujeres, que representan 5.12 por ciento; 6 mil 632 están sentenciadas, y 4 mil 394, procesadas, tal como se muestra en la grafica siguiente:

El 60 por ciento de las detenidas están sentenciadas o bajo proceso por delitos federales y el 40 por ciento restante por cometer ilícitos del fuero común. Cerca del 80 por ciento de las mujeres encarceladas son madres y, en promedio, cuentan con tres hijos menores de edad, lo que da como resultado la existencia de 33 mil 498 niñas y niños, hijos de mujeres reclusas; aun cuando no existen cifras actuales y confiables de cuántos niños viven en prisión con sus madres, se estima que son aproximadamente mil 200 niños y niñas.

Por otra parte, no se menciona en la ley hasta qué edad está permitido que puedan vivir los niños con sus madres en cautiverio; sólo en los reglamentos internos de los centros de readaptación social, generándose con ello anarquismo, aunque no es privativo de México, en otros países existe tal problemática. La antropóloga Elena Azaola G., en su estudio Víctimas no visibles del sistema penal: las mujeres en reclusión y sus hijos e hijas, pone al descubierto esa situación al mencionar que:

En algunos países, por ejemplo en China, la regla es que sí una mujer está embarazada o tiene un bebe de menos de 12 meses, no podrá cumplir su condena en la cárcel hasta que el bebe haya alcanzado dicha edad, tras lo cual la madre deberá ingresar a prisión sin él. En el otro extremo se encuentran los niños que pueden permanecer junto con sus madres hasta los tres años de edad; por ejemplo, en Ruanda y Honk Kong u otros países, en los que, a menudo de manera informal, se les permite quedarse hasta una edad mayor, los seis años, por ejemplo, en Zaire. Entre ambos extremos existen situaciones en las cuales los niños nacidos en la cárcel son separados de su madres en un plazo de 24 a 72 horas (como en algunas entidades de Estados Unidos de América) o en las cuales, tanto si han nacido dentro como fuera de la prisión, pueden permanecer junto con sus madres hasta que cumplan un año, como en Escocia; 18 meses, en Francia, Inglaterra, Gales o Uganda; o bien hasta los dos años, siendo probablemente esta regla más común, como se observa en Nepal, Sudán y Namibia, entre otros (Unicef, 1998).

En México, como ya se mencionó, no se encuentra regulado a nivel nacional, y en la práctica se resuelve de distinta manera, pues existen prisiones donde se permite que los niños permanezcan con la madre hasta los 6 años, y en otras hasta los 2; existen algunas donde, aun cuando el niño hubiera nacido mientras su madre está en prisión, no le permite quedarse ni durante el primer mes de vida.

Sin duda, el hecho de que los niños y niñas vivan con sus madres en prisión es un tema polémico; existirán voces que digan que es malo y perjudicial para el desarrollo psicosocial de los menores, por el ambiente que se vive y cómo se vive en las prisiones, pero la realidad es que tenemos un problema tangente y palpable en esta área.

Por ello, el objetivo de la presente iniciativa es legislar en la materia para que personal capacitado y con opinión de la madre, decida la conveniencia o no de que los niños y niñas vivan con sus madres en prisión, pero también cualquiera que sea el resultado, es imperante obligar al Estado mexicano a velar por el bienestar de la niñez mexicana, cumpliendo así lo establecido en el artículo 4o. de la Constitución y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por todo lo anterior, se propone adicionar la fracción XXIII Bis del artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal, para garantizar que el Estado mexicano establezca centros de desarrollo infantil y programas de educación, de atención médica general y especializada para las niñas y los niños y se permita que vivan hasta los seis años con sus madres en los centros de reclusión del país cuando así lo determine el personal capacitado como resultado de un análisis rigurosos y objetivo de cada caso, tomando en cuenta la opinión de la madre y considerando ante todo que esta es la opción que mejor se ajusta al principio del interés superior del niño.

El Estado debe garantizar que las internas mantengan el contacto necesario con sus hijos que viven en el exterior, para evitar mayores fracturas familiares.

Se propone reformar el segundo párrafo del artículo 3o. de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, para facultar a la autoridad competente en la materia para celebrar convenios con las instituciones, a fin de brindar salud y educación a los menores hijos e hijas de las internas.

De la misma forma se adiciona un segundo párrafo al artículo 6o. de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, porque consideramos que es importante que dentro del tratamiento que reciba el interno debe comprender el bienestar en salud y educación que reciban las hijas e hijos de las internas en los centros de readaptación social o en su caso en las instituciones educativas correspondientes.

Se propone modificar el artículo 7o. de Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se establece el derecho de los menores a vivir con sus madres independientemente de que se encuentren recluidas.

Es de suma importancia mencionar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió el 14 de febrero de 2002 la recomendación general número 3, dirigida a los gobernadores de las entidades federativas, al jefe del Gobierno del Distrito Federal, y al secretario de Seguridad Pública federal, a efecto de que, entre otras cosas, se creen instalaciones y programas de atención para las niñas y niños que permanecen con sus madres o sus familias en los centros de reclusión del país, y para que las internas mantengan el contacto necesario con sus hijos que viven en el exterior y, establezcan programas de atención médica general y especializada a las mujeres reclusas, así como a los hijos que las acompañan.

Otro dato importante es que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el pasado 31 de mayo de 2005, dictaminó favorablemente el punto de acuerdo por el que se recomiendan medidas en beneficio de madres de familia reclusas en el sistema penitenciario nacional.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 133, establece que los tratados internacionales que suscriba México serán ley suprema, y nuestro país adoptó el 30 de agosto de 1955 las Reglas Mínimas para el Tratamiento del Delincuente, en Ginebra, Suiza, y en el numeral 23 de éstas se establece que

Sí bien es cierto que México ya cumplió en cuanto a que si el niño nace en el establecimiento no se hace constar este hecho en su acta de nacimiento, pues ya lo contempla la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y en los reglamentos internos de los citados centros, también lo es que, en lo relativo al segundo punto se ha incumplido totalmente, al no existir guarderías infantiles y personal calificado que atienda a los niños y programas encaminados a la protección de los derechos de niños y niñas hijos de reclusas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía la iniciativa de

Decreto por el que se adiciona la fracción XXIII Bis del artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal; se reforma el segundo párrafo del artículo 3o.; se adiciona un segundo párrafo al artículo 6o. de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados; y se modifica el primer párrafo del artículo 7o. de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo Primero. Se adiciona la fracción XXIII Bis del artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo 30 Bis. ...

Artículo Segundo. Se reforma el segundo párrafo del artículo 3o. y se adiciona un segundo párrafo al artículo 6o. de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

Artículo 3o. ...

En dichos convenios se determinará lo relativo a la creación y manejo de instituciones penales de toda índole, entre las que figurarán las destinadas a la salud y educación de las menores hijas e hijos de las internas, al tratamiento de adultos delincuentes, alienados que hayan incurrido en conductas antisociales y menores infractores, especificándose la participación que en cada caso corresponde a los gobiernos federal y locales.

Artículo 6o. ...

Será parte del tratamiento la salud y educación que reciban las hijas e hijos de las internas en los centros de readaptación social o en su caso en las instituciones educativas correspondientes.

Artículo Tercero. Se modifica el primer párrafo del artículo 7o. de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 7. Corresponde a las autoridades o instancias federales, del Distrito Federal, estatales y municipales, en el ámbito de sus atribuciones, asegurar a las niñas, los niños y los adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar tomando en cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres, y demás ascendientes, tutores y custodios, u otras personas que sean responsables de los mismos, independientemente de que su madre se encuentre recluida en algún centro de readaptación social, las niñas, niños tienen el derecho de vivir con ella . De igual manera y sin prejuicio de lo anterior, es deber y obligación de la comunidad a la que pertenecen y, en general de todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos.

Transitorios.

Único. El presente decreto entrará en vigor a los seis meses del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, término en que será implantado un programa estratégico que incluya guarderías, educación y salud para los menores hijos de las internas.

Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Seguridad Pública, y de Atención a Grupos Vulnerables.

«47. Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Ramón Valdés Chávez, del Grupo Parlamentario de Convergencia

De conformidad con los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 55, fracción II, y 56 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado Ramón Valdés Chávez , del Grupo Parlamentario de Convergencia, presenta a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se propone reformar los artículos 163, 245, 248 y adicionar un numeral al artículo 259 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales sobre la representación de los partidos políticos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El Grupo Parlamentario de Convergencia considera que la jornada electoral constituye, sin duda, la etapa crucial del proceso, pues es cuando ocurre la emisión del sufragio ciudadano, cuya preferencia determina la composición de los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales.

El Instituto Federal Electoral, conforme al artículo 69, numerales 1 y 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), deberá regir todas sus actividades por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, siendo el órgano democrático que vigila, promueve y estimula la participación ciudadana en todos los aspectos de un proceso electoral, depositario de la autoridad electoral, responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones.

Por ello, el Grupo Parlamentario de Convergencia considera que la cuestión de los representantes partidarios ante los órganos electorales en todos sus niveles, es uno de los elementos esenciales para consolidar la certidumbre en los resultados de una elección, por lo que propone, por mi conducto, modificaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque la situación actual que guarda la normatividad para el registro de dichos representantes, pero sobre todo para sustituirlos, constituye un obstáculo para el cumplimiento puntual de los fines referidos.

Al observar los datos que proporciona el Instituto Federal Electoral sobre la jornada electoral del 2 de julio de 2006, documento recientemente publicado, sobre el registro y presencia de representantes de casilla de los partidos políticos y coaliciones, en las 130 mil 488 casillas aprobadas, se acreditaron 1 millón 240 mil 860 representantes propietarios y suplentes de partidos políticos, dentro del plazo establecido en el artículo 198, numeral 1, del ordenamiento federal electoral, de los cuales, sólo asistieron 393 mil 126 ciudadanos acreditados que avalaron con su firma las actas de la jornada respectiva, lo que representa el 31.68 por ciento del total de los acreditados.

La cobertura final por partido político, conforme a la asistencia de sus representantes ante 130 mil 477 casillas instaladas el 2 de julio de 2006 fue la siguiente:

Lo anterior significa que poco más de las dos terceras partes de los representantes acreditados originalmente no estuvieron en las casillas en que fueron registrados para cubrir la jornada electoral.

Es alarmante la ausencia de los representantes partidarios de las casillas, porque esa anomalía se tradujo en la falta de presencia de los partidos políticos y coaliciones, ante la ausencia del 68.32 por ciento del total de los representantes acreditados.

Ahí radica el objetivo esta iniciativa, modificar el procedimiento de acreditación y sustitución de los representantes de los partidos políticos ante mesa directiva de casilla, para dar mayor certidumbre y legitimidad a los resultados electorales, al permitir a los partidos políticos --como sucede en los otros ámbitos de representación electoral-- la acreditación, el cambio y la sustitución en cualquier momento, inclusive durante los comicios, de los representantes ante la mesa directiva de casilla, que sea útil para unificar los criterios que se utilizan hasta hoy en el Cofipe, en el cual, respecto al Consejo General sí prevé, en su artículo 74, fracción décima, que los partidos políticos podrán sustituir en todo tiempo a sus representantes; al igual que en los consejos locales, distritales y municipales, conforme al artículo 126, numeral 3.

Aprobar las modificaciones específicas a los artículos señalados líneas arriba, y más concretamente al artículo 198, fracción I, beneficiaría directamente a todos los partidos políticos representados en esta soberanía, y, desde luego, garantizaría la participación democrática de los ciudadanos.

Por ello, Convergencia propone esencialmente que los representantes partidistas de casilla, siguiendo el espíritu respecto del Consejo General, así como de los consejos locales, distritales y municipales, puedan ser sustituidos inclusive durante la jornada electoral.

Estas modificaciones benefician a todos los partidos políticos con problema de falta de representación en determinadas casillas por la ausencia o inasistencia de los ciudadanos acreditados con anterioridad conforme a los plazos que exige actualmente la ley electoral, lo cual nos impulsa a proponer a esta soberanía que resolvamos ese problema que afecta la credibilidad.

Con la reforma propuesta se evitarán conflictos postelectorales y crearán mejores condiciones para la credibilidad en los resultados y la organización de los procesos por parte del Instituto Federal Electoral, en la búsqueda de mayor certeza y equidad para los partidos políticos y candidatos contendientes. Alcanzaremos así resultados verificables, fidedignos y confiables, que nos permitan eliminar prácticas inadecuadas.

La presencia efectiva de los representantes partidarios acreditados y su sustitución evitará violaciones o irregularidades que demeriten la credibilidad de los procesos electorales. Ampliar los plazos y modificar las condiciones de su acreditación, inclusive el día de la jornada electoral, beneficiará a todos los partidos políticos.

En este mismo sentido, es importante también considerar la modificación del artículo 163 del Cofipe, que a la letra dice: ``Cuando el representante propietario de un partido, y en su caso el suplente, no asistan sin causa justificada por tres veces consecutivas a las sesiones del Consejo del Instituto ante el cual se encuentren acreditados, el partido político dejará de formar parte del mismo durante el proceso electoral de que se trate. A la primera falta se requerirá al representante para que concurra a la sesión y se dará aviso al partido político a fin de que compela a asistir a su representante'', toda vez que la aplicación de éste deja en estado de indefensión total a los partidos políticos, al no contar con un representante que defienda los intereses de sus candidatos en el órgano electoral en donde estuviese acreditado.

Por ello, se propone que al faltar el representante de un partido político ante el consejo que se trate, se requiera al partido político a sustituirlo, sin que por estas inasistencias deje entonces de formar parte del mismo durante el proceso electoral.

Por lo tanto debe darse el derecho de que los partidos políticos puedan sustituir a sus representantes en cualquier momento, inclusive durante el desarrollo de la jornada electoral.

La perfectibilidad de nuestros procesos democráticos exige tolerancia. Allanar todos los obstáculos a los ciudadanos para su participación, es uno de los deberes primordiales de los legisladores.

Es indispensable proporcionar los medios que sirvan para encauzar la eficiencia de nuestro sistema electoral. Por eso mismo consideramos que es un deber impostergable de las diputadas y de los diputados de esta honorable Cámara dar respuesta positiva a esta iniciativa de reformas para dar auténtica certeza al cumplimiento de los principios rectores de la materia electoral, por lo cual me permito someter a esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto que reforma y adiciona los artículos 163, 245, 248 y adiciona un numeral al 259 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Único. Se reforman y adicionan los artículos 163, 245, 248 y 258 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:

Artículo 163

Artículo 245

Artículo 248

1. ...

Artículo 259

Se añade el numeral 8

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se emita un exhorto a las legislaturas locales con el fin de que a la mayor brevedad modifiquen las condiciones de los representantes políticos, teniendo como base la presente iniciativa de ley.

Se turna a la Comisión de Gobernación.

«48. Que reforma los artículos 32 y 83 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada María Guadalupe García Noriega, del Grupo Parlamentario del PVEM

La diputada Guadalupe García Noriega, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 4, 71, fracción II; 72, 73, fracciones XXIX-D y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto con base a la siguiente

Exposición de Motivos

En octubre de 2007 entró en vigor la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), convirtiéndose en la primera ley general expedida por la actual legislatura del Congreso de la Unión.

La LGPAS surge de la reforma económica y productiva de la nación; busca la integridad y equidad del sector pesquero y acuícola, tanto público como privado. Entre los principales aportes de la LGPAS, con respecto a la Ley de Pesca de 1992, sobresalen una mejor vinculación institucional y delimitación de competencias en los 3 niveles de gobierno; una mayor planeación estratégica, robustecimiento y transparencia de las instituciones pesqueras; disposiciones más estrictas en términos de inspección y vigilancia; énfasis en la finalidad alimentaria de la pesca y la acuacultura, entre otros beneficios.

En función de la sobreexplotación que enfrentan actualmente las principales pesquerías del país, la LGPAS parte de que sólo con el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas se podrá asegurar su acceso a las generaciones venideras; por ello se reconoce la necesidad de la ordenación de la pesca y acuacultura y se les considera como actividades prioritarias para el desarrollo nacional.

Actualmente, 80 por ciento de las pesquerías marinas mundiales están sobreexplotadas o colapsadas; ¹ aún así, algunas pueden recuperarse y tener mejor producción si se aprovechan de forma sustentable.

La información actualizada en materia pesquera y acuícola es esencial para la sustentabilidad de las actividades del sector, ya que, por un lado, permite que los productores cuenten con información técnica suficiente y oportuna de los recursos, para que hagan un aprovechamiento eficiente de ellos. Por otro lado, la información actualizada advierte al sector de manera oportuna sobre las pesquerías que se encuentran en peligro de colapso. Esto último es sumamente importante, ya que las poblaciones de especies susceptibles, como la langosta, pueden colapsarse en tan sólo un año si no se manejan de manera adecuada. ²

Otros ejemplos recientes de pesquerías amenazadas son el mero y el pulpo rojo, en Yucatán. En enero de 2008, el Centro Regional de Investigación Pesquera (CRIP) advirtió sobre el peligro de colapso en ambas. ³ Es urgente aplicar medidas inmediatas, ya que en la región existen 885 permisos para pesca de mero y 761 para pesca de pulpo, en Yucatán, que seguirán realizando sus actividades sin conocimiento de esta situación, lo cual podría provocar daños permanentes en las pesquerías afectadas.

Los legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México estamos conscientes de esta situación de emergencia en todo el país. Con la finalidad de frenar el colapso de la pesquería del pulpo rojo en Campeche, el Grupo Parlamentario del PVEM agendó, en la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados del 14 de febrero de 2008, una proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), por medio de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca), y a la presidencia municipal de Champotón, Campeche, a realizar jornadas de inspección y vigilancia en los términos que marcan la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, las disposiciones reglamentarias y las normas oficiales mexicanas relativas a la pesca; y en caso de detectar el uso de prácticas ilegales de pesca, aplicar las sanciones correspondientes con el objetivo de garantizar la protección del pulpo rojo, Octopus Maya, y evitar el colapso de la especie.

Esta misma labor de protección se requiere en la mayoría de las pesquerías del país, no solamente las de Campeche; para ello es necesario encontrar medidas de aplicación nacional.

Los ejemplos revisados anteriormente indican que es urgente contar con información actualizada constantemente, en materia de recursos pesqueros y acuícolas, para poder determinar a tiempo cuándo se encuentran en riesgo y cómo tomar medidas que eviten su colapso irreversible. Estos datos deben presentarse y actualizarse en la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional Acuícola.

Carta Nacional Pesquera (CNP)

Es un documento de consenso; contiene información sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros en aguas nacionales; es vinculante para las autoridades pesqueras. Se actualiza por medio de proyectos de investigación del Instituto Nacional de Acuacultura y Pesca (Inapesca) y aportaciones de diversos sectores.

De acuerdo al informe de labores de 2007 de la Sagarpa, ⁴ en 2006 fueron actualizadas 84 fichas de la CNP y para 2007 se contemplaba la actualización de 79, además de 4 fichas nuevas. Las versiones de la CNP disponibles para consulta, en la página electrónica de Conapesca, ⁵ son actualmente:

Es importante señalar que en la última actualización, la CNP señala que no se debe incrementar el actual esfuerzo pesquero en las principales pesquerías del país, entre ellas, el caracol, las macroalgas, la almeja, la langosta, el langostino, el ostión, las diversas especies de peces marinos de escama, los camarones, los cangrejos y los tiburones, entre otros.

Carta Nacional Acuícola (CNA)

Contiene los indicadores de cultivo por especie, desarrollos biotecnológicos y vocación de zonas de cultivo. A diferencia de la CNP, este instrumento es solamente informativo, no vinculante. En 2007 inició la elaboración de la CNA, pero aún no está disponible para consulta pública por Internet. Las fichas acuícolas se encuentran actualmente contenidas en la CNP.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 (PEF de 2008), este año se otorgó un presupuesto sin precedentes a la Sagarpa, el cual asciende a un total de 64 mil 447 millones 300 mil pesos. De esta cantidad, 232 millones fueron asignados al Inapesca como presupuesto de operación; ⁶ es decir, un aumento de 12.5 millones de pesos, con respecto al monto otorgado al instituto en el PEF de 2007.

Los anexos del PEF de 2008 señalan que el Inapesca tiene la prioridad de vincularse con institutos y universidades que le permitan desarrollar investigaciones relacionadas con el cumplimiento de sus funciones, incluida la elaboración de la CNP y la CNA.

A pesar de que el proceso de elaboración de ambas cartas involucra varias actividades (conformación de grupos de trabajo, convocatoria pública nacional, recopilación, organización de información, entre otros), la ampliación de recursos en el PEF de 2008 permitirá al Inapesca realizar sus funciones de manera más eficiente.

Aunque por ahora la CNA tiene carácter únicamente informativo, la acuacultura está creciendo a un ritmo anual de 5 por ciento y ocupa 40 por ciento del valor comercial total del sector acuícola-pesquero, ⁷ por lo cual es necesario considerar, desde ahora, que la CNA tendrá, en un futuro cercano, el carácter vinculante.

Así pues, es necesario garantizar la actualización anual de la CNP y la CNA, ambas en forma integral. Por tanto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propone establecer esta periodicidad en la LGPAS mediante la presente iniciativa.

Por lo expuesto, la legisladora que suscribe, diputada a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 32 y 83 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Artículo Único. Se reforma la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en los artículos 32, párrafo 2, y 83, párrafo 2, para quedar como sigue:

Artículo 32. ...

La elaboración y actualización de la Carta Nacional Pesquera estará a cargo del Inapesca, con la participación que le corresponda a las demás unidades administrativas de la secretaría y las contribuciones del sector académico y productivo que deberán hacerse del conocimiento del Comité Asesor Técnico Científico del Inapesca. Las actualizaciones integrales de la Carta Nacional Pesquera deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación anualmente y podrán publicarse actualizaciones de las fichas individuales, sin que el total de la carta pierda su validez.

Artículo 83. ...

La secretaría aprobará y expedirá la Carta Nacional Acuícola y sus actualizaciones anuales , y las publicará en el Diario Oficial de la Federación. Podrán publicarse actualizaciones de las fichas individuales, sin que el total de la carta pierda su validez.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto.

Se turna a la Comisión de Pesca.

«49. Que reforma el artículo 705 del Código Civil Federal, a cargo del diputado Marco Antonio Peyrot Solís, del Grupo Parlamentario del PAN

Marco Antonio Peyrot Solís , diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este Poder de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 705 del Código Civil Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las personas, aún antes de su nacimiento y hasta después de su muerte, son sujetas de derechos.

Sin duda, el fallecimiento de una persona es un hecho con gran trascendencia para la sociedad y el derecho.

Una reflexión acerca de la muerte del ser humano trae consigo la interrogante respecto de cómo se determina el momento exacto de una defunción, la cual cobra especial relevancia por diversos motivos.

Los intentos por definir el momento preciso de la muerte han sido bastante problemáticos. En la antigüedad, el momento en que cesaban los latidos del corazón, la respiración o ambos bastaba para declarar la muerte de un individuo; sin embargo, el desarrollo de la ciencia ha permitido establecer que el fallecimiento de una persona es un proceso, el cual en un determinado momento se torna irreversible.

El avance en el campo de la medicina ha hecho posible mantener una actividad cardiaca y ventilatoria artificial en una persona cuyo corazón ha dejado de latir y no es capaz de respirar por sí misma, con lo que se prueba que la ausencia de esas funciones biológicas no significa que este muerta.

El protocolo que se emplea para el diagnóstico de la muerte en este caso es diferente y debe ser aplicado por especialistas en ciencias neurológicas, hablándose entonces de ``muerte cerebral o encefálica''.

Hoy día, cuando es precisa una definición del momento de la muerte, se considera que esta corresponde al momento en que se produce la irreversibilidad de este proceso. Existen en medicina protocolos clínicos que permiten establecer con certeza el momento de la muerte; es decir, que se ha cumplido una condición suficiente y necesaria para la irreversibilidad del proceso de muerte.

Íntimamente ligado a lo anterior e igualmente trascendente resulta la importancia determinar el momento en que jurídicamente se debe declarar la muerte de una persona, lo cual no presenta mayor dificultad cuando se está en posibilidad de declarar el fallecimiento biológico; sin embargo, cuando no se está en esa posibilidad el problema se torna complicado.

En el campo del derecho, conocer con certeza el instante de una muerte sirve, entre otras cosas, para asegurar que el testamento del difunto será únicamente aplicado tras su muerte.

El fallecimiento o muerte de una persona produce actos jurídicos; mortis causa es una expresión latina que se utiliza en derecho para referirse a aquellos actos jurídicos que se producen o tienen efecto tras la muerte de una persona.

En efecto, algunos de esos actos jurídicos mortis causa son los relativos a la sucesión, el derecho de sucesiones regula la sucesión mortis causa , el destino de las titularidades y relaciones jurídicas tanto activas como pasivas de una persona después de su muerte.

En la regulación de las sucesiones, se contemplan importantes aspectos, tales como:

Además de lo anterior, tenemos que existen derechos a favor de terceros, que pueden ser exigibles al momento del fallecimiento de una persona, tales como los derivados de una relación laboral entre el extinto y un patrón.

En el derecho laboral, cuando la muerte de una persona llamada trabajador ocurre durante la jornada de trabajo o bien en otras circunstancias que de manera precisa señala la ley, da lugar a que terceros denominados derechohabientes o beneficiarios adquieran derechos de carácter económico como compensación por ese hecho.

Como podrá apreciar este honorable Pleno, resulta de gran trascendencia la declaratoria de muerte que respecto de un individuo se realice en el ámbito legal, toda vez que algunos de los derechos ya mencionados no podrán recibirse si jurídicamente no se ha decretado la muerte de la persona, sin embargo, existen casos en los que jurídicamente no es posible decretar la muerte de una persona porque el cuerpo de ésta no se tiene o no se encuentra, y sin embargo existe la certeza de que el fallecimiento ha ocurrido.

Consideraciones

Un ejemplo de lo expuesto en la presente iniciativa es cuando la desaparición de una persona ocurre cuando una embarcación o un artefacto naval naufragan o se hunden, toda vez que la situación que impera en la mar hace imposible que un individuo pueda subsistir por mucho tiempo. Similar situación acontece cuando la desaparición de la persona es como consecuencia de haber caído al mar.

En efecto, la mar presenta un medio ambiente en el cual la vida humana muy difícilmente puede subsistir durante mucho tiempo, por lo que al darse el naufragio de una embarcación o el hundimiento de un artefacto naval la muerte de un individuo con toda seguridad ocurriría en el corto tiempo si no es rescatada; o bien, si el individuo cayera en la mar.

Es por lo anterior que se estima que, si sucede la desaparición en las circunstancias reseñadas, la probabilidad de que la muerte ocurra es alta, consecuentemente debiera reducirse a tan sólo seis meses el tiempo que debe transcurrir para que pueda hacerse la declaración de presunción de muerte, tomando en consideración la semejanza de circunstancias que existen con los supuesto que prevé el párrafo tercero del artículo 705 del Código Civil Federal.

El párrafo tercero del mencionado numeral establece que cuando la desaparición sea a consecuencia de un incendio, explosión, terremoto o catástrofe aérea o ferroviaria, basta el transcurso de seis meses para que la autoridad judicial pueda hacer la declaración de muerte, lo cual obedece a la alta probabilidad de que una persona no sobreviva a un acontecimiento de esa naturaleza y la posibilidad de que el cuerpo de aquella no pueda recuperarse o identificarse.

Podrá apreciar éste honorable Pleno que las circunstancias en que acontece la desaparición de una persona en los supuestos planteados en la presente iniciativa --encontrándose a bordo de un artefacto naval que naufrague o se pierda en la mar, o porque el individuo caiga al mar--, se identifican plenamente con los supuestos previstos en el párrafo que se invoca --a consecuencia de un incendio, explosión, terremoto o catástrofe aérea o ferroviaria--, por lo que se estima conveniente y necesario adicionar aquéllos, estableciendo que el plazo que deberá transcurrir para que el órgano judicial pueda hacer la declaratoria de presunción de muerte sea de seis meses.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este Poder de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 705 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:

Artículo 705. ...

Respecto de los individuos que hayan desaparecido al tomar parte en una guerra, o al verificarse una inundación u otro siniestro semejante, bastará que hayan transcurrido dos años, contados desde su desaparición, para que pueda hacerse la declaración de presunción de muerte, sin que en estos casos sea necesario que previamente se declare su ausencia; pero sí se tomarán medidas provisionales autorizadas por el Capítulo I de este Título.

Cuando la desaparición sea a consecuencia de incendio, explosión, terremoto o catástrofe aérea o ferroviaria, o encontrándose a bordo de una embarcación o un artefacto naval que naufraguen o se pierdan en la mar, o porque el individuo caiga al mar, y exista fundada presunción de que el desaparecido se encontraba en el lugar del siniestro o catástrofe, bastará el transcurso de seis meses, contados a partir del trágico acontecimiento, para que el juez de lo familiar declare la presunción de muerte. En estos casos, el juez acordará la publicación de la solicitud de declaración de presunción de muerte, sin costo alguno y hasta por tres veces durante el procedimiento, que en ningún caso excederá de treinta días.

Se turna a la Comisión de Justicia.

«50. De decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda ``Movimiento Estudiantil del 68'', suscrita por los diputados Maricela Contreras Juliány José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita diputada Maricela Contreras Julián y el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de decreto por el que se inscribe con letras de oro la leyenda ``Movimiento Estudiantil del 68'', al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

``Nadie sabe el número exacto de los muertos, ni siquiera de los asesinos,ni siquiera el criminal. (Ciertamente, ya llegó a la historia Este hombre pequeño por todas partes, Incapaz de todo menos del rencor) Tlatelolco será mencionado en los años que vienen como hoy hablamos de Río Blanco y Cananea, pero esto fue peor, aquí han matado al pueblo:

no eran obreros parapetados en la huelga. eran mujeres y niños, estudiantes, jovencitos de quince años, una muchacha que iba al cine, una criatura en el vientre de su madre, todos barridos, certeramente acribillados por la metralla del Orden y la Justicia Social. A los tres días, el ejército era la víctima de los desalmados, y el pueblo se aprestaba jubiloso a celebrar las Olimpiadas, que darían gloria a México.''

Jaime Sabines

Tlatelolco, 68

El año de 1968 fue un año axial, un nuevo espíritu de cambio recorre el mundo: Praga, París, Chicago, Tokio, Belgrado, Santiago de Chile, Roma y la Ciudad de México se cimbraron ante una nueva generación que reclamaba nuevas formas de participación democrática y que cuestionaron la manera de hacer política. Esgrimieron un nuevo discurso que enarbolaba el conocimiento que adquirieron en las universidades, con ideales como el de la libertad y la solidaridad con los trabajadores del mundo. ¡La imaginación al poder! fue una de sus más conocidas consignas, con la que denunciaba el desgaste y la decadencia del quehacer político en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial.

En México el 2 de octubre de 1968, prefigura la gran crisis del gobierno del partido único. Suceden al 2 de octubre de 1968 las reformas electorales que dan lugar a la nueva composición democrática que se expresa en esta soberanía.

¡2 de octubre no se olvida!: una frase que encierra el significado de lo que se le ha denominado el parteaguas en la historia del México contemporáneo y que trae consigo uno de los episodios más oscuros del ejercicio de poder en el país. Esta frase ha sido el eco de miles de expresiones en nuestro país que se han conjugado para brindar su aporte en todo el proceso democrático que aún estamos viviendo en México. Recordemos las palabras con que se teje la crónica de Elena Poniatowska en La Noche de Tlatelolco :

La juventud de finales de los sesenta cargaba bajo sus hombros una enseñanza tradicional que se encontraba en confrontación con una revolución cultural que había emergido desde la década anterior. Los jóvenes, con las contradicciones de su entorno, comienzan a reflexionar y cuestionarse el rumbo no sólo de su sociedad sino de la política que se estaba desarrollando en el país, se asumen como promotores del cambio de su entorno inmediato y responsables del futuro del mundo. Escritores como Wilhelm Reich dotan de los instrumentales teóricos a las y los jóvenes que afirman su libertad sexual y mientras adquieren una nueva conciencia de sus cuerpos. El descubrimiento y comercialización de la píldora anticonceptiva colocó por primera vez a las mujeres en la posibilidad de controlar su cuerpo, de hacer el amor con quien quisieran sin el temor de quedar embarazadas, constituyó una verdadera revolución en las relaciones sociales y en la moral de la época. El rock determina muchas de las libertades expresivas: poética, musicales y estéticas con representantes como Elvis, Janis Joplin, los Beatles, los Rolling Stones; mientras el naciente rock mexicano crea los nuevos himnos y banderas de esta explosión contracultural.

En el panorama internacional no podía ser menos convulso: se tenía un reciente recuerdo de la revolución cubana, inicia la mistificación de Ernesto Che Guevara por su muerte trágica en la aventura boliviana, se incrementa el repudio a los Estados Unidos de América por el intervencionismo en Latinoamérica así como en Vietnam, al mismo tiempo que crece la defensa de los derechos de los negros con el liderazgo de figuras como Malcom X, heredero de la causa de Martin Luther King. ¹

Concluida la II Guerra Mundial, México se alinea ideológica y estratégicamente con la política de Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. Abandona el proyecto de autosuficiencia económica nacionalista. Cierra los internados de Chapingo y el IPN, varias escuelas normales rurales y reprime a las organizaciones estudiantiles que buscaban democratizar sus espacios educativos. Modifica el proyecto social educativo por una orientación más liberal.

En los niveles medio superior y superior se deja el modelo que buscaban privilegiar el desarrollo y la ampliación de la matricula de educación superior a los sectores marginados y prioriza el apoyo a las carreras liberales por sobre las técnicas. Para controlar los movimientos sociales, se reforman en 1951 las leyes que tipifican el delito de disolución social en el Código Penal y se encarcela bajo estos cargos a los primeros presos políticos. Es entonces cuando emerge la resistencia estudiantil y obrera.

Por su parte, José Agustín en su Tragicomedia mexicana apunta lo siguiente respecto al año de 1968:

En 1968, en México, sólo el 2 por ciento de la población estudiantil llega a niveles de educación superior. Los que llegan es porque han podido llegar; es decir, tienen posibilidades económicas para lograrlo, no porque la UNAM o el Poli cobren, sino porque pueden trabajar o cuentan con alguien que los mantiene.

La situación de la UNAM, por ejemplo, es privilegiada, según las estadísticas que proporciona Margarita García Flores, jefa de prensa de la UNAM en 1968 y 1969. El 86 por ciento de sus estudiantes dependen de algún familiar. De acuerdo con la ocupación del jefe de familia del estudiante, el 77 por ciento del alumnado pertenece a la clase media y sólo el 18 por ciento de los muchachos son hijos de campesinos y obreros. El 72 por ciento provenía de familias con ingresos entre mil 300 y 7 mil pesos mensuales que, comparados con el ingreso promedio nacional, eran buenos.

No le ocurría así a la población del Politécnico, cuya situación económica era más difícil: los estudiantes del Poli no tienen ingresos tan estables. Sin embargo ambos grupos coincidieron en actitudes críticas y políticas libres de compromiso alguno; el único compromiso del estudiante politécnico y universitario era consigo mismo y con sus estudios; con las ideas recibidas y que actuaban en ellos como factor de cambio, al darles una nueva visión del mundo.

Octavio Paz, en Posdata, menciona que ``El movimiento estudiantil se inició como una querella callejera entre bandas rivales de adolescentes. La brutalidad policíaca unió a los muchachos. Después, a medida que aumentaban los rigores de la represión y crecía la hostilidad de la prensa, la radio y la televisión, en su casi totalidad entregadas al gobierno, el movimiento se robusteció, se extendió y adquirió conciencia de sí... Los estudiantes eran los voceros del pueblo... de la conciencia general.''

Si los cuerpos policiacos no hubieran intervenido con la brutalidad con la que lo hicieron el 22 de julio del 68 en la plaza de la Ciudadela, no se hubiera desatado todo una serie de acontecimientos de represión que culminaron en la otra Plaza, la de las Tres Culturas en Tlatelolco el 2 de octubre.

La desafortunada intervención de batallones del cuerpo de Granaderos, en el conflicto entre estudiantes politécnicos de las vocacionales 2 y 5 del IPN y de la preparatoria Isaac Ochoterena, después de un partido de futbol, es esa gota que derramó el vaso en toda la cadena de represión que se estaba viviendo en el país.

Como era de esperarse y la acumulación de fuerzas que se había dado antes del 68 con los movimientos sociales y estudiantiles que se presentaban dentro y fuera del país, siguió una serie de movilizaciones por parte del sector estudiantil, las cuales fueron respondidas con brutalidad policíaca e insensibilidad por parte de las autoridades, las cuales llamaron ``enemigos de México'' a todos aquellos que se unieron a las demandas consignadas en el pliego petitorio de seis puntos:

Cuando se cumplieron cinco años de los sucesos del 2 de octubre del 68, Octavio Paz escribía: ``Los estudiantes buscaban el diálogo público con el poder y el poder respondió con la violencia que acalla todas las voces. ¿Por qué la matanza? Desde octubre de 1968 los mexicanos se hacen esta pregunta. Hasta que no sea contestada el país no recobrará la confianza en sí mismo''.

Mítines, conferencias, marchas, brigadas informativas, pintas y un sinfín de actividades más fueron desplegadas por la comunidad estudiantil para exigir el cumplimiento del pliego petitorio; solidaridad de todos los sectores de la sociedad con el movimiento estudiantil era la constante, como también lo fue la violencia con la que respondía el gobierno en turno y el encarcelamiento de personas que participaban en este movimiento.

No hubo mayor respuesta de las autoridades que la represión, la cual se coronó con la ocupación de Ciudad Universitaria por parte del Ejército el 18 de septiembre de 1968. En ella más de 700 personas fueron detenidas, a eso le siguió el 23 de septiembre, el Casco de Santo Tomás que cayó en poder del Ejército, después de 10 horas de resistencia estudiantil a los embates sanguinarios de la policía. Las vocacionales 7 y 4 fueron ocupadas el 25 de septiembre.

Paradójicamente, días antes se había organizado una multitudinaria marcha del silencio encabezada por el rector Javier Barrios Sierra, en la que se pedía la atención del pliego petitorio del movimiento estudiantil; todos los sectores de la sociedad ahí estaban representados e iban caminando en silencio por Paseo de la Reforma para exigir el cese de la violencia del gobierno; la respuesta fue la ocupación militar de Ciudad Universitaria y otros planteles de educación superior; ante este reprobable acto, Javier Barros Sierra declaró:

Después de la ocupación militar vino el 2 de octubre; mucho se podría escribir de lo que aconteció en la Plaza de las Tres Culturas, pero nos remitimos por referir a Claude Kejman, corresponsal de Le Monde, que busca una explicación:

¿Qué hay después del 68? La respuesta a esta interrogante es una serie de acontecimientos y secuelas que hasta nuestros días tienen aquellos acontecimientos de represión; por ejemplo podemos decir que sin el movimiento estudiantil del 68 no sería explicable el derecho al voto a los mayores de 18 años o la reforma política de 1977 con la que el Partido Comunista Mexicano obtuvo su registro electoral, ni tampoco la excarcelación de Valentín Campa y Demetrio Vallejo, ni la incorporación del marxismo a los planteles y programas de estudio de muchas universidades, o la derogación de los cuestionados artículos 145 y 145 Bis del Código Penal.

O que ya en la presidencia de la república Luis Echeverría, para recuperar la ``confianza'' perdida en el gobierno, utilizara un discurso de ``nacionalismo revolucionario'', llamando al apoyo del ``tercer mundo'', su eslogan de ``apertura democrática'' y ``arriba y adelante''. Destaca también su denuncia en el sentido de que el modelo económico de ``desarrollo estabilizador'' había reconcentrado la riqueza del país entre unas cuantas familias y que su gobierno impondría el modelo de ``desarrollo compartido'' que beneficiaría a las mayorías, aunque en la práctica sólo fuera eso: un vago discurso.

No podría explicarse también los beneficios al sector educativo, pues Echeverría multiplicó el presupuesto y creó gran cantidad de escuelas: el Colegio de Ciencias y Humanidades, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio de Bachilleres, las Unidades de Estudios Superiores, las telesecundarias, entre otras.

De igual forma, los discursos de Luis Echeverría sonaron y asustaron mucho a los empresarios, pues pretendió frenar cientos de huelgas obreras, movilizaciones estudiantiles y campesinas, sobre todo, a la guerrilla urbana que encabezó la Liga 23 de Septiembre y las guerrillas rurales de Genaro Vázquez y de Lucio Cabañas en Guerrero; aunque nadie le creyó sus ``buenas intenciones'' de hacer un ``buen gobierno''.

Las libertades conquistadas a partir del 68 tienen una gran trascendencia: se debilitó y comenzó a desaparecer el autoritarismo, el despotismo del marido sobre su mujer, del profesor sobre los estudiantes, del jefe sobre sus empleados, del empresario sobre sus obreros, del dirigente político o sindical sobre sus subordinados.

Se hizo presente la lucha de la mujer por el libre uso de su cuerpo, se planteó la despenalización del aborto y el usos de anticonceptivos; se inicio el debate sobre los derechos de las niñas y los niños; se generó la lucha de las lesbianas y los homosexuales por el reconocimiento de sus derechos; se planteó la necesidad de contar con una política a favor de los que menos tienen.

¿Alguien pondría en duda el aporte del movimiento del 68 al proceso democrático en este país? Sostenemos que no; por ello, a 40 años de recordar el dos de octubre, proponemos que esta Legislatura contribuya a eliminar esa amnesia histórica que no es nada sana para las y los mexicanos.

¡2 de octubre no se olvida! y seguirá sin olvidarse, pues existe una deuda de justicia y verdad con el pasado.

A 40 años de ese 2 de octubre, las palabras de Rosario Castellanos se hacen presentes y esperemos que eso influya en el ánimo de todas y todos los legisladores que conforman la LX Legislatura para que se rinda un merecido reconocimiento al Movimiento Estudiantil del 68 y pueda inscribirse con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados dicha leyenda.

``Recuerdo, recordamosÉsta es nuestra manera de ayudar a que amanezcasobre tantas conciencias mancilladas,sobre un texto iracundo sobre una reja abierta,sobre el rostro amparado tras la máscara.Recuerdo, recordemosHasta que la justicia se siente entre nosotros.''Rosario Castellanos

Memorial de Tlatelolco

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de ésta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la leyenda ``Movimiento Estudiantil del 68''

Artículo Único. Inscríbase con Letras de Oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda ``Movimiento Estudiantil del 68''.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en coordinación con la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias definirán la fecha, el orden del día y el protocolo de la Sesión Solemne que debe llevarse a cabo para cumplir con lo señalado en el artículo único de este decreto.

Tercero. Las Juntas de Coordinación Política del Senado de la República y de la Cámara de Diputados realizaran lo conducente a efecto de que se organice y celebre una ceremonia cívica el 2 de octubre de 2008 en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en Tlatelolco, Distrito Federal, con motivo de la conmemoración del cuarenta aniversario de dicho acontecimiento, donde se invitará a las y los legisladores de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión.

Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

«51. Que expide la Ley General para la Competitividad de la Actividad Artesanal, a cargo de la diputada Guillermina López Balbuena, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Competitividad de la Actividad Artesanal, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En México es característico que sus pueblos, mediante el desarrollo de la actividad artesanal, encuentren la forma de poder contar su historia y mostrar su creatividad, la cual, se encuentra enraizada en la identidad propia de cada pueblo, resultando capaz de movilizar los valores más auténticos de las comunidades para estar en posibilidad de enfrentar los efectos de la pobreza y la exclusión social que se viven en nuestro país.

Nuestro país es reconocido mundialmente por su tradición milenaria; por tal motivo, resulta fundamental comenzar a fortalecer esta actividad, al grado de que sea competitiva internacionalmente; para ello se requieren mecanismos que permitan enfrentar los retos comerciales en esta materia.

No hay que dejar de mencionar que la actual Ley para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal es obsoleta e inaplicable, debido a su falta de actualización, lo que ha ocasionado un claro rezago en el impulso a esta actividad, ya que los artesanos se encuentran inmersos en una realidad lamentable, sin posibilidades de acceder a apoyos crediticios e institucionales, sin programas de capacitación para mejorar sus procesos de producción y sin respaldo para la comercialización de sus productos.

Por lo que, la ausencia de una legislación que regule la realidad actual por la que pasan millones de artesanos se debe al desconocimiento del valor del tema o de la utilidad que puede proporcionar a muchos aspectos del desarrollo nacional.

En la época actual predomina la globalización de la economía, y como consecuencia de ello la actividad artesanal se comienza a diluir, por lo que es necesario fortalecer nuestras raíces culturales.

Es sabido que se dedican largas jornadas de trabajo a la artesanía para poder sobrevivir, por lo que los artesanos no pueden darse el lujo de dejar de trabajar un día, porque simplemente no comerían; el problema resulta grave pero no imposible de resolver.

La actividad artesanal debe contar con la atención del Estado, por las características que presenta, entre las que se encuentran el grado de marginalidad en que se desenvuelven los artesanos, las precarias condiciones de producción, su carencia de organización, la falta de difusión y comercialización de sus productos; la falta de accesos a las fuentes de financiamiento, entre otros factores.

Señores legisladores, para que la artesanía no desaparezca y con ella gran parte de nuestra cultura, es urgente analizar el problema desde el ámbito regional, estatal, nacional e internacional, ya que ésta actividad tiene la capacidad de generar empleos para segmentos de la población tradicionalmente excluidos de los mercados formales de trabajo. Además produce beneficios al sector turismo de las comunidades, al tiempo que contribuye a afianzar nuestra identidad.

El objetivo de la presente propuesta es crear el Instituto Mexicano para la Competitividad de la Actividad Artesanal, el cual, entre sus facultades, tendrá el establecer las acciones para el desarrollo de la actividad, organizar a los artesanos, reorientando los planes y programas para facilitar el financiamiento para el desarrollo competitivo de esta actividad en los diferentes ámbitos de su competencia, emprendiendo acciones que refuercen los vínculos de la actividad con otros sectores del desarrollo del país.

Asimismo, se promoverá la organización, capacitación y procedimientos para la comercialización regional, nacional e internacional, se impulsaran acciones de integración de los aspectos de formación, promoción y adaptación de la producción con la finalidad de potenciar los recursos financieros destinados a está actividad.

Por ello, se trata de involucrar los sectores público, social y privado para establecer centros de capacitación, escuelas e institutos que se dediquen a promover el conocimiento de nuevas técnicas, diseños y procesos de producción de la artesanía.

Compañeros legisladores, la actividad artesanal expresa lo más profundo del alma de un pueblo, ya que a través de ella se manifiestan sentimientos y esperanzas conectadas con la identidad nacional, siendo capaz de generar puestos de trabajo y riquezas que ayuden a combatir la pobreza, impulsando con ello el desarrollo económico y social de un país.

Por tales razones, es urgente el apoyo del Estado, a través de una política nacional eficaz, coherente y permanente. La artesanía en México, así como en muchos países considerados en vías de desarrollo, es un oficio que constituye para los artesanos un medio que les permite sobrevivir.

Es por ello que presento al pleno de ésta honorable asamblea el presente proyecto de

Decreto, por el cual, se expide la Ley General para la Competitividad de la Actividad Artesanal, para quedar de la siguiente manera:

Artículo Único. Se expide la Ley General para la Competitividad de la Actividad Artesanal.

Ley General para la Competitividad de la Actividad Artesanal

Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene como finalidad fomentar el desarrollo competitivo de la actividad artesanal, a través del establecimiento de un ambiente de fomento y desarrollo de la actividad artesanal en los ámbitos nacional e internacional.

Artículo 2. La presente ley, tienen por objeto:

Artículo 3. Para efectos de esta ley se entiende por:

Artículo 4. La aplicación de esta ley corresponderá, en el ámbito de sus respectivas competencias, a las Secretarías de Economía y de Desarrollo Social.

Artículo 5. La Secretaría de Economía tendrá las siguientes atribuciones:

Artículo 6. La Secretaría de Desarrollo Social tendrá las siguientes atribuciones:

Artículo 7. Las personas físicas o morales que se dediquen a actividades artesanales, tendrán las siguientes obligaciones:

Artículo 8. Son derechos de los artesanos y empresas o talleres artesanales:

Capítulo Segundo Del Desarrollo Competitivo y Comercialización de la Actividad Artesanal

Artículo 9. Los talleres de artesanos o empresas artesanales y los artesanos, en lo particular, se beneficiarán de los programas que se implementen en materia de:

Artículo 10. La Secretaría de Economía celebrara convenios con las Secretarías de Turismo, y de Relaciones Exteriores, con la finalidad de difundir, promover, fomentar y abrir líneas de mercado nacional e internacional.

Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Social, celebrara convenios con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Consejo Nacional para Cultura y las Artes, con el objetivo de implantar acciones para la preservación y rescate de las artesanías.

Las Secretarías de Economía, y de Desarrollo Social deberán promover y fomentar la nueva cultura artesanal como un medio para desarrollar una actividad económica generadora de empleos.

Artículo 11. El Instituto, en conjunto con la Secretaría de Economía, realizarán las siguientes acciones:

Artículo 12. El instituto, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, formulará, ejecutará y gestionará permanentemente cursos de capacitación por región o rama artesanal sobre diseño, control de calidad, utilización de herramientas, maquinaria y equipo, empaques, embalaje, comercialización y demás aspectos propios de la producción.

Artículo 13. La Secretaría de Desarrollo Social facilitará a las instituciones públicas y los organismos sociales los medios para establecer talleres o centros de capacitación, a fin de promover la investigación en materia de rescate, producción, comercialización, ensayo de nuevas técnicas y todos aquellos conocimientos que sirvan al artesano para alcanzar la excelencia en la producción artesanal, así como para proteger y rehabilitar los recursos naturales que se utilizan en la elaboración de artesanías.

Artículo 14. El instituto realizará alas gestiones para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgue el sello ambiental, que garantiza que los productos artesanales no alteran ni dañan al medio ambiente ni la salud de los adquirentes.

Así como, la práctica de inspecciones a los talleres de artesanos para verificar que cumplan con el destino final de los desechos tóxicos; y en caso de no hacerlo o no permitir la verificación se les sancionará conforme a la legislación correspondiente a la materia.

Artículo 15. El instituto, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, fomentará la utilización de insumos artesanales alternos en las zonas en que, de conformidad con los criterios ecológicos, ya no sea posible la explotación de recursos naturales.

Capítulo Tercero Del Instituto Mexicano para la Competitividad de la Actividad Artesanal

Artículo 16. El instituto será el organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Estará a cargo de un director general, que será nombrado por el Ejecutivo federal.

Contará con delegaciones en los estados de la república y en las regiones que sean necesarias.

Artículo 17. Serán funciones del instituto:

Artículo 18. Son facultades del director general:

Artículo 19. En el reglamento interior del instituto se establecerá la estructura orgánica-administrativa que lo conformará, con la finalidad de dar cumplimiento a las actividades señaladas en la presente ley.

Artículo 20. El instituto, en forma directa, con la opinión de los artesanos y sus organizaciones, y con la participación de sus delegados estatales y regionales, podrá invitar, cuando sea el caso, representantes de otras dependencias o instituciones públicas, privadas o sociales, así como a expertos nacionales e internacionales a participar en sus trabajos.

Transitorios

Primero. Se deroga la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.

Segundo. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. El instituto deberá constituirse dentro del término de 90 días naturales, contados a partir de la publicación de la presente Ley en el Diario Oficial de la Federación.

Se turna a las Comisiones Unidas de Economía, y de Desarrollo Social, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«52. Que reforma y adiciona el artículo 50 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, a cargo del diputado Manuel Portilla Diéguez, del Grupo Parlamentario del PVEM

Manuel Portilla Diéguez, integrante de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 3o. fracción VIII; 71, fracción II, 72, 73, fracciones XXV y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito que se turne a las comisiones que corresponda, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

La educación es un factor fundamental de cualquier país para el desarrollo económico y social, debido a que la educación es un mecanismo que permite generar oportunidades. Una persona con mayor nivel educativo tendrá mayores oportunidades de obtener empleo, mejores salarios, posibilidades de esparcimiento, entre otros. ¹

Existe un consenso global sobre el tema de la mejora de la calidad de los sistemas educativos, por encima de criterios cuantitativos de costo y cobertura. Es uniforme el acuerdo en el ámbito académico, político y social que la calidad constituye hoy un punto toral en la educación.

Los resultados emitidos en 2006 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en materia de educación de nuestro país reflejan la falta de calidad en la enseñanza: los alumnos mexicanos se posicionaron en los últimos lugares, concluyendo en la necesidad de una medida urgente para mejorar el sistema nacional de educación y en la eficiencia de la planificación de gasto del presupuesto designado.

En 2006 México gastó en educación 622.4 miles de millones de pesos, equivalentes a 7.1 por ciento del producto interno bruto. Sin embargo, 90 por ciento de los recursos se destinó al gasto corriente, lo que significa que el monto disponible para inversión e innovación es significativamente pequeño en comparación con las necesidades de cambio cualitativo que presenta el sistema educativo. ²

Asimismo, en agosto de 2007 el titular del Poder Ejecutivo federal dio a conocer los resultados de la evaluación nacional de logro académico en centros escolares, implantada por la Secretaría de Educación Pública y aplicada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, donde se revela que el mayor avance se ha visto en las escuelas particulares de tercero de secundaria (9.4 puntos), mientras que entre las públicas, concretamente en las telesecundarias (que se ubican en las zonas marginadas, de pobreza) el nivel de insuficiencia creció en 4.5 puntos. Este dato es alarmante, debido que la educación impartida por el Estado está muy por debajo de la media, dejando en claro que la brecha entre colegios particulares y públicos se ha acrecentado. ³

Los datos derivados del resultado de las evaluaciones han servido como estímulo para impulsar el desarrollo y para posicionar el tema de la evaluación educativa en el centro de interés público. ⁴ La evaluación ha revestido importancia a partir de establecer estándares de calidad en la educación. Tanto en el ámbito académico como de la opinión pública, el tema de la educación y su calidad están presentes en el análisis y la discusión.

Las evaluaciones de nuestro sistema educativo representan un esquema innovador, esencial para la elaboración e instrumentación de políticas públicas.

Desde luego hay coincidencias en que se debe generar una cultura social sobre las evaluaciones, pero más importante es conocer la razón, alcances y limitaciones de sus resultados, como también lo es conocer la dinámica que las mediciones generan al interior de los actores del sistema educativo; es decir, entre alumnos y maestros, directivos de escuelas y autoridades educativas, así como el exterior del sistema, o sea, entre los medios de comunicación y los miembros de la sociedad en general. ⁵

Por ende, el objetivo de la propuesta es establecer un mecanismo de evaluación para los egresados de las escuelas normales superiores de todo el país que quieran formar parte del personal docente del sistema nacional de educación; asimismo, determinar las bases para que las plazas de directores y educadores de las instituciones educativas del Estado y sus organismos descentralizados, sean ocupadas a través de un examen de oposición en un proceso transparente y equitativo.

De este modo se busca poner fin a las decisiones discrecionales o de carácter político en la designación de directores de los planteles de todos los niveles de educación y que dichas plazas sean ocupadas por quienes estén mejor preparados y obtengan las más altas calificaciones en los exámenes de oposición.

Los lineamientos del proceso de oposición serán determinados por el Sistema Nacional de Evaluación, que estará integrado por instituciones u organismos:

En primera instancia la Secretaría de Educación Pública invitará a formar parte del sistema, entre otros, a

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se suma al mandato del titular del Ejecutivo federal para que se establezca el Sistema Nacional de Evaluación Educativa como referencia en donde se pueda identificar el desempeño de estudiantes, maestros, directores, jefes de zona y autoridades; no con la intención publicitaria de evidenciar el desempeño del profesorado, sino con la finalidad de mejorar la calidad de la educación impartida y así poder capacitar al magisterio en métodos de enseñanza más efectivos.

Por tanto, con métodos de evaluación podrá ser mejorado con éxito el sistema nacional educativo, contando con el aval de la sociedad que este conciente de los resultados que obtengan los maestros que son los encargados de la educación del país.

Sin embargo, el sistema de evaluación no se debe establecer sólo como una acción sexenal, sino que se debe establecer en la ley para así poder garantizar la continuidad de un sistema que identifique los problemas en la educación de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, respetuosamente sometemos a su consideración el siguiente

Decreto mediante el cual se reforma el artículo 50 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Aparatado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona un último párrafo al artículo 50 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Aparatado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para quedar como sigue:

Artículo 50. Son factores escalafonarios:

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. La Secretaría de Educación Pública, a través del Sistema Nacional de Evaluación Educativa publicará las bases del proceso para calificar la oposición a que hace referencia el artículo 50 del presente ordenamiento, en un plazo que no exceda trescientos sesenta días naturales a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto.

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

«53. Que reforma y adiciona el artículo 48 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Ricardo Cantú Garza, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado a la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo, corriéndose en su orden, el actual párrafo segundo, para pasar a ser párrafo tercero y así sucesivamente, al artículo 48 de la Ley General de Educación, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

Con la generalización de la revolución tecnológica en curso, en las ramas fundamentales de la economía y los servicios, centrada en el desarrollo de la industria microelectrónica, la computación, el software y las telecomunicaciones, se ha creado una nueva modalidad de acumulación de capital que está basada en la utilización del conocimiento humano, como herramienta de la producción y de la generación de nueva riqueza material.

Es decir, estamos asistiendo a una nueva fase de desarrollo y de crecimiento de la producción capitalista que se sustenta en el aumento de la productividad como resultado del uso de las nuevas tecnologías, pero sobre todo, de las nuevas formas de la organización laboral.

La capacidad de innovación abierta por la tecnología de la información y las telecomunicaciones es producto de la función que desempeña ahora el conocimiento humano y la información. La interacción entre ambos factores ha dado lugar a la producción de una complejidad creciente que encierran nuevas oportunidades para que las empresas se apropien de rentas tecnológicas y diseminen el conocimiento que arroja la organización del trabajo en la economía.

Producto de este desarrollo tecnológico y de la organización laboral, se ha creado un nuevo concepto que los estudiosos llaman activo de conocimiento ¹ , que se refiere al saber productivo que existe en las organizaciones, sobre todo en las empresas, plasmado en la calificación conjunta de los trabajadores, las rutinas, destrezas, habilidades y los procedimientos que se aplican a la actividad productiva regular y que explican la capacidad para generar nueva riqueza material y variedad de productos.

Estos nuevos activos implican mayores niveles de educación y calificación de la fuerza de trabajo, la aparición de nuevas y más complejas disciplinas laborales, la creciente integración entre ejecución, conocimiento y gestión, y mayor complejidad de las rutinas que gobiernan las prácticas laborales y empresariales.

En consecuencia, los planes y programas de los sistemas educativos de las naciones modernas, deben estar en consonancia con los nuevos saberes que esto implica, donde el conocimiento humano, juega un papel crucial en la gestión del proceso productivo. Esto es, las nuevas tecnologías están empujando al trabajador a gestionar el proceso productivo, porque de él depende poner en movimiento el cúmulo de conocimientos y habilidades que desarrolla al interactuar con las máquinas electrónicas y digitalizadas.

La nueva noción del trabajo parte del supuesto de que los inventos y las innovaciones están determinados por la acumulación de conocimientos que el capital humano logra incorporar a la producción, porque se reconoce que la invención y las innovaciones, así como la capacidad, la cantidad y la dirección de estos inventos recaen ahora en el trabajador vinculado a la producción en equipo.

Esto significa que la enseñanza de las nuevas realidades productivas tiene que modificarse de raíz, porque la lógica de la valorización capitalista de los negocios ya no se sustenta exclusivamente en la formación de agentes económicos que se nutren del aprendizaje de la administración o de los negocios basada en la habilidad gerencial y el uso de instrumentos matemático-estadísticos.

Por esa razón, quienes proponen que se incorpore la enseñanza de las matemáticas financieras en los planes y programas del bachillerato, están rebasados por la realidad histórica y por las nuevas exigencias de la producción moderna. Es decir, pretenden revivir esquemas agotados del conocimiento humano, sin considerar las nuevas aportaciones en este campo.

Ha quedado claro que hoy la producción de riqueza material se sustenta en lo fundamental en la concurrencia del conocimiento humano en el desarrollo de innovaciones tecnológicas que tienen su origen en el proceso productivo. Por lo tanto, sólo la gestión directa de la producción por los trabajadores permite retroalimentar de mayores y mejores conocimientos al propio proceso de la producción.

Por esa razón, son los trabajadores los que deben gestionar directamente la fabricación de la riqueza material y eso pasa por adquirir ese aprendizaje desde las aulas, a través de planes y programas de estudio que representen los nuevos saberes de la práctica de los negocios y de la organización colectiva del trabajo y la importancia que eso tiene en términos del crecimiento de la productividad laboral. Además, de la necesaria vinculación de los alumnos con las empresas para reforzar y multiplicar estos conocimientos.

En estas circunstancias, nuestra propuesta está enfocada a la formación teórica y práctica de los estudiantes del bachillerato y de los Centros de Estudios Tecnológicos para capacitarlos en la gestión de las empresas cooperativas y a desarrollar creativamente las habilidades, las destrezas y los procedimientos que implica la gestión de esas empresas, para que sean capaces de desarrollar nuevas tecnologías asociados a la gestión del trabajo cooperativo.

En este sentido, la formación de los estudiantes del bachillerato y de estos Centros de Estudios Tecnológicos, debe incluir temáticas que hagan referencia a los orígenes de las empresas cooperativas, su constitución, las formas de asociación cooperativa, la distribución colectiva de las utilidades, el sentido social de estas empresas, la importancia del trabajo cooperativo, la administración de las empresas cooperativas, su vinculación con la innovación tecnológica para alentar la investigación en los estudiantes, la acumulación de destrezas, habilidades y procedimientos del trabajo cooperativo, la legislación mexicana sobre sociedades cooperativas, entre otras.

Enseñar a los estudiantes que sólo mediante el trabajo pueden obtenerse los medios de subsistencia de la especie humana y que el hombre no sólo tiene que trabajar, sino que tiene que procurar hacerlo en las condiciones más ventajosas posibles; para ello debe buscar crear la mayor cantidad de cosas con el mínimo esfuerzo, porque este esfuerzo competitivo consigo mismo es lo que lo lleva a crear herramientas o instrumentos de trabajo sofisticados, como las máquinas, entre otras, ya que el esfuerzo físico y con la ayuda de estos instrumentos y herramientas se hace posible que produzca más de lo que consume día a día; sólo en estas circunstancias comienza a establecerse la acumulación o ahorro de cosas y a incrementarse la producción de riqueza material.

Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la educación debe ser vista como un poderoso instrumento que sirve de base para la transformación de las condiciones materiales y sociales de los seres humanos, porque representa un poderoso medio para desarrollar las habilidades manuales e intelectuales de quienes se someten a la disciplina del conocimiento en todos los ámbitos.

En este sentido, la propuesta resalta la importancia de enseñar a los jóvenes la organización del trabajo cooperativo como una forma de acrecentar la riqueza en nuestras sociedades y como un medio de creación de conocimientos para la producción, así como un medio para crear empleos e ingresos a las familias.

Esta forma de propiedad social de las empresas, debe coexistir al lado de la propiedad privada, de la propiedad pública y mixta, porque todas ellas entrañan formas de crear riqueza material. Sin embargo, la diferencia central entre estas formas de propiedad, estriba en que la propiedad social implica el trabajo colectivo como dinámica natural de la polivalencia del trabajador moderno.

La creación de empresas cooperativas entraña la enseñanza de que todos sus miembros son trabajadores organizados para producir son colectivamente, al tiempo que son beneficiarios de la riqueza material que producen y que el esfuerzo que cada uno de ellos aporta, sirve para cada uno y para todos.

Asimismo, todos tienen igualdad de derechos y el producto del trabajo se reparte entre los trabajadores según el trabajo que aporta cada uno de ellos y la gestión de la empresa, se hace de forma democrática, porque todos participan en las decisiones que orientan el destino de la empresa, además de que son poderosos medios de aprendizaje para la formación de valores humanos y de transmisión colectiva de conocimientos de gestión y de aprendizaje tecnológico.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo, corriéndose en su orden, el actual párrafo segundo para pasar a ser el tercero y así sucesivamente, al artículo 48 de la ley General de Educación para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo segundo, corriéndose en su orden, el actual segundo, para pasar a ser el tercero y así sucesivamente, del artículo 48 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 48. ...

La secretaría establecerá como obligatorio en el contenido de los planes y programas de estudio del bachillerato y de los Centros de Estudios Tecnológicos, la incorporación de materias que destaquen la enseñanza de la administración de las empresas cooperativas y otras materias afines, para capacitarlos en la gestión de esas empresas, para que aprendan que el trabajo colectivo potencia la creación de riqueza y permite acumular habilidades, destrezas y procedimientos para la innovación de las tecnologías asociados a la propia gestión de la producción y de la creación de nuevos productos.

...

...

Transitorio

Artículo Único. La presente iniciativa entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

«54. Que reforma los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del CongresoGeneral de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes de la Comisión de Equidad y Género

Las y los suscritos, integrantes de la Comisión de Equidad y Género con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 39, fracción XV, y 90, fracción XIII, de la Ley Orgánica el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La creación de la Comisión de Equidad y Género ha sido punta de lanza para impulsar reformas en temas como violencia contra las mujeres, salud materna y participación política en igualdad de condiciones, presupuestos con perspectiva de género, entre otros temas.

Además, ha coadyuvado para que los gobiernos en turno, adopten políticas públicas con un enfoque de género y se elimine la brecha de desigualdad que existe aún en nuestro país entre mujeres y hombres.

Desde su instauración en 1997, la Comisión ha incidido en la aprobación de los presupuestos para atender las necesidades específicas de las mexicanas, lo que representa una prueba tangible de lo logrado en beneficio de las campesinas, indígenas, niñas, jóvenes, de la tercera edad y trabajadoras en general.

De igual forma, a partir de su creación en el Congreso de la Unión, las legislaturas locales han instaurado comisiones similares, aunque con distintos nombres.

Los pasos legislativos para que la Comisión de Equidad y Género sea ordinaria y permanente de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fueron los siguientes:

• El 30 de septiembre de 1997 se aprobó la creación de la Comisión Especial de Asuntos de la Equidad entre los Géneros, con base en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General, nombre provisional mientras sus integrantes presentaban propuestas y un programa de trabajo. El decreto que dio origen a la Comisión Especial establecía que la presidencia de dicho mecanismo sería ocupada de manera colegiada por una diputada o diputado de cada Grupo Parlamentario.

La diputada Alma Vucovich, del Partido de la Revolución Democrática, fue nombrada la primera presidenta de la comisión.

La Comisión Especial de Asuntos de la Equidad entre los Géneros elaboró un documento básico con los criterios generales para su estructura y funcionamiento y adoptó el nombre de Comisión Especial de Equidad y Género, instalándose de manera formal el 7 de octubre de 1997.

Mediante un acuerdo interno, se determinó que dicha instancia fuera encabezada por una presidencia colegiada y rotativa por cuatro meses para los Grupos Parlamentarios mayoritarios (PRI, PRD, PAN) y tres meses para las fracciones de menor representatividad (PVEM y PT).

Durante los tres años de la LVII Legislatura, esta Comisión no pudo dictaminar iniciativas, toda vez que su carácter de ``Especial'', se lo impedía, de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso vigente en ese momento.

Con ello, la Comisión de Equidad y Género se convirtió en Comisión Ordinaria a partir del inicio de la LVIII Legislatura.

Sin lugar a dudas, el trabajo que se ha desarrollado por la Comisión de Equidad y Género a diez años de su creación ha contribuido al avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres.

Entre esos avances destacan los siguientes:

Las anteriores, tan sólo son unas de las muchas acciones que se han realizado a favor de las mujeres de México, pero aún falta mucho por hacer y en eso estamos trabajando.

Por otra parte, en cumplimiento con los compromisos internacionales asumidos en la Organización de las Naciones Unidas con la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Gobierno de México sustentó su VI Informe Periódico ante el Comité de Expertas en el 36° período de sesiones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el 17 de agosto de 2006.

Derivado de ello, el Gobierno de México recibió las observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (COCEDAW); entre dichas recomendaciones, llamamos la atención sobre lo siguiente:

De ahí que, con la finalidad de que este Congreso de la Unión contribuya al cumplimiento de las recomendaciones que formuló el COCEDAW a nuestro país, es que se propone cambiar el nombre de la Comisión de Equidad y Género, por el de Comisión para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

El cambio de la denominación que hasta ahora tiene la Comisión de Equidad y Género, contribuirá a que se tome conciencia de la importancia que tiene el realizar acciones para abatir la discriminación y desigualdad existentes por razones de género.

Además se estaría en concordancia con el principio de igualdad entre mujeres y hombres que establece el artículo cuarto constitucional.

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman los artículos 39, fracción XV, y 90, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 39.

1. ...

2. ...

Artículo 90.

1. ...

Transitorios

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

55. Que reforma y adiciona el artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado José de Jesús Solano Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Gobernación.Retirada por oficio del 6 de mayo de 2008.

«56. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal Carlos Ernesto Navarro López , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le conceden los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparece ante esta soberanía a fin de presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XLV del artículo 2; el primer párrafo del artículo 77 y el primer párrafo de la fracción I del mismo artículo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En el año 2006, un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Chapingo y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de esta Cámara de Diputados entre el 2002 y el 2005, sobre el impacto del Programa Especial Concurrente en las Unidades de Producción Rural arrojó, entre otros, los siguientes resultados:

Desprendido de lo anterior, en el artículo décimo primero transitorio del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2007, se menciona que el Ejecutivo federal simplificaría las reglas de operación de los programas sujetos a ellas, cosa que no ocurrió.

Por otro lado, un servidor promovió una iniciativa para establecer la obligatoriedad de difundir de la manera más amplia posible, los programas del PEC y sus beneficios.

Para este año, la nueva estructura que se le dio al PEC obligó a la realización de nuevas reglas de operación o al ajuste de algunas de ellas. De manera ilusa pensamos que las nuevas reglas se realizarían con las aportaciones de todos los actores del medio rural y que la problemática de las reglas quedaría rebasada, pero tampoco fue así, y en muy buena parte por la intransigencia del Ejecutivo para escuchar y atender las propuestas de las organizaciones ligadas al medio rural y hasta de los secretarios del ramo en los estados.

Los reclamos de las organizaciones siguen, pero además, en mis recorridos por el país, y especialmente en la primera circunscripción de la que provengo, al asistir a algún evento o simplemente recorrer con el fin de informarme e informar a la ciudadanía de los trabajos realizados en esta Cámara de Diputados y en la Comisión de Desarrollo Rural, que tengo la fortuna de presidir, me encuentro constantemente con el reclamo de que las reglas de operación de los programas de apoyo al sector rural que se operan al amparo del programa especial concurrente, son inoperantes por la complejidad con la que han sido diseñadas, con claras referencias a las anteriores y a las nuevas.

Si partimos de la idea de que las zonas del sector rural mexicano no sólo son las más deprimidas del país, económicamente hablando, sino que también en esas zonas se encuentra el más bajo nivel educativo de nuestra gente, luego entonces, resulta ridículo que para que a esa gente le llegue algún apoyo oficial, tengan que ser expertos en la interpretación y el manejo de las reglas de operación, para poder realizar los proyectos productivos que les permitan la obtención de esos apoyos a los que desde la Cámara de Diputados destinamos recursos.

Las reglas de operación se encuentran elaboradas de tal manera que permiten, como ha sucedido en los últimos años, que los programas sean por lo regular aprovechados no por quienes más los necesitan, sino por aquellos grupos o empresas que tiene capacidad técnica, organizativa y, sobre todo, relaciones.

También viene al caso comentar sobre los subejercicios presupuestales. Considero criminal que teniendo tantas carencias en nuestras zonas rurales haya recursos que no se inviertan o que su inversión beneficie más a quien menos lo necesita.

De qué sirve que asignemos mayor presupuesto al desarrollo rural, si esto no esta cumpliendo el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población del campo y la mayor parte de esos recursos están siendo aprovechados inclusive por transnacionales.

Definitivamente, uno de los aspectos fundamentales para lograr que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan estriba en las reglas de operación. Esta soberanía tiene que tomar cartas en el asunto de manera inmediata.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que reforma la fracción XLV del artículo 2, el primer párrafo del artículo 77 y el primer párrafo de la fracción I del mismo artículo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el objetivo de que las reglas de operación para los programas del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable cuenten con la aprobación previa de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su aplicación.

Artículo Primero. Se reforma la fracción XLV, del artículo 2, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:

Artículo Segundo. Se reforma el primer párrafo del artículo 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 77. Con el objeto de cumplir lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de esta ley, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y aquellos programas que deberán sujetarse a reglas de operación. La Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales sobre los cuales el Ejecutivo federal diseñará las reglas de operación de los programas, para someterlos a la aprobación de la Cámara de Diputados.

Artículo Tercero. Se reforma el primer párrafo de la fracción I de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

«57. Que reforma y adiciona el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Felipe Borrego Estrada, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Felipe Borrego Estrada , diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan un segundo y un tercer párrafos a la fracción IX del artículo 107 constitucional, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La evolución histórica del juicio de amparo directo y la intervención de los Tribunales Colegiados de Circuito en su resolución hace evidente la tendencia a consolidar el carácter uniinstancial de dicho medio de control constitucional, al establecer la inatacabilidad de las sentencias que dicten los citados órganos; y, sólo por excepción, abrir la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución, resuelva el recurso de revisión en aquellos asuntos que, a su juicio, revistan una importancia excepcional para el orden jurídico nacional.

Para sustentar la anterior afirmación, conviene reseñar brevemente los antecedentes del juicio de amparo directo.

La Constitución de 1917, en su artículo 107, fracción III, preveía la posibilidad de impugnar las resoluciones judiciales a través del juicio de garantías; sin embargo, ello estaba limitado a las sentencias definitivas de los juicios del orden civil y penal. Dicho juicio, conforme a la fracción VIII del propio numeral, se tramitaba en única instancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El precepto constitucional en análisis se mantuvo sin modificación hasta la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 1951. A partir de la indicada reforma, en la fracción III del artículo 107 constitucional se previó la posibilidad de impugnar sentencias definitivas o laudos en materia judicial, civil, penal y del trabajo.

De especial relevancia resultar señalar que en la indicada reforma se atribuyó competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo, aunque limitada. En efecto, se adoptó un sistema de distribución de competencias conforme al cual, en términos de la fracción IV del numeral en cita, cuando la violación reclamada se hubiese cometido en la sentencia o laudo, el amparo se interpondría directamente ante la Suprema Corte de Justicia; en tanto que, si la violación se cometió durante la secuela del procedimiento o se tratare de sentencias en materia civil o penal respecto de las cuales no procediere la apelación, el amparo se interpondría ante los Tribunales Colegiados de Circuito, conforme lo preceptuaba la fracción V.

Incluso, en el caso de que la resolución que emitiera el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en la materia de su competencia, fuese desfavorable al quejoso, debía remitir el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que examinara las violaciones cometidas en la sentencia reclamada.

La importancia de la citada reforma radica en la competencia que, a nivel constitucional, se otorgó a los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer, sustituyendo al Máximo Tribunal del país, de aspectos de legalidad.

Destaca además que en la fracción IX se estableció que las resoluciones que emitiesen los Tribunales Colegiados de Circuito no admitirían recurso alguno, salvo en el caso en que decidieran sobre la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de la Constitución General de la República, supuesto en el cual el recurso se limitaría al examen de las cuestiones propiamente constitucionales.

Incluso, debe ponerse de relieve que en la propia fracción se estableció que el recurso tampoco sería procedente si la sentencia estuviese fundada en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual lleva a concluir que, cuando el tema de constitucionalidad no fuese novedoso por existir ya un criterio firme del más Alto Tribunal del país, resultaba innecesaria su intervención.

Entonces, la reforma en comento es reveladora de la intención del Poder Reformador de la Constitución para mantener el carácter uniinstancial del juicio de amparo directo.

El sistema de distribución de competencia anterior fue abandonado en la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación de 25 de octubre de 1967, al preverse en la fracción V del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que sería competente la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de los juicios de amparo directo en materia penal, en contra de sentencias definitivas que impusieran la pena de muerte o privativa de la libertad que excediere de la señalada en la propia Norma Fundamental, para conceder la libertad provisional; en materia civil sobre acciones del estado civil que afectaren el orden o estabilidad de la familia y, en los restantes casos, conforme a las limitaciones que estableciera la ley secundaria; en materia administrativa cuando se promoviera en contra de sentencias no reparables a través de algún medio ordinario de defensa; en materia laboral, tratándose de conflictos federales en cualquier caso y, tratándose de laudos emitidos por las juntas laborales de los Estados, sólo en conflictos colectivos.

Al respecto, conviene enfatizar que se conservó la fracción IX del propio artículo 107, que consagra el carácter uniinstancial del amparo directo, así como las reglas de excepción que establecían la procedencia del recurso de revisión.

En 1979 se produce una nueva reforma al artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la cual destaca el hecho de que se abandonó el anterior sistema de distribución de competencias, al establecer que sería la ley secundaria la que fijaría la de la Suprema Corte de Justicia y los Tribunales Colegiados de Circuito.

Otro paso se dio en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 10 de agosto de 1987, en la que se previó la posibilidad de impugnar vía amparo directo no sólo sentencias definitivas y laudos, sino además las resoluciones que pusieran fin a juicio. De especial relevancia resulta señalar que, conforme a la fracción V del artículo 107, se dotó de competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer prácticamente de cualquier juicio de amparo directo, reservándose la facultad para que la Suprema Corte conociera de aquellos en los que, por su importancia, determinara ejercer su facultad de atracción.

Al respecto, se indicó en el proceso de reforma que las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en el juicio de amparo directo serían inatacables dado que dichos órganos jurisdiccionales han probado su capacidad para impartir justicia pronta, imparcial, gratuita y completa; además, la sociedad mexicana se ha beneficiado con la descentralización que su ubicación determina.

Por otra parte, en la fracción IX del indicado numeral se conservó el carácter uniinstancial del amparo directo, aun cuando se derogó el segundo párrafo de esa fracción.

En la reforma publicada el 31 de diciembre de 1994 se mantuvo la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, así como la posibilidad de que el máximo tribunal del país ejerciera su facultad de atracción en aquellos casos que, por sus características, lo ameritaran.

De esa forma, se llega a la reforma del 11 de junio de 1999, en la que, manteniéndose el sistema de competencias indicado, se reforzó el carácter uniinstancial del juicio de amparo directo, al establecerse que, por regla general, las sentencias dictadas en los juicios de amparo directo no admiten recurso alguno, y sólo como excepción procede el recurso de revisión cuando habiéndose decidido respecto de la inconstitucionalidad de una ley o establecido la interpretación directa de un precepto de la Constitución, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y conforme a acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.

En relación con la indicada reforma, cabe señalar que no sólo hace evidente la intención del poder reformador de la Constitución de establecer la inatacabilidad de las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo sino, además, la de consolidar el carácter de tribunal constitucional que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al colocarla como el garante del Estado constitucional.

Se afirma lo anterior pues dicha reforma, que dicho sea de paso vino a complementar la que se produjo el 31 de diciembre de 1994, restringió la procedencia del recurso de revisión en amparo directo a aquellos asuntos en los que, existiendo un problema de constitucionalidad, a juicio del más alto tribunal entrañen la fijación de un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional, lo cual evitaría que la Corte se ocupara del conocimiento de asuntos en los que no fuese necesaria su intervención.

Según se advierte del proceso de reforma en cuestión, uno de los motivos que la originaron fue la situación que imperaba al seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la impresionante cantidad de resoluciones que debía tomar, lo cual le impedía concentrarse en la resolución de aquellos asuntos que por su importancia y trascendencia ameritasen su intervención.

Además, se tuvo presente el carácter uniinstancial del amparo directo, el cual supone que el afectado dispuso de dos instancias jurisdiccionales previas y, en algunos casos, de un recurso administrativo, para hacer valer todos sus derechos, de manera que no se afectaba su derecho de defensa al restringir los supuestos de procedencia del recurso de revisión, a los cosas en que habiéndose decidido un problema de constitucionalidad, entrañasen la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. De esa forma, el indicado recurso no debe ser visto como una instancia más a favor de las partes, sino como el medio a través del cual se posibilita que el más alto tribunal del país, como encargado de hacer prevalecer el orden constitucional, emita un pronunciamiento al respecto.

Precisado lo anterior debe señalarse que, no obstante que a nivel constitucional se limitó la procedencia del recurso de revisión en amparo directo a aquellos casos en que se decida sobre la constitucionalidad de una ley o se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución y, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entrañen la fijación de un criterio de importancia y trascendencia, con lo cual se pretendió liberar al más alto tribunal del país del conocimiento de asuntos que no reúnen esas características y, por ende, permitir que concentre su atención a resolver los problemas de constitucionalidad de mayor relevancia para el orden jurídico nacional, la información recabada en la propia Corte revela que la medida aceptada ha sido insuficiente para alcanzar el fin perseguido.

En efecto, los datos estadísticos recabados permiten advertir que a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional de 1999 hasta el mes de enero de 2007, ingresaron en ese alto tribunal 14 mil 435 revisiones de amparo directos.

Ahora bien, es importante precisar que de dichos recursos fueron desechados 10 mil 294; en contra de los autos de desechamiento se interpusieron mil 258, declarándose fundados solamente 54, e infundados mil 204.

Los restantes 4 mil 141 recursos de revisión pasaron para su estudio a ponencias, de los cuales 2 mil 268 se declararon improcedentes y en mil 742 se estudió el fondo del asunto.

Conforme a los datos anunciados, se puede concluir que de 1999 a 2007, de la totalidad de los recursos de revisión en amparo directo que se han interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo el 12 por ciento de ellos reunía los requisitos de procedencia, en tanto el restante 88 por ciento no entrañaban problemas de constitucionalidad que requirieran la intervención del más alto tribunal del país.

Lo anterior conduce a sostener que ha existido un abuso de las partes en el juicio de amparo directo en cuanto a la interposición del recurso de revisión, el cual en algunos casos, inclusive, ha sido utilizado con el único propósito de retrasar el cumplimiento del fallo jurisdiccional.

Así, tomando como marco de referencia tanto la evolución que ha tenido el recurso de revisión en amparo directo, así como la realidad imperante, que revela el uso excesivo y, en la mayor parte de los casos, injustificado de ese recurso, se hace patente la necesidad de modificar las reglas que rigen al juicio de amparo directo.

Para ello debe tomarse en cuenta, ante todo, la naturaleza uniinstancial del juicio de amparo directo. A través de este medio de control constitucional únicamente pueden combatirse actos jurisdiccionales, como puede ser un laudo o una sentencia o cualquier otro que ponga fin al juicio.

Lo anterior justifica el carácter uniinstancial del amparo directo, pues en él se analizará una cuestión juzgada previamente ante 2 instancias, con excepción de los asuntos en materia laboral y, en algunos casos, en materia judicial que por su cuantía menor o sanción mínima, conforme a la legislación local no procede el recurso de apelación.

Ello mueve a considerar que la procedencia del amparo directo debe irse limitando de manera progresiva, más aún la del recurso de revisión que, por excepción, actualmente puede interponerse en contra de la sentencia que resuelva un problema de constitucionalidad de importancia y trascendencia.

En efecto, en relación con los aspectos de legalidad, deben reconocerse los esfuerzos que en los Poderes Judiciales de las entidades federativas se han realizado para perfeccionar su labor, lo cual permitirá que gradualmente la última instancia para dirimir esas cuestiones sea la justicia local, de manera que el amparo directo proceda sólo de manera restringida.

Mientras llega ese momento, se estima necesario reformarla fracción IX del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de consagrar, en forma definitiva el carácter uniinstancial del amparo directo, estableciendo la inatacabilidad general de las sentencias que dicten los Tribunales Colegiados de Circuito.

Al respecto, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservaría la facultad de atracción prevista en el último párrafo de la fracción V del propio precepto constitucional, para conocer de aquellos asuntos en los que, por su interés y trascendencia ameriten su investigación.

Por otra parte, reconociendo el carácter de tribunal constitucional que corresponde a la Suprema Corte, lo cual permite afirmar que tiene la delicada función de resolver en definitiva los aspectos de constitucionalidad que sean trascendentes para el orden jurídico nacional, se propone establecer la posibilidad de que los Tribunales Colegiados de Circuito, una vez resuelto un caso concreto en el que hayan decidido un problema de constitucionalidad que estimen puede entrañar la fijación de un criterio de importancia y trascendencia, puedan formular una solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en Pleno o a través de una de sus salas, según corresponda, se pronuncie en relación con el tema de constitucionalidad planteado, determinación que no afectaría las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios que motivaron la solicitud, sino únicamente tendría por objeto establecer un criterio que sirva para la solución de casos futuros, el cual estaría sujeto, desde luego, a las reglas previstas en la ley para la integración de la jurisprudencia.

Al respecto, podría considerarse que el quejoso quedaría en estado de indefensión, cuando el Tribunal Colegiado de Circuito resolviera, en última instancia, el juicio de amparo directo, sin posibilidad de que el fallo sea revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sobre este punto, debe reiterarse que los Tribunales Colegiados de Circuito han probado su eficacia al resolver los asuntos sometidos a su consideración. En ese sentido, se tiene presente que en virtud del Acuerdo General 5/2001, emitido por el Pleno de la Suprema Corte, corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito conocer de los recursos de revisión en amparo indirecto en los que se haya impugnado la inconstitucionalidad de una ley local o un reglamento local o federal, de manera que en esos casos tampoco existe la posibilidad de que conozca del recurso el más alto tribunal del país.

Se trae a cuenta lo anterior, pues los órganos colegiados en comento han dado prueba plena de su eficacia al conocer, en última instancia, incluso de problemas de constitucionalidad, con la posibilidad de que, al existir criterios contradictorios, sea la Corte la que resuelva la contradicción de tesis, sin afectar las situaciones jurídicas ya resueltas, de manera que tampoco se ve afectada la seguridad jurídica.

De esa forma, la solicitud en mención no constituiría una instancia establecida a favor de las partes para que sea revisada la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito, pues su único fin sería que, en aras de garantizar el orden constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita un pronunciamiento al respecto.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adicionan un segundo y un tercer párrafos a la fracción novena del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de eliminar la procedencia del recurso de revisión en el juicio de amparo directo.

Único. Se reforma y adicionan un segundo y un tercer párrafos a la fracción novena del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 107. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las controversias que a la entrada en vigor de este decreto se encuentren en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de recursos de revisión de amparos directos iniciados con anterioridad continuarán tramitándose conforme a las disposiciones vigentes en el momento en que fueron iniciados.

Tercero. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones que correspondan a la Ley de Amparo y demás disposiciones aplicables en un plazo máximo de seis meses, contados a partir del inicio de la vigencia de este decreto.

Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

«58. Que reforma el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa aborda la necesidad de dar una dimensión al equilibrio de poderes al nivel de las palabras. El Poder Ejecutivo, con toda la importancia histórica que revistió, y que ha acompañado a México como forma de gobierno sustantiva, de naturaleza monárquica (en el sentido estricto del significado de ``gobierno de uno solo'') a través de centurias, llega al siglo XXI en declive y hemos venido atestiguando su erosión, al tiempo que los otros dos poderes han ido asumiendo en los hechos las atribuciones que, si bien se consignan en la norma, no se habían ejercido cabalmente por la omnipresencia del Ejecutivo.

En este proceso, identificado como ``de transición democrática'', por la emergencia de grupos de la sociedad organizados en partidos y otro tipo de agrupaciones, se ha logrado que la institución presidencial de México haya ido abdicando a varias de sus potestades metaconstitucionales de manera parcial o total, y el ejercicio de las funciones del Estado han ido recayendo en nuevos actores políticos.

En esta transición, el presidente de la república ha dejado de ser el gran elector; y en este aspecto mayores cambios se han gestado en los últimos 30 años: desde la reforma política de 1977, pasando por la de 1989 y de 1996 hasta la más reciente, de finales de 2007, y que nos ha llevado a un esquema de un órgano autónomo del Estado encabezado por el Instituto Federal Electoral, que integra su Consejo General con la participación exclusiva de la Cámara de Diputados, lo que sustrajo del ámbito de la Presidencia de la República el control y la organización de los procesos electorales, y por consiguiente de la integración de los órganos legislativos, de los gobiernos estatales, e incluso municipales.

Se han abierto a la competencia de los partidos políticos las propuestas y la integración de estos espacios de deliberación y decisión políticas.

Consecuentemente, las Cámaras del Congreso de la Unión tienen una composición plural y mayoritariamente independiente del presidente de la república, por lo que también ha variado el papel del presidente como supremo legislador del país, y ahora los propios diputados y senadores proponen la mayor parte de las nuevas normas y las modificaciones de la legislación existente. Aunque el presidente mantiene la facultad de iniciar leyes, y la mayoría de sus iniciativas resulta aprobada, han sido rechazadas algunas propuestas presidenciales consideradas en su momento reformas estructurales.

También con la reforma de 1994, con la que se modificó el mecanismo de nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, al establecer que el presidente propondrá una terna a consideración del Senado, para designar al ministro que deba cubrir una vacante, retira al presidente la posibilidad de designar a los ministros y magistrados con el apoyo incondicional del Senado integrado en su totalidad por senadores del partido oficial, toda vez que la reforma presentada por Calles en la XXXII Legislatura estableció un sistema para que el presidente de la república nombrase a los ministros y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que los nombramientos fueran sometidos a la aprobación del Senado.

Es claro, así, que la enorme presencia del presidente de la república por encima de los otros dos Poderes de la Unión se ha acotado seriamente conforme los grupos leales al presidente compiten con verdaderos partidos políticos opositores. Los candidatos de estos últimos pasan a formar los órganos legislativos federales y los poderes estatales y municipales, que responden a las plataformas de sus partidos y no ya al interés del presidente. De tal suerte, tenemos de facto un arreglo constitucional en que hay equilibrios reales entre los Poderes de la Unión y donde la participación de la Suprema Corte como tribunal constitucional dirime las competencias entre los poderes.

El Poder Legislativo modifica las propuestas del Ejecutivo, e incluso le ha denegado permisos para salir del país.

Decía al inicio que la presente iniciativa se inscribe en el ámbito de la significación de las palabras. En ese sentido, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española define supremo como ``sumo, altísimo, que no tiene superior''. Si por las consideraciones anteriores es claro que en México, hoy, la división y el equilibrio de los poderes son una realidad, y que ningún Poder de la Unión es superior a los otros dos, conviene retirar del artículo 80 de la Constitución el adjetivo supremo que antecede a ``Poder Ejecutivo'', para dejarlo exclusivamente en ``Poder Ejecutivo''.

Por los argumentos anteriores, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el artículo 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 80. Se deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará ``Presidente de los Estados Unidos Mexicanos''.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

«59. Que reforma el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para que se establezcan castigos más severos para aquellos que atenten contra las áreas naturales protegidas, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica para la conservación de la biodiversidad son las áreas naturales protegidas, que son porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado y producen beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y valorados.

Áreas con uno o más ecosistemas que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico; por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo o por otras razones análogas de interés general.

Están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, según categorías establecidas en la ley.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra actualmente 161 áreas naturales de carácter federal que representan más de 22 millones 712 mil 284 hectáreas.

Los sitios decretados como áreas naturales protegidas son una parte importante del entorno de todos y cada uno de los habitantes del país; cada una de ellas posee valores escénicos, turísticos, recreativos, científicos y ecológicos, únicos e importantes para el desarrollo integral de nuestra sociedad en un marco de equilibrio con el medio.

Además representan importantes beneficios para las comunidades que se encuentran dentro de su zona de influencia funcionando como reserva de flora y fauna en zonas clave, áreas importantes para el desarrollo de la investigación científica aplicada, recarga de mantos acuíferos, filtro del aire de la ciudad, moderador del clima y fuente importante de ingresos económicos producto del turismo.

Es necesario establecer en la ley de la materia sanciones mas precisas y severas para quienes atenten contra las áreas naturales protegidas y que las presentes y futuras generaciones disfrutemos de un ambiente sano y equilibrado, que eleve el nivel de vida de todos los mexicanos.

Ya que en la actual ley se manejan sanciones intrascendentes en relación con todos los daños ocasionados al ambiente. Por ejemplo, cada año, durante la temporada de lluvias, miles de turistas nacionales y extranjeros contemplan cómo toneladas de basura contaminan uno de los lugares más hermosos y emblemáticos de Chiapas: el Cañón del Sumidero.

Trabajadores de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y de la Secretaría de Turismo de Chiapas extraen diariamente alrededor de 12 toneladas de basura del río Grijalva, que atraviesa el cañón, y aun así no logran limpiar el afluente.

La basura no es el único problema del Cañón del Sumidero, un área natural protegida de 21 mil 789 hectáreas amenazada por distintos fenómenos, pero es sin duda el más evidente.

Y considerando que nadie es castigado por estos hechos es que propongo que las sanciones aumenten; las multas de veinte a veinte mil días de salario mínimo por treinta a treinta mil días de salario mínimo; el arresto administrativo de treinta y seis horas por cuarenta y ocho; en el caso de la reincidencia en lugar de que el monto de la multa sea hasta por dos veces el monto original, que sea por tres veces; y se considerara reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones en un periodo de un año en lugar de dos años.

Por lo anteriormente expuesto, atentamente les solicito aprobar la presente iniciativa para quedar en los términos siguientes:

Decreto

Único. Se reforma el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para quedar como sigue:

Artículo 171. Las violaciones a los preceptos de esta ley, sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen serán sancionadas administrativamente por la secretaría, con una o más de las siguientes sanciones:

Si una vez vencido el plazo concedido por la autoridad para subsanar la o las infracciones que se hubieren cometido, resultare que dicha infracción o infracciones aún subsisten, podrán imponerse multas por cada día que transcurra sin obedecer el mandato, sin que el total de las multas exceda del monto máximo permitido, conforme a la fracción I de este artículo.

En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por tres veces del monto originalmente impuesto, sin exceder del doble del máximo permitido, así como la clausura definitiva.

Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, en un periodo de un año, contado a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada.

Transitorios

Primero. Quedará sin efecto cualquier disposición que se oponga a la presente.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. La reglamentación y normatividad en la materia, deberá adecuarse en un plazo no mayor de 90 días, a partir de su publicación.