SUMARIO
La Presidenta designa la comisión para que acompañe a la ciudadana Rosaura Virginia Denegre-Vaught Ramírez, electa como diputada federal suplente por el XV distrito del Distrito Federal, en el acto de rendir su protesta de ley.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación del punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente en la sesión del día 9 de enero pasado, por el que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores dentro del ámbito de sus competencias a enviar a esta soberanía un informe detallado de los montos recabados en donativos aportados para mitigar los daños ocasionados por las inundaciones en los estados de Tabasco y Chiapas. Se remite al promovente para su conocimiento.
El Congreso del estado de Tamaulipas remite iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un inciso d) a la fracción II del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la libertad de los mexicanos de acceder a la cultura y las artes y la participación del Estado para garantizarlas e impulsarlas dentro del Sistema Educativo Nacional. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se les otorga el uso de la palabra para hablar en relación con la agenda legislativa de la Cámara de Diputados para el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio, a los diputados:
Francisco Elizondo Garrido.
Delio Hernández Valadés.
Mónica Arriola.
Rubén Aguilar Jiménez.
Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero.
César Horacio Duarte Jáquez.
Francisco Javier Calzada Vázquez.
Adrián Fernández Cabrera.
La diputada Mónica Arriola interviene en relación a la conmemoración del 5 de febrero.
Se otorga el uso de la palabra, para continuar hablando sobre la conmemoración del 5 de febrero, fecha de promulgación de la Constitución, a los diputados:
María Mercedez Maciel Ortíz.
Alan Notholt Guerrero.
Elías Cárdenas Márquez.
Luis Enrique Benítez Ojeda.
Octavio Martínez Vargas.
Juan José Rodríguez Prats.
Se refieren al impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el sector agropecuario mexicano, los diputados:
Santiago Gustavo Pedro Cortés.
Manuel Cárdenas Fonseca.
Pablo Leopoldo Arreola Ortega.
Jesús Sesma Suárez.
Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva.
Héctor Padilla Gutiérrez.
Juan Nicasio Guerra Ochoa.
Gerardo Antonio Escaroz Soler.
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta con proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para ausentarse del territorio nacional del 10 al 14 de febrero de 2008, a efecto de realizar una gira de trabajo por las ciudades de Nueva York, Nueva York; Boston, Massachussets; Chicago, Illinois; Sacramento y Los Angeles, California, en Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
La diputada Martha Margarita García Müller presenta iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona los artículos 6, 17 y 19 de la Ley de Vivienda, en materia de accesibilidad y adaptabilidad en el diseño y construcción de vivienda. Se turna a la Comisión de Vivienda.
El diputado Miguel Ángel Arellano Pulido presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 31 Bis y 113 del Código Penal Federal; y los artículos 135, 149, 293 y 365 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con el derecho de las víctimas y/u ofendidos del delito a la reparación del daño por la comisión de un ilícito penal. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia.
Se recibe del diputado Humberto Dávila Esquivel, iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, para sustituir el nombre de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal por el de Secretaría de Energía. Se turna a la Comisión de Energía.
El diputado Antonio Medellín Varela presenta iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona un artículo 5 Bis a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, sobre establecer un porcentaje mínimo que se habrá de devolver a los usuarios de la cantidad total que depositen en las mencionadas terminales electrónicas en que se realicen sorteos de símbolos o números mediante soporte electrónico con números seleccionados de forma aleatoria. Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Turismo.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre las acciones y procedimientos colectivos como medios para la tutela jurisdiccional de los derechos e intereses colectivos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se recibe de la diputada Beatriz Collado Lara, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 7 de la Ley General de Educación, respecto a fomentar y promover los valores cívicos y una cultura política democrática. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
El diputado Alejandro Sánchez Camacho presenta iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona una fracción VII Bis al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para establecer un control de precios en cuanto se registre un incremento del Indice Nacional de Precios al Consumidor en los artículos de consumo y uso popular por arriba del salario mínimo vigente, teniendo como referencia que el incremento sea mayor de dos puntos porcentuales del salario mínimo y que éste se sostenga durante tres meses consecutivos. Se turna a la Comisión de Gobernación.
La diputada Rosa Elva Soriano Sánchez presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el reconocimiento sustantivo de los derechos fundamentales frente a diversas actuaciones de entes privados que pudieran incurrir en su afectación. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La Presidencia rectifica el trámite dado a la iniciativa presentada por el diputado Antonio Medellín Varela. Se turna a la Comisión de Gobernación.
El diputado Miguel Angel Arellano Pulido presenta iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona un artículo 189 Bis y reforma el Capítulo IV del Título Sexto del Código Penal Federal, para fijar las penas a personas que cometan delitos de agresión contra agentes de la autoridad, ataque a elementos de los cuerpos de seguridad pública, procuración de justicia, de los centros de reclusión o del Ejército Mexicano, con la finalidad de evitar su detención o evadirse de la misma. Se turna a la Comisión de Justicia.
La diputada Irene Aragón Castillo presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 64, 84, 134, 136 y 138 de la Ley del Seguro Social, para establecer los 18 años como edad para proteger los derechos de los adolescentes. Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.
Primera lectura del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que reforma la fracción XVI del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo.
Primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda ``A los Constituyentes de 1857''.
Primera lectura del dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que reforma la fracción X del artículo 12 de la Ley de Asistencia Social.
De la próxima sesión.
ASISTENCIA
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputados y diputadas.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 321 diputadas y diputados; por tanto, hay quórum.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (a las 11:19 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria...
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta. Se dispensa la lectura.
«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.
Orden del día
Martes 5 de febrero de 2008.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
Protesta de la diputada Rosaura Virginia Denegre-Vaught Ramírez.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente.
Iniciativa del Congreso de Tamaulipas
Que adiciona un inciso d) a la fracción II del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión)
Posicionamiento relativo a la agenda legislativa de la Cámara de Diputados para el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio, a cargo de los grupos parlamentarios.
Posicionamiento en conmemoración del 5 de febrero, a cargo de los grupos parlamentarios.
Posicionamiento relativo a las repercusiones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el campo mexicano, a cargo de los grupos parlamentarios.
Iniciativas de diputados
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada Martha Margarita García Müller , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Miguel Ángel Arellano Pulido , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de las Leyes del Servicio Público de Energía Eléctrica, y Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, a cargo del diputado Humberto Dávila Esquivel , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)
Que adiciona un artículo 5 Bis a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, a cargo del diputado Antonio Medellín Varela , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que adiciona una fracción VI al artículo 7 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Beatriz Collado Lara , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que adiciona una fracción VII Bis al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 3o., fracción III, numeral 9, de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, a cargo del diputado Íñigo Laviada Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que adiciona un artículo 189 Bis y reforma el Capítulo IV del Título Sexto del Código Penal Federal, a cargo del diputado Miguel Ángel Arellano Pulido , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma el artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Irene Aragón Castillo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Proposiciones
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía realice un llamado enérgico a los actores políticos de nuestro país a dirigirse con respeto a las mujeres que participan en la política, a cargo de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo al proceso electoral en Hidalgo, a cargo del diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la Semarnat cancelen el proyecto de muelle para cruceros en la bahía de Zihuatanejo, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a la SRE y a la Sedesol a implantar un programa de apoyo a la población adulta mayor que vive en Estados Unidos de América, suscrita por los diputados Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez y Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita el Ejecutivo federal que a través de la SHCP presente a esta soberanía un estudio sobre el impacto que tendría en nuestro país una posible recesión económica en Estados Unidos de América, y las medidas que en forma conjunta con el Banco de México se instaurarían para remediar los efectos adversos, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal establezca un plan nacional de contingencia económica, donde incluya un paquete de reformas económicas y fiscales, a cargo del diputado Joaquín Humberto Vela González , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a investigar los delitos de pederastia y pornografía infantil relacionados con el expediente número 2/2006, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de de Nueva Alianza. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat para que en coordinación con las autoridades competentes elabore y publique una norma oficial para regular el control de la proliferación de la maleza acuática en lagos y embalses, a cargo del diputado Gustavo Macías Zambrano , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, relativo a la libertad de expresión y al derecho a la información de comunicadores y ciudadanos mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Comité de Administración de esta soberanía a vigilar en el ámbito de sus competencias las condiciones laborales que las empresas concesionarias de este recinto ofrecen a sus trabajadores, a cargo del diputado Humberto Dávila Esquivel , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la LVI Legislatura y al gobierno del estado de México a investigar respecto a la invasión y proliferación de construcciones en diversas poblaciones comunales o ejidales de la entidad declaradas área natural protegida con la categoría de parque estatal, denominado Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria Río San Lorenzo, a cargo del diputado Salvador Arredondo Ibarra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT garantice el servicio de calidad en los aeropuertos del país, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat verifique el cumplimiento de las disposiciones ambientales en las labores de rescate, así como del eventual traslado, desguace o disposición final del transbordador El Arcángel, a cargo del diputado Cruz Pérez Cuéllar , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal remueva al titular de la Sagarpa, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Salud expida una norma oficial mexicana que establezca los lineamientos a seguir para prevenir, tratar y controlar las enfermedades mentales, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob emita una declaratoria de alerta de violencia de género para la comunidad triqui en el estado de Oaxaca, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Salud refuerce los programas nacionales contra la farmacodependencia y revise los criterios empleados para la distribución y venta de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, a cargo del diputado Jorge Quintero Bello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas derivadas de la visita de 2002, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP investigue a la CFE por la violación del convenio de colaboración para el subsidio de tarifas eléctricas en Mexicali, Baja California, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SFP, a la SRE y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal a informar sobre el cumplimiento de los artículos 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad respecto del nombramiento de Juan Camilo Mouriño Terrazo como titular de la Segob, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua realice las acciones conducentes para equilibrar el acuífero principal de la comarca lagunera, en Coahuila y Durango, a cargo del diputado Jesús Vicente Flores Morfín , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director general del IMSS investigue los posibles actos de discriminación y hostigamiento laboral en el Centro Médico Nacional La Raza, a cargo de la diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Semarnat, a la Profepa, al gobierno de Coahuila y al municipio de Torreón reubiquen a las familias que viven en las colonias aledañas a la compañía Met-Mex Peñoles, ya que se consideran inhabitables por ser zonas de alto riesgo, a cargo del diputado Jesús Vicente Flores Morfín , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a las Comisiones de Justicia, de Seguridad Pública, y de Derechos Humanos, así como a los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión, realicen una defensa integral y pública de las modificaciones que requiere el sistema de seguridad pública y de procuración de justicia, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la SE, a la Secretaría de Salud y a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía para que se expida una norma oficial mexicana que regule la disposición final de pilas y baterías importadas y de las fabricadas en México, a cargo del diputado José Luis Espinosa Piña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a Pemex Petroquímica informen periódicamente a los gobiernos municipales y a la opinión pública de los avances de los programas de reconfiguración de las refinerías del país, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP para que en la ceremonia cívica del 24 de febrero que rinde honores a la Bandera se dé lectura en las escuelas de educación básica a la Arenga a la Bandera, del maestro Andrés Henestrosa, a cargo de la diputada Ma. Nieves Noriega Blanco Vigil, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE a suscribir un convenio que compense las afectaciones que generan las líneas de alta y media tensiones en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca; a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aplicar lo dispuesto en el artículo 61 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 en las comunidades de los municipios de Teapa, Jalapa, Tacotalpa, Nacajuca, Jalpa, Cunduacán, Huimanguillo y Centro, de Tabasco, que resultaron severamente afectadas por las lluvias; a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)
Excitativa
A las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Salud, a solicitud del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Solicitamos a los señores diputados que nos están observando en medio electrónico, si puedan asistir al salón de sesiones porque vamos a tener un evento de toma de protesta y necesitamos que estén aquí en el salón de plenos, por favor.
ACTA DE LA SESION ANTERIOR
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta. Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el viernes primero de febrero de dos mil ocho, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.
Presidencia de la Diputada Ruth Zavaleta Salgado
En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las 11 horas con 43 minutos del viernes 1 de febrero de 2008, con la asistencia de 394 diputadas y diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día.
Puestos todos de pie, la Presidenta declara: De conformidad con lo que establece el artículo 65 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hoy primero de febrero de 2008, se declara formalmente iniciado el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LX de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión''.
La Presidenta informa que la Mesa Directiva, para dar cumplimiento al artículo 11 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, participará por escrito que la Cámara de Diputados ha iniciado formalmente el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo Año de ejercicio de la LX Legislatura.
Se recibe invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, a la ceremonia cívica conmemorativa del 91 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de 1917 y al 151 aniversario de la Constitución Política de 1857. La Presidenta designa la comisión de cortesía que asistirá a dicha ceremonia.
La Junta de Coordinación Política propone la integración de secretarios e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en 75 grupos de amistad de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura. Se aprueban en votación económica. Comuníquese.
El Grupo Parlamentario de Convergencia comunica la incorporación al mismo del diputado Félix Castellanos Cortés. De enterado. Comuníquese.
A las 12 horas, se registra una asistencia de 406 diputadas y diputados.
La Junta de Coordinación Política comunica:
En votación económica, la asamblea aprueba el cambio en la integración de la Mesa Directiva. Comuníquese.
Se recibe de la Cámara de Senadores:
a) Para los efectos del inciso d) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, minutas con proyecto de decreto que:
b) Para los efectos del inciso e) del artículo setenta y dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, minutas con proyecto de decreto que:
c) Minutas con proyecto de decreto que:
La Presidenta da la bienvenida al recinto legislativo al director del Instituto Asturiano de la Juventud, Guillermo Martínez Suárez; al presidente municipal de Netzahualcóyotl, estado de México, Víctor Bautista López y a los invitados especiales del estado de Chihuahua.
La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.
La Presidenta clausura la sesión a las 12 horas con 11 minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el martes 5 de febrero de 2008 a las 11 horas.»
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobada el acta.
DIPUTADA SUPLENTE QUE SE INCORPORA
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se encuentra a las puertas de este recinto la ciudadana Rosaura Virginia Denegre-Vaught Ramírez, diputada federal electa en el distrito 15 delDistrito Federal.
Se designan en comisión para que la acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a las siguientes diputadas y los siguientes diputados: María Gabriela González Martínez , Adrián Fernández Cabrera , Dora Alicia Martínez Valero , Rogelio Carbajal Tejada , Aurora Cervantes Rodríguez , José Manuel del Río Virgen , Jesús Sesma Suárez y Silvano Garay Ulloa .
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Se pide a la comisión cumplir este encargo.
(La comisión cumple su encargo)
Se invita a los presentes a ponerse de pie.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Ciudadana Rosaura Virginia Denegre-Vaught Ramírez, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
La ciudadana Rosaura Virginia Denegre-Vaught Ramírez: Sí, protesto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.
Continuamos la sesión con las comunicaciones de la Secretaría de Gobernación, por favor.
FENOMENOS METEOROLOGICOS
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.
Presidenta de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.
En respuesta al atento oficio número D.G.P.L. 60-II-4-1084, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número OT-065-008, suscrito por Carlos Bandala Serrano, asesor del secretario de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual remite información de los montos recabados en donativos aportados para mitigar los daños ocasionados en los estados de Tabasco y Chiapas.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.
En atención al oficio SEL/300/298/08, de fecha 10 del actual, mediante el cual el licenciado Armando Salinas Torre, en ese entonces Subsecretario de Enlace Legislativo, solicita al doctor AgustínCarstens Carstens información detallada por parte de esta secretaría y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de los montos recabados en donativos aportados para mitigar los daños ocasionados en los estados de Tabasco y de Chiapas, para poder dar respuesta a un punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Mesa Directiva de la del Congreso de la Unión, me permito adjuntar el informe detallado que para el fin ha elaborado la Dirección General de Recursos Financieros.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Doctor Carlos Bandala Serrano, asesor del Secretario del Ramo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.--- Presente.
Me refiero al volante de turno número 238 de fecha 10 de enero del año en curso, mediante el cual la secretaría particular del secretario del Ramo instruye al licenciado Sergio Hidalgo Monroy Portillo, oficial mayor, para dar atención al oficio número SEL/300/298/08, por el que el licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, solicita al doctor Agustín Carstens Carstens, secretario de Hacienda y Crédito Público, que se sirva brindar la información que permita dar respuesta al punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, relativo a
Sobre el particular, me permito adjuntar nota informativa elaborada por esta dirección general respecto a las acciones que se emprendieron y los donativos recaudados a nivel central de esta dependencia, así como los reportados por los organismos y las entidades coordinadas del sector, para brindar apoyo solidario a los damnificados por las contingencias climatológicas que se presentaron en los estados de Tabasco y Chiapas. Ello, a efecto de atender el punto primero del acuerdo referido.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle la seguridad de mi distinguida consideración.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Nota informativa
Con motivo de las contingencias climatológicas que se presentaron hacia finales del mes de octubre y durante noviembre de 2007, principalmente en los Estados de Tabasco y Chiapas y, con el propósito de brindar ayuda solidaria a los damnificados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Oficialía Mayor, instrumentó las siguientes acciones:
ARTICULO 3o. CONSTITUCIONAL
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo.--- H. Congreso del Estado de Tamaulipas.
Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.--- Presente.
Por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva me permito comunicarle que en sesión celebrada en esta fecha el honorable Congreso del estado, determinó aprobar el punto de acuerdo número LIX-267, mediante el cual se propone ante la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un inciso D) a la fracción II del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano.
Al efecto, nos permitimos anexar copia del punto de acuerdo referido, para los efectos dispuestos en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Sin otro particular, nos es grato reiterar las seguridades de nuestra consideración mas distinguida.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Gobierno del Estado de Tamaulipas.--- Poder Legislativo.
La LIX Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en uso de las facultades que le confieren el artículo 58 fracción I de la Constitución Política del estado; y el artículo 119 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado de Tamaulipas, tiene a bien expedir el siguiente:
Punto de Acuerdo número LIX-267
Mediante el cual se propone ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un inciso D) a la fracción II del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Único. La LIX Legislatura Constitucional del honorable Congreso del Estado libre y Soberano de Tamaulipas, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, propone ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto para adicionar un inciso d) a la fracción II del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes:
Consideraciones
Primera. Que las legislaturas de los estados tienen la facultad de iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión, con base en lo dispuesto en el artículo 71 fracción III de la Constitución General de la República.
Segunda. Que en ninguna parte del texto constitucional se establece expresamente la libertad que tienen los mexicanos de acceder a la cultura y las artes, ni la participación del Estado al efecto para garantizarlas e impulsarlas dentro del Sistema Educativo Nacional.
Tercera. Que no obstante de existir criterios que conciben a la cultura y las artes como materias implícitas en el universo de la educación, éstas por su propia naturaleza deben ocupar un lugar propio en el marco constitucional, ya que constituyen un pilar fundamental de nuestro nacionalismo y de nuestra propia identidad.
Cuarta. Que el propósito de la presente acción legislativa es el de alentar y garantizar dentro del marco constitucional el acceso de los mexicanos a la cultura y las artes, y la participación del Estado al efecto para procurar que así sea y darle el impulso debido dentro del sistema educativo nacional.
Quinta. Que es de considerarse que mediante esta adición al texto constitucional se fortalece la vinculación de la sociedad con la cultura en general y particularmente con la propia y con las artes, por lo que se propone el siguiente proyecto de:
Decreto mediante el cual se adiciona un inciso d) a la fracción II del articulo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Articulo Único. Se adiciona un inciso d) 8 a la fracción II del artículo 3.o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 3o. Todo Individuo...
La Educación...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Transitorios
Articulo Primero. El presente punto de acuerdo surtirá efectos a partir de su expedición y se mandará publicar al Periódico Oficial del Estado para su conocimiento general.
Artículo Segundo. El presente punto de acuerdo se remitirá a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con base y para lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
AGENDA LEGISLATIVA
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es el posicionamiento relativo a la agenda legislativa de la Cámara de Diputados para el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio. Se han registrado para referirse al tema las siguientes diputadas y los siguientes diputados.
Voy a mencionar a los diputados y voy a dar la palabra conforme estén en el pleno. Se han inscrito para este tema el diputado Delio Hernández Valadés , el diputado Rubén Aguilar Jiménez , el diputado Francisco Elizondo Garrido , la diputada Patricia Castillo Romero y el diputado Adrián Fernández Cabrera . De las otras tres fracciones parlamentarias no tenemos los nombres, si nos los hacen llegar, por favor.
Vamos a dar inicio con la participación del diputado Francisco Elizondo Garrido , quien está en este momento en el pleno. Por favor.
El diputado Francisco Elizondo Garrido : Con el permiso de la Presidencia.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Adelante, diputado.
El diputado Francisco Elizondo Garrido : Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Méxicoen esta LX Legislatura ha demostrado, a base de su trabajo y resultados, estar comprometido con el bienestar de la sociedad y el futuro de nuestro país.Nuestra agenda legislativa es resultado de un proceso amplio de ideas y compromiso con el objetivo de instrumentar una planeación legislativa, cuyo contenido esté determinado de manera práctica, congruente y viable y que no resulten falsas promesas ni yerros legislativos.
Por ello, en los distintos periodos ordinarios de sesiones se han propuesto una serie de reformas a diversos ordenamientos para buscar la protección del medio ambiente, a fin de sentar las bases para un desarrollo sustentable, así como de instrumentos que protegen a los ciudadanos en sus más básicos derechos: la salud, educación, seguridad personal, seguridad social, entre otros.
Hoy, hoy comenzamos el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de esta LX Legislatura. Es decir, falta año y medio para que sigamos trabajando todos en pro de nuestro país.
En el Partido Verde Ecologista de México siempre ha permeado la voluntad para construir acuerdos y lograr los avances que todas y todos necesitamos para nuestro desa-rrollo. Ejemplo de ello es la participación activa de nuestros legisladores en las mesas de diálogo y debate de los temas de gran trascendencia en la vida nacional.
La reforma fiscal y la reforma del Estado son dos temas en que hemos participado abierta y transparentemente de cara a la sociedad. Es necesario, sin embargo, que sigamos construyendo los puentes para continuar en la refundación de las bases del Estado mexicano.
Así, consideramos necesario continuar nuestro trabajo en temas como los derechos a la salud, en especial la difusión y consumo de productos, la protección al ambiente evitando el mal manejo de residuos peligrosos, la regulación de las playas, zonas federales, marítimas, terrestres; también consideramos necesario el impulsar los efectos jurídicos de las manifestaciones de impacto ambiental como mecanismos de control del Estado.
Por ello es necesario establecer lineamientos generales para la conservación protección, restauración, producción, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas en el estado, mediante una política ambiental que promueva la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y la concertación entre los sectores social y privado.
En esta línea de ideas consideramos necesario que la Cámara de Diputados cuente entre sus servicios administrativos, con el sistema de calidad ambiental a fin de diseñar los procedimientos administrativos necesarios para aplicar las políticas y la gestión ambiental, integral y concretar acciones a favor del medio ambiente.
Asimismo, impulsar la agenda y las políticas en materia de adaptación y mitigación ante los efectos adversos del cambio climático.
En materia industrial y económica, promover la producción y comercialización de biocombustibles de segunda generación, maximizar la eficiencia de los sectores pesqueros y acuícolas nacionales.
Por lo que hace a la protección de derechos laborales, se pretende garantizar el pago efectivo de la participación en las utilidades de las empresas a los trabajadores.
Por otra parte, y reconociendo la necesidad de regular el uso racional del agua, se busca hacer eficiente su explotación para consumo humano.
En el marco del nuevo federalismo y la relación municipal, se pretende establecer un mecanismo más eficiente a fin de que puedan actuar dentro de un marco de respeto de los poderes en sus tres niveles de gobierno.
En el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, se busca establecer medidas de planeación que permitan dar seguridad a la población en caso de emergencia como los ocasionados por desastres naturales.
Otros de los grandes pendientes nacionales esta en concretar la reforma del Estado y la energética, la modificación del modelo educativo que incluya una educación ambiental, entre otros.
Nuestra agenda legislativa, en materia ambiental, incluye también la defensa de las normas ya aprobadas por esta Cámara de Diputados, en lo que respecta la conservación de los ecosistemas del manglar, reiterando nuestra oposición frente a cualquier intento por modificar la ley vigente.
Por ello, reiteramos nuestro compromiso como grupo parlamentario con las necesidades primordiales de la población para un desarrollo más justo y humano. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Francisco Elizondo Garrido. Tiene el uso de la palabra el diputado Delio Hernández Valadés.
El diputado Delio Hernández Valadés : Con el permiso de la diputada Presidenta. Con la apertura de este periodo de sesiones, la LX Legislatura da comienzo a la segunda mitad de su gestión.El balance del primer tramo de su recorrido queda enmarcado por los claroscuros de reformas trascendentales por su contenido y su amplio consenso, como las reformas constitucionales en materia de transparencia y electoral, y por aquellas modificaciones cuestionables a diversas leyes, dados sus alcances y deficiencias, sobre todo por el ánimo de exclusión que se hizo patente en su elaboración.
Debemos preguntarnos con toda honestidad: ¿qué gana el país si continuamos con el derrotero de la marginación, incluso, qué gana esta Cámara de Diputados con tal insistencia en la exclusión? Más allá de evidenciar el conflicto y la divergencia, sólo mostramos una incongruencia con la propaganda de la propia Cámara en los medios de comunicación, que reitera una y otra vez nuestra capacidad para generar acuerdos. ¿Cómo vamos a fortalecer nuestra credibilidad entre los ciudadanos si nuestros actos no corresponden con nuestro discurso?
El inicio de este periodo de sesiones, a la mitad de nuestra trayectoria en esta legislatura, es una oportunidad para rescatar aquellos aspectos positivos de nuestro trabajo y eliminar aquellas prácticas que sólo nos conducen a la disputa superficial.
Porque también debemos decirlo: ni siquiera podemos afirmar que toda la divergencia mostrada derive de nuestras distintas visiones de México, porque si algo debemos reconocer es que las buenas propuestas no tienen tintes partidistas, así como la técnica y el conocimiento no se supeditan a la ideología. Precisamente el diálogo y el debate racional nos permiten encontrar los puntos de coincidencias y divergencias. Pero éstas no saldrán a relucir si no encuentran un espacio de discusión; rasgo esencial de un órgano deliberativo como esta Cámara de Diputados.
Es en este marco que el Grupo Parlamentario de Alternativa presenta ante esta soberanía su agenda legislativa, con la confianza y la apuesta de que, más allá de nuestros diferentes puntos de vista, nuestros planteamientos son correctos. Pero sobre todo, responden a diferentes capas y sectores sociales que reclaman de nosotros, sus representantes populares, atención a sus demandas y necesidades, que como las de cualquier ciudadano, vote por quien vote, exige nuestra atención.
De esta agenda, una de sus primeras tareas es la conclusión de los trabajos derivados de la Ley para la Reforma del Estado. Es obligado redoblar los esfuerzos para rendir aceptables cuentas en los temas aún faltantes.
En primer término, formularemos las propuestas para ajustar las leyes faltantes en materia electoral a la reforma constitucional, particularmente las relativas a las instancias jurisdiccionales.
En materia de régimen de Estado, justicia y federalismo propondremos diversas iniciativas para fortalecer la división de poderes, así como de los diferentes niveles de gobierno, particularmente el municipal, permitiendo una participación más activa y vigilante de los ciudadanos sobre sus autoridades más cercanas.
Se trata de hacer más efectivo y eficiente el ejercicio del poder público, eliminando aquellos espacios que permitan la discrecionalidad y la arbitrariedad de las autoridades. Asimismo, habremos de presentar diversas iniciativas para atender los altos niveles de inseguridad y las omisiones en las leyes correspondientes en materia de negligencia e irresponsabilidad que afecten el bienestar, los bienes y la salud de los individuos.
Sin embargo, ningún tema resulta tan importante como el relativo a las garantías sociales, no sólo como compromiso de la Ley para la Reforma del Estado, sino como compromiso siempre pendiente con los millones de mexicanos que viven en situación de pobreza y que sufren todo tipo de vejaciones y marginalidad.
Por lo anterior, formularemos un conjunto de propuestas que hagan realmente efectivo el principio de igualdad ante la ley, lo cual implica modificar aquellas leyes que propician la desigualdad y la discriminación, así como universalizar los derechos y beneficios sociales ante personas en igualdad de condiciones, con independencia de su condición social, religiosa, étnica, de género o preferencia sexual.
Al mismo tiempo, presentaremos iniciativas para lograr una efectiva y responsable actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De igual forma innovaremos en aquellos temas que por prejuicio, desconocimiento o simple descuido no han sido considerados en la agenda legislativa del país.
Dentro de esos temas, uno de los más relevantes será el de la regulación en el uso del Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo (Conavit) para fines médicos y terapéuticos.
Paralelamente, desarrollaremos propuestas para un alto desarrollo de los programas de desintoxicación de las personas adictas, así como el desarrollo de actividades de combate al narcotráfico, garantizando el pleno respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos.
En materia de equidad de género insistiremos en aquellas fórmulas que no sólo formulen de manera retórica la igualdad entre hombres y mujeres, sino que garanticen, de manera específica y concreta, tal igualdad en todas las ramas de la actividad de la población y muy particularmente en el acceso a los cargos públicos.
Uno de los problemas que enfrentamos en el presente es la conflictiva relación entre los temas ambientales y de desarrollo económico. Para el Grupo Parlamentario Alternativa tales temas no tienen por qué presentarse como antípodas en el debate, sino que exigen creatividad e inteligencia para que puedan coexistir en un círculo virtuoso de sustentabilidad.
Asimismo, presentaremos iniciativas que garanticen el derecho a la intimidad de todas las personas y buscaremos reformas en materia penal para castigar la negligencia en caso de muerte cerebral.
En suma, y como desde el primer día que asumimos nuestro encargo legislativo, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata estamos abiertos a la discusión y ofrecemos nuestro mejor esfuerzo y capacidad para atender los problemas que aquejan a nuestro país.
Desde esta tribuna requerimos lo mismo de las demás fuerzas políticas representadas en el Congreso. Un trato digno y entre pares es lo mínimo que nos debemos entre legisladores, para bien de la nación. Muchas gracias.
Presidencia del diputado Cristián Castaño Contreras
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputado Delio Hernández Valadés. Se concede ahora el uso de la palabra a la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada Mónica Arriola : Con su permiso, diputado Presidente.Señoras y señores legisladores. La agenda legislativa de Nueva Alianza tiene como objetivos, entre otros, contribuir al fortalecimiento institucional de la Cámara de Diputados, mediante el debate responsable y el impulso de las reformas que contribuyan a elevar la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos.
En el marco de la educación, desde el inicio de esta LX Legislatura Nueva Alianza ha impulsado iniciativas, puntos de acuerdo, exhortos y consensos para hacer realidad una reforma integral desde el nivel básico hasta el superior.
La reforma integral que proponemos tiene como finalidad transformar nuestro sistema educativo en términos estructurales, curriculares, académicos y culturales. Una reforma de esta magnitud debe convocar y contemplar una estrecha colaboración y compromiso con los agentes que participan en el proceso: maestros, administradores, madres y padres de familia y las y los alumnos.
Como acciones inmediatas, los legisladores de Nueva Alianza impulsaremos la creación del sistema de indicadores de evaluación de la gestión educativa y al sistema educativo en su conjunto, garantizando con ello información pública y periódica sobre la situación en que se encuentra cada entidad federativa.
De igual forma promoveremos la generación de un sistema nacional de información educativa, con la participación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que permita contar con datos confiables para el diseño y ejecución de políticas públicas en materia educativa.
Nuestra política social contemplará dos vertientes fundamentales:
1. La formulación e implementación de bases legislativas para las políticas en educación, salud, seguridad social y vivienda, con cobertura universal.
2. Las bases para la implementación de programas orientados a compensar la desigualdad, atención a la población vulnerable y combate a la pobreza a través de infraestructura básica, creación de empleo, fortalecimiento y modernización del campo, la defensa de nuestra población migrante y el mejoramiento del capital humano mediante educación, salud y alimentación.
El rubro de la promoción y protección de los derechos de las niñas y los niños constituye para los diputados del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, un desafío y una prioridad.
Promoveremos acciones legislativas para hacer efectivos los compromisos ratificados por el Estado mexicano, adecuando la legislación federal en la materia en aras de garantizar la salvaguarda de la dignidad humana y erradicar cualquier forma de abuso, abandono y explotación de los menores.
Impulsaremos una reforma constitucional para la creación de la figura del ombudsman de los niños, de conformidad con diversos instrumentos jurídicos internacionales que México ha ratificado en la materia.
Para Nueva Alianza es prioritario también promover acciones y políticas que combatan la discriminación que sufren las mujeres mexicanas y les procuren una vida libre de violencia.
En el ámbito laboral apoyaremos la equidad y exigiremos la no discriminación por género en los centros de trabajo, el derecho al mismo salario por trabajo igual, la eliminación del examen de ingravidez y acciones contra el despido del empleo por embarazo, discapacidad y edad, e impulsaremos iniciativas que eliminen el uso del lenguaje sexista en leyes y en medios de comunicación.
En tema de salud, obligar a ampliar y elevar la calidad de sus servicios. Las mejoras en la salud deben traducirse en una mayor esperanza y calidad de vida para todos, en especial la salud de las mujeres mexicanas representa un verdadero reto para el México de hoy.
En el combate a la obesidad infantil, hoy México tiene 4 millones de niños en edad escolar con problemas de este tipo, situación que involucra tanto a la familia y a medios de comunicación, por lo que promoveremos iniciativas que reformen disposiciones en dicha materia.
Buscaremos consensos que permitan a México invertir en el desarrollo de infraestructura productiva que nos hagan competitivos.
Por lo que respecta al tema de seguridad pública y justicia penal, Nueva Alianza promoverá iniciativas que den certidumbre a la coordinación entre los órganos de seguridad pública en los tres niveles de gobierno.
En el marco de la reforma al sistema de justicia promoveremos iniciativas que fortalezcan a nuestro sistema judicial, teniendo como mira que la justicia sea pronta y expedita. Impulsaremos la construcción de un pacto social en la prevención del delito, teniendo como actores centrales a padres de familia, maestros, medios de comunicación, iniciativa privada y sociedad en general.
En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza apoyaremos la propuesta de iniciar el debate sobre la reforma laboral, convencidos de que la legislación de la materia debe estar acorde con los cambios y transformaciones por los que transita el país. Y de esta forma, siempre garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores.
En la esfera constitucional, Nueva Alianza promoverá reformas en este ámbito y en el legal, a fin de lograr una eficaz distribución de competencias que redefinan los tres órdenes de gobierno desde la perspectiva de la recaudación fiscal, el ejercicio del gasto público, la transparencia, el manejo de los recursos y los mecanismos de fiscalización e imputación de responsabilidades de los servidores públicos.
En materia de medio ambiente y recursos naturales, el compromiso del grupo parlamentario con la preservación del medio ambiente y nuestros recursos naturales, nos obliga a impulsar las reformas a la Ley de Aguas Nacionales para que los tres órdenes de gobierno y la ciudad mexicana sean corresponsables en el control de extracción, así como la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales del subsuelo y las superficiales, a través de un manejo que garantice la sustentabilidad hidrológica, preservando los ecosistemas vitales en acuíferos, cuencas y regiones hidrológicas.
Finalmente, como parte de nuestra agenda ambiental, modificaremos ordenamientos con el objetivo de sentar las bases de políticas públicas que garanticen el mejoramiento de nuestro entorno y una de ellas es, sin duda, la educación ambiental. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputada Mónica Arriola. Se concede ahora el uso de la palabra al diputado Rubén Aguilar Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
El diputado Rubén Aguilar Jiménez : Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Partido del Trabajotiene como primer evento la huelga legislativa para evitar acuerdos que autoricen la venta de Pemex.Estamos iniciando los trabajos del segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LX Legislatura. Tenemos la responsabilidad de seguir aprobando leyes que vayan en beneficio de los mexicanos que depositaron su confianza en los legisladores que representan sus intereses.
Por esa razón, los legisladores del Partido del Trabajo honraremos esa confianza promoviendo mejores leyes para el pueblo. Estamos convencidos de que es necesario transformar al país y llevarlo hacia un nuevo rumbo que brinde bienestar y mejores condiciones de vida para todos.
Es preciso también seguir renovando y perfeccionando las instituciones públicas, para lo cual es una exigencia de los mexicanos que la reforma de Estado sea concluida, que además refleje, efectivamente, se mejore el funcionamiento de las instituciones públicas y que no van en sentido regresivo. Acabar con el régimen autoritario a introducir elementos de poder popular al poder público. Debe haber cambio de régimen político.
Tenemos claro que apenas estamos comenzando a construir instituciones democráticas, porque nuestra propia historia ha mostrado que quienes se han beneficiado de la democracia representativa ni siquiera han respetado los estrechos márgenes de libertad que brinda, toda vez que para conservar el poder han recurrido a fraudes sistemáticos.
Creemos que ha llegado la hora en que el pueblo de México debe rebasar el marco representativo de nuestra democracia y conjugarlo con la democracia directa y representativa, tal como se hace en la mayoría de las democracias del mundo.
Nosotros no tenemos porqué seguir rezagados en esta materia y, además, es una exigencia del pueblo de México que todo lo anterior se vuelva una realidad. Es momento de incorporar a nuestro marco constitucional las figuras de democracia participativa como son el plebiscito, el referéndum, la afirmativa ficta, la iniciativa popular y la revocación de mandato.
El país reclama cambios y se viven momentos cruciales para la república. El campo mexicano está en una difícil encrucijada y esta soberanía debe ser sensible a ello y coadyuvar para que salga adelante. Éste será uno de los temas centrales que abordaremos como fracción parlamentaria en este periodo ordinario.
Asimismo, estaremos alertas y promoveremos que el congreso de la Unión y la administración federal trabajen a favor de mejorar las condiciones de vida de los hombres del campo y de los desposeídos de nuestro país.
En este contexto, la renegociación del capítulo agropecuario del TLC es un tema prioritario y estratégico de este periodo de sesiones. En tanto, de todas formas, la nación mexicana debe defender su campo y a sus trabajadores.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo ha incluido como parte de su agenda legislativa la propuesta de que los campesinos mexicanos cuenten con programas de financiamiento o subsidios a sus actividades productivas, para garantizar la soberanía alimentaria y para enfrentar la coyuntura económica de desaceleración mundial.
Propondremos a la Cámara de Diputados facultades para legislar en materia de reglas de operación de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación en conjunción con el Ejecutivo federal, con el objeto de que los recursos lleguen de manera oportuna y en su totalidad a los beneficiarios y para que se acaben las cancelaciones que el Ejecutivo suele hacer de los planes y acuerdos de este Congreso.
Nuestra primera acción como legisladores será proponer que en las actuales condiciones por las que atraviesa el ciclo económico mundial, que el Ejecutivo federal presente de manera inmediata el plan de acción indispensable para atenuar las consecuencias sobre México, de la desaceleración económica en el mundo.
Entre otras medidas, debe considerarse un paquete de reformas que consideren la reducción y la eliminación de impuestos, la reducción de las tasas de interés, el aumento del gasto en infraestructura en comunicaciones y transportes, la reducción de las tarifas de luz, los precios del gas, del diesel y de las gasolinas, así como mayor inversión en la construcción de vivienda popular, por ser un sector en el que tenemos déficit de vivienda y por lo tanto, no sería inflacionario.
Compañeras y compañeros diputados. En el Partido del Trabajo y su Grupo Parlamentario no permitiremos que se agravie al pueblo mexicano privatizando los recursos de la nación y mucho menos que sean transferidos a manos de extranjeros.
Para nosotros está claro que el Estado mexicano está promoviendo una corriente de opinión contraria a los intereses del pueblo al plantear que Pemex, la CFE y Luz y Fuerza del Centro requieren capital privado para seguir operando. Pretextos para obtener objetivos negativos para los mexicanos.
Este hecho es totalmente falso porque gracias a los cuantiosos recursos que estas empresas pagan como impuestos y contribuciones, así como los enormes excedentes petroleros, los grandes capitalistas de este país no pagan los impuestos que debieran pagar. Por tanto, la viabilidad de estas empresas mexicanas depende de que se lleve a cabo una aplicación puntual de los impuestos que se pagan y deben pagar para que no se usen en el gasto corriente y sí sirvan para financiar los proyectos que demanda el sector energético.
Tampoco permitiremos que se quieran conculcar las conquistas laborales que los trabajadores mexicanos han logrado, incluso a costa de su propia sangre, en la historia pasada y reciente de nuestro país, porque la reforma laboral que propone el gobierno incluye la cancelación del contrato colectivo, la cancelación de la jornada de trabajo para la imposición de pago a destajo, así como la anulación de la libre sindicalización, para llevarlos a un esquema de sindicatos patronales. Es cuanto, muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputado Rubén Aguilar Jiménez. Se concede ahora el uso de la palabra a la diputada Patricia Castillo Romero, del Grupo Parlamentario de Convergencia, hasta por cinco minutos.
La diputada Patricia Obdulia de Jesús Castillo Romero : Gracias, señor Presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el 2008 empieza con grandes pendientes para la Cámara de Diputados: la elección de los consejeros del IFE, la aprobación de la reforma judicial y el fin de la Ley para la Reforma del Estado.El primer caso es, sin duda, grave, porque ejemplifica la prepotencia de las fuerzas políticas mayoritarias que no sólo nos obligaron a violar la Constitución en diciembre, sino que además continúan en su negociación de cuotas para repartirse el IFE. Seguramente por eso no hay muchos diputados en esta sesión de hoy.
Convergencia ha ofrecido una solución que permita recuperar algo del decoro perdido: elijamos por insaculación al consejero presidente y a los dos consejeros más.
Demos imparcialidad y ciudadanicemos el proceso. Regresemos al IFE su autoridad moral y la confianza de la ciudadanía y, por qué no, escojamos a los tres consejeros que por mandato de ley habrán de asumir sus cargos en agosto. ¿O acaso queremos volver a tener este estancamiento a fines de abril o resolverlo en un periodo extraordinario? Es la usanza, parece ser.
Con ánimo constructivo la fracción de Convergencia está dispuesta a aprobar cuanto antes las reformas al sistema de justicia. Qué bueno que la colegisladora corrigió lo que era inaceptable para nosotros y para el pueblo: dotar a la policía con una patente de corso para violar las garantías individuales que tutela la Constitución.
Sin embargo, como grupo seguiremos insistiendo en la necesidad de ampliar esa reforma para darle autonomía a la Procuraduría General de la República y para quitar al Ministerio Público el monopolio de la acción penal, porque queremos que el ciudadano tenga formas más eficientes de procuración de justicia.
Al concluir este periodo ordinario termina también la vigencia de la Ley para la Reforma del Estado. Tenemos que aceptar, a tres meses de que finalice la vigencia de la ley, que los resultados no son los esperados al privilegiar el aspecto político que pervirtió el espíritu pluralista con el que nació la ley.
La CENCA se convirtió en una coartada para los acuerdos de sólo tres partidos. Y qué cara ha salido esa negociación y esa ley al pueblo de México.
A nosotros nos interesa más el tema de garantías sociales. Creemos firmemente que la dimensión social de la reforma es un mayor beneficio para la ciudadanía que los arreglos entre los políticos. Necesitamos un Estado democrático, social y de derecho, capaz de generar un proyecto de nación que dé esperanza a los millones de pobres, que genere empleos bien remunerados, propicie el desarrollo, reduzca las desigualdades sociales, fomente la empresa socialmente responsable y vincule conocimiento al desarrollo económico.
Impulsaremos iniciativas en apoyo de grupos vulnerables y trabajaremos con la armonización del marco jurídico interno, con los instrumentos internacionales ratificados por México en materia de derechos humanos.
Para nosotros serán muy importantes las iniciativas que se puedan impulsar para combatir y erradicar cualquier tipo de discriminación. En sentido paralelo también fortaleceremos diversas normas para ofrecer igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, promoviendo políticas públicas integrales con enfoque de género. Es preciso garantizar los derechos humanos de toda persona que se encuentre en territorio nacional, incluyendo los extranjeros sin documentos migratorios.
Se habla ya de la intención del Ejecutivo de emprender una reforma al sector de energía. Desde aquí le decimos: Convergencia se opondrá a cualquier intento de suprimir la propiedad pública en las empresas del sector, pero apoyaremos todas las medidas que permitan su modernización y garanticen su viabilidad futura. El petróleo y su industria son bienes públicos y propiedad de la nación.
Como un partido que está a favor de los acuerdos y que es respetuoso de la pluralidad en el Congreso, mantendremos contacto con todas las fuerzas políticas presentes en la Cámara. Los consensos son deseables para nosotros, pero no a costa de los principios que defendemos. Convergencia reitera al inicio de este nuevo periodo ordinario, su compromiso con la sociedad para dar un nuevo rumbo a la nación. Esperemos que así sea. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputada Patricia Castillo Romero. Se le concede el uso de la palabra al diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
El diputado César Horacio Duarte Jáquez : Gracias, Presidente.Para el Partido Revolucionario Institucional el inicio de ese periodo de sesiones, último sin la sombra del proceso electoral 2009, es trascendental. Es trascendental porque iniciaremos por desahogar la institución más importante como eje rector de los procesos electorales del país. Desahogar la responsabilidad en los tres consejeros, al sancionarlos junto con el consejero presidente, resuelve y le da una dinámica a esa institución que debemos seguir fortaleciendo. Ese compromiso ha quedado saldado al resolverlo esta semana y sin duda será de los puntos más trascendentales de este periodo.
Otro tema que preocupa y nos ha ocupado en el Poder Legislativo ante la serie de inconformidades que han salido a las calles del país por el tema de la aplicación del presupuesto 2008, con reglas de operación en el tema del campo. Hemos sido enérgicos porque fuimos a una reforma fiscal para que el país y el campo tuvieran mayores recursos.
Fuimos atendiendo y condensando acuerdos que pudieran compactar los programas y la aplicación más eficiente de los recursos en el campo de México. Pero nos sentimos utilizados, porque de manera unilateral la Sagarpa ha pretendido establecer reglas del juego, excluyendo naturalmente a quienes construimos acuerdos. Hoy se justifica que esos acuerdos se dan con organizaciones que no existen. Y que les quede muy claro, tampoco tienen un solo diputado.
Así es que esa dinámica que ha llevado a un falso debate y a una confrontación permanente, debemos resolverlo por el bien del país, porque no puede esta Cámara seguir limitándose en sus facultades constitucionales en el tema del gasto, en el tema del Presupuesto, a que finalmente el Ejecutivo ---de manera discrecional--- atienda o aplique los recursos en donde convenga.
Debemos madurar en el ejercicio y en la relación. Hacemos un llamado al Ejecutivo, para que esa relación verdaderamente se constituya en dos poderes que deben mantener un vínculo institucional y hacer políticas públicas en bien del país.
Habremos, y es un acuerdo muy claro del grupo parlamentario, ser exigentes y estrictos en la aplicación de las facultades constitucionales que los legisladores tenemos, que los diputados federales tenemos, para la aplicación del gasto.
En el tema del Presupuesto el seguimiento de éste es fundamental, porque los problemas que se han degenerado en seguridad pública son problemas que viene naturalmente de un conflicto económico-social que ha expulsado a los habitantes del campo, que ha expulsado a los habitantes de las zonas pobres de las ciudades del país, a que sean los elementos y los soldados del crimen organizado.
Es un tema que tenemos que resolver de fondo, y no con armas y tanquetas. Sofocar la degeneración del problema social de la seguridad pública es un tema que debe llevarnos con una gran responsabilidad y dejar a un lado el debate falso y, sobre todo, la descalificación de las instituciones.
Mi partido, el partido histórico, hoy 5 de febrero reconoce, en el marco constitucional, el espléndido eje para que los poderes, como el nuestro, tengan la participación responsable que el pueblo de México nos exige.
Es por eso que en el tema de la reforma energética estamos esperando la iniciativa del presidente o de su partido. Desde aquí lo sostenemos y, que quede claro, en ningún momento permitiremos dejar a un lado la rectoría del Estado en el tema energético.
Estamos conscientes de las dificultades económicas de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, pero también tenemos, sin duda, las mejores herramientas para poder hacer de estas empresas, como lo han sido, los motores económicos del país.
Así, pues, entramos con una actitud constructiva, positiva, abierta y de la enorme responsabilidad que mi partido, el partido histórico, le ha abonado a la tranquilidad, a la gobernabilidad y al desarrollo del país. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputado César Duarte Jáquez. Se concede ahora el uso de la palabra al diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.
El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez : Diputadas y diputados, el objetivo fundamental del Grupo Parlamentario del PRD es un México más justo y democrático.Un México que signifique una patria para todos. Un país donde todas las mujeres y los hombres tengan condiciones dignas de vida, que hagan realidad los derechos consagrados en la Constitución y que le den vigencia a los derechos sociales. Abatir desigualdades y defender el patrimonio de los mexicanos será nuestra prioridad.
La agenda parlamentaria que presentamos hoy, sintetiza las propuestas formuladas en la plataforma de la Coalición por el Bien de Todos, del Frente Amplio Progresista y de la Convención Nacional Democrática.
Recoge, en suma, los compromisos adquiridos por nuestras legisladoras y legisladores con la sociedad y con un amplio movimiento popular que respalda su lucha por democratizar al país y erradicar la iniquidad y las desigualdades ancestrales.
Hoy, que en el mundo se muestran los avances de gobierno con una visión social, al mismo tiempo, el neoliberalismo entra en una de sus más claras contradicciones, cuando en Estados Unidos, su principal promotor, se aplica un programa de fomento al consumo interno que, de aplicarse en México, ellos mismos llamarían ``populismo''.
Entregamos un documento amplio que aborda de manera detallada una visión de país sin discriminación y sin pobreza. Pero de manera sobresaliente abordamos lo siguiente en la agenda social.
En el marco de la reforma del Estado, avanzar en los temas relacionados con las garantías sociales como: elevar a rango constitucional los derechos humanos y el derecho a la alimentación, aprobar la pensión universal ciudadana.
En el ámbito laboral fomentaremos una reforma que impulse la competitividad para fortalecer a las empresas mexicanas, generar los empleos que tanto se requieren, sobre todo aquellos que proporcionan un ingreso razonable para una vida digna de los trabajadores.
Pero nos opondremos a cualquier intento de reforma a la legislación laboral que implique un retroceso para los trabajadores y atente contra sus derechos, como la estabilidad en el empleo, la organización sindical, la contratación colectiva, la seguridad social y el derecho a huelga.
En materia educativa impulsaremos una reforma para abatir los rezagos del sector en materia de cobertura, eficiencia terminal, calidad y presupuestación que fortalezca además su carácter público y gratuito en todos los niveles. Defenderemos un mejor trato para las universidades públicas y las normales rurales y, en general para todas las instituciones públicas, sobre todo en nivel medio superior y superior.
Necesitamos más oportunidades para muchos jóvenes a los que año con año el país les cierra la puerta al negarles un espacio para estudiar una profesión.
En la agenda económica, en el sector energético nos opondremos decididamente a que se privaticen nuestros recursos naturales, y a que el dominio de la energía eléctrica y el petróleo pase a particulares bajo cualquier modalidad, pues con un cambio de nombre no permitiremos que el patrimonio del país cambie de manos.
Defenderemos la soberanía nacional y las actividades estratégicas de la economía a cargo del Estado, desarrolladas a través de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
No permitiremos, bajo ninguna circunstancia, que se siga aplicando el dogma neoliberal de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.
Defenderemos y daremos seguimiento a la acción de inconstitucionalidad presentada por diputados de diversos grupos parlamentarios contra el gasolinazo.
Buscaremos que en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte nuestros campesinos tengan mejores condiciones que les permitan competir con nuestros socios comerciales.
Queremos campesinos prósperos. Nuestros campesinos son reconocidos por su entrega al trabajo y si no están como debieran se debe fundamentalmente a las erráticas políticas del gobierno federal.
Impulsaremos una reforma migratoria. Lograr, a través de la creación de una comisión bicameral, cabildear con los candidatos norteamericanos para una posible reforma migratoria integral que beneficie a los trabajadores migrantes mexicanos que residen en Estados Unidos.
En materia de derechos humanos pugnaremos porque la reforma constitucional en materia de derechos humanos, así como una ley de amnistía se aprueben antes que la reforma sobre justicia penal en discusión.
En otros temas relevantes promoveremos la reforma constitucional sobre libertad de expresión y medios de comunicación ya presentada por el PRD. En consecuencia, propondremos reformar la Ley Federal de Radio y Televisión para crear un nuevo pacto entre el Estado, los medios y la sociedad en materia de comunicación.
Queremos también recuperar la paz y la seguridad, no permitiremos que el Estado mexicano se vea desafiado, amenazado y, mucho menos, rebasado por el crimen organizado.
En materia de fiscalización superior propondremos los cambios necesarios en la legislación, derivados de la reforma constitucional, para que permitan consolidar el proceso de revisión de la cuenta pública.
Y por último, en la elección de los nuevos consejeros electorales, nuestro grupo parlamentario insistirá en que el perfil del nuevo consejero presidente del IFE, así como de los consejeros electorales que deberá elegir la Cámara de Diputados responda a las necesidades de independencia, profesionalismo, imparcialidad y experiencia por encima de los intereses partidistas. Muchas gracias, diputado Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputado Francisco Javier Calzada Vázquez. Se concede el uso de la palabra, al diputado Adrián Fernández Cabrera, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
El diputado Adrián Fernández Cabrera : Con el permiso de la Presidencia.Señoras diputadas y señores diputados, Acción Nacional presenta los temas prioritarios que conforman la agenda legislativa que guiará nuestro trabajo durante los próximos meses.
En primer lugar, manifiesto a ustedes nuestra preocupación por la situación de las empresas públicas encargadas de generar y dotar de energía nuestro país, así como la situación de los recursos, reservas y suministros energéticos.
Acción Nacional asume el compromiso de realizar un diagnóstico amplio y exhaustivo en materia energética para, en su caso, integrar una iniciativa que contemple la sustentabilidad de los recursos, pensando en el corto, mediano y largo plazo.
Cabe señalar, como lo hemos dicho, que nuestra propuesta por ningún motivo será la de privatizar las empresas del Estado, por ningún motivo las venderemos a inversionistas extranjeros y por ningún motivo o razón será una propuesta que vulnere la soberanía nacional.
En materia de democracia y fortalecimiento institucional seguiremos puntualmente con el proceso de reforma de las 16 leyes secundarias, pendientes para complementar la reforma constitucional en materia electoral aprobada por el Congreso el año pasado.
Como protagonista de la transición democrática de México, Acción Nacional buscará que las reglas del juego electoral dejen satisfechos a todos, que se apliquen a la vista de todos para que en el 2009 se realice un proceso electoral cuyos resultados sean aceptados por todos.
A fin de consolidar las instituciones del Estado, el Grupo Parlamentario del PAN considera necesario empezar por casa; por ello, queremos impulsar la modernización del marco jurídico del Congreso, a fin de que el trabajo legislativo rinda mejores frutos; esto es lo que espera la sociedad de nosotros y debemos ser ejemplo que acompañe a las grandes transformaciones de nuestro país.
En este sentido, nuestro deber es modificar ya el obsoleto e insostenible formato del informe presidencial. Ya basta de que el 1 de septiembre sea causa de desencuentros, conflictos entre partidos y cerco policial al Palacio Legislativo. Legislaremos para encontrar el marco de una ceremonia republicana que permita el diálogo, una verdadera rendición de cuentas y respete la dignidad del Ejecutivo y del Legislativo.
Otro tema a impulsar es el tema de seguridad pública y justicia. Trabajaremos para concluir los esfuerzos realizados en el anterior periodo de sesiones. En materia social, impulsaremos los mecanismos legales y presupuestales que permitan que la pensión universal para adultos mayores sea viable, y se garantice la transparencia en la entrega de estos recursos.
En lo que respecta a salud pública, propondremos una reforma para garantizar los servicios básicos mediante la cobertura universal de los mismos. Queremos un país sano, que nadie se quede sin la posibilidad ser atendido en los centros de salud a causa de su condición económica o social.
Impulsaremos reformas para garantizar que los pacientes en estado terminal tengan acceso al tratamiento en contra de dolor y, de esa forma, evitar el sufrimiento tanto del propio paciente como de sus familias. No se trata de cortar la vida de nadie o de decidir sobre el otro, sino simplemente ayudar a las personas a morir sin dolor. A terminar su vida en las mejores condiciones posibles.
Aunado a esto, estamos decididos a impulsar una cultura de donación de órganos para su utilización en transplantes. Estamos conscientes de los grandes problemas que enfrenta nuestro país en materia agropecuaria. Es por ello que estaremos atentos a la discusión y análisis de los temas que permitan al campo mexicano salir adelante.
Acción Nacional propondrá reformas a la Ley de Metrología y Normalización a fin de establecer estándares de calidad a los productos agropecuarios para que, de esta forma, compitan con productos semejantes de otros países; y que los elementos de producción y comercialización externos afecten lo menos posible a nuestros productores.
Es necesario reglamentar la publicación del padrón de beneficiarios de los programas sociales destinados al campo para que exista transparencia y no se utilicen los recursos de manera parcial con fines electorales.
En Acción Nacional tenemos un gran compromiso con el medio ambiente, los recursos naturales y, particularmente, nos preocupa el tema del tratamiento de aguas residuales. Es urgente una reforma a la Ley de Aguas Nacionales que contemple el tratamiento del vital líquido como una prioridad, es un recurso que sin duda debemos cuidar.
Asimismo, y con el mismo fin, vamos a proponer una iniciativa que establezca un sistema de codificación nacional ambiental. Los diputados federales del PAN nos comprometemos a impulsar los acuerdos que conlleven la aprobación de todos aquellos relevantes para la nación. Actuaremos responsablemente bajo la exigencia y escrutinio de la sociedad. Haremos propuestas serias no derivadas de meras coyunturas, sino pensando en el presente y en el futuro de México. Es cuanto, muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias diputado Adrián Fernández Cabrera.
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : El siguiente punto del orden del día es el posicionamiento en conmemoración del 5 de febrero, y se han registrado para referirse al tema, las siguientes diputadas y los siguientes diputados:
Diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; la diputada María Mercedes Maciel Ortiz , del Partido del Trabajo; el diputado Alan Notholt Guerrero , del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Elías Cárdenas Márquez , del Grupo Parlamentario de Convergencia; el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda , del Grupo Parlamentario del PRI; el diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del PRD, y el diputado Juan José Rodríguez Prats , del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
Por lo que se le concede el uso de la palabra a la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
La diputada Mónica Arriola : Con el permiso de la Presidencia.Compañeros y compañeras diputados, la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es una de las consecuencias más significativas de la Revolución Social Mexicana de 1910. El Constituyente de Querétaro procedió a la adecuación de la ley fundamental del país; era necesario incorporar las demandas de las grandes mayorías de la población, particularmente se trató de atender las aspiraciones de las clases marginadas.
La Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917, una de las más avanzadas del mundo, tomó en cuenta los postulados de la conciencia social como el derecho a la educación, los derechos agrarios y laborales, para lograr la gobernabilidad y la consolidación de los derechos ciudadanos y responder a problemas urgentes, como es el de los derechos indígenas.
Los principios contenidos en nuestra norma fundamental deben ser una realidad, por lo que no valen discursos demagógicos y populistas. Sin excepción, todos debemos conocer las bases del pacto social establecido entre las instituciones, a fin de fortalecer la convivencia pacífica, así como los fundamentos jurídicos del carácter republicano y las reglas que sustentan el pacto federal.
La celebración del aniversario de la norma suprema es una oportunidad para la reflexión del estado en que se encuentra la sociedad y de verificar si el gobierno de la república está rigiendo su mandato mediante el fiel cumplimiento de los preceptos constitucionales.
En Nueva Alianza nos preocupa que aún haya conflictos políticos que afectan la actividad legislativa y la consecuente mejora de la sociedad mexicana. Entre las dificultades que agobian a la mayoría de la población señalemos los más relevantes: la extrema pobreza en que está sumergida gran parte de la sociedad, la falta de oportunidades para los jóvenes, una inflación latente en los productos básicos, la inseguridad que sufre la ciudadanía, la falta de una política exterior acorde con las nuevas circunstancias que vive el mundo, un salario mínimo raquítico, por sólo mencionar algunos.
La justicia social es el rumbo que el país debe seguir para hacer posible las aspiraciones de todos los mexicanos. El trabajo y el pacto social es el compromiso inmediato de los actores políticos y de los diversos sectores de la sociedad, porque sólo juntos y unidos haremos posible que las familias colmen sus satisfactores.
Finalmente, me parece importante recordar que el discurso oficial debe ser congruente con la realidad social. De esta forma se pueden mejorar los niveles de credibilidad de los mexicanos en las instituciones sociales, que debe estar comprometida con las normas jurídicas que rigen la vida nacional.
Una tarea primordial e ineludible es ponderar prácticas que tiendan al respeto y a la búsqueda de acuerdos entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, porque en términos de la Constitución los tres son la base que sustenta el pacto federal y el carácter republicano de México.
Por otro lado, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos de que el mejor camino para abordar el proceso de reformas estructurales que tanto necesita el país es mediante el trabajo y formular una agenda de contenidos que procuren los mayores acuerdos posibles entre los partidos políticos, por lo que es necesario reconsiderar las alternativas de solución al tratar el tema de la Constitución vigente en el México del siglo XXI.
Es urgente concientizar a la nación sobre este tema e indispensable que la cultura constitucional impere en todos y en cada uno de los mexicanos, pero sobre todo en las legisladoras y en los legisladores, representantes de la legitimidad de una nación, del pueblo de México.
Los legisladores de Nueva Alianza trabajando por la unidad nacional, anhelamos celebrar un aniversario por el cumplimiento de la Constitución de 1917, un aniversario en que las garantías individuales, sociales y económicas consagradas en nuestra Carta Magna se respeten y se cumplan. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputada Mónica Arriola.
REGISTRO DE ASISTENCIA
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.
El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : ¿Falta algún diputado o alguna diputada de registrar su asistencia? Aún está abierto el sistema electrónico. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 445 diputadas y diputados. Ciérrese el sistema electrónico.
Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 445 diputadas y diputados. Quienes no han registrado su asistencia disponen de 15 minutos para realizarlo por cédula.
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Se concede ahora el uso de la palabra a la diputada María Mercedez Maciel Ortíz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
La diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Con el premiso de la Presidencia.Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, hoy, 5 de febrero de 2008, conmemoramos el XCI aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917.
Nuestra norma fundamental es producto del proceso social armado iniciado en 1910. Este texto ha sido reformado y adicionado en infinidad de ocasiones para permitir que la sociedad mexicana tenga viabilidad institucional. Algunas reformas han sido malas y otras peores, como la contrarreforma al artículo 27 constitucional en 1992, para privatizar la propiedad social.
Sin embargo, de los aspectos fundamentales que podemos destacar del texto original que actualmente nos rige es la incorporación de las garantías sociales para establecer los derechos de los campesinos en el artículo 27 y de los trabajadores, consignado en el artículo 123 constitucional. Nuestra Constitución hoy se ve seriamente amenazada por intentos de contrarreforma.
Cuando el modelo económico neoliberal avasalla los derechos de los pueblos, se pretende modificar el artículo 123 para conculcar los derechos de los trabajadores, cancelar el derecho de huelga, la jornada máxima de trabajo y la libertad sindical, entre otros derechos. Pero no sólo son los derechos de los trabajadores los que se ven amenazados, también se pretende privatizar los recursos del subsuelo, en particular, para que los inversionistas privados se apropien del petróleo que a la nación, a los mexicanos, todos, nos pertenece.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo aprovecha esta oportunidad para dejar en claro, de manera categórica, que el petróleo no se vende. Que les quede claro a quienes pretenden regalar los activos de la nación: un no rotundo a la privatización del petróleo mexicano, un no rotundo a la modificación al artículo 27 para permitir la inversión extranjera en Pemex.
El Partido del Trabajo y su Grupo Parlamentario en esta Cámara de Diputados es solidario con los campesinos que enfrentan una férrea batalla para defender su derecho a la tierra y el derecho de todos los mexicanos a la alimentación.
Qué poca memoria histórica de aquellos que olvidan o, en el peor de los casos, ignoran el papel decisivo que los campesinos tuvieron en la Revolución de 1910. Para ellos y para los obreros de México nuestra solidaridad fraterna y el mensaje de que el Partido del Trabajo no claudicará en la defensa de sus derechos.
A 91 años de la Promulgación de la Constitución que nos rige debemos hacer efectivos los derechos que la propia Constitución nos otorga. Debemos pugnar por un efectivo acceso a la salud, por un efectivo derecho a la vivienda y fundamentalmente, porque la educación que el Estado mexicano imparte sea de calidad y que permita contribuir a transformar la realidad material de los mexicanos y que no se le conciba como un medio para contar con mano de obra calificada que permita su explotación y el aumento de la riqueza de la clase empresarial.
La sociedad mexicana actual presenta graves contradicciones en su seno. Casi 40 millones de mexicanos se encuentran en la línea de pobreza extrema. Millones de mexicanos se han visto obligados a emigrar por no encontrar en México un empleo dignamente remunerado que les permita sostener a sus familias. Éste es el México de desigualdades que enfrentamos y las que tenemos que superar.
Sólo la unidad de las fuerzas progresistas de este país podrá evitar que se sigan conculcando los derechos de todos los mexicanos. Invocamos la unidad de la izquierda, de las fuerzas de izquierda de nuestro país para evitar que la derecha nos avasalle. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputada María Mercedez Maciel Ortíz. Se concede ahora el uso de la palabra al diputado Alan Notholt Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de, hasta por cinco minutos.
El diputado Alan Notholt Guerrero : Muchas gracias, diputado Presidente.Nuestra Constitución desde sus inicios ha sido objeto de innumerables debates en el ámbito político, jurídico y social y ello es resultado de la importante función que desempeña como pilar en la construcción de nuestra nación y como base de todos nuestros marcos normativos, conformando con ello, la identidad del pueblo mexicano.
Nuestra Carta Magna cumple 91 años de haber sido promulgada y ha sido objeto de innumerables cuestionamientos sobre su vigencia, ya que hemos de recordar que la Constitución tiene sus raíces en las constituciones de 1824 y de 1857, cuyo fin ha sido la construcción de un Estado republicano, representativo, democrático y federal, características que aún persisten en nuestra forma de gobierno.
A lo largo de estos 91 años nuestra Carta Magna ha ido adoptándose a la fisonomía y necesidades de un Estado moderno, en donde el pueblo mexicano ha ratificado su deseo de constituirse en un estado soberano en el cual el pueblo elige a sus representantes y en donde los gobernantes ejercen el poder en representación del titular de la soberanía, es decir, el pueblo.
Por este simple hecho los mexicanos gozamos de la igualdad en el disfrute de los derechos políticos, sociales y humanos que nuestra Carta Magna nos otorga.
Así pues, tenemos como resultado de todas estas modificaciones a nuestra Carta Magna, un Estado en el que la paz social e institucional permita la transmisión periódica y pacífica del poder, elementos indispensables en todo Estado democrático que evoluciona de acuerdo con las necesidades y exigencias de un mundo moderno.
Por ello considero que la evolución del Estado mexicano tiene su sustento en la fortaleza política, jurídica y social de nuestra Carta Magna, en donde las constantes transformaciones estructurales de la sociedad han dado como resultado un crecimiento del pluralismo político de nuestra nación, en donde la construcción colectiva de acuerdos ha impactado en todos los ámbitos de la vida nacional, traduciéndose en un intenso trabajo legislativo que intenta poner a México en la mira mundial como un país constructor de acuerdos y respetuoso de los derechos humanos.
Hoy día las modificaciones hechas en nuestra Carta Magna son impensables sin el curso y el consenso de las fuerzas políticas presentes en las Cámaras del Congreso de la Unión.
Tal situación, además de que ha fomentado la cultura del diálogo y el acuerdo, ha propiciado una mayor representatividad y legitimidad de las formas a la ley fundamental, haciendo posible la reproducción estable de una comunidad compleja y plural.
Por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no debe verse como un documento cerrado cuyo fin último sería la coherencia interna y mantenimiento como pieza jurídica inmutable.
Las modificaciones a nuestra Carta Magna, que en los años recientes se han dado en el marco del proyecto sobre la reforma política del Estado, han tenido como común denominador la transformación de nuestro entramado jurídico institucional, a fin de que siga siendo la traducción legal de las sentencias y demandas de una sociedad abierta y plural, que no guarda mucho parecido con aquella que prevalecía hasta hace apenas unas cuantas décadas.
Es así que nuestra Constitución ha enfrentado el desafío de actualizar su modelo de organización político-institucional, de cara a un tejido social que ha tenido alteraciones drásticas en todos los órdenes, desde el demográfico y educativo, hasta el económico y el político.
En este sentido, las reformas constitucionales han tocado distintos aspectos esenciales de la vida política nacional, resultados que han permitido llevar adelante las trasformaciones estructurales estatales y también de la relación entre el Estado y la sociedad.
La evolución constitucional de los últimos años ha abarcado aspectos tan importantes como el de la normatividad electoral, el equilibrio entre los poderes públicos y el impulso a federalismo.
Por esto, nuestra Carta Magna siempre será una referencia instituida de la vida nacional, en tanto derecho positivo y como instrumento privilegiado de una transición social y política que nos ha permitido ubicarnos en una fase de desarrollo político distinta a la que nos encontrábamos hace algunos años.
La premisa para seguir avanzando en la construcción de acuerdos tendrá que ser el establecimiento de esquemas de negociación política que partan de la convicción de que nuestra Carta Magna permite recrear la pluralidad, sin la cual sería difícil alentar el bienestar y la justicia social para los mexicanos.
Para mirar al futuro es esencial considerar lo que hasta ahora se ha logrado y ello forzosamente nos remite a nuestra Carta Magna: pilar indiscutible de nuestra soberanía. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputado Notholt Guerrero.
Esta Presidencia aprovecha para saludar a los alumnos del Colegio Liceo del Valle, de Toluca, Estado de México, y a los alumnos de la escuela primaria Gabriela Mistral, del Estado de México. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.
Se concede el uso de la palabra al diputado Elías Cárdenas Márquez , del Grupo Parlamentario de Convergencia.
El diputado Elías Cárdenas Márquez : Con su permiso, señor Presidente.Distinguidos legisladores y distinguidas legisladoras, desde el gobierno de Miguel de la Madrid hasta el actual, el desmantelamiento constitucional del Estado mexicano mediante la reforma soterrada o abierta, o desde la aprobación de leyes reglamentarias y secundarias, es hoy práctica intensificada y consuetudinaria.
La soberanía nacional ha sido una de las principales víctimas tanto de las derechas pragmáticas, como de las izquierdas modernizadoras y flexibles. El patrimonio nacional es diariamente enajenado a los intereses extranjeros y a capitales testaferros vía fideicomisos. Nuestros litorales y fronteras, a contrapelo de lo establecido en el artículo 27 constitucional, son entregados a inversionistas en aras de crear empleos para el turismo, la pesca y actividades conexas.
El artículo 3o. cotidianamente es desvirtuado de sus nobles propósitos y en sus bases constitucionales de la educación en México, por la ineficacia deliberada del gobierno y las complicidades con los mercaderes de la educación y los líderes corruptos que han destruido los principios de la educación laica, democrática, solidaria y nacional.
Se ofende la dignidad de los ciudadanos al intentar aprobar la garantía de inviolabilidad del domicilio al autorizar a la policía y al Ejército a realizar cateos sin previa orden judicial, como lo disponen los artículos 14 y 16 de la Constitución, con el pretexto de combatir la supuesta delincuencia organizada, que se encuentra precisamente infiltrada y enraizada en los propios cuerpos militares y de seguridad pública.
La rectoría del Estado y la planeación democrática que contemplan los artículos 25 y 26 se han convertido en auténticas falacias, cuando no en ruinas de propósitos y deseos jamás cumplidos. Ahora mismo, en este espacio donde debería imperar la majestad de la Ley Suprema, se urde la privatización del petróleo y demás energéticos, en abierta traición histórica a los principios rectores establecidos en nuestros primigenios principios constitucionales de la Constitución de 1917...
Aún más, la designación de consejeros electorales ha dado motivo para acusar a la propia Cámara de Diputados de haber violado los transitorios constitucionales de la mal dada, desaseada y precipitada reforma electoral.
Pero no, señores. La violación proviene sólo de los coordinadores de los tres partidos tradicionales, no de la totalidad de los legisladores, líderes camarales cuyas incapacidades manifiestas los tienen atrapados en sus propios intereses políticos futuristas, pues han violado la norma constitucional que ellos mismos aprobaron.
Muchos legisladores, señores, no lo hemos aprobado. Por eso generalizar que la Cámara de Diputados ha aprobado esto, o ha fallado, o ha violado la Constitución, es simplemente una falacia.
Por eso, en este día de efeméride me interrogo, como lo hizo el artista plástico mexicano Gilberto Aceves Navarro, con motivo del sainete denominado Celebremos México, en el Palacio de Bellas Artes, montado por Televisa y el presidente Fox, quien preguntó con ironía: ``¿qué celebramos, señor presidente, ante el tiradero que ha dejado el gobierno foxista en esta república?''.
Repito, ¿qué clase de efeméride conmemoramos, diputados y diputadas? ¿Seremos capaces ---me pregunto--- de salvar el decoro del mandato que nos concedió la soberanía popular a los integrantes de la LX Legislatura?
Recordemos nuestro juramento y protesta de hacer cumplir la Constitución y si no que la nación nos lo demande. A todos y a todas, gracias, muy amables.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputado Elías Cárdenas Márquez. Se concede ahora el uso de la palabra al diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.
El diputado Luis Enrique Benítez Ojeda : Con el permiso de la Presidencia.Hoy conmemoramos el XCI aniversario de la promulgación de nuestra Carta Magna, la cual, sin duda, es el resultado más acabado del triunfo de la Revolución Mexicana.
La Constitución, fundamento y razón de los objetivos democráticos y libertarios de los mexicanos, tiene en sus pasajes más prometedores la huella inconfundible de la pasión y el ingenio de los constituyentes, quienes en 1917 tradujeron el reclamo social y el aliento moral de la revolución en la norma fundamental de todas y todos los mexicanos.
El último gran movimiento popular de masas que alumbró al México contemporáneo inscribió sus razones en la Constitución y fijó los propósitos últimos de nuestra nación. Nuestra Constitución contiene los fundamentos normativos de la convivencia pacífica de los mexicanos en la democracia, las libertades, el respeto a los derechos y la relación con el exterior.
Ella consagra los fines del Estado y asegura la propiedad nacional, al tiempo que distribuye en un marco del equilibrio las funciones de cada uno de los poderes.
No debemos perder de vista que en este aniversario recordamos también una parte importante de nuestra historia nacional, porque no debemos olvidar que nuestra ley fundamental nace con el establecimiento de los ideales revolucionarios del pueblo mexicano.
En la Constitución del 17 se reconoció el poder del pueblo, mandatando que éste ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los estados en lo que toca a sus regímenes interiores.
La Constitución nos asegura el imperio del derecho para evitarnos el riesgo del dominio y la prepotencia de los hombres, libertades individuales garantizadas para que cada individuo pueda realizar plenamente todas sus capacidades, libertades políticas protegidas para que todos los ciudadanos, a través de las organizaciones que ellos mismos decidan darse, construyan y fortalezcan el Estado democrático.
Normas precisas, claras y ordenadas que determinen las acciones del gobierno y le fijen límites, normas para defender y promover los derechos sociales de los mexicanos.
Con toda razón llamamos a la Constitución, nuestra Carta Magna, la que otorga certeza jurídica a las relaciones entre la sociedad y las de éstas con el gobierno, la que no contempla otro privilegio que la igualdad ante la ley y el sometimiento a ella.
Pero también es la Carta Magna de la justicia social para todos, la que fija responsabilidades precisas e irrenunciables al Estado en la promoción de una sociedad regida por la equidad y la igualdad.
A través de sus grandes ejes normativos, la Constitución ha sido y es la gran convocatoria a la participación de todos los mexicanos en las tareas de consolidar al Estado, construir la nación y fortalecer la soberanía en el mundo contemporáneo.
Es una convocatoria nacionalista que nos ha unido y nos ha cohesionado. Durante más de nueve décadas, varias generaciones de ciudadanos han confiado en la Constitución y, bajo sus preceptos, han edificado el México que hoy está ante nosotros.
La Constitución del 17 ha sido siempre guía para la acción y el compromiso de los mexicanos. Es mandato vivo que ha dado dirección a las transformaciones del país. Durante estos decenios, los grandes cambios nacionales han encontrado su viabilidad a través de cada una de las reformas constitucionales emprendidas.
Recordar nuestra historia me anima a discutir el presente y vislumbrar el futuro. Sabemos que la Constitución Política ha sido objeto de numerosas reformas que han sido el pilar fundamental para construir nuestras instituciones y objetivar los más altos valores democráticos.
Por ejemplo, se ha reconocido el derecho de voto de las mujeres, se ha dado autonomía a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se ha fortalecido al Poder Judicial, se ha avanzado en materia de responsabilidades de los servidores públicos, se han acotado los excesos de presidencialismo, se ha fortalecido al Poder Legislativo, se ha dado autonomía de los pueblos indígenas y se han hecho numerosas reformas en materia electoral para hacer efectiva la representación y lograr elecciones equitativas, transparentes y legales.
Los nuevos tiempos están orientados a reafirmar las bases del pacto social establecido entre las instituciones, con el fin de fortalecer la convivencia pacífica, así como los fundamentos jurídicos del carácter republicano y las reglas que sustentan el pacto federal.
Al Grupo Parlamentario del PRI le preocupa que haya aún problemas graves que limitan la marcha del país, lo que constituye una evidente contradicción con los mandatos constitucionales.
Nuestro país enfrenta muchos desafíos que no podemos ocultar ni ignorar, pero mucho menos heredar a las futuras generaciones. Es por ello que la reforma del Estado es una oportunidad para adecuar nuestra Constitución con los nuevos tiempos.
Compañeras y compañeros legisladores, somos un pueblo que debe estar orgulloso de sus raíces, y la Constitución es parte de esa rica memoria histórica. El país ha cambiado de manera gradual y paulatina. Somos una sociedad que ha consolidado su régimen de libertades y su sistema democrático.
La nueva economía y la apertura comercial, el rostro actual de la política y las aspiraciones de las nuevas generaciones reclaman un contrato social renovado. Los cambios se forjan en el seno de la sociedad, y sus inquietudes y demandas deben ser recogidas por nosotros, los legisladores, para convertirlas en alternativas que orienten en el quehacer nacional a un nuevo y más justo equilibrio federal.
Finalmente quiero resaltar que desde hace varios años buena parte de la discusión constitucional en México se ha centrado en la llamada reforma del Estado. Las sucesivas y constantes reformas a nuestra Constitución son un indicio de adecuación a los nuevos tiempos.
No debemos olvidar que la responsabilidad en las reformas que se han emprendido deberán estar encaminadas a recoger la demanda social, así como los avances observados en las más recientes experiencias de la modernidad política.
Compañeras y compañeros, ésta, la LX Legislatura, está llamada a ser la legislatura de los cambios y de las transformaciones de la nación mexicana. Hagámoslo todos con responsabilidad patriótica y republicana. Muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputado Luis Enrique Benítez Ojeda. Se concede ahora el uso de la palabra al diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.
El diputado Octavio Martínez Vargas : Con su permiso, compañero Presidente.Estamos en vísperas de festejar un centenario, el primer centenario de nuestra revolución. Un movimiento que se gestó precisamente por el incumplimiento de garantías individuales de los derechos sociales en nuestro país.
Fue Venustiano Carranza ---quien por cierto lleva el nombre de esta delegación, Venustiano Carranza--- quien convocó a elegir al nuevo Constituyente en el 16, a finales del 16, llamando a elegir un diputado por cada 60 mil habitantes. Se combatía en ese momento al usurpador, a Huerta, a él se combatía, al hombre que había despojado del poder a quien había sido electo.
Entonces Venustiano Carranza era gobernador de Coahuila. Junto con muchos hombres valientes iniciaron un levantamiento importante en el sur del país, en el norte, en el este y en el oeste, un movimiento revolucionario.
Una vez electo el Constituyente, recogieron los sentimientos más revolucionarios, más vanguardistas que había en nuestra república; me refiero al acta constitutiva de la federación, a la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, a las siete leyes constitucionales de 1835 y 1836; por supuesto, a las bases orgánicas de la República Mexicana de 1843 y, desde luego, no podía faltar el acta constitutiva y de reformas de 1847.
Y de igual forma recogían en esta documentación la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Las garantías individuales, los derechos sociales que se elaboraban por el Constituyente en la ciudad de Querétaro, dieron como resultado un documento que le dio a los mexicanos, en ese entonces, certidumbre y rumbo. Quedaron plasmados un número de artículos, capítulos y fracciones que fueron modelo en Europa.
Se hablaba, por ejemplo, de la educación gratuita, del derecho a la salud, de la libertad de tránsito, de la libertad de expresión, de la libertad de asociación. Por supuesto también se mencionaba con gran lucidez el tema y la protección a los ciudadanos de que cuidaran lo más preciado del ser humano: la propiedad privada, su patrimonio.
Por eso, desde entonces, fue constitucionalmente plasmado y prohibido el asunto de que nadie podía introducirse a un domicilio sin mandamiento judicial. ¿Dónde quedaron, compañeras diputadas y compañeros diputados, los pensamientos de grandes hombres lúcidos que venían resguardando permanentemente las garantías individuales y los derechos sociales de los mexicanos?
Hace algunas semanas en este Constituyente Permanente dimos reversa a este avance importante. Estamos convalidando el allanamiento a las familias mexicanas. Grave error. Por eso, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en este tema particular y muchos en lo general, estuvimos en contra, y lo vamos a estar permanentemente, porque va en contra y en perjuicio del genuino espíritu del Constituyente del 17.
Y de igual forma hay otros temas, sin duda importantísimos, que fueron plasmados en este documento. El juicio de amparo, por ejemplo. La garantías individuales del inculpado, temas sustanciales, vanguardistas que daban certidumbre y rumbo a nuestro país.
Ojalá que las próximas discusiones de este periodo que estamos iniciando privilegien el respeto a nuestra Constitución, privilegie la memoria de los hombres y mujeres que murieron no solamente en la Revolución, años atrás, décadas atrás que se construyó todo este acervo que sirvió para tener vigente la Constitución de 1917.
Ni un paso vamos a dar en mi grupo parlamentario para privatizar a Pemex. Ojalá que lo que han dicho aquí mis compañeras legisladoras y mis compañeros legisladores sea congruente con su actuar, y mantengamos vivo el espíritu de nuestra Constitución vigente, que hoy nos rige y que en este Constituyente Permanente tenemos la obligación de mantenerla vigente y de respetar cada uno de los artículos que se contemplan en esta misma. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputado Octavio Martínez Vargas. Se concede ahora el uso de la palabra al diputado Juan José Rodríguez Prats, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
El diputado Juan José Rodríguez Prats : Con su permiso, señor Presidente.Cuando hemos escuchado hoy los discursos sobre la agenda legislativa de este periodo que se inicia, y sobre la efeméride, que ha dejado de ser efeméride, de la promulgación de nuestra Constitución, podemos ratificar una evolución clara y que estamos en otros sistema político.
A la Constitución se le ha bajado de su altar para analizarla como un documento jurídico. Por eso digo que ya no es efeméride, sino que es un análisis al que le deberíamos dedicar muchísimo tiempo para analizar sus efectos, sus orígenes y si realmente ha sido un documento útil que oriente la vida política nacional.
Hay muchas definiciones de Constitución, pero tal vez la más certera sea aquella que dice que se entiende por Constitución la que se refiere a los principios que están en el vértice de cualquier sistema normativo, principios, lo que está en el comienzo pero también lo que es fundamento de todo el aparato legal. Y a eso nos debe conducir si nuestra Constitución contiene principios o si en realidad ---y creo que es una de sus fallas fundamentales--- incurre muchas veces a nivel de reglas y a nivel de artículos casuísticos que de ninguna manera deben corresponder a nuestra Carta Magna.
Creo también que nuestra Constitución está conformada en el enfrentamiento de dos corrientes filosóficas jurídicas, por una parte el liberalismo del siglo XIX, poniendo énfasis en el respeto a los derechos humanos, y por otra parte el nacionalismo revolucionarios del 17, que pone énfasis en el fortalecimiento del Estado, y esto hace que nuestra Constitución sea ambivalente, esto hace que sea contradictoria y esto obliga al Legislativo a un análisis objetivo.
Tal vez lo más importante ---y yo creo que lo requiere México--- sea precisar el alcance del derecho, para qué sirven las normas jurídicas, qué es el derecho. Creo que hemos sobreestimado los efectos que puede tener en la realidad y ésta ha sido una falla que hemos arrastrado desde el origen de nuestra vida independiente. Por eso creo que tenemos un excesivo derecho, 249 leyes federales, 97 de las cuales se han promulgado en los últimos 10 años. Un derecho que contrasta mucho con la realidad, un choque entre el México legal y el México real.
Desafortunadamente hemos sido negligentes haciendo normas y hemos sido persistentes en violarlas y creo que eso es nuestra tarea, hacer un derecho que podamos identificar con la realidad. Así pienso en una frase certera de Lenin cuando hablaba de aquel pescado que, estando a la orilla del mar, en lugar de brincar al agua murió soñando que era pájaro. Y eso nos sucede mucho cuando hacemos nuestras iniciativas. Nos olvidamos de la realidad y ante nuestra impotencia para transformar nuestra realidad, nos conformamos con modificar las leyes.
Una Constitución, o es un cuerpo de leyes obligatorias o no es nada. No interpretemos en forma equivocada nuestra realidad ni hagamos refugio del derecho de anhelos e ilusiones.
La realidad camina muchas veces más aprisa. El derecho sigue la realidad y la guía, pero yo podría decir que, por ejemplo, el 2 de julio de 2000 la ciudadanía de México modificó radicalmente nuestro esquema jurídico, con su voto y con la transición derogó todas las normas no escritas, pero que regían a la vida política nacional.
Hoy estamos sujetándonos a la norma jurídica y por eso creo que es conveniente analizar, por ejemplo, la tesis profesional de Benito Juárez que defendió en 1829 para obtener el título de licenciado en derecho. Ahí, Benito Juárez hablaba de la responsabilidad de los poderes, pero también, que al final de cuentas, del pueblo emanará la última palabra.
Creo que iniciamos un periodo de sesiones ---termino, señora Presidenta---, y si el derecho busca la justicia, si el fin del derecho es la justicia, creo que la justicia es, sobre todo, una ética de respeto. Comprender es respeto hacia el otro es comprender la justicia.
El Nigromante (Ignacio Ramírez), uno de los más grandes legisladores, observa que se conocen dos clases de constituciones: una, inventada por los que viven de los abusos para defender el statu quo; y otras, cuyo medio intentan los oprimidos, para abrirse paso a la libertad y a las mejoras. Ojalá estas ideas nos orienten, porque como Poder Legislativo no podemos perder el tren de la historia, y debemos estar a la altura de lo que el pueblo de México espera de nosotros. Muchas gracias por su atención.
Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado Juan José Rodríguez Prats.
Esta Cámara de Diputados da la más cordial bienvenida a los invitados especiales de Chiapas que se encuentran aquí con nosotros. Muchas gracias.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es la discusión o el posicionamiento relativo al impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norteen el campo mexicano. Para este caso se han inscrito los siguientes diputados: Santiago Gustavo Pedro Cortés, Manuel Cárdenas Fonseca, Pablo Arreola Ortega, Jesús Sesma Suárez, Cuauhtémoc Velasco Oliva, Héctor Padilla Gutiérrez, Juan Guerra Ochoa y Gerardo Antonio Escaroz Soler.
Por tanto, tiene el uso de la palabra el diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés , del Grupo Parlamentario de Alternativa. Por favor.
El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Con el permiso de la Presidencia.Compañeras diputadas y compañeros diputados, la marcha de más de 150 mil campesinos en la Ciudad de México y las efectuadas en 25 entidades federativas del país el pasado 31 de enero, dejan claro que en el campo existe un gran descontento social.
Fueron dos las demandas que hicieron posible la unidad del movimiento campesino: la renegociación del Tratado de Libre Comercio en su cláusula agropecuaria y la elaboración de nuevas reglas de operación para el campo en el ejercicio presupuestal 2008.
El 1 de enero entró en vigor el Capítulo Agropecuario del TLC. Es decir, se eliminó la última fase de la desgravación arancelaria de México con Estados Unidos y Canadá. Bajo esta nueva realidad, los campesinos mexicanos no están en condiciones de competir con los altos subsidios que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá otorgan a sus productores y quedarán en una situación permanente de desventaja si no se renegocia el citado Capítulo Agropecuario.
Por ello, la responsabilidad de los legisladores es velar por el interés nacional. Debemos tomar medidas extraordinarias para afrontar estos difíciles momentos que vive el campo mexicano.
En la vida cotidiana del campo mexicano domina la visión expresada por el titular de la Sagarpa, que desprecia e ignora a todas las propuestas de los campesinos, de los legisladores y de sus organizaciones.
Toma medida de apoyo y protección solamente para los grandes agricultores y grupos asociados con el capital estadounidense y reduce la política pública de desarrollo rural al asistencialismo sin rumbo.
A finales de 1993, cuando el Congreso de la Unión dio su visto bueno para que el Poder Ejecutivo firmara el tratado, se podría argumentar, de parte de este poder, desconocimiento de las implicaciones.
Hoy, en el año 2008, la situación es totalmente compleja y distinta por los impactos desastrosos que ha tenido el TLC en la agricultura mexicana, entre los que destacan: un raquítico crecimiento del producto interno bruto en este periodo: perdida de dos millones de empleos agropecuarios; la caída de los precios reales de los productos del campo; el incremento de la dependencia alimentaria de México. No hubo, durante este tiempo, transición ni programas de inversión para el sector de productores que producen los productos básicos del país: maíz y frijol.
El 70 por ciento de la población rural se encuentra en condiciones de pobreza. Para salir de esta situación se requiere, en primer lugar, reconocer que la seguridad alimentaria, la recuperación productiva y el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos son asuntos estratégicos y de seguridad nacional.
En virtud del papel estratégico del campo mexicano como productor de alimentos, de que no existen fondos de compensación para disminuir las asimetrías y los efectos del Tratado de Libre Comercio, de que el actual presupuesto asignado por el Programa Especial Concurrente no será suficiente para hacer competitivo al sector frente a la agricultura de Estados Unidos y Canadá, considerando el artículo 21 de la OMC, el artículo 89 constitucional, fracción X, porque el mismo Tratado de Libre Comercio, en su Capítulo Agropecuario, referente a las medidas de emergencia lo permiten.
Y, en virtud de las facultades que la nación le otorga al Poder Legislativo, se propone que analicemos la revisión del Capítulo Agropecuario del TLC y propongamos de inmediato al Ejecutivo que se inicien las gestiones para su renegociación.
La aprobación por esta Cámara de Diputados de las reglas de operación de la Sagarpa, así como una ley para la administración del comercio exterior del maíz blanco y frijol y la creación de la reserva estratégica alimentaria.
Solicitar a la Cámara de Senadores la aprobación de la ley de planeación para la soberanía y la seguridad alimentaria.
La renuncia de secretario de la Sagarpa sería la primer señal del gobierno federal de que tiene voluntad de establecer un diálogo cierto, sincero con las organizaciones campesinas para construir una propuesta que rescate al campo y a los campesinos. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés. Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca : Con el permiso de la Presidencia.El Tratado de Libre Comercio con América del Norte es eso, un acuerdo comercial, no es un acuerdo migratorio; es un acuerdo comercial, no es un acuerdo de integración. Es un acuerdo que lo que pretende es darnos certidumbre jurídica respecto de las medidas discrecionales unilaterales, con las que se conducen los países más fuertes, más ricos, contra los débiles. Eso es lo que busca el acuerdo de libre comercio para América del Norte y eso es lo que ha logrado.
No hay acuerdo comercial perfecto, es cierto. No debemos de sobre reaccionar, también es cierto. Pero también es cierto que todos los actores, y con mayor responsabilidad el Ejecutivo federal, no hemos caminado al mismo ritmo en estas nuevas disposiciones de apertura comercial.
Otros países como Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, han tomado medidas en aras de su fortaleza económica, de tener en el padrón de causantes a cerca del 96 por ciento de su población económicamente activa, en tener en el área rural, cuando mucho el 6 por ciento de su población. Es otra estructura y es muy fácil para ellos que la gran masa de los causantes que están en el sector secundario y en el sector terciario, soporte a los que están en el sector primario.
Y eso pudiéramos dar el debate y no creo que hubiera descuerdo. Lo que sí es cierto también, es que antes de firmar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, México tenía un déficit comercial con Estados Unidos, de aproximadamente 17 mil millones de dólares; hoy, tenemos un superávit de más de 70 mil millones.
Y con este acuerdo ha habido convergencia en el consumo; ha habido convergencia en la inversión; ha existido y se ha dado la convergencia macroeconómica; se ha reducido la pobreza. En los primeros 15 años de este tratado, la pobreza alimentaria se ha reducido en 7.4 puntos porcentuales, es decir, pasó de 21.2 a 13.8.
La pobreza patrimonial se ha reducido en 9.8 puntos. Ha habido crecimiento de nuestro comercio internacional. Las exportaciones como porcentaje del PIB han crecido 15.1 punto porcentuales. Y también se ha dado la reducción de la pobreza en el sector rural, de 1994 a 2006. Así, la pobreza alimentaria en el sector rural se redujo en 12.5 puntos. La pobreza de capacidades, en 14.8 y el crecimiento del comercio agroalimentario de 1994 a 2006, alcanzó casi 30 mil millones de dólares, 2.6 veces al registrado en 1994.
Lo que habría que preguntarnos es: ¿cuál es el debate? El debate es un acuerdo comercial que, como todos, no es perfecto o el debate son algunos productos dentro de lo que es el sector agrícola o agroindustrial o agroalimentario o como lo queramos plantear.
Aquí se ha hablado de cuatro productos: el maíz, el frijol, la leche en polvo y el azúcar. Sí, efectivamente esos cuatro productos son sensibles por diversas causas, entre otras nuestras condiciones geográficas, climatológicas y de tenencia de la tierra. Así, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte contiene los elementos... Perdón Presidenta, no sé si le están llamando allá...
El diputado Isidro Pedraza Chávez (desde la curul): Pido la palabra.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Me está pidiendo la palabra diputado y no se la había otorgado porque en los posicionamientos de los grupos parlamentarios no hay debate. Entonces, quisiera pedirle al diputado que dejara continuar al orador.
El diputado Manuel Cárdenas Fonseca : Gracias, Presidenta. Continúo entonces. Es usted muy amable.
Y entonces lo que tenemos que hacer es aplicar lo que el propio Tratado de Libre Comercio establece. Desafortunadamente en aras del formato no se da el debate. Me hubiera encantado dar el debate. Me hubiera encantado que cada uno de nosotros estuviéramos en contexto y dejáramos a un lado posiciones demagógicas y de politiquería.
El Tratado de Libre Comercio prevé que en caso de que los subsidios existan, éstos se investiguen y se impongan cuotas compensatorias. El Tratado de Libre Comercio establece los mecanismos de consulta para evitar la adopción de subsidios a la exportación. El Tratado de Libre Comercio permite que México tenga programas como el Procampo o programas para la superación de la pobreza.
Lo que tenemos que hacer es que el Ejecutivo asuma su responsabilidad y utilice, use y establezca, conforme a lo que le atribuye la Organización Mundial del Comercio, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, lo que su responsabilidad es.
Si el debate respecto del Tratado de Libre Comercio para América del Norte lo queremos establecer en función de las reglas de operación para el gasto público en el 2008, señores, es un debate entre nueces y manzanas. Reorientémoslo y establezcámoslo plenamente. Es cuanto, Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado Manuel Cárdenas Fonseca. Tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Arreola Ortega, del Grupo Parlamentario del PT.
El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega : Con el permiso de la Presidencia.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Adelante, diputado.
El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega : Compañeras diputadas y compañeros diputados, en casi 15 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio sus resultados son contundentes, no ameritan demostración alguna: la economía del pueblo de México ha empeorado. Todo ello era previsible desde antes de la firma de este tratado, porque nuestros socios comerciales nos llevaban una ventaja considerable en materia agropecuaria. Mientras en Estados Unidos el rendimiento físico de la tierra tuvo un crecimiento medio anual de 2.4 por ciento para el periodo 80-98, para México fue apenas de 0.4 por ciento; es decir, 6 veces más en Estados Unidos que en México.En cuanto a la magnitud de la superficie cosechada, en Estados Unidos para el 98 alcanzaba 177 millones de hectáreas; en cambio en México, en ese mismo año, únicamente fue de 25 millones de hectáreas.
En síntesis, la asimetría era más que evidente. Nada teníamos que hacer en términos de competencia frente a un gigante en la agricultura como es Estados Unidos, y tampoco nada que hacer frente a Canadá. Mucho menos íbamos a competir con los oligopolios a nivel internacional de la agricultura, como Cargill o Nestlé, por citar algunos.
En materia de subsidio y de financiamiento estábamos ---y seguimos estando--- en la calle, pues los productores de Estados Unidos de Norteamérica y de Canadá poseen más ventajas absolutas, mientras que nuestros productores reciben marginalmente estos apoyos.
En el caso específico del financiamiento al campo, éste cayó en 90 por ciento durante la entrada en vigor de este tratado en nuestro país, provocando que se desintegrara la producción nacional de semillas, quedando cada vez más en manos de extranjeros estos procesos productivos.
Entonces surge una pregunta obligada: ¿por qué, si era tan evidente nuestro fracaso ante Estados Unidos y Canadá, se incorporó nuestro campo en el tratado? La respuesta es categórica: se trataba de beneficiar exclusivamente a los grandes exportadores de frutas y hortalizas, que sí son los beneficiarios del Tratado del Libre Comercio. Mientras los pequeños propietarios, productores ejidales y comunales se han arruinado. Ése es el verdadero impacto del Tratado de Libre Comercio para la mayoría de los productores del campo mexicano.
Las repercusiones del Tratado de Libre Comercio también se expresan en la creciente emigración del campo hacia las ciudades de nuestro país y a Estados Unidos, porque más de medio millón de compatriotas se van cada año a ese país.
Qué decir de nuestra dependencia alimentaría. Ahora no sólo importamos maíz forrajero y transgénico del extranjero, sino que nos hemos convertido en importadores de casi todos los productos agropecuarios, cuando en el pasado fuimos grandes exportadores agrícolas.
Al mismo tiempo se han conformado dos Méxicos: el México boyante y moderno de unos cuantos poderosos y el México de millones de desposeídos y sumidos en la miseria. Ése es el resultado del Tratado de Libre Comercio.
Sin embargo, el Tratado de Libre Comercio no es sólo una apertura total del sector agropecuario. Es también un instrumento muy poderoso que está empleando el Estado mexicano para despojar a los campesinos rurales de sus tierras y transferirlas a los inversionistas privados.
Esta línea de despojo es complementaria con la reforma de 1992 al artículo 27 constitucional, que permite la transformación de la propiedad comunal y ejidal en propiedad privada, para que termine en manos del gran capital nacional e internacional. Es ésta la razón de la resistencia que están emprendiendo los hombres y mujeres del campo para revertir las repercusiones negativas del Tratado de Libre Comercio sobre la economía rural, que no sólo van contra la apertura del sector agropecuario, sino también para revertir los efectos de las políticas neoliberales sobre sus espaldas.
En este contexto, esta soberanía tiene el deber legal, político y moral de apoyar a los campesinos de nuestro país con medidas que reviertan sus condiciones de vida; también para exigir a la administración federal su obligación de renegociar este Tratado, porque está demostrado que no ha sido benéfico para el sector rural de nuestra economía.
Además, los propios campesinos afectados están exigiendo, con gigantescas movilizaciones, que este Tratado sea renegociado en su capítulo agropecuario, porque sus resultados han sido contrarios a los intereses de la mayoría de los productores de nuestro país. Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado Pablo Arreola Ortega. Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Sesma Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Jesús Sesma Suárez : Con su permiso, diputada Presidenta.Compañeros y compañeras, son conocidos los problemas que está enfrentando el país en el rubro agropecuario en torno al Tratado de Libre Comercio, y las organizaciones campesinas dejan de manifiesto que las condiciones de pobreza y marginación no se han superado.
El pasado jueves en la Ciudad de México se suscitó la marcha de la soberanía alimentaria más grande que se ha efectuado en el país, caracterizada sobre las propuestas que ha llevado el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Sin embargo, hay que dejar de manifiesto la posibilidad de solicitar el apoyo a la Organización Mundial de Comercio para dirimir las controversias en torno a la protección de los bienes que conforman la canasta básica, en razón de que la agricultura es un sector estratégico para cualquier nación, debido a que da autosuficiencia y seguridad alimentaria.
México, al igual que Canadá, debe defender sus productos ante la implementación de leyes agrícolas que inhiben su desarrollo y su estabilidad. Los productos básicos como el maíz, el azúcar, el frijol y la leche pudieron haber gozado, por medio de la Organización Mundial de Comercio, de un trato especial favorecido y diferenciado, al ser nuestro país una nación subdesarrollada.
Asimismo, me permito expresar que el mayor problema del agro mexicano tiene sus raíces en el cacicazgo y en la miseria de la gran mayoría de los campesinos, obreros y jornaleros, que todavía subsisten en nuestro país.
Otro de los efectos adversos de esta explotación fue el retraso tecnológico y la no modernización del sector agrícola, provocando así un mercado interno débil y vulnerable al momento de celebrar la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.
Es también una necesidad reconocer que las desventajas en la productividad agrícola se han debido a la desventaja tecnológica que enfrenta el país respecto de economías más avanzadas. He de manifestarles que esta soberanía apoya al sector campesino, como se demostró al aprobar que se destinaran al campo 200 mil millones de pesos en el Presupuesto, la cifra histórica más alta recibida para este sector.
Somos sabedores que este presupuesto por sí mismo no será la solución, que las condiciones del campesinado son difíciles y que los obstáculos para lograr que la economía rural crezca son mayores para este año.
Por ello, reitero la invitación de este grupo parlamentario al gobierno federal, de ofrecer un diálogo con el campesino, a fin de realizar un acercamiento en el cual puedan participar los legisladores, ya que desde el Congreso se puede impulsar un verdadero cambio estructural al campo mexicano en beneficio de todo el país.
Asimismo, es importante resaltar que los legisladores estamos muy interesados y comprometidos en garantizar oportunidades reales de crecimiento y de competitividad a los productos agropecuarios.
Exhortamos para que los próximos días, ya sea trabajando desde la Secretaría de Economía y de Agricultura, demos los primeros pasos para plantear al campesinado y la ciudadanía, las alternativas concretas para llevar por buen camino este campo que tanto lo necesita.
Asimismo, me permito mencionar que la apertura del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica ha acentuado las diferencias entre la capacidad productiva del campesino mexicano y de los apoyos gubernamentales que vía subsidio se reciben.
Hay una desventaja real entre Estados Unidos, Canadá y México. Es un hecho que no se puede dar marcha atrás a la apertura, pero lo que sí puede hacer en principio es procurar que estos 204 millones de pesos asignados en el Programa Especial Concurrente, conocido como el PEC, sean eficientemente empleados y justamente entregados.
Se trata de que el gobierno mexicano, por sus propios medios, redoble esfuerzos para su campesinado y así logremos que México salga adelante. Muchas gracias, señora Presidenta, compañeros y compañeras.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Jesús Sesma Suárez. Tiene el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia.
El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva : Compañeras diputadas y compañeros diputados, la libre recesión arancelaria del maíz, fríjol, leche en polvo y caña de azúcar plantea un escenario que requiere de forma urgente, de nuestra atención y acción.Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se han presentado importantes asimetrías para México. En el plano externo resulta necesario insistir en la renegociación del tratado, respecto a los productos mencionados, sensibles para la economía nacional, en virtud de las evidentes desventajas existentes entre el campo mexicano y el de nuestros socios comerciales como son los costos de producción no competitivos en México.
Los precios mayores en insumos como diesel, energía eléctrica, costos financieros, etcétera; así como mayores costos de transacción por la deficiente infraestructura carretera y de almacenamiento, costos que son ajenos al poder de influencia de los productores.
A diferencia de nuestros socios comerciales, México no excluyó del Tratado de Libre Comercio a los productos más sensibles para la economía nacional, como lo hizo Canadá con sus productos avícolas y lácteos.
De forma reiterada, y sin argumentos de peso, el gobierno federal se ha negado a la posibilidad de renegociar el tratado, cuando éste prevé mecanismos de revisión en su artículo 2202, que dice: las partes podrán convenir cualquier modificación a este tratado e inclusive de separación en su artículo 2205.
El gobierno federal no ha considerado la posibilidad de revisión, suspensión, moratoria u otros instrumentos de protección a la planta productiva nacional, argumentando que se abriría una caja de Pandora cuando, por ser un acuerdo de voluntades soberanas, cualquier incumplimiento o perjuicio del mismo, es posible resolverlo con los mecanismos propios del tratado o acudiendo a instancias internacionales como la Organización Mundial de Comercio.
A lo anterior se suma la desigualdad jurídica, ya que Estados Unidos negoció un acuerdo comercial, mientras que para México es un tratado con carácter de ley y de ello se derivan márgenes jurídicos para la revisión del TLCAN. Sin embargo, es claro que nuestro orden jurídico en ningún tratado puede estar por encima de los derechos que tutela nuestra Constitución.
De hecho, durante el tiempo de vigencia del Tratado de Libre Comercio se han realizado poco más de 60 enmiendas, la mayoría de ellas promovidas por el gobierno de los Estados Unidos y aprobadas por el gobierno de México, derivadas de las reglas de origen y del proceso de desaceleración arancelaria.
¿Esto qué significa? Que jurídicamente es posible revisar el tratado. Además de moral, existe una obligación constitucional del Ejecutivo federal de dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos.
Por tanto, es posible esta renegociación para modificar los términos del Tratado de Libre Comercio ---destaco--- en productos altamente sensibles para la economía nacional como es caso del maíz, frijol, leche en polvo y caña de azúcar, incluidos en el Capítulo Agropecuario.
Cabe preguntar: ¿por qué aferrarse a no tocar algún acuerdo comercial cuando éste le genera tanto daño al país? Han sido ya mencionados y publicados muchos de los efectos negativos de este Tratado.
Traigo aquí una larga relación que no voy a repetir; sin embargo, se mencionan una serie de desigualdades que se han traducido en graves daños económicos y sociales para el sector agrícola si consideramos que 22 por ciento de la fuerza laboral en México se concentra en el campo; que la producción de maíz ocupa al 60 por ciento y que la producción de frijol es la segunda empleadora de fuerza laboral agrícola.
Sin duda, cualquier evaluación que se haga sobre los impactos del Tratado de Libre Comercio debe ponderar los objetivos que entraña el mismo. Se dijo que habría crecimiento económico y éste ha resultado claramente insuficiente, y sobre todo en el campo.
Adicionalmente se debe tener en cuenta que las consecuencias de no llevarse a cabo esta renegociación no sólo van a tener efecto en México sino que se va a reflejar en problemas como el incremento de la migración a Estados Unidos.
En el plano interno es evidente que nuestro país no se encuentra preparado para que los campesinos y agricultores puedan hacerle frente a toda la liberalización comercial. Por ello, exigimos que se instale, a la brevedad, la mesa de negociación aprobada con organizaciones campesinas que esta Cámara de Diputados aprobó el año pasado y que recientemente la Comisión Permanente reiteró y en ella se evalúe, junto con los sectores involucrados, la posibilidad de renegociar el tratado exclusivamente con relación a los productos sensibles de la economía del país.
Adicionalmente debería abordarse el fin de la unilateralidad y autoritarismo con que se han manejado las reglas de operación, sin mezclar ambas cosas.
De esa manera, en tanto se estudie de manera seria y reflexiva esta acción urgente de renegociación respecto a los productos altamente sensibles, en Convergencia exigimos también que se aprovechen las medidas de emergencia previstas en el capítulo VIII del Tratado de Libre Comercio, que hace unas semanas planteamos en la Comisión Permanente, el diputado Alejandro Chanona y un servidor, pues esto permitirá hacer uso de los mecanismos legales previstos en el mismo tratado, para no desproteger al campo mexicano y evitar mayores daños, de los aquí reseñados, desde que entró en vigor dicho acuerdo comercial.
Por eso, en Convergencia reiteramos que se requiere de una actitud abierta y flexible de parte del gobierno federal, a fin de entrarle ya al análisis de una próxima renegociación en cuanto a los productos sensibles al país. Que con esa misma actitud se establezca la mesa respectiva para abordar la situación del campo y las posibles soluciones a esa problemática y, que finalmente aprovechemos las salvaguardas que el mismo tratado contempla para evitar mayores daños a las familias del campo. Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva. Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Padilla Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Héctor Padilla Gutiérrez : Con su permiso, compañera Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Adelante, diputado.
El diputado Héctor Padilla Gutiérrez : Con el permiso de todos, compañeros diputados y compañeras diputadas. Al abordar el tema del TLC, en estos 14 años de vigencia, sin duda que para sacar conclusiones contundentes debemos hacer un análisis sensato, profesional, contundente, con cifras reales de lo que ha estado pasando en estos 14 años.De nada sirven las descalificaciones absolutas, pero tampoco los éxitos deslumbrantes de un TLC al que se le atribuye todo lo bueno que está pasando en nuestro país. De nada sirven los mensajes mediáticos de que los mexicanos en el medio rural ya vivimos igual que los gringos y los japoneses. Este tipo de mensajes enrarecen el clima de análisis y discusión y complican llegar a conclusiones que pudieran ser empujadas por todas las fuerzas políticas en esta Cámara de Diputados.
Es cierto que en el marco regional del TLC México incrementó sustancialmente las exportaciones a los vecinos del norte, pero también es cierto que en el análisis seccionado del TLC el campo, el medio rural de México ha salido profundamente destrozado y lastimado, incluso en las exportaciones agropecuarias.
En la última década anterior al TLC las exportaciones agropecuarias a los socios del norte se incrementaron en el lapso de 10 años, 202 por ciento y, en los 14 años que tenemos de TLC, las exportaciones mexicanas han crecido 50 por ciento. Sin embargo, las importaciones de Estados Unidos a México antes del TLC, en la última década, habían crecido 28 por ciento y en los últimos 14 años crecieron 179 por ciento.
Pasamos de un buen nivel de soberanía alimentaria a una profunda dependencia alimentaria, especialmente de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, compañeros, hay que recordar que la política agrícola norteamericana la aplica el Departamento de Agricultura, pero la define el Departamento de Estado, porque es considerada una política en términos estratégicos, porque para Estados Unidos le representa una herramienta de influencia política con los países con los que tiene fuerte relación comercial.
Esta dependencia alimentaria se refleja en cifras muy concretas. En maíz hace 14 años importamos un millón de toneladas de maíz, en el año pasado importamos 10 millones de toneladas. En trigo importamos al año pasado 55 por ciento del consumo nacional. Antes del TLC éramos autosuficientes y exportábamos temporalmente trigo.
Éramos exportadores de soya, y el año pasado importamos 95 por ciento de nuestro consumo interno. Y en arroz importamos 75 por ciento, a cifras de 2006 del consumo nacional, cuando éramos autosuficientes antes de la firma del TLC.
Se ha mencionado el enorme impacto benéfico en los consumidores. Yo sólo menciono que el precio de la tortilla en los 14 años de vigencia del TLC se incrementó 759 por ciento. Antes del TLC, con un salario mínimo se compraban 35 kilos de tortilla, ahorita se compran 6 kilos de tortilla. Antes del TLC con un salario mínimo se compraban 8 kilos de frijol, hoy se compran 3 kilos de frijol. Antes del TLC con un salario mínimo comprábamos 46 litros de leche, hoy compramos 5 litros de leche.
Ésos son los resultados que tenemos en el caso del TLC para el campo y hemos sido exitosos en la exportación de frutas y hortalizas que está en manos de alrededor de 2 por ciento de los productores rurales de México. El 98 por ciento restante está al margen de estos beneficios.
Nuestro grupo se pronuncia por hacer una revisión, fortalecer lo que funciona bien y corregir lo que está funcionando mal en términos de la negociación del TLC y aplicar una vigorosa política interna para recuperar la capacidad productiva del campo, que la hemos tenido, igual que como la hemos tenido en otros tiempos en nuestro país con subsidios, inversiones, desarrollo tecnológico, producción de fertilizantes, producción de semillas mejoradas, almacenamiento y financiamiento---, que nos lleve a recuperar lo que hemos perdido en este periodo de vigencia del TLC.
No le podemos también pedir al TLC que recomponga lo que tenemos nosotros obligación de aplicar en nuestro propio territorio. Es cuanto, compañera Presidenta y compañeros.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado Héctor Padilla Gutiérrez. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa : Gracias, ciudadana Presidenta. Compañeras y compañeros. Por azares de la vida a mí me tocó ---de alguna manera--- participar en aquellas discusiones sobre las ventajas de firmar el TLC. Y particularmente en el campo, se decía entonces por el gobierno de Salinas, que íbamos a importar los granos pero mucho más baratos y las oleaginosas también mucho más baratas. Que no nos preocupáramos por eso. Pero que íbamos a exportar hortalizas y frutales.Incluso se dio la locura de que en todos los estados ---como si pensaran que el mercado es elástico y podría ampliarse indefinidamente---, empezaron a analizar si sembraban también hortalizas y frutales y se abandonaban los granos. Pero se decía: ``no hay problema, el consumidor va a salir favorecido con granos baratos del extranjero, y los productores favorecidos al exportar''.
A 14 años esas premisas no se cumplieron. Los granos hoy están más caros que nunca en el mundo y en México. Evidentemente el uso de biocombustibles y la entrada al mercado de naciones consumidoras tan grandes como China han provocado que en lugar de granos de maíz barato, de azúcar barata, de todos estos básicos, de frijol, lo que tengamos sean granos caros.
Las exportaciones sí han aumentado, pero han aumentado favoreciendo a aquéllos que concentran ---porque tienen los canales de comercialización--- todo ese tipo de productos; pero en muchos casos el campesino sigue en la miseria, no se ve favorecido por estos incrementos o estas ventajas que se obtienen. La ganancia se concentra en un sector, en lo que es el agronegocio. Y en el caso de los granos, lo padecemos todos.
¿Cuáles son en cifras los datos tan dramáticos que nos han arrojado 14 años del TLC? El promedio edad, según el Centro de Estudios de Desarrollo Rural de esta Cámara, el promedio de edad de los campesinos hoy, en este país, es de 60 años. Ya no hay una próxima generación asegurada para el campo.
La gente ve, el hijo del ejidatario ve como una maldición que le heredes la tierra y lo pongas a trabajar, porque nadie vive ya con una parcela; porque nadie vive con aquella porción pequeña de tierra que tenía para explotar. No es el caso, como se ha dicho, que son tan pequeñas las parcelas que no dan, porque en el mundo los japoneses sobreviven con una hectárea y los europeos con cinco hectáreas. Aquí con más hectáreas no se puede sobrevivir. Se ve como una desgracia el que se deje la tierra. No hay próxima generación de campesinos.
Esto se refleja en términos también comerciales y de quienes están produciendo. El 70 por ciento de las mejores tierras, en general de las tierras que se dedican a la agricultura comercial, están rentadas. Sólo sobrevive un 30 por ciento que se convierte en arrendador, que dispone no de una parcela, sino de más. No hay, obviamente, forma de que la gente que se ha mantenido en el autoconsumo salga de ello. No hay un programa de empleo emergente para el campo.
¿Qué es el resultado? El incremento de mano de obra que se exporta de braceros hacia Estados Unidos, de gente que se viene a las ciudades. Esas desgracias no las van a borrar las pobres ventajas que se digan de que algunos agronegociantes han incrementado sus exportaciones, porque el campo está deplorable. Eso no es de hoy, eso viene acumulándose en estos 14 años.
Pero la mayor desgracia de todo esto ---desde entonces---, iniciado por los gobiernos del PRI y continuado por los del PAN, es que no quisieron tener política para el campo. Todo lo dejaron a que el mercado lo iba a solucionar. No hubo una planeación.
Firmado el TLC, Canadá y Estados Unidos se meten a hacer sus programas para el campo. En México se dijo: ``Déjenlo; ahí que camine solo''. No hay política para el campo, y sigue sin haber política para el campo.
Hoy estamos en la circunstancia de que se le dice al campesino pobre: ¿Quieres regresarte? ¿Sabes qué? Te voy a dar hasta 50 por ciento de apoyo productivo, nada más consíguete el otro 50 por ciento con un banco''. Claro está que el campesino no tiene acceso a esos créditos.
Hoy hasta con subsidios como Procampo es con lo que pagan. El campesino se lo entrega al arrendador y con eso le paga la renta de la tierra. ``Lo que recibo de Procampo, del Estado, te lo doy en pago porque tú no puedes producir. Tú vete a Estados Unidos. No tienes nada qué hacer aquí''.
Los apoyos al diesel igual se concentran en unos pocos. Los apoyos que se dan a los granos finalmente termina comiéndoselos el círculo del mercado y dicen: ``Te lo descuento de tu precio y te pago más barato''. Éste es el asunto. No hay una política para el campo.
No sé para qué tanto funcionario, no sé para qué tanto dinero si no se viene a concentrar más que en manos de los amigos. Desde que se firmó el TLC quedó fuera el sorgo. ¿Por qué? Porque el señor Robinson Bours ---termino---, que estaba negociando eso, dijo: ``Yo soy Bachoco. Déjenme fuera''. Quedó fuera el trigo y por eso hoy tenemos que importar tal volumen, porque Bimbo dijo: ``Déjenmelo fuera''.
Lo que hoy sigue en complicidad entre la Secretaría de Agricultura es el gran negocio con unos cuantos acaparadores que son los que se benefician de los canales de comercialización, y el campo está abandonado. El campo no tiene campesinos para la próxima generación y la tierra se está rentando.
Cuando menos les diría que hay que defender lo poco que queda y no seguirlo sangrando. Por eso hay que renegociar el TLC, porque esto se da en el marco de implementar una nueva política, una verdadera política de soberanía alimentaria, que hasta ahora se ha carecido de la misma. Ése es el reto.
Las luchas, las presiones de las organizaciones van a seguir. También nosotros somos solidarios hasta que tengamos una política. Defendamos nuestros granos básicos y que lleguen los apoyos al sector más desprotegido de nuestro campo. Muchas gracias.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado Juan Guerra Ochoa. Tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Antonio Escaroz Soler, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Gerardo Antonio Escaroz Soler : Con su permiso, compañera Presidenta.El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este acuerdo comercial incluyó un capítulo sobre el sector agropecuario, el cual sentó las bases para aprovechar las ventajas comparativas de los productos mexicanos de exportación, y logró aprovechar y complementar los sectores agroalimentarios de los tres países.
Desde 1939 el Partido Acción Nacional ha cimentado en su doctrina que deben tomar medidas necesarias para proporcionar a los agricultores un precio justo por sus productos y hacerles posible una vida en condiciones humanas, consolidar, incrementar y mejorar nuestra producción agrícola para que la población rural deje de ser víctima de la explotación económica y política y pueda ejercitar con posibilidades materiales y con valores morales positivos la actividad que le corresponde en la formación y el desarrollo de nuestra patria.
A través del tiempo fuimos luchando por definir con seguridad jurídica el régimen de producción, sus condiciones y garantías, así como las oportunidades de créditos y el acceso material y económico, al mercado.
Hemos sido impulsores del establecimiento de cadenas productivas donde los productores primarios participan en el proceso de dar valor agregado a sus productos y con esfuerzo hemos ido alcanzando la meta de ser competitivos en diferentes ramas de la producción.
En el campo está el primero y más hondo problema de la economía social de México. Pero sólo los que hemos crecido en él tenemos la sensibilidad y el leal deseo de hacer del campo y sus campesinos el lugar de progreso y desarrollo que pueda llegar a consolidarnos como país. Porque sólo aquéllos de mentes obtusas pueden comprometer la seguridad alimentaria de una nación como la nuestra.
Ante la liberalización agropecuaria prevista para el 2008 y debido a la firma del Tratado de Libre Comercio debieron tomarse acciones específicas, previendo los efectos sobre este sector. De este esfuerzo resulta la creación de programas como el Procampo, el PEC, el Programa Especial Concurrente, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, entre otras, que se han venido a complementar en esta administración, con los planes emergentes para los cuatro productos agropecuarios que han sido liberados de aranceles, como es el maíz, la leche, el azúcar y el frijol.
El incremento de las exportaciones tanto del maíz como del frijol a partir de la firma del Tratado, responde a condiciones de desigualdades en términos de subsidios que existen principalmente en Estados Unidos. Sin embargo, las políticas de competitividad han hecho que en el caso del maíz se pueda exportar incluso a Centroamérica. No así para el frijol, cuyos mayores volúmenes de cosecha dependen de la temporalidad.
El sector azucarero ha sido uno de los más golpeados y controvertidos dentro del tratado comercial, aunado a los conflictos entre sindicatos, organizaciones, industria y gobierno, debemos agregar el incumplimiento de los cupos de importación de los Estados Unidos. El Partido Acción Nacional está a favor de diseñar medidas que le permitan a la agroindustria azucarera atender las necesidades de inversión que requiere el sector para modernizarse, introduciendo innovación tecnológica, diversificando productos y eliminando el control administrativo o corporativo.
En la producción de leche, las cifras fueron más alentadoras y se registró un incremento entre el 94 y el 2002. Esto como parte del apoyo otorgado por el gobierno al sector lechero, a través del programa de Alianza para el Campo. Sin embargo, en este mismo periodo y a raíz de la modificación a la Ley de Inversiones Extrajeras, algunas de las empresas procesadoras han sido vendidas a compañías extranjeras que se han apropiado de marcas nacionales de derivados de leche y que para su producción no utilizan la leche mexicana.
La apertura comercial a raíz del Tratado de Libre Comercio y la desgravación gradual en la importación de polvos y lactosueros ha provocado la proliferación de fórmulas lácteas que se venden como leche en el mercado nacional; lo que constituye una competencia desleal con la leche auténtica producida en el país.
De 1993 al 2001, los precios promedio de nuestras exportaciones agroalimentarias disminuyeron 15 por ciento, mientras que los precios de las importaciones se incrementaron un 2 por ciento.
Este comportamiento en los precios implícitos del comercio exterior significan que desde el principio del Tratado de Libre Comercio, el sector agropecuario del país no ha generado los beneficios que todos esperábamos, por la disminución de las barreras comerciales. Pero nos ha obligado a buscar un campo autosustentable, tecnificado y más competitivo.
Es hora de focalizar nuestros esfuerzos e ir incluyendo en nuestras acciones de apoyo a aquellos cultivos poco convencionales, donde estamos teniendo rentabilidad. Ejemplo de estos son las hortalizas y las frutas, y donde el potencial de exportación ha crecido considerablemente y concentra más del 30 por ciento del total de las exportaciones agroalimentarias.
En Acción Nacional estamos conscientes de la problemática que el sector enfrenta, con la parte final de la desgravación arancelaria del tratado. Sin embargo, estamos procurando que los diferentes programas del gobierno, como lo establece nuestra plataforma, cumplan con la función de apoyar a nuestros productores y los ayuden a ser más productivos, más eficientes y se puedan integrar a las diferentes cadenas productivas.
En aras de contar con una patria más justa y más ordenada, porque en teoría el espíritu de cualquier tratado comercial entre países siempre ha sido y será buscar el crecimiento de las economías entre los socios. Y es hora de que los mexicanos nos comportemos como tal.
Seamos congruentes, dignifiquemos la posición de los trabajadores del campo y busquemos, en conjunto con el Poder Ejecutivo federal, el México próspero y competitivo que todos queremos y deseamos. Muchas gracias.
La Presidenta diputado Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado Gerardo Antonio Escaroz Soler.
Esta Presidencia informa que se acaba de recibir oficio de la Cámara de Senadores. Proceda la Secretaría, por favor, a dar lectura.
PERMISO AL PRESIDENTE PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Secretarios de la Cámara de Diputados.--- Presentes.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede autorización al presidente de los Estados Unidos Mexicano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para ausentarse del territorio nacional del 10 al 14 de febrero de 2008, a efecto de realizar una gira de trabajo por las ciudades de Nueva York, Nueva York; Boston, Massachussets; Chicago, Illinois; Sacramento y Los Ángeles, California; en los Estados Unidos de América.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Senadores.--- México, DF.
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Único. Se concede autorización al presidente de los Estados Unidos Mexicanos Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, para ausentarse del territorio nacional del 10 al 14 de febrero de 2008, a efecto de realizar una gira de trabajo por las ciudades de Nueva York, Nueva York; Boston, Massachussets; Chicago, Illinois; Sacramento y Los Ángeles, California; en los Estados Unidos de América.
Transitorio
Único. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, Secretaria.Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
LEY DE VIVIENDA
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es la presentación de iniciativas, por lo que se concede el uso de la tribuna a la diputada Martha Margarita García Müller, del Grupo Parlamentario del Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Vivienda.
La diputada Martha Margarita García Müller : Con su permiso, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Adelante, diputada.
La diputada Martha Margarita García Müller : Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, me voy a permitir leer una síntesis de la exposición de motivos de la iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de accesibilidad y adaptabilidad.La suscrita, diputada Martha García Müller , integrante del Grupo Parlamentario del PAN, somete a su consideración la siguiente iniciativa:
La política de vivienda es un instrumento gubernamental que tiene como objetivo contribuir con la equidad entre los mexicanos, contrarrestando las desigualdades sociales.
La vivienda no es sólo es el espacio edificado donde habitamos las personas. Es el lugar del que más dependemos porque nos brinda protección, seguridad y privacidad. Es el ámbito en el que establecemos nuestras relaciones más primarias y cercanas. Más aún, es parte fundamental del patrimonio familiar.
Por todo ello constituye un referente obligado para nuestro desarrollo personal y comunitario, de ahí que sea un deber ineludible del Estado garantizar a su población el acceso a una vivienda que cuente con las condiciones necesarias para alcanzar dichos objetivos, principalmente para aquellas personas que tiene alguna discapacidad o desventaja, como son los adultos mayores y las personas con discapacidad.
Ellas tienen la necesidad de habitar viviendas que cuenten con determinadas características que permitan su libre movilidad y desempeño. En consecuencia, es necesario que dichas viviendas sean construidas con criterios de adaptabilidad.
Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2000, del INEGI, en México existen 2.2 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad; es decir, 2.3 por ciento de la población total. De ellos, 45.3 por ciento tiene discapacidad motora, 26 por ciento son débiles visuales o ciegos, 15.7 son sordos o escuchan con algún aparato auditivo; 16.1 tiene discapacidad intelectual y 4.9 son personas con problemas del habla, entre otros.
Respecto a los adultos mayores, existen 8.3 millones con edades entre 60 años y más, según información del Conteo de Población y Vivienda de 2005 generado también por el INEGI.
Por ello, propongo la presente iniciativa que tiene como objeto incorporar a la Ley de Vivienda la obligación de las autoridades gubernamentales de promover que la construcción de vivienda se realice con criterios de adaptabilidad y accesibilidad.
La accesibilidad no puede traducirse en un sinónimo de aislamiento, inseguridad o malestar en aquellas personas con discapacidad, cuyos requerimientos son especiales. Para ellas la distribución, las condiciones de la vivienda, así como la comunicación con el exterior se convierten muchas veces en un conjunto de barreras que les impide desenvolverse de manera independiente dentro y fuera de ella.
En septiembre del año pasado, el Senado de la República de nuestro país ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual promueve la adopción de medidas a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente de todos los aspectos de la vida.
En este sentido, nuestro país ha asumido el compromiso de generar las condiciones físicas para garantizar la ley de movilidad en los edificios, los caminos, el transporte y otras obras, bajo techo y al aire libre, como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo.
De esta forma, en esta iniciativa se establece que la accesibilidad debe formar parte integral de la vivienda y del entorno urbano, como un factor que propicie la movilidad y la comunicación con sus habitantes, ofreciendo condiciones propicias para el desarrollo y convivencia de los adultos mayores y las personas con discapacidad.
Por lo anterior, propongo que la Comisión Nacional de Vivienda promueva el establecimiento de que en todos los desarrollos habitacionales se exija que los mismos cuenten con un mínimo de 3 por ciento de viviendas destinadas a las personas con discapacidad y a los adultos mayores, por lo que en los mismos deberán observarse las características de accesibilidad y adaptabilidad.
Éste es un pequeño reconocimiento a las personas con discapacidad y responde al compromiso que nuestro grupo parlamentario tiene con este sector de la sociedad que requiere de condiciones que le permitan participar plenamente en todos los ámbitos de la vida nacional.
Compañeras y compañeros, los conmino a dar su apoyo a esta iniciativa como un paso más en la cristalización del derecho a una vivienda realmente digna y decorosa. Es el momento de seguir avanzando. También es el ideal al que, como país, aspiramos.
La igualdad de oportunidades de todas las mexicanas y todos los mexicanos es una necesidad. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada Martha Margarita García Müller , del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrita diputada federal, Martha Margarita García Müller , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de accesibilidad y adaptabilidad, al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosLa vivienda no es sólo el espacio edificado donde las personas habitamos. Es el lugar del que más dependemos porque nos brinda protección, seguridad y privacidad. Es el ámbito en el que establecemos nuestras relaciones más primarias y cercanas. Más aún, es parte fundamental del patrimonio familiar. Por todo ello la vivienda constituye un referente obligado para nuestro desarrollo personal y comunitario; de ahí que sea un deber ineludible del Estado garantizar a su población el acceso a una vivienda que cuente con las condiciones necesarias para alcanzar estos objetivos.
El artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su párrafo quinto, una garantía social a favor de la familia, con el objetivo de que disfrute de una vivienda digna y decorosa.
Asimismo, la Ley de Vivienda vigente, tiene por objeto establecer y regular la política nacional de vivienda, los programas, los instrumentos y apoyos que hagan realidad dicha garantía constitucional, la cual señala que se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos.
Aunque los avances en el acceso a la vivienda son alentadores, prevalece el reto de garantizar una vivienda con las características que legalmente la reconocen como digna y decorosa.
Y parte sustancial de la dignidad y el decoro que deben proveer las viviendas a sus habitantes pasa por el establecimiento de criterios de accesibilidad y adaptabilidad en su diseño y construcción.
El concepto de accesibilidad está muy unido de origen al movimiento impulsado por organizaciones de personas con discapacidad, expertos y organismos internacionales mismo que busca promover un modelo de ``vida independiente'' para las personas con discapacidad. Dicho modelo defiende una participación más activa de estas personas en la comunidad sobre nuevas bases que las reconozcan, en primer lugar, como ciudadanos titulares de derechos y sujetos activos que ejercen el derecho a tomar decisiones sobre su propia existencia, más que como meros pacientes o beneficiarios de decisiones ajenas. De igual manera propugna por que se asuma que las personas con discapacidad tienen dificultades para satisfacer necesidades diferentes al resto de sus conciudadanos. Finalmente, busca generar la sensibilidad para entender que la atención de estas necesidades requiere que las personas con discapacidad demanden apoyos personales, pero también modificaciones en los entornos que erradiquen aquellos obstáculos que les impiden su plena participación en todos los ámbitos de desarrollo.
Sobre estas bases es que el movimiento llegó a plantear la reivindicación de la ``accesibilidad universal'' como condición que deben cumplir los entornos, productos y servicios para que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas.
La ausencia de accesibilidad constituye, sin lugar a dudas, una forma de discriminación indirecta porque genera una desventaja a las personas con discapacidad en relación con aquellas que no la tienen.
En el caso específico de la vivienda, la no accesibilidad puede traducirse en un sinónimo de aislamiento, inseguridad o malestar; pero sobre todo para las personas con discapacidad cuyos requerimientos son mayores. Para ellas, la distribución y las condiciones de la vivienda, así como la comunicación con el exterior se convierten, muchas veces, en un conjunto de barreras que les impiden desenvolverse de manera independiente dentro y fuera de ella. 1
Es por esta razón que el año 1981 fue proclamado por una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada en 1976 como Año Internacional de las Personas con Discapacidad, bajo el lema ``Participación plena e igualdad''. En esta resolución se establecieron cinco objetivos principales, entre los que se encuentra el ``estimular los proyectos de estudio e investigación destinados a facilitar la participación práctica de las personas con discapacidad en la vida cotidiana; por ejemplo, mejorando su acceso a los edificios públicos y a los sistemas de transporte''.
Para 1982, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad. Este programa destaca la necesidad de que los Estados miembros pongan los medios para que la persona con discapacidad pueda hacer uso de los servicios que se ofrecen a la colectividad. Al ser accesibles a todos ``se hará efectivo el principio de igualdad de oportunidades''. Además, dentro de sus orientaciones clave en el entorno físico el artículo 114 establece que ``los Estados miembros están invitados a adoptar una política tendente a asegurar a las personas con discapacidad el acceso a todos los nuevos edificios e instalaciones, viviendas y sistemas de transporte público existentes, siempre que sea posible, especialmente durante su renovación''.
El año pasado se dio a conocer el proyecto de Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas que en su artículo 9 sobre el tema de accesibilidad estipula:
1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados partes adoptarán medidas apropiadas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en pie de igualdad con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones públicos, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras al acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
Estos lineamientos establecidos por la ONU adquieren mayor relevancia en nuestro país si consideramos que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2000, en México hay ocho personas con discapacidad motriz por cada mil habitantes en el país; es decir, poco más de 814 mil personas. El 50.4 por ciento de quienes tienen discapacidad motriz es mayor de 60 años, por lo que podemos inferir que este fenómeno se encuentra asociado al proceso de envejecimiento.
Por lo que se refiere a las personas con discapacidad visual, existen alrededor de 467 mil, de las cuales el 50.6 por ciento son mujeres. Esta discapacidad se concentra en la población adulta y anciana, pues del total el 33 por ciento tiene de 30 a 59 años y los mayores de 60 años representan el 48.8 por ciento. Como podemos apreciar, a medida que aumenta la edad aumenta también la proporción de personas con este tipo de discapacidad.
Las personas con discapacidad mental en nuestro país suman un total de 290 mil y en su mayoría se trata de jóvenes, ya que el 60.6 por ciento son menores de 30 años de edad. Mientras que un aproximado de 281 mil personas enfrentan discapacidad auditiva, de los cuales el 55.5 por ciento son mayores de 60 años, por lo cual uno de los factores más importantes que la desencadenan es la edad avanzada. Finalmente, en lo que se refiere a la discapacidad del lenguaje se presenta en poco más de 87 mil personas, concentrándose en casi 60 por ciento en población menor de 30 años. 2
De acuerdo con estos datos ofrecidos por el INEGI, estamos hablando de una población aproximada de 2 millones de mexicanos con discapacidad que requieren el establecimiento de las medidas necesarias para contar con espacios públicos y privados con las condiciones adecuadas que les permitan a estas personas con limitación, movilidad o comunicación reducida desenvolverse de manera autónoma.
A este respecto en la legislación mexicana disponemos desde el año 2005 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, la cual mandata en su artículo 5, inciso h), que las políticas públicas en la materia deberán contemplar como uno de sus principios la accesibilidad. Asimismo, su artículo 13 establece que las dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad vigente.
Esta ley reconoce además el derecho de las personas discapacitadas a la vivienda. Para garantizar este derecho estipula que ``los programas de vivienda del sector público incluirán proyectos arquitectónicos de construcciones que consideren las necesidades propias de las personas con discapacidad. De la misma manera, los organismos públicos de vivienda otorgarán facilidades a las personas con discapacidad para recibir créditos o subsidios para la adquisición, construcción o remodelación de vivienda'' (artículo 16).
En consonancia con estas disposiciones, la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, elaboró, en 2005, la guía Hacia un código de edificación de vivienda con el fin de establecer los lineamientos que sirvan de fundamento para que las autoridades estatales y municipales elaboren su propia reglamentación de forma que garanticen, entre otras cosas, que las viviendas resulten habitables, accesibles y sustentables.
En este documento se establece que ``la accesibilidad debe formar parte integral de la vivienda y del entorno urbano, como un factor que propicie la movilidad y la comunicación de sus habitantes, ofreciendo condiciones propicias para el desarrollo y convivencia de los adultos mayores y las personas con discapacidad'' 3 Así, en términos de este código, es preciso desarrollar acciones decididas con el fin de ``diseñar lineamientos para hacer accesible y proyectar como adaptable el entorno físico''.
Ahora bien, se entiende como vivienda adaptable ``aquélla que se proyecta y edifica con base en un diseño que no implica grandes obras de construcción, a fin de crear las condiciones favorables de funcionalidad para satisfacer las necesidades de accesibilidad de sus ocupantes''. La vivienda accesible es ``aquélla que se proyecta y construye con base en las necesidades específicas de un usuario con discapacidad para crear las condiciones favorables de funcionalidad y satisfacer las necesidades de accesibilidad''. 4
Asimismo, esta comisión en colaboración con la Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para las Personas con Discapacidad, elaboraron los Criterios de Diseño y Construcción para Vivienda Adaptable y Accesible para las viviendas de interés social con el propósito de que sean funcionales para todos los habitantes y que les permitan desenvolverse de manera independiente de acuerdo a sus propias necesidades. 5
Es por ello que promover la accesibilidad y adaptabilidad en las acciones de vivienda emprendidas por todos los niveles de gobierno es un factor crucial en la consecución de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y la salvaguarda de sus derechos a fin de que puedan desarrollarse de manera autónoma en todas las esferas y se desenvuelvan libremente sin barreras de por medio.
Una ventaja adicional de la promoción de los criterios de accesibilidad y adaptabilidad en el diseño y construcción de viviendas radica en que no sólo significaría grandes beneficios para las personas que ya tienen alguna discapacidad, sino que resultaría útil a cualquier persona que en algún momento de su vida enfrentara problemas temporales de movilidad como es el caso de personas accidentadas, mujeres embarazadas, niños pequeños, personas con padecimientos, sometidas a alguna cirugía o en general para aquellas que no teniendo limitaciones físicas desean mejorar su calidad de vida disponiendo de un entorno más práctico y seguro. 6
Además, debemos considerar que la esperanza de vida entre la población es cada vez mayor, y que en los años por venir se espera un incremento considerable de las personas adultas mayores. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población en las próximas décadas continuará el incremento de la esperanza de vida hasta alcanzar los 80 años en 2050; al tiempo en que la cantidad de adultos mayores se elevará considerablemente ya que entre 2030 y 2050 las personas que nacieron como producto de la alta fecundidad experimentada en el país entre 1960 y 1980 serán mayores de 60 años. 7
Resulta claro que cada vez habrá una mayor cantidad de población con movilidad reducida o limitaciones de comunicación, por lo que es necesario comenzar lo más pronto posible a tomar las medidas necesarias para garantizar el confort y la seguridad de todas las personas en sus hogares.
Con el propósito de contribuir a esta causa, la presente iniciativa se propone reformar la Ley de Vivienda para que dentro de los lineamientos que debe considerar la política nacional de vivienda se encuentre promover la adopción de criterios de accesibilidad y adaptabilidad en el diseño, construcción y mejoramiento de la vivienda. Asimismo, se pretende que los gobiernos estatales asuman la atribución de promover que las acciones de vivienda contemplen los criterios de accesibilidad y adaptabilidad, y que los gobiernos municipales establezcan y regulen dichos criterios.
Además se propone que la Comisión Nacional de Vivienda promueva, el establecimiento de que en todo desarrollo habitacional se exija que el mismo cuente con un mínimo de viviendas destinadas a la personas con discapacidad y a los adultos mayores, por lo que las mismas deberán observar las características de accesibilidad y adaptabilidad.
Con estas reformas, se busca que las personas con discapacidad y las personas adultas mayores, puedan hacer realidad su derecho a una vivienda digna y decorosa, pero además accesible dados sus requerimientos y necesidades.
Los conmino a dar su apoyo a esta iniciativa como un paso más en la cristalización del derecho a una vivienda realmente digna y decorosa. Es momento de seguir avanzando también en el ideal al que como país aspiramos: la igualdad de oportunidades de todas y todos los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con
Proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, en materia de accesibilidad y adaptabilidad
Artículo Único. Se adiciona la fracción X al artículo 6; la fracción VII al inciso A del artículo 17 y la fracción VIII al inciso B del mismo artículo; además de la fracción XXIV del artículo 19 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:
Artículo 6. La Política Nacional de Vivienda tiene por objeto cumplir los fines de esta ley y deberá considerar los siguientes lineamientos:
Artículo 17. - La Comisión promoverá que los gobiernos de las entidades federativas expidan sus respectivas leyes de vivienda, en donde establezcan la responsabilidad y compromiso de los gobiernos estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones para la solución de los problemas habitacionales de sus comunidades. Entre otras tareas y responsabilidades, deberá promoverse que:
A. Los gobiernos estatales asuman las siguientes atribuciones:
B. Los municipios asuman las siguientes atribuciones:
Artículo 19. Corresponde a la comisión:
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas: 1. Alonso López, Fernando. La accesibilidad como valor social: costes y beneficios de la eliminación de barreras , Barcelona, Instituto Universitario de Estudios Europeos-Universidad Autónoma de Barcelona. Documento consultado en http://www.usal.es/~inico/investigacion/jornadas/jornada3/actas/simp25.pdf 2. Conafovi (2005), Guía Conafovi. Hacia un código de edificación de vivienda , México, Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda, página 32. 3. Comunicado de prensa número 173/2004 del Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática. 8 de diciembre de 2004. 4. Conafovi, op. cit. , página 33. 5. Dirección General de Fomento al Crecimiento del Sector Vivienda (2003), Criterios de diseño y construcción para vivienda adaptable y accesible , México, Sedesol/Conafovi/ Oficina de Representación para la Promoción e Integración Social para las Personas con Discapacidad. 6. Martínez-Pereda Soto, Matías. Reflexiones sobre discapacidad y accesibilidad en derecho comparado europeo , documento obtenido de la página http://www.futuex.com/archivo.php?id=2270; y Alonso López, op. cit. 7. Conapo (2005), Envejecimiento de la población de México. El reto del siglo XXI , México, Consejo Nacional de Población. Consultado en http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/enveje2005/enveje02.pdfLa Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputada Martha Margarita García Müller.Túrnese a la Comisión de Vivienda.
ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL - CODIGO PENAL FEDERAL - CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la tribuna al diputado Miguel Arellano Pulido, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosy diversas disposiciones del Código Penal Federaly del Código Federal de Procedimientos Penales.
El diputado Miguel Ángel Arellano Pulido : Con su permiso, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Adelante, diputado.
El diputado Miguel Ángel Arellano Pulido : Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, antes de iniciar la exposición de motivos sobre la pertinencia de la iniciativa que hoy presento es indispensable mencionar que la misma alude a una reforma al artículo 20 constitucional, el cual fue modificado en el proyecto de reforma aprobado por esta Cámara y por el Senado en diciembre del año próximo pasado, en la llamada reforma judicial.Sin embargo, en esta última se conserva el mismo texto que propongo, por lo que una vez que entre en vigor sólo tendría que adecuarse el orden del apartado y número del párrafo de la iniciativa de reformas a las que haré referencia.
Hecha esta aclaración, quiero referirles que en el marco jurídico de nuestro país, en las últimas décadas se han establecido verdaderas garantías legales para los inculpados, creando toda una estructura burocrática y jurídica para garantizar el irrestricto respeto a los derechos fundamentales de las personas involucradas en un asunto penal y se han realizado grandes esfuerzos por atender y garantizar los derechos de las víctimas u ofendidos de un hecho delictuoso, empezando por evitar la doble victimización, participar como coadyuvantes del Ministerio Público y el pago de la reparación del daño.
Es en este último punto donde me interesa abundar y es este rubro hacia donde va dirigido el presente proyecto de iniciativa legal.
El derecho penal no sólo se ha caracterizado por contar con procedimientos ágiles que protejan a las víctimas u ofendidos de los ilícitos penales y menos aún que garanticen adecuadamente la restitución del bien jurídico afectado en un delito; entendiendo por ello: la restitución de derechos, bienes materiales, proporcionar tratamiento médico o psicológico a la víctima, entre otros más.
Esta problemática tiene diferentes causas, algunas obedecen a la propia naturaleza del bien jurídico tutelado, a lo subjetivo que puede resultar su valoración o bien, a diferentes resquicios legales.
La propuesta legislativa que hoy presento se compone de dos grandes rubros: por una parte busca garantizar que la autoridad judicial cuente con elementos objetivos para condenar y cuantificar la reparación del daño, siempre que proceda y, por otra parte, que ante cualquier beneficio de libertad anticipada, sea un requisito sine qua non el pago de la reparación del daño.
Primero. Como ya he señalado, en los últimos años se han hecho esfuerzos para garantizar el respeto a los derechos de las víctimas u ofendidos de los delitos y sus logros se han consagrado en las diversas reformas legales al apartado B del numeral 20 de nuestra Carta Magna.
En este loable esfuerzo se ha llegado a extremos contrarios a la razón y a la lógica jurídica. Tal es el caso, que la ley contempla que siempre que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria, se sancione al inculpado a la reparación del daño; dejando fuera diversas consideraciones de hecho y de derecho, que debería tomar en consideración el juez, al individualizar la pena en lo concerniente a la reparación del daño.
Segundo. En la práctica, a la mayoría de los inculpados se les sanciona con la reparación del daño. Sin embargo, es una minoría quienes cumplen con esta obligación legal, pues la ley contempla la figura de la prescripción, donde el simple transcurso del tiempo ---que por cierto es de dos años--- exime su cumplimiento.
Asimismo, nuestro sistema de justicia penal contempla diversos beneficios de libertad anticipada para los sentenciados, como el tratamiento preliberacional, la libertad preparatoria o la remisión parcial de la pena.
Estos beneficios de libertad que son positivos para los internos, sin embargo, no es lo mismo para las víctimas u ofendidos de los delitos y que son del todo injustos. Y más aún si valoramos que la inmensa mayoría de las personas que obtienen estos beneficios no pagan la reparación del daño y que sólo esperan el transcurso del tiempo para solicitar su prescripción y su no exigibilidad.
Por tal razón, considero que si una persona que cometió un delito y con el tiempo se le otorga un beneficio de libertad anticipada, lo menos que se debe esperar es que pague la reparación del daño, como una muestra de equidad procesal para la victima u ofendido, por lo que propongo una adición al artículo 113 del Código Penal Federal y que el tiempo para que prescriba la reparación del daño sea el mismo que se necesita para que prescriba la pena privativa de libertad.
Tercero. Nuestra Carta Magna y el Código Procesal de la materia establecen el pago de daños y perjuicios para quien comete un delito. Sin embargo, estimo que en tratándose de materia penal, la legislación solamente debería sancionar la reparación del daño y no así los perjuicios, que son una figura de naturaleza civil toda vez que debe entenderse como perjuicios la ganancia o utilidad licita que dejó de percibirse por responsabilidad de un tercero o la indemnización por un tratamiento, por un detrimento patrimonial. En cambio la reparación del daño, en sentido penal, tiene otro fondo, de una justicia restaurativa para el daño físico y moral.
En mérito de lo expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 20, apartado A, fracción I, párrafo segundo, y apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman y adicionan los artículos 30, 31 Bis y 113 del Código Penal Federal; y se reforman los artículos 135, 149, 293 y 365 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Por razones de tiempo no es posible enunciar todo el proyecto de reformas de la iniciativa. Sin embargo, en virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito que se dispense su lectura y se tenga por reproducida íntegramente en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.
«Iniciativa que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Federal de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Miguel Ángel Arellano Pulido , del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal, Miguel Ángel Arellano Pulido , integrante de la LX Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento por lo dispuesto en la fracción II del artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción II del artículo 55, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 20, apartado A, fracción I, segundo párrafo, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 fracción III, 31 Bis, 113 del Código Penal Federal; 135, 149, 293 y 365 del Código Federal de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEn México por años se ha estancado el derecho penal, ya que fue utilizado sólo como el ius ponendi del Estado, pensando que los problemas de inseguridad y delincuencia se resolverían sólo con más delitos, mayores penas y más policías; empero, lo más grave aún, es que escasamente hace apenas cuatro décadas, el derecho penal fue utilizado como medida para atender problemas sociales y políticos, y mantener el estatus quo del Estado, llegando a los extremos del terrorismo de Estado.
Afortunadamente, el cambio democrático en nuestro país ha influido favorablemente en este rubro, pues después de actos de genocidio y desapariciones políticas, y el auge del respeto a los derechos humanos, se han establecido verdaderas garantías legales para los inculpados, creando toda una estructura burocrática y jurídica para garantizar el irrestricto respeto a los derechos fundamentales de las personas involucradas en un asunto penal.
Más reciente aún, han sido los esfuerzos por atender y garantizar los derechos de las víctimas y ofendidos de un hecho delictuoso. Empezando por evitar la doble victimización, participar como coadyuvantes del Ministerio Público y el pago de la reparación del daño.
Es en este último punto donde nos interesa abundar, y es este rubro hacía donde va dirigido el presente proyecto de iniciativa legal.
El derecho penal no se ha caracterizado por contar con procedimientos legales y eficientes que protejan a las víctimas y ofendidos de los ilícitos penales, y menos aún, que garanticen adecuadamente la restitución del bien jurídico tutelado afectado en un delito, entendiendo por ello, la restitución de derechos, bienes materiales, proporcionar tratamiento médico o psicológico a la víctima, entre otros más. Esta problemática tiene diferentes causas, algunas obedecen a la propia naturaleza del bien jurídico tutelado, pues cuando se trata de la vida, como es el caso en un homicidio, no es posible por ningún modo su restitución, en otros delitos es muy subjetivo la valoración del daño y las acciones o costos para resarcirlo, como en la privación ilegal de la libertad o los delitos de carácter sexual. Finalmente, en otros casos, donde aparentemente es sencilla la cuantificación de la reparación del daño, como en los delitos patrimoniales, fraude, abuso de confianza, robo y otros más; también tenemos problemas, pues es común encontrarse con casos en los que está acreditada la responsabilidad del sujeto activo, e incluso existe una sentencia penal condenatoria; sin embargo, la sentencia absuelve de la reparación del daño o bien, si es que condena, el inculpado tiene a su favor salidas legales que lo benefician para no cubrirla.
Esta iniciativa tiene como fin principal, proteger de manera eficaz y real, el derecho de las víctimas y/u ofendidos del delito, a la reparación del daño por la comisión de un ilícito penal.
La propuesta legislativa se compone de dos grandes rubros, por una parte busca garantizar que la autoridad judicial cuente con elementos objetivos para condenar y cuantificar la reparación del daño, siempre que proceda; y por otra parte, que ante cualquier beneficio de libertad anticipada, sea un requisito sine qua non el pago de la reparación del daño.
Primero. En los últimos años, han hechos mucho esfuerzos para garantizar el respeto a los derechos de las víctimas y ofendidos de los delitos, y evitar una doble victimización. Dentro de ello, ha sido fundamental las reformas legales al apartado B del numeral 20, de nuestra Carta Magna.
Sin embargo, en este loable esfuerzo se ha llegado a extremos contrarios a la razón y a lógica jurídica, tal es el caso que la ley contempla que siempre que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria, se sancione al inculpado a la reparación del daño, dejando fuera diversas consideraciones de hecho y de derecho, que debería tomar en consideración el juez al individualizar la pena en lo concerniente a la reparación del daño, como pudieran ser:
Por lo anterior, se propone la modificación a los artículos 20 apartado B, fracción IV, de nuestra Carta Magna, 31 Bis del Código Penal Federal y 293 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Segundo. En la práctica, a la mayoría de los inculpados se les sanciona con la reparación del daño; sin embargo, es una gran minoría quien cumple esta obligación legal, pues la ley contempla la figura de la prescripción, y en este caso en concreto, el simple transcurso del tiempo por dos años los exime para su exigibilidad.
En este punto debemos destacar que en nuestro país, los reos que son sancionados a cumplir una pena privativa de libertad, no la deben cumplir exclusivamente como sanción restrictiva de la libertad, sino que se realiza sobre la base de un sistema progresivo técnico, que tiene como principio la readaptación social como resultado de la educación, el trabajo y la capacitación para el mismo, y especialmente en un tratamiento interdisciplinario para cada individuo.
Este sistema tiene muchos beneficios, pues se considera que el objetivo de la pena privativa de libertad es la readaptación social y muchas personas internas en los centros de reclusión alcanzan un nivel optimo de avance como para ser susceptibles de alcanzar un beneficio de libertad anticipada, es decir, que de conformidad con la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y el artículo 84 del Código Penal Federal, el Ejecutivo federal a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, les otorgue el beneficio de tratamiento preliberacional, libertad preparatoria o remisión parcial de la pena, con lo que en términos reales podrían obtener su libertad al haber cumplido el 50 por ciento de la pena privativa de libertad impuesta, tres cuartas partes o bien la reducción de la pena de 1 día de cárcel por cada dos días trabajados.
Estos beneficios de libertad son muy positivos para los internos. Sin embargo, para las víctimas u ofendidos de los delitos pareciera que no son nada justos y más aún si valoramos que la inmensa mayoría de las personas que obtienen estos beneficios no pagan la reparación del daño, sino que sólo esperan el transcurso del tiempo para solicitar su prescripción y su no exigibilidad.
Por tal razón, consideramos que es justo que si una persona que cometió un delito es beneficiado con una libertad anticipada, lo menos que se debe esperar de él es que pague la reparación del daño, como una muestra de equidad procesal para la victima u ofendido, por lo que proponemos una adición al artículo 113 del Código Penal Federal y el tiempo para que prescriba la reparación del daño, sea el mismo que se necesita para que prescriba la pena privativa de libertad.
Tercero. Otro punto que ponemos a consideración sobre la reparación del daño es que nuestra Carta Magna y el Código Procesal de la materia establecen el pago de daños y perjuicios.
Al respecto, consideramos que tratándose de la materia penal, la legislación solamente debería sancionar la reparación del daño y no así los perjuicios, que son una figura de naturaleza civil y que en esa materia se contempla una acción para su resarcimiento.
Como perjuicios debe entenderse la ganancia o utilidad lícita que dejó de percibirse por responsabilidad de un tercero, la indemnización por un detrimento patrimonial.
En cambio la reparación del daño, en un sentido penal, tiene otro fondo, de una justicia restaurativa para el daño físico y moral.
Por tal razón, consideramos que los perjuicios deben quedar fuera de la materia penal y dejarlos a salvo para ser reclamados con intereses y bajo peritajes contables en el derecho civil; por lo que proponemos modificar los artículos 20, apartado A, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 fracción III del Código Penal Federal; 135, 149 y 365 del Código Federal de Procedimientos Penales.
En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión el siguiente
Proyecto de DecretoArtículo Primero. Se reforma el artículo 20, apartado A, fracción I, párrafo segundo, y apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 20. ...
A. ...
B. ...
Artículo Segundo. Reforma y adiciona los artículos 30, 31 Bis y 113, del Código Penal Federal para quedar como sigue:
Artículo 30. ...
Artículo 31 Bis. En todo proceso penal el Ministerio Público estará obligado a solicitar, en su caso, la condena en lo relativo a la reparación del daño así como aportar los elementos para su cuantificación y el juez a resolver lo conducente.
...
Artículo 113. ...
Tratándose de la reparación del daño, prescribirá en el plazo que señale la ley para la pena privativa de libertad.
Artículo Tercero. Reforma los artículos 135, 149, 293 y 365 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:
Artículo 135. ...
El Ministerio Público dispondrá la libertad del inculpado, en los supuestos y cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 399 para los jueces, sin perjuicio de solicitar su arraigo en caso necesario. El Ministerio Público fijará la caución suficiente para garantizar que el detenido no se sustraerá a la acción de la justicia, ni al pago de la reparación del daño que pudiera serle exigidos. Tratándose de delitos cometidos con motivo del tránsito de vehículos, no se concederá este beneficio al inculpado que hubiese incurrido en el delito de abandono de personas o se encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares. Cuando el delito merezca pena alternativa o no privativa de libertad, se dispondrá la libertad sin necesidad de caución y sin perjuicio de pedir el arraigo correspondiente.
...
...
...
Artículo 149. El Ministerio Público, el ofendido o sus legítimos representantes solicitarán al juez y éste dispondrá, con audiencia del inculpado, salvo que éste se haya sustraído a la acción de la justicia, el embargo precautorio de los bienes en que pueda hacerse efectiva la reparación del daño . Tomando en cuenta la probable cuantía de éstos, según los datos que arrojen las constancias procesales, se negará el embargo o se levantará el efectuado, cuando el inculpado u otra persona en su nombre otorguen caución bastante, a juicio del órgano jurisdiccional, para asegurar la satisfacción de la responsabilidad de los daños causados.
...
...
Artículo 293. En el primer caso de la parte final del artículo anterior, deberá fijar en proposiciones concretas los hechos punibles que atribuya al acusado, solicitar la aplicación de las sanciones correspondientes, incluyendo la reparación del daño, así como los elementos indispensables para su cuantificación , y citar las leyes y la jurisprudencia aplicables al caso. Estas proposiciones deberán contener los elementos constitutivos del delito y los conducentes a establecer la responsabilidad, así como las circunstancias que deban tomarse en cuenta para individualizar la pena o medida. Para este último fin, el Ministerio Público considerará las reglas que el Código Penal señala acerca de la individualización de las penas medidas.
Artículo 365. Tienen derecho de apelar el Ministerio Público, de inculpado y su defensor, así como el ofendido o sus legítimos representantes, cuando hayan sido reconocidos por el juez de primera instancia, como coadyuvante del Ministerio Público, para efectos de la reparación del daño . En este caso, la apelación se contraerá a lo relativo a la reparación del daño y a las medidas precautorias conducentes a asegurarla.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado Miguel Ángel Arellano Pulido. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates ytúrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Justicia.
LEY DEL SERVICIO PUBLICO DE ENERGIA ELECTRICA - LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN MATERIA NUCLEAR
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado Humberto Dávila Esquivel, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctricay de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia Nuclear.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes del Servicio Público de Energía Eléctrica, y Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, a cargo del diputado Humberto Dávila Esquivel , del Grupo Parlamentario de Nueva AlianzaHumberto Dávila Esquivel , diputado de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se turne a la Comisión de Energía, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEl 28 de diciembre de 1994, como resultado de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal propuesta por el Presidente Ernesto Zedillo y aprobada por el H. Congreso de la Unión, la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP) se transformó en Secretaría de Energía (Sener), otorgándole la facultad de conducir la política energética del país.
Con ello, el Ejecutivo federal fortaleció su papel como la Institución encargada de coordinar el sector energético al ejercer los derechos de la nación sobre los recursos no renovables: petróleo y demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radiactivos, aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear, así como el manejo óptimo de los recursos materiales que se requieren para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer la energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público.
A pesar del cambio de denominación, todavía podemos encontrar en varias leyes el nombre anterior. Por ello y con el fin de que exista una concordancia y homogeneidad entre las leyes que rigen la administración pública de nuestro país y a fin de evitar que estas imprecisiones no susciten confusiones, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, someto a la aprobación de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear
PRIMERO. Se reforman los artículos 5, 6, fracción II, del 9, fracción III del 12, incisos e) y g) del artículo 13, artículos 20, 28, 36, 36 Bis, 37, 39, 40 y el tercero transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue:
Artículo 5o. La Secretaría de Energía , conforme a la política nacional de energéticos, las disposiciones relativas al servicio público de energía eléctrica, que deberán ser cumplidas y observadas por la Comisión Federal de Electricidad y por todas las personas físicas o morales que concurran al proceso productivo.
Artículo 6o. Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría de Energía autorizará, en su caso, los programas que someta a su consideración la Comisión Federal de Electricidad, en relación con los actos previstos en el Artículo 4o. Todos los aspectos técnicos relacionados con la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica serán responsabilidad exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad.
Artículo 9o. La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto:
(...)
(...)
Artículo 12.
La Junta de Gobierno deberá
(...)
Artículo 13. El patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad se integra con
(...)
Artículo 20. Las obras e instalaciones eléctricas necesarias para la prestación del servicio público de energía eléctrica, se sujetarán a las especificaciones que expida la Comisión Federal de Electricidad y que apruebe la Secretaría de Energía , y a la inspección periódica de dicha dependencia.
Artículo 28. (...)
Cuando se trate de instalaciones eléctricas para servicios en alta tensión, y de suministros en lugares de concentración pública, se requerirá que una unidad de verificación aprobada por la Secretaría de Energía , certifique, en los formatos que para tal efecto expida ésta, que la instalación en cuestión cumple las normas oficiales mexicanas aplicables a dichas instalaciones. La Comisión Federal de Electricidad sólo suministrará energía eléctrica previa la comprobación de que las instalaciones a que se refiere este párrafo han sido certificadas en los términos establecidos en este artículo.
Artículo 36. La Secretaría de Energía , considerando los criterios y lineamientos de la política energética nacional y oyendo la opinión de la Comisión Federal de Electricidad, otorgará permisos de autoabastecimiento, de cogeneración, de producción independiente, de pequeña producción o de importación o exportación de energía eléctrica, según se trate, en las condiciones señaladas para cada caso:
Artículo 36 Bis. Para la prestación del servicio público de energía eléctrica deberá aprovecharse tanto en el corto como en el largo plazo, la producción de energía eléctrica que resulte de menor costo para la Comisión Federal de Electricidad y que ofrezca, además, óptima estabilidad, calidad y seguridad del servicio público, a cuyo efecto se observará lo siguiente:
Artículo 37. Una vez presentadas las solicitudes de permiso de autoabastecimiento, de cogeneración, de producción independiente, de pequeña producción, de exportación o de importación, a que se refiere el artículo 36, y con la intervención de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en el ámbito de sus atribuciones, la Secretaría de Energía resolverá sobre las mismas en los términos que al efecto señale esta ley.
Los titulares de dichos permisos quedan obligados, en su caso, a
(...)
Artículo 39. Salvo lo dispuesto en el inciso c) de la fracción IV del artículo 36, no se requerirá de permiso para el autoabastecimiento de energía eléctrica que no exceda de 0.5 MW. Tampoco se requerirá de permiso para el funcionamiento de plantas generadoras, cualquiera que sea su capacidad, cuando sean destinadas exclusivamente al uso propio en emergencias derivadas de interrupciones en el servicio público de energía eléctrica; dichas plantas se sujetarán a las normas oficiales mexicanas que establezca la Secretaría de Energía , escuchando a la Comisión Federal de Electricidad.
Artículo 40.
(...)
(...)
La Secretaría de Energía adoptará las medidas conducentes para propiciar la regularización de los servicios de energía eléctrica, en favor de las personas de escasos recursos que hubieren incurrido en las infracciones a que se refieren las fracciones I a III de este artículo, siempre que acrediten la titularidad o el trámite, ante autoridad competente, de la tenencia legal de los inmuebles respectivos, sujetándose las condiciones del suministro del servicio, en forma transitoria y por el lapso que se determine, a las modalidades que el caso requiera.
Transitorios(...)
Tercero. Para una mayor atención y eficiente despacho de los asuntos de la competencia de la Secretaría de Energía en materia de regulación de energía, el Ejecutivo Federal dispondrá la constitución de una Comisión Reguladora, como órgano desconcentrado de la citada Dependencia, con facultades específicas para resolver las diversas cuestiones que origine la aplicación de esta Ley o la de otros ordenamientos relacionados con los aspectos energéticos de todo el territorio nacional. Al crearse dicho órgano se establecerán, con arreglo a esta disposición, su estructura, organización y funciones, así como la participación de otras dependencias involucradas, para el adecuado cumplimiento de sus fines.
SEGUNDO. Se reforman los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 23, 26, 29, 34, 36, 40, 43, 48, 50, 52 y III y V transitorios de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, para quedar como sigue:
Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende por
Artículo 4o. La Secretaría de Energía aplicará la presente ley en el ámbito de su competencia.
Artículo 5o. (...)
Para la exploración, explotación y beneficio de los minerales radiactivos definidos en la fracción IX del artículo 3o. de esta ley, la Secretaría de Energía otorgará las asignaciones correspondientes a los órganos públicos previstos en los artículos 9o. y 10 de la presente ley. Estas asignaciones incluirán también los minerales no radiactivos asociados.
Artículo 6o. Toda persona que tenga conocimiento sobre la existencia de yacimientos de minerales radiactivos, deberá dar aviso de inmediato a la Secretaría de Energía .
Artículo 7o. Los titulares de concesiones y asignaciones mineras que descubran minerales radiactivos en los lotes respectivos, deberán dar aviso por escrito a la Secretaría de Energía , dentro de los diez días siguientes al descubrimiento para que esta dependencia:
Artículo 9o. La exploración de minerales radiactivos estará a cargo exclusivo y directo del organismo público federal descentralizado denominado Consejo de Recursos Minerales, tanto en terrenos libres como no libres. Esta actividad se ajustará al programa y condiciones técnicas que determine la Secretaría de Energía , la cual asignará al Organismo mencionado los lotes que se requieran, para la prospección y exploración de dichos minerales.
Artículo 10. La Secretaría de Energía podrá otorgar asignaciones únicamente al organismo público federal descentralizado denominado Comisión de Fomento Minero para la explotación de minerales radiactivos, de conformidad con las políticas que para el logro de los objetivos o prioridades de la planeación nacional y sectorial del desarrollo se establezcan. Igualmente, se podrá otorgar, sólo al Organismo mencionado autorizaciones para la instalación y funcionamiento de plantas de beneficio que aprovechen las sustancias minerales a que alude este precepto.
(...)
Artículo 12. Las actividades a que se refiere el Artículo anterior con excepción de la fracción IX, se llevarán a cabo en los términos de los lineamientos y programas que apruebe el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Energía , en congruencia con las políticas que para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación nacional del desarrollo se establezcan.
Artículo 13. (...)
El empleo de reactores nucleares se sujetará a las normas que para tal efecto expida la Secretaría de Energía y a la vigilancia de la misma.
Artículo 16. La producción, el uso y la aplicación de radioisótopos, así como la fabricación de los componentes del sistema nuclear de suministro de vapor, con excepción del combustible nuclear, son actividades prioritarias para el desarrollo económico nacional en los términos del párrafo quinto del artículo 25 constitucional. Las actividades mencionadas podrán llevarse a cabo por el sector público, por sí o con los sectores social y privado, previa autorización de la Secretaría de Energía . Tratándose de la producción de radioisótopos, mediante la utilización de reactores nucleares, sólo se llevará a cabo por el Sector Público, las Universidades, los Institutos y los Centros de Investigación autorizados conforme a esta ley.
Las autorizaciones para la producción de radioisótopos, a partir del uso de combustible nuclear, se expedirán por el titular de la Secretaría de Energía conforme a lo previsto en las disposiciones reglamentarias, y se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.
(...)
Artículo 18. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Energía:
Artículo 23. Cualquier persona que tenga conocimiento de un incidente que involucre materiales o combustibles nucleares, materiales radiactivos o equipo que los contenga, o de condiciones que a su juicio puedan ocasionarlo, deberá dar aviso de inmediato a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de la Secretaría de Energía . Las personas físicas o morales autorizadas para realizar alguna de las actividades reguladas por la presente Ley, deberán efectuar la comunicación inmediata por cualquier medio, tan pronto como sean de su conocimiento los hechos a que se refiere este Artículo, debiendo formalizarla mediante escrito que presentarán a la citada Comisión a más tardar dentro de las 24 horas siguientes. En estos casos, la Comisión referida podrá ordenar o efectuar el retiro de los equipos, utensilios o materiales que impliquen algún riesgo, para su depósito en lugares que reúnan las condiciones de seguridad.
Artículo 26. El emplazamiento, diseño, construcción, operación, modificación, cese de operaciones, cierre definitivo y desmantelamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas, requiere de la autorización de la Secretaría de Energía .
Artículo 29. La adquisición, importación, exportación, posesión, uso, transferencia, transporte, almacenamiento y destino o disposición final de material radiactivo y dispositivos generadores de radiación ionizante, sólo podrán llevarse a cabo con autorización que expedirá la Secretaría de Energía , por conducto de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, con independencia de otras autorizaciones. Los materiales radiactivos y dispositivos aludidos utilizados con fines médicos requerirán la autorización previa de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.
Artículo 34. (...)
(...)
El titular de la Secretaría de Energía , Minas e Industria Paraestatal igualmente podrá ordenar a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias la ocupación temporal de instalaciones nucleares o radiactivas, la que deberá observar en todo tiempo las disposiciones que el Ejecutivo federal expida al respecto.
Artículo 36. Las suspensiones y cancelaciones de autorizaciones otorgadas, así como las multas y las medidas de seguridad serán impuestas por la Secretaría de Energía , a través de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias con base en el resultado de las inspecciones, auditorías, verificaciones o reconocimientos que se efectúen y tomando en cuenta las pruebas y alegatos de los interesados. En todo caso las resoluciones que se emitan en esta materia deberán estar motivadas y fundadas en las disposiciones de esta ley y sus reglamentos, y demás ordenamientos aplicables.
Artículo 40. Las resoluciones que se dicten con fundamento en esta ley o en las demás disposiciones derivadas de la misma, podrán ser recurridas dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. El recurso será dirigido y presentado por escrito al Titular de la Secretaría de Energía , en el cual deberán ofrecerse las pruebas que se relacionen con el acto administrativo impugnado. Desahogadas las pruebas y agotadas las diligencias ordenadas, dentro de los siguientes 30 días hábiles, se dictará la resolución que corresponda.
(...)
Artículo 43. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares tendrá las siguientes atribuciones:
Artículo 48. (...)
El Comité estará integrado por un representante del Instituto, uno por la Secretaría de Energía y uno por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación; éste último tendrá a su cargo la coordinación del Comité y será el conducto para informar al Consejo Directivo sobre los resultados de las labores que realicen.
Artículo 50. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias es un órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Energía , con las siguientes atribuciones:
Artículo 52. (...)
El Consejo Consultivo será presidido por el Titular de la Secretaría de Energía o por el servidor público que para ese efecto designe, y se integrará con un representante de las Secretarías de Gobernación; Relaciones Exteriores; Defensa Nacional; Marina; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes, Medio Ambiente y Recursos Naturales , Salud y Trabajo y Previsión Social.
También podrán formar parte del Consejo Consultivo, previo acuerdo del Titular de la Secretaría de Energía , representantes de otras Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, de las Entidades Federativas y de los Municipios, así como profesionistas de reconocida capacidad y experiencia en materia nuclear.
TransitoriosArtículo Tercero. La Secretaría de Energía reubicará a los trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica en las áreas que, de acuerdo a su experiencia, permitan el mejor aprovechamiento de sus capacidades, respetando sus derechos laborales, en los términos de las disposiciones aplicables. Dicha Secretaría determinará asimismo, el destino de los bienes de la citada Comisión.
Artículo Quinto. Las universidades, institutos, centros de investigación que posean combustibles nucleares en propiedad o arrendamiento, podrán conservar dichos combustibles, siempre que se ajusten a las normas de la presente Ley y a las disposiciones que al efecto expida la Secretaría de Energía . Dicha Secretaría se abstendrá de autorizar prórrogas a los contratos de arrendamiento mencionados o cualquier acto por el que se permita el uso o posesión de combustibles nucleares, salvo los establecidos en la presente ley.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Energía.
LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la tribuna al diputado Antonio Medellín Varela, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que adiciona el artículo 5 Bis a la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
El diputado Antonio Medellín Varela : Con su permiso, diputada Presidenta.«Iniciativa que adiciona un artículo 5 Bis a la Ley Federal de Juegos y Sorteos
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que le conceden los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos, se permite someter a consideración de esta honorable asamblea iniciativa de decreto que adiciona a un artículo 5 Bis a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, al tenor de las siguientes
AntecedentesEl incremento de los establecimientos de centros de apuestas remotas, así como las salas de sorteos de símbolos o números, ha venido en ascenso en el país; de igual forma, la cantidad de personas que día con día acuden a estos centros ha crecido de forma exponencial.
Actualmente funcionan cerca de 130 salas de sorteo de símbolos o números, de un universo de alrededor de 330 salas del mismo tipo autorizadas actualmente, estos centros funcionan por medio de terminales electrónicas donde se realizan sorteos de números mediante soporte electrónico con número seleccionados de forma aleatoria.
Los jugadores introducen una cantidad determinada de dinero, vía efectivo, fichas, tarjetas electrónicas o algún otro medio y por un botón y palanca se acciona el dispositivo que genera una cantidad de números o imágenes de forma aleatoria según sea el modelo de la máquina. Del resultado arrojado y según la ubicación de los símbolos depende el pago o ganancia que habrá de obtener el cliente.
Estas terminales electrónicas las podemos identificar fácilmente al ingresar en cualquiera de las salas de juegos; están repletas de luces y sonidos que atraen a los clientes.
Dentro de estas máquinas existe un porcentaje de devolución al pública (o payout percentage, en inglés), que se refiere al porcentaje de dinero devuelto a los jugadores vía premios sobre la cantidad total depositada por los mismos clientes durante la vida útil de la máquina.
El porcentaje de devolución al público es determinado en la fábrica de las máquinas al momento de instalar el software o la programación. En algunos modelos, el porcentaje de devolución se encuentra en un circuito integrado o alguna memoria temporal o algún otro dispositivo, como un disco compacto o algún otro similar.
Este porcentaje en Estados Unidos de América se encuentra regulado por ley y varía según las legislaciones de los estados, ya que es facultad de ellos legislar en la materia. La cantidad mínima de dinero que este tipo de máquinas devuelve por ley a los jugadores es de 75 por ciento en Nevada, en Florida de 85 por ciento y de 78 en Nueva Jersey.
En países de América Latina como Perú el porcentaje de devolución al público es de 85.
Los usuarios en nuestro país se encuentran indefensos porque no hay regulación al respecto, lo que los coloca ante una desventajosa situación con las operadoras de las salas de juegos. Además, resulta importante que la autoridad competente proteja los derechos de los consumidores en cualquiera de sus modalidades, en el caso concreto para los jugadores en las salas de sorteos de símbolos o números.
Para ello resulta necesario que por ley se establezca un porcentaje mínimo que habrá de devolver a los usuarios de la cantidad total que depositen en las mencionadas terminales electrónicas.
La regulación legal de los sorteos que se celebran en nuestro país, por su parte, es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, en términos de lo dispuesto en el artículo 73, fracción X, de la Carta Magna.
Por lo aquí expuesto me permito someter a consideración de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que adiciona el artículo 5 Bis a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, en los siguientes términos:
Único. Se adicionad el artículo 5 Bis a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, para quedar de la siguiente forma:
Artículo 5 Bis.
Las terminales electrónicas en que se realicen sorteos de símbolos o números mediante soporte electrónico con números seleccionados de forma aleatoria habrán de devolver a los usuarios vía premios por lo menos 75 por ciento de la cantidad total que durante su vida útil reciban por concepto de apuestas.
La Secretaría de Gobernación establecerá los mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado Antonio Medellín Varela.Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Turismo.
ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la tribuna al diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa : Muchas gracias, ciudadana Presidenta.Compañeras y compañeros, en noviembre del año pasado algunos legisladores, senadores de Acción Nacional, también del PRI y también compañeros del PRD, nos vimos beneficiados con un evento muy importante donde estuvo gente de la talla del doctor Antonio Guidi, del propio maestro Roldán Chopa, que organizaron un evento junto con otros destacados especialistas y organizaciones de consumidores, a efecto de discutir cómo en México protegemos los derechos y garantías colectivos; cómo se tutelan en México derechos difusos.
Este tema ya avanzó en toda Latinoamérica, en todo el mundo. En México no. Tiene que ver, lo quiero decir, con la circunstancia de que en derechos humanos hemos pasado de las garantías individuales, derechos sociales, ahora lo que se llama ``la tercera generación'', derechos colectivos, derechos solidarios. Pero nuestro marco jurídico constitucional y legal sigue anclado en el liberalismo que le heredamos, donde sólo se tutela el derecho y la garantía individual. No tenemos instrumentos legales para hacer exigibles jurídicamente derechos colectivos, garantías colectivas, para que se tutelen derechos difusos.
Les quiero decir a todos ustedes que esto también lo estamos trabajando con instituciones como la Procuraduría Federal del Consumidor.
¿De qué se trata? Se trata de que frente al abuso de algún proveedor, llámese privado o estatal, el consumidor tenga derechos para protegerse.
Actualmente si a mí me cobran por abuso en algún banco una comisión indebida, yo no voy a ir a un juicio porque me sale más caro este proceso que lo que voy a recuperar. El problema sería: que si es un error, y me lo hacen a mí, pues no pasa nada. Pero cuando ocurre que se lo están haciendo a miles o a cientos de miles, ¿cómo se defiende todo eso?
Lo mismo puede ser si es el caso de la Comisión Federal de Electricidad o de Luz y Fuerza o si es otro proveedor.
Esta forma o este asunto, este tema, en distintos países toma distintos nombres. En Estados Unidos son muy conocidos por lo que se ve luego en películas, las famosas class actions o acciones de clase, acciones colectivas donde un abogado junta y va a defender, a encausar ante los tribunales la defensa de determinados consumidores o de determinados ciudadanos afectados por algo, sea de carácter privado o público.
No es éste el modelo que estamos presentando porque ese modelo de tipo individual en su gestión de tipo de abogados, se presta para que se vea como un asunto de negocio.
Lo que estamos planteando es que instancias del Estado como la Procuraduría Federal del Consumidor, no jueguen un rol de juez y parte. No estén queriendo quedar bien con todo mundo, sino que se aboquen a tutelar y a proteger el derecho de la gente más desprotegida, del ciudadano.
Entonces estamos hablando de una iniciativa muy noble, de una iniciativa que vamos a requerir ---porque es constitucional--- el apoyo de la bancada de Acción Nacional, del apoyo obviamente del PRI, pero de todos los legisladores.
Lo he platicado con algunos y en principio hay interés de que protejamos estos derechos colectivos o difusos. De manera que ése es el carácter.
Ojalá estos sean de los temas más importantes de este periodo ordinario, toda vez que con esto vamos a propiciar nada más que un bien e instrumentos de defensa a los ciudadanos.
El artículo que se reforma es el 17 constitucional y lo que se agrega es un último párrafo que dice: ``Las leyes regularán aquellas acciones y procedimientos para la protección adecuada de derechos e intereses colectivos así como medidas que permitan a los individuos su organización para la defensa de los mismos''.
Esto es, obviamente nos va a implicar después reformar el marco legal, Ley de Protección al Consumidor, otras cosas, pero ahorita de entrada lo que le daría base es esta reforma constitucional y sólo se requiere agregar este párrafo. Porque sé que todos lo vamos a apoyar, muchas gracias a todos ustedes.
«Iniciativa que reforma el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRD
Exposición de MotivosEs bien sabido que la realidad va siempre un paso delante de su interpretación por parte de los actores estatales relevantes y por ende de su normativización. Es misión de dichos actores estatales relevantes (legisladores, jueces, miembros de la administración pública, entre otros) el mantener en todo momento su plena disposición, apertura y entereza, para desentrañar y dilucidar dicha realidad y las necesidades sociales imperantes, en aras de establecer las normas jurídicas adecuadas que permitan a la sociedad la realización de aquellos valores considerados como supremos en un momento histórico determinado.
En materia de derechos humanos, nuestro sistema jurídico ha ido incorporando, en un proceso inacabado y en constante progreso, aquellos derechos humanos denominados de primera (civiles y políticos), segunda (económicos, sociales y culturales) y tercera generación (colectivos y de solidaridad). Sin embargo, para el establecimiento de un verdadero estado de derecho, al que necesariamente debemos aspirar, no es suficiente la incorporación al sistema jurídico de derechos sustantivos, sino que es necesario establecer aquellas acciones y procedimientos sencillos y eficaces que permitan su ejercicio y defensa adecuada, pues de lo contrario, estaremos inmersos en un sistema perverso que provocaría que las violaciones a los derechos y al sistema jurídico en general sean simplemente toleradas por falta de medios de acceso a una real justicia.
La falta de un adecuado sistema de acceso a la justicia genera una desconfianza en las instituciones del Estado y una percepción de que éste es incapaz de establecer aquellos mecanismos que puedan resolver adecuadamente los conflictos sociales, elevando con ello la tensión social, lo que conlleva en última instancia a una desconfianza general en nuestro régimen.
Nuestro sistema jurídico en general y el procesal en particular, fueron diseñados desde una visión liberal e individualista que permite la titularidad de derechos y la protección de los mismos mediante mecanismos que privilegian la actuación individual sobre la colectiva. Si bien esta visión logró satisfacer las necesidades sociales en un momento histórico determinado, la creciente complejidad de las relaciones sociales y el aumento en número y en situaciones comunes de las interrelaciones entre los diversos miembros de la sociedad hace necesario rediseñar el enfoque de nuestras instituciones jurídicas y dirigirlo hacia el establecimiento de acciones y procedimientos que permitan a los individuos su organización para la mejor defensa de sus intereses y derechos.
El derecho comparado nos muestra que en otras jurisdicciones este nuevo enfoque --la defensa colectiva de derechos e intereses-- ha tenido un énfasis mucho más marcado que aquel que hemos experimentado en nuestro país. Ello, con el transcurso del tiempo, ha traído como consecuencia que en otros países la protección de derechos e intereses de las personas y colectividades sea mucho más vigoroso y efectivo, y que los conflictos interpersonales y sociales sean procesados adecuadamente por las instituciones jurídicas, reduciendo con ello la tensión social.
Una de las instituciones que en otros sistemas jurídicos han permitido la tutela colectiva de derechos e intereses, así como la organización y asociación de personas para la defensa de los mismos son las acciones y procedimientos colectivos; éstos son instituciones que permiten la defensa, protección y representación jurídica colectiva de derechos e intereses de los miembros de una colectividad o grupo dentro de una sociedad.
El término derechos colectivos comprende los llamados derechos difusos, colectivos en sentido estricto e individuales de incidencia colectiva. Los derechos e intereses difusos y colectivos en sentido estricto son aquellos derechos e intereses transindividuales, de naturaleza indivisible de los que es titular una colectividad indeterminada (derechos difusos) o determinada (derechos colectivos en sentido estricto) cuyos miembros se encuentran vinculados por circunstancias de hecho o de derecho. Por su parte, los derechos o intereses individuales de incidencia colectiva son aquellos de carácter individual y divisible que, por circunstancias comunes de hecho o de derecho, permiten su protección y defensa en forma colectiva.
Aunque en otras jurisdicciones las acciones y procedimientos colectivos han recibido distinto nombre y sus mecanismos divergen en lo accidental, al extraer su funcionalidad esencial podemos observar que regulan en forma relativamente similar el mismo fenómeno.
En el derecho colombiano, la Constitución Política de Colombia señala en su artículo 88 que ``la ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definan en ella. También regulará las acciones originadas por los daños ocasionados a un número plural de personas sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Asimismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos''. La regulación secundaria en la materia (Ley 472 de 1998) establece que las acciones populares son el medio por el cual se tutelan los derechos colectivos en sentido amplio y se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos y, de ser posible, restituir las cosas a su estado anterior. Por otro lado, las acciones de grupo permiten a un conjunto de personas que hayan resentido daños y perjuicios en condiciones uniformes respecto a misma causa demandar la satisfacción de sus intereses individuales.
En los Estados Unidos de América, la vía más común para defender los derechos de un grupo de personas es la denominada acción de clase (class action ). Su finalidad es la de facilitar el acceso a la justicia de un grupo mediante la acumulación en un sólo procedimiento de reclamaciones individuales. Las acciones de clase están reguladas principalmente por las denominadas Reglas Federales de Procedimiento Civil (Federal Rules of Civil Procedure ), en particular las reglas 23, 23.1 y 23.2. Las acciones de clase son procedentes en una gran diversidad de materias tales como accidentes, responsabilidad por productos, libre competencia económica, derechos de autor, propiedad industrial, derecho del consumidor y derecho de los accionistas de las empresas e incluso en temas como discriminación y desempeño administrativo del gobierno. Adicionalmente, se han creado vías de procedencia de las acciones de clase a nivel estatal en las materias de su competencia. Es importante mencionar que una parte considerable en el desarrollo y evolución de las acciones de clase se ha dado por vía jurisprudencial.
En Brasil, la constitución en su artículo 5, fracción LXXIII, establece que ``cualquier ciudadano es parte legítima para proponer la acción popular que pretenda anular un acto lesivo para el patrimonio público o de una entidad en que el Estado participe, para la moralidad administrativa, para el medio ambiente o para el patrimonio histórico y cultural, quedando el actor, salvo mala fe comprobada, exento de las costas judiciales y de los gastos de sucumbencia''; a través del trabajo jurisprudencial se admitió el ejercicio de dicha acción para la tutela de otros derechos o intereses difusos, colectivos e individuales homogéneos. A manera de ejemplo, en Brasil, la defensa colectiva de los derechos de los consumidores en juicio, incluso, tiene una vía especial regulada por la Ley número 8.078 del 11 de septiembre de 1990, la cual establece que la defensa colectiva será ejercida cuando se trate de a) intereses o derechos difusos (intereses o derechos transindividuales de naturaleza indivisible cuyos titulares son personas indeterminadas y coligadas por circunstancias de hecho), los intereses o derechos colectivos (intereses o derechos transindividuales de naturaleza indivisible cuyo titular es un grupo, categoría o clase de personas coligadas entre sí por una relación jurídica base) y los intereses o derechos individuales homogéneos (intereses o derechos individuales con un origen común).
Existen muchas otras jurisdicciones que permiten la defensa colectiva de los intereses y derechos de las colectividades o grupos para alcanzar una plena protección de sus derechos (España, Costa Rica, Uruguay, Chile, Venezuela, entre otros). Aquí sólo hemos citado algunas de las más representativas para efecto de ilustrar los avances en esta materia en otros países.
En México, aunque alguna forma de denuncia popular y de acciones colectivas están relativamente previstas en algunos ordenamientos legales, su tratamiento es deficiente, sus efectos restringidos o su ejercicio se encuentra limitado por restricciones procesales. Por otra parte, el desarrollo jurisprudencial en la materia ha sido exiguo y no es sino en fechas recientes que hemos sido testigos de algunos criterios que comienzan a reconocer la legitimación colectiva para la defensa de los intereses y derechos de grupos de personas.
En noviembre del año anterior, un grupo de académicos y agrupaciones de la sociedad civil realizaron un congreso sobre acciones y procedimientos colectivos que reunió a expertos nacionales e internacionales sobre la materia, así como a legisladores mexicanos de distintas fracciones parlamentarias. La conclusión general de dicho congreso fue la imperiosa necesidad de incluir, dentro de nuestro sistema jurídico, acciones y procedimientos que permitieran la defensa de derechos colectivos, ello con el propósito de mejorar las condiciones de acceso a la justicia y alcanzar una verdadera justiciabilidad de los derechos consignados en nuestro marco normativo.
Con posterioridad a dicho congreso, un grupo de académicos dirigidos por el Maestro Alberto Benítez Tiburcio, el doctor Eduardo Ferrer Macgregor y el maestro Fernando García Sais, así como asociaciones de la sociedad civil, realizaron un proyecto de reforma constitucional que permitiera incluir dentro de nuestro sistema jurídico las acciones y procedimientos colectivos. Una vez elaborado, dicho proyecto fue presentado a un grupo plural de legisladores quienes determinamos integrar un grupo de trabajo que tuviera como propósito analizar el proyecto referido. Dicho grupo estuvo formado por académicos y agrupaciones de la sociedad civil y legisladores. Esta iniciativa refleja los acuerdos del grupo de trabajo antes referido.
El propósito principal de esta iniciativa es el establecimiento en la Constitución de las acciones y procedimientos colectivos como medios para la tutela jurisdiccional de los derechos e intereses colectivos. El término derechos e intereses colectivos comprende los difusos, los colectivos en sentido estricto y los individuales de incidencia colectiva. Consideramos que a través su incorporación en el ordenamiento jurídico mexicano se estará tomando un paso vital hacia el mejoramiento de acceso a la justicia de todos los mexicanos y habitantes de este país, así como hacia una verdadera posibilidad de justiciabilidad de muchos derechos que hoy no encuentra una vía adecuada para su ejercicio, protección y defensa. En última instancia esta reforma coadyuvará en la construcción de un efectivo estado de derecho, en donde todo aquel que tenga un derecho o interés, pueda encontrar la forma de protegerlo y defenderlo adecuadamente a través del sistema de las instituciones de administración de justicia.
Corresponderá al legislador ordinario, tanto en el ámbito federal como en el estatal, la adecuada interpretación del contenido y esencia de esta reforma, a efecto de establecer acciones y procedimientos ágiles, sencillos y flexibles que permitan la protección colectiva de derechos e intereses mencionados, en las materias en las que sea necesaria su regulación, incluyendo pero sin limitar a aquellas relacionadas con el medio ambiente, el equilibrio ecológico, el desarrollo sustentable, el uso y disfrute de espacios públicos, el uso y protección de los bienes del dominio público, libre competencia económica, acceso a servicios públicos, derechos de los consumidores y usuarios, moralidad administrativa, así como todos aquellos previstos en la legislación secundaria y en tratados internacionales.
Asimismo se deberán instrumentar medidas que fomenten, por un lado, la organización de individuos para la protección y defensa de sus derechos, y por otro, una mayor difusión y un mejor acceso a la información sobre dichos derechos e intereses, ello con el propósito de robustecer el ejercicio de la ciudadanía y los deberes cívicos de los miembros de nuestra comunidad. El legislador deberá también prever mecanismos de participación ciudadana en los procedimientos judiciales que le que permitan a los miembros de la comunidad coadyuvar en la mejor resolución de los litigios, sobre todo en aquellos en los que haya un evidente interés público en juego.
En la legislación secundaria se deberá velar por el establecimiento de reglas adecuadas en materia de legitimación activa, pruebas no individualizadas, cosa juzgada, efectos de las sentencias, financiamiento de procedimientos, responsabilidad civil objetiva, entre otras, que sean compatibles con las acciones y procedimientos colectivos.
Por su parte, los juzgadores tendrán la misión de cuidar que los principios de interpretación para las acciones y procedimientos colectivos sean compatibles con espíritu de éstos y con la protección de los derechos e intereses de los individuos, grupos o colectividades. Ello implicará necesariamente que nuestros juzgadores deberán comenzar a elaborar estándares y guías que le auxilien en su labor, pues los paradigmas procesales actuales, en muchos aspectos, serán insuficientes e incluso contrarios al espíritu de las acciones y procedimientos colectivos. En un inicio será necesario que nuestros juzgadores revisen el espíritu de éstos de acuerdo con las interpretaciones que se han llevado a cabo en otras jurisdicciones. Deberán asimismo abstraer su función esencial y adaptarlos a las peculiaridades del sistema procesal mexicano.
Artículo Único. Se adiciona el párrafo quinto al artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.
Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.
Las leyes regularán aquellas acciones y procedimientos para la protección adecuada de derechos e intereses colectivos, así como medidas que permitan a los individuos su organización para la defensa de los mismos.
TransitoriosArtículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. El Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes de su competencia en un plazo máximo de doce meses contados a partir del inicio de la vigencia de este decreto.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado Juan Guerra Ochoa.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
LEY GENERAL DE EDUCACION
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió de la diputada Beatriz Collado Lara, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, iniciativa que adiciona la fracción VI al artículo 7 de la Ley General de Educación.
La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Iniciativa que adiciona una fracción VI al artículo 7 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Beatriz Collado Lara , del Grupo Parlamentario del PANBeatriz Collado Lara , diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 y en la fracción XXV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al artículo 7 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa educación es factor de progreso y fuente de oportunidades para el bienestar individual y colectivo; las personas se benefician por una mejor calidad de vida y una mayor probabilidad de inserción exitosa en su vida laboral; el provecho de los países se ve reflejado en el crecimiento económico y en el desarrollo de valores compartidos que enfatizan la cohesión social.
Ahora bien, el civismo entendido como el conjunto de ideas, sentimientos, actitudes y hábitos que hacen de los individuos y grupos buenos miembros de las comunidades políticas en que se integran, coadyuva a la inserción armónica de las personas en las actividades de la colectividad; genera corresponsabilidad en la toma de decisiones de los asuntos públicos; crea un equilibrio y establece pesos y contrapesos entre gobierno y gobernados.
El civismo, entonces, es una cualidad moral del hombre que se fomenta y alimenta a través de la educación, constituye un factor importante de integración social, en cuanto se puede observar como el grado en el que el comportamiento de los individuos o grupos sociales se adecua a los valores y normas fundamentales de la sociedad en que vive y participa.
De tal suerte, el civismo juega un papel clave en la integración social, no sólo en el aspecto formal de cumplimiento externo, sino también en el íntimo de adhesión voluntaria, en cuanto que el civismo supone el sentido y la preocupación por la comunidad política, el respeto hacia las autoridades e instituciones, la obediencia puntual a las leyes justas y el interés por los asuntos públicos.
El civismo es una adhesión, no al Estado, sino al bien común, de aquí que uno de los deberes cívicos sea oponerse a las medidas políticas que se estimen perjudiciales al mismo. En este sentido, el bien común es un bien de los hombres y para los hombres, por lo que, en último término la persona humana es el fin del civismo.
Podría entenderse que en buena medida el civismo no es algo innato en el individuo, sino adquirido a través de la sociedad por la educación cívica y la convivencia social. Por ello, si lo que deseamos es tener una convivencia y competencia civilizada y contar con una institucionalidad capaz de representar y dar cauce a los diversos intereses de la sociedad, la mejor manera hasta ahora conocida por el ser humano es la democracia.
La democracia moderna, es ante todo un método, un conjunto de procedimientos para formar gobiernos. Y este método presupone un conjunto de valores éticos y políticos que lo hacen deseable y justificable frente a alternativas históricas como el autoritarismo o la dictadura. Entre estos valores encontramos la capacidad para autogobernarse y autodeterminarse, la libre expresión, la libertad de credo, la igualdad jurídica y política de todos los ciudadanos, la fraternidad y la tolerancia.
Tenemos así que la cultura política de una nación es ``el sistema político internalizado en creencias, concepciones, sentimientos y evaluaciones por una población, o por la mayoría de ella...'' 1
De tal suerte, la cultura política es fundamental ya que es a partir del conocimiento de los valores, creencias, convicciones y conductas de los ciudadanos en una sociedad, que se puede comprender e incidir en la posibilidad de construir y garantizar la solidez y permanencia de un sistema democrático.
No basta entonces con fomentar cualquier cultura política, se requiere contar con una cultura política democrática que funja como pilar fundamental de un sistema democrático estable. La propia Constitución enmarca tal necesidad al establecer como orientación de la educación el criterio democrático, ``considerando la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo''. 2
Naturalmente, no hay democracia sin partidos ni elecciones, ``los partidos son los conductos a través de los cuales la diversidad política se expresa, y las elecciones, el método de la democracia; la fórmula a través de la cual la pluralidad política convive y compite por los cargos de elección popular...'' 3
Pero la democracia no existe únicamente durante el proceso electoral o el día de la jornada electoral, más bien este día se manifiestan las preferencias de los ciudadanos; se cristaliza la participación ciudadana en los asuntos públicos que le atañen; pero más allá y previamente a este evento, se tuvo que gestar la cultura política que diera pie a dicha participación.
Y como se mencionó anteriormente, la educación repercute en la calidad de vida, la equidad social, las normas y prácticas de convivencia humana; hoy en día se reconoce el papel del conocimiento en el progreso social, material y cultural de las naciones.
En ese sentido, el clima de pluralidad y tolerancia, vigencia de los derechos humanos, plena democracia y Estado democrático de derecho a que aspiramos transita y se fortalece o debilita a través de la educación. El proceso educativo es la vía idónea para establecer la participación de los ciudadanos en los procesos que transforman el poder, entendido como un proceso armonioso, plural y respetuoso de la diversidad por medio del cual se anhela vivir más dignamente.
El proceso de construcción de la ciudadanía, requiere el fortalecimiento de los modelos educativos en valores cívicos y de cultura política que redunden en el terreno concreto a una firme y permanente sociedad civil, participativa y corresponsable con el Estado del devenir común.
México aspira a contar con una población constituida por ciudadanos responsables, solidarios, participativos y críticos. La promoción de los valores cívicos y la construcción de una cultura política deben apuntar hacia un modelo de gestión política que efectivamente haga de la democracia una vivencia en nuestro país. Tales nociones deben estar plasmadas en la ley de manera explícita para no dejar espacio a la voluntad política del momento.
Compañeros legisladores, esta propuesta busca promover acciones que generen y fortalezcan el bien común, el diálogo, la equidad, la justicia, el respeto a la legalidad, la defensa de la libertad, la participación, el pluralismo, el respeto a la dignidad humana, la responsabilidad, la solidaridad y la tolerancia. Esta propuesta pretende hacer de nuestro México, un mejor lugar para vivir.
Con base en lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción VI, al artículo 7 de la Ley General de Educación.
Artículo Primero. Se adiciona una fracción VI al artículo 7 de la Ley General de Educación, recorriéndose en su numeral las siguientes fracciones de dicho artículo, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 7. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
1 Peschard, Jacqueline (1995), La cultura política democrática, colección Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, México, IFE. 2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3, fracción II, inciso b). 3 Wo1denberg, José (2006), Los partidos políticos y las elecciones de los Estados Unidos Mexicanos, colección Para entender México, Nostra Ediciones.La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Tiene la palabra el diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que adiciona la fracción VII Bis al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El diputado Alejandro Sánchez Camacho : Con su permiso, señora Presidenta.El incremento de precios representa la pérdida del poder adquisitivo de las familias mexicanas. Con un aumento en los precios no es posible llevar a cabo una planificación estratégica ni para las empresas, y mucho menos para la familia de los trabajadores.
Durante los últimos seis años la economía mexicana ha registrado una relativa estabilidad en el nivel de precios, a tal grado que desde el 2000 fue posible disminuir el alza de precios hasta un dígito. Sin embargo, en el 2007 terminó esta relativa estabilidad en los precios de los bienes y servicios. El comienzo fue duro principalmente para las familias pobres, al experimentar un aumento en el precio de la tortilla de entre 40 y más de 80 por ciento arriba de los 6.5 pesos a que se compraba este insumo nutricional básico a finales de diciembre de 2007.
No obstante, el incremento de precios no se ha dado sólo en la tortilla. En 2007 y lo que va de 2008 los precios de la canasta básica se han incrementado sobremanera. Mientras, el salario mínimo general tan sólo se ha incrementado, en el caso de 2007, 4 y 5 por ciento, y para 2008 el asunto es desalentador: 2 pesos al día de incremento salarial. Esto implica una pérdida del poder adquisitivo del salario de entre 30 y 45 por ciento.
Hay que señalar que los precios de los principales productos de la canasta básica están a merced de los precios internacionales. Sin embargo, esto no exime al Ejecutivo federal y las instituciones que le dan sustento, de garantizar el poder adquisitivo de todos y cada uno de los ciudadanos mexicanos.
Por ejemplo, la Ley de la Administración Pública Federal, en su artículo 34, fracción VII, dispone que a la Secretaría de Economía le corresponde establecer la política de precios; y con el auxilio y participación de las autoridades locales, vigilar su estricto cumplimiento, particularmente en lo que se refiere a artículos de consumo y uso popular.
Aquí se puede señalar que sólo el anuncio del incremento al impuesto de la gasolina y el diesel en el 2007, impactó los precios de los bienes y servicios, y en octubre esto fue evidente.
Por ello, legisladoras y legisladores, se propone que cuando se registre un incremento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, en la canasta básica, por arriba del salario mínimo vigente, teniendo como referencia que el incremento sea mayor a 2 puntos porcentuales del salario mínimo y que éste se sostenga durante tres meses consecutivos, se lleve a cabo, y de inmediato, un control de precios por parte del Ejecutivo federal, y en concreto, de la Secretaría de Economía, para evitar la especulación. Pero sobre todo, garantizar el poder adquisitivo de la población mexicana.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito solicitarle, señora Presidenta, que se inscriba el texto íntegro en el Diario de los Debates de esta honorable Cámara de Diputados, de la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona la fracción VII Bis al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Es cuanto, señora Presidenta.
«Iniciativa que adiciona una fracción VII Bis al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII Bis al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEl incremento de precios representa la pérdida del poder adquisitivo de las familias mexicanas. La inflación, término económico comúnmente manejado por lo economistas para referirse a la elevación de los precios de los productos, tiene desajustes graves para el mercado de bienes y servicios, y --al mismo tiempo-- vulnera la capacidad de compra del mercado de trabajo. Con un aumento de precios no es posible llevar a cabo una planificación estratégica para las empresas ni para los trabajadores que mensualmente reciben un ingreso y lo gastan para mantener su fuerza laboral y efectuar el sostenimiento cotidiano de sus familias.
Durante los últimos seis años, la economía mexicana ha registrado una relativa estabilidad en el nivel de precios a tal grado que desde 2000 fue posible disminuir el alza hasta un dígito. El año 2000 cerró con una inflación anualizada de 9.5 por ciento, y en los años sucesivos se mantuvo en niveles promedio de entre 5 y 6 por ciento para concluir 2006 en cerca de 4 por ciento al finalizar el año.
Sin embargo, en 2007 terminó esta relativa estabilidad de los precios de los bienes y servicios. El comienzo fue duro para las familias, que observaron un aumento del precio de la tortilla de entre 40 y 80 por ciento respecto a los 6.5 pesos en que se compraba este insumo nutricional básico a finales de diciembre de 2007.
Con base en la última Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares que realiza el INEGI, la mayor afectación por el incremento de la tortilla recayó en más de 65 millones de mexicanos cuyas familias ganan apenas 3 mil 500 pesos mensuales promedio. El incremento de entre 40 y 85 por ciento en distintas regiones afectó entre 30 y 40 por ciento más a las clases más desprotegidas comparadas con las clases más acaudaladas, ya que el gasto en tortillas de esta última clase apenas si representó 0.01 por ciento del ingreso total.
No obstante, el incremento de precios no se ha dado sólo en la tortilla. En lo que va de 2007, los precios de la canasta básica se han incrementado sobremanera. Con base en los datos oficiales de estimación de la inflación, el incremento se ha dado en los siguientes productos:
En promedio, el incremento de precios oscila entre un 35 y 50 por ciento en la canasta básica, mientras que el salario mínimo general se ha incrementado tan sólo entre 4 y 5 por ciento para 2007. Esto implica una pérdida del poder adquisitivo del salario de entre 30 y 45 por ciento. La pérdida del poder adquisitivo en los últimos 25 años de liberalismo económico ha sido brutal. Con base en un documento de investigación del Centro de Estudios Multidisciplinarios de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo de 1982 a 1988 fue de -44.9 por ciento. En la administración federal de Carlos Salinas de Gortari, la caída del salario fue de -46.5. De 1994 a 2000, la pérdida fue de -51.1 por ciento, y con Vicente Fox el salario se cayó en casi -23 por ciento. 1 Aclarando la idea, esto implica que en 1973 el salario mínimo podía comprar 28 kilos de tortilla, en 2000 podía comprar 9 kilos, y hoy puede comprar menos de 5 kilos.
Empero, la precaria estructura económica que ha acentuado su vulnerabilidad desde 1982 y hasta nuestros días ha llevado a que los precios de los principales productos de la canasta básica estén a merced de los precios internacionales. Sin embargo, esto no exime al Ejecutivo federal y las instituciones que le dan sustento de garantizar el poder adquisitivo de los mexicanos.
El párrafo tercero del artículo 28 constitucional establece: ``Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses''.
Asimismo, la Ley de la Administración Pública Federal señala en el artículo 34, fracción VII, que a la Secretaría de Economía corresponde ``establecer la política de precios, y con el auxilio y participación de las autoridades locales, vigilar su estricto cumplimiento, particularmente por lo que se refiere a artículos de consumo y uso popular , y establecer las tarifas para la prestación de los servicios de interés público que considere necesarios, con la exclusión de los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal; y definir el uso preferente que deba darse a determinadas mercancías''. E la fracción VIII, el mismo precepto determina: ``... regular, orientar y estimular las medidas de protección al consumidor''.
Sólo el anuncio del incremento del impuesto de la gasolina y el diesel que repercutirá en los precios de los bienes y servicios incrementó en octubre pasado en más de 30 por ciento los productos de la canasta básica. Sin embargo, su impacto será mayor al aplicarse de manera definitiva cuando entre en vigor en enero de 2008.
Por ello, legisladoras y legisladores, apelando a su sensibilidad, se propone que cuando se registre un incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor en la canasta básica por arriba del salario mínimo vigente, teniendo como referencia que el incremento sea mayor de 2 puntos porcentuales del salario mínimo y que éste se sostenga durante tres meses consecutivos, se lleve a cabo y de inmediato un control de precios por parte del Ejecutivo federal, en concreto de la Secretaría de Economía, para evitar la especulación, pero sobre todo a fin de garantizar el poder adquisitivo de la población mexicana.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
DecretoArtículo Único. Se adiciona la fracción VII Bis al artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:
Artículo 34. A la Secretaría de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
Establecer un control de precios en cuanto se registre un incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor en los artículos de consumo y uso popular por arriba del salario mínimo vigente, teniendo como referencia que el incremento sea mayor de dos puntos porcentuales del salario mínimo y que éste se sostenga durante tres meses consecutivos, conforme lo determine el indicador referido en el párrafo anterior.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Nota: 1 Centro de Análisis Multidisciplinario (2006), ``Necesidad de un programa de recuperación del poder adquisitivo del salario en México'', en Reporte de Investigación número 70, Facultad de Economía-UNAM, México.La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado Alejandro Sánchez Camacho.Túrnese a la Comisión de Gobernación.
La siguiente exposición se pospone. Era un punto para reformar el artículo 3o., fracción III, numeral 9, de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.
ARTICULO 1o. CONSTITUCIONAL
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la tribuna a la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Rosa Elva Soriano Sánchez : Con su permiso, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Adelante, diputada.
La diputada Rosa Elva Soriano Sánchez : Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a este pleno a presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona un párrafo al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente exposición de motivos:Es indiscutible que uno de los grandes temas universales, de innegable reconocimiento y aceptación, lo constituyen los derechos fundamentales, que son los derechos que, en un momento históricamente dado, se consideran indispensables para asegurar a todo ser humano la posibilidad concreta de una vida vivida con amplia libertad y justicia.
Es así como el derecho constitucional es inseparable de la formulación y defensa de ésos, sus derechos subjetivos. Y una prueba de que ya se le concibió así, en los inicios del constitucionalismo, se le encuentra en el artículo 16 de la célebre Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que dice: ``un Estado sin derechos fundamentales y sin división de poderes no tiene Constitución''.
En este contexto los derechos se debían hacer exigibles frente al Estado, no así frente a los individuos, pues únicamente se reconocía la intraspasable esfera jurídica de libertad de las personas, la cual, tal como se indica, no podía ser afectada en ningún sentido por la actuación de las entidades estatales.
De ahí que para garantizar procesalmente estos derechos de libertad, surgieran en México procedimientos constitucionales de relevante trascendencia mundial como lo es el juicio de amparo, que remonta su origen a la Constitución Política de Yucatán, promulgada el 31 de marzo de 1841.
El juicio de amparo es el medio protector por excelencia de los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución. A través de éste podemos protegernos de las leyes o actos de las autoridades que los violentan, más no así de los particulares.
Es necesario insistir que nuestra Carta Magna otorga medios para defender los derechos fundamentales que le corresponden a todo ser humano por el sólo hecho de serlo. Sin embargo, nuestra Constitución no contempló las medidas necesarias parar evitar la violación de los derechos fundamentales consagrados en la misma, por parte de entes privados.
Para describir lo anterior mencionaré tres ejemplos. El primero de ellos relativo a la discriminación ejercida en contra de alguna persona física cuando se le niega la entrada en algún centro de esparcimiento sin razón alguna.
Otro ejemplo lo encontramos al advertir la enorme capacidad de destrucción del medio ambiente que tienen diversas empresas privadas. En este caso, ¿cómo se salvaguardan los derechos de particulares afectados por otros particulares?
Y finalmente el relativo a cómo nos podemos enfrentar ante las prácticas monopólicas de los grandes corporativos, que a través de los llamados ``contratos de adhesión'' nos someten a condiciones y cláusulas inicuas e incluso leoninas, por decir los menos.
Es preciso reconocer que, aún cuando en México no contamos con alguna disposición constitucional expresa para hacer valer los derechos fundamentales frente a particulares, sí tenemos antecedentes importantes vertidos en diversos comentarios realizados por expertos académicos en nuestra Carta Magna.
Especialmente me refiero a lo dicho respecto al artículo 1o. constitucional, cuando se ha afirmado que el principio de no discriminación rige no solamente para las autoridades sino también, con algunos matices, para los particulares, pues como aquí lo he comentado, no es posible discriminar por motivos de raza o de sexo, lo cual significa, entre otras cuestiones, que la prohibición de discriminar supone un límite a la autonomía de la voluntad y a la autonomía de las partes para contratar.
Por ello, propósito esencial de esta iniciativa es el reconocimiento sustantivo de los derechos fundamentales frente a diversas actuaciones de entes privados que pudieran incurrir en su afectación, con lo cual lograríamos dar un paso significativo en la evolución del estado de derecho constitucional que nos lleve a garantizar jurisdiccionalmente los derechos fundamentales en México.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, me permito proponer ante este pleno la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona un cuarto párrafo al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Los derechos fundamentales son oponibles a todo acto u omisión de entes públicos y privados que lesione, restrinja, altere o amenace en cualquier medida esta Constitución y a las disposiciones legales que emanen de ella, así como a los tratados internacionales celebrados en términos del artículo 133 constitucional.
Es cuanto, diputada Presidenta.
«Iniciativa que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Rosa Elva Soriano Sánchez , del Grupo Parlamentario del PRD
Con fundamento en la facultad tutelada en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en mi carácter de diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, someto a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Título Primero, Capítulo I, ``De las Garantías Individuales'', artículo 1o., agregando un cuarto párrafo, conforme a la siguiente
Exposición de MotivosUno de los grandes temas universales, de innegable reconocimiento y aceptación, lo constituyen los derechos fundamentales.
En este sentido, traigo a la memoria el pensamiento liberal que sirvió como fundamento de las primeras declaraciones de derechos humanos emitidas hacia finales del siglo XVIII, con objeto de hacer frente al ejercicio absolutista del poder.
Los derechos se debían hacer exigibles frente al Estado, no frente a los individuos, pues únicamente se reconocía la intraspasable esfera jurídica de libertad de las personas, la cual como se indica no podía ser afectada en ningún sentido por la actuación de las entidades estatales.
De ahí que para garantizar procesalmente estos derechos de libertad surgieran en México procedimientos constitucionales de relevante trascendencia mundial como el juicio de amparo, que remonta su origen a la Constitución Política del estado de Yucatán promulgada el 31 de marzo de 1841.
Con el paso del tiempo han debido abandonarse diversas ideas tradicionales, poniéndose de manifiesto las limitaciones de la teoría liberal que dio base al estado de derecho decimonónico.
Incluso, las limitaciones de los procedimientos creados para garantizar los derechos humanos en México, tal como el mismo juicio de amparo a que me referí y que aún en nuestros días se erige como el procedimiento por antonomasia en materia de derechos humanos, muy a pesar de que incluso teóricos de renombre como el maestro Héctor Fix-Zamudio han expresado que el amparo presenta únicamente cinco funciones diversas: para la tutela de la libertad personal; para impugnar leyes inconstitucionales; como medio de impugnación de las sentencias judiciales; para reclamar los actos y resoluciones de la administración activa; y, finalmente, para proteger los derechos sociales de los campesinos sometidos al régimen de la reforma agraria, sin que en ninguna de las anteriores podamos advertir la defensa de los derechos fundamentales frente a particulares.
Las restricciones del pensamiento liberal para dar respuesta al fenómeno descrito es resultado directo del surgimiento de las llamadas ``sociedades complejas''; es decir, sociedades plurales, abiertas y dinámicas, en las cuales se erosionan muchos de los paradigmas jurídicos existentes.
Por citar un ejemplo, nos podemos referir al de la organización política, cuando aparecen en escena los órganos constitucionales autónomos; el de la demanda para garantizar también los derechos sociales, los cuales requieren para su cumplimiento mecanismos de intervención decidida por parte del Estado; e incluso el paradigma relativo a la presente iniciativa, afirmando que los derechos fundamentales no sólo son oponibles a la actuación de órganos estatales sino, también, frente a determinados actos de particulares.
Para identificar algunas de las situaciones más comunes sobre violación de derechos fundamentales por parte de entes privados, mencionaré tres casos.
El primero de ellos, relativo a la discriminación ejercida contra alguna persona física cuando se le deniega la entrada en algún centro de esparcimiento sin argüir razón alguna.
Otro ejemplo lo encontramos al advertir la enorme capacidad de destrucción del ambiente que tienen diversas empresas privadas. En este caso, ¿cómo se salvaguardan los derechos de particulares afectados por otros particulares?
Y finalmente, el relativo a cómo nos podemos enfrentar a las prácticas monopólicas de los grandes corporativos que a través de los ``contratos de adhesión'' nos someten a condiciones y cláusulas inicuas e incluso leoninas, por decir los menos.
Como una respuesta a esta realidad contundente, los diferentes países se han pronunciado en forma diversa. Por un lado, reconociendo esta oponibilidad frente a particulares de forma sustantiva, tal como lo ha hecho Portugal al establecer en el artículo 18.1 de su Constitución que ``los preceptos relativos a los derechos, libertades y garantías son directamente aplicables a las entidades públicas y privadas y vinculan a éstas''.
O en su caso, como lo han llevado a cabo la mayoría de los países en Latinoamérica, estableciendo acciones jurisdiccionales concretas para garantizar los derechos fundamentales frente a terceros privados.
En este rubro, encontramos a países como Colombia, que en el último párrafo del artículo 86 constitucional prevé que ``la ley establecerá los casos en que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión''.
O como Argentina, que en el artículo 43 de su Constitución establece que ``toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva''.
Aun cuando en México no contamos con alguna disposición constitucional expresa para hacer valer derechos fundamentales frente a particulares, sí tenemos antecedentes importantes vertidos en diversos comentarios realizados por expertos académicos a nuestra Carta Magna.
Especialmente, me refiero a lo dicho respecto al artículo 1o. constitucional cuando se ha afirmado que el principio de no discriminación rige no solamente para las autoridades sino también, con algunos matices, para los particulares, pues como aquí he comentado no es posible discriminar por motivos de raza o de sexo, lo cual significa, entre otras cuestiones, que la prohibición de discriminar supone un límite a la autonomía de la voluntad y a la autonomía de las partes para contratar.
La presente iniciativa tiene como propósito esencial el reconocimiento sustantivo de los derechos fundamentales frente a diversas actuaciones de entes privados que pudieran incurrir en su afectación.
Con lo anterior daríamos un paso significativo en la evolución del estado de derecho constitucional que nos lleve a garantizar jurisdiccionalmente los derechos fundamentales en México.
Por todo lo expuesto, someto a la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión el siguiente proyecto de
DecretoArtículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren en el territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Los derechos fundamentales son oponibles a todo acto u omisión de entes públicos y privados que lesione, restrinja, altere o amenace en cualquier medida a esta Constitución y a las disposiciones legales que emanen de ella, así como a los tratados internacionales celebrados en términos del artículo 133 constitucional.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputada Rosa Elva Soriano Sánchez.Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
LEY FEDERAL DE JUEGOS Y SORTEOS
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Por lo que se refiere a la iniciativa presentada por el diputado Antonio Medellín Varela , del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que adiciona el artículo 5 Bis a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, voy a modificar el turno para enviarla solamente a la Comisión de Gobernación, por favor.
CODIGO PENAL FEDERAL
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la tribuna al diputado Miguel Ángel Arellano Pulido, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que adiciona el artículo 189 Bis y reforma el Capítulo IV del Título Sexto del Código Penal Federal.
El diputado Miguel Ángel Arellano Pulido : Con su permiso, señora Presidenta.Compañeras y compañeros legisladores, en el México de hoy uno de los temas más sensibles en la población y uno de los más importantes en la agenda nacional es sin duda la seguridad pública y el incremento en los índices de criminalidad. Sin duda, la atención a estos asuntos torales sigue siendo una asignatura pendiente.
En los últimos años la violencia se ha recrudecido e incrementado y, más grave aún, la delincuencia organizada ha prosperado significativamente. Los hechos delictuosos se cometen con un alto grado de violencia, saña y vejaciones, como lo apreciamos en las llamadas ejecuciones.
El narcotráfico ha extendido sus redes a la comisión de otros delitos graves, como el secuestro, la trata de personas y la venta de armas de fuego de uso reservado del Ejército, entre otros más.
Otro aspecto relevante es su infiltración en las instituciones de seguridad pública, procuración, administración y ejecución de justicia penal, obteniendo seguridad e impunidad con sobornos o bajo amenazas.
Algo característico de los años más recientes es que la delincuencia ha buscado tener un control total de su territorio y actividades, infiltrándose en los cuerpos de seguridad pública o bien a través de la intimidación, practicando una especie de terrorismo contra los cuerpos de seguridad, ejecutando a los mandos a plena luz del día, con operativos impresionantes por el número de sicarios y vehículos utilizados, así como el uso de armas de fuego de alto poder.
Aunado a lo anterior, en la delincuencia común es cada vez más frecuente que opten por enfrentar a las policías con armas altamente sofisticadas e incluso con explosivos, que indudablemente buscan causar el mayor daño posible a los elementos policiacos.
A la fecha, no es de fácil acceso la consulta a las estadísticas oficiales que contemplan cifras reales sobre los homicidios contra policías y mandos medios. Sólo existen algunas cifras contempladas por revistas y organizaciones no gubernamentales que podrían darnos una visión general de este grave problema.
Sin embargo, es de conocimiento general lo alarmante de la situación, pues diariamente vemos en los medios de comunicación que ejecutan a mandos policiacos o elementos de las diferentes corporaciones, sin importar si se trata de corporaciones federales, estatales o municipales.
Por ello, pensando en los casos donde elementos de seguridad o de una corporación policiaca sean agredidos por uno o más delincuentes, con el propósito de evitar su captura o su detención, propongo que esta conducta en sí misma constituya un delito que se agrave dependiendo del uso de armas blancas, de fuego o explosivos. Se busca resguardar la integridad de los elementos policiacos que pueden resultar víctimas de un delito.
En este orden de ideas, considero importante legislar al respecto y que esa agresión y violencia contra los cuerpos de seguridad, ya sea que se cause resultados o no, por sí misma constituya un delito.
En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto.
Artículo primero. Se adiciona el artículo 189 Bis y se reforma el Capítulo IV del Título Sexto del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Título Sexto. Capítulo IV. Delitos Cometidos contra Servidores Públicos.
Artículo 189 Bis. Comete el delito de agresión contra agentes de la autoridad el que ataque a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, procuración de justicia, de los centros de reclusión o del Ejército Mexicano, con la finalidad de evitar su detención o evadirse de la misma.
1. Se aplicará de 1 a 3 años de presión si la agresión fuere sólo física y sin el uso de ningún tipo de arma.
2. Se aplicará de 1 a 8 años de prisión si se utilizare un arma blanca u otro tipo de instrumentos que puedan ocasionar lesiones en la víctima.
3. Se aplicarán de 3 a 15 años cuando se utilicen armas de fuego o explosivos.
Las penas anteriores se aplicarán tomando en consideración las particularidades del ataque y serán independientes de aquellas que merezcan por la comisión de otros delitos que pudieren producirse.
Por su atención, muchas gracias.
«Iniciativa que adiciona un artículo 189 Bis y reforma el Capítulo IV del Título Sexto del Código Penal Federal, a cargo del diputado Miguel Ángel Arellano Pulido , del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado federal Miguel Ángel Arellano Pulido , integrante de la LX Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 189 Bis y reforma el Capítulo IV del Título Sexto del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEn el México de hoy, uno de los temas más sensibles en la población y uno de las más importantes en la agenda nacional, es la seguridad pública y el incremento en los índices de criminalidad.
Sin duda la atención a estos asuntos torales sigue siendo una asignatura pendiente.
En los últimos años se ha dado un fenómeno muy especial con la delincuencia en nuestro país, se ha recrudecido e incrementado, y lo más grave aún, la delincuencia organizada ha prosperado significativamente, los hechos delictuosos se cometen con un alto grado de violencia, saña y vejaciones, como lo apreciamos en las llamadas ``ejecuciones''; el narcotráfico ha extendido sus redes a la comisión de otros delitos graves como el secuestro, la trata de personas, la venta de armas de fuego de uso reservado del ejercito, entre otros más.
Otro aspecto relevante, es su infiltración en las instituciones de seguridad pública, procuración, administración y ejecución de justicia penal, comprando seguridad e impunidad con sobornos o bajo amenazas de muerte.
Algo característico de los años más recientes es que la delincuencia ha buscado tener un control total de su territorio y actividades, infiltrándose en los cuerpos de seguridad publica, o bien a través de la intimidación, practicando una especie de terrorismo contra los cuerpos de seguridad, ejecutando a los mandos a plena luz del día con operativos impresionantes con un gran número de sicarios y vehículos y con el uso de armas de fuego de alto poder.
Aunado a lo anterior, en la delincuencia común cada vez es más frecuente que los malhechores opten por enfrentar a los policías, a permitir su detención, teniendo como resultado ataques físicos, con armas blancas, armas de fuego e incluso con explosivos, que indudablemente buscan lesionar y hasta privar de la vida a los policías.
A la fecha, no es de fácil acceso la consulta a las estadísticas oficiales que contemplan cifras reales sobre los homicidios contra policías y mandos (de las consideradas ejecuciones), sólo existen algunas cifras que podrían darnos una visión general de este grave problema, tal es el caso, que según la revista Contralínea, 1 en los primeros ocho meses de la actual administración federal, más de 2 mil 500 personas han perdido la vida en ``ejecuciones''. Alrededor de 200 de ellas eran policías que fueron ultimadas por pistoleros de narcotraficantes.
La misma publicación señala que, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República (PGR), sólo en cuatro meses fueron ``ejecutados'' 152 policías.
Según el registro de agentes asesinados, elaborado por la Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, dependiente de la propia PGR, 27 elementos de distintas corporaciones policíacas fueron asesinados en febrero; 43 en marzo; 28 en abril, y 54 en mayo, todos de 2007.
De la información --obtenida por Contralínea a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública-- se desprende que, hasta mayo de este año, el estado en el que se había cometido el mayor número de crímenes contra integrantes de algún cuerpo policiaco era Sonora, con 21. Nuevo León acumulaba 20, y Michoacán y Durango sumaban 16 asesinatos en cada entidad.
Asimismo, se señala que durante el último año de gobierno de Vicente Fox el número de agentes ``ejecutados'' llegó a la centena y media. La respuesta de la Unidad de Enlace de la PGR a la solicitud de información 0001700106607 detalla que 150 policías fueron asesinados durante 2006 a lo largo del territorio nacional: 39 en Michoacán; 33 en Guerrero; 32 en Baja California; 23 en Sinaloa; 13 en Tamaulipas, y 10 en Nuevo León.
En la relación se muestra que los elementos policíacos más vulnerables son los municipales, pues durante el año pasado 61 de ellos murieron a manos de sicarios. Los ministeriales muertos sumaron 44; los estatales, 24 y los federales 21.
Esta situación se ha salido de control, y pareciera que cada vez es más común y sencillo que los delincuentes opten por enfrentar a los cuerpos de seguridad, a entregarse o dejarse capturar; la delincuencia ha caído en una absurda valentía donde la violencia extrema, el odio y la venganza, son el pan de cada día en todo el país y particularmente, en algunos estados y ciudades se ha recrudecido, tal es el caso de Chihuahua, Sinaloa, Baja California, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Distrito Federal, Monterrey, Tijuana, Ciudad Juárez, por dar solamente unos ejemplos.
No obstante lo anterior, también es importante destacar que las autoridades mexicanas en sus tres niveles de Gobierno, han tomado acciones para la solución integral de esta problemática en sus diversas etapas, la prevención, donde se busca atender las causas multifactoriales que originan estos fenómenos sociales, a través de la prevención social del delito; asimismo, también se han implementado políticas integrales que contemplan los rubros de seguridad publica; procuración, administración y ejecución de justicia, donde se observan materias como la criminología, la sociología criminal y la victimología, entre otras.
Por tanto, atender el fenómeno social de la delincuencia, requiere abordar las causas que lo originan, el fenómeno social como tal y los resultados o efectos.
De manera paralela a estas acciones, es indispensable que las autoridades cuenten con un marco jurídico actual y funcional, y que diversas conductas antisociales características de la delincuencia organizada estén contempladas como delito, reduciendo la impunidad en delitos de alto impacto social.
Es por ello que, pensando en los casos donde elementos de seguridad o de una corporación policíaca sean atacados por uno o mas delincuentes con el propósito de evitar su captura o evadirse de la detención de que son objeto, esta conducta en sí, constituya un delito que se agrave dependiendo del uso de armas blancas, de fuego o explosivos, buscando resguardar la integridad de los elementos policíacos que pueden salir lesionados o peor aun, muertos.
En este orden de ideas, consideramos importante legislar al respecto y que esa agresión y violencia contra los cuerpos de seguridad, ya sea que sea que cause resultados o no, por si misma constituya un delito.
Consideramos que estas acciones protegerán un poco más a los policías con medidas disuasivas y evitaran la impunidad de aquellos que se atrevan a agredirlos.
Por tal razón, consideramos pertinente adicionar el artículo 189 Bis y el Capítulo IV del Título Sexto del Código Penal Federal.
En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del H. Congreso de la Unión el siguiente proyecto de
DecretoArtículo Primero. Se adiciona el artículo 189 Bis y se reforma el Capítulo IV del Título Sexto del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Título Sexto ... Capítulo IV Delitos Cometidos contra Servidores PúblicosArtículo 189 Bis. Comete el delito de agresión contra agentes de la autoridad, el que ataque a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, procuración de justicia, de los centros de reclusión o del Ejército mexicano, con la finalidad de evitar su detención o evadirse de la misma.
Se aplicará de 1 a 3 años de prisión si la agresión fuere sólo física y sin el uso de ningún tipo de arma.
Se aplicará de 1 a 8 años de prisión si se utilizaré un arma blanca u otro tipo de instrumentos que puedan ocasionar lesiones en la víctima.
Se aplicará de 3 a 15 años, cuando se utilicen armas de fuego o explosivos.
Las penas anteriores se aplicarán tomando en consideración las particularidades del ataque y serán independientes de aquellas que merezcan por la comisión de otros delitos que pudieren producirse.
Nota: 1 Publicación de agosto, segunda quincena de 2007, año 5, número 85.La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado Miguel Ángel Arellano Pulido.Túrnese a la Comisión de Justicia.
La siguiente propuesta también se pospone. Era para presentar iniciativa que reforma el artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
LEY DEL SEGURO SOCIAL
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la tribuna a la diputada Irene Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.
La diputada Irene Aragón Castillo : Con su permiso, compañera Presidenta, diputada.La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura, en uso de las facultades que se le confieren, presenta al pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.
La Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, ratificada por el Estado mexicano en 1990, constituyó un instrumento fundamental para construir una nueva visión sobre la infancia y, por ende, para establecer compromisos y lineamientos que garanticen los derechos señalados en la misma. En este sentido, los estados parte han adoptado todas la medidas administrativas, legislativas y de otra índole, para dar efectividad a los derechos establecidos en la misma.
Este compromiso sirve para que diversos organismos, como el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, insistan en la necesidad de armonizar las leyes para que garanticen su aplicación en el corto y en el largo plazo.
En México, durante los 10 años de vigencia de la Convención han ocurrido diversas reformas legislativas con los derechos de la niñez, en temas tales como la violencia intrafamiliar, las adopciones, la tipificación de delitos cometidos en contra de niñas y niños, entre las principales.
Estas medidas introducen por primera vez en la historia del país los conceptos de niña, niño y sus derechos, aspectos que resultan fundamentales para un trato diferente hacia esta población.
Lo anterior ha llevado a reflexionar en torno a la necesidad de contar con un marco legal amplio que garantice los derechos de la niñez y las condiciones que son básicas para hacerlos valer.
La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes define, en su artículo 2o., que son niñas y niños aquellas personas hasta los 12 años de edad incompletos, y como adolescentes, a las personas desde los 12 años cumplidos a los 18 años incumplidos ---o los 18 años incompletos.
En este sentido, es indispensable el reconocimiento del Estado mexicano de que todo niño, o niña, o adolescente tiene derecho a vivir en condiciones de bienestar, y la obligación a que todas las medidas que se adopten deban atender a su interés superior. Tal es el caso de la Ley del Seguro Social, ya que su distinción está hecha hasta los 16 años, dejando a las personas en el rango de edades de 16 años cumplidos hasta los 18 años incompletos conculcados en sus derechos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone armonizar esta ley, homologándola a la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, en lo que respecta al rango de edad antes mencionado, y someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.
Artículo único. Se reforman las fracciones IV y VI del artículo 64, y V y VII del artículo 84; los artículos 134 y 136, fracciones I y II; y el antepenúltimo y el último... del artículo 138, para quedar como sigue:
Fracción IV del artículo 64. A cada uno de los huérfanos, que lo sean de padre o madre, menores de dieciocho años, se le otorgará una pensión equivalente al 20 por ciento de la que hubiera correspondido al asegurado, tratándose de incapacidad permanente total. Esta pensión se extinguirá cuando el huérfano cumpla 18 años.
Deberá otorgarse o extenderse el goce de esta pensión, en los términos del reglamento respectivo, a los huérfanos mayores de 18 años hasta una edad máxima de 25 años, cuando se encuentren estudiando en planteles del sistema educativo nacional, tomando en consideración las condiciones económicas, familiares y personales del beneficiario, y siempre y cuando sea sujeto del régimen obligatorio.
Fracción VI. A cada uno de los huérfanos cuando lo sean de padre y madre, menores de 18 años o hasta 25 años, si se encuentran estudiando en los planteles del sistema educativo nacional, o en tanto se encuentre totalmente incapacitado debido a una enfermedad crónica de efecto físico o psíquico se les otorgará una pensión equivalente a 30 por ciento de la que hubiera correspondido al asegurado, tratándose de incapacidad permanente total.
Tendrá derecho a recibir pensión de orfandad cada uno de los hijos menores de 18 años cuando muera el padre o la madre si alguno de éstos hubiera tenido el carácter de asegurado, y se acredite tener ante el instituto un mínimo de 50 cotizaciones semanales o haber tenido la calidad de pensionados por invalidez.
El huérfano mayor de 18 años que desempeñe un trabajo remunerado no tiene derecho a percibir esta pensión, salvo que no puede mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica de efecto físico o psíquico, para cada uno de los hijos menores de 18 años del pensionado, el 10 por ciento de la cuantía de la pensión.
El instituto concederá en los términos de este artículo las asignaciones familiares a los hijos del pensionado mayores de 18 años si cumplen las condiciones mencionadas.
Transitorio. Único. Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Solicito que se inserte en forma íntegra este decreto en el Diario de los Debates. Gracias, señora Presidenta.
«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Irene Aragón Castillo , del Grupo Parlamentario del PRD
La suscrita, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en uso de la facultad que me confieren la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento al Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa Convención Internacional de los Derechos de la Niñez (CIDN), que fue ratificada por el Estado mexicano en 1990, constituyó un instrumento fundamental para construir una nueva visión sobre la infancia y, por ende, para establecer compromisos y lineamientos para garantizar los derechos establecidos en la misma en correspondencia al ideal de máxima supervivencia y desarrollo, como lo instituye su artículo 6o.
Desde su creación los Estados parte firmantes de la CIDN se comprometieron (en el artículo 4o.) a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos establecidos en la misma.
En el entendido de que las leyes constituyen un marco propicio para establecer las prioridades del desarrollo de un país y por ende, son el origen de las políticas públicas, el compromiso establecido en la CIND pronto sirvió para que diversos organismos, como el Comité de los Derechos del Niño de la ONU (organismo encargado de supervisar el cumplimiento de la convención en los Estados parte) insistieran en la necesidad de armonizar las leyes para garantizar su aplicación en el corto y en el largo plazo.
En México durante los 10 años de vigencia de la CIDN ocurrieron diversas reformas legislativas relacionadas con los derechos de la niñez, sobre todo a partir de la segunda mitad de los 90. Estas reformas tocaron aspectos como la violencia intrafamiliar, las adopciones, la tipificación de delitos cometidos contra niñas y niños, entre las principales.
En diciembre de 1999 el Poder Legislativo aprobó la reforma y adición al artículo 4o. de la Constitución, que introduce la noción de los derechos de niñas y niños, señala algunos de éstos y obligaciones básicas de la familia, la sociedad y el Estado para protegerlos.
En abril de 2000, el legislativo aprobó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Reglamentaria del Artículo 4º Constitucional.
Estas medidas deben ser consideradas como un paso fundamental en materia de protección de los derechos de la niñez, principalmente porque introducen por primera vez en la historia del país, el concepto de niña, niño y de sus derechos, aspectos que resultan fundamentales para un trato diferente hacia esta población.
Dicha modificación constitucional ha llevado a reflexionar en torno a la necesidad, sentida por años, de contar con un marco legal amplio que garantice los derechos de la niñez y las condiciones que son básicas para hacerlos valer.
Informes del UNICEF muestran que existen en México 3.5 millones de niñas y niños trabajando entre los 12 y los 17 años de edad, cerca de un millón como jornaleros agrícolas.
Por otro lado, el UNICEF señala que la presencia de niños y niñas de la calle se incrementó en 3.5 por ciento en tres años lo que provoca que en nuestro país existan unos 150 mil niñas y niños trabajadores y de la calle; además de que cada año se considera que cruzan la frontera norte cerca de 50 mil menores de edad sin acompañantes adultos.
La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes define, en su artículo 2o., que son niñas y niños aquellas personas hasta los doce años de edad incompletos, y como adolescentes, las personas desde los doce años cumplidos a los dieciocho incompletos. Es indispensable el reconocimiento del Estado mexicano de que todo niño o niña o adolescente tiene derecho a vivir en condiciones de bienestar y la obligación a que todas las medidas que se adopten deban atender a su interés superior. Sin embargo en la Ley del Seguro Social, la distinción etaria está hecha hasta los dieciséis años, dejando a las personas en el rango de edades de dieciséis años cumplidos hasta los dieciocho años incompletos conculcados en sus derechos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.
Artículo Único. Se reforman las fracciones IV y VI del artículo 64, V y VII del artículo 84; y los artículos 134, 136; fracciones II y III, y el antepenúltimo y último párrafos del artículo 138, para quedar como sigue:
Artículo 64. ...
...
...
...
Artículo 84. ...
Artículo 134. Tendrán derecho a recibir pensión de orfandad cada uno de los hijos menores de dieciocho años, cuando muera el padre o la madre y alguno de éstos hubiera tenido el carácter de asegurado, y acrediten tener ante el Instituto un mínimo de ciento cincuenta cotizaciones semanales o haber tenido la calidad de pensionados por invalidez.
El instituto prorrogará la pensión de orfandad, después de alcanzar el huérfano la edad de dieciocho años, y hasta la edad de veinticinco, si se encuentra estudiando en planteles del sistema educativo nacional, tomando en consideración las condiciones económicas, familiares y personales del beneficiario, siempre que no sea sujeto del régimen obligatorio.
El huérfano mayor de dieciocho años que desempeñe un trabajo remunerado no tiene derecho a percibir esta pensión; salvo que no pueda mantenerse por su propio trabajo, debido a una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, en tanto no desaparezca la incapacidad que padece.
Artículo 136. El derecho al goce de la pensión de orfandad comenzará desde el día del fallecimiento del asegurado o pensionado por invalidez y cesará con la muerte del beneficiario, o cuando éste haya alcanzado los dieciocho años de edad, o una edad mayor, de acuerdo con las disposiciones de los dos artículos anteriores.
...
Artículo 138. ...
....
Las asignaciones familiares cesarán con la muerte del familiar que la originó y, en el caso de los hijos, terminarán con la muerte de éstos o cuando cumplan los dieciocho años, o bien los veinticinco años, aplicándose en lo conducente lo dispuesto por el artículo 134 de esta Ley.
...
El Instituto concederá en los términos de este artículo, las asignaciones familiares a los hijos del pensionado, mayores de dieciocho años, si cumplen con las condiciones mencionadas.
TransitoriosÚnico. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputada Irene Aragón Castillo. Insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates ytúrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad Social.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de dictámenes.
En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se les dispensa la lectura.
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se les dispensa la lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los diputados y las diputadas que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
«Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto que reforma la fracción XVI del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo
Honorable Asamblea:
A la Comisión del Trabajo y Previsión Social, le fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVI, del artículo 132, de la Ley Federal del Trabajo en materia de libre acceso a los centros de trabajo para las personas con discapacidad, presentada el 31 de octubre del 2007 por el Diputado Francisco Antonio Fraile García del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX legislatura.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39, numerales 1 y 3, artículo 45 numeral 6 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 56, 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Comisión del Trabajo y Previsión Social presentar el dictamen correspondiente de esta iniciativa ante el Pleno de esta H. Cámara de Diputados, de conformidad con los siguientes antecedentes y consideraciones:
Antecedentes
En sesión celebrada el 31 de octubre de 2007, el diputado Francisco Antonio Fraile, del Grupo Parlamentario del PAN, presentó ante el Pleno de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto que por el que se reforma la fracción XVI, del artículo 132, de la Ley Federal del Trabajo en materia de libre acceso a los centros de trabajo para las personas con discapacidad para su estudio y posterior dictaminación, por lo que los diputados integrantes de la citada comisión, nos avocamos a valorar y analizar el siguiente
Contenido
Primero. La iniciativa en análisis y valoración señala que la A iniciativa de México, este año se firmó la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.
Esta convención internacional fue negociada a lo largo de cuatro años, a raíz de una iniciativa presentada por el gobierno de México ante la 56 Asamblea General de la ONU en 2001. México mantuvo un reconocido liderazgo a lo largo del proceso negociador, hasta concluir con un texto de convención y su protocolo facultativo.
Ambos instrumentos contienen disposiciones sustantivas y mecanismos de seguimiento y monitoreo, que se suman a los de otros siete tratados y convenciones en materia de derechos humanos a nivel internacional, con carácter vinculante.
La convención entrará en vigor 30 días después del depósito del vigésimo instrumento de ratificación o adhesión ante el Secretario General de las Naciones Unidas. Una vez firmado por Rincón Gallardo, el texto será enviado para su análisis al Senado de la República, con miras a su aprobación y ratificación por parte del Estado Mexicano.
Con la entrada en vigor de la convención, se dota al derecho internacional de un instrumento vinculante para que los gobiernos introduzcan cambios en sus legislaciones referentes a mejorar y promover el acceso a la educación y al empleo a las personas con discapacidad.
La convención no sólo implica la elaboración de leyes y medidas para mejorar los derechos de las personas con discapacidad, sino que además acuerda eliminar legislaciones, prácticas y costumbres que las discriminan.
Una vez que la convención sea ratificada por el Senado de la República, México tendrá el reto de llevar a cabo la armonización de su legislación interna, con el involucramiento a nivel nacional de autoridades federales y locales, para difundir, aplicar y promover el contenido de los tratados.
La convención se centra en el derecho que las personas con discapacidad tienen de participar en la toma de decisiones que las afectan, y prevé el respeto a sus garantías fundamentales, así como la igualdad de oportunidades. En esencia, se trata de garantizar que las personas que sufren algún tipo de discapacidad, ya sea visual, física, mental o auditiva, puedan disfrutar de los mismos derechos que las demás y sean capaces de hacer valiosas contribuciones a la sociedad, si se les brindan las mismas oportunidades.
En este sentido, se prevé la adaptación de los inmuebles para dar acceso y libertad de movimiento independiente a las personas discapacitadas.
Para lograr estos objetivos necesitamos realizar una serie de cambios, que van desde las reformas legales, administrativas, y en las estructuras del equipamiento urbano y de transporte para el libre acceso.
La presente iniciativa con proyecto de decreto, retoma uno de los aspectos importantes de la convención: El derecho al trabajo que tienen las personas con discapacidad.
Bajo este tenor, el artículo 27 de la convención señala lo siguiente:
``Los estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en pie de igualdad con los demás; ello incluye el derecho a la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado de trabajo y un entorno laboral abierto, inclusivo y accesible a las personas con discapacidad. Los estados partes salvaguardarán y promoverán el derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas apropiadas, incluso mediante la promulgación de legislación, entre ellas: (...) Asegurar que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo''.
Este artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es sumamente completo en la medida que prohíbe todo acto discriminatorio, así como a la protección de los inválidos vigilando que no sean sometidos a trabajos obligatorios y a servidumbre.
La convención se suma a otros instrumentos internacionales que México ha suscrito, de entre los que destaca el convenio número 159 de la Organización Internacional del Trabajo, el cuál entró en vigor el 20 de junio de 1985.
En dicho convenio se establece que los estados suscritos apliquen y revisen periódicamente la política nacional sobre la readaptación profesional y el empleo de personas discapacitadas. En este sentido, el convenio establece una serie de principios fundamentales que deberían estar en la base de las políticas de readaptación profesional y empleo, destacando aquellas referidas a la igualdad de oportunidades y de trato, las medidas positivas que no deberían ser entendidas como discriminatorias para otros trabajadores, la integración de las personas con discapacidades a los programas y servicios normales relativos al trabajo, servicios para aquellas áreas rurales y comunidades remotas, la formación de personal calificado y la necesidad de consultar a las organizaciones de empleadores y trabajadores así como a las organizaciones representativas de las personas discapacitadas.
En este contexto, resulta impostergable hacer las reformas legales que permitan la integración plena de este sector de la población a un empleo digno y bien remunerado.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, conocido por sus siglas INEGI, indican que en el 2000 vivían 1.8 millones de personas en nuestro país con algún tipo de discapacidad, de las cuales, de cada 100 personas con discapacidad, 13 tienen menos de 15 años; 15 entre 15 y 29; 30 son adultos de 30 a 59 y 41, adultos mayores (60 años y más).
La discapacidad más frecuente en el país es la motriz (45.3 por ciento), la visual (26.0 por ciento), la auditiva (15.7 por ciento), la mental (16.1 por ciento) y de lenguaje (4.9 por ciento).
Es necesario asegurar su inclusión social y fortalecer la legislación laboral, para que se construya una nueva ética social y laboral a favor de las personas que sufren algún tipo de discapacidad.
La inclusión social y laboral de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades, en algunos casos, los empleadores tal vez tengan que efectuar uno o varios cambios en los centros de trabajo para que la persona pueda realizar el trabajo de manera eficaz.
Muchos de los obstáculos a los que los discapacitados se enfrentan en la búsqueda de puestos de trabajo, y en el propio trabajo provienen más bien del modo en que el empleo y los lugares de trabajo están estructurados y organizados, que de la propia discapacidad. Pueden precisarse ajustes o acondicionamientos para garantizar que el trabajador discapacitado pueda trabajar satisfactoriamente y con colegas sin discapacidades.
Para facilitar la contratación de personas con discapacidades y la conservación de los puestos de trabajo de los trabajadores que adquieran una discapacidad, es necesario mejorar la accesibilidad al lugar del trabajo de las personas con distintos tipos de discapacidades.
La accesibilidad incluye también la señalización, sobre todo cuando se trate de personas con deficiencias visuales y con discapacidades intelectuales. También comprende el acceso a la información que se transmite frecuentemente por medio de sonidos, como el de una alarma contra incendios, un silbato o una sirena. Tratándose de personas con deficiencias auditivas, esos mecanismos deberían revisarse y, de ser necesario, complementarse con otros dispositivos, como por ejemplo, luces intermitentes.
Realizar las adaptaciones en el lugar de trabajo para que el trabajador discapacitado pueda realizar su trabajo de forma eficaz, obedece en buena medida al derecho que toda persona tiene a desempeñar un empleo remunerador, pero también es un medio para lograr el rendimiento laboral óptimo del trabajador discapacitado, de la misma manera que la mayoría de las empresas diseñan e implementan mecanismos para mejorar el desempeño laboral de sus trabajadores que no sufren discapacidad.
Quizá un argumento en contra de realizar las adaptaciones físicas en los centros de trabajo para el libre acceso de las personas con discapacidad, sea el costo que esto representa, sin embargo, en la gran mayoría de los casos sólo se necesitan modificaciones mínimas a las estructuras físicas que no representan mayores costos: Una rampa para silla de ruedas, una adaptación a los sanitarios o una señalización más visible.
A este respecto, cabe mencionar que en nuestro país ya se ofrecen incentivos fiscales a los empleadores que contraten personas con discapacidad. El 10 de marzo del 2007 Felipe Calderón Hinojosa firmó un decreto cuyo objetivo es otorgar incentivos fiscales hasta en 25 por ciento de deducibilidad del propio salario a las empresas que contraten a personas con discapacidad. Con esto, los costos de las adaptaciones en los centros de trabajo disminuyen considerablemente.
En cuanto a la propuesta concreta, la presente iniciativa toma en cuenta que algunos países han encontrado viabilidad en su legislación al exigir a los empleadores realizar acondicionamientos razonables para dar facilidades a los trabajadores con discapacidades. Este concepto se retoma en la presente iniciativa, toda vez que incluye la presunción de que los empleadores deben hacer todo aquello que se necesite si los costos implicados no son exorbitantes.
Es de destacar que la Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-1999 Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo, condiciones de seguridad e higiene , señala como obligación del patrón, en el numeral 5.4, que ``Las puertas, vías de acceso y de circulación, escaleras, lugares de servicio para los trabajadores y puestos de trabajo deben facilitar las actividades y el desplazamiento de los trabajadores discapacitados cuando éstos laboren en el centro de trabajo''.
Segundo. En virtud de lo anterior, la iniciativa de mérito propone agregar al texto de la fracción XVI del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo que se refiere a las obligaciones de los patrones, para que se realicen las adecuaciones, ajustes y mejoras necesarias que aseguren el libre acceso y desplazamiento de las personas y trabajadores con discapacidad en condiciones de igualdad.
Por lo que esta Comisión del Trabajo y Previsión Social de la LX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una vez que agotaron el análisis y valoración, para emitir el dictamen que en derecho proceda, se pronuncian al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Esta Comisión es competente para conocer y dictaminar la presente iniciativa con proyecto de decreto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39, numerales 1 y 3, artículo 45 numeral 6 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 56, 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La iniciativa apoya el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad para trabajar en condiciones de igualdad y se fundamenta en el protocolo de adhesión firmado por el Ejecutivo el 3 de marzo de 2007, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual debe ser ratificado por el Senado de la República y posteriormente publicado en el Diario Oficial de la Federación, para poder ser ley suprema de toda la Unión,
No obstante lo anterior, se considera por esta Comisión que la Ley Federal del Trabajo debe velar por los derechos de las personas con discapacidad para laborar en condiciones de igualdad con los demás trabajadores y que una condición indispensable es que los patrones estén obligados a hacer los ajustes razonables en el lugar de trabajo, con fundamento en la normatividad vigente.
Por lo expuesto, esta Comisión está de acuerdo en modificar la Ley Federal del Trabajo en su artículo 132, fracción XVI para mejorar la accesibilidad al lugar del trabajo de las personas con distintos tipos de discapacidades, las cuales en la gran mayoría de los casos, como precisa la iniciativa, sólo requieren de modificaciones mínimas a las estructuras físicas y no representan mayores costos para los empleadores.
En caso de ser aprobada la iniciativa se lograría mejorar en primer término la movilidad de los trabajadores y de las personas con discapacidad que acudan a los centros de trabajo, y en segundo lugar se lograría integrar a estas personas en los diversos centros de trabajo, así como construir una sociedad más incluyente.
Por lo tanto, la dictaminadora valoró que el articulante logró comprobar en la iniciativa de mérito, que la propuesta es en beneficio de los trabajadores específicamente aquellos que tienen alguna discapacidad.
Por lo anteriormente expuesto la Comisión de Trabajo y Previsión somete a consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente:
Proyecto de decreto que reforma la fracción XVI del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo
Artículo Único.- Se reforma la fracción XVI del artículo 132, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:
I. a XV. ....
XVI. Instalar, de acuerdo con los principios de seguridad e higiene, las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares en que deban ejecutarse las labores, para prevenir riesgos de trabajo y perjuicios al trabajador, así como adoptar las medidas necesarias para evitar que los contaminantes excedan los máximos permitidos en los reglamentos e instructivos que expidan las autoridades competentes; y realizar en los lugares donde se ejecuten las labores, las adecuaciones, ajustes y mejoras necesarias que aseguren el libre acceso y desplazamiento de las personas y trabajadores con discapacidad en condiciones de igualdad. Para estos efectos, deberán modificar, en su caso, las instalaciones en los términos que señalen las propias autoridades y la normatividad vigente;
XVII. a XXVIII. ....
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.''
Es de primera lectura.
LETRAS DE ORO ``A LOS CONSTITUYENTES DE 1857''
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : «Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda ``A los constituyentes de 1857''
La Presidencia de la Cámara de Diputados turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la Iniciativa con proyecto de decreto que declara el año 2007, año sesquicentenario de la Constitución de 1857.
Ambas representaciones se han dedicado a su estudio y análisis para la formulación del presente dictamen, conforme a lo siguiente:
Antecedentes
En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, realizada el 21 de diciembre de 2006, la diputada Sara Latife Ruíz Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa que nos ocupa.
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la turnó a las Comisiones Unidas de Gobernación, y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria número el 2157-1, del jueves 21 de diciembre de 2006.
Contenido de la iniciativa
La iniciativa propone que el 2007 sea declarado ``Año del Sesquicentenario de la Constitución de 1857''; que el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos celebre una sesión solemne el 5 de febrero de 2007, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a efecto de conmemorar el 150 aniversario de la promulgación de la Constitución Federal de 1857, con la presencia de los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial; que en esa misma sesión solemne, se inscriba en letras de oro en el Muro de Honor del salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda ``A los Constituyentes de 1857''; que a partir del 1 de enero de 2007 y durante toda la anualidad la correspondencia oficial de la administración pública federal sea timbrada con la inscripción: ``2007, Año del Sesquicentenario de la Constitución de 1857''; y que la Casa de Moneda emita una moneda conmemorativa) en cuyo anverso se inscriba un libro, en bajorrelieve, en plano inclinado de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, que en su tapa anterior diga: ``Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos.- 5 de febrero de 1857''; y por cuyo reverso exprese: ``2007, Año del Sesquicentenario de la Constitución de 1857''.
Conforme a la exposición de motivos de la iniciativa) tales propuestas se sustentan en el mérito de los legisladores constituyentes de 1857; la heroica defensa que hicieron de la soberanía e integridad territorial del país; la necesidad que tienen las generaciones recientes de conocer, testimoniar y refrendar el legado libertario y los principios rectores de la República constituida en 1856-1857 y el rendir tributo de justo homenaje a aquel honorable Congreso Constituyente.
Consideraciones y análisis
La iniciativa presentada cumple con los requisitos formales que exige la práctica parlamentaria: se formuló por escrito por quienes están facultados para iniciar el proceso legislativo) contiene el nombre y firma del proponente, se presentó con un título, contiene un apartado expositivo de los motivos que la animan, presenta el texto legal que propone, y señala la vigencia del decreto.
La Cámara de Diputados está facultada y tiene competencia para conocer y resolver la iniciativa en comento, de conformidad con lo que establece el segundo párrafo del artículo 70 constitucional.
Compete a las comisiones de Gobernación y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias emitir el dictamen a esta propuesta, conforme a lo que establecen los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La conmemoración de los hechos históricos que han marcado el devenir de nuestro país y la de los personajes que los han protagonizado, resultan imprescindibles, pues todos los pueblos está obligados a conocer los errores y aciertos del pasado, para aprender de ellos con miras a un mejor futuro.
La ejemplaridad de estos actos con los que las instituciones honran a sus héroes, tiene un doble propósito por cuanto a los servidores públicos; por un lado debe inspirar sus ideales de desempeño y por otro debe atemperar sus apetitos al temer la anatema que sufrieron quienes llegaron a defraudar la confianza de su gente.
La Constitución de 1857, es un documento sublime, porque sentó las bases del estado moderno, recogió las ideas liberales más preciaras de la época, sintetizó los anhelos de un pueblo por convertirse en nación y, finalmente, dio una dirección precisa y un objetivo certero tanto al sistema de gobierno, como a las instituciones creadas para ello. Parte de sus virtudes estriban en el reconocimiento de la libertad de enseñanza y la libertad de imprenta, en un México en el que el monopolio de ambas estaba en manos de la religión; la libertad de industria, comercio y trabajo, fueron consagradas en este texto constitucional y constituyeron sin duda, elementos detonadores importante del desarrollo social y económico del México de mediados del siglo XIX; por su parte el establecimiento del amparo como un recurso jurisdiccional frente al Poder del Estado, precursor por mucho del sistema jurídico garantista, es otra de las formidables aportaciones que los letrados constituyentes aportaron a la emergente patria; finalmente la estipulación del juicio político a los gobernantes traidores y el asentamiento de la doctrina de la soberanía nacional, terminaron por perfeccionar el nuevo esquema de organización política, pues, las conductas punibles de quienes atentan contra las instituciones desde el poder mismo, se escindieron de las de los delitos; y el establecimiento del concepto de soberanía nacional, en un siglo convulso por las hostilidades entre naciones en un país permanente alerta debido a sus sobresaltos internos, permitió sentar las bases para recuperar el orden interno y la exigencia del respeto externo tal como se demostraría años más tarde frente a las aspiraciones invasoras de las potencias de la época.
Esta obra y la pujante nación que con ella descollaba, no estuvieron exentas de ataques tanto bélicos como ideológicos. Baste recordar la intentona invasora gala ya citada en el punto precedente y la crítica internacional que hiciese a nuestra Constitución, el entonces papa Pío IX, a través de su declaración en el Syllabus , documento anexo a su encíclica Quanta Cura, del 8 de diciembre de 1864.
Por lo antes considerado, las dictaminantes proponen la aprobación de la iniciativa por cuanto hace a los artículos segundo y tercero del proyecto de decreto contenido en la iniciativa, pero sugieren una redacción distinta que sin alejarse de la idea principal propuesta por el autor, adecua la sintaxis y armoniza la argumentación y el texto.
Por cuanto a la fecha originalmente propuesta para la celebración de estos actos, las comisiones que dictaminan, observan que resulta de imposible cumplimiento habida cuenta de que tal fecha ya transcurrió; en tal razón se propone un artículo segundo transitorio en el que se faculte a la Mesa Directiva y a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que determinen tal fecha, de manera que no se omita la celebración pero se realice bajo condiciones adecuadas.
Por cuanto a los artículos primero y cuarto del proyecto de decreto contenidos en la iniciativa, las comisiones dictaminadoras consideran que son improcedentes en razón de lo avanzado del año en curso implica que la papelería oficial a estas alturas ya debe haberse licitado y una modificación como la propuesta tendría un impacto presupuestario indeseable en las finanzas públicas, y en atención a que la situación actual de los recursos obliga a optimizarlos y tratar de evitar su desperdicio.
Por cuanto al artículo quinto del proyecto de decreto contenido en la iniciativa, quienes dictaminan observan que, a diferencia de los artículos que se propone aprobar, se trata de una materia en la que corresponde legislar a ambas Cámaras, motivo por el cual debe tratarse por separado y desligar así del procedimiento que corresponde a las propuestas que se dictaminan.
Conclusiones y propuestas
En razón de lo antes expuesto, toda vez que el problema planteado es real, y atendible por la vía legislativa; los argumentos vertidos corresponden a la proposición legislativa, son ciertos y válidos; los enunciados jurídicos sugeridos son atendibles, las comisiones que dictaminan consideran que es de aprobarse la Iniciativa con las adecuaciones propuestas y por lo tanto se propone a esta soberanía el siguiente:
Proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, la leyenda ``A los constituyentes de 1857''.
Artículo Primero. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda ``A los constituyentes de 1857''.
Artículo Segundo. Celébrese una sesión solemne de la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la que se devele la inscripción a que alude el artículo anterior, e invítese a la misma a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial.
Transitorios
Primero: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente del de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo: La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se coordinarán para el establecimiento de la fecha en la que se realice la sesión solemne y la inscripción en letras de oro a que alude el artículo primero de este decreto así como para las demás actividades que se requieran.
Es de primera lectura.
LEY DE ASISTENCIA SOCIAL
El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : «Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 12 de la Ley de Asistencia Social
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados perteneciente a la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley de Asistencia Social presentada el cuatro de octubre del 2007, por la ciudadana diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Esta Comisión elaboró el presente dictamen con fundamento en el artículo 39, numerales 1, 2 fracción III y numeral 3; los artículos 44, 45 numeral 1, 4, 6 incisos d) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 55, 56, 60, 87, 88 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y lo somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, de acuerdo con los siguientes:
Antecedentes
Primero. Con fecha 4 de octubre de 2007, la diputada Mirna Cecilia Rincón Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el Articulo 12 de la Ley de Asistencia Social.
Segundo. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23 fracción f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, turno la iniciativa para su estudio y dictamen a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Contenido de la iniciativa
1) La diputada propone en la Iniciativa reformar el artículo 12 de la Ley de asistencia Social, en su fracción XIII, para brindar servicios de orientación y apoyo a mujeres en periodo de gestación para la prevención de abortos, poniendo especial atención a las mujeres en situación de vulnerabilidad.
Texto vigente
Ley de Asistencia Social
Servicios de la Asistencia Social
Artículo 12. Se entienden como servicios básicos de salud en materia de asistencia social los siguientes:
I. a XI. ...
XII. La prevención de invalidez y la rehabilitación e integración a la vida productiva o activa de personas con algún tipo de discapacidad;
XIII. La promoción de acciones y de la participación social para el mejoramiento comunitario; y
Texto propuesto
Ley de Asistencia Social
Servicios de la Asistencia Social
Artículo 12. Se entienden como servicios básicos de salud en materia de asistencia social los siguientes:
I. a XI. ...
XII. La prevención de invalidez y la rehabilitación e integración a la vida productiva o activa de personas con algún tipo de discapacidad;
XIII. Brindar servicios de orientación y apoyo a mujeres en periodo de gestación para la prevención de abortos, poniendo especial atención a las mujeres en situación de vulnerabilidad;
XIV. La promoción de acciones y de la participación social para el mejoramiento comunitario; y
XV. Los análogos y conexos a los anteriores que tienda a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo y familias, su desarrollo integral.
2) Refiere la diputada que al reformar la Ley de Asistencia Social e incluir dentro de los servicios básicos de salud en materia de asistencia social el apoyo a mujeres en periodo de gestación que enfrenten dificultades, lograra disminuir las prácticas abortivas y, por ende el índice de mortalidad materna por abortos.
3) La diputada describe que la orientación y el apoyo a las mujeres embarazadas que así lo soliciten por parte de personal especializado del DIF, y de otras instituciones de asistencia social podrá prevenir la muerte no sólo del producto de la concepción, sino también a la madre, es decir disminuir la mortalidad materno-infantil.
4) La diputada proponente, hace referencia a un estudio que se realizó en Finlandia, por el Centro Nacional Finlandés de Investigación y Desarrollo para la Salud y el Bienestar. El estudio se hizo con 9,192 mujeres que fallecieron entre los años 1987-1994, a una edad comprendida entre los 15 y los 49 años; de todas ellas, 281 murieron en el curso de un año desde su último embarazo. Analizando la mortalidad global y la mortalidad por causas, encontraron en todos los casos que el embarazo y el parto reducen el riesgo de morir mientras que el aborto provocado lo incrementa. El estudio concluye que el porcentaje es 3.5 veces superior en las mujeres que habían abortado en comparación con las mujeres que habían tenido un parto.
Consideraciones
I. La Secretaria de Salud tiene como uno de sus objetivos el disminuir la mortalidad materna hasta en dos terceras partes, entre 1990 y el año 2015.
II. De acuerdo con datos de la misma Secretaría, la mortalidad materna asciende a más de 1100 muertes al año, cifra que refiere ha disminuido ligeramente con base en un proceso focalizado de acciones de atención médica para disminuir las muertes por hemorragia obstétrica. Refiere el informe de la Secretaría de Salud denominado ``México 2006'', que el descenso por esta causa en un año fue de 304 a 258 defunciones, lo que significa una disminución del 15% del promedio Nacional, así mismo informa que las mujeres que habitan en áreas de mayor pobreza, tienen una mayor probabilidad de mortalidad materna.
III. Igualmente señala que en el año 2006 la mortalidad materna en los 100 municipios con mayor índice de pobreza en el país fue de 188 por 1000,000 nacidos vivos, cinco veces más alta que en los 50 municipios con mejor índice de desarrollo humano, y el 13% de las muertes ocurridas fueron en jóvenes de 20 años.
IV. Por otra parte la Organización Mundial de la Salud contabiliza en cada país los años de vida saludable (Avisa) que se pierden debido a muertes prematuras o que se viven con una discapacidad. Los Avisa perdidos permiten evaluar el impacto expresado en unidades de tiempo de distintas enfermedades de una sociedad y tiene la ventaja de ofrecer una métrica común para las perdidas de salud por las diferentes enfermedades por grupos de edad, este indicador contabiliza las defunciones-enfermos y los transforma cada uno de ellos en los años que dejaron de vivir por defunción prematura o los que viven enfermos en malas condiciones de salud, para así sumar las perdidas de años saludable.
En el año 2005 las pérdidas de salud en nuestro país ascienden a 15.2 millones de Avisa, es decir 146 por cada 1000 habitantes, de estos el 46% se debieron a años perdidos por muertes prematuras y el 56% a años con discapacidad.
En el Informe que presenta la Secretaria de salud, este indicador de la perdida de salud o de las muertes evitables, refiere que la mortalidad materna se encuentra dentro de las primeras causas de muertes evitables.
V. Igualmente, la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, establece los criterios para atender y vigilar la salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y la atención del recién nacido.
El numeral 5.2.2 establece que el control prenatal debe estar dirigido a la detección y control de factores de riesgo obstétrico, a la prevención, detección y tratamiento de la anemia, preeclampsia, infecciones cérvico-vaginales e infecciones urinarias, así como complicaciones hemorrágicas del embarazo, retraso del crecimiento intrauterino y otras patologías intercurrentes con el embarazo.
VI. La misma NOM en el numeral 4.5 define la muerte materna a la que ocurre en una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días de la terminación del mismo, independientemente de la duración y lugar del embarazo producida por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o su manejo, pero no por causas accidentales o incidentales, y en lo que se refiere al aborto, el numeral 4.6 lo define como la expulsión del producto de la concepción de menos de 500 gramos de peso o hasta 20 semanas de gestación.
VII. La propuesta de reforma de la Ley de Asistencia Social reforzará con la Norma Oficial Mexicana los programas que en materia de orientación y educación perinatal brinde el Sistema Nacional de Salud a la mujer en periodo de gestación y dará como resultado la disminución del índice de mortalidad materna.
VIII. Esta comisión considera que la propuesta de la diputada permitirá fomentar la consulta perinatal, que la mujer durante el periodo de gestación acuda a revisiones mas frecuentes para vigilar el desarrollo embrionario durante las primeras semanas, fortaleciendo lo dispuesto en la NOM, que establece en su numeral 5.2.3 que las unidades de salud deben de promover que la embarazada reciba como mínimo cinco consultas prenatales, iniciando preferentemente en las primeras 12 semanas de gestación.
IX. Esta comisión dictaminadora propone incluir los servicios de orientación y apoyo en periodo de gestación para la prevención de abortos, en la actual Fracción X de la misma Ley que ya contempla el apoyo a mujeres en periodo de gestación, con el propósito mantener la congruencia jurídica en el artículo, así como incluir la atención de embarazos de alto riesgo.
Entendiendo como el embarazo de alto riesgo, aquel en el que la mujer embarazada o el producto de la fecundación, presentan alguna alteración que tiene el potencial de poner en peligro la vida de la gestante, de él o la de ambos.
La etiología del embarazo de alto riesgo es diversa, entre las principales se encuentran; las anomalías pélvicas, cardiopatías, metrorragia durante el 1º trimestre, obesidad mórbida preeclampsia leve, gestación múltiple, muerte perinatal recurrente.
Texto vigente
Servicios de la Asistencia Social
Artículo 12. Se entienden como servicios básicos de salud en materia de asistencia social los siguientes:
I. a IX. ...
X. El apoyo a mujeres en períodos de gestación o lactancia, con especial atención a las adolescentes en situación de vulnerabilidad;
Texto propuesto
Servicios de la Asistencia Social
Artículo 12. Se entienden como servicios básicos de salud en materia de asistencia social los siguientes:
I. a IX. ...
X. Brindar el apoyo y servicios de orientación a mujeres en periodo de gestación o lactancia, con especial atención en embarazos de alto riesgo, prevención de abortos y a las adolescentes en situación de vulnerabilidad;
Por lo expuesto los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con las atribuciones que le otorga el artículo 73 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los artículos 45 numeral 6, inciso e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente
Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 12 de la Ley De Asistencia Social
Artículo Único. Se reforma la fracción X del artículo 12 de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:
Artículo 12. Se entienden como servicios básicos de salud en materia de asistencia social los siguientes:
I. a IX. ...
X. Brindar el apoyo y servicios de orientación a mujeres en periodo de gestación o lactancia, con especial atención en embarazos de alto riesgo, prevención de abortos y a las adolescentes en situación de vulnerabilidad;
XI. a XIV. ...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es de primera lectura.
ORDEN DEL DIA
La Secretaria diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez : «Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.
Orden del día
Jueves 7 de febrero de 2008.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De la Comisión Permanente.
Oficio de la Cámara de Senadores
Con el que comunica la apertura de su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LX Legislatura.
Los asuntos no abordados en esta sesión y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»
CLAUSURA Y CITATORIO
La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (a las 14:57 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 7 de febrero a las 11:00 horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9: 30 horas.
--------------- O ---------------
RESUMEN DE TRABAJOS
DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)
ASISTENCIA
SECRETARÍA GENERAL
| GRUPO PARLAMENTARIO |
ASISTENCIA | ASISTENCIA POR CÉDULA |
ASISTENCIA COMISIÓN OFICIAL |
PERMISO MESA DIRECTIVA |
INASISTENCIA JUSTIFICADA |
INASISTENCIAS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALT | 192 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 207 |
| PRD | 116 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 127 |
| PRI | 84 | 1 | 1 | 5 | 0 | 15 | 106 |
| CONV | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| PVEM | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| PT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| NA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| ALT | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| TOTAL | 445 | 2 | 1 | 15 | 0 | 37 | 37 |
Nota: Las diferencias que existen entre las listas de asistencias y el número de votos puede variar conforme a los diputados presentes al momento de la votación.
SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA
| PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | |
|---|---|
| 1 Acosta Dávila Constantino | ASISTENCIA |
| 2 Aguilar López José Alejandro | ASISTENCIA |
| 3 Alcalde Virgen Moisés | ASISTENCIA |
| 4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges | ASISTENCIA |
| 5 Álvarez Bernal María Elena | ASISTENCIA |
| 6 Amezola Fonceca Gerardo | ASISTENCIA |
| 7 Aranda Orozco Gerardo | ASISTENCIA |
| 8 Arellano Arellano Joel | ASISTENCIA |
| 9 Arenas Guzmán Margarita | ASISTENCIA |
| 10Arizméndi Uribe Efraín | ASISTENCIA |
| 11 Armendáriz García Pedro | ASISTENCIA |
| 12 Arredondo Ibarra Salvador | ASISTENCIA |
| 13 Arredondo Velázquez Jesús | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 14 Ávila Mayo Obdulio | ASISTENCIA |
| 15 Barradas Miravete Gregorio | ASISTENCIA |
| 16 Barrios Rodríguez Juan Enrique | ASISTENCIA |
| 17 Bello Pérez Alfonso Othón | ASISTENCIA |
| 18 Berber Martínez Antonio | ASISTENCIA |
| 19 Bermúdez Viramontes Andrés | ASISTENCIA |
| 20 Bolaños Aguilar Edmundo Javier | ASISTENCIA |
| 21 Borboa Becerra Omar Antonio | ASISTENCIA |
| 22 Borrego Estrada Felipe | ASISTENCIA |
| 23 Bracho González Carlos Augusto | ASISTENCIA |
| 24 Buganza Salmerón Gerardo | ASISTENCIA |
| 25 Campos Galván María Eugenia | ASISTENCIA |
| 26 Carbajal Méndez Liliana | ASISTENCIA |
| 27 Carbajal Tejada Rogelio | ASISTENCIA |
| 28 Cárdenas Sánchez Esmeralda | ASISTENCIA |
| 29 Cardona Benavidez Alma Xóchil | ASISTENCIA |
| 30 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto | ASISTENCIA |
| 31 Castaño Contreras Cristián | ASISTENCIA |
| 32Castro De la Rosa Osiel | ASISTENCIA |
| 33 Castro Muñoz Juan de Dios | ASISTENCIA |
| 34Castro Romero Ma. Sofía Del Perpetuo | ASISTENCIA |
| 35 Ceja Romero Ramón | ASISTENCIA |
| 36 Chávez García Daniel | ASISTENCIA |
| 37 Collado Lara Beatriz | ASISTENCIA |
| 38 Contreras Coeto José Luis | ASISTENCIA |
| 39 Corral Aguilar María Mercedes | ASISTENCIA |
| 40 Cuen Garibi Marcela | ASISTENCIA |
| 41 Curiel Preciado Leobardo | ASISTENCIA |
| 42 Dávila Fernández Adriana | ASISTENCIA |
| 43 Dávila García Francisco | ASISTENCIA |
| 44 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio | ASISTENCIA |
| 45 De León Tello Jesús | ASISTENCIA |
| 46 Degante Romero Silvia Emilia | ASISTENCIA |
| 47Del Toro del Villar Tomás | ASISTENCIA |
| 48 Del Valle Toca Antonio | ASISTENCIA |
| 49 Delgado Oscoy Alejandro Enrique | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 50Denegre Vaught Ramírez Rosaura Virginia | ASISTENCIA |
| 51 Deschamps Falcón Ángel Rafael | INASISTENCIA |
| 52 Díaz García José Antonio | ASISTENCIA |
| 53 Díaz Garibay Felipe | ASISTENCIA |
| 54 Díaz Gordillo Martha Cecilia | ASISTENCIA |
| 55 Díaz Mena Joaquín Jesús | ASISTENCIA |
| 56 Díaz de León Torres Leticia | ASISTENCIA |
| 57 Domínguez Servién Francisco | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 58 Duck Núñez Edgar Mauricio | ASISTENCIA |
| 59 Enríquez Flores Armando | ASISTENCIA |
| 60 Escaroz Soler Gerardo Antonio | ASISTENCIA |
| 61 Escobar Jardinez Adolfo | ASISTENCIA |
| 62 Espinosa Piña José Luis | ASISTENCIA |
| 63 Félix Holguín Armando Jesús | ASISTENCIA |
| 64 Felton González Carlos Eduardo | ASISTENCIA |
| 65 Fernández Cabrera Adrián | ASISTENCIA |
| 66Fernández Ugarte Ma. del Carmen | ASISTENCIA |
| 67 Figueroa Ortega David | ASISTENCIA |
| 68 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro | ASISTENCIA |
| 69 Flores Grande Arturo | INASISTENCIA |
| 70 Flores Morfín Jesús Vicente | ASISTENCIA |
| 71 Fraile García Francisco Antonio | ASISTENCIA |
| 72 Franco Cazarez Ricardo | ASISTENCIA |
| 73 Fuentes Ortíz José Guillermo | ASISTENCIA |
| 74 García González Carlos Alberto | ASISTENCIA |
| 75 García Müller Martha Margarita | ASISTENCIA |
| 76 García Reyes Ángel Humberto | ASISTENCIA |
| 77 García Reyes Beatriz Eugenia | ASISTENCIA |
| 78 García Vivián Raúl | ASISTENCIA |
| 79 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes | ASISTENCIA |
| 80 Gómez Leyva Silvio | ASISTENCIA |
| 81 González Betancourt Jorge Justiniano | ASISTENCIA |
| 82 González Martínez María Gabriela | ASISTENCIA |
| 83 González Morán Martín Oscar | ASISTENCIA |
| 84 González Roaro Benjamín Ernesto | ASISTENCIA |
| 85 González Ruiz Felipe | ASISTENCIA |
| 86González Sánchez Ma. Dolores | ASISTENCIA |
| 87Gudiño Ortíz Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 88 Guerrero Torres José Gildardo | ASISTENCIA |
| 89 Gutiérrez Lagunes María Victoria | ASISTENCIA |
| 90 Hernández Núñez Elia | ASISTENCIA |
| 91 Hurtado Pérez Nelly Asunción | ASISTENCIA |
| 92 Iragorri Durán Enrique | ASISTENCIA |
| 93Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 94 Jiménez Ramos María Esther | ASISTENCIA |
| 95 Joaquín Coldwell Addy Cecilia | ASISTENCIA |
| 96 Lagunes Viveros Violeta del Pilar | ASISTENCIA |
| 97 Landero Gutiérrez Alejandro | ASISTENCIA |
| 98 Landeros González Ramón | ASISTENCIA |
| 99 Lara Compeán David | ASISTENCIA |
| 100 Larios Córdova Héctor | ASISTENCIA |
| 101 Laviada Hernández Iñigo Antonio | INASISTENCIA |
| 102 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio | ASISTENCIA |
| 103 Leura González Agustín | ASISTENCIA |
| 104 Lezama Aradillas René | ASISTENCIA |
| 105 Limas Frescas María Soledad | ASISTENCIA |
| 106 Lizaola de la Torre Alonso Manuel | ASISTENCIA |
| 107 López Cisneros José Martín | ASISTENCIA |
| 108 López Reyna Omeheira | ASISTENCIA |
| 109 López Silva Rubí Laura | ASISTENCIA |
| 110 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel | ASISTENCIA |
| 111 Lujano Nicolás Christian Martín | ASISTENCIA |
| 112 Maawad Robert Luis Xavier | ASISTENCIA |
| 113 Macías Zambrano Gustavo | ASISTENCIA |
| 114 Madrazo Limón Carlos | ASISTENCIA |
| 115Magallón Arceo Leonardo Melesio de J. | ASISTENCIA |
| 116 Malagón Ríos Martín | ASISTENCIA |
| 117 Maldonado González David | ASISTENCIA |
| 118Manuell-Gómez Angulo Dolores De María | ASISTENCIA |
| 119 Martínez Díaz María de Jesús | ASISTENCIA |
| 120 Martínez Valero Dora Alicia | ASISTENCIA |
| 121 Medellín Varela Antonio | ASISTENCIA |
| 122 Medina Macias Alma Hilda | ASISTENCIA |
| 123 Medina Rodríguez Delber | INASISTENCIA |
| 124 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia | ASISTENCIA |
| 125 Mejía García Luis Alonso | ASISTENCIA |
| 126 Méndez Meneses Apolonio | ASISTENCIA |
| 127 Mendoza Morales Lucía Susana | ASISTENCIA |
| 128 Mohamar Dainitin Oscar Miguel | ASISTENCIA |
| 129 Mollinedo Hernández Agustín | ASISTENCIA |
| 130 Monraz Ibarra Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 131 Montes Sánchez Fabián Fernando | ASISTENCIA |
| 132 Mora Cuevas Marisol | ASISTENCIA |
| 133 Morales Ramos José Nicolás | INASISTENCIA |
| 134 Morelos Borja María Esperanza | ASISTENCIA |
| 135 Moreno Álvarez Mario Eduardo | ASISTENCIA |
| 136 Morgan Franco Rocío del Carmen | ASISTENCIA |
| 137 Muñoz Serrano José Antonio | ASISTENCIA |
| 138 Murillo Flores Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 139 Murillo Torres José Luis | ASISTENCIA |
| 140 Navarro Sugich Carlos Alberto | ASISTENCIA |
| 141 Nordhausen González Jorge Rubén | ASISTENCIA |
| 142Noriega Blanco Vigil María Nieves | ASISTENCIA |
| 143 Ochoa López Nabor | ASISTENCIA |
| 144 Olvera Higuera Edgar Armando | ASISTENCIA |
| 145 Orozco Ruiz Velazco Marco Heriberto | ASISTENCIA |
| 146Ortega Martínez Ma. del Pilar | ASISTENCIA |
| 147Ortíz Hernández Eduardo | ASISTENCIA |
| 148 Oviedo Oviedo Ernesto | ASISTENCIA |
| 149 Padilla Orozco Raúl Alejandro | ASISTENCIA |
| 150 Palafox Núñez José Inés | INASISTENCIA |
| 151 Paredes Rodríguez Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 152 Parra Jiménez Dolores María del Carmen | ASISTENCIA |
| 153 Parra Noriega Luis Gustavo | ASISTENCIA |
| 154 Pérez Cuéllar Cruz | ASISTENCIA |
| 155 Peyrot Solís Marco Antonio | ASISTENCIA |
| 156 Plascencia Alonso Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 157 Priego Tapia Gerardo | ASISTENCIA |
| 158 Pulido Pecero Pedro | ASISTENCIA |
| 159 Quintero Bello Jorge | ASISTENCIA |
| 160 Ramírez Barba Ector Jaime | ASISTENCIA |
| 161 Ramírez Pech Edgar Martín | ASISTENCIA |
| 162 Ramírez Villarreal Gustavo | ASISTENCIA |
| 163 Ramos Covarrubias Héctor Manuel | ASISTENCIA |
| 164 Reyes López Carlos Armando | ASISTENCIA |
| 165 Rincón Vargas Mirna Cecilia | ASISTENCIA |
| 166 Rivera Rivera José Guadalupe | ASISTENCIA |
| 167 Rivero Rivero Rolando | ASISTENCIA |
| 168 Rodríguez Ahumada Luis Fernando | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 169 Rodríguez Jiménez Ricardo | ASISTENCIA |
| 170 Rodríguez Prats Juan José | ASISTENCIA |
| 171 Rodríguez Uresti Enrique | ASISTENCIA |
| 172 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana | ASISTENCIA |
| 173 Rojas Hernández Laura Angélica | INASISTENCIA |
| 174 Román Isidoro Demetrio | ASISTENCIA |
| 175 Romo Jiménez Martha Angélica | ASISTENCIA |
| 176 Rubio Chávez José Ignacio Alberto | ASISTENCIA |
| 177 Rueda Gómez Francisco | ASISTENCIA |
| 178 Ruiz Velasco de Lira Ernesto | ASISTENCIA |
| 179 Salas Contreras Marcos | ASISTENCIA |
| 180 Salazar Madera Mario Alberto | ASISTENCIA |
| 181 Salum del Palacio Jorge Alejandro | ASISTENCIA |
| 182 Sánchez Díaz de Rivera Antonio | ASISTENCIA |
| 183 Sánchez Domínguez Alejandro | ASISTENCIA |
| 184 Sánchez Gil Carlos René | ASISTENCIA |
| 185 Sánchez Juárez Claudia | INASISTENCIA |
| 186 Sánchez Trujillo José Víctor | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 187Sandoval Munguia Juan Manuel | ASISTENCIA |
| 188 Serrato Castell Luis Gerardo | ASISTENCIA |
| 189 Shej Guzmán Sara | INASISTENCIA |
| 190 Solano Muñoz José de Jesús | ASISTENCIA |
| 191 Stefanonni Mazzocco Martín | ASISTENCIA |
| 192 Tamayo Herrera Yadhira Yvette | ASISTENCIA |
| 193 Torres Gómez Artemio | ASISTENCIA |
| 194 Torres Herrera Víctor Manuel | ASISTENCIA |
| 195 Torres Torres Carlos Alberto | ASISTENCIA |
| 196 Valenzuela García María Gloria Guadalupe | ASISTENCIA |
| 197 Valladolid Rodríguez Antonio | ASISTENCIA |
| 198 Vasconcelos Rueda Antonio | ASISTENCIA |
| 199 Vázquez Martínez Alberto | ASISTENCIA |
| 200 Vega Corona Antonio | ASISTENCIA |
| 201 Velázquez Gutiérrez José Guillermo | ASISTENCIA |
| 202 Verástegui Ostos César Augusto | ASISTENCIA |
| 203 Verdín Saldaña Jaime | ASISTENCIA |
| 204 Victoria Alva Juan | ASISTENCIA |
| 205 Vieyra Olivares Adriana Rebeca | ASISTENCIA |
| 206 Villanueva Arjona Juan Manuel | ASISTENCIA |
| 207 Zambrano Elizondo Javier Martín | ASISTENCIA |
| Asistencias: 192 | |
| Asistencias por cédula: 0 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 6 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 9 | |
| Total diputados: 207 | |
| PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | |
|---|---|
| 1Aguirre Alcaide Victor | INASISTENCIA |
| 2 Alavez Ruiz Aleida | ASISTENCIA |
| 3 Almazán González José Antonio | ASISTENCIA |
| 4 Almonte Borja Ramón | INASISTENCIA |
| 5 Alonso Flores Lourdes | ASISTENCIA |
| 6Wilfrido Alonso Razo Humberto | ASISTENCIA |
| 7 Altamirano Toledo Carlos | ASISTENCIA |
| 8 Alva Olvera Maribel Luisa | ASISTENCIA |
| 9 Álvarez Ramón Silbestre | ASISTENCIA |
| 10 Amaro Corona Alberto | ASISTENCIA |
| 11 Aragón Castillo Irene | ASISTENCIA |
| 12 Arellano Pulido Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 13Arreola Calderón Juan Dario | ASISTENCIA |
| 14 Barreiro Pérez Armando | ASISTENCIA |
| 15 Batres Guadarrama Valentina Valia | ASISTENCIA |
| 16 Bautista Bravo Alliet Mariana | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh | ASISTENCIA |
| 18 Brito González Modesto | ASISTENCIA |
| 19 Calzada Vázquez Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 20 Campos Aburto Amador | ASISTENCIA |
| 21 Cárdenas Hernández Raymundo | ASISTENCIA |
| 22 Cervantes Rodríguez Aurora | ASISTENCIA |
| 23 Chávez García Higinio | ASISTENCIA |
| 24Condado Escamilla Cuitlahuac | ASISTENCIA |
| 25 Contreras Julián Maricela | ASISTENCIA |
| 26 Cruz Santiago Claudia Lilia | INASISTENCIA |
| 27 Cuevas Córdova Othón | ASISTENCIA |
| 28 Dagdug Lützow Moisés Félix | ASISTENCIA |
| 29 De la Rosa García Juan Hugo | ASISTENCIA |
| 30 De los Santos Molina Joaquín Conrado | ASISTENCIA |
| 31 Dehesa Mora Daniel | ASISTENCIA |
| 32 Del Toro Mario Enrique | ASISTENCIA |
| 33 Díaz Contreras Adriana | ASISTENCIA |
| 34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz | ASISTENCIA |
| 35 Espejel Lazcano Jaime | ASISTENCIA |
| 36 Fernández Balboa Mónica | ASISTENCIA |
| 37 Flores Maldonado César | ASISTENCIA |
| 38 Flores Salazar Guadalupe Socorro | ASISTENCIA |
| 39 Franco Melgarejo Rafael | ASISTENCIA |
| 40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo | ASISTENCIA |
| 41 García Rodríguez Víctor Hugo | ASISTENCIA |
| 42 Garzón Contreras Neftalí | ASISTENCIA |
| 43 González Garza Javier | ASISTENCIA |
| 44 Guerra Ochoa Juan Nicasio | ASISTENCIA |
| 45 Gutiérrez Calzadilla José Luis | ASISTENCIA |
| 46 Hernández Gaytán Daisy Selene | INASISTENCIA |
| 47 Hernández Hernández Sergio | ASISTENCIA |
| 48 Hernández Manzanares Javier | ASISTENCIA |
| 49 Hernández Silva Benjamín | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 50Nohelia Ibarra Franquez Sonia | ASISTENCIA |
| 51 Jacques y Medina José | ASISTENCIA |
| 52 Jiménez Valenzuela María Eugenia | INASISTENCIA |
| 53 Landero López Pedro | ASISTENCIA |
| 54Lemarroy Martínez Juan Darío | ASISTENCIA |
| 55 Leyva Piñón Ana Yurixi | ASISTENCIA |
| 56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel | ASISTENCIA |
| 57 López Barriga Erick | ASISTENCIA |
| 58 López Becerra Santiago | ASISTENCIA |
| 59 López Rojas Alberto | ASISTENCIA |
| 60 López Torres Ma. Soledad | ASISTENCIA |
| 61 Lozano Lozano Andrés | ASISTENCIA |
| 62 Luna Munguía Alma Lilia | ASISTENCIA |
| 63 Márquez Madrid Camerino Eleazar | ASISTENCIA |
| 64 Márquez Tinoco Francisco | ASISTENCIA |
| 65 Martínez Hernández Alejandro | ASISTENCIA |
| 66 Martínez Martínez Carlos Roberto | ASISTENCIA |
| 67 Martínez Martínez Francisco | ASISTENCIA |
| 68 Martínez Padilla Hugo Eduardo | ASISTENCIA |
| 69 Martínez Vargas Octavio | ASISTENCIA |
| 70 Matías Alonso Marcos | ASISTENCIA |
| 71 Matus Toledo Holly | ASISTENCIA |
| 72 Mayans Canabal Fernando Enrique | ASISTENCIA |
| 73 Mendoza Arellano David | ASISTENCIA |
| 74 Mendoza Flores Roberto | ASISTENCIA |
| 75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio | ASISTENCIA |
| 76 Mendoza Mendoza Irineo | ASISTENCIA |
| 77 Monreal Ávila Susana | ASISTENCIA |
| 78 Montalvo Rojas Victorio Rubén | ASISTENCIA |
| 79 Morales Sánchez Efraín | ASISTENCIA |
| 80 Morales Vázquez Carlos Orsoe | ASISTENCIA |
| 81Narcía Álvarez Héctor | ASISTENCIA |
| 82 Navarro López Carlos Ernesto | ASISTENCIA |
| 83 Navarro Quintero Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 84 Ojeda Hernández Concepción | ASISTENCIA |
| 85 Oliva Fragoso Silvia | ASISTENCIA |
| 86 Orcí Martínez Juan Adolfo | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 87 Ortega Martínez Antonio | ASISTENCIA |
| 88 Ortiz Magallón Rosario Ignacia | ASISTENCIA |
| 89Pacheco LLanes Ramón Félix | ASISTENCIA |
| 90 Pedraza Chávez Isidro | ASISTENCIA |
| 91 Pedrozo Castillo Adrián | ASISTENCIA |
| 92 Peña Sánchez Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 93 Pérez Cruz Raciel | ASISTENCIA |
| 94 Pulido Santiago Celso David | ASISTENCIA |
| 95 Ramos Becerril Rafael Plácido | ASISTENCIA |
| 96 Ramos Castellanos Martín | ASISTENCIA |
| 97 Rasgado Corsi Gloria | ASISTENCIA |
| 98 Ríos Gamboa Raúl | ASISTENCIA |
| 99 Romero Gutiérrez Odilón | ASISTENCIA |
| 100Ruíz Sánchez Salvador | ASISTENCIA |
| 101 Saavedra Coronel José Antonio | ASISTENCIA |
| 102 San Martín Hernández Juan Manuel | ASISTENCIA |
| 103 Sánchez Barrios Carlos | INASISTENCIA |
| 104 Sánchez Cabrales Rafael Elías | ASISTENCIA |
| 105 Sánchez Camacho Alejandro | ASISTENCIA |
| 106 Sánchez Camacho David | ASISTENCIA |
| 107Sánchez Jiménez V. Luis | ASISTENCIA |
| 108 Sánchez Ramos Francisco | ASISTENCIA |
| 109 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc | ASISTENCIA |
| 110 Santos Arreola Francisco Javier | ASISTENCIA |
| 111 Solares Chávez Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 112 Soriano Sánchez Rosa Elva | ASISTENCIA |
| 113 Soto Ramos Faustino | ASISTENCIA |
| 114 Soto Sánchez Antonio | ASISTENCIA |
| 115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso | ASISTENCIA |
| 116 Torres Baltazar María Elena | INASISTENCIA |
| 117 Torres García Daniel | INASISTENCIA |
| 118 Trejo Pérez Pablo | ASISTENCIA |
| 119 Ulloa Pérez Emilio | ASISTENCIA |
| 120 Vallejo Estevez Mario | ASISTENCIA |
| 121 Varela López Víctor Gabriel | ASISTENCIA |
| 122 Velázquez Aguirre Jesús Evodio | ASISTENCIA |
| 123 Villanueva Albarrán Gerardo | ASISTENCIA |
| 124 Villicaña García Rafael | ASISTENCIA |
| 125 Zavaleta Salgado Ruth | ASISTENCIA |
| 126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto | ASISTENCIA |
| 127 Zepeda Hernández Martín | ASISTENCIA |
| Asistencias: 116 | |
| Asistencias por cédula: 0 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 3 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 8 | |
| Total diputados: 127 | |
| PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | |
|---|---|
| 1 Abramo Masso Yerico | ASISTENCIA |
| 2 Aguilar Diego | ASISTENCIA |
| 3 Aguilar Solís Samuel | ASISTENCIA |
| 4 Aispuro Torres José Rosas | ASISTENCIA |
| 5 Alcántara Núñez Jesús Sergio | ASISTENCIA |
| 6 Aldana Prieto Luis Ricardo | INASISTENCIA |
| 7 Amador Gaxiola Daniel | ASISTENCIA |
| 8 Amador Leal Narcizo Alberto | INASISTENCIA |
| 9 Ayala Almeida Joel | INASISTENCIA |
| 10 Badillo Martínez Roberto | ASISTENCIA |
| 11Barajas Del Toro Salvador | ASISTENCIA |
| 12 Barajas López Ramón | ASISTENCIA |
| 13 Barba Hernández Alfredo | INASISTENCIA |
| 14 Beltrán Montes Israel | ASISTENCIA |
| 15 Benítez Ojeda Luis Enrique | ASISTENCIA |
| 16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio | ASISTENCIA |
| 17 Biebrich Torres Carlos Armando | ASISTENCIA |
| 18 Blanco Pajón José Luis | INASISTENCIA |
| 19 Caballero Camargo Gustavo Fernando | ASISTENCIA |
| 20 Camacho Quiroz César Octavio | ASISTENCIA |
| 21 Canavati Tafich Jesús Ricardo | ASISTENCIA |
| 22 Carballo Bustamante Andrés | ASISTENCIA |
| 23Cárdenas Del Avellano Enrique | ASISTENCIA |
| 24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo | ASISTENCIA |
| 25 Cervantes Andrade Raúl | ASISTENCIA |
| 26 Chaurand Arzate Carlos | ASISTENCIA |
| 27 Colín Guadarrama María Mercedes | ASISTENCIA |
| 28 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías | ASISTENCIA |
| 29De la Garza Treviño Jorge Luis | ASISTENCIA |
| 30 Díaz Athié Antonio de Jesús | ASISTENCIA |
| 31 Díaz Solorzano Elmar Darinel | INASISTENCIA |
| 32 Domínguez Domínguez Nemesio | ASISTENCIA |
| 33 Duarte Jáquez César Horacio | ASISTENCIA |
| 34 Escajeda Jiménez José Rubén | ASISTENCIA |
| 35 Escalante Jasso Aracely | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 36 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías | ASISTENCIA |
| 37 Estefan Chidiac Charbel Jorge | ASISTENCIA |
| 38 Flores Sandoval Patricio | ASISTENCIA |
| 39 Gamboa Patrón Emilio | ASISTENCIA |
| 40 Garza Garza Horacio Emigdio | ASISTENCIA |
| 41 Gebhardt Garduza Yary del Carmen | INASISTENCIA |
| 42 Gloria Requena Tomás | ASISTENCIA |
| 43 Gómez Lugo Elda | ASISTENCIA |
| 44 González Calderón Martha Hilda | ASISTENCIA |
| 45 González García Sergio | INASISTENCIA |
| 46 González Salum Miguel Ángel | ASISTENCIA |
| 47 González Zarur Mariano | ASISTENCIA |
| 48 Guerrero García Javier | ASISTENCIA |
| 49 Guerrero Juárez Joel | ASISTENCIA |
| 50 Herrera Ale Juana Leticia | ASISTENCIA |
| 51 Herrera Coyac Wenceslao | ASISTENCIA |
| 52 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando | CÉDULA |
| 53 Lagunes Gallina Gerardo | ASISTENCIA |
| 54 Lescieur Talavera Jorge Mario | ASISTENCIA |
| 55 López Balbuena Guillermina | ASISTENCIA |
| 56Madrid Tovilla Arely | ASISTENCIA |
| 57 Martínez Rocha Arturo | ASISTENCIA |
| 58 Martínez Rodríguez Lorena | ASISTENCIA |
| 59 Méndez Lanz Víctor Manuel | ASISTENCIA |
| 60 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso | ASISTENCIA |
| 61 Merodio Reza Lilia Guadalupe | INASISTENCIA |
| 62Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl | ASISTENCIA |
| 63 Montalvo Gómez Pedro | ASISTENCIA |
| 64 Morales García Elizabeth | ASISTENCIA |
| 65 Mota Hernández Adolfo | ASISTENCIA |
| 66 Muñoz Serna Rogelio | INASISTENCIA |
| 67 Murat José | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 68 Ochoa González Arnoldo | OFICIAL COMISIÓN |
| 69 Ojeda Camacho Gilberto | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 70 Olivares Monterrubio Alejandro | ASISTENCIA |
| 71 Olivares Ventura Héctor Hugo | ASISTENCIA |
| 72 Ordaz Jiménez Ismael | ASISTENCIA |
| 73 Orihuela Bárcenas José Ascención | ASISTENCIA |
| 74 Orihuela Trejo José Amado | ASISTENCIA |
| 75Ortiz Del Carpio Víctor | ASISTENCIA |
| 76 Ortiz Proal Mauricio | INASISTENCIA |
| 77 Padilla Gutiérrez Héctor | ASISTENCIA |
| 78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz | ASISTENCIA |
| 79 Palma César Víctor Samuel | ASISTENCIA |
| 80 Parás González Juan Manuel | ASISTENCIA |
| 81 Patrón Montalvo Jesús Manuel | ASISTENCIA |
| 82 Peñuelas Acuña Mayra Gisela | ASISTENCIA |
| 83 Pérez Valdés Daniel | INASISTENCIA |
| 84 Pinete Vargas María del Carmen | ASISTENCIA |
| 85 Quiñones Canales Lourdes | ASISTENCIA |
| 86 Ramírez Martínez José Edmundo | ASISTENCIA |
| 87 Ramírez Stabros Jesús | ASISTENCIA |
| 88 Reyna García José Jesús | INASISTENCIA |
| 89 Ríos Camarena Alfredo Adolfo | ASISTENCIA |
| 90 Rivera Bedoya Juan Francisco | ASISTENCIA |
| 91 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda | ASISTENCIA |
| 92 Rojas Gutiérrez Carlos | ASISTENCIA |
| 93Ruíz Chávez Sara Latife | ASISTENCIA |
| 94 Salas López Ramón | ASISTENCIA |
| 95 Sánchez Hernández Eduardo | ASISTENCIA |
| 96 Sandoval Paredes Sergio | ASISTENCIA |
| 97 Serrano Escobar Enrique | ASISTENCIA |
| 98 Sosa Castelán Gerardo | ASISTENCIA |
| 99 Toledo Luis Jorge | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 100Valencia De los Santos Víctor Leopoldo | ASISTENCIA |
| 101 Vargas Landeros Gerardo Octavio | INASISTENCIA |
| 102Vega Ortíz María Oralia | ASISTENCIA |
| 103 Velasco Pérez Juan Carlos | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 104 Villa Villa Isael | ASISTENCIA |
| 105 Villanueva Abraján Patricia | ASISTENCIA |
| 106 Zatarain González Carlos Ernesto | INASISTENCIA |
| Asistencias: 84 | |
| Asistencias por cédula: 1 | |
| Asistencias comisión oficial: 1 | |
| Permiso Mesa Directiva: 5 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 15 | |
| Total diputados: 106 | |
| CONVERGENCIA | |
|---|---|
| 1 Abad De Jesús Juan | ASISTENCIA |
| 2 Aguilera Rico José Luis | INASISTENCIA |
| 3 Cárdenas Márquez Elías | ASISTENCIA |
| 4 Castellanos Hernández Félix | ASISTENCIA |
| 5 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús | ASISTENCIA |
| 6 Chanona Burguete Alejandro | ASISTENCIA |
| 7 Del Río Virgen José Manuel | ASISTENCIA |
| 8 Esteva Salinas Alberto | ASISTENCIA |
| 9 Godoy Cárdenas Jorge | ASISTENCIA |
| 10 López Lena Cruz Humberto | ASISTENCIA |
| 11 Salvatori Bronca María del Carmen | ASISTENCIA |
| 12 Samperio Montaño Juan Ignacio | ASISTENCIA |
| 13 Sansores San Román Layda Elena | ASISTENCIA |
| 14 Tagle Martínez Martha Angélica | ASISTENCIA |
| 15 Uscanga Cruz Robinson | ASISTENCIA |
| 16 Valdés Chávez Ramón | ASISTENCIA |
| 17 Varela Lagunas Tomás José Luis | ASISTENCIA |
| 18 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc | ASISTENCIA |
| Asistencias: 17 | |
| Asistencias por cédula: 0 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 0 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 1 | |
| Total diputados: 18 | |
| PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | |
|---|---|
| 1 Arévalo González José Antonio | ASISTENCIA |
| 2 Chozas y Chozas Olga Patricia | ASISTENCIA |
| 3 Cobo Terrazas Diego | INASISTENCIA |
| 4 Elizondo Garrido Francisco | ASISTENCIA |
| 5 Estrada González Faustino Javier | ASISTENCIA |
| 6García Noriega Ma. Guadalupe Josefina | ASISTENCIA |
| 7 González Martínez Jorge Emilio | CÉDULA |
| 8 Lavara Mejía Gloria | ASISTENCIA |
| 9 López Adame Antonio Xavier | ASISTENCIA |
| 10 López Ramírez Sergio Augusto | ASISTENCIA |
| 11 Notholt Guerrero Alan | ASISTENCIA |
| 12 Portilla Dieguez Manuel Salvador | ASISTENCIA |
| 13 Puente Salas Carlos Alberto | ASISTENCIA |
| 14 Ramírez Cerda Ana María | ASISTENCIA |
| 15 Salgado Amador Manuel Salvador | ASISTENCIA |
| 16 Sesma Suárez Jesús | ASISTENCIA |
| 17 Velasco Rodríguez Verónica | ASISTENCIA |
| Asistencias: 15 | |
| Asistencias por cédula: 1 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 0 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 1 | |
| Total diputados: 17 | |
| PARTIDO DEL TRABAJO | |
|---|---|
| 1 Aguilar Jiménez Rubén | ASISTENCIA |
| 2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo | ASISTENCIA |
| 3 Cantú Garza Ricardo | ASISTENCIA |
| 4 Cervantes Rivera Jaime | INASISTENCIA |
| 5 Garay Ulloa Silvano | ASISTENCIA |
| 6 Herrera Solís Anuario Luis | ASISTENCIA |
| 7Maciel Ortiz Ma. Mercedes | ASISTENCIA |
| 8 Peregrino García Abundio | ASISTENCIA |
| 9 Romero Guzmán Rosa Elia | ASISTENCIA |
| 10 Solís Parga Rodolfo | ASISTENCIA |
| 11 Vela González Joaquín Humberto | ASISTENCIA |
| Asistencias: 10 | |
| Asistencias por cédula: 0 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 0 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 1 | |
| Total diputados: 11 | |
| NUEVA ALIANZA | |
|---|---|
| 1 Arriola G. Mónica T. | ASISTENCIA |
| 2 Cárdenas Fonseca Manuel | ASISTENCIA |
| 3 Castillo Nájera Ariel | ASISTENCIA |
| 4 Dávila Esquivel Humberto | ASISTENCIA |
| 5 Gómez Pasillas Jacinto | ASISTENCIA |
| 6 Jiménez Godínez Miguel Ángel | INASISTENCIA |
| 7 Luna Becerril Blanca | ASISTENCIA |
| 8 Luna Rodríguez Silvia | ASISTENCIA |
| 9 Piñeyro Arias Irma | ASISTENCIA |
| Asistencias: 8 | |
| Asistencias por cédula: 0 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 0 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 1 | |
| Total diputados: 9 | |
| ALTERNATIVA | |
|---|---|
| 1 Arvizu Rivas Aida Marina | ASISTENCIA |
| 2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe | PERMISO MESA DIRECTIVA |
| 3 García Méndez Armando | INASISTENCIA |
| 4 Hernández Valadés Delio | ASISTENCIA |
| 5 Pedro Cortés Santiago Gustavo | ASISTENCIA |
| Asistencias: 3 | |
| Asistencias por cédula: 0 | |
| Asistencias comisión oficial: 0 | |
| Permiso Mesa Directiva: 1 | |
| Inasistencias justificadas: 0 | |
| Inasistencias: 1 | |
| Total diputados: 5 | |
SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS
| PARTIDO ACCIÓN NACIONAL | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 Deschamps Falcón Ángel Rafael | ||
| 2 Flores Grande Arturo | ||
| 3 Laviada Hernández Iñigo Antonio | ||
| 4 Medina Rodríguez Delber | ||
| 5 Morales Ramos José Nicolás | ||
| 6 Palafox Núñez José Inés | ||
| 7 Rojas Hernández Laura Angélica | ||
| 8 Sánchez Juárez Claudia | ||
| 9 Shej Guzmán Sara | ||
| Faltas por grupo: 9 | ||
| PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 Aguirre Alcaide Victor | ||
| 2 Almonte Borja Ramón | ||
| 3 Cruz Santiago Claudia Lilia | ||
| 4 Hernández Gaytán Daisy Selene | ||
| 5 Jiménez Valenzuela María Eugenia | ||
| 6 Sánchez Barrios Carlos | ||
| 7 Torres Baltazar María Elena | ||
| 8 Torres García Daniel | ||
| Faltas por grupo: 8 | ||
| PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 Aldana Prieto Luis Ricardo | ||
| 2 Amador Leal Narcizo Alberto | ||
| 3 Ayala Almeida Joel | ||
| 4 Barba Hernández Alfredo | ||
| 5 Blanco Pajón José Luis | ||
| 6 Díaz Solorzano Elmar Darinel | ||
| 7 Gebhardt Garduza Yary del Carmen | ||
| 8 González García Sergio | ||
| 9 Merodio Reza Lilia Guadalupe | ||
| 10 Muñoz Serna Rogelio | ||
| 11 Ortiz Proal Mauricio | ||
| 12 Pérez Valdés Daniel | ||
| 13 Reyna García José Jesús | ||
| 14 Vargas Landeros Gerardo Octavio | ||
| 15 Zatarain González Carlos Ernesto | ||
| Faltas por grupo: 15 | ||
| CONVERGENCIA | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 Aguilera Rico José Luis | ||
| Faltas por grupo: 1 | ||
| PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 Cobo Terrazas Diego | ||
| Faltas por grupo: 1 | ||
| PARTIDO DEL TRABAJO | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 Cervantes Rivera Jaime | ||
| Faltas por grupo: 1 | ||
| NUEVA ALIANZA | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 Jiménez Godínez Miguel Ángel | ||
| Faltas por grupo: 1 | ||
| ALTERNATIVA | ||
|---|---|---|
| Diputado | ||
| 1 García Méndez Armando | ||
| Faltas por grupo: 1 | ||