Diario de los Debates

organo oficial de la camara de diputados
del congreso de los estados unidos mexicanos
Poder Legislativo Federal, LX Legislatura
Correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio
Director General de
Crónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Presidente

Diputada Ruth Zavaleta Salgado
Director del
Diario de los Debates
Jesús Norberto Reyes Ayala
Año II
México, DF, jueves 14 de febrero de 2008
Sesión No. 6

SUMARIO


ESTADO DE SONORA

Oficio del Gobierno del estado de Sonora, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente en la sesión del día 23 de enero pasado, respecto al compromiso del gobierno estatal de fomentar la cultura de la legalidad y la convivencia armoniosa entre los sectores sociales, sustentada, motivada, fundada y fortalecida en la vigencia del estado de derecho. Se remite al promovente para su conocimiento.

ESTADO DE MEXICO

Oficio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente en la sesión del día 23 de enero pasado, relativo a la solicitud de información sobre el traslado de los sentenciados Héctor Galindo Gochicoa, Felipe Alvarez Hernández e Ignacio del Valle Medina a un centro penitenciario de esa entidad. Se remite al promovente para su conocimiento.

ESTADO DE PUEBLA

Oficio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del día 29 de noviembre de 2007, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que administre la parte que le corresponde al gobierno del estado de Puebla, del parque nacional denominado ``La Malinche''. Se remite a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su conocimiento.

REUNION INTERPARLAMENTARIA MEXICO-CANADA

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se integra la delegación de diputados que participarán en la XV Reunión Interparlamentaria México-Canadá, por celebrarse en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, del 17 al 19 de febrero de 2008. Aprobado, comuníquese.

PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

Cuatro oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que solicita los permisos constitucionales necesarios para que igual número de ciudadanos puedan prestar servicios en las diversas representaciones diplomáticas; respectivamente. Se turnan a la Comisión de Gobernación.

SEPARACION DEL ESTADO Y LAS IGLESIAS

Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del día 30 de octubre de 2007, para exhortar a esta Secretaría para que a través de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos realice los actos necesarios que le son competentes para garantizar el respeto del Estado laico y la separación del Estado y las Iglesias. Se remite a la Comisión de Gobernación para su conocimiento.

ESTADO DE JALISCO

Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del día 12 de diciembre de 2007, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Turismo, a considerar la ribera de Chapala, Jalisco, en el Programa Pueblos Mágicos. Se remite a la Comisión de Turismo para su conocimiento.

PEMEX

Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del día 31 de octubre de 2007, por el que se exhorta a las autoridades competentes, para que se informe la probable responsabilidad de servidores públicos y/o terceros en el accidente de la plataforma Usumacinta, de Petróleos Mexicanos frente a las costas de Campeche, ocurrida el 23 de octubre de ese año. Se remite a las Comisiones de la Función Pública, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a las acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Se remite a las Comisiones de la Gobernación y de Equidad y Género, para su conocimiento.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del día 8 de noviembre de 2007, para exhortar al titular del Ejecutivo federal, a través de los titulares de las Secretarías de Defensa Nacional, Marina, de Seguridad Pública federal, y de la Procuraduría General de la República, así como al gobernador del estado de Baja California, a evaluar las acciones y resultados de la estrategia conjunta denominada ``Operación Tijuana''. Se remite a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la situación laboral del personal adscrito a las direcciones generales de Erradicación y de Servicios Aéreos. Se remite a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su conocimiento.

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del día 8 de noviembre de 2007, para exhortar al titular del Ejecutivo federal, a través de los titulares de las Secretarías de Defensa Nacional, Marina, de Seguridad Pública federal, de la Procuraduría General de la República, así como al gobernador del estado de Baja California, a evaluar las acciones y resultados de la estrategia conjunta denominada ``Operación Tijuana''. Se remite a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento.

TRAFICO ILICITO DE ESPECIES DE VIDA SILVESTRE

Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del día 20 de noviembre de 2007, para exhortar a la Procuraduría General de la República, mediante la Dirección General de Inspección de Vida Silvestre, y a la Secretaría de Seguridad Pública federal a colocar puntos de supervisión en las carreteras de Oaxaca y de Chiapas para combatir el tráfico ilícito de especies de vida silvestre. Se remite a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Seguridad Pública, para su conocimiento.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 30 de octubre de 2007, relativo a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Se remite a las Comisiones de Gobernación y de Equidad y Género, para su conocimiento.

VIOLENCIA FAMILIAR

Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, sobre los avances de los programas para combatir la violencia familiar. Se remite a las Comisiones de Seguridad Pública, de Educación Pública y Servicios Educativos y de Equidad y Género, para su conocimiento.

ESTADO DE COAHUILA

Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión del 30 de octubre de 2007, relativo a la atención de los afectados por la explosión ocurrida en la carretera Monclova-San Pedro en dicha entidad. Se remite a la Comisión de Seguridad Pública, para su conocimiento.

TARIFAS DE PEAJE EN CARRETERAS

Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente en la sesión del 4 de enero pasado, relativo a las tarifas de peaje en la carretera internacional México 15, tramo Nogales-Estación Don y a la autopista de cuota Guadalajara-Colima. Se remite al promovente para su conocimiento.

PEMEX

Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente en la sesión del 23 de enero pasado, relativo al derrame de hidrocarburos en la sonda de Campeche y en Río Blanco, Veracruz. Se remite al promovente para su conocimiento.

REPUBLICA DE KENIA

Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente en la sesión del 4 de enero pasado, relativo a la violencia y hace votos para el restablecimiento de la paz, el diálogo político y la unidad nacional en la hermana República de Kenia. Se remite al promovente para su conocimiento.

PAKISTAN

Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente en la sesión del 4 de enero pasado, por el que se expresa el repudio al asesinato de la ex primera ministra de Pakistán, Benazir Bhutto, y se reitera enérgica condena a la violencia y al terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones. Se remite al promovente para su conocimiento.

ESTADOS DE CHIHUAHUA Y SONORA

Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite contestación al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente en la sesión del 16 de enero pasado, para exhortar a la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas a que publique a la mayor brevedad el plan de manejo del área natural protegida área de protección de flora y fauna Campo Verde, en los municipios de Madera y Casas Grandes, Chihuahua y de Nacori Chico, del estado de Sonora. Se remite al promovente para su conocimiento.

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

Primera lectura del dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que adiciona una fracción XXX al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

CONDECORACIONES

Primera lectura a tres dictámenes de la Comisión de Gobernación, que conceden permisos a igual número de ciudadanos, para aceptar y usar las condecoraciones que les otorgan los gobiernos de la República Helénica, de la República de Perú y del Reino de España, respectivamente.

LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Segunda lectura del dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

A discusión en lo general interviene el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal.

Es aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

Segunda lectura a dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Sin discusión se aprueba en lo general y en lo particular. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

EX TRABAJADORES FERROCARRILEROS

Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con punto de acuerdo a la proposición presentada en la sesión del 26 de abril de 2007, mediante el cual se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo apoye y asesore a los ex trabajadores ferrocarrileros y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a fin de que informe sobre el estado que guardan las demandas presentadas.

A discusión intervienen los diputados:

Carlos Eduardo Felton González.

Carlos Ernesto Navarro López.

Aprobado, comuníquese.

ESTADO DE VERACRUZ

Fe de erratas concerniente a las consideraciones del siguiente dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo a la proposición presentada en la sesión del 22 de agosto de 2007, para exhortar al Gobierno del estado de Veracruz a realizar las acciones necesarias para el acceso e integración en el sector público de las personas con discapacidad, considerando sus habilidades y preparación para el empleo.

Intervienen en la discusión las diputadas:

María del Carmen Pinete Vargas, quien presenta propuesta de modificación.

María Victoria Gutiérrez Lagunes.

Es aceptada la proposición.

Desde sus respectivas curules hacen precisiones en relación con el punto de acuerdo las diputadas:

María Victoria Gutiérrez Lagunes.

María del Carmen Pinete Vargas.

Se aprueba el punto de acuerdo con las modificaciones aceptadas. Comuníquese.

MENORES TRABAJADORES AGRICOLAS

Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo a la proposición presentada en la sesión del 21 de diciembre de 2006, en apoyo a los hijos de jornaleros agrícolas y menores trabajadores. Aprobado, comuníquese.

UNIDADES DE READAPTACION FEMENIL

Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo sobre la proposición presentada en la sesión del 21 de diciembre de 2006, para exhortar a los gobernadores de los estados a tomar las medidas necesarias a fin de garantizar la protección y desarrollo integral de los menores de edad que se encuentran conviviendo con sus madres en algún centro de readaptación social. Aprobado, comuníquese.

ESTADO DE MEXICO

Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo sobre la proposición presentada en la sesión del 26 de abril de 2007, para exhortar al Gobierno del estado de Jalisco, a integrar una comisión estatal coordinadora del Programa de Apoyo a Madres Adolescentes. Aprobado, comuníquese.

DELITOS EN CONTRA DE PERIODISTAS

Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con punto de acuerdo a la proposición presentada en la sesión del 10 de abril de 2007, para exhortar al titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, a fortalecer las acciones y medidas para la prevención de delitos en contra de periodistas, en coordinación con las autoridades competentes en las entidades federativas.

A discusión intervienen los diputados:

Gerardo Priego Tapia.

Pablo Leopoldo Arreola Ortega.

Victorio Rubén Montalvo Rojas.

Se aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

PARLAMENTO UNIVERSITARIO

Dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con punto de acuerdo a la proposición presentada en la sesión del 13 de marzo de 2007, para que el Congreso de la Unión realice de manera permanente y anual el Parlamento Universitario, el cual será de manera alternada con cada Cámara. Aprobado, comuníquese.

POLITICAS EN MATERIA MIGRATORIA

Dictamen de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con punto de acuerdo a la proposición presentada en la sesión del 26 de abril de 2007, para exhortar a la Secretaría de Gobernación, a instrumentar políticas en materia migratoria, a fin de garantizar la seguridad nacional y la eficiente prestación de los servicios migratorios.

Interviene la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez.

Aprobado, comuníquese.

PENSIONES

Dictamen de la Comisión de Seguridad Social, con punto de acuerdo a la proposición presentada en la sesión del 26 de abril de 2007, para exhortar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a acatar y dar cumplimiento al fallo que ordena activar el pago de las diferencias a favor de las pensiones que vienen percibiendo desde enero del año de 1993 a la fecha.

PARIDAD DE LA MUJER EN LA ADMINISTRACION PUBLICA

Dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo a la proposición presentada en la sesión del 13 de diciembre de 2007, para exhortar a los titulares de las dependencias gubernamentales a promover la paridad de la mujer en la administración pública.

ESTADO DE OAXACA

Dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo a la proposición presentada en la sesión del 23 de enero de 2008, para exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación a emitir una declaratoria de alerta de violencia de género para la comunidad Triqui en el estado de Oaxaca.

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo a la proposición presentada en la sesión del 13 de diciembre de 2007, para exhortar al Ejecutivo federal para que a través de las Secretarías de Estado dé a conocer los requerimientos presupuestales en el ejercicio fiscal 2008, para la operación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

VIOLENCIA FAMILIAR

Dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo a la proposición presentada en la sesión del 13 de diciembre de 2007, para exhortar a los gobiernos estatales, al Gobierno del Distrito Federal, a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa a implantar las medidas necesarias para prevenir y erradicar la violencia familiar.

Se aprueban en conjunto los anteriores cinco dictámenes con puntos de acuerdo. Comuníquense.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

Dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social, en materia de salud reproductiva de las adolescentes y menores de edad, presentada en la sesión del 24 de abril de 2003.

A discusión intervienen los diputados:

Ramón Almonte Borja, quien presenta voto particular.

Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez.

No se aprueba el punto de acuerdo y la Presidencia instruye para regresar el dictamen a la comisión.

CODIGO PENAL FEDERAL

Dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 336 y 336 Bis del Código Penal Federal, presentada en la sesión del 26 de abril de 2007.

LEY GENERAL DE SALUD

Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta que reforma el primero y último párrafos del artículo 225 y la fracción I del artículo 376 Bis, de la Ley General de Salud, presentada en la sesión del 27 de septiembre de 2007.

LEY PARA LA PROTECCION DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 21 de la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, presentada en la sesión del 11 de septiembre de 2007.

LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Dictamen de las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Equidad y Género, por el que se desecha la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la Comisión de Asuntos de Familia, presentada en la sesión del 3 de abril de 2003.

LEY DEL SEGURO SOCIAL

Dictamen de la Comisión de Seguridad Social, por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 201 de la Ley del Seguro Social, presentada en la sesión del 24 de abril de 2007.

LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, por el que se desecha la iniciativa que adiciona el artículo 9 Bis y el inciso e) del artículo 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada en la sesión del 16 de agosto de 2006.

LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD

Dictamen de la Comisión de Salud, por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, presentada en la sesión del 13 de septiembre de 2007.

En votación económica, la Asamblea aprueba en conjunto los anteriores dictámenes con puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

CODIGO PENAL FEDERAL

Se recibe del diputado Armando García Méndez, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo al Código Penal Federal, que tipifique y sancione producir la muerte cerebral. Se turna a la Comisión de Justicia.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Se recibe de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, respecto a la difusión de la publicidad y la información relativa a los programas de desa-rrollo social durante los procesos electorales. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

LEY FEDERAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA

Se recibe del diputado Alberto Esteva Salinas, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de la Defensoría Pública, para garantizar el mejor desempeño de la defensa de los indígenas que hablen algún idioma o lengua materna propia de su región. Se turna a la Comisión de Justicia.

LEY GENERAL DE EDUCACION

Se recibe del diputado Alberto Esteva Salinas, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XIV al artículo 7 de la Ley General de Educación, para fomentar programas educativos que permitan establecer la cultura de la prevención de abuso sexual. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETROLEO

El diputado Iñigo Laviada Hernández presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 3, fracción III, numeral 9, de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el Ramo del Petróleo, sobre la producción de metano. Se turna a la Comisión de Energía.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El diputado Alejandro Sánchez Camacho presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en relación con obras de infraestructura. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2008

El diputado Narcizo Alberto Amador Leal presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los artículos 26 y 34, y adiciona un artículo transitorio al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, en relación con la entrega de los apoyos de programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LEY DE COORDINACION FISCAL

El diputado Edgar Mauricio Duck Núñez presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, para establecer las disposiciones necesarias a fin de que los recursos del Ramo 33 correspondientes a los municipios sean entregados directamente por la federación a los municipios, sin tener que pasar por los estados. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

LEY GENERAL DE SALUD - LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA

El diputado Efraín Morales Sánchez presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma diversas disposiciones de las Leyes General de Salud, de la Propiedad Industrial, y Federal de Competencia Económica, en materia de precios de medicamentos. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Economía.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2008

La diputada Guillermina López Balbuena presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 27 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, para que en cada entidad federativa se establezca una comisión de coordinación, integrada por las dependencias federales y las estatales involucradas en la planeación, programación y operación de programas. Se turna a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Desarrollo Social.

REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El diputado Edgar Mauricio Duck Núñez presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona los artículos 146 y 147 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el voto de abstención. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

La diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña presenta iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, sobre la integración de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Desde su curul la diputada María Esperanza Morelos Borja solicita trámite. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

ESTATUTO DE LA ORGANIZACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y DEL SERVICIO DE CARRERA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

La diputada María Soledad Limas Frescas presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, para integrar el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género. Se turna a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El diputado Luis Enrique Benítez Ojeda presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, para que en la difusión de la acción gubernamental de los programas para el desarrollo social, se dé crédito de la asignación de recursos por parte de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.

LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

El diputado Felipe González Ruiz presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, sobre la creación de un mecanismo por medio del cual se evalúen los informes anuales de las Organizaciones de la Sociedad Civil para tener una mayor certeza del uso de los recursos públicos y el cumplimiento de sus metas. Se turna a la Comisión de Participación Ciudadana.

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

El diputado Felipe Díaz Garibay presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con la creación de una secretaría de despacho denominada Secretaría de Medios y Opinión Pública y que absorbe las atribuciones de la actual Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación. Se turna a la Comisión de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

La Secretaría da lectura a una comunicación de la Junta de Coordinación Política, con la que se designa a la diputada Dora Alicia Martínez Valero como representante suplente del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral en sustitución de la diputada María del Pilar Ortega Martínez. De enterado.

LEY PARA EL FOMENTO A LA INNOVACION Y AL DESARROLLO DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES DE BASE TECNOLOGICA

Se recibe del diputado Eduardo Ortiz Hernández solicitud de excitativa al Senado de la República, para que presente dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley para el Fomento a la Innovación y al Desarrollo de Empresas y Actividades de Base Tecnológica, turnada el 25 de abril de 2006.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

Se recibe del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera solicitud de excitativa a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud, para que presente el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Capítulo XIII-A al Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo, turnada el 26 de abril de 2007.

LEY FEDERAL DE DERECHOS - LEY DE COORDINACION FISCAL

Se recibe del diputado Moisés Dagdug Lützow solicitud de excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que presente dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 261 de la Ley Federal de Derechos, y el artículo 2-A, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal, turnada el 27 de noviembre de 2007.

ARTICULO 74 CONSTITUCIONAL

Se recibe del diputado Moisés Dagdug Lützow solicitud de excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que presente dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, turnada el 9 de octubre de 2007.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Se recibe del diputado Moisés Dagdug Lützow solicitud de excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que presente dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, turnada el 27 de noviembre de 2007.

LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

Se recibe de la diputada Susana Monreal Avila solicitud de excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que presente dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrara el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, recibida el 25 de octubre de 2007.

LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA

Se recibe del diputado Manuel Cárdenas Fonseca solicitud de excitativa a la Comisión de Economía, para que presente dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica, turnada el 22 de febrero de 2007.

LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

Se recibe del diputado Felipe González Ruiz solicitud de excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que presente el dictamen correspondiente a la minuta del Senado de la República, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, recibida el 25 de octubre de 2007.

La Presidencia realiza las excitativas correspondientes.

ORDEN DEL DIA

De la próxima sesión.

VOTACIONES

De conformidad con lo que dispone el artículo 2, numeral 2, inciso c, del Reglamento para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de la H. Cámara de Diputados, se publican las votaciones:

De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte (en lo general y en lo particular).

De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte (en lo general y en lo particular).


Presidencia de la diputada
Ruth Zavaleta Salgado


ASISTENCIA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Pido a la Secretaría que haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados, por favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 307 diputadas y diputados; por tanto, hay quórum.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado (a las 11:24 horas): Se abre la sesión.



ORDEN DEL DIA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Segundo Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Jueves 14 de febrero de 2008

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del gobierno del estado de Sonora.

De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno

De la Junta de Coordinación Política:

Por el que se integra la delegación de diputados que participará en la decimoquinta Reunión interparlamentaria México-Canadá, por celebrarse en Mazatlán, Sinaloa, del domingo 17 al martes 19 de febrero de 2008. (Votación)

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Cuatro, por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Ángel Mendoza García, Thalía Isabella Saenger Pedrero, Rogelio Martínez Guzmán y Martín Esteva Sánchez puedan prestar servicios en las Embajadas de la República Popular China, de Canadá, del Reino de España y de la República Árabe de Egipto en México, respectivamente. (Turno a Comisión)

Once, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados.

Cinco, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente.

Iniciativas

Que adiciona un artículo al Código Penal Federal, a cargo del diputado Armando García Méndez , del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Sólo turno a Comisión)

Que reforma el artículo 3o., fracción III, numeral 9, de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, a cargo del diputado Íñigo Laviada Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 26 y 34, y adiciona uno transitorio al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, suscrita por los diputados Alberto Amador Leal , Guillermina López Balbuena y Wenceslao Herrera Coyac , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Édgar Mauricio Duck Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Neftalí Garzón Contreras , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 27 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, suscrita por los diputados Alberto Amador Leal , Guillermina López Balbuena y Wenceslao Herrera Coyac , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona los artículos 146 y 147 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Édgar Mauricio Duck Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que adiciona el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada María Soledad Limas Frescas , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, a cargo del diputado Felipe González Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Felipe Díaz Garibay , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Susana Monreal Ávila , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, a cargo del diputado Rubén Escajeda Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de la Defensoría Pública, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 308 y 309 Bis de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ricardo García Cantú, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción II del artículo 7 y adiciona el artículo 11 de la Ley General de Población, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Aguas Nacionales, General de Asentamientos Humanos, y General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Silvio Gómez Leyva , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Susana Monreal Ávila , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 2 y 16 de la Ley de Planeación, a cargo de la diputada Sara Latife Ruiz Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que adiciona una fracción XIV al artículo 7 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Jesús Sesma Suárez , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)

Que expide la Ley de Organización de la Administración Pública Federal y abroga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Pablo Trejo Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y General de Educación, a cargo de la diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma la fracción VI del artículo 53 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que adiciona el artículo 330 Bis del Código Penal Federal, a cargo del diputado Enrique Serrano Escobar , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de las Leyes General de Salud, de la Propiedad Industrial, y Federal de Competencia Económica, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo del diputado Roberto Badillo Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma el artículo 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a cargo del diputado Armando Barreiro Pérez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ramón Barajas López , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Que reforma los artículos 21, 94 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Alberto Amador Leal , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Instituciones de Crédito, y del Banco de México, a cargo del diputado Jericó Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Dictámenes de primera lectura

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXX al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alejandro Díaz y Pérez Duarte para aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz de la Orden del Fénix, que le otorga el gobierno de la República Helénica.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al general Guillermo Galván Galván para aceptar y usar la condecoración ``Cruz Peruana al Mérito Militar'', en grado de Gran Cruz, que le otorga el gobierno de la República de Perú.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Óscar Cruz Barney para aceptar y usar la condecoración ``Caballero de Mérito de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge'', que le otorga el gobierno del Reino de España.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

De la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a efecto de que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo apoye y asesore a los ex trabajadores ferrocarrileros; y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para que informe sobre el estado que guardan las demandas presentadas.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo a fin de exhortar al gobierno del estado de Veracruz a realizar las acciones conducentes a garantizar el acceso e integración en el sector público de las personas con discapacidad según sus habilidades y preparación para el empleo.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Jalisco a integrar una comisión estatal coordinadora del Programa de Apoyo a Madres Adolescentes.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo en apoyo de los hijos de jornaleros agrícolas y menores trabajadores.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a los gobernadores a tomar las medidas necesarias para garantizar la protección y el desarrollo integral de los menores de edad que conviven con sus madres en algún centro de readaptación social.

De la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo a fin de exhortar al titular del Ejecutivo federal a fortalecer por la Secretaría de Seguridad Pública y la PGR las acciones y medidas para prevenir delitos contra periodistas.

De la Comisión de Juventud y Deporte, con puntos de acuerdo para que el Congreso de la Unión realice de manera permanente, anual y alternada con cada Cámara el Parlamento Universitario.

De la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Gobernación a instaurar políticas en materia migratoria para garantizar la seguridad nacional y la eficiente prestación de los servicios migratorios.

De la Comisión de Seguridad Social, con punto de acuerdo para exhortar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a acatar y cumplir el fallo que ordena activar el pago de las diferencias en favor de las pensiones recibidas de enero de 1993 a la fecha.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de las dependencias gubernamentales a promover la paridad de las mujeres.

De la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo a fin de exhortar al secretario de Gobernación a emitir una declaratoria de alerta de violencia de género para la comunidad triqui en el estado de Oaxaca.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal a dar a conocer mediante las secretarías de Estado los requerimientos presupuestales en el ejercicio fiscal de 2008 relativos a la operación del sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

De la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos estatales, al del Distrito Federal, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa a implantar las medidas conducentes a prevenir y erradicar la violencia familiar.

Dictámenes negativos de iniciativas

De las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social, en materia de salud reproductiva de adolescentes y menores de edad.

De la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 336 y 336 Bis del Código Penal Federal.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta proyecto de decreto que reforma el primer y último párrafos del artículo 225 y la fracción I del 376 Bis de la Ley General de Salud.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De las Comisiones de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la comisión de asuntos de familia.

De la Comisión de Seguridad Social, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 201 de la Ley del Seguro Social.

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona el artículo 9 Bis y el inciso e) del artículo 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía realice un llamado enérgico a los actores políticos de nuestro país a dirigirse con respeto a las mujeres que participan en la política, a cargo de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat verifique el cumplimiento de las disposiciones ambientales en las labores de rescate, así como del eventual traslado, desguace o disposición final del transbordador El Arcángel, a cargo del diputado Cruz Pérez Cuéllar , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar sobre la situación de los solicitantes de asilo en Canadá y las condiciones de protección y procuración de justicia que se les otorgan, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la pesquería del pulpo en Champotón, Campeche, a cargo de la diputada María Guadalupe García Noriega , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC, y a Ferrocarriles Nacionales de México a dar en donación el inmueble en que se halla la antigua estación de ferrocarril de Otumba, México, a Amigos de Ferrocarril en Otumba, Asociación Civil, a cargo del diputado Armando García Méndez , del Grupo Parlamentario de Alternativa. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la utilización de bolsas de plástico en las tiendas de autoservicio y departamentales, suscrita por los diputados Diego Cobo Terrazas y Francisco Elizondo Garrido , del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Sólo turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo al proceso electoral en Hidalgo, a cargo del diputado Lorenzo Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal remueva al titular de la Sagarpa, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a la SRE y a la Sedesol a implantar un programa de apoyo a la población adulta mayor que vive en Estados Unidos de América, suscrita por los diputados Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez y Gerardo Octavio Vargas Landeros , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita el Ejecutivo federal que a través de la SHCP presente a esta soberanía un estudio sobre el impacto que tendría en nuestro país una posible recesión económica en Estados Unidos de América, y las medidas que con el Banco de México se instaurarían para remediar los efectos adversos, a cargo del diputado Alejandro Chanona Burguete , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal establezca un plan nacional de contingencia económica, donde incluya un paquete de reformas económicas y fiscales, a cargo del diputado Joaquín Humberto Vela González , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR investigue los delitos de pederastia y pornografía infantil, relativos al expediente 2/2006, a cargo de la diputada Mónica Arriola, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat para que en coordinación con las autoridades competentes elabore y publique una norma oficial para regular el control de la proliferación de la maleza acuática en lagos y embalses, a cargo del diputado Gustavo Macías Zambrano , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a la libertad de expresión y el derecho a la información de comunicadores y ciudadanos mexicanos, a cargo de la diputada Claudia Cruz Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Comité de Administración de esta soberanía para que en el ámbito de sus competencias vigile las condiciones laborales que las empresas concesionarias de este recinto brindan a sus trabajadores, a cargo del diputado Humberto Dávila Esquivel , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la LVI Legislatura del estado de México, así como al gobierno de dicha entidad, investigue respecto a la invasión y proliferación de construcciones en diversas poblaciones comunales o ejidales del estado de México, declaradas área natural protegida, con la categoría de parque estatal, denominado santuario del agua y forestal subcuenca tributaria Río San Lorenzo, a cargo del diputado Salvador Arredondo Ibarra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SCT garantice el servicio de calidad en los aeropuertos del país, a cargo del diputado Octavio Martínez Vargas , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a la Semarnat cancelen el proyecto de muelle para cruceros en la bahía de Zihuatanejo, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Salud expida una norma oficial mexicana que establezca lineamientos para prevenir, tratar y controlar las enfermedades mentales, suscrita por los diputados Jorge Quintero Bello , Omar Antonio Borboa Becerra y Pedro Armendáriz García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a aplicar lo dispuesto en el artículo 61 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 en las comunidades que resultaron severamente afectadas por las lluvias en Teapa, Jalapa, Tacotalpa, Nacajuca, Jalpa, Cunduacán, Huimanguillo y Centro, Tabasco, a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Salud refuerce los programas nacionales contra la farmacodependencia y revise los criterios empleados para la distribución y venta de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, suscrita por los diputados Jorge Quintero Bello , Omar Antonio Borboa Becerra y Pedro Armendáriz García , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas derivadas de la visita de 2002, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP investigue a la CFE por la violación del convenio de colaboración para el subsidio de tarifas eléctricas en Mexicali, Baja California, a cargo de la diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SFP, a la SRE y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal informen sobre el cumplimiento de los artículos 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad respecto del nombramiento de Juan Camilo Mouriño Terrazo como titular de la Segob, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua realice las acciones conducentes a equilibrar el acuífero principal de la comarca lagunera en Coahuila y Durango, a cargo del diputado Jesús Vicente Flores Morfín , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Semarnat, a la Profepa, al gobierno de Coahuila y al municipio de Torreón reubiquen a las familias que viven en las colonias aledañas a la compañía Met-Mex Peñoles, ya que se consideran inhabitables por ser zonas de alto riesgo, a cargo del diputado Jesús Vicente Flores Morfín , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a Pemex a dar prioridad al inicio de la reconfiguración y ampliación de la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la SE, a la Secretaría de Salud y a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía para que se expida una norma oficial mexicana que regule la disposición final de pilas y baterías, a cargo del diputado José Luis Espinosa Piña , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a Pemex Petroquímica informen periódicamente a los gobiernos municipales y a la opinión pública de los avances de los programas de reconfiguración de las refinerías del país, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP para que en la ceremonia cívica del 24 de febrero que rinde honores a la Bandera se dé lectura en las escuelas de educación básica a la Arenga a la Bandera, del maestro Andrés Henestrosa, a cargo de la diputada María Nieves Noriega Blanco Vigil, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE suscriba un convenio que compense las afectaciones que generan las líneas de alta y media tensión en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca; a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Hidalgo a realizar acciones relativas al control y vigilancia de la contribución por el uso de suelo en diversos municipios de dicha entidad, a cargo del diputado Daniel Ludlow Kuri , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal pague de inmediato al Sistema de Aguas de la Ciudad de México sus adeudos por concepto de suministro de agua potable, a cargo del diputado Gerardo Villanueva Albarrán , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que impulse la firma de un acuerdo migratorio, a cargo del diputado Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del Gobierno del Distrito Federal, a la SEP y al INAH emprendan las acciones necesarias para detener la demolición de los edificios y monumentos del centro histórico de la Ciudad de México que forman parte de su patrimonio cultural, a cargo del diputado José Luis Varela Lagunas , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat y a las autoridades ambientales de los estados a establecer políticas públicas coordinadas en materia de gestión de residuos sólidos urbanos, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana, a cargo de la diputada Rosario Ortiz Magallón , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Semarnat establezca sistemas de depósito-reembolso para envases de PET, a fin de disminuir la generación de este tipo de materiales contaminantes, a cargo del diputado Óscar González Morán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sagarpa instaure un programa especial de apoyo a los productores de amaranto, a cargo del diputado Othón Cuevas Córdova , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades federativas a llevar a cabo las medidas necesarias para destinar un lugar separado del de los hombres para las mujeres que se encuentren privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o compurgando una sanción, a cargo del diputado José Luis Murillo Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la STPS intervenga en el conflicto de Industrias Ocotlán, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la SSP, de las entidades federativas y de los centros penitenciarios del país revisen la normatividad en materia de readaptación social, con la finalidad de que propongan las reformas que permitan restringir las llamadas telefónicas que se realizan desde dichos centros, y se implante un sistema de bloqueo de este medio de comunicación, a cargo del diputado José Luis Murillo Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las entidades federativas, de los centros penitenciarios del país y del órgano administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública federal lleven a cabo revisiones minuciosas y periódicas en los centros federales de readaptación social, con la finalidad de controlar el ingreso de artículos y sustancias prohibidos, a cargo del diputado José Luis Murillo Torres , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Sagarpa implante las acciones conducentes a detener el uso de las artes de pesca no selectivas en el polígono del área de refugio para la protección de la vaquita, a cargo del diputado Luis Fernando Rodríguez Ahumada , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Distrito Federal implemente mecanismos de control que eviten que funcionarios del Gobierno del Distrito Federal realicen actividades proselitistas y se abstengan de desviar recursos materiales y humanos con fines electorales, a cargo del diputado David Mendoza Arellano , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a iniciar por conducto de la Sagarpa una campaña de difusión en los medios para dar a conocer exhaustivamente la figura de ``prestador de servicios profesionales'' entre los agentes económicos que intervienen en el desarrollo de programas dirigidos al sector rural, a cargo del diputado Gregorio Barradas Miravete , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a las Comisiones de Justicia, de Seguridad Pública, y de Derechos Humanos, así como a los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión, realicen una defensa integral y pública de las modificaciones que requiere el sistema de seguridad pública y de procuración de justicia, a cargo del diputado Carlos Altamirano Toledo , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ALDF a aplicar a los contribuyentes del impuesto predial un esquema gradual de actualización del valor catastral, a cargo del diputado Eduardo Sánchez Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cumplir los acuerdos aprobados por el Congreso de la Unión y la Mesa Directiva de esta soberanía, a cargo del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , del Grupo Parlamentario de Convergencia. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, relativo a las actividades del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, a cargo del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores a rubricar el Pacto Nacional por la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2007, suscrita por integrantes de la Comisión de Equidad y Género. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al SAE a realizar las acciones conducentes a comercializar bienes a los municipios, como apoyo a la gestión de los gobiernos locales, a cargo del diputado Cruz Pérez Cuéllar , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, relativo a la aplicación del programa de vales para familias damnificadas por las inundaciones en Tabasco, a cargo de la diputada Mónica Fernández Balboa , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a expedir mediante la Comisión Nacional de Normalización una NOM en materia de consumo excesivo de botanas y refrescos, a cargo del diputado Tomás Gloria Requena , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a condonar mediante Capufe el peaje en la caseta de Puente de Nautla, Veracruz, a los habitantes de la cabecera, Congregaciones y ejidos pertenecientes a ese municipio; y a actualizar el padrón de beneficiarios, a cargo de la diputada María de Jesús Martínez Díaz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, para integrar una mesa de trabajo tendente a resolver los problemas limítrofes y agrarios entre los estados de Chiapas y Oaxaca, a cargo del diputado Martín Ramos Castellanos , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes a respetar los derechos humanos de los inmigrantes centroamericanos, a cargo del diputado José Edmundo Ramírez Martínez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a revisar mediante el subsecretario de Infraestructura el contrato suscrito con la empresa constructora Codiocsa de Xalapa, SA de CV, para la conservación periódica de la carretera Atzalan-Tlapacoyan, Veracruz, a cargo de la diputada María de Jesús Martínez Díaz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer una mesa de análisis para la renegociación del TLCAN, a cargo del diputado Carlos Ernesto Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Gobierno de la Consar que presente ante la Comisión de Seguridad Social de esta soberanía la documentación donde conste la autorización de comisiones sobre saldo que aplican las Afore, a cargo de la diputada Lorena Martínez Rodríguez , del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, a la SSP y a la Administración General de Aduanas a informar a esta soberanía sobre los programas implantados para evitar el tráfico de armas desde Estados Unidos de América, a cargo del diputado Ángel Rafael Deschamps Falcón , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Servicio Postal Mexicano que informe a esta soberanía respecto a las medidas de prevención y a las querellas presentadas sobre el robo de correspondencia, a cargo de la diputada Silvia Oliva Fragoso , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a expedir mediante la Sagarpa el Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos, a cargo del diputado Fabián Fernando Montes Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar un programa de profesionalización de las policías federales y a sustituir efectivos militares en labores de combate del narcotráfico, a cargo del diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores de los estados y a los titulares de la administración pública federal a realizar un ahorro monetario del PEF de 2008, a fin de que los recursos correspondientes sean trasladados a las Fuerzas Armadas mexicanas para la adquisición de equipo y el sostenimiento de sus servicios, a cargo del diputado Jorge Justiniano González Betancourt , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al gobernador de Nuevo León a realizar mediante la Semarnat y la Secretaría de Salud estudios sobre el impacto que generan a la población y al ambiente las empresas pedreras; y a efectuar las acciones necesarias para contener y revertir los daños provocados por ellas, a cargo de la diputada Martha Margarita García Müller , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INAH a implantar en coordinación con el gobierno del estado de Puebla las medidas necesarias para proteger, conservar y difundir la zona arqueológica de Tepexi el Viejo, en el municipio de Tepexi de Rodríguez, a cargo del diputado José Luis Contreras Coeto , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a realizar mediante la Conagua estudios de factibilidad de transferencia de agua hacia la comarca lagunera de Durango y Coahuila, a cargo del diputado Jesús de León Tello , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar mediante la Conagua los estudios necesarios para determinar la posibilidad de construir una serie de represas en los lechos de los ríos Valles, Tampaón y Santa María del Río, en San Luis Potosí, a cargo del diputado David Lara Compeán , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Ejecutivo federal que en la Rotonda de las Personas Ilustres se erija un cenotafio en honor de don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, a cargo del diputado Jorge Rubén Nordhausen González , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a formar --mediante la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, y el Instituto Nacional de Migración-- un nuevo Grupo Beta en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a cargo de la diputada María Dolores González Sánchez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a promover el Día de la Familia, a cargo de la diputada María Victoria Gutiérrez Lagunes , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente resolución)

Excitativas

A las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Salud, a solicitud del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Moisés Dagdug Lützow , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Moisés Dagdug Lützow , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Moisés Dagdug Lützow , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Cámara de Senadores, a solicitud del diputado Eduardo Ortiz Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de la diputada Susana Monreal Ávila , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Economía, a solicitud del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Felipe González Ruiz , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Efeméride

Relativa al 12 de febrero, aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, a cargo de la diputada Blanca Luna Becerril , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza.»



ACTA DE LA SESION ANTERIOR

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el martes doce de febrero de dos mil ocho, correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Sexagésima Legislatura.

Presidencia de la Diputada Ruth Zavaleta Salgado

En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las 11 horas con 37 minutos del martes 12 de febrero de 2008, con la asistencia de 340 diputadas y diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.

En votación económica, la asamblea dispensa la lectura al orden del día.

La asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior en votación económica y de la misma manera la aprueba.

Se recibe invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal, a la ceremonia cívica con motivo del 177 Aniversario Luctuoso del General Vicente Guerrero Saldaña, que se celebrará el 14 de febrero. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente. Se remiten a los promoventes para su conocimiento.

Remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados:

• El gobierno del estado de México.
• La Secretaría de Protección Civil, del Gobierno del Distrito Federal.

Se remiten a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

Se recibe de la Comisión Permanente el Informe de actividades realizadas, durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la LX Legislatura. Se instruye su inserción en el Diario de los Debates.

La Junta de Coordinación Política comunica:

• El alta del diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva , como integrante en las comisiones de Recursos Hidráulicos y de Agricultura y Ganadería.
• El alta como integrante del diputado Salvador Barajas del Toro , en la Comisión de Agricultura y Ganadería; y su baja de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
• La baja del diputado Jorge Mario Lescieur Talavera , en la Comisión de Agricultura y Ganadería; y su alta en la Comisión de Ciencia y Tecnología.
• La baja del diputado Juan Manuel Parás González , como integrante en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
• El alta del diputado Joel Ayala Almeida , como integrante en el Grupo de Amistad con España.
• La baja del diputado Carlos Chaurand Arzate , como integrante en el Grupo de Amistad con Ucrania.

De enterado.

La Secretaría da lectura a los acuerdos de:

• La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se establece el calendario legislativo para el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LX Legislatura.
• La Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en el marco del Tratado de la Paz, lleve a cabo las gestiones a que haya lugar, en relación con el proceso de reapertura de la Fundidora Asarco y en la misma manifieste las opiniones del gobierno mexicano en torno del mismo.

En sendas votaciones económicas, se aprueban. Comuníquense.

Se recibe de la Cámara de Senadores, oficio por el que comunica la apertura de su segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LX Legislatura. De enterado.

La Secretaría de Gobernación, remite oficios por los que solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos:

• Eduardo González Caudillo, Gabriela Cristina Rendón Dávila, María Christina Fernández Molins, Ana Balbina Macías Morales, Karla Alejandra Revilla Mimiaga y Alejandro Cachu Ortiz, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus consulados en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Tijuana, Baja California.
• Guillermo Flores Grajales, Angélica Donají Atristain Michel, María Luisa Castanedo Robles, Gabriela Capó Ramírez, Yadira Estrada Guevara, José Ignacio Estrella Garay, Eileen Hernández Chávez, Juan Carlos Hernández Azuela, Héctor José Huerta Huitzil y Patricia Evelyn Grounds Reynolds, puedan prestar servicios en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.
• Adriana María del Socorro Rebollo Philippe, Mario Romero Bustos, Susana Elizabeth Solano Flores, Mónica Terán Aguilar, Elvira Adriana Alonso Izaguirre, Carla Paola Balderas Ramírez, Pedro Balleza Hernández, Rocío Angélica Bermejo del Villar, Encarnación Mireya Campos Luna y Gabriel Alberto Ceballos Rodríguez, puedan prestar servicios en la Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México.
• María Concepción Amador Mariscal, Liliana Capetillo Delgado, Olivia Catalán Calvillo, Édgar Iván Chávez Sánchez, Omar Domínguez Medina, Aída Verónica Ferreira Olmedo, Gabriela Hernández Merino, Ramón Herrera González, Mariana Novo Catalá, Roberto Guatimoc Orozco Gutiérrez, Yolanda Rodríguez Camacho, María Dolores Rojas Almanza, Vania Jocelyn Salgado Hernández, Jaime Lira Medina y Carlos Adrián Pompa González, puedan prestar servicios en la Embajada de Canadá en México y en su Consulado en Monterrey, Nuevo León, respectivamente; asimismo informa que los ciudadanos Evelyn Aracely Alcalá González, María Teresa Colunga, Nina Frías Valle, Carlos Gabriel Hinojosa Brigham, Mónica Madera Reveles, Alejandra Negrete Villa, Laura Melina Roa Uruzquieta y Fabiola Togno Garza, dejan de prestar servicios a gobiernos extranjeros.
• Manuel Ernesto Medina López, Natalia Imelda Soto Paredes, Teresa de Jesús Basto Paredes y Evaristo Medrano González, puedan prestar servicios en los Consulados de los Estados Unidos de América en Nogales, Sonora; Guadalajara, Jalisco y Matamoros, Tamaulipas, respectivamente; asimismo informa que los ciudadanos Nora Laura Rivera Fernández y Agustín Torres Cortés, dejan de prestar servicios a gobiernos extranjeros.

Las solicitudes de permiso se turnan a la Comisión de Gobernación, por lo que se refiere a los ciudadanos que dejan de prestar servicios, se turnan a las Comisiones de Gobernación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores.

La Secretaría de Gobernación, remite contestaciones a puntos de acuerdo:

• Siete, aprobados por la Cámara de Diputados. Se remiten a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
• Cuatro, aprobados por la Comisión Permanente. Se remiten a los promoventes para su conocimiento.

La Presidencia da lectura a una reseña biográfica del escritor y dramaturgo mexicano Emilio Carballido y de la bailarina, coreógrafa y maestra mexicana Laura Urdapilleta, posteriormente solicita a la asamblea otorgar un minuto de silencio por su sensible fallecimiento.

La asamblea dispensa la lectura de los siguientes dictámenes con proyecto de decreto de la Comisión de Juventud y Deporte que reforma:

• La fracción X del artículo 2o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
• El artículo 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Quedan de primera lectura.

A las 12 horas con un minuto se registra una asistencia de 414 diputadas y diputados.

En sendas votaciones económicas, la asamblea dispensa la lectura de los dictámenes con proyecto de decreto de las comisiones:

• De la Función Pública, que reforma el artículo 54 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Se le otorga el uso de la tribuna para fundamentar el dictamen a nombre de la comisión al diputado Enrique Cárdenas del Avellano , del Partido Revolucionario Institucional. Intervienen para fijar la posición de su respectivo grupo parlamentario los diputados: Pablo Leopoldo Arreola Ortega , del Partido del Trabajo y

Presidencia del diputado Luis Sánchez Jiménez

Apolonio Méndez Meneses , del Partido Acción Nacional. En votación económica, la asamblea considera el asunto suficientemente discutido. El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto en mención por 396 votos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

• De la Función Pública, que reforma el artículo 86 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Para fundamentar el dictamen a nombre de la comisión, se le otorga el uso de la tribuna al diputado Alan Notholt Guerrero , del Partido Verde Ecologista de México. Intervienen para fijar la posición de su respectivo grupo parlamentario los diputados: Enrique Cárdenas del Avellano , del Partido Revolucionario Institucional; Mario Enrique del Toro, del Partido de la Revolución Democrática y Moisés Alcalde Virgen , del Partido Acción Nacional. En votación económica, la asamblea considera el asunto suficientemente discutido. El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 400 votos en pro, ninguno en contra y una abstención. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

En su momento, el Presidente da la bienvenida al salón de sesiones al diputado Agustín Armando Jarquín Anaya, miembro de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, así como la del excelentísimo señor Horacio Brenes Icabalceta, embajador de Nicaragua en México.

• De Trabajo y Previsión Social, que reforma la fracción XVI del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Para fundamentar el dictamen a nombre de la comisión, se le otorga el uso de la tribuna al diputado Francisco Antonio Fraile García , del Partido Acción Nacional, quien propone la modificación del artículo transitorio único. Intervienen para fijar la posición de su respectivo grupo parlamentario los diputados: Martha Angélica Tagle Martínez , de Convergencia; Juan Carlos Velasco Pérez , del Partido Revolucionario Institucional; José Antonio Almazán González , del Partido de la Revolución Democrática; Tomás del Toro del Villar , del Partido Acción Nacional y Humberto Dávila Esquivel , de Nueva Alianza. La Secretaría da lectura a la modificación del transitorio único, propuesta por el diputado Francisco Antonio Fraile García . Desde sus respectivas curules, el diputado José Antonio Almazán González , hace comentarios en relación a la modificación propuesta y el diputado Francisco Antonio Fraile García , retira la misma. El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 368 votos en pro, ninguno en contra y dos abstenciones. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

En su oportunidad el Presidente da la bienvenida al salón de sesiones a las autoridades municipales de San Miguel El Grande y de Tlaxiaco, Oaxaca.

• Unidas de Gobernación y de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda ``A los Constituyentes de 1857''. Para fundamentar el dictamen a nombre de las comisiones, se le otorga el uso de la tribuna al diputado Juan José Rodríguez Prats , del Partido Acción Nacional. Intervienen para fijar la posición de su respectivo grupo parlamentario los diputados: Irma Piñeyro Arias , de Nueva Alianza; Víctor Samuel Palma César , del Partido Revolucionario Institucional y José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Partido de la Revolución Democrática. Se le otorga la palabra en pro, al diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante , del Partido Revolucionario Institucional. En votación económica, la asamblea considera el asunto suficientemente discutido. El Presidente declara aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto en mención por 365 votos en pro, ninguno en contra y tres abstenciones. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

La asamblea autoriza dar lectura sólo a los puntos de acuerdo de los dictámenes de las comisiones:

• Unidas de Economía y de Salud, mediante el cual se exhorta al Ejecutivo federal, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Salud a verificar el cumplimiento de la regulación en materia de medicamentos. Intervienen en pro los diputados: Enrique Serrano Escobar , del Partido Revolucionario Institucional y Adrián Pedrozo Castillo , del Partido de la Revolución Democrática. En votación económica, la asamblea aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.
• Unidas de Salud, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para exhortar a las Secretarías de Salud, de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Comisión Nacional del Agua, y demás autoridades federales y locales, a que den cumplimiento a las normas oficiales de salud ambiental en el municipio de Salamanca, Guanajuato. Intervienen en pro los diputados: Gustavo Ildefonso Mendivil Amparán, del Partido Revolucionario Institucional; Sergio Augusto López Ramírez , del Partido Verde Ecologista de México y Antonio Vega Corona , del Partido Acción Nacional.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

En votación económica, la asamblea aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.

La Presidenta clausura la sesión a las 15 horas con 16 minutos y cita para la próxima que tendrá lugar el jueves 14 de febrero de 2008 a las 11 horas.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobada el acta.



ESTADO DE SONORA

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : «Escudo.--- Gobierno del Estado de Sonora.--- Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Fiputado Manuel Portilla Diéguez, Presidenta y secretario de la Comisión Permanente.--- Presentes

Por instrucciones del titular del Ejecutivo estatal, ingeniero Eduardo Bours Castelo, me permito informar lo siguiente:

En referencia al oficio número D. G. P. L. 60-II-2-1276, a través del cual se remite al gobernador de Sonora, el punto de acuerdo tomado por la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de fecha 22 de enero del presente año, se manifiesta, a esa Comisión Permanente, el compromiso del gobierno estatal de fomentar la cultura de la legalidad y la convivencia armoniosa entre los sectores sociales, sustentada, motivada, fundada y fortalecida en la vigencia del estado de derecho, con su permanente convocatoria de que en Sonora, ni el gobierno ni las instituciones públicas o los particulares, pueden ignorar el imperio de la ley, como tampoco que se intente negociar su vigencia o aplicación.

De igual manera, es importante señalar que la Policía Estatal de Seguridad Pública, continuará con su obligación fundamental de garantizar el orden jurídico y la seguridad de la población, basando su actuación precisamente en el marco de la legalidad y con el correspondiente respeto a los derechos humanos y jurídicos de los sonorenses, nunca trastocando el estado de derecho y las garantías individuales de sus habitantes.

Atentamente
Hermosillo, Sonora a 5 de febrero de 2008.--- Francisco Figueroa Souquet (rúbrica), secretario ejecutivo de Seguridad Pública.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase al promovente, para su conocimiento.



ESTADO DE MEXICO

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : «Escudo.--- Comisión Nacional de los Derechos Humanos.--- México.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado .

En relación con su escrito de queja recibido en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al que fue asignado el número CNDH/3/2008/339/Q, se determinó, con base en el artículo 36 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, admitir dicha instancia, por lo que este organismo nacional de inmediato iniciará las investigaciones y trámites que corresponden.

El estudio de su caso se ha encomendado al visitador adjunto licenciado José Mario Severiano Morales, con quien puede comunicarse al teléfono 5681 8125, extensión 1214, o también, si lo prefiere, tendremos mucho gusto en atender a alguno de sus representantes o recibir documentos en las oficinas de esta comisión nacional, cuyo domicilio se cita al rubro.

Informo a usted que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la formulación de su queja ante este organismo no afecta el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder conforme a la ley, y no suspende ni interrumpe los plazos preclusivos, de prescripción o caducidad.

Asimismo, debo señalarle que, de conformidad con el artículo 77 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional, todos nuestros servicios son gratuitos, y no es indispensable que cuente con un abogado o representante profesional, ya que este organismo se encargará autónomamente de tramitar, analizar y dictaminar sobre la queja planteada.

La información que usted nos proporcione podrá ser suministrada a un tercero que lo solicite, después de un lapso de 12 años, contados a partir de la fecha en que se resuelva el asunto respectivo. En caso de que se acrediten violaciones graves de derechos humanos, se podrá tener acceso al expediente desde el momento en que éste sea concluido, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental, y 10 del reglamento de dicha ley para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Los datos personales que esta comisión reciba de usted serán manejados con fines exclusivamente de identificación y se les dará tratamiento confidencial.

29 de enero de 2008.--- Licenciado Jorge Vega Arroyo (rúbrica), director general.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase al promovente, para su conocimiento.



ESTADO DE PUEBLA

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Poder Legislativo Federal de la honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura.--- Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.--- Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta; diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela , Secretaria.--- Presentes.

Me refiero a su oficio número D.G.P.L. 60-II-4-941, de fecha 29 de noviembre de 2007, por medio del cual se refiere a la aprobación del punto de acuerdo a través del cual se exhorta al ingeniero Juan Rafael Elvira Quezada, en su carácter de titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y en virtud de que el gobierno del estado de Puebla no ha cumplido con lo establecido en el acuerdo de coordinación mediante el cual se transfiere la administración del parque nacional La Malinche se proceda a dar por terminado dicho convenio y la Federación retome la administración y manejo de esa área natural protegida.

Sobre el particular, me permito informarles que se está realizando un análisis del punto de acuerdo referido en el párrafo inmediato superior, a efecto de determinar la conveniencia de dar por terminado el mismo, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula décima segunda.

No obstante, en relación con el hecho controvertido, de conformidad con lo dispuesto en el punto 7 de la cláusula octava del citado acuerdo de coordinación, la dirección responsable del parque nacional La Malinche informa a esta Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno del estado de Puebla no expidió credenciales para la comercialización de leña y carbón, identificaciones que confirió son únicamente para recolección de leña y elaboración de carbón vegetal para uso domestico.

La credencial cuenta con una leyenda que dice textualmente: ``no es un permiso para comercializar, es exclusivamente para uso doméstico, es intransferible y su mal uso será responsabilidad exclusivamente del que se identifica con la presente'', con vigencia al 31 de diciembre del 2007, con el fin de evitar la extorsión por parte de algunos elementos de la policía municipal de la localidad.

Se aclara que las credenciales expedidas no son 600, como se menciona en el exhorto, se expidieron 194 y únicamente fueron entregadas 162.

En virtud de lo anterior, esta Dirección Regional Centro y Eje Neovolcánico de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas remitirá a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales la conclusión del análisis de valoración de los puntos vertidos en el punto de acuerdo de fecha 16 de octubre de 2007.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi consideración más distinguida.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Cuernavaca, Morelos, a 18 de enero de 2008.--- Guillermo Ramírez Filippini (rúbrica), director regional.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento. Continúe la Secretaría, por favor.



REUNION INTERPARLAMENTARIA MEXICO-CANADA

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se integra la delegación de diputados que participará en la XV Reunión Interparlamentaria México-Canadá, a celebrarse en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, los días 17, 18 y 19 de febrero de 2008

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1, inciso c), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito comunicar a usted, con objeto de que se someta al Pleno, la integración de la delegación de la Cámara de Diputados que participará en la XV Reunión Interparlamentaria México-Canadá, a celebrarse en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, los días 17, 18 y 19 de febrero de 2008.

Acuerdo

Primero . Se autoriza la realización de la XV Reunión Interparlamentaria México-Canadá, por celebrarse en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, los días 17, 18 y 19 de febrero de 2008.

Segundo . La designación de la delegación acordada por este órgano de gobierno en sesión de fecha 13 de febrero del presente año, respecto de los legisladores que se propone integren la delegación que participará en la XV Reunión Interparlamentaria México-Canadá , a celebrarse en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, los días 17, 18 y 19 de febrero de 2008.

• Diputada María Eugenia Campos Galván PAN
• Diputado Antonio Berber Martínez PAN
• Diputada Omeheira López Reyna PAN
• Diputado Javier Hernández Manzanares PRD
• Diputado Raymundo Cárdenas Hernández PRD
• Diputado Gilberto Ojeda Camacho PRI
• Diputado Salvador Barajas del Toro PRI
• Diputada Guadalupe García Noriega PVEM
• Diputado Ramón Valdés Chávez Conv
• Diputado Rodolfo Solís Parga PT
• Diputada Irma Piñeyro Arias NA
• Diputada Marina Arvizu Rivas Alt

Tercero. Asimismo, dicha reunión será presidida por la diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva.

De igual forma la Vicepresidencia estará a cargo de la diputada María Eugenia Campos Galván .

Cuarto. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Palacio Legislativo, México, Distrito Federal, a 13 de febrero de 2008.--- Junta de Coordinación Política: Diputado Héctor Larios Córdova (rúbrica), Presidente de la Junta de Coordinación Política y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado Javier González Garza (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Emilio Gamboa Patrón (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Diputado Alejandro Chanona Burguete (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia; Diputada Gloria Lavara Mejía (rúbrica), Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Diputado Ricardo Cantú Garza (rúbrica p.a.), Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Diputado Miguel Ángel Jiménez Godínez (rúbrica), Coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza; Diputada Aída Marina Arvizu Rivas , Coordinadora del Grupo Parlamentario de Alternativa.»

En votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría, por favor.



PRESTAR SERVICIOS EN REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DAP- 00066/08, el ministro Amando Álvarez Reina, director general para Asia-Pacífico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se cita a continuación, pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Ángel Mendoza García.
Puesto: Chofer.
Lugar de Trabajo: Embajada de la República Popular de China en México.

Por lo anterior, me permito anexar para la integración de su expediente copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y original del escrito en el que solicita se realicen los trámites correspondientes, asimismo copia simple de su identificación oficial.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 5 de febrero de 2008.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DGE- 00225/08, José Ignacio Madrazo, director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la persona que se cita a continuación pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Rogelio Martínez Guzmán.
Puesto: Subalterno.
Lugar de Trabajo: Embajada del Reino de España en México.

Por lo anterior me permito anexar, para la integración de su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y original del escrito en que solicita que se realicen los trámites correspondientes; asimismo copia simple de su identificación oficial.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 5 de febrero de 2008.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número AMO/02398, Ana Luisa Fajer, directora general para África y Medio Oriente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita que se tramite ante el honorable Congreso de la Unión el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la persona que se cita a continuación, pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Martín Esteva Sánchez.
Puesto: Mensajero.
Lugar de Trabajo: Embajada de la República Árabe de Egipto en México.

Por lo anterior me permito anexar para la integración de su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y original del escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes, así como copia simple de su identificación oficial.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 8 de febrero de 2008.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DAN- 00324, el licenciado Alejandro Estivill, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, Apartado C), del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se cita a continuación, pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Thalía Isabella Saenger Pedreto.
Puesto: Asistente de Pasaportes en la Sección Consular.
Lugar de Trabajo: Embajada de Canadá en México.

Por lo anterior me permito anexar para la integración de su expediente, copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y original del escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes, asimismo copia simple de su identificación oficial.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 5 de febrero de 2008.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnense a la Comisión de Gobernación.



SEPARACION DEL ESTADO Y LAS IGLESIAS

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-11-1-928 signado por las diputadas Ruth Zavaleta. Salgado y Patricia Villanueva Abraján , Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 400/ 003 /2008, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales se responde el punto de acuerdo relativo al respeto al Estado laico y la separación del Estado y las iglesias.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 6 de febrero de 2008.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su atento oficio número SEL/300/4323/07, recibido en esta subsecretaría el pasado 12 de noviembre, mediante el cual remite, para conocimiento y efectos legales que correspondan, copia del punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en sesión celebrada el 30 de octubre de 2007, en el que se hace un exhorto a la Secretaría de Gobernación, para que, a través de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, realice los actos necesarios que son de su competencia, a fin de garantizar el respeto al Estado laico y la separación del Estado y las iglesias, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Al respecto, me permito adjuntar al presente una nota en la que se expone la opinión de esta dependencia en relación con dicho asunto.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi especial consideración.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, a 7 de enero de 2008.--- Licenciado Florencio Salazar Adame (rúbrica), subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Se da respuesta al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 30 de octubre de 2007

1. Antecedentes

Con fechas 26 de abril y 22 de agosto de 2007, las diputadas Silvia Oliva Fragoso y Maricela Contreras Julián , ambas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sometieron a la consideración de la Cámara de Diputados y de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, respectivamente, sus proposiciones con punto de acuerdo, para exhortar, la primera de ellas, a la Secretaría de Gobernación a conducirse con estricto apego a la legalidad, garantizando el cumplimiento del artículo 130 constitucional y, la segunda, a las autoridades del país, así como a los actores públicos, a que respeten el principio de laicidad del Estado mexicano.

Las proposiciones antes referidas fueron turnadas para su estudio y dictamen a la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, la cual consideró importante seguir fortaleciendo los principios que rigen el derecho eclesiástico mexicano, particularmente en lo que se refiere al Estado laico, así como el principio de separación del Estado y las iglesias, concluyendo que la autoridad competente debe ser garante del cumplimiento de las disposiciones constitucionales establecidas en los artículos 24 y 130 de la Constitución Federal, además de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia y aplicación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y su Reglamento, por lo que dicha comisión consideró viable exhortar a la Secretaría de Gobernación para que realice los actos necesarios a efecto de garantizar el respeto del Estado laico.

Por lo anterior, en la sesión celebrada el 30 de octubre de 2007, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, aprobó el siguiente punto de acuerdo:

``Acuerdo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que, a través de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, realice los actos necesarios que le son competentes para garantizar el respeto del Estado laico y la separación del Estado y las iglesias establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público''.

2. Opinión

Al respecto, es importante señalar que la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, y esta última a través de la Dirección General de Asociaciones Religiosas, ha vigilado en todo momento la debida aplicación de las leyes del país en materia religiosa, particularmente en lo que se refiere al principio de separación del Estado y las iglesias, previsto en la cúspide del artículo 130 de la Carta Magna, y al carácter laico del Estado mexicano, que establece expresamente el artículo 3o., párrafo primero, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

En efecto, tanto en la presente administración, como en las anteriores, a partir de la entrada en vigor de las reformas constitucionales a los artículos 3o., 5o., 24, 27 y 130, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992, se ha dado atención y seguimiento oportuno a las denuncias que se han presentado ante la propia dependencia, relacionadas con posibles actos constitutivos de infracciones a la normatividad aplicable en materia religiosa y, en los casos en que ha sido procedente la instauración del procedimiento administrativo previsto en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, se han emitido, por parte de la comisión sancionadora a que se refieren los artículos 30 de la misma ley y 38 de su Reglamento, las resoluciones correspondientes con estricto apego a derecho.

Aunado a ello, la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, si bien impulsa como uno de sus objetivos fundamentales garantizar la libertad religiosa a los gobernados mediante un proceso de atención efectiva a sus necesidades y demandas en materia religiosa, así como la difusión del marco normativo correspondiente y el fomento de la tolerancia religiosa, lo hace preservando el Estado laico como escenario y presupuesto para que tenga lugar el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales, con pleno respeto al principio de separación del Estado y las iglesias. Además, acorde con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 --que plantea que el gobierno es el primer obligado a cumplir y hacer cumplir la ley, garantizando las libertades y los derechos de todos los mexicanos-- el Ejecutivo federal, y por consiguiente la Secretaría de Gobernación, asume su compromiso de laicidad no para desentenderse del ámbito religioso, sino por el contrario, para respetarlo y garantizar el derecho fundamental de libertad religiosa y establecer mecanismos de colaboración con las distintas asociaciones religiosas para trabajar juntos por el bien común.

De lo anterior, se desprende que esta dependencia da cabal cumplimiento a la aplicación de las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y su Reglamento, en lo que se refiere a realizar los actos necesarios que son de su competencia para garantizar el respeto del Estado laico, así como la separación del Estado y las iglesias.

Por otra parte, con relación a las manifestaciones vertidas en las Consideraciones 4 y 5 del dictamen con punto de acuerdo de la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, en donde se emplea la expresión: ``embestidas contra el laicismo'', y la relativa que considera que ``... el respeto al laicismo mexicano ha permitido caminar en armonía, tolerancia y respeto a las diversas formas de pensamiento por lo que es la manera por la cual deben desempeñarse los servidores públicos o representantes populares.'', se considera pertinente señalar que los términos ``laicismo'' y ``laicidad'' tienen dos significados diferentes, por lo que no se pueden utilizar indistintamente.

Cuando se habla del carácter laico del Estado, el término a que se debe referir es el de laicidad, que no es sinónimo de anticlericalismo, intolerancia, indiferencia o aversión a la religión, sino que laicidad implica la distinción y separación del Estado y las iglesias, la del poder político-administrativo del Estado, de lo religioso y, por consiguiente, una neutralidad o a confesionalidad del Estado, que no asume ninguna religión como propia u oficial; estableciendo el reconocimiento explícito tanto del derecho de libertad religiosa, como de la existencia sociológica de las iglesias y agrupaciones religiosas, mismas que, con su registro como asociaciones religiosas, gozan de personalidad jurídica y de igualdad ante la ley, evitando cualquier discriminación. En cambio, con el término laicismo, si bien se ha identificado aquella doctrina que tiende a considerar a las instituciones estatales como ajenas a toda influencia eclesiástica o religiosa, destaca un marcado carácter anticlerical y hasta antirreligioso.

Por lo que de ello se desprende que identificar laicidad con laicismo puede traducirse en una tendencia a contraponer supuestos valores laicos a las religiones, a fin de generar intolerancia hacia las creencias y las instituciones religiosas.

Por último, en lo referente a la consideración 13 del dictamen con punto de acuerdo en comento, que señala: ``Esta comisión considera importante seguir fortaleciendo los principios que rigen el derecho eclesiástico mexicano...'', cabe precisar que el concepto de derecho eclesiástico mexicano, influenciado por la doctrina española en esta materia, es limitativo puesto que en principio hace referencia a lo eclesiástico, a las iglesias, y no todas las comunidades religiosas se erigen en esta forma, tales como: las comunidades judías, budistas, hinduistas, entre otras. Es por lo anterior, entre otras razones, que convendría hablar no ya de ``derecho eclesiástico'' sino de ``derecho religioso mexicano'' como el conjunto de normas del Estado relativas al factor religioso que atiende a las necesidades e intereses religiosos a nivel individual (persona jurídica individual), corporativo (iglesias, agrupaciones religiosas como asociaciones religiosas) y colectivo (pueblos indígenas, respecto a sus usos y costumbres religiosos), bajo los principios de libertad religiosa, laicidad y separación del Estado y las iglesias (o comunidades religiosas). Lo anterior, sin perder de vista que el núcleo del derecho religioso mexicano es la libertad religiosa, cuyo fundamento es la dignidad de la persona humana.

7 de enero de 2008.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.



ESTADO DE JALISCO

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-4-980 signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Santiago Gustavo Pedro Cortés , Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SOT/007/08 suscrito por el licenciado Francisco Madrid Flores, subsecretario de Operación Turística de la Secretaría de Turismo, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo por el que se solicita considerar a la ribera de Chapala de Jalisco, en el programa Pueblos Mágicos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 6 de febrero de 2008.---Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Turismo.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su oficio número SEL/300/5290/07 dirigido al licenciado Rodolfo Elizondo Torres, secretario de Turismo, a través del cual nos informa que mediante oficio D.G.P.L. 60-II-4-980 los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Santiago Gustavo Pedro Cortés , Presidenta y Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, comunicaron a la Secretaría de Gobernación que en la sesión de 12 de diciembre de 2007, celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se aprobó el acuerdo mediante el cual ``la Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, en el ámbito de colaboración entre los poderes, para que instruya al titular de la Secretaría de Turismo, para que considere a la ribera de Chapala de Jalisco, en el programa Pueblos Mágicos'' al respecto, me permito comentarle lo siguiente:

El programa Pueblos Mágicos está encaminado específicamente a localidades dentro de los municipios; no así a zonas o regiones del país, como es el caso de la ribera de Chapala o también conocida como ``la costa norte del lago de Chapala''. Asimismo, se deben considerar los siguientes aspectos para la incorporación de una localidad al programa:

1. Derivado de la demanda de solicitudes de incorporación al programa Pueblos Mágicos y en razón de que para apoyar al mismo existen varias dependencias federales, se integró a principios del año 2006 el Comité Interinstitucional de Evaluación y Selección de Pueblos Mágicos (CIES), órgano que define la incorporación o no de las candidaturas presentadas.
2. Es indispensable que la candidatura de cualquier localidad interesada sea presentada por el municipio a través de la autoridad turística estatal, integrando el expediente correspondiente, en donde se observen cabalmente los requisitos contenidos en los criterios de incorporación al programa Pueblos Mágicos, los cuales anexo al presente. Una vez entregado el expediente la localidad es incorporada en la lista indicativa de localidades interesadas en pertenecer al programa y, en su oportunidad, evaluada por el CIES.
3. Los recursos que la Secretaría de Turismo reasigna a los gobiernos estatales y a los Pueblos Mágicos se llevan a cabo a través del convenio de coordinación y reasignación de recursos que suscribe con cada uno de los estados, por lo tanto es indispensable contar con el respaldo técnico y económico del gobierno estatal.

Considero necesario mencionar, muy respetuosamente, que el CIES; definió para el año 2008, que se daría prioridad a las localidades de entidades federativas que aún no cuentan con un pueblo mágico, siempre que cumplan con los criterios definidos para ello. Actualmente, Jalisco cuenta con tres localidades incorporadas al programa (Mazamitla en el 2005, Tequila en el 2003 y Tapalpa en el 2002).

Sin embargo, esta dependencia, en coordinación con la Secretaría de Turismo de Jalisco, está en posibilidades de apoyar proyectos de desarrollo turístico de obra pública en la zona de la ribera de Chapala, en el marco del convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos, sin necesidad de que alguna localidad de la región haya sido declarada pueblo mágico. A finales del año 2007 recibimos una primera solicitud de recursos por parte de las autoridades estatales de turismo para el desarrollo de proyectos en la zona en el 2008.

Sin otro particular, quedo de usted para cualquier comentario al respecto.

Atentamente
México DF, a 9 de enero de 2008.--- Licenciado Francisco Madrid Flores (rúbrica), subsecretario de Operación Turística.»

«Pueblos Mágicos.

Criterios de incorporación al programa Pueblos Mágicos

1. Involucramiento de la sociedad y autoridades locales

1.1. Compromiso de la sociedad local

Que la sociedad local en su conjunto o a través de una representación civil haya solicitado su incorporación al programa ante las autoridades estatales y/o federales.

Indispensable el compromiso de constituir un comité turístico pueblo mágico y/o algún organismo asociación civil o grupo pro pueblo mágico, que los represente como la voz de la comunidad ante autoridades e instancias gubernamentales. Muy importante que este comité turístico nombre un representante gestor-enlace que sea conductor y voz de ideas, proyectos y prioridades en ambas vías de y ante la comunidad y ante autoridades de los tres niveles de gobierno.

El programa Pueblos Mágicos basa su estrategia en la participación comunitaria, su inclusión y permanencia, sus avances y logros serán resultado del nivel de trabajo que la propia comunidad realice.

1.2. Compromiso de las autoridades estatales y municipales

Que las autoridades estatales y municipales hayan solicitado formalmente la incorporación de la localidad correspondiente al programa y comprometido una aportación económica inicial, así como la oportunidad de poner a disposición de la localidad sus estructuras organizacionales para la realización de las acciones, proyectos y programas de trabajo que deriven del binomio comunidad-autoridad municipal.

2. Instrumentos de planeación y regulación

Contar con un documento rector (instrumento de planeación) que haya considerado el desarrollo turístico local como una actividad prioritaria o estratégica para el desarrollo integral del municipio.

2.1. Planes de desarrollo municipal y estatal

Podrán ser considerados en la evaluación, planes y, programas estatales y municipales tales como; Plan Estatal de Desarrollo Sexenal; Plan Municipal de Desarrollo Trianual; de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial, de conservación ambiental; planes maestros de desarrollo urbano y turístico o bien aquellos que explícitamente estén orientados a la preservación del entorno cultural y natural (desarrollo sustentable).

Un pueblo mágico obligadamente deberá contar con un plan de desarrollo urbano turístico, en caso de no tenerlo, se podrá obtener la designación de pueblo mágico con la condición de que a partir de la integración total del expediente contara con un plazo de seis meses para presentar como mínimo los términos de referencia y el documento íntegro en un aplazo no mayor a 12 meses.

2.2. Programa de desarrollo turístico municipal

Contar con un plan o programa de desarrollo turístico municipal y/o estatal en donde la localidad candidata haya sido considerada como estratégica o relevante para el desarrollo turístico.

2.3. Reglamento de imagen urbana y plan de manejo en función del programa Pueblos Mágicos

La localidad candidata deberá contar y/o comprometer la elaboración y presentación de un reglamento de imagen urbana y un plan de manejo que articule las estrategias para los servicios públicos y atención al turismo, en un plazo no mayor a 6 meses posterior al haber recibido el nombramiento.

2.4. Programa de reordenamiento del comercio semifijo y/o ambulante

La localidad deberá comprometer un programa de reordenamiento del comercio semifijo o ambulante en las zonas de alta concentración de visitantes o en sitios de interés turístico y en el área de influencia de los mismos.

Nota: No confundir con la venta de productos tradicionales que dan vida a las plazas públicas; algodoneros, globeros, dulces típicos, cacahuateros, etcétera.

3. Impulso al desarrollo municipal

3.1. Programas diversos de apoyo al desarrollo municipal

La localidad candidata deberá mostrar que ha recibido apoyos directos de programas institucionales, estatales y/o federales que contribuyen y benefician directa o indirectamente su actividad turística.

3.2. Continuación y consolidación de programas y/o acciones de desarrollo turístico

El gobierno del estado deberá sustentar testimonialmente que la localidad candidata ha venido siendo apoyada, al menos en el tiempo de la gestión correspondiente o en un pasado reciente, mediante inversión pública para el turismo, programas turísticos en línea con los que ofrece la Sectur federal y otros que justifiquen una continuidad y relevancia en las prioridades estatales.

En este caso podrán registrarse programas de capacitación, talleres de desarrollo de productos, campañas turísticas dirigidas a la localidad; concientización, limpieza, etcétera.

4. Oferta de atractivos y servicios

4.1. Contar con un atractivo turístico simbólico

La localidad candidata deberá contar al menos con un atractivo turístico simbólico que la diferencie de otras localidades del estado, la región e inclusive dentro del país.

4.2. Contar con atractivos turísticos diferenciados

La localidad candidata deberá contar con una gama y diversidad de atractivos turísticos que en su conjunto signifiquen un nivel determinado de atracción turística para los mercados consumidores, a fin de consolidarlos y/o apoyar su despegue.

En los dos puntos anteriores será necesario describir explícitamente los siguientes apartados:

a) Arquitectura: considerar la armonía y conservación general de los elementos arquitectónicos, civiles o públicos, que dan carácter e identidad al poblado. No necesariamente deberán ser poblados con monumentos históricos, sino también pueblos con arquitectura vernácula o del siglo XX.
b) Edificios emblemáticos: destacar edificios que, por su estilo, historia o majestuosidad sean, por sí mismos, un elemento atractivo para el visitante.
c) Fiestas y tradiciones: como parte del patrimonio cultural inmaterial, cabe resaltar la importancia de las festividades locales, como elementos culturales que sustentan la vida de la comunidad.
d) Producción artesanal: una muestra de la creación e imaginación de los pueblos se presenta en su población artesanal como parte de la magia que los envuelve.
e) Cocina tradicional: elemento de fundamental importancia para resaltar el carácter de identidad y su vínculo con el turismo cultural es la cocina tradicional que se puede disfrutar en su contexto original.

4.3. Servicios turísticos que garanticen su potencial comercialización

La localidad candidata deberá contar dentro de su propio territorio, y/o en un radio de influencia no mayor a una hora distancia tiempo, de un destino turístico de soporte que cuente con los servicios turísticos de alojamiento y restaurantería al menos con un nivel intermedio.

4.4. Servicios de asistencia y seguridad

La localidad candidata deberá contar dentro de su propio territorio, y/o en un radio de influencia no mayor a una hora distancia tiempo, de una población soporte que cuente con los servicios de salud y seguridad pública para la atención del turismo en caso de ser necesario en una situación de emergencia.

5. Valor singular - la magia de la localidad

5.1. Sustentar una tesis sobre la magia de la localidad

Las localidades candidatas, a través del gobierno estatal, deberán presentar un ensayo sobre los atributos mágicos que justifiquen su candidatura y potencial incorporación al programa. Por lo que será indispensable que se resalten los atributos y valores histórico-culturales de la localidad, de la gente y del espacio físico urbano cuando se trate de una localidad con vocación definida para el turismo cultural. En el caso de que la localidad resulte potencial para otros tipos y formas de turismo, por ejemplo, naturaleza, salud o rural entre otros, será indispensable que el destaque se realice precisamente para orientar esa vocación como complemento del turismo cultural.

5.2. Declaratoria de zona de monumentos históricos

La localidad candidata deberá contar con un documento que avale que su patrimonio está en proceso o ha sido declarado zona de monumentos históricos por alguna institución gubernamental del nivel estatal o federal. O bien debe contar con un catálogo del patrimonio inmobiliario avalado por un organismo oficial.

5.3. Acciones de conservación del patrimonio tangible e intangible

La localidad candidata debe basar su argumentación en el rescate o preservación de su patrimonio cultural tangible e intangible. Destacando aquellas expresiones que significan de manera especial como atractivo o motivo de visita a la localidad.

6. Condiciones y espacios territoriales

6.1. Accesibilidad terrestre

La localidad candidata deberá ubicarse en una distancia no superior a los 200 kilómetros o el equivalente a 2 horas distancia tiempo vía terrestre, a partir de un destino turístico consolidado o bien de una población considerada como mercado emisor.

Las condiciones de las carreteras, caminos rurales, brechas y/o accesos deberán presentar al momento de la candidatura condiciones que garanticen seguridad para tiempos de itinerarios, uso de automóviles, camionetas y/o autobuses turísticos, entre otros.

6.2. Factibilidad para la comercialización turística

La localidad candidata deberá estar integrada o ser susceptible de integrase o bien fortalecer en el corto plazo a un circuito, un corredor o una ruta turística comercializable.

6.3. Producto turístico

La localidad candidata deberá presentar algunos testimoniales de la manera en que está integrado su producto turístico, o bien algunas propuestas de la forma en que se integrará a nivel del destino: También deberá destacarse la existencia de algún producto turístico especializado potencial o por consolidar dentro de la localidad.

7. Impacto del turismo en la localidad y área de influencia

7.1. Sistema de información turística estatal

Que la localidad candidata de la entidad correspondiente, esté incorporada, por un lado, al sistema de información turística para la toma de decisiones (mínimo indicadores básicos de la actividad); y por el otro, que esté participando de acciones para orientar e informar al turista mediante señalización y mapeo en principales accesos a sitios de interés turístico. Así como con la producción y distribución de materiales informativos impresos y digitales (páginas de Internet, ligas a Sectur, CPTM y Secretaría de Turismo estatal.

7.2. Valoración del impacto turístico a nivel regional y/o municipal

La localidad candidata deberá mostrar que en una determinada área de influencia se ha venido generando trabajo de desarrollo turístico reflejado en inversión privada y social en desarrollos turísticos culturales, rurales, de naturaleza y otros tipos de turismo; trabajadores de empresas turísticas y/o socios de empresas comunales y/o ejidales, que se hayan incorporado al empleo turístico recientemente; participado en programas de capacitación; nacimiento de nuevas empresas turísticas y relacionadas, etcétera. Nota: se refiere al impacto directo de la actividad turística en la localidad - indicadores relevantes del comportamiento turístico.

8. Desarrollo de capacidades locales

8.1 Taller de inducción programa Pueblos Mágicos

Es indispensable que aquella localidad candidata reciba previo a la integración de su expediente, una capacitación inducción de lo que es el programa Pueblos Mágicos y su alcance, con la finalidad de no distorsionar los objetivos del mismo.

8.2. Taller de planeación y gestión del turismo cultural

Una vez conformado el comité turístico pueblo mágico y sus grupos de trabajo será obligatoria la participación de los mismos en los .talleres de integración de su programa Pueblos Mágicos y al de Planeación y Gestión del Turismo Cultural.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.



PEMEX

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.60-II-6-1530, signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y María Mercedes Maciel Ortiz , Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número PFPA/SII/196.3/0394-07, suscrito por el ingeniero Gustavo Mario González González, subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al accidente en la plataforma Usumacinta, ocurrido el 23 de octubre de 2007.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 5 de febrero de 2008.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su atento oficio número SEL/300/4353/07, de fecha 1 de noviembre de 2007, recibido en esta Subprocuraduría de Inspección Industrial, el día 12 del mismo mes y año, por el que tuvo a bien remitir al ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, secretario del ramo, copia del oficio número D.G.P.L. 60-II-6-1530, de fecha 31 de octubre del año en curso, a través del cual las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y María Mercedes Maciel Ortiz , Presidenta y Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respectivamente, comunicaron al licenciado Francisco Javier Ramírez Acuña, titular de la Secretaría de Gobernación, sobre el punto de acuerdo aprobado en la sesión celebrada el mismo día 31 de octubre, que a la letra dice:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las autoridades competentes para que se informe la probable responsabilidad de servidores públicos o terceros en el accidente de la plataforma Usumacinta ocurrido el 23 de octubre del presente año y que, a través de un peritaje independiente, realizado por instituciones especializadas, permita llegar a resultados confiables de las causas y consecuencias de este accidente.
Segundo. Se exhorta a la Semarnat para que cuantifique e informe de los daños ecológicos derivados de este mismo hecho.
Tercero. Se exhorta a las autoridades competentes, para que cuantifiquen e informen de los daños ecológicos, económicos y sociales, derivados de este mismo hecho.

Sobre el particular, por instrucciones superiores, aprovecho este conducto para acusar recibo de su referido escrito y hacer de su conocimiento que para atender el citado punto de acuerdo, en la esfera de su competencia, entre otras cosas, esta Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, una vez que se den las condiciones de seguridad necesarias en la plataforma petrolera a que se ha hecho referencia, y que éstas puedan ser visitadas e inspeccionadas, realizará los actos de inspección que resulten necesarios en materia ambiental, para verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en materia de prevención y control de la contaminación por parte de la empresa paraestatal Pemex o de quien o quienes resulten responsables, dictará las medidas técnicas correctivas y de remediación que procedan, e impondrá las sanciones aplicables conforme a derecho.

No obstante lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que, de manera permanente, a raíz del accidente que nos ocupa, personal de la procuraduría efectúa recorridos diarios de vigilancia en costas de Campeche y Tabasco, a fin de detectar la presencia de hidrocarburos y otros contaminantes en las mismas para, en su caso, ordenar las medidas técnicas correctivas de urgente aplicación que resulten procedentes, trabajando además de forma coordinada y permanente con un grupo interinstitucional en Campeche y Tabasco que evalúa las acciones y los efectos del derrame en comento de forma semanal.

Por último, me permito informarle que este órgano desconcentrado ha venido participando activamente en la integración de las comisiones y comités que dan seguimiento a las acciones que se llevan a cabo para la atención de dicho accidente, así como en las reuniones de trabajo celebradas en el seno de los mismos, opinando y actuando en lo que a sus facultades se refiere.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo y ponerme a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente
México, DF, a 22 noviembre de 2007.--- Ingeniero Gustavo Mario González González (rúbrica), subprocurador.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.



VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 60-II-3-953, signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y Patricia Villanueva Abraján , Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 170 / UCVPS / DGAVS / 00654 / 2008, suscrito por María de los Ángeles Fromow Rangel, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social, de la Secretaría de Salud, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a las acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 5 de febrero de 2008.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Salud.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su oficio SEL/300/4328/07, relacionado con el punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación, Desarrollo Social, de Seguridad Pública, de Educación Pública, y de Salud; a la Procuraduría General de la República y al Instituto Nacional de las Mujeres para que, en el ámbito de sus competencias, refuercen las acciones relativas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que presentó la diputada Margarita Esther Zavala Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN, el 28 de abril de 2005.

Al respecto, me permito acompañar oficio 0048, suscrito por el doctor Fernando Meneses González, coordinador de asesores de la Secretaría de Prevención y Promoción de la Salud, agradeciendo si valiosa intervención, a efecto de remitir esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 15 de enero de 2008.--- María de los Ángeles Fromow Rangel (rúbrica), titular de la Unidad.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Salud.

Doctor Lucio Galileo Lastra Marín, responsable de la dirección general adjunta de Vinculación Social.--- Presente.

Doy respuesta a la solicitud que hace en su oficio número 170 / UCVPS / DGAVS / 1202 / 2007, con relación a la aprobación del dictamen de la Comisión de Gobernación con punto de acuerdo relativo a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, cuyo primer resolutivo exhorta respetuosamente a diversas instancias públicas para que, en el ámbito de su competencia, refuercen las acciones relativas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Al respecto del mismo que fue promovido por la diputada Margarita Esther Zavala Gómez, del Grupo Parlamentario PAN, me permito anexar la opinión técnica emitida por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.

Sin otro particular.

México, DF, a 14 de enero de 2008.--- Doctor Fernando Meneses González (rúbrica), coordinador de asesores.»

«Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva

Opinión Técnica: Dictamen de la Comisión de Gobernación con punto de acuerdo relativo a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

La Comisión de Gobernación de la honorable Cámara de Diputados, tomando en consideración como antecedente una propuesta de punto de acuerdo de la diputada Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, así como de la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece la responsabilidad de diversas dependencias de la administración pública federal de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en el ámbito de sus competencias, presenta al Pleno el punto de acuerdo de exhortar respetuosamente a la Secretaría de Salud, entre otras dependencias de la administración pública federal para que, en el ámbito de su competencia, refuercen las, acciones relativas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

En este sentido, valdría la pena señalar a la comisión, que la Secretaría de Salud ha venido desarrollando desde 2002 acciones para instrumentar un programa de prevención y atención a la violencia familiar y de género, mismo que a la fecha opera en los servicios estatales de salud de las 32 entidades federativas, cuenta con 207 servicios especializados para la atención de la violencia familiar y de género, y atendió para 2007 más de 35 mil mujeres víctimas de violencia; todo ello bajo la Coordinación del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría.

El tema quedó incluido como parte del Programa Nacional de Salud, como una línea de acción con una meta sectorial de ampliar la cobertura de atención en servicios especializados a un 20 por ciento de las mujeres que viven en violencia severa, así como de realizar campañas de promoción del derecho a una vida libre de violencia y de los servicios que para este problema ofertan las unidades de salud.

Por primera vez se publicará como programa de acción, el Programa de Prevención de la Violencia Familiar y de Género, que contempla una serie de estrategias e intervenciones para prevenir y atender este problema de salud pública, con metas e indicadores específicos que se publicará en el primer trimestre de 2008.

Como parte de este programa, desde 2003 se transfieren recursos a instituciones y organizaciones de la sociedad civil para la operación de refugios para mujeres sus hijos e hijas que viven en violencia extrema, en los cuales se atienden un promedio de 900 mujeres al año.

Desde el 2006, la atención médica y psicológica para la violencia familiar y sexual está incorporada a las acciones que financia el Seguro Popular a través del Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud.

Los esfuerzos que ha realizado la secretaría por mantener y ampliar este programa se han sostenido durante el 2007 y se tiene previsto seguir reforzándolo durante toda la administración.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.



ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 60-II-5-1165 signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Jacinto Gómez Pasillas , Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número 4062 suscrito por el general de brigada Diplomado del Estado Mayoy Luis Arturo Oliver Cen, subjefe operativo del Estado Mayor de la Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a las acciones implantadas en la denominada ``Operación Tijuana''.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 5 de febrero de 2008.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de la Defensa Nacional.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Por medio del presente me es grato enviarle un cordial saludo y en relación a su oficio número SEL/300/4483/07, de fecha 9 de noviembre de 2007, hago de su conocimiento lo siguiente:

El municipio de Tijuana, Baja California, constituye un área en la que confluyen problemas derivados del trafico ilícito de personas, armas y droga; por lo que en acatamiento a la directiva presidencial de combatir de manera más decidida al narcotráfico y delincuencia organizada, se planeó y coordinó una operación conjunta.

La participación del personal militar en la referida operación ``Tijuana'', se debió a la petición expresa fundada y motivada de la autoridad civil competente.

Misma que dio inicio el 3 enero de 2007, con un efectivo de 2 mil 620 elementos, 247 vehículos y 28 embarcaciones orgánicas de la II Región Militar, contando con el apoyo de 21 aeronaves de ala fija y 9 de ala rotativa de la Fuerza Aérea Mexicana; habiendo desplegado 8 puestos de control, 15 patrullas de reconocimiento, 6 bases de operaciones anfibias y 3 fuerzas de reacción; lo cual permitió que personal militar actuara en áreas rurales del municipio de Tijuana, Baja California; asimismo la disponibilidad de aeronaves amplió el rango de las operaciones con los siguientes resultados:

• Se destruyeron 868 plantíos de mariguana en 93.5 hectáreas y 2 plantíos de amapola en 0.6300 hectáreas.
• Fueron asegurados 23 mil 923 kilogramos de mariguana, 44 kilogramos de semilla de mariguana, 38 kilogramos de cocaína, 3 kilogramos heroína, 15 kilogramos --de cristal, 127 armas de fuego, 70 vehículos, 3 embarcaciones. 345 mil 503 pesos y 407 mil 973 dólares americanos.
• Se detuvieron a 136 personas nacionales y 6 extranjeras las cuales, fueron puestas inmediatamente a disposición de la autoridad civil correspondiente.

Por lo anterior, mucho agradeceré que por conducto de esa Subsecretaría a su digno cargo, se informe lo antes citado a la diputada Ruth Zavaleta Salgado .

Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.
Lomas de Sotelo, DF, a 18 de enero de 2008.--- General de Brigada Diplomado del Estado Mayor Luis Arturo Oliver Cen (rúbrica), subjefe operativo del Estado Mayor de la Defensa Nacional.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-3-1091 signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y María Mercedes Maciel Ortiz , Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPCIN/0174/08 suscrito por Óscar Pimentel González, director general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la situación laboral del personal adscrito a las direcciones generales de Erradicación y de Servicios Aéreos.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 6 de febrero de 2008.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Procuraduría General de la República.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Por instrucciones de la licenciada Claudia Ruiz Massieu Salinas, coordinadora de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, y en respuesta a su oficio SEL/300/ 5155/07, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en el que se solicita se informe la situación del personal de la Dirección General de Erradicación y de la Dirección General de Servicios Aéreos, me permito informarle que de 199 trabajadores que realizaban labores de erradicación de cultivos ilícitos, adscritos a la Dirección General de Servicios Aéreos, a la fecha se han incorporado 154 al programa de conclusión de la prestación de servicio en forma definitiva 2007, toda vez que dicha actividad dejó de realizarse en esta institución por instrucción presidencial, y los 45 restantes se encuentran en proceso de capacitación permanente dentro de su jornada laboral.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, a 11 de enero de 2008.--- Óscar Pimentel González (rúbrica), director general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.



ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 60-II-5-1165 signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Jacinto Gómez Pasillas , Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número SSP/SEIP/0019/2008 suscrito por el licenciado José Patricio Patiño Arias, subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, así como el anexo que en el mismo se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo sobre la estrategia conjunta denominada ``Operación Tijuana''.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 6 de febrero de 2008.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Seguridad Pública.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Por este medio y en atención a su oficio SEL/300/4485/07, en el que refiere el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, donde se exhorta al Ejecutivo federal a informar respecto a la evaluación de las acciones y resultados de la estrategia denominada ``Operación Tijuana'', anexo al presente, oficio PF/CFF/DGAO/ 18466/07, firmado por el comisario general Rodolfo Cruz López, coordinador general de Fuerzas Federales de Apoyo, en el que informa las acciones que se han implantado.

Con atención.
México, DF, a 21 de enero de 2008.Licenciado José Patricio Patiño Arias (rúbrica), subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Seguridad Pública.

Licenciado Patricio Patiño Arias, subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial.--- Presente

En relación a la tarjeta con el folio 0002621, girada por esa subsecretaría, en la cual se remite el punto de acuerdo aprobado por el Pleno del honorable Congreso de la Unión, respecto a la evaluación de las acciones realizadas y resultados en el operativo conjunto ``Tijuana''.

Al respecto se informa que a la fecha esta Coordinación de Fuerzas Federales lleva a cabo las siguientes acciones, con el fin de combatir al crimen organizado, prevenir la comisión del delito, así como erradicar la violencia que se vive en el estado de Baja California:

Operativo Tijuana

Inició el operativo el 2 de enero de 2007 y esta vigente hasta la fecha, Tijuana. Ensenada, Mexicali.

Objetivo

Desarticular los grupos delictivos dedicados al narcotráfico y combatir la elevada incidencia de ejecuciones y de privaciones ilegales de la libertad, prevenir la comisión de delitos, intervenir en materia de seguridad publica en coadyuvancia con las autoridades competentes, teniendo la función primordial de salvaguardar la integridad física y derechos de las personas.

Efectivo

Se encuentran desplegados un total de 560 elementos en 35 vehículos en Baja California.

(Tijuana, Ensenada y Mexicali).

Acciones desarrolladas

De acuerdo a las demandas que exige el Operativo Tijuana, se han llevado a cabo las siguientes acciones:

• Patrullajes diurnos y nocturnos en circuitos metropolitanos en estrecha coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
• Puestos de inspección fijos en vías, carreteras y caminos de terracería.
• Puestos de inspección intermitentes en municipios y lugares sospechosos.
• Patrullajes mixtos permanentes en zonas de alta incidencia delictiva.
• Ubicación de domicilios, investigaciones en puntos de venta de droga al menudeo.
• Consultas a base de datos para verificar información sobre automóviles robados y antecedentes penales de personas.
• Atención a denuncias ciudadanas relacionadas con la delincuencia organizada y vinculada con el narcotráfico.
• Atender en tiempo real las llamadas de emergencia que denuncien la presencia de hombres armados y venta de droga.
• Recibir de parte de las autoridades estatales y municipales la estadística criminal, identificando los municipios con mayor incidencia para la definición de los operativos.
• Revisión de giros negros.
• Apoyo a la PGR y PGJ del estado, en el traslado de presuntos delincuentes de alta peligrosidad.
Respetuosamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, a 26 de noviembre de 2007.--- General Rodolfo Cruz López (rúbrica), coordinador general.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.



TRAFICO ILICITO DE ESPECIES DE VIDA SILVESTRE

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-1-1012, signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y Esmeralda Cárdenas Sánchez , Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar número PFPA/ SRN/ DGIVSRMEC/ 196.3/ 1130/ 07, suscrito por el maestro Alejandro Angulo Carrera, director general de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como los anexos que en el mismo se mencionan, mediante los cuales atiende el punto de acuerdo relativo a la procedencia de especies de vida silvestre transportadas en las carreteras federales de los estados de Oaxaca y Chiapas.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 5 de febrero de 2008.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Por medio de la presente me permito informarle, que en atención al punto de acuerdo aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 20 de noviembre del presente año mediante el cual se exhorta ``respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por medio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como a los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública, y de Comunicaciones y Transportes, a que por medio de sus órganos competentes de inspección y vigilancia se coordinen y coloquen puntos de inspección para llevar a cabo la verificación de la legal procedencia de especies de vida silvestre que son transportadas en las carreteras federales ubicadas en los estados de Oaxaca y Chiapas, a fin de combatir las prácticas de tráfico ilícito de especies'', se emitieron los oficios números PFPA/ SRN/ DGIVSRMEC/ 1122/ 196.1/ 2007 y PFPA/ SRN/DGIVSRMEC/ 1123/ 196.1/ 2007, mediante los cuales se solicitó su atención a las delegaciones de Chiapas y Oaxaca, respectivamente.

Por lo anterior, me permito comentar que, una vez que nuestras delegaciones informen sobre las acciones implantadas y resultados, esta dirección estará en posibilidad de remitir el informe correspondiente al honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 17 de diciembre de 2007.--- Maestro Alejandro Ángulo Carrera (rúbrica), director general de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre Recursos Marinos y Ecosistemas Costeros.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Ingeniero Juan Antonio Sandoval Flores, delegado de la Profepa en Chiapas.--- Presente.

En referencia al Oficio número PFPA/ SRN/ DGIVSRMEC/ 1004/ 982/ 196.1/ 2007, de fecha 9 de noviembre de 2007, mediante el cual se le informó sobre el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión en sesión de fecha 11 de octubre de 2007 y se le solicitó un informe de acciones que haya realizado esa delegación a su digno cargo en los municipios de referencia de enero de 2001 a la fecha, así como que se coordine con la delegación de la Procuraduría General de la República en el estado de Chiapas para que se elabore una propuesta para atender dicho punto de acuerdo, le solicito de la manera más atenta que a la brevedad posible emita una respuesta al respecto a esta dirección general.

Asimismo le informo que en oficio número D.G.P.L. 60-II-1-1012, las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y Esmeralda Cárdenas Sánchez , Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, han comunicado al titular de esta dependencia, el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el día 20 del actual, que a continuación hago de su conocimiento:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por medio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como a los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública, y de Comunicaciones y Transportes, a que por medio de sus órganos competentes de inspección y vigilancia se coordinen y coloquen puntos de inspección para llevar a cabo la verificación de la legal procedencia de especies de vida silvestre que son transportadas en las carreteras federales ubicadas en los estados de Oaxaca y Chiapas, a fin de combatir las prácticas de tráfico ilícito de especies.

Debido a lo anterior le solicito de la manera más atenta se le dé pronta atención a ambos puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, para lo cual deberá coordinarse con las Secretarías de Seguridad Pública, y de Comunicaciones y Transportes, e informar a esta dirección general sobre los avances obtenidos.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 13 de diciembre de 2007.--- Ingeniero Joel González Moreno (rúbrica), con fundamento en lo dispuesto en el artículo 154 del Reglamento Interior de la Semarnat, por ausencia del director general del periodo del 10 al 14 de diciembre de 2007, firma el director de Inspección de Vida Silvestre, de conformidad con el oficio PFPA/DGIVSRMEC/1119/07.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado José Francisco Félix Sánchez, delegado de la Profepa en el estado de Oaxaca.--- Presente.

Por medio del presente le informo que en oficio número D.G.P.L. 60-II-1-1012, las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y Esmeralda Cárdenas Sánchez , Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, han comunicado al titular de esta dependencia, el punto de acuerdo aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada el día 20 del actual, mismo que a continuación hago de su conocimiento:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por medio de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como a los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública, y de Comunicaciones y Transportes, a que por medio de sus órganos competentes de inspección y vigilancia se coordinen y coloquen puntos de inspección para llevar a cabo la verificación de la legal procedencia de especies de vida silvestre que son transportadas en las carreteras federales ubicadas en los estados de Oaxaca y Chiapas, a fin de combatir las prácticas de tráfico ilícito de especies.

Debido a lo anterior le solicito de la manera más atenta se coordine con las Secretarías de Seguridad Pública, y de Comunicaciones y Transportes para que se le de pronta atención al punto de acuerdo antes citado. Asimismo le solicito que informe a esta dirección general, con la mayor brevedad, sobre las acciones que realicen para su atención.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 13 de diciembre de 2007.--- Ingeniero Joel González Moreno (rúbrica), con fundamento en lo dispuesto en el artículo 154 del Reglamento Interior de la Semarnat, por ausencia del director general del periodo del 10 al 14 de diciembre de 2007, firma el director de Inspección de Vida Silvestre, de conformidad con el oficio PFPA/DGIVSRMEC/1119/07.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.



VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-3-953 signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y Patricia Villanueva Abraján , Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UPDDH/911/30/08 suscrito por el doctor Estuardo Mario Bermúdez Molina, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a las acciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 5 de febrero de 2008.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Por instrucciones del subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y en relación a su oficio SEL/300/ 4324/07 de fecha 31 de octubre del año en curso, mediante el cual hace de nuestro conocimiento el punto de acuerdo relativo a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, aprobado el 30 de octubre de 2007 por el Pleno de la Cámara de Diputados, que señala:

``Primero. Se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de Seguridad Pública, de Educación y de Salud; a la Procuraduría General de la República y al Instituto Nacional de las Mujeres para que, en el ámbito de su competencia, refuercen las acciones relativas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.''

Es menester señalar que dentro de las acciones a destacar se encuentra la señalada en el artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que indica que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Sistema) es presidido por la Secretaría de Gobernación.

De acuerdo a lo anterior, el Sistema ha sesionado en tres ocasiones desde la entrada en vigor de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia:

I. Sesión extraordinaria celebrada el 11 de mayo de 2007. Con esta primera sesión quedó instaurado el Sistema.
II. Segunda sesión ordinaria, celebrada el 20 de agosto de 2007, en la que se acordó formar una comisión integrada por los estados de Puebla, Morelos, México, Chiapas, Chihuahua, Michoacán y Coahuila así como representantes de la administración pública federal los cuales realizarán las modificaciones pertinentes al Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujeres. Así como las fechas y la metodología para elaborar el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres.
III. Tercera sesión ordinaria celebrada el 3 de diciembre de 2007, en la que se acordó que hasta el 20 de diciembre de 2007 los titulares de los ``Mecanismos de Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas enviarán sus comentarios para enriquecer el Modelo Nacional de Atención Integral para las Víctimas de Violencia de Género''. De igual forma se acordó que se enviarán hasta el día 20 de diciembre de 2007 los comentarios relacionados con los mecanismos para la integración de la metodología para elaborar el Diagnóstico Nacional sobre todas las Formas de Violencia contra las Mujeres y las Niñas . Asimismo se consideró la importancia de incluir en los Anexos de Ejecución del Convenio Marco de Coordinación en Derechos Humanos, un compromiso específico sobre la coordinación para la elaboración de los diagnósticos estatales sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas a cargo de los secretarios generales de Gobierno de los estados como órgano técnico. También se acordó que se realizará una convocatoria pública a las organizaciones de la sociedad civil para la integración de una mesa de trabajo.

Finalmente, se acordó en la sesión en referencia lo siguiente: ``respecto al proceso de armonización legislativa en las entidades federativas, las titulares de los Mecanismos de Adelanto de las Mujeres en las Entidades Federativas sugirieron que el secretario de Gobernación, en su calidad de presidente del SNPASEVM, enviara un oficio exhortando a los gobernadores de aquellos estados que no cuentan aún con una ley estatal en la materia para que hagan lo conducente''.

Otras de las acciones realizadas por esta dependencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, son las ejecutadas por la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, las cuales consisten en lo siguiente:

``La Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, creada por decreto presidencial el 18 de febrero de 2004, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, ha desarrollado, una intensa labor de seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos en el caso particular de la desaparición y homicidio de mujeres en Ciudad Juárez.

La Comisión para Juárez, si bien no tiene atribuciones en materia de procuración de justicia, dentro del marco de su competencia legal, ha implantado una labor en tres ejes de acción prioritarios: Atención a las Víctimas, Verdad y Justicia y Fortalecimiento del Tejido Social; a través de los cuales se busca atender las causas de la violencia de género, proteger los derechos de las víctimas y prevenir futuros crímenes contra las mujeres.

En el eje de Atención a Víctimas , esta comisión ha asumido, con la mayor responsabilidad y respeto, el apoyo a las mujeres víctimas de violencia y a los familiares de mujeres víctimas de homicidio o desaparición, desde una interlocución directa y franca con las mujeres que acuden a solicitar sus servicios. Asimismo ha construido una red interinstitucional que apoya y brinda servicios a estas mujeres. A la fecha, esta institución se ha convertido en una referencia para los familiares de mujeres víctimas de homicidio y de las mujeres en la ciudad.

Además, esta comisión ha desarrollado programas de atención y asesoría legal, médica, psicológica y social a favor de las víctimas. Asimismo, reconociendo el capital social existente en la gama de organismos de la sociedad civil juarense, se han logrado acuerdos para el impulso de campañas, actividades culturales y comunitarias, recuperación de espacios públicos que fomenten la identidad social y la convivencia familiar y social, como un mecanismo para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

• En la presente administración federal, la Comisión para Juárez ha proporcionado 381 apoyos y gestiones, en materia legal, administrativa, médica y social, dentro de las cuales destacan diligencias realizadas ante diversos juzgados penales y de lo familiar, de la Procuraduría General de Justicia del Estado y ante instancias municipales.
• La Comisión para Juárez auxilió a 35 familias de mujeres víctimas de homicidio o desaparición que fueron beneficiadas con un proyecto productivo por parte de la Sedesol, en los trámites necesarios para funcionar legalmente, como son la obtención de planos catastrales, usos de suelo y licencias de funcionamiento. Asimismo, a petición de la Comisión para Juárez, el Municipio de Juárez condonó los impuestos relativos a estos permisos a todas estas familias. En el período que se informa se realizaron más de 150 acciones en este tema.

En el eje de Fortalecimiento del Tejido Social, la Comisión para Juárez se ha dado a la tarea de propiciar vínculos entre los diversos organismos juarenses que buscan generar espacios alternativos de discusión, creatividad y expresión con el fin de desarrollar nuevas reglas de convivencia. Así ha trabajado de cerca con las asociaciones religiosas de la localidad y las organizaciones de la sociedad civil con quienes mantiene vínculos cercanos desde su creación.

• Como parte del programa de fortalecimiento institucional de las organizaciones de la sociedad civil, la Comisión para Juárez entregó 2 mil 700 trípticos y 280 carteles a cada una de las nueve organizaciones que resultaron beneficiadas de este programa.
• En coordinación con organismos de la sociedad civil, la Comisión para Juárez impulsó los diagnósticos ``Cultura vulnerabilidad y emergencia social, guía de políticas culturales para el municipio de Juárez'' y ``Mujeres Usuarias de Drogas y Violencia de Género''.
• Para la realización del Plan Nacional de Desarrollo, la Comisión para Juárez organizó el foro de consulta sobre el Mecanismo para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el cual, participaron 14 expertas y expertos tanto de instituciones públicas que atienden a mujeres en situación de violencia, como de dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil, académicas, representantes de las cámaras empresariales y de las asociaciones religiosas.

En el eje de Verdad y Justicia , concientes de la urgente necesidad de contar con un dispositivo de búsqueda inmediata de las mujeres desaparecidas, la Comisión para Juárez colaboró en la implantación del Protocolo de Atención, Reacción y Coordinación entre Autoridades Federales, Estatales y Municipales en caso de Extravío de Mujeres y Niñas en Ciudad Juárez. Este protocolo agrupa la acción coordinada de nueve instituciones públicas que de manera inmediata intervienen en la localización de mujeres desaparecidas o extraviadas.

• Se integró ``el registro de mujeres víctimas de homicidio en el municipio de Juárez'', que incluye los años de 1993 a la fecha, así como la relación de casos con sentencias condenatorias dictadas por el Poder Judicial del estado o sancionadas por el tribunal para menores. Además un análisis del número de personas con sentencias absolutorias, procesos penales y averiguaciones previas y aquéllos casos en los que el presunto responsable del homicidio se suicidó.
• Se realizó ``encuesta de opinión sobre la violencia de género y sus perspectivas de solución en Ciudad Juárez, Chihuahua'', la cual fue aplicada a 500 mujeres mayores de 15 años, en cuatro sectores de la población: familiares de mujeres víctimas de homicidio, obreras y empleadas, mujeres que viven en áreas de atención prioritaria y estudiantes. Además se consultó a las organizaciones, de la sociedad civil, a instituciones públicas que atienden a mujeres en situación de violencia y a instituciones religiosas.
• Se promocionaron 10 mil carteles de búsqueda de las 25 mujeres que se encuentran desaparecidas en el municipio de Juárez, datos consensuados entre diez instituciones públicas de los tres niveles de gobierno.
• Se realizó el análisis estadístico nacional La violencia contra las mujeres en la República Mexicana. Algunos datos .

Actualmente se están llevando a cabo los trabajos para:

• La elaboración del diagnóstico nacional sobre todas las formas de violencia en contra de las mujeres y niñas, cuya metodología despliega estructuras de las entidades federativas con la participación de los sectores público, social y privado. Dicho diagnóstico está a cargo de la Secretaría de Gobernación, de conformidad con lo previsto en la fracción XII del artículo 42 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
• El Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en proceso de aprobación por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República:
• El anteproyecto del Programa Nacional de los Derechos Humanos a cargo de esta unidad, el cual tiene entre sus objetivos particulares proteger los derechos de las mujeres.

Agradeciendo de antemano sus atenciones a la presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 7 de enero de 2008.--- Doctor Estuardo Mario Bermúdez Molina (rúbrica), titular de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.



VIOLENCIA FAMILIAR

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 60-II-5-981, signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Jacinto Gómez Pasillas , Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número SSP/CA/014/2008, suscrito por Olivia Lizeth Parra Salazar, coordinadora de asesores del secretario de Seguridad Pública, así como el anexo que en él se menciona, mediante los cuales responde el punto de acuerdo sobre los avances de los programas para combatir la violencia familiar.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 5 de febrero de 2008.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Seguridad Pública.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Doy atención al oficio número SEL/300/3950/07, mediante el cual informó a esta secretaría del punto de acuerdo, aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados, relativo a los avances de los programas para combatir la violencia familiar y la manera en que se está aplicando la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999.

Al respecto, le comento que para la actual administración federal, la disminución de los casos de violencia intrafamiliar, así como su eventual erradicación, es uno de los principales objetivos trazados por cada una de las dependencias del orden federal, las cuales participan en los programas para evitar la violencia que se da en las familias mexicanas. Por tal motivo, la Secretaría de Seguridad Pública ha emprendido acciones contundentes para erradicar la violencia familiar e impulsa diferentes programas de trabajo en la materia.

Por lo mencionado, adjunto al presente el informe sobre los avances de los programas para combatir la violencia familiar, que ha elaborado la Subsecretaría de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de esta secretaría.

Le agradezco la atención que dé al presente y reciba un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 24 de enero de 2008.--- Olivia Lizeth Parra Salazar (rúbrica), coordinadora de asesores.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Seguridad Pública.

Informe sobre los avances en los programas para combatir la violencia familiar

El gobierno del presidente Calderón busca erradicar la violencia ejercida en el seno familiar y cristalizar la salvaguarda del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia que les permita alcanzar su empoderamiento, entendido éste como el proceso por medio del cual la mujer transita de una situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación y exclusión a un estado de conciencia, autodeterminación y autonomía, estado que debe manifestarse mediante el ejercicio del poder democrático que emane del goce pleno de sus derechos y libertades.

Las dependencias de la administración pública federal tenemos la obligación de contribuir a sentar las bases para proteger y garantizar la erradicación de la violencia ejercida en la familia, por lo que es labor de todos nosotros procurar el desarrollo de las políticas públicas, programas y acciones, no sólo para prevenir, atender y sancionar sino, como se ha expresado, para erradicar la violencia familiar, en la que las mujeres principalmente han sido sometidas por generaciones.

El gobierno del presidente Felipe Calderón establece como uno de sus principales objetivos combatir eficiente y eficazmente la violencia mediante la atención de cada una de sus expresiones, considerar la violencia como un problema social que afecta diversos niveles y espacios vitales del hombre y de la mujer. Asimismo, que su origen se canaliza a una vasta gama de complejos procesos de convivencia y aprendizaje en el hogar, en la escuela o en la calle.

La Secretaría de Seguridad Pública ha emprendido acciones contundentes en la erradicación de la violencia familiar, cuyos antecedentes en la administración federal 200-2006 son las siguientes:

• En 2002 se instalaron las mesas interinstitucionales de diálogo; la institucional estatal para coordinar las acciones de prevención y atención de la violencia familiar y hacia las mujeres, así como la técnico-jurídica para la revisión de expedientes.
• El 6 de junio de 2003 se creó la Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Sancionar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, en la que participan la Procuraduría General de la República y las Secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de Seguridad Pública, de Relaciones Exteriores, y de Educación Pública, además del Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
• La subcomisión se instaló a raíz de las recomendaciones que la relatora sobre Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Martha Altoaguirre, hiciera a México en su informe sobre Ciudad Juárez.
• El 22 de julio de 2003 se presentó el programa de acciones del gobierno federal para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, ya referido.
• El 6 de agosto de 2003 se dio a conocer ante el Sistema Interinstitucional de Seguridad Pública de Ciudad Juárez la propuesta de acciones para la prevención integral de la violencia, el delito, promoción y defensa de los derechos humanos, atención de víctimas y servicios a la comunidad en Ciudad Juárez, Chihuahua.
• El 18 de febrero de 2004 se creó por decreto la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, presidido por Guadalupe Morfín. Esta comisión ha fungido como puente para el establecimiento de la interlocución entre los familiares de las víctimas y los procesados, así como entre las autoridades federales y las locales.
• Consolidar proyectos de coinversión, con recursos aproximados de 13.5 millones de pesos, para atender causas de violencia y causas múltiples de familias afectadas.
• Paralelamente se dará cumplimiento a un compromiso asumido con la Organización de las Naciones Unidas para destinar 1 millón de pesos a proyectos productivos a las familias de las víctimas, a través de coinversiones.
• Esta función se fortalece con la creación de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, presidido por la licenciada Guadalupe Morfín. Su labor ha reforzado la interlocución entres los familiares de las víctimas y los procesados, así como entre las autoridades federales y las locales.
• Durante 2005 se firmaron cinco acuerdos de intención, por Tamaulipas, Morelos, Sinaloa, Durango y Guerrero, para sumarse al proyecto del establecimiento del Sistema Federal de Atención a Víctimas e integrar una red uniforme en el territorio nacional. En los acuerdos de intención, las entidades se comprometieron a difundir entre los municipios que integran el proyecto, así como a promover su futura adhesión, incorporando, en el caso de Durango, 5 de sus principales municipios; Guerrero, 14 municipios; y Tamaulipas, 11.
• Establecimiento y puesta en marcha de dos centros de información y atención a la ciudadanía en el Distrito Federal: uno en Insurgentes-Mixcoac (calle de Cádiz) y otro en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México Benito Juárez.
• Elaboración del manual de servicios, que servirá para orientar de manera homogénea y sistemática el quehacer de los centros que se vayan estableciendo en los estados y en los municipios.
• Puesta en operación del Banco Nacional de Datos de Localización de Personas Extraviadas y difusión de los servicios que proporcionan los CIAC, a través de carteles y trípticos.
• En Morelos, Nuevo León, Puebla, Sonora y Distrito Federal se integraron los directorios de instituciones que dan atención a víctimas del delito y violencia familiar, entre las que se encuentran agencias del Ministerio Público, hospitales y centros de salud.
• En coordinación con la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, durante el segundo semestre de 2006 se capacitó a los alumnos en temas de prevención, violencia familiar, farmacodependencia y enfermedades degenerativas, etapa de promoción de cada campaña, la aplicación de las campañas y, finalmente, una evaluación de los resultados.
• Se replanteó el Código de Conducta del CIAC, elaborándose un cuadro de alineación que considera los valores del Código de Ética de la Administración Publica Federal, respecto a las acciones del Código de Conducta de la Secretaría y el Manual de Servicios del Centro de Información y Atención a la Ciudadanía, con la finalidad de justificar el motivo por el cual se elaboró un código de conducta específico para los centros. Dada la naturaleza del servicio, se requiere poner mayor cuidado en la atención a los ciudadanos que han sido víctima de algún delito o de violencia familiar. Por tanto, es prioritario enmarcar las acciones que se esperan del personal involucrado en el proceso de atención. De igual manera, se han obtenido los siguientes productos:
• Metodología para la elaboración de diagnósticos en materia de victimización. El documento servirá de guía para que el gobierno federal, los estados y los municipios desarrollen sistemáticamente sus diagnósticos en materia de victimización, grupos vulnerables y violencia familiar, con la finalidad de contextualizar la situación existente e identificar los factores de riesgo que propician el problema, los que orientarán el diseño de acciones para evitar el fenómeno victimológico.
• Metodología para el desarrollo de estudios y análisis en materia de victimización. El documento servirá de guía para el desarrollo homólogo y sistemático de estudios y análisis en la materia, a escalas federal, estatal y municipal, que contribuya en el diseño de políticas públicas para prevenir este tipo de delitos.
• De julio 2005 a junio 2006 se impartieron 23 pláticas de lazos familiares, atendiendo a un total de 854 personas, en Tlaxcala, Yucatán (Mérida), Morelos (Alpuyaca, Jiotepec, Cuernavaca), Guerrero (Acapulco) México, DF, y Nuevo Laredo (Tamaulipas).
• En el mismo periodo se impartieron 474 pláticas de seguridad infantil, 211 de prevención de adicciones y 23 de lazos familiares, involucrando a un total de 24 mil 438 personas, entre niños, adolescentes, padres de familia y maestros, además de cubrir 14 estados de la república.
• En el periodo de enero a junio de 2006 se desarrollaron siete caravanas informativas en diversas instituciones del Distrito Federal y en algunas entidades de la república, capacitando básicamente a servidores públicos y representantes de organizaciones sociales, así como impartiendo a los alumnos de las instituciones seleccionadas temas relacionados con prevención de las adicciones, prevención del delito, los derechos humanos en la cultura de legalidad, prevención integral, prevención de la violencia familiar, prevención de la violencia en el noviazgo y prevención de conductas antisociales y parasociales, sumando un total de 875 personas.
• Igualmente, en el periodo de enero a junio de 2006, se realizaron cinco ferias informativas, se brindó orientación e información a padres de familia y básicamente a alumnos de diversas escuelas y plazas del Distrito Federal, de Baja California y de Michoacán sobre los temas y programas ``Prevención del delito'', ``Medidas preventivas'', ``Prevención de las adicciones'', ``Prevención del delito y los derechos humanos en la cultura de legalidad'', ``Prevención de conductas antisociales y parasociales'', ``Prevención integral'', ``Prevención de la violencia familiar'' y ``Prevención de la violencia en el noviazgo''. Sé contó con una participación de mil 700 personas, donde destacan la ESIME Azcapotzalco y la ESCA Zacatenco.
• De julio de 2005 a junio de 2006 se han realizado 15 pláticas de sensibilización del subprograma de equidad de género al personal de la SSP, para un total de 371 personas, en los temas ``violencia y abuso sexual'', ``masculinidad en el trabajo'', ``un encuentro conmigo, un espacio para la reflexión'', ``derechos de la mujer'', ``masculinidad'' y ``prevención de la violencia doméstica''.
• Se realizaron 14 talleres de formación de multiplicadores del subprograma, logrando un total de 390 multiplicadores formados de Tabasco, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Yucatán, Puebla, Veracruz, Querétaro, Tlaxcala, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán, estado de México y Guerrero.
• Se dieron 69 pláticas de instauración del subprograma de equidad de género en ``derechos de la mujer y autoestima'', ``masculinidad y autoestima'' y ``prevención de la violencia doméstica'', a un total de 4 mil 286 personas en Baja California Sur, Chihuahua, Baja California, Querétaro, Puebla, Jalisco, estado de México, Michoacán y Guerrero.
• El programa fue instituido en el estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Seguridad Publica estatal, en colaboración con el municipio de Ciudad Juárez. Los trabajos no sólo consistieron en la creación de multiplicadores del subprograma dentro del personal de esa secretaría estatal y de la municipal, sino directamente en la impartición de pláticas de prevención de la violencia doméstica a población vulnerable de ese municipio, como las mujeres.
• Se dieron 14 pláticas de prevención de la violencia doméstica a mil 966 mujeres de las empresas maquiladoras de Ciudad Juárez, Chihuahua, Honeywell, Monarch Litho, Roper-Mex-Team, Blueberry Hill Foods, Adc Broadman y NCH, así como de la colonia Estrella del Poniente y del Cereso municipal.

Respecta a la presente administración federal, 2006-2012, se han impulsado los siguientes programas de trabajo:

Subprograma de Equidad de Género

Objetivo: Impulsar una cultura que institucionalice la perspectiva de equidad de género que contribuya a abatir la desigualdad y, con ello, a prevenir la violencia familiar.
Líneas de acción: Mesa Intrainstitucional de Género.
Pláticas de sensibilización (seguimiento, actualización, evaluación).
Talleres de multiplicadores (seguimiento, actualización, evaluación).
Población objetivo: Personal de la Secretaría de Seguridad Pública.

Acciones internas

Reinstalación de la mesa intrainstitucional de género de la SSP:

• 28 de agosto de 2007 (ocho enlaces y una coordinadora)

Capacitación a los enlaces de la secretaría en equidad de género, 10 y 11 de septiembre de 2007.

Presentación de la obra de teatro, alusiva al tema, Soledad, 29 de octubre de 2007.

Pláticas de sensibilización en derechos de la mujer, masculinidad y prevención de la violencia familiar al personal del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social en equidad de género.

• 10 pláticas a 321 personas.
• 1 taller, en el que se formaron 15 multiplicadores.

Se encuentra en proceso de elaboración el autodiagnóstico (estudio de gabinete) y la aplicación del cuestionario de género en la SSP.

Subprograma de Cultura de Prevención de la Violencia Familiar

Objetivo: Sensibilizar a la población en la prevención de la violencia familiar, el respeto de los derechos de la mujer y la importancia de una nueva masculinidad a través de la difusión de los nuevos patrones socioculturales de conducta desde una perspectiva de género y respeto de los derechos humanos.

Líneas de acción: Pláticas de cultura de prevención de la violencia familiar a población abierta.

Talleres de multiplicadores en cultura de prevención de la violencia familiar.

Seguimiento de reportes de los multiplicadores. Actualización y supervisión de multiplicadores (evaluación).

Integración y seguimiento de la base de datos de los multiplicadores. Población objetivo: estados y municipios.

Subprograma Cultura de Prevención de la Violencia Familiar

Talleres en estados y municipios de la República Mexicana de enero a noviembre: 18 talleres, con la formación de 658 multiplicadores.

Pláticas de sensibilización en derechos de la mujer, masculinidad y prevención de la violencia familiar, a la población en general en estados y municipios de la República Mexicana de enero a noviembre: 74 pláticas, que implicaron 5 mil 87 personas.

Talleres de prevención de la violencia en el noviazgo

Talleres en estados y municipios de la República Mexicana de enero a noviembre: 236 talleres.

Pláticas de sensibilización en prevención de la violencia en el noviazgo a la población en general en estados y municipios de la República Mexicana de enero a noviembre: 12 mil 610 personas.

Se encuentra en proceso de elaboración el banco nacional de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres.

Con motivo de la reestructuración de la Secretaría de Seguridad Pública, en su nuevo reglamento interior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 12 de marzo, corresponde a la Dirección General de Derechos Humanos el desarrollo de los esquemas para verificar y supervisar que los mecanismos para implantación de los servicios psicológicos, jurídicos, médicos y de trabajo social para víctimas de violencia familiar o adicciones a relaciones conflicto-destructivas se adecuen a los estándares nacionales e internacionales, además de ajustarse a lo dispuesto en las recomendaciones de los órganos protectores de derechos humanos, asegurando que la atención y los servicios proporcionados se lleven a cabo de manera integral y especializada y con trato digno a efecto de garantizar la aplicación del principio del interés superior de la víctima en los siguientes esquemas de trabajo:

• Orientar de manera gratuita y expedita a las víctimas de violencia familiar sobre los mecanismos de denuncia y procedibilidad previstos en el orden jurídico positivo civil y penal atendiendo al caso jurídico concreto, informando de las consecuencias legales de cada una de las acciones, los medios de impugnación, las medidas para obtener órdenes de restricción, y todas las que se dispongan en la normatividad aplicable, además de basarse en los lineamientos planteados en los protocolos y las guías específicos de este tipo de delitos.
• Realizar los estudios de trabajo social referentes a redes de apoyo personales y familiares, socioeconómicos e interdisciplinarios que sirvan para el auxilio integral de las víctimas de violencia familiar y de relaciones destructivas, con la finalidad de proporcionar servicios especializados, interdisciplinarios y eficaces a las personas victimizadas, logrando así recuperar la confianza de la ciudadanía en la secretaría.
• Desarrollar los registros sobre las asesorías legales y el estado que guardan los expedientes, con la finalidad de mantener actualizadas y en operación permanente las bases de registro y control documental y electrónicas del área de víctimas, contribuyendo a que la prestación de los servicios proporcionados por la dependencia sean integral y con arreglo al marco jurídico aplicable.
• Registrar las intervenciones que en materia de trabajo social se proporcionen a las víctimas de violencia familiar y de relaciones destructivas, con objeto de alimentar las bases de datos y lograr una información completa y fidedigna de los servicios proporcionados por la institución.
• Ejecutar los procesos de atención psicológica o médica para las víctimas de los delitos de violencia familiar o relaciones conflicto-destructivas, con objeto de generar la resiliencia y el empoderamiento necesario para contribuir al reestablecimiento de la salud y superar el estrés postraumático.

Asimismo, se informa que se han otorgado atenciones directas en materia de violencia familiar por personal de la Dirección General de Derechos Humanos en el periodo comprendido del de enero al 21 de noviembre del presente año, cuyo desglose es el siguiente:

Es necesario trabajar con decisión. La erradicación de la violencia en el seno familiar nos compromete a todos y no admite distinciones de partido, de ideologías, religión o regiones del país.

Desde la Secretaría de Seguridad Pública tenemos la plena certeza de que los tres Poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno, la sociedad entera debemos actuar de manera corresponsable en el proceso de transformación cultural e institucional, una transformación en los ámbitos público y privado, un compromiso para impulsar un desarrollo conforme a los principios de igualdad, de no discriminación y de una vida libre de violencia.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.



ESTADO DE COAHUILA

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.60-II-6-1340 signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgada y María Eugenia Jiménez Valenzuela , Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número DGPPCIN/0030/07 suscrito por Oscar Pimentel González, director general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la atención de los afectados por la explosión ocurrida en la carretera Monclova-San Pedro.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 5 de febrero de 2008.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Procuraduría General de la República.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Por instrucciones de la licenciada Claudia Ruiz Massieu Salinas, coordinadora de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, y en respuesta a su oficio SEL/300/ 3652/07, mediante el cual comunica el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en el que se solicita se inicien las investigaciones y deslinden responsabilidades en relación a la explosión ocurrida en la carretera Monclova-San Pedro, me permito informarle que la delegación de PGR en Coahuila, dio inicio a la averiguación previa AP/PGR/COAH/MONC-I/50/D/07, por el accidente ocurrido en esa entidad, misma que se encuentra en integración y en su momento se determinará conforme a derecho corresponda.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, a 3 de enero de 2008.--- Óscar Pimentel González (rúbrica), director general de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.



TARIFAS DE PEAJE EN CARRETERAS

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L.60-II-6-1730, signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Salvador Ruiz Sánchez , Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir, para los fines procedentes, copia del similar número DG/ 04 /08, suscrito por el ingeniero Humberto Treviño Landois, director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la carretera internacional México 15, tramo Nogales-Estación Don y a la autopista de cuota Guadalajara-Colima.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 5 de febrero de 2008.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Conunicaciones y Transportes.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Hago referencia a su escrito SEL/300/245/08, dirigido al doctor Luis Téllez Kuenzler, secretario de Comunicaciones y Transportes, con el que remite el punto de acuerdo de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión del pasado 4 de enero de 2008:

Punto de Acuerdo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, hace un respetuoso exhorto al Ejecutivo federal, para que por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, analice la situación del aforo vehicular, las condiciones de seguridad y la calidad del tramo Nogales-Estación Don de la carretera internacional México 15, así como la autopista de cuota Guadalajara-Colima, a efecto de incluir a dichas rutas en el programa de congelamiento de tarifas de peaje en las carreteras federales para el ejercicio fiscal 2008 y descuentos en las mismas durante periodos vacacionales, anunciado por el propio Ejecutivo federal el pasado 19 de diciembre del 2007.

Al respecto me permito comentar que la autopista Estación Don-Nogales está concesionada a Banobras y forma parte del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC); Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) tiene celebrado con el concesionario un contrato de prestación de servicios para encargarse de la operación y mantenimiento de los caminos que integran ese fideicomiso.

La autorización tanto de tarifas que se cobran en casetas de peaje, así como del gasto de mantenimiento mayor y menor, en las autopistas del FARAC, es responsabilidad del comité técnico del fideicomiso y Capufe es responsable de su aplicación.

En ese sentido, a partir del 20 de diciembre el comité técnico del FARAC autorizó no incrementar la tarifas de la autopista Estación Don-Nogales, las cuales permanecen vigentes desde el 16 de enero de 2007; asimismo, autorizó el presupuesto de mantenimiento dentro del cual está considerado un monto por arriba de los 500 millones de pesos para dicha autopista, de tal manera que en el menor tiempo posible se encuentre en condiciones óptimas de circulación para los usuarios.

Por otra parte, la autopista Guadalajara-Colima está concesionada también a Banobras, sin embargo, el contrato de prestación de servicios que Capufe tiene celebrado no considera las obras de mantenimiento, de esto se encarga directamente el concesionario; y las tarifas que se cobran en las dos casetas existentes son autorizadas por el comité técnico respectivo.

Finalmente, este organismo hará del conocimiento de los grupos de trabajo de tarifas (SHCP, SCT, Banobras, Capufe) en los que intervenga el punto de acuerdo referido, con objeto de considerar las dos autopistas mencionadas en los descuentos de tarifas en periodos vacacionales, si estos fueran autorizados.

Si otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente
Cuernavaca, Morelos, a 23 de enero de 2008.--- Ingeniero Humberto Treviño Landois (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase al promovente, para su conocimiento.



PEMEX

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 60-II-I-1258, signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Manuel Portilla Diéguez, Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, original del similar número PFPA/SRN/0025/2008, suscrito por el ingeniero Alfonso Isaac Ramos Rocha, subprocurador de Recursos Naturales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en forma impresa y medio magnético, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo al derrame de petróleo en Río Blanco, Veracruz; así como al daño a los ecosistemas en la sonda de Campeche.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 6 de febrero de 2008.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Comisión Permanente del Poder Legislativo Federal.--- Presente.

Hago referencia a su oficio número DGPL 60-II-I-1260, de fecha 23 de enero de 2008, mediante el cual remitió punto de acuerdo donde se solicita a esta procuraduría: i) Información sobre las acciones emprendidas para reparar las afectaciones por derrame de petróleo en Río Blanco, Veracruz; y ii) Información sobre las acciones tomadas para limitar el daño a los ecosistemas marinos y costeros, así como el impacto en dichos ecosistemas y actividades pesqueras en la sonda de Campeche.

Sobre la atención proporcionada a la contingencia en río Blanco, le comento lo siguiente:

El 10 de enero del año en curso, se suscitó un derrame de 15 mil litros de hidrocarburo (petróleo crudo) en la calle Independencia, colonia Azteca de Río Blanco, municipio de Río Blanco, ocasionado por una toma clandestina instalada en el oleoducto Nuevo Teapa-Venta de Carpio, afectando 1.90 hectáreas de suelo, vegetación arbórea arbustiva, herbácea y pastizales, sin apreciarse contaminación de cuerpos de agua. Ese mismo día, personal de esta procuraduría realizó recorrido ocular en el sitio afectado, registrando la recuperación de 10 mil litros del crudo derramado.El 14 de enero se realizó otro recorrido de campo conjuntamente con personal de Pemex, con la finalidad de evaluar los daños ambientales ocasionados. El 15 de enero se realiza inspección donde se circunstancia la remoción de la capa superficial del suelo y la realización de labores de limpieza en el área perimetral al punto de fuga y derecho de vía, así como corte y recuperación de maleza contaminada, misma que fue dispuesta en bolsas de polietileno.Mediante acuerdo de fecha 24 de enero de 2008, esta procuraduría ordenó la adopción de medidas de urgente aplicación enfocadas a realizar la limpieza del sitio impactado, incluyendo suelo contaminado, y presentar un informe por escrito de las acciones y resultados obtenidos; elaborar e instrumentar, previa aprobación, un programa de remediación, incluyendo la caracterización del sitio afectado, la evaluación del riego ambiental, datos históricos y la propuesta de caracterización; así como disponer de manera adecuada los residuos peligrosos generados.El 25 de enero se realizó nuevamente recorrido por la zona afectada, detectando en el momento la realización de actividades parciales de remoción de suelo, retiro y limpieza de la vegetación afectada, la presencia de rocas apiladas y árboles impregnadas con residuos de crudo, así como la disposición de residuos y materiales contaminados en bolsas de plástico. Se encuentran corriendo los tiempos de ley para el cumplimiento de las medidas anteriormente descritas por parte de Pemex.

Con respecto a la contingencia presentada por derrame de crudo en la sonda de Campeche, le comunico lo siguiente:

Del 29 de octubre al 6 de noviembre de 2007, se realizaron diversos recorridos terrestres, aéreos y marítimos para detectar posibles arribazones de crudo al litoral costero de Isla del Carmen y sonda de Campeche. Para la coordinación de las acciones, se estableció un Plan Local de Contingencias (PLC) en el que se desarrollaron 9 reuniones de coordinación de operaciones, participando diversas instituciones como la Secretaría de Marina y Pemex, entre otras.En los recorridos terrestres se cubrió una distancia de 496.64 kilómetros, de los cuales en 305 kilómetros se realizaron actividades de limpieza, comprendiendo las zonas de Isla Aguada, Faro de la Atalaya, balneario Playa Norte, área de dragado (Playa Norte), playas de San Nicolás, Bivalvos, Tierra y Libertad, playa Beirut, playa Bahamitas, kilómetros 26 al 28.5 y del 31 al 32 de la carretera federal 180 Carmen-Puerto Real, puente de Zacatal, Puerto Rico, faro de Xicalango, península de Atasta, Nuevo Campechito (desembocadura del Río San Pedro y San Pablo) y comunidad de Emiliano Zapata. Durante estos recorridos se observaron grumos y plastas de hidrocarburos, recolectándose un aproximado de 490 kilogramos.Los recorridos aéreos se realizaron en helicóptero por el litoral costero de las zonas de Sabancuy, Isla Aguada, Ciudad del Carmen, Zacatal, Xicalango, Punta Disciplinas, Nuevo Campechito, Río San Pedro y San Pablo, y Dos Bocas, así como en las plataformas Pride Wisconsin, Usumacinta, citan 101 y pozo Cab 101, totalizando 36 horas de vuelo. Durante los recorridos se observó la existencia de manchas de hidrocarburos en los alrededores de las instalaciones accidentadas, la colocación de barreras de contención y la realización de actividades de dispersión de hidrocarburos.En el recorrido marítimo costero se abarcó una distancia de 15 millas náuticas en el municipio del Carmen, a partir de la tercera región naval militar, puerto pesquero Laguna Azul, la ría del malecón, playa La Puntilla, puente de Zacatal, faro de Xicalango e inmediaciones de Punta Disciplina. No se observó presencia de hidrocarburos cercanos a la zona de Ciudad de Carmen que pudieran impactar la costa.Cabe señalar que durante los recorridos realizados no se registraron afectaciones a especies de peces o pelícanos, y no se presentaron protestas sociales por afectación de la actividad pesquera.

En espera de que la información cumpla con lo solicitado, reciba usted un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 1o. febrero de 2008.--- Ingeniero Alfonso Isaac Ramos Rocha (rúbrica), subprocurador de Recursos Naturales

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero al oficio número DGPL 60-II-I-1260, de fecha 23 de enero de 2008, mediante el cual la diputada Ruth Zavaleta Salgado , remitió a esta procuraduría, punto de acuerdo donde se solicita: i) Información sobre las acciones emprendidas para reparar las afectaciones por derrame de petróleo en Río Blanco, Veracruz; y ii) Información sobre las acciones tomadas para limitar el daño a los ecosistemas marinos y costeros, así como el impacto en dichos ecosistemas y actividades pesqueras en la sonda de Campeche.

Por lo anterior, y en atención a las instrucciones giradas por el ciudadano presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a observarse para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder Ejecutivo federal con el honorable Congreso de la Unión, sírvase encontrar adjunto al presente original del oficio PFPA/SRN/025/2008 de fecha 1o. de febrero de los corrientes, mediante el cual se hacen del conocimiento de la diputada, las acciones realizadas por esta procuraduría, en atención a los asuntos de referencia, con la atenta petición para que se sirva girar las instrucciones necesarias para hacerlo llegar al destinatario.

Agradeciendo de antemano la atención brindada al presente, reciba usted un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 5 de febrero de 2008.--- Ingeniero Alfonso Isaac Ramos Rocha (rúbrica), subprocurador de Recursos Naturales.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase al promovente, para su conocimiento.



REPUBLICA DE KENIA

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 60-II-6-1731 signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Salvador Ruiz Sánchez , Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, original del similar número DEP-0197/2008 suscrito por Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo al conflicto en la República de Kenia.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 5 de febrero de 2008.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores agradezco de antemano su valiosa intervención para hacer llegar la respuesta adjunta a la diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Lo anterior en respuesta al punto de acuerdo aprobado por el Pleno de ese órgano legislativo, en sesión ordinaria celebrada el 4 de enero de 2008, en el que señala:

``Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión se solidariza con los familiares de las víctimas de la violencia desatada en Kenia.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión rechaza la violencia y hace votos para el restablecimiento de la paz, el diálogo político y la unidad nacional en la hermana República de Kenia y se pronuncia por una pronta solución al conflicto mediante los cauces institucionales y democráticos del país africano.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respalda el trabajo de los funcionarios a cargo de la Embajada mexicana en Kenia y reconoce la importante labor que desempeñan para la protección de los mexicanos que residen en ese país.''

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi más alta estima y consideración.

Atentamente
México, DF, a 31 de enero de 2008.--- Betina C. Chávez Soriano (rúbrica), directora General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hago referencia al punto de acuerdo aprobado en la sesión ordinaria del 4 de enero de 2008, en el que señala:

``Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión se solidariza con los familiares de las víctimas de la violencia desatada en Kenia. Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión rechaza la violencia y hace votos para el restablecimiento de la paz, el diálogo político y la unidad nacional en la hermana República de Kenia y se pronuncia por una pronta solución al conflicto mediante los cauces institucionales y democráticos del país africano. Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión respalda el trabajo de los funcionarios a cargo de la Embajada mexicana en Kenia y reconoce la importante labor que desempeñan para la protección de los mexicanos que residen en ese país.

Al respecto me permito adjuntarle el comunicado del 4 de enero de 2008 emitido por esta Secretaría, en el cual se señala que el gobierno de México observa con preocupación los acontecimientos en Kenia y lamenta la pérdida de vidas humanas como resultado de los actos de violencia registrados en ese país; la Embajada mexicana en Nairobi mantiene comunicación de manera personalizada y permanente con los mexicanos que residen o visitan dicho país y puso a disposición números de emergencia para solicitar apoyos e información. México continúa dando puntual seguimiento a la evolución de los acontecimientos en Kenia.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi más alta estima y consideración.

Atentamente.
México, DF, a 31 de enero de 2008.--- Betina C. Chávez Soriano (rúbrica), directora General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores.»
«La cancillería da a conocer las acciones de apoyo a la comunidad mexicana en ese país.

El gobierno de México observa con preocupación los acontecimientos en Kenia y lamenta la pérdida de vidas humanas como resultado de los actos de violencia que se han suscitado en los últimos días en ese país. Asimismo, informa que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Embajada en Kenia, ha emprendido las siguientes acciones en apoyo a la comunidad mexicana que reside o visita aquel país:

• Mantener comunicación de manera personalizada y permanente con los mexicanos que residen o visitan dicho país.
• Poner a disposición los números de emergencia en Kenia (254-20) 418-25-93, 418-2850, 418-0009, para solicitar apoyo e información mismos que se encuentran en la página de Internet de dicha embajada (www.sre.gob. mx/kenia).
• A solicitud expresa de dos connacionales, la Embajada de México facilitó los medios para reubicarlos en la región nororiental del país.
• Continuar observando la situación dando puntual seguimiento a la evolución de los acontecimientos en Kenia.

Cabe destacar que en el registro consular de la Embajada de México en Kenia, figuran 47 connacionales que residen temporal o permanentemente en las principales provincias del país y que realizan una destacada labor social y humanitaria.

La SRE continuará desplegando acciones para velar por la seguridad de toda la comunidad mexicana que se encuentra en Kenia, y expresa su deseo por el pronto restablecimiento de la paz y la estabilidad mediante el diálogo y el entendimiento.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase al promovente, para su conocimiento.



PAKISTAN

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 60-II-6-1787, signado por las diputadas Ruth Zavaleta Salgado y Laura Angélica Rojas Hernández , Presidenta y Secretaria, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, original del similar número DEP-0191/08, suscrito por Betina C. Chávez Soriano, directora general de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante el cual atiende el punto de acuerdo relativo al asesinato de la ex primera ministra de Pakistán, Benazir Bhutto.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 5 de febrero de 2008.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Licenciado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, agradecemos de antemano su valiosa intervención para hacerle llegar la respuesta adjunta a la diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente. Lo anterior, en respuesta al punto de acuerdo aprobado en la sesión del 16 de enero del año en curso, relativo al magnicidio de Benazir Bhutto, ex primera ministra de Pakistán.

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su repudio al asesinato de la ex primera ministra de Pakistán, Benazir Bhutto, y reitera una enérgica condena a la violencia y al terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 30 de enero de 2008.--- Betina C. Chávez Soriano (rúbrica), directora general.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Relaciones Exteriores.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.--- Presente.

Con fundamento en el artículo 16, fracciones I y III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hago referencia al punto de acuerdo aprobado en sesión celebrada el 16 de enero del año en curso, en el que señala:

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión expresa su repudio al asesinato de la ex primera ministra de Pakistán, Benazir Bhutto, y reitera una enérgica condena a la violencia y al terrorismo en cualquiera de sus manifestaciones.

Al respecto le informo que dicho punto de acuerdo fue remitido para su debido conocimiento tanto a la Embajada de Pakistán en México como a nuestra representación diplomática en Pakistán.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi más alta consideración.

Atentamente
México, DF, a 30 de enero de 2008.--- Betina C. Chávez Soriano (rúbrica), directora general.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase al promovente, para su conocimiento.



ESTADOS DE CHIHUAHUA Y SONORA

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Gobernación.

Secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.--- Presentes.

En respuesta al oficio número DGPL 60-II-1-1239, signado por los diputados Ruth Zavaleta Salgado y Salvador Ruiz Sánchez , Presidenta y Secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de ese Órgano Legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número F00.3. DRNSMO.- 040 / 08, suscrito por Luis Ramón Vega Torres, director regional Norte y Sierra Madre Occidental de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, mediante el cual responde el punto de acuerdo relativo a la publicación del programa de manejo del área de protección de flora y fauna Campo Verde.

Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

Atentamente
México, DF, a 7 de febrero de 2008.--- Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica), subsecretario de Enlace Legislativo.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Licenciado Armando Salinas Torre, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.--- Presente.

Me refiero a su oficio número SEL / 300 / 370 / 08, de fecha 16 de enero del presente año, por medio del cual remite al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Juan Rafael Elvira Quesada, dictamen de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la propuesta con punto de acuerdo único, en donde se exhorta a esta Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, publique a la brevedad el plan de manejo del área natural protegida Área de Protección de Flora y Fauna Campo Verde, que comprende los municipios de Madera, Casas Grande, estado de Chihuahua, y el municipio de Nacori Chico, del estado de Sonora.

Sobre este asunto, y de conformidad por lo dispuesto en el artículo 150, fracciones XVIII, y XXXI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informo a usted que de acuerdo con el programa operativo anual (POA-2008) de esta dirección regional, la Dirección del Área de Protección de Flora y Fauna Campo Verde, dentro de sus metas y actividades para este ejercicio fiscal, tiene contemplado desarrollar el borrador del programa de manejo del área antes citadas que se sujetará al procedimiento establecido en el Título Quinto, Capítulos I y II, del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de áreas naturales protegidas.

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo.

Sufragio Efectivo. No Reelección.
Chihuahua, Chihuahua, a 25 de enero de 2008.--- Luis Ramón Vega Torres (rúbrica), director regional.»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Remítase al promovente, para su conocimiento.

Se pide a la Secretaría que instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y de diputados.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : ¿Falta algún diputado o alguna diputada por registrar su asistencia? Está abierto el sistema todavía, diputado.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Vamos a continuar con los dictámenes de primera lectura en lo que los compañeros alcanzan a tomar su asistencia, ya que algunos están corriendo; para que no corran, con clama podemos terminarlos.



LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los dictámenes. En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de dispensarse la lectura.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa su lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.

«Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXX al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados perteneciente a la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXX al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, presentada el 19 de abril del año 2007, por el diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Esta Comisión elaboró el presente dictamen con fundamento en el artículo 39, numerales 1, 2 fracción III y numeral 3; los artículos 44, 45 numeral 1, 4, 6 incisos d) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 55, 56, 60, 87, 88 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y lo somete a la consideración de esta honorable Asamblea, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

Primero. Con fecha 19 de abril de 2007, el diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXX al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Segundo. Con fecha 25 de abril de 2007, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la iniciativa que nos ocupa para su estudio y dictamen a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Con base en los antecedentes expuestos, los integrantes de esta Comisión hacemos de su conocimiento el siguiente:

Contenido de la iniciativa

1) El objetivo de la iniciativa del diputado Arnulfo Elías Cordero Alfonzo es adicionar una fracción XXX al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores que señala las facultades del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, en los siguientes términos:

2. El legislador advierte la importancia de de atender a los adultos mayores en México, ya que: ``En la mayoría de los casos son personas que son relegados, abandonados, humillados por su propio núcleo familiar, con el principal pretexto que no tienen quien los cuide ni el poder económico para su manutención, tanto a él como a una persona que lo asista, y son llevados a las casas hogar para personas de la tercera edad, mal llamados asilos de ancianos, sin importarles la calidad de la asistencia que se les proporciona''.

3. Afirma que: ``Los asilos de ancianos en su mayoría se crean bajo el régimen de asociaciones civiles o como personas morales de carácter civil, y su financiamiento generalmente depende de las donaciones voluntarias de particulares, y en algunos casos son apoyados por los gobiernos municipales o estatales''.

4. En la Exposición de Motivos, considera que: ``El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) se encargue de la verificación de las instituciones que brindan asistencia a las personas de la tercera edad para revisar que tengan el espacio necesario de recreación para que las personas internadas puedan desarrollar sus capacidades intelectuales y físicas''.

5. Finalmente, el legislador propone: ``Crear un registro único de casas hogar para adultos mayores a nivel nacional, por parte del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, para que éste pueda brindar los servicios y prestar la atención a todas aquellas instituciones tanto públicas como privadas, y verificar el correcto funcionamiento de las casas hogar, las condiciones de vida de las personas y la capacitación de su personal''.

Consideraciones

I. La iniciativa en estudio propone adicionar una fracción XXX al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores a fin de que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) tenga bajo su responsabilidad la creación de: ``un registro único de todas las instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas mayores''.

II. Esta Comisión considera viable la propuesta ya que siendo México un país que en el año 2000 residían 6.9 millones de personas de 60 años o más, en 2030 serán 22.2 millones y se espera que para la mitad del siglo alcancen 36.2 millones. Cabe destacar que 72 por ciento de este incremento ocurrirá a partir del 2020, lo que brinda al país apenas dos décadas para preparar las condiciones que permitan encarar adecuadamente este proceso. 1

Asimismo, el Centro Nacional de Investigaciones y Estudios de Geriatría y Gerontología informó durante el 2003 la existencia de tan sólo 411 asilos para personas adultas mayores y personas con discapacidad, los cuales son operados por la iniciativa privada. Aseverando que los espacios públicos no son contabilizados por el INEGI. 2

El Instituto Nacional de las Personas Adultas (Inapam) cuenta actualmente con sólo 6 albergues ubicados en el Distrito Federal, Guanajuato y Oaxaca. En ellos se proporciona alojamiento definitivo y sustento a las personas adultas mayores que carecen de una familia que les pueda proporcionar medios económicos. El Instituto además tiene 7 residencias de día, en el DF y Zacatecas para atender a las personas que aún se desenvuelven en el seno familiar con el objeto de que aproveche su tiempo libre, cultiven y desarrollen sus aficiones personales para mantenerlos interesados en el mundo que les rodea. 3

III. El Legislador propone: ``verificar las condiciones de funcionamiento, capacitación de su personal, modelo de atención y condiciones de calidad de vida'', sin embargo, estas atribuciones ya se encuentran contenidas en la misma Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y en el Estatuto Orgánico del Inapam:

Artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores:
XIII. Realizar visitas de inspección y vigilancia a instituciones públicas y privadas, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas mayores para verificar las condiciones de funcionamiento, capacitación de su personal, modelo de atención y condiciones de calidad de vida.
XIV. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, de las anomalías que se detecten durante las visitas realizadas a los lugares que se mencionan en la fracción anterior, podrá también hacer del conocimiento público dichas anomalías;''
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores:
Artículo 5. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes facultades:
Promover en coordinación con las autoridades competentes y en los términos de la legislación aplicable, que la prestación de los servicios y atención que se brinde a los adultos mayores, en las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención, se realice con calidad y cumplan con sus programas, objetivos y metas para su desarrollo humano integral;
XII. Brindar asesoría y orientación en la realización de sus programas y la capacitación que requiere el personal de las instituciones, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro que brinden servicios y atención a los adultos mayores;
XIII. Realizar visitas de inspección y vigilancia a instituciones públicas y privadas, casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier otro centro de atención a los adultos mayores, para verificar las condiciones de funcionamiento, capacitación de su personal, modelo de atención y condiciones de la calidad de vida;
XIV. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes de las anomalías que se detecten durante las visitas realizadas a los lugares que se mencionan en la fracción anterior; podrá también hacer del conocimiento público dichas anomalías;

IV. Respecto a la redacción, después de haber analizado el texto, esta comisión considera prudente cambiarla, ya que en la iniciativa propone que a través del Registro Único se verifiquen las condiciones de los asilos, lo cual ya esta contemplado en la misma ley, sin embargo, en aras de respetar el espíritu de la iniciativa se considera viable aprobar el Registro Único ya que es necesario satisfacer una demanda creciente de personas adultas mayores.

Por todo lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables concluyen que la propuesta presentada por el legislador tiene buenas intenciones y va acorde con las necesidades de este sector de la sociedad, por lo que se emite el siguiente:

Decreto que adiciona una fracción XXX al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

Único. Se adiciona una fracción XXX al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes atribuciones:

I. a XXIX. ...
XXX. Crear un registro único obligatorio de todas las instituciones públicas y privadas de casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a las personas adultas mayores.

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las acciones que, en cumplimiento a lo dispuesto en este decreto y en razón de su competencia, corresponda ejecutar al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, deberán sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Notas:
1 Conapo, 2004
2 Foro Nacional: ``Envejeciendo en la pobreza, género, salud y calidad de vida'', Noviembre, 2003.
3 Reglamento Interno, ``Albergues y residencias'', INAPAM, 2005.
Dado en la sala de juntas de la Comisión, a los 23 días del mes de enero del año 2008.
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados: María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Marcela Cuen Garibi (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui , Irene Aragón Castillo , Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonso, Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunes (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale , María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Marisol Mora Cuevas , María del Carmen Pinete Vargas , Jorge Quintero Bello , Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez , Mario Vallejo Estevez , Martín Zepeda Hernández (rúbrica).»

Es de primera lectura.



CONDECORACIONES

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe le fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alejandro Díaz y Pérez Duarte para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz de la Orden del Fénix que le otorga el gobierno de la República Helénica.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de conformidad con lo que establecen la fracción III, del Apartado C), del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Articulo Único. Se concede permiso al ciudadano Alejandro Díaz y Pérez Duarte para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz de la Orden del Fénix que le otorga el gobierno de la República Helénica.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 6 de febrero de 2008.
La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama , Narciso Alberto Amador Leal , Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Camacho Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Ariel Castillo Nájera , Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares (rúbrica), Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola , Rosa Elva Soriano Sánchez , Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación que suscribe, el 1o. de febrero de 2008, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al general Guillermo Galván Galván, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la ``Cruz Peruana al Mérito Militar'', en grado de ``Gran Cruz'', que le otorga el gobierno de la República del Perú.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III, del Apartado C), del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:

Proyecto de Decreto

Articulo Único. Se concede permiso al general Guillermo Galván Galván, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la ``Cruz Peruana al Mérito Militar'', en grado de ``Gran Cruz'', que le otorga el gobierno de la República del Perú.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 6 de febrero de 2008.
La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama , Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola , Rosa Elva Soriano Sánchez , Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Es de primera lectura.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Poder Legislativo Federal.--- Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación, que suscribe, le fue turnado para estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Óscar Cruz Barney para que pueda aceptar y usar la condecoración ``Caballero de Mérito de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge'', que le otorga el gobierno del Reino de España.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y, en tal virtud, de conformidad con lo que establece la fracción III del Apartado C del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se concede permiso al ciudadano Óscar Cruz Barney para que pueda aceptar y usar la condecoración ``Caballero de Mérito de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge'', que le otorga el gobierno del Reino de España.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 6 de febrero de 2008.
La Comisión de Gobernación, diputados: Diódoro Carrasco Altamirano (rúbrica), presidente; Juan Enrique Barrios Rodríguez (rúbrica), Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Valentina Valia Batres Guadarrama , Narciso Alberto Amador Leal (rúbrica), Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), secretarios; Carlos Armando Biebrich Torres , César Octavio Camacho Quiroz (rúbrica), Ricardo Cantú Garza (rúbrica), Ariel Castillo Nájera (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), María del Carmen Fernández Ugarte (rúbrica), Javier Hernández Manzanares , Juan Darío Lemarroy Martínez, Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Adolfo Mota Hernández (rúbrica), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Raciel Pérez Cruz , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), José Jesús Reyna García (rúbrica), Salvador Ruiz Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola , Rosa Elva Soriano Sánchez , Alberto Vázquez Martínez (rúbrica), Gerardo Villanueva Albarrán , Javier Martín Zambrano Elizondo (rúbrica).»

Es de primera lectura.



REGISTRO DE ASISTENCIA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Ahora sí, por favor, instruyo a la Secretaría para que cierre el sistema electrónico de asistencia y dé cuenta del registro de diputadas y diputados.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : ¿Falta algún diputado o alguna diputada por registrar su asistencia? Está abierto el sistema. Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 362 diputadas y diputados. Ciérrese el sistema electrónico. Quien no ha registrado su asistencia dispone de 15 minutos para realizarlo por cédula.



LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable Asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

A la Comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente número 2260, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2, fracción X, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, presentada por el diputado Fernando Enrique Mayans Canabal , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en sesión de la Cámara de Diputados celebrada el día 3 de septiembre de 2007.

Mediante la presente iniciativa, el diputado proponente busca garantizar el respeto y cumplimiento de nuestro orden constitucional, dando sustento y vigencia a nuestro estado de derecho.

Su objetivo es otorgar una mayor armonía entre el texto de la norma constitucional y las normas jurídicas secundarias, por lo cual propone incluir en la fracción X, del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte los términos ``origen étnico'' y ``condición de salud'' para garantizar efectivamente la igualdad de oportunidades a todas las personas sin ningún tipo de distinción o diferencia alguna respecto de los beneficios de los programas de deporte y cultura física.

La Comisión de Juventud y Deporte procedió al estudio y análisis de la iniciativa de referencia, llevando a cabo para tal efecto diversas reuniones de trabajo con los integrantes del pleno de la misma, hasta alcanzar el dictamen que hoy se presenta bajo las siguientes:

Consideraciones

En un sistema jurídico como el nuestro, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la ley suprema de toda la Unión, es decir, es la piedra angular del sistema normativo que nos rige; como tal, todas las leyes que de ella emanen deben responder al espíritu, letra, principios y finalidades enmarcadas en dicha carta magna. En este tenor, es responsabilidad de todos los mexicanos, pero principalmente de quienes tenemos el encargo del trabajo legislativo, velar por mantener la congruencia y alcances entre la Constitución y las leyes que de ella emanen, a efecto de consolidar nuestro estado de derecho y alcanzar la tan anhelada armonía social, así como todos y cada uno de los principios contenidos en aquella.

En este orden de ideas, no sólo es preciso que las normas que se desprenden de ella, respondan al espíritu y letra de sus disposiciones, para vivir armónicamente en sociedad, como lo expresa el diputado proponente, sino que es una condición sine qua non para concebir un estado de derecho y evitar fisuras en lo más preciado de nuestra sociedad.

Ahora bien, el espíritu contemplado en el artículo primero de nuestra ley suprema, de acuerdo con el Constituyente de 1917, contempla dos principios capitales: el primero, que la autoridad debe garantizar el goce de los derechos naturales a todos los habitantes de la República; el segundo, que no debe restringirse ni modificarse la protección concedida a los derechos que reconoce, sino con arreglo a la misma Constitución.

En este sentido, cabe recordar que mediante reforma llevada a cabo en el año 2001, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de agosto del mismo año, se adicionaron a este precepto el segundo y tercer párrafos, los cuales hasta antes de la reforma integraban el artículo segundo. Lo que se buscó fue unificar los principios antes mencionados, dar claridad sobre los alcances de éstos y evitar cualquier clase de discriminación.

Basta recordar lo que señala el párrafo tercero: ``Queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas''.

Por otro lado, cabe recordar que el deporte y las otras expresiones de cultura física son instrumentos sumamente útiles en la promoción, incremento y recuperación de la salud física, contribuyen decisivamente en la prevención y atención de conductas antisociales y promueven la convivencia positiva, inducen al orgullo regional y nacional y prohíjan la competitividad y superación sanas.

La cultura física y el deporte, como bien lo manifiesta el legislador proponente, constituyen factores de especial trascendencia individual y social, que coadyuvan en forma importante a la salud física y mental de los seres humanos, forman parte del desarrollo integral de los niños y jóvenes, además de completar su educación, asimismo, constituyen un instrumento valioso para la integración familiar.

La Ley General de Cultura Física y Deporte vigente, es una norma general, obligatoria e impersonal, es decir, es incluyente de todos y todas las personas, y uno de sus objetivos es garantizar el derecho de participación en los programas de cultura física y deportiva de todas las personas, sin distinción alguna. Asimismo, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte tiene atribuciones que van dirigidas a todas las personas y no a alguna en específico, por lo que en ningún momento puede inclinarse a un genero o grupo específico, cubriendo de tal forma toda la población.

Sin embargo, de la revisión del tercer párrafo, artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de la fracción X artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, que de manera enunciativa, mas no limitativa, mencionan los supuestos que motivan la discriminación, mismos que se prohíben, se aprecia a simple vista una falta de armonía, toda vez que la Constitución literalmente dice: ``queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el genero, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas''; mientras que la Ley General de Cultura Física y Deporte a la letra dice: ``garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, capacidades diferentes, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen, y''; es decir, esta última ley no contempla de manera expresa los términos ``origen étnico'' y ``condición de salud'', lo que sí provee expresamente la Constitución.

Finalmente, es preciso recordar que para alcanzar el desarrollo social es importante impulsar el respeto de la diversidad, que la ley define como el reconocimiento en términos de origen étnico, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, las opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra, para superar toda condición de discriminación y promover un desarrollo con equidad y respeto a las diferencias.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Comisión de Juventud y Deporte somete a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Artículo Único. Se reforma la fracción X del artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 2. ...

I. a IX . ...
X. Garantizar a todas las personas, sin distinción de origen étnico, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias o estado civil la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen, y
XI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Comisión de Juventud y Deporte, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días del mes de diciembre de dos mil siete.
Comisión de Juventud y Deporte, diputados: Elizabeth Morales García (rúbrica), presidenta; Alma Hilda Medina Macías (rúbrica), Daisy Selene Hernández Gaytán (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Francisco Sánchez Ramos , Gerardo Lagunes Gallina (rúbrica), Gregorio Barradas Miravete , José Luis Aguilera Rico (rúbrica), José Inés Palafox Núñez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), secretarios; Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica), Celso David Pulido Santiago (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández , Emilio Ulloa Pérez , Francisco Javier Plascencia Alonso (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo , Joel Arellano Arellano (rúbrica), Mario Alberto Salazar Madera , Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), Pedro Montalvo Gómez (rúbrica), Rafael Villicaña García , Ricardo Franco Cazarez (rúbrica), Salvador Barajas del Toro , Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Jorge Luis de la Garza Treviño (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : No se ha inscrito ningún diputado para fundamentar el dictamen. En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto. Aun cuando no se registró ningún diputado para fijar posición de su grupo parlamentario, se ha inscrito en lo particular el diputado Fernando Mayans Canabal, por lo que tiene el uso de la palabra por cinco minutos.

El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal : Con su permiso, señora Presidenta.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, la UNESCO en 1978 declaró a la educación física y al deporte como derechos humanos que deben ser ejercidos como parte de la educación permanente para el desarrollo humano y la calidad de vida. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud en 2004 puso la actividad física al mismo nivel de importancia que la alimentación, porque la mala alimentación y la falta de ejercicio físico son factores de riesgo para la salud.

Por su parte la ONU, en el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 2002, en el párrafo 67, inciso j), recomienda alentar a las personas de edad a que mantengan o adopten modos de vida activos y saludables que incluyan actividad física y deporte. Además, la ONU declaró el 2005 como el Año de la Educación Física y el Deporte.

El dictamen que hoy se encuentra a consideración de este pleno es producto de la iniciativa de decreto que presentó el de la voz el 3 de septiembre de 2007, teniendo en cuenta las premisas referidas con la finalidad de garantizar el respeto y el cumplimiento de nuestro orden constitucional y, efectivamente, la igualdad de oportunidades a todas las personas sin ningún tipo de distinción o diferencia alguna respecto de los beneficios de los programas de deporte y cultura física.

De esta manera se está incorporando una fracción X al artículo 2o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte: el término origen étnico y condiciones de salud.

Sin duda alguna esta modificación responde al espíritu y letra de nuestra ley fundamental y contribuye a colmar los esfuerzos por fortalecer nuestra entidad nacional a través del deporte y la cultura física.

Reiteramos que, en el terreno de los derechos y las libertades el ejercicio del derecho a la cultura física y la práctica del deporte, es fundamental para elevar el nivel cultural y social de los ciudadanos, así como parte del derecho a la protección de la salud.

El desarrollo del deporte nacional desde décadas atrás no ha podido rendir sus frutos. Las situaciones de escándalo y juegos de intereses que se presentan en las instituciones que dirigen las políticas en la materia y de las cuales la opinión pública ha sido testigo, no han permitido que en la mayoría de las veces los apoyos institucionales tengan como destinatarios a ciudadanas y ciudadanos que, por su capacidad y talento y sin ningún tipo de discriminación por su origen étnico, edad, sexo, preferencia sexual y condición social, pudieran llegar a enaltecer a México.

Lo anterior nos preocupa sobremanera, ya que esta Cámara de Diputados ha actuado y apoyado responsablemente al aprobar el presupuesto destinado al deporte nacional que para 2008 es de mil 973 millones de pesos, de los cuales se etiquetaron mil 253 millones de pesos a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la Conade, dependencia responsable del manejo de programas que otorgan beneficios.

De ahí que seguiremos impulsando importantes cambios legislativos con el único afán de que el Estado cuente con la capacidad real para contribuir al desarrollo permanente de esta actividad, con plena transparencia en el otorgamiento de beneficios y recursos económicos y sin exclusiones que entrañen discriminación alguna, ya que no sólo constituye un medio importante para la preservación de la salud y prevención de enfermedades, sino también, como lo hemos dicho, para el diseño de programas y acciones enfocadas a la prevención del delito.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, en virtud de que el propósito central de la reforma contenida en el dictamen es que se garantice efectivamente la igualdad de oportunidades a todas las personas, sin ningún tipo de distinción o diferencia alguna respecto de los beneficios de los programas de deporte y cultura física, pido su voto a favor.

Apoyar este dictamen influirá de manera importante en el desarrollo social que el país requiere, en la medida en que se estará garantizando dicha igualdad, al no excluir a las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas o con alguna enfermedad que les impida practicar alguna actividad física.

Refrendemos el decreto emitido por el Congreso de la Unión mediante el cual se declara el año 2008 como el Año de la Educación Física y el Deporte, promoviendo los cambios necesarios a la legislación en la materia. Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : No habiéndose inscrito ningún orador más, se considera suficientemente discutido el proyecto de decreto, por lo que pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico.

Sólo voy a estar dando cinco minutos para las votaciones, por lo cual les pido atentamente a los compañeros, respetuosamente además, a todos los compañeros diputados que no están en la sala de plenos que por favor puedan estar con nosotros porque vamos a tratar de hacer las votaciones muy rápido.

Pido que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

(Votación)

¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir el sentido de su voto? Está abierto el sistema. Ciérrese el sistema de votación electrónico. Actívese el micrófono del diputado Mario Alberto Salazar Madera , para que emita su voto.

El diputado Mario Alberto Salazar Madera (desde la curul): Mi voto es a favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Diputado Buganza Salmerón.

El diputado Gerardo Buganza Salmerón (desde la curul): A favor, aquí estoy.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Diputado Rodríguez Prats.

El diputado Juan José Rodríguez Prats (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Se emitieron 348 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobado en lo general y en lo particular, por 348 votos, el proyecto de decreto que reforma la fracción X del artículo 2o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Es el artículo 2o. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.



LEY GENERAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del dictamen.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta. Se dispensa la lectura.

«Dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

A la Comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente No. 2636, que contiene la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Cultura Física y Deporte, presentada por el diputado Omar Antonio Borboa Becerra , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión de la Cámara de Diputados celebrada el 25 de octubre de 2007.

Mediante la presente iniciativa, el legislador plantea garantizar el derecho que tienen las personas con algún tipo de discapacidad a acceder a instalaciones destinadas a la cultura física y el deporte. De igual modo, el promovente busca mediante esta reforma, que la Secretaría de Educación Pública participe en la formulación de programas que promuevan la cultura física y el deporte en los estudiantes con algún tipo de discapacidad.

La propuesta del legislador adiciona las fracciones XI y XXII del artículo 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Específicamente, la adición a la fracción XI hace explícita la obligación que tienen los tres órdenes de gobierno para que en la realización de obras de infraestructura destinadas a la cultura física y el deporte se tomen en cuenta los requerimientos de las personas con algún tipo de discapacidad. Por su parte, la adición a la fracción XXII establece claramente la formulación de programas de cultura física y deporte para estudiantes, en los cuales tendrá que participar la Secretaría de Educación Pública.

La Comisión de Juventud y Deporte procedió al estudio y análisis de la iniciativa de referencia, llevando a cabo para tal efecto diversas reuniones de trabajo con los integrantes del pleno de la misma, hasta alcanzar el dictamen que hoy se presenta bajo las siguientes:

Consideraciones

El deporte puede ser un importante factor de integración familiar, social y comunitaria, además de que es un elemento para la formación de valores desde la niñez, puesto que contribuye a desarrollar hábitos como la constancia, la disciplina, la tenacidad, la fijación de objetivos y metas, además de que permite establecer claramente la relación entre el esfuerzo y los resultados.

De igual modo, el deporte constituye un factor de especial trascendencia en lo individual y lo social, pues influye de manera determinante en la salud física y mental de los seres humanos y complementa la educación, sobre todo en el desarrollo integral de los niños y jóvenes.

Asimismo, no debemos soslayar el hecho de que existe una demanda no satisfecha de programas, acciones e instalaciones que promuevan y permitan el desarrollo de la cultura física y deporte entre la población y en las instituciones educativas, demanda que se agudiza en las personas con algún tipo de discapacidad, por lo que, para abatir esta gran demanda, resulta imprescindible edificar, remodelar, rehabilitar y aprovechar al máximo la infraestructura deportiva.

A pesar de esfuerzos realizados por diversas administraciones federales y los que realizan las entidades federativas, todavía existe un gran rezago en materia de infraestructura destinada a la cultura física y el deporte, y de manera más evidente para las personas con algún tipo de discapacidad.

Durante los últimos 20 años se ha gestado en nuestro país un gran movimiento de las personas con discapacidad, el cual, les ha permitido alcanzar diferentes logros para su bienestar. Uno de estos logros ha sido en el ámbito deportivo. Ejemplo de ello, fue el desempeño de los deportistas mexicanos en los III Juegos Para Panamericanos, que se llevaron a cabo del 12 al 19 de agosto de 2007 en Río de Janeiro, Brasil, en los cuales la delegación mexicana obtuvo el cuarto lugar del medallero general, con un total de 117 medallas, 37 de oro, 43 de plata y 37 de bronce.

La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con discapacidad y las barreras provocadas por la actitud de las personas y al entorno en el que viven las personas con algún tipo de discapacidad, lo cual provoca que en ocasiones su participación no sea plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

Una de esas barreras son las arquitectónicas; por ello, es indispensable promover que la infraestructura permita la movilidad y un mejor acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud, educación, capacitación, empleo, cultura, recreación y deporte. La integración de las personas con alguna discapacidad y su incorporación al desarrollo, es necesaria para garantizar el pleno respeto y ejercicio de sus derechos humanos, políticos y sociales, la igualdad de oportunidades y la equidad, lo anterior se traduce en el acceso a los servicios mencionados y de manera especifica a través de una infraestructura funcional.

Garantizar a las personas con discapacidad el acceso a la práctica y desarrollo de la cultura física y el deporte por medio de programas e infraestructura adecuados, es una necesidad y un compromiso del Estado mexicano. En este sentido, resulta necesario e importante que se siga impulsando el fortalecimiento de la infraestructura deportiva.

Por ello, esta Comisión coincide con el diputado promovente de la iniciativa que se estudia y analiza, en el sentido de que una manera de contribuir al desarrollo de la cultura física y deporte y al impulso de talentos deportivos entre las personas y los estudiantes con discapacidad, es promoviendo el diseño e instrumentación de programas dirigidos a fomentar el desarrollo de la cultura física y deporte entre las personas y los estudiantes con discapacidad, así como la adecuación de las instalaciones deportivas para que se posibilite el acceso y la participación de estas personas a la actividad física, el deporte y la recreación, y por otro lado, impulsar que las futuras infraestructuras deportivas y recreativas cumplan fielmente con lo establecido en la Ley General de Cultura Física y Deporte, y normatividad correspondiente.

Finalmente, los diputados integrantes de la Comisión Dictaminadora, consideran necesario realizar adecuaciones a la reforma propuesta de la fracción XXII, con el objeto de que quede mejor clarificada en la Ley la participación de la Secretaría de Educación Pública cuando se trate de la elaboración e instrumentación de programas dirigidos a promover la cultura física y deporte entre los estudiantes con discapacidad.

Con la redacción alterna de la reforma a dicha fracción que propone esta Comisión, se respeta la atribución de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte como organismo conductor de la política nacional en estas materias, y se permite la coordinación que se debe dar con la Secretaría de Educación Pública en programas de esta naturaleza.

Con base en estos elementos, se modifica la redacción original sin que se desvirtúe el espíritu de la propuesta original y se propone de la siguiente manera:

``Artículo 29. ...

XXII. Formular programas para promover la cultura física y deporte entre las personas con discapacidad. En particular, los programas dirigidos a promover la cultura física y deporte entre los estudiantes con discapacidad, se elaborarán y ejecutarán en coordinación con la SEP.''

Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Comisión de Juventud y Deporte somete a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Artículo Único. Se reforman las fracciones XI y XXII del artículo 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 29. ...

I. a X. ...
XI. Fomentar y promover la construcción, conservación, adecuación, uso y mejoramiento de instalaciones destinadas a la cultura física y deporte, dichas instalaciones deberán considerar los requerimientos de las personas con discapacidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de esta Ley;
XII. a XXI. ...
XXII. Formular programas para promover la cultura física y deporte entre las personas con discapacidad. En particular, los programas dirigidos a promover la cultura física y deporte entre los estudiantes con discapacidad, se elaborarán y ejecutarán en coordinación con la SEP;
XXIII. y XXIV. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones de la Comisión de Juventud y Deporte, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días del mes de diciembre de dos mil siete.
Comisión de Juventud y Deporte, diputados: Elizabeth Morales García (rúbrica), presidenta; Alma Hilda Medina Macías (rúbrica), Daisy Selene Hernández Gaytán (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Francisco Sánchez Ramos , Gerardo Lagunes Gallina (rúbrica), Gregorio Barradas Miravete , José Luis Aguilera Rico (rúbrica), José Inés Palafox Núñez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), secretarios; Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica), Celso David Pulido Santiago (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández , Emilio Ulloa Pérez , Francisco Javier Plascencia Alonso (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo , Joel Arellano Arellano (rúbrica), Mario Alberto Salazar Madera , Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), Pedro Montalvo Gómez (rúbrica), Rafael Villicaña García , Ricardo Franco Cazarez (rúbrica), Salvador Barajas del Toro , Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Jorge Luis de la Garza Treviño (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : No habiendo ningún orador para fundamentar el dictamen nos encontramos en la discusión en lo general y en lo particular. Y tampoco hay orador inscrito. Para tal caso pido a la Secretaría que consulte al pleno si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido, en lo general y en lo particular.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto, en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior, ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto.

(Votación)

¿Algún diputado falta por votar? Está abierto el sistema todavía, diputadas y diputados. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 343 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobado en lo general y en lo particular, por 343 votos, el proyecto de decreto que reforma el artículo 29 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.



EX TRABAJADORES FERROCARRILEROS

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es el de dictámenes a discusión con punto de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

«Dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con puntos de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a efecto de que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo apoye y asesore a los ex trabajadores ferrocarrileros; y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con objeto de que informe sobre el estado que guardan las demandas presentadas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de la LX Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

• Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, por medio de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, vigile y agilice debidamente el trámite de pago de faltante de liquidación a ex ferrocarrileros adscritos en el expediente 66/99 a cargo del delegado fiduciario especial Enrique Rivas Zivy, de Ferrocarriles Nacionales de México, presentado el 26 de abril del 2007 por el diputado Carlos Eduardo Felton González del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LX legislatura.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f) y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Trabajo y Previsión Social somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Dictamen

Antecedentes

1. La proposición con punto de acuerdo listada en el proemio de este dictamen fue presentada en la fecha y por el diputado que se mencionó anteriormente, y publicadas en la Gaceta Parlamentaria de fecha 26 de abril de 2007.
2. La proposición citada fue turnada a esta comisión, para efectos de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

1. Refiere el autor de la proposición que se dictamina, que a raíz de la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México comenzó el recorte de personal.

Posteriormente en 1998 se integra la comisión liquidadora, con la finalidad de finiquitar las justas demandas de los ex trabajadores.

Agrega el proponente que han pasado ya casi nueve años desde la creación de esta comisión liquidadora y aún quedan ex ferrocarrileros sin recibir la liquidación completa. Por ello y ante los múltiples esfuerzos y trámites que varias personas en esta situación han tenido que enfrentar debido a los incumplimientos de la liquidadora, conmina a los legisladores a ejercer sus facultades para velar por los intereses de estos trabajadores.

Señala el proponente que durante la gestión del anterior fiduciario, licenciado Jaime Montaño Guillen, se realizó el pago de una demanda correspondiente al expediente 22/99. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido pagada la liquidación tramitada por 350 ex ferrocarrileros adscritos en el expediente 66/99, a pesar de que han realizado los mismos trámites que los trabajadores adscritos al expediente 22/99.

Concluye el autor de esta propuesta que es imprescindible que la Comisión Liquidadora de Ferrocarriles Nacionales de México cuente con mayor transparencia en sus trámites y formas de pago, misión para la cual fue creada.

Apunta el autor de la propuesta que el actual director del área jurídico laboral de la Comisión Liquidadora de Ferrocarriles Nacionales de México, se encuentra en pleno conocimiento de la situación por la que han pasado estos ex ferrocarrileros; de igual forma el licenciado Enrique Rivas Zivy, delegado fiduciario especial de la misma, por lo que de ninguna forma debemos permitir que este caso continúe sin ser debidamente atendido.

Concluye el proponente que es evidente que, pese al tiempo transcurrido, no ha existido el debido cumplimento de los quehaceres de la comisión liquidadora, pues no ha sido realizada con plena transparencia debido a que los laudos condenatorios a favor de los ex trabajadores carecen de vigilancia final respecto de lo que realmente reciben los trabajadores y lo que les corresponde de acuerdo al laudo respectivo y que existe una confusión de expedientes y actores que permiten discrecionalidad en el pago y cumplimiento de las obligaciones correspondientes y que, a pesar de que el expediente en alusión pese a haber cumplido con los mismos trámites, no se ha resuelto; y señala que se requiere un intervención más puntual de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje, para apoyar a los 350 ex trabajadores que se encuentran en esta situación.

2. La comisión dictaminadora comparte la inquietud del autor de la propuesta por los siguientes motivos:

Esta comisión considera que ha transcurrido demasiado tiempo desde la creación de la Comisión Liquidadora de Ferrocarriles de México y que de ninguna forma se debe permitir que este caso continúe sin ser debidamente atendido.

Por otra parte, la dictaminadora sostiene que es imprescindible que la Comisión Liquidadora de Ferrocarriles Nacionales de México cuente con la mayor transparencia en sus trámites y formas de pago, en virtud de que no todos los casos que se presentan se pagan por la mencionada comisión, a pesar de que los trabajadores han cumplido con los mismos trámites.

Así pues, es necesaria exhortar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje, proporcione información sobre el estado que guardan los pagos a los trabajadores, los finiquitos finales derivado de laudos condenatorios y lo que realmente han recibido los trabajadores respecto de los procedimientos iniciados por los ex trabajadores.

Igualmente se requiere exhortar a dicha secretaría para que gire instrucciones a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo con la finalidad de que apoye a los ex trabajadores que aún no han sido liquidados mediante asesoría gratuita y para que acelere la gestión de los trámites ante la Comisión Liquidadora de Ferrocarriles de México que le han sido encomendados.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Trabajo y Previsión Social se permite someter a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo apoye y asesore a los ex trabajadores ferrocarrileros, así como para que vigile y agilice el trámite de pago y cumplimiento de los laudos condenatorios a favor de los ex ferrocarrileros de diversos expedientes, solicitando a remitir comprobante del monto que recibió el ex trabajador mediante recibo suscrito por el beneficiario a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

Segundo. Se exhorta a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para que informe a esta soberanía sobre el estado que guardan las demandas presentadas por los ex trabajadores de Ferrocarriles Nacionales y para que actúe con celeridad e imparcialidad en su resolución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2007.--- Diputados: Tomás del Toro del Villar (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), Carlos René Sánchez Gil (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica), José Antonio Almazán González , Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), Ramón Almonte Borja , Luis Ricardo Aldana Prieto , Francisco Antonio Fraile García (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Alfonso Othón Bello Pérez (rúbrica), Antonio Berber Martínez , Rolando Rivero Rivero (rúbrica), José Antonio Arévalo González (rúbrica), Gustavo Ramírez Villarreal (rúbrica), Demetrio Román Isidoro (rúbrica), Beatriz Collado Lara (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Ramón Félix Pacheco Llanes , Ana Yurixi Leyva Piñón , Rogelio Muñoz Serna , Alfredo Barba Hernández (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo , Sonia Noelia Ibarra Franquez , Rosario Ignacia Ortiz Magallón , José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica), Diego Aguilar Acuña (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros .

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Está a discusión el punto de acuerdo.

Se han inscrito para este caso el diputado Carlos Eduardo Felton González y el diputado Carlos Ernesto Navarro López . Por tanto, tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Eduardo Felton González , del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Carlos Eduardo Felton González : Gracias, diputada Presidenta.

Primero que todo, una felicitación a todas las diputadas y a todos los diputados, amigos ya de un servidor, por este Día de la Amistad. Gracias, gracias.

Como todos sabemos, a raíz de la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México comenzó el recorte de personal. Para 1998 se integra la Comisión Liquidadora con la finalidad de finiquitar las justas demandas de los ex trabajadores.

Han pasado ya casi nueve años desde la creación y aún quedan ex ferrocarrileros sin recibir la liquidación completa. Ante los múltiples esfuerzos y trámites que varias personas en esta situación han tenido que enfrentar debido a los incumplimientos de la liquidadora, los legisladores tenemos el compromiso desde nuestras facultades de ver por los intereses de los mismos.

Durante la gestión del anterior fiduciario, el licenciado Jaime Montaño Guillén, se cumplió con el pago de una demanda, la correspondiente al expediente 22/99. Por otro lado, estuvo tramitándose la liquidación de los ex ferrocarrileros adscritos en el expediente 66/99, que no puede hasta la fecha ser cumplida.

Aun habiendo contado con los mismos trámites, este grupo de 350 ex trabajadores no han sido completamente liquidados. Es imprescindible que la Comisión Liquidadora de Ferrocarriles Nacionales de México cuente con la mayor transparencia en sus trámites y formas de pago, misión para la cual fue creada.

El actual director del área jurídico-laboral de la Comisión Liquidadora de Ferrocarriles Nacionales de México se encuentra en pleno conocimiento de la situación... por lo que han presentado estos ex ferrocarrileros. De igual forma, el licenciado Enrique Rivas Zivy, delegado fiduciario especial de la misma. Por lo que de ninguna forma debemos permitir que este caso continúe sin ser debidamente atendido.

Es evidente que pese al tiempo transcurrido no ha existido el debido cumplimiento de los quehaceres de la Comisión Liquidadora, pues no han sucedido con plena transparencia debido a que ya fue liquidado un expediente y el otro no, que han cumplido los mismos trámites y que la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje, no se ha dado el recto seguimiento del caso a favor de 350 ex trabajadores que se encuentran en esta situación.

Por lo anterior, compañeras diputadas y compañeros diputados, pido el apoyo de todos ustedes para que aprobemos el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que solicite a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo que apoye y asesore a los ex trabajadores ferrocarrileros, así como a que vigile y agilice el trámite de pago y el cumplimiento de los laudos condenatorios a favor de los ex ferrocarrileros de diversos expedientes, solicitando que se remita comprobante del monto que recibió el ex trabajador mediante recibo suscrito por el beneficiario a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

Segundo. Se exhorta a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a que informe a esta soberanía sobre el estado que guardan las demandas presentadas por los ex trabajadores de Ferrocarriles Nacionales, y a que se actúe con celeridad e imparcialidad en su resolución.

Por su apoyo, compañeras diputadas y compañeros diputados, muchas gracias.

Presidencia del diputado Luis Sánchez Jiménez :

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias, diputado Felton. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Ernesto Navarro López, de la fracción parlamentaria del PRD.

El diputado Carlos Ernesto Navarro López : Con su permiso, Presidente.

Compañeros legisladores, yo sé que a lo mejor a algunos diputados no les interesa este tema, pero la verdad para los trabajadores que están sufriendo esta situación de desinterés, de negligencia, de tortuguismo de quienes ejercen funciones administrativas y legales, es importante que la Cámara de Diputados pueda pronunciarse al respecto.

Ya han transcurrido más de 10 años desde que se integró la Comisión Liquidadora, responsable de finiquitar las demandas de los ex trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, y efectivamente, aún quedan más de 350 casos en que no se ha finiquitado la liquidación completa.

Eso habla de que la comisión que se estableció no hace su tarea o no está cumpliendo sus obligaciones. Y tiene 10 años ya con este tema, con una gran cantidad de trámites, de vueltas, de reclamos, de plantones de los ex trabajadores ferrocarrileros que demandan una justa indemnización. Ahora acuden a la Cámara de Diputados para que nosotros podamos demandar, reclamar que se atienda este justo reclamo de quienes trabajaron en Ferrocarriles Nacionales de México.

Nuestro carácter de representantes populares nos obliga a atender con eficacia y prontitud los reclamos de quienes en la práctica ven conculcados sus derechos como resultado de los tortuosos procedimientos legales y administrativos, especialmente cuando se trata de modestos trabajadores que con frecuencia están defendiendo su único patrimonio.

En este caso, en virtud de tanto tiempo que ha pasado, se justifica nuestro punto de vista plenamente: el que la comisión que ha presentado esta propuesta tenga el respaldo para que se apruebe el exhorto de esta honorable Cámara a las autoridades del trabajo para que se alcance, a la brevedad posible, una solución justa a los trabajadores afectados. Pero también, apoyando la propuesta de la dictaminadora, debemos exigir mayor transparencia en los trámites y en la forma de pago de la Comisión Liquidadora de Ferrocarriles Nacionales de México.

Por eso es importante que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social proporcione efectivamente toda la información sobre el estado que guardan no solamente las demandas ---como lo planteó el diputado que me antecedió---, sino también los pagos de liquidación correspondientes que ya se han hecho.

Es importante también que tengamos presente que en este tipo de asuntos los trabajadores son, por lo general, la parte más débil de la ecuación, por lo que tiene especial relevancia que se les pueda dotar de asesoría necesaria. En este caso me refiero a la propuesta que hace la comisión para que se reciba asesoría gratuita por parte de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

Diez años es un largo periodo, más que suficiente para atender los derechos de los trabajadores ferrocarrileros. De ninguna manera se justifica alargar indefinidamente estos procesos administrativos y menos cuando los perjudicados son los trabajadores que sirvieron a una empresa fundamental en el desarrollo de México.

Por todo lo anterior, en nombre del Grupo Parlamentario del PRD damos nuestro completo respaldo a esta propuesta que se ha presentado por parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Es todo, Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias, diputado Navarro López. Agotada la lista de oradores, se considera suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

El Secretario diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés : En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias, diputado.Se aprueba.



ESTADO DE VERACRUZ

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : En el siguiente punto de acuerdo, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerablesha enviado a esta Presidencia una fe de erratas. Proceda la Secretaría a darle lectura.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.

Ciudadana diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura.

Por este conducto le solicito muy atentamente realizar la modificación ---fe de erratas--- al dictamen aprobado por esta comisión y publicado el 7 de febrero en la Gaceta Parlamentaria número 2240-II, de la proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Veracruz a realizar las acciones necesarias para garantizar el acceso y la integración en el sector público de las personas con discapacidad, según sus habilidades y su preparación para el empleo.

Dice:

``En mérito de lo expuesto, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables considera que la propuesta es viable, con modificación, ya que de establecer un porcentaje fijo, estaríamos efectuando un acto discriminatorio para los otros grupos activos laboralmente de la sociedad. Es por tal que la comisión somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados lo siguiente...''

Debe decir:

``En mérito de lo expuesto, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables considera que la propuesta es viable. Por ello, la comisión somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente...''

Palacio Legislativo de San Lázaro a 12 de febrero de 2008.--- Diputada María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), presidenta; diputada Marcela Cuen Garibi (rúbrica), secretaria; diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), secretaria; diputado David Sánchez Camacho (rúbrica), secretario y diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica).»

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Proceda la Secretaría a dar lectura al punto de acuerdo.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo a fin de exhortar al gobierno del estado de Veracruz a realizar las acciones necesarias para garantizar el acceso y la integración en el sector público de las personas con discapacidad, según sus habilidades y su preparación para el empleo

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnado para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Veracruz con objeto de que se realicen las acciones necesarias para promover el acceso e integración laboral en el sector público a personas con discapacidad en un 2 por ciento, de su plantilla de personal, considerando sus habilidades y preparación para el empleo.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Veracruz a fin de que promueva una cultura de no discriminación laboral en el sector público por motivos de discapacidad, principalmente en lo relacionado a las condiciones de selección, contratación, continuidad en el empleo, promoción profesional y condiciones de trabajo seguras.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración de esta honorable Asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes:

Antecedentes

1. Con fecha 22 de agosto de 2007, la diputada María Victoria Gutiérrez Lagunes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Veracruz para que realice las acciones, para promover el acceso e integración en el sector público de las personas con discapacidad, considerando sus habilidades y preparación para el empleo.

2. Con esa misma la proposición con punto de acuerdo fue turnada a esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para efectos de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

I. Esta Comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.

II. En la sociedad existen obstáculos que impiden a las personas con discapacidad ejercer sus derechos y libertades, la marginación y la discriminación de las personas con discapacidad en la vida económica y productiva tiene repercusiones en la vida social, cultural y política, constituyendo un severo agravio a su dignidad, obstaculizando a la vez el cumplimiento de sus derechos y deberes económicos contenidos en la legislación. Esta situación influye negativamente en su bienestar social y afecta su desempeño como agentes productivos.

III. El trabajo es uno de los ámbitos más importantes para la integración social de este grupo vulnerable de población, porque constituye el medio para desarrollar y fortalecer la dignidad humana.

IV. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1o., párrafo tercero, establece que: Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

V. De igual forma nuestra Carta Magna en su artículo 123, párrafo primero, establece que: Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.

VI. A nivel internacional respecto de trabajo para personas con discapacidad México firmó el 30 de marzo de 2007, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual establece en su artículo 27 que: ``...Los estados partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho del trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de la legislación, entre ellas... g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público; h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas; i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo.

VII. Nuestra legislación también cuenta con leyes expedidas como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y La Ley General de las Personas con Discapacidad.

En mérito de lo expuesto, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables considera que la propuesta es viable con modificación ya que de establecer un porcentaje fijo estaríamos efectuando un acto discriminatorio para los otros grupos activos laboralmente de la sociedad, es por tal que la Comisión somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente:

Proposición con Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Veracruz con objeto de que se realice las acciones necesarias para promover el acceso e integración laboral en el sector público a personas con discapacidad en un 2 por ciento, de su plantilla de personal, considerando sus habilidades y preparación para el empleo.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Veracruz a fin de que promueva una cultura de no discriminación laboral en el sector público por motivos de discapacidad, principalmente en lo relacionado a las condiciones de selección, contratación, continuidad en el empleo, promoción profesional y condiciones de trabajo seguras.

Dado en la sala de juntas de la Comisión, a los 12 días del mes de diciembre de 2007.
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados: María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Marcela Cuen Garibi (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui , Humberto Wilfredo Alonso Razo, Irene Aragón Castillo , Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunes (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale , María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Marisol Mora Cuevas (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas , Jorge Quintero Bello (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas , Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), Mario Vallejo Estevez , Martín Zepeda Hernández .»

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Agréguese entonces la fe de erratas al dictamen. Está a discusión. Se han inscrito para participar en la discusión de este punto de acuerdo la diputada María del Carmen Pinete Vargas, de la fracción parlamentaria del PRI, en contra; y la diputada María Victoria Gutiérrez Lagunes, de la fracción parlamentaria del PAN, en pro. Tiene el uso de la palabra la diputada María del Carmen Pinete Vargas, hasta por cinco minutos.

La diputada María del Carmen Pinete Vargas : Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ha manifestado en todo momento su solidaridad e interés para con los grupos vulnerables y, de manera particular, con quienes padecen algún tipo de discapacidad.

El respeto a las diferencias, la no discriminación y la inclusión en todas las esferas de la vida en la sociedad son valores democráticos que deben fortalecerse a través de acciones contundentes, que vayan desde la creación de políticas y programas públicos vanguardistas hasta la adecuación del marco jurídico que proteja de manera efectiva los derechos y las prerrogativas de todas las mexicanas y todos los mexicanos con capacidades diferentes.

Estamos ciertos de que la vulnerabilidad fracciona y, por tanto, anula el conjunto de garantías y libertades fundamentales. De tal forma que las personas y los grupos, así como las comunidades en esa situación, tienen derechos únicamente a nivel formal, ya que en los hechos no se dan las condiciones necesarias para el ejercicio.

Sin embargo, nuestro voto, compañeras y compañeros, para el dictamen que estamos discutiendo es en sentido negativo, toda vez que en la exposición de motivos no existen argumentos que justifiquen el exhorto al gobierno veracruzano. Es decir, no hay señalamientos expresos ni de que se esté haciendo lo contrario en la entidad veracruzana.

¿Por qué sólo a un gobierno y no a todos los gobiernos y en todos los niveles, incluyendo al nivel federal? Es evidente que éste es un asunto político cuyo interés particular no es el de abonar a favor de las personas con discapacidad en el estado de Veracruz, sino tratar de evidenciar a un gobierno.

No corresponde a esta Cámara hacer los exhortos al respecto, toda vez que no hay asunto concreto a enmendar. En todo caso revisemos la administración pública federal y respetemos la soberanía de los estados, toda vez que, repito, no existe un asunto ni argumento concreto que lo justifique.

En todo caso, y con la intención de impulsar las acciones a favor de las y los mexicanos de toda la república que tienen alguna discapacidad, proponemos modificar el acuerdo en la idea de que el exhorto en ambos numerales sea de manera respetuosa y se dirija a todos los gobiernos de las entidades federativas, así como al Poder Ejecutivo Federa. Es cuanto. Gracias.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias, diputada Pinete Vargas. Tiene la palabra la diputada María Victoria Gutiérrez Lagunes.

Y antes de que tome la tribuna la diputada, esta Presidencia informa de la presencia de alumnas y alumnos de la escuela Mártires de Tlatelolco, del Distrito Federal, y de alumnas y alumnos del Instituto Latino de México, de la delegación Coyoacán. Les damos una cordial bienvenida.

La diputada María Victoria Gutiérrez Lagunes : Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. La discapacidad tiene serias consecuencias, afectando no sólo a quienes las sufre por falta de oportunidades para su integración, sino también a las familias y a la sociedad en general.

El Banco Mundial estima que 20 por ciento de los más pobres del mundo tienen alguna discapacidad y tienden a ser considerados, dentro de sus propias comunidades, como las personas en situación con mayor desventaja, sufriendo discriminación, incluso dentro del propio seno familiar.

Se reconoce que las mujeres con discapacidad experimentan múltiples desventajas, siendo objeto de exclusión debido a su género y a su discapacidad.

Señoras y señores diputados, hoy la vida nos brinda la oportunidad de trabajar en beneficio de este sector tan vulnerable. Razón por la cual les invito, con toda el alma, a votar a favor de este punto de acuerdo que no lleva tintes políticos, sólo el fin de ayudar a la gente que más lo está necesitando.

Exhortamos, en este punto de acuerdo, al gobierno del estado de Veracruz a que realice las acciones necesarias para el acceso e integración en el sector público a personas con discapacidad, considerando sus habilidades y preparación laboral.

Quiero reconocer a los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Convergencia y otros más el que hayan aprobado, casi de manera unánime, este punto de acuerdo en la comisión, ya que vemos en ellos la buena disposición que existe. Y, por supuesto, confío en que esta LX Legislatura haga lo mismo. Los invito a votar a favor de los que más lo necesitan. Por su atención muchísimas gracias. Es cuanto.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se acepta la modificación propuesta. Dé lectura a la modificación propuesta, por favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : En relación con la propuesta presentada por la diputada Victoria Gutiérrez, se pregunta a la asamblea si se acepta dicha proposición.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Señor diputado, dé lectura por favor a la propuesta.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : El texto de la modificación propuesta es el siguiente:

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal y a los gobiernos de las entidades federativas, con objeto de que se realicen las acciones necesarias, a promover el acceso e integración laboral en el sector público a personas con discapacidad en un 2 por ciento de su plantilla de personal, considerando sus habilidades y preparación para el empleo.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal y a los gobiernos de las entidades federativas a fin de que promuevan una cultura de no discriminación laboral en el sector público por motivos de discapacidad, principalmente en lo relacionado con las condiciones de selección, contratación, continuidad en el empleo, promoción profesional y condiciones de trabajo seguras.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias, diputado.

Para ilustrar a la asamblea, les informamos que vamos a votar primero si se acepta o no la modificación propuesta. Proceda la Secretaría.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Quienes estén a favor de que se acepte la modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa en relación a esta modificación, sírvanse manifestarlo.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Vamos a hacer la votación nominal. Ábrase hasta por cinco minutos.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Háganse los avisos correspondientes y ábrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos.

(Votación)

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Esta Cámara agradece la presencia de alumnas y alumnos de la escuela primaria Profesor Fausto Arroyo Pérez, delDistrito Federal. Les damos la más cordial bienvenida.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : ¿Falta alguna diputada o algún diputado de emitir su voto? Está abierto el sistema aún, sean tan amables de registrar su voto. Está abierto el sistema electrónico para las diputadas y los diputados que falten de emitir su voto.

Preguntamos nuevamente si alguna diputada o algún diputado falta de emitir su voto. Está abierto aún el sistema electrónico para que procedan a emitirlo ahí. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Diputado Presidente, se emitieron 198 votos en pro de la modificación, 161 en contra y 0 abstenciones.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Mayoría por la afirmativa. En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo con la modificación aceptada.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo con las modificaciones aceptadas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

La diputada María Victoria Gutiérrez Lagunes (desde la curul): Pido la palabra.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : ¿Con qué objeto, diputada Lagunes?

La diputada María Victoria Gutiérrez Lagunes (desde la curul): Sí, diputado Presidente. Para comentar que si de inicio no me atreví a pedir que este punto de acuerdo fuese para todos los estados es porque nos consta que algunos ya lo están llevando a cabo. Pero me queda claro, porque lo he visto y constatado de manera directa, que el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, no lo está haciendo.

Por eso yo, en este momento, exhorté al señor gobernador a que incluya dentro de su plantilla laboral a personas con discapacidad.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias, diputada.

Continúen con la votación, por favor... diputada Pinete Vargas, ¿con qué objeto?

La diputada María del Carmen Pinete Vargas (desde la curul): Únicamente de procedimiento, Presidente, que usted ya lo dijo: ya se votó. Y para aclararle a la compañera Victoria que en Veracruz, nada más por poner un ejemplo, en 0.66 por ciento... la mayoría del personal es discapacitado, y en distintas áreas. Yo la invito para que recorramos el estado de Veracruz.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Proceda la Secretaría a la votación, por favor.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Con todo gusto, señor Presidente. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Aprobado.



MENORES TRABAJADORES AGRICOLAS

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con puntos de acuerdo en apoyo de los hijos de jornaleros agrícolas y menores trabajadores

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnado para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. La Cámara de Diputados manifiesta su compromiso permanente a favor de los derechos de todos los niños y niñas del mundo así como de reforzar acciones desde el ámbito de su competencia para contrarrestar los cada vez más frecuentes malos tratos, violencia física y psicológica, abusos verbales o sexuales en contra de menores que trabajan.

Segundo. La Cámara de Diputados, reconoce que existen avances, también reconoce que falta mucho por hacer y reitera el llamado, a los poderes de la Unión a los distintos órdenes de gobierno, a la sociedad civil y a todos los actores involucrados, para continuar trabajando en todas sus áreas de responsabilidad, bajo los lineamientos trazados por la Convención para los Derechos del Niño de 1989.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración de esta honorable Asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo antes mencionado, el cual se realiza bajo los siguientes:

Antecedentes

1. Con fecha 21 de diciembre del 2006, el diputado Edmundo Ramírez Martínez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el pleno punto de acuerdo para apoyar a los hijos menores de jornaleros y trabajadores agrícolas.
2. Con la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo fue turnada a esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para efectos de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

I. Esta comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
II. El campo mexicano ha representado en la historia nacional, un pilar en su desarrollo; ha dado impulso a la economía y es una de las mejores expresiones de nuestra cultura; por lo que es doloroso que menores de edad sean obligados a laborar en el campo horarios prolongados, se les haga utilizar instrumentos peligrosos para ellos, fabricados para el uso de adultos; que carguen pesos excesivos para su cuerpo en proceso de desarrollo y operen maquinaria que les implica riesgos.
III. En México, existen alrededor de 3.2 millones de menores de edad que laboran, principalmente en la agricultura, las calles, el servicio doméstico y en talleres; pagando un alto costo en sufrimiento y abusos.
IV. La Organización Internacional del Trabajo reporta que una cuarta parte de la población infantil que realiza alguna clase de trabajo, sea éste económico o doméstico, no asiste a la escuela, y que la mayoría de los más de 300 millones de niños y adolescentes trabajadores en el mundo, padecen violencia en el trabajo.
V. En México, familias completas se dedican a la actividad agrícola, muchos de ellos indígenas, y con frecuencia quienes contratan a niñas o niños para la recolección de hortalizas y legumbres, no respetan la legislación que los protege; por lo que es urgente visualizar la situación y sensibilizar sobre los riesgos que corren y la falta de respeto a sus derechos humanos.

Por lo expuesto, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables considera que la propuesta es viable, por lo que somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados manifiesta su compromiso permanente a favor de los derechos de todos los niños y niñas, así como de reforzar acciones desde el ámbito de su competencia para contrarrestar los malos tratos, la violencia física y psicológica, los abusos verbales y sexuales en contra de menores que trabajan.

Segundo. La Cámara de Diputados reconoce que existen avances y que falta mucho por hacer, por lo que convoca a los poderes de la Unión, a los distintos órdenes de gobierno, a la sociedad civil y a todos los actores involucrados a continuar trabajando bajo los lineamientos de la Convención para los Derechos del Niño de 1989.

Dado en la sala de juntas de la Comisión, a los 12 días del mes de diciembre del año 2007.
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados: María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Marcela Cuen Garibi (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui , Humberto Wilfredo Alonso Razo, Irene Aragón Castillo , Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunes (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale , María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Marisol Mora Cuevas (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas , Jorge Quintero Bello (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), Mario Vallejo Estevez , Martín Zepeda Hernández .»

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias. Está a discusión el punto de acuerdo. En virtud de que no se ha registrado orador alguno se considera suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría.



UNIDADES DE READAPTACION FEMENIL

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a los gobernadores a tomar las medidas necesarias para garantizar la protección y el desarrollo integral de los menores de edad que conviven con sus madres en algún centro de readaptación social

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las unidades de readaptación femenil que incluyan centros de desarrollo infantil en los mismos.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numerales 1, 2, fracción III, y numeral 3; 45 en su numeral 6 incisos e) a g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87, 88, 90 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo objeto del presente, y somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados celebrada el día 4 de octubre de 2007, la diputada María Mercedes Colín Guadarrama , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las unidades de readaptación femenil que incluyan centros de desarrollo infantil en los mismos.
2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Seguridad Pública.
3. Con fecha 29 de noviembre de 2007, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, se reunieron para analizar y discutir el presente dictamen, siendo aprobado por 19 votos.

Contenido

1. De acuerdo con la diputada proponente, por diversas razones la permanencia de niñas y niños en los centros de readaptación social es un hecho común, ya que las madres que cumplen una pena privativa de libertad prefieren tenerlos a su lado, al no contar con una mejor opción para su cuidado.
La permanencia de menores en los centros de readaptación social, no ha sido debidamente atendida por las autoridades competentes de los centros de readaptación social, como tampoco por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en las entidades federativas y el Distrito Federal, por lo que los menores se encuentran en situación precaria y sin una atención institucional que contribuya a su adecuado desarrollo.
2. La diputada proponente, refiere que el sexto párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla que los niños y las niñas tienen derecho a la alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; asimismo expresa, en el séptimo párrafo del mismo artículo, que el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.
Las garantías constitucionales señaladas, corresponden a los menores y adolescentes mexicanos y deben garantizarse a aquellos que por diversas razones se encuentran con sus madres en algún centro de readaptación social.
3. Por otra parte, señala que en los artículos 5, 8, 23 y 33 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se establece que los niños gozarán de protección, de programas especiales, y del derecho al juego, desarrollo y crecimiento. Dar protección para quienes vivan carentes o privados de sus derechos; disposiciones que deben aplicarse a favor de los niños y niñas que, aunque no purgan una condena, permanecen con sus madres.
4. En algunos centros de readaptación social, los reglamentos internos fijan una edad límite para que las niñas y los niños puedan permanecer en ellos, junto con sus madres; una vez que llegan a estas edades, son entregados a otros familiares o trasladados al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, para su custodia.
5. Sin embargo, afirma la diputada proponente, no hay criterios uniformes por parte de las autoridades sobre la edad en la cual los menores podrán estar con sus madres en los citados centros; de tal manera que algunos establecimientos permiten su estancia durante la lactancia y en otros hasta los 12 años de edad.
6. De acuerdo con la diputada proponente, en un informe de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de 2002, se señala que los directores de los centros de readaptación social manifiestan desconocer el número de niños y niñas que se encuentran dentro de los mismos, asimismo se indica en el informe que los menores tienen que dormir con la madre, ya que no cuentan con áreas especiales para ellos; carecen además de atención médica y se desconoce también si se les aplican las vacunas que requieren durante sus primeros años.
7. Finalmente, expresa la diputada proponente, que dentro de los centros de readaptación social del país no se tiene un censo por parte del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, por lo que sería indispensable que este instituto se abocara de manera inmediata a esa tarea para que aparezca en el próximo censo de población cuántas niñas, niños y adolescentes se encuentran viviendo con sus madres en los centros de readaptación social en toda la República Mexicana.

Consideraciones

A) En lo general

1. Que el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases para la organización del sistema penal.
Que de acuerdo con el segundo párrafo del mismo, los gobiernos de la Federación y de los estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente. Señala, asimismo, que las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres.
2. Que los párrafos sexto y séptimo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen a la seguridad pública como una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, y disponen la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como una instancia de coordinación entre los mismos.
De acuerdo con especialistas en el tema de seguridad pública, los cuatro pilares que sustentan el sistema de seguridad pública son: la prevención del delito, la persecución del delito, la procuración y administración de justicia y la readaptación social . Esta última relacionada de manera directa, con el sistema penitenciario.
3. Que la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 1995, tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
4. Que la Ley que Establece las Normas Mínimas para la Readaptación Social de los Sentenciados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 19 de mayo de 1971, tiene como finalidad organizar el sistema penitenciario de la república.
Que dicha ley, de carácter general, ha sido base para que las entidades federativas publiquen sus leyes en materia de readaptación social.
5. Que las fracciones XXIII, XXV y XXVI, del artículo 30 Bis, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, norman la actuación de la Secretaría de Seguridad Pública federal en materia de ejecución de penas por delitos de orden federal, en los siguientes términos:
Artículo 30 Bis. A la Secretaría de Seguridad Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. a XXII. ...
XXIII. Ejecutar las penas por delitos del orden federal y administrar el sistema federal penitenciario; así como organizar y dirigir las actividades de apoyo a liberados;
XXIV. ...
XXV. Administrar el sistema federal para el tratamiento de menores infractores, en términos de la política especial correspondiente y con estricto apego a los derechos humanos; y
XXVI. Promover la celebración de convenios entre las autoridades federales, y de éstas, con aquéllas estatales, municipales y del Distrito Federal competentes, en aras de lograr la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el combate a la delincuencia, y
XXVII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.
6. Que a partir de lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley General que Establece las Normas Mínimas para la Readaptación Social de los Sentenciados, cada entidad federativa organizará sus sistemas de readaptación social, incluidos los femeniles.
7. Que la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del año 2000, tiene por objeto garantizar a las niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
8. Que el inciso B, del artículo 3 de la misma ley, establece como un principio rector de la protección de las niñas, niños y adolescentes; la no discriminación por ninguna razón ni circunstancia.
9. Que el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, adoptó en sus resoluciones, 663C, de 31 de julio de 1957 y 2076, de 13 de mayo de 1977, las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos. Que en el numeral 1 de las observaciones preeliminares, se señala que el objeto de las reglas no es describir en forma detallada un sistema penitenciario modelo, sino únicamente establecer, inspirándose en conceptos generalmente admitidos en nuestro tiempo y en los elementos esenciales de los sistemas contemporáneos más adecuados, los principios y las reglas de buena organización penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los reclusos.
10. Que con relación a la necesidad de instalar centros de desarrollo infantil, en los las unidades o centros de readaptación social femenil, planteada en el punto de acuerdo, el numeral 23.1 de las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos señala:
En los establecimientos para mujeres deben existir instalaciones especiales para el tratamiento de las reclusas embarazadas, de las que acaban de dar a luz y de las convalecientes. Hasta en donde sea posible, se tomarán medidas para que el parto se verifique en un hospital civil. Si el niño nace en el establecimiento, no deberá hacerse constar este hecho en su partida de nacimiento. 2) Cuando se permita a las madres reclusas conservar su niño, deberán tomarse disposiciones para organizar una guardería infantil, con personal calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por sus madres.
11. Que ante la necesidad de proporcionar al niño una protección adecuada, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de Ginebra de 1924, sobre los Derechos del Niño, así como la Declaración de los Derechos del Niño, adoptada en fecha 20 de noviembre de 1959.
12. Que la Organización de las Naciones Unidas, adoptó en fecha 20 de noviembre de 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el gobierno de nuestro país y aprobada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en fecha 19 de junio de 1990.
13. Que respecto a la atención de los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, el artículo 20 de la Convención señala:
Artículo 20
1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado.
2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños.
3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.

B) En cuanto a la proposición con Punto de Acuerdo

1. Esta comisión dictaminadora, comparte el interés de la diputada proponente de crear las condiciones para garantizar el desarrollo integral de los menores de edad que por la ejecución de una pena privativa de libertad impuesta a su madre, se encuentran con ella en algún centro de readaptación social.
2. Esta comisión dictaminadora, reconoce la compleja problemática que se deriva de la aplicación de una pena privativa de la libertad a madres que están a cargo de sus hijos.
3. Esta comisión dictaminadora, estima necesario que las autoridades que están a cargo de los centros de readaptación social destinadas a mujeres, realicen las adecuaciones necesarias en los mismos para los menores que requieran temporalmente mantener la relación directa con su madre.
4. Esta comisión toma en cuenta que existen diversos instrumentos internacionales que establecen principios básicos para la atención de menores que conviven con sus madres en centros o unidades de readaptación social femenil, principios que no han sido incorporados en las leyes federales o estatales que regulan el sistema penitenciario nacional.
5. En sesión ordinaria de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública, de fecha 29 de noviembre de 2007, los diputados y diputadas asistentes a la misma aprobaron modificaciones al dictamen presentado, con el objeto de incorporar en el exhorto a los gobernadores de los estados, así como al jefe de gobierno del Distrito Federal, a través de las autoridades competentes en materia de seguridad pública, que no habían sido considerados en la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada María Mercedes Colín Guadarrama .
6. Esta comisión tiene presente que la organización de las unidades o centros de readaptación social en las entidades federativas está a cargo de las dependencias locales y municipales competentes en materia de seguridad pública, por lo que se considera procedente exhortar a los gobernadores de los estados, a través de las autoridades competentes en materia de seguridad pública a tomar las medidas necesarias para garantizar la protección y desarrollo integral de los menores de edad que se encuentren conviviendo con sus madres en alguna unidad o centro de readaptación social, así como programar la construcción o adaptación de espacios para la convivencia y desarrollo infantil.
7. Asimismo, se considera viable exhortar a los titulares del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y del Consejo Nacional de Población, para que incluyan dentro de sus censos información relativa a los niños y niñas que viven temporalmente dentro de las unidades o centros de readaptación.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, someten a su consideración los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a los gobernadores de los estados y jefe de gobierno del Distrito Federal, a través de las autoridades competentes en materia de seguridad pública, así como al titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, a tomar las medidas necesarias para garantizar la protección y desarrollo integral de los menores de edad que se encuentren conviviendo con sus madres en alguna unidad o centro de readaptación social, así como programar la construcción o adaptación de espacios para la convivencia y desarrollo infantil.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a los titulares del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y del Consejo Nacional de Población, para que incluyan dentro de sus censos información relativa a los niños y niñas que viven temporalmente dentro de las unidades o centros de readaptación social.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a los 29 días del mes de noviembre de dos mil siete.
La Comisión de Seguridad Pública, diputados: Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica), presidente; Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell (rúbrica), Víctor Leopoldo Valencia de los Santos (rúbrica), Víctor Hugo García Rodríguez , Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez , Miguel Ángel Arellano Pulido , Roberto Badillo Martínez (rúbrica), Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica), María Sofía Castro Romero , Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Garduza , Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Andrés Lozano Lozano , Carlos Madrazo Limón (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid , Efraín Morales Sánchez , José Luis Murillo Torres , Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Manuel Salvador Salgado Amador (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román , Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Carlos Torres Torres (rúbrica).»

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Están a discusión los puntos de acuerdo. Y en virtud de que no se ha registrado orador alguno se consideran suficientemente discutidos. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : En votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse el presente punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señor Presidente, mayoría por la afirmativa.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias. Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría...

Esta Presidencia informa de la visita de alumnas y alumnos de la escuela secundaria Cumuatillo, del municipio Venustiano Carranza, Michoacán. Bienvenidas y bienvenidos.



ESTADO DE MEXICO

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Jalisco a integrar una comisión estatal coordinadora del Programa de Apoyo a Madres Adolescentes

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnado para su estudio y dictamen la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Único. Con pleno respeto de la autonomía estatal, esta honorable asamblea exhorta al gobierno del estado de Jalisco para que lleve a cabo las acciones correspondientes con el fin de crear una comisión estatal para la protección y ayuda de las madres adolescentes, que aglutine y coordine los diferentes programas y acciones en la materia.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 44 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 65, 66, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración de esta honorable Asamblea, el dictamen relativo al punto de acuerdo referido, el cual se realiza bajo los siguientes:

Antecedentes

1. Con fecha 26 de abril de 2007, el diputado Jorge Quintero Bello del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Jalisco a que integre una Comisión estatal coordinadora de programa de apoyo a madres adolescentes.

2. Con la misma fecha, la proposición con punto de acuerdo fue turnada a esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para efectos de su análisis y elaboración del dictamen previsto en el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Consideraciones

I. Esta Comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la proposición con punto de acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen.
II. La maternidad adolescente se relaciona con el nivel educativo de la madre, por lo que el embarazo presenta un gran problema social y de salud pública, que aunado a factores sociales como la pobreza, desnutrición y el abandono escolar, disminuyen las oportunidades de lograr la calidad de vida.
III. La maternidad en este periodo, con frecuencia se traduce en: falta de protección, marginación, discriminación; ausencia de oportunidades escolares, personales, laborales, entre otras, lo que coloca a la madre y al hijo en estado de indefensión.
IV. En Guadalajara, Jalisco, concretamente en el área rural y en zonas urbanas de bajo nivel socioeconómico y cultural, ha aumentado el índice de adolescentes embarazadas, lo que requiere de la intervención de las autoridades correspondientes para coadyuvar en la protección y ayuda de educación a niñas adolescentes que evite su embarazo.
V. Si bien el gobierno del estado de Jalisco ha tomado medidas para prevenir los embarazos en adolescentes a través de sus instituciones como el DIF estatal y los municipales, el Instituto Jalisciense de la Mujer, diversas secretarias y sociedad civil, se considera conveniente que una comisión estatal brinde protección y ayuda a madres adolescentes, aunado a la coordinación de programas y acciones, con el objeto de optimizar esfuerzos y lograr una mayor atención y apoyo a este grupo de la población.

Por lo expuesto, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables considera que la propuesta es viable, por lo que somete al Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Acuerdo

Único. Con pleno respeto de la autonomía estatal, esta honorable Asamblea exhorta al Gobierno del estado de Jalisco para que lleve a cabo las acciones correspondientes con el fin de crear una Comisión estatal para la protección y ayuda de las madres adolescentes, que aglutine y coordine los diferentes programas y acciones en la materia.

Dado en la sala de juntas de la Comisión, a los 12 días del mes de diciembre del año 2007.
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados: María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Marcela Cuen Garibi (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui , Humberto Wilfredo Alonso Razo, Irene Aragón Castillo , Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunes (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale , María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Marisol Mora Cuevas (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas , Jorge Quintero Bello (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), Mario Vallejo Estevez , Martín Zepeda Hernández .»

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Está a discusión el punto de acuerdo. No habiéndose registrado orador alguno, se considera suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : En votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse el acuerdo presentado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputados y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría.



DELITOS EN CONTRA DE PERIODISTAS

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, con puntos de acuerdo a fin de exhortar al titular del Ejecutivo federal a fortalecer por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública y de la PGR las acciones para prevenir delitos contra periodistas

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, le fue turnado para su análisis y dictamen, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, a implantar programas para la protección de periodistas en el país.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 numerales 1, 2 fracción III y numeral 3; 45 en su numeral 6 incisos e) a g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 87, 88, 90 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo objeto del presente, y somete a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:

Antecedentes

1. En sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados celebrada el día 11 de abril de 2007, el diputado Gerardo Priego Tapia integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, a implantar programas para la protección de periodistas en el país.
2. Con esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Seguridad Pública.
3. Con fecha 13 de diciembre de 2007, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la LX Legislatura, se reunieron para analizar y discutir el presente dictamen, siendo aprobado por 19 votos.

Contenido

1. De acuerdo con el diputado proponente, la libertad de expresión constituye una de las garantías dentro de un régimen democrático. Esta garantía implica que los individuos son libres de transmitir ideas e información y que la sociedad pueda recibir información oportuna y objetiva.
2. La libertad de expresión, es un derecho fundamental reconocido en diversos instrumentos internacionales, como la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
3. Por lo que el diputado expone que los periodistas cumplen una función importante, ya que ofrecen a la sociedad información a través de diversas fuentes por lo que se les debe brindar la mayor protección posible.
4. Asimismo, señala que de acuerdo con el principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, establece que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, coarta la libertad de expresión, por lo que es deber del Estado prevenir e investigar los hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas o sus familias la reparación del daño.
5. Por lo anteriormente expuesto, el diputado Gerardo Priego Tapia considera indispensable la adopción de mecanismos que garanticen la coordinación de las instancias competentes para garantizar la seguridad al realizar actividades periodísticas.

Consideraciones

A). En lo general

1. Que a partir de la adición de los párrafos sexto y séptimo al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, como una instancia de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios.
2. Que el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público y que el derecho a la información será garantizado por el Estado.
3. Que la libertad de imprenta se encuentra consagrada en el artículo 7 de nuestra Carta Magna, en los siguientes términos:
Artículo 7. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad pueden establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.
...
4. Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976, tiene por objeto establecer las bases de organización de la administración pública, centralizada y paraestatal.
5. En cuanto a las facultades de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, cabe señalar lo dispuesto en las fracciones VI, VII, XII y XXIII, del artículo 30 bis, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que norman la actuación de dicha Secretaría, en colaboración con las autoridades estatales.
Artículo 30 Bis. A la Secretaría de Seguridad Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. a V. ...
VI. Proponer en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, políticas, acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y política criminal para todo el territorio nacional;
VII. Fomentar la participación ciudadana en la formulación de planes y programas de prevención en materia de delitos federales y, por conducto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los delitos del fuero común;
VIII. a XI. ...
XII. Salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos del orden federal, así como preservar la libertad, el orden y la paz públicos;
XIII. Establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar información para la prevención de delitos, mediante métodos que garanticen el estricto respeto a los derechos humanos;
XIV. a XXVII. ...
6. Que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 27 de diciembre de 2002, tiene por objeto organizar a dicha instancia para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público de la Federación y al Procurador General de la República le atribuyen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este ordenamiento y otras disposiciones aplicables.
7. Que de acuerdo con lo dispuesto en la fracción I del artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, corresponde al Ministerio Público de la Federación investigar y perseguir los delitos del orden federal, tal y como se transcribe a continuación:
Artículo 4. Corresponde al Ministerio Público de la Federación:
I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribución comprende:
A) En la averiguación previa:
a) Recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito;
b) Investigar los delitos del orden federal, así como los delitos del fuero común respecto de los cuales ejercite la facultad de atracción, conforme a las normas aplicables con la ayuda de los auxiliares a que se refiere el artículo 20 de esta ley, y otras autoridades, tanto federales como del Distrito Federal y de los estados integrantes de la Federación, en los términos de las disposiciones aplicables y de los convenios de colaboración e instrumentos que al efecto se celebren;
...
8. Que a través del Acuerdo A/031/06 del Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 15 de febrero de 2006, se crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas.
9. Que el artículo segundo del Acuerdo citado, establece la competencia de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, en los siguientes términos:
Segundo. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, será competente para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, la persecución de los delitos cometidos contra periodistas nacionales o extranjeros dentro del territorio nacional, perpetrados con motivo de su ejercicio profesional.

B) En cuanto a la proposición con punto de acuerdo

1. Que el diputado Gerardo Priego Tapia , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, propuso la aprobación de los puntos de acuerdo siguientes:
Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, a que implante programas para la protección de los periodistas en el país.
Segundo. Se exhorta al gobierno federal y al gobierno del estado de Guerrero a fin de que se esclarezca de manera inmediata el asesinato de Amado Ramírez, corresponsal de Noticieros Televisa en Guerrero, ocurrido el viernes 6 de abril del presente año.
2. Que esta Comisión tiene presente que la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, refleja la preocupación e interés del Titular del Ejecutivo Federal con relación a la actividad periodística, relacionada con el derecho a la información y la libertad de imprenta.
3. Asimismo, esta Comisión reconoce que no obstante los esfuerzos realizados por las autoridades competentes en los ámbitos local y federal, han seguido presentándose homicidios y agresiones a periodistas.
4. Que esta comisión dictaminadora, comparte el interés del diputado proponente de fortalecer las acciones y medidas de protección de las personas que realizan actividades periodísticas en nuestro país.
5. Que el derecho a la información, consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un elemento fundamental para consolidar el sistema de libertades que permite garantizar el ejercicio de los demás derechos inherentes a las personas.
6. Que el ejercicio pleno de algunas profesiones y actividades tales como la abogacía, periodismo y el desempeño de algunos empleos o cargos públicos, requiere de un marco jurídico adecuado, así como de acciones y medidas específicas por parte de las autoridades competentes en materia de procuración de justicia y seguridad pública para garantizar que las mismas se lleven a cabo de manera adecuada y se desarrollen sin más limitaciones que las establecidas en la ley.
7. Que esta Comisión tiene presente que nuestro país ha suscrito diversos instrumentos internacionales en los cuales se compromete a garantizar la libertad de expresión, de imprenta e, implícitamente, el derecho de aquellas personas que obtienen y difunden alguna información con motivo del desempeño de su actividad.
8. En este sentido, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada por la Organización de Estados Americanos el 22 de noviembre de 1969, establece:
Artículo 13. Libertad de Pensamiento y Expresión.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
9. Por lo que hace a la agresión a periodistas, cabe referirnos al Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México en el año 2004, que en su Capítulo 2 Derechos Civiles, Título 2.3. Otros Derechos Civiles, Apartado 2.3.1.2 Necesidad de revisar la normatividad sobre derechos y protección de periodistas, señala:
Los relatores especiales, tanto de Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han dado cuenta anualmente de numerosas denuncias por homicidios de periodistas, ataques a la integridad personal de éstos, torturas, amenazas y todo tipo de delitos en que las víctimas han sido comunicadores sociales.
10. Asimismo, en el apartado de propuestas relativas a la protección de periodistas del diagnóstico citado, se señala:
Adoptar medidas de toda índole para que el Estado Mexicano garantice la protección de periodistas y utilice todos los medios a su alcance para evitar la impunidad en los casos en que sean atacados de cualquier forma. Igualmente, prevenga todo acoso por parte de los agentes del Estado con motivo del ejercicio de las libertades constitucionales de los periodistas, evite que sean atacados físicamente y, en su caso, persiga legalmente y sancione a los culpables.
11. Por las consideraciones expresadas, esta comisión dictaminadora estima viable exhortar al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública federal y de la Procuraduría General de la República, a fortalecer las acciones y medidas para la protección de periodistas en el país, en coordinación con las autoridades competentes en las entidades federativas.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, someten a la aprobación de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, a fortalecer las acciones y medidas necesarias para la prevención de delitos en contra de periodistas en el país, en coordinación con las autoridades competentes en las entidades federativas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita a las autoridades antes señaladas, que informen a ésta de las acciones realizadas en el marco del anterior punto de acuerdo, dentro del plazo de 30 días naturales contados a partir de la notificación de los presentes.

Palacio Legislativo en San Lázaro, a los 13 días del mes de diciembre de dos mil siete.
La Comisión de Seguridad Pública, diputados: Juan Francisco Rivera Bedoya (rúbrica), presidente; Édgar Armando Olvera Higuera (rúbrica), Armando Barreiro Pérez (rúbrica), Luis Gerardo Serrato Castell (rúbrica), Víctor Leopoldo Valencia de los Santos (rúbrica), Víctor Hugo García Rodríguez , Gerardo Octavio Vargas Landeros (rúbrica), secretarios; Jesús Sergio Alcántara Núñez , Miguel Ángel Arellano Pulido , Roberto Badillo Martínez (rúbrica), Gregorio Barradas Miravete (rúbrica), Manuel Cárdenas Fonseca , María Sofía Castro Romero , Ángel Rafael Deschamps Falcón (rúbrica), Yary del Carmen Gebhardt Garduza , Jorge Justiniano González Betancourt (rúbrica), Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Andrés Lozano Lozano , Carlos Madrazo Limón (rúbrica), Camerino Eleazar Márquez Madrid , Efraín Morales Sánchez , José Luis Murillo Torres , Silvia Oliva Fragoso (rúbrica), Manuel Salvador Salgado Amador (rúbrica), Layda Elena Sansores San Román (rúbrica), Francisco Javier Santos Arreola (rúbrica), Martín Stefanonni Mazzocco (rúbrica), Carlos Torres Torres (rúbrica).»

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias. Se ha inscrito para participar en pro, el diputado Gerardo Priego Tapia, de la fracción parlamentaria del PAN. Tiene el uso de la tribuna hasta por cinco minutos.

El diputado Gerardo Priego Tapia : Buenas tardes, Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Adelante, diputado.

El diputado Gerardo Priego Tapia : Agradeciendo a la Comisión de Seguridad Públicaque haya tomado en cuenta y dictaminado a favor esta propuesta que hicimos en abril de 2007. Abril de 2007, que fue precisamente cuando mataron, ustedes recuerdan, a Amado Ramírez, aquel periodista de Televisa que fue baleado en Guerrero, hace casi un año.

Por cierto, debo decir que las investigaciones sobre ese caso no sólo no han avanzado sino se han retrasado, han cambiado. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación por lo burdo, por lo alterado de las investigaciones que hubo en Guerrero sobre este caso. Afortunadamente el estado de Guerrero reconoció esta recomendación. Ya ha estado trabajando en ese sentido. Pero hace un año que propusimos este punto de acuerdo. Tardó un año en pasar. Pero bueno, desafortunadamente la vigencia del punto de acuerdo no cambia.

La semana pasada fue una semana de terror para la comunicación en México y para el periodismo, para la libertad de prensa, de expresión y, sobre todo, para el derecho a la información que tenemos todos en esta sociedad.

Tres periodistas asesinados a balazos en pleno centro, en el Estado de México, en Chimalhuacán; y en Camargo, Tamaulipas. Y esto se repite semana a semana, las agresiones en todo el país. El año pasado solamente 84 denunciadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y lo peor es que no pasa nada. No pasa nada ni en el gobierno municipal, ni en los gobiernos estatales, ni en el gobierno federal. Los resultados no están.

Y déjenme enfatizar, que el que maten, acallen, violen, secuestren, desaparezcan a periodistas... no sólo es importante por la seguridad de un periodista, que es lo mismo que la seguridad de cualquiera de nosotros; eso es importante. Pero lo más importante es que cuando desaparecen, matan a un periodista, la sociedad se queda sin información. Ése es precisamente el problema.

No nada más la seguridad del individuo como cualquier mexicano, sino que desaparece la información que nosotros debemos tener. La autocensura que se imponen los periodistas en muchas partes del país, donde las comunidades ya no se pueden enterar de las acciones de las dos principales fuentes de inseguridad para periodistas, como lo son la delincuencia organizada y los malos gobiernos... y peor todavía, cuando estos dos se asocian en contra de aquellos que están buscando, investigando para dar información.

En ese sentido pues, no sólo es importante por ello, repito, sino por el valor que tiene para la información la sociedad. Pero en México no pasa nada. Un país donde 98 de cada 100 delitos no son castigados es una invitación constante a tratar de acallar esa información que necesitamos los mexicanos para poder presionar, para poder manifestarnos, para poder cambiar actitudes y direcciones.

Hace seis meses en Buenos Aires mataron a un periodista, y salieron 100 mil personas a la calle. No porque quisieran mucho al periodista, sino porque estaban recibiendo información muy valiosa para poder presionar y cuestionar a las acciones de los gobiernos y su potencial relación con la delincuencia organizada como ha pasado en muchas partes del país.

Por ello, ante la nula respuesta, ante el poco fortalecimiento que hay en los gobiernos, en los tres órdenes para poder resolver estos casos exhortamos, a un año de una situación así que se repite todos los meses en nuestro país, al gobierno federal, a los estatales y a los municipales a que puedan construir programas, acciones para poder resolver, de una vez por todas, este problema de inseguridad que va más allá, no solamente de la seguridad que es derecho de todos nosotros, sino también repito, de cómo afecta a la consolidación democrática de nuestro país el no tener garantizado el derecho a la información.

¿Qué hubiéramos hecho en México si no hubiéramos tenido la información, por ejemplo, ese encuerar a los cárteles de la droga que hizo el semanario Zeta en Tijuana y por lo cual, toda la sociedad mexicana se enteró de cómo estaban organizados los cárteles de la droga?

¿Qué hubiéramos hecho si en Los demonios del Edén, de Lydia Cacho, no nos hubiéramos enterado de esa vergonzosa participación que tiene México en una red internacional de pederastia afecta directamente a nuestras hijas e hijos en nuestro país?

Y así, podríamos seguir hablando de los casos como el de Aguas Blancas, como el del 68, como el del caso del General Gutiérrez Rebollo, como muchos casos que han venido a la luz pública gracias a esas investigaciones y que hoy, hoy se están acallando precisamente, por esa autocensura que cada vez es más difícil que se investigue la delincuencia organizada por parte del periodismo, que se ponga a ojos de la población mexicana y que podamos presionar para cambiar las cosas en México.

Hoy eso está pasando cada vez más en diferentes partes del país, y es por eso este exhorto, esta invitación a poder, entre gobiernos estatales y federal, poner de una vez por todas un fin a este problema ---repito--- que daña terriblemente a nuestra joven democracia. Muchas gracias y buenas tardes.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Gracias, diputado Priego. Tiene el uso de la tribuna el diputado Pablo Arreola Ortega, del Partido del Trabajo.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega : Con su permiso, Presidente.

El Presidente diputado Luis Sánchez Jiménez : Adelante, diputado.

El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega : Compañeras diputadas y compañeros diputados, los periodistas en el ejercicio de una función vital para el Estado mexicano y para la sociedad, en estos últimos años han visto que sus condiciones de trabajo son cada vez más difíciles, al grado de que las Naciones Unidas, a través de sus relatores especiales, han dando cuenta de denuncias numerosas por homicidios, ataques, torturas, amenazas y todo tipo de delitos que las víctimas son comunicadores sociales.

En todos los casos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha exigido que se investiguen y esclarezcan a cabalidad las denuncias antes mencionadas. Estos hechos delictivos se han presentado durante la vigencia de los gobiernos priistas, como ahora de los gobiernos panistas, y en el caso de los gobiernos estatales, de todos los signos, de todos los partidos, sin que en ninguno de ellos se haya actuado en consecuencia para que las autoridades judiciales ejerzan su potestad en contra de los culpables de estos ilícitos.

Todo esto atenta de manera directa contra la libertad de expresión y de información, que deben ser garantizadas en cualquier Estado democrático, como lo señala nuestra Carta Magna en el Capítulo I, ``De las garantías individuales''.

Como acciones de prevención y apoyo a la actividad de los periodistas, el Poder Legislativo creó la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación. Por su parte, la Procuraduría General de la República incluso creó la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos contra Periodistas.

De éstas y otras acciones similares desafortunadamente hoy no podemos relatar que se hayan obtenido resultados favorables; al contrario, las denuncias de los periodistas por atentados en su contra se han multiplicado exponencialmente y el resultado es que el número de fallecidos en el cumplimiento de su deber se ha incrementado.

La lista de las familias dolidas por las agresiones a sus parientes periodistas es larga, y no hay ni más ni menos importantes, por lo que la fracción del Partido del Trabajo solicita que se resuelvan todos y cada uno de los casos que se han presentado ante las instancias jurisdiccionales. En estos casos la acción de la justicia no se ha visto coronada con la detención de los presuntos responsables y la instauración del proceso penal correspondiente.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo desde esta tribuna demanda que el Poder Ejecutivo federal y los estatales se coordinen de manera tal que las investigaciones se lleven a buen término y que se apliquen sanciones severas y ejemplares que inhiban la proliferación de estos ilícitos.

Asimismo, exigimos que la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública federal informen de manera puntual a esta soberanía de qué acciones se han instrumentado y qué resultados se han obtenido en la aplicación de las mismas.

Por los argumentos anteriores, votaremos a favor del punto de acuerdo en comento. Es cuanto, señora Presidenta.

Presidencia de la diputada Ruth Zavaleta Salgado

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Muchas gracias, diputado Pablo Arreola Ortega. Tiene el uso de la palabra el diputado Victorio Montalvo Rojas.

Antes me va a permitir saludar a los jóvenes y niños que nos visitan hoy y también a los invitados especiales. A los jóvenes del Instituto Pedagógico Iberoamericano, a la escuela secundaria oficial 297, Tratados de Tenayuca, del municipio de Hueypoxtla, Estado de México, y a los invitados especiales del Politécnico Nacional del estado de Chiapas que también se encuentran con nosotros. Muchas gracias a todos. Bienvenidos.

Adelante, diputado, por favor.

El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas : Con su venia, señora Presidenta. En primer lugar quisiera felicitar al diputado Priego, presidente de la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación, por su valentía al presentar este punto de acuerdo.

Desde luego que estamos de acuerdo en nuestro grupo parlamentario en apoyar la proposición, en virtud de que conocemos y sabemos de las cifras y estadísticas que se manejan a nivel mundial en términos de agresión a periodistas y medios de comunicación. Desafortunadamente hoy nuestro país ocupa el segundo lugar a nivel mundial de agresiones contra periodistas, después de Irak, que como todos sabemos vive un conflicto bélico.

En segundo lugar, comentarles que ocupamos el deshonroso primer lugar en Latinoamérica, de agresiones contra periodistas, y sin embargo, estas agresiones no cesan. Conocimos en el presente sexenio, en esta administración, de agresiones en contra del Grupo Monitor.

Recibimos en la comisión, recordemos, a Gutiérrez Vivó, quien hizo valientes declaraciones en contra del ex presidente Fox y de Martha Sahagún, por la agresión constante a ese grupo y a esa empresa.

También hemos conocido de un bombazo en las instalaciones del periódico Por Esto, en Quintana Roo, concretamente en Benito Juárez.

También hemos conocido de agresiones contra el periódico Tribuna y otros casos que inmiscuyen, inclusive, a ciudadanos periodistas que han sido secuestrados o al menos desaparecidos por el crimen organizado.

Ante esto ¿qué está haciendo la Procuraduría General de la República? No está haciendo nada, compañeros. Y no está haciendo nada en virtud de que las cifras lo dicen todo. En el informe que envía al Congreso la Procuraduría General de la República, en específico lo que se refiere a la Fiscalía de Atención contra Agresiones a Periodistas, si acaso se mencionan en una cuartilla las acciones que han llevado a cabo.

Se cambió al fiscal y no hay intención del actual fiscal de llegar a fondo en las investigaciones. Se ha negado en reiteradas ocasiones a rendir informes al Congreso e informes a esta comisión creada ex profeso para ello. Nos parece que también debiéramos solicitar la remoción de este fiscal, en virtud de su notable incapacidad de perseguir estos ilícitos y de garantizarle a la prensa la libertad de la que debiera gozar.

Caso aparte también que debe considerarse como agresión a periodistas, es el hecho concreto de la separación de Carmen Aristegui de su estación de radio. Inmiscuidos en un asunto contractual, el hecho concreto es que se ha acallado una voz; que se ha acallado a una periodista independiente que siempre ha sido crítica y analítica en sus comentarios. Desde aquí vaya nuestra solidaridad para Carmen Aristegui.

Finalmente, solicitamos también que exista claridad en la entrega de publicidad a los medios de comunicación por parte del gobierno federal. Hoy está en la opacidad. No hay transparencia respecto de a quiénes y bajo qué criterios se entrega publicidad oficial a los medios impresos de carácter privado. Solicitamos también en este sentido que haya claridad en ello.

En este Congreso tenemos la tarea de legislar sobre la materia. Muchas Gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado Victorio Montalvo Rojas. Agotada la lista de oradores, se considera suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el punto.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el presente acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría, por favor.



PARLAMENTO UNIVERSITARIO

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte, con puntos de acuerdo para que el Congreso de la Unión realice de manera permanente, anual y alternada con cada Cámara el Parlamento Universitario

Honorable Asamblea:

La Comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60, 64, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la honorable Asamblea el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

A la Comisión de Juventud y Deporte de la LX Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente No. 1263, que contiene una proposición con punto de Acuerdo para que se realice el Parlamento de la Juventud de México y se lleve a cabo en el mes de agosto de 2007, en coordinación con el Ejecutivo federal, el Poder Legislativo y el Instituto Mexicano de la Juventud, presentado por la diputada Claudia Gabriela Caballero Chávez , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en sesión de la Cámara de Diputados el día 13 de marzo de 2007.

La legisladora plantea la realización de un Parlamento de la Juventud de México con periodicidad anual, que tendría como sede la Cámara de Diputados y la de Senadores de manera alterna y al que acudirían jóvenes entre los 12 y 29 años, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Asimismo, señala que sería plural, asistiendo participantes de todos los estados y de todas las condiciones sociales, económicas e ideológicas en el que expondrían y se recogerían sus demandas y necesidades.

El objetivo que plantea la legisladora, consiste en conocer las inquietudes que los jóvenes tienen y a su vez, escuchar las ideas o soluciones que ellos mismos proponen.

La Comisión de Juventud y Deporte procedió al estudio y análisis de la proposición de referencia, llevando a cabo para tal efecto diversas reuniones de trabajo con los integrantes de la misma, hasta alcanzar el dictamen que hoy se presenta bajo las siguientes:

Consideraciones

Como menciona la diputada promovente, resulta indispensable para los legisladores y en especial para la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados, recoger las demandas y necesidades de los jóvenes; generar propuestas de políticas públicas que promuevan la participación de los jóvenes en los diferentes ámbitos de la sociedad; así como impulsar la creación de organizaciones juveniles y estudiantiles, que fomenten la presencia de los jóvenes en todas las actividades sociales, culturales, académicas, políticas, deportivas y recreativas.

La importancia de las demandas de la juventud radica en las respuestas que se obtengan de ellas, en este sentido, el Senado de la República fue el primero en hacer realidad una de esas demandas y fue de gran trascendencia para los jóvenes, ya que en él, se brindó a la juventud mexicana un espacio de participación política mediante la agrupación de jóvenes para poder expresar y fomentar en ellos el desarrollo y la participación de la expresiones políticas que les atañe.

Así pues, en el 2006, el Primer Parlamento Universitario se realizó en el Senado con la participación de 128 jóvenes, todos ellos, estudiantes de dieciocho diversas instituciones académicas a nivel licenciatura con muy buenos resultados. Como pudimos observar, durante la realización de esta actividad, los jóvenes demostraron su satisfacción al sumarse a este tipo de colaboración y aportación, ya que en ellos no caben las políticas mediocres ni del pasado, ellos quieren modernidad, quieren políticas que se ajusten a su realidad cotidiana, quieren ser cómplices, partícipes de todo lo que se aplique para su bienestar y crecimiento. Este Parlamento persiguió objetivos claros y satisfactorios mediante la reproducción de un periodo de sesiones y su finalidad fue acercarlos al estudio y práctica legislativa, llevando a cabo actividades del poder legislativo.

Asimismo, durante el 2007, la Cámara de Diputados llevó a cabo el Segundo Parlamento Universitario, con la participación de 200 jóvenes, en este espacio los participantes compartieron y debatieron los asuntos de interés nacional, propusieron iniciativas que buscaron contribuir a la construcción de políticas públicas y actualización del poder legislativo y es precisamente mediante la visión que nos pueden brindar los jóvenes, como podremos crear escenarios más justos para la sociedad.

Asimismo, este tipo de convocatorias tiene un fuerte apoyo en esta Cámara de Diputados, y nos referimos a la realización de similares eventos, como lo son los Parlamentos de los Niños, Niñas y Adolescentes, de los Líderes Migrantes, así como el de la Mujer que han mostrado ser claros ejemplos de actividades con buenos resultados y en donde se han beneficiado enormemente estos sectores de la sociedad, por lo que derivado de los efectos y frutos que se sembraron en el Primer y Segundo Parlamento Universitario y reconociendo su efectividad se torna importante que la Cámara de Diputados prosiga con estas labores sociales.

De igual manera, consideramos que es una buena manera de poder interactuar con la sociedad, ya que ese es nuestro deber y trabajo, escuchar sus ambiciones, sus necesidades y poder conjuntar esfuerzos en beneficio de nuestra nación.

Es por ello que consideramos a bien, realizar y establecer de manera permanente el Parlamento que represente a la juventud, y por ello nos adherimos a la propuesta hecha por la diputada Caballero, pues si bien es cierto que la promovente impulsa la realización de un Parlamento de los Jóvenes, también es cierto que diputado Francisco Elizondo Garrido , con el apoyo de las Comisión de Juventud y Deporte, organizaron el Segundo Parlamento Universitario. En este tenor, la diputada Caballero ha propuesto que en el Parlamento de los Jóvenes, la edad fluctuaría entre los 12 y los 29 años, asimismo, esta Comisión toma en cuenta la experiencia adquirida durante la organización de los anteriores parlamentos universitarios y esta demuestra que el interés por este evento existe entre los jóvenes universitarios, cuya edad fluctúa entre los 17 y 29 años. En este mismo sentido, la Comisión considera que la edad idónea es esta última, pues los jóvenes con estas características enriquecen el contenido de los parlamentos dada su edad y los conocimientos adquiridos durante su paso por las instituciones de educación superior.

Por lo anterior, la Comisión de Juventud y Deporte propone que se dé continuidad al Parlamento Universitario de manera permanente y anual en ambas Cámaras para reproducir el Poder Legislativo conformado por jóvenes universitarios que deseen participar con el honorable Congreso de la Unión.

Esta Comisión acuerda, que el Parlamento se dirigirá a estudiantes que se encuentren en el nivel de licenciatura, que tenga interés en el desarrollo de propuestas y soluciones a los problemas nacionales, así como en participar en el debate democrático de retos y logros de la función legislativa del país.

El objetivo del mismo será el de reproducir de manera sucinta un periodo de sesiones del honorable Congreso de la Unión, para que se pueda compartir, debatir y formular iniciativas que contribuyan a la construcción de políticas públicas y a la modernización legislativa.

La Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados plantea formar un Comité Organizador para convocar por los medios que considere apropiados a los jóvenes de las universidades que quieran participar, preferentemente a aquellos que hubieran participado en parlamentos anteriores, asimismo establecerán los lineamientos y requisitos para el registro de participantes, constituirán la forma de trabajo, el número de integrantes en cada grupo parlamentario definido por los jóvenes participantes, el número de comisiones, el número de integrantes y sus competencias temáticas. El citado Comité tendrá la obligación de asistir en todo momento al desarrollo de las actividades y establecer un reglamento que rija los trabajos del parlamento.

De igual forma, el pleno de la Comisión propone establecer un Reglamento para el Parlamento Universitario, cuyo objetivo será normar los procedimientos que permita a los parlamentarios universitarios reproducir un periodo de sesiones del honorable Congreso de la Unión, con la finalidad de permitir el acercamiento de los jóvenes interesados en el ámbito parlamentario, a las actividades llevadas a cabo por ambas Cámaras. Dicho ordenamiento será de observancia obligatoria para los parlamentos universitarios que integraran el Parlamento Universitario y que regirá de manera permanente.

Asimismo, el ordenamiento acumulará las experiencias de la asamblea deliberante y los procedimientos y prácticas que tienen su origen en los ordenamientos jurídicos del Congreso Mexicano, de manera indudable e indiscutible el reglamento tendrá la necesidad de ser actualizado y perfeccionado por los propios participantes de este modelo legislativo, con base en la experiencia de su practica, las reglas que surjan del ejercicio del debate y la discusión y particularmente de la dinámica de los trabajos que los propios parlamentos universitarios produzcan de su propio desempeño.

Los temas fundamentales que deberá contener el Reglamento serán la constitución legal de la asamblea; el proceso de designación de los integrantes de la Mesa Directiva del Parlamento; la constitución y organización de los grupos parlamentarios; la integración de comisiones y designación de sus juntas directivas; así como las reglas que norman el debate parlamentario, lo que permitirá reproducir el modelo legislativo y a los estudiantes tener conocimiento de las prácticas parlamentarias.

De igual modo, el Reglamento establecerá la forma en la que se integrará el Parlamento Universitario; la organización del Parlamento Universitario; los órganos que lo constituyen; el procedimiento para las sesiones y deliberaciones del Parlamento Universitario; el trabajo en comisiones; y la interrelación del Parlamento Universitario con el H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

La integración de este Parlamento deberá conformarse por estudiantes de nivel licenciatura, que hayan sido acreditados, previa convocatoria pública, emitida por el Comité Organizador de este ejercicio práctico.

El Parlamento tendrá un solo periodo de sesiones que se realizará en los recesos de ejercicio de ambas Cámaras y su duración no será mayor a 5 días, lo que constituirá una legislatura universitaria.

En cuanto a las propuestas y conclusiones de los legisladores universitarios, estas serán redactadas en una ``Declaración Final'' que será presentada a ambas Cámaras.

La organización del Parlamento Universitario, estará bajo la conducción de un Comité Organizador integrado por un diputado federal o un senador designado para tal efecto por la Comisión de Juventud y Deporte, dos estudiantes universitarios por cada asociación y/o institución convocante, un funcionario designado por el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y el director general del Instituto Mexicano de la Juventud.

El Comité Organizador, tendrá las siguientes responsabilidades:

• Convocar por los medios que considere apropiados a las universidades participantes;
• Establecer los lineamientos y requisitos que permitan efectuar el registro de los participantes;
• Establecer las fechas de realización;
• Establecer el programa de los trabajos;
• Integrar y definir a los grupos parlamentarios.
• Definir el número de integrantes en las comisiones, así como sus competencias temáticas.
• Asistir en todo momento el desarrollo de actividades.

El Comité Organizador, entre otras, tendrá las siguientes atribuciones: formular y emitir la convocatoria para la constituciones del Parlamento Universitario; establecer el programa de trabajo; asistir a los órganos directivos y las organizaciones que integran los grupos parlamentarios y las comisiones de trabajo; y, sobre todo tendrá la facultad para resolver lo no previsto en el Reglamento del Parlamento Universitario, de acuerdo con los lineamientos expedidos por el mismo.

El Parlamento Universitario se constituirá para su funcionamiento por los órganos y organizaciones siguientes:

Una Junta Directiva que será integrada por un presidente, un vicepresidente y los secretarios necesarios para incorporar a los grupos parlamentarios en la misma, que serán los estudiantes de mayor edad, en caso de presentarse igualdad de edades, la preferencia se establecerá tomando en cuenta al estudiante que curse el semestre más avanzado, en caso de prevalecer el empate se tomara en consideración el promedio de calificaciones mas elevado.

Una Mesa Directiva integrada por un presidente, tres vicepresidentes y los secretarios necesarios para incorporar a los grupos parlamentarios en la misma, elegidos en sesión plenaria mediante votación por cédula, a partir de la propuesta de la Junta de Coordinadores Parlamentarios.

Por grupos parlamentarios que serán las formas de organización que adoptarán los parlamentarios universitarios.

Una Junta de Coordinadores que expresará la pluralidad del Parlamento como un órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias para alcanzar acuerdos. La que se integrará por los coordinadores y vicecoordinadores de los grupos parlamentarios y será Presidente de la Junta, el Coordinador del Grupo Parlamentario que, por si mismo, cuente con la mayoría absoluta del voto ponderado de la Junta.

El Parlamento Universitario a su vez, estará integrado por Comisiones, que serán órganos plurales constituidos por integrantes de todos los grupos parlamentarios, para la discusión y elaboración de propuestas de indistintos temas. Las comisiones contarán con un máximo de 25 integrantes, entre los cuales, se nombrará a un presidente y a un secretario.

Los temas a debatir en las comisiones serán definidos por sus integrantes, se deberá elaborar un documento que contenga las conclusiones finales, respecto de los temas debatidos y se elegirá a un representante de la comisión para presentar ante el Pleno las conclusiones de los temas discutidos.

La asamblea o el pleno que será el órgano colegiado, constituido por el total de los parlamentarios en sesión plenaria o el número que determine el Comité, requiriendo de la mitad más uno de sus integrantes para poder sesionar validamente. La asamblea sesionará en sesión constitutiva y en sesión plenaria.

La sede para dar continuidad a los trabajos del Parlamento Universitario, será las instalaciones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, esta Comisión de Juventud y Deporte somete a la consideración de la honorable Asamblea la siguiente:

Acuerdo

Primero. Acuerdo por el que se propone que el H. Congreso de la Unión realice de manera permanente y anual el Parlamento Universitario, el cual será de manera alternada con cada Cámara.

Segundo. El Parlamento se llevará a cabo durante el mes de agosto.

Tercero. La Comisión de Juventud y Deporte de esta Cámara de Diputados, establecerá las bases y los lineamientos de funcionamiento, organización y convocatoria; así como el Reglamento para normar las acciones que permitan a los Legisladores Universitarios realizar las sesiones durante el Parlamento. Lo anterior se hará en coordinación con la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Senadores

Salón de Sesiones de la Comisión de Juventud y Deporte, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días del mes de diciembre de dos mil siete.
Comisión de Juventud y Deporte, diputados: Elizabeth Morales García (rúbrica), presidenta; Alma Hilda Medina Macías (rúbrica), Daisy Selene Hernández Gaytán (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Francisco Sánchez Ramos , Gerardo Lagunes Gallina (rúbrica), Gregorio Barradas Miravete , José Luis Aguilera Rico (rúbrica), José Inés Palafox Núñez (rúbrica), Miguel Ángel Monraz Ibarra (rúbrica), secretarios; Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica), Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), Carlos Alberto Torres Torres (rúbrica), Celso David Pulido Santiago (rúbrica), Concepción Ojeda Hernández , Emilio Ulloa Pérez , Francisco Javier Plascencia Alonso (rúbrica), Gustavo Fernando Caballero Camargo , Joel Arellano Arellano (rúbrica), Mario Alberto Salazar Madera , Martín Ramos Castellanos (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), Pedro Montalvo Gómez (rúbrica), Rafael Villicaña García , Ricardo Franco Cazarez (rúbrica), Salvador Barajas del Toro , Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Jorge Luis de la Garza Treviño (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Está a discusión el punto de acuerdo. No se ha registrado ningún orador, por lo que se considera suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse el dictamen de la proposición con punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobado. Comuníquese. Continúe la Secretaría, por favor.



POLITICAS EN MATERIA MIGRATORIA

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Dictamen de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con puntos de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Gobernación a instaurar políticas en materia migratoria para garantizar la seguridad nacional y la eficiente prestación de los servicios migratorios

Esta Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, incisos 1) y 2), fracción XXVII, 45, fracción VI, incisos e) y f), todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emite el siguiente dictamen a la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza , bajo las siguientes consideraciones:

Antecedentes

Que en fecha 26 de abril de 2007, la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a instrumentar políticas en materia migratoria, a fin de garantizar la seguridad nacional y la eficiente prestación de los servicios migratorios.

Que en fecha 23 de mayo de 2007 esta Comisión recibió el oficio que remite copia de la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza .

Contenido de la proposición

La diputada promovente manifiesta que el sentido de la proposición gira en torno al compromiso de respetar los derechos humanos de todo migrante, para así poder contar con una auténtica política migratoria humanista y sensible.

Propone situar al individuo en el centro de las políticas y marcos normativos migratorios, que permitan una debida coherencia con el respeto a los derechos humanos y la democracia.

Debe el Estado proporcionar seguridad a la nación, con el objetivo de avanzar en la construcción de un modelo que busque la integración bilateral de las regiones fronterizas, y reconociendo en todo momento la dimensión local, su realidad y necesidades, sin violentar la dinámica social transfronteriza.

Consideraciones

Esta comisión considera pertinentes las observaciones de la diputada Yary del Carmen respecto a la protección de los derechos humanos de los migrantes y poder mandar una señal de cooperación en materia de sensibilización y humanismo en el trato que se les da; así como de lo que nosotros mismos reclamamos.

Esta comisión considera que debemos ser congruentes con los tratados o convenios internacionales firmados por México, como el Acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares:

Asimismo, consideramos que la Secretaría de Gobernación, que es la encargada de los temas migratorios por conducto del INM, y de la Seguridad Interna, debe aplicar los objetivos y/o estrategias contenidas en el PND 2007-2012, que en su apartado de seguridad fronteriza, en especial a la frontera sur, hace referencia a:

• Buscar que esta zona sea un ejemplo de cumplimiento de la Ley, al tiempo que se respeten íntegramente los derechos humanos de todos''.
• Las estrategias de seguridad fronteriza se deben enfocar a la protección de los migrantes y de la población de estas zonas, que está expuesta a grupos de contrabandistas y traficantes de personas y de drogas.
• Con los países vecinos del norte y del sur se trabajará conjuntamente para afinar mecanismos de intercambio de información que permitan controlar adecuadamente el tránsito de personas entre un país y otro, para proteger los derechos de los migrantes.

Es de recordar que esta Comisión y el Pleno de esta Cámara de Diputados, el pasado mes de abril aprobó el dictamen sobre tres iniciativas, que reforman diversos artículos de la Ley General de Población, mediante el cual se busca despenalizar la migración en nuestro país, y más en el sentido que muchas de las personas que llegan a ser detenidas, sólo van de tránsito al país del norte.

La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, de conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos mencionados con anterioridad, presenta al Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente dictamen con punto de acuerdo.

Resolutivos

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a informar a esta soberanía, sobre las acciones que está realizando para dar cumplimiento a los objetivos planteados en el PND 2007-2012, en materia de migración y de protección a los derechos humanos de los migrantes.

Segundo. En caso de no estar realizando alguna actividad en materia de migración y de protección de los derechos humanos de los migrantes, se le exhorta, a que a la brevedad posible informe a esta soberanía que programas y/o acciones implementará a la brevedad posible y los objetivos a cubrir de las mismas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2007.
La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, diputados: José Nicolás Morales Ramos (rúbrica), presidente; Andrés Bermúdez Viramontes (rúbrica), José Jacques y Medina (rúbrica), José Edmundo Ramírez Martínez (rúbrica), secretarios; Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), David Figueroa Ortega (rúbrica), Daniel Chávez García (rúbrica), Carlos Alberto García González (rúbrica), Elia Hernández Núñez , Omeheira López Reyna (rúbrica), María Dolores González Sánchez (rúbrica), Francisco Javier Gudiño Ortiz (rúbrica), Cruz Pérez Cuéllar (rúbrica), Antonio Valladolid Rodríguez (rúbrica), Silbestre Álvarez Ramón , Alberto Amaro Corona , Miguel Ángel Arellano Pulido , Joaquín Conrado de los Santos Molina , Érick López Barriga, Camerino Eleazar Márquez Madrid (rúbrica), Cuauhtémoc Sandoval Ramírez , Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Lilia Guadalupe Merodio Reza (rúbrica), Guillermina López Balbuena , Isael Villa Villa , José Luis Aguilera Rico , Irma Piñeyro Arias , Ana María Ramírez Cerda .»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Está a discusión el punto de acuerdo. Y se ha inscrito para este caso la diputada Elsa Conde Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Alternativa, por lo que tiene el uso de la palabra.

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez : Gracias, señora Presidenta.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, subo a esta tribuna para apoyar plenamente, como Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata, el punto de acuerdo dictaminado favorablemente por la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y propuesto por la compañera Yary del Carmen Gebhardt, del Partido Revolucionario Institucional.

Alternativa ha expresado con anterioridad y en numerosas ocasiones, nuestra posición con respecto al tema migratorio. A saber que los migrantes que pasan por nuestro territorio no pueden ser considerados criminales, que tienen el derecho a recibir un trato digno y respetuoso de los derechos humanos por parte de nuestras autoridades, que tales autoridades deben informar con puntualidad de las medidas que deben estar tomando para garantizar la legalidad de su actuación, que sólo en la medida en que observemos con los migrantes tales directrices y disposiciones, podremos reclamar con autoridad y eficacia, al mismo tiempo, el mismo trato a nuestros propios migrantes por parte de nuestros vecinos del norte.

Que regular y vigilar los procesos migratorios del país resultará en beneficio no sólo para los migrantes, sino también para el esquema de seguridad nacional y de la seguridad pública.

En consecuencia, el Grupo Parlamentario de Alternativa hace un llamado para que esta asamblea vote a favor de este punto de acuerdo. Pero además quiere aprovechar esta tribuna para hacer un respetuoso llamado al Senado de la República para que en este periodo de sesiones apruebe la iniciativa de ley que sobre materia migratoria le envió esta Cámara en el mes de abril del año pasado. Es cuanto, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputada Elsa Conde Rodríguez. No habiéndose registrado ningún orador más, se considera suficientemente discutido el tema. Consulte la Secretaría al pleno si es de aprobarse el punto.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : En votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputada Secretaria.

En los demás puntos no hay oradores inscritos. Voy a consulta hasta el final de la aprobación, cuando ya haya mencionado todos, por favor. Si continúa la Secretaría con el siguiente punto, por favor.



PENSIONES

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Dictamen de la Comisión de Seguridad Social, con punto de acuerdo para exhortar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a acatar y cumplir el fallo que ordena activar el pago de las diferencias en favor de las pensiones recibidas de enero de 1993 a la fecha

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Social le fue turnada para su análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que acate y dé cumplimiento al fallo que ordena activar el pago de las diferencias a favor de las pensiones que vienen percibiendo desde enero del año de 1993 a la fecha, así como al incremento que perciben los trabajadores jubilados agrupados en la denominada Asociación Estatal de Jubilados y Pensionados del ISSSTE, AC, de Culiacán, Sinaloa, presentada por el diputado Gilberto Ojeda Camacho , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción XXXVI, 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 87, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

I. Con fecha veintiséis de abril, el diputado Gilberto Ojeda Camacho , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al ISSSTE a acatar el fallo que ordena activar el pago de pensiones y salarios que perciben desde 1993 los trabajadores afiliados a la Asociación Estatal de Jubilados y Pensionados del ISSSTE, AC, de Culiacán, Sinaloa.
II. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó dicha proposición a la Comisión de Seguridad Social.

Establecidos los antecedentes, los miembros de la Comisión de Seguridad Social de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, exponen el contenido de la proposición de referencia, materia del presente dictamen:

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

En la exposición de motivos el promovente señala que el derecho a la jubilación se constituye como una prestación de la seguridad social consagrada en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el que establece entre otros preceptos que la cuantía de las pensiones se aumentará anualmente conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el índice nacional de precios al consumidor (INPC), con efectos a partir del 1 de enero de cada año.

Invocando el artículo en referencia, un grupo de jubilados y pensionados, agrupados en la Asociación Estatal de Jubilados y Pensionados del ISSSTE, AC, de Culiacán, Sinaloa, interpusieron en febrero de 2002 una demanda de carácter jurídico ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

A través de esta demanda, solicitaron se activara en forma urgente hasta su terminación relativa el pago de las diferencias a su favor respecto de las pensiones que vienen percibiendo desde enero de 1993, así como el incremento mensual de las mismas conforme al artículo 57 de la Ley General del ISSSTE.

Derivado de lo anterior se obtuvo el fallo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que ordenaba al ISSSTE pagar las diferencias de las pensiones, de acuerdo con los aumentos dados a los trabajadores en activo de 1993 a la fecha de la sentencia.

De acuerdo con el expediente de mérito continúa expresando el promoverte, el ISSSTE ha omitido dar cumplimiento al precepto legal invocado, negándose a acatar las resoluciones pronunciadas por la autoridad correspondiente.

Lo anterior ha generado una disminución en las percepciones económicas del grupo de trabajadores en comento, siendo insuficientes las pensiones que reciben para cubrir sus necesidades primordiales de ellos mismos y sus familias.

Establecido el contenido de la proposición, se somete ante este honorable Pleno el presente dictamen, bajo las siguientes:

Consideraciones

1. De acuerdo con lo que establece la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado vigente, en su artículo decimoctavo transitorio se establece que ``Los jubilados, pensionados o sus familiares derechohabientes que, a la entrada en vigor de esta ley, gocen de los beneficios que les otorga la ley que se abroga, continuarán ejerciendo sus derechos en los términos y condiciones señalados en las disposiciones vigentes al momento de su otorgamiento''.
2. Esta dictaminadora considera que el incremento en la cuantía de las pensiones a que hace referencia la proposición se debe calcular conforme a lo establecido en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente al 10 de noviembre de 1983, el cual establecía que `` Las cuantías de las pensiones aumentaran al mismo tiempo y en la misma proporción que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo `` y en consecuencia se tiene que pagar las diferencias generadas a su favor que no hayan sido cubiertas con oportunidad.
3. Es importante mencionar que a pesar de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no ha cumplido con la obligación de acatar las sentencias pronunciadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de acuerdo a lo que establece el artículo 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y que ha excedido por mucho el plazo de 20 días para que cumpla con el fallo, mismo que establece el artículo 58, fracción II, inciso d).
4. Esta dictaminadora estima necesario señalar que el artículo 17 de la Constitución Política señala en su segundo párrafo que ``toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones'' ; del cual se desprende la garantía individual de acceso a la justicia, conforme a la cual la administración de justicia debe ser pronta, debiéndose entender por pronta: que los asuntos deben resolverse a la brevedad posible y conforme a los términos y plazos que fijen las leyes. De igual forma es claro que el párrafo tercero de dicha norma constitucional establece como garantía la plena ejecución que dicten los tribunales, lo que implica que quien queda constreñido al acatamiento de una sentencia no puede pretender eximirse de esa obligación, ya que sólo así puede entenderse el cabal cumplimiento a la garantía de acceso a la justicia.
5. Es pertinente mencionar que mediante oficio número CSS/LX-2/574/07, con fecha 3 de julio de 2007, la Comisión de Seguridad Social solicito información al ISSSTE en relación al estado que guarda el cumplimiento a dichos fallos a que se refiere el punto de acuerdo en comento, sin que a la fecha exista respuesta alguna por parte del Instituto.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Seguridad Social, somete a la consideración de éste honorable Pleno, el siguiente:

Acuerdo

Único. Se exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, para que acate y dé cumplimiento al fallo que ordena activar el pago de las diferencias a favor de las pensiones que vienen percibiendo desde enero del año de 1993 a la fecha, así como el incremento a que tienen derecho los trabajadores jubilados agrupados en la Asociación Estatal de Jubilados y Pensionados del ISSSTE, AC, de Culiacán, Sinaloa.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión de Seguridad Social, a los 17 días del mes de enero de 2008.
La Comisión de Seguridad Social, diputados: Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), presidente; Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Neftalí Garzón Contreras (rúbrica), Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica), Rafael Plácido Ramos Becerril (rúbrica), Samuel Aguilar Solís , secretarios; Joel Arellano Arellano , (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Alfonso Othón Bello Pérez , Ángel Humberto García Reyes , Benjamín Ernesto González Roaro , Addy Cecilia Joaquín Coldwell (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), Ramón Almonte Borja (rúbrica), José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo , Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica), Joel Ayala Almeida , Lorena Martínez Rodríguez , Ana María Ramírez Cerda (rúbrica), Ramón Valdés Chávez (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Está a discusión el punto de acuerdo. No se ha registrado ningún orador, por lo que se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final.

Esta Presidencia informa que se encuentran con nosotros de visita los adultos mayores de Eterna Juventud. Reciban un saludo.



PARIDAD DE LA MUJER EN LA ADMINISTRACION PUBLICA

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo para exhortar a los titulares de las dependencias gubernamentales a promover la paridad de las mujeres

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las dependencias gubernamentales, a promover la paridad de género en la administración pública federal, presentada por el diputado Carlos Navarro López , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Comisión de Equidad y Género, con fundamento en el artículo 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

Esta comisión dictaminadora desarrolló su trabajo conforme al siguiente procedimiento:

I. En el capítulo ``Antecedentes'', se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen del referido punto de acuerdo, y del trabajo previo de la comisión.
II. En el capítulo correspondiente a ``Contenido del punto de acuerdo'', se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.
III. En el capítulo de ``Consideraciones'', la comisión expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen al punto de acuerdo en análisis.

I. Antecedentes

Mediante el acuerdo de la Cámara de Diputados, por el que se determina dar trámite a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del 13 de diciembre de 2007, publicado en Gaceta Parlamentaria del 14 de enero de 2008, se turnó a la a la Comisión de Equidad y Género para su estudio y posterior dictamen, la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Carlos Navarro López , por el que se exhorta a los titulares de las dependencias gubernamentales, a promover la paridad de género en la administración pública federal.

II. Contenido del punto de acuerdo

La proposición de referencia menciona que el principal y más importante obstáculo que han tenido que librar las mujeres mexicanas para alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder en la toma de decisiones, en los mecanismos de representación y las relaciones familiares, es el tipo de gobierno en los tres niveles de la administración pública y en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Menciona la importancia de atender el llamado del Conceso de Quito suscrito durante la décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en agosto de 2007, en el que se exhorta a legisladoras y legisladores, organizaciones civiles y feministas, a iniciar una revisión estructural del funcionamiento de la sociedad. Señala que la paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia.

El promovente refiere una serie de estadísticas e indicadores en los rubros de educación, salud, alimentación, mortalidad materna infantil, enfermedades de transmisión sexual, pobreza, trabajo, violencia hacia las mujeres y condiciones de los pueblos indígenas. En ellas manifiesta que el sector femenino es el que se encuentra en mayor desventaja, a pesar de que representan más de la mitad de la población mexicana.

De igual forma, el autor de la proposición alude a la participación de las mujeres en los comités ejecutivos de los partidos políticos, al igual que en la administración pública y en el Poder Judicial, específicamente en la Suprema Corte de Justica de la Nación; al respecto señala que la presencia de las mujeres se ha incrementado en esos espacios, sin embargo, aún hay desventaja respecto a los cargos que ocupan los hombres.

Finalmente, el punto de acuerdo tiene dos resolutivos:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal y a las dependencias a su cargo, a implantar políticas públicas que fomenten la paridad de género en la administración pública federal.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades citadas en el punto resolutivo anterior a informar, en un periodo máximo de 45 días, sobre las acciones que se llevarán a cabo para solucionar la problemática planteada y de los proyectos que implantarán.

III. Consideraciones

En el proceso del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, destacamos dos momentos: uno de ellos es la conquista del voto femenino en nuestro país, que representó el logro más importante de la mujer mexicana durante la primera mitad del siglo XX; el otro es la adopción de diversas instrumentos internacionales que tutelan derechos políticos de las mujeres, entre los cuales destacan la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su protocolo facultativo; la Plataforma de Acción de Beijing y la Declaración del Milenio.

Dichos instrumentos contemplan disposiciones que avanzan hacia la protección de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de las mujeres, en el reconocimiento de la igualdad entre el hombre y la mujer, y buscan eliminar la discriminación por razones de género; a partir de ahí, diversas organizaciones sociales, en las que también las que estamos aquí hemos participado, promovieron diversas medidas que dieron como resultado la introducción de las denominadas ``cuotas de género'' en las legislaciones nacionales, a fin de garantizar la participación política de la mujer.

Sin embargo, debemos recordar que la historia, para ir eliminando la brecha de desigualdad de género en nuestro país, ha comenzado desde 1916, ya que en esa fecha se dio la primera medida tendiente a igualar la condición jurídica de las mujeres y los hombres en el ámbito de la ciudadanía política; sin embargo, su alcance se limitó a tres estados (Chiapas, Yucatán y Tabasco). Para 1947 se otorgaron derechos políticos a las mujeres con el reconocimiento a votar y ser votadas, pero restringiéndolo al ámbito municipal; en 1953, el derecho a elegir y ser elegidas alcanzó su plenitud para todo el ámbito federal.

De ahí siguieron reformas a los Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en 1996, 2002 y recientemente en 2007, para introducir las cuotas de género, pero sólo en el ámbito de los cargos de elección popular, no ha sí en los espacios de la administración pública.

Aunque se han logrado avances, lo cierto es que aún existe un rezago en la participación política de la mujer, muestra de ello, es el Índice de Desigualdad de Género 2006: un nuevo marco para avanzar hacia la equidad, presentado en el Foro Económico Mundial de 2007.

Dicho estudio fue elaborado por la Universidad de Harvard y por la Escuela de Negocios de Londres; para elaborar este análisis, se consideraron 14 indicadores agrupados en cuatro rubros: participación económica y oportunidades, logros educativos, salud y supervivencia, y empoderamiento político. Respecto a México señala lo siguiente:

• México figura en el lugar 75 de un total de 115 países que fueron evaluados en materia de equidad de género a propósito del Foro Económico Mundial. Según el reporte, el país está más atrasado en esa materia que naciones como Honduras, Kenya y Malasia.
• En la participación económica y política, la mujer mexicana enfrenta los mayores rezagos, sobre todo, por la diferencia salarial y el escaso número de ellas que ocupan un lugar en el Congreso y en las secretarías de Estado.
• En materia de participación económica y oportunidades, México se ubica hasta el lugar 98 de la lista mundial, ya que la fuerza laboral masculina constituye casi el doble que la de mujeres, y a ellas se les paga menos por desempeñar el mismo trabajo que ellos realizan.
• En cuanto al empoderamiento político en el que se toma en cuenta la posición de la mujer en puestos de toma de decisiones, México se encuentra en el lugar 45 de la clasificación. Sin embargo, si sólo se considera su participación en las secretarías de Estado, nuestro país baja al sitio 76, porque su representación en esos puestos es escasa.

Lo anterior nos permite observar que existe una discriminación contra la mujer que viola sistemáticamente los principios de igualdad y democracia establecidos en nuestra Constitución, dificultando la participación de la mujer en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país; además se debe a los obstáculos para el aumento del bienestar de la sociedad que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país.

Las inetgrantes y los integrantes de la Comisión de Equidad y Género coinciden con los planteamientos del promovente y destacan los puntos adoptados en el Consenso de Quito en el cual se manifestó la preocupación por el atraso en materia de paridad de género y participación política de las mujeres; entre esos compromisos citamos los siguientes:

• Adoptar medidas en todos los ámbitos necesarios, incluidas acciones legislativas, presupuestarías y reformas institucionales que permitan el adelanto de las mujeres, así como garantizar su plena participación igualitaria en cargos públicos, de representación política y en los espacios de toma de decisiones, con el fin de alcanzar la paridad de género.
• Desarrollar políticas electorales de carácter permanente que conduzcan a los partidos políticos a incorporar agendas de las mujeres en su diversidad, el enfoque de género en sus contenidos, acciones y estatutos, y la participación igualitaria, el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres con el fin de consolidar la paridad de género como política de Estado.

La propia CEPAL señaló que la participación política es reconocida universalmente como un instrumento para el empoderamiento de la mujer y la equidad de género; de ahí que en el marco de la décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en el 2007, se hiciera un llamado para lograr la igualdad de género en las esferas política, familiar y laboral.

En ese sentido la Comisión de Equidad y Género estima procedente el planteamiento del legislador, además de que sus inquietudes coinciden con propuestas que han hecho las diputadas de la actual legislatura, en el sentido de que debe tomarse en cuenta la paridad de género en los espacios y cargos de la administración pública en todos los niveles de gobierno.

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales a diseñar y aplicar políticas que promuevan la paridad de género en la administración pública.

Así mismo, se le solicita que remitan un informe a esta soberanía sobre las acciones que tomarán para el cumplimiento del presente acuerdo en un plazo de 45 días.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de febrero de 2008.
Comisión de Equidad y Género, diputados: Maricela Contreras Julián (rúbrica), presidenta; Nelly Asunción Hurtado Pérez (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Ana María Ramírez Cerda (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), secretarias; María Mercedes Corral Aguilar , Beatriz Eugenia García Reyes , María Hilda Medina Macías, Martha Margarita García Müller (rúbrica), Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (rúbrica), María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Rocío del Carmen Morgan Franco (rúbrica), María Soledad Limas Frescas , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández , Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica), Irene Aragón Castillo (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), David Sánchez Camacho , Aracely Escalante Jasso (rúbrica), Elda Gómez Lugo (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale , Mayra Gisela Peñuelas Acuña (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz , Blanca Luna Becerril .»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Está a discusión el punto de acuerdo. No se ha registrado orador alguno, por lo que se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación al final. Continúe la Secretaría, por favor.



ESTADO DE OAXACA

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con puntos de acuerdo a fin de exhortar al secretario de Gobernación a emitir una declaratoria de alerta de violencia de género para la comunidad triqui en el estado de Oaxaca

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación, a que emita la declaratoria de violencia de género para la comunidad triqui, en el estado de Oaxaca, presentada por la diputada Aleida Alavéz Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Comisión de Equidad y Género, con fundamento en el artículo 45 numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente:

Metodología

Esta comisión dictaminadora desarrolló su trabajo conforme al siguiente procedimiento:

I. En el capítulo ``Antecedentes'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen del referido punto de acuerdo y del trabajo previo de la comisión.
II. En el capítulo correspondiente a ``Contenido del punto de acuerdo'', se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.
III. En el capítulo de ``Consideraciones'', la comisión expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen al punto de acuerdo en análisis.

I. Antecedentes

Mediante el Acuerdo de la Comisión Permanente, por el que se determina el trámite a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en la sesión del miércoles 23 de enero de 2008, publicado en Gaceta Parlamentaria del 29 de enero de 2008, se turnó a la a la Comisión de Equidad y Género para su estudio y posterior dictamen, la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Aleida Alavéz Ruiz, para exhortar al titular de la Secretaría de Gobernación, emita la declaratoria de violencia de género para la comunidad triqui, en el estado de Oaxaca.

II. Contenido del punto de acuerdo

De la lectura de la proposición se desprenden los siguientes elementos:

La violencia contra las mujeres conlleva impunidad e injusticia, lo cual las coloca en estado de vulnerabilidad e indefensión. Menciona también que en México, la violencia se ha incrementado, sobre todo en aquellos casos donde están involucrados agentes del Estado.

Señala que en el estado de Oaxaca se han presentado una serie de violaciones a los derechos humanos de las mujeres, donde las triquis sufren las consecuencias de los conflictos políticos y las pugnas de poder entre grupos étnicos que las convierte en botín de las disputas. Refiere que las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, de 14 y 20 años respectivamente, ambas maestras de educación primaria bilingüe, están ``extraviadas'' desde hace seis meses, cuando caminaban entre las localidades oaxaqueñas de Villa Putla de Guerrero y Santiago Juxtlahuaca, situadas en la comunidad de El Rastrojo.

Afirma que las instituciones que atienden a las mujeres víctimas de violencia, así como la Procuraduría de Justicia de Oaxaca han hecho caso omiso en la averiguación de su paradero e incluso han argumentado que la complejidad del conflicto les impide proceder legalmente y cumplir sus obligaciones: Se ha omitido la acción pública en conflictos étnicos en donde las mujeres son víctimas directas.

La promovente argumenta que la desaparición de las hermanas Ortiz Ramírez, tuvo lugar en un contexto de violencia social en la zona, que según los organizadores es uno de los más complicados por las continuas disputas políticas de grupos dirigidos por hombres en las que las mujeres son tomadas como botín político y cita un recuento histórico hecho por la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), respecto a la violencia que se ejerce contra las mujeres en esa entidad.

III. Consideraciones

Las y los integrantes de la Comisión de Equidad y Género coinciden con la promovente en que la violencia contra las mujeres es una violación a sus derechos humanos y destacan los siguientes datos en la materia respecto al estado de Oaxaca:

• Oaxaca es uno de los estados de la república con los más altos índices de violencia contra las mujeres, así lo indican los resultados de la Encuesta Nacional sobre violencia 2003 realizada por el Instituto Nacional de Mujeres y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática:
• Oaxaca es la entidad de la república donde el 75 por ciento de las mujeres (encuestadas en 2003) dijeron haber sufrido violencia. El número más alto en todo el país.
• Ocupa el primer lugar de casos de mujeres que sufrieron violencia con la pareja, con 10 puntos porcentuales por arriba de la prevalencia nacional.
• Tiene además, el primer lugar de prevalencia de violencia sexual.

Según datos del INEGI entre 1999 y 2003 sucedieron en el estado de Oaxaca 351 homicidios de niñas y mujeres. La mayoría de las víctimas, tenía entre 11 y 30 años de edad en el momento de ser asesinadas. 52 niñas y mujeres fueron asesinadas entre enero de 2004 y junio de 2005 en Oaxaca, según datos de la Procuraduría General de Justicia del estado.

Según información recabada por la Organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Aída Gómez Piñón, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer en Oaxaca, informó a la agencia CIMAC noticias, que entre enero de 2005 y el 15 de mayo de 2006 se atendieron 700 denuncias de violencia sexual contra mujeres, se reportaron 184 casos de violación (11.5 al mes) y se cometieron 58 homicidios contra mujeres.

Por otra parte, es necesario precisar que en el estudio ``Violencia Feminicida en 10 entidades de la República Mexicana'', elaborado por la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana de la pasada Legislatura de la Cámara de Diputados, Oaxaca resultó la entidad con los más altos índices de violencia feminicida.

Estas cifras deberían bastarnos para reconocer la gravedad del problema e involucrarnos en las acciones necesarias para frenar esta situación.

A lo anterior hay que agregar la siguiente información recopilada por las organizaciones Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, y Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos:

Las mujeres indígenas de la zona triqui de Oaxaca se han convertido en las principales víctimas de un conflicto interno de poder. Para comprender el fenómeno que ocurre en la zona es necesario citar algunos datos preliminares.

Según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, actualmente existen 20 mil 663 triquis en el país, de los cuales la mayoría vive en condiciones de marginación:

• El 44.7 por ciento de la población de 15 años o más es analfabeta, el 23.7 por ciento tiene primaria incompleta y el 29.6 por ciento es monolingüe.
• El 78 por ciento de la población ocupada no es derechohabiente de ningún servicio de salud, el 24 por ciento no recibe ingresos por trabajo y el 41 por ciento recibe únicamente de 1 hasta 2 salarios mínimos.
• El 66 por ciento de las viviendas tiene piso de tierra, el 53 por ciento no tiene agua entubada, el 92.3 por ciento no tiene drenaje y el 20.7 por ciento no tiene energía eléctrica.

En el marco de estas condiciones, han surgido --desde hace más de medio siglo-- una serie de conflictos políticos en la zona triqui, cuando en 1948 las autoridades decidieron desaparecer el municipio de San Juan Copala, y las comunidades fueron distribuidas en los municipios de Santiago Juxtlahuaca, Putla de Guerrero y Constancia del Rosario, lo que originó la exclusión y discriminación de las y los indígenas triquis. Dichos conflictos se recrudecieron cuando en 1978 fue instalado un retén militar en San Juan Copala.

Como producto de este conflicto han surgido grupos en pugna por el poder político; si bien éstos reivindican su existencia y lucha para el fortalecimiento del pueblo triqui, se han venido constituyendo como antagónicos y se han enfrentado responsabilizándose unos a otros de asesinatos, secuestros y emboscadas, donde las mujeres han resultado objeto de violencia sexual, secuestros y despojo de sus pertenencias, además de provocar la migración forzada hacia la capital oaxaqueña u otras entidades del país.

En los últimos años y derivado del conflicto en la zona, se han documentado los asesinatos de Juana Martínez Pérez, el 19 de febrero de 2005, y de Marcela Martínez López, de 30 años el 26 de mayo de 2006. También han sido lesionadas en 2007, Laura Ortiz Ramírez, estudiante de la normal de Tlacochahuaya; Celina García una niña de 12 años, y Sofía Bautista de 11 años, quien fue víctima de una balacera que la dejó con parálisis facial.

Se han denunciado, dos violaciones sexuales contra mujeres de la comunidad triqui, una en julio de 2006 a una niña de 14 años y otra en octubre de 2007 a una joven de 17 años. Organizaciones como la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, dicen que se han conocido por lo menos 10 casos más de violaciones sexuales, de los que no existen procesos por miedo de las víctimas a denunciar.

En este clima de violencia y riesgo para las mujeres, el pasado 5 de julio de 2007, las hermanas Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, desaparecieron cuando se dirigían a Juxtlahuaca, la primera tiene 20 años y es profesora bilingüe de educación primaria y la segunda es una niña de apenas 14 años, estudiante de secundaria.

La madre de ambas, presentó una denuncia ante la Procuraduría General del estado de Oaxaca, el 25 de julio de 2007. Hasta la fecha las jóvenes no han sido encontradas y nadie ha sido aprehendido como responsable de su secuestro, no obstante que ya fueron liberadas órdenes de aprehensión en contra de los responsables identificados por diversos testigos.

El propio presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras escuchar la denuncia de los hechos el 10 de agosto de 2007 --durante su visita a Oaxaca-- declaró que era muy preocupante que los conflictos políticos en la zona derivaran en mayor violencia y en la desaparición de dos mujeres de la región.

La madre de las víctimas ha buscado canales diversos de denuncia, ella aspira a la justicia, a que sus hijas aparezcan ilesas y a que las mujeres de la zona no tengan que vivir de forma permanente bajo la zozobra y el temor de ser víctimas u objetos de venganzas y ajustes de cuentas entre los grupos de poder de la zona.

La gravedad de la situación en la localidad llevó a la titular del Instituto de las Mujeres en Oaxaca, a pronunciarse, en octubre de 2007, para que la Procuraduría del estado, en apego a Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, solicite a la Secretaría de Gobernación federal que emita una alerta de género para la zona triqui, hecho que aún no ha ocurrido.

Con los datos aquí registrados, ésta dictaminadora asume la responsabilidad de la Cámara de Diputados para dar seguimiento puntual a las demandas ciudadanas de justicia y seguridad; asimismo, asume la obligación de vigilar que la respuesta gubernamental a denuncias y situaciones de violencia se realice sin que ello provoque aún más violencia, es decir, en estricto apego al respeto de los derechos humanos de las víctimas y de los victimarios.

A su vez, las y los integrantes de la Comisión de Equidad y Género coinciden con la gravedad de la problemática que sufren las mujeres en la zona triqui del estado de Oaxaca y con los argumentos expuestos por la promovente; sin embargo, estima que para alcanzar el objetivo manifestado en la proposición, debe exhortarse a las autoridades involucradas para que adopten las medidas necesarias para atender y solucionar los problemas que se enfrentan en dicha comunidad y en especial los que tienen que ver con las mujeres. De igual forma, es necesario que informen de esas medidas a esta soberanía, con la finalidad de que se conozcan las acciones y, en un ejercicio de coordinación entre los Poderes y con pleno respeto al ámbito de competencia, coadyuvar en la solución de la materia que nos ocupa.

Por otra parte, considera la dictaminadora que es procedente remitir copia del presente dictamen así como de la proposición que le dio origen, al titular del Poder Ejecutivo de dicha entidad para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones realicen las acciones que para tal efecto consideren.

Por lo antes expuesto, las y los integrantes de la Comisión de Equidad y Género estiman procedente el planteamiento objeto del presente dictamen y someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Oaxaca para que atienda la problemática de violencia contra las mujeres en la zona triqui de dicha entidad federativa; además de que realice todas las medidas procesales conducentes para coadyuvar con la pronta impartición de justicia en el caso de la desaparición de las jóvenes Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, lo que implica, entre otras cosas, realizar acciones de búsqueda, localización y rescate de dichas personas.

Asimismo, se solicita al gobierno del estado de Oaxaca, que se sirva remitir un informe a esta soberanía en un plazo de 20 días sobre las acciones para atender los resolutivos del presente acuerdo.

Segundo. Remítase copia del presente acuerdo, así como de la proposición que le dio origen al titular del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, para los efectos que haya lugar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de febrero de 2008.
Comisión de Equidad y Género, diputados: Maricela Contreras Julián (rúbrica), presidenta; Nelly Asunción Hurtado Pérez (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Ana María Ramírez Cerda (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), secretarias; María Mercedes Corral Aguilar , Beatriz Eugenia García Reyes , María Hilda Medina Macías, Martha Margarita García Müller (rúbrica), Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (rúbrica), María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Rocío del Carmen Morgan Franco (rúbrica), María Soledad Limas Frescas , Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández , Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica), Irene Aragón Castillo (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), David Sánchez Camacho , Aracely Escalante Jasso , Elda Gómez Lugo (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale , Mayra Gisela Peñuelas Acuña (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz , Blanca Luna Becerril .»


VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo federal a dar a conocer mediante las secretarías de Estado los requerimientos presupuestales en el ejercicio fiscal de 2008 relativos a la operación del sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados fue turnado, para su estudio y dictamen, el primer punto de la proposición por la que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las secretarías de Estado dé a conocer los requerimientos presupuestales en el ejercicio fiscal de 2008 para la operación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, presentada por la diputada Holly Matus Toledo , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

La Comisión de Equidad y Género, con fundamento en el artículo 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

Esta comisión dictaminadora desarrolló su trabajo conforme al siguiente procedimiento:

I. En el capítulo ``Antecedentes'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen del referido punto de acuerdo y del trabajo previo de la comisión.
II. En el capítulo correspondiente a ``Contenido del punto de acuerdo'', se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.
III. En el capítulo de ``Consideraciones'', la comisión expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen al punto de acuerdo en análisis.

I. Antecedentes

Mediante el acuerdo de la Cámara de Diputados por el que se determina dar trámite a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del 13 de diciembre de 2007, publicado en Gaceta Parlamentaria del 14 de enero de 2008, se turnó a la a la Comisión de Equidad y Género, para su estudio y posterior dictamen, el primer punto de la proposición, presentada por la diputada Holly Matus Toledo , por la que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de las secretarías de Estado dé a conocer los requerimientos presupuestales en el ejercicio fiscal de 2008 para la operación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

II. Contenido del punto de acuerdo

La proposición señala que la violencia de género es una manifestación de las relaciones históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que han causado la dominación del hombre sobre la mujer.

Menciona una serie de datos estadísticos sobre la violencia que se ejerce contra las mujeres en nuestro país y refiere sobre la aprobación y promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Por lo que hace al punto primero de la proposición, objeto del presente dictamen, la promovente manifiesta su preocupación de que transcurrido más de doscientos días (al momento de presentar la propuesta) las instancias de gobierno involucradas no han dado cumplimiento a los artículos transitorios que establecen la emisión e instrumentación tanto del reglamento de la ley citada, como del Reglamento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para lo cual se estableció un plazo perentorio de noventa días.

Finalmente, el resolutivo primero del punto de acuerdo es el siguiente:

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que emita el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como el Reglamento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

III. Consideraciones

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia entró en vigor el 2 de febrero de 2007, lo que constituye una conquista más de todas las mujeres de México para avanzar en el reconocimiento de sus derechos y en el camino para erradicar la desigualdad y discriminación por razones de género. La importancia de la ley radica en que se ha legislado sobre la realidad que viven las mujeres que son víctimas de violencia, lo que permite contar con un marco jurídico para prevenir y sancionar estos hechos que lesionan y dañan su integridad y su dignidad.

A su vez, su artículo segundo transitorio establece que ``el Ejecutivo federal emitirá el reglamento de la ley dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto'', es decir, el 2 de mayo de 2007 se estableció como plazo para cumplir con dicha obligación.

Al respecto, en sesión de la del Congreso de la Unión celebrada el 23 de mayo de 2007, fue aprobado un punto de acuerdo presentado por la diputada Maricela Contreras Julián por el cual se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que expida con la mayor brevedad el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; en las consideraciones del dictamen se cita lo siguiente:

``1. Esta comisión coincide totalmente con los planteamientos formulados por la autora de la proposición, en el sentido de que deben hacerse más esfuerzos por parte de las autoridades federales, estatales y municipales para combatir la violencia contra las mujeres, fundamentalmente cuando ostenta motivos de discriminación de género, dado su incremento cuantitativo y cualitativo.
Es evidente que los feminicidios, la violencia sexual, económica, física y psicológica de que es víctima la mujer requieren para su erradicación en la sociedad no sólo un reconocimiento legal, sino de la ejecución y materialización de la norma que, indispensablemente, requiere de la expedición de su reglamento para la asignación de recursos públicos y cumplimiento de sus disposiciones.
2. Simultáneamente, queda perfectamente claro que el titular del Poder Ejecutivo federal ha sido omiso en expedir el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no obstante que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo segundo transitorio, lo emplazaba para expedir dicha normatividad a más tardar dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigor de la misma, de tal suerte que al haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero y entrar en vigor al día siguiente, el plazo precluyó el pasado dos de mayo, todos del año en curso.
Si bien es cierto que dicho artículo segundo transitorio es una norma imperfecta, al no establecer la consecuencia jurídica en el caso de incumplimiento por parte del titular del Ejecutivo federal y que es facultad exclusiva del dicho Poder la expedición del reglamento referido, no menos cierto es que ello no justifica la omisión de cumplir con una norma que expresa un amplio consenso y que se dirige a regular una circunstancia grave que aqueja al orden social.''

El resolutivo de dicho dictamen fue:

``Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que expida con la mayor brevedad el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.''

No obstante el respetuoso llamado que hizo hace nueve meses el honorable Congreso de la Unión al Poder Ejecutivo, el reglamento de dicha ley no ha sido publicado, por lo que las y los integrantes de esta comisión dictaminadora estiman procedente la petición formulada por la promovente.

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que publique, lo antes posible, el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de febrero de 2008.
La Comisión de Equidad y Género, diputados: Maricela Contreras Julián (rúbrica), presidenta; Nelly Asunción Hurtado Pérez (rúbrica en contra), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica en abstención), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Ana María Ramírez Cerda (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), secretarias; María Mercedes Corral Aguilar , Beatriz Eugenia García Reyes , María Hilda Medina Macías, Martha Margarita García Müller (rúbrica), Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (rúbrica), María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Rocío del Carmen Morgan Franco (rúbrica), María Soledad Limas Frescas (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica), Irene Aragón Castillo , Aurora Cervantes Rodríguez , Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), David Sánchez Camacho , Aracely Escalante Jasso (rúbrica), Elda Gómez Lugo , Juana Leticia Herrera Ale , Mayra Gisela Peñuelas Acuña (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz , Blanca Luna Becerril .»


VIOLENCIA FAMILIAR

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Dictamen de la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos estatales, al del Distrito Federal, a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa a implantar las medidas conducentes a prevenir y erradicar la violencia familiar

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados le fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales, al Gobierno del Distrito Federal, a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a fin de implementar las medidas necesarias para prevenir y erradicar la violencia familiar, presentada por el diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velasco del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Comisión de Equidad y Género, con fundamento en el artículo 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

Esta comisión dictaminadora desarrolló su trabajo conforme al siguiente procedimiento:

I. En el capítulo ``Antecedentes'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen del referido punto de acuerdo y del trabajo previo de la comisión.
II. En el capítulo correspondiente a ``Contenido del punto de acuerdo'', se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.
III. En el capítulo de ``Consideraciones'', la comisión expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen al punto de acuerdo en análisis.

I. Antecedentes

Mediante el acuerdo de la Cámara de Diputados por el que se determina dar trámite a las proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del 13 de diciembre de 2007, publicado en Gaceta Parlamentaria del 14 de enero de 2008, se turnó a la a la Comisión de Equidad y Género, para su estudio y posterior dictamen, la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Marco Heriberto Orozco Ruiz Velasco por el que se exhorta a los gobiernos locales, al del Distrito Federal, a los Congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Gobierno del Distrito Federal, a fin de implementar las medidas necesarias para prevenir y erradicar la violencia familiar.

II. Contenido del punto de acuerdo

La proposición mencionada puntualiza que la violencia familiar no sólo tiene consecuencias físicas sino también psicológicas, sexuales o económicas, por ello diversos países han creado medidas necesarias para poner fin a la impunidad de la violencia contra las mujeres y las niñas.

Estadísticas señalan que en América Latina más de 6 millones de niñas, niños y adolescentes son objeto de severas agresiones y de ellos aproximadamente 80 mil mueren cada año por la violencia que se presenta en el interior de la familia, según cifras del UNICEF.

Asimismo datos de la Organización de las Naciones Unidas establecen que una de cada tres mujeres ha sido golpeada y obligada a tener relaciones sexuales o ha sido objeto de maltrato psicológico a lo largo de su vida y, por lo general, el agresor es un miembro de su propia familia.

En México las cifras en materia de violencia contra las mujeres arrojan que en promedio nacional el 54.1 por ciento han sufrido algún tipo de violencia, el 24. 5 por ciento fue física, el 47.1 por ciento emocional, 11 por ciento sexual y el 29.6 por ciento económica.

Además el proponente señala que las consecuencias de la violencia familiar son problemas físicos, lesiones graves, durante el embarazo, de salud mental, suicidios, desintegración familiar y abandono de menores, por lo que exhorta a los gobiernos estatales y el del Distrito Federal, así como a los Congresos, respectivamente, a fin de llevar cabo medidas que prevengan y erradiquen la violencia familiar.

III. Consideraciones

La Comisión de Equidad y Género coincide con los argumentos expuestos por el promovente, más aún cuando su propuesta es en beneficio de la población más afectada por este recurrente patrón de violencia como son las niñas, niños y mujeres.

Por ello es importante resaltar que además de los instrumentos internacionales que nuestro país ha signado se cuenta con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; de igual forma, existen dos documentos de apoyo que marcan los parámetros de la gravedad e incidencia de la violencia familiar que se ejerce especialmente en contra de las mujeres, estos son la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 (ENDIREH) y el libro Delitos contra las mujeres , análisis de la clasificación mexicana de delitos, 2007, en la que han participado el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM)

En lo que hace a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006, se expresa que la proporción de mujeres que han experimentado algún incidente de violencia de cualquier tipo, desde el inicio de la relación de pareja hasta el momento de la entrevista, tomando en cuenta al total de mujeres, consideró la población de referencia en cuanto a su estado conyugal, relación de pareja, situación de violencia y nivel de instrucción, identificando que son recurrentes la violencia emocional, económica, física y sexual, que encuadra a la violencia familiar ya que toca cada uno de éstos aspectos.

Por su parte, la publicación Delitos contra las mujeres tiene como objeto identificarlos y seleccionar los delitos que se ejercen de manera reiterada en contra de las mujeres; de esa manera, adoptó como marco conceptual y jurídico, las garantías y derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, poniendo especial énfasis en la igualdad y la no discriminación; los principios y derechos contenidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños; la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Este material arroja como información relevante que el delito de violencia familiar está tipificado de manera diversa en nuestro país, que se ha legislado y sancionado a los diferentes tipos y modalidades de violencia contra la mujer de manera desarticulada, es decir, que no es uniforme y por lo tanto cambia en todas las entidades federativas, tanto el concepto como la manera de sancionar esta conducta delictiva.

La dictaminadora coincide con el legislador al aseverar que ``la violencia familiar es el delito más común pero el menos castigado en el mundo'', sobre todo en nuestro país, tan sólo al hacer el análisis del documento editado por el INEGI y UNIFEM se desprende que este tipo de violencia se concibe desde su definición de manera distinta, ya que en algunas entidades se le define como violencia familiar y en otras como violencia intrafamiliar, de ahí la necesidad de que se exhorte a los gobiernos y a los congresos locales en la armonización de sus legislaciones locales.

Consideramos acertada la aseveración hecha por Patricia Olamendi Torres en la publicación Delitos contra las mujeres, al señalar ``que el respeto a los derechos y libertades fundamentales de las niñas, niños y mujeres es asumir las reformas jurídicas y la política pública necesaria para prevenir y sancionarla violencia contra las mujeres en sus diversas expresiones, promoviendo una cultura de respeto a su dignidad e integridad.'' 1

Por otra parte, derivado de la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, la cual prevé la creación del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para atender esta problemática, se establece la obligación para que la Federación, las entidades federativas, incluyendo el Distrito Federal, lleven a cabo las acciones necesarias que permita la armonización legislativa y se reproduzca el sistema nacional de referencia a nivel local.

Lo anterior, involucra la participación de los congresos locales al momento de armonizar la legislación aplicable a los diversos tipos y modalidades de violencia, para que el delito de violencia familiar y que implica los demás tipos de violencia sea atendidos y sancionados de manera igualitaria, ello en concordancia con el marco internacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales de reciente publicación.

Por lo antes expuesto, la Comisión de Equidad y Género, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Acuerdo

Único. Se exhorta a los Poderes de la Unión, así como a las entidades federativas, los municipios, al Distrito Federal, y sus respectivos Congresos locales, y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de implementar las medidas necesarias, desde la perspectiva de género para prevenir, erradicar y sancionar la violencia familiar, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Nota: 1 Olamendi Torres, Patricia. Delitos contra las mujeres . Fondo de De-sarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI. México 2007.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de febrero de 2008.
La Comisión de Equidad y Género, diputados: Maricela Contreras Julián (rúbrica), presidenta; Nelly Asunción Hurtado Pérez (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Ana María Ramírez Cerda (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), secretarias; María Mercedes Corral Aguilar , Beatriz Eugenia García Reyes , María Hilda Medina Macías, Martha Margarita García Müller (rúbrica), Lizbeth Evelia Medina Rodríguez (rúbrica), María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Rocío del Carmen Morgan Franco (rúbrica), María Soledad Limas Frescas (rúbrica), Gerardo Priego Tapia (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica), Irene Aragón Castillo (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), David Sánchez Camacho , Aracely Escalante Jasso (rúbrica), Elda Gómez Lugo (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale , Mayra Gisela Peñuelas Acuña (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz , Blanca Luna Becerril .»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Están a discusión los puntos de acuerdo últimos que ha mencionado la diputada.

Tampoco hay oradores inscritos, por lo que se consideran suficientemente discutidos. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueban los puntos de acuerdo que no han sido votados.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias.Aprobados los puntos de acuerdo. Comuníquense.



LEY DEL SEGURO SOCIAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : El siguiente punto del orden del día es la discusión de dictámenes negativos relativos a iniciativas. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa.

Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se autoriza. Continúe la Secretaría, por favor.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Dictamen de las Comisiones de Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social, en materia de salud reproductiva de las adolescentes y menores de edad

Las suscritas Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, solicitan a ustedes poner a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de dictamen.

Honorable Asamblea:

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el día 24 de abril del año 2003, la Secretaría dio cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social, presentada ante esta soberanía por la diputada Hortensia Aragón Castillo, de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa a la que la Presidencia de la Mesa Directiva dictó trámite de ser turnada a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

En atención a ello y de conformidad con las atribuciones que les otorgan los artículos 39, numerales 1 y 3, y 45, numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 60, 87, 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social presentan a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

Dictamen

Antecedentes

1. En la sesión del jueves 24 de abril de 2003, Hortensia Aragón Castillo, diputada de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó ante el Pleno, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social, en materia de salud reproductiva de las adolescentes y menores de edad.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ordenó que el asunto fuera turnado a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

3. Con fecha 28 de octubre de 2003, la Comisión de Seguridad Social recibió copia del oficio número 2362D-003 enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al director general de Enlace con el Gobierno Federal y Sociedad Civil de la Secretaría de Gobernación conteniendo la opinión de la administración pública federal en torno a la iniciativa en comento.

4. Con fecha 6 de noviembre de 2003, la Comisión de Seguridad Social recibió copia del oficio número 2377D-003 enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al director general de Enlace con el Gobierno Federal y Sociedad Civil de la Secretaría de Gobernación conteniendo la opinión de la Subsecretaría de Egresos de la administración pública federal en torno a la iniciativa en comento.

5. Con fecha 16 de enero de 2004, la Comisión de Seguridad Social recibió oficio número 0952176110510/018/ 04 conteniendo los comentarios de la Dirección Jurídica de la Dirección de Planeación y Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social referente a la iniciativa en comento.

6. Con fecha 4 de octubre de 2004 la Comisión de Seguridad Social recibió oficio número SEL/UEL/311/DGAEGFSC/ 1839/04 conteniendo la opinión vigente del Ejecutivo federal respecto a la iniciativa en comento.

7. Con fecha 29 de marzo de 2005, la Comisión de Seguridad Social recibió oficio número 09/90/01/050010/010/ 05 en relación a los comentarios financieros referentes a la iniciativa que reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social.

Previo estudio y análisis de la iniciativa y de los documentos señalados, se procedió a la elaboración del presente dictamen.

Contenido de la iniciativa

La diputada expone en su iniciativa que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Manifiesta que esto se lleva a cabo a través de la prestación de servicios médicos, guarderías para los hijos de las madres aseguradas, la prevención y atención de los riesgos de trabajo, el otorgamiento de prestaciones sociales, de subsidios y de pensiones.

Asimismo explica que a pesar del enorme avance que ha tenido el Instituto Mexicano del Seguro Social en cuanto a su cobertura, en la Ley del Seguro Social se conservan disposiciones excluyentes o discriminatorias que la han llevado a negar servicios a ciertos sectores de la población protegida, desconociendo la realidad actual. Es el caso de las menores derechohabientes, hijas de los asegurados o las aseguradas y de los pensionados y pensionadas, a quienes sistemáticamente se les ha negado la asistencia obstétrica, incluso si la solicitud se deriva de una violación.

Manifiesta que con independencia de estos casos dramáticos, que lamentablemente se han incrementado, el fenómeno de embarazo en adolescentes o en menores está presente en el país. Diversas investigaciones al respecto indican que, en promedio, un millón de menores de edad de toda la población, asegurada o no asegurada, se embarazan al año y al menos 200 mil son madres solteras. Esta problemática, por sí misma, debería ser considerada como uno de los principales desafíos en materia de salud reproductiva, sobre todo si se considera que en investigaciones realizadas recientemente en este tipo de casos, los datos señalan que el 60 por ciento de las mujeres embarazadas a temprana edad no tienen estudios y el 40 por ciento restante se enfrenta al abandono de la escuela y escasez de oportunidades académicas. Son, como puede observarse, un grupo altamente vulnerable.

La diputada expresa que las instituciones públicas de salud y seguridad social deberían coadyuvar al abatimiento de los embarazos en adolescentes, incrementado sus programas preventivos dirigidos a padres e hijos derechohabientes, así como a la sociedad en general; sin embargo no se justifica la exclusión de este sector de beneficiarias de la asistencia obstétrica que brinda el Seguro Social pues ello, además de discriminatorio, incrementa su vulnerabilidad y lesiona su derecho humano a la salud. Si bien es cierto que para abatir el fenómeno de los embarazos tempranos se requiere un conjunto de políticas públicas como el reforzamiento de los programas de información y educación sexual, también nos corresponde a los legisladores, en este sentido, adecuar la legislación para evitar todo tipo de exclusiones.

Al respecto comenta que la actual Ley del Seguro Social, en su artículo 95, excluye de la asistencia obstétrica a las hijas de los asegurados o aseguradas y de las pensionadas o pensionados menores de 16 años y hasta de 25 años, aun cuando éstas cumplan con el requisito de ser estudiantes y dependientes económicos de la o el derechohabiente. Para ello propone que esta disposición debe ser eliminada.

Conforme a los antecedentes y motivaciones de referencia, las comisiones exponen las siguientes

Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el tercer párrafo de su primer artículo que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Asimismo establece en el sexto párrafo del artículo 4 que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Segunda. La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Senado de la República en enero de 1990, expresa que se considera dentro de la niñez a todo ser humano menor de 18 años de edad, asimismo, el principio del interés superior del niño o niña, entendido como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible, esto incluye, el goce irrestricto de sus derechos.

De igual forma, la noción del interés superior del niño o niña significa por otro lado, que el crecimiento de las sociedades depende en gran medida de la capacidad de desarrollar a quiénes actualmente se encuentran en esta etapa de la vida de la humanidad. Desde esta perspectiva, dicha prioridad no es producto de la bondad de la sociedad adulta o de los sistemas de gobierno, sino que constituye un elemento básico para la preservación y mejoramiento de la raza humana.

Tercera. La Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece en su artículo 2 que son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos, así es que la diferenciación de edades y por tanto de cobertura en atención hasta los 16 años no tiene sustento jurídico y constituye una clara discriminación para las adolescentes entre 16 y 18 años de edad.

Asimismo el artículo 3 del mismo ordenamiento establece que la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.

Los principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes son:

A. El del interés superior de la infancia.
B. El de la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia.
C. El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o representantes legales.
D. al G. ...

Especialmente el artículo 28 establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la salud.

Cuarta. En adición a estas consideraciones, la Dirección Jurídica del IMSS concuerda en que en los principios y objetivos consagrados en la Constitución y en la Ley del Seguro Social, subyace la aspiración de la seguridad social de alcanzar una cobertura universal. Que las reformas a la Ley del Seguro Social se han venido realizando para la consecución de ese principio, extendiendo la protección de sus beneficios no solamente a los trabajadores, sino también a su núcleo familiar y en términos generales a los sectores más desprotegidos e la sociedad. Así, la Dirección Jurídica del IMSS vierte en su opinión que no existe impedimento legal para el otorgamiento de asistencia obstétrica y ayuda en especie para lactancia por seis meses a las hijas de los asegurados o pensionados que se señalan en las fracciones V y VI del artículo 84 de la Ley del seguro Social, o sea, a las hijas menores de 16 años del asegurado y del pensionado y las hijas del asegurado cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico hasta en tanto no desaparezca la enfermedad que padecen o hasta la edad de 25 años cuando realicen estudios en planteles del sistema educativo nacional.

Quinta. No obstante, la Dirección Jurídica del IMSS no considera procedente otorgar las citadas prestaciones a las beneficiaras a las que se refiere la fracción VII del citado artículo, es decir a las hijas mayores de 16 años de los pensionistas por invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez, así como a las hijas de los pensionados por incapacidad permanente que se encuentren disfrutando de asignaciones familiares; éstas significan un apoyo económico accesorio a las pensiones, por lo que su existencia depende de la procedencia de estas últimas, que le dan origen; por ello las beneficiarias señaladas en la fracción VII del artículo 84 están comprendidas en las fracciones V y VII del citado artículo y recibirán prestaciones materia de este dictamen.

Sexta. Por su parte, la Dirección Jurídica de Planeación y Finanzas envió un cálculo con base en la Información contenida en la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2000 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, y de la Memoria Estadística Institucional 2002 del IMSS. El documento en cuestión refiere que la población potencial beneficiada con la reforma propuesta al artículo 95 de la Ley del Seguro Social, sería 1 millón 960 mil 421 mujeres, entre las que se encuentran las adolescentes entre 12 y 15 años hijas de asegurados y pensionados, mujeres entre 16 y 25 años hijas de asegurados que se encuentran estudiando en planteles del sistema educativo nacional y mujeres hijas de asegurados incapacitadas para trabajar por discapacidad física o psíquica, conforme se indica en el Cuadro 1. De este universo, y con base en los cálculos del IMSS el segmento con probabilidad de demandar en un año completo los servicios de maternidad y lactancia sería el 2 por ciento de dicha población 1 , que significarían 39 mil 208 adolescentes, con una incorporación mensual de 3 mil 268 en promedio. El costo estimado de las prestaciones proporcionadas a cada una de ellas se calcula en el orden de los 20 mil 617 pesos (a precios de 2004), integrados como se indica en el cuadro 2.

Esto significa que el gasto por las 39 mil 208 adolescentes que se atenderían cada año en los servicios de gineco-obstetricia y lactancia sería de 808.4 millones de pesos. Los 808.4 millones de pesos de referencia se ejercerían escalonadamente de la siguiente forma, bajo la hipótesis de la incorporación mensual arriba señalada y considerando los costos unitarios constantes de las consultas, de un parto normal y de los botes de leche maternizada: 49.5 millones de pesos en mayo-diciembre de 2004; 651.1 millones de pesos en 2005; y 107.8 millones de pesos en 2006. Los cálculos detallados de este escalonamiento del gasto se muestran en el siguiente cuadro.

La Dirección de Planeación y Finanzas del IMSS concluye que la modificación legal que entraña la reforma en comento tendría que venir aparejada con cambios en el esquema financiero que permitan contar con los recursos adicionales necesarios para proporcionar prestaciones más allá de las establecidas en la Ley vigente.

Por lo anterior las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social emiten el siguiente:

Acuerdo

Primero. No es de aprobarse la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social, en materia de salud reproductiva de las adolescentes y menores de edad, presentada por la diputada a la LVIII Legislatura Hortensia Aragón Castillo.

Segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Nota 1) Esta cifra fue proporcionada por el IMSS. Obtuvieron esta cifra dividiendo el número de partos atendidos en 2002 en el IMSS entre el promedio de mujeres en edad fértil, lo cual arrojó el 2 por ciento. La fuente de esta información es la Memoria Estadística 2002.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de agosto de 2007.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social, diputados: Tomás del Toro del Villar (rúbrica), presidente; Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), Carlos René Sánchez Gil (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica), José Antonio Almazán González (rúbrica), Humberto Dávila Esquivel (rúbrica), secretarios; Ramón Almonte Borja , Luis Ricardo Aldana Prieto , Francisco Antonio Fraile García (rúbrica), Omar Antonio Borboa Becerra (rúbrica), Carlos Armando Reyes López (rúbrica), Alfonso Othón Bello Pérez (rúbrica), Antonio Berber Martínez (rúbrica), Rolando Rivero Rivero (rúbrica), José Antonio Arévalo González , Gustavo Ramírez Villarreal (rúbrica), Demetrio Román Isidoro (rúbrica), Beatriz Collado Lara (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Ramón Félix Pacheco Llanes (rúbrica en contra), Ricardo Cantú Garza , Ana Yurixi Leyva Piñón , Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), Alfredo Barba Hernández (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica en contra), Sonia Noelia Ibarra Franquez , Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica en contra), José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica en contra), Diego Aguilar (rúbrica), Jesús Ramírez Stabros .
La Comisión de Seguridad Social, diputados: Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica en contra), presidente; Efraín Arizmendi Uribe , Neftalí Garzón Contreras (rúbrica en contra), Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica en contra), Rafael Plácido Ramos Becerril (rúbrica en contra), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), secretarios; Joel Arellano Arellano (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Alfonso Othón Bello Pérez (rúbrica), Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro (rúbrica), Addy Cecilia Joaquín Coldwell (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), Ramón Almonte Borja (rúbrica en contra), José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica en contra), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica en contra), Daniel Dehesa Mora (rúbrica en contra), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna (rúbrica en contra), Charbel Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez , Joel Ayala Almeida , Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Ana María Ramírez Cerda , Ramón Valdés Chávez (rúbrica en contra), Abundio Peregrino García (rúbrica en contra).»

«Voto particular sobre el dictamen, en sentido negativo, correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social, en materia de salud reproductiva de las adolescentes y menores de edad, que presentan diputados integrantes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social

Los suscritos diputadas y diputados federales a la LX Legislatura de Congreso de la Unión, integrantes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con fundamento en los artículos 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 88 y 119 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía el presente voto particular con relación al dictamen en sentido negativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social, en materia de salud reproductiva de las adolescentes y menores de edad.

Antecedentes

1. En la sesión del jueves 24 de abril de 2003, la diputada de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, Hortensia Aragón Castillo, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó ante el Pleno, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social, en materia de salud reproductiva de las adolescentes y menores de edad.

2. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados ordenó que el asunto fuera turnado a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

3. Con fecha 28 de octubre de 2003, la Comisión de Seguridad Social recibió copia del oficio número 2362D-003 enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Director General de Enlace con el Gobierno Federal y Sociedad Civil de la Secretaría de Gobernación conteniendo la opinión de la administración pública federal en torno a la iniciativa en comento.

4. Con fecha 6 de noviembre de 2003, la Comisión de Seguridad Social recibió copia del oficio número 2377D-003 enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Director General de Enlace con el Gobierno Federal y Sociedad Civil de la Secretaría de Gobernación conteniendo la opinión de la Subsecretaría de Egresos de la administración pública federal en torno a la iniciativa en comento.

5. Con fecha 16 de enero de 2004, la Comisión de Seguridad Social recibió oficio número 0952176110510/ 018/04 conteniendo los Comentarios de la Dirección Jurídica de la Dirección de Planeación y Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social referente a la iniciativa en comento.

6. Con fecha 4 de octubre de 2004 la Comisión de Seguridad Social recibió oficio número SEL/UEL/311/ DGAEGFSC/1839/04 conteniendo la opinión vigente del Ejecutivo federal respecto a la iniciativa en comento.

7. Con fecha 29 de marzo de 2005, la Comisión de Seguridad Social recibió oficio número 09/90/01/050010/ 010/05 en relación a los comentarios financieros referentes a la iniciativa que reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social.

Previo estudio y análisis de la iniciativa y de los documentos señalados, se procedió a la elaboración del presente voto particular.

Contenido de la iniciativa

La diputada expone en su iniciativa que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Manifiesta que esto se lleva a cabo a través de la prestación de servicios médicos, guarderías para los hijos de las madres aseguradas, la prevención y atención de los riesgos de trabajo, el otorgamiento de prestaciones sociales, de subsidios y de pensiones.

Asimismo explica que a pesar del enorme avance que ha tenido el Instituto Mexicano del Seguro Social en cuanto a su cobertura, en la Ley del Seguro Social se conservan disposiciones excluyentes o discriminatorias que la han llevado a negar servicios a ciertos sectores de la población protegida, desconociendo la realidad actual. Es el caso de las menores derechohabientes, hijas de los asegurados o las aseguradas y de los pensionados y pensionadas, a quienes sistemáticamente se les ha negado la asistencia obstétrica, incluso si la solicitud se deriva de una violación.

Manifiesta que con independencia de estos casos dramáticos, que lamentablemente se han incrementado, el fenómeno de embarazo en adolescentes o en menores está presente en nuestro país. Diversas investigaciones al respecto nos indican que, en promedio, un millón de menores de edad de toda la población asegurada o no asegurada, se embarazan al año y al menos 200 mil son madres solteras. Esta problemática, por sí misma, debería ser considerada como uno de los principales desafíos en materia de salud reproductiva, sobre todo si se considera que en investigaciones realizadas recientemente en este tipo de casos, los datos señalan que el 60 por ciento de las mujeres embarazadas a temprana edad no tienen estudios y el 40 por ciento restante se enfrenta al abandono de la escuela y escasez de oportunidades académicas. Son, como puede observarse, un grupo altamente vulnerable.

La diputada expresa que las instituciones públicas de salud y seguridad social deberían coadyuvar al abatimiento de los embarazos en adolescentes, incrementado sus programas preventivos dirigidos a padres e hijos derechohabientes, así como a la sociedad en general; sin embargo no se justifica la exclusión de este sector de beneficiarias de la asistencia obstétrica que brinda el Seguro Social pues ello, además de discriminatorio, incrementa su vulnerabilidad y lesiona su derecho humano a la salud. Si bien es cierto que para abatir el fenómeno de los embarazos tempranos se requiere un conjunto de políticas públicas como el reforzamiento de los programas de información y educación sexual, también nos corresponde a los legisladores, en este sentido, adecuar la legislación para evitar todo tipo de exclusiones.

Al respecto comenta que la actual Ley del Seguro Social, en su artículo 95, excluye de la asistencia obstétrica a las hijas de los asegurados o aseguradas y de las pensionadas o pensionados menores de 16 años y hasta de 25 años, aun cuando éstas cumplan con el requisito de ser estudiantes y dependientes económicos de la o el derechohabiente. Para ello propone que esta disposición debe ser eliminada.

Conforme a los antecedentes y motivaciones de referencia, las Comisiones exponen las siguientes

Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el tercer párrafo de su primer artículo que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Asimismo establece en el sexto párrafo del artículo 4 que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

Segunda. La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Senado de la República en enero de 1990, expresa que se considera dentro de la niñez a todo ser humano menor de 18 años de edad, asimismo, el principio del interés superior del niño o niña, entendido como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible, esto incluye, el goce irrestricto de sus derechos.

De igual forma, la noción del interés superior del niño o niña significa por otro lado, que el crecimiento de las sociedades depende en gran medida de la capacidad de desarrollar a quiénes actualmente se encuentran en esta etapa de la vida de la humanidad. Desde esta perspectiva, dicha prioridad no es producto de la bondad de la sociedad adulta o de los sistemas de gobierno, sino que constituye un elemento básico para la preservación y mejoramiento de la raza humana.

Tercera. La Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece en su artículo 2 que son niñas y niños las personas de hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos, así es que la diferenciación de edades y por tanto de cobertura en atención hasta los 16 años no tiene sustento jurídico y constituye una clara discriminación para las adolescentes entre 16 y 18 años de edad.

Asimismo, el artículo 3 del mismo ordenamiento establece que la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad.

Los principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes son:

A. El del interés superior de la infancia.
B. El de la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia.
C. El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o representantes legales.
D. al G. ...
Especialmente el artículo 28 establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la salud.

Cuarta. En adición a estas consideraciones, la Dirección Jurídica del IMSS concuerda en que en los principios y objetivos consagrados en la Constitución y en la Ley del Seguro Social, subyace la aspiración de la seguridad social de alcanzar una cobertura universal. Que las reformas a la Ley del Seguro Social se han venido realizando para la consecución de ese principio, extendiendo la protección de sus beneficios no solamente a los trabajadores, sino también a su núcleo familiar y en términos generales a los sectores más desprotegidos e la sociedad. Así, la Dirección Jurídica del IMSS vierte en su opinión que no existe impedimento legal para el otorgamiento de asistencia obstétrica y ayuda en especie para lactancia por seis meses a las hijas de los asegurados o pensionados que se señalan en las fracciones V y VI del artículo 84 de la Ley del seguro Social, o sea, a las hijas menores de 16 años del asegurado y del pensionado y las hijas del asegurado cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico hasta en tanto no desaparezca la enfermedad que padecen o hasta la edad de 25 años cuando realicen estudios en planteles del sistema educativo nacional.

Quinta. No obstante, la Dirección Jurídica del IMSS no considera procedente otorgar las citadas prestaciones a las beneficiaras a las que se refiere la fracción VII del citado artículo, es decir a las hijas mayores de 16 años de los pensionistas por invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez, así como a las hijas de los pensionados por incapacidad permanente que se encuentren disfrutando de asignaciones familiares; éstas significan un apoyo económico accesorio a las pensiones, por lo que su existencia depende de la procedencia de estas últimas, que le dan origen; por ello las beneficiarias señaladas en la fracción VII del artículo 84 están comprendidas en las fracciones V y VII del citado artículo y recibirán prestaciones materia de esta reforma.

Sexta. Por su parte, la Dirección Jurídica de Planeación y Finanzas envió un cálculo con base en la Información contenida en la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2000 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, y de la Memoria Estadística Institucional 2002 del IMSS. El documento en cuestión refiere que la población potencial beneficiada con la reforma propuesta al artículo 95 de la Ley del Seguro Social, sería 1'960,421 mujeres, entre las que se encuentran las adolescentes entre 12 y 15 años hijas de asegurados y pensionados, mujeres entre 16 y 25 años hijas de asegurados que se encuentran estudiando en planteles del sistema educativo nacional y mujeres hijas de asegurados incapacitadas para trabajar por discapacidad física o psíquica, conforme se indica en el Cuadro 1. De este universo, y con base en los cálculos del IMSS el segmento con probabilidad de demandar en un año completo los servicios de maternidad y lactancia sería el 2 por ciento de dicha población 1 , que significarían 39 mil 208 adolescentes, con una incorporación mensual de 3 mil 268 en promedio. El costo estimado de las prestaciones proporcionadas a cada una de ellas se calcula en el orden de los 20 mil 617 pesos (a precios de 2004), integrados como se indica en el Cuadro 2. Cuadro 1

Estimación del número potencial de adolescentes beneficiadas con una eventual modificación del artículo 95 de la LSS conforme a la iniciativa de reforma propuesta por la Diputada Hortensia Aragón Castillo del Grupo Parlamentario del PRD.

Esto significa que el gasto por las 39 mil 208 adolescentes que se atenderían cada año en los servicios de gineco-obstetricia y lactancia sería de 808.4 millones de pesos. Los 808.4 millones de pesos de referencia se ejercerían escalonadamente de la siguiente forma, bajo la hipótesis de la incorporación mensual arriba señalada y considerando los costos unitarios constantes de las consultas, de un parto normal y de los botes de leche maternizada: 49.5 millones de pesos en mayo-diciembre de 2004; 651.1 millones de pesos en 2005; y 107.8 millones de pesos en 2006. Los cálculos detallados de este escalonamiento del gasto se muestran en el Cuadro 3.

La Dirección de Planeación y Finanzas del IMSS concluye que la modificación legal que entraña la reforma en comento tendría que venir aparejada con cambios en el esquema financiero que permitan contar con los recursos adicionales necesarios para proporcionar prestaciones más allá de las establecidas en la Ley vigente.

Sin embargo, la Comisión dictaminadora considera que la cifra de 39,208 adolescentes correspondiente al 2 por ciento está sobrestimada por las siguientes razones:

a) El grupo de adolescentes que se pretende beneficiar con la presente reforma son aquellas hijas adolescentes de los asegurados o pensionados que siguen dependiendo del padre o de la madre, es decir, adolescentes que se embarazan estando solteras; y mujeres solteras hijas de asegurados de diversas edades que sufren alguna discapacidad física o mental que les impide poder mantenerse por ellas mismas; y aquellas hijas solteras de asegurados entre los 16 y hasta los 25 años de edad que se encuentran estudiando en los planteles del sistema educativo nacional.
b) En el primero de los casos, la cifra de 2 por ciento con la que el IMSS hace el cálculo de las adolescentes beneficiadas con la presente reforma se deriva del cálculo que se obtiene al dividir el número de partos atendidos en 2002 en el IMSS entre el promedio de mujeres en edad fértil, datos obtenidos de la Memoria Estadística 2002 del Instituto, sin embargo, este cálculo se refiere a el porcentaje en general de mujeres que estadísticamente requiere los servicios de atención gineco-obstétrica en un año en el instituto, empero hay que tomar en cuenta que:
I. Los embarazos en adolescentes del grupo al que se refiere la fracción V del artículo 84 no corresponden a la misma tasa de embarazos de mujeres en edad fértil. Las mujeres en el grupo de edades de 12 a 15 años no se embarazan en la misma proporción que las mujeres en el grupo etario de los 25 a los 29 años. El Cuaderno de Población Num. 15, 2003 del INEGI, refleja que del total de nacimientos que hubo en el año 2002, 24.36 por ciento de las madres se encontraban en el rango de los 25 a los 29 años de edad, mientras que únicamente 0.4 por ciento de las mujeres que tuvieron un hijo o hija ese año tenían 15 años o menos. Tomando como base el cálculo del IMSS que nos indica que de cada 100 mil mujeres en edad fértil, 2 mil mujeres se embarazan al año y de estas únicamente 8 corresponden al rango etario de menores de 15 años calculamos que para este grupo de mujeres entre 12 y 15 años de edad corresponde al orden de 0.008 por ciento y no al 2 por ciento que maneja el IMSS.
II. Asimismo, diversos estudios indican que sin lugar a dudas, el embarazo en la adolescencia se encuentra estrechamente relacionado con la unión conyugal y marital... ya que la gran mayoría de las adolescentes alguna vez embarazadas se encontraban unidas o casadas (87 por ciento) al momento de la encuesta. 2 Por tanto, el grupo al que nos referimos en esta categoría es únicamente el 13 por ciento restante que además de ser adolescente, está soltera en el momento del embarazo.

Es también relevante considerar que el dato proporcionado por el IMSS referente a la cantidad total de beneficiarias hijas de 12 a 15 años de pensionados y asegurados (Artículo 84, fracción V) cuya fuente es la estimación realizada por la División de Servicios Actuariales a partir de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2000 (ENESS 2000) (1'931,629 adolescentes) difiere en mucho del obtenido por la dictaminadora, cuya fuente es la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2004 de conformidad con el siguiente Cuadro 4:

De acuerdo a este Cuadro 4, la cantidad total de beneficiarias (incluidas cónyuges e hijas de asegurados o pensionados) en el rango etario de 12 a 14 años es de 912 mil 991 en el año 2004, más la quinta parte de las mismas en el rango etario de 15 a 19 años que corresponde a la cantidad de 199 mil 893 dan una sumatoria total de 1 millón 112 mil 884 adolescentes en contraste con las 1 millón 931 mil 629 adolescentes que informa el IMSS.

De esta manera, con base en la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social de 2004 y tomando en cuenta las consideraciones i, ii y iii del inciso b) podemos calcular que:

Las adolescentes de 12 a 15 años de edad, hijas de asegurados o pensionados, solteras, con probabilidad de demandar en un año completo los servicios de maternidad y lactancia se calcula multiplicando el número total de mujeres derechohabientes en edad fértil (de 12 a 54 años) correspondiente a la cifra de 11 millones 626 mil 79 con base en el ENESS 2004, por la tasa de embarazo en adolescentes correspondiente al orden del 0.08 por ciento, con base en el IMSS y el INEGI, por el porcentaje de adolescentes que estando solteras quedan embarazadas correspondiente al 13 por ciento del total de adolescentes que resultan embarazadas en un año.

Así para el año 2004, el cálculo corresponde al siguiente procesamiento de datos: 11 millones 626 mil 79*0.08 por ciento*13 por ciento=1 209 adolescentes entre 12 a 15 años, hijas de asegurados o pensionados, solteras, que pudieron haber demandado un año completo los servicios de maternidad y lactancia.

c) Por lo que corresponde a las mujeres del grupo descrito por la fracción VI del mismo artículo, es decir, aquellas hijas de asegurados que no pueden mantenerse por su propio trabajo a causa de una incapacidad física o psíquica, desafortunadamente no existen estadísticas específicas en México del porcentaje de mujeres embarazadas según su salud física o mental, sin embargo la que dictamina reconoce que las mujeres con capacidades diferentes tienen derecho a la atención obstétrica conforme lo establece La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que vincula a los Estados partes a condenar la ``discriminación contra la mujer en todas sus formas'', y a ``prestar especial atención a las necesidades y los derechos en materia de salud de las mujeres pertenecientes a grupos vulnerables y desfavorecidos como [...] las mujeres con discapacidad física o mental'', como lo indica la Recomendación General sobre Salud del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
El cálculo de probabilidades de embarazo en este grupo de mujeres se considera en consecuencia en 2 por ciento del universo de derechohabientes con estas condiciones.
d) El tercer grupo corresponde a hijas de asegurados entre los 16 y hasta los 25 años de edad estudiantes en planteles del sistema educativo nacional, mismo rango etario al que se le puede aplicar el 2 por ciento calculado por el IMSS.

Asimismo, conforme a la información enviada por el IMSS, el costo estimado de la atención obstétrica y la ayuda para lactancia a cada una de ellas en el año 2004 se calcula en el orden de 20 mil 617 pesos.

Esto significaría erogar anualmente 36.804 millones de pesos para atender las nuevas obligaciones que entrañaría la aprobación de la presente iniciativa conforme al siguiente Cuadro 5.

Séptima. Asimismo, las Comisiones dictaminadoras consideran que lo que establece la ley vigente es una clara discriminación que no tiene sustento y que debe ser corregida. La iniciativa motivo de este voto particular incide directamente en evitar riesgos de salud durante la evolución del embarazo, la atención del parto y puerperio y en proporcionar la ayuda para lactancia por seis meses para adolescentes y mujeres jóvenes, que conforme a la redacción actual del artículo 95 de la Ley no tienen derecho a esta atención.

Octava. Las diputadas y los diputados integrantes de las Comisiones que dictaminan consideran que es substancial otorgar un tiempo perentorio para la entrada en vigor del presente decreto a fin de que en el presupuesto de egresos de 2008 se considere la erogación necesaria para cumplir con dicha modificación legal.

Modificaciones a la iniciativa

1. La redacción propuesta al artículo 95 de la Ley del Seguro Social presenta un vicio de redacción por redundancia en el texto vigente al decir ``prestaciones señaladas'' y a continuación ``beneficiarias que se señalan''; por ello, y para mejorar su presentación, se propone cambiar esta última frase por ``beneficiarias que se enuncian''.

2. En atención a la observación formulada por la Dirección Jurídica del IMSS, las que dictaminan consideran procedente eliminar la alusión a la fracción VII del artículo 84 en el artículo 95, dado que las beneficiarias que reciben asignaciones familiares están comprendidas en las beneficiarias que reciben una pensión. Sin embargo para que las mujeres entre 16 años y 18 años y aquellas que se encuentren estudiando en algún plantel del Sistema Educativo Nacional no queden desprotegidas se plantea adicionar este texto íntegro.

3. Finalmente, para darle viabilidad económica a esta reforma, las que dictaminan proponen en el artículo Transitorio Único que el inicio de la vigencia de la misma para el 1 de enero de 2008, a fin de preparar las condiciones presupuestales y administrativas que sean necesarias.

4. Asimismo, y con el ánimo de no discriminar a ninguna de las adolescentes que pueden encontrarse en esta situación, se reconoce la necesidad de incluir a aquellas adolescentes que se encuentran disfrutando una pensión por orfandad conforme a lo dispuesto por el artículo 134 de la ley.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos diputadas y diputados integrantes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el presente voto particular, con proyecto de:

Decreto

Artículo Único. Se reforma el artículo 95 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 95. Tendrán derecho a disfrutar de las prestaciones señaladas en las fracciones I y II del artículo anterior, las beneficiarias que se enuncian en las fracciones III, IV, V y VI del artículo 84 de esta ley y las hijas mayores de dieciséis años y menores de dieciocho años de los asegurados y de los pensionados o hasta la edad de veinticinco años cuando realicen estudios en planteles del sistema educativo nacional y aquellas que estén disfrutando una pensión por orfandad conforme a lo dispuesto por el artículo 134 de esta ley.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2008.

Notas 1) Esta cifra fue proporcionada por el IMSS. Obtuvieron esta cifra dividiendo el número de partos atendidos en 2002 en el IMSS entre el promedio de mujeres en edad fértil, lo cual arrojó el 2 por ciento. La fuente de esta información es la Memoria Estadística 2002.2) Menkes Bancet, Catherine y Suárez López, Leticia; Sexualidad y Embarazo Adolescente en México, Papeles de Población, enero-marzo, número 035, Universidad Autónoma del estado de México, Toluca, México, página11.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de agosto de 2007.
Diputados: Ramón Almonte Borja , Miguel Ángel Navarro Quintero , Daniel Dehesa Mora , Neftalí Garzón Contreras , Rafael Plácido Ramos Becerril , Adrián Pedrozo Castillo , Rosario Ignacia Ortiz Magallón , José Luis Gutiérrez Calzadilla , Ramón Valdés Chávez , Abundio Peregrino García (rúbricas).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Está discusión el punto de acuerdo.

Se han inscrito por tal motivo el diputado Ramón Almonte Borja y la diputada Elsa Conde Rodríguez. Tiene el uso de la palabra el diputado Ramón Almonte Borja .

Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a los jóvenes que nos están visitando hoy, a los jóvenes invitados del municipio de Zumpango, estado de México; a los invitados del municipio Melchor Ocampo, estado de México, y a los jóvenes de arriba... ahorita los menciono porque no encontré la lista.

El diputado Ramón Almonte Borja : Señora Presidenta, sin que me cuente el tiempo le rogaría si se puede dar lectura al artículo 1, párrafos primero y tercero; artículo 4, párrafos primero, tercero y sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Por favor, la Secretaría me hace favor de auxiliarme.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : ``De las Garantía Individuales''.

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por ese solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

El diputado Ramón Almonte Borja : Gracias, Presidenta.

La intervención de su servidor en esta tribuna es con el propósito de hablar a favor de las hijas de los trabajadores mexicanos que regulan su actividad en términos del artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El voto particular suscrito por su servidor y otros diputados del Partido de la Revolución Democrática, es precisamente para votar en contra del dictamen negativo que desecha la iniciativa de reforma del artículo 95 de la Ley del Seguro Social.

La reforma propuesta tiene como finalidad el hecho de que reciban asistencia médica las mujeres de los trabajadores mexicanos que estén en edad reproductiva, de acuerdo con las propias consideraciones que establece la iniciativa.

La iniciativa propone que sean sujetos de derecho a las prestaciones del seguro de enfermedades y maternidad, correspondientes a la asistencia obstétrica y a la ayuda en especie por 6 meses para lactancia; para las hijas del asegurado y del pensionado; menores de 16 años; mayores de 16 años cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padezcan, o hasta la edad de 25 años cuando realicen estudios en planteles del sistema educativo nacional; mayores de 16 años de los pensionados por invalidez, cesantía, en edad avanzada y vejez, que se encuentren disfrutando de asignaciones familiares y las hijas de los pensionados por incapacidad permanente. En estos dos últimos casos, hasta la edad de 25 años cuando realicen estudios en planteles del sistema educativo nacional.

Los diputados y las diputadas por lo menos debemos conocer, no siendo abogados, los lineamientos esenciales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ya anteriormente la señora Secretaria dio lectura precisamente a los párrafos primero y tercero del artículo 1o. constitucional y a los párrafos primero, tercero y sexto de la misma Constitución. En el artículo 4o., en estos preceptos se establece precisamente la igualdad entre todos los que habitamos en este país, de manera muy especial la igualdad entre los hombres y las mujeres, la prohibición estricta de la Constitución de toda discriminación por cualquier circunstancia y, desde luego, el derecho de los niños y de las niñas a la salud.

Ustedes saben que, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de los Niños, avalado por el Senado de la República, niños se comprende de 1 a 18 años; y de acuerdo con la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, niños se comprende de 1 a 12 años y adolescentes de los 12 a los 18 años.

Entonces, no existe ninguna razón por la cual, en principio, la Ley del Seguro Social solamente contemple a los hijos de los trabajadores hasta los 16 años y a las hijas se les excluya precisamente de la atención médica, de la atención obstétrica y ayuda en especie hasta por 6 meses, a la que sí tienen derecho las hijas de los trabajadores y pensionados y jubilados al servicio del Estado.

Aquí ustedes mismos aprobaron la nueva Ley del ISSSTE, que en el artículo 39 consagra precisamente este beneficio a favor de las hijas de los trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado y entonces no existe motivo alguno para el efecto de que aquí en México podamos tener mujeres de primera y mujeres de segunda.

¿Por qué las hijas de las trabajadoras y los trabajadores al servicio del Estado tienen este derecho? ¿Y por qué razón a las hijas y los hijos de las trabajadoras y los hijos y las hijas de los trabajadores que regulan su actividad en términos del artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, les estamos negando este derecho?

Por esta razón, compañeras diputadas y compañeros diputados, yo los invito a que votemos a favor del voto particular que propone la fracción parlamentaria del PRD y otorguemos este beneficio a favor de las hijas de nuestros trabajadores mexicanos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputado Ramón Almonte Borja. Tiene el uso de la palabra la diputada Elsa Conde Rodríguez, por el Grupo Parlamentario de Alternativa, por favor.

La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez : Gracias, señora Presidenta.

La iniciativa presentada por la ex diputada Hortensia Aragón busca beneficiar de la asistencia obstétrica y de la ayuda en especie por seis meses para la lactancia, de las hijas y los hijos de los asegurados que tengan entre 16 y 25 años.

Las comisiones dictaminadoras consideran que esto no es procedente porque significa un apoyo accesorio a las pensiones, además de un impacto presupuestal considerable. La seguridad social es un derecho y, por tanto, no puede restringirse, ni suspenderse, ni violarse.

La asistencia social forma parte del derecho a la salud establecido en el artículo 4o. constitucional, también la Ley General de Salud prevé en el artículo 2o. el derecho a disfrutar de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población. Además, que especifica que la asistencia social es materia de salubridad general y que ésta forma parte del Sistema Nacional de Salud.

Es muy preocupante, compañeros, la decisión que están tomando las comisiones dictaminadoras sobre estos temas. Pareciera que las necesidades sociales de la población se reducen exclusivamente al aspecto económico y presupuestal, donde no se prevén opciones de solución. No porque las comisiones de Seguridad Social y la del Trabajo desechen la propuesta, deja de existir la problemática y la necesidad social.

Por ello, es necesario buscar alternativas de solución y si el problema es presupuestal, entre otras cosas, que se incluya ---por ejemplo--- la participación de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, brindando su opinión al respecto. Cosa que no sucedió.

A los legisladores se nos está olvidando que nuestra función es legislar y apoyar a través de reformas legales el desarrollo del país. No podemos permitir dictámenes de este tipo, en donde se legitima un acto discriminatorio porque un sector de la población recibe este derecho y este beneficio, y otro sector de la población no.

En virtud de que el dictamen presentado por las comisiones unidas no contempla argumentos suficientes que avalen su decisión de desechar la iniciativa de la ex diputada Hortensia Aragón, del Partido de la Revolución Democrática, nos permitimos solicitarle a esta Mesa Directiva que este dictamen sea devuelto a las comisiones correspondientes para su nueva revisión; además de solicitar que sea enviado para la opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en virtud de que uno de los argumentos emitidos es de carácter estrictamente presupuestal. Muchas gracias.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Gracias, diputada Elsa Conde.

No se ha registrado ningún orador más, por lo que solicito a la Secretaría, en votación económica, que consulte al pleno si se devuelve a la comisión o es de desecharse... si se aprueba, perdón.

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Señora Presidenta, mayoría por la negativa.

La diputada Mónica Fernández Balboa (desde la curul): Es que están dormidos.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Compañeros, por eso yo especificaba para que no hayan malos entendidos. Acaban de aprobar que se regrese el punto a la comisión. Se regresa a la comisión, por favor. Gracias. Continúe la Secretaría, por favor.



CODIGO PENAL FEDERAL

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Dictamen de la Comisión de Justicia, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma los artículos 336 y 336 Bis del Código Penal Federal

Honorable Asamblea:

La Comisión de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, 45 numeral 6, incisos f) y g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56, 60 y 88, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 336 y 336 bis del Código Penal Federal.

Antecedentes

I. Con fecha 26 de abril de 2007, el diputado Mario Enrique del Toro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 336 y 336 bis del Código Penal Federal.

II. En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio No. DGPL 60-ll-4-642, turnó a la Comisión de Justicia dicha iniciativa.

Contenido

Es innegable la necesidad de crear leyes a favor de los más desprotegidos, en este caso de nuestros adultos mayores; invertir en las capacidades productivas y sociales de las mujeres y hombres mayores, sin duda producirá resultados de gran magnitud para todas las edades en términos de bienestar comunitario, cohesión social y productividad económica.

La edad es una forma de discriminación por razones del tiempo de vida de una persona, pues las políticas deliberadas o por omisión marginan a las personas por tener 50, 60 u 80 años, desperdiciando un valioso recurso humano y social.

No olvidemos que el aumento a la longevidad representa un triunfo para el desarrollo humano. A mediados del siglo pasado, la esperanza de vida era de 45 años a nivel mundial, actualmente es de 65 años, y para mediados de este siglo se calcula será de 76 años.

Las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas estiman que durante el período 2000-2050, la proporción de personas mayores en el mundo en desarrollo se habrá más que duplicado, mientras que la proporción de niños y niñas habrá disminuido en un 10 por ciento.

Actualmente, la mayoría de los adultos mayores en el mundo se mantienen a sí mismos, trabajan hasta muy avanzada edad o hasta el final de sus días, a menudo, mantenido, familias enteras con su esfuerzo, y contribuyendo ya sea con su fuerza laboral, de manera económica, o bien con sus destrezas y experiencias.

Efectivamente las personas mayores son más propensas a trabajar en el sector informal, ya que suelen ser expulsadas del sector formal, por la jubilación o la discriminación muchos años antes de concluir su vida económicamente activa.

Todos estos argumentos expresados por el diputado Mario Enrique del Toro, desgraciadamente son tristes realidades, por lo que los legisladores tenemos un compromiso no sólo con nuestros adultos mayores, sino con todos aquellos sectores vulnerables, que se encuentran más desprotegidos.

Sin duda, el Poder Legislativo cuenta con la tarea de crear leyes en pro de estos sectores, como la iniciativa del diputado Mario Enrique del Toro, quien propone se tipifique como delito la omisión de suministrar pensión alimenticia para los ascendientes.

No obstante, se estima que a pesar de las buenas intenciones que trae consigo la propuesta de tipificación de estas conductas, resultaría letra muerta, pues difícilmente podríamos construir algún caso en materia federal, en el que pudiese ser aplicable esta norma, es decir, es nula la posibilidad de que un caso de esta naturaleza sea competencia de la Procuraduría General de la República y, en consecuencia, de los Juzgados de Distrito, en términos de lo señalado por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Justicia:

Acuerda

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 336 y 336 Bis del Código Penal Federal.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2007.
La Comisión de Justicia, diputados: César Camacho Quiroz (rúbrica), presidente; Felipe Borrego Estrada (rúbrica), Violeta del Pilar Lagunes Viveros (rúbrica), Carlos Alberto Navarro Sugich (rúbrica), Miguel Ángel Arellano Pulido , Jorge Mario Lescieur Talavera (rúbrica), Faustino Javier Estrada González , secretarios; Mónica Arriola (rúbrica), Alliet Mariana Bautista Bravo (rúbrica en contra), Liliana Carbajal Méndez , Rogelio Carbajal Tejada (rúbrica), Raúl Cervantes Andrade (rúbrica), Jesús de León Tello (rúbrica), José Manuel del Río Virgen , Antonio de Jesús Díaz Athié (rúbrica), Rutilio Cruz Escandón Cadenas , Arturo Flores Grande (rúbrica), Silvano Garay Ulloa (rúbrica en contra), María del Pilar Ortega Martínez (rúbrica), Omeheira López Reyna , Andrés Lozano Lozano (rúbrica en contra), Victorio Rubén Montalvo Rojas (rúbrica en contra), Silvia Oliva Fragoso , Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Luis Gustavo Parra Noriega (rúbrica), Alfredo Adolfo Ríos Camarena , Yadhira Yvette Tamayo Herrera .»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : No habiendo oradores inscritos, se considera suficientemente discutido el punto y se reserva para su votación en conjunto. Continúe la Secretaría, por favor.



LEY GENERAL DE SALUD

La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz : «Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la minuta proyecto de decreto que reforma el primer y último párrafos del artículo 225 y la fracción I del 376 Bis de la Ley General de Salud

Honorable Asamblea

A la Comisión de Salud de la honorable Cámara de Diputados le fue turnada para su estudio y posterior dictamen la minuta que contiene punto de acuerdo con el que se devuelve la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 225 y 376 Bis de la Ley General de Salud, para los efectos del inciso d), del artículo 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, numerales 1 y 3, 43, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud somete a consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

I. En el capítulo de antecedentes se da constancia del proceso legislativo, en su trámite de inicio, recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la comisión.
II. En el capítulo correspondiente a contenido se exponen los motivos y alcance de la propuesta de reforma en estudio.
III. En el capítulo de consideraciones la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la minuta en análisis.

I. Antecedentes

El 27 de abril de 2004 la diputada María Cristina Díaz Salazar, integrante del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa por la que se reforman el primer y último párrafo del artículo 225 y la fracción I, del artículo 376 Bis, ambos de la Ley General de Salud, siendo turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva, a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen.

En la sesión plenaria de la Cámara de Diputados del 25 de noviembre de 2004,la Comisión de Salud presentó el dictamen correspondiente, el cual fue aprobado por 381 votos a favor y 1 abstención, y fue turnado a la Cámara de Senadores para los efectos del inciso a), del artículo 72 Constitucional.

En sesión celebrada el 25 de septiembre de 2007 la honorable Cámara de Senadores aprobó el dictamen que contiene punto de acuerdo por el que se desecha la minuta en comento y se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos previstos en el artículo 72, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En sesión celebrada el 27 de septiembre de 2007, la Mesa Directiva dio cuenta del oficio por el que la Cámara de Senadores devuelve el expediente completo de la minuta en estudio.

Con la misma fecha la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó la minuta a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen.

II. Contenido

La propuesta de la diputada Díaz Salazar pretendía que la Secretaría de Salud sólo concediera la autorización correspondiente a los medicamentos cuando se demostrara que las sustancias contenidas reúnan las características de seguridad y eficacia exigidas, y se obligara a los laboratorios farmacéuticos a identificar genéricamente y con distintivo los medicamentos para que puedan ser comercializados.

La colegisladora consideró inviable la propuesta debido a que resulta incompatible con el texto vigente de la ley, en lo que a medicamentos, tanto de denominación genérica como genéricos intercambiables; por lo que desechó la minuta.

III. Consideraciones

Como lo señala atinadamente el dictamen de la colegisladora el artículo 225 de la Ley General de Salud establece en su artículo 225 que

``Los medicamentos, para su uso y comercialización, serán identificados por sus denominaciones genérica y distintiva. La identificación genérica será obligatoria.
En la denominación distintiva no podrá incluirse clara o veladamente la composición del medicamento o su acción terapéutica. Tampoco indicaciones en relación con enfermedades, síndromes, síntomas, ni aquellas que recuerden datos anatómicos o fenómenos fisiológicos, excepto en vacunas y productos biológicos.
Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma en la que las denominaciones señaladas deberán usarse en la prescripción, publicidad, etiquetado y en cualquier otra referencia.''

Derivado de lo anterior se infiere correctamente que por ``denominación genérica y distintiva'' no se debe entender como una manera de clasificar a los medicamentos, sino que en realidad son dos tipos de denominaciones que deben o pueden tener los medicamentos, estableciéndose que la denominación genérica es obligatoria.

El Reglamento de Insumos para la Salud establece en las fracciones V y XIV, del artículo 2, las definiciones de denominación genérica y medicamento genérico intercambiable; que a la letra dicen:

Denominación genérica. Al nombre del medicamento determinado a través de un método preestablecido, que identifica al fármaco o sustancia activa reconocido internacionalmente y aceptado por la autoridad sanitaria.
Medicamentos genéricos intercambiables. A la especialidad farmacéutica con el mismo fármaco o sustancia activa y forma farmacéutica, con igual concentración o potencia, que utiliza la misma vía de administración y con especificaciones farmacopeicas iguales o comparables, que después de haber cumplido con las pruebas a que se refiere el presente reglamento, ha comprobado que sus perfiles de disolución o su biodisponibilidad u otros parámetros, según sea el caso, son equivalentes a la del medicamento innovador o producto de referencia y que se encuentra registrado en el Catálogo de medicamentos genéricos intercambiables, y se identifica con su denominación genérica.

Asimismo cabe mencionar que la pretensión de que la denominación genérica sea obligatoria para los medicamentos intercambiables, resulta incompatible con el texto vigente, toda vez que en la actualidad dicha obligatoriedad se encuentra establecida para todos los medicamentos incluyendo a los genéricos intercambiables, ya que el objetivo que se persigue no es distinguir ambos tipos de medicamentos sino presentar la información de su contenido al público.

Coincidimos asimismo con la colegisladora en cuanto a considerar incorrecta la pretensión de reformar el último párrafo del artículo 225, ya que el artículo en cuestión no trata sobre pruebas para determinar la clasificación de un medicamento, sino sobre la reglamentación de la forma en que las denominaciones deberán utilizarse en la prescripción, publicidad, etiquetado y en cualquier referencia.

De igual manera consideramos correcta la interpretación de la colegisladora respecto al último párrafo que se busca reformar, ya que estipula que el reglamento generará una obligación para el propio Ejecutivo, a fin de que establezca las normas que determinen las pruebas a aplicarse para considerar los medicamentos como genéricos intercambiables, lo cual resulta inviable.

Derivado de lo expuesto, esta Comisión de Salud considera correcta la percepción de la colegisladora respecto a la minuta en estudio, por lo que coincide con el sentido de la minuta devuelta.

Por lo anteriormente expuesto y para efecto de lo dispuesto por el artículo 72, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Salud de la LX Legislatura, pone a consideración de la asamblea el siguiente

Acuerdo

Único. Se desecha la minuta proyecto de decreto por el se reforman el primer y último párrafo del artículo 225, y la fracción I, del artículo 376 Bis, ambos de la Ley General de Salud, devuelta por el Senado el 27 de Septiembre de 2007.

La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez , María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Ricardo Cantú Garza , Maricela Contreras Julián , María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora , Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes , Beatriz Eugenia García Reyes (rúbrica), Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena , Lorena Martínez Rodríguez , Holly Matus Toledo (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal , Roberto Mendoza Flores , Elizabeth Morales García , Miguel Ángel Navarro Quintero , Gilberto Ojeda Camacho , Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez (rúbrica), María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : No habiendo oradores inscritos, se considera suficientemente discutido el punto y se reserva para su votación al final.



LEY PARA LA PROTECCION DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 21 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados perteneciente a la LX Legislatura, le fue turnada para su estudio, análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, presentada el once de septiembre del 2007, por la ciudadana diputada María Gabriela González Martínez , y suscrita por la diputada Laura Angélica Rojas Hernández integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Esta Comisión, elaboró el presente dictamen con fundamento en el artículo 39, numerales 1, 2, fracción III, y numeral 3; los artículos 44, 45 numeral 1, 4, 6 incisos d) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 55, 56, 60, 87, 88 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y lo somete a la consideración de esta honorable Asamblea, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

Primero. Con fecha 11 de septiembre del 2007, las diputadas María Gabriela González Martínez y Laura Angélica Rojas Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Segundo. Con la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, fracción f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó turnar la iniciativa que nos ocupa para su estudio y dictamen a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

Con base en los antecedentes expuestos, los integrantes de estas Comisiones hacemos de su conocimiento el siguiente:

Contenido de la iniciativa

1) El objetivo de la iniciativa de las diputadas María Gabriela González Martínez y Laura Angélica Rojas Hernández es reformar el primer párrafo y los incisos A) y B) y se adiciona un último párrafo al artículo 21 de la Ley para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en los siguientes términos:

TEXTO VIGENTE

Artículo 21. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo 3o. constitucional. Las normas establecerán las formas de prever y evitar estas conductas. Enunciativamente, se les protegerá cuando se vean afectados por:

A. El descuido, la negligencia, el abandono, el abuso emocional, físico y sexual.
B. La explotación, el uso de drogas y enervantes, el secuestro y la trata.
C. Conflictos armados, desastres naturales, situaciones de refugio o desplazamiento, y acciones de reclutamiento para que participen en conflictos armados.

TEXTO PROPUESTO

Artículo 21. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación en los términos establecidos en los artículos 3 y 4 constitucional. Las normas establecerán las formas de prever y evitar estas conductas. Enunciativamente, se les protegerá cuando se vean afectados por:

A. El descuido o la negligencia que les cause o pudiera llegarles a causar cualquier perjuicio o daño, tanto en el hogar, en la escuela, como en su traslado en cualquier vehículo.
B. El abandono, el abuso emocional, físico y sexual.
C. La explotación, el uso de drogas y enervantes, el secuestro y la trata.
D. Conflictos armados, desastres naturales, situaciones de refugio o desplazamiento, y acciones de reclutamiento para que participen en conflictos armados.
A fin de garantizar la protección aquí prevista, las autoridades federales, locales y del Distrito Federal, dispondrán en el ámbito de sus respectivas competencias, las normas pertinentes que permitan prever y evitar las conductas mencionadas.

2) Las proponentes señalan que: ``Las defunciones por lesiones causadas por el tráfico vial y en particular por accidentes de tránsito debidas a vehículos de motor representan en todo el mundo una epidemia silenciosa que afecta a todos los sectores de la sociedad.''

3) Continúan las diputadas señalando: ``Existe un sector aún más vulnerable para este tipo de accidentes que son las niñas, niños y adolescentes, toda vez que categóricamente en nuestro país no existe la cultura de protección integral a menores durante los traslados vehiculares, en el caso de los bebes, por ejemplo existe nula utilización de las sillas de seguridad para bebes.''

4) Finalmente la intención de las diputadas es ``que exista una imperiosa normatividad aplicable y vigente que proteja contra actos u omisiones que puedan afectar la salud física o mental, y el normal desarrollo de niños, niñas y adolescentes, poniendo especial interés en las medidas de seguridad que en el traslado vehicular se deben observar; ya sea mediante la utilización de sillas especiales para niños, sistemas de sujeción adaptados a la talla y el peso del menor o algún otro dispositivo de seguridad para menores''

Consideraciones

Los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables:

I. Estamos de acuerdo con las diputadas en que es necesario que se protejan y respeten todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes del país para que tengan un mejor desarrollo en su vida diaria de acuerdo a la obligación establecida por los artículos 3 y 4 constitucionales, que a la letra dicen:
``Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado --Federación, estados, Distrito Federal y municipios--, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria.
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentara en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.
Artículo 4. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.''
Por ya encontrarse previstos los supuestos en el artículo 1 de la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, consideramos que no hay necesidad de que el artículo 21 de la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes haga referencia al artículo 4 constitucional y que tampoco se le agregue un tercer párrafo,
``Artículo 1. La presente ley se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República Mexicana y tienen por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de su competencia, podrán expedir las normas legales y tomarán las medidas administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta ley.''
II. Respecto de la adición del apartado ``A'' del artículo 21 de la Ley para la protección de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, propuesto por las diputadas: ``El descuido o la negligencia que les cause o pudiera llegarles a causar cualquier perjuicio o daño, tanto en el hogar, en la escuela, como en su traslado en cualquier vehículo,'' no se considera oportuna por prever los supuestos de las proponentes de una manera más amplia en el artículo 4 de la misma legislación:
``Artículo 4. De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.
Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La aplicación de esta ley atenderá al respeto de este principio, así como al de las garantías y los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.''
Al establecer la procuración, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieran para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y social, se encuentra incluida la protección de los menores en cualquier lugar y en cualquier momento.
III. Con relación a la protección de los menores de 18 años en su traslado en cualquier vehículo, las diputadas señalan ``El artículo 108 de la Ley de Tránsito del estado de Sonora, se cuenta con una disposición relativa al uso de los asientos para automóvil adecuado para niños. Por otra parte, los estados de Baja California, Michoacán y el Distrito Federal prevén disposiciones relativas a la obligación de transportar niños en los asientos traseros del automóvil.''
De lo anterior y basándonos en los artículos 115, fracción III, inciso h) y 124 Constitucional, los encargados de legislar en materia de transito son las legislaturas o ejecutivo locales.
``Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
...
III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
h) Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y transito;
...
``Artículo 124. Las Facultades que no estén expresamente concedidas por esta constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados''.
IV. El órgano encargado de emitir programas y actividades en materia de prevención y control de accidentes es la Secretaría de Salud, conforme al artículo 133 de la Ley General de Salud, que a la letra dice:
``Artículo 133. En materia de prevención y control de enfermedades y accidentes, y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes laborales y de seguridad social en materia de riesgos de trabajo, corresponde a la Secretaría de Salud:
I. Dictar las normas oficiales mexicanas para la prevención y el control de enfermedades y accidentes;
II. Establecer y operar el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, de conformidad con esta Ley y las disposiciones que al efecto se expidan;
III. Realizar los programas y actividades que estime necesario para la prevención y control de enfermedades y accidentes, y
V. Promover la colaboración de las instituciones de los sectores público, social y privado, así como de los profesionales, técnicos y auxiliares para la salud y de la población en general, para el óptimo desarrollo de los programas y actividades a que se refieren las fracciones II y III.''
El artículo anterior faculta a la Secretaría de Salud para que aplique programas y realice actividades dirigidas a procurar la prevención de cualquier tipo de accidentes, incluidos los de transito, dictando normas oficiales con las cuales se pueda crear una conciencia en la sociedad y se erradiquen estos incidentes.
La misma legislación contempla un capítulo denominado ``Accidentes'', en el cual se establecen las actividades que realizará la Secretaría en coordinación con otras dependencias para investigación y prevención de los mismos, así como la realización de exámenes psicofísicos para la expedición de la licencia de conducir, se encuentra en el artículo 164 de la Ley General de Salud:
``Artículo 164. La Secretaría de Salud coordinará sus actividades con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social así como con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en general, con las dependencias y entidades públicas y con los gobiernos de las entidades federativas, para la investigación, prevención y control de los accidentes.
La Secretaría de Salud deberá realizar convenios con los gobiernos de las entidades federativas para determinar los exámenes psicofísicos integrales que se practicarán como requisito previo para la emisión o revalidación de licencias de conducir, así como para establecer otras medidas de prevención de accidentes.''

Por todo lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables concluyen que la propuesta presentada por las legisladoras tiene buenas intenciones al contemplar lo estipulado por nuestra Carta Magna, sin embargo se encuentran contempladas en la Ley de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, Ley General de Salud y en las legislaciones y reglamentos vehiculares locales, creando una sobre regulación, por lo que la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, emite el siguiente:

Resolutivo

Primero. Se desecha iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 de la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por las diputadas María Gabriela González Martínez y Laura Angélica Rojas Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el once de septiembre de 2007.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Dado en la sala de juntas de la Comisión, a los 12 días del mes de diciembre del año 2007.
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados: María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Marcela Cuen Garibi (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández , David Sánchez Camacho , Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), Humberto Wilfredo Alonso Razo, Irene Aragón Castillo , Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunes (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale , María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Marisol Mora Cuevas (rúbrica), María del Carmen Pinete Vargas , Jorge Quintero Bello (rúbrica), Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), Mario Vallejo Estévez, Martín Zepeda Hernández .»


LEY ORGANICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Dictamen de las Comisiones de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Equidad y Género, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la comisión de asuntos de familia

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Equidad y Género de la LVIII Legislatura les fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear una Comisión Ordinaria de Asuntos de la Familia, presentada por el diputado Francisco Luis Treviño Cabello, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 3 de abril de 2003.

Esas comisiones, al término de esa legislatura, no presentaron el dictamen correspondiente.

Las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Equidad y Género en esta LX Legislatura, con fundamento en los artículos 39, 40, párrafo 2, y 45, párrafo 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 87, 88 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente

Metodología

Estas comisiones dictaminadoras desarrollaron su trabajo conforme al siguiente procedimiento:

En el capítulo ``Antecedentes'' se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de las comisiones.

En el capítulo correspondiente a ``Contenido de la iniciativa'' se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio; asimismo, se hace una breve referencia de los temas que la componen.

En el capítulo de ``Consideraciones'', las comisiones unidas expresan los argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el resolutivo del dictamen a la iniciativa en análisis.

I. Antecedentes

En sesión de Pleno de la Cámara de Diputados celebrada el día 3 de abril de 2003, el diputado Francisco Luis Treviño Cabello, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear una comisión ordinaria de asuntos de la familia.

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados turnó la iniciativa en comento a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Equidad y Género para su estudio y posterior dictamen.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria 1225 del viernes 4 de abril de 2007.

II. Contenido de la iniciativa

La iniciativa con proyecto de decreto que aquí se estudia y analiza establece en términos generales, en el desarrollo de su exposición de motivos, lo siguiente:

El promovente señala que una de las transformaciones más significativas en nuestro país es la participación activa de la sociedad en los asuntos políticos y en la toma de decisiones de sus representantes, señalando que es necesario poner especial atención al sector que dignifica nuestro actuar y consolida una razón de ser, en función del cargo que desempeñamos en el rol de la familia, ya que, considera, es la unidad básica de toda sociedad.

También manifiesta que la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas recogió en el tercer inciso de su artículo 16 lo siguiente: ``la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de ésta y del Estado''. Por ello señala que es deber y obligación del Estado garantizar la protección de la familia en su constitución y autoridad, como la base necesaria del orden social, indispensable para el bienestar del mismo Estado. Por ser la familia la esencia sobre la cual evoluciona el Estado, surge la importancia de integrar, fortalecer y salvaguardar para siempre sus valores fundamentales, mediante la promoción de su organización social y económica, de la armonía y solidaridad entre sus miembros, con fin de estimular la responsabilidad, energía y objetivos de la familia, contribuyendo al desarrollo y permanencia de sus integrantes.

Advierte que en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se señala la necesidad de ``fortalecer los ámbitos familiares para que sean el promotor de la convivencia y la solidaridad social'' y además que es necesario ``impulsar programas y políticas públicas que fomenten los valores familiares y propicien la cohesión y la solidaridad social'', En cuanto al Poder Legislativo como parte integrante de los poderes de la república, emanados de la Constitución mexicana, está obligado, al igual que sus similares --el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial-- a salvaguardar los bienes y valores que la familia representa, a proteger a la sociedad de la crisis moral que la desintegración familiar ocasiona.

El iniciador considera que la constitución de la comisión ordinaria de asuntos de la familia que propone debe tener como competencia participar en el análisis, discusión y aprobación de dictámenes de aquellas propuestas de reforma o adición a las diversas leyes que de una u otra manera infieren en el desarrollo, mejoramiento y la protección de la familia.

Propone que la comisión pueda coadyuvar, junto con otras, a enriquecer el debate y el contenido de las reformas que se propongan y que incidan en el desarrollo de la familia, en el rubro de la salud, la asistencia social, el trabajo, la educación, la cultura, y otras materias que cambien o modifiquen los factores económicos, políticos, jurídicos o sociales, además de participar con la función de estudio e investigación, para lo cual podrá realizar foros, consultas, pláticas con especialistas, instituciones públicas y privadas, con organizaciones de la sociedad y cualquier otra acción que le permita pulsar o conocer el contexto social de la familia y cuales pueden ser las acciones legislativas para mejorar sus condiciones.

III. Consideraciones

Las comisiones unidas vertimos en el presente dictamen valoraciones sobre la propuesta y los motivos que sustentan la decisión de rechazar la presente iniciativa, por los siguientes razonamientos:

Que el objetivo de la propuesta para la creación de la comisión ordinaria de asuntos de familia, es la atención a los diversos miembros que integran la familia y en especial en las materias de salud, educación, seguridad social, trabajo y cultura, entre otras.

De conformidad con lo que establecen los artículos 34, párrafo 1, inciso c), y 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer año de cada legislatura y corresponde a la Junta de Coordinación Política presentar al Pleno de la Cámara de Diputados su integración, con el señalamiento de la conformación de sus respectivas mesas directivas e integrantes; en atención a esa atribución, la Junta de Coordinación Política, con fecha 29 de septiembre de 2006, puso a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados los acuerdos para la integración de las 39 comisiones ordinarias, además de las de Economía, Hacienda y Crédito Público, Presupuesto y Cuenta Pública, y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, mismos que fueron aprobados por esta soberanía.

Derivado de lo anterior se desprende que de las comisiones aprobadas, algunas de ellas recogen la preocupación que muestra el promovente en la iniciativa de mérito, toda vez que en el plan de trabajo que para tal efecto elaboran establecen en sus objetivos, finalidades y materias, que atienden a la diversidad de las familias, así como sus necesidades de acuerdo a la realidad en la que se desenvuelve en cada uno de los sectores de la sociedad y que son de preocupación para el iniciador.

Estas dictaminadoras consideran que entre las comisiones ordinarias que atienden los diferentes asuntos de las familias y que se encuentran vigentes para la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, tenemos la de Cultura, de Juventud y Deporte, de Salud, de Educación Pública y Servicios Educativos, de Equidad y Género, de Atención a Grupos Vulnerables, de Trabajo y Previsión Social.

En ese tenor, se estima procedente enunciar lo que se menciona en los objetivos establecidos en sus respectivos planes de trabajo:

Respecto a la Comisión de Cultura, impulsar el desarrollo económico, político y social del país mediante instituciones culturales públicas, privadas y sociales adecuadas a la modernidad y en un contexto global, así como reforzar los vínculos entre la educación y la cultura como elementos fundamentales de identidad, además de fomentar y promover la participación ciudadana en los programas culturales y establecer un desarrollo cultural equilibrado entre todos los grupos que conforman la sociedad.

Por otro lado, la Comisión de Juventud y Deporte parte de un objetivo general, que es el de orientar acciones legislativas, en coordinación con instituciones gubernamentales educativas y de salud, organizaciones civiles y sociedad en general, para el desarrollo integral de la juventud mexicana; en ese sentido elabora un diagnóstico general de la situación de los jóvenes mexicanos, así como de su participación en las actividades físicas y deportivas, destacando el impacto en la salud y en su entorno social.

La Comisión de Salud busca el cumplimiento de los derechos sociales y a la salud para todos los mexicanos, de ahí que se establezca para la conducción de la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general, la coordinación de programas y servicios de salud, con la finalidad de coadyuvar en la creación y administración de establecimientos de salubridad, asistencia pública y de terapia social en cualquier lugar del territorio nacional.

Lo anterior toma como base la prestación de los servicios de salud pública, atención médica, asistencia social y regulación sanitaria al sistema nacional de salud en donde todos los habitantes del país tengan acceso a los mismos.

La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, establece en su plan de trabajo el análisis de la atención de las demandas de la sociedad en materia de educación básica, inicial y especial, así como la calidad y evaluación educativa.

Además elabora propuestas especificas para que nuestro país logre estar a la vanguardia en el proceso de adaptación a las nuevas realidades de la información y toca los temas relacionados a los planes y programas de estudio, el ajuste de calendarios escolares, el acceso a la educación, así como diversos temas de organización educativa en estos niveles y la evaluación del desempeño del Sistema Educativo Mexicano, en su nivel básico e inicial, medio superior y profesional medio, así como del Sistema de Educación Superior y Postgrado; todo ello con el fin de que toda la población tenga acceso al derecho a la educación.

Asimismo, una de las comisiones dictaminadoras, la de Equidad y Género, en su plan de trabajo establece como objetivo promover el ejercicio de los derechos sociales, políticos, culturales y económicos de las mujeres mediante la transversalidad de la perspectiva de género en el quehacer legislativo; además de impulsar la adopción y aplicación de políticas públicas con perspectiva de género desde programas, actividades administrativas, económicas y culturales para contribuir a un cambio en la sociedad que garantice la participación democrática en igualdad de oportunidades y que se vea reflejado en acciones afirmativas que apoyen a las mujeres y coadyuven a erradicar la desigualdad, la inequidad y la injusticia por razones de género.

Por lo que hace a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, establece como objetivo de trabajo la atención a las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y familias en general que tengan alguna desventaja por edad, sexo, discapacidad, salud, estado civil, grado educativo, origen étnico o nacional, religión, orientación sexual, situación o condición social o económica de personas o grupos de personas; y además requieran de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia.

Para el caso de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, se desprende de su plan de trabajo la creación de condiciones y mecanismos necesarios para arribar a un sistema de seguridad social acorde con los retos de nuestra sociedad y economía, a fin de atender las necesidades sociales, que garantice el bienestar de los derechohabientes y de la población en general. Para tal efecto, la comisión reflejará las opiniones de los actores involucrados: trabajadores, sindicatos, académicos, y organizaciones de pensionados y jubilados, así como de empresarios, y autoridades, tendientes a fortalecer la equidad social del país.

Derivado del análisis y estudio de los objetivos establecidos para cada una de las comisiones anteriores, se concluye que todos los miembros que integran a las diversas familias de la sociedad mexicana son materia de los trabajos que desempeñan las comisiones aprobadas por la Junta de Coordinación Política al inicio de la presente legislatura; por ello las dictaminadoras estiman que las diversos temas que atendería la comisión propuesta ya son atendidos por los órganos legislativos constituidos, por lo que se satisfacen las preocupaciones del legislador promovente.

Como se ve, la participación de diversas comisiones desde perspectivas distintas pero, finalmente, convergentes en este tema, cubren la pretensión planteada por el iniciador.

Pero si ello no fuese suficiente argumento para desechar esta propuesta, las comisiones dictaminadoras han analizado el alto impacto presupuestario que tendría acceder a la pretensión legislativa, frente a un incierto beneficio, pues de acuerdo a un estudio administrativo y financiero de las implicaciones que tendría la creación de una comisión ordinaria, elaborado por la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de esta Cámara de Diputados, el impacto económico en el presupuesto es considerable, debido a que requeriría contar con recursos (financieros, humanos, materiales) mensuales aproximado estaría alrededor de los 274 mil 39 pesos, así como con la suma anual de 3 millones 741 mil 348 pesos.

Finalmente, es de sobra conocido que, conforme a los doctrinarios sobre el derecho parlamentario, el nivel de eficiencia del sistema de comisiones de los sistemas representativos como el nuestro, operan de manera inversamente proporcional a la atomización de los órganos especializados; es decir: a mayor número de comisiones menos poder a cada una de ellas y menor eficiencia de la Cámara en general, y viceversa.

Por lo antes expuesto, las diputadas y diputados integrantes de la Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Equidad y Género, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso, para crear la comisión ordinaria de asuntos de la familia, presentada por el diputado Francisco Luis Treviño Cabello, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el 3 de abril de 2003.

Primero: Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Francisco Luis Treviño Cabello.

Segundo: Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Equidad y Género, en septiembre de 2007.
La Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, diputados: Carlos Chaurand Arzate (rúbrica), presidente; Ma. de los Ángeles Jiménez del Castillo (rúbrica), Jaime Espejel Lazcano (rúbrica), secretarios; María Elena Álvarez Bernal (rúbrica), Elías Cárdenas Márquez , Alejandro Enrique Delgado Oscoy (rúbrica), Rutilio Escandón Cadenas (rúbrica), Jesús Vicente Flores Morfín (rúbrica), Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Armando García Méndez (rúbrica), René Lezama Aradillas (rúbrica), Silvia Luna Rodríguez , Hugo Eduardo Martínez Padilla , Víctor Samuel Palma César (rúbrica), Manuel Portilla Diéguez (rúbrica), Juan José Rodríguez Prats (rúbrica), Jesús Evodio Velázquez Aguirre (rúbrica), José Guillermo Velázquez Gutiérrez (rúbrica), Carlos Ernesto Zataráin González (rúbrica).
La Comisión de Equidad y Género, diputados: Maricela Contreras Julián (rúbrica), presidenta; Nelly Asunción Hurtado Pérez , Mirna Cecilia Rincón Vargas , Guadalupe Socorro Flores Salazar (rúbrica), Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez (rúbrica), Ana María Ramírez Cerda , Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), secretarias; María Mercedes Corral Aguilar , Beatriz Eugenia García Reyes , Martha Margarita García Müller , Alma Hilda Medina Macías , Lizbeth Evelia Medina Rodríguez , María Esperanza Morelos Borja , Rocío del Carmen Morgan Franco , María Soledad Limas Frescas , Gerardo Priego Tapia , Laura Angélica Rojas Hernández , Maribel Luisa Alva Olvera (rúbrica), Irene Aragón Castillo (rúbrica), Aurora Cervantes Rodríguez (rúbrica), Claudia Lilia Cruz Santiago (rúbrica), Holly Matus Toledo , David Sánchez Camacho (rúbrica), Aracely Escalante Jasso , Elda Gómez Lugo (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale (rúbrica), María Beatriz Pagés Llergo Rebollar , Mayra Gisela Peñuelas Acuña (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz (rúbrica), Blanca Luna Becerril (rúbrica).»


LEY DEL SEGURO SOCIAL

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Dictamen de la Comisión de Seguridad Social, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma el artículo 201 de la Ley del Seguro Social

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Seguridad Social de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados fue turnada, para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 201 de la Ley del Seguro Social, presentada por la diputada Alma Hilda Medina Macías , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Comisión de Seguridad Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70, 72 y 73, fracción XXX, con relación a lo dispuesto en los artículos 3o., 4o. y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 39 y 45, numerales 6, incisos e) y f), y 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 57, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido de la iniciativa de referencia, someten a la consideración de esta honorable asamblea este dictamen, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. Con fecha 24 de abril de 2007, la diputada Alma Hilda Medina Macías , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 201 de la Ley del Seguro Social.
II. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dispuso que la iniciativa fuera turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión de Seguridad Social.

Establecidos los antecedentes, los miembros de la Comisión de Seguridad Social de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados exponen el contenido de la iniciativa de referencia, materia del dictamen.

Contenido

La promovente de la iniciativa argumenta que muchas de las mujeres que trabajan y tienen niños pequeños se ven obligadas a tomar decisiones que en muchos casos las dividen entre permanecer con su familia o sacrificar su vida profesional, o laboral e ingreso.

Esta situación adquiere un carácter imperioso debido a los conflictos y a las negociaciones que genera en la familia, los cuales obtienen una dimensión social más amplia cuando se manifiestan otras problemáticas, como la desatención de los hijos, las enfermedades, la desnutrición, el descuido de adolescentes, la falta de concentración y el estrés en el trabajo, por nombrar algunos. Por esto, para muchas mujeres son necesarias las guarderías como parte del sistema de protección social que el Estado construye para el fomento del trabajo.

Lo anterior se sostiene con lo expuesto por la Organización Internacional del Trabajo respecto a que los servicios de guardería que ayudan a los padres que trabajan, particularmente a las mujeres, permiten conciliar sus responsabilidades parentales y familiares con un empleo remunerado y se constituyen en un factor esencial para la consecución de la igualdad de género y la equidad social.

La dinámica del mercado laboral ha creado la necesidad de que las mujeres trabajen tanto en el día como hasta altas horas de la noche. Aunado a los peligros que esto puede traer consigo, las madres no tienen, en muchos casos, donde dejar a sus hijos pequeños, ya que ni en la Ley del Seguro Social ni en sus reglamentos se considera un horario nocturno para las guarderías.

Por lo mencionado, la promovente busca reformar el artículo 201 de la Ley del Seguro Social, para incluir la posibilidad de extender el horario de guarderías siempre que haya una necesidad comprobada, previo estudio por el Instituto del Seguro Social, proponiendo que la redacción quede en estos términos:

Artículo 201. ...
...
...
El servicio de guardería se proporcionará en los turnos matutino y vespertino, pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna. El turno vespertino se extenderá hasta las once de la noche, cuando se compruebe dicha necesidad, previo estudio del instituto.

Establecidos los antecedentes y el contenido del proyecto, los miembros de la Comisión de Seguridad Social de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, que suscriben el presente dictamen, exponen las siguientes

Consideraciones

1. La comisión dictaminadora, previo análisis de la iniciativa, tiene a bien señalar que en México el servicio de guarderías es una prestación social que se otorga a la mujer trabajadora y al trabajador, sólo durante la jornada laboral, para la atención y el cuidado de los hijos en la primera infancia. Su reconocimiento como una prestación social se encuentra en el artículo 171 de la Ley Federal del Trabajo, la cual señala que ``los servicios de guardería infantil se prestarán por el Instituto Mexicano del Seguro Social de conformidad con su ley y disposiciones reglamentarias''. El artículo 201, que se pretende modificar, señala que la atención en las guarderías se proporcionará a los trabajadores en sus jornadas de trabajo, especificando que esto será en los turnos matutino y vespertino.
2. Dichas jornadas de trabajo se encuentran reguladas en la Ley Federal de Trabajo, la cual señala en el artículo 60 lo siguiente:
Artículo 60. Jornada diurna es la comprendida entre las seis y las veinte horas.
Jornada nocturna es la comprendida entre las veinte y las seis horas.
Jornada mixta es la que comprende periodos de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de tres horas y media, pues si comprende tres y media o más se reputará como jornada nocturna.
La Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 61 que la duración máxima de la jornada de trabajo será de 8.0 horas la diurna, 7.0 la nocturna y 7.5 la mixta. Según se desprende de lo anterior, el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con el artículo 205 de la Ley del Seguro Social, no solamente cubre la jornada de mayor duración (8 horas), sino que otorga 1 hora adicional para el traslado de los padres usuarios a efecto de entrega y recepción de los menores.
3. Los diputados que suscribimos este dictamen no somos ajenos a la realidad de los trabajadores y, pese a la regulación existente, muchas trabajadoras se ven en la necesidad de laborar horas extra para llevar mayores recursos al núcleo familiar, lo cual impide que puedan recoger a los niños en los plazos determinados. Sin embargo, es de notar que el trabajador asegurado no necesariamente tiene que entregar o recoger al menor en la guardería ya que se le da la oportunidad de que designe a tres personas mayores de edad para que lo hagan en su lugar --artículo 7, fracción II, inciso d), del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Guardería--, y esto permite al trabajador cumplir la jornada laboral y tener protegidos a los hijos.
4. Aunado a lo anterior, esta comisión dictaminadora tiene a bien comentar que el Instituto Mexicano del Seguro Social, tomando en cuenta la necesidad de la demanda del servicio, desde hace ya seis años ha considerado la alternativa de ampliar los horarios, por lo que actualmente se cuenta con ocho guarderías en diversas localidades del país, con las que se tiene firmado dos contratos: uno que da atención en el turno matutino y otro que la da en el vespertino; es decir; están abiertas de las 6:00 a las 23:00 horas, y los derechohabientes hacen uso del servicios sólo durante su jornada de trabajo y no pueden dejar al menor en los dos turnos.
5. Los principales proveedores de este servicio son las instituciones de seguridad social federales, estatales y municipales, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y las empresas privadas. El sistema de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS) es el que mayor cobertura tiene. A 2005, el sistema de guarderías del IMSS beneficiaba a 174 mil 4 madres y padres trabajadores asegurados y a 190 mil 57 niños inscritos, a través de mil 514 unidades, con capacidad instalada de 216 mil 519 lugares, en dos modalidades: guarderías de prestación directa por el IMSS mediante los esquemas ``Madres IMSS'' y ``Ordinario'', con 142 unidades y 29 mil 868 lugares; y guarderías de prestación indirecta, con mil 372 unidades y 186 mil 651 lugares. Como se ve, se tiene una red de guarderías muy amplia, que da atención a más madres trabajadoras, desplegando gran cantidad de recursos humanos y físicos, que representan ya un alto costo. Por lo mismo, considerar una ampliación de forma generalizada, en los términos de mantener abiertas las guarderías hasta las 23:00 horas, financieramente no resultaría viable para el instituto, en razón de que se elevarían los costos de operación, mantenimiento, de personal y de servicios (agua, luz, teléfono y otros), tanto en las guarderías directamente administradas por el IMSS como en las de prestación indirecta que, necesariamente, demandarían un incremento considerable del pago de la cuota mensual por niño atendido.
6. Por último, y desde el punto de vista psicopedagógico, es importante resaltar que para el desarrollo integral del niño, la autoestima (el vínculo afectivo entre el niño y la madre, por mencionar sólo algunos aspectos que intervienen en el proceso), es fundamental considerar la necesidad de convivencia que los menores deben tener en el núcleo familiar con las personas que lo forman, ya que a partir de este refuerzo de la relación afectiva, principalmente con la madre, que el niño obtendrá un desenvolvimiento sano en todas las áreas que formarán su vida. Los logros y aprendizajes que se proporcionan en el sistema de guarderías del IMSS coadyuvan a que el niño logre un sentido de pertenencia a un grupo social, educativo y comunitario, pero el grado de involucramiento que los padres demuestren respecto a la atención, al cuidado y a la educación del hijo construirá y reforzará cada uno de los logros del niño en la guardería. Diversos estudios demuestran que el niño que asiste más de ocho horas a la guardería no fija de manera estable el vínculo afectivo que debe permanecer entre él y el núcleo familiar, lo cual repercute en su desarrollo posterior.

Por lo expuesto, y para los efectos del inciso g) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de la Comisión de Seguridad Social de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión someten a la consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 201 de la Ley de Seguro Social, turnada a la Comisión de Seguridad Social, por las razones expuestas en las correspondientes consideraciones.

Segundo. Archívese como asunto total y completamente concluido e infórmese al promovente.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión de Seguridad Social, a 17 de enero de 2008.
La Comisión de Seguridad Social, diputados: Miguel Ángel Navarro Quintero (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe (rúbrica), Neftalí Garzón Contreras (rúbrica), Rosario Ignacia Ortiz Magallón (rúbrica), Rafael Plácido Ramos Becerril (rúbrica), Samuel Aguilar Solís (rúbrica), Joel Arellano Arellano (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Alfonso Othón Bello Pérez , Ángel Humberto García Reyes (rúbrica), Benjamín Ernesto González Roaro , Addy Cecilia Joaquín Coldwell (rúbrica), Agustín Leura González (rúbrica), Mario Eduardo Moreno Álvarez (rúbrica), Ricardo Rodríguez Jiménez (rúbrica), Enrique Rodríguez Uresti (rúbrica), Juan Manuel Sandoval Munguía (rúbrica), Ramón Almonte Borja (rúbrica), José Luis Gutiérrez Calzadilla (rúbrica), Adrián Pedrozo Castillo (rúbrica), Daniel Dehesa Mora (rúbrica), Patricio Flores Sandoval (rúbrica), Rogelio Muñoz Serna (rúbrica), Jorge Estefan Chidiac (rúbrica), Juan Carlos Velasco Pérez (rúbrica), Joel Ayala Almeida , Lorena Martínez Rodríguez , Ana María Ramírez Cerda (rúbrica), Ramón Valdés Chávez (rúbrica), Abundio Peregrino García (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Están a discusión los puntos de acuerdo. Continúe la Secretaría, por favor.



LEY PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que adiciona el artículo 9 Bis y el inciso e) del artículo 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Honorable Asamblea:

A esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables le fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 9 Bis y el inciso e) al numeral 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada en sesión de Comisión Permanente el 16 de agosto de 2006, por la diputada María Salomé Elyd Sáenz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Esta Comisión, con fundamento en el artículo 39, numerales 1, 2, fracción III, y numeral 3; los artículos 44, 45 numeral 1, 4, 6 incisos d) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 55, 56, 60, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; elaboró el presente dictamen y lo somete a la consideración de esta honorable Asamblea, de acuerdo con los siguientes:

Antecedentes

1. En sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día 16 de agosto de 2006, la diputada a la LIX Legislatura, María Salomé Elyd Sáenz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 9 Bis y el inciso e) al numeral 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

2. Con esa misma fecha, la Presidencia dispuso que fuera turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados bajo el expediente 1425 de la Comisión Permanente y con índice ``P'', foja 189, libro XII, del año tercero, sección segunda, asignándosele el número 6073 de la Cámara de Diputados.

Conocidos los antecedentes, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, hacemos de su conocimiento el siguiente:

Contenido de la iniciativa

1) El objetivo de la Iniciativa es adicionar el artículo 9 Bis y el inciso E) al numeral 49, recorriéndose, en consecuencia los actuales incisos E, F, G, H, I y J para quedar como F, G, H, I, J y K respectivamente de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la siguiente manera:

2) El espíritu de la iniciativa objeto del presente dictamen es el de establecer las condiciones y mecanismos que garanticen el efectivo cumplimiento de los derechos de la niñez y hacerlos exigibles con mayor especificidad para quienes se encuentran viviendo una situación extrema de violencia familiar, ya que estima la proponente que la propia Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes incluye la planificación y ejecución de acciones por parte de las instituciones encargadas de dicha protección y defensa, de forma genérica; sin no especificar con claridad el organismo encargado de su aplicación ni el contenido de dichas acciones, lo que arroja como resultado que estos actos no tengan aplicación certera en el plano fáctico.

3) La iniciativa pretende ``hacer viable que a las instituciones de asistencia pública (el DIF en sus tres niveles) se les faculte para intervenir inmediatamente, de manera precautoria, con fin de salvaguardar a las niñas, niños y adolescentes en situación de extrema de familiar en su integridad y, respetando la esfera competencial del Ministerio Público, una vez implementadas dichas medidas por las instituciones públicas de asistencia social, le sean notificadas de inmediato a la representación social, a efecto de iniciar la correspondiente investigación y asimismo estar en posibilidades de confirmar o revocar la acción implementada por DIF, en tanto que, para el o la menor sujetos a un proceso penal como víctimas, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional, como autoridades responsables de tal menor, habrán de determinar jurídicamente su destino provisional o definitivo, a fin de evitarle un mayor daño físico, psicoemocional o sexual que, de prolongarse, pudiere provocarle hasta la muerte.''

Una vez analizado lo anterior, el trabajo de elaboración del presente dictamen con proyecto de decreto se llevó a cabo de acuerdo con las siguientes:

Consideraciones

Esta Comisión realizó el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la iniciativa con proyecto de decreto, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente dictamen:

I. Esta Comisión, competente como es para conocer el asunto, de acuerdo con el turno recibido, se manifiesta coincidente con el espíritu de salvaguarda y protección de las niñas, niños y adolescentes en situaciones extremas de violencia familiar.

II. Se considera que por cuanto a la adición del artículo 9 Bis, así como, la adición del primer párrafo del inciso e) del artículo 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, referente a la atribución del Ministerio Público de la Federación es innecesaria, en virtud de la facultad que posee el representante social para emitir todas las providencias y medidas precautorias necesarias conforme a lo estipulado en la fracción V del artículo 2 del Código Federal de Procedimientos Penales que norma en sus atribuciones, como lo establece el artículo 2:

Artículo 2. Compete al Ministerio Público federal llevar a cabo la averiguación previa y ejercer, en su caso, la acción penal ante los tribunales.
En la averiguación previa corresponderá al Ministerio Público:
I a IV (...)
V. Dictar todas las medidas y providencias necesarias para proporcionar seguridad y auxilio a las víctimas;
(...)

De igual manera se encuentran contempladas dentro del tipo que se refiere sobre violencia familiar las previstas en el Capítulo Octavo del Código Penal Federal que expresa en su:

Artículo 343 Quáter. En todos los casos previstos en los dos artículos precedentes, el Ministerio Público exhortará al probable responsable para que se abstenga de cualquier conducta que pudiere resultar ofensiva para la víctima y acordará las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integridad física o psíquica de la misma. La autoridad administrativa vigilará el cumplimiento de estas medidas. En todos los casos el Ministerio Público deberá solicitar las medidas precautorias que considere pertinentes.

III. Por lo que hace a la propuesta de adición de un inciso e) del artículo 49, en su segundo párrafo resulta innecesaria, en virtud de que la misma Ley ya tiene previsto la celebración de convenios, como se desprende del siguiente cuadro:

IV. Además, tanto la Ley General de Salud como la Ley de Asistencia Social prevén la atención a los menores en estado de desprotección o que en su caso llegaren a ser víctimas de algún ilícito:

La Ley General de Salud dispone lo siguiente:

Artículo 170. Los menores en estado de desprotección social, tienen derecho a recibir los servicios asistenciales que necesiten en cualquier establecimiento público al que sean remitidos para su atención, sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras autoridades competentes.
Artículo 171. Los integrantes del Sistema Nacional de Salud, deberán dar atención preferente e inmediata a menores y ancianos sometidos a cualquier forma de maltrato que ponga en peligro su salud física y mental. Asimismo, darán esa atención a quienes hayan sido sujetos pasivos de la comisión de delitos que atenten contra la integridad física o mental o el normal desarrollo psico-somático de los individuos.
En estos casos, las instituciones de salud podrán tomar las medidas inmediatas que sean necesarias para la protección de la salud de los menores y ancianos, sin perjuicio de dar intervención a las autoridades competentes.

La Ley de Asistencia Social prevé:

Artículo 4. Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar.
Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente:
I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por:
a) Desnutrición;
b) Deficiencias en su desarrollo físico o mental, o cuando éste sea afectado por condiciones familiares adversas;
c) Maltrato o abuso;
d) Abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores en el cumplimiento y garantía de sus derechos;
e) Ser víctimas de cualquier tipo de explotación;
f) Vivir en la calle;
g) Ser víctimas del tráfico de personas, la pornografía y el comercio sexual;
h) Trabajar en condiciones que afecten su desarrollo e integridad física y mental;
i) Infractores y víctimas del delito;
...

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, resuelven someter a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 9 Bis y el inciso e al artículo 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por la diputada María Salomé Elyd Sáenz, en fecha 16 de agosto de 2006.

Segundo. Archívese el asunto como total y definitivamente concluido.

Dado en la sala de juntas de la Comisión, a los 23 días del mes de enero del año 2008.
La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputados: María Esperanza Morelos Borja (rúbrica), Marcela Cuen Garibi (rúbrica), Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), David Sánchez Camacho (rúbrica), Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui (rúbrica), Irene Aragón Castillo , Carlos Augusto Bracho González (rúbrica), Arnulfo Elías Cordero Alfonzo , Silvia Emilia Degante Romero (rúbrica), María Victoria Gutiérrez Lagunes (rúbrica), Juana Leticia Herrera Ale , María Esther Jiménez Ramos (rúbrica), Rubí Laura López Silva (rúbrica), Marisol Mora Cuevas , María del Carmen Pinete Vargas , Jorge Quintero Bello , Mirna Cecilia Rincón Vargas (rúbrica), Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez (rúbrica), José Antonio Saavedra Coronel (rúbrica), Martha Angélica Tagle Martínez , Mario Vallejo Estévez, Martín Zepeda Hernández (rúbrica).»


LEY DE LOS INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Dictamen de la Comisión de Salud, con punto de acuerdo por el que se desecha la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LX Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, presentada a por el diputado Ricardo Cantú Garza , integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Los integrantes de la comisión dictaminadora con fundamento en los artículos 39, numerales 1o. y 3o., 43, 44, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89 y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta honorable asamblea el presente dictamen, de acuerdo con la siguiente

Metodología

La comisión encargada del análisis y dictamen de la iniciativa mencionada anteriormente, desarrolla su trabajo conforme el procedimiento que a continuación se describe:

I. En el capítulo de ``Antecedentes'' se da constancia del trámite, del proceso legislativo, del recibo de turno para el dictamen de la referida iniciativa y de los trabajos previos de la comisión dictaminadora.

II. En el capítulo correspondiente a ``Contenido'' se exponen los motivos y se sintetiza el alcance de la propuesta de reforma en estudio.

III. En el capítulo de ``Consideraciones'', la comisión dictaminadora expresa los argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar o desechar la iniciativa en análisis.

I. Antecedentes

En la sesión celebrada con fecha 13 de septiembre de 2007, el diputado por la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, Ricardo Cantú Garza , integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados, haciendo uso de sus facultades, turnó dicha iniciativa a la Comisión de Salud para su estudio y posterior dictamen.

II. Contenido

En su exposición de motivos, el diputado promovente menciona que, actualmente, México ha sufrido diversos cambios en materia legislativa y que, desde su perspectiva, estos cambios son un avance para la vida democrática y de calidad en el servicio de las instituciones nacionales con miras a un beneficio para la población.

Menciona que es importante poner atención tanto a las normas que rigen estas instituciones, como implementar alternativas consensuadas para obtener tales beneficios.

De igual manera, advierte que cerca de 12 millones de habitantes pobres en nuestro país, reciben un tipo de atención y la calidad de los servicios médicos deben ser atendidos.

Por otro lado, señala que el nivel de ingresos de estos habitantes es tan precario, que tendrán que buscar un financiamiento para salir de algunos padecimientos y enuncia que según datos del Instituto Nacional de Salud Pública en el año 2002, se estimaba que cerca de 63 millones de habitantes mexicanos no contaban con un servicio de salud específico.

Hace diferentes señalamientos con relación a la atención médica en salas de urgencia y que a su juicio se da preferencia a las emergencias y que este procedimiento genera crisis; además, los servicios de urgencias están sobresaturados por enfermos con patologías no urgentes y que se requiere seleccionar el orden de atención de los enfermos según su gravedad.

Para ello, menciona que entre los esquemas de protección sanitaria y de salud contemplados por el gobierno federal para la población más necesitada, a su juicio, es indispensable contar con un mecanismo que garantice la disminución de la demanda de asistencia médica con calidad de urgente, además de reducir los tiempos de espera para la atención tipo consulta y diagnóstico.

Por los antecedentes antes mencionados, el promovente estable como objetivo de su iniciativa, la creación de los centros nacionales de cirugía ambulatoria en el interior de la república, que a su juicio, vendrían a reducir la saturación de pacientes en espera de servicios de especialidad de atención rápida como lo son urología, cirugías generales menores, ginecobstetricia, cirugía plástica, oftalmología, cirugía maxilofacial, otorrinolaringología y ortopedia.

El promovente define la creación de siete centros nacionales de cirugía ambulatoria en todo el país, adjuntos a hospitales de tercer nivel, para atender las especialidades antes mencionadas.

Propone como estrategia para la creación de estos centros, que su ubicación deberá ser como un anexo a uno de cada hospital federal de salud pública, en los lugares siguientes:

I. Hospital General de México, Distrito Federal.
II. Hospital General de Comitán, Chiapas.
III. Hospital General Doctor M. Gea González, Distrito Federal.
IV. Hospital Integral Linares, Nuevo León.
V. Hospital Juárez de México, Distrito Federal.
VI. Hospital General de Tepic, Nayarit.
VII. Hospital Civil Doctor Luis F. Nachón, Xalapa Veracruz.

Establece el promovente que estos nosocomios de tercer nivel, cuentan con los recursos necesarios tanto de equipo médico como humanos para cubrir contingencias en las especialidades antes mencionadas.

Estima el diputado Cantú Garza que el impacto presupuestario para que inicien su funcionamiento los siete centros nacionales de cirugía ambulatoria, es de 2 mil 16 millones de pesos para el primer año, y de mil 52, mil 89, mil 91, mil 130 y mil 133 millones de pesos del primer al quinto año, respectivamente.

El promovente estable que la característica principal de estos tipos de centros de atención quirúrgica es, a su juicio, la de reducir de manera importante el tiempo de espera desde la valoración clínica hasta la programación de cirugía.

Y por las consideraciones antes mencionadas, el promovente sustenta que sería un gran logro en la eficiencia, así como de la atenuación de la angustia familiar y del paciente ya que, a su juicio, habría una disminución considerable del periodo de inactividad del paciente, además de menores riesgos de infecciones postoperatorias y que, para ello, el diputado Cantú Garza propone reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.

III. Consideraciones

Si bien es cierto que la atención médica en nuestro país aún no alcanza la cobertura al 100 por ciento, también lo es que el gobierno federal en coordinación con los gobiernos estatales, está implementando estrategias de salud para atender a la población con menos recursos económicos y poder llegar a los lugares más apartados del país, proporcionando atención médica de manera inmediata, sobre todo en aquellas patologías que se pueden atender directamente en su comunidad.

Por otro lado, la comisión dictaminadora identifica que cualquier estrategia de salud que se quiera proponer al margen de lo que señala el Programa Nacional de Salud 2007-2012 (Pronasa), debe ser una propuesta viable y factible que beneficie a la mayoría de los habitantes de nuestro país.

Con este enfoque, ponderamos que el Pronasa se basa en cinco objetivos prioritarios resaltando los siguientes:

Primero. Mejorar las condiciones de salud de la población, mediante el acceso efectivo a servicios de salud.
Segundo. Reducir las brechas o desigualdades de salud mediante intervenciones dirigidas a las comunidades más marginadas y grupos vulnerables.
Tercero. Prestar servicios de salud con calidad y seguridad.

Bajo estas premisas, identificamos diferentes programas de salud que se están llevando a cabo por parte de la Secretaría de Salud, que dan respuesta a las inquietudes que señala el diputado Cantú Garza en su exposición de motivos de su iniciativa presentada, específicamente cuando señala que se debe de contar con un mecanismo que garantice la disminución de la demanda de asistencia médica con calidad de urgente, además de reducir los tiempos de espera para la atención tipo consulta y diagnóstico.

De igual manera, el promovente centra su iniciativa en que los centros de atención quirúrgica propuestos tienen, a su juicio, el objetivo de reducir de manera importante el tiempo de espera desde la valoración clínica hasta la programación de la cirugía que sea necesaria realizar, en las especialidades de urología, cirugías generales menores, ginecobstetricia, cirugía plástica, oftalmología, cirugía maxilofacial, otorrinolaringología y ortopedia.

La comisión dictaminadora identifica en el Programa Nacional de Salud 2007-2012, diferentes metas estratégicas para dar cumplimiento a los objetivos enunciados anteriormente, y que en su conjunto atienden las demandas planteadas por el diputado Cantú Garza.

Con el fin de identificar plenamente estas metas estratégicas, en este dictamen, enunciaremos aquellas estrategias que consideramos atienden las demandas e inquietudes del diputado promovente, sin necesidad de reformar o adicionar los artículos de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud:

• Fortalecer e integrar las acciones de promoción de la salud, y prevención y control de enfermedades.
• Situar la calidad en la agenda permanente del sistema nacional de salud.
• Organizar e integrar la prestación de servicios del sistema nacional de salud.
• Garantizar recursos financieros suficientes para llevar a cabo las acciones de protección contra riesgos sanitarios y promoción de la salud.
• Consolidar la reforma financiera para hacer efectivo el acceso universal a los servicios de salud a la persona, y
• Apoyar la prestación de servicios de salud mediante el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento necesario.

En cada estrategia se contemplan diversas líneas de acción y sus metas respectivas.

Dentro de estas líneas podemos citar el modelo integrador de atención a la salud que tiene como premisa las redes de servicios de salud. Estas redes pretenden ofrecer una atención médica centrada en el paciente, efectiva, integral, oportuna, continua, y que respete la diversidad cultural de los usuarios de los servicios.

Otra línea que consideramos que debemos enunciar es la de priorizar las intervenciones en salud con base en un proceso institucional de evaluación clínica, ética, social y económica. Esta línea facilitará la definición de prioridades, apoyan la toma de decisiones y contribuyen a la distribución eficiente de los recursos.

Así también, tenemos la línea de extender la cobertura de atención a las zonas altamente marginadas con escaso o nulo acceso a servicios de salud, a través de las caravanas de la salud (unidades móviles y equipos de salud itinerantes), que estarán integradas a las redes de servicios.

Establecer el Seguro Médico para una Nueva Generación, que incorporará a todos los niños no beneficiarios de la seguridad social al SPSS; y promover la creación de centros de atención especializada para pacientes ambulatorios (Umaes y Unemes) y nuevas unidades de atención hospitalaria, con modelos innovadores de financiamiento; estas son otra líneas de acción de gran impacto en la salud.

Por ello, los centros de atención especializada para pacientes ambulatorios son más económicos en su operación, imponen a los usuarios de los servicios menos molestias de estancia y menos riesgos en su atención, sin embargo, su creación y construcción, deben sujetarse a lo que establece el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud (PMI) para cada entidad federativa.

Esta línea de acción cumple una función específica e innovadora en la forma de prestar servicios de salud.

Por lo expuesto, la comisión dictaminadora ha querido presentar un breve análisis de las estrategias y líneas de acción que tienen su sustento en el Programa Nacional de Salud 2007-2012, como una planeación estratégica del gobierno federal, y que sustentan sus acciones en el panorama epidemiológico del país, en sus recursos financieros y en la infraestructura física en salud.

Por ello, la iniciativa que propone el diputado Cantú Garza de invertir en una primera etapa 2 mil 16 millones de pesos para la construcción y operación de siete centros nacionales de cirugía ambulatoria para el primer año, y de mil 52, mil 89, mil 91, mil 130 y mil 133 millones de pesos del primer al quinto año, respectivamente, no es viable, ya que la iniciativa en comento, propone que los centros antes enunciados, estén ubicados como un anexo de los hospitales de tercer nivel, que a su juicio seleccionó, sin mencionar los criterios que le dieron origen.

De igual manera, la propuesta de construcción de estos centros nacionales de cirugía ambulatoria no es viable, ya que no están contemplados en el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud (PMI), que tiene una razón de ser, para ordenar y priorizar la obra nueva, conforme a diferentes indicadores que se tienen que cumplir.

Por otro lado, consideramos que es deseable que se apoye y estimule la cirugía ambulatoria, y en este sentido, las estrategias ambulatorias (no sólo cirugía) son tendencias claras para la atención a la salud, como lo hemos señalado en el breve análisis de las estrategias y líneas de acción que enuncia el Programa Nacional de Salud 2007-2012.

Se habla incluso del ``ocaso del hospital'' que se va a reservar para cuidados intensivos y cirugía mayor toda vez que prácticamente todos los hospitales tienen ya áreas de cirugía ambulatoria programas de esa naturaleza.

En este sentido es tal el apoyo a este tipo de programas, que resaltamos nuevamente que las Unemes de cirugía ambulatoria cumplen con lo que propone el diputado Cantú Garza.

Sin embargo, el diputado promovente propone la reforma y adición de diversos artículos de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para incluir a los centros nacionales de cirugía ambulatoria, como organismos descentralizados y asignarles autonomía técnica, operativa y administrativa en los términos que señala la propia Ley para los Institutos Nacionales de Salud.

Sobre este particular, la comisión dictaminadora hace las siguientes precisiones:

En la exposición de motivos el promovente hace referencia a la problemática que tienen los mexicanos para el pago de servicios de salud, la necesidad de la atención médica pronta de todo tipo de padecimientos y la de reducir la saturación de pacientes en espera de servicios de especialidades de atención rápida, como lo son urología, cirugías generales menores, ginecobstetricia, cirugía plástica, oftalmología, cirugía maxilofacial, otorrinolaringología y ortopedia; por lo que propone la creación de siete centros nacionales de cirugía ambulatoria en todo el país para atender las especialidades mencionadas, anexos a los que él llama ``hospitales federales de salud pública'' y que señala serían el Hospital General de México, Hospital General de Comitán, Hospital General Doctor M. Gea González, Hospital Integral Linares, Hospital Juárez de México, Hospital General de Tepic, y Hospital Civil Doctor Luis F. Nachón.

En este sentido, señalamos en primer lugar, que la propuesta del diputado promovente de reformar la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, a efecto de crear centros de atención hospitalaria, es errónea, toda vez que de la lectura armónica de la citada ley, se deja ver de manera clara que ésta no tiene por objeto regular a hospitales de atención médica de especialidades, como lo serían los centros nacionales de cirugía ambulatoria, sino la regulación de organismos descentralizados cuyo objetivo principal es la investigación científica en el campo de la salud, la formación y capacitación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad, y cuyo ámbito de acción comprende todo el territorio nacional.

El diputado promovente pasa por alto lo que la propia ley motivo de reforma, señala en el artículo 5, fracción XI. Los demás que en el futuro sean creados por ley o decreto del Congreso de la Unión, con las características que se establecen en la fracción III, del artículo 2 de la presente ley.

Esto es, que para la creación o inclusión de nuevos organismos en el artículo 5 de la ley antes citada, se debe de cumplir con lo señalado en el párrafo anterior y que transcribimos aquí:

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entiende por:
I. y II. ...
III. Institutos nacionales de salud, a los organismos descentralizados de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, agrupados en el sector salud, que tienen como objetivo principal la investigación científica en el campo de la salud, la formación y capacitación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad, y cuyo ámbito de acción comprende todo el territorio nacional.

Por otro lado, el promovente pretende que los centros nacionales de cirugía ambulatoria sean anexos a hospitales que no tienen relación con los institutos nacionales de salud, razón por la cual resulta, además, incongruente que se reforme la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para crear centros de atención médica en otro tipo de instituciones como lo son el Hospital General de México, Hospital General de Comitán, Hospital General Doctor M. Gea González, Hospital Integral Linares, Hospital Juárez de México, Hospital General de Tepic, y Hospital Civil Doctor Luis F. Nachón.

Por otro lado, al tratarse de la creación de organismos descentralizados, pueden ser creados mediante decreto del Ejecutivo y no necesariamente mediante una ley, menos aún mediante la reforma a la de los institutos nacionales de salud, por los motivos antes expuestos.

Por lo expuesto, se hace innecesaria la reforma propuesta.

Por lo anterior, la comisión dictaminadora no considera viable la iniciativa propuesta, ya que de ser aprobada en los términos que fue presentada, generaría primero, una distorsión en la propia ley, al regular, por un lado, a los institutos nacionales de alta especialidad con características propias y, por otro, regular una estrategia de atención hospitalaria con otra características muy diferentes a la investigación y a la enseñanza.

Por las consideraciones expuestas, los integrantes de esta Comisión de Salud, de la LX Legislatura, con las atribuciones que le otorga el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 45, numeral 6, inciso e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración el siguiente:

Acuerdo

Único. Se desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, presentada por el diputado Ricardo Cantú Garza , del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el 13 de septiembre de 2007.

La Comisión de Salud, diputados: Ector Jaime Ramírez Barba (rúbrica), José Antonio Muñoz Serrano (rúbrica), Adriana Rebeca Vieyra Olivares (rúbrica), Efraín Morales Sánchez (rúbrica), María Oralia Vega Ortiz , Olga Patricia Chozas y Chozas (rúbrica), Juan Abad de Jesús (rúbrica), Margarita Arenas Guzmán (rúbrica), Efraín Arizmendi Uribe , Ricardo Cantú Garza , Maricela Contreras Julián (rúbrica), María Mercedes Corral Aguilar (rúbrica), Joaquín Conrado de los Santos Molina (rúbrica), Daniel Dehesa Mora , Nemesio Domínguez Domínguez , Ángel Humberto García Reyes , Beatriz Eugenia García Reyes , Yolanda Mercedes Garmendia Hernández (rúbrica), Tomás Gloria Requena , Lorena Martínez Rodríguez (rúbrica), Holly Matus Toledo (rúbrica), Fernando Enrique Mayans Canabal (rúbrica), Roberto Mendoza Flores , Elizabeth Morales García , Miguel Ángel Navarro Quintero , Gilberto Ojeda Camacho (rúbrica), Jorge Quintero Bello (rúbrica), José Ignacio Alberto Rubio Chávez , María Gloria Guadalupe Valenzuela García (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Están a discusión los puntos de acuerdo. No se han registrado oradores para ninguno de ellos. Por favor consulte la Secretaría, en votación económica, si son de aprobarse toda vez que se consideran suficientemente discutidos.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

Diputada Presidenta, mayoría por la afirmativa.

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Aprobados los puntos de acuerdo. Archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.

Esta Presidencia, a nombre del pleno, da la más cordial bienvenida a los jóvenes de la escuela primaria Licenciado Adolfo López Mateos, de Huixquilucan, estado de México, que se encuentran con nosotros. Sean bienvenidos.



CODIGO PENAL FEDERAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Esta Presidencia recibió del diputado Armando García Méndez, del Grupo Parlamentario de Alternativa, iniciativa que adiciona un artículo al Código Penal Federal.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Iniciativa que adiciona un artículo al Código Penal Federal, a cargo del diputado Armando García Méndez , del Grupo Parlamentario de Alternativa

El suscrito, diputado Armando García Méndez , del Grupo Parlamentario Alternativa Socialdemócrata, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar al Código Penal Federal, un artículo que tipifique y sancione al producir la muerte cerebral.

El Congreso de la Unión tiene facultad para legislar en esta materia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Federal.

Antecedentes

Se han presentado casos en que se ha producido la muerte cerebral de una persona, entre ellos, el ocurrido a finales de noviembre de 2005 en que una madre golpea a su hija de pocos días de nacida. La lleva a un hospital público, donde los médicos legistas le aprecian a la niña hematomas causados por golpes, lo que contradecía lo dicho por la madre, de que la niña había caído de la cama. La víctima presenta signos inequívocos de muerte cerebral. Se consigna a la madre, sólo por el delito de lesiones graves; a pesar de que la niña, tendrá una vida vegetativa.

Otro caso es el del ex presidente Lic. López Mateos, quien a partir del 31 de mayo de 1967 perdió el conocimiento y vivió sin recuperarlo hasta el 22 de septiembre de 1969 en que falleció. Hubo una versión (no comprobada), que había sido víctima de un asalto para robarle su automóvil, en el que se le hicieron varios disparos. Uno de ellos, le rozó el cerebro, produciéndole un aneurisma intracraneano, que le produjo la muerte cerebral.

Por falta de estar exactamente tipificado como delito de homicidio equiparado, en el Código Penal, no se pueden considerar, legalmente, estos hechos (producir la muerte cerebral) como delito de homicidio, teniendo que considerarse, a la fecha, como lesiones calificadas.

Exposición de Motivos

La muerte cerebral, está considerada en la Ley de Salud (artículos 343 y 344).

El primero de ellos, determina:

``Para los efectos de este título (Pérdida de la Vida), la pérdida de la vida ocurre cuando:
I. Se presenta la muerte cerebral.
Artículo 344. La muerte cerebral se presenta, cuando existen los siguientes signos:
I. Pérdida permanente o irrevocable de conciencia y de respuesta a estímulos sensoriales.
II. Ausencia de automatismo respiratorio.
III. Evidencia de daño irreversible del tallo cerebral, manifestado por arreflexia pupilar ; ausencia de movimientos oculares en pruebas vestíbularias y ausencia de respuesta a estímulos nociceptivos.

Los signos señalados en las fracciones anteriores, deberán corroborarse por cualquiera de las siguientes pruebas:

I. Angiografía cerebral bilateral, que demuestre ausencia recirculación cererebral.
II. Electroencefalograma que demuestre ausencia total de actividad eléctrica cerebral, en dos ocasiones diferentes, con espacio de cinco horas.

(Las anteriores disposiciones rigen a partir del 26 de mayo de 2000 en que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las adiciones a la Ley General de Salud, con un Capítulo IV al Título Décimo Cuarto, para denominarse ``Pérdida de la Vida'', comprendiendo los artículos 343 a 345).

Sigue diciendo la Ley de Salud:

``Se deberá descartar que dichos signos sean producto de intoxicación aguda. Por narcóticos, sedantes, barbitúricos o sustancias neurotrópicas.

Así pues, si se dan los requisitos que señala la Ley de Salud, en los artículos anteriores, para estimarse que existe muerte cerebral, deberá necesariamente considerarse como un homicidio equiparado y sancionarse; sujeto a las calificativas, agravantes o atenuantes que se comprueben.

En mérito a lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos, 73 fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Congreso de la Unión, el siguiente

Proyecto de Decreto

Único. Se adiciona el Código Penal Federal, en el capítulo del Homicidio, con un artículo que dirá lo siguiente:

``Se considera homicidio equiparado, el producir la muerte cerebral de una persona, en los términos que señale la Ley General de Salud.
``A quien cause la muerte cerebral de una persona, se le impondrán de doce a veinticinco años de prisión.''

(Se sugiere utilizar el numeral del artículo 311 del Código penal Federal, (por ahora derogado) para que este delito figure dentro del capítulo del Homicidio)

Artículo Transtorio

Único. El presente decreto entrará en vigor, tres días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 14 de febrero de 2008.--- Diputado Armando García Méndez (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Justicia.



LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón, del Grupo Parlamentario del PRD, iniciativa que reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Iniciativa que reforma el artículo 28 de la Ley General de Desa-rrollo Social, a cargo de la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón , del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Pleno la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 13 de noviembre de 2007, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación concluyó el proceso legislativo por el cual se reformó la constitución en sus artículos 6o.; 41 y 99; 85; 108; 116; 122; 134; y 97.

En particular, el segundo párrafo del apartado C del artículo 41 establece que

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público.

Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.''

Esta disposición constitucional es especialmente atendible en el caso de la propaganda respecto de los programas sociales, federales y locales, toda vez que históricamente se han utilizado éstos como medios para cooptar a los beneficiarios a favor del partido del gobierno en turno.

Baste recordar el proceso electoral federal más reciente, en el que la intervención directa del presidente Fox puso en riesgo la equidad de la contienda por su intervención grosera mediante spots, que en muchos casos eran asociados con Oportunidades y otros programas sociales, inclusive en febrero de 2006, después de que la Cámara de Diputados interpusiera una controversia constitucional en contra del Ejecutivo federal por el carácter electorero de la campaña propagandística en que aparecía el presidente, la Suprema Corte de Justicia ordenó a Fox retirar los anuncios en que él aparecía promoviendo acciones de su gobierno. No obstante lo anterior, la campaña continuó hasta mayo, ya sin la imagen del presidente e incluyendo la leyenda ``este programa es público; prohibido su uso con fines electorales''.

Por su parte, la Ley General de Desarrollo Social, en su artículo 28, establece que toda la publicidad relativa a los programas sociales se deberá identificar con la leyenda: ``Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social''. Sin embargo no hace referencia alguna a los tiempos en que la promoción de los programas sociales es posible o no, y aunque la constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales lo establecen específicamente, es conveniente que la Ley General de Desarrollo Social remita la observancia respecto a la difusión de estos programas durante los periodos electorales a los ordenamientos antes mencionados.

Por lo anteriormente expuesto y por mandato del artículo tercero transitorio de la reforma electoral constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social

Artículo Único. Se adiciona el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 28. La publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social deberán identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la ley correspondiente e incluir la siguiente leyenda ``Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social''.

La difusión de la publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social durante los procesos electorales se sujetará a lo dispuesto por la Constitución y las leyes.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.



LEY FEDERAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió también del diputado Alberto Esteva Salinas, del Grupo Parlamentario de Convergencia, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de la Defensoría Pública.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de la Defensoría Pública, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, Alberto Esteva Salinas diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 70, 71, fracción II, y 72, inciso h) y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 62, 63 y demás relativos y conexos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de la Defensoría Pública.

En cumplimiento de lo ordenado en los textos constitucionales y legales invocados, y con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el Reglamento para el Gobierno Interior del propio órgano legislativo, solicito a la Presidencia dé curso y ordene el trámite de esta iniciativa de reforma y adición a la Ley Federal de la Defensoría Pública.

Para el efecto de sustentar la propuesta contenida en esta iniciativa de reforma y adición, se realiza a continuación la siguiente:

Exposición de Motivos

La defensa es una garantía que a través del tiempo ha venido a cobrar mayor importancia, ya que hubo épocas en que esta garantía fue nula, sobre todo en sistemas inquisitorios y fue acorde en las épocas, tendencias y conveniencia de los diferentes sistemas de gobierno.

En nuestro país al igual que el resto del mundo, fue necesario elevarlo a rango constitucional, para de ahí legislarse en la ley secundaria, siendo necesario para esto, crear la institución denominada, defensoría de oficio federal y la defensoría de oficio local; sin embargo vemos que en la actualidad tristemente estas instituciones se encuentran lejos de cumplir con la misión que la Constitución y las leyes secundarias le confieren, que consiste en brindar a las personas de escasos recursos económicos una adecuada defensa en el proceso que se les sigue, pues hoy en día esta institución enfrenta grandes problemas tanto de fondo, presupuestal y de tipo estructural orgánica.

Conforme al artículo 20 constitucional, apartado A, fracción IX, el inculpado tiene en todo proceso penal, entre otras, la garantía de una ``defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera.'' El párrafo cuarto de la fracción X del mismo artículo constitucional, estableció el mandato siguiente: ``Las garantías previstas en las fracciones I, V, VII y IX también serán observadas durante la averiguación previa, en los términos y con los requisitos y límites que las leyes establezcan; lo previsto en la fracción II no estará sujeto a condición alguna.'' Estas disposiciones son el fundamento de la defensa pública y base jurídica del principio de acceso a la justicia, que incorpora al concepto de asistencia legal las materias administrativa, fiscal y civil a través del servicio de asesoría jurídica creado por la Ley Federal de Defensoría Pública.

La Ley Federal de Defensoría Pública, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 28 de mayo de 1998, tiene por objeto regular la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, a fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en materia administrativa, fiscal y civil. El servicio de defensoría pública es gratuito. Se presta bajo los principios de probidad, honradez y profesionalismo, de manera obligatoria. Para la prestación de los servicios de defensoría pública, se crea el Instituto Federal de Defensoría Pública, como órgano del Poder Judicial de la Federación, con independencia técnica y operativa en el desempeño de sus funciones.

Los servicios de defensoría pública se prestan a través de:

Defensores públicos, en los asuntos del orden penal federal, desde la averiguación previa hasta la ejecución de las penas.
Asesores jurídicos, en asuntos de orden no penal, salvo los expresamente otorgados por la ley a otras instituciones

Asimismo, se regulan con las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública, las cuales tienen por objeto normar la organización y el funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, así como los servicios que tiene a su cargo, conforme a lo establecido en el artículo 1 de la Ley Federal de Defensoría Pública.

Como consecuencia de lo anterior, se aprecia que la garantía prevista en la Constitución como en las leyes reglamentarias antes mencionadas, en la práctica, se encuentra lejos de cumplirse, pues al recorrerse los diferentes juzgados y agencias del Ministerio Público se puede constatar que al defensor de oficio no se le provee de los instrumentos tanto jurídicos como de equipos y muebles de oficina necesarios , para desempeñar su función, pareciera ser que esta institución se creó únicamente para cumplir con un imperativo constitucional, consistente en la obligación que tiene el Estado de garantizar a todos sus gobernados el derecho a la defensa, ya que a decir de los propios defensores de oficio sus jefes, les exigen resultados, pero no se preocupan en darles capacitación continúa y soluciones a las diversas carencias que enfrentan.

De igual manera y siendo el tema toral de esta iniciativa es incluir en la ley vigente la figura del defensor bilingüe, esto sería de vital importancia, ya que beneficiaría directamente a nuestros hermanos indígenas, por que se les permitiría tener una buena defensa, pues ellos podrían comunicarse directamente y de viva voz con su defensor y al hablar la misma lengua indígena tendrían mas confianza y se identificarían mejor con su abogado defensor.

En el proyecto se prevé además que los defensores bilingües sean asignados en la región en donde se habla la lengua nativa que dominen, así también este defensor bilingüe deberá velar por que se respeten los usos y costumbres de la comunidades de donde provengan sus defendidos indígenas, asimismo también se señala en las propuestas de reforma que cuando no exista defensor que domine la legua indígena, el defensor asignado a dicha región deberá asegurarse que el reo o procesado cuente con la asistencia de un traductor.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito diputado federal Alberto Esteva Salinas del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente:

Proyecto de decreto que adiciona y reforma la Ley Federal de la Defensoría Pública, para garantizar el mejor desempeño de la defensa de los indígenas que hablen algún idioma o lengua materna propia de su región.

Único. Se reforman y adicionan los artículos 5, 7, fracciones VII y VIII, 16 y 20, fracción IV, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, quedando de la siguiente manera:

Artículo 5. ...

I. al VI. ...
Se les dará preferencia a aquellos que sepan alguna lengua indígena y conozcan los usos y costumbres de la región en la cual vayan a desempeñar sus labores.

Artículo 7. ...

I. al VI. ...
VII. Respetar los usos y costumbres de los indígenas que soliciten la defensa o asesoría necesaria, así como aquellos que no entiendan ni hablen alguna lengua indígena, capacitarse continuamente en dicho tema, con el fin de brindar un mejor servicio.
VIII. Las demás que se deriven de la naturaleza de sus funciones y de las disposiciones legales aplicables.

Artículo 16. ...

...

Para el caso previsto en la fracción V del artículo anterior, el Instituto velará que haya asesores que hablen la lengua indígena que exista en la región o en su caso se les pueda apoyar con un traductor experto en la lengua indígena de que se trate, con la finalidad de brindar un mejor servicio de asesoría.

Artículo 20. ...

I. al III. ...
IV. La contratación de traductores expertos en los idiomas o lenguas indígenas que se requiera por parte de asesores o defensores públicos.
Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, San Lázaro, a 14 de febrero de 2008.--- Diputado Alberto Esteva Salinas (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Justicia.



LEY GENERAL DE EDUCACION

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se recibió del diputado Alberto Esteva Salinas, del Grupo Parlamentario de Convergencia, iniciativa que adiciona una fracción XIV al artículo 7o. de la Ley General de Educación.

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Iniciativa que adiciona una fracción XIV al artículo 7 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Alberto Esteva Salinas , del Grupo Parlamentario de Convergencia

El suscrito, Alberto Esteva Salinas diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia de la LX Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 70, 71, fracción II, y 72, inciso h) y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 62, 63 y demás relativos y conexos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa de decreto que adiciona con una fracción XIV el artículo 7 de la Ley General de Educación.

En cumplimiento de lo ordenado en los textos constitucionales y legales invocados, y con fundamento en lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el Reglamento para el Gobierno Interior del propio órgano legislativo, solicito a la Presidencia dé curso y ordene el trámite de esta iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de Educación en los términos de la normatividad vigente.

Para el efecto de sustentar la propuesta contenida en esta iniciativa de reforma y adiciones a la Ley General de Educación, se realiza a continuación la siguiente

Exposición de Motivos

El abuso sexual infantil es considerado un tipo de maltrato infantil caracterizado por contactos e interacciones entre un niño y un adulto, cuando el adulto en su rol de agresor usa al niño para estimularse sexualmente él mismo, estimular al niño o a otra persona, incluye abuso por coerción (con fuerza física, presión o engaño) y el de la diferencia de edad entre la víctima y el agresor; los que impiden una verdadera libertad de decisión y hacen imposible una actividad sexual común, ya que entre los participantes existen marcadas diferencias en cuanto a experiencias, grados de madurez biológica y expectativas, se define como cualquier actividad sexual entre dos personas sin consentimiento de una. El abuso sexual puede producirse entre adultos, de un adulto a un menor o incluso entre menores.

Las estadísticas mundiales indican que el abuso sexual infantil representa un importante problema social y de salud en numerosas regiones, pese a que se ha demostrado la existencia de un sub-registro del fenómeno. Por ejemplo España y EEUU reportan que alrededor del 20 al 25% de las niñas y del 10 al 15% de los niños sufren algún tipo de abuso sexual antes de los 17 años. En América Latina más de 20,000 niños de los países más pobres son vendidos a pedófilos de EEUU, Canadá y Europa y más de 10,000 menores entre los 9 y 16 años de edad son destinados a prostíbulos con un precio inferior al de un equipo de vídeo. Las instituciones cubanas juzgan y sancionan anualmente cerca de 400 personas por delitos de abuso sexual en todas sus modalidades, con un riguroso trabajo que llevan a cabo comisiones integradas por especialistas del sector de la salud, juristas y de los órganos del orden interior.

Como actividad sexual se incluye:

Cualquier tipo de penetración, roces o caricias de órganos genitales en contra de la voluntad (por lo tanto esto puede ser acoso), o tocamiento de los órganos genitales del abusador.

Cualquier acción que inste al menor a presenciar contenido sexual impropio como lo podría ser, observar al adulto desnudo o mientras mantiene relaciones sexuales con otras personas, ver material pornográfico o asistir a conversaciones de contenido sexual.

El abuso sexual en niños es cada día más frecuente o quizá es más frecuentemente reportado. También se sabe que el abuso sexual es cometido por algún individuo a quien el niño o adolescente conoce desde antes, y se sabe que esto ocurre entre 75 y 80% de los casos; y en el 50% de los casos son parientes, como los padres, ya sean los biológicos o padrastros, novios de las madres, tíos, abuelos, hermanos, etc. Es más probable que los niños sufran agresiones fuera del hogar por personas no familiares, incluyendo entrenadores, cuidadores y profesores. Pero en otros casos, los abusos sexuales en la infancia, son los ocasionados por algún familiar (incesto). Las víctimas del abuso sexual proceden de todos los grupos socioeconómicos y de todas las razas. Aproximadamente el 75% de las víctimas son niñas y que el 25% son niños. Pero algunos investigadores creen que las estadísticas respecto a los niños son erróneamente bajas, ya que los niños son menos comunicativos que las niñas.

El abuso sexual del niño es la implicación de niños y adolescentes de ambos sexos, por lo tanto las niñas y los niños, tienen actualmente el mismo riesgo de ser agredidos sexualmente. Regularmente existe la evidencia que el agresor siempre es mayor que sus víctimas y la finalidad del abuso es la gratificación sexual de las personas de mayor edad.

Es frecuente que el incesto se repita con las sucesivas hijas. Los culpables son, el 99% de las veces varones; las mujeres suelen perpetrar estos abusos más a menudo en guarderías y escuelas.

La incidencia en padrastros es aproximadamente cinco veces superior a la observada en padres biológicos.

En algunos artículos se mencionan algunas estadísticas con respecto a la edad de los niños abusados sexualmente, una tercera parte son menores de 6 años, el otro tercio tienen entre 6 a 12 años, y el tercio restante tiene entre 16 y 18 años de edad.

El abuso sexual se ha identificado con una frecuencia creciente desde la década de los 80, en parte porque ha aumentado el conocimiento médico de la anatomía ano-genital en los niños y además estudios para poder llegar a un diagnóstico definitivo o final.

El abuso sexual infantil representa un problema que la sociedad debe solucionar mediante la adopción de estilos de enfrentamiento que contribuyan a disminuir o eliminar la ocurrencia del delito y las posibles secuelas que en el orden físico o psíquico pudieran generar en las víctimas. Educar a la población en general y específicamente a los individuos en riesgo sobre este fenómeno, creando programas de prevención de factores de riesgo y contribuir a su erradicación y la incidencia de tan desagradables acontecimientos y de garantizarle a la niñez y la juventud una vida con un desarrollo psicosexual normal.

Es por ello que nuestra, propuesta va en el sentido que los programas educativos a partir de la enseñanza mas temprana que puedan adquirir los niños en instituciones educativas, se cuente con un programa que permita tratar y analizar todo lo relacionado a la educación sexual y sobre todo a la cultura de la prevención de el abuso sexual, a este programa educativo deberá asegurarse la presencia de los padres del niño, ya que este es un problema que ha sucedido, en ocasiones, por la falta de conocimiento de los padres hacia los niños sobre como tratar los temas de su sexualidad.

No omitiendo que dichos programas educativos de prevención del abuso sexual deberá realizarse por personas debidamente capacitadas en las materias de psicología, pedagogía y demás que se consideren necesarios para el mejor proveer.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito diputado federal Alberto Esteva Salinas del Grupo Parlamentario de Convergencia, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, sea aprobado el siguiente

Proyecto de adición a la Ley General de Educación

Artículo Único. Se adiciona el artículo 7o. con una fracción XIV de Ley General de Educación. Quedando en los términos siguientes:

Ley General de Educación

Artículo 7. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

...
...
XIV. Inculcar y fomentar programas educativos que permitan establecer la cultura de la prevención de abuso sexual, con el fin de obtener en los educandos, un normal desarrollo psicosexual.
Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, San Lázaro, a 14 de febrero de 2008.--- Diputado Alberto Esteva Salinas (rúbrica).»

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.



LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETROLEO

La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado : Se concede el uso de la tribuna al diputado Íñigo Laviada Hernández, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 3o., fracción III, numeral 9, de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

El diputado Íñigo Laviada Hernández : Buenas tardes. Con su permiso. Estamos presentando una iniciativa en concordancia con los trabajos de la Comisión de Agricultura, en cuanto a la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.

«Iniciativa que reforma el artículo 3o., fracción III, numeral 9, de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

Íñigo Laviada Hernández, diputado de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 71 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 3o., fracción III, numeral 9, de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La actividad humana genera cantidades crecientes de desperdicios orgánicos que, al descomponerse, generan biogás. Éste tradicionalmente se iba a la atmósfera, con lo cual se genera un creciente efecto de invernadero, que está produciendo un cambio climático.

El 30 de octubre se aprobó en esta asamblea la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, a fin de alcanzar la diversificación energética a través del uso de energía renovable. En esta ley se promueve la producción de biogás, definido como ``gas que se produce por la conversión biológica de la biomasa como resultado de la descomposición bacteriana de la materia orgánica''.

Se han desarrollado tecnologías como la de lavado de CO2 con las que se puede producir metano puro a partir del biogás. Ese metano puro se puede usar en la industria petroquímica.

La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, en el artículo 3o., fracción III, numeral 9, dice que corresponde a la nación el dominio directo, ina-lienable e imprescriptible del metano cuando provenga de carburos de hidrógeno, obtenido de yacimientos situados en territorio nacional y se utilice como materia prima en procesos industriales petroquímicos.

El sentido de esta iniciativa es dejar claro que el metano que provenga de biogás y se use en petroquímica no debe ser de dominio de la nación, sino que debe tener el mismo tratamiento que cualquier otra agroindustria. Con esto se fomentará la creación de la cadena productiva relacionada con el biogás, impulsando su producción, industrialización, comercialización y empleo.

Generar una industria del biogás, metano y CO2 nos permitirá cumplir el Protocolo de Kyoto, que suscribimos en 1999, ya que ayudaremos a reducir las emisiones de dos gases provocadores de efecto invernadero y calentamiento global: dióxido de carbono (CO2) y gas metano (CH4).

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo al numeral 9 de la fracción III del artículo 3o. de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ...

I. y II. ...
III. ...
1. a 8. ...
9. Metano cuando provenga de carburos de hidrógeno obtenidos de yacimientos ubicados en el territorio nacional y se utilicen como materia prima en procesos industriales petroquímicos.

Se exceptúa del párrafo anterior el metano que provenga de cualquier biomasa, el cual podrá ser utilizado en cualquier proceso industrial, incluido el petroquímico, y su aprovechamiento se regulará por la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 5 de febrero de 2008.--- Diputado Íñigo Laviada Hernández (rúbrica).»

Presidencia del diputado Cristián Castaño Contreras

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputado Íñigo Laviada Hernández.Túrnese su iniciativa a la Comisión de Energía.



LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Se le concede ahora el uso de la palabra al diputado Alejandro Sánchez Camacho, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma el artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El diputado Alejandro Sánchez Camacho : Con su permiso, señor Presidente.

Desde hace una década las inversiones públicas en el sector energético se realizan mediante la modalidad conocida como ``proyectos de inversión con registro diferido en el gasto'', comúnmente conocida como ``Pidiregas''.

Este mecanismo de inversión fue diseñado a raíz de la crisis financiera de 1994-1995, cuando se cerró a México el acceso al mercado de capitales y el gobierno federal contrajo una serie de compromisos con organismos internacionales, tendientes a reducir los números rojos en el sector público y estabilizar la macroeconomía.

Con este esquema, la ejecución de las obras se encomienda a empresas privadas, las cuales llevan a cabo las inversiones respectivas por cuenta y orden de las entidades públicas. Con frecuencia, pero no siempre, obtienen el financiamiento con el cual se cubre el costo de los proyectos durante el periodo de construcción.

El monto total de la inversión Pidiregas asciende a más de 1.7 billones de pesos. Esta cifra representa 18 por ciento del producto interno bruto y más del doble de la deuda pública externa. El 79 por ciento se concentra en Pemex y el restante en la Comisión Federal de Electricidad.

Los Pidiregas hoy día ya no representan ninguna ventaja en términos presupuestarios, dado que la amortización y el pago de intereses han llegado a ser tan importantes como la nueva inversión, por haber sido utilizados en exceso.

Ahora bien, una de las variantes del mecanismo Pidiregas, el esquema denominado como de ``inversión condicionada'', representa para la Comisión Federal de Electricidad ---quien es la única empresa energética que los utiliza--- un mayor costo unitario de generación de electricidad que es la conocida como de ``inversión directa''.

En el esquema de inversión condicionada, las instalaciones siempre pertenecerán a los permisionarios a pesar de que recuperan su inversión a través del pago por el concepto cargo fijo de capacidad, a diferencia de los esquemas de financiamiento de inversión directa, en los que en algún momento la propiedad se transfiere a la Comisión Federal de Electricidad.

Por otra parte ---y éste es el centro de esta propuesta de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria---, en ningún lugar de la ley se establecen los montos comprometidos en obras de infraestructura, donde la obligación de adquirir activos se deriva de eventualidades establecidas en los contratos de los proyectos de inversión condicionada.

Este artículo no consigna explícitamente la obligación de incluir, en el Presupuesto, la información sobre los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo relativa a los proyectos en la que, la obligación de adquirir los bienes, se presenta como consecuencia de alguna eventualidad contemplada en un contrato de suministro de bienes y servicios.

De aquí que nos parezca necesario que dichas previsiones aparezcan con toda nitidez en abono de la transparencia de las finanzas públicas.

Por lo expuesto solicito, señor Presidente, que se inscriba el texto íntegro en el Diario de los Debates de esta honorable Cámara de Diputados, de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del PRD.

El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del PRD a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la ley fundamental, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 32 de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde hace una década, las inversiones públicas en el sector energético se han estado realizando mediante la modalidad conocida como Proyectos de Inversión con Registro Diferido en el Gasto, comúnmente conocida como Pidiregas. Este mecanismo de inversión fue diseñado a raíz de la crisis financiera de 1994-95, cuando se cerró a México el acceso al mercado de capitales y el gobierno federal contrajo una serie de compromisos con organismos internacionales tendientes a reducir el déficit público y estabilizar la macroeconomía.

Los Pidiregas se han reservado para los proyectos de infraestructura energética de largo plazo, que requieren cuantiosas inversiones, pero que, en principio, son autofinanciables y tienen una rentabilidad demostrada.

Bajo este esquema, la ejecución de las obras se encomienda a empresas privadas, las cuales llevan a cabo las inversiones respectivas por cuenta y orden de las entidades públicas y, con frecuencia pero no siempre, obtienen el financiamiento con el cual se cubre el costo de los proyectos durante el periodo de construcción. Las obligaciones para Pemex y CFE derivadas de la contratación de las obras se registran en cuentas de orden durante el periodo de construcción. Al concluir dicho periodo y una vez que los activos son recibidos a satisfacción de las entidades, las obligaciones de pago correspondientes al vencimiento del ejercicio corriente y el que le sigue, se consideran como pasivo directo del sector público, en tanto que el resto se registra como pasivo contingente.

El monto total de la inversión Pidiregas asciende a más de 1.7 billones de pesos. Esa cifra representa el 18 por ciento del PIB y más del doble de la deuda pública externa. El 79 por ciento se concentra en Pemex y el restante en CFE. El 92 por ciento corresponde a inversión financiada directa y el resto a inversión financiada condicionada.

El 90 por ciento de la inversión se ha concentrado en Pemex Exploración Producción; poco se ha utilizado en Pemex Refinación (9.2 por ciento) y mucho menos en Pemex Gas y Petroquímica Básica (0.7 por ciento) y en Pemex Petroquímica (0.2 por ciento).

El atractivo de los Pidiregas es que han permitido ampliar sustancialmente la inversión pública pero diferir su pago en los subsecuentes ejercicios fiscales, así como registrar como deuda directa sólo una pequeña parte del compromiso financiero.

Otra ventaja para el gobierno federal ha sido la obtención de liquidez pues, en algunos casos, el capital privado ha sustituido más que complementado la inversión pública, lo cual ha liberado recursos presupuestales que el gobierno ha utilizado para otros fines.

Los Pidiregas han sido relativamente exitosos para propiciar inversión privada en un sector reservado para el Estado, y han permitido posponer las reformas en materia fiscal. Sin embargo no corrigen los problemas de eficacia de las políticas públicas. Además, han introducido distorsiones para poner en su justa dimensión la debilidad de las finanzas públicas, pues han permitido ocultar el aumento en el déficit de las operaciones del gobierno federal compensándolo con un superávit en caja de Pemex y CFE.

De ser inicialmente una fuente complementaria de recursos se convirtió en la mayoritaria. Por ejemplo, en Pemex, para 2007 representan el 99.3 por ciento de la inversión.

Los Pidiregas, hoy día, ya no representan ninguna ventaja en términos presupuestarios, dado que la amortización y pago de intereses han llegado a ser tan importantes como la nueva inversión, por haber sido utilizados en exceso.

El predominio absoluto de los proyectos Pidiregas en la cartera de inversión de Pemex Exploración y Producción plantea un serio problema, pues esa fuente de financiamiento no es la más adecuada para proyectos de exploración petrolera de alto riesgo. De ahí la importancia de una nueva relación de Pemex con el Estado que le permita un mejor trato fiscal y una mayor autonomía financiera.

Por otra parte, la experiencia Pidiregas resulta onerosa en razón del alto costo financiero que aplican los operadores privados, y de la escasa competencia en la contratación de obras en paquete, donde los proveedores conocen de antemano los recursos presupuestarios de los organismos. Además, se pierde el efecto multiplicador pues los operadores en sus contrataciones tienden a hacer a un lado los bienes y servicios nacionales. Otra desventaja es la imposibilidad de normalizar equipos. Finalmente, Pemex y CFE pierden capacidad de ejecución, materia de trabajo, así como solvencia técnica, profesional y gerencial.

Ahora bien, una de las variantes del mecanismo Pidiregas, el esquema denominado como de ``inversión condicionada'' representa para la CFE, quien es la única empresa energética que los utiliza, un mayor costo unitario de generación de electricidad, que la conocida como de ``inversión directa''. Por tanto, el flujo neto es mayor en los proyectos de inversión directa que en los de inversión condicionada para una misma generación de energía eléctrica.

En este esquema, las instalaciones siempre pertenecerán a los permisionarios, a pesar de que recuperan su inversión a través del pago por el concepto ``cargo fijo de capacidad'', como lo hemos anotado, a diferencia de los esquemas de financiamiento de ``inversión directa'' en los que en algún momento la propiedad se transfiere a CFE.

Los cargos fijos, al constituir obligaciones contractuales, representan pasivos del sector, del mismo orden que el de los de inversión directa, pero por los cuales no se adquiere ningún bien. Y los montos no son nada despreciables: en el 2007 se pagarán 14 mil millones de pesos para cubrir esta obligación.

Por otra parte, y este es el centro de esta propuesta de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en ninguna parte se establecen los montos comprometidos en obras de infraestructura, donde la obligación de adquirir activos se deriva de eventualidades establecidas en los contratos de los proyectos de inversión condicionada.

Este artículo no consigna explícitamente la obligación de incluir en el presupuesto la información sobre los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo, relativa a los proyectos en los que la obligación de adquirir los bienes se presenta como consecuencia de alguna eventualidad contemplada en un contrato de suministro de bienes y servicios. De ahí que nos parezca necesario que dichas previsiones aparezcan con toda nitidez, en abono de la transparencia de las finanzas públicas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno, el siguiente

Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo Único. Se reforma el artículo 32 en sus fracciones I y II y se adiciona la fracción III a este mismo artículo para quedar como sigue:

I. Inversión directa, tratándose de proyectos en los que, por la naturaleza de los contratos, las entidades asumen una obligación de adquirir activos productivos construidos a su satisfacción;
II. Inversión condicionada, tratándose de proyectos en los que la adquisición de bienes no es el objeto del contrato; y
III. Inversión directa derivada de proyectos de inversión condicionada, tratándose de proyectos en que la obligación de adquirir los bienes se presenta como consecuencia de alguna eventualidad contemplada en un contrato de suministro de bienes y servicios.
Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputado Alejandro Sánchez Camacho (rúbrica).»

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputado Sánchez Camacho. Intégrese al Diario de los Debates de manera íntegra ytúrnese su iniciativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Cámara de Diputados saluda a los estudiantes de la escuela primaria Licenciado Adolfo López Mateos, del municipio de Huixquilucan, en el estado de México. Sean bienvenidos a esta Cámara. De la misma forma, la Cámara de Diputados saluda y da la bienvenida al grupo de estudiantes de distintos países del mundo que a través de Rotary Internacional nos visitan hoy en este recinto parlamentario. Bienvenidos.



PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2008

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Se concede ahora el uso de la palabra al diputado Alberto Amador Leal, para presentar la iniciativa que reforma los artículos 26 y 34 y adiciona un artículo transitorio al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, suscrita por él mismo y por la diputada Guillermina López Balbuenay el diputado Wenceslao Herrera Coyac, del Grupo Parlamentario del PRI.

El diputado Narciso Alberto Amador Leal : Muchas gracias, señor Presidente.

A propósito del ejercicio presupuestal en materia de desa-rrollo rural y desarrollo social, se ha dado un debate difuso o más bien confuso respecto de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo y la que corresponde al Congreso de la Unión, concretamente a esta Cámara de Diputados.

Lo primero que cabe resaltar, compañeras diputadas y compañeros diputados, es que si bien la jurisprudencia mexicana reconoce en una interpretación, a nuestro juicio errónea, de carácter gramatical, que el Poder Ejecutivo tiene facultad para reglamentar las disposiciones legislativas del Congreso, lo cierto es que el debate jurídico está ahí, quizás de pronto abandonado, y podemos concluir que la Constitución General de la República no establece de manera fehaciente dicha facultad, ni sus alcances, ni su procedimiento.

Tenemos ahí un tema pendiente en la agenda legislativa, respecto del cual, con un grupo de compañeros diputados, en su momento presentaremos la iniciativa correspondiente.

Pero por otro lado, si así están dadas las cosas, de que hay una jurisprudencia y es facultad del Poder Ejecutivo el formular los reglamentos, entonces viene otro tema también a debate, cómo es posible que el Congreso o la Cámara de Diputados en este caso, una vez que aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación con un articulado específico, esté solicitando la buena fe, la buena voluntad del Ejecutivo para ser oído en la reglamentación.

¿No tendría mejor esta asamblea la capacidad para imponer los criterios rectores que deben guiar la reglamentación en el ejercicio de los programas públicos? Me parece que sí. Si esta soberanía no ejerce su facultad legislativa, entonces, en términos de la jurisprudencia existente, queda en manos del Ejecutivo federal la reglamentación de ese tipo de procesos.

Mientras esperamos la buena voluntad del Ejecutivo, o esperamos que exista sensibilidad de los encargados del despacho de las áreas de desarrollo social o de las áreas, en este caso de desarrollo rural; mientras los productores están esperando si va a llegar o no el apoyo para el fertilizante, ante la proximidad de las cosechas o los esquemas de comercialización para garantizar certidumbre a los procesos productivos que han requerido un esfuerzo previo de los productores, o en tanto en el tema social logramos la concurrencia más o menos versátil, pertinente de los tres órganos de gobierno, no nos queda más que puntualizar el debate.

Y éste es el sentido de esta iniciativa que propone entonces, ante la falta de acuerdos y respuestas, reformar el decreto de presupuesto de egresos, porque ésa sí es facultad de esta asamblea. Podremos seguramente asistir a otra marcha, y lo haremos si es necesario, al Zócalo de la ciudad todas las fuerzas políticas que estemos de acuerdo en ello; podremos seguir las entrevistas con los funcionarios federales, cualquiera que sea su nivel. Pero en todo caso, compañeras diputadas y compañeros diputados, nuestra facultad de reformar el decreto de Presupuesto de Egresos está ahí, es una facultad real, accesible, que sólo requiere determinación política.

De modo que, señor Presidente, yo le pediría que se inscriba la propuesta íntegra en el Diario de los Debates y pedirles a las comisiones de Presupuesto, de Desarrollo Rural, de Agricultura, Ganadería y de Desarrollo Social que valdría la pena explorar esta alternativa, en tanto no se logre un acuerdo pertinente del Congreso con el Ejecutivo federal. Muchas gracias, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma los artículos 26 y 34, y adiciona un artículo transitorio al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, suscrita por los diputados Alberto Amador Leal , Guillermina López Balbuena y Wenceslao Herrera Coyac , del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales, con fundamento en los artículos 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, presentan la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para la modificación y adición a los artículos 26, fracción II, y 34, así como la adición de un transitorio del proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de diciembre de 2007, en los siguientes términos

1. Antecedente

A 150 años de la promulgación de la Constitución de 1857, que reivindicó el federalismo, y a 90 años de la promulgación de la Constitución de 1917, que fortaleció la soberanía de los estados e instituyó la libertad del municipio, seguimos enfrentando la inercia histórica que tiende, una y otra vez, al centralismo. Sin duda hace falta un reordenamiento integral desde el ámbito constitucional y legal, tal y como se plantea en el rubro de federalismo en la Ley para la Reforma del Estado.

Sin embargo, existe la necesidad de actuar en aquellos aspectos primordiales a través de las facultades que tiene esta Cámara, como las relativas a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. De otra forma, si no se establecen criterios básicos en el contenido del decreto, entonces queda en la facultad reglamentaria derivada de la interpretación de la fracción I, del artículo 89, y del 92 constitucionales, a discreción del Ejecutivo imponer modalidades operativas arbitrarias.

El artículo 110, fracción II, de la Constitución del 4 de octubre de 1824, establecía textualmente como una atribución del presidente de la república ``dar reglamentos, decretos y órdenes para el mejor cumplimiento de la Constitución, acta constitutiva y leyes generales''. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 17, de la Ley de las Siete Leyes Constitucionales de 1836 y el artículo 85, de las bases orgánicas de 1843; anteriores a la promulgación de la Constitución de 1857, cuyo artículo 85, fracción I, es idéntico a la actual fracción I del 89. En fin, todas las constituciones desde la de la monarquía española del 18 de marzo de 1812 contemplaron expresamente la facultad reglamentaria del jefe de Estado.

La doctrina y la jurisprudencia mexicanas han sostenido la vigencia de la facultad reglamentaria del presidente, ya sea con incorrectas interpretaciones gramaticales como lo hiciera don Gabino Fraga; o bien por imperiosa necesidad política, aún reconociendo el hecho de que tal atribución carece de base alguna en el texto de la Constitución, tal y como al respecto lo interpretara Felipe Tena Ramírez.

Gabino Fraga ha señalado en doctrina, que el fundamento de la facultad reglamentaria del presidente de la república, se encuentra en la fracción I, del artículo 89, de la Constitución, en relación con el artículo 92.

El artículo 89, fracción I, establece que ``las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes: I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia''.

En tanto que el artículo 92 establece que ``todos los reglamentos del presidente deberán estar firmados por el secretario de Estado a que el asunto corresponda''.

En este último precepto, se asume, al decir de Fraga, que el Ejecutivo tiene facultad para expedir reglamentos, sin embargo, el mismo no concede al presidente la atribución reglamentaria, la misma se supone preexistente en el referido texto del artículo 92.

La atribución reglamentaria se encontraría atribuida al Ejecutivo, al decir de Fraga, en el artículo 89, fracción I, ya que el mismo otorga atribuciones para ``proveer'' en la esfera administrativa a la exacta aplicación de la ley, término éste, ``proveer'', cuyo sentido gramatical es la de poner los medios adecuados para un fin, de donde resulta que si es necesario que las leyes tengan una exacta observancia. Lo anterior hace necesario desarrollar sus preceptos para ajustarlos a las modalidades que tienen las relaciones a las cuales van a ser aplicados. Sin embargo, es digno de aclararse que una interpretación extensiva de la ley, como la que pretende hacer Fraga entre el texto de los artículos 89 y 92 de la Constitución, es propia de un Código Civil, más no de la Constitución cuya interpretación debe ser literal y estricta.

Así lo ha establecido Felipe Tena Ramírez quién expresa que ``la Constitución no emplea en infinitivo proveer, sino el gerundio proveyendo'', y el gerundio carece de entidad autónoma en nuestro idioma, pues hace referencia a un verbo principal, siendo una forma adverbial; y tal y como está reglamentado el artículo 89, la última parte del precepto califica el modo como se debe ejecutar la ley por el presidente, sin que de la misma se desprenda atribución reglamentaria alguna.

Tena señala que ciertamente el artículo 92 presupone la existencia de la facultad reglamentaria y que sin la misma no podría funcionar la vida del Estado, pero concluye que en realidad del texto de la Constitución no puede desprenderse la existencia de tal atribución.

El debate va más allá de la interpretación constitucional y legal. El enorme espacio de discrecionalidad que tiene el ejecutivo suscita múltiples problemas ya que los reglamentos tienden a socavar el espíritu del legislador, al aprobar el presupuesto para el conjunto de los programas públicos. De hecho, si el decreto de Presupuesto de Egresos no establece criterios rectores, la posibilidad de que el Legislativo incida en el curso de las políticas públicas será prácticamente nula o, en el mejor de los casos, mediatizada.

Así sucede en los programas, ahora en el debate público, a cargo de la Sagarpa y de la Sedesol.

En el primer caso, se ha suscitado el encono nacional de los productores del campo y sus organizaciones, por la obsesiva posición centralista del secretario de Agricultura. En cuanto a la Sedesol, ha surgido una iniciativa del senador Manlio Fabio Beltrones para construir instituciones y políticas de Estado que permitan el cumplimiento cabal de los programas sociales, al margen de intereses partidistas de los gobiernos o de coyunturas electorales específicas de interés para los partidos que están en el poder.

En todo caso, no tiene sentido que esta representación popular sostenga debates estériles que sólo le restan dignidad y afectan la moral social de los grupos campesinos. Si no estamos de acuerdo en cómo el Ejecutivo ha interpretado el decreto de Presupuesto de Egreso para el Ejercicio Fiscal 2008, en el tema social y concurrente del campo, entonces actuemos con determinación y ejerzamos nuestras facultad primigenia que nos da la Constitución para legislar: modifiquemos a la brevedad, ya, el decreto de Presupuesto aprobado por esta soberanía y publicado por el Ejecutivo el 13 de diciembre pasado.

2. Contenido del decreto que aprueba el Presupuesto 2008

El título cuarto, capítulo II, establece las reglas de operación para los diversos programas. En particular el artículo 26 se refiere a los programas de subsidios del Ramo 20, ``Desarrollo social'', en los siguientes términos:

Artículo 26. (.....)

(.....)

I. (.....)
II. (.....) (.....)

En los términos de los convenios de coordinación suscritos entre el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y los gobiernos estatales, se impulsará el trabajo corresponsable en materia de superación de pobreza y marginación, y se promoverá el desarrollo humano, familiar, comunitario y productivo.

Este instrumento promoverá que las acciones y recursos dirigidos a la población en situación de pobreza se efectúen en un marco de coordinación de esfuerzos, manteniendo en todo momento el respeto a los órdenes de gobierno, así como el fortalecimiento del respectivo Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal.

Como puede observase, el texto aprobado por esta soberanía establece criterios muy generales, prácticamente retóricos, sobre la coordinación entre los tres órdenes de gobierno En consecuencia, es necesario modificar esta parte del decreto estableciendo criterios para:

a) Que el gobierno federal no ejecute acciones o asigne recursos sin el conocimiento y participación de los gobiernos de las entidades federativas.
b) Que se respete el orden interno de los estados y de los municipios, fortaleciendo el pacto federal

Por otro lado, el artículo 34 establece que:

``La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, emitirá nuevas reglas de operación de todos los programas y componentes que le competen, en los términos del artículo 77, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, observando las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en su Programa Sectorial, así como los acuerdos de la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Rural Sustentable''.

En seguida enumera en 9 fracciones un conjunto de criterio de carácter cuantitativo y otros de carácter general.

Sin embargo, estos criterios del decreto no recogen el espíritu de los artículos 17 y 18 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable relativo al Consejo Mexicano y los demás organismos e instancias de representación de los diversos agentes y actores de la sociedad rural.

En el mismo sentido, sólo recoge parcialmente el espíritu y la letra de los 6 artículos que integran el capítulo III de la ``federalización y la descentralización'', de la citada Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Por lo anterior, es necesario aludir a estas disposiciones y precisar el mecanismo de atención a las organizaciones y a los productores.

En consecuencia de lo anterior, se propone el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se modifican y adicionan los artículos 26 y 34, del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, para quedar como sigue:

Artículo 26. (.....)

(.....)

I. (.....)
II. (.....)

(.....)

En los términos de los convenios de coordinación suscritos entre el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y los gobiernos estatales, se impulsará el trabajo corresponsable en materia de superación de pobreza y marginación, y se promoverá el desarrollo humano, familiar, comunitario y productivo. En ningún caso el gobierno federal ejecutará acciones o asignará recursos sin el conocimiento y participación de los gobiernos de las entidades federativas, por cuyo conducto se informará a los municipios y a las demarcaciones territoriales del DF de las acciones convenidas y de su forma de participación.

Los convenios de coordinación promoverán que las acciones y recursos dirigidos a la población en situación de pobreza se efectúen en un marco de coordinación de esfuerzos, manteniendo en todo momento el respeto al orden interno de los estados y a la libertad de los municipios ; así como el fortalecimiento del pacto federal. Los esfuerzos de coordinación de las acciones concurrentes se llevarán a cabo en el seno de los comités de planeación para el desarrollo de los estados o en aquellas instancias que establezca la ley o este decreto.

Artículo 34. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, emitirá nuevas reglas de operación de todos los programas y componentes que le competen, en los términos del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y lo establecido en los artículos 17, 18, 23, 24, 25 26, 27 y 28, de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, observando las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en su Programa Sectorial, así como los acuerdos de la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Rural Sustentable, las propuestas del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural y de la Comisión de Desarrollo Rural Sustentable y lo siguiente:

I. (.....)
III. (.....)
IV. Los programas deberán contar con el padrón de beneficiarios, mismo que será la base para conformar el registro de beneficiarios del sector agropecuario y pesquero, que se deberán publicar en la página electrónica de Internet de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Este padrón deberá, en forma gradual, ir incorporando a los beneficiarios de los programas que conforman el Programa Especial Concurrente. El padrón de beneficiarios será elaborado conjuntamente por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios. Asimismo, deberá ser aprobado por los Consejos Mexicano, Estatales y Municipales de Desarrollo Rural Sustentable.
(.....)
V. (.....)
VI. (.....)
VII. La recepción de solicitudes se llevará a cabo a través de los consejos municipales en ventanillas que al efecto se establezcan en las oficinas de los ayuntamientos. La entrega de los apoyos de los programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, serán entregadas a las organizaciones de productores, a las sociedades o a las personas que presenten la solicitud correspondiente;
VIII. (.....)
IX. (.....)
Transitorios

Único. Las dependencias y entidades que tengan a su cargo programas sujetos a reglas de operación, deberán presentar, en un periodo no mayor de 90 días, a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, un programa de descentralización de facultades y recursos a los estados y de los estados a los municipios, incluyendo las modificaciones legales y administrativas a que haya lugar. Dicha comisión deberá presentar el dictamen correspondiente en un periodo no mayor de 60 días a partir de la entrega del citado programa. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados dispondrá lo conducente para que se realicen los trabajos técnicos necesarios y se establezca la consulta relativa con el resto de las comisiones ordinarias.

Diputados: Alberto Amador Leal , Wenceslao Herrera Coyac , Guillermina López Balbuena (rúbricas).»

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputado Alberto Amador Leal. Insértese de manera íntegra en el Diario de los Debates ytúrnese la iniciativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.



LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Se concede el uso de la palabra al diputado Édgar Mauricio Duck Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.

El diputado Édgar Mauricio Duck Núñez : Con su venia, Presidente.

Ya desde la Constitución española de Cádiz del 19 de marzo de 1812 se establecían diferentes artículos para regular la composición y el funciones de los ayuntamientos, y se mencionaban como integrantes de los mismos al alcalde o alcaldes, a los regidores y al procurador síndico. Posteriormente se hace alusión a los municipios y sus respectivos ayuntamientos.

En la Constitución de 1917 quedó incluido el artículo 115 con la finalidad de estructurar política y jurídicamente a los estados, así como establecer las bases para la debida organización municipal, misma que constaba de tres fracciones.

En 1982 se presentó una iniciativa de reformas al artículo 115 de la Constitución, sustentada en que la descentralización exige un proceso decidido y profundo, progradual, ordenado y eficaz, de la revisión de competencias constitucionales entre federación, estados y municipios. Este conjunto de hechos permite realmente cimentar las bases para dar forma a lo que actualmente es nuestro sistema federalista.

Para el Partido Acción Nacional el federalismo es concebido como la descentralización de funciones y de recursos como principios de organización política y administrativa tanto para el gobierno federal como para el estatal y municipal, participando siempre a favor del bien común de la nación.

En México, hay que reconocer, se han realizado propuestas de reformas con la finalidad de dar paso a un federalismo real. Lo que sin duda ha logrado y otorgado una apertura de espacios que beneficien a los gobiernos estatales y municipales.

Resulta prioritario que los estados se descentralicen en razón de los municipios y éstos en razón de las comunidades, lo que hoy resulta indispensable para otorgar mayor funcionalidad y fuerza al sistema federal y con ello evitar debilitarlo.

Reiteramos que para Acción Nacional, hoy los gobiernos locales viven su autonomía; tomas sus decisiones; ejecutan sus competencias y cada vez ejercen un porcentaje mayor de recursos. En promedio, por cada peso ejercido en la administración pública centralizada durante el periodo de 2001 a 2005 se transfirieron 1.65 pesos a estados y municipios; lo que representa un incremento de 31 por ciento respecto del sexenio pasado.

Por tal motivo, también es necesario mejorar los mecanismos de evaluación a efecto de eliminar la inequidades que genera la fórmula vigente de distribución de recursos hacia estados y municipios.

Es sabido que la realidad se encuentra lejos de tal principio debido a que el gobierno municipal puede manejar su hacienda libremente, una vez que todos los demás órdenes de gobierno le han dicho qué recursos tiene, para qué asuntos y dentro de qué normatividad los puede utilizar.

Cabe señalar que las aportaciones federales que componen el Ramo 33, ha mantenido una tendencia creciente en los últimos años. Sin embargo, una característica en la entrega de los recursos a los gobiernos municipales, ha sido el retraso en su suministro y los criterios, en ocasiones partidistas, utilizados. Características que retrasan en muchos de los casos, las obras públicas programadas para cada uno de ellos.

En consecuencia, se considera necesario reformar los artículos 32, 35, 36, 37, 38 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, para establecer las disposiciones necesarias a fin de que los recursos del Ramo 33, que corresponden a los municipios, sean entregados directamente por la federación a los municipios sin tener que pasar por los estados; sin afectar las participaciones; solamente con las aportaciones federales correspondientes al Ramo 33 del capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, lo que hoy me motiva a sumarme a la iniciativa ya presentada en el Senado por el senador Juan Bueno.

Presentar esta reforma es debido a los retrasos que en muchas ocasiones sufren los gobiernos municipales al asignarle recursos provenientes de la federación en los que los gobiernos estatales primeramente detentan dichos recursos; los cuales en diversas ocasiones ---insisto--- son entregados de forma inmediata y conforme al calendario de enteros, afectando visiblemente los beneficios que bien pudieran generarse para la población, y la buena administración de los recursos. Esto, diputados, es algo que sin ningún tinte político nos beneficia a todos porque beneficia a los municipios del país.

Es cuanto, señor Presidente. Y ruego a usted que se inscriba el texto íntegro en el Diario de los Debates.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Édgar Mauricio Duck Núñez, del Grupo Parlamentario del PAN

Édgar Mauricio Duck Núñez, diputado federal a la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de las facultades que confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada en un inicio el 19 de abril de 2007 por el senador del Partido Acción Nacional por el estado de Veracruz, Juan Bueno Torio, y turnada a Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, haciéndola propia y presentándola conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución española de Cádiz del 19 de marzo de 1812 ya establecía diferentes artículos para regular la composición y las funciones de los ayuntamientos, y se mencionaban como integrantes de los mismos al alcalde o alcaldes, los regidores y el procurador o síndico. Posteriormente se hace alusión a los municipios y sus respectivos ayuntamientos.

En la Constitución de 1917 quedó incluido el artículo 115 con la finalidad de estructurar política y jurídicamente a los estados, así como para establecer las bases para la debida organización municipal, que constaba de tres fracciones.

En 1982 se presentó una iniciativa de reformas del artículo 115 de la Constitución sustentada en que la descentralización exige un proceso decidido y profundo, pero gradual, ordenado y eficaz de la revisión de competencias constitucionales entre federación, estados y municipios.

La centralización arrebató al municipio capacidad y recursos para desarrollar en su ámbito territorial y poblacional, por lo que se revirtió la tendencia centralizadora y se actuó en favor del fortalecimiento del sistema federal.

El municipio es la autoridad más cercana a la sociedad por su estrecho contacto y por el trato directo con la población; constituye la célula política donde se fomenta la democracia, por lo que se le ha otorgado la certeza jurídica dentro del marco constitucional en diversos aspectos.

Por ello se han realizado reformas tendentes a fortalecer la hacienda, su autonomía política y, en general, las facultades que constantemente se habían ejercido por los estados y por la federación.

Para el Partido Acción Nacional, el federalismo es concebido como la descentralización de funciones y de recursos como principios de organización política y administrativa tanto para el gobierno federal como para el estatal y el municipal, participando siempre en favor del bien común de la nación.

Para proyectar las garantías y los medios de protección integrales en el contexto de un Estado como el nuestro, con tendencia a fortalecer la democracia con un sentido claro de justicia política y social, se debe considerar la idea de que el municipio debe ser entendido como un auténtico poder político.

Se considera como ente poseedor de derechos políticos, administrativos y sociales inherentes a su naturaleza política; en consecuencia, se prevé la protección institucional, siendo categórica y necesaria la consolidación de la institución municipal.

En México se han realizado propuestas de reformas con la finalidad de dar paso a un federalismo real, lo que sin duda ha otorgado una apertura de espacios que beneficia a los gobiernos estatales y a los municipales.

Resulta prioritario que los estados se descentralicen en razón de los municipios y éstos en razón de las comunidades, lo que hoy resulta indispensable para otorgar mayor funcionalidad y fuerza al sistema federal y con ello evitar debilitarlo.

Reiteramos que para Acción Nacional, hoy los gobiernos locales viven su autonomía, toman sus decisiones, ejecutan sus competencias y cada vez ejercen un porcentaje mayor de recursos. En promedio, por cada peso ejercido por la administración pública centralizada durante el periodo 2001-2005, se transfieren 1.65 pesos a estados y a municipios, lo que representa un incremento de 31 por ciento respecto del sexenio pasado.

En necesario establecer mecanismos de evaluación en los cuales se consideren criterios de pobreza y desigualdad, a efecto de eliminar las iniquidades que genera la fórmula vigente de distribución de recursos hacia estados y municipios.

Desde la primera Constitución hasta la más reciente reforma municipal, la doctrina mexicana, a la par de otros países democráticos, estableció el principio de ``libertad hacendaria'' del gobierno local. Es sabido que la realidad se encuentra lejos de tal principio, debido a que el gobierno municipal puede manejar su hacienda libremente una vez que todos los demás órdenes de gobierno le han dicho qué recursos tiene para qué asuntos y dentro de qué normatividad los puede utilizar. De 1994 a 2000 se dieron avances importantes para la modernización, sobre la base de una definición expresa del origen de los recursos para otorgarlos a los municipios y entregarlos a través de fondos y partidas con fines muy precisos y amplios a la vez.

Como forma de transparentar las distribuciones de los recursos, el municipio comunicará a los gobiernos de los estados para que sean publicados en los órganos de difusión oficiales.

De los fondos del Ramo 33, dos de ellos son de aplicación exclusiva en los municipios, que son manejados por los gobiernos municipales: el Fondo para la Infraestructura Social Municipal, y el Fondo para el Fortalecimiento Municipal. Los otros siete fondos pueden o no aplicarse a satisfacer las necesidades de los municipios, pues quedan a juicio del Poder Ejecutivo estatal y según el presupuesto que aprueben las legislaturas estatales. Porcentualmente, las aportaciones federales que componen el Ramo 33 han mantenido una tendencia alcista en los últimos años.

En consecuencia, se considera necesario reformar los artículos 32, 35, 36, 37, 38 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, para establecer las disposiciones necesarias a fin de que los recursos del Ramo 33 correspondientes a los municipios sean entregados directamente por la federación a los municipios, sin tener que pasar por los estados, sin afectar las participaciones, solamente con las aportaciones federales correspondientes al Ramo 33 del Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

Hoy me motivan a presentar esta reforma los retrasos que en muchas ocasiones sufren los gobiernos municipales al asignarles recursos provenientes de la federación, en los que los gobiernos estatales primero detentan dichos recursos, los cuales en diversas ocasiones no son entregados de forma inmediata y conforme al calendario de enteros. Ello afecta visiblemente los beneficios que bien pudieran generarse para las poblaciones y la buena administración de los recursos, que por el principio de economía procesal bien podrían disponer en tiempo y forma de los recursos que sin duda se reflejaran en el mejor desempeño de las funciones de cada municipio.

Con estas reformas se beneficiará a los municipios, por no existir intermediarios, lo que permitirá contar a tiempo con los recursos necesarios para atender las demandas ciudadanas. Con eso se eliminaría el factor político en la retención de recursos por parte de algunos gobiernos estatales, frenando así el flujo de recursos a los municipios de otro partido con diversos propósitos de carácter político.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se reforman los artículos 32, 35, 36, 37, 38 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 32. ...

Este fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a los estados y municipios por conducto de la federación , de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de esta ley.

...

Artículo 35. La federación distribuirá entre los municipios los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, con una fórmula igual a la señalada en el artículo anterior, que enfatice el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia los municipios con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. Para ello, utilizará la información estadística más reciente de las variables de rezago social a que se refiere el artículo anterior publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. En los casos en que la disponibilidad de información no permita la aplicación de la fórmula señalada, se utilizarán las siguientes cuatro variables sumadas y ponderadas con igual peso cada una de ellas:

a) a d) ...
La Secretaría de Desarrollo Social publicará en el Diario Oficial de la Federación, en los primeros quince días del ejercicio fiscal de que se trate, las variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal para cada estado.
El cálculo de las distribuciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, con base en los lineamientos anteriores, deberá comunicarse a los gobiernos de los estados para efectos de su publicación en los órganos de difusión oficiales, a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, así como la fórmula y su respectiva metodología, justificando cada elemento.
Los recursos que correspondan a los municipios deberán ser entregados conforme al calendario de enteros en que la federación lo haga a los estados, en los términos del penúltimo párrafo del artículo 32 de la presente ley. Dicho calendario deberá comunicarse a los gobiernos municipales, así como a los gobiernos estatales para efectos de su publicación en su respectivo órgano de difusión oficial, a más tardar el 31 de enero de cada ejercicio fiscal.

Artículo 36. ...

a) Con el 2.35 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Este fondo se enterará mensualmente por partes iguales a los municipios, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 37 de este ordenamiento; y
b) A las demarcaciones territoriales del Distrito Federal , los fondos correspondientes les serán entregados en la misma forma que al resto de los municipios, pero calculados como el 0.2123 por ciento de la recaudación federal participable, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio.
Para efectos de su difusión, la federación hará llegar a los gobiernos estatales y del Distrito Federal la información correspondiente a las variables y fórmulas utilizadas para determinar los montos que correspondan a cada municipio o demarcación territorial por concepto de este fondo, así como el calendario de ministraciones, a fin de que sea publicada en su respectivo periódico oficial a más tardar el 31 de enero de cada año.

...

Artículo 37. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal reciban los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal se destinarán exclusivamente a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refieren las fracciones I y III del artículo 33 de esta ley.

Artículo 38. El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, distribuirá el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a que se refiere el inciso a) del artículo 36 de esta ley, en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada municipio , de acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Para el caso de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, su distribución se realizará conforme al inciso b) del artículo 36 antes señalado; el 75 por ciento correspondiente a cada demarcación territorial será asignado conforme al criterio del factor de población residente y el 25 por ciento restante al factor de población flotante, de acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Tercer párrafo (se deroga)

Artículo 49. ...

...

...

I. Desde el inicio del proceso de presupuestación, en términos de la legislación presupuestaria federal y hasta la entrega de los recursos correspondientes a las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales del Distrito Federal , corresponderá a la Secretaría de la Función Pública
II. a IV. ...

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el ejercicio fiscal siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2008.--- Diputado Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica).»

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Insértese el texto íntegro de su iniciativa en el Diario de los Debates, ytúrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.



LEY GENERAL DE SALUD - LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Se concede el uso de la palabra al diputado Efraín Morales Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes General de Salud, de la Propiedad Industrial, y Federal de Competencia Económica.

El diputado Efraín Morales Sánchez : Con el permiso de la Presidencia.

Por cuarta ocasión vengo a esta tribuna a tratar el tema del precio de los medicamentos que, desde luego, con los argumentos anteriores y con otros nuevos, con los que espero ---ojalá--- convencer a la comisión o comisiones adonde sea turnada esta iniciativa.

Uno de los argumentos centrales ---además, voy a leer solamente párrafos por el tiempo--- con el que la industria farmacéutica justifica los elevados precios de los medicamentos patentados que produce, dice, deriva del alto costo que genera el largo proceso de investigación y desarrollo en el cual tiene que invertir.

No obstante, las evidencias muestran un escaso desarrollo de nuevas moléculas, y en todo caso, la industria, más que desarrollar nuevos compuestos y ofrecer alternativas terapéuticas cada vez más eficientes, invierte en estrategias de desarrollo comercial basadas en la producción de sistemas de liberalización de fármacos y formulaciones. Es decir, con el objetivo de proteger su mercado y mantener precios elevados que se traduzcan en mayores ganancias o utilidades.

La industria promueve el uso de innovaciones menores a través del cambio de marcas, manipulación molecular, modificaciones en las presentaciones o fusiones entre sí. Por ello, en todo caso, las cuantiosas inversiones que realiza la industria farmacéutica a nivel internacional se llevan a cabo con base en las necesidades de sus principales mercados de consumo, léase Europa, Estados Unidos y Japón, pues son estos países los que hoy concentran el mayor consumo de medicamentos de patente a nivel internacional.

Esto representa que la agenda de investigación de la industria farmacéutica está dirigida, fundamentalmente, al perfil epidemiológico de algunos países desarrollados, por lo que a pesar de que la investigación se realiza en los países en desarrollo, sus habitantes no alcanzan un beneficio sustancial con los productos finales.

Por ello, la hegemonía de los medicamentos de patente en el mercado, sin tener el contrapeso de la competencia, ha derivado en la ineficiencia de los precios y en el uso irracional de los medicamentos, es decir, se ha impedido que estos bienes de primera necesidad y, por tanto esenciales, estén al alcance de la sociedad en general, a un precio justo, y sobre todo, se ha impedido el acceso a la adecuada alternativa terapéutica.

Ante esta delicada situación, los tomadores de decisiones vinculados al sector salud deben entender y aceptar, de una vez, que los medicamentos no son una mercancía más, cuyo valor de cambio deba quedar sujeto a las leyes de un mercado imperfecto, pues ciertamente más que tratarse de bienes económicos, deben considerarse bienes sociales básicos y necesarios, para alcanzar los mejores niveles de salud y calidad de vida de millones de personas que requieren de ello.

Por esto, a los ojos de todo el mundo, cualquier persona que esté impedida o excluida para adquirir con oportunidad algún medicamento porque no cuenta con los recursos monetarios suficientes, le significa la transgresión de su garantía individual de protección a la salud, establecida en el artículo 4o., toda vez que el eslabón clave y final de un servicio de salud, es el medicamento, y en tanto no se pueda acceder al mismo, no se puede hablar del efectivo derecho a la protección de la salud.

Sin duda estamos inmersos en un mercado de medicamentos altamente imperfecto en el que las fallas prevalecen, tales como la asimetría de información entre los agentes, concretamente, entre los productores de medicamentos y el personal médico, quienes, en general, poseen información respecto al uso adecuado de medicamentos versus el consumidor, quien comúnmente no posee la información adecuada y necesaria respecto a la mejor alternativa terapéutica para su enfermedad.

Así pues, bajo las condiciones actuales del mercado de medicamentos a nivel internacional se fomenta cada vez más la demanda inducida, toda vez que el consumidor está en total desventaja, pues al no tener la información accesible y categórica sobre la prescripción del medicamento adecuado a su requerimiento de salud, sobre la denominación genérica y distintiva, y sobre los distintos precios, queda sujeto, invariablemente, a los intereses que la propia industria farmacéutica promueve a través del inmenso poder de publicidad que refuerzan las ideas mágicas sobre los medicamentos e induce al uso de lo que es más nuevo y más caro, al margen de consideraciones terapéuticas.

Por estas consideraciones, y otras más que incluye la iniciativa, someto a la consideración de esta honorable asamblea modificaciones a la Ley General de Salud, a la Ley de Competencia Económica, y a la Ley de la Propiedad Industrial. Y solicito atentamente a la Mesa Directiva que se inscriba íntegramente la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes General de Salud, de la Propiedad Industrial, y Federal de Competencia Económica, a cargo del diputado Efraín Morales Sánchez , del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Efraín Morales Sánchez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, la Ley de la Propiedad Industrial, y la Ley Federal de Competencia Económica, en materia de precios de los medicamentos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Universalmente se sabe y se reconoce que los medicamentos son esenciales para prevenir, aliviar y restablecer enfermedades y la salud de todos los seres humanos, sin embargo, estos bienes están fuera del alcance, material o financiero, de casi la tercera parte de la actual población mundial 1, entre otras razones, debido a sus elevados precios de adquisición.

En este sentido, debe señalarse que en el año 2006, mientras la economía mexicana crecía 4.8%, el mercado farmacéutico en nuestro país lo hacía a un ritmo de 13%, resultado de los elevados ingresos que la industria trasnacional de medicamentos asentada en México alcanzó en ese año, y que ascendieron a 10 mil millones de dólares, (precios al mayoreo), siendo factor determinante de estos ingresos el elevado precio de los medicamentos que la propia industria ha fijado libremente, por lo menos, desde las últimas dos décadas. Incluso, el Índice Nacional de Precios al Consumidor de la industria farmacéutica (INPCif), se ha posicionado muy por encima del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Y singularmente se debe señalar que el incremento sustancial de los precios de los medicamentos no se ha acompañado de un crecimiento proporcional en el volumen y cantidad de estos bienes, lo cual ha coadyuvado al mantenimiento y fortalecimiento del monopolio farmacéutico, en cuanto a producción y precios. 2

Uno de los argumentos centrales con el que la industria farmacéutica justifica los elevados precios de los medicamentos patentados que produce, dice, deriva del alto costo que genera el largo proceso de investigación y desarrollo en el cual tiene que invertir.

No obstante, las evidencias muestran un escaso desarrollo de nuevas moléculas, y en todo caso, la industria, más que desarrollar compuestos nuevos y ofrecer alternativas terapéuticas cada vez más eficientes, invierte en estrategias de desarrollo comercial basadas en la producción de sistemas de liberalización de fármacos y formulaciones. Es decir, con el objetivo de proteger su mercado y mantener precios elevados que se traduzcan en mayores ganancias o utilidades, la industria promueve el uso de innovaciones menores a través del cambio de marcas, manipulación molecular, modificaciones en las presentaciones o fusiones entre sí. Por ello, en todo caso, las cuantiosas inversiones que realiza la industria farmacéutica a nivel internacional se llevan a cabo con base en las necesidades de sus principales mercados de consumo, léase Europa, Estados Unidos y Japón, pues son estos países los que hoy concentran el mayor consumo de medicamentos de patente a nivel internacional. Esto representa que la agenda de investigación de la industria farmacéutica está dirigida, fundamentalmente, al perfil epidemiológico de algunos países desarrollados, por lo que a pesar de que la investigación se realiza en los países en desarrollo, sus habitantes no alcanzan un beneficio sustancial con los productos finales. 3

Es por ello, que la hegemonía de los medicamentos de patente en el mercado, sin tener el contrapeso de la competencia, ha derivado en la ineficiencia de los precios y en el uso irracional de los medicamentos, es decir, se ha impedido que estos bienes de primera necesidad y, por tanto, esenciales estén al alcance de la sociedad en general, a un precio justo, y sobre todo, se ha impedido el acceso a la adecuada alternativa terapéutica.

Ante esta delicada situación, los tomadores de decisiones vinculados al sector salud, deben entender y aceptar, de una vez, que los medicamentos no son una mercancía más, cuyo valor de cambio deba quedar sujeto a las leyes de un mercado imperfecto, pues ciertamente, más que tratarse de bienes económicos, deben considerarse bienes sociales básicos y necesarios, para alcanzar los mejores niveles de salud y calidad de vida de millones de personas que requieren de ellos. Es por esto, que a los ojos de todo el mundo, cualquier persona que esté impedida o excluida para adquirir con oportunidad algún medicamento porque no cuenta con los recursos monetarios suficientes, le significa la transgresión de su garantía individual de protección a la salud establecida en el artículo 4º constitucional, toda vez que el eslabón clave y final de un servicio de salud, es el medicamento, y en tanto no se pueda acceder al mismo, no se puede hablar del efectivo derecho a la protección de la salud.

Sin duda, estamos inmersos en un mercado de medicamentos altamente imperfecto en el que las fallas prevalecen, tales como la asimetría de información entre los agentes, concretamente, entre los productores de medicamentos y el personal médico, quienes, en general, poseen información respecto al uso adecuado de medicamentos, versus el consumidor, quien, comúnmente, no posee la información adecuada y necesaria respecto a la mejor alternativa terapéutica para su enfermedad. Así pues, bajo las condiciones actuales del mercado de medicamentos a nivel internacional se fomenta, cada vez más, la demanda inducida, toda vez que el consumidor está en total desventaja, pues al no tener la información accesible y categórica sobre la prescripción del medicamento adecuado a su requerimiento de salud, sobre la denominación genérica y distintiva, y sobre los distintos precios, queda sujeto, invariablemente, a los intereses que la propia industria farmacéutica promueve a través del inmenso poder de publicidad ... que refuerza las ideas mágicas sobre los medicamentos e induce al uso de lo que es más nuevo y más caro al margen de consideraciones terapéuticas.4

Razones éstas por las que el Estado debe sentar las bases para el diseño y establecimiento riguroso de políticas públicas que permitan, efectivamente, la accesibilidad y disponibilidad oportuna de medicamentos, acorde a las necesidades reales de la población. Para ello, es indiscutible que el Estado asuma la responsabilidad de esta política social, y determine acciones que tiendan a revertir las causas y consecuencias de las grandes fallas del mercado farmacéutico en el país, que como ya quedó demostrado, han derivado en una competencia totalmente imperfecta, condicionada a las estrategias de operación de las empresas trasnacionales, y que gravemente, ha derivado en el uso irracional de los medicamentos y contribuido, significativamente, a la preocupante fragmentación de los servicios de salud en el país.

Por tanto, debe reiterarse que es el Estado el que debe crear y establecer un marco regulatorio a fin de poder controlar los precios de estos bienes básicos anteponiendo las necesidades de salubridad, por encima del carácter exclusivamente utilitario que hoy prevalece en materia de la producción y venta de medicamentos patentados.

Una nueva normatividad que permita controlar el precio y garantice a la población, de forma oportuna, el acceso y disponibilidad de los medicamentos, debe inscribirse en un contexto que contemple, al menos, dos dimensiones fundamentales. La primera, tiene que ver directamente con la competencia en el mercado de los medicamentos, es decir, se deben establecer mecanismos que estimulen, promuevan y fortalezcan la competencia entre las empresas productoras de medicamentos, pues sólo a través de la competencia se puede prever la eficaz disminución en los precios. Así pues, conforme a la experiencia y reportes nacionales e internacionales, una de las más eficaces estrategias para coadyuvar a la competencia por precio, requiere el diseño, la implementación y la permanente evaluación de una Política Eficaz de Prescripción de Medicamentos Genéricos, que por un lado fomente la prescripción en su formulación genérica y a la vez propicie una mayor competencia en el mercado de medicamentos, lo cual puede hacer variar a la baja los precios a que son ofrecidos los mismos principios activos en idénticas presentaciones, la misma concentración, la misma forma farmacéutica, e igual cantidad de unidades, lo que además permite directamente al comprador saber con certeza el nombre del medicamento que requiere y los diferentes precios a los que se pueden adquirir, lo que le otorga mayor información y poder de decisión y coadyuva al uso racional de los medicamentos.

Hoy, la Ley General de Salud establece, a través de su artículo 225, la obligatoriedad de la denominación genérica; y si bien este precepto legal ha permitido la inserción de forma importante del medicamento genérico en el mercado, aún es insuficiente para alcanzar una competencia efectiva. Razón por la que se debe pugnar por impulsar con mucha mayor fuerza este tipo de medicamentos para lograr su total posicionamiento y, por tanto, cada día impulsar una industria farmacéutica real y favorablemente competitiva, en la que no sea una ni dos empresas, sino vastas las que oferten un mismo medicamento, y que de esta forma sean las condiciones de competencia real y efectiva, las que determinen los precios más justos en pro del derecho a la salud de la población.

En este mismo tenor de pugnar por la competencia en la industria farmacéutica, y para la más pronta atención del rezago en el acceso de los medicamentos para la atención de enfermedades catastróficas que agobian a la población, se debe pugnar por el recurso legal de las licencias obligatorias, como otra estrategia eficaz para la disminución de los precios de los medicamentos. Es decir, por causas de utilidad pública, el Estado permite que una patente sea explotada por otras empresas productoras de medicamentos genéricos, con lo cual se crean posibilidades de adherir al mercado a cada vez más competidores para un mismo medicamento, lo que hace dispersar los precios. Es en esta categoría en la que bien podría incluirse aquellos medicamentos patentados, cuyo beneficio terapéutico trata el VIH/sida, por ser esta enfermedad uno de los más grandes problemas en materia de salubridad general, a nivel mundial, y que aqueja sobre todo, a los países en desarrollo, y que cada vez más refuerza la condición de vulnerabilidad de quienes la padecen, pues aún considerando que el 70% de los enfermos de sida en México son tratados a través de los distintos esquemas de salud (SSA, IMSS, ISSSTE, Pemex, Semar y Sedena), hoy no pueden satisfacer su grave necesidad más de 33 mil personas infectadas, cuya esperanza de vida depende de su solvencia económica, debido a los elevados precios de adquisición de esta clase de medicamentos. Asimismo, debemos considerar que el importante nivel de desabasto de medicamentos en el Sector Salud, es hoy una gran limitante para garantizar el oportuno acceso y disponibilidad a los beneficiarios de los diferentes esquemas de salud.

Y finalmente en esta dimensión, una tercer estrategia también encaminada a fomentar la competencia en el mercado farmacéutico estriba en el establecimiento de la acreditación de evaluaciones de impacto terapéutico y económico, es decir, evaluaciones costo-efectividad y costo-beneficio, como un requisito indispensable para el otorgamiento de patentes, con el objeto de pugnar por aportaciones terapéuticas reales y efectivas de los medicamentos, de estricto valor y aporte a la salud de la población, toda vez que las innovaciones menores o extensiones indirectas de patentes sólo contribuyen al uso irracional de los medicamentos, así como a la ineficiencia de sus precios.

Por su parte, la segunda dimensión que un marco regulatorio en materia de precios de medicamentos debe tomar en cuenta, además de la competencia, es la que se refiere al financiamiento de los mismos, que hoy, en su mayoría, es cubierto por el bolsillo de los hogares y, que sin duda, ha coadyuvado a la inequidad del sistema de salud, al ser esto un factor importante que obstaculiza el acceso y disponibilidad de los medicamentos; por lo que insertos en un marco de responsabilidad del Estado en materia de Política Social de Salud, resulta imperante que sea él mismo quien garantice el acceso a esos bienes básicos para la salud de la población. Y dicha estrategia puede resultar de un esquema solidario de financiamiento de medicamentos, operable a través de la determinación, establecimiento y observancia rigurosa de un Cuadro de Medicamentos Esenciales, que toda institución pública de salud esté obligada dotar a cada paciente, pues al hablar de medicamentos esenciales nos referimos a lo que la Organización Mundial de la Salud ha establecido como medicamentos que atienden el 80% de los problemas de la salud en su nivel primario, seleccionados a partir de la importancia sobre la salud pública, evidencias científicas sobre su eficacia y seguridad y una adecuada relación costo-efectividad.

De lo que se trata es de pugnar por un Cuadro de Medicamentos Esenciales que efectivamente sirva de base a una política racional y eficiente de medicamentos, que sirva como guía, práctica y funcional, para el médico, y necesariamente sustituya al actual Cuadro Básico de Medicamentos, toda vez que el primero tendería a resolver los cuellos de botella generados por el segundo, que actualmente incluye más de 1,000 claves, lo que ha derivado en su inadecuada comprensión y en una importante subutilización, puesto que no se ha logrado trasladar esta macropolítica, macroprograma o macroestrategia, a la micropráctica médica diaria, ya que uno de los factores principales de la inoperabilidad del Cuadro Básico de Medicamentos es la carencia de su garantía estatal; es decir, no ha existido financiamiento público que asegure el abasto de medicamentos en el Sector Salud.

Los Medicamentos Esenciales deberían ser considerados bienes públicos, es decir, bienes que nadie está excluido de tener acceso a ellos, y que están disponibles en todo momento para todos, en la misma cantidad, es decir, son de provisión universal, en las dosis adecuadas. No, en cambio, un Cuadro Básico de Medicamentos que no cubre las necesidades básicas de la población, que no está disponible, y que el Estado no ha podido garantizar a través del financiamiento público.

Así pues, pugnar por estas estrategias es la principal motivación de la presente iniciativa, para que en conjunto, competencia y financiamiento público, logren disminuir el precio de los medicamentos y con ello el Estado garantice el acceso de toda la población a los mismos, lo que coadyuve a la búsqueda de la equidad y universalidad de los servicios de salud, que implica reconocer las barreras a superar y emplear estrategias integrales, reguladoras, gerenciales y educacionales, dirigidas a todos los actores involucrados en atención a la salud. Para ello se debe priorizar un registro de medicamentos esenciales, legislar sobre medicamentos genéricos y pugnar por formas educacionales a los prescriptores, dispensadores y consumidores de medicamentos.5

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, la Ley Federal de Competencia Económica, y la Ley de la Propiedad Industrial.

Primero. Se reforma el artículo 15; se adiciona la fracción II bis, se reforma la fracción V, se reforma la fracción VIII, se reforma la fracción IX, y se recorre la subsecuente, todas del artículo 17; se reforman los artículos 28, 29, 30 y 31; se adiciona la fracción V al artículo 90; se reforma la fracción VI del artículo 96; se reforma la fracción III y se adiciona la fracción IV, del artículo 112; y se reforma el primer párrafo de los artículos 134 y 225, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

LEY GENERAL DE SALUD TÍTULO SEGUNDO Sistema Nacional de Salud CAPITULO II Distribución de Competencias

Artículo 15. El Consejo de Salubridad General es un órgano que depende directamente del Presidente de la República en los términos del artículo 73, fracción XVI, base 1a. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Está integrado por un presidente que será el secretario de Salud, un secretario y dieciocho vocales titulares, siete de los cuales serán los presidentes de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía; los titulares de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Instituto Nacional de Salud Pública, de la Comisión Federal de Competencia Económica, y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México; y los vocales auxiliares que su propio reglamento determine. Los miembros del Consejo serán designados y removidos por el Presidente de la República, quien deberá nombrar para tales cargos, a profesionales especializados en cualquiera de las ramas sanitarias.

Artículo 17. ...

I a II ...
II bis. Elaborar evaluaciones de impacto terapéutico y económico, es decir, análisis costo efectividad y costo beneficio, que de forma objetiva especifiquen el nivel de efectividad y beneficio real a la salud de la población, así como los costos económicos que conllevaría patentar un nuevo medicamento;
III a IV. ...
V. Elaborar y determinar periódicamente el Cuadro de Medicamentos Esenciales para el primer nivel de atención médica; así como el Catálogo de Insumos para el segundo y tercer niveles de tención, y el Catálogo de Medicamentos Genéricos Intercambiables, del Sector Salud;
VI a VII bis. ...
VIII. Analizar las disposiciones legales en materia de salud y formular propuestas de reformas o adiciones a las mismas;
IX. Dictaminar respecto al establecimiento de precios máximos de los medicamentos, con base en la referencia internacional de aquellos países con mayor control y regulación estatal de los precios de estos bienes; y
X. Las demás que le correspondan conforme a la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley.
TÍTULO TERCERO Prestaciones de los Servicios de Salud CAPÍTULO I Disposiciones Comunes

Artículo 28. Para los efectos del artículo anterior, habrá un Cuadro de Medicamentos Esenciales para el primer nivel de atención médica, un Catálogo de Insumos para el segundo y tercer nivel, y un Catálogo de Medicamentos Genéricos Intercambiables, elaborados por el Consejo de Salubridad General a los cuales se ajustarán las instituciones públicas y sociales del Sistema Nacional de Salud, y en los que se agruparán, caracterizarán y codificarán los medicamentos e insumos para la salud. Para esos efectos, participarán en su elaboración: La Secretaría de Salud, las instituciones públicas de seguridad social y las demás que señale el Ejecutivo Federal.

Artículo 29. Mediante un esquema solidario de financiamiento público, el Estado, a través de la Secretaría de Salud, garantizará la existencia y acceso total y permanente del Cuadro de Medicamentos Esenciales para el primer nivel de atención, a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes.

Artículo 30. La Secretaría de Salud apoyará a las dependencias competentes en la aplicación, ejecución permanente y escrupulosa de la política de farmacovigilancia de los establecimientos de los sectores público, social y privado dedicados a la elaboración, expendio de medicamentos y a la provisión de insumos para su elaboración, a fin de que se adecuen a lo establecido en el artículo anterior, además y especialmente, para garantizar la calidad de los medicamentos e insumos.

Artículo 31. La Secretaría de Economía, oyendo la opinión y proposición del Consejo de Salubridad General, asegurará la adecuada distribución y comercialización de medicamentos e insumos, garantizará la competencia en la industria farmacéutica, y fijará los precios máximos de venta al público de los medicamentos e insumos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá la intervención que le corresponda en la determinación de precios cuando tales bienes sean producidos por el sector público.

La Secretaría de Salud con el conocimiento y aval del Consejo de Salubridad General, proporcionará los elementos técnicos a la Secretaría de Economía , acerca de la importancia de insumos para la salud.

TÍTULO CUARTO Recursos Humanos para los Servicios de Salud Capítulo III Formación, Capacitación y Actualización del Personal

Artículo 90. ...

I a IV. ...
V. Promover el uso racional de los medicamentos a través de la actualización permanente del personal médico a fin de garantizar la adecuada prescripción de los medicamentos.
TÍTULO QUINTO Investigación para la Salud CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 96. ...

I a V. ...
VI. A la producción nacional de medicamentos e insumos para la salud, así como el uso racional de los mismos.
TITULO SEPTIMO Promoción de la Salud CAPITULO II Educación para la Salud

Artículo 112. ...

I a II. ...

III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, uso racional de medicamentos, así como de los altos costos y riesgos de automedicación, prevención de farmacodependencia, salud visual, salud auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención y rehabilitación de invalidez y detección oportuna de enfermedades, y

IV. Proporcionar a la población, a través de las prescripciones médicas, la información completa, precisa y adecuada respecto al medicamento prescrito, para lo cual, deberá capacitarse permanentemente a los profesionales de la salud. Asimismo, capacitar a los farmacéuticos a fin de informar al público respecto a la totalidad de los medicamentos disponibles con un mismo principio activo, concentración, forma farmacéutica y cantidad de unidades por envase, previa prescripción médica.

TÍTULO OCTAVO Prevención y control de enfermedades y accidentes CAPÍTULO II Enfermedades transmisibles

Artículo 134. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención, control y rehabilitación, por lo que deberá garantizar el acceso a los medicamentos para las siguientes enfermedades transmisibles:

I a XIV. ...
TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO Control Sanitario de productos y Servicios de su Importación y Exportación CAPÍTULO I Medicamentos

Artículo 225. Todo medicamento para su comercialización obligatoriamente deberá identificarse con su denominación genérica y distintiva. La denominación genérica deberá prevalecer respecto a la denominación distintiva.

...

...

Segundo. Se reforma la fracción XIX y se adiciona la fracción XX del artículo 24; y se reforma la fracción VI y se adiciona la fracción VII del artículo 28; todos de la Ley Federal de Competencia Económica, para quedar como sigue:

LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA CAPÍTULO IV DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA

Artículo 24. ...

I a XVIII. ...
XIX. Pertenecer al Consejo de Salubridad General, a fin de contribuir al logro de las tareas de dicho Consejo, y como parte de las funciones que le confiere la Secretaría de Economía; y
XX. Las demás que le confiera ésta y otras leyes y reglamentos.

Artículo 28. ...

I a V. ...
VI. Ser Vocal Titular del Consejo de Salubridad General, con las atribuciones y funciones conferidas por la normatividad del propio Consejo; y
VII. Las demás que le confieren las leyes y reglamentos.

Tercero. Se adiciona la fracción XXIII al artículo 6º; se adiciona un tercer párrafo y se reforma el último párrafo del artículo 77; se adiciona la fracción VII al artículo 223, recorriéndose el subsecuente; y se reforma el artículo 224; todos de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL TITULO PRIMERO Disposiciones Generales Capítulo Único

Artículo 6. ...

I a XXII. ...
XXIII. Sustanciar el otorgamiento de patentes, atendiendo la opinión y determinación del Consejo de Salubridad General, en relación a las evaluaciones de impacto en materia de medicamentos, por ser éstos, bienes básicos, de los cuales depende la salud de la población.

En caso de que dicho Consejo determine que no se trata de alguna innovación terapéutica, el Instituto deberá negar el otorgamiento de cualquier patente.

TÍTULO SEGUNDO De las Invenciones, Modelos de Utilidad y Diseño Industriales Capítulo VI De las Licencias y la Transmisión de Derechos

Artículo 77. Por causas de emergencia o seguridad nacional y mientras duren éstas, incluyendo enfermedades graves, declaradas de atención prioritaria por el Consejo de Salubridad General, el Instituto, por declaración que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, determinará que la explotación de ciertas patentes se haga mediante la concesión de licencias de utilidad pública, en los casos en que, de no hacerlo así, se impida, entorpezca o encarezca la producción, prestación o distribución de satisfactores básicos o medicamentos para la población.

En los casos de enfermedades graves que sean causa de emergencia o atenten contra la seguridad nacional, el Consejo de Salubridad General hará la declaratoria de atención prioritaria, por iniciativa propia o a solicitud por escrito de instituciones nacionales especializadas en la enfermedad, que sean acreditadas por el Consejo, en la que se justifique la necesidad de atención prioritaria. Publicada la declaratoria del Consejo en el Diario Oficial de la Federación, las empresas farmacéuticas podrán solicitar la concesión de una licencia de utilidad pública al Instituto y éste la otorgará, previa audiencia de las partes, a la brevedad que el caso lo amerite de acuerdo con la opinión del Consejo de Salubridad General en un plazo no mayor a 90 días, a partir de la fecha de presentación de la solicitud ante el Instituto.

Por ser el VIH/sida una epidemia mundial, de consecuencias devastadoras, cualquier patente vigente de medicamentos antirretrovirales podrá ser explotada mediante la concesión de licencias de utilidad pública, sin mediar previa declaratoria de atención prioritaria de esta enfermedad por el Consejo de Salubridad General, ni su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que las empresas farmacéuticas podrán solicitar directa y automáticamente dichas concesiones.

...

...

Salvo la concesión de licencias de utilidad pública a que se refieren los párrafos segundo, tercero y cuarto de este artículo, para la concesión de las demás licencias, se procederá en los términos del párrafo segundo del artículo 72. Ninguna de las licencias consideradas en este artículo podrán tener carácter de exclusivas o transmisibles.

TÍTULO SEPTIMO De la Inspección, de las Infracciones y Sanciones Administrativas y de los Delitos Capítulo III De los Delitos

Artículo 223. ...

I a VI ...

VII. La trasgresión por parte de los titulares de las patentes, a lo dispuesto por el artículo 77 de esta ley.

...

Artículo 224. Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de cien a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a quien cometa alguno de los delitos que se señalan en las fracciones I, IV, V o VI del artículo 223 de esta Ley. En el caso de los delitos previstos en las fracciones II, III y VII del mismo artículo 223, se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de dos mil a veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Transitorios

Primero. La Secretaría de Salud deberá emitir, en un plazo no mayor de 90 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las reformas necesarias a la normatividad reglamentaria y elaborar las modificaciones a las Normas Oficiales Mexicanas que correspondan en materia de etiquetado de medicamentos a fin de hacer prevalecer la denominación genérica sobre la distintiva.

Segundo. La Secretaría de Salud deberá emitir, en un plazo no mayor de 90 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las reformas necesarias a la normatividad reglamentaria a fin de que toda prescripción médica deba especificar, primero, el nombre genérico del medicamento, seguido de la denominación distintiva, forma farmacéutica, cantidad de unidades por envase y concentración.

Tercero. Se exhorta, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo Federal, instruir las reformas necesarias, en un plazo no mayor de 90 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente decreto, al reglamento interior del Consejo de Salubridad General en materia de su integración y funciones.

Cuarto. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1 Organización Mundial de la Salud y Health Action International, Precios de los medicamentos. Una nueva forma de medirlos, Versión preliminar de trabajo para pruebas sobre terreno y revisión, Edición 2003. 2 Véase Molina Salazar, Raúl E.; González Marín, Eloy; y Carvajal de Nova, Carolina, Competencia y precios: el mercado farmacéutico mexicano, Departamento de economía, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa y Azcapotzalco. 3 Véase Molina Salazar, Raúl E. y Rivas Vilchis, José F., Políticas farmacéuticas y estudios de actualización de medicamentos en Latinoamérica, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, México 2003. 4 Molina Salazar, Raúl E. y Rivas Vilchis, José F., Políticas farmacéuticas y estudios de actualización de medicamentos en Latinoamérica, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, México 2003. 5 Molina Salazar, Raúl E. y Rivas Vilchis, José F., Políticas farmacéuticas y estudios de actualización de medicamentos en Latinoamérica, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, México 2003.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 14 días de febrero de 2008.--- Diputado Efraín Morales Sánchez (rúbrica).»

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputado Morales Sánchez. Insértese de manera íntegra en el Diario de los Debates ytúrnese su iniciativa a las Comisiones Unidas de Salud, y de Economía.



PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2008

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Guillermina López Balbuena, para presentar iniciativa que reforma el artículo 27 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, suscrita por los diputados Alberto Amador Leal, la que hará uso de la voz, y el diputado Wenceslao Herrera Coyac, del Grupo Parlamentario del PRI.

La diputada Guillermina López Balbuena : Con su permiso, señor Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el programa Oportunidades, que inició bajo la denominación de Progresa, desde un principio en 1998 fue apoyado por nuestra fracción parlamentaria.

El programa surgió con el propósito de garantizar las condiciones para que no sea por falta de ingresos de los padres que las niñas, los niños y los jóvenes, abandonen los estudios de educación básica.

Cabe mencionar que los principios de operación fueron provisionalmente establecidos en el cuerpo del decreto del presupuesto de este año. Se mantuvo así una estructura de control centralizados, con la idea de que posteriormente se procediera a su descentralización. Tal disposición, aun siendo provisional, se ha mantenido año con año.

A propuesta de la LVIII Legislatura de esta Cámara, el programa fue retomado por la administración del ex presidente Vicente Fox Quesada, ampliando sus beneficios a estudiantes de educación media superior. Posteriormente se modificó el nombre a Oportunidades, con la misma estructura normativa y operativa centralizadas.

Lo anterior, no obstante, que dos de los tres componentes del programa educación y salud están a cargo de los gobiernos de los estados y de que en los municipios en donde finalmente concurren los múltiples programas sociales que buscan igualar oportunidades.

En la actual administración han surgido nuevos programas, producto de la decisión del nuevo gobierno, de hacer frente al reto social. Sin embargo, persiste la dispersión y la centralización en demérito de la eficacia y del costo de operación.

Hoy en día se mantienen tres estructuras burocráticas para atender la misma población objetivo y existen programas que además tienen hasta 7 por ciento de gastos indirectos de operación, como es el caso de Oportunidades.

Es decir, existe duplicación de esfuerzos, una tendencia nuevamente a concentrar recursos y facultades, y a detener el proceso de centralización inspirado en un federalismo republicano que es el que da sentido histórico a la unión de los estados unidos, integrando por su propia voluntad a la federación.

Por lo anterior, y considerando que las reglas de operación del programa Oportunidades, no recogen las propuestas que diversos legisladores han presentado en el curso del ejercicio 2007, en la presente iniciativa suscrita por la de la voz, y los diputados Wenceslao Herrera Coyac y Alberto Amador Leal , se propone:

a) Que en las entidades federativas donde opere el programa se establezca una comisión coordinadora, presidida por el titular del Poder Ejecutivo de cada una de ellas, que tendrá bajo su responsabilidad la coordinación de los esfuerzos institucionales en la materia.

b) Que en los municipios se establezca una comisión ejecutiva municipal, presidida por el presidente municipal, que será responsable de coordinar la ejecución del programa.

c) Que los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno que participen en el programa se conduzcan por los principios de neutralidad, transparencia y honestidad.

d) Que los gastos de operación del programa a través de la Secretaría de Desarrollo Social, no sean mayores de 2 por ciento de la asignación presupuestal que corresponda a esa dependencia.

En consecuencia de lo anterior, se propone modificar y adicionar el artículo 27, fracción XIV, párrafos diez, once y doce, y se adiciona la fracción XV.

Señor Presidente, mucho agradeceré que se inscriba la propuesta íntegra en el Diario de los Debates y se turne a las Comisiones de Desarrollo Social, y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, ocupar un espacio en esta asamblea es para mí un honor y un privilegio, para servir a los ciudadanos del distrito que represento.

Nuestro compromiso, como representantes populares, es el de contribuir a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos más humildes. Ése es el cometido que vengo a cumplir en esta Cámara. Por esa razón, les pido su respaldo decidido a esta iniciativa. Es cuanto, señor Presidente.

«Iniciativa que reforma el artículo 27 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, suscrita por los diputados Alberto Amador Leal , Guillermina López Balbuena y Wenceslao Herrera Coyac , del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales, con fundamento en el artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan iniciativa con proyecto de decreto para la modificación del artículo 27, fracciones XIV, párrafos 10, 11 y 12, y la adición de una fracción XV, respectivamente, del proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2007, de acuerdo con lo siguiente:

1. Antecedentes

El programa Oportunidades, que inició con la denominación de ``Programa de Educación, Salud y Alimentación'' (Progresa), en 1998, surgió con el propósito de garantizar condiciones para que no sea por falta de ingreso de los padres que las niñas, los niños y los jóvenes abandonen la educación básica.

Los principios de operación fueron, provisionalmente, establecidos en el cuerpo del decreto del Presupuesto de ese año, manteniendo una estructura y control centralizados, con la idea de que, posteriormente, se procedería a su descentralización. Tal disposición, aun provisional, se ha mantenido año con año.

A propuesta de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, el programa fue retomado por la administración del presidente Fox, ampliando sus beneficios a estudiantes de educación media superior. Posteriormente, se modificó el nombre a ``Oportunidades'', con la misma estructura normativa y operativa centralizadas. Lo anterior, no obstante, que dos de los tres componentes del programa, educación y salud, están a cargo de los gobiernos de los estados y de que en los municipios, finalmente, concurren los múltiples programas sociales que buscan igualar oportunidades.

En la actual administración han surgido nuevos programas producto de la decisión del nuevo gobierno de hacer frente al reto social. Sin embargo, persisten la dispersión y la centralización, en demérito de la eficacia del costo de operación.

Hoy día se mantienen tres estructuras burocráticas para atender la misma población objetivo y hay programas que además tienen hasta 7 por ciento de gastos indirectos de operación. Es decir, hay duplicación de esfuerzos y una tendencia, nuevamente, a concentrar recursos y facultades y a detener el proceso de descentralización inspirado en un federalismo republicano que es el que da sentido histórico a la Unión de los Estados, integrados en federación.

2. Contenido del decreto vigente

En el Título Cuarto, De las Reglas de Operación para Programas'', Capítulo II, ``De los Criterios Generales para Programas Específicos Sujetos a Reglas de Operación, se establece lo siguiente:

Artículo 27. (...)

I. (...)
XIV. (...)

(...)

En los términos de las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, en cada entidad federativa se establecerá un comité técnico, formado por las dependencias federales y las estatales involucradas en la planeación, programación y operación del programa que promuevan una mejor ejecución del mismo, con estricto apego a dichas reglas de operación.

En los términos de las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, en cada entidad federativa se establecerá un comité técnico, formado por las dependencias federales y las estatales involucradas en la planeación, programación y operación del programa que promuevan una mejor ejecución del mismo, con estricto apego a dichas reglas de operación.

Se solicitará a los ayuntamientos que colaboren con el programa, con el apoyo logístico y de seguridad pública, rigiéndose por los principios de no partidismo, transparencia y honestidad.

La Coordinación Nacional notificará por escrito a la Secretaría de la Función Pública, previa sanción del Comité Técnico de la Coordinación Nacional del Programa, sobre problemas operativos que hayan persistido por más de tres meses y que repercutan seriamente en la consecución de los objetivos del programa, para que se apliquen las medidas que correspondan.

Como se aprecia, estos criterios que norman las reglas de operación contravienen el espíritu del federalismo, la soberanía de los estados y la libertad de los municipios. Aún más, no contribuyen a una coordinación que es propia de las facultades concurrentes de los tres órdenes de gobierno que configuran el marco normativo del programa. En efecto, como se dijo, los servicios de educación en el nivel básico y de salud están descentralizados y en los programas de alimentación concurren facultades y recursos de los estados y de los municipios.

Independientemente de lo anterior, la ejecución de los programas en sus términos implica duplicación presupuestal, destacadamente en el caso del pago de gastos de operación con cargo a indirectos.

3. Contenido de la propuesta

Por lo anterior y considerando que las Reglas de Operación del programa Oportunidades no recogen las propuestas que diversos legisladores presentamos en el ejercicio de 2007, en la presente iniciativa se propone

a) Que en las entidades federativas donde opere el programa se establezca una comisión coordinadora, presidida por el titular del Poder Ejecutivo de cada una de ellas.
b) Que en los municipios se establezca una comisión ejecutiva municipal, que será presidida por el presidente municipal, que será responsable de coordinar la ejecución del programa.
c) Que los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno que participen en el programa se rijan por los principios de neutralidad, transparencia y honestidad.
d) Que los gastos de operación del programa a través de la Sedesol no sean mayores de 2 por ciento de la asignación presupuestal que corresponda a esta dependencia.

En consecuencia, se propone el siguiente proyecto de

Decreto

Único. Se modifica y adiciona el artículo 27, fracción XIV, párrafos 10, 11 y 12, y se adiciona una fracción XV, para quedar como sigue:

Artículo 27. (...)

I. (...)
XIV. (...)
(...)
En cada entidad federativa se establecerá una comisión de coordinación, integrada por las dependencias federales y las estatales involucradas en la planeación, programación y operación del programa que promuevan una mejor ejecución del mismo, con estricto apego a dichas reglas de operación y a las leyes y a los reglamentos aplicables a los servicios de educación y salud . La comisión será presidida por el titular del gobierno de cada entidad federativa y deberá reunirse trimestralmente. La comisión tendrá la responsabilidad de garantizar la coordinación y concurrencia de las acciones de los tres órdenes de gobierno, así como la complementariedad e integralidad del programa. El secretario técnico de la comisión será nombrado por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social.
En los municipios se establecerá una comisión de ejecutiva municipal, que será presidida por el presidente municipal, como responsable de coordinar la ejecución del programa. La comisión municipal contará con un secretario técnico, nombrado mediante acuerdo de cabildo del ayuntamiento, que será el enlace operativo entre las instancias estatales y las federales.
Los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno que participen en el programa deberán regirse por los principios de neutralidad, transparencia y honestidad. No podrán realizarse convocatorias a reuniones ni a acciones no previstas en las reglas de operación del programa.
La coordinación nacional y las comisiones estatales y las municipales, en su caso, notificarán por escrito a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación sobre problemas u obstáculos que surjan en la ejecución del programa, para que se apliquen las medidas que correspondan.
XV. Los gastos de operación del programa, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, no serán mayores de 2 por ciento de la asignación presupuestaria que corresponda a esta dependencia. Corresponderá a los municipios 50 por ciento de los mismos. El gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, suscribirá convenios de coordinación con los estados y los municipios para la transferencia de activos y recursos que se precisen para la operación a cargo de los municipios.
Diputados: Alberto Amador Leal , Wenceslao Herrera Coyac , Guillermina López Balbuena (rúbricas).»

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Muchas gracias, diputada Guillermina López Balbuena. Como lo ha solicitado, insértese de manera íntegra en el Diario de los Debates ytúrnese su iniciativa, como lo ha solicitado también, a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de Desarrollo Social.



REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Se concede ahora el uso de la palabra, al diputado Édgar Mauricio Duck Núñez, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 146 y 147 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Édgar Mauricio Duck Núñez : Con su venia, diputado Presidente.

Dentro de las funciones más significativas que tenemos como legisladores está la acción de votar, con la cual manifestamos nuestra decisión sobre un dictamen o proyecto de resolución legislativa.

La votación es realmente la culminación del trabajo legislativo. Es la formación final de la voluntad colectiva a través de la manifestación individual de cada uno de los integrantes del cuerpo colegiado.

Votar es el procedimiento propio para tomar decisiones en cuerpos de iguales, en los que la organización no responde a un sistema autoritario vertical, en el que unos pocos mandan y todos los demás obedecen; sino a un sistema horizontal en el que la voluntad de cada uno vale igual que la de los demás y en la que las resoluciones se toman por mayoría.

El voto tiene un elemento interno que es la operación de la voluntad libre que consiste en optar en el interior de la persona, por una de las diversas posibilidades que se presenten a su inteligencia, y tiene un elemento externo que es la manifestación a través de signos objetivos y observables de la decisión interna.

De esta disposición se desprende que los votos sólo pueden ser afirmativos o negativos. El llamado voto en abstención, en términos reales no existe, ya que en el cómputo final se suma al voto negativo.

Al votar se manifiesta la voluntad a favor o en contra de un dictamen o de una parte de éste, y para que se considere aprobado se requiere un número determinado de votos a favor, que tienen como contrapartida todos los otros no expresados a favor, que son los votos expresados en contra y los llamados ``en abstención''.

En términos reales, la votación sólo se conforma de pros y de los contras, porque la votación es una manifestación de una voluntad. La votación es manifestar aquello por lo cual se opta, y la abstención no es una votación. La abstención es un silencio para optar entre lo positivo o lo negativo, entre el pro y el contra.

En este sentido, la abstención no forma parte de la votación. De ahí que es preciso que conste la decisión que tiene quien participa en la decisión, en favor o en contra de determinada proposición.

En México, cuando una resolución es sometida a votación en este Congreso, ningún legislador puede negarse a votar ya que el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, en el artículo 162, establece la obligación del parlamentario de no excusarse de votar las proposiciones de la asamblea y de permanecer en el salón de sesiones en tanto se efectúa la votación.

Una exigencia en las votaciones para la aprobación de una ley o un decreto es que éstas sean nominales en su artículo 72 de la propia Constitución, lo que implica que los legisladores deben manifestarse personalmente para que la ley se considere sancionada.

Podemos definir la abstención de votar como la omisión voluntaria que ejercen los parlamentarios legisladores al no participar en las resoluciones de algún asunto en que se requiere la manifestación de su opinión. En el sistema parlamentario mexicano el voto en abstención no está contemplado, de ahí que su práctica resulte técnicamente inválida.

Al respecto hay que ver el artículo 147, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso. Como se puede ver, el llamado voto en abstención es una práctica legislativa que no se encuentra regulada ni en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ni en su propio Reglamento.

Por ello, es necesario incorporar en los ordenamientos antes mencionados, para regularlo de forma tal que la abstención no sea forma de voto a la hora que el legislador externe su voluntad sobre una propuesta legislativa o dictamen, lográndose una verdadera definición del legislador sobre el asunto a votar.

Como diputados tomemos decisiones, asumamos nuestro compromiso, para eso fuimos elegidos. Respondamos a las consecuencias positivas o negativas de tomar decisiones, de votar y dejemos a un lado esta práctica arcaica, obscura y pasiva que sólo demuestra la falta de voluntad y la falta de responsabilidad ante el pueblo que nos eligió y nos puso aquí.

Es cuanto, señor Presidente, y ruego a usted que sea insertado el texto íntegro en el Diario de los Debates.

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 146 y 147 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Édgar Mauricio Duck Núñez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LX Legislatura, del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de ley, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El fortalecimiento del Poder Legislativo tiene que ver con una reingeniería del Congreso, con reformas que lo hagan mucho más eficaz, entendiendo por lo anterior, que se den los mecanismos con los que las Cámaras entreguen mayores y mejores resultados a la sociedad que es en sí; el fin último para lo que está conformado es demostrar a la sociedad --que es en la que reside el verdadero poder--, que en este Congreso se dan los resultados de un trabajo más ágil y mucho más comprometido.

Un mejor desempeño de los legisladores al interior del Congreso, en sus comisiones o en el Pleno da a la sociedad credibilidad en sus representantes, les dice que un Congreso, como parte importante del destino del país, debe dar los paso adecuados para cumplir con sus obligaciones, implementando los mecanismos necesarios para que se logre el desahogo de los asuntos legislativos que en su caso se presenten.

Dentro de las funciones más significativas del legislador es la acción de votar, con lo que se manifiesta su decisión sobre un dictamen o proyecto de resolución legislativa.

La votación es la culminación del trabajo legislativo, es la formación final de la voluntad colectiva a través de la manifestación individual de cada uno de los integrantes del cuerpo colegiado 1.

Votar es el procedimiento propio para tomar decisiones en cuerpos de iguales, en los que la organización no responde a un sistema autoritario vertical, en el que unos pocos mandan y todos los demás obedecen, sino a un sistema horizontal en el que la voluntad de cada uno vale igual que la de los demás y en la que las resoluciones se toman por mayoría 2.

El voto tiene un elemento interno que es la operación de la voluntad libre que consiste en optar en el interior de la persona, por una de las diversas posibilidades que se presenten a su inteligencia, y tiene un elemento externo que es la manifestación a través de signos objetivos y observables de la decisión interna 3.

En nuestro país, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso dedica un capítulo a las votaciones, y en él da las reglas y los procedimientos para cada una de las formas de votar. Como reglas complementarias, el reglamento establece la muy lógica medida según la cual, cuando se está en votación, ningún miembro de la Cámara puede salir del salón o excusarse de votar 4.

De esta disposición se desprende que los votos sólo pueden ser afirmativos o negativos; el llamado voto de abstención no existe, ya que en el cómputo final se suma al voto negativo 5.

Al votar, se manifiesta la voluntad a favor o en contra de un dictamen o de una parte de éste, y para que se considere aprobado se requiere un número determinado de votos a favor, que tienen como contrapartida todos los otros no expresados a favor, que son los votos expresados en contra y las llamadas abstenciones 6 .

Como podemos ver, la votación es la forma en que los legisladores expresan su decisión personal sobre determinados asuntos, desde si un tema está suficientemente discutido hasta la aprobación o rechazo de un dictamen. Para la aprobación de los asuntos se requiere la votación a favor de una mayoría absoluta (50 por ciento más 1 de los legisladores presentes en la sesión, siempre y cuando haya quórum), salvo en algunos casos en los que es necesaria la mayoría calificada (dos terceras partes de los legisladores presentes), como por ejemplo, reformas a la Constitución, nombramientos de presidente interino, de consejeros electorales del Instituto Federal Electoral, de secretario general y de los integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Hay tres tipos de votaciones:

Nominales. Son aquellas en las que se registra e identifica el nombre del legislador y el sentido en el que vota; para ello se utiliza el sistema electrónico de votación, que consiste en que los legisladores, desde su curul, pulsan un botón de acuerdo al sentido de su voto; posteriormente éste aparece en el tablero electrónico que se encuentra a un lado de la tribuna. Deben ser nominales las votaciones para aprobar proyectos de ley o decreto, ya sea en lo general o en lo particular.
Económicas. Son aquellas en las que los legisladores manifiestan a mano alzada el sentido de su voto; si la diferencia entre los votos a favor y en contra no excede de tres, se tomará votación nominal. Cualquier miembro de la asamblea, con el apoyo de otros 5 legisladores, puede solicitar que un asunto se decida por votación nominal en lugar de votación económica.
Por cédula. Son aquellas que se llevan a cabo para elegir personas, por ejemplo, a los integrantes de la Mesa Directiva o a los legisladores que integrarán la Comisión Permanente. Para tal efecto, se distribuyen cédulas con los nombres de los aspirantes a ocupar el o los cargos y los legisladores son llamados en orden alfabético por la Secretaría para pasar a depositarla en un ánfora. Al concluir la votación, la Secretaría realiza el cómputo e informa de los resultados al presidente, el que hace la declaratoria y dicta el trámite correspondiente. Recientemente, en algunos casos la votación por cédula, ha sido sustituida por votación mediante el sistema electrónico. Para ello, la Secretaría da lectura a la lista de nombres propuestos y procede a tomar la votación mediante sistema.

Asimismo, es requisito de validez de la decisión que tome el órgano colegiado cuando se lleva a cabo una votación. No basta con que alguien suba a la tribuna y diga que está en pro, o que alguien también, yendo a la tribuna, diga que está en contra. Es necesario llevar a cabo una votación, y cuando dan los resultados dicen tantos votos en pro, tantos en contra y tantas abstenciones 7 .

No obstante que así se enuncia la votación, la votación sólo se conforma de los pros y de los contras, porque la votación es una manifestación de una voluntad. La votación es manifestar aquello por lo cual se opta, y la abstención no es una votación. La abstención es un silencio para optar entre lo positivo o lo negativo, entre el pro y el contra.

En este sentido, la abstención no forma parte de la votación. De ahí que es preciso que conste la decisión que tiene quien participa en la decisión, en favor o en contra de determinada proposición.

En México, cuando una resolución es sometida a votación en el Congreso, ningún legislador puede negarse a votar ya que el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 162 la obligación del parlamento de no excusarse de votar las proposiciones de la asamblea y de permanecer en el salón de sesiones en tanto se efectúa la votación. Una exigencia en las votaciones para la aprobación de una ley o un decreto es que éstas sean nominales (artículo 72 de la Constitución), lo que implica que los legisladores deben manifestarse personalmente para que la ley se considere sancionada.

Podemos definir la abstención de votar como la omisión voluntaria que ejercen los parlamentarios al no participar en la resolución de algún asunto en que se requiere la manifestación de su opinión. En el sistema parlamentario mexicano, el voto en abstención no está contemplado, de ahí que su práctica resulte técnicamente inválida (al respecto, véase el artículo 147 fracción I del Reglamento Interior del Congreso General, sobre las votaciones nominales, el legislador debe decir ``sí'' o ``no'', pero no un ``me abstengo de precisar mi postura con relación al tema que se está votando'', que es el sentido del voto en abstención).

Como se puede ver, el llamado voto de abstención es una práctica parlamentaria que no se encuentra regulada ni en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ni en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es necesario incorporarlo en los ordenamientos antes mencionados para regularlo, de forma tal que la abstención no sea forma de voto a la hora que el legislador externa su voluntad sobre una propuesta legislativa o dictamen lográndose una verdadera definición del legislador sobre el asunto a votar.

Por lo anterior es que propongo a ustedes la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 146 y 147 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se adiciona un párrafo al artículo 146 y se adiciona la fracción primera, del artículo 147, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 146. Habrá tres clases de votaciones: nominales, económicas y por cedula. Nunca podrá haber votaciones por aclamación.

Cada legislador tendrá la obligación de votar a favor o en contra, sin que haya lugar al voto de abstención.

Artículo 147. La votación nominal se hará según el procedimiento que determine la Mesa Directiva:

I. Cada diputado votará a favor o en contra, sin que haya lugar al voto de abstención.
II ...
III ...
IV ...
Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas: 1. Bátiz Vázquez, Bernardo, Teoría del derecho parlamentario , Oxford, México 1999, pp. 150 y 51. 2. Ídem. 3. Ídem. 4. Ídem. 5. Ídem. 6. Ídem. 7. Diplomado en derecho parlamentario, tercera generación, módulo V, ``Derecho procesal legislativo''. Disponible en http://www.diputados.gob.mx/cedia/sia/spi_derecho.htm
Diputado Édgar Mauricio Duck Núñez (rúbrica).»

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputado Mauricio Duck Núñez. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Insértese de manera íntegra en el Diario de los Debates.

La Cámara de Diputados saluda a los integrantes y representantes de asociaciones civiles del estado de México. Bienvenidos.

Igualmente, queremos destacar la presencia en este salón de sesiones del excelentísimo señor Carlos José Jaime Furtado Gonçalvez, embajador de la República de Angola en nuestro país, quien asistió a la instalación del Grupo de Amistad México-Angola. Le damos la más cordial bienvenida y hacemos votos porque continúen expresándose los lazos de amistad y cooperación entre las dos naciones.

También queremos saludar a las mujeres presidentes del Consejo de Desarrollo Municipal de Cuernavaca, Morelos. Bienvenidas a la Cámara de Diputados.



LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Se concede ahora el uso de la palabra a la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que adiciona el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

La diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña : Con su permiso, diputado Presidente.

Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, este Congreso aprobó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la cual determina prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona, en los términos del artículo 1 de la Constitución Política, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. En suma, es una ley avanzada que llenó un vacío legal en beneficio de las mexicanas y de los mexicanos.

Es menester señalar que la ley crea el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el cual tendrá como objetivo llevar a cabo las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación.

Para su administración, dicho grupo normativo faculta a dos entidades: la Junta de Gobierno y la Presidencia del Consejo. La Junta de Gobierno se integra por cinco representantes del Poder Ejecutivo federal y cinco integrantes designados por la Asamblea Consultiva.

Asimismo, serán invitados permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz pero no a voto, un representante de cada uno de los siguientes órganos públicos: Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto Mexicano de la Juventud, Instituto Nacional Indigenista, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida, y Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Como podemos observar, en su integración no se encuentran representados del Poder Legislativo, por lo que consideramos adecuado que las legisladoras y los legisladores de ambas Cámaras, deben ser incluidos en dicha Junta de Gobierno. Es decir, un diputado y un senador. Lo anterior, obedeciendo al principio de representatividad de la sociedad.

Es importante que el Poder Legislativo tenga presencia en la Junta de Gobierno del organismo con la finalidad de coadyuvar al impulso de acciones de información, sensibilización, capacitación y divulgación, encaminados a favorecer la convivencia en la diversidad, el respeto a las diferencias y la igualdad con valores fundamentales de la vida democrática.

De igual manera, para fomentar la participación ciudadana en la construcción de una cultura de la no discriminación, en la denuncia de acciones discriminatorias, así como en la formulación y seguimiento de los programas gubernamentales con acciones positivas y compensatorias en las leyes, reglamentos, acuerdos, programas y presupuestos públicos encaminados a favorecer la inclusión social plena de las personas y grupos vulnerados o en desventaja.

De aprobarse la presente iniciativa de decreto, la Junta de Gobierno se conformaría por 12 representantes con derecho a voz y voto. No dudamos que con la inclusión se fortalecerá este importante organismo de beneficio social.

Para conseguir lo anterior, es preciso realizar las modificaciones legales necesarias para abrir la representación legislativa en los órganos de gobierno de las instituciones gubernamentales. Plasmar en la realidad esta idea en el órgano encargado de proteger los derechos de los ciudadanos, se vuelve un asunto de mayor importancia.

El reconocimiento de la no discriminación como derecho fundamental, requiere de la participación del Legislativo en esta Junta de Gobierno para asegurar a todos y a los más vulnerados en derechos, medidas que garanticen su efectivo ejercicio.

Por lo anterior, presento a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 23 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación

Artículo único: Se adiciona el artículo 23 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación para quedar como sigue:

Artículo 23. La Junta de Gobierno estará integrada por cinco representantes del Poder Ejecutivo federal; un integrante designado por la Cámara de Diputados y un designado por la Cámara de Senadores; y cinco integrantes designados por la Asamblea Consultiva.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de febrero de 2008. Diputada Mayra Peñuelas. Gracias, diputado Presidente.

«Iniciativa que adiciona el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña , del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Mayra Gisela Peñuelas Acuña , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Cámara de Diputados, de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

El 11 de abril de 2003, la Cámara de Diputados aprobó con 385 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones, la Ley Federal Para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Las fracciones parlamentarias de todos los partidos aprobaron en lo general y lo particular el dictamen presentado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. El 29 de abril del mismo año, fue aprobada en la Cámara de Senadores. La misma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de junio de 2003.

Dicha ley determina prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo primero de la Constitución Política, así como promover la igualdad de oportunidades y trato.

La nueva ley prohíbe toda práctica discriminatoria ``que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades''. Su objetivo principal es prevenir y erradicar la discriminación, el derecho de igualdad, mediante el cual los ciudadanos gozarán de protección contra la discriminación que en prejuicio de sus derechos se realice.

En materia de género, la legislación aprobada considera como conducta discriminatoria, entre otras, que se niegue o limite información sobre derechos reproductivos o se impida el libre ejercicio de la determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas.

En su capítulo tercero, la ley estipula medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para las mujeres.

La legislación obliga a los órganos públicos y las autoridades federales en el ámbito de su competencia, a ``ofrecer (a la población femenina) información completa y actualizada, así como asesoramiento personalizado sobre salud reproductiva y métodos anticonceptivos''.

También el gobierno tendrá que ``procurar la creación de centros de desarrollo infantil y guarderías, asegurando el acceso a los mismos para sus hijas e hijos cuando ellas (las madres) lo soliciten''.

La nueva legislación no considerará como conducta discriminatoria ``las acciones legislativas, educativas o de políticas públicas positivas o compensatorias que, sin afectar derechos de terceros, establezcan tratos diferenciados con el objeto de promover la igualdad real de oportunidades''.

Con ello, la legislación aprobada por unanimidad excluye de ser discriminatorias a medidas tendientes, por ejemplo, a ampliar la participación política de las mujeres, como es el caso de la llamada cuota electoral de género.

La ley crea el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el cual tendrá como objetivo llevar a cabo las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación.

Lo define como organismo descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobernación, encargado de su aplicación y observancia, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con autonomía técnica y de gestión.

Para su administración, la ley faculta a dos entidades: la Junta de Gobierno y la presidencia del consejo.

En relación a su Junta de Gobierno, la ley señala que ésta tendrá, además de aquellas que establece el artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las siguientes atribuciones:

• Establecer las políticas generales para la conducción del consejo en apego a este ordenamiento, al estatuto orgánico, al Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación y a los demás instrumentos administrativos que regulen su funcionamiento;
• Aprobar el proyecto de presupuesto que someta a su consideración la presidencia del consejo y conocer los informes sobre el ejercicio del mismo;
• Aprobar el informe anual de actividades que remitirá la presidencia del consejo a los Poderes de la Unión;
• Nombrar y remover, a propuesta de la presidencia del consejo, a los servidores públicos de éste que ocupen cargos en las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél;
• Acordar, con base en los lineamientos y prioridades que establezca el ejecutivo federal, la realización de todas las operaciones inherentes al objeto del organismo, con sujeción a las disposiciones aplicables, y delegar discrecionalmente en el presidente del Consejo sus facultades, salvo las que sean indelegables de acuerdo con la legislación aplicable, conforme a lo establecido en este articulo;
• Aprobar el tabulador de salarios del Consejo; y
• Expedir y publicar un informe anual de la junta.

Asimismo, señala que su Junta de Gobierno se integra por cinco representantes del Poder Ejecutivo federal y cinco integrantes designados por la Asamblea Consultiva.

Los representantes del Poder Ejecutivo federal son los siguientes:

i. Uno de la Secretaría de Gobernación;
ii. Uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
iii. Uno de la Secretaría de Salud;
iv. Uno de la Secretaría de Educación Pública; y
v. Uno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Los representantes del Ejecutivo federal deberán tener nivel de subsecretario y sus respectivos suplentes el nivel inferior jerárquico inmediato.

Los integrantes designados por la Asamblea Consultiva durarán en su encargo tres años, pudiendo ser ratificados por otro periodo igual. Este cargo tendrá el carácter de honorífico.

Asimismo, serán invitados permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, un representante de cada uno de los siguientes órganos públicos: Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto Mexicano de la Juventud, Instituto Nacional Indigenista, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA y Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

El presidente del Consejo, quien preside la Junta de Gobierno, es designado por el titular del Poder Ejecutivo federal.

Como podemos observar, en su integración no se encuentran representantes del Poder Legislativo, consideramos adecuado que legisladores de ambas Cámaras deben ser incluidos en dicha Junta de Gobierno; es decir, un diputado y un senador; lo anterior obedeciendo al principio de representatividad de la sociedad.

Es importante que el Poder Legislativo tenga presencia en la Junta de Gobierno del organismo, con la finalidad de coadyuvar al impulso de acciones de información, sensibilización, capacitación y divulgación, encaminadas a favorecer la convivencia en la diversidad, el respeto a la diferencia y la igualdad como valores fundamentales de la vida democrática.

De igual manera, para fomentar la participación ciudadana en la construcción de una cultura de la no discriminación, en la denuncia de acciones discriminatorias, así como en la formulación y seguimiento de los programas gubernamentales; con acciones positivas y compensatorias en las leyes, reglamentos, acuerdos, programas y presupuestos públicos, encaminadas a favorecer la inclusión social plena de las personas y grupos vulnerados o en desventaja.

De aprobarse la presente iniciativa de decreto la Junta de Gobierno se conformaría por doce representantes con derecho a voz y voto. No dudamos que con la inclusión, se fortalecería este importante organismo de beneficio social.

Debemos avanzar en la constitución de instituciones fuertes, democráticas, imparciales y que beneficien de manera tangible a los mexicanos. El Poder Legislativo debe ser uno de los principales promotores en la construcción de las mismas.

El planteamiento de esta iniciativa es que el Poder Legislativo designe a dos representantes que formen parte de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. De esta forma contribuiremos a romper con el vicio de que el Poder Ejecutivo sea el que designe a los representantes.

Para conseguir lo anterior, es preciso realizar las modificaciones legales necesarias para abrir la representación legislativa en los órganos de gobierno de las instituciones gubernamentales. Plasmar en la realidad esta idea en el órgano encargado de proteger los derechos de los ciudadanos se vuelve un asunto de la mayor importancia.

Estamos convencidos de que la lucha contra la discriminación es una tarea que requiere de la acción enérgica y decidida de todos los integrantes de la sociedad y que por tanto ninguna institución, organización o persona debe mantenerse ajena a ella.

El reconocimiento de la no discriminación, como derecho fundamental, requiere de la participación del legislativo en esta Junta de Gobierno para asegurar a todos y a los más vulnerados en derechos, medidas que garanticen su efectivo ejercicio.

Por lo anterior, presento a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación:

Artículo Único. Se adiciona al artículo 23 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación para quedar como sigue:

Articulo 23. La Junta de Gobierno estará integrada por cinco representantes del Poder Ejecutivo federal, un integrante designado por la Cámara de Diputados, uno designado por la Cámara de Senadores y cinco integrantes designados por la Asamblea Consultiva.

Los representantes del Poder Ejecutivo federal son los siguientes:

i. Uno de la Secretaría de Gobernación;
ii. Uno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
iii. Uno de la Secretaría de Salud;
iv. Uno de la Secretaría de Educación Pública; y
v. Uno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Los representantes del Ejecutivo federal deberán tener nivel de subsecretario y sus respectivos suplentes el nivel inferior jerárquico inmediato.

Los integrantes designados por la Asamblea Consultiva durarán en su encargo tres años, pudiendo ser ratificados por otro periodo igual. Este cargo tendrá el carácter de honorífico.

Asimismo, serán invitados permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, un representante de cada uno de los siguientes órganos públicos: Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto Mexicano de la Juventud, Instituto Nacional Indigenista, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida y Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2008.--- Diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña (rúbrica).»

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña.Túrnese su iniciativa a la Comisión de Derechos Humanos.

Se concede ahora el uso de la palabra a la diputada María Soledad Limas Frescas , del Grupo Parlamentario del PAN.

La diputada María Esperanza Morelos Borja (desde la curul): Señor Presidente.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : ¿Con qué objeto, diputada Esperanza Morelos? Sonido a su curul, por favor. Sonido a la curul de la diputada Morelos.

La diputada María Esperanza Morelos Borja (desde la curul): Diputado Presidente, es con la atenta petición de que el turno sea a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que es la que revisa y atiende a la ley que está en comento, que es la Ley para Prevenir la Discriminación, es de competencia de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Si no hubiera inconveniente por ningún integrante de la asamblea, cambiamos el turno para que sea a la Comisión de Grupos Vulnerables. Así será.



ESTATUTO DE LA ORGANIZACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y DEL SERVICIO DE CARRERA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Se le concede ahora el uso de la palabra a la diputada María Soledad Limas Frescas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados.

La diputada María Soledad Limas Frescas : Con su permiso, diputado Presidente.

Dados los nuevos tiempos de modernización que vivimos en todo el mundo, se ha tenido la necesidad de ir incorporando a las mujeres en el campo social, económico, cultural y político. Por ello han surgido movimientos y organizaciones a través de la historia en los últimos años que vivimos.

De ahí que se han incorporado tratados internacionales a favor de que en la mayoría de los países que signen y ratifiquen esos compromisos internacionales establecidos, se generen legislaciones de protección no sólo de los derechos humanos fundamentales, sino que también protejan a las mujeres de todo tipo de discriminación y de violencia.

Máxime que el Plan de Acción Mundial para la Educación en pro de los Derechos Humanos y de la Democracia ---adoptado en marzo de 1993 por el Congreso Internacional sobre la Educación en pro de los Derechos Humanos y la Democracia, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y otros Instrumentos de Derechos Humanos... la Conferencia Mundial de Derechos Humanos--- recomienda que los estados elaboren programas y estrategias específicas para ampliar al máximo el nivel de educación y difusión de información pública en materia de derechos humanos, teniendo particularmente en cuenta los derechos humanos de la mujer.

Aplicando estos criterios de protección a las mujeres, y siendo México un país parte que ha ratificado tratados internacionales a favor de la protección de los derechos humanos de las mujeres, surge la iniciativa de crear en este recinto legislativo un Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género en la Legislatura LIX.

Así, por decreto de fecha 3 de agosto de 2005 se publicó la reforma del numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el cual se incorporaba en el ámbito de la Secretaría General de esta Cámara de Diputados y adscrito a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

De esa manera en la Legislatura LIX de la Cámara de Diputados, por acuerdo de fecha 10 de octubre de 2005, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados crea el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de la Mujer y la Equidad de Género, con la finalidad de que sea el Comité el que dirija los criterios y lineamientos al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, en los temas de perspectiva de género.

Ahora bien, siendo que actualmente existe una reestructuración organizacional de la Secretaría General, de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y Servicios Financieros y Materiales, es necesario adecuar y actualizar la situación normativa de los Comités de los Centros de Estudio que han dejado de establecerse dentro del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados hasta en tanto se culmine esa reingeniería organizacional decretada por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Es necesario incorporar al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género en este texto normativo interno para su debido funcionamiento y limitantes de su actuación en relación a los demás órganos técnicos ya existentes en esta honorable Cámara de Diputados.

Asimismo, debemos establecer que los órganos de gobierno de esos centros de estudio son sus respectivos comités, tal y como se pensó en lo original al advertirse la figura de un Consejo Directivo de Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, al no poder crearse esa figura de gobierno, se determinó por la Junta de Coordinación Política, y en el pleno de este recinto legislativo, aprobar la creación de los comités de los centros de estudio.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para que se reformen y adicionen los artículos 1o., y para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, el artículo 6o.

Para la coordinación y ejecución de las tareas que permitan el mejor cumplimiento a sus funciones constitucionales, la Cámara cuenta con los siguientes órganos:

Fracción II. ... Secretaría de Servicios Parlamentarios, a la cual quedarán adscritos el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

Artículo 34, inciso d), de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

Artículo 44 Bis. El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género tiene las funciones y las tareas siguientes: todos del estatuto de la organización técnica y administrativa y del servicio de carrera de la Cámara de Diputados para quedar de la siguiente forma.

Artículo primero. Se reforma el artículo 1o., adicionando ``y para el adelanto de las mujeres y la equidad de género''.

Artículo 34, adicionando el inciso d).

Y se adiciona el artículo 44 Bis.

Todos del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados. Para quedar como sigue:

Artículo 1o. ... y para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género''.

Artículo 6o. ... Para la coordinación y ejecución de las tareas que permitan el mejor cumplimiento de sus funciones constitucionales y la atención eficiente de sus necesidades administrativas y financieras la Cámara cuenta con los siguientes órganos.

Fracción II. ... Secretaría de Servicios Parlamentario a la cual quedarán adscritos el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

Artículo 34. En el ámbito de la Secretaría General, y adscritos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, la Cámara cuenta con los siguientes Centros de Estudios... (añadir en el inciso d) el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género).

Artículo 44 Bis. El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género tendrá las funciones siguientes ---y se enuncian todas y cada una de ellas.

Solicito, diputado Presidente, la inserción íntegra del texto en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado Presidente.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada María Soledad Limas Frescas , del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, en relación con los artículos 72, fracción II, y 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3o., numerales 1 y 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la signante, diputada federal María Soledad Limas Frescas , de la Sexagésima Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta soberanía la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan el artículo 1o. ...y para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género; artículo 6o., para la coordinación y ejecución de las tareas que permiten el mejor cumplimiento a sus funciones constitucionales... la Cámara cuenta con los siguientes órganos: II. Secretaria de Servicios Parlamentarios, a la cual quedarán adscritas: ... Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género; 34, inciso d), de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género; artículo 44 Bis, el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género tiene las funciones y tareas siguientes; todos del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados.

Al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Dado los nuevos tiempos de modernización que vivimos en todo el mundo, se ha tenido la necesidad de ir incorporando a las mujeres, no sólo en el campo social, económico y político cultural.

Por ello, han surgido movimientos y organizaciones a través de la historia en los últimos años modernos que vivimos.

De ahí que se hayan incorporado tratados internacionales a favor de que en la mayoría de los países que signen y ratifiquen esos compromisos internacionales establecidos se generen legislaciones de protección, no sólo de los derechos humanos fundamentales, sino que, también protejan a las mujeres de todo tipo de discriminación y violencia.

Máxime que el Plan de Acción Mundial para la educación en pro de los derechos humanos y la democracia, adoptado en marzo de 1993 por el Congreso Internacional sobre la Educación en pro de los Derechos Humanos y la Democracia de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y otros instrumentos de derechos humanos, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomienda que los Estados elaboren programas y estrategias específicos para ampliar al máximo el nivel de educación y difusión de información pública en materia de derechos humanos, teniendo particularmente en cuenta los derechos humanos de la mujer.

Aplicando esos criterios de protección a las mujeres; y, siendo México un país parte que ha ratificado tratados internacionales a favor de la protección de los derechos humanos de las mujeres, surge la iniciativa de crear en este recinto legislativo un Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género en la LIX Legislatura.

Así, por decreto de fecha 3 de agosto de 2005 se publicó la reforma del numeral 3, del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el cual se incorporaba en el ámbito de la Secretaría General de esta Cámara de Diputados, y adscrito a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

De esa manera, en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, por acuerdo de fecha 10 de octubre de 2005, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados crea el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

Con la finalidad de que sea el comité el que dirija los criterios y lineamientos al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, en los temas de perspectiva de género.

Ahora bien, siendo que actualmente existe una reestructuración organizacional de la Secretaría General, las Secretarías de Servicios Parlamentarios y de Servicios Financieros y Materiales; es necesario adecuar y actualizar la situación normativa de los Comités de los Centros de Estudios, que han dejado de establecerse dentro del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, hasta en tanto se culmine esa reingeniería organizacional decretada por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

Es necesario incorporar al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género en este texto normativo interno, para su debido funcionamiento y limitantes de su actuación en relación con los demás órganos técnicos ya existentes en la honorable Cámara de Diputados.

Asimismo, debemos establecer que los órganos de gobierno de éstos centros de estudios son sus respectivos comités, tal y como se pensó en original, al advertirse la figura de un Consejo Directivo del Servicio de Carrera de la Cámara; sin embargo, al no poder crearse esa figura de gobierno, se determinó por la Junta de Coordinación Política y en el Pleno de este recinto legislativo, aprobar la creación de comités de los centros de estudio.

Siendo necesario que se incorporen las atribuciones de los Comités de los Centros de Estudios en el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, con el objetivo de contribuir emprender y apoyar actividades que auxilien en las materias específicas para los que fueron creados como auxiliares de la Cámara de Diputados.

Por lo anterior y toda vez que la Cámara de Diputados está facultada y tiene competencia para conocer y resolver de conformidad con lo que establece la fracción I del artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan el artículo 1o. ...y para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género; artículo 6o., para la coordinación y ejecución de las tareas que permiten el mejor cumplimiento a sus funciones constitucionales... la Cámara cuenta con los siguientes órganos: II. Secretaria de Servicios Parlamentarios, a la cual quedarán adscritas: ... Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género; 34, inciso d), de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género; artículo 44 Bis, el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género tiene las funciones y tareas siguientes; todos del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, para quedar de la siguiente forma:

Artículo Único. Se reforma el artículo 1o., adicionando ...y para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género; artículo 34, adicionando el inciso d); y se adicionan los artículos 44 Bis, todos del Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 1. ...y para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género;

Artículo 6. Para la coordinación y ejecución de las tareas que permitan el mejor cumplimiento de sus funciones constitucionales y la atención eficiente de sus necesidades administrativas y financieras, la Cámara cuenta con los siguientes órganos:

...
II. Secretaría de Servicios Parlamentarios, a la cual quedarán adscritas:
...
Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

...

Artículo 34. En el ámbito de la Secretaria General y adscritos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, la Cámara cuenta con los siguientes centros de estudios:

a) ...
b) ...
c) ...
d) De Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

...

Artículo 44 Bis. El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género tendrá las funciones y tareas siguientes:

a) Llevar a cabo investigaciones y estudios mediante la organización, procesamiento y análisis de derecho comparado relacionados con el adelanto de las mujeres y la equidad de género que contribuyan a legislar en materia de prevención, erradicación y sanción a la violencia y discriminación contra las mujeres, procurando prevalezca el respeto a sus derechos humanos; consiguiendo orientar medidas de igualdad de condiciones entre mujeres y hombres.
b) Realizar actividades institucionales con organismos o instituciones vinculadas en materia de transversalidad y perspectiva de género.
c) Realizar estudios sobre los temas directamente relacionados con los derechos humanos y la no discriminación de las mujeres, su adelanto en materia socio cultural, económico y político, a petición de parte o por iniciativa propia.
d) Proporcionar la información que en materia de género le formulen, las o los diputados, grupos parlamentarios y comisiones o comités.
e) Participar en actividades de capacitación en materia de perspectiva de género que forme, actualice y especialice a los funcionarios al servicio de la Cámara, con la finalidad de aportar en esa materia al trabajo legislativo.
f) Difundir los resultados de las investigaciones que en materia de género realice, por sí o a petición de parte, cuidando en todo momento se realice conforme a las normas y lineamientos aplicables.
g) Cuidar que sus reservas de datos generadas de investigaciones que realizadas se integren adecuadamente, procurando mantenerlas actualizadas para que sirvan al apoyo de los trabajos legislativos.
h) Realizar todas aquellas actividades que no le estén reservadas en materia de perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres, cuidando siempre las formalidades establecidas en los ordenamientos aplicables.
i) Diseñar y proponer sus proyectos de actividades ante su órgano de gobierno interior en coordinación con la Secretaría de Servicios Parlamentarios en el ámbito de la Secretaría General.
j) Se entenderá por órgano de gobierno interno el Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Parlamentaria de la honorable Cámara de Diputados.

Segundo. Toda vez que el estatuto es una regla normativa de funcionamiento interno de la Cámara de Diputados, no requiere la promulgación del presidente de la república ni ser objeto de veto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2008.--- Diputada María Soledad Limas Frescas (rúbrica).»

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputada María Soledad Limas Frescas. Insértese de manera íntegra en el Diario de los Debates y túrnese a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

La Cámara de Diputados saluda por este conducto a las autoridades del estado de Oaxaca: Carlos Martínez Villavicencio, presidente municipal de Santiago Juxtlahuaca, y Lorenzo Rojas Mendoza, presidente municipal de Santos Reyes Tepejillo. Bienvenidos a la Cámara de Diputados.



LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Se concede ahora el uso de la palabra el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa que reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social.

El diputado Luis Enrique Benítez Ojeda : Con el permiso de la Presidencia.

El suscrito, diputado Luis Enrique Benítez Ojeda , integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un párrafo al artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, de conformidad con la siguiente exposición de motivos:

De conformidad con el artículo 134, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, que establece que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.

En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

En tal virtud, es necesario reformar el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social en el sentido de establecer la obligación de informar a los ciudadanos sobre el cumplimiento de las responsabilidades asignadas a cada una de las instituciones de la república y cumplir con el mandato del artículo 6o. constitucional relativo al derecho a la información y a la transparencia.

El artículo 74, fracción IV, establece como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, quizá la más relevante, quizá la única que tenemos de manera exclusiva, la aprobación anual del Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior.

En consecuencia, resulta pertinente hacer del conocimiento general de los ciudadanos el contenido de esta disposición constitucional, ya que al implantarse las políticas públicas o las distintas acciones de gobierno, fundamentalmente en materia de desarrollo social, tanto el presidente de la república como los gobernadores de los estados como los presidentes municipales se adjudican, muchas de las veces, con exclusividad, los méritos ante los beneficiarios de las distintas obras, servicios y acciones gubernamentales, sin acreditar a la Cámara de Diputados o a los diputados federales su importante responsabilidad para asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación las partidas correspondientes.

La propuesta anterior implica que en la comunicación de los tres ámbitos de gobierno con los ciudadanos se deben incluir la promoción y la difusión de obras, acciones y programas, con un criterio que privilegie la información imparcial a los gobernados, respetando los principios de la democracia, la pluralidad, la división de poderes y los ámbitos de competencia que cada institución tiene asignada en la Constitución y en las leyes.

Es muy sencillo compañeras diputadas y compañeros diputados federales. Ciertamente la iniciativa busca que se dé reconocimiento a los diputados federales, no como una actitud mezquina, porque debiéramos entregar todos los apoyos, llevar a cabo los programas, ejercer las acciones, ejecutar las obras; sin necesidad de estarle diciendo a los ciudadanos que tal o cual autoridad se los está llevando a su comunidad o a sus casas.

Pero me parece que sí es importante que todos los ciudadanos sepan que somos los diputados federales de esta Cámara, los que autorizamos esos apoyos, esas obras, esas acciones que llegan a cada familia, a cada habitante, a cada comunidad. Me parece que la Cámara tiene que buscar cómo saber comunicarse mejor con el ciudadano.

Y así vemos, por ejemplo, que en los programas del DIF, del DIF nacional y de los DIF estatales, en los programas de Oportunidades, Procampo, en los de salud como el Seguro Popular, en todos los apoyos, en las obras, en las acciones que se hacen cuando se están iniciando o entregando obras, cuando se dan estos apoyos, generalmente los gobernadores, salvo excepciones contadas que hay que destacar, como la de Durango en mi caso, donde se reconoce a la Cámara...

Pero en muchos casos, gobernadores o alcaldes de diferentes partidos lo entregan como si fuera solamente a título exclusivo o personal y no se destaca que eso fue gracias a que los diputados federales aprobamos aquí un presupuesto, autorizamos esas partidas y por eso pudimos entregar esos apoyos. Lo que queremos es que se sepa y que se agreguen las leyendas en las cajas de las despensas, en los sobres de la nutrición que se entrega a través de Oportunidades o de salud, en los diferentes apoyos y vertientes, la leyenda de que somos los diputados federales, todos; los que aprobamos esos apoyos.

Y que inclusive veamos cómo solucionamos y con esto voy a terminar, también la necesidad de que en los spots de radio y televisión, donde se dice que no hay fin partidista en esos apoyos, pudiéramos ver cómo agregar la leyenda también o la voz en off, de que somos los diputados federales los que autorizamos esas obras, esos apoyos, esos programas y que entonces veamos cómo no disminuimos el tiempo del spot. Por tanto, leer o decir estos señalamientos de que son sin fines partidarios o que son aprobados por la Cámara de Diputados.

Por eso los invito a aprobar esta iniciativa para que el proyecto quede de la siguiente manera:

Artículo 28. La publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social deberán identificarse con el Escudo Nacional, en los términos que establece la ley correspondiente, así como el escudo o logotipo de la Cámara de Diputados, e incluir la siguiente leyenda:

``Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.''

Y agregar la leyenda siguiente:

``Esta obra ---esta acción, este apoyo, este programa--- es autorizado por los diputados federales del Congreso de la Unión.''

Rescatemos nuestra vocación de ser quienes aprobamos el Presupuesto y de informar a la sociedad que gracias al acuerdo y al consenso logrado en la Cámara llegan esos apoyos. Es cuanto.

«Iniciativa que reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del diputado Luis Enrique Benítez Ojeda , del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Luis Enrique Benítez Ojeda , integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un párrafo al artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

De conformidad con el artículo 134, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de noviembre del 2007 establece que ``la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público''.

En tal virtud, es necesario reformar el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social en el sentido de establecer la obligación de informar a los ciudadanos sobre el cumplimiento de las responsabilidades asignadas a cada una de las instituciones de la república, y cumplir con el mandato del artículo 6o. constitucional relativo al derecho a la información y a la transparencia.

El artículo 74, fracción IV, establece como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la cuenta pública del año anterior.

En consecuencia, resulta pertinente, hacer del conocimiento general de los ciudadanos el contenido de esta disposición constitucional, ya que al implementarse las políticas públicas o las distintas acciones de gobierno, fundamentalmente, en materia de desarrollo social, tanto el presidente de la república, como los gobernadores de los estados y o los presidentes municipales se adjudican con exclusividad los méritos ante los beneficiarios de las distintas obras, servicios y acciones gubernamentales sin acreditar a la Cámara de Diputados o a los diputados federales su importante responsabilidad para asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación las partidas correspondientes.

La propuesta anterior, implica que en la comunicación de los tres ámbitos de gobierno con los ciudadanos, se deben de incluir en la promoción y en la difusión de sus obras, acciones y programas el criterio que privilegie la información imparcial a los gobernados; respetando los principios de la democracia, la pluralidad, de la división de poderes y de los ámbitos de competencia que cada institución tiene asignada en la Constitución y en la leyes.

También resulta oportuno reivindicar el ejercicio y la importancia de las funciones legislativas, ya que gran parte de la sociedad mexicana desconoce en la actualidad aspectos fundamentales que tienen relación con el marco legal del país; es decir, sobre las facultades y las atribuciones de cada uno de los Poderes de la Unión, de las autoridades estatales y o municipales.

No es aceptable que el ciudadano ``relacione todo el quehacer gubernamental a lo que determinado servidor público, del ámbito del Poder Ejecutivo, le informe al través de los medios de comunicación pagados con recursos presupuestales'' y no se cumpla con el objetivo de una comunicación veraz y de utilidad para las instituciones y para los ciudadanos, ni mucho menos con la acreditación de las labores que desempeñan los representantes populares.

Aspectos tan relevantes para gobernantes y gobernados tienen que ser difundidos con oportunidad, objetividad, transparencia y sin generar confusión, por lo que deben contribuir a elevar la cultura cívica y política de los ciudadanos.

La Ley General de Desarrollo Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de enero de 2004 ya establece, en su Capítulo III, denominado ``Del Financiamiento y el Gasto'', los criterios para la difusión de la acción gubernamental de los programas para el desarrollo social, que deben estar ajenos a todo interés de partido político, sin que ello implique omitir el crédito de la asignación de recursos por parte de la Cámara de Diputados.

Los convoco a que aprobemos esta iniciativa, ya que representaría un avance en la consolidación de la vida democrática del país.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social

Único. Se adiciona una segunda leyenda en el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 28. La publicidad y la información relativa a los programas de desarrollo social deberán identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la ley correspondiente e incluir las siguientes leyendas : ``Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social'' y ``Es posible con los recursos aprobados por la Cámara de Diputados''.

Transitorio

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los siete días del mes de febrero de 2008.--- Diputado Luis Enrique Benítez Ojeda (rúbrica).»

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputado Luis Enrique Benítez Ojeda.Túrnese su iniciativa a la Comisión de Desarrollo Social.



LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Se concede ahora el uso de la palabra al diputado Felipe González Ruiz, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

El diputado Felipe González Ruiz : Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras diputadas y compañeros diputados, la participación comunitaria es un elemento que otorga eficiencia al proceso de toma de decisiones y a la instrumentación de programas públicos dirigidos a identificar, con mayor grado de certeza, las necesidades de la población y con ello definir estrategias para tratar de responder, con oportunidad, a sus demandas.

Por tal motivo, la inclusión de la sociedad, tanto en el diseño como en la instrumentación de las políticas públicas dirigidas a elevar la calidad de vida de la población, se sustenta en la idea de que ésta, la participación de la ciudadanía, es necesaria para aumentar eficiencia a la acción social del Estado.

Estas organizaciones civiles, cuando desarrollan su objetivo social ---ya sea en materias como salud, educación, recreación, vivienda, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios o cualquier otro--- necesariamente se interrelacionan con el Estado y con la población de muy diversas maneras, que pueden ser desde el manejo de los recursos públicos y privados, así como en la atención de la población objetivo y hasta en la influencia de esa organización en la misma comunidad, para su protección, desarrollo y prosperidad general.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) se han convertido por ende en organizaciones importantes para la evolución social y son permanentemente observadas por el Estado y la comunidad, y de ellas se espera un adecuado comportamiento en cada una de las esferas en que desarrollan su actividad, ya que el principal activo con que cuentan es su credibilidad.

La base de esta credibilidad y legitimidad se encuentra en su capacidad de demostrar el progreso y los avances en su misión, en particular de quienes supuestamente son sus beneficiarios, ya que esto permite que sus donantes y afiliados continúen realizando precisamente sus donaciones y sus contribuciones. Esto nos conduce a percibir que una manera de conservar este intangible ---la credibilidad y legitimidad--- es por medio de una adecuada rendición de cuentas.

Por eso, en la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil se obliga a aquellas que reciben recursos públicos a informar anualmente a la Comisión de Fomento a las Actividades de las OSC sobre sus actividades realizadas y sobre el cumplimiento de sus propósitos, así como información financiera, contable y patrimonial para transparentar su funcionamiento.

Esta obligación sirve como un primer paso que permite conocer el funcionamiento de dichas organizaciones, sin embargo resulta insuficiente en lo que se refiere a la rendición de cuentas.

Debido a lo anterior, se hace necesario realizar una evaluación que permita constatar lo declarado por ellas. Evaluación que reconozca las buenas prácticas de aquéllas que demuestren tenerlas y sancione a las que no cumplan con los objetivos para los que recibieron fondos gubernamentales.

En tal virtud, estas propuestas consisten en establecer que la secretaría técnica de la mencionada Comisión de Fomento a las Actividades de las OSC realice una evaluación de esos informes presentados por ellas para conocer el impacto de acciones realizadas con apoyos y estímulos públicos.

Asimismo, en caso de considerarlo necesario también pueda examinar los estados financieros y los archivos de las organizaciones para verificar lo declarado en el informe. Dicha evaluación será un requisito para seguir teniendo acceso a los estímulos y apoyos que otorgue la administración pública federal. Con esta medida se buscaría dar certidumbre y eficacia al uso de los recursos públicos por parte de esas OSC.

Por tanto, la secretaría técnica mencionada sería la encargada de recibir y realizar una evaluación de los informes presentados por las organizaciones, así como de los documentos que permitan cotejar lo declarado por éstas, para finalmente emitir un dictamen con el resultado de la evaluación.

Este dictamen resultante, positivo o negativo, deberá ser sistematizado por el Registro Federal de Organizaciones para, a su vez, mantener actualizado el sistema de información a su cargo y una copia será entregada al representante de la organización.

Si este dictamen resultara negativo, será motivo de penalización y podría incidir en la no obtención de recursos públicos en subsecuentes períodos, ya que se agregaría como infracción el no obtener un dictamen favorable respecto al informe anual de la organización. Es decir, se busca penalizar a las organizaciones que no cumplan con los objetivos planteados o que hagan mal uso de los recursos otorgados.

Con estas reformas y adiciones a la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, se plantea la creación de este mecanismo, por medio del cual se evaluarían los informes anuales de las OSC para tener no sólo certeza en el uso de los recursos públicos, sino también en el cumplimiento de sus metas.

Esta acción no sólo beneficia al sector gubernamental, sino también a las organizaciones, ya que les permite contar con un dictamen que les otorgue la legitimidad y la credibilidad tan necesaria para su funcionamiento.

Por lo antes expuesto, someto a su distinguida consideración el siguiente proyecto de decreto.

Artículo único. Se reforma la fracción V y se adiciona una fracción IX al artículo 7o.; se adiciona el último párrafo al artículo 11; se adiciona la fracción XI, recorriéndose el numeral de las subsecuentes al artículo 30; y se reforma la fracción II del artículo 31, todos de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Señor Presidente, solicito respetuosamente que sea inscrito el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, a cargo del diputado Felipe González Ruiz , del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe Felipe González Ruiz , diputado federal a la LX Legislatura, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil. Al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La participación comunitaria es un elemento que otorga eficiencia al proceso de toma de decisiones y aplicación de programas públicos dirigidos a reducir la marginación. A través de ella es posible identificar con mayor certeza las necesidades de la población y con ello definir las estrategias para responder con oportunidad a dichas demandas. Por tal motivo, la inclusión de la sociedad, tanto en el diseño como en la instrumentación de las políticas públicas dirigidas a elevar la calidad de vida de la población se sustenta en la idea de que ésta es necesaria para otorgar eficiencia a la acción social del Estado.

La participación comunitaria representa el instrumento idóneo para combatir la pobreza, elevar la calidad del sector público y fomentar la rendición de cuentas ya que, en términos generales, ésta contribuye al desarrollo de una cultura participativa que fortalece la cooperación y promueve el sentimiento de pertenencia no sólo hacia la comunidad sino también hacia los proyectos, lo cual facilita el desarrollo y acumulación del denominado ``capital social''.

El Banco Mundial 1 reconoce como de vital importancia que se involucre y participe en forma proactivo de la sociedad civil, como un actor crítico en los procesos de desarrollo y la reducción de la pobreza. Desde 1990, la participación de la sociedad civil en los proyectos financiados por el Banco Mundial se ha duplicado.

Esto obliga a reconocer la existencia de nuevos intermediarios sociales entre las instituciones gubernamentales y la ciudadanía y a revalorar el papel de la sociedad civil en la implantación de políticas sociales.

Es que en los últimos años ha crecido notablemente el número de organizaciones de la sociedad civil (OSC) en las que profesionales y técnicos cumplen funciones de apoyo a la comunidad y promueven la participación social y ciudadana, alrededor de diferentes demandas. Se pueden mencionar entre sus contribuciones, el desarrollo de procesos participativos, basados en incorporar la capacidad de la gente para mejorar su vivienda y sus barrios; satisfacer sus necesidades sociales, económicas y culturales básicas; sus esfuerzos para contribuir al desarrollo democrático que respete los derechos humanos, entre los cuales destaca el derecho a un lugar donde vivir con paz y dignidad; su capacidad para influir en la orientación de políticas y estrategias a partir de la consideración de los aprendizajes que se desprenden de las acciones realizadas por la gente 2 .

Estas organizaciones civiles --cuando desarrollan su objetivo social en materias como salud, educación, recreación, vivienda, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, entre otros-- necesariamente se interrelacionan con el Estado y con la población de muy diversas maneras, que van desde el manejo de recursos públicos y privados, la contratación, la atención de la población objetivo, hasta la influencia en la organización de la comunidad para su protección, desarrollo y prosperidad general.

Las OSC se han convertido por ende en organizaciones importantes para la evolución social, que son permanentemente observadas por el Estado y la comunidad, y de las que se espera un adecuado comportamiento en cada una de las esferas en que desarrollan su actividad, ya que el principal activo con que cuentan es su credibilidad.

La base de la legitimidad y credibilidad de las OSC, se encuentra en su capacidad de demostrar el progreso y los avances en su misión, en particular a quienes supuestamente se benefician de esa misión, ya que esto permite que sus donantes y afiliados continúen realizando donaciones y contribuciones, teniendo como requisito esencial para su supervivencia la preservación de ese activo intangible.

Ha sido objeto de orgullo de las organizaciones el hecho que han gozado de los niveles más altos de la confianza pública que cualquier otro sector de la sociedad. Esto se ha mostrado sistemáticamente ya que las encuestas mundiales sobre el tema empezaron en 1999. Pero últimamente la situación ha cambiado. En 2007, por primera vez, una proporción mayor de las personas confió más en las empresas que en las ONG. 3

El cambio es sumamente notable en los países en desarrollo, donde las ONG (50 por ciento de confianza de las personas) entran en tercer lugar después de las empresas (60 por ciento) y de los medios de comunicación (53 por ciento). Cuando se les preguntó por qué no confían en las ONG, las personas mencionaron tres razones: una débil rendición de cuentas, que no escuchan a los constituyentes y que no demuestran impacto. 4

Esto nos conduce a que una manera de conservar este intangible --legitimidad y credibilidad-- es por medio de la rendición de cuentas, tema que a nivel mundial ha cobrado relevancia en los últimos años sobre todo en los que se refiere a los grupos privados y los programas estatales, es decir estos organismos han modificado sus mecanismos de control y rendición de cuentas hacia la transparencia. Dichas 5 circunstancias han conminado a que las organizaciones informen de manera periódica el estado que guarda el cumplimiento de sus misiones y les ha exigido la promoción de desempeños honestos y transparentes y el sector de las OSC no se puede quedar atrás.

Es por esto que el sistema legal debe animar a las organizaciones a garantizar la transparencia en sus acciones sobre todo cuando estas se hacen con recursos públicos. Y es que cualquier organización que reciba beneficios del estado o esté involucrada en montos significativos de recaudación de fondos públicos deberá publicar o tener disponibles para el público un reporte general de sus finanzas y operaciones, con el fin de garantizar el buen uso de los recursos destinados para este fin, así como presentar a los organismos estatales encargados un informe anual que refleje los resultados obtenidos y las acciones realizadas con fondos públicos.

Las experiencias internacionales muestran que diversos países han desarrollado iniciativas para fomentar que las organizaciones rindan cuentas y sean transparentes como se puede ver en los siguientes ejemplos:

• La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja cuenta con un código de conducta en donde se establecen 10 principios que deben cumplir las instituciones afiliadas a esta federación.
• La Asociación Brasileña de ONG, en su Declaración de Principios explicita el compromiso con la transparencia, la prevalencia del interés público sobre el privado y el compromiso por el manejo eficiente de los recursos.
• La Confederación Colombina de ONG impulsa el ``Acuerdo Programático por la Paz'' para mostrar, entre otras cosas, cómo conciben la democracia, los derechos humanos, su trabajo en red, la construcción de bienes públicos, etcétera. La Confederación agrupa a 12 federaciones regionales, 8 redes, y 10 asociaciones regionales de ONG, en total agrupa a más de mil organizaciones (www.ccong.org.com, 2004).
• La Fundación Lealtad de España elaboró la Guía de Transparencia y Buenas Practicas, y 40 de la principales ONG de este país se evaluaron bajo la norma de 10 principios de buenas prácticas (www.fundacionesplai.org).
• El Board Source (BS), anteriormente National Center for Nonprofit Boards (NCNB), fue fundado en enero de 1988. Estados Unidos es la primera fuente de información, capacitación y consultoría para el desarrollo de mejores prácticas, y para facilitar que las organizaciones cumplan con sus misiones. Ayuda también en la construcción de Consejos Directivos fuertes y eficientes. (www.boardsource.org).
• Existen empresas que certifican y supervisan el comportamiento de entidades que voluntariamente se someten a su control. Es el caso del ``Council of Better Business Bureau, conocido como BBB. Esta organización sin fines de lucro constituida de manera descentralizada, funciona como una red con más de 150 oficinas en EUA y Canadá, dedicada básicamente a orientar y dar asesoría a empresas y consumidores: su servicio responde a la necesidad de encontrar OSC de confianza a quienes vale la pena aportar donaciones o patrocinios'' (Oliveira, 2004: 75 6).
• En Holanda, ``en donde la regulación estatal es mínima, compete a una agencia privada (Central Bureau on Fundraising), constituida desde su fundación en el año 1925, dar el 'Sello de Aprobación' a modo de autorizar y controlar toda actividad de recaudación de fondos del público llevado a cabo por OSC, nacionalmente'' (Ibid).
• En Brasil se promulgó una ley para amparar bajo una denominación particular a las OSC. De esta forma la Ley de Organizaciones de la Sociedad Civil de Interés Público regula la acción de las OSC, evita la intervención excesiva del gobierno en la vida de las OSC y le asigna a los ciudadanos poderes para ejercer fiscalización sobre el sector.
• En Nueva Zelanda, se han constituido grupos de trabajo integrados con miembros de las OSC y de las federaciones de entidades deportivas para llevar a cabo una consulta nacional para elaborar una ley del sector. ``Con base en los resultados ya recogidos en la consulta se ha concluido que la autorregulación sería más eficaz si es promovida a través de la ley (Legislative under-pinning); y que interesa a todos (incluso al gobierno) hacerla efectiva, no por un ente estatal de fiscalización, sino a través de una agencia privada que se constituirá a través de la misma ley ...como organismo central independiente, que se quiere neutral frente a influencias de las OSC o del Estado, cuya misión será regular y supervisar el desempeño de todas la entidades de aquellos... (vastos) segmentos'' (Oliveira:76).

El caso mexicano a través de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, obliga a las organizaciones a informar anualmente a la comisión sobre las actividades que realizaron y el cumplimiento de sus propósitos, así como información financiera, contable y patrimonial para transparentar su funcionamiento.

Esta obligación sirve como un primer paso que permite conocer el funcionamiento de las organizaciones, sin embargo, resulta insuficiente en lo que refiere a la rendición de cuentas; en el sentido en que se definió párrafos arriba. Para esto se hace necesaria una evaluación que permita constatar lo declarado por las organizaciones y a su vez reconozca las buenas prácticas de las organizaciones que así lo ameriten y sancione a las que no cumplen con los objetivos para los que recibió fondos gubernamentales.

En tal virtud, estas propuestas consisten en establecer que la Secretaría Técnica de la Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, realice una evaluación a los informes presentados por las organizaciones civiles para conocer el impacto de las acciones realizadas con apoyos y estímulos públicos; asimismo, y en caso de considerarlo necesario, podrá examinar los estados financieros y archivos de las organizaciones para verificar lo declarado en el informe, dicha evaluación será un requisito para acceder a los estímulos y apoyos que otorgue la administración pública federal, con esta medida se busca dar certidumbre y eficacia al uso de los recursos públicos por parte de las OSC.

Por lo tanto, la Secretaría Técnica será la encargada de recibir y realizar una evaluación de los informes presentados por las organizaciones, así como de los documentos que permitan cotejar lo declarado por éstas, para finalmente emitir un dictamen con el resultado de la evaluación y actualizará el sistema de información con los resultados de dicho dictamen.

El dictamen resultante deberá ser sistematizado por el Registro Federal de Organizaciones para mantener actualizado el sistema de información a su cargo y una copia será entregada al representante de la organización. De igual manera será motivo de penalización la no obtención de un dictamen favorable, lo que podría incidir en la obtención de recursos públicos en subsecuentes periodos.

Finalmente, se agrega como infracción, el no obtener un dictamen favorable respecto al informe anual de la organización, es decir, se busca penalizar a las organizaciones que no cumplan con los objetivos planteados o que hagan mal uso de los recursos otorgados.

Con estas reformas y adiciones a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil se plantea la creación de un mecanismo por medio del cual se evalúen los informes anuales de las OSC para tener una mayor certeza del uso de los recursos públicos y el cumplimiento de metas por parte de las OSC, acción que no sólo beneficia al sector gubernamental, sino también a las propias organizaciones ya que les permite contar con un dictamen que les otorga la legitimidad y la credibilidad tan necesaria para su funcionamiento.

Por lo antes expuesto, el suscrito diputado del Grupo Parlamentario de Acción Nacional someto a su consideración el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforma la fracción V y se adiciona una fracción IX al artículo 7; se adiciona un último párrafo al artículo 11, se adiciona una fracción XI, recorriéndose el numeral de las subsecuentes, en el artículo 30 y se reforma la fracción II del artículo 31 todos de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para quedar como sigue:

Artículo 7. ...

I. a IV. ...
V. Informar anualmente a la Comisión a través de la Secretaría Técnica sobre las actividades realizadas y el cumplimiento de sus propósitos, así como el balance de su situación financiera, contable y patrimonial, que reflejen en forma clara su situación y, especialmente, el uso y resultados derivados de los apoyos y estímulos públicos otorgados con fines de fomento, para también realizar una evaluación del impacto de sus acciones realizadas con apoyos y estímulos públicos y para mantener actualizado el sistema de información y garantizar así la transparencia de sus actividades;
VI. a VII. ...
VIII. En caso de disolución, transmitir los bienes que haya adquirido con apoyos y estímulos públicos, a otra u otras organizaciones que realicen actividades objeto de fomento y que estén inscritas en el registro;
IX. En caso de considerarse necesario la Secretaría Técnica podrá examinar los estados financieros y los archivos de las actividades realizadas por las organizaciones de las sociedad civil, con el fin de verificar lo declarado por éstas;
La organización que se disuelva tendrá la facultad de elegir a quién transmitirá dichos bienes;
X. a XIII. ...

Artículo 11. ...

I. a VI. ...
La Secretaría Técnica será la encargada de recibir y evaluar los informes anuales de las organizaciones, así como los documentos que permitan cotejar lo declarado por éstas. En caso de considerarse necesario la Secretaría Técnica podrá examinar los estados financieros y los archivos de las actividades realizadas por las organizaciones. La Secretaría Técnica emitirá un dictamen con el resultado de la evaluación y actualizará el sistema de información con los resultados de éste.

Artículo 30. ...

I. a X. ...
XI. No obtener un dictamen favorable respecto al informe anual;
XII. Omitir información o incluir datos falsos en los informes;
XIII. No informar al registro dentro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles, contados a partir de la decisión respectiva, sobre cualquier modificación a su acta constitutiva o estatutos, o sobre cualquier cambio relevante en la información proporcionada al solicitar su inscripción en el mismo, y
XIV. No cumplir con cualquier otra obligación que le corresponda en los términos de la presente ley.

Artículo 31. ...

I. ...
II. Multa: en caso de no cumplir con el apercibimiento en el término a que se refiere la fracción anterior o en los casos de incumplimiento de los supuestos a que se refieren las infracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV del artículo 30 de esta ley; se multará hasta por el equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal;
III. ...
IV. ...
...
Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas 1) http://web.worldbank.org 2) Ziccardi, Los Actores de la Participación Ciudadana. IIS-UNAM, consultado 16 de noviembre 2007 3) Edelman, Trust Barometer . www.edelman.com/trust/2007 .consultado noviembre 2007 4) Bonbright, D (2007) El rostro cambiante de la rendición de cuentas de las ONG. Conferencia Magistral. Instituto de Comunicación y Desarrollo, Montevideo. 5) Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, Instructivo para el Monitoreo y Seguimiento de Programas de Organizaciones de la Sociedad Civil.
6) Oliveira, A. (2004), La Autorregulación de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Taller. Transparencia y acceso a la información de las organizaciones civiles, México, IFAI.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de febrero de 2008.--- Diputado Felipe González Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputado Felipe González Ruiz. Insértese de manera íntegra en el Diario de los Debates.Túrnese su iniciativa a la Comisión de Participación Ciudadana.

La Cámara de Diputados saluda al ingeniero Rigoberto Cocotle Castillo, presidente municipal de Tequila, Veracruz.



LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Se concede ahora el uso de la palabra al diputado Felipe Díaz Garibay, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El diputado Felipe Díaz Garibay : Con su venia, señor Presidente.

Diputados, el diseño e implantación de una política pública en materia de comunicación para nuestro país es hoy un asunto de importancia estratégica que requiere que la política de comunicación gubernamental actual sea entendida como una política pública emitida a través de un ente especializado dentro de la propia estructura del gobierno de nuestro país.

Las condiciones políticas, sociales y económicas que favorecían el viejo modelo de comunicación gubernamental han cambiado y la persistencia de sus viejas formas pueden, a la larga, provocar rendimientos decrecientes para el propio Estado.

El contenido y los alcances de la comunicación política moderna, ya no corresponden con la antigua visión de los manipuladores de las noticias, de los improvisados que al cobijo de sus amistades ocultaban sus deficiencias profesionales en virtud de haber dedicado su esfuerzo a la creación de luminarias políticas y al cultivo faraónico, de la imagen de los funcionarios que, a su vez, invariablemente estaban sujetos a sus propias metas políticas.

A estas alturas del proceso de democratización de México, ya debería haberse tomado conciencia de que, en general, nuestro gobierno requiere de una política de comunicación que cumpla con todos los cánones exigibles a las políticas gubernamentales mediante acciones que eviten las contradicciones, indeterminaciones y, en su caso, la desinformación que derivado de las complejidades de los nuevos tiempos y la propia organización del estado, llega a propiciarse.

Un enfoque de comunicación social estatal adecuado, para diseñar la política de comunicación gubernamental, tendría que llevar consigo una obligada reforma a la administración pública federal.

Un ministerio de información no es un tema nuevo. Naciones de nuestro continente, cuentan con estructuras administrativas muy especializadas de información, como Argentina, que además del vocero presidencial tiene la Secretaría de Medios de Comunicación.

México debe alentar esa área gubernamental para vigorizar la labor informativa y acabar con el burocratismo de la difusión. Evitar la absurda tramitología que confunde la formación de vías burocráticas, con la verdadera construcción de una política de comunicación integral.

Por ello, la propuesta que ahora formulo a esta soberanía engloba, como mínimo, el siguiente aspecto:

Una nueva realidad en cuanto a políticas de comunicación, mediante la creación de una entidad centralizada que obedezca a una lógica especializada en el ejercicio de la comunicación emitida por el gobierno, bajo nuevos enfoques, comportamientos, formatos y discursos políticos acordes a nuestra realidad nacional, que permitan incorporar una perspectiva integrada de las acciones del gobierno para acercar a toda la ciudadanía al derecho merecido de mantenerse informada, mediante una comunicación imparcial controlada en beneficio del país y no para el beneficio de particulares.

La democracia ha traído consigo nuevas formas de relación social pero, en México, el futuro en este campo nos alcanzó. Nuestra capacidad de comprender los inéditos cursos de acción que adquiere la comunicación es más lenta que el desarrollo de los procesos y los medios a través de los cuales se expresa.

Por ello propongo reformar el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear una nueva secretaría de despacho que propongo que sea denominada ``Secretaría de Medios y Opinión Pública'', y que viene a absorber, por un lado, las atribuciones de la actual Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación.

Y tendría, además, con la adición del artículo 42 Bis, como facultades esenciales:

I. Formular, regular, conducir, orientar, apoyar, coordinar, vigilar, evaluar y fomentar las políticas y programas encaminados al desarrollo de la comunicación social de las dependencias y entidades del gobierno federal.

II. Promover, vigilar y conducir la política de comunicación social del gobierno federal y la relación de éste con los medios de comunicación del país.

III. Vigilar que los productos de los medios impresos y electrónicos, así como las películas cinematográficas, observen los límites del respeto a la vida privada, a la paz y moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público.

IV. Someter a la consideración del presidente de la república las propuestas para reglamentar el aprovechamiento del tiempo que, en los medios, corresponde al Estado.

V. Elaborar y ejecutar programas que defiendan y promuevan el respeto a la observancia del derecho a la libre expresión.

VI. Contribuir a la creación y desarrollo de la promoción de acciones encaminadas a la actualización y modernización de métodos para mejorar la comunicación social gubernamental.

VII. Participar en el mejoramiento constante de la formación de profesionales de la comunicación social gubernamental dentro de sus posibilidades, tanto en sus aspectos científicos, tecnológicos y éticos, como en lo referente a la adquisición de una conciencia social que redunde en la actitud favorable al desarrollo independiente y al progreso social de México.

VIII. Impulsar y difundir la investigación académica y científica relacionada con los medios y el desarrollo de la comunicación social gubernamental, considerando primordialmente los objetivos del desarrollo nacional y el interés nacional.

IX. Realizar, previo diseño de instrumentos suficientes y necesarios para tal fin, los sondeos de opinión pública que periódicamente faciliten al Poder Ejecutivo federal conocer la apreciación ciudadana sobre las acciones de gobierno en ejecución y permitan realizar una planeación estratégica como complemento de los programas de comunicación social de cada dependencia federal.

X. Establecer vínculos con las instituciones, organismos y asociaciones de carácter nacional e internacional, que trabajen directa o indirectamente en el campo de la comunicación social gubernamental.

XI. Fomentar la calidad de los programas académicos en ejercicio, con el objetivo de difundir aspectos referentes a la comunicación social gubernamental.

XII. Establecer y operar un sistema de investigación e información en teoría de medios de comunicación, bibliotecas especializadas y un centro de estudios para estudiantes y académicos del tema.

XIII. Las demás que le atribuyen expresamente en la Constitución las leyes y reglamentos relativos.

Es cuanto, señor Presidente. Omito la lectura del articulado transitorio, por lo que solicito a usted muy respetuosamente que se inserte el texto íntegro de mi iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

«Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Felipe Díaz Garibay , del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Felipe Díaz Garibay , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la presente LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71, el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto por la fracción primera del artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del honorable pleno de esta Cámara, el presente proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la siguiente:

Exposición de Motivos

Hoy más que nunca es urgente normar la comunicación social emitida por el Estado, mediante una política que permita integrar, coordinar, optimizar y dar coherencia a la información generada por las diferentes áreas de comunicación de las instituciones estatales; una acción que evite las contradicciones, indeterminaciones y en su caso la desinformación que, derivado de las complejidades de los nuevos tiempos y la propia organización del Estado, llega a propiciarse.

Es necesario crear mecanismos efectivos de comunicación para no producir confusiones y sí permitir al Estado tener la retroalimentación indispensable de la sociedad.

A estas alturas del proceso de democratización en México, ya debería haberse tomado conciencia de que, en general, nuestro gobierno requiere de una política de comunicación que cumpla con todos los cánones exigibles a las políticas gubernamentales, para que sean consideradas como políticas verdaderamente efectivas en cuanto a la gestión de la comunicación gubernamental. Hoy día la comunicación impartida por el Estado requiere más que nunca que sus operadores se encuentren apegados a un alto grado de profesionalización y sensibilidad política para desempeñarse con eficacia en este rubro que resulta de suma importancia para nuestro país.

Es necesario considerar que el contenido y los alcances de la comunicación política moderna ya no corresponden con la antigua visión de los ``manipuladores'' de noticias, de los improvisados que, al cobijo de sus amistades, ocultaban y ocultan sus deficiencias profesionales. Servidores públicos que proliferaron en las oficinas públicas del gobierno mexicano; que hicieron escuela y surco hondo en la trama del régimen político, en la larga fase de ausencia de competencia política real.

No es prudente olvidar que, a lo largo de nuestra historia, en México se crearon dependencias con el fin único de convertirse en creadoras de imagen de luminarias políticas; se fue instrumentado un sistema que evitó la formación de un sistema de información institucional, que integrara los esfuerzos y los objetivos del régimen, y que por el contrario dedicaron su esfuerzo a metas inmediatas y al cultivo faraónico de la imagen de los funcionarios, que a su vez, invariablemente estaban sujetos a sus propias metas políticas. Afortunadamente esta es una situación que ha presentado cambios importantes, se han legislado y orientado una serie de cambios que han impedido los excesos y los ejercicios discrecionales en estas áreas, pero queda claro que es necesario e innegable propiciar más cambios y consolidar el mejoramiento de la esfera de la comunicación social de las instituciones estatales.

El diseño e implementación de una política pública en materia de comunicación para nuestro país, es un asunto de importancia estratégica. No sólo por sus efectos sino, además, porque la comunicación ha dejado de ser un asunto marginal en el ejercicio del poder para convertirse en una vertiente sustantiva de la política que se despliega desde el gobierno.

Lo más relevante en este tema radica en analizar todos y cada uno de los aspectos relacionados con la política de comunicación gubernamental actual, es decir, comprenderla como una política pública emitida a través de un ente especializado dentro de la propia estructura del gobierno de nuestro país, que a la luz de los enormes desafíos que le esperan a la nueva vida de democracia que hoy vivimos, se presenta como un tema urgente; sin embargo, en este sentido los hechos son tercos.

Los desatinos han sido más grandes que los balbuceos para diseñar y constituir una efectiva política de comunicación gubernamental. Debemos considerar que la comunicación gubernamental requiere ser concebida, diseñada e implementada bajo el enfoque de una verdadera política de Estado emanada por un ente preponderantemente centralizado; no olvidemos que las condiciones políticas, sociales y económicas que favorecían el viejo modelo de comunicación gubernamental han cambiado y la persistencia de sus viejas formas puede a la larga provocar rendimientos decrecientes para el propio Estado; todo lo anterior, sin olvidar que las experiencias acumuladas en materia de comunicación gubernamental de los regímenes democráticos ofrecen un horizonte de aprendizaje y marcos de referencia que deberían ser procesados para formular una adecuada política de comunicación pública.

Luego entonces, un enfoque de comunicación social estatal adecuado, para diseñar la política de comunicación gubernamental, tendría que llevar consigo una obligada reforma a la administración pública federal.

Es indispensable la incorporación del tema de la comunicación pública gubernamental en la agenda nacional con la relevancia que requiere, es decir, con una perspectiva moderna que corresponda a la complejidad en los asuntos comunicativos del Estado y actúe como un filtro para mejorar la calidad de la información que éste presenta a la ciudadanía, lo que indudablemente redundaría en beneficio de nuestra forma nacional de gobierno que se vería impulsada por medio de una nueva institución capaz de salvaguardar la comunicación política y gubernamental, una entidad que, dentro de la administración pública federal, tenga como fin único restituir y mantener con profesionalismo, transparencia y eficacia la comunicación del Estado.

Actualmente, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Medios, es la encargada de orientar y organizar la política de comunicación del Estado mexicano. No obstante, dentro de la misma secretaría y otras dependencias oficiales existen problemas que no han permitido que esta normatividad opere con eficiencia y además se encuentre ajustada a los tiempos modernos.

Esta desorganización se traduce en la duplicación de funciones, efectos burocráticos, contradicción en los mensajes, desinformación dentro del propio gobierno, pérdida de imagen, falta de retroalimentación, dispersión y decisiones mal fundadas, dilapidación de recursos. Esta situación socava la función primordial de informar con veracidad a la sociedad y crear, por esta vía, conciencia social y cultura democrática.

Comunicar es, en efecto, formar un verdadero poder social porque la información emanada del Estado y resguardada por él es un bien público y no propiedad de los servidores públicos, electos o designados, que ejercen cargos dentro de la administración pública en cualesquiera de los tres niveles de gobierno. Una información pública bien manejada, bien difundida, facilita la toma de decisiones y enriquece el proceso de rendición de cuentas.

Un ministerio de información no es un tema nuevo. Países como Estados Unidos de América, lo tiene a través de un vocero del Departamento de Estado, Inglaterra cuenta con un Departamento de Información (oficina especial) y la Oficina Central de Información, la cual maneja la información internacional; Francia estableció el Ministerio de la Cultura y de la Comunicación.

Naciones como España también cuenta con este servicio a través del llamado vocero del Ejecutivo; y países sudamericanos cuentan con estructuras administrativas muy especializadas de información, como Argentina que además del vocero presidencial tiene la Secretaría de Medios de Comunicación.

México debe alentar esa área gubernamental para vigorizar la labor informativa y acabar con el burocratismo de la difusión. Evitar la absurda tramitología que confunde la formación de vías burocráticas, con la verdadera construcción de una política de comunicación integral.

Es necesario en este contexto de globalización, democratización, desarrollo tecnológico y fuerte rezago social, que nos involucra cada día en mayor medida, reparar en algunas cuestiones básicas, a la hora de formular la reforma que la política pública en materia de comunicación gubernamental necesita.

De esta forma, mi propuesta engloba, como mínimo, los siguientes aspectos:

a) Una nueva realidad en cuanto a políticas de comunicación, mediante la creación de una entidad centralizada que obedezca a una lógica especializada en el ejercicio de la comunicación emitida por el gobierno;
b) La comunicación gubernamental necesita el enfoque de la comunicación política, que desde luego no se reduce a la mercadotecnia, al control informativo ni a la compra de espacios mediáticos, sino más bien enfocada a explotar los recursos y medios con los que cuenta el Estado, vigilados de manera especializada por la nueva secretaría de Estado que propongo;
c) El diseño e implantación de la comunicación gubernamental requiere de nuevos enfoques, comportamientos, formatos y discursos políticos, acordes a nuestra realidad nacional;
d) La comunicación gubernamental, inevitablemente, se encuentra determinada, fundamentalmente, por el jaloneo que le dan los actores políticos en turno, por ello debe incorporar una perspectiva integrada de las acciones del gobierno, para acercar a toda la ciudadanía el derecho merecido de mantenerse informada;
e) Que en esta etapa de nuestro país, es urgente reconocer que la comunicación gubernamental no puede convertirse en una carrera desaforada contra el tiempo y contra los adversarios políticos para ganar la aceptación de la opinión pública, se trata de crear una comunicación imparcial controlada en beneficio del país y no para el beneplácito de particulares, por medio de un ente centralizado de nuestra administración pública, y
f) La comunicación gubernamental no es asunto de dinero o de control informativo, por ello un organismo capaz de vigilar su ejercicio resulta ser indispensable.

El tema de la transparencia y el acceso a la información pública ocupa la atención de diversos sectores de la sociedad y, sobre ello, las manifestaciones son diversas e incluso hasta se han considerado las acciones del Estado mexicano en este sentido como un método para el desarrollo democrático del país, es prudente entonces buscar más y mejores medios para su transmisión y una secretaría de Estado especializada en el tema es una buena medida a aplicar.

La nueva dependencia deberá atender el sistema de comunicación en relación con las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales del México de hoy y del mañana.

También considerará la estructura del sistema de comunicación nacional en su relación gobierno-sociedad. Definirá un código ético para el quehacer de la comunicación que obligue no sólo al Estado, sino también a los medios, a respetar irrestrictamente el derecho a una sana comunicación y fomentar la libertad de expresión.

Profundizará en la revisión de las disposiciones legales respecto del derecho a la información.

Hará cabal el derecho del Estado a contar con medios masivos, representantes del interés público.

Asimismo, deberá exaltar el verdadero nacionalismo, la unidad nacional y el fortalecimiento del Estado y sus instituciones.

Una verdadera política de comunicación social debe permitir que el Estado cumpla con su función social y que se legitime a través del consenso que sólo es posible cuando el gobierno conoce de la apreciación ciudadana sobre las acciones que ejecuta mediante sondeos de opinión que periódicamente deben realizarse a efecto de realizar las ratificaciones o las enmiendas necesarias a los programas gubernamentales. Los insumos de información no son sólo importantes en el marco de un proceso electoral sino, también y fundamentalmente, en el proceso de toma de decisiones.

La medición de la opinión pública, que se adjudica de manera exclusiva a esta nueva dependencia del Poder Ejecutivo en esta propuesta, es vital porque a través de ella puede conocerse el lugar que el ciudadano adjudica a sus gobernantes y al desempeño que ellos muestran en el ejercicio del servicio público.

El desafío es enorme y debe asumirse con todas sus consecuencias. La democracia ha traído consigo nuevas formas de relación social, donde los viejos referentes y actores sociales y políticos adquieren nuevos y polivalentes rostros y perfiles que en el pasado no existían dada la rigidez de las formas de la comunicación tradicional. El futuro en este campo nos alcanzó. Nuestra capacidad de comprender los inéditos cursos de acción que adquiere la comunicación es más lenta que el desarrollo de los procesos y los medios a través de los cuales se expresa. Pero no podemos esperar cruzados de brazos, o por lo menos, esta LX Legislatura no debería hacerlo.

Diseñar e implementar la política de comunicación gubernamental para una vida verdaderamente democrática es un asunto fundamental de una soberanía de comunicación. Nada más y nada menos, que por medio de los mecanismos con que cuenta el Estado mexicano, en este caso bajo la propuesta de una secretaría de despacho que propongo sea denominada ``Secretaría de Medios y Opinión Pública'' y que viene a absorber, por un lado, las atribuciones, de la actual Subsecretaría de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración plenaria de esta Cámara de Diputados el siguiente:

Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas deposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Primero. Se reforma y adiciona el artículo vigésimo sexto de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue:

Artículo 26. Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

Secretaría de Gobernación.
Secretaría de Relaciones Exteriores.
Secretaría de la Defensa Nacional.
Secretaría de Marina.
Secretaría de Seguridad Pública.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Secretaría de Desarrollo Social.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Secretaría de Energía.
Secretaría de Economía.
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.
Secretaría de Educación Pública.
Secretaría de Salud.
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Secretaría de la Reforma Agraria.
Secretaría de Turismo.
Secretaría de Medios y Opinión Pública.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Segundo. Se derogan las fracciones XXI; XXVII, y XXVIII del artículo vigésimo séptimo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I a XX
XXI. Derogada;
XXII a XXVI
XXVII. Derogada;
XXVIII. Derogada;
XXIX a XXXII

Tercero. Se adiciona un artículo 42 Bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Artículo 42 Bis. Para el cumplimiento de su objeto, a la Secretaría de Medios y Opinión Pública le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Formular, regular, conducir, orientar, apoyar, coordinar, vigilar, evaluar y fomentar las políticas y programas encaminados al desarrollo de la comunicación social de las dependencias y entidades del gobierno federal;
II. Promover, vigilar y conducir la política de comunicación social del gobierno federal y la relación de éste con los medios de comunicación del país;
III. Vigilar que los productos de los medios impresos y electrónicos así como las películas cinematográficas, observen los límites del respeto a la vida privada, a la paz y moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público;
IV. Someter a la consideración del presidente de la república las propuestas para reglamentar el aprovechamiento del tiempo que, en los medios, corresponde al Estado;
V. Elaborar y ejecutar programas que defiendan y promuevan el respeto a la observancia del derecho a la libre expresión;
VI. Contribuir a la creación y desarrollo de la promoción de acciones encaminadas a la actualización y modernización de métodos para mejorar la comunicación social gubernamental;
VII. Participar en el mejoramiento constante de la formación de profesionales de la comunicación social gubernamental, dentro de sus posibilidades, tanto en sus aspectos científicos, tecnológicos y éticos, como en lo referente a la adquisición de una conciencia social que redunde en la actitud favorable al desarrollo independiente y al progreso social de México;
VIII. Impulsar y difundir la investigación académica y científica relacionada con los medios y el desarrollo de la comunicación social gubernamental considerando, primordialmente, los objetivos del desarrollo nacional y el interés nacional;
IX. Realizar, previo diseño de instrumentos suficientes y necesarios para tal fin, los sondeos de opinión pública que, periódicamente, faciliten al Poder Ejecutivo federal conocer la apreciación ciudadana sobre las acciones de gobierno en ejecución y permitan realizar una planeación estratégica como complemento de los programas de comunicación social de cada dependencia federal;
X. Establecer vínculos con las instituciones, organismos y asociaciones de carácter nacional e internacional, que trabajen directa o indirectamente en el campo de la comunicación social gubernamental;
XI. Fomentar la calidad de los programas académicos en ejercicio con el objetivo de difundir aspectos referentes a la comunicación social gubernamental;
XII. Establecer y operar un sistema de investigación e información en teoría de medios de comunicación, bibliotecas especializadas y un centro de estudios para estudiantes y académicos del tema, y
XIII. Las demás que le atribuyan expresamente en la Constitución, las leyes y reglamentos relativos.
Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Posterior al inicio de la vigencia de este decreto, se adecuarán los reglamentos y manuales de organización de las distintas dependencias del Poder Ejecutivo federal, cuyas disposiciones contravengan lo previsto en el presente decreto.

Tercero. Cualquier órgano descentralizado, desconcentrado o con carácter de integrante de la administración pública federal en cualquiera de las modalidades existentes en México, ya establecidos conforme a esta y otras leyes y que tengan como su objetivo o fin velar por la administración y representación de medios de comunicación gubernamental, componer regular o vigilar programas de comunicación social del Estado, con excepción de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano Notimex, pasarán a formar parte de la Secretaría de Medios y Opinión Pública, en este caso el traspaso se hará incluyendo al personal a su servicio, mobiliario, vehículos, instrumentos, aparatos, maquinaria, archivos y, en general, el equipo que la dependencia haya utilizado para la atención de los asuntos a su cargo.

Cuarto. El presidente de la república expedirá el estatuto orgánico de la Secretaría de Medios y Opinión Pública dentro de los noventa días siguientes a la entrada en vigor de este decreto.

Quinto. Todos los asuntos en trámite o pendientes de resolución en materia de comunicación gubernamental a cargo de cualquier órgano de la administración pública federal, que se transformara mediante este decreto, serán atendidos hasta su conclusión por la secretaría que se crea con este decreto.

Sexto. El patrimonio de la Secretaría de Medios y Opinión Pública se integra por las partidas que se señalen para ello en el decreto de Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal inmediato a la publicación y entrada en vigor de este decreto y, de estar éste ya en ejecución, será el titular de Ejecutivo federal quien provea en lo inmediato, las asignaciones presupuestales necesarias para que la Secretaría de Medios y Opinión Pública inicie sus funciones.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 7 de febrero de 2008.--- Diputado Felipe Díaz Garibay (rúbrica).»

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Gracias, diputado Felipe Díaz Garibay. Insértese de manera íntegra en el Diario de los Debates, como lo ha solicitado y túrnese su iniciativa a la Comisión de Gobernación, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Se acaba de recibir una comunicación de la Junta de Coordinación Política. Proceda la Secretaría a darle lectura.



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

El Secretario diputado Jacinto Gómez Pasillas : «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.--- Cámara de Diputados.--- LX Legislatura.--- Junta de Coordinación Política.

Diputada Ruth Zavaleta Salgado , Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.--- Presente.

Por instrucciones del diputado Héctor Larios Córdova , Presidente de la Junta de Coordinación Política, con fundamento en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 109 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, me permito comunicarle las sustituciones que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ha solicitado:

Entra: Diputada Dora Alicia Martínez Valero .
Sale: Diputada María del Pilar Ortega Martínez .
Cargo: Suplente.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Palacio Legislativo, México, DF, a 13 de febrero de 2008.--- Ingeniero Alfredo Rivadeneyra Hernández (rúbrica), Secretario Ejecutivo.»

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : De enterado. Comuníquese.



LEY PARA EL FOMENTO A LA INNOVACION Y AL DESARROLLO DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES DE BASE TECNOLOGICA

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Esta Presidencia recibió del diputado Eduardo Ortiz Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, solicitud de excitativa a la Cámara de Senadores.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Excitativa a la Cámara de Senadores, a solicitud del diputado Eduardo Ortiz Hernández , del Grupo Parlamentario del PAN

Diputado Eduardo Ortiz Hernández , del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, fracción XVI, y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados que formule atenta excitativa a la colegisladora, a efecto de que realice el análisis, discusión y aprobación de la Ley para el Fomento a la Innovación y al Desarrollo de Empresas y Actividades de Base Tecnológica.

El 20 de octubre de 2005 se presentó ante la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley para el Fomento a la Innovación y al Desarrollo de Empresas y Actividades de Base Tecnológica, a cargo los diputados María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional.

El 19 de abril de 2006, las Comisiones Unidas de Economía, y de Hacienda y Crédito Público emitieron el proyecto de dictamen.

El 25 de abril de 2006 se realizó la votación en el Pleno de la Cámara de Diputados de la iniciativa, resultando aprobada por 310 votos en pro, 2 en contra y 3 abstenciones.

Consideramos de gran trascendencia la propuesta legislativa, ya que como en su misma exposición de motivos se manifiesta, tiene entre muchas finalidades, el fomento de los procesos de innovación productiva y tecnológica de las empresas, así como propiciar el desarrollo de las actividades y sectores económicos basados en el uso intensivo y la aplicación comercial de conocimientos científicos y tecnológicos, con el propósito de elevar la productividad y competitividad de la economía del país e impulsar el aumento sostenido del ingreso nacional y del bienestar general.

Otra de las virtudes de este proyecto es el énfasis que se pone en la asignación de los recursos bajo el criterio de las ventajas comparativas que gozan las distintas regiones del país y su madurez de desarrollo para ser objeto del apoyo que pretende la ley.

En otras palabras, se establecen los mecanismos a través de los cuales la autoridad federal y las estatales realizarán un diagnóstico de las entidades federativas el cual arrojará la información suficiente para catalogar los distintos sectores prioritarios que serán objeto del fomento de la ley. Con ello se pretende focalizar los recursos a las actividades y las regiones que contribuyan en mayor medida en el desempeño competitivo y el desarrollo de la economía nacional en el mediano y largo plazos.

Asimismo, se pretende propiciar el desarrollo de las actividades y sectores económicos basados en el uso intensivo y la aplicación comercial de conocimientos científicos y tecnológicos, nos permitirá incrementar el número de científicos e inventores, así como elevar la productividad y competitividad de la economía del país, para impulsar el aumento sostenido del ingreso nacional y, por ende, del bienestar general. El desarrollo científico y tecnológico es motor de cambio social y progreso económico en el mundo.

Han transcurrido más de diez y nueve meses de haber sido recibido por el Senado de la Republica el dictamen de proyecto de iniciativa y a la fecha continúa sin el análisis, discusión y aprobación.

Considerando de suma importancia que dicha propuesta reciba la debida atención y estudio, solicito a la presidencia de esta Cámara de Diputados que emita la presente excitativa y sea inscrita íntegramente en el Diario de los Debates.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2008.--- Diputado Eduardo Ortiz Hernández (rúbrica).»

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Remítase a la Cámara de Senadores.



LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Se recibió del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del PRD, solicitud de excitativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Excitativa a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Salud, a solicitud del diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera , del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito solicitar a la Presidencia de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, formule una excitativa a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Salud para que a la brevedad presenten al pleno de esta Soberanía el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Capitulo XIII-A al Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo.

Su servidor diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera el pasado 26 de abril de 2007, presenté ante el Pleno de la honorable Cámara de Diputados, una iniciativa de ley con proyecto de decreto que adiciona un Capitulo XIII-A al Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo, pero a casi un año de haberse presentado dicha iniciativa y que ha transcurrido en exceso el plazo que tienen las comisiones para dictaminar los asuntos de su competencia, de conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, le solicito excitar a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Salud, para que dictaminen la iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo en relación con la regulación de las condiciones de trabajo de las y los trabajadores sexuales de este país, en el sentido de integrar y proteger a las sexo servidoras y los sexo servidores dentro de Ley Federal del Trabajo.

Por lo que esta excitativa, señora Presidenta, va en el sentido de solicitar su intervención, para que dicha iniciativa sea dictaminada por las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Salud ya que lo que se esta proponiendo en la misma es que las y los sexo servidores puedan defender sus derechos con un marco laboral actual, ya que es importante legislar en su favor de manera expresa para que no quede duda alguna de que son titulares de derechos laborales y de la seguridad social que la constitución establece y también para consagrar modalidades jurídicas propias ante las características particulares de este trabajo.

Para ofrecer un mejor esquema de seguridad social se propone reconocer a estos sexo servidores la calidad de trabajadores con derecho a todo el marco tutelar que nuestro estado de derecho establece: jornada laboral definida, justa retribución, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, prima de antigüedad, indemnizaciones de ley, descanso semanal, entre otras. Una vez reconocido todo esto tendrán derecho a acceder a la protección de la seguridad social, no con un régimen especial y limitado, sino dentro del régimen obligatorio del Seguro Social con acceso a los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, pensiones y guarderías. Por lo tanto la adición del Capítulo Especial propuesto a la Ley Federal del Trabajo, servirá para dotar a este sector laboral de todos los beneficios laborales que la legislación prevé.

Hay otro grupo de las y los trabajadores sexuales que trabajan de manera independiente, en cuyo caso con dicha reforma se propone que puedan incorporarse al régimen obligatorio o voluntario del IMSS como trabajadoras independientes, según ellas lo decidan.

Las y los trabajadores sexuales sujetos a una relación de trabajo accederán en los términos de ley a las prestaciones del Infonavit y del SAR.

Por lo expresado y ante la falta de dictamen por parte de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud, es que solicitamos a la Presidencia de esta soberanía para que proceda a excitar a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Salud para que presenten el dictamen correspondiente, a la iniciativa presentada el 26 de abril de 2007, que corresponde a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un Capitulo XIII-A al Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo.

Le pido su compresión, diputada Presidenta, para que esta excitativa sea publicada íntegramente en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 febrero del 2008.---Diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera (rúbrica).»


LEY FEDERAL DE DERECHOS - LEY DE COORDINACION FISCAL

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Se recibió del diputado Moisés Dagdug Lützow, del Grupo Parlamentario del PRD, solicitud de excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Moisés Dagdug Lützow , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscito, diputado federal, Moisés Dagdug Lützow , integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento por lo establecido en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva que formule una excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que presenten el dictamen correspondiente, con base en los siguientes

Antecedentes

Durante la sesión del día 6 de septiembre de 2007, el suscrito presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 261, de la Ley Federal de Derechos, y el artículo 2-A, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal.

La Presidencia de la Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público por ser un tema de su competencia, a objeto de que emitiera el dictamen correspondiente.

En razón de lo anterior se expresan las siguientes

Consideraciones

Primero. En los lugares donde se efectúa la extracción material y en aquellos donde se procesan y exportan los hidrocarburos, se resienten todo un cúmulo de efectos negativos para el medio ambiente y la población. Entre ellos podemos señalar los derivados de la insuficiencia de la infraestructura municipal básica, como consecuencia de un acelerado crecimiento demográfico; contaminación de suelos y mantos acuíferos; derrames en ríos, litorales y esteros; hacinamiento de la población en condiciones insalubres; afectaciones a las actividades económicas persistentes con las consecuentes secuelas de desempleo y tensiones sociales derivadas; entre muchos efectos.

Segundo. Ante estos efectos negativos, la población voltea siempre en primera instancia hacia las autoridades municipales, quienes cuentan con recursos muy limitados para hacer frente a las necesidades de la población. La situación se agudiza si no hay un adecuado entendimiento político entre los tres niveles de gobierno. Frente a esta realidad, tanto en la Ley Federal de Derechos como en la de Coordinación Fiscal, se prevén ya recursos directos a los municipios por los cuales se exportan los hidrocarburos. Inexplicablemente, no están considerados los municipios en cuyo territorio se realiza la extracción de los hidrocarburos ni aquellos en los cuales estos se transforman en los destilados que sirven de base para toda nuestra actividad económica. Es innegable que en ambos casos se resienten los efectos señalados. La situación ambiental de Comalcalco o Centla, en Tabasco; así como los índices de contaminación de Salamanca, Guanajuato, son lamentables botones de muestra.

Por lo expuesto, y habiéndose cumplido con exceso el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a usted ciudadana Presidenta de la Mesa Directiva, atentamente solicito:

Único. En los términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que formule el dictamen correspondiente a la iniciativa mencionada.

Diputado Moisés Félix Dagdug Lützow (rúbrica).»


ARTICULO 74 CONSTITUCIONAL

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Se recibió del diputado Moisés Dagdug Lützow, del Grupo Parlamentario del PRD, solicitud de excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, a solicitud del diputado Moisés Dagdug Lützow , del Grupo Parlamentario del PRD

EL suscito, diputado federal Moisés Dagdug Lützow , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva que formule una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente el dictamen correspondiente, con base en los siguientes

Antecedentes

Durante la sesión del día 9 de octubre de 2007, el suscrito presentó la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha iniciativa tiene como propósito establecer que los programas y proyectos de inversión que abarquen varios ejercicios fiscales tengan garantizadas las asignaciones presupuestarias correspondientes.

La Presidencia de la Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, por ser un tema de su competencia, a objeto de que emitiera el dictamen correspondiente.

En razón de lo anterior, se expresan las siguientes

Consideraciones

Primera. El artículo 74 constitucional ha venido regulando, desde la entrada en vigor de la Constitución de 1917, la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para aprobar anualmente el proyecto de Presupuesto de Egresos y revisar la cuenta pública del año anterior.

Segunda. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se concentran los recursos públicos que emplean las dependencias federales y, en algunos casos, las estatales y municipales, para satisfacer sus requerimientos financieros. Éste es el instrumento más poderoso del gobierno federal, junto con la Ley de Ingresos de la Federación y la política monetaria, para incidir en la evolución económica del país.

Tercera. El Presupuesto de Egresos de la Federación es un instrumento legal establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 74, donde se establece: ``Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificaciones del proyecto enviado por el Ejecutivo federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deban decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior''.

Cuarta. Es precisamente la temporalidad anual del Presupuesto uno de los substanciales problemas del marco jurídico en materia presupuestaria que impactan a los programas y proyectos de inversión. Es así que tanto la administración pública federal como la estatal y la municipal, al iniciar sus programas o proyectos de inversión de mediano y largo plazos en repetidas ocasiones, por no tener la fuente de financiamiento durante su tiempo de vida quedan inconclusos; y el escenario se empeora todavía más cuando ya han sido evaluados como socialmente rentables para el país.

Quinta. Es vital para los programas y proyectos de inversión, asegurarles su capitalización en el mediano y largo plazos, que les garantice la viabilidad y certidumbre financiera para todo el periodo de su ejecución; lo anterior, asegura su conclusión y en consecuencia acrecienta el patrimonio nacional en aquellos programas y proyectos de inversión que son provechos para el desarrollo de nuestra nación.

Sexta. La Carta Magna de 1917 y las leyes reglamentarias de la materia, a lo largo de estos años, han conferido al Congreso de la Unión, particularmente a esta Cámara, suficiente autoridad en materia presupuestaria y de supervisión del gasto público. Sin embargo, tales preceptos normativos no se han convertido en mecanismos efectivos para aumentar la planeación del gasto público; contribuyendo así, a evitar los malos manejos, la ineficiencia gubernamental y la corrupción que actualmente, sigue lacerando al Estado mexicano.

Por lo expuesto y habiéndose cumplido con exceso el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a usted, ciudadana Presidenta de la Mesa Directiva, atentamente solicito

Único. En los términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que excite y envíe el presente documento a la Comisión de Puntos Constitucionales para que formule el dictamen correspondiente a la iniciativa mencionada.

Diputado Moisés Félix Dagdug Lützow (rúbrica).»


LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Se recibió del propio diputado Dagdug Lützow, del Grupo Parlamentario del PRD, solicitud de excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Moisés Dagdug Lützow , del Grupo Parlamentario del PRD

El suscito, diputado federal Moisés Dagdug Lützow , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva que formule una excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que presenten el dictamen correspondiente, con base en los siguientes

Antecedentes

Durante la sesión del día 27 de noviembre de 2007, el suscrito presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el cuarto párrafo del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a objeto de que los municipios de Balancán y Tenosique del estado de Tabasco, adquieran la condición de región fronteriza para efectos fiscales.

La Presidencia de la Cámara de Diputados turnó dicha iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, por ser un tema de su competencia, a objeto de que emitiera el dictamen correspondiente.

En razón de lo anterior se expresan las siguientes

Consideraciones

Primera. El artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece que los contribuyentes residentes en la región fronteriza aplicarán una tasa del 10 por ciento, y no la tasa general del 15 por ciento, a los actos o actividades por los que se deba pagar el impuesto al valor agregado, siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en esa región.

Segunda. La aplicación de la tasa del 10 por ciento en el artículo antes aludido se ha justificado bajo el hecho de que las condiciones geográficas existentes en la región fronteriza hacen que los consumidores nacionales se vean motivados a realizar la adquisición de bienes y servicios en las ciudades fronterizas limítrofes de los Estados Unidos de América, con el consiguiente impacto desfavorable en la economía de dicha región.

Tercera. Dicho precepto no considera a los mexicanos que habitan la región fronteriza colindante con la República de Guatemala que igualmente enfrentan problemas de competitividad impositiva. Tabasco comparte con la República de Guatemala una franja fronteriza de 118 kilómetros, cuyos límites abarcan los municipios de Balancán y Tenosique, jurisdicciones que han venido padeciendo los efectos de esta dispar competencia impositiva, particularmente en los impuestos al consumo, motivo por el cual resulta impostergable atender la existencia de dicha circunstancia.

Cuarta. La presente iniciativa tiene el espíritu de plantear la necesidad de contar con tasas impositivas competitivas frente a los países vecinos, en virtud de que por ejemplo en Estados Unidos los gravámenes al consumo observan impuestos del 6 al 8 por ciento, por eso, la necesidad de que nuestros connacionales que habitan en las regiones fronterizas contiguas con dicho país, o bien, cuyos principales negocios se realizan con el mismo, como el caso del estado de Quintana Roo, gocen de una tasa preferencial reducida en el impuesto al valor agregado. En el caso de las entidades del sureste mexicano, este asunto sólo se circunscribe a la franja de 20 kilómetros en torno de la frontera con los países de Centroamérica.

Quinta. Con esos razonamientos que se propone se aplique el tratamiento fiscal en materia del impuesto al valor agregado de la región fronteriza del norte del país y la del estado de Quintana Roo, a los municipios de Balancán y Tenosique con la finalidad de promover su economía y proyectar su situación competitiva en un entorno globalizado.

Por lo expuesto y habiéndose cumplido con exceso el plazo que establece el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a usted, ciudadana Presidenta de la Mesa Directiva, atentamente solicito

Único. En los términos del artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite y envíe el presente documento a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que formule el dictamen correspondiente a la iniciativa mencionada.

Diputado Moisés Félix Dagdug Lützow (rúbrica).»


LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Se recibió de la diputada Susana Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PRD, solicitud de excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud de la diputada Susana Monreal Ávila , del Grupo Parlamentario del PRD

Susana Monreal Ávila , diputada federal por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática por la LX Legislatura, con fundamento en el artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le solicitó al presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta soberanía, para que cumplan con lo dispuesto en el artículo 45, numeral 6, incisos c), e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que dictaminen la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, bajo los siguientes

Antecedentes

1. Con fecha 4 de abril de 2006, se presenta iniciativa al Pleno de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado federal Rafael Flores Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para reformar el artículo 6, de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrara el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. El objetivo de la iniciativa es abrir una segunda etapa para la inscripción de ex trabajadores migratorios en el padrón, así como reconocer otro tipo de documentos fehacientes que acrediten su legal estancia laboral en Estados Unidos.

2. La Comisión de Hacienda y Crédito Público presenta al Pleno, proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, y fue aprobado en la Cámara de Diputados con 289 votos en pro y 4 abstenciones, el miércoles 26 de abril de 2006. Publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 1995-II.

3. El 27 de abril de año 2007, la Cámara de Diputados turnó la referida minuta a la Cámara de Senadores, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Primera. Publicada en su Gaceta Parlamentaria 171, año 2006, del 3o. ejercicio del segundo periodo ordinario.

4. Con fecha 10 de mayo de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió procedente conceder el amparo y protección de la justicia a ex trabajadores migratorios por contar con la documentación correspondiente que los acredita como trabajadores empleados en Estados Unidos de América; como consecuencia del amparo, la Corte consideró inconstitucional la fracción I, de los numerales 4 y 6, de referida ley.

5. El 31 de agosto del año 2007, ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, presente una excitativa para que las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores, dictaminaran la multicitada minuta.

6. Las comisiones citadas en el párrafo anterior, dictaminaron la referida minuta el jueves 25 de octubre del año próximo pasado, remitiéndola a la hornorable Cámara de Diputados, publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 2370.

Siendo una minuta de gran impacto social, les solicito, compañeros diputados, que en el ánimo de una buena voluntad política, se emita su respectivo dictamen, en virtud de que demasiados ex trabajadores migrantes mexicanos están en espera de lo que por derecho les pertenece.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente excitativa que a la letra dice:

Único. Que la Comisión de Hacienda y Crédito Público dictaminen la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, y cumplan con lo dispuesto en el artículo 45, numeral 6, incisos c), e), f) y g), en virtud de que excedió en demasía los 5 días para su dictaminación.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Cámara de Diputados, a 14 de febrero de 2008.--- Diputada Susana Monreal Ávila (rúbrica).»


LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Se recibió del diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, solicitud de excitativa a la Comisión de Economía.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Excitativa a la Comisión de Economía, a solicitud del diputado Manuel Cárdenas Fonseca , del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Con fundamento en los artículos cuarto y décimo quinto del acuerdo relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicito atentamente que se sirva turnar, para su publicación en la Gaceta Parlamentaria y su incorporación a el orden del día de la sesión del Pleno de esta LX Legislatura del día 14 de febrero de 2008, la presente excitativa.

Antecedentes

La iniciativa fue presentada el día 22 de febrero de 2007 por el diputado Alejandro Sánchez Camacho , del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Economía.

En sesión celebrada el día 25 de octubre de 2007 se dio paso a los dictámenes de primera lectura, entre los cuales se encontraba el dictamen de la Comisión de Economía con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica, dispensándose la lectura de los mismos. Después de la votación económica, la diputada Presidenta Ruth Zavaleta Salgado declaró: quedan de primera lectura.

El día 29 de noviembre de 2007 se incluyó en el orden del día el dictamen a discusión de la Comisión de Economía con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica; sin embargo, mediante comunicación signada por la Comisión de Economía, se solicitó que fuera retirado de dicho orden para que se incluyera en la sesión del 6 de diciembre de 2007.

En sesión de ese día, la diputada Presidenta señaló que se había comunicado que los compañeros de la Comisión de Competencia Económica nuevamente pidieron se pospusiera la discusión del dictamen de referencia para el siguiente martes 11 del mismo mes y año. Sin embargo, este asunto no se pudo abordar durante el transcurso de la sesión, en virtud de la votación al dictamen de la Comisión de Gobernación del proyecto de decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El día 12 de diciembre del año pasado la presidenta de la Comisión de Economía, diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez , pidió, en nombre de esa comisión, que el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica quedara fuera del orden del día sin que regresara a la comisión y se pospusiera para el siguiente periodo de sesiones la discusión del mismo. Se consultó a la asamblea y la diputada Presidenta declaró que se posponía la discusión de este dictamen para el siguiente periodo.

Considerandos

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito respetuosamente

Único: Formule excitativa a la Comisión de Economía para que presente el dictamen a discusión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica.

Diputado Manuel Cárdenas Fonseca (rúbrica).»


LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : Se recibió del diputado Felipe González Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN, solicitud de excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a solicitud del diputado Felipe González Ruiz , del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le otorgan los artículos 23, inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita respetuosamente a la Presidenta de la Mesa Directiva de esta honorable soberanía que realice una excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Diputados para que presente con la mayor brevedad el dictamen correspondiente a la minuta del Senado de la República con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Antecedentes

1. El 28 de abril de 2005 se expidió la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará El Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos.

2. El 27 de a abril de 2006 la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

3. En esa misma fecha la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores turnó la minuta con proyecto de decreto antes señalada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera, para su estudio y dictamen.

4. El 25 de octubre de 2007 el Senado de la República devolvió a esta Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, turnándose para su análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, sin que hasta el momento se haya presentado el dictamen correspondiente.

Consideraciones

Derivado del acuerdo entre los gobiernos de Estados Unidos y México, mediante el Programa Bracero, se respaldó al primero, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, con mano de obra de trabajadores mexicanos entre 1944 y 1967.

Dentro de las prestaciones de estos trabajadores Braceros, se creó un Fondo de Ahorro, mismo que las autoridades estadounidenses afirman entregaron al Gobierno Mexicano de aquello años. Dichos recursos se remitieron al Banco Agrícola (Banrural), sin que éstos se destinarán a los trabajadores Braceros, por lo que en la actualidad solicitan el cumplimiento de esos ahorros, alegando que se cometió una arbitrariedad y una injusticia con los ahorros de toda su vida laboral.

Ahora, estos ex trabajadores, exigen al Gobierno Federal actual que se responsabilice de esta deuda y solucione su demanda, sin embargo, esta administración no puede más que sensibilizarse a este respecto y tratar de brindar los apoyos a quien lo amerite, de acuerdo con las posibilidades presupuestales anuales etiquetadas para tal fin.

El Fideicomiso creado a través de la Ley ha tratado de solucionar estas demandas, por ello, la Secretaría de Gobernación integró un padrón de ex trabajadores migratorios mexicanos, solicitando como requisito para el registro, la exhibición de documentos que acreditaran que las personas interesadas laboraron en Estados Unidos de América durante los años que comprenden de 1942 a 1964 en el marco del convenio migratorio, o bien, que eran familiares con legítimo derecho a recibir los recursos.

Pese a ello, la integración de este padrón fue motivo de constantes y crecientes inconformidades de muchos ex braceros y de sus organizaciones debido a que por diversos motivos, no quedaron registrados en el listado de beneficiarios.

Hoy nos enfrentamos a la problemática de que existen muchas personas, titulares y beneficiarios sin registro y con legítimo derecho a recibir el apoyo que el gobierno federal ha venido otorgando, lo anterior debido a diversos factores, pero el más recurrente es la falta de reconocimiento de la existencia de otro tipo de documentos que acreditan que el trabajador laboró en esa época.

La minuta, entre otras modificaciones, amplía los requisitos formales para ser beneficiarios, incorporando el Social Security, derivado del contrato de Trabajo del Programa Bracero, durante los años 1942-1964, toda vez que con ello se aumentaría el universo de los trabajadores con posibilidades de acreditarse.

Igualmente, se reforma el artículo 8, para que la relación de las aportaciones que realice el Fideicomiso, se publique en el Diario Oficial de la Federación así como en medios masivos de comunicación, permitiendo la transparencia en el manejo de los recursos, y la oportunidad para los beneficiarios de verificar los avances en el trámite de entrega de los apoyos.

Por todo lo anterior, ciudadana Presidenta, atentamente me permito solicitar a usted:

Único. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tenga a bien excitar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta honorable Cámara de Diputados para que con la mayor brevedad dictamine la minuta de la Cámara de Senadores con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2008.--- Diputado Felipe González Ruiz (rúbrica).»

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras : De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones mencionadas para que emitan el dictamen correspondiente.

Continúe la Secretaría.



ORDEN DEL DIA

La Secretaria diputada María del Carmen Salvatori Bronca : «Primer Periodo Ordinario de Sesiones.--- Segundo Año de Ejercicio.--- LX Legislatura.

Orden del día

Martes 19 de febrero de 2008.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con proyecto de decreto que adiciona una fracción XXX al artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alejandro Díaz y Pérez Duarte, para aceptar y usar la Condecoración de la Gran Cruz de la Orden del Fénix, que le otorga el Gobierno de la República Helénica.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al General Guillermo Galván Galván, para aceptar y usar la Condecoración de la ``Cruz Peruana al Mérito Militar'', en grado de ``Gran Cruz'' que le otorga el Gobierno de la República de Perú.

De la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Oscar Cruz Barney, para aceptar y usar la Condecoración del ``Caballero de Mérito de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge'', que le otorga el Gobierno del Reino de España.

Los asuntos no abordados en esta sesión, y los demás con los que la Mesa Directiva dé cuenta.»



CLAUSURA Y CITATORIO

El Presidente diputado Cristián Castaño Contreras (a las 15:02 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 19 de febrero a las 11:00 horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9: 30 horas.

--------------- O ---------------



RESUMEN DE TRABAJOS



DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)

ASISTENCIA


DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 2, NUMERAL 2, INCISO C, DEL REGLAMENTO PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS, SE PUBLICA LA SIGUIENTE LISTA DE ASISTENCIA DE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS

SECRETARÍA GENERAL

GRUPO
PARLAMENTARIO
ASISTENCIA ASISTENCIA
POR CÉDULA
ASISTENCIA
COMISIÓN
OFICIAL
PERMISO
MESA
DIRECTIVA
INASISTENCIA
JUSTIFICADA
INASISTENCIAS TOTAL
ALT 168 25 2 3 0 9 207
PRD 75 33 2 2 0 15 127
PRI 78 8 2 10 0 8 106
CONV 15 0 0 1 0 2 18
PVEM 9 7 0 0 0 1 17
PT 7 4 0 0 0 0 11
NA 5 3 1 0 0 0 9
ALT 5 0 0 0 0 0 5
TOTAL 362 80 7 16 0 35 35

Nota: Las diferencias que existen entre las listas de asistencias y el número de votos puede variar conforme a los diputados presentes al momento de la votación.


SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE ASISTENCIA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
1 Acosta Dávila Constantino CÉDULA
2 Aguilar López José Alejandro ASISTENCIA
3 Alcalde Virgen Moisés ASISTENCIA
4 Alcaraz Hernández Alma Edwviges ASISTENCIA
5 Álvarez Bernal María Elena ASISTENCIA
6 Amezola Fonceca Gerardo ASISTENCIA
7 Aranda Orozco Gerardo ASISTENCIA
8 Arellano Arellano Joel ASISTENCIA
9 Arenas Guzmán Margarita CÉDULA
10Arizméndi Uribe Efraín ASISTENCIA
11 Armendáriz García Pedro ASISTENCIA
12 Arredondo Ibarra Salvador ASISTENCIA
13 Arredondo Velázquez Jesús ASISTENCIA
14 Ávila Mayo Obdulio ASISTENCIA
15 Barradas Miravete Gregorio ASISTENCIA
16 Barrios Rodríguez Juan Enrique ASISTENCIA
17 Bello Pérez Alfonso Othón ASISTENCIA
18 Berber Martínez Antonio ASISTENCIA
19 Bermúdez Viramontes Andrés ASISTENCIA
20 Bolaños Aguilar Edmundo Javier ASISTENCIA
21 Borboa Becerra Omar Antonio ASISTENCIA
22 Borrego Estrada Felipe ASISTENCIA
23 Bracho González Carlos Augusto ASISTENCIA
24 Buganza Salmerón Gerardo ASISTENCIA
25 Campos Galván María Eugenia ASISTENCIA
26 Carbajal Méndez Liliana ASISTENCIA
27 Carbajal Tejada Rogelio ASISTENCIA
28 Cárdenas Sánchez Esmeralda ASISTENCIA
29 Cardona Benavidez Alma Xóchil ASISTENCIA
30 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto INASISTENCIA
31 Castaño Contreras Cristián ASISTENCIA
32Castro De la Rosa Osiel ASISTENCIA
33 Castro Muñoz Juan de Dios ASISTENCIA
34Castro Romero Ma. Sofía Del Perpetuo ASISTENCIA
35 Ceja Romero Ramón ASISTENCIA
36 Chávez García Daniel PERMISO MESA DIRECTIVA
37 Collado Lara Beatriz ASISTENCIA
38 Contreras Coeto José Luis INASISTENCIA
39 Corral Aguilar María Mercedes ASISTENCIA
40 Cuen Garibi Marcela ASISTENCIA
41 Curiel Preciado Leobardo ASISTENCIA
42 Dávila Fernández Adriana ASISTENCIA
43 Dávila García Francisco ASISTENCIA
44 De la Torre Jaramillo Eduardo Sergio ASISTENCIA
45 De León Tello Jesús ASISTENCIA
46 Degante Romero Silvia Emilia ASISTENCIA
47Del Toro del Villar Tomás ASISTENCIA
48 Del Valle Toca Antonio CÉDULA
49 Delgado Oscoy Alejandro Enrique ASISTENCIA
50Denegre Vaught Ramírez Rosaura Virginia ASISTENCIA
51 Deschamps Falcón Ángel Rafael ASISTENCIA
52 Díaz García José Antonio ASISTENCIA
53 Díaz Garibay Felipe ASISTENCIA
54 Díaz Gordillo Martha Cecilia ASISTENCIA
55 Díaz Mena Joaquín Jesús ASISTENCIA
56 Díaz de León Torres Leticia ASISTENCIA
57 Domínguez Servién Francisco ASISTENCIA
58 Duck Núñez Edgar Mauricio ASISTENCIA
59 Enríquez Flores Armando ASISTENCIA
60 Escaroz Soler Gerardo Antonio ASISTENCIA
61 Escobar Jardinez Adolfo ASISTENCIA
62 Espinosa Piña José Luis ASISTENCIA
63 Félix Holguín Armando Jesús ASISTENCIA
64 Felton González Carlos Eduardo ASISTENCIA
65 Fernández Cabrera Adrián CÉDULA
66Fernández Ugarte Ma. del Carmen ASISTENCIA
67 Figueroa Ortega David ASISTENCIA
68 Flores Domínguez Emilio Ramón Ramiro CÉDULA
69 Flores Grande Arturo CÉDULA
70 Flores Morfín Jesús Vicente ASISTENCIA
71 Fraile García Francisco Antonio ASISTENCIA
72 Franco Cazarez Ricardo ASISTENCIA
73 Fuentes Ortíz José Guillermo ASISTENCIA
74 García González Carlos Alberto ASISTENCIA
75 García Müller Martha Margarita ASISTENCIA
76 García Reyes Ángel Humberto ASISTENCIA
77 García Reyes Beatriz Eugenia ASISTENCIA
78 García Vivián Raúl ASISTENCIA
79 Garmendia Hernández Yolanda Mercedes ASISTENCIA
80 Gómez Leyva Silvio ASISTENCIA
81 González Betancourt Jorge Justiniano ASISTENCIA
82 González Martínez María Gabriela CÉDULA
83 González Morán Martín Oscar ASISTENCIA
84 González Roaro Benjamín Ernesto ASISTENCIA
85 González Ruiz Felipe ASISTENCIA
86González Sánchez Ma. Dolores ASISTENCIA
87Gudiño Ortíz Francisco Javier ASISTENCIA
88 Guerrero Torres José Gildardo ASISTENCIA
89 Gutiérrez Lagunes María Victoria ASISTENCIA
90 Hernández Núñez Elia ASISTENCIA
91 Hurtado Pérez Nelly Asunción ASISTENCIA
92 Iragorri Durán Enrique ASISTENCIA
93Jiménez del Castillo Ma. de los Ángeles ASISTENCIA
94 Jiménez Ramos María Esther ASISTENCIA
95 Joaquín Coldwell Addy Cecilia ASISTENCIA
96 Lagunes Viveros Violeta del Pilar INASISTENCIA
97 Landero Gutiérrez Alejandro ASISTENCIA
98 Landeros González Ramón ASISTENCIA
99 Lara Compeán David ASISTENCIA
100 Larios Córdova Héctor CÉDULA
101 Laviada Hernández Iñigo Antonio CÉDULA
102 Lemus Muñoz Ledo Ramón Ignacio OFICIAL COMISIÓN
103 Leura González Agustín ASISTENCIA
104 Lezama Aradillas René ASISTENCIA
105 Limas Frescas María Soledad ASISTENCIA
106 Lizaola de la Torre Alonso Manuel ASISTENCIA
107 López Cisneros José Martín ASISTENCIA
108 López Reyna Omeheira ASISTENCIA
109 López Silva Rubí Laura CÉDULA
110 Ludlow Kuri Lorenzo Daniel CÉDULA
111 Lujano Nicolás Christian Martín CÉDULA
112 Maawad Robert Luis Xavier ASISTENCIA
113 Macías Zambrano Gustavo ASISTENCIA
114 Madrazo Limón Carlos ASISTENCIA
115Magallón Arceo Leonardo Melesio de J. ASISTENCIA
116 Malagón Ríos Martín ASISTENCIA
117 Maldonado González David ASISTENCIA
118Manuell-Gómez Angulo Dolores De María INASISTENCIA
119 Martínez Díaz María de Jesús CÉDULA
120 Martínez Valero Dora Alicia INASISTENCIA
121 Medellín Varela Antonio INASISTENCIA
122 Medina Macias Alma Hilda ASISTENCIA
123 Medina Rodríguez Delber ASISTENCIA
124 Medina Rodríguez Lizbeth Evelia CÉDULA
125 Mejía García Luis Alonso ASISTENCIA
126 Méndez Meneses Apolonio ASISTENCIA
127 Mendoza Morales Lucía Susana ASISTENCIA
128 Mohamar Dainitin Oscar Miguel ASISTENCIA
129 Mollinedo Hernández Agustín ASISTENCIA
130 Monraz Ibarra Miguel Ángel ASISTENCIA
131 Montes Sánchez Fabián Fernando ASISTENCIA
132 Mora Cuevas Marisol ASISTENCIA
133 Morales Ramos José Nicolás ASISTENCIA
134 Morelos Borja María Esperanza CÉDULA
135 Moreno Álvarez Mario Eduardo ASISTENCIA
136 Morgan Franco Rocío del Carmen PERMISO MESA DIRECTIVA
137 Muñoz Serrano José Antonio ASISTENCIA
138 Murillo Flores Francisco Javier ASISTENCIA
139 Murillo Torres José Luis ASISTENCIA
140 Navarro Sugich Carlos Alberto ASISTENCIA
141 Nordhausen González Jorge Rubén CÉDULA
142Noriega Blanco Vigil María Nieves ASISTENCIA
143 Ochoa López Nabor ASISTENCIA
144 Olvera Higuera Edgar Armando ASISTENCIA
145 Orozco Ruiz Velazco Marco Heriberto ASISTENCIA
146Ortega Martínez Ma. del Pilar ASISTENCIA
147Ortíz Hernández Eduardo PERMISO MESA DIRECTIVA
148 Oviedo Oviedo Ernesto CÉDULA
149 Padilla Orozco Raúl Alejandro CÉDULA
150 Palafox Núñez José Inés ASISTENCIA
151 Paredes Rodríguez Francisco Javier ASISTENCIA
152 Parra Jiménez Dolores María del Carmen ASISTENCIA
153 Parra Noriega Luis Gustavo ASISTENCIA
154 Pérez Cuéllar Cruz ASISTENCIA
155 Peyrot Solís Marco Antonio ASISTENCIA
156 Plascencia Alonso Francisco Javier ASISTENCIA
157 Priego Tapia Gerardo CÉDULA
158 Pulido Pecero Pedro ASISTENCIA
159 Quintero Bello Jorge ASISTENCIA
160 Ramírez Barba Ector Jaime ASISTENCIA
161 Ramírez Pech Edgar Martín INASISTENCIA
162 Ramírez Villarreal Gustavo ASISTENCIA
163 Ramos Covarrubias Héctor Manuel ASISTENCIA
164 Reyes López Carlos Armando ASISTENCIA
165 Rincón Vargas Mirna Cecilia ASISTENCIA
166 Rivera Rivera José Guadalupe ASISTENCIA
167 Rivero Rivero Rolando ASISTENCIA
168 Rodríguez Ahumada Luis Fernando ASISTENCIA
169 Rodríguez Jiménez Ricardo ASISTENCIA
170 Rodríguez Prats Juan José ASISTENCIA
171 Rodríguez Uresti Enrique ASISTENCIA
172 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana INASISTENCIA
173 Rojas Hernández Laura Angélica ASISTENCIA
174 Román Isidoro Demetrio ASISTENCIA
175 Romo Jiménez Martha Angélica ASISTENCIA
176 Rubio Chávez José Ignacio Alberto OFICIAL COMISIÓN
177 Rueda Gómez Francisco ASISTENCIA
178 Ruiz Velasco de Lira Ernesto CÉDULA
179 Salas Contreras Marcos ASISTENCIA
180 Salazar Madera Mario Alberto ASISTENCIA
181 Salum del Palacio Jorge Alejandro ASISTENCIA
182 Sánchez Díaz de Rivera Antonio ASISTENCIA
183 Sánchez Domínguez Alejandro CÉDULA
184 Sánchez Gil Carlos René ASISTENCIA
185 Sánchez Juárez Claudia CÉDULA
186 Sánchez Trujillo José Víctor ASISTENCIA
187Sandoval Munguia Juan Manuel ASISTENCIA
188 Serrato Castell Luis Gerardo ASISTENCIA
189 Shej Guzmán Sara ASISTENCIA
190 Solano Muñoz José de Jesús ASISTENCIA
191 Stefanonni Mazzocco Martín ASISTENCIA
192 Tamayo Herrera Yadhira Yvette CÉDULA
193 Torres Gómez Artemio ASISTENCIA
194 Torres Herrera Víctor Manuel INASISTENCIA
195 Torres Torres Carlos Alberto ASISTENCIA
196 Valenzuela García María Gloria Guadalupe ASISTENCIA
197 Valladolid Rodríguez Antonio ASISTENCIA
198 Vasconcelos Rueda Antonio ASISTENCIA
199 Vázquez Martínez Alberto ASISTENCIA
200 Vega Corona Antonio CÉDULA
201 Velázquez Gutiérrez José Guillermo ASISTENCIA
202 Verástegui Ostos César Augusto ASISTENCIA
203 Verdín Saldaña Jaime ASISTENCIA
204 Victoria Alva Juan ASISTENCIA
205 Vieyra Olivares Adriana Rebeca CÉDULA
206 Villanueva Arjona Juan Manuel ASISTENCIA
207 Zambrano Elizondo Javier Martín ASISTENCIA
Asistencias: 168
Asistencias por cédula: 25
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 3
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 9
Total diputados: 207


PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
1Aguirre Alcaide Victor INASISTENCIA
2 Alavez Ruiz Aleida CÉDULA
3 Almazán González José Antonio ASISTENCIA
4 Almonte Borja Ramón ASISTENCIA
5 Alonso Flores Lourdes CÉDULA
6Wilfrido Alonso Razo Humberto ASISTENCIA
7 Altamirano Toledo Carlos ASISTENCIA
8 Alva Olvera Maribel Luisa CÉDULA
9 Álvarez Ramón Silbestre INASISTENCIA
10 Amaro Corona Alberto CÉDULA
11 Aragón Castillo Irene ASISTENCIA
12 Arellano Pulido Miguel Ángel INASISTENCIA
13Arreola Calderón Juan Dario ASISTENCIA
14 Barreiro Pérez Armando ASISTENCIA
15 Batres Guadarrama Valentina Valia CÉDULA
16 Bautista Bravo Alliet Mariana PERMISO MESA DIRECTIVA
17Bravo Padilla Itzcóatl Tonatiuh OFICIAL COMISIÓN
18 Brito González Modesto INASISTENCIA
19 Calzada Vázquez Francisco Javier CÉDULA
20 Campos Aburto Amador ASISTENCIA
21 Cárdenas Hernández Raymundo CÉDULA
22 Cervantes Rodríguez Aurora ASISTENCIA
23 Chávez García Higinio ASISTENCIA
24Condado Escamilla Cuitlahuac CÉDULA
25 Contreras Julián Maricela CÉDULA
26 Cruz Santiago Claudia Lilia CÉDULA
27 Cuevas Córdova Othón ASISTENCIA
28 Dagdug Lützow Moisés Félix ASISTENCIA
29 De la Rosa García Juan Hugo CÉDULA
30 De los Santos Molina Joaquín Conrado ASISTENCIA
31 Dehesa Mora Daniel ASISTENCIA
32 Del Toro Mario Enrique ASISTENCIA
33 Díaz Contreras Adriana CÉDULA
34 Escandón Cadenas Rutilio Cruz ASISTENCIA
35 Espejel Lazcano Jaime CÉDULA
36 Fernández Balboa Mónica CÉDULA
37 Flores Maldonado César ASISTENCIA
38 Flores Salazar Guadalupe Socorro ASISTENCIA
39 Franco Melgarejo Rafael CÉDULA
40 Gálvez Rodríguez Fernel Arturo ASISTENCIA
41 García Rodríguez Víctor Hugo ASISTENCIA
42 Garzón Contreras Neftalí INASISTENCIA
43 González Garza Javier ASISTENCIA
44 Guerra Ochoa Juan Nicasio ASISTENCIA
45 Gutiérrez Calzadilla José Luis CÉDULA
46 Hernández Gaytán Daisy Selene ASISTENCIA
47 Hernández Hernández Sergio ASISTENCIA
48 Hernández Manzanares Javier ASISTENCIA
49 Hernández Silva Benjamín ASISTENCIA
50Nohelia Ibarra Franquez Sonia CÉDULA
51 Jacques y Medina José ASISTENCIA
52 Jiménez Valenzuela María Eugenia ASISTENCIA
53 Landero López Pedro ASISTENCIA
54Lemarroy Martínez Juan Darío ASISTENCIA
55 Leyva Piñón Ana Yurixi ASISTENCIA
56 Lizárraga Peraza Víctor Manuel ASISTENCIA
57 López Barriga Erick ASISTENCIA
58 López Becerra Santiago ASISTENCIA
59 López Rojas Alberto ASISTENCIA
60 López Torres Ma. Soledad ASISTENCIA
61 Lozano Lozano Andrés INASISTENCIA
62 Luna Munguía Alma Lilia PERMISO MESA DIRECTIVA
63 Márquez Madrid Camerino Eleazar CÉDULA
64 Márquez Tinoco Francisco CÉDULA
65 Martínez Hernández Alejandro ASISTENCIA
66 Martínez Martínez Carlos Roberto ASISTENCIA
67 Martínez Martínez Francisco ASISTENCIA
68 Martínez Padilla Hugo Eduardo CÉDULA
69 Martínez Vargas Octavio ASISTENCIA
70 Matías Alonso Marcos CÉDULA
71 Matus Toledo Holly ASISTENCIA
72 Mayans Canabal Fernando Enrique ASISTENCIA
73 Mendoza Arellano David ASISTENCIA
74 Mendoza Flores Roberto ASISTENCIA
75 Mendoza Maldonado Fausto Fluvio CÉDULA
76 Mendoza Mendoza Irineo ASISTENCIA
77 Monreal Ávila Susana ASISTENCIA
78 Montalvo Rojas Victorio Rubén ASISTENCIA
79 Morales Sánchez Efraín CÉDULA
80 Morales Vázquez Carlos Orsoe INASISTENCIA
81Narcía Álvarez Héctor INASISTENCIA
82 Navarro López Carlos Ernesto ASISTENCIA
83 Navarro Quintero Miguel Ángel ASISTENCIA
84 Ojeda Hernández Concepción ASISTENCIA
85 Oliva Fragoso Silvia ASISTENCIA
86 Orcí Martínez Juan Adolfo ASISTENCIA
87 Ortega Martínez Antonio ASISTENCIA
88 Ortiz Magallón Rosario Ignacia CÉDULA
89Pacheco LLanes Ramón Félix ASISTENCIA
90 Pedraza Chávez Isidro INASISTENCIA
91 Pedrozo Castillo Adrián CÉDULA
92 Peña Sánchez Miguel Ángel ASISTENCIA
93 Pérez Cruz Raciel CÉDULA
94 Pulido Santiago Celso David ASISTENCIA
95 Ramos Becerril Rafael Plácido CÉDULA
96 Ramos Castellanos Martín ASISTENCIA
97 Rasgado Corsi Gloria INASISTENCIA
98 Ríos Gamboa Raúl INASISTENCIA
99 Romero Gutiérrez Odilón INASISTENCIA
100Ruíz Sánchez Salvador ASISTENCIA
101 Saavedra Coronel José Antonio INASISTENCIA
102 San Martín Hernández Juan Manuel ASISTENCIA
103 Sánchez Barrios Carlos ASISTENCIA
104 Sánchez Cabrales Rafael Elías ASISTENCIA
105 Sánchez Camacho Alejandro CÉDULA
106 Sánchez Camacho David ASISTENCIA
107Sánchez Jiménez V. Luis ASISTENCIA
108 Sánchez Ramos Francisco ASISTENCIA
109 Sandoval Ramírez Cuauhtémoc ASISTENCIA
110 Santos Arreola Francisco Javier ASISTENCIA
111 Solares Chávez Miguel Ángel OFICIAL COMISIÓN
112 Soriano Sánchez Rosa Elva ASISTENCIA
113 Soto Ramos Faustino ASISTENCIA
114 Soto Sánchez Antonio ASISTENCIA
115 Suárez del Real y Aguilera José Alfonso CÉDULA
116 Torres Baltazar María Elena ASISTENCIA
117 Torres García Daniel ASISTENCIA
118 Trejo Pérez Pablo ASISTENCIA
119 Ulloa Pérez Emilio INASISTENCIA
120 Vallejo Estevez Mario CÉDULA
121 Varela López Víctor Gabriel CÉDULA
122 Velázquez Aguirre Jesús Evodio CÉDULA
123 Villanueva Albarrán Gerardo CÉDULA
124 Villicaña García Rafael INASISTENCIA
125 Zavaleta Salgado Ruth ASISTENCIA
126 Zazueta Aguilar Jesús Humberto ASISTENCIA
127 Zepeda Hernández Martín ASISTENCIA
Asistencias: 75
Asistencias por cédula: 33
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 2
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 15
Total diputados: 127


PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso Yerico ASISTENCIA
2 Aguilar Diego ASISTENCIA
3 Aguilar Solís Samuel ASISTENCIA
4 Aispuro Torres José Rosas ASISTENCIA
5 Alcántara Núñez Jesús Sergio CÉDULA
6 Aldana Prieto Luis Ricardo ASISTENCIA
7 Amador Gaxiola Daniel ASISTENCIA
8 Amador Leal Narcizo Alberto ASISTENCIA
9 Ayala Almeida Joel PERMISO MESA DIRECTIVA
10 Badillo Martínez Roberto ASISTENCIA
11Barajas Del Toro Salvador INASISTENCIA
12 Barajas López Ramón ASISTENCIA
13 Barba Hernández Alfredo ASISTENCIA
14 Beltrán Montes Israel ASISTENCIA
15 Benítez Ojeda Luis Enrique ASISTENCIA
16 Bernal Gutiérrez Andrés Marco Antonio ASISTENCIA
17 Biebrich Torres Carlos Armando ASISTENCIA
18 Blanco Pajón José Luis ASISTENCIA
19 Caballero Camargo Gustavo Fernando ASISTENCIA
20 Camacho Quiroz César Octavio ASISTENCIA
21 Canavati Tafich Jesús Ricardo ASISTENCIA
22 Carballo Bustamante Andrés ASISTENCIA
23Cárdenas Del Avellano Enrique ASISTENCIA
24 Cárdenas Monroy Oscar Gustavo ASISTENCIA
25 Cervantes Andrade Raúl ASISTENCIA
26 Chaurand Arzate Carlos ASISTENCIA
27 Colín Guadarrama María Mercedes PERMISO MESA DIRECTIVA
28 Cordero Alfonzo Arnulfo Elías ASISTENCIA
29De la Garza Treviño Jorge Luis ASISTENCIA
30 Díaz Athié Antonio de Jesús ASISTENCIA
31 Díaz Solorzano Elmar Darinel ASISTENCIA
32 Domínguez Domínguez Nemesio ASISTENCIA
33 Duarte Jáquez César Horacio ASISTENCIA
34 Escajeda Jiménez José Rubén INASISTENCIA
35 Escalante Jasso Aracely PERMISO MESA DIRECTIVA
36 Espinosa Abuxapqui Eduardo Elías ASISTENCIA
37 Estefan Chidiac Charbel Jorge INASISTENCIA
38 Flores Sandoval Patricio ASISTENCIA
39 Gamboa Patrón Emilio ASISTENCIA
40 Garza Garza Horacio Emigdio ASISTENCIA
41 Gebhardt Garduza Yary del Carmen PERMISO MESA DIRECTIVA
42 Gloria Requena Tomás PERMISO MESA DIRECTIVA
43 Gómez Lugo Elda ASISTENCIA
44 González Calderón Martha Hilda CÉDULA
45 González García Sergio PERMISO MESA DIRECTIVA
46 González Salum Miguel Ángel ASISTENCIA
47 González Zarur Mariano ASISTENCIA
48 Guerrero García Javier ASISTENCIA
49 Guerrero Juárez Joel INASISTENCIA
50 Herrera Ale Juana Leticia ASISTENCIA
51 Herrera Coyac Wenceslao ASISTENCIA
52 Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando ASISTENCIA
53 Lagunes Gallina Gerardo CÉDULA
54 Lescieur Talavera Jorge Mario ASISTENCIA
55 López Balbuena Guillermina ASISTENCIA
56Madrid Tovilla Arely ASISTENCIA
57 Martínez Rocha Arturo ASISTENCIA
58 Martínez Rodríguez Lorena ASISTENCIA
59 Méndez Lanz Víctor Manuel ASISTENCIA
60 Mendívil Amparán Gustavo Ildefonso ASISTENCIA
61 Merodio Reza Lilia Guadalupe ASISTENCIA
62Moctezuma Pereda Fernando Quetzalcoatl ASISTENCIA
63 Montalvo Gómez Pedro PERMISO MESA DIRECTIVA
64 Morales García Elizabeth ASISTENCIA
65 Mota Hernández Adolfo ASISTENCIA
66 Muñoz Serna Rogelio INASISTENCIA
67 Murat José PERMISO MESA DIRECTIVA
68 Ochoa González Arnoldo ASISTENCIA
69 Ojeda Camacho Gilberto ASISTENCIA
70 Olivares Monterrubio Alejandro CÉDULA
71 Olivares Ventura Héctor Hugo ASISTENCIA
72 Ordaz Jiménez Ismael ASISTENCIA
73 Orihuela Bárcenas José Ascención CÉDULA
74 Orihuela Trejo José Amado ASISTENCIA
75Ortiz Del Carpio Víctor ASISTENCIA
76 Ortiz Proal Mauricio ASISTENCIA
77 Padilla Gutiérrez Héctor ASISTENCIA
78 Pagés Llergo Rebollar María Beatriz ASISTENCIA
79 Palma César Víctor Samuel ASISTENCIA
80 Parás González Juan Manuel ASISTENCIA
81 Patrón Montalvo Jesús Manuel ASISTENCIA
82 Peñuelas Acuña Mayra Gisela ASISTENCIA
83 Pérez Valdés Daniel ASISTENCIA
84 Pinete Vargas María del Carmen ASISTENCIA
85 Quiñones Canales Lourdes INASISTENCIA
86 Ramírez Martínez José Edmundo CÉDULA
87 Ramírez Stabros Jesús PERMISO MESA DIRECTIVA
88 Reyna García José Jesús PERMISO MESA DIRECTIVA
89 Ríos Camarena Alfredo Adolfo OFICIAL COMISIÓN
90 Rivera Bedoya Juan Francisco ASISTENCIA
91 Rodríguez Ramírez Bertha Yolanda CÉDULA
92 Rojas Gutiérrez Carlos ASISTENCIA
93Ruíz Chávez Sara Latife ASISTENCIA
94 Salas López Ramón ASISTENCIA
95 Sánchez Hernández Eduardo ASISTENCIA
96 Sandoval Paredes Sergio OFICIAL COMISIÓN
97 Serrano Escobar Enrique ASISTENCIA
98 Sosa Castelán Gerardo INASISTENCIA
99 Toledo Luis Jorge ASISTENCIA
100Valencia De los Santos Víctor Leopoldo ASISTENCIA
101 Vargas Landeros Gerardo Octavio ASISTENCIA
102Vega Ortíz María Oralia INASISTENCIA
103 Velasco Pérez Juan Carlos CÉDULA
104 Villa Villa Isael ASISTENCIA
105 Villanueva Abraján Patricia ASISTENCIA
106 Zatarain González Carlos Ernesto ASISTENCIA
Asistencias: 78
Asistencias por cédula: 8
Asistencias comisión oficial: 2
Permiso Mesa Directiva: 10
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 8
Total diputados: 106


CONVERGENCIA
1 Abad De Jesús Juan ASISTENCIA
2 Aguilera Rico José Luis INASISTENCIA
3 Cárdenas Márquez Elías ASISTENCIA
4 Castellanos Hernández Félix ASISTENCIA
5 Castillo Romero Patricia Obdulia de Jesús ASISTENCIA
6 Chanona Burguete Alejandro ASISTENCIA
7 Del Río Virgen José Manuel PERMISO MESA DIRECTIVA
8 Esteva Salinas Alberto ASISTENCIA
9 Godoy Cárdenas Jorge ASISTENCIA
10 López Lena Cruz Humberto INASISTENCIA
11 Salvatori Bronca María del Carmen ASISTENCIA
12 Samperio Montaño Juan Ignacio ASISTENCIA
13 Sansores San Román Layda Elena ASISTENCIA
14 Tagle Martínez Martha Angélica ASISTENCIA
15 Uscanga Cruz Robinson ASISTENCIA
16 Valdés Chávez Ramón ASISTENCIA
17 Varela Lagunas Tomás José Luis ASISTENCIA
18 Velasco Oliva Jesús Cuauhtémoc ASISTENCIA
Asistencias: 15
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 1
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 2
Total diputados: 18


PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
1 Arévalo González José Antonio ASISTENCIA
2 Chozas y Chozas Olga Patricia CÉDULA
3 Cobo Terrazas Diego INASISTENCIA
4 Elizondo Garrido Francisco ASISTENCIA
5 Estrada González Faustino Javier ASISTENCIA
6García Noriega Ma. Guadalupe Josefina ASISTENCIA
7 González Martínez Jorge Emilio CÉDULA
8 Lavara Mejía Gloria CÉDULA
9 López Adame Antonio Xavier CÉDULA
10 López Ramírez Sergio Augusto ASISTENCIA
11 Notholt Guerrero Alan ASISTENCIA
12 Portilla Dieguez Manuel Salvador CÉDULA
13 Puente Salas Carlos Alberto CÉDULA
14 Ramírez Cerda Ana María ASISTENCIA
15 Salgado Amador Manuel Salvador ASISTENCIA
16 Sesma Suárez Jesús ASISTENCIA
17 Velasco Rodríguez Verónica CÉDULA
Asistencias: 9
Asistencias por cédula: 7
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 1
Total diputados: 17


PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez Rubén ASISTENCIA
2 Arreola Ortega Pablo Leopoldo ASISTENCIA
3 Cantú Garza Ricardo CÉDULA
4 Cervantes Rivera Jaime ASISTENCIA
5 Garay Ulloa Silvano CÉDULA
6 Herrera Solís Anuario Luis ASISTENCIA
7Maciel Ortiz Ma. Mercedes ASISTENCIA
8 Peregrino García Abundio ASISTENCIA
9 Romero Guzmán Rosa Elia ASISTENCIA
10 Solís Parga Rodolfo CÉDULA
11 Vela González Joaquín Humberto CÉDULA
Asistencias: 7
Asistencias por cédula: 4
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 11


NUEVA ALIANZA
1 Arriola G. Mónica T. CÉDULA
2 Cárdenas Fonseca Manuel ASISTENCIA
3 Castillo Nájera Ariel CÉDULA
4 Dávila Esquivel Humberto ASISTENCIA
5 Gómez Pasillas Jacinto ASISTENCIA
6 Jiménez Godínez Miguel Ángel ASISTENCIA
7 Luna Becerril Blanca OFICIAL COMISIÓN
8 Luna Rodríguez Silvia ASISTENCIA
9 Piñeyro Arias Irma CÉDULA
Asistencias: 5
Asistencias por cédula: 3
Asistencias comisión oficial: 1
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 9


ALTERNATIVA
1 Arvizu Rivas Aida Marina ASISTENCIA
2 Conde Rodríguez Elsa de Guadalupe ASISTENCIA
3 García Méndez Armando ASISTENCIA
4 Hernández Valadés Delio ASISTENCIA
5 Pedro Cortés Santiago Gustavo ASISTENCIA
Asistencias: 5
Asistencias por cédula: 0
Asistencias comisión oficial: 0
Permiso Mesa Directiva: 0
Inasistencias justificadas: 0
Inasistencias: 0
Total diputados: 5


SECRETARÍA GENERAL
REPORTE DE INASISTENCIAS

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
Diputado
1 Carrasco Altamirano Diódoro Humberto
2 Contreras Coeto José Luis
3 Lagunes Viveros Violeta del Pilar
4 Manuell-Gómez Angulo Dolores De María
5 Martínez Valero Dora Alicia
6 Medellín Varela Antonio
7 Ramírez Pech Edgar Martín
8 Rodríguez Vizcarra Velázquez Adriana
9 Torres Herrera Víctor Manuel
Faltas por grupo: 9
10 Aguirre Alcaide Victor
11 Álvarez Ramón Silbestre
12 Arellano Pulido Miguel Ángel
13 Brito González Modesto
14 Garzón Contreras Neftalí
15 Lozano Lozano Andrés
16 Morales Vázquez Carlos Orsoe
17 Narcía Álvarez Héctor
18 Pedraza Chávez Isidro
19 Rasgado Corsi Gloria
20 Ríos Gamboa Raúl
21 Romero Gutiérrez Odilón
22 Saavedra Coronel José Antonio
23 Ulloa Pérez Emilio
24 Villicaña García Rafael
Faltas por grupo: 15


PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
Diputado
1 Barajas Del Toro Salvador
2 Escajeda Jiménez José Rubén
3 Estefan Chidiac Charbel Jorge
4 Guerrero Juárez Joel
5 Muñoz Serna Rogelio
6 Quiñones Canales Lourdes
7 Sosa Castelán Gerardo
8 Vega Ortíz María Oralia
Faltas por grupo: 8


CONVERGENCIA
Diputado
1 Aguilera Rico José Luis
2 López Lena Cruz Humberto
Faltas por grupo: 2


PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
Diputado
1 Cobo Terrazas Diego
Faltas por grupo: 1


VOTACIONES

PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino Ausente
2 Aguilar López, José Alejandro Favor
3 Alcalde Virgen, Moisés Favor
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges Favor
5 Álvarez Bernal, María Elena Ausente
6 Amezola Fonceca, Gerardo Favor
7 Aranda Orozco, Gerardo Favor
8 Arellano Arellano, Joel Favor
9 Arenas Guzmán, Margarita Favor
10 Arizméndi Uribe, Efraín Favor
11 Armendáriz García, Pedro Favor
12 Arredondo Ibarra, Salvador Favor
13 Arredondo Velázquez, Jesús Favor
14 Ávila Mayo, Obdulio Ausente
15 Barradas Miravete, Gregorio Favor
16 Barrios Rodríguez, Juan Enrique Ausente
17 Bello Pérez, Alfonso Othón Favor
18 Berber Martínez, Antonio Ausente
19 Bermúdez Viramontes, Andrés Favor
20 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier Favor
21 Borboa Becerra, Omar Antonio Favor
22 Borrego Estrada, Felipe Favor
23 Bracho González, Carlos Augusto Favor
24 Buganza Salmerón, Gerardo Favor
25 Campos Galván, María Eugenia Favor
26 Carbajal Méndez, Liliana Ausente
27 Carbajal Tejada, Rogelio Favor
28 Cárdenas Sánchez, Esmeralda Favor
29 Cardona Benavídez, Alma Xóchil Favor
30 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto Ausente
31 Castaño Contreras, Cristián Favor
32 Castro de la Rosa, Osiel Favor
33 Castro Muñoz, Juan de Dios Favor
34 Castro Romero, María Sofia Favor
35 Ceja Romero, Ramón Favor
36 Chávez García, Daniel Ausente
37 Collado Lara, Beatriz Favor
38 Contreras Coeto, José Luis Ausente
39 Corral Aguilar, María Mercedes Favor
40 Cuen Garibi, Marcela Favor
41 Curiel Preciado, Leobardo Favor
42 Dávila Fernández, Adriana Favor
43 Dávila García, Francisco Favor
44 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio Favor
45 De León Tello, Jesús Favor
46 Degante Romero, Silvia Emilia Ausente
47 Del Toro del Villar, Tomás Favor
48 Del Valle Toca, Antonio Favor
49 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique Favor
50 Denegre Vaught, Rosaura Favor
51 Deschamps Falcón, Ángel Rafael Favor
52 Díaz de León Torres, Leticia Favor
53 Díaz García, José Antonio Ausente
54 Díaz Garibay, Felipe Favor
55 Díaz Gordillo, Martha Cecilia Favor
56 Díaz Mena, Joaquín Jesús Favor
57 Domínguez Servién, Francisco Favor
58 Duck Núñez, Edgar Mauricio Favor
59 Enríquez Flores, Armando Favor
60 Escaroz Soler, Gerardo Antonio Favor
61 Escobar Jardinez, Adolfo Favor
62 Espinosa Piña, José Luis Favor
63 Félix Holguín, Armando Jesús Favor
64 Felton González, Carlos Eduardo Favor
65 Fernández Cabrera, Adrián Favor
66 Fernández Ugarte, Carmen Favor
67 Figueroa Ortega, David Favor
68 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro Ausente
69 Flores Grande, Arturo Ausente
70 Flores Morfín, Jesús Vicente Ausente
71 Fraile García, Francisco Antonio Favor
72 Franco Cazarez, Ricardo Favor
73 Fuentes Ortiz, José Guillermo Favor
74 García González, Carlos Alberto Ausente
75 García Müller, Martha Margarita Favor
76 García Reyes, Ángel Humberto Favor
77 García Reyes, Beatriz Eugenia Ausente
78 García Vivián, Raúl Ausente
79 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes Favor
80 Gómez Leyva, Silvio Favor
81 González Betancourt, Jorge Justiniano Favor
82 González Martínez, María Gabriela Favor
83 González Morán, Martín Oscar Favor
84 González Roaro, Benjamín Ernesto Ausente
85 González Ruiz, Felipe Favor
86 González Sánchez, María Dolores Favor
87 Gudiño Ortiz, Francisco Javier Favor
88 Guerrero Torres, José Gildardo Favor
89 Gutiérrez Lagunes, María Victoria Favor
90 Hernández Núñez, Elia Favor
91 Hurtado Pérez, Nelly Asunción Favor
92 Iragorri Durán, Enrique Favor
93 Jiménez del Carrillo, María de los Ángeles Favor
94 Jiménez Ramos, María Esther Favor
95 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia Favor
96 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar Ausente
97 Landero Gutiérrez, Alejandro Favor
98 Landeros González, Ramón Favor
99 Lara Compeán, David Favor
100 Larios Córdova, Héctor Favor
101 Laviada Hernández, Íñigo Antonio Favor
102 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio Ausente
103 Leura González, Agustín Favor
104 Lezama Aradillas, René Favor
105 Limas Frescas, María Soledad Favor
106 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel Ausente
107 López Cisneros, José Martín Favor
108 López Reyna, Omeheira Favor
109 López Silva, Rubí Laura Favor
110 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel Favor
111 Lujano Nicolás, Christian Martín Favor
112 Maawad Robert, Luis Xavier Favor
113 Macías Zambrano, Gustavo Favor
114 Madrazo Limón, Carlos Ausente
115 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús Ausente
116 Malagón Ríos, Martín Favor
117 Maldonado González, David Favor
118 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María Ausente
119 Martínez Díaz, María de Jesús Favor
120 Martínez Valero, Dora Alicia Favor
121 Medellín Varela, Antonio Ausente
122 Medina Macias, Alma Hilda Favor
123 Medina Rodríguez, Delber Favor
124 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia Favor
125 Mejía García, Luis Alonso Favor
126 Méndez Meneses, Apolonio Favor
127 Mendoza Morales, Lucía Susana Favor
128 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel Ausente
129 Mollinedo Hernández, Agustín Favor
130 Monraz Ibarra, Miguel Ángel Ausente
131 Montes Sánchez, Fabián Fernando Favor
132 Mora Cuevas, Marisol Favor
133 Morales Ramos, José Nicolás Favor
134 Morelos Borja, María Esperanza Favor
135 Moreno Álvarez, Mario Eduardo Favor
136 Morgan Franco, Rocío del Carmen Ausente
137 Muñoz Serrano, José Antonio Favor
138 Murillo Flores, Francisco Javier Favor
139 Murillo Torres, José Luis Favor
140 Navarro Sugich, Carlos Alberto Ausente
141 Nordhausen González, Jorge Rubén Favor
142 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves Favor
143 Ochoa López, Nabor Favor
144 Olvera Higuera, Edgar Armando Ausente
145 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto Favor
146 Ortega Martínez, María del Pilar Favor
147 Ortiz Hernández, Eduardo Ausente
148 Oviedo Oviedo, Ernesto Favor
149 Padilla Orozco, Raúl Alejandro Ausente
150 Palafox Núñez, José Inés Favor
151 Paredes Rodríguez, Francisco Javier Favor
152 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen Favor
153 Parra Noriega, Luis Gustavo Favor
154 Pérez Cuéllar, Cruz Favor
155 Peyrot Solís, Marco A. Ausente
156 Plascencia Alonso, Francisco Javier Favor
157 Priego Tapia, Gerardo Favor
158 Pulido Pecero, Pedro Favor
159 Quintero Bello, Jorge Favor
160 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana Ausente
161 Ramírez Barba, Ector Jaime Favor
162 Ramírez Pech, Edgar Martín Ausente
163 Ramírez Villarreal, Gustavo Favor
164 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel Favor
165 Reyes López, Carlos Armando Favor
166 Rincón Vargas, Mirna Cecilia Favor
167 Rivera Rivera, José Guadalupe Favor
168 Rivero Rivero, Rolando Favor
169 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando Ausente
170 Rodríguez Jiménez, Ricardo Favor
171 Rodríguez Prats, Juan José Favor
172 Rodríguez Uresti, Enrique Favor
173 Rojas Hernández, Laura Angélica Ausente
174 Román Isidoro, Demetrio Favor
175 Romo Jiménez, Martha Angélica Favor
176 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto Ausente
177 Rueda Gómez, Francisco Favor
178 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto Favor
179 Salas Contreras, Marcos Favor
180 Salazar Madera, Mario Alberto Favor
181 Salum del Palacio, Jorge Alejandro Favor
182 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio Favor
183 Sánchez Domínguez, Alejandro Ausente
184 Sánchez Gil, Carlos René Favor
185 Sánchez Juárez, Claudia Ausente
186 Sánchez Trujillo, José Víctor Favor
187 Sandoval Munguia, Juan Manuel Favor
188 Serrato Castell, Luis Gerardo Ausente
189 Shej Guzmán Sara Favor
190 Solano Muñoz, José de Jesús Favor
191 Stefanonni Mazzocco, Martín Favor
192 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette Ausente
193 Torres Gómez, Artemio Favor
194 Torres Herrera, Víctor Manuel Ausente
195 Torres Torres, Carlos Alberto Favor
196 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe Favor
197 Valladolid Rodríguez, Antonio Favor
198 Vasconcelos Rueda, Antonio Favor
199 Vázquez Martínez, Alberto Favor
200 Vega Corona, Antonio Favor
201 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo Favor
202 Verástegui Ostos, César Augusto Ausente
203 Verdín Saldaña, Jaime Favor
204 Victoria Alva, Juan Favor
205 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca Ausente
206 Villanueva Arjona, Juan Manuel Ausente
207 Zambrano Elizondo, Javier Martín Favor
Favor: 161
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 46
Total: 207
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida Ausente
3 Almazán González, José Antonio Ausente
4 Almonte Borja, Ramón Favor
5 Alonso Flores, Lourdes Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos Favor
8 Alva Olvera, Maribel Luisa Favor
9 Álvarez Ramón, Silbestre Ausente
10 Amaro Corona, Alberto Ausente
11 Aragón Castillo, Irene Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel Ausente
13 Arreola Calderón, Juan Dario Ausente
14 Barreiro Pérez, Armando Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia Favor
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana Ausente
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh Ausente
18 Brito González, Modesto Ausente
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier Favor
20 Campos Aburto, Amador Favor
21 Cárdenas Hernández, Raymundo Ausente
22 Cervantes Rodríguez, Aurora Favor
23 Chávez García, Higinio Favor
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac Ausente
25 Contreras Julián, Maricela Favor
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia Ausente
27 Cuevas Córdova, Othón Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix Favor
29 De la Rosa García, Juan Hugo Ausente
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado Favor
31 Dehesa Mora, Daniel Favor
32 Del Toro , Mario Enrique Favor
33 Díaz Contreras, Adriana Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz Ausente
35 Espejel Lazcano, Jaime Favor
36 Fernández Balboa, Mónica Favor
37 Flores Maldonado, César Favor
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro Favor
39 Franco Melgarejo, Rafael Ausente
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo Favor
41 García Rodríguez, Víctor Hugo Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí Ausente
43 González Garza, Javier Ausente
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio Favor
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis Favor
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene Favor
47 Hernández Hernández, Sergio Favor
48 Hernández Manzanares, Javier Favor
49 Hernández Silva, Benjamín Favor
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia Favor
51 Jacques y Medina, José Favor
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia Favor
53 Landero López, Pedro Ausente
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario Favor
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel Favor
57 López Barriga, Erick Favor
58 López Becerra, Santiago Favor
59 López Rojas, Alberto Favor
60 López Torres, María Soledad Ausente
61 Lozano Lozano, Andrés Ausente
62 Luna Munguía, Alma Lilia Ausente
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar Ausente
64 Márquez Tinoco, Francisco Favor
65 Martínez Hernández, Alejandro Favor
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto Favor
67 Martínez Martínez, Francisco Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo Ausente
69 Martínez Vargas Octavio Favor
70 Matías Alonso, Marcos Ausente
71 Matus Toledo, Holly Ausente
72 Mayans Canabal, Fernando Favor
73 Mendoza Arellano, David Ausente
74 Mendoza Flores, Roberto Favor
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio Favor
76 Mendoza Mendoza, Irineo Favor
77 Monreal Ávila, Susana Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén Favor
79 Morales Sánchez, Efraín Ausente
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe Ausente
81 Narcía Álvarez, Héctor Ausente
82 Navarro López, Carlos Ernesto Favor
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel Favor
84 Ojeda Hernández, Concepción Favor
85 Oliva Fragoso, Silvia Ausente
86 Orcí Martínez, Juan Adolfo Favor
87 Ortega Martínez, Antonio Quorum
88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia Favor
89 Pacheco Llanes, Ramón Félix Favor
90 Pedraza Chávez, Isidro Ausente
91 Pedrozo Castillo, Adrián Ausente
92 Peña Sánchez, Miguel Ángel Ausente
93 Pérez Cruz, Raciel Favor
94 Pulido Santiago, Celso David Favor
95 Ramos Becerril, Rafael Plácido Ausente
96 Ramos Castellanos, Martín Ausente
97 Rasgado Corsi, Gloria Ausente
98 Ríos Gamboa, Raúl Ausente
99 Romero Gutiérrez, Odilón Ausente
100 Ruiz Sánchez, Salvador Favor
101 Saavedra Coronel, José Antonio Ausente
102 San Martín Hernández, Juan Manuel Ausente
103 Sánchez Barrios, Carlos Favor
104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías Ausente
105 Sánchez Camacho, Alejandro Favor
106 Sánchez Camacho, David Ausente
107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis Favor
108 Sánchez Ramos, Francisco Favor
109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc Favor
110 Santos Arreola, Francisco Javier Favor
111 Solares Chávez, Miguel Ángel Ausente
112 Soriano Sánchez, Rosa Elva Ausente
113 Soto Ramos, Faustino Ausente
114 Soto Sánchez, Antonio Favor
115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso Favor
116 Torres Baltazar, María Elena Favor
117 Torres García, Daniel Ausente
118 Trejo Pérez, Pablo Favor
119 Ulloa Pérez, Emilio Ausente
120 Vallejo Estevez, Mario Favor
121 Varela López, Víctor Gabriel Ausente
122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio Favor
123 Villanueva Albarrán, Gerardo Favor
124 Villicaña García, Rafael Ausente
125 Zavaleta Salgado, Ruth Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto Favor
127 Zepeda Hernández, Martín Favor
Favor: 75
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 1
Ausentes: 51
Total: 127
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico Favor
2 Aguilar , Diego Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel Favor
4 Aispuro Torres, José Rosas Favor
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio Ausente
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo Ausente
7 Amador Gaxiola, Daniel Favor
8 Amador Leal, Narcizo Alberto Favor
9 Ayala Almeida, Joel Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto Favor
11 Barajas López, Ramón Favor
12 Barajas del Toro, Salvador Ausente
13 Barba Hernández, Alfredo Ausente
14 Beltrán Montes, Israel Favor
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique Favor
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio Ausente
17 Biebrich Torres, Carlos Armando Favor
18 Blanco Pajón, José Luis Favor
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio Ausente
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique Ausente
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo Ausente
25 Cervantes Andrade, Raúl Ausente
26 Chaurand Arzate, Carlos Ausente
27 Colín Guadarrama, María Mercedes Ausente
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías Favor
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis Favor
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús Favor
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel Favor
32 Domínguez Domínguez, Nemesio Ausente
33 Duarte Jáquez, César Horacio Favor
34 Escajeda Jiménez, José Rubén Ausente
35 Escalante Jasso, Aracely Ausente
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías Favor
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge Ausente
38 Flores Sandoval, Patricio Favor
39 Gamboa Patrón, Emilio Ausente
40 Garza Garza, Horacio Emigdio Favor
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen Ausente
42 Gloria Requena, Tomás Ausente
43 Gómez Lugo, Elda Favor
44 González Calderón, Martha Hilda Favor
45 González García, Sergio Ausente
46 González Salum, Miguel Ángel Favor
47 González Zarur, Mariano Favor
48 Guerrero García, Javier Ausente
49 Guerrero Juárez, Joel Ausente
50 Herrera Ale, Juana Leticia Favor
51 Herrera Coyac, Wenceslao Favor
52 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando Favor
53 Lagunes Gallina, Gerardo Ausente
54 Lescieur Talavera, Jorge Mario Ausente
55 López Balbuena, Guillermina Favor
56 Madrid Tovilla, Areli Favor
57 Martínez Rodríguez, Lorena Favor
58 Martínez Rocha, Arturo Favor
59 Méndez Lanz, Víctor Manuel Favor
60 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso Favor
61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe Favor
62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl Favor
63 Montalvo Gómez, Pedro Ausente
64 Morales García, Elizabeth Favor
65 Mota Hernández, Adolfo Favor
66 Muñoz Serna, Rogelio Ausente
67 Murat , José Ausente
68 Ochoa González, Arnoldo Favor
69 Ojeda Camacho, Gilberto Favor
70 Olivares Monterrubio, Alejandro Favor
71 Olivares Ventura, Héctor Hugo Favor
72 Ordaz Jiménez, Ismael Favor
73 Orihuela Bárcenas, José Ascención Ausente
74 Orihuela Trejo, José Amado Favor
75 Ortiz del Carpio, Víctor Favor
76 Ortiz Proal, Mauricio Ausente
77 Padilla Gutiérrez, Héctor Ausente
78 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz Favor
79 Palma César, Víctor Samuel Favor
80 Parás González, Juan Manuel Favor
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel Favor
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela Favor
83 Pérez Valdés, Daniel Favor
84 Pinete Vargas, María del Carmen Favor
85 Quiñones Canales, Lourdes Quorum
86 Ramírez Martínez, José Edmundo Favor
87 Ramírez Stabros, Jesús Ausente
88 Reyna García, José Jesús Ausente
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo Ausente
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco Favor
91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda Favor
92 Rojas Gutiérrez, Carlos Favor
93 Ruiz Chávez, Sara Latife Favor
94 Salas López, Ramón Favor
95 Sánchez Hernández, Eduardo Ausente
96 Sandoval Paredes, Sergio Ausente
97 Serrano Escobar, Enrique Favor
98 Sosa Castelán, Gerardo Ausente
99 Toledo Luis, Jorge Favor
100 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo Favor
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio Favor
102 Vega Ortiz, María Oralia Ausente
103 Velasco Pérez, Juan Carlos Favor
104 Villa Villa, Isael Favor
105 Villanueva Abraján, Patricia Favor
106 Zatarain González, Carlos Ernesto Favor
Favor: 67
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 1
Ausentes: 38
Total: 106
CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan Favor
2 Aguilera Rico, José Luis Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías Favor
4 Castellanos Hernández, Félix Favor
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús Ausente
6 Chanona Burguete, Alejandro Favor
7 Del Río Virgen, José Manuel Ausente
8 Esteva Salinas, Alberto Favor
9 Godoy Cárdenas, Jorge Favor
10 López Lena Cruz, Humberto Ausente
11 Salvatori Bronca, María del Carmen Favor
12 Samperio Montaño, Juan Ignacio Favor
13 Sansores San Román, Layda Elena Favor
14 Tagle Martínez, Martha Angélica Favor
15 Uscanga Cruz, Robinson Favor
16 Valdés Chávez, Ramón Favor
17 Varela Lagunas, Tomás José Luis Favor
18 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc Favor
Favor: 14
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 18
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio Ausente
2 Chozas y Chozas, Olga Patricia Favor
3 Cobo Terrazas, Diego Favor
4 Elizondo Garrido, Francisco Favor
5 Estrada González, Faustino Javier Favor
6 García Noriega, María Guadalupe Josefina Favor
7 González Martínez, Jorge Emilio Ausente
8 Lavara Mejía, Gloria Favor
9 López Adame, Antonio Xavier Favor
10 López Ramírez, Sergio Augusto Favor
11 Notholt Guerrero, Alan Favor
12 Portilla Diéguez, Manuel Favor
13 Puente Salas, Carlos Alberto Favor
14 Ramírez Cerda, Ana María Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador Favor
16 Sesma Suárez, Jesús Favor
17 Velasco Rodríguez, Verónica Favor
Favor: 15
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 17
PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén Favor
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo Favor
3 Cantú Garza, Ricardo Favor
4 Cervantes Rivera, Jaime Ausente
5 Garay Ulloa, Silvano Ausente
6 Herrera Solís, Anuario Luis Favor
7 Maciel Ortiz, María Mercedez Favor
8 Peregrino García, Abundio Favor
9 Romero Guzmán, Rosa Elia Favor
10 Solís Parga, Rodolfo Ausente
11 Vela González, Joaquín Humberto Favor
Favor: 8
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 11
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica Ausente
2 Cárdenas Fonseca, Manuel Favor
3 Castillo Nájera, Ariel Ausente
4 Dávila Esquivel, Humberto Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel Favor
7 Luna Becerril, Blanca Ausente
8 Luna Rodríguez, Silvia Favor
9 Piñeyro Arias, Irma Ausente
Favor: 5
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 4
Total: 9
PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina Favor
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe Favor
3 García Méndez, Armando Ausente
4 Hernández Valadés, Delio Favor
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo Abstención
Favor: 3
Contra: 0
Abstención: 1
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 5
PARTIDO ACCION NACIONAL
1 Acosta Dávila, Constantino Ausente
2 Aguilar López, José Alejandro Favor
3 Alcalde Virgen, Moisés Favor
4 Alcaraz Hernández, Alma Edwviges Favor
5 Álvarez Bernal, María Elena Ausente
6 Amezola Fonceca, Gerardo Favor
7 Aranda Orozco, Gerardo Favor
8 Arellano Arellano, Joel Favor
9 Arenas Guzmán, Margarita Favor
10 Arizméndi Uribe, Efraín Favor
11 Armendáriz García, Pedro Favor
12 Arredondo Ibarra, Salvador Favor
13 Arredondo Velázquez, Jesús Favor
14 Ávila Mayo, Obdulio Ausente
15 Barradas Miravete, Gregorio Favor
16 Barrios Rodríguez, Juan Enrique Favor
17 Bello Pérez, Alfonso Othón Favor
18 Berber Martínez, Antonio Favor
19 Bermúdez Viramontes, Andrés Favor
20 Bolaños Aguilar, Edmundo Javier Favor
21 Borboa Becerra, Omar Antonio Favor
22 Borrego Estrada, Felipe Favor
23 Bracho González, Carlos Augusto Favor
24 Buganza Salmerón, Gerardo Favor
25 Campos Galván, María Eugenia Ausente
26 Carbajal Méndez, Liliana Favor
27 Carbajal Tejada, Rogelio Favor
28 Cárdenas Sánchez, Esmeralda Favor
29 Cardona Benavídez, Alma Xóchil Favor
30 Carrasco Altamirano, Diódoro Humberto Ausente
31 Castaño Contreras, Cristián Favor
32 Castro de la Rosa, Osiel Favor
33 Castro Muñoz, Juan de Dios Favor
34 Castro Romero, María Sofia Favor
35 Ceja Romero, Ramón Favor
36 Chávez García, Daniel Ausente
37 Collado Lara, Beatriz Favor
38 Contreras Coeto, José Luis Ausente
39 Corral Aguilar, María Mercedes Favor
40 Cuen Garibi, Marcela Favor
41 Curiel Preciado, Leobardo Favor
42 Dávila Fernández, Adriana Favor
43 Dávila García, Francisco Favor
44 De la Torre Jaramillo, Eduardo Sergio Ausente
45 De León Tello, Jesús Favor
46 Degante Romero, Silvia Emilia Favor
47 Del Toro del Villar, Tomás Favor
48 Del Valle Toca, Antonio Ausente
49 Delgado Oscoy, Alejandro Enrique Ausente
50 Denegre Vaught, Rosaura Favor
51 Deschamps Falcón, Ángel Rafael Favor
52 Díaz de León Torres, Leticia Favor
53 Díaz García, José Antonio Ausente
54 Díaz Garibay, Felipe Favor
55 Díaz Gordillo, Martha Cecilia Favor
56 Díaz Mena, Joaquín Jesús Favor
57 Domínguez Servién, Francisco Favor
58 Duck Núñez, Edgar Mauricio Favor
59 Enríquez Flores, Armando Favor
60 Escaroz Soler, Gerardo Antonio Favor
61 Escobar Jardinez, Adolfo Favor
62 Espinosa Piña, José Luis Favor
63 Félix Holguín, Armando Jesús Favor
64 Felton González, Carlos Eduardo Favor
65 Fernández Cabrera, Adrián Favor
66 Fernández Ugarte, Carmen Favor
67 Figueroa Ortega, David Favor
68 Flores Domínguez, Emilio Ramón Ramiro Ausente
69 Flores Grande, Arturo Favor
70 Flores Morfín, Jesús Vicente Ausente
71 Fraile García, Francisco Antonio Favor
72 Franco Cazarez, Ricardo Favor
73 Fuentes Ortiz, José Guillermo Favor
74 García González, Carlos Alberto Ausente
75 García Müller, Martha Margarita Favor
76 García Reyes, Ángel Humberto Favor
77 García Reyes, Beatriz Eugenia Favor
78 García Vivián, Raúl Ausente
79 Garmendia Hernández, Yolanda Mercedes Favor
80 Gómez Leyva, Silvio Favor
81 González Betancourt, Jorge Justiniano Favor
82 González Martínez, María Gabriela Favor
83 González Morán, Martín Oscar Favor
84 González Roaro, Benjamín Ernesto Ausente
85 González Ruiz, Felipe Favor
86 González Sánchez, María Dolores Favor
87 Gudiño Ortiz, Francisco Javier Favor
88 Guerrero Torres, José Gildardo Ausente
89 Gutiérrez Lagunes, María Victoria Ausente
90 Hernández Núñez, Elia Favor
91 Hurtado Pérez, Nelly Asunción Favor
92 Iragorri Durán, Enrique Favor
93 Jiménez del Carrillo, María de los Ángeles Favor
94 Jiménez Ramos, María Esther Favor
95 Joaquín Coldwell, Addy Cecilia Favor
96 Lagunes Viveros, Violeta del Pilar Ausente
97 Landero Gutiérrez, Alejandro Favor
98 Landeros González, Ramón Favor
99 Lara Compeán, David Favor
100 Larios Córdova, Héctor Favor
101 Laviada Hernández, Íñigo Antonio Favor
102 Lemus Muñoz Ledo, Ramón Ignacio Ausente
103 Leura González, Agustín Favor
104 Lezama Aradillas, René Favor
105 Limas Frescas, María Soledad Favor
106 Lizaola de la Torre, Alonso Manuel Favor
107 López Cisneros, José Martín Favor
108 López Reyna, Omeheira Favor
109 López Silva, Rubí Laura Favor
110 Ludlow Kuri, Lorenzo Daniel Favor
111 Lujano Nicolás, Christian Martín Favor
112 Maawad Robert, Luis Xavier Favor
113 Macías Zambrano, Gustavo Favor
114 Madrazo Limón, Carlos Ausente
115 Magallón Arceo, Leonardo Melesio de Jesús Ausente
116 Malagón Ríos, Martín Favor
117 Maldonado González, David Favor
118 Manuell-Gómez Angulo, Dolores de María Ausente
119 Martínez Díaz, María de Jesús Favor
120 Martínez Valero, Dora Alicia Ausente
121 Medellín Varela, Antonio Ausente
122 Medina Macias, Alma Hilda Favor
123 Medina Rodríguez, Delber Favor
124 Medina Rodríguez, Lizbeth Evelia Favor
125 Mejía García, Luis Alonso Favor
126 Méndez Meneses, Apolonio Favor
127 Mendoza Morales, Lucía Susana Favor
128 Mohamar Dainitin, Oscar Miguel Ausente
129 Mollinedo Hernández, Agustín Favor
130 Monraz Ibarra, Miguel Ángel Favor
131 Montes Sánchez, Fabián Fernando Ausente
132 Mora Cuevas, Marisol Favor
133 Morales Ramos, José Nicolás Favor
134 Morelos Borja, María Esperanza Favor
135 Moreno Álvarez, Mario Eduardo Favor
136 Morgan Franco, Rocío del Carmen Ausente
137 Muñoz Serrano, José Antonio Favor
138 Murillo Flores, Francisco Javier Favor
139 Murillo Torres, José Luis Ausente
140 Navarro Sugich, Carlos Alberto Ausente
141 Nordhausen González, Jorge Rubén Favor
142 Noriega Blanco Vigil, María Elena de las Nieves Favor
143 Ochoa López, Nabor Favor
144 Olvera Higuera, Edgar Armando Favor
145 Orozco Ruiz Velazco, Marco Heriberto Favor
146 Ortega Martínez, María del Pilar Favor
147 Ortiz Hernández, Eduardo Ausente
148 Oviedo Oviedo, Ernesto Favor
149 Padilla Orozco, Raúl Alejandro Ausente
150 Palafox Núñez, José Inés Favor
151 Paredes Rodríguez, Francisco Javier Favor
152 Parra Jiménez, Dolores María del Carmen Ausente
153 Parra Noriega, Luis Gustavo Favor
154 Pérez Cuéllar, Cruz Favor
155 Peyrot Solís, Marco A. Favor
156 Plascencia Alonso, Francisco Javier Favor
157 Priego Tapia, Gerardo Favor
158 Pulido Pecero, Pedro Favor
159 Quintero Bello, Jorge Favor
160 Rodríguez Vizcarra Velázquez, Adriana Ausente
161 Ramírez Barba, Ector Jaime Ausente
162 Ramírez Pech, Edgar Martín Favor
163 Ramírez Villarreal, Gustavo Favor
164 Ramos Covarrubias, Héctor Manuel Favor
165 Reyes López, Carlos Armando Favor
166 Rincón Vargas, Mirna Cecilia Favor
167 Rivera Rivera, José Guadalupe Favor
168 Rivero Rivero, Rolando Favor
169 Rodríguez Ahumada, Luis Fernando Favor
170 Rodríguez Jiménez, Ricardo Favor
171 Rodríguez Prats, Juan José Favor
172 Rodríguez Uresti, Enrique Favor
173 Rojas Hernández, Laura Angélica Favor
174 Román Isidoro, Demetrio Favor
175 Romo Jiménez, Martha Angélica Favor
176 Rubio Chávez, José Ignacio Alberto Ausente
177 Rueda Gómez, Francisco Favor
178 Ruiz Velasco de Lira, Ernesto Favor
179 Salas Contreras, Marcos Favor
180 Salazar Madera, Mario Alberto Favor
181 Salum del Palacio, Jorge Alejandro Favor
182 Sánchez Díaz de Rivera, Antonio Ausente
183 Sánchez Domínguez, Alejandro Ausente
184 Sánchez Gil, Carlos René Favor
185 Sánchez Juárez, Claudia Ausente
186 Sánchez Trujillo, José Víctor Favor
187 Sandoval Munguia, Juan Manuel Favor
188 Serrato Castell, Luis Gerardo Ausente
189 Shej Guzmán Sara Favor
190 Solano Muñoz, José de Jesús Favor
191 Stefanonni Mazzocco, Martín Favor
192 Tamayo Herrera, Yadhira Yvette Favor
193 Torres Gómez, Artemio Favor
194 Torres Herrera, Víctor Manuel Ausente
195 Torres Torres, Carlos Alberto Favor
196 Valenzuela García, María Gloria Guadalupe Favor
197 Valladolid Rodríguez, Antonio Favor
198 Vasconcelos Rueda, Antonio Favor
199 Vázquez Martínez, Alberto Favor
200 Vega Corona, Antonio Favor
201 Velázquez Gutiérrez, José Guillermo Favor
202 Verástegui Ostos, César Augusto Ausente
203 Verdín Saldaña, Jaime Favor
204 Victoria Alva, Juan Favor
205 Vieyra Olivares, Adriana Rebeca Ausente
206 Villanueva Arjona, Juan Manuel Ausente
207 Zambrano Elizondo, Javier Martín Favor
Favor: 163
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 44
Total: 207
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA
1 Aguirre Alcaide, Víctor Ausente
2 Alavez Ruiz, Aleida Ausente
3 Almazán González, José Antonio Ausente
4 Almonte Borja, Ramón Favor
5 Alonso Flores, Lourdes Favor
6 Alonso Razo, Humberto Wifredo Favor
7 Altamirano Toledo, Carlos Favor
8 Alva Olvera, Maribel Luisa Favor
9 Álvarez Ramón, Silbestre Ausente
10 Amaro Corona, Alberto Favor
11 Aragón Castillo, Irene Favor
12 Arellano Pulido, Miguel Ángel Ausente
13 Arreola Calderón, Juan Dario Ausente
14 Barreiro Pérez, Armando Favor
15 Batres Guadarrama, Valentina Valia Favor
16 Bautista Bravo, Alliet Mariana Ausente
17 Bravo Padilla, Itzcóatl Tonatiuh Ausente
18 Brito González, Modesto Ausente
19 Calzada Vázquez, Francisco Javier Favor
20 Campos Aburto, Amador Favor
21 Cárdenas Hernández, Raymundo Ausente
22 Cervantes Rodríguez, Aurora Favor
23 Chávez García, Higinio Favor
24 Condado Escamilla, Cuitlahuac Ausente
25 Contreras Julián, Maricela Favor
26 Cruz Santiago, Claudia Lilia Ausente
27 Cuevas Córdova, Othón Favor
28 Dagdug Lützow, Moisés Félix Favor
29 De la Rosa García, Juan Hugo Ausente
30 De los Santos Molina, Joaquín Conrado Ausente
31 Dehesa Mora, Daniel Favor
32 Del Toro , Mario Enrique Favor
33 Díaz Contreras, Adriana Favor
34 Escandón Cadenas, Rutilio Cruz Ausente
35 Espejel Lazcano, Jaime Favor
36 Fernández Balboa, Mónica Favor
37 Flores Maldonado, César Ausente
38 Flores Salazar, Guadalupe Socorro Favor
39 Franco Melgarejo, Rafael Ausente
40 Gálvez Rodríguez, Fernel Arturo Ausente
41 García Rodríguez, Víctor Hugo Ausente
42 Garzón Contreras, Neftalí Ausente
43 González Garza, Javier Ausente
44 Guerra Ochoa, Juan Nicasio Ausente
45 Gutiérrez Calzadilla, José Luis Favor
46 Hernández Gaytán, Daisy Selene Favor
47 Hernández Hernández, Sergio Favor
48 Hernández Manzanares, Javier Favor
49 Hernández Silva, Benjamín Favor
50 Ibarra Franquez, Sonia Nohelia Ausente
51 Jacques y Medina, José Favor
52 Jiménez Valenzuela, María Eugenia Ausente
53 Landero López, Pedro Ausente
54 Lemarroy Martínez, Juan Dario Favor
55 Leyva Piñón, Ana Yurixi Favor
56 Lizárraga Peraza, Víctor Manuel Favor
57 López Barriga, Erick Favor
58 López Becerra, Santiago Favor
59 López Rojas, Alberto Favor
60 López Torres, María Soledad Ausente
61 Lozano Lozano, Andrés Ausente
62 Luna Munguía, Alma Lilia Ausente
63 Márquez Madrid, Camerino Eleazar Favor
64 Márquez Tinoco, Francisco Favor
65 Martínez Hernández, Alejandro Favor
66 Martínez Martínez, Carlos Roberto Favor
67 Martínez Martínez, Francisco Favor
68 Martínez Padilla, Hugo Eduardo Ausente
69 Martínez Vargas Octavio Favor
70 Matías Alonso, Marcos Favor
71 Matus Toledo, Holly Ausente
72 Mayans Canabal, Fernando Favor
73 Mendoza Arellano, David Ausente
74 Mendoza Flores, Roberto Ausente
75 Mendoza Maldonado, Fausto Fluvio Favor
76 Mendoza Mendoza, Irineo Favor
77 Monreal Ávila, Susana Favor
78 Montalvo Rojas, Victorio Rubén Favor
79 Morales Sánchez, Efraín Favor
80 Morales Vázquez, Carlos Orsoe Ausente
81 Narcía Álvarez, Héctor Ausente
82 Navarro López, Carlos Ernesto Favor
83 Navarro Quintero, Miguel Ángel Ausente
84 Ojeda Hernández, Concepción Favor
85 Oliva Fragoso, Silvia Ausente
86 Orcí Martínez, Juan Adolfo Ausente
87 Ortega Martínez, Antonio Ausente
88 Ortiz Magallón, Rosario Ignacia Favor
89 Pacheco Llanes, Ramón Félix Favor
90 Pedraza Chávez, Isidro Ausente
91 Pedrozo Castillo, Adrián Favor
92 Peña Sánchez, Miguel Ángel Favor
93 Pérez Cruz, Raciel Favor
94 Pulido Santiago, Celso David Favor
95 Ramos Becerril, Rafael Plácido Ausente
96 Ramos Castellanos, Martín Ausente
97 Rasgado Corsi, Gloria Ausente
98 Ríos Gamboa, Raúl Ausente
99 Romero Gutiérrez, Odilón Ausente
100 Ruiz Sánchez, Salvador Favor
101 Saavedra Coronel, José Antonio Ausente
102 San Martín Hernández, Juan Manuel Favor
103 Sánchez Barrios, Carlos Favor
104 Sánchez Cabrales, Rafael Elías Ausente
105 Sánchez Camacho, Alejandro Favor
106 Sánchez Camacho, David Favor
107 Sánchez Jiménez, Venancio Luis Favor
108 Sánchez Ramos, Francisco Favor
109 Sandoval Ramírez, Cuauhtémoc Favor
110 Santos Arreola, Francisco Javier Ausente
111 Solares Chávez, Miguel Ángel Ausente
112 Soriano Sánchez, Rosa Elva Ausente
113 Soto Ramos, Faustino Ausente
114 Soto Sánchez, Antonio Favor
115 Suárez del Real y Aguilera, José Alfonso Favor
116 Torres Baltazar, María Elena Favor
117 Torres García, Daniel Favor
118 Trejo Pérez, Pablo Favor
119 Ulloa Pérez, Emilio Ausente
120 Vallejo Estevez, Mario Favor
121 Varela López, Víctor Gabriel Ausente
122 Velázquez Aguirre, Jesús Evodio Ausente
123 Villanueva Albarrán, Gerardo Favor
124 Villicaña García, Rafael Ausente
125 Zavaleta Salgado, Ruth Favor
126 Zazueta Aguilar, Jesús Humberto Favor
127 Zepeda Hernández, Martín Favor
Favor: 73
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 54
Total: 127
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
1 Abramo Masso, Yerico Favor
2 Aguilar , Diego Ausente
3 Aguilar Solís, Samuel Favor
4 Aispuro Torres, José Rosas Favor
5 Alcántara Núñez, Jesús Sergio Ausente
6 Aldana Prieto, Luis Ricardo Favor
7 Amador Gaxiola, Daniel Ausente
8 Amador Leal, Narcizo Alberto Favor
9 Ayala Almeida, Joel Ausente
10 Badillo Martínez, Roberto Favor
11 Barajas López, Ramón Favor
12 Barajas del Toro, Salvador Ausente
13 Barba Hernández, Alfredo Ausente
14 Beltrán Montes, Israel Favor
15 Benítez Ojeda, Luis Enrique Favor
16 Bernal Gutiérrez, Andrés Marco Antonio Ausente
17 Biebrich Torres, Carlos Armando Favor
18 Blanco Pajón, José Luis Favor
19 Caballero Camargo, Gustavo Fernando Favor
20 Camacho Quiroz, César Octavio Ausente
21 Canavati Tafich, Jesús Ricardo Favor
22 Carballo Bustamante, Andrés Favor
23 Cárdenas del Avellano, Enrique Ausente
24 Cárdenas Monroy, Oscar Gustavo Ausente
25 Cervantes Andrade, Raúl Favor
26 Chaurand Arzate, Carlos Favor
27 Colín Guadarrama, María Mercedes Ausente
28 Cordero Alfonzo, Arnulfo Elías Favor
29 De la Garza Treviño, Jorge Luis Favor
30 Díaz Athié, Antonio de Jesús Favor
31 Díaz Solorzano, Elmar Darinel Favor
32 Domínguez Domínguez, Nemesio Ausente
33 Duarte Jáquez, César Horacio Favor
34 Escajeda Jiménez, José Rubén Ausente
35 Escalante Jasso, Aracely Ausente
36 Espinosa Abuxapqui, Eduardo Elías Favor
37 Estefan Chidiac, Charbel Jorge Ausente
38 Flores Sandoval, Patricio Favor
39 Gamboa Patrón, Emilio Favor
40 Garza Garza, Horacio Emigdio Favor
41 Gebhardt Garduza, Yary del Carmen Ausente
42 Gloria Requena, Tomás Ausente
43 Gómez Lugo, Elda Favor
44 González Calderón, Martha Hilda Ausente
45 González García, Sergio Ausente
46 González Salum, Miguel Ángel Favor
47 González Zarur, Mariano Favor
48 Guerrero García, Javier Ausente
49 Guerrero Juárez, Joel Ausente
50 Herrera Ale, Juana Leticia Favor
51 Herrera Coyac, Wenceslao Favor
52 Izquierdo Bustamante, Alfonso Rolando Favor
53 Lagunes Gallina, Gerardo Ausente
54 Lescieur Talavera, Jorge Mario Ausente
55 López Balbuena, Guillermina Favor
56 Madrid Tovilla, Areli Favor
57 Martínez Rodríguez, Lorena Favor
58 Martínez Rocha, Arturo Favor
59 Méndez Lanz, Víctor Manuel Favor
60 Mendívil Amparám, Gustavo Ildefonso Favor
61 Merodio Reza, Lilia Guadalupe Favor
62 Moctezuma Pereda, Fernando Quetzalcoatl Favor
63 Montalvo Gómez, Pedro Ausente
64 Morales García, Elizabeth Favor
65 Mota Hernández, Adolfo Favor
66 Muñoz Serna, Rogelio Ausente
67 Murat , José Ausente
68 Ochoa González, Arnoldo Favor
69 Ojeda Camacho, Gilberto Ausente
70 Olivares Monterrubio, Alejandro Ausente
71 Olivares Ventura, Héctor Hugo Favor
72 Ordaz Jiménez, Ismael Favor
73 Orihuela Bárcenas, José Ascención Favor
74 Orihuela Trejo, José Amado Favor
75 Ortiz del Carpio, Víctor Favor
76 Ortiz Proal, Mauricio Favor
77 Padilla Gutiérrez, Héctor Ausente
78 Pagés Llergo Rebollar, María Beatriz Favor
79 Palma César, Víctor Samuel Favor
80 Parás González, Juan Manuel Favor
81 Patrón Montalvo, Jesús Manuel Favor
82 Peñuelas Acuña, Mayra Gisela Favor
83 Pérez Valdés, Daniel Favor
84 Pinete Vargas, María del Carmen Favor
85 Quiñones Canales, Lourdes Favor
86 Ramírez Martínez, José Edmundo Favor
87 Ramírez Stabros, Jesús Ausente
88 Reyna García, José Jesús Ausente
89 Ríos Camarena, Alfredo Adolfo Ausente
90 Rivera Bedoya, Juan Francisco Favor
91 Rodríguez Ramírez, Bertha Yolanda Favor
92 Rojas Gutiérrez, Carlos Favor
93 Ruiz Chávez, Sara Latife Favor
94 Salas López, Ramón Favor
95 Sánchez Hernández, Eduardo Ausente
96 Sandoval Paredes, Sergio Ausente
97 Serrano Escobar, Enrique Favor
98 Sosa Castelán, Gerardo Ausente
99 Toledo Luis, Jorge Favor
100 Valencia de los Santos, Víctor Leopoldo Favor
101 Vargas Landeros, Gerardo Octavio Favor
102 Vega Ortiz, María Oralia Ausente
103 Velasco Pérez, Juan Carlos Favor
104 Villa Villa, Isael Ausente
105 Villanueva Abraján, Patricia Ausente
106 Zatarain González, Carlos Ernesto Favor
Favor: 68
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 38
Total: 106
CONVERGENCIA
1 Abad de Jesús, Juan Favor
2 Aguilera Rico, José Luis Ausente
3 Cárdenas Márquez, Elías Ausente
4 Castellanos Hernández, Félix Favor
5 Castillo Romero, Patricia Obdulia de Jesús Favor
6 Chanona Burguete, Alejandro Ausente
7 Del Río Virgen, José Manuel Ausente
8 Esteva Salinas, Alberto Ausente
9 Godoy Cárdenas, Jorge Favor
10 López Lena Cruz, Humberto Ausente
11 Salvatori Bronca, María del Carmen Favor
12 Samperio Montaño, Juan Ignacio Favor
13 Sansores San Román, Layda Elena Favor
14 Tagle Martínez, Martha Angélica Ausente
15 Uscanga Cruz, Robinson Ausente
16 Valdés Chávez, Ramón Ausente
17 Varela Lagunas, Tomás José Luis Ausente
18 Velasco Oliva, Jesús Cuauhtémoc Favor
Favor: 8
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 10
Total: 18
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO
1 Arévalo González, José Antonio Favor
2 Chozas y Chozas, Olga Patricia Favor
3 Cobo Terrazas, Diego Favor
4 Elizondo Garrido, Francisco Ausente
5 Estrada González, Faustino Javier Favor
6 García Noriega, María Guadalupe Josefina Favor
7 González Martínez, Jorge Emilio Ausente
8 Lavara Mejía, Gloria Favor
9 López Adame, Antonio Xavier Favor
10 López Ramírez, Sergio Augusto Favor
11 Notholt Guerrero, Alan Favor
12 Portilla Diéguez, Manuel Favor
13 Puente Salas, Carlos Alberto Favor
14 Ramírez Cerda, Ana María Favor
15 Salgado Amador, Manuel Salvador Ausente
16 Sesma Suárez, Jesús Favor
17 Velasco Rodríguez, Verónica Favor
Favor: 14
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 3
Total: 17
PARTIDO DEL TRABAJO
1 Aguilar Jiménez, Rubén Favor
2 Arreola Ortega, Pablo Leopoldo Favor
3 Cantú Garza, Ricardo Favor
4 Cervantes Rivera, Jaime Favor
5 Garay Ulloa, Silvano Ausente
6 Herrera Solís, Anuario Luis Favor
7 Maciel Ortiz, María Mercedez Favor
8 Peregrino García, Abundio Favor
9 Romero Guzmán, Rosa Elia Favor
10 Solís Parga, Rodolfo Ausente
11 Vela González, Joaquín Humberto Favor
Favor: 9
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 2
Total: 11
PARTIDO NUEVA ALIANZA
1 Arriola Gordillo, Mónica Favor
2 Cárdenas Fonseca, Manuel Ausente
3 Castillo Nájera, Ariel Ausente
4 Dávila Esquivel, Humberto Favor
5 Gómez Pasillas, Jacinto Favor
6 Jiménez Godínez, Miguel Ángel Ausente
7 Luna Becerril, Blanca Ausente
8 Luna Rodríguez, Silvia Favor
9 Piñeyro Arias, Irma Ausente
Favor: 4
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 5
Total: 9
PARTIDO ALTERNATIVA SOCIAL
1 Arvizu Rivas, Aida Marina Favor
2 Conde Rodríguez, Elsa de Guadalupe Favor
3 García Méndez, Armando Ausente
4 Hernández Valadés, Delio Favor
5 Pedro Cortés, Santiago Gustavo Favor
Favor: 4
Contra: 0
Abstención: 0
Quorum: 0
Ausentes: 1
Total: 5